El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que facilita el acceso y la cuantía de la pensión de jubilación de dos colectivos: los deportistas profesionales y los ministros de culto evangélicos y adventistas que realizaron su actividad antes de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, ha informado el Ministerio de la Seguridad Social.

La medida aprobada permitirá reconocer como cotizados, a efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, estos periodos de actividad profesional ejercidos por los deportistas y por los pastores evangelistas antes de que efectivamente cotizaran a la Seguridad Social.

El sindicato UGT, muy activo en la reivindicación de esta concesión a los deportistas profesionales, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros.

“UGT considera esta medida un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales y de protección social de los deportistas profesionales y el resultado de una reivindicación sostenida y de los meses de negociación impulsados por el sindicato junto a los deportistas Almudena Cid, Fernando Romay y Lola Fernández Ochoa”, ha afirmado en un comunicado.

Deportistas profesionales desde 1980

La medida beneficiará a quienes residían en España y ejercían su actividad deportiva de forma habitual en territorio nacional, con contrato profesional, siempre que estuviesen incluidos en la relación laboral especial de deportistas profesionales, y la hubiesen desarrollado entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, explica el Ministerio de Elma Saiz.

“Es un acto de justicia con un colectivo que tantas alegrías y triunfos nos ha dado”, ha destacado Saiz.

Para su reconocimiento, junto a la solicitud de la pensión de jubilación o de revisión de su cuantía a la Seguridad Social, se tendrá que presentar la certificación expedida por el club o entidad deportiva que acredite la condición de deportista profesional de los beneficiarios, así como del período de actividad desarrollado.

El Consejo Superior de Deportes, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, será “quien asumirá el ingreso del capital coste de la pensión correspondiente”, explica el departamento de Saiz.

El contenido de este real decreto, que no incluye a los jugadores profesionales de fútbol que se rigen por su normativa específica, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los pastores evangélicos y adventistas

Sobre la concesión aprobada para los ministros de culto evangélicos, la ministra Elma Saiz ha afirmado que “se trata de una medida que hace justicia con un colectivo de personas, perseguido durante la dictadura, que desarrolló su actividad en un momento en el que no tenían el paraguas de protección de la Seguridad Social, y que ahora, por fin, verá mejorada su acción protectora”.

“También es una muestra más de la política de extensión de derechos que viene manteniendo este Gobierno”, ha afirmado Saiz.

Con la nueva norma, los ministros de culto de las iglesias Adventistas del Séptimo Día o Evangélicas que hubieran desarrollado su actividad en territorio español con anterioridad a la fecha efectiva de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social –1987, en el caso de los adventistas, y 1999, en el de los evangélicos– tendrán la posibilidad de recuperar ese tiempo como cotizado “a efectos de su acceso a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o muerte y supervivencia”, informa el Ministerio.

El real decreto regula los términos para la acreditación de la condición de ministro de culto y del tiempo de desempeño de su actividad, así como la determinación y condiciones de ingreso del capital coste que el interesado tendrá que hacer efectivo. “Sus efectos económicos son a partir del 1 de enero de 2015”, precisa el Ministerio.

El Gobierno ha iniciado ya los contactos en el Congreso de los Diputados para recabar apoyos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027 con la intención de presentarlos antes de que acabe el año. Ya la semana pasada el Ejecutivo escenificó el inicio de las negociaciones en el seno de la propia coalición, con una reunión entre el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Cultura, Ernest Urtasun, representando a PSOE y Sumar, respectivamente.

Varios grupos parlamentarios han confirmado este martes el comienzo de las conversaciones para aprobar las cuentas públicas, que sería el primero que se presentará en esta legislatura y que de salir adelante sustituiría a las de 2023, actualmente vigentes tras tres prórrogas, informa EFE.

Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, su portavoz, Verónica Barbero, ha asegurado que las negociaciones avanzan con el “debido sigilo” y con la intención de contar con los presupuestos “más expansivos posibles”. Su formación pondrá el foco en medidas para mejorar el acceso a la vivienda y en la prestación universal por crianza de hijos.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que “hay probabilidades” de que se presente el proyecto de ley y que así se lo han hecho saber desde el Gobierno, que también ha establecido primeros contactos con el PNV. La portavoz de esta última formación, Maribel Vaquero, quien en una rueda de prensa ha dicho que esperan que el Gobierno “sea hábil” en las negociaciones y tenga “un poco de humildad”, sabiendo “que no tiene una mayoría” para que salgan adelante.

