El gigante del motor Stellantis, dueño de Fiat, Citroën u Opel, entre otras marcas, ha confirmado este viernes cuáles son sus planes para las factorías españolas. En concreto, estos pasan por nueva producción de coches eléctricos en Figueruelas (Zaragoza) y por traspasar a la enseña de origen chino Leapmotor su factoría de Villaverde, en Madrid, que actualmente fabrica para la enseña Citroën.

Sobre Figueruelas, Stellantis ha anunciado que producirá un nuevo modelo, el Opel C-SUV con batería eléctrica, que podría comenzar en 2028. Se sumaría al modelo C-SUV B10 de Leapmotor, previsto para este mismo 2026, según recoge EFE.

Stellantis y Leapmotor, que tienen una empresa conjunta, aseguran que tienen intención de llevar su asociación estratégica “al siguiente nivel”. En primer lugar, “en un movimiento para aumentar significativamente la producción en la planta de Stellantis en Figueruelas”, anuncian la incorporación de una nueva línea para fabricar el nuevo modelo C-SUV BEV de Opel. Esto se sumaría a la producción actual del Peugeot 208 y del Lancia Ypsilon.

Dentro de la estrategia de Stellantis para impulsar el crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos de batería, el nuevo Opel C-SUV también se beneficiaría de componentes de origen Leapmotor International (LPMI, la empresa conjunta entre Stelantis y Leapmotor) “altamente competitivos”, explica la empresa. El objetivo, apunta, es “impulsar la competitividad de los precios aprovechando el ecosistema chino de vehículos” eléctricos, “mientras se utilizan las capacidades de la cadena de suministro europea para fortalecer la resiliencia y acelerar el tiempo de comercialización de los nuevos modelos”.

Traspaso de Villaverde

Ese acuerdo también contempla la adjudicación de un nuevo vehículo Leapmotor a la planta de Madrid, en Villaverde, a partir del primer semestre de 2028. Para Stellantis, este anuncio tiene “particular relevancia” a la luz del fin previsto de la producción del Citroën C4 en esta planta.

Además, apunta que también se estudia la posible transferencia de la propiedad de la planta a la filial española de LPMI.

La fabricación en Villaverde estaría totalmente en línea con los próximos requisitos de Made-in-Europe y los vehículos serían comercializados por LPMI en los mercados de Europa y Oriente Medio y África (MEA).

Para Antonio Filosa, CEO de Stellantis, este plan para expandir la asociación con Leapmotor, “es un verdadero beneficio para ambos”. Se espera, ha agregado, que apoye la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles. “El anuncio de hoy refleja nuestra intención de profundizar en nuestra asociación y dar un paso más hacia colaboraciones aún mayores en el futuro”, ha dicho.

Por su parte, Zhu Jiangming, fundador y CEO de Leapmotor, ha asegurado que las “tecnologías de vanguardia” de Leapmotor, combinadas con el “alcance global” de Stellantis y sus “profundas raíces regionales” hacen que esta asociación sea “única y poderosa”. En menos de tres años la alianza ha permitido lanzar Leapmotor en los cinco continentes y aumentar su “alcance y reputación internacional”.

La bolsa española se ha contagiado de la euforia mundial ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto entre ambos países y reabrir el estrecho de Ormuz. El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con ganancias del 2,47%, recuperando los 18.000 puntos, y el precio del barril de petróleo Brent (de referencia en Europa) se ha desplomado más de un 7%, pero todavía por encima de los 100 dólares.

El selectivo español ha sumado 436,60 puntos, hasta situarse en los 18.104,3 enteros, unos niveles en los que no se situaba desde hace dos semanas. De hecho, es la mayor subida desde el 8 de abril y, con este dato, la bolsa acumula unas ganancias del 4,6% en lo que va de año, según recoge EFE.

Las compras en el selectivo español vinieron espoleadas por la caída del 7,5% del barril de crudo brent, hasta 101,67 dólares, por la esperanza de que termine la guerra en Irán, a pesar de las amenazas de EE.UU. de ataques más destructivos si la República Islámica rechaza un documento con catorce medidas para la paz.

El precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, retrocedía un 3%, hasta los 43,8 euros por megavatio hora.

El portal de noticias Axios informó de que Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un memorando de entendimiento para llegar pronto a un acuerdo de paz y de establecer las condiciones para negociar el programa nuclear iraní posteriormente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la escolta de buques por el estrecho de Ormuz. Horas antes del anuncio de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el fin de la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero.

La mayoría de los grandes valores han contribuido al alza: Banco Santander ha ganado el 4,09%; Inditex, el 3,97%; BBVA, el 3,51%, Telefónica, el 1,35% e Iberdrola, el 0,1%. Sólo ha bajado Repsol, el 4,45%.

El grupo farmacéutico Rovi ha liderado las caídas de la Bolsa española, con el 16,02 %, tras anunciar que había ganado 9,5 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el 48 % menos, a la vez que moderaba su previsión de ingresos para este 2026.

La acción de Rovi ha perdido 12,8 euros por acción, ese 16,02 % (también la mayor caída entre las empresas del IBEX), hasta 67,1 euros. En el año acumula unas ganancias del 5,67 %.

El Tribunal Supremo ha rechazado que se puedan compensar las horas extraordinarias con pluses de disponibilidad, así como por otras mejoras para los trabajadores, como coeficientes reductores de jubilación. En una reciente sentencia, del pasado 10 de marzo, recuerda que este exceso de jornada debe compensarse en descanso o, si es retribuido, debe ser un abono “específico y expreso”, sin que sea compensable por otros conceptos salariales.

La Sala de lo Social desestima el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria de octubre de 2024, que reconoció el abono de 28.190 euros, más el interés del 10% anual por demora, en pago de horas extraordinarias a un capitán de barco.

El Supremo aborda si la retribución que debe pagar la empresa por las horas extraordinarias realizadas por un trabajador debe entenderse compensada parcialmente con un plus de disponibilidad fruto de la actividad y por otras condiciones laborales, como un régimen específico de descansos y la aplicación del coeficiente reductor de la edad de jubilación.

