El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha reunido este viernes con los sindicatos del sector ferroviario. Un encuentro en el que se han planteado nuevas medidas de seguridad, tras el trágico accidente de Urda (Toledo) y ante los paros previstos para el 10 y el 12 de noviembre.

En el encuentro, según señalan fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno, Carlos Cuerpo “ha puesto sobre la mesa soluciones para abordar las reclamaciones en materia de seguridad por parte de los sindicatos. Nos hemos emplazado a cerrar con urgencia en los próximos días los detalles de las propuestas normativas”.

También indican que ha sido “una reunión muy productiva” en “la que se han producido avances concretos” y que “todas las partes” han mantenido una “actitud constructiva”.

El Semaf sigue adelante con los paros

El sindicato de maquinistas, tras este encuentro, mantiene los paros de maquinistas previstos para los próximos días. “Los paros del 10 y 12 siguen adelante por el momento. Nosotros queremos hechos y no compromisos”, ha señalado a los medios Diego Martín, secretario general de Semaf.

Los paros están previstos, de momento para el 10 y el 12 de noviembre, un día antes y después de la huelga general, ante el “bloqueo de los compromisos de seguridad ferroviaria”, según señaló este sindicato.

“El vicepresidente nos ha reunido para la comisión de seguimiento de los acuerdos que se firmaron en febrero”, tras el accidente de Adamuz (Córdoba). “Ha presentado bastante documentación que ahora tenemos que analizar. Está dispuesto a avanzar más de lo que se estaba avanzando. Analizaremos punto por punto si las reivindicaciones se cumplen o no, pero es difícil que se cumplan con tan poco margen de cara a las movilizaciones”.

Martín ha señalado que algunos de los puntos tratados tienen que materializarse como textos normativos, al requerir regulación. También que “todos los puntos” tratados “son importantes porque tienen que ver con la seguridad” ferroviaria.

“De momento no hay líneas rojas. Llevamos seis meses sin noticias y en 24 horas nos han dado información sobre varias, pero no es suficiente para desconvocar las movilizaciones con tan poco margen”, ha indicado Martín. “Nosotros intercambiaremos nuestras impresiones y veremos si hay avances para reunirnos nuevamente”. “Ahora mismo no hay posibilidad de frenar la huelga del día 10. Nosotros seguimos adelante con las movilizaciones”, ha concluido.

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha asegurado este viernes que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha comprometido con ellos a crear una oficina de atención a las víctimas y a modificar los protocolos de los seguros que les atienden.

El nuevo responsable de Transportes y Movilidad Sostenible les ha garantizado también que revisará los 11 puntos que entregaron en marzo a su predecesor Óscar Puente, según ha detallado Samper en declaraciones a los medios tras finalizar la reunión con Cuerpo, informa EFE.

Samper ha destacado que el objetivo principal de la asociación que preside –creada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero pasado y en el que fallecieron 46 personas– es alcanzar un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas y ha explicado que Cuerpo le ha trasladado que esa oficina pueda actuar “como un defensor” de las víctimas.

En este sentido, ha señalado que Cuerpo se comprometió a valorar y comunicar en el transcurso del día cuándo podría reunirse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el colectivo.

“Todavía no tenemos la promesa sobre la mesa, pero entendemos que ningún partido político se va a negar (al citado Pacto de Estado). De hecho, ya nos está confirmando alguno”, ha indicado Samper, tras añadir que van a instar a que todos se pongan de acuerdo y “no utilicen este tipo de tragedia en periodo electoral”.

Con respecto a las próximas elecciones, Samper ha explicado que no están centrados en un Gobierno o partido político, sino en la actuación del Estado y en la unión de las fuerzas para alcanzar un pacto nacional.

La reunión entre el ministro Carlos Cuerpo y el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha realizado cuatro días después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

El Gobierno ha adoptado este viernes una decisión histórica: por primera vez ha decretado la retirada de aceite de oliva en el mercado para evitar un desplome de los precios en origen que perjudique a los productores, una decisión que tiene a la industria en contra, que ya ha anunciado que recurrirá la orden.

El BOE de este viernes recoge la orden del Ministerio de Agricultura, después de que los productores hubieran exigido activarse el nuevo mecanismo de intervención del mercado lo antes posible ante el “hundimiento” de los precios en origen y el aumento disparado de los costes de producción. Estas son las claves del nuevo mecanismo y por qué se ha activado ahora por primera vez.

Un 23% más de producción y existencias previas

La producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas esta campaña en España, un 23% más que la anterior, según las primeras estimaciones del aforo, a lo que se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la anterior campaña (+23%).

En el último mes los precios en origen han caído un 6%, según el sistema de información Poolred, mientras que el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro (el virgen está a 2,8 euros), lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.

Una orden nueva basada en una norma Europea

El pasado 30 de octubre, Agricultura publicó en el BOE la norma de comercialización del aceite de oliva que permite activar la retirada del aceite si el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción de esta campaña 2026-2027 alcanzan el 120% de la media de la suma de las seis campañas anteriores.

La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha confirmado en su resolución que se cumplen dichas condiciones y ha fijado en un 12% el porcentaje de aceite de oliva que deberá ser retirado hasta el final de la campaña.

La normativa deriva de un decreto de 2021, basado a su vez en un reglamento europeo (artículo 167 bis) que prevé que los países productores de la Unión Europea puedan regular la oferta ante la previsión de una disponibilidad de aceite que pueda desestabilizar el mercado.

Competencia critica los riesgos para los consumidores

En la campaña precedente de 2025-2026, el Gobierno publicó la norma de comercialización del aceite de oliva, pero no llegó a aplicar la retirada obligatoria de producto, ya que no se daban las circunstancias de una sobreoferta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado la activación de ese mecanismo por los “riesgos” que plantea para la competencia y los consumidores, el posible encarecimiento del producto y la reducción de su variedad y calidad.

La industria envasadora ya presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la norma del periodo 2025-2026 y ha avanzado que volverá a hacerlo contra la de esta campaña, mientras que diversas organizaciones de productores han salido en su defensa porque protege al agricultor.

Diferencias con el almacenamiento privado

El procedimiento actual nada tiene que ver con las antiguas ayudas europeas al almacenamiento privado de diversos productos, entre ellos el aceite de oliva, que autorizaba la Comisión Europea.

El objetivo de esas ayudas era pagar el coste de dicho almacenamiento durante 180 días, limitando el impacto del exceso de oferta a corto plazo y una caída de los precios.

Ese programa no estaba integrado en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) tras su reforma para el periodo 2024-2027, pero forma parte de las medidas de mercado de la UE.

La última vez que se empleó para el aceite de oliva fue en 2019, ante la alta disponibilidad causada por unas existencias iniciales “excepcionalmente elevadas”, unidas a la incertidumbre del comercio exterior y los precios bajos.

En España se pagaron 26,9 millones de euros por el almacenamiento de casi 200.000 toneladas a lo largo de cuatro licitaciones.

A diferencia de entonces, el mecanismo actual de retirada es una medida tomada a nivel nacional y no por Bruselas; es más ágil pero no conlleva una compensación económica; y es obligatorio para las almazaras, frente a la anterior opción “voluntaria”.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, un día después de la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, según han informado fuentes gubernamentales a elDiario.es.