El diputado del BNG, Néstor Rego, a quien también se ha dirigido ya el Gobierno, ha admitido que la expectativa de que las cuentas salgan adelante es “baja”. Pero si hay voluntad real y no se trata de un “paripé” por parte del Gobierno, puede haber “margen” para que los presupuestos puedan ser aprobados. “Por parte del BNG no va a quedar, siempre y cuando el Gobierno cumpla con sus compromisos” con Galicia, ha dicho.

Ante estas primeras conversaciones emprendidas por el Ejecutivo, la portavoz del PP el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado que todos los grupos saben que el Gobierno va a presentar los presupuestos únicamente como “reclamo electoral”. Ha recordado que se lleva hablando de la negociación de las cuentas públicas tres años y medio y estando ya en septiembre “ni siquiera” han sido registradas en la Cámara Baja.

“Ningún grupo de esta cámara piensa que los presupuestos se presentan para ser aprobados, ni siquiera los socios del Gobierno”, ha añadido.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido este viernes una “discusión a nivel global” sobre los avances en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y la posibilidad de crear una agencia internacional que la supervise, y ha reclamado a la Comisión Europea que analice si las energéticas están teniendo beneficios extraordinarios por la guerra en Oriente Próximo como paso previo para avanzar con el impuesto europeo que España y otros cinco países reclaman para aliviar el impacto de la crisis sobre hogares y empresas.

“Queremos que la Comisión haga un análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios en la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas”, ha afirmado a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Dublín (Irlanda), en la que esperan abordar este asunto. Cuerpo ha señalado que el avance de la IA es “un reto, sin ninguna duda, en el cual todos tenemos que entrar a poner guardarraíles, a implementar estándares comunes y tener una discusión a nivel global. Por supuesto, más que abiertos a explorar la vía de esta agencia internacional”.

España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal reclamaron a finales de agosto a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE discutir esta diea en la reunión de este viernes. El ministro ha defendido que, tras seis meses de conflicto en Irán y ante una inflación que continúa presionada por la crisis energética, es necesario comprobar si las empresas del sector se están beneficiando de la situación y, en caso afirmativo, que contribuyan a asumir parte de sus costes. “Entendemos que debe haber un reparto justo y esta es claramente una vía que debe explorarse. Y si se entiende que hay beneficios extraordinarios, entonces deberíamos gravarlos”, como España hizo tras la guerra en Ucrania.

En cuanto a la continuidad de las ayudas por la guerra en Irán, que están en vigor hasta finales de septiembre, el vicepresidente ha avanzado que el Gobierno seguirá “ayudando” y “apoyando” a los sectores afectados, pero ha evitado concretar qué medidas mantendrá una vez expire el paquete.

Ha destacado que la “preocupación” internacional sobre el desarrollo de la IA “no ha hecho sino crecer” en los últimos meses y ha subrayado que recientemente se ha visto su “potencial impacto” en la educación, con la caída de los resultados en el Informe Pisa; o el mercado laboral, donde “empieza a manifestarse”.

Ha recordado que España lleva “mucho tiempo” defendiendo la necesidad de “no sólo avanzar en estándares éticos”, sino también “regulatorios” con el objetivo de que los avances en IA “tengan control por parte de reguladores y sociedad civil”.

También para que “sus beneficios puedan ser repartidos entre el conjunto de la sociedad” y para “entender que tiene unas ventajas que superan a los potenciales riesgos y costes”, ha precisado.

Los ministros de Finanzas de la zona euro tienen previsto dedicar su segunda sesión de trabajo de este viernes a la innovación en el sector financiero de la mano de tecnologías como la IA o la tokenización y en cómo regularla para no ahogar los desarrollos tecnológicos, pero evitar los riesgos que plantean para la estabilidad financiera o la protección del consumidor.

La discusión, de la que no se esperan decisiones por tratarse de un consejo de informal, llega en un momento de debate a nivel global sobre los riesgos de la IA, la conveniencia de ralentizar su desarrollo, la necesidad o no de regularla, y su papel en la competencia geopolítica, sobre todo entre Estados Unidos y China.

BCE

Sobre la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE), ha afirmado que las conversaciones deberían ganar impulso tras el verano, de cara a 2027, ante las distintas vacantes que se producirán en el Consejo de Gobierno. Ha defendido que deben abordarse como un “paquete global”, al no circunscribirse únicamente a la Presidencia del BCE, y ha asegurado que España buscará desempeñar “un papel importante”.

En relación con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que corresponde a ella decidir si completa o no su mandato. “La apoyaremos en cualquier caso”, y ha destacado el “fuerte consenso” sobre su relevante papel al frente de la autoridad monetaria.