La disponibilidad es una cosa y las horas extra, otra

El TSJ de Cantabria primero y el Tribunal Supremo ahora dan la razón al trabajador. En cuanto a la compensación en metálico de las horas extraordinarias mediante un plus de actividad o disponibilidad, el Tribunal Supremo aclara que “por definición las horas extraordinarias no son compensables con otros conceptos salariales”, recoge la agencia EFE.

Cuando las horas no se compensan en descanso, o cuando así lo prevea un convenio, pacto colectivo o contrato individual, estas deberán ser retribuidas en metálico “en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria”. “Esa obligación de retribución es una norma especial que obliga a un abono específico y expreso”, indica la sentencia.

Los magistrados precisan que “habría que admitir” esa compensación en el caso de que una empresa haya instrumentado “una compensación en metálico de las horas extraordinarias a través de conceptos salariales que específicamente vayan destinados a ello”, aunque ese sistema de compensación no tenga en cuenta el número de horas realmente realizado o por cualquier otra causa no alcance el mínimo legalmente obligatorio.

Sin embargo, apuntan que este plus de disponibilidad por actividad no es una retribución de las horas extra. “La disponibilidad, que es sencillamente la localización del trabajador fuera de su horario laboral en condiciones para incorporarse al trabajo si es llamado, no puede confundirse con la retribución del exceso de jornada realizado si efectivamente es llamado y presta servicios”, contempla la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Asimismo, el Supremo tampoco avala la eventual compensación de los excesos de jornada con otras mejoras no económicas, como la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, como pretendía la empresa.

Acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,8% del producto interior bruto (PIB) del país, aunque hay “grandes diferencias” entre la renta necesaria en diferentes comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios', que han publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

A pesar de que la economía española está en proceso de expansión, con aumentos importantes de la población ocupada y del salario mínimo, el objetivo de acabar con la pobreza aún está lejos, según se desprende del estudio elaborado por el equipo de investigación del IVIE, dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.

El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión, como una renta por debajo del 40% de la mediana. Así, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza (un 12% menos que en 2025) y el 8% se encontraba en pobreza extrema o exclusión (un 28% menos que hace una década), según recoge Europa Press.

Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, y eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

El riesgo de pobreza en Andalucía roza el 28%

El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%. También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.

Una de cada tres personas en riesgo de pobreza tienen empleo

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025.

Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.

La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015-2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas.

La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Illes Balears, a 4.362 euros.

En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.

En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.

El trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Catalunya). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias).

El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.

Empeora la situación de las mujeres

Además, el estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos. En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.

Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%.

CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria (AEAT) el próximo 8 de junio para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados, según ha anunciado este martes en un comunicado.

Las protestas comenzarán este miércoles con una concentración ante la Secretaría de Estado de Hacienda y continuarán los días 13 y 29 de mayo con la convocatoria de un paro parcial de una hora para culminar el 8 de junio con una huelga en todos los centros de trabajo, en plena campaña de la renta, según recoge EFE.

CSIF exige desbloquear la negociación, a la que la AEAT se comprometió en 2024, de materias como la implantación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que se considere profesión de riesgo el servicio de Vigilancia Aduanera.

La organización denuncia además la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y que la plantilla se encuentra superada y al límite.

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con una caída del 2,39%, hasta los 17.356,10 puntos, tras darse la vuelta sobre las 12.00 horas en una sesión influida por los precios del petróleo que, pese a moderarse en la apertura, han vuelto a repuntar y ya superan los 114 dólares por barril.

Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, repuntaba al cierre de las Bolsas europeas un 5,88%, hasta 114 dólares, mientras que el barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba un 3,49%, hasta 105 dólares, informa Europa Press.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, ascendía más de un 6,84%, hasta los 48,95 euros por megavatio hora.

El Ejército de Estados Unidos aseguró este lunes haber apoyado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una iniciativa “humanitaria” llamada 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre de esta estratégica vía. Irán, sin embargo, asegura que ningún buque comercial ha cruzado el estrecho.

En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que EEUU está manteniendo contactos “muy positivos” con la República Islámica. “Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente”, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en su mensaje.

Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de EEUU al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé “poner fin a la guerra” en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses. Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo, este fin de semana la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado (OPEP+) ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada en la pasada semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra en Oriente Próximo.

“Si el bloqueo se prolonga más allá del 20 de mayo, Irán se enfrentará a problemas físicos de almacenamiento que podrían dañar permanentemente sus pozos, lo que reduciría la oferta global de crudo de forma estructural. El posible shock de oferta energética es grande y puede ser persistente si el conflicto con Irán se alarga, lo que a su vez aumenta el riesgo de estanflación (inflación más alta y crecimiento más débil)”, señalan los analistas de Renta 4.

Desde España, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado “preocupación” por las posibles tensiones en el suministro de queroseno en Europa y ha abogado por anticiparse con medidas de coordinación a nivel comunitario para evitar problemas de escasez, especialmente ante el inicio de la temporada turística.

“Lo vemos con preocupación. Creemos que hay que ocuparse de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez”, ha indicado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión con los ministros de economía y finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

En el terreno empresarial español, Merlin Properties ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

Por su parte, Prosegur Cash anunció un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que grupo Elecnor ha comunicado que obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,1 millones en el primer trimestre, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, solo seis valores cerró en positivo: Indra (+2,32%), Grifols (+1,63%), Acerinox (+0,79%), Solaria (+0,74%), Cellnex (+0,24%), Repsol (+0,09%). En el lado opuesto, la banca encabezó los descensos: BBVA (-4,86%), Banco Santander (-3,86%), Unicaja (-3,77%), ArcelorMittal (-3,31%), IAG (-3,08%) y Merlin Properties (-2,69%).