El vicepresidente ha establecido una primera toma de contacto con el presidente de Adif y el secretario de Estado de Transportes, dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Departamento.

Las mismas fuentes gubernamentales aseguran que tras comunicarle su renuncia, Carlos Cuerpo la ha aceptado y ha agradecido la labor desarrollada por Marco de la Peña durante estos años al frente de ADIF.

Luis Pedro Marco de la Peña ya había trasladado a Óscar Puente su intención de dejar el cargo antes de la reunión mantenida este miércoles con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes.

En su última comparecencia, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, Puente hizo una defensa de la dirección de Adif. Citó, expresamente, a Luis Pedro Marco de la Peña y a la independencia de su comité de dirección. También criticó el señalamiento a su gestión. “Esto es un crimen, es gente que va por la calle y a la que la gente le señala sin ningún motivo ni razón. Es un análisis torticero, falaz y absolutamente injusto. No hay nadie en la cúpula de Adif que cuente con experiencia más que contrastada para ocupar el puesto que ocupa”.

El Ministerio de Trabajo tiene ya la recomendación de los expertos en relación con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la ministra Yolanda Díaz pretende subir antes de las elecciones. Este grupo recomienda a Trabajo que suba el SMI un 4,9% en 2027, de manera que crezca de los 1.221 euros brutos en 14 pagas que rigen este año a 1.281 euros.

Es un salto mensual de 60 euros, en línea con la evolución interanual de los precios, del 4,9% en el mes de octubre, según el texto que ha avanzado El País y al que ha tenido acceso este diario. Este miércoles a mediodía, el Ministerio de Trabajo ha citado a los agentes sociales, los sindicatos y patronales mayoritarias, para compartir el resultado del informe y escuchar sus reivindicaciones respecto a la subida de este indicador.

Los expertos se inclinan por el incremento del 4,9% ya uno de los mandatos del departamento de Yolanda Díaz era que el salario mínimo no perdiera poder adquisitivo. El otro era mantener la meta del 60% del salario medio neto, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea, algo que los especialistas consideran que se garantiza con un alza del 2,6% en caso de que el salario mínimo siga sin tributar.

Si el SMI pasara a tributar por primera vez, manteniéndose el actual escenario fiscal de 2026, el salario mínimo debería aumentar mucho más para mantenerse la meta del 60% del salario medio neto: un 11% de subida, hasta los 1.356 euros brutos mensuales.

La comisión basa su propuesta en las buenas perspectivas económicas y el encarecimiento del coste de la vida. “Las proyecciones de un crecimiento económico sostenido, aunque menos vigoroso, incluso en el contexto actual de alta incertidumbre global, el entorno macroeconómico resulta compatible con una nueva revisión al alza del SMI que permita seguir garantizando un nivel de vida adecuado para toda la población, tal y como establece la Carta Social Europea”, explican los expertos.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pidieron una subida de “al menos un 7%”, mientras que la patronal CEOE ha tachado de “increíble” que el Gobierno use su “poder” para subir el SMI en periodo electoral.

El salario mínimo interprofesional, ahora en 1.221 euros brutos al mes, es un elemento clave para 2,5 millones de personas trabajadoras bajo su cobertura directa. Y más todavía en un momento de elevada inflación como el actual, ya que el último dato sitúa el alza del IPC interanual casi en el 5%, impulsado por el auge del precio de las gasolinas.

El Gobierno aseguró recientemente que, tras la subida, este sueldo mínimo seguirá sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF), en relación con las recientes declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el pago de impuestos del salario mínimo.

El aumento del salario mínimo ha sido además una de las banderas del Gobierno de coalición progresista durante su mandato, con subidas históricas de este indicador, después de haber estado prácticamente congelado durante el mandato de Mariano Rajoy.

La subida del salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno, que no tiene que pasar por el Parlamento, y que simplemente requiere de “la consulta” de los agentes sociales. Es decir, la presentación de la propuesta de aumento a los sindicatos y patronales más representativos. Pero Díaz incorporó la mayoría de años un paso previo más: un informe de una comisión asesora de personas expertas, formada por miembros del Gobierno, universidades y academia y sindicatos (ante el rechazo a participar de la patronal).

El informe de los expertos señala que el aumento del SMI en España “ha contribuido a mejorar la distribución de la renta y a reducir la pobreza monetaria y la pobreza laboral”, aunque “no es suficiente”.

Esta comisión también señala varias preocupaciones en torno al SMI: más información sobre las personas que reciben este sueldo, el impacto de las recientes subidas en los salarios mínimos de convenio y la posibilidad de que muchos de ellos hayan dejado de ser relevantes al situarse por debajo de este.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con una nueva regulación de la prestación CUME, para progenitores que reducen su jornada para cuidar de hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Entre los cambios, se amplía los meses de percepción inicial de la ayuda, se extienden las prórrogas y se modifica la acreditación y supervisión médica, explica la Seguridad Social en una nota de prensa.

Se “culmina la mejora de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) con una nueva regulación, sistemática y coherente, que adapta esta prestación de la Seguridad Social a las nuevas realidades sociales y familiares”, sostiene el departamento liderado por la ministra Elma Saiz.

Saiz ha destacado este martes que el Ministerio ha “escuchado a las familias”, con varias quejas en la redacción inicial del real decreto. “Hemos escuchado a las familias y convertimos sus necesidades en mejoras concretas. Porque cuando un hijo o una hija atraviesa una enfermedad grave, sus padres y madres necesitan poder dedicarle el tiempo y los cuidados que requiere, con la tranquilidad de contar con el respaldo de la Seguridad Social”, sostienen en la Seguridad Social.

El Gobierno aprobó hace unos días una ley con varias mejoras en la prestación, como la posibilidad de cobro simultáneo entre los progenitores, así como la percepción de la ayuda con hijos mayores de 26 años, siempre que “este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%”.

Ahora, este nuevo real decreto modifica la letra pequeña de la regulación de la ayuda, con múltiples novedades, informa el Mnisterio en su comunicado. En la actualidad, hay 19.753 procesos de CUME en vigor, explica el ministerio, “con una media de 664,2 días” de percepción. “Donde la mayor parte de las prestaciones reconocidas se dirigen a mujeres”, añade la Seguridad Social.

CUME más allá de los 26 años del hijo

El decreto concreta que, cuando la CUME se perciba más allá de los 26 años del hijo/a, el importe económico consistirá “en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado”, explica el Ministerio.

Concesión más allá de por ingresos hospitalarios

Se “tiene en cuenta la evolución de la medicina, la organización sanitaria y las necesidades asistenciales para atender situaciones de enorme complejidad que no pasan necesariamente por un ingreso hospitalario clásico y prolongado, pero que exigen un cuidado directo, continuo y permanente”, explica el Ministerio.

Más meses de percepción inicial y se extienden las prórrogas

Se amplían los plazos de reconocimiento inicial y de prórroga “para adaptar la gestión de la prestación a la realidad clínica de enfermedades que, con frecuencia, se prolongan en el tiempo y requieren tratamientos largos y complejos”, indica el Ministerio. A partir de ahora, el reconocimiento inicial será de seis meses y las sucesivas prórrogas de ocho meses, cuando hasta ahora era de dos y cuatro meses, respectivamente.