En una entrevista con Bloomberg, ha considerado que el mensaje que la UE y Canadá están trasladando con su nueva fórmula de relación es “contundente” y positivo, al demostrar que “si hay voluntad política, las cosas pueden hacerse realidad”, si bien ha reconocido que todavía será necesario definir su alcance.

Respecto a las relaciones con China, ha apostado por mantener conversaciones “francas” con las autoridades del país asiático para reequilibrar la relación comercial y lograr un mayor acceso de las empresas europeas al mercado chino.

El vicepresidente primero ha confiado en que obtenga respaldo la propuesta para modificar el calendario de devolución de la deuda emitida para financiar el programa Next Generation EU, dentro de las próximas negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE.

Cuerpo ha cuestionado que el actual planteamiento establezca una senda descendente de reembolsos, con pagos más elevados en los primeros años que en las décadas posteriores. A su juicio, este modelo carece de sentido y debería sustituirse por un calendario “plano”, que mantenga los mismos años de inicio y cierre, sin retrasar el pago de la deuda.

“No retrasaríamos los pagos, sino que pagaríamos de acuerdo con nuestro PIB y con nuestra capacidad para devolver la deuda, una proporción constante del PIB”, ha explicado.

Según el ministro, esta modificación permitiría liberar hasta 70.000 millones de euros en el marco de las próximas negociaciones presupuestarias europeas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la conveniencia de la propuesta de regulación de los centros de datos que el Ejecutivo sacó a consulta en agosto y que ha provocado fuerte rechazo del sector tecnológico y eléctrico. “La lógica es económica y medioambiental”, señala en un artículo de opinión para la agencia Bloomberg publicado bajo el título de “Cómo evitar que los centros de datos consuman demasiada energía”.

Sánchez recuerda que, según la propuesta elaborada por tres ministerios, cuyo plazo de alegaciones se amplió ante la polémica generada, “cualquier aumento en la demanda de electricidad debe ir acompañado de capacidad adicional de energías renovables. El marco normativo incluye requisitos para garantizar que una parte significativa del consumo de los centros de datos provenga de proyectos de energía limpia de nueva construcción. La lógica es económica y ambiental”.

“La propuesta parte de un principio sencillo: el acceso a la red eléctrica es un recurso estratégico escaso y no debe verse obstaculizado por proyectos que carecen de credibilidad, viabilidad o una contribución significativa a la economía y la sociedad”. “Los grandes nuevos consumidores de energía no deberían competir con la demanda existente ni fomentar una mayor dependencia de los combustibles fósiles; deberían contribuir a catalizar la inversión en la transición energética”.

Sánchez añade que, “los centros de datos son un activo estratégico” y en un mundo “donde Europa todavía depende en gran medida de capacidades digitales no europeas”, el borrador “combina salvaguardias sobre cómo se controlan los datos —y cómo se gestiona la infraestructura— con incentivos diseñados para expandir el sector tecnológico europeo y fortalecer la soberanía del continente”.

“Nuestro objetivo debe ser comerciar en bytes, no en vatios. España quiere aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los centros de datos y la IA. Sin embargo, el reto consiste en asegurar que la infraestructura se expanda en consonancia con la capacidad del sistema eléctrico, que los valiosos recursos energéticos se destinen a proyectos útiles y que todo ello contribuya a reducir la dependencia tecnológica de Europa”.

“El objetivo no es frenar el crecimiento ni limitar la innovación. Todo lo contrario: se trata de garantizar que sigan siendo económicamente sostenibles y social y ambientalmente justas. Los países que comprendan esto serán los mejor posicionados para liderar la próxima fase de la economía digital”.

“¿Qué tipo de centros de datos necesitamos? ¿Y quién controlará su expansión?”, se pregunta Sánchez, que subraya que “la regulación proactiva es más eficaz que la intervención reactiva” y “sin duda, es mucho mejor que la inacción. Contar con normas claras desde el principio permite distinguir los proyectos responsables de los insostenibles, alinear los incentivos privados con el interés público y garantizar que la inversión y el crecimiento vayan de la mano con la protección de los recursos y las comunidades esenciales”.

Casos de Irlanda y EEUU

El presidente recuerda que Irlanda, donde los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico en 2023 y podrían alcanzar el 32% este año, ya ha endurecido los requisitos y en Estados Unidos, donde se prevé que su peso pase del 4% en 2023 a un 12% en 2028, “no es de extrañar” que “sea motivo de creciente preocupación política y pública”. Cita una encuesta de Gallup que reveló que el 71% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su comunidad.