El resto de los principales parqués europeos finalizó la sesión de este lunes en 'rojo': el británico FTSE 100 perdió un 0,14%, el francés Cac 40 un 1,71%, el alemán Dax un 1,24%, el italiano FTSE MIB un 1,59% y el Euro Stoxx 50 un 2%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con pérdidas: el Dow Jones se dejaba un 0,82% en el cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 perdía un 0,39% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, descendía un 0,33%.

En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,559%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,03 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,18% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1700 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 2,22% hasta situarse en los 4.541 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 1,23% hasta los 79.587 dólares.

El Euríbor a 12 meses, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable de España, cerró el mes de abril en el 2,747%, 18,2 puntos básicos por encima del 2,565% del mes de marzo.

A falta de confirmarse el dato por parte de Banco de España, el Euríbor sigue así en máximos desde septiembre de 2024, cuando cotizaba por encima del 2,93%. En comparación con un año antes, el dato de abril ha subido 60,4 puntos básicos, lo que supone el mayor encarecimiento de una cuota hipotecaria desde diciembre de 2023.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de abril registrará un incremento en su cuota de 50,35 euros al mes. Esto equivale a 604,20 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que, al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

La subida arrastra las hipotecas fijas

“Tras un largo periodo de relativa contención, el índice vuelve a tensionar las hipotecas variables en un contexto de gran incertidumbre internacional”, ha afirmado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

“La subida del Euríbor no solo está afectando a las hipotecas variables, también está arrastrando a las hipotecas fijas. En este mes de abril varias entidades han revisado al alza sus ofertas hipotecarias sobre todo en las fijas”, ha avanzado la experta.

El experto de HelpMyCash Miguel Riera ha explicado que la tasa interbancaria ha tenido una evolución desigual durante el mes. “El valor diario del Euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado”, ha afirmado.

De cara al futuro, el analista de Ebury Diego Barnuevo ha avanzado que “se mantendrá por encima de los niveles previos al conflicto, de forma holgada, en los próximos meses”.

En esta misma línea opina el consejero delegado de Trioteca, Ricard Garriga: “Lo más razonable es que el Euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales en los próximos meses, sin grandes subidas pero tampoco bajadas significativas, salvo que se produzcan cambios relevantes en el contexto internacional o en la política monetaria”.

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, ha dejado este jueves la puerta abierta a la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra hasta el pasado 2 de abril, y ha puesto la pelota en el tejado de esta compañía, también accionista de Indra con un 14,3% del capital.

“El día que ellos tomen la decisión, pues la estudiaremos”, ha afirmado durante la 'conference call' con inversores que ha celebrado la firma con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre.

Preguntado por esta operación, que se paralizó en marzo después de que EM&E decidiese desistir de la misma por el “conflicto de interés” denunciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo directivo de Indra ha explicado la secuencia de los hechos.

“Los que han retirado la operación han sido los Escribano, entonces, cuando entre dos empresas está una negociación y uno se retira y dice que no quiere, que en este momento no se dan las circunstancias, yo lo único que puedo decir es nada, es esperar”, ha declarado. Así, ha señalado que en la actualidad, con la negativa de EM&E sobre la mesa, él “no tiene nada que decir”.

“A día de hoy, si ellos han considerado que no era el momento, yo no tengo nada que decir y respeto su decisión”, ha zanjado.

Cuestionado por los posibles movimientos en fusiones y adquisiciones ha asegurado que “hay compras y ventas”. “El tamaño lo iremos viendo”, y ha hecho un paralelismo con la caza.

“Esto es como cuando vas a cazar. Si te aparece un buen animal de caza mayor, no lo vamos a dejar desaprovechar, pero hasta que no sales a cazar y no ves la caza, pues no sabes al final si te vuelves con nada, con dos perdices o con algo de caza mayor”, ha explicado.

El directivo ha enmarcado estos movimientos en la hoja de ruta de la compañía. “Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos la dirección y, repito, no es un tema de comprar por comprar”, ha incidido, detallando que las posibles adquisiciones deben “proporcionar capacidades que no tienen, sinergias que puedan eficientar el negocio o abrir nuevos mercados”.

De los Mozos ha comunicado que “no descarta alguna alianza con alguna otra empresa en algún sector que pueda posicionar a Indra como referente en ese sector”. “Todo esto es un tema que está abierto y depende de las oportunidades que vayamos encontrando”.

El grupo obtuvo un beneficio neto de 76,1 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más, como consecuencia de la mejora operativa y tras crecer en ingresos, especialmente en el área de Espacio y Defensa.

Indra facturó 1.334 millones, un 14,6% más, en un trimestre en el que la compañía ha cambiado de presidente, con el nombramiento de Ángel Simón, y ha suspendido el análisis de esa posible operación con EM&E.

La compañía ha reiterado todos sus objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones en ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

La facturación en el primer trimestre del año creció en todas las divisiones de Indra, especialmente Espacio (89 millones, un 393% más), tras las adquisiciones de Hispasat e Hisdesat; seguidas de Defensa con un 32,5% (275 millones); y Tráfico Aéreo (138 millones), un 17,2%.

Movilidad (80 millones) y Minsait (752 millones), el principal negocio de Indra, crecieron un 1,2% y un 1,3%, respectivamente.

El 21% de los ingresos del grupo, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28%, y con el que el Gobierno quiere armar un gran campeón de defensa, provienen ya de este área.

El 56% del negocio de Indra proviene de su división tecnológica de Minsait, el 21% de Defensa, el 10% de Tráfico Aéreo, el 7% del Espacio y el 6% de Movilidad.

En el área de Defensa, sus ingresos crecieron tanto en España como en Asia Oriente, Medio y África, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres, además del avance en Sistemas Navales.

El programa Eurofighter, un proyecto de colaboración europea (Alemania, Reino Unido, Italia, España), mantuvo una evolución positiva, mientras que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

Más de 20.000 millones en pedidos impulsados por Defensa

En cuanto a la cartera de pedidos en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones, tras creer un 154,1% impulsada principalmente por su área de Defensa (con 11.402 millones, un 279% más que el año pasado) y por la de Espacio, tras las contribución especialmente de Hispasat y que se situó en 2.868 millones frente a los 198 millones de 2025.