Nuevas patologías en el listado

Se incorporan nuevas patologías al listado de “enfermedades graves” de acuerdo “con la evidencia médica y científica disponible”, apunta el Ministerio: el trastorno del espectro autista, y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. “Asimismo, se habilita una vía reglamentaria para que ese listado pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico y la medicina”, añaden la Seguridad Social.

Reforma de la acreditación médica y supervisión

“Se podrá realizar indistintamente por facultativos de Atención Primaria o de atención especializada del servicio público de salud responsable de la asistencia de la persona causante”, informa la Seguridad Social “Además, se refuerza el contenido del modelo oficial de declaración médica, aclarando aspectos que inducían a confusión”.

Adaptación a la diversidad en la realidad de las familias

Se regulan con varios supuestos de concesión de la prestación con una mirada más diversa sobre las familias, con “convivencia exclusiva, convivencia compartida y alternancia en la percepción del subsidio”.

– Cuando en una misma unidad familiar exista más de una persona afectada por enfermedad grave que requiera cuidado directo, continuo y permanente, podrá reconocerse el subsidio a ambas personas progenitoras.

– En supuestos de convivencia compartida, se permite, mediante acuerdo entre las personas progenitoras y sus respectivas empresas, alternar la percepción del subsidio por periodos no inferiores a quince días.

– En los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, cuando exista custodia compartida, “la flexibilización es aún mayor, y el subsidio será percibido de forma alterna por cada progenitor, coincidiendo dicha alternancia con el régimen de convivencia establecido, cualquiera que sea su duración”, explica el Ministerio.

Compatibilidad con la escolarización del menor

Se contempla la compatibilidad del cobro de la prestación con la escolarización del menor y con la realización de las prácticas formativas, “siempre que subsista la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente”.

Guía para valorar la “necesidad de cuidados”

Se prevé también la elaboración de una 'Guía técnica sobre valoración y acreditación de la necesidad de cuidados' para “favorecer una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio nacional”, aunque este será “de carácter orientativo” para los criterios de actuación de los profesionales sanitarios, las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Algunas de estas últimas, muy criticadas por algunas familias por sus negativas de la ayuda, denuncia la asociación Asfacume.

Una oleada de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y otros comercios ha afectado a establecimientos de al menos cinco países europeos, con pérdidas de alimentos, retiradas preventivas de productos y temperaturas de hasta 50 grados en equipos de tiendas suecas, tres semanas después de un episodio similar en Francia.

Los incidentes, registrados durante la madrugada del domingo al lunes, alcanzaron a Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Países Bajos. Los balances facilitados por las empresas incluyen unos cuarenta supermercados Delhaize y quince Carrefour en Bélgica, trece SuperValu en Irlanda y diecisiete negocios neerlandeses, además de otros establecimientos cuya cifra todavía no se ha precisado.

La dimensión económica de esta nueva oleada sigue sin conocerse. En Bélgica, algunos comercios tuvieron que desechar mercancías por la ruptura de la cadena de frío y otros recurrieron a camiones frigoríficos para preservar sus alimentos. En Irlanda, los productos refrigerados y congelados de los supermercados afectados fueron retirados de la venta por precaución.

El procedimiento descrito en los distintos países presenta similitudes. En todos ellos, los atacantes accedieron a distancia a equipos conectados a internet y manipularon su funcionamiento para elevar las temperaturas o activar el modo de descongelación. Sin embargo, las informaciones disponibles no permiten establecer todavía si todos los incidentes responden a una misma operación.

En Bélgica, donde se ha comunicado uno de los mayores balances de establecimientos afectados, los problemas comenzaron alrededor de la medianoche. Algunos congeladores alcanzaron unos 15 grados centígrados, según la radiotelevisión pública RTBF.

El responsable de varios supermercados Delhaize de Bruselas explicó a ese medio que las alarmas de su teléfono lo despertaron hacia las tres de la madrugada. Al acudir a uno de sus locales comprobó que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Además de Delhaize y Carrefour, medios locales señalaron incidencias en establecimientos Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes. La empresa de instalaciones frigoríficas Sabcobel detectó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en Bélgica y movilizó técnicos desde la una de la madrugada.

Delhaize confirmó también a EFE problemas en Luxemburgo, aunque sin precisar cuántas tiendas resultaron afectadas. La compañía indicó que sus equipos estaban evaluando el alcance del incidente.

Temperaturas de hasta 50 grados y retiradas de alimentos

En Suecia, Ica, la principal cadena de supermercados del país, reconoció ataques contra un número limitado de tiendas, sin concretar la cifra ni su distribución. Coop también informó de incidencias en varios establecimientos y señaló que las temperaturas de sus equipos habían llegado hasta los 50 grados. El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética abrió una investigación.

En Irlanda, Musgrave, propietaria de SuperValu, circunscribió el problema a un modelo específico de equipos de refrigeración instalado en trece supermercados. La empresa aseguró que sus sistemas de vigilancia detectaron la incidencia y que adoptó medidas inmediatas.

La compañía mantiene la venta del resto de los productos y garantiza que los alimentos disponibles se han conservado a temperaturas seguras. Trabaja con los proveedores de los equipos y especialistas en ciberseguridad para restablecer la normalidad.

En Países Bajos, el proveedor Danfoss confirmó ataques contra diecisiete empresas, principalmente carnicerías y pequeñas tiendas, si bien no constan incidencias en las grandes cadenas de supermercados.

Uno de los afectados fue un almacén de congelados cuya temperatura pasó de los 20 grados bajo cero habituales a 10 bajo cero. La empresa indicó que se pudo intervenir rápidamente, pero no detalló si hubo alimentos destruidos o pérdidas económicas.

Según Danfoss, los sistemas atacados utilizaban contraseñas predeterminadas y estaban conectados a redes sin protección adecuada. La compañía había advertido a sus clientes neerlandeses a mediados de octubre y recomendado desconectar los equipos de internet o restringir el acceso mediante redes seguras. Su portavoz sostuvo que los ataques podrían haberse evitado aplicando esas recomendaciones.

El antecedente más importante se produjo en Francia durante la noche del 11 al 12 de octubre, cuando fueron atacados los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados de cadenas como Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc y Monoprix. La manipulación de los equipos obligó a destruir alimentos y provocó también conatos de incendio, según la Fiscalía de París.

En aquel episodio, algunos frigoríficos fueron llevados hasta los 50 grados durante seis horas. El presidente de Intermarché estimó que las pérdidas del conjunto del sector podían alcanzar decenas de millones de euros en una sola jornada.

Por separado, Albert Heijn, la mayor cadena neerlandesa, sufrió en octubre otro incidente informático que dificultó el abastecimiento e interrumpió los pedidos por internet, si bien no existen, por el momento, pruebas que vinculen aquel caso con los ataques contra los equipos de refrigeración.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance registró salidas netas de fondos por unos 3.640 millones de dólares después de la reanudación de los retiros de sus clientes, suspendidos a raíz del ciberataque sufrido la semana pasada y que autoridades estadounidenses atribuyen a piratas informáticos norcoreanos.