Y, “más allá de la preocupación por el consumo de energía y agua”, hay indicios de “otros efectos locales indeseables”, como el efecto isla de calor que provocan o su impacto en los precios de la vivienda. Recuerda que el estado de Nueva York adoptó una moratoria temporal, “y un número creciente de proyectos se han visto afectados por retrasos o cancelaciones a medida que se intensificaba la resistencia local. La lección es clara: no planificar ni regular con antelación resulta más costoso y menos eficaz”.

“España aún está lejos de enfrentarse a ese tipo de presión. Sin embargo, nuestra sólida economía y nuestra capacidad en energías renovables han despertado un enorme interés entre los inversores por la construcción de centros de datos, lo que significa que sus necesidades energéticas superarán con creces las expectativas”. Recuerda que las estimaciones actuales de la demanda de electricidad para la computación alcanzan los 4 gigavatios en 2030, “pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan con creces ese objetivo”.

“Si bien es improbable que muchos de estos proyectos se materialicen, la rápida tendencia al alza es evidente. Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para mantenernos a la vanguardia”.

Sánchez señala que la rápida expansión de los centros de datos “se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial”, pero “el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro. Y con razón”. “Cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa terreno, consume energía, utiliza agua y requiere una inversión cada vez mayor”.

El nuevo Comité de Inversiones Estratégicas decidirá en un plazo de un mes si un determinado proyecto de inversión puede considerarse estratégico y, por lo tanto, contar con una declaración previa que le ofrezca acceso prioritario a permisos como licencias de obras o de conexión eléctrica.

Según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Economía, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el Comité, creado en noviembre del pasado año, y el procedimiento de declaración de proyectos estratégicos de inversión, informa EFE.

El objetivo, explica Economía, es “priorizar, con agilidad y seguridad jurídica, los proyectos que aporten un mayor retorno económico, social y medioambiental al país”.

Podrán acceder a la declaración de inversión estratégica los proyectos empresariales o público-privados de inversión o reinversión en España que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y redunden en el interés público, social, ambiental o económico del país, excluidas las adquisiciones de acciones y ampliaciones o reducciones de capital, entre otros.

El Comité podrá conceder, en el plazo de un mes, una declaración previa basada en criterios como el volumen de inversión y creación de empleo y la solidez del proyecto.

Sin embargo, la declaración definitiva será otorgada, en un plazo de tres meses, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), la reunión de ministros económicos que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, tras analizar cuestiones como el impacto ambiental o la contribución a la autonomía estratégica, al tiempo que determinará las medidas de apoyo y los compromisos asociados al proyecto.

El decreto establece que las comunidades autónomas serán consultadas para evaluar cada proyecto y que se establecerá un régimen de seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como un sistema para revocar la declaración si estos se incumplen.

El Comité, presidido por el titular de la Oficina de Asuntos Económicos (ahora mismo, Manuel de la Rocha) y el secretario de Estado de Economía, contará con cinco vicepresidencias: Presidencia del Gobierno, secretaría de Estado de Energía y ministerios de Industria, Hacienda y Transformación Digital.

Asimismo, tendrá catorce vocalías, con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Transportes, Educación, Trabajo, Agricultura, Vivienda, Comercio, Sanidad, Ciencia, Inclusión y Medio Ambiente, así como los departamentos de Seguridad Nacional y Prospectiva Estratégicas y el ICEX.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031, conocido como DORA III, que –como anunció el presidente del Gobierno hace un año– cuenta con la inversión más elevada de la historia, de cerca 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. Incluye una subida de las tarifas aeroportuarias del 0,33% anual, lo que supone unos tres céntimos de euro por pasajero al año.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado el “salto inversor” de este plan respecto a los anteriores, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, la inversión se ha más que quintuplicado respecto al DORA II, para el periodo 2022-2026, que contemplaba 2.250 millones de euros, recuerdan en Transportes.

El Ministerio subraya que los casi 10.000 millones de euros de inversión regulada –aquella directamente vinculada a la actividad aeronáutica– suponen una media de cerca de 2.000 millones al año.

Incremento de las tarifas “muy contenido”: 0,33%

El ministro de Transportes ha anunciado el aumento de las tarifas aeroportuarias del 0,33% al año, un incremento “muy contenido”, ha destacado Puente, que ha sostenido que mantiene a los aeropuertos españoles como los que tienen “tarifas más competitivas de la Unión Europea”.

El Ministerio explica que el incremento supone “apenas tres céntimos de euro por pasajero al año”. Las tarifas aéreas han sido criticadas por compañías como Ryanair, a pesar de que están entre las más bajas de Europa.