Mientras, la contratación neta creció un 55,8 %, hasta los 2.856 millones.

Su flujo de caja Libre se situó en 1.444 millones, frente a los 77 millones del año pasado, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en marzo de 2026 con una posición positiva de caja neta, de 855 millones frente a los 129 millones en 2025.

Más de la mitad de los ingresos de Indra, un 53% provienen de España, un 21% de América; un 18% del resto de Europa; y un 8% de Asia, Oriente Medio y África.

La plantilla final a cierre de marzo de 2026 estaba formada por 62.689 empleados, lo que ha supuesto un incremento del 3% en marzo de 2025.

El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que amplía su doctrina para acceder a la prestación económica de la Seguridad Social Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. El alto tribunal reconoce la ayuda a una madre con una hija con autismo, a la que había sido denegada la prestación.

La Sala de lo Social revoca una resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reconoce el derecho de la madre solicitante a percibir dicha prestación económica. Se trata de una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los interesados al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Qué es cuidado “directo, continuo y permanente”

Partiendo de la base de pronunciamientos anteriores de la misma Sala del Tribunal, en los que se decía que no era necesaria la hospitalización del menor para causar la prestación y que no era óbice la escolarización del mismo para cobrar la ayuda, el Supremo profundiza sobre qué debe entenderse por “cuidado directo, continuo y permanente” que debe dispensar la persona progenitora, y que se configura como uno de los requisitos exigidos por la norma.

A tal efecto, la sentencia –a la que ha tenido acceso Europa Press– concluye que el cuidado necesario “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre de quien lo dispensa”.

Asimismo, precisa que “lo verdaderamente decisivo no es tanto la atención que pueda prestarse al menor fuera del domicilio familiar aprovechando el sistema educativo y de asistencia social, como el hecho de que el menor pueda o no realizar las actividades propias de su edad con la autonomía predicable de la misma, todo ello con independencia de que su situación pudiera mejorar en un futuro, en todo caso incierto”, recoge la sentencia.

“El hecho de que se prevea una reducción de, al menos, un 50% de la jornada, implica con toda claridad que el solicitante de la prestación no va a dedicar la totalidad de su tiempo al cuidado del menor, ya que una parte del mismo la dedica a la realización de su trabajo”, destaca también la sentencia.

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros en el primer trimestre del año, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2025, apoyada en “el buen comportamiento de los distintos negocios y en una gestión rigurosa operativa y financiera en un contexto geopolítico y financiero marcado por una gran inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio”.

Las ventas de la compañía, primera gasista y tercera eléctrica del país, ascendieron a 5.101 millones entre enero y marzo, un descenso del 6,9% que compensó con la reducción de los costes de aprovisionamiento, lo que resultó en un mayor margen bruto y un resultado bruto de explotación (Ebitda) con crecimiento en los diferentes negocios, especialmente en las actividades liberalizadas.

El Ebitda de Naturgy creció un 6%, hasta 1.362 millones de euros. Las Redes lograron un crecimiento del Ebitda respaldado por una mayor remuneración regulada en Distribución eléctrica en España y actualizaciones de tarifa en los mercados latinoamericanos, parcialmente compensados por movimientos adversos de divisas.

Las actividades liberalizadas reportaron un crecimiento en Ebitda del 10,6%, impulsadas por Gestión de la energía, que se benefició de precios más altos tras el estallido del conflicto iraní a finales de febrero, y de una gestión proactiva del riesgo.

Por su parte, la Generación térmica en España también aportó crecimiento, apoyado por el aumento de producción de los ciclos combinados de gas en los mercados de servicios auxiliares.

Mientras, la Generación renovable se benefició de una mayor capacidad instalada en España, así como de una mayor producción hidráulica y eólica durante el trimestre y la comercialización en España ofreció resultados estables, con mejores márgenes de gas que compensaron los mayores costes por servicios auxiliares en electricidad. Asimismo, el impacto negativo por tipo de cambio ascendió a 38 millones en el periodo.

En Distribución de gas, México y Brasil se beneficiaron de revisiones de tarifa y de la recuperación de desvíos de años anteriores, respectivamente, mientras que España, Chile y Argentina registraron pequeñas caídas en comparación con hace un año. Mientras, la Distribución eléctrica mejoró en las tres geografías donde opera Naturgy (España, Panamá y Argentina).

La deuda neta al cierre del primer trimestre se situó en 12.151 millones, frente a los 12.317 millones a cierre de 2025, respaldada por una sólida generación de caja. La ratio anualizada de deuda neta sobre Ebitda de los últimos doce meses es de 2,2 veces, un nivel inferior al del sector, lo que según el grupo le proporciona una notable flexibilidad financiera y capacidad para acelerar su crecimiento.

La compañía continuó avanzando en su compromiso de reforzar la liquidez de sus acciones y el 'free float' supera el 32% tras los últimos movimientos accionariales, alcanzando un máximo histórico, con un volumen medio diario negociado en el primer trimestre de casi 4,4 millones de acciones, que multiplica por seis el registrado en el mismo periodo del año anterior.

La empresa malagueña Freepik, fundada en 2010 como un buscador de recursos gráficos, cambia de nombre a Magnific, un movimiento con el que la empresa busca definir mejor su actividad como líder mundial en el desarrollo de herramientas creativas, distribución de contenidos gráficos y audiovisuales y herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa.

Como ha explicado este martes en su web, el nombre Freepik “con el tiempo dejó de representar aquello en lo que se había convertido, una plataforma de herramientas creativas de IA, junto con una biblioteca de más de 250 millones de recursos de stock”, según recoge EFE.

“La utilizaban más de un millón de suscriptores. Las herramientas y la biblioteca evolucionaron más rápido que la marca. Freepik ya no describía lo que los usuarios hacían a diario. Magnific sí. Una plataforma para pensadores visuales que exigen precisión, profundidad y variedad creativa. Todo en un mismo sitio”, añade el anuncio.