La compañía informó en su cuenta oficial de X de que, entre las 06:00 y las 15:30 GMT del domingo, procesó retiradas por valor de 4.649 millones de dólares, frente a depósitos de 1.010 millones, lo que dejó un saldo negativo equivalente al 2,1% de los 171.000 millones de dólares en activos que gestionaba según sus últimos datos disponibles, correspondientes al 28 de octubre.

Binance indicó que comenzó a restablecer los retiros de forma escalonada el domingo y que, a las 12:36 GMT, había recuperado el servicio en las quince redes y activos incluidos en la primera fase.

Según la empresa, el volumen de retiradas comenzó a moderarse después de un repunte inicial, mientras que los depósitos se mantuvieron en niveles elevados.

La plataforma aseguró que las condiciones del mercado son “estables” y que continúa realizando pruebas para recuperar las operaciones en las restantes redes y activos, al tiempo que anunció una actualización de sus datos sobre reservas.

El restablecimiento de las operaciones se produce después de que Binance comunicara el viernes un incidente de seguridad con un impacto estimado en 6.300 millones de dólares, de los que afirmó haber bloqueado unos 3.000 millones.

Binance sostiene que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios y recursos propios, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de los daños.

Fundada en Shanghái en 2017 por el empresario Changpeng Zhao, la plataforma trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas por Pekín al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única. 

El poder de los 'hackers' del régimen norcoreano

El Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) atribuyó el sábado el ataque, ocurrido alrededor del 29 de octubre, a Corea del Norte y lo vinculó con la actividad cibernética conocida como TraderTraitor.

El histórico robo ha vuelto a poner de manifiesto el alcance de las capacidades cibernéticas del régimen de Kim Jong-un, que usa los ataques informáticos como herramienta para eludir sanciones y financiar sus programas armamentísticos.

“Las operaciones de robo de criptomonedas de Corea del Norte se han convertido en una amenaza multimillonaria, con un cambio reciente hacia un menor número de ataques pero robos mucho mayores”, dijo a EFE Alec Zebrick, gerente sénior de servicios globales de Chainalysis, una firma estadounidense de análisis de criptomonedas.

Los ataques atribuidos a grupos norcoreanos hasta el 29 de octubre de este año concentraron casi el 89% del valor mundial robado en criptomonedas, frente al 15% en todo 2021, señaló Zebrick, mientras que las pérdidas medias por ciberataques atribuidos a Pionyang casi se cuadruplicaron hasta los 185,65 millones de dólares en el mismo período.

El representante de Chainanalysis explicó que tras los robos, los 'hackers' fragmentan los fondos y los distribuyen entre miles de direcciones y plataformas para dificultar su rastreo, aunque las transacciones dejan registros que permiten localizar y congelar activos antes de que sean convertidos en dinero convencional.

Asimismo, Corea del Norte contaría con unos 8.400 efectivos dedicados a operaciones cibernéticas, según una estimación del Ejército surcoreano en 2024.

“Las capacidades cibernéticas norcoreanas se sitúan apenas en un nivel intermedio a escala mundial. Sin embargo, en lo que respecta a los ataques informáticos relacionados con actividades ilícitas, como el robo financiero y el empleo bajo identidades falsas, podría considerarse que ocupa el primer lugar del mundo”, dijo a EFE Lee Ho-ryung, investigadora senior del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa (KIDA).

Los ciberrobos al servicio de Pionyang

“El robo mediante ataques informáticos está, sin duda, patrocinado y respaldado por el partido-Estado norcoreano”, señaló a EFE Daniel Pinkston, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Troy y especialista en Corea del Norte.

Pinkston afirmó que “cualquier divisa que el régimen obtenga por medios legítimos o ilícitos es fungible” y que “la cúpula dirigente puede utilizar los fondos como considere oportuno”, aunque destacó que los programas de armas de destrucción masiva “son definitivamente una prioridad”.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han denunciado que los robos de criptomonedas permiten a Corea del Norte obtener divisas y sortear las sanciones impuestas por sus programas nuclear y de misiles, mientras que Pionyang ha rechazado reiteradamente las acusaciones internacionales sobre su participación en ciberataques.

“Las exportaciones norcoreanas en 2025 ascendieron a 470 millones de dólares, mientras que el robo a Binance alcanzó los 6.300 millones”, destacó la investigadora Lee, quien subrayó que el cibercrimen es una importante fuente de financiación para la actual modernización del Ejército norcoreano.

Criptomonedas y más

Entre los antecedentes más conocidos de ciberataques atribuidos a Corea del Norte figura el realizado contra Sony Pictures en 2014, que provocó filtraciones de información confidencial y daños informáticos tras la producción de la película 'The Interview', que Pionyang consideró como ofensiva contra su mandatario, Kim Jong-un.

Los ataques alcanzaron otras plataformas de intercambio de criptomonedas, como la surcoreana Upbit, que sufrió un robo de unos 50 millones de dólares en 2019 y otro de 30 millones de dólares a finales de 2025, y Bybit, que perdió unos 1.500 millones en febrero de 2025, en su momento el mayor robo del sector.

En septiembre de este año Bitget también reportó la sustracción de 351,6 millones de dólares, atribuida por analistas a TraderTraitor.

Entre los principales grupos de piratas informáticos vinculados a Pionyang destacan Lazarus, asociado a grandes robos financieros y operaciones de espionaje, y Kimsuky, especializado en la obtención de información confidencial.

Binance anunció recientemente que había reservado más de 6.340 millones de dólares para cubrir las pérdidas mediante recursos propios y fondos de protección, y aseguró el domingo haber repuesto ya el 95% de los activos sustraídos. Todavía se desconoce la pérdida definitiva, después de que la firma asegurara haber congelado unos 3.000 millones de dólares de los fondos sustraídos. 

Moeve obtuvo un beneficio neto de 1.430 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, un récord que casi multiplica por seis (un 481% más) los 246 millones del mismo periodo de 2025.

La petrolera informó este viernes en un comunicado que su beneficio neto ajustado en el periodo fue de 1.134 millones, con un aumento del 140%. Este indicador mide específicamente el desempeño de los negocios del grupo.

Mientras, el beneficio neto, resultante de aplicar las normas internacionales de información financiera (IFRS), es altamente sensible a la volatilidad de los precios del crudo, los márgenes de refino y el impacto de impuestos extraordinarios, en un contexto marcado por los precios disparados del crudo como consecuencia de la guerra en Irán.

La segunda petrolera española, que en estos nueve meses realizó unas inversiones récord de casi 890 millones, alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.409 millones en el periodo, que casi duplica los 1.192 millones de hace un año, impulsada por el sólido desempeño operativo de sus principales líneas de negocio, así como la mejora de los márgenes de refino.

Estos resultados de la energética se dieron en un periodo con un precio medio del barril de crudo Brent de 94 dólares, un 33% más que entre enero y septiembre de 2025, y con unos márgenes de refino de 17 dólares por barril, que más que duplican los 7,2 dólares de hace un año.

El grupo destacó que el aumento de la utilización de la capacidad de refino y de la producción permitió incrementar los volúmenes de productos clave, como el diésel y el queroseno, contribuyendo a aliviar las presiones sobre el suministro derivadas del aumento de las tensiones geopolíticas y de las disrupciones en los mercados energéticos internacionales.

Ruptura con Galp

La compañía, que esta semana ha confirmado la ruptura de las conversaciones con la portuguesa Galp para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream'), invirtió un récord de 885 millones, un 17% más, con el 69% (612 millones) destinado a proyectos de transición energética, frente a 396 millones (52%) en el mismo periodo de 2025. De las inversiones totales, el 93% tuvo por destino a España.

El grupo ha seguido en el periodo acelerando su estrategia 'Positive Motion' para convertirse en un referente en moléculas verdes y movilidad sostenible en España y Portugal, y, entre otros hitos, celebró en septiembre el inició de la construcción del mayor proyecto energético de hidrógeno verde de Europa, en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que supone una inversión conjunta de más de 1.000 millones y la involucración de más de 8.000 empleos directos, indirectos e inducidos en toda la cadena de valor.

Moeve destacó que contribuyó con 3.566 millones en impuestos en España en el periodo, de los que 2.197 millones fueron impuestos soportados por la compañía y 1.369 millones recaudados por cuenta de la Hacienda española.

Además, en un contexto de elevados precios de la energía, la empresa ha ampliado y reforzado hasta final de año su campaña de descuentos para sus clientes.

Por otra parte, el flujo de caja de operaciones de la energética controlada por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala y la firma estadounidense Carlyle alcanzó los 1.689 millones en los nueve primeros meses, respaldando la ejecución de proyectos estratégicos clave y reforzando la posición financiera de la compañía.

Mientras, la deuda neta disminuyó a 2.131 millones a cierre de septiembre, reduciendo la ratio de apalancamiento, deuda neta/Ebitda, hasta 0,8 veces. Además, la compañía mantuvo una sólida posición de liquidez de 5.256 millones, permitiendo cubrir cómodamente los vencimientos de deuda hasta finales de 2030.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, señaló que estos “sólidos resultados” permiten al grupo realizar inversiones récord en España, “preparando un sistema energético más sostenible en el futuro y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo una responsabilidad fundamental: contribuir a garantizar el suministro energético que hoy necesitan las personas, las empresas y la industria”.

“Este trimestre hemos celebrado un importante hito con el inicio de la construcción en Huelva del mayor proyecto energético de hidrógeno verde en Europa, que impulsará el empleo y la industria local y que forma parte de una inversión de 2.400 millones de euros para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación”, añadió al respecto.

La inflación creció otro 4,9% en octubre, la misma cifra que el mes anterior, y encadenó tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El índice de precios de consumo (IPC) se mantiene en niveles de febrero de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que los alimentos elevaron sus precios menos que en octubre del año pasado.

Esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025; el gas, que incrementó sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos, que subieron sus precios frente a la bajada registrada en el mismo mes del año anterior.

En octubre, seguía vigente la ampliación del descuento al diésel a veinte céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a cinco céntimos, una rebaja fiscal que pasará a los 20 céntimos en ambos casos a partir del 1 de noviembre, según el tercer paquete de protección a familias y empresas aprobado recientemente.

En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada también se mantuvo sin cambios en el 3,1%.

Respecto al mes de octubre, los precios de consumo subieron un 0,6%, frente al 0,3% del mes anterior, y encadena nueve meses con tasas positivas, desde enero de este año, cuando los precios bajaron un 0,4%, según el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 4,9% en octubre, una décima menos respecto al mes anterior, y la subyacente se situó en el 3,1%, mientras que la variación mensual estimada fue del 0,5%.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de octubre se publicarán el próximo 13 de noviembre. 

La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, ha muerto en el accidente ferroviario que tuvo lugar este miércoles en Urda, en Toledo, en el que han fallecido al menos 69 personas. Báñez era una de las pasajeras del Iryo accidentado, en el que viajaba a Sevilla para participar en un acto del Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

La confirmación del fallecimiento de la exministra, de 59 años, llega tras un día de incertidumbre e inquietud de su familia, de la patronal y del PP, que no contaban con la notificación oficial de su muerte.

“Desde CEOE queremos expresar nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, una vez recibida la confirmación oficial”, ha anunciado la patronal a través de un comunicado.

La patronal destaca que Báñez “ha sido una figura fundamental en la marcha y modernización de CEOE y de su Fundación” desde su fichaje en 2020 y destacan, más allá de su trayectoria profesional, “su calidad humana, su cercanía y su firme compromiso con los valores que han guiado su vida y su actividad profesional”.

“CEOE ruega el máximo respeto y sensibilidad hacia su familia y su intimidad y agradece las numerosas muestras de afecto y condolencia recibidas”, cierra el comunicado.

El Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz ha emitido un breve comunicado en el que “lamenta profundamente” la muerte de Báñez, que fue ministra de Empleo entre 2011 y 2018. “Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, han escrito.

Díaz se ha mostrado “profundamente consternada” por el fallecimiento. Ministra de Trabajo durante siete años, dedicó su vida al servicio público“, ha compartido en sus redes sociales.

“Que el cielo te abrace, amiga Fátima. Me has dejado esperándote en Santa Justa”, ha escrito el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en X (antes, Twitter). Amor, además de ser vicepresidente de la CEOE, era amigo personal de la exministra.

Desde este miércoles, la CEOE subrayó en X (antes Twitter) que en la patronal estaban “pendientes de noticias de Fátima Báñez”. “Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados”, apuntaban.

Durante todo momento pidieron prudencia sobre el estado de la presidenta de su Fundación: “Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo”. Aunque cargos, como Miguel Garrido (vicepresidente de CEOE y líder de los empresarios madrileños), y algunos responsables políticos, como Borja Sémper, se sumaban a la despedida de Báñez con en mensajes en X hace unas horas, no ha sido hasta pasadas las dos de la tarde cuando la patronal ha confirmado oficialmente el fallecimiento.

“Inmenso dolor por la pérdida de una servidora de España, una gran ministra, una gran persona y una gran amiga. La voy a echar muchísimo de menos. Todos los que la conocimos estamos profundamente apenados”, ha escrito el responsable de Economía del PP, Alberto Nadal, en un mensaje en redes sociales.

“Tuve muchos debates parlamentarios y discrepancias públicas con ella cuando fue ministra, y siempre fue una persona atenta, educada y amable. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Que descanse en paz”, escribió el exministro Alberto Garzón este miércoles en redes, cuando el nombre de la exministra ya constaba en el listado de desaparecidos. El exportavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, también destacó que era “una mujer cordial, educada, demócrata e inteligente”.

Báñez, de 59 años, fue diputada en el Congreso entre 2000 y 2019, cuando dejó la política y se convirtió en consejera de la farmacéutica cotizada Rovi. Ministra de Empleo durante toda la etapa de Mariano Rajoy, desde finales de 2011 hasta junio de 2018, además de presidir la Fundación CEOE, forma parte del consejo de administración de Iberdrola Energía Internacional y ha sido consejera de las filiales de la eléctrica en Estados Unidos (Avangrid) y México.

En Castilla-La Mancha, el presidente del PP regional Paco Núñez ha trasladado su cariño a la familia, amigos y compañeros de la exministra. “La tragedia de Urda nos golpea aún más de cerca con la pérdida de nuestra querida compañera Fátima Báñez”, ha publicado en una red social. La ha definido como “una mujer comprometida con el servicio público, generosa y con una enorme calidad humana”.

Desde la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha también se han sumado a las condolencias trasladadas por CEOE. “Expresamos nuestro profundo pesar por esta irreparable pérdida”, señala la patronal en un comunicado, quien destaca “la contribución de Fátima Báñez al fortalecimiento y desarrollo de la organización empresarial, así como su compromiso y dedicación al frente de la Fundación CEOE”.

El choque de dos trenes en la provincia de Toledo ha causado numerosos muertos —al menos 69 según el Gobierno de Castilla-La Mancha— y 50 heridos graves tras descarrilar cuatro vagones. Más de 500 personas viajaban en el AVE y el Iryo siniestrado en el término municipal de Urda.

El siniestro de este miércoles entre dos trenes de Iryo y Renfe en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas y hay 50 heridos graves, se suma a un año negro para el sector ferroviario español, después del accidente de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos y 120 heridos, en enero de este mismo año.

El accidente resuena en la misma línea de alta velocidad, la que conecta Madrid con Andalucía y la más antigua de la red, que ya se clausuró durante casi un mes tras lo acontecido en Córdoba. Aquel se convirtió en uno de los peores en los trenes de alta velocidad española desde su puesta en marcha hace tres décadas. Pero no es el único que ha sacudido al país en los últimos años. Esta es una recopilación de algunos de los principales que han tenido lugar en las últimas décadas.

El accidente de Angrois (Santiago de Compostela, 2013)

El 24 de julio de 2013, en la víspera de la festividad de Santiago, día grande de Galicia, un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló al tomar la curva de “A Grandeira”, en Angrois, tras tomarla a una velocidad superior a la que estaba limitado el tramo, de 80 km/h. Fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos.

46 personas murieron en Adamuz (Córdoba, 2026)

Hace apenas 10 meses, el 18 de enero de 2026, el descarrilamiento de un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid provocó un choque con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario en Adamuz (Córdoba). 46 personas fallecieron y más de un centenar resultaron de heridas. A día de hoy continúa la investigación sobre las causas que pudieron provocarlo.

Solo dos días después, un tren de Rodalies que circulaba entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, en la provincia de Barcelona, descarriló tras chocar con un muro de contención que había caído sobre las vías, derrumbado a causa de las fuertes lluvias. El maquinista murió y 37 viajeros resultaron heridos.

El accidente del Metro de Valencia (2006)

No fue un accidente en una línea ferroviaria convencional, pero el accidente del Metro de Valencia el 3 de julio de 2006 se convirtió en una de las mayores tragedias del transporte público en el país. Fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas.

La colisión de un Talgo con un mercancías en Chinchilla en 2003

19 personas murieron y 38 más resultaron heridas en la colisión frontal de un tren Talgo de pasajeros con un convoy de mercancías en Chinchilla, Albacete, el 3 de junio de 2003. Ambos circulaban por un tramo de vía única y 86 personas viajaban a bordo del Talgo.

18 fallecidos en Navarra tras descarrilar un Intercity (1997)

El 13 de marzo de 1997 murieron 18 personas y otras cien resultaron heridas, cinco de gravedad, tras descarrilar el Intercity Miguel de Unamuno en Uharte-Arakil, en Navarra, cuando cubría la ruta Barcelona-Hendaya y contaba con 248 pasajeros. El tren viajaba a gran velocidad al llegar al cambio de agujas que había cercano a la estación.

Castelldefels, Lorca...

En 2010, el 24 de junio, 12 personas murieron en Castelldefels tras ser arrollados por un tren tras bajarse de otro para acudir a la verbena de San Juan.

En Lorca, el 3 de enero de 2001, también fallecieron 12 personas, tras ser arrollada la furgoneta en la que viajaban por un tren de pasajeros.

El 2 de agosto de 1993 dos trenes de FEVE chocaron en las cercanías de Vega de Anzo, en Asturias, y se incendiaron. Murieron 12 personas y siete resultaron heridos.

Según recoge EFE, el accidente ferroviario con más víctimas mortales en España tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando el correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, chocó contra una locomotora en maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente el siniestro, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe posteriormente fue de 78 muertos y 75 heridos, se estima que podrían superar el centenar de fallecidos.

La tercera mayor tragedia ferroviaria en España se produjo en julio de 1972, cuando 79 personas perdieron la vida tras chocar el ferrobús Cádiz-Sevilla, entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija, con un tren expreso.

La exministra y actual presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo, según ha confirmado la propia patronal. Báñez viajaba en uno de los convoyes siniestrados y todavía no ha sido localizada, según han señalado fuentes del PP a RTVE.

Báñez viajaba este miércoles a Sevilla para participar en un acto del Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El choque de dos trenes en la provincia de Toledo ha causado numerosos muertos —al menos 68 según el Gobierno de Castilla-La Mancha— y 50 heridos graves tras descarrilar cuatro vagones. Más de 500 personas viajaban en el AVE y el Iryo siniestrado en el término municipal de Urda.

La CEOE ha indicado en X (antes Twitter) que en la patronal están “pendientes de noticias de Fátima Báñez”. “Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados”.

Báñez, de 59 años, fue diputada en el Congreso entre 2000 y 2019, cuando dejó la política y se convirtió en consejera de la farmacéutica cotizada Rovi. Ministra de Empleo durante toda la etapa de Mariano Rajoy, desde finales de 2011 hasta junio de 2018, además de presidir la Fundación CEOE, forma parte del consejo de administración de Iberdrola Energía Internacional y ha sido consejera de las filiales de la eléctrica en Estados Unidos (Avangrid) y México.

Redeia obtuvo un beneficio neto de 410,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 5,3% más, con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 389,8 millones de euros, informó la propietaria de Red Eléctrica de España (REE), que hasta septiembre elevó sus inversiones en redes un 19%.

Los ingresos acumulados de la matriz de REE (cifra de negocio y la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de participación) alcanzaron 1.352,4 millones, un 7,2% más. La mayor parte procedió de la gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales, con 1.176,8 millones, un 9,7% más; la transmisión eléctrica internacional tuvo una cifra de negocio y un resultado de las sociedades participadas de 97,9 millones y la fibra óptica generó 104,0 millones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por la exministra Beatriz Corredor se situó a cierre de septiembre en 1.001,4 millones, un 5,3% más.

La compañia realizó inversiones de 1.138,9 millones, un 17,7% más, de los que casi el 96%, 1.092 millones (un 19,3% más), se dirigieron a REE y a acelerar el desarrollo y refuerzo de las infraestructuras nacionales de transporte de electricidad y la operación del sistema eléctrico.

Durante el ejercicio, el operador del sistema eléctrico ha avanzado en la construcción de la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del Golfo de Bizkaia, habiéndose tendido ya el 100% de los cables submarinos en la costa vizcaína, así como en el tendido de los cables subterráneos entre Gatika y Lemoiz.

También evoluciona el segundo enlace entre la Península y Baleares, con el inicio este mes de las obras para soterrar el tramo final de la línea Sant Martí-Alcudia; o se ha puesta en servicio la nueva interconexión a 400 kV entre Portugal y Galicia, entre otros trabajos.

Igualmente, se están acometiendo actuaciones para la evacuación de generación renovable, de forma que, de aquí a final de año se pondrán en servicio 43 posiciones, mientras evoluciona la central hidroeléctrica de bombeo reversible de Salto de Chira, en Canarias.

Además, se están avanzando las tramitaciones y los trabajos para la instalación de los compensadores síncronos incluidos en la planificación y en las posteriores modificaciones de aspectos puntuales de la misma.

En lo que respecta a la deuda financiera neta del grupo, a septiembre se situaba en los 5.600,8 millones, un 2,3% más que a cierre del ejercicio 2025, debido al fuerte ritmo inversor, lo que se ha compensado parcialmente por la generación de caja de las operaciones de la compañía; por los fondos procedentes de la emisión del bono híbrido del 15 de abril por 500 millones, así como por el cobro de subvenciones.

En lo que respecta a la retribución al accionista, el consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta de 0,2040 euros por acción con cargo a los resultados de 2026, que se abonará el próximo 7 de enero.

Esta retribución está en línea con la política de dividendos que la compañía ha establecido en el marco de su plan estratégico para el periodo 2026-2029, que establece un crecimiento anual del 2% hasta alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029.

Banco Santander ha cerrado los nueve primeros meses del año con otro beneficio récord. La entidad cerró septiembre con un beneficio atribuido de 12.405 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2025, resultado que incluye una plusvalía neta de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia, según recoge EFE.

Sin esa y otras partidas no recurrentes, el banco obtuvo un resultado ordinario récord de 11.176 millones, un 16% más, gracias a la actividad de clientes y a los avances en mejoras de eficiencia y mayores ingresos con la ejecución de su plan ONE Transformation, ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La venta de Santander Polska se vio parcialmente compensada por cargos por valor de 666 millones de euros, incluidos los costes de integración de TSB y Webster. 

Santander detalla a la CNMV que ha incorporado 17 millones de nuevos clientes en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 189 millones, gracias a la actividad comercial en todos los negocios y a la incorporación de ocho millones de clientes de TSB y a la compra del estadounidense Webster. La rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) ordinario subió al 16 % y el beneficio por acción (BPA) contable creció un 25%. 

El banco, que lanzó un programa de recompra de acciones en agosto de hasta aproximadamente 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, habrá completado con el mismo unos 9.000 millones de euros de su plan para distribuir 10.000 millones mediante recompras de acciones con cargo a los resultados de 2025 y 2026, y al exceso de capital.

La presidenta de la entidad, Ana Botín, ha dicho que las adquisiciones de TSB y Webster empiezan a tener efectos positivos y ayudarán a mejorar los resultados del Santander en próximos años, y ha expresado su confianza en que cumplirán los objetivos tanto para 2026 como los del plan a tres años.

El crédito y los recursos de clientes (depósitos más fondos de inversión) aumentaron ambos un 16% en euros constantes, contabilizando la incorporación de TSB y Webster.

Los ingresos crecen un 8%, hasta 46.800 millones

En los nueve primeros meses del año, los ingresos del Santander alcanzaron los 46.807 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo de 2025, y el margen de intereses creció un 10% (un 7% sin las operaciones de compras y ventas mencionadas), hasta los 34.614 millones de euros.

Los ingresos por comisiones aumentaron un 9%, hasta los 10.349 millones de euros, estando vinculados el 95% de los ingresos a la actividad de los clientes. Los costes totales bajaron un 1% sin TSB ni Webster, por las mejoras en eficiencia derivadas del plan ONE Transformation. 

El margen neto aumentó un 14%, hasta los 26.882 millones de euros, y la ratio de eficiencia mejoró en 2,8 puntos porcentuales, hasta el 42,6%.

El despliegue de la inteligencia artificial (IA) generó hasta septiembre 194 millones de euros de valor de negocio: más ingresos y menores costes y dotaciones.

Las dotaciones por insolvencias aumentaron un 13%, principalmente por la evolución del mercado en Argentina. 

La calidad crediticia se mantuvo sólida, con un coste del riesgo del 1,16%, y la morosidad bajó al 2,9% desde el trimestre anterior, con una ratio de cobertura del 64%.

Por negocios, el beneficio ordinario de banca minorista y comercial (Retail & Commercial Banking) aumentó un 12%, hasta 6.445 millones de euros. Openbank, que integra los negocios globales de financiación al consumo y el banco digital de Santander, obtuvo un resultado ordinario de 1.407 millones de euros, con una caída interanual del 10%, afectado por provisiones relacionadas con la financiación de coches en Reino Unido y el fin de incentivos para eléctricos en Estados Unidos. 

El negocio de banca corporativa e inversión, CIB, registró un beneficio ordinario de 2.433 millones de euros, un 15% más, mientras que el de banca privada, seguros y gestión de activos (“Wealth Management & Insurance) fue de 1.651 millones de euros, un 19% más.

Payments, los pagos digitales y soluciones tecnológicas, generó un beneficio ordinario de 105 millones de euros, más del doble que el año anterior.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este martes no poder desalojar la acampada de la Plaza del Sol, que lleva un mes en el céntrico enclave de la capital, y ha asegurado que “si este Ayuntamiento tuviera competencias, me ponía yo a la cabeza de la Policía Municipal” para proceder a su expulsión.

Martínez-Almeida ha participado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y ha asegurado que “no podemos tolerar que haya ni un minuto más una apropiación del espacio público” que, a su juicio, hacen los ciudadanos que protestan por la crisis del mercado inmobiliario del país.

En este sentido, el ministro de Derechos Sociales y portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha replicado al edil con un mensaje a través de la red social X (antes, Twitter): “Empiece con los pisos turísticos ilegales, hombre, que sí tiene las competencias. Le mandé un listado de 15.000”.

Bustinduy se refiere a los 15.200 pisos que operan de manera ilegal en la capital y que comunicó al Ayuntamiento en marzo de 2025, hace ya más de un año. Entonces, como hoy, el Ministerio de Consumo reclamó al alcalde que ejerciera sus competencias y solicitara a las plataformas la eliminación de esos anuncios. El Ministerio detalló las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de esos alojamientos que serían ilegales. De esta forma, el consistorio podría haber puesto “en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores”.

Sin éxito. Entonces, Martínez-Almeida acusó “al tal Bustinduy” de buscar “quince segundos de gloria” a costa del Ayuntamiento de la capital y tachó el listado que envió con las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la ciudad de “una chapuza”.

Este jueves 29 de octubre está convocada una jornada de huelga en Renfe. El paro, de de 24 horas, está previsto entre las 00:01 a 23:59 horas y ha sido convocado por los maquinistas del sindicato Semaf. Se producirá solo un día antes de los paros convocados en otro operador ferroviario de alta velocidad, Ouigo y en vísperas de puente. Un momento donde se incrementan los desplazamientos y del que ya se saben los servicios mínimos.

Servicios mínimos en Cercanías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido que, en los servicios de proximidad, los de Cercanías, este jueves habrá unos servicios mínimos del 75% en horario punta, entre las 06:00 horas y 09:00, de la mañana; de 13:30 a 15:30, a mediodía; y de 18:30 a 20:30, al final de la jornada.

En el resto del día, fuera de los anteriores horarios, los servicios mínimos previstos por el Ministerio de Transportes para los Cercanías son del 50%.

Hay que recordar que ese es el porcentaje mínimo de servicio, que puede ser superior en función del seguimiento de la huelga.

Paros en media distancia y alta velocidad

En cuanto a los servicios de media distancia y de alta velocidad, los servicios mínimos decretados por el Ministerio que encabeza Óscar Puente son del 65% en los primeros.

En la alta velocidad de Renfe, así como en larga distancia, serán del 73% durante toda la jornada. Y, en Mercancías, del 26%.

En cuanto a los motivos del paro, Semaf explicó al convocarlos que “esta movilización se adopta tras resultar infructuosa la vía previa de la Comisión de Conflictos y constatarse, en la reciente reunión mantenida hoy con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe, el bloqueo administrativo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante”.

Piden “que se cumpla los compromisos, ya que los consideramos vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro”.

Renfe, en cambio, señaló tras la convocatoria de huelga que ha cumplido todos los compromisos acordados con Semaf el pasado 9 de febrero, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que ya permitieron desconvocar dos jornadas de huelga previstas para el 10 y 11 de febrero.

“Ante la convocatoria de huelga anunciada por Semaf para el próximo 29 de octubre, la compañía considera necesario recordar que las medidas cuya ejecución correspondía a Renfe han sido desarrolladas íntegramente y que buena parte de las reivindicaciones utilizadas para justificar esta movilización exceden del ámbito competencial de la empresa ferroviaria”, señaló el operador público.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua han anunciado este martes una huelga de compras conjunta dirigida a no consumir en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas todos los miércoles hasta el día de la huelga general del 11 de noviembre.

Así, los consumidores están llamados a no efectuar compras en grandes superficies este miércoles, 28 de octubre, y el próximo 4 de noviembre, en el marco de las movilizaciones previas a la huelga general por la vivienda y el coste de la vida convocada para el día 11.

Durante esa jornada de huelga general, las entidades llaman a paralizar por completo el consumo, tanto en tiendas físicas como por internet, según recoge Europa Press.

Sí a consumir en el comercio de proximidad

Los colectivos promotores de la huelga de compras han aclarado que la acción de protesta de los miércoles “no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados”, a quienes invitan a unirse a la huelga general.

Por ello, instan a la ciudadanía a derivar sus compras hacia mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o compra directa a productores, indicando además que el 11N el comercio de proximidad también puede sumarse mediante el cierre.

“La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo”, han explicado desde las organizaciones, animando a participar a colectivos de trabajadoras precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras.

Las tres organizaciones han sellado una alianza bajo el diagnóstico de que “trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes”. Según denuncian, el coste del alquiler absorbe los salarios y la cesta de la compra continúa al alza, “mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa”.

En este sentido, señalan que la cesta de la compra cuesta actualmente más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio se ha incrementado un 21,9% en el mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, recuerdan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9%.

Bajadas de alquiler y topes a los márgenes

Entre sus principales exigencias figura una reducción de los alquileres del 50%, vinculados a los ingresos, en sintonía con las reivindicaciones de la huelga general del 11N, así como la aplicación de controles de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte.

De forma específica, Justicia Alimentaria demanda una cesta de alimentos básicos a precio justo, asumiendo que la rebaja debe repercutir en los beneficios de la gran distribución y no en los productores. Por su parte, Facua reclama fijar topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas e implantar un sistema de doble etiquetado para que los consumidores conozcan el precio abonado en origen.

“El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan”, ha aseverado Aldo Reverte, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

En palabras del director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, “comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos”.

En la misma línea, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha defendido el derecho de la ciudadanía a “saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución”, insistiendo en la necesidad de limitar los márgenes comerciales de las grandes superficies.

La huelga general del 11 de noviembre está convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus estructuras territoriales junto a CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otras organizaciones sindicales.

Microsoft ha presentado este lunes una Oferta de Salida Voluntaria (OVV) para los empleados del gigante tecnológico estadounidense en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, “de nivel 70 o inferior”, lo que incluye hasta directores sénior e ingenieros, pero excluye cargos ejecutivos de alta dirección.

Según indicó un portavoz de la multinacional a 'Business Insider', unos 60.000 empleados de Microsoft podrán acogerse al programa, cuyas condiciones serán similares a las de la indemnización por despido estándar de la empresa.

“Esta oferta estará disponible para los empleados elegibles de los equipos participantes en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, de nivel 70 o inferior”, ha explicado Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, cuya plantilla global ronda los 223.000 trabajadores, de las cuales 120.000 están situados en EEUU.

Coleman ha subrayado que se trata de “un programa voluntario por tiempo limitado”, según una entrada publicada en el blog de Microsoft, que brinda a los empleados elegibles la oportunidad de dejar la compañía con apoyo financiero y recursos para la planificación de su carrera, añadiendo que los empleados que cumplan los requisitos necesarios recibirán un correo electrónico con un enlace a los detalles de la propuesta.

“Algunas organizaciones ofrecen la Oferta de Salida Voluntaria, otras no”, ha advertido, añadiendo que la participación en la misma varía según las prioridades de cada negocio, los compromisos con los clientes y las necesidades de la fuerza laboral, según Europa Press.

“La Oferta de Salida Voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque del cambio: crear mayor flexibilidad y, siempre que sea posible, más maneras para que los empleados definan su próximo capítulo”, ha señalado.

Según una fuente conocedora de la situación consultada por la cadena CNBC, que corroboró la cifra de 60.000 potenciales trabajadores elegibles, algunos equipos de marketing, ventas e ingeniería habrían decidido no participar en el programa.

El pasado mes de abril, Microsoft lanzó su primer programa de jubilación voluntaria, dirigido al 7% de sus trabajadores en Estados Unidos, lo que suponía alrededor de 8.750 empleados.

La empresa de inteligencia artificial (IA) estadounidense Anthropic, creadora del chatbot Claude, ha presentado este lunes su solicitud para salir a la Bolsa de Nueva York y cotizar en el índice tecnológico Nasdaq, un debut que, previsiblemente, será uno de los mayores de la historia, ya que aspira a una valoración cercana a los dos billones de dólares (1,78 billones de euros).

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el regulador estadounidense, la compañía avanzó en su camino para dirigirse al mercado, sin que se conozca aún la fecha oficial de su salida bursátil. Aunque no se conoce cuál sera la oferta pública de venta definitiva (IPO, por sus siglas en inglés) se espera que sea una de las mayores de la historia, según recoge EFE.

De acuerdo con un borrador del folleto al que accedió The Wall Street Journal, Anthropic registró unas pérdidas netas de 80.700 millones de dólares en la primera mitad de 2026. En el documento, la empresa de inteligencia artificial detalla sus cuentas del primer semestre y anticipa que sus gastos en capacidad de computación podrían llegar a los 750.000 millones de dólares en los próximos años, sumando todos los contratos que está negociando.

Los números reflejan un crecimiento de la facturación acompañado de un aumento de los costes operativos y financieros. Entre enero y junio de 2026, la empresa dirigida por Dario Amodei generó unos ingresos de 16.300 millones de dólares, frente a los 1.100 millones del mismo periodo del año anterior y los 4.600 millones que facturó en todo 2025. Pese a que la cifra supone multiplicar por quince su facturación semestral, los números rojos también se dispararon: los 80.700 millones suponen una de las mayores pérdidas en seis meses jamás comunicadas por una empresa y casi duplican los 42.000 millones que perdió durante todo el ejercicio previo.

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