Óscar Puente ha explicado que el incremento de la tarifa se ha decidido en función de la previsión de pasajeros (del 1,8% de media anual), hasta los 358 millones de viajeros en 2031, y de los gastos estimados del sistema aeroportuario.

Finalmente, Transportes se ha decantado por las previsiones de un informe del Ministerio de Economía al respecto, “el más equilibrado”, ha afirmado Puente. El incremento medio anual de la tarifa propuesto inicialmente por Aena era del 3,82%, es decir de 43 céntimos de euros por pasajero, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó una reducción del 0,59% anual durante el quinquenio, recuerda la agencia EFE.

“Los aeropuertos se autofinancian. Ni un céntimo de lo que se va a gastar procede de los presupuestos ni de ningún impuesto”, ha destacado Óscar Puente, que ha recordado que su financiación parte de las tarifas de la actividad aeroportuaria, así como otros ingresos comerciales de Aena (como del alquiler de espacios o las tiendas comerciales de los aeropuertos).

Modernizar y ampliar los aeropuertos

Entre 2027 y 2031, Aena –propiedad del Estado en un 51%– sobre todo va a destinar esta inversión histórica a ampliar unas instalaciones que se están quedando pequeñas ante el creciente volumen de pasajeros y que tienen que mejorarse sin cesar en ellos las operaciones de vuelo.

Aena ya desglosó el pasado febrero las inversiones en cada una de los aeropuertos, entre las que destacan los 4.477 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Madrid-Barajas y la inversión de 1.765 millones corresponden a Barcelona-El Prat, que tienen pendiente su ampliación.

Más de la mitad del total de presupuesto va a ir destinado precisamente a la ampliación de los grandes aeropuertos españoles, explicó Transportes hace meses, aunque a distintas velocidades. El motivo, por ejemplo, que los planes en Madrid están más avanzados que en Barcelona.

Puente ha desgranado algunas de las finalidades de los 13.000 millones del DORA III, como los 3.240 millones de euros para el mantenimiento y conservación de la red de Aena, los 1.650 millones de euros al refuerzo de la seguridad, cerca de 660 millones para potenciar “la intermodalidad” (con otros medios de transportes) y para avanzar en la descarbonización e impulsar la sostenibilidad del sistema aeroportuario, y casi 400 millones servirán para mejorar los sistemas de transporte de equipajes.

El debate en torno a un posible freno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha golpeado de lleno a las bolsas mundiales, lastrando a las asiáticas, que ha desarrollado un ecosistema propio en torno a las empresas tecnológicas, pero ha afectado también al Ibex 35 en los primeros compases de la jornada, especialmente a las compañías centradas en el desarrollo de infraestructuras.

Es el caso de ACS, la constructora de Florentino Pérez, centrada en infraestructuras de nueva generación y con énfasis en la construcción de centros de datos, se desplomó un 6,5% este lunes. Al igual que Solaria, que ha impulsado su estrategia en infraestructuras digitales a través de Solaria Data Center, su filial especializada en el suministro de energía y desarrollo de suelo y conexiones para centros de procesamientos de datos. La caída de estos títulos fue del 8,4%, de largo la más acusada del Ibex.

ACS se ha consolidado como el primer constructor de centros de datos en el mundo, con más de 9 GW instalados y presencia destacada en mercados de alto potencial, como EE. UU., Europa y Asia-Pacífico, según la propia compañía, que registra hoy la mayor caída de la Bolsa española, junto a Solaria. Acciona (5,7%) y la inmobiliaria Merlin Properties (5,1%), ambas con negocios también vinculados a las tecnológicas, han registrado notables retrocesos.

El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 1,38% lastrado por la subida del precio del petróleo y las caídas de las empresas de semiconductores y chips. Así, el selectivo español ha retrocedido 273 enteros y terminó la sesión bursátil en 19.565,5 puntos. Pese a estas caías, en lo que va de año se revaloriza un 13,04%.

Los títulos españoles se han sumado a las pérdidas después de una jornada en rojo en Asia. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,07%, y el de Shenzhen se dejó el 0,64%, según recoge EFE.

En el primero de esos dos parqués, varias de las compañías relacionadas con la IA se tiñeron de rojo durante la jornada. CXMT (-3,95%) o Moore Threads (-3,31%) son algunos de los ejemplos, aunque Enflame (+6,87%) ponía la nota discordante, apoyada aún por el furor de los inversores tras salir a bolsa el pasado viernes.

En Hong Kong, el índice referencial, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,45%. Sin embargo, el índice dedicado a los valores tecnológicos, