La reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años de 2019, que mejoró la prestación y suavizó las condiciones de acceso, reduce los incentivos para reincorporarse al mercado laboral, algo especialmente claro entre los empleos de baja remuneración o a tiempo parcial, según Fedea.

Este think tank financiado por la banca y varias empresas del Ibex ha publicado este lunes un análisis que explica que las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio que fijó esa reforma de 2019 lo han convertido “en una figura híbrida” a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter provisional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario.

Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, añaden, la reforma puede introducir “problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española”.

Fedea estima dicho coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros en el periodo 2019-2030. Los cambios introducidos en esa reforma han incrementado el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas,  lo que tiene distintos impactos.

Por un lado, un aumento gradual del gasto directo en la prestación que va aumentando de forma gradual hasta 2030, cuando calculan que alcance los 1.818 millones.

Por otro, explican, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI.

 Y, por último, una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de 2025).

“La suma de estos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente”, resumen.

Esta reforma de 2019, recuerdan, redujo la edad mínima de acceso de 55 a 52 años e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del tope mínimo, a la vez que permitió compatibilizar el subsidio con trabajos a tiempo parcial.

En 2024 se aprobaron nuevos cambios para este subsidio --también con mejoras la cuantía de la prestación y ampliando el número de colectivos beneficiarios-- que Fedea no entra a cualificar en este estudio donde se centra en esa reforma de 2019 que revirtió los recortes aprobados en 2012 para esta prestación.

El Ibex 35, el índice que agrupa a las 35 mayores empresas españolas cotizadas, ha cerrado la semana por encima de los 19.335 puntos, a pesar de concluir el viernes con un ligero paso atrás, del 0,3%. Cierra así una semana marcada por haber alcanzado su máximo histórico y por el 'sorpasso' que Banco Santander ha dado a Inditex como empresa con mayor valor en bolsa.

En concreto, Santander ha llegado a superar este viernes los 175.500 millones de euros. Finalmente, la entidad bancaria ha concluido la semana en por encima de los 174.000 millones. Queda así por encima de la dueña de Zara, ocho años después, que se queda en más de 173.000 millones de euros.

Al cierre de sesión, los títulos de Banco Santander han registrado una caída del 0,7%, hasta 11,8 euros. Mientras, Inditex se ha dejado un 1,35%, dejando la acción de la textil gallega en 55,7 euros.

Así, en lo que va de año, la entidad financiera sube en el parqué madrileño más de un 18%, mientras que Inditex se queda en el 0,2%.

El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior, que incluye la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca.

La última vez que el Banco Santander encabezaba la Bolsa española por capitalización fue en el año 2018. La tercera empresa española con mayor capitalización bursátil es Iberdrola, que se sitúa por encima de los 140.000 millones de euros.

La organización de consumidores Facua ha denunciado a la nueva compañía de telecomunicaciones del cantante Bertín Osborne por entender que vulnera hasta cinco leyes.

La empresa, denominada Española de Telefonía, incumple “una larga lista de obligaciones reguladas por las leyes de defensa de los consumidores, publicidad, competencia desleal, servicios de la sociedad de la información y protección de datos”, según explica Facua a través de un comunicado.

En concreto, la sociedad detrás de la actividad de telecomunicaciones es EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL, según apunta Facua, que ha presentado las denuncias ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, las secretarías de Estado de Telecomunicaciones y Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Las cosas bien hechas, las cosas a derechas”

Protagonizada por Osborne, la campaña publicitaria de lanzamiento de Española de Telefonía usa el eslogan “Las cosas bien hechas, las cosas a derechas”, argumenta la organización de consumidores. “En realidad, la empresa lo hace todo mal”, añade, “publicidad engañosa, un teléfono que no es gratuito y una web donde no hay información sobre las condiciones contractuales, el derecho de desistimiento, protección de datos y ni tan siquiera un aviso legal con el domicilio de la empresa”, enumera.

En cuanto a las irregularidades, Facua señala que la “es una oferta con la que la compañía incurre en publicidad engañosa”. “Su tarifa España ofrece llamadas ilimitadas nacionales y 25 Gbps de datos con el reclamo de que sus 7,50 euros al mes suponen «un precio imbatible» . Sin embargo, hay otras compañías que ofrecen el mismo servicio o incluso aumentan el número de Gbps a un precio más bajo. De hecho, la de Española de Telefonía es un 33% más cara que la oferta más económica del mercado, que ofrece lo mismo por 5,00 euros”, explica. Por eso, ha denunciado a la 'teleco' por publicidad engañosa ante la Dirección General de Consumo. “Con ella, la empresa vulnera el artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y del artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal”.

Por otro lado, ha denunciado a la empresa ante Consumo por incumplir “la obligación de facilitar las condiciones contractuales de los servicios de la compañía de telecomunicaciones en su web”. “También incumple la de informar del derecho de desistimiento, esto es, la posibilidad de cancelar el contrato hasta 14 días después de darlo de alta”.

Una IA que saluda “viva España”

Facua también detalla que “los teléfonos de información al consumidor que ofrece la web no son gratuitos, sino una línea móvil y otra con prefijo geográfico de La Rioja donde una inteligencia artificial saluda al establecerse la comunicación con un 'viva España”. “Con ello, Española de Telefonía se salta la obligación de atención telefónica gratuita establecida en el artículo 65.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Y apunta que “cuando el usuario introduce sus datos en la web para solicitar más información, acepta una 'política de privacidad' de la que no se le informa en ningún momento”. “Si se pulsa en el enlace para acceder a ella, la página simplemente se desplaza hasta la parte superior y no se abre ninguna pestaña o ventana nueva. Así que la empresa se salta la obligación de informar sobre el tratamiento de datos personales, el derecho del usuario a solicitar su eliminación o modificación, entre otros, y cómo puede ejercerlo”. “Algo que Facua ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos”.

Por último, la organización de consumidores señala que “la web también carece de sección dedicada al aviso legal”. “En este sentido, aunque la página indica cuál es la empresa que está detrás de la compañía de telecomunicaciones y su NIF, no aclara cuál es su domicilio social”, por lo que entiende que se salta el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado este viernes la fortaleza del sistema financiero español, pero ha advertido de que “no hay que bajar la guardia” y que es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes” en la financiación, tanto en los créditos como en la concesión de hipotecas. Este jueves, el mismo organismo apuntaba la falta oferta de viviendas.

Para Escrivá, el sector financiero nacional se encuentra en una posición de fortaleza, con entidades sólidas, rentables, bien capitalizadas y con una capacidad de gestión que constituye una referencia en Europa.

“La buena evolución reciente de los resultados, la mejora de la eficiencia y la calidad de los balances reflejan un esfuerzo significativo que debe ser reconocido. Y esa fortaleza cobra pleno sentido cuando se traduce en capacidad de financiación, y cuando permite que el crédito acompañe a empresas y hogares y que la banca contribuya de forma estable al crecimiento de la economía”, ha resaltado.

No obstante, ha advertido de que reconocer la solidez del sector “no significa bajar la guardia”, por lo que ha abogado por preservar esa fortaleza con una vigilancia “prudente y continua”.

En el foro “Competitividad para el crecimiento”.“El papel del sector bancario”, organizado por AEB, CECA y Unacc, el gobernador ha señalado tres ámbitos en los que esa vigilancia resulta especialmente importante.

El primero de ellos son los estándares de concesión de crédito, ya que tal y como ha detallado Escrivá, en un entorno macroeconómico positivo como el actual, es “esencial que las entidades mantengan criterios prudentes”.

Ha recordado que “los riesgos suelen acumularse en las fases favorables del ciclo, cuando la percepción de riesgo tiende a relajarse. Por eso, acompañar a la economía no debe confundirse nunca con debilitar la calidad del crédito”.

“El segundo”, ha apuntado Escrivá, “es el mercado inmobiliario”. “No estamos en 2008, y conviene decirlo con la misma claridad. El punto de partida del sistema bancario, de los hogares y de las empresas es muy distinto; la regulación y la supervisión también lo son”, ha argumentado. “Pero eso no significa que podamos ignorar las señales que puedan aparecer en determinados segmentos o territorios. La situación del mercado inmobiliario exige seguimiento, análisis granular y una actuación macroprudencial proporcionada”.

El gobernador del Banco de España ha apuntado que “actualmente, nuestro análisis apunta a que, aunque los precios de la vivienda requieren una vigilancia estrecha, el riesgo asociado al sector inmobiliario se ve contenido por varios factores: el peso todavía moderado del sector inmobiliario y de la construcción en la economía, el bajo endeudamiento de los hogares y unos estándares de concesión de crédito que siguen siendo prudentes”. “En adelante, seguiremos haciendo un seguimiento estrecho de estos indicadores”.

Amenazas de “dimensión sistémica”

Además, ha señalado la tecnología. “La digitalización, la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos y el aumento de las amenazas cibernéticas están transformando la naturaleza de los riesgos operativos. Aquí la vigilancia no puede limitarse a cada entidad por separado”, ha explicado.

“Muchas de estas amenazas tienen una dimensión sistémica, porque afectan a infraestructuras compartidas, cadenas de suministro tecnológicas y mecanismos de confianza que son comunes al conjunto del sistema. Por eso, en este terreno, el mensaje que quisiera trasladar es también un mensaje de colaboración”.

“La competencia entre entidades debe seguir siendo intensa en el negocio, en la calidad del servicio, en la innovación y en la capacidad de atraer y acompañar a los clientes”, ha concluido Escrivá. “Pero hay ámbitos en los que cooperar más no debilita la competencia: la refuerza. La ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable, la resiliencia operativa y determinadas infraestructuras tecnológicas comunes son espacios naturales de cooperación sectorial”.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha reiterado este miércoles que España debe reformar su legislación para garantizar una adecuada indemnización por despido improcedente de los trabajadores, de tal manera que sea disuasorio y restaure el daño al empleado, al tiempo que pidió que esta incluya también a los contratados de manera irregular.

En una recomendación emitida al Gobierno español, este organismo recoge la resolución adoptada en marzo pasado por el Comité Europeo de Derechos Sociales tras una reclamación interpuesta ante ese organismo por el sindicato CCOO, similar a la que ya se había hecho en un requerimiento de UGT, según recoge EFE.

En ella, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa insta a España a “proceder a una reforma legislativa” que “garantice que la indemnización concedida por despido improcedente (...) tenga en cuenta el daño real sufrido” por el trabajador y “sus circunstancias individuales”.

Igualmente, señala que las indemnizaciones recogidas por la ley española actual, 33 días por año trabajado, y la decisión de que estas no sean revisadas por los tribunales civiles “contravienen el artículo 24b del Convenio Social Europeo”.

Esas indemnizaciones, “tanto por daños materiales como morales”, indica el organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), “deben ser disuasorias para el empleador con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores contra despidos improcedentes”. Además, señala que esa protección debe también incluir a “los trabajadores temporales contratados de forma irregular”.

Estrasburgo también considera que los tribunales deben poder imponer la readmisión de los trabajadores despedidos si lo consideran como la medida más idónea.

El Consejo de Europa reconoció, no obstante, que España adoptó recientemente un plan que incluye disposiciones relevantes en el Estatuto de los Trabajadores para establecer garantías contra el despido, dentro de lo que indica la Carta Social Europea. En concreto, se refuerza la obligación de justificar el despido y se elimina el despido automático de trabajadores que sufran incapacidades repentinas.

Inditex, dueña de marcas como Zara o Pull&Bear, y los sindicaticos CCOO y UGT han acordado nuevas medidas sociales y un nuevo acuerdo retributivo para la plantilla de tienda española, que incluye un incremento salarial del 12,5% hasta 2028, con una mejora anual del 4% en 2026, un porcentaje que se repetirá en 2027 y 2028, según recoge la agencia EFE. Inditex suma cerca de 30.000 personas empleadas en sus tiendas en España.

El acuerdo supone la renovación y actualización del pacto alcanzado en febrero de 2023 y entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Esta mejora de las condiciones incluye un aumento del 4% anual, hasta 2028, de la hora bruta los domingos y festivos: la hora bruta pasará de los 10 a los 11,25 euros en el caso de los domingos, mientras que en los festivos se aumentará desde los 12 euros hasta los 13,5 euros en 2028.

El convenio aumentará los sueldos “mínimos” en al menos 624 euros brutos, en el primer pacto de este tipo desde que en 2023 Inditex acordara con CCOO y UGT una subida media salarial para el 80% de los empleados de tienda de todas sus marcas de entre el 20% y el 25%.