El nombre de una herramienta fundada en Murcia

La industria creativa se enfrenta a “la mayor transformación de su historia”, de acuerdo con el comunicado, algo que va más allá de ser “una moda pasajera”, sino que se va a “descubrir cómo se manifiesta el poder creativo cuando todos cuentan con las herramientas para ejercerlo”. “El trabajo que hace cinco años requería un estudio, un equipo y un presupuesto de seis cifras, ahora se realiza en una computadora portátil, a veces por todo un equipo que trabaja en tiempo real, a veces por una sola persona con la idea y una pestaña del navegador”, ha resaltado Magnific.

“Durante quince años, Freepik ha contribuido a democratizar la creatividad proporcionando las herramientas adecuadas. Primero, creamos acceso a la creatividad; ahora, construimos infraestructura creativa”, ha añadido la compañía.

Magnific era el nombre de la herramienta de inteligencia artificial que adquirió Freepik en mayo de 2024, en lo que se anunció entonces como la mayor compra estratégica de su historia.

Dicha herramienta había sido fundada cinco meses antes en Murcia por Javier López y Emilio Nicolás, quienes desarrollaron la herramienta desde cero y lograron un triunfo inmediato, ya que más de 60.000 personas se apuntaron a la lista de espera en las primeras 24 horas tras su lanzamiento.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “avanza” en el acuerdo con las comunidades autónomas para desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según fuentes del departamento de Isabel Rodríguez.

El ministerio y los gobiernos autonómicos se han reunido este martes en Madrid para avanzar en el “despliegue” del plan.

El Gobierno central ha trasladado a los representantes autonómicos que una vez las comunidades ratifiquen su adhesión al Plan en la Conferencia Sectorial, que se celebrará en mayo, recibirán el desembolso correspondiente a 2026 en el mes de julio, con una primera anualidad que ascenderá a 800 millones de euros, según ha informado a las comunidades autónomas el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros para impulsar un parque público de vivienda que dé una respuesta estructural al problema de la vivienda.

En la reunión multilateral celebrada este martes, “todas” las comunidades han mostrado su disposición a participar de este Plan, que triplica los fondos respecto al anterior, después de que inicialmente la Comunidad de Madrid amagara con no aceptar las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según el ministerio, el encuentro de este martes “ha servido para responder dudas técnicas y para sentar las bases para la distribución territorial de los fondos”.

David Lucas ha insistido en alcanzar el acuerdo en torno a este Plan porque “es lo que está reclamando la sociedad española” y ha destacado que es la hoja de ruta para una “excelente cooperación” entre administraciones públicas y colaboración público-privada.

El plan establecerá un “modelo de corresponsabilidad” por el que el Gobierno de España aportará el 60% y las comunidades autónomas, el 40% restante.

A la reunión han asistido también el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara; y el anterior director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.

Juristas y asociaciones de consumidores ven “blindado” el derecho de los inquilinos que hayan pedido la prórroga de los alquileres recogida en el Real Decreto-Ley del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que ha tumbado este martes el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta, y la abstención de los diputados del PNV.

Nada más aprobarse el decreto en el Consejo de Ministros, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid Julio González ya avanzaba en su blog la posibilidad de que el Congreso no convalidara la norma. Según González, “aunque el Real Decreto Ley sea una norma provisional” es “una norma completa y perfecta desde el mismo momento en que se produce su entrada en vigor, lo que en este caso ocurre el 22 de marzo de 2026”.

“Por tanto, el derecho del inquilino ha nacido con su promulgación en el BOE y se puede ejercitar desde este mismo instante, si se encuentra dentro de su ámbito de aplicación: que el plazo mínimo de duración o su prórroga concluyera antes del 31 de diciembre de 2027. Recordemos que el Real Decreto Ley no sujeta a plazo la prórroga, que deberá ser solicitada por el arrendatario”.

“Dicho de otro modo, si se ejercita el derecho de petición de cualquiera de las prórrogas, el derecho queda ”blindado“”, según González.

Vigente “mientras estuvo publicado en el BOE”

En la misma línea se expresa la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, Alba Nogueira. Aunque el Congreso no lo haya convalidado, el decreto estuvo vigente “mientras estuvo publicado en el BOE” y “el efecto de una norma que está vigente es que se aplican sus preceptos y mandatos; los derechos y obligaciones que nacen en ese periodo están ahí”, explica al teléfono.

En el momento en que el Congreso ha tumbado la convalidación del decreto, “esa posibilidad se cerraría. Pero si la gente ejerció esa solicitud de prórroga, que además es automática por obra de la ley, la prórroga está en vigor”, resume.

La asociación de consumidores Facua subraya en una nota publicada este martes, en vísperas de la votación, que “todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento”. Facua instó, sin éxito, a los grupos parlamentarios “a no ponerse del lado de los especuladores inmobiliarios y apoyar la prórroga de alquileres”.

Asociaciones como Asufin o la Confederación de Sindicatos de Inquilinas consideran que, si el inquilino pidió la prórroga mientras la norma estaba en vigor, ese derecho ya ha quedado asegurado y no se perderá aunque el decreto haya decaído. Por eso, han recomendado dejar constancia de la solicitud, por ejemplo mediante burofax.

Interpretación más restrictiva de la prórroga del alquiler

Otros juristas tienen una opinión más restrictiva sobre los efectos de una norma tumbada por el Congreso. El catedrático Gabriel Doménech, en un análisis de la Fundación Hay Derecho, sostiene que, si la Cámara Baja rechaza convalidar el decreto, este no debería tener efectos más allá de ese momento, aunque advierte de que “los tribunales españoles no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la eficacia temporal de los decretos-leyes que no han sido convalidados por el Congreso y cuyo contenido tampoco ha sido reiterado por una posterior norma con rango de ley”, algo “fácilmente explicable” porque “hasta hace poco, el rechazo parlamentario era un fenómeno insólito”.

También tiene una opinión mucho más restrictiva la abogada experta en derecho Carmen Giménez. Al teléfono, Giménez señala que la prórroga estará vigente solo para “los contratos que venzan entre la aprobación del decreto y la fecha en que se ha tumbado”, porque ese es el periodo en que el decreto ha estado en vigor.

“Para todo contrato que venciera durante este periodo de un mes, es perfectamente válida”. Pero “los contratos que venzan a partir del día 28, aunque hayan pedido la prórroga no se le van a dar”, indica esta abogada, que prevé una “judicialización” de este asunto. “No puedo pedir una prórroga si el contrato todavía no ha vencido; es como aceptar una herencia de alguien que no se ha muerto”, argumenta.

Actualización de la renta anual

Además de la prórroga extraordinaria y automática de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan en 2026 y 2027 para los inquilinos que lo pidan, el decreto, aprobado a finales de marzo en el marco de las medidas extraordinarias para proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra de Irán, recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

En las últimas semanas, los ministros y diputados de Sumar han instado a los inquilinos a que pidan a sus caseros la prórroga automática de los alquileres mediante un burofax. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, llegó a enviar cartas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los grandes caseros de España para que aceptasen la prórroga; y ha esgrimido un estudio que demuestra que los votantes de derechas también están a favor de la medida.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.

Junts ha explicado que, aunque no vayan a apoyar que el texto siga en vigor, depende del PSOE poner en marcha un nuevo decreto que sí se abrirían a apoyar si incluyera, además de la prórroga de los alquileres, medidas como las ayudas fiscales a caseros o la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos.

El sindicato Comisiones Obreras ha elevado el tono contra el Gobierno y amenaza con convocar una huelga general en todo el sector del transporte si no “desbloquea” de forma inmediata la tramitación de la jubilación anticipada sin penalización para conductores profesionales.

La organización denuncia que el plazo de seis meses fijado por el propio Ejecutivo para resolver los expedientes vence este abril y el Ministerio aún se encuentra en fase de análisis e informes, sin que haya respondido a su petición.

El secretario general del sector de CCOO, Francisco Vegas, sostiene que la Administración está vulnerando el artículo 22 de su propio reglamento, pese a que los profesionales “están cumpliendo escrupulosamente” con los requisitos fijados en el Real Decreto 402/2025. Vegas califica la situación de “irresponsabilidad política, administrativa y social” por no dar respuesta en los plazos previstos.

Riesgo de silencio administrativo negativo

Uno de los principales temores del sindicato es que, al agotarse el plazo sin resolución expresa, las solicitudes puedan considerarse desestimadas por silencio administrativo, tal y como recoge el propio Real Decreto.

Este escenario, advierte CCOO, dejaría a los trabajadores en un “callejón sin salida”, con el riesgo de perder sus expedientes sin una valoración real de sus condiciones laborales.

Actualmente, según denuncian, la Seguridad Social no ha elaborado “ni el primero” de los cuatro informes técnicos necesarios antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emita una resolución.

El sindicato también critica la falta de información sobre otros colectivos, como los conductores de grúas autopropulsadas, cuyas solicitudes siguen sin respuesta.

Si no se cumplen los tiempos establecidos ni lo marcado por ley, el sindicato denuncia que “todo el procedimiento legal para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la actividad no es otra cosa que un fraude diseñado para bloquear el acceso a determinadas profesiones, como la de los conductores y conductoras profesionales”.

Amenaza de movilizaciones y huelga general

El sindicato exige por tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga “los recursos necesarios para resolver las solicitudes y que emita cuanto antes una resolución”.

Si no se resuelve la situación, la organización sindical anuncia que buscará consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de actores del transporte, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas. Unas movilizaciones “que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España”, añaden.

El único pacto de Estado que sobrevive a las legislaturas y a la creciente hostilidad y polarización política sigue de celebración. Los 30 años de los Pactos de Toledo sobre pensiones, de 1995 y cumplidos el año pasado, han dado lugar a un libro de la Fundación Alternativas presentado este jueves en Madrid. Ese primer pacto y los sucesivos blindaron la esencia del sistema de pensiones en España, “público, contributivo y de reparto”, ha destacado uno de sus miembros destacados, el exdiputado Carles Campuzano.

“No hay discusión ya sobre la naturaleza del sistema, sino sobre las reformas que el sistema necesita”, ha sostenido Campuzano, que ha recordado que el Pacto de 1995 tiene lugar en un contexto de gran “crispación política” y en el que “las proyecciones demográficas y los agoreros del sistema público de pensiones anunciaban la quiebra del sistema”. Entonces, “la discusión académica y política era cuestionar los elementos fundamentales del sistema: el carácter público, contributivo y de reparto. Era el contexto donde estábamos”, ha recordado el ahora diputado en el Parlament de Catalunya.

El libro, titulado '30 años de los Pactos de Toledo. El sistema español de Seguridad Social, pensiones y garantía de rentas', ha sido dirigido por Octavio Granado, exsecretario de la Seguridad Social en varios gobiernos socialistas y uno de los mayores conocedores de la historia de este organismo público, y por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y uno de los negociadores por la parte sindical de las reformas de pensiones de las últimas décadas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, que ha prologado el libro, ha destacado la la necesidad de mantener “el método” de consenso y diálogo político y social que inauguró el Pacto de Toledo hace 30 años, que ha considerado clave para dar “estabilidad” a las reformas y a la protección social, y para combatir “el falso conflicto” intergeneracional, que enfrenta a jóvenes y pensionistas.

Como uno de los artífices de los primeros cimientos de la Seguridad Social que conocemos hoy en día, Adolfo Jiménez, que fue secretario General de la Seguridad Social entre 1986 y 1996, se ha referido a este enfrentamiento generacional en el debate público sobre pensiones para advertir de que, en realidad, los principales afectados de las reformas de las pensiones no son los jubilados, ni las personas mayores, “sino los jóvenes”.