También se aumentan las ayudas al nacimiento, que pasarán de los 450 euros de 2025 a los 506 en 2028, así como al material escolar, de 200 a 225 euros ese último año. En caso de tener un familiar a cargo, pasarían de 200 a 225 euros y las destinadas a guardería o estudios universitarios, hasta los 562 euros.

El sindicato asegura que el acuerdo mejorará de forma directa en aquellas provincias españolas en las que se aplique la jornada del convenio firmado hace veinte días con la patronal del textil, ARTE, que alcanza las 1.770 horas anuales en 2026 y las 1.740 horas en 2027.

El acuerdo también contempla nuevas ayudas sociales, como la compensación de trabajo remoto en las llamadas 'big store' o un incremento del 30% por precio/hora los primeros días de periodos de ventas especiales, como las rebajas o el 'Black Friday'.

También se creará un grupo de trabajo para concretar y negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos. Todo ello se produce veinte días después de la firma de ese I Convenio colectivo estatal de Grandes Marcas de Comercio Textil y Calzado, firmado entre la Asociación Retail Textil España (Arte), en la que ese encuentra Inditex, y los sindicatos CCOO y FETICO.

Uno de los avances fundamentales de ese acuerdo es la reducción progresiva de la jornada anual, que se situará en 1.770 horas en 2026; 1.760 horas en 2027 y 1.740 horas en 2028

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace ocho años, y el nombramiento en su lugar de Ricardo Cuesta, hasta ahora subdirector general de Estadística e Información en el organismo Público.

En el Ministerio de Trabajo apuntan sobre el cese de Gutiérrez que estaba “al frente del organismo desde el 7 de julio de 2018”. “El relevo se produce en el marco de la normalidad institucional”, añaden.

Gutiérrez estaba en su puesto desde 2018, antes de la entrada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, nombrado por la exministra socialista Magdalena Valerio.

Su sustitución, en lo que muchos consideran el final de la legislatura y sin que el Ministerio haya señalado ningún cambio de políticas o de prioridades en el organismo público, ha sorprendido en muchos ámbitos.

Gutiérrez ha seguido todos estos años al frente del organismo público, superando incluso muchos momentos complicados, como la avalancha de los ERTE por la pandemia, las críticas sindicales por la falta de personal y la enorme dificultad para conseguir citas por parte de los ciudadanos, que ha llevado incluso a que proliferen negocios ilegales de venta de turnos.

Cuesta, nuevo director del SEPE

Por su parte, Ricardo Cuesta desempeñaba hasta ahora el cargo de subdirector general de Estadística e Información del SEPE, donde ejercía funciones de coordinación del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (Sispe), evaluación y estadística del Sistema Nacional de Empleo, impulso del Observatorio de las Ocupaciones y coordinación con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Funcionario de carrera, inició su trayectoria en 1994 en el ámbito de las políticas públicas de empleo, relaciones laborales, gestión pública, desarrollo local y asesoramiento jurídico en dichas materias.

Desde marzo del año 2020, ocupó el puesto de director provincial del SEPE en Madrid y previamente trabajó como técnico en el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (1998-2019), donde ha desempeñado la mayoría de su carrera, y en el ayuntamiento de Madrid (1994-1997).

Durante una década ha impartido la docencia en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y ha participado como formador de empleados públicos en políticas de empleo y formación durante más de 20 años.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión récord de 1.006 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en 10 comunidades autónomas.

Esta inversión se divide en 29 lotes y contemplan actuaciones en la Comunitat Valenciana (Alicante y Castellón); Castilla y León (Burgos, Valladolid, León y Soria); Castilla-La Mancha (Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real); Andalucía (Huelva); Comunidad de Madrid; La Rioja; Aragón (Zaragoza); Asturias; Galicia (A Coruña) y Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida), según ha indicado en un comunicado y recoge EFE.

La duración de los contratos será de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y, en ellos, se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Tras este acuerdo del Ejecutivo, el ministro Óscar Puente ha destacado a través de la red social X que, en los últimos siete años, la inversión en mantenimiento de la red viaria ha alcanzado los 10.500 millones de euros, en conjunto.

En cuanto al desglose de la inversión, el mayor importe se localiza en Castilla y León (188,4 millones). En concreto, en la provincia de Burgos se han autorizado dos lotes para actuar en la A-1, la A-11, la N-122 y la N-1, en el primer lote, y en la A-73, la N-623 y N-627 en el segundo. En la provincia de León se sacará un lote que incluyendo la A-66, la LE-30, la LE-11 entre los km 0 y 11, la LE-20, la N-120, la N-601, la N-630 y la N-621 y en la provincia de Valladolid recoge la conservación de tramos en la A-62, la VA-30, la N-620 y la N-122 entre los km 396 y 412.

El lote de Soria tiene por objeto la conservación de más de 40 km en la A-2. Para la Comunitat Valenciana se destinan 83,78 millones. En la provincia de Alicante se han autorizados dos lotes, el primero para actuar en la A-31, la A-7, la A-70, la A-77; y el segundo en la N-344, la A-33 y la A-31. En la provincia de Castellón el lote se dirige al mantenimiento de varios tramos en la N-340, la N-234, la N-232A y la N-238.

A Andalucía se dirigen 20,42 millones, concretamente en la provincia de Huelva, para las carreteras A-49, la N-435 y la N-435A. En la Comunidad de Madrid el importe asciende a 60,76 millones con la conservación de varios tramos y vías de servicio de la A-4 y la A-2 en la provincia, en tanto que otros 32,35 millones irán al Principado de Asturias con trabajos en la A-63, la A-66, la N-630; la O-11 y la O-12.

Para Galicia se han autorizado 26,58 millones. En la Provincia de A Coruña se incluye la A-6, la AC-14, la AC-10 y la AC-15. Otros 183,9 millones irán para Castilla-La Mancha y se actuará en la provincia de Cuenca (A-3, la A-43, la A-31, la N-3, y la N-310); Albacete (A-31, la A-43, la N-301 y la N-310, en el primero de ellos, y la A-31, la A-33, la A-35, la N-330, la N-344 y la N-340ª); Guadalajara (A-2 y N-2) y Ciudad Real (A-4 así como distintas vías de servicio y enlaces.

El montante para Catalunya asciende a 216,32 millones repartidos en la provincia de Barcelona (AP-7 y de la B-30, así como distintos enlaces de estas autovías); Girona (AP-7 y distintos enlaces de esta autovía); Tarragona (AP-7 y la AP-2) y Lleida (AP-2 y distintos enlaces y vías de servicio de la misma).

El lote de La Rioja, de 45,36 millones, tiene por objeto la conservación de varios tramos de la AP-68, la A-68, así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20, mientras que en Aragón, asciende a 148,68 millones, con trabajos en la provincia de Zaragoza en tramos en la AP-68 y su enlace con la A-2, la A-2, la N-234, la N-2, la N-2A, y la N-2R, la A-68, la N-232, la Z-40 y la AP-2

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas y ha planteado establecer una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad, que incorpore un mecanismo explícito de reducción de deuda.

Fedea ha publicado este martes un documento de trabajo de Fernando González (Universidad Complutense de Madrid) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Fedea) en el que se aborda la oportunidad que se abre para revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas tras la recuperación de las reglas fiscales después de la pandemia, según informa Europa Press.

Según han explicado los expertos, la regla de gasto nacional vigente no está suficientemente conectada con un objetivo claro de reducción de la deuda. En la práctica, cumplir la regla puede, en algunos casos, conducir a una posición fiscal neutral, pero no necesariamente a una senda creíble de disminución del endeudamiento.

Esto es especialmente relevante ya que las comunidades autónomas españolas se encuentran entre los gobiernos subcentrales más endeudados de Europa, y algunas mantienen niveles de deuda muy alejados de la referencia legal del 13% del PIB regional --por ejemplo, la Comunidad Valenciana lidera con una ratio del 40,4% en el primer trimestre de 2026--.

Una estimación basada en sus ingresos a futuro

El trabajo propone una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad que incorpora un mecanismo explícito de reducción de deuda. Según han planteado los expertos, el gasto permitido debería evolucionar de acuerdo con una estimación prudente de los ingresos estructurales o tendenciales de cada comunidad autónoma, pero descontando además el esfuerzo necesario para aproximar gradualmente su deuda a un nivel de referencia.

Se plantea un techo de gasto plurianual, preferiblemente alineado con el ciclo político de cuatro años, que permitiría corregir desviaciones dentro del periodo sin convertir cada incumplimiento anual en una nueva base permanente.

La regla propuesta funciona como una “regla de gasto con freno de deuda”. Su lógica es que, a largo plazo, el gasto debe seguir la evolución de los ingresos, pero con una corrección adicional cuando la deuda se sitúa por encima del objetivo. Cuanto mayor sea la distancia entre la deuda observada y la referencia deseada, mayor será el esfuerzo exigido. A la vez, el diseño permite modular la intensidad del ajuste mediante parámetros transparentes: por ejemplo, alargando o acortando el periodo de convergencia hacia el objetivo de deuda.

Las simulaciones realizadas en el estudio para las comunidades muestran que la regla permitiría limitar el crecimiento del gasto y reducir la deuda de forma más previsible que el marco vigente. En el escenario principal, la deuda autonómica agregada se reduciría de forma gradual, con diferencias entre regiones en función de su punto de partida.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desvelado este miércoles que la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno generó en mayo entre 20.000 y 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

En la sesión de control al Gobierno, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha dirigido una interpelación urgente al vicepresidente para mostrar su preocupación por diferentes asuntos relacionados con la actualidad política y económica, a lo que el ministro ha replicado ensalzando algunos hitos logrados durante la legislatura, según informa Europa Press.

En concreto, se ha referido al “récord de afiliaciones” que registra el país y al hilo de ello se ha pronunciado sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes impulsado vía real decreto en abril de este año.

Cuerpo ha destacado que cada vez se están ocupando empleos de mayor valor añadido y con una mayor estabilidad de la que tenían hace seis años, al mismo tiempo que se está reduciendo la tasa de abandono escolar.

A renglón seguido, el 'número dos' del Gobierno ha ensalzado las “nuevas noticias” procedentes del proceso de regularización y más precisamente que este movimiento ya está reflejando un impacto “positivo” en las afiliaciones de mayo.

“En los datos del mes de mayo hay un incremento de en torno a 60.000 afiliaciones en términos desestacionalizados y tiene en torno a unas 20.000-25.000 afiliaciones que procederían del impacto positivo de este proceso de regularización”, ha especificado Carlos Cuerpo. En este sentido, el ministro ha incidido en que el proceso de regularización está demostrando ser un “elemento esencial” para el Estado del bienestar y el crecimiento económico.

El PP, centrado en pedir elecciones

En línea con este discurso, Carlos Cuerpo ha lanzado desde la tribuna del Congreso un mensaje de “confianza, de aliento y de esperanza a la ciudadanía”, remarcando que el país es “próspero”, “abierto” y con una economía “líder” y con un tejido social que avanza protegiendo a la mayoría.

En el turno de réplica, Cuca Gamarra ha compartido que desde el mundo económico hay confianza en el país, pero porque según ella “ya queda poco” para que haya elecciones y el PP llegue al Gobierno. “Esta es la explicación y esto es lo que está generando confianza en la economía”, ha soltado.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado este martes destinar 168 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a actuaciones de climatización y rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de uso principal sanitario de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública.

La dotación de este programa de ayudas, denominado PREE Sanitario, se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía.

Esta línea de ayudas podrá financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejoras de la eficiencia energética y uso de renovables en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, en iluminación, en instalaciones específicas de usos sanitario, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones.

Podrán beneficiarse del PREE Sanitario centros hospitalarios, centros de salud y consultorios locales, de titularidad pública. Este programa complementa el programa PREE terciario, aprobado en conferencia sectorial el pasado diciembre.

Este programa fue anunciado la pasada semana por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien subrayó que “hacer hospitales más eficientes significa ahorrar recursos y utilizar esos recursos para mejorarlos”.

Además, Aagesen confirmó que el Ministerio trabajaba ya en otra línea de ayudas con cargo al FNEE (el PREE Educativo) para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios y de otros centros educativos públicos, que estará dotada con 200 millones.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que se trata de una medida “muy necesaria”, ya que los efectos del climático en las aulas “tienen consecuencias sobre los hijos e hijas”. “Por eso el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación”, dijo.

Además, añadió que a ello se suman los más de 1.000 millones procedentes de los fondos europeos puestos a disposición de las entidades locales y de las comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia.

“Confiamos en que en el resto de Administraciones colaboren y utilicen estos fondos y, sobre todo, se tomen en serio un problema que afecta a muchas familias con niños y niñas de nuestro país”, subrayó Saiz.

Según indicó el Ministerio, las actuaciones objeto de estas ayudas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros deberán acreditar una reducción del consumo de energía final mínimo de un 15% del edificio en cuestión, o de las instalaciones específicas de uso sanitario objeto de la intervención.

El Programa de ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2030 y el Ministerio llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Energía una propuesta de reparto de los fondos basada en la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” realizado por el Ministerio de Sanidad y publicado el 4 de diciembre de 2025.

Este se basa en tres indicadores principales del mismo, con datos de 2023: camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud y consultorios locales.

Así, el PREE Sanitario tendrá una gestión territorializada, de modo que los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas los fijarán las comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas convocatorias. Los gobiernos regionales también podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o por concurrencia competitiva.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio, actuará como coordinador del PREE Sanitario y transferirá los fondos a cada territorio.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo nacional de reducción del consumo final de energía para el periodo 2021-2030, que fija el artículo 8 de la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre. Para alcanzar estos objetivos, se constituyó el FNEE, cuya gestión recae en el IDAE.

El programa de ayudas acordado se enmarca en el Plan de Actuación para 2026 de este fondo. Asimismo, el programa contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Según destaca el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el parque de edificaciones del sector sanitario repartido por toda España consume en torno al 1% de la energía final, por ello la mejora de la eficiencia energética en este ámbito de la edificación forma parte de los objetivos prioritarios recogidos en el PNIEC de rehabilitar energéticamente cinco millones de metros cuadrados de edificios del sector terciario para 2030.

La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha decidido desconvocar la huelga general sectorial prevista para el próximo 22 de junio en el transporte por carretera, a propósito de su reclamación de la jubilación anticipada para los conductores, tras una reunión mantenida con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha comunicado el sindicato.

El sindicato convocó en un inicio el paro indefinido a partir del 8 de junio, por el retraso en la resolución de la solicitud de jubilación anticipada para los transportistas que realizaron la patronal como los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

UGT afirmó que la demora de plazo podría significar su archivo por silencio administrativo, como recoge la ley, algo que negó en todo momento el Ministerio, que informó de que estaba elaborando unos informes a propósito de la petición.

CCOO no apoyó el paro, ya que sostuvo que tenía “poco fundamento” al estar el proceso aún abierto, y las patronales del sector denunciaron el perjuicio de la medida para las empresas, cuando el conflicto tenía como origen el Gobierno.

Unos días antes del paro, UGT comunicó que atrasaba su inicio al 22 de junio debido a la visita del Papa León XIV, ante las “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”.

UGT dice que había “bloqueo administrativo” e “incertidumbre”

El sindicato informa ahora de que este lunes “ha logrado por primera vez un compromiso formal y por escrito del Ministerio sobre la tramitación de los expedientes para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores y conductoras profesionales”.

En la reunión, han participado el Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, el Vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Cristina Estévez.

El sindicato apunta que la decisión de convocar la huelga “respondía a una situación de absoluto bloqueo administrativo e incertidumbre sobre el futuro de unos expedientes (mercancías y viajeros) registrados en octubre de 2025 por nuestra organización y sobre los que, hasta la fecha, el sindicato no había recibido ninguna información oficial ni calendario de actuación por parte del Ministerio”.

La organización considera la reunión celebrada hoy “un avance sustancial respecto a la situación existente hasta la fecha”, por lo que afirma que ha decidido desconvocar la huelga “sin renunciar en ningún caso a sus reivindicaciones y manteniendo una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado que las aerolíneas que operan en España vayan a sufrir problemas de suministro de queroseno. A su llegada al Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea, celebrado este lunes en Luxemburgo, Puente aseguró que las compañías aéreas han trasladado al Gobierno un mensaje de “tranquilidad” respecto al abastecimiento de combustible para los próximos meses.

Con la temporada de verano al caer, el foco se sitúa en una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. El futuro del turismo depende de la incertidumbre que genera el conflicto en Oriente Próximo y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. “En verano no va a haber problema de suministro”, ha afirmado el ministro. También ha señalado que las preocupaciones del sector están más relacionadas con la evolución de los precios energéticos que con una eventual escasez de combustible.

Puente reconoció que una prolongación o agravamiento de la guerra en Oriente Próximo podría traducirse en mayores costes para las aerolíneas. Aunque insistió en que, por ahora, no existen señales de alarma. “Si hay un problema de precios, veremos si se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra”.

El ministro también recordó que España dispone de varias refinerías capaces de producir queroseno para aviación, una circunstancia que reduce la dependencia directa del país respecto a posibles interrupciones en las rutas de suministro asociadas al estrecho de Ormuz.

No obstante, advirtió de que el impacto podría ser diferente en otros mercados internacionales. Especialmente en algunos países de origen de los turistas que viajan a España, donde la dependencia energética es mayor.

El mensaje de calma que traslada Puente también lo comparte la Comisión Europea (CE). El comisario europeo de Transportes y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró que actualmente no existe ningún problema de escasez de combustible de aviación en Europa ni indicios de que pueda producirse en el corto plazo.

“No tenemos indicios de que vaya a haber cancelaciones masivas”, afirmó el responsable comunitario, que atribuyó las recientes suspensiones de algunas rutas por parte de aerolíneas al aumento de los costes del combustible y no a dificultades de suministro.

Tzitzikostas explicó que Bruselas sigue monitorizando la situación en Oriente Próximo y advirtió de que una escalada adicional del conflicto podría tener consecuencias económicas globales. Aun así, defendió que, en plena temporada turística, los indicadores del sector permanecen estables y no se aprecia una caída de la demanda para viajar a Europa.

Pulso con Bruselas por el equipaje de mano

Más allá de la crisis energética, Puente también se refirió a las negociaciones para reformar la normativa europea sobre derechos de los pasajeros aéreos. El expediente lleva bloqueado más de una década y su negociación está entrando a una fase decisiva.

El ministro de Transportes explicó que España mantiene como “línea roja” que los pasajeros puedan seguir embarcando con equipaje de mano sin pagar un suplemento. La posición es más cercana a la defendida por el Parlamento Europeo que a la acordada por la mayoría de los Estados miembros.

Según aseguró, los negociadores han logrado acercar posturas en cuestiones como los plazos de indemnización por retrasos. Pero el tratamiento del equipaje de cabina sigue siendo el principal escollo para alcanzar un acuerdo antes del próximo 15 de junio.

“Hay un obstáculo que no es salvable, que es el tema de los equipajes de cabina”, afirmó Puente, quien dejó abierta la puerta a una solución de compromiso si las partes logran encontrar una redacción que satisfaga las exigencias españolas.

El gigante de la inversión Blackstone ha establecido un límite en los desembolsos de su fondo de crédito privado Blackstone Private Credit Fund (BCRED) del 5%, después del incremento de las solicitudes en el segundo trimestre, que han alcanzado el 10% de los activos netos del fondo.

“En el segundo trimestre, las solicitudes de recompra representan aproximadamente el 10% de las acciones en circulación y, según lo previsto, BCRED atenderá solicitudes de recompra que representen el 5% de las acciones en circulación”, reza una carta dirigida a los inversores recogida por Europa Press. Hay que recordar que esta 'banca en la sombra' y las dudas sobre su liquidez ya han hecho saltar las alarmas del sector financiero.

El mayor grupo de inversión privada del mundo ha recurrido a este mecanismo siguiendo los pasos que otras grandes firmas como Apollo, Ares Management, KKR o BlackRock ya habían implementado en los últimos meses, ante una creciente presión sobre estos vehículos de inversión por el aumento de las solicitudes de retirada.

“El objetivo principal de BCRED es proteger el valor para los accionistas y generar excelentes resultados para los inversores. El marco de recompra del fondo proporciona liquidez a los accionistas, alineada con el ciclo de reembolso previsto de las inversiones, al tiempo que preserva el capital para su inversión en entornos de mercado favorables”, asegura el comunicado.

Además, Blackstone ha informado que el fondo mantiene una liquidez superior a los 15.000 millones de dólares (12.900 millones de euros) y una “sólida” capitalización. Asimismo, los reembolsos y las entradas de capital han superado las acciones recompradas.

La firma permitió durante el primer trimestre que todos los inversores que solicitaran retiradas del fondo pudieran hacerlas efectivas, a pesar de que incluso en este periodo ya se superó el umbral del 5%.

“BCRED está diseñado para generar distribuciones de ingresos estables y rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo a lo largo de los ciclos del mercado, con ingresos que brindan protección ante las pérdidas durante los períodos de volatilidad”, sostienen.

La dirección de Nestlé y los sindicatos han anunciado este jueves un preacuerdo que reduce la afectación del ERE planteado para diversas plantas de España a un total de 242 despidos, desde los 301 previstos inicialmente.

Además, al reconocer la empresa que existen 64 nuevas vacantes, que se podrán cubrir con las personas que pierdan su empleo por el expediente, “el impacto se reduciría a 178 puestos de trabajo, lo que supondría reducir el volumen del ERE en un 41%”, ha destacado CCOO en una nota. 

El preacuerdo, alcanzado a última hora de la noche de este miércoles, prevé indemnizaciones de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, y será sometido ahora a consulta entre la plantilla.

Según han explicado los representantes de los trabajadores, el acuerdo también recoge la posibilidad de que determinados empleados puedan acogerse de forma voluntaria a la conversión de sus contratos en fijos-discontinuos en algunos centros, recoge la agencia EFE.

Se creará también “una bolsa de trabajo”, indica CCOO. “Si hasta finales de 2027 surgieran nuevas vacantes en las plantas, tendrán prioridad para cubrirlas las personas afectadas por este expediente”, explica el sindicato.  

Complementos económicos por edad y antigüedad

Las indemnizaciones pactadas computarán toda la antigüedad desde el primer contrato suscrito con la empresa y se han establecido complementos económicos adicionales en función de la edad y la antigüedad de las personas afectadas, han informado los sindicatos.

En concreto, los trabajadores menores de 31 años percibirán un complemento de 20.000 euros; los de entre 31 y 50 años, de 15.000 euros; y los mayores de 50 años, de 10.000 euros.

Por antigüedad, los complementos oscilarán entre los 15.000 euros para quienes acumulen hasta 15 años en la empresa y los 30.000 euros para aquellos con más de 40 años de vinculación laboral, pasando por importes de 20.000 y 25.000 euros para los tramos intermedios.

El preacuerdo contempla también planes de rentas para los trabajadores de mayor edad, con cobertura hasta los 63 años y revalorización anual; así como medidas de protección social que incluyen un plan de recolocación externa, el mantenimiento temporal del seguro médico y convenios especiales con la Seguridad Social.

Los sindicatos destacan la merma de afectados y condiciones

En un comunicado, el sindicato CSIF ha valorado el preacuerdo, ya que “ha logrado condiciones de salida dignas muy por encima de las parcas condiciones iniciales fijadas por la empresa”.

“Una empresa líder del sector debe dar valor a sus trabajadores y tras esta negociación se ha logrado. Debemos ser capaces de conciliar la dignidad de las personas trabajadoras y las necesidades empresariales”, ha señalado la organización sindical.

CCOO destaca que también se ha conseguido, fruto de la presión y de la negociación, “que queden excluidas del ERE los cónyuges y las parejas de hecho”. “Si los dos trabajan en Nestlé, una de las personas no estará afectada”, explica el sindicato. “Tampoco podrán perder su empleo con este ajuste quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%; las víctimas de violencia de género y las familias monoparentales”, añade desde la organización. 

El expediente afecta a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Miajadas (Cáceres), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

UGT ha retrasado al próximo día 22 de este mes el inicio de la huelga indefinida del transporte de mercancías y viajeros por carretera para exigir al Gobierno una respuesta inmediata a su solicitud de jubilación anticipada por penosidad, sin penalizaciones. El paro estaba anunciado para el próximo lunes, 8 de junio.

El sindicato ha explicado en un comunicado que la decisión responde “exclusivamente” a un ejercicio de responsabilidad por la visita del papa León XIV, que provocará “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”, y una elevada afluencia de personas en distintos puntos del país, informa la agencia EFE.

Por ello, UGT incide en que no es el momento de “añadir dificultades adicionales” a millones de ciudadanos que participarán o que se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos con motivo de esta visita.

No obstante, este retraso en el inicio de la huelga “no modifica en absoluto” las razones que motivaron su convocatoria ni supone ningún cambio en la posición del sindicato respecto a la necesidad urgente de “reconocer la penosidad de la conducción profesional” mediante la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Gobierno la consideración de la actividad como especialmente penosa para poder aplicar los coeficientes reductores, que permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones.

No obstante, UGT defiende que continúa sin recibir ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes registrados el 10 de octubre de 2025 para el transporte de viajeros y el 20 de octubre de 2025 para el transporte de mercancías.

“Más de siete meses después de la presentación de las solicitudes, el sindicato sigue sin conocer qué informes técnicos se han elaborado, si se ha reunido la comisión de evaluación prevista en la normativa o cuál es el calendario previsto para resolver este procedimiento”, ha criticado el sindicato.

El Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado en varias ocasiones que está elaborando unos informes para atender a esta petición. CCOO, aunque críticos con la lentitud del Gobierno (que se ha excedido en los plazos legales para valorar la solicitud), no se ha adherido a la convocatoria de huelga, ya que el procedimiento sigue en marcha.

UGT ha explicado que la intervención de la ministra Elma Saiz el pasado miércoles en el Congreso sobre este tema “no aporta ninguna certeza al sector ni modifica en absoluto el escenario de conflicto abierto”. Aunque la ministra afirmó que los expedientes continúan tramitándose, no concretó en qué situación se encuentran, qué plazos maneja el ministerio ni cuándo piensa adoptarse una resolución definitiva, denuncia UGT.

El presidente del fabricante ferroviario Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado este martes que en las próximas semanas la empresa cerrará un acuerdo con Renfe sobre las entregas de los trenes Avril, cuyo retraso llevó al operador ferroviario a imponerle una multa de 116,6 millones de euros.

Jainaga ha anunciado este acuerdo durante su intervención en la Junta General de Accionistas celebrada hoy en Vitoria, la primera ordinaria desde que el grupo vasco encabezado por el también presidente de Sidenor se hizo con el control de la compañía, informa EFE.

El presidente ha afirmado que el acuerdo que se firmará con Renfe “dejará totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera”.

Renfe retuvo a Talgo al menos 22 millones por los retrasos en la entrega de los trenes Avril, por la que además le sancionó con 116,6 millones.

Mensaje al gobierno para los futuros contratos

Jainaga no ha dado más datos sobre el desbloqueo del conflicto con Renfe, aunque sí ha tenido otro mensaje para el operador y el Gobierno en un momento en el que el ministerio de Transportes estudia nuevas adjudicaciones para la alta velocidad española, a las que quiere optar Talgo.

Jainaga ha defendido que los trenes Talgo son extraordinariamente ligeros, con lo que contribuyen a la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias.

“Tras el terrible accidente de Adamuz, no cabe ninguna duda de que los trenes de Talgo representan, por su estructura ultraligera y el diseño de su sistema de rodadura, una solución tecnológica de primer nivel para garantizar la pervivencia de la red ferroviaria”, ha agregado el industrial vasco.

Por ello, ha opinado Jainaga, “los ciudadanos no entenderían que el regulador, el operador, y en última instancia el Gobierno, no consideren las soluciones tecnológicas de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades de la sociedad española”.

Plan estratégico tras el verano y alianzas locales

Talgo, que perdió el año pasado 100 millones, dispone ahora de una cartera de pedidos “en máximos” por valor de 6.300 millones y este verano presentará el plan estratégico.

Este plan incluirá los productos que serán la base del negocio de Talgo en la próxima década, los mercados a los que se va a dirigir de manera preferente, con la vista puesta específicamente en el Centro y Este de Europa, y las capacidades industriales necesarias, y eventualmente las alianzas puntuales a desarrollar para poder acceder a ciertos mercados.

Las nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas permitirán acelerar los ritmos de entrega de los trenes y aunque los detalles de las inversiones industriales están aún en fase de definición, el objetivo es doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028.

Como novedad, Jainaga ha anunciado la creación en el País Vasco de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bajo el nombre de 'Talgo TeknoRail', este centro será el eje para desarrollar las capacidades tecnológicas que impulsarán la próxima generación de soluciones ferroviarias.

Por último, tras conseguir la estabilidad tras el cambio accionarial y la reestructuración financiera, “Talgo cuenta ahora con una dotación de liquidez muy significativa, con una estructura financiera muy diversificada que le permitirá acometer con garantías su política de crecimiento a través de los numerosos contratos que se ejecutarán en los próximos años”, ha descrito Jainaga.

“Ustedes han vivido muchos años llenos de incertidumbres y a pesar de ello siguen confiando en nuestra compañía; quiero transmitirles un mensaje de optimismo, y mi serio compromiso de trabajar sin descanso para elevar el valor de la acción, y para que esta compañía recupere la retribución al accionista”, ha concluido al interpelar a los accionistas.

Precisamente las preguntas de los pequeños accionistas han estado dirigidas a valor de la acción -2,70 euros hoy-, recordando que la oferta de la OPA húngara rechazada era de 5 euros por acción. Estos minoritarios han pedido que se busque “una salida digna -a la venta de las acciones- a un precio adecuado”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado este martes a las Delegaciones de Gobierno una recomendación para la utilización del trabajo a distancia ante las restricciones de la movilidad que puedan afectar a las personas trabajadoras con motivo de la visita del Papa León XIV en distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Catalunya y Canarias, ha informado el departamento de Yolanda Díaz.

El Ministerio se une a varias administraciones públicas que ya han recomendado la medida, como el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de Canarias, entre otros.

Estas restricciones fruto de las tareas de preparación de la visita oficial ya se están notando desde la semana pasada en la capital, por ejemplo, con retrasos en la circulación para acceder al propio Ministerio de Trabajo, como ha reconocido esta mañana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de los datos de paro y afiliación de mayo.

Evitar los “desplazamientos innecesarios”

La recomendación del Ministerio “busca favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos”, indica el departamento en una nota.

Ante la previsible adopción por parte de las autoridades competentes de recomendaciones, limitaciones o restricciones a la movilidad de personas y vehículos en determinadas zonas, el Ministerio Trabajo recuerda el marco normativo aplicable y emite las siguientes recomendaciones:

– Cuando las autoridades competentes recomienden evitar desplazamientos o establezcan medidas que dificulten o limiten el acceso a los centros de trabajo, se recomienda a los empleadores valorar prioritariamente la utilización del trabajo a distancia en aquellos puestos y actividades cuya naturaleza sea compatible con esta modalidad de prestación de servicios y siempre que existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo.

– Con carácter preventivo y en la medida de lo posible, se emplaza a empleadores y personas trabajadoras de los ámbitos territoriales que puedan estar afectados por estas recomendaciones, planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad derivadas de las recomendaciones o medidas adoptadas por las autoridades competentes.

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda que la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.3 g ) prevé “dicha modalidad de prestación de servicios ante este tipo de situaciones”, en las que se deben garantizar las obligaciones formales y materiales de la Ley de trabajo a distancia, como por ejemplo la necesidad de que las empresas faciliten los medios de trabajo a los empleados.

Un juzgado de Terrassa (Barcelona) ha condenado a dos años y medio de cárcel al responsable de una constructora por la muerte de un trabajador por un reventón en una rueda del camión que conducía, un neumático usado y mal conservado, que no estaba en condiciones de circular, el 3 de julio de 2020, como ha adelantado El Periódico e informa la agencia EFE.

El accidente laboral ocurrió en la A-2 a su paso por Castellbisbal (Barcelona), al sufrir un reventón uno de los neumáticos del camión semirremolque que conducía el fallecido, lo que provocó la pérdida de dirección del vehículo, que acabó cruzando los dos carriles y chocando con una barrera y, finalmente, con el panel informativo de la vía. La víctima tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos menores.

En su sentencia, la titular de la plaza número 3 del titular de instancia de Terrassa condena al responsable de la constructora Excavaciones Balex S.L. y Serveis i Obres Costa Daurada por un delito contra los derechos de los trabajadores, junto a otro de homicidio por imprudencia, y le inhabilita para ejercer de administrador de empresas relacionadas con el transporte durante dos años y medio.

Colocaron un neumático usado y desgastado

La sentencia, que detalla El Periódico de Catalunya, impone también sendas penas de un año de cárcel al responsable y al encargado de la empresa Neumáticos S.L, empresa de reparaciones mecánicas que se encargaba del mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la constructora.

La jueza concluye que estos, tras una conversación con el dueño de la constructora, “decidieron colocar un neumático usado que no estaba en condiciones para circular” en el camión, lo que fue la causa del reventón que acabó en siniestro mortal, indica este medio.

En el juicio, los Mossos destacaron el mal estado de las ruedas del vehículo siniestrado y también comparecieron trabajadores y exempleados de la constructora.

La Fiscalía señaló al empresario por “obligar” a los empleados a conducir vehículos en mal estado, ya que destacó el despido de otro empleado por negarse a circular con un camión con los neumáticos “que podían comprometer seriamente su integridad física”, destaca El Periódico.

540.000 euros en indemnizaciones

De forma solidaria, los tres condenados deberán pagar indemnizaciones que superan los 540.000 euros -más intereses- a la esposa, hijos, padres y hermanos del trabajador fallecido, cantidad de la que responderá de forma directa la aseguradora Fiatc hasta el límite de su cobertura y, subsidiariamente, las empresas constructoras y la de los neumáticos.

La sentencia da por probado que los neumáticos, tanto de la tractora como del semirremolque, “carecían del mantenimiento adecuado, motivo por el que la rueda delantera del vehículo reventó debido a su mal estado de conservación, totalmente desgastada, por debajo de los límites legalmente establecidos, con goma endurecida y con profundidad irregular”.

El resto de neumáticos, añade la jueza, también estaban en mal estado de conservación, por lo que concluye que el responsable de la constructora incumplió con su deber de “velar por la seguridad de los trabajadores”, al no garantizar a la plantilla equipos adecuados.

En España fallecen dos personas al día en accidentes de trabajo, muchas de ellas por la falta de las medidas preventivas necesarias. El año pasado, murieron 735 trabajadores, según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo. En el primer trimestre de 2026 han fallecido 170 personas, ocho más que el año pasado.

Los acreedores de los laudos contra España por los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.

Según apuntan en un comunicado, los acreedores han tomado “posesión efectiva” de la sede del organismo cultural en Utrecht, que aseguran que está valorado en 10 millones de euros, y han colocado carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo, informa EFE.

Añaden que con esta medida se avanza en el proceso de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales.

Las mismas fuentes aseguran que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que niegan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que fuentes del Cervantes en Utrecht confirman que su actividad continúa este lunes con normalidad.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España actúa para que se levante el embargo

Fuentes de Transición Ecológica señalan que España ha iniciado un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue al bailiff (una figura del derecho holandés similar a un agente judicial o un procurador) a levantar el embargo trabado, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, explican que han sido informados de que el Gobierno holandés ha notificado al bailiff de Blasket (el fondo buitre que compra laudos a inversores internacionales y lleva varios de estos casos) su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta del bien.

Estas fuentes explican que el edificio no ha sido embargado por las autoridades judiciales holandesas, sino por el bailiff de Blaskett, en un procedimiento ex parte en el que España no había tenido oportunidad de efectuar alegaciones.

Asimismo, apuntan que la colocación del cartel en la puerta del edificio no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta del inmueble, sino que parece destinado a un fin “puramente periodístico sensacionalista”.

De hecho consideran que la colocación de los carteles es ilegal y aseguran que no se han iniciado las formalidades necesarias para iniciar el proceso de venta del inmueble.

Adicionalmente, estiman que el procedimiento no se va a poder desarrollar en tanto que el gobierno holandés ha declarado que el embargo es nulo y se lo ha notificado al fondo de litigios.

Estas fuentes también apuntan que con anterioridad, España ha conseguido anular intentos de embargos efectuados por el mismo fondo de litigios en Holanda, aplicando el derecho de la Unión, que impide el pago de los laudos dictados contra España relacionados con la modificación del régimen retributivo de las energías renovables.