Elma Saiz ha insistido en la necesidad de no usar las pensiones “como un arma partidista”. “Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha sostenido la responsable de la Seguridad Social.

Mirada a los retos y las reformas pendientes

El libro de Fundación Alternativas, impulsado por el catedrático Jesús Ruis-Huerta, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la entidad, explora en 14 capítulos distintos retos del sistema de la Seguridad Social de cara al futuro, como la protección social de los trabajadores autónomos, las persistentes brechas de género que perjudican a las mujeres y la protección de las personas vulnerables, entre otras materias, que elaboran María José Landaburu (UATAE), la catedrática Paz Menéndez Sebastián, y Milagros Paniagua, exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, respectivamente, entre otros muchos autores.

Entre las tareas pendientes, el exdiputado del PNV Emilio Olabarría, también miembros destacado del Pacto de Toledo, ha destacado “la atención a la discapacidad”, con las que el sistema tiene una deuda todavía, ha sostenido.

La actual Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha iniciado los trabajos para elaborar las recomendaciones que releven a las últimas, de 2020, en las que se acordó volver a vincular la revalorización de las pensiones a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los precios tras la reforma unilateral de pensiones de 2013 del PP, que el mismo partido dejó de aplicar cuando gobernaba.

Mientras sigue el debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente desde ciertos ámbitos económicos neoliberales, pocos cuestionan la herramienta de diálogo del Pacto de Toledo, celebrada también a nivel internacional. Granado y Bravo, directores del informe, han esperado que el informe publicado contribuya al debate público para fortalecer y modernizar el sistema de la Seguridad Social a futuro, del que depende una gran parte de la población.

La consultora tecnológica Inetum ha anunciado este jueves un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 425 trabajadores, el equivalente al 5% de su plantilla en el país, que ronda los 8.500 empleados.

La medida, según ha comunicado la empresa, se enmarca en su estrategia de transformación y llega tras un “exhaustivo análisis técnico y de capacidad” de la organización. El ajuste se aplicará exclusivamente en Inetum España SA.

Ajuste sobre perfiles técnicos

El ERE afectará a perfiles técnicos, mientras que la compañía asegura que no alcanzará a empleados de servicios centrales o de soporte. Inetum subraya que se trata de una medida “puntual” y descarta que haya fases posteriores dentro de este proceso.

La empresa también afirma que no contempla la supresión de líneas de negocio. Por lo que apunta la empresa, no habrá impacto en la prestación de servicios a clientes ni en la actividad diaria.

Un mercado “altamente competitivo”

La multinacional enmarca el ajuste en la fuerte presión competitiva que atraviesa el sector tecnológico en España, especialmente por parte de grandes grupos internacionales.

A este escenario suma otros factores como la transformación del mercado del talento y la incertidumbre económica y política, que tal y como señala la compañía, obligan a adaptar su estructura para responder a nuevas demandas.

Reorganización y modelo de ‘delivery’

Inetum defiende que el objetivo de la medida es reorganizar su operativa con una “visión de futuro”, evolucionando hacia un modelo de prestación de servicios 'delivery' más transversal y dinámico.

La dirección asegura que el proceso se abordará bajo criterios de “responsabilidad social, transparencia y respeto” hacia la plantilla, en un ajuste que, insiste, busca reforzar su posicionamiento en el mercado español.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha advertido este miércoles de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales, al tiempo que ha elogiado los activos diferenciales que posee la compañía.

Murtra ha reconocido este miércoles en un evento interno ante 700 directivos de la empresa que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales, informa Efe.

El presidente de Telefónica ha explicado que la transformación de la compañía depende de la capacidad de sus directivos para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico.

Murtra ha situado la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto.

“Para que la transformación sea posible, necesitamos una cultura de gran impacto. No es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie. Para ello, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, superar nuestros límites y crecer juntos”, ha dicho Murtra en el primer gran encuentro interno desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Asimismo, el presidente de la teleco ha asegurado que el objetivo estratégico se mantiene, el cual es convertir a Telefónica en la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, reforzando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia.

También ha reiterado las cinco prioridades del plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía.

Durante su intervención también ha hablado de la inteligencia artificial (IA), cuyo impacto sitúa a Telefónica como un actor clave para garantizar un acceso seguro, fiable y de calidad a la digitalización.

Las aerolíneas europeas han empezado a recortar vuelos por la guerra en Irán y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en el suministro de queroseno, después de que el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtiera la semana pasada de que a Europea le quedan reservas de combustible para aviones para “quizás seis semanas”.

El recorte más agresivo lo acaba de anunciar la alemana Lufthansa. El grupo de aerolíneas va a cancelar 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido del conflicto, informa EFE.

El drástico recorte llega después de que la aerolínea holandesa KLM (que opera dentro del holding compartido con la gala Air France) anunciase el pasado jueves que eliminará 80 vuelos el próximo mes en sus rutas europeas por el aumento del coste del combustible.

Lufthansa informó la pasada noche en un comunicado de que esos 20.000 vuelos equivalen a una reducción del 1% de la capacidad de transporte de pasajeros en verano y a un ahorro de unas 40.000 toneladas de queroseno, cuyo precio se ha duplicado desde el comienzo de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero.

Mientras, las aerolíneas españolas prevén un verano récord en España y no ven riesgo de falta de combustible y el martes el comisario europeo de Transporte rebajó la preocupación por la escasez de carburante por aviones, achacando a un problema de rentabilidad. Las ocho refinerías españolas, capaces de producir en el 80% del queroseno que consume el país y con mayor margen de maniobra que otros vecinos europeos, están maximizando la producción para atender a la demanda de carburantes y garantizar que no hay riesgo de escasez.

La mayoría de los vuelos cancelados por Lufthansa son de la aerolínea regional Cityline, que ha dejado de volar. La compañía ha detallado que los vuelos cancelados son rutas no rentables desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.

Al mismo tiempo, el grupo de aerolíneas, al que pertenecen Lufthansa, la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, va a expandir rutas en Zúrich, Viena y Bruselas.

Lufthansa ha afirmado que el suministro de combustible para el grupo de aerolíneas está asegurado para las próximas semanas y espera un suministro estable para poder operar los vuelos programados para el verano.

El grupo de aerolíneas quiere optimizar en verano su oferta de vuelos en los aeropuertos de Fráncfort, Múnich, Zúrich, Viena, Bruselas y Roma.

Hasta finales de mayo, Lufthansa va a cancelar 120 vuelos y ya ha informado a los pasajeros afectados.

Por ejemplo, serán cancelados temporalmente los vuelos desde Fráncfort a las ciudades polacas de Bidgostia (norte) y Resovia (sureste), y a la noruega de Stavanger (sudoeste). Otras diez conexiones aéreas dentro del grupo serán operadas desde otros aeropuertos.

Lufthansa va a revisar la planificación a medio plazo de sus rutas de vuelos para los próximos meses e informará de ello a finales de abril o principios de mayo.

La compañía anunció la semana pasada el cierre de CityLine dentro de un paquete medidas para paliar los efectos del incremento del precio del queroseno y el sábado pasado retiró los 27 aviones con los que operaba la filial.

La compañía ha explicado que estos aviones, unos Canadair CRJ, ya se acercan al final de su vida útil técnica y tienen unos costes operativos bastante elevados. Los empleados de Lufthansa CityLine han recibido alternativas para continuar su carrera dentro del grupo.

Este paquete inicial prevé una reducción del programa de vuelos en rutas de corta, media y larga distancia, así como medidas para la modernización anticipada de la flota.

En una segunda fase, retirará seis aviones de largo radio para finales de verano. Para ello, los cuatro Airbus A340-600 restantes abandonarán la flota en octubre, poniendo así fin para siempre a la era de este tipo de avión en Lufthansa.

Además, dos Boeing 747-400, cuya despedida definitiva está prevista para el próximo invierno, se quedarán en tierra a partir de octubre.

La tercera fase de este paquete de medidas, durante la próxima temporada de invierno, reducirá la capacidad de la marca principal de Lufthansa como parte de la consolidación prevista del tráfico de corta y media distancia en los seis 'hubs' del grupo, lo que supondrá dejar de operar con cinco aviones.

El grupo defiende estas medidas alegando que “generan un efecto de ahorro desproporcionado en los costes de combustible”, ya que se están retirando con antelación aviones antiguos y poco eficientes y, a la vez, se reduce la parte no cubierta de las necesidades de queroseno.

Según informó la semana pasada, por el momento, el grupo tiene cubiertas las necesidades de combustible en un 80%, muy por encima de la media del sector, pero el resto debe adquirirse a precios de mercado. El objetivo de estas medidas, por tanto, es reducir este porcentaje hasta el 10%.

La compañía Nestlé España ha anunciado este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 301 trabajadores en toda España, tanto de oficinas como de equipos de ventas, centros de distribución y de algunos centros de producción, lo que equivale a un 7% de sus empleados en el país.

La multinacional ya había anunciado el despido de 16.000 empleados en todo el mundo en los próximos dos años, dentro de un plan global de recorte de gastos, pero no había concretado una cifra para España, que ha presentado este martes.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en todo el país, ha asegurado en un comunicado que aplica el despido colectivo ante un contexto “de cambio” en el sector del gran consumo, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”, recoge la agencia EFE.

La dirección ha detallado que los despidos afectarán a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona, informa por su parte Europa Press.

La Sección Sindical de UGT en Nestlé España ha manifestado “su más firme y rotundo rechazo” a esta decisión. “Consideramos que este recorte masivo de empleo es injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable, especialmente en el contexto de una empresa que mantiene una posición de liderazgo mundial en el sector alimentario y continúa generando beneficios multimillonarios”, indica en una nota.

CSIF también rechaza el ERE y “valora medidas de presión contra los despidos, junto al resto de sindicatos”, afirman desde la organización de trabajadores. “Consideramos desproporcionada la cifra y lucharemos para la reducción de la misma y por lograr las mejores condiciones de salida de las/os trabajadores mirando siempre por la reincorporación y continuidad en el mundo laboral”, sostienen en CSIF.

Apuesta por la “automatización” de procesos

La multinacional ha señalado que es necesario adaptarse “a los retos actuales del mercado” y “avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas”, mediante la “automatización y digitalización de procesos”, recoge EFE. De esta forma, busca asegurar “la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo”, según ha explicado la compañía.

Nestlé España ha afirmado que aplica el ERE, que ha comunicado hoy a sus trabajadores, “tras un análisis exhaustivo” de las estructuras operativas y la “implementación de diversas medidas previas de contención de costes”.

La filial española ha subrayado “su voluntad de afrontar este procedimiento bajo los principios de transparencia y respeto”, y ha manifestado que el ERE se desarrollará “mediante una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores”.

Desde UGT denuncian que la empresa “está priorizando la rentabilidad financiera a corto plazo frente a la estabilidad laboral y familiar de miles de trabajadores y trabajadoras” y pide que se retire el plan de despidos, el “compromiso firme de no aplicar medidas traumáticas mientras la empresa continúe obteniendo beneficios multimillonarios” y la elaboración “de un plan alternativo basado en la reorganización interna sin destrucción de empleo”.

Un plan de recortes de alcance global

La empresa ha afirmado que esta medida va en línea con la “ambición global compartida que se anunció hace unos meses”, cuando la matriz internacional comunicó una reducción de 16.000 empleos en la plantilla con el objetivo de reducir costes.

La mayor multinacional de la alimentación del mundo anunció en febrero unos beneficios netos de 9.033 millones de francos suizos (unos 9.900 millones de euros) en 2025, un 17% menos que en 2024.

En cambio, Nestlé España tuvo en 2025 una cifra de negocio de 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las exportaciones y las ventas, que se situaron en los 1.619 millones, un 4,8% más, mientras que registró una inversión de 96 millones, la más alta de los últimos diez años.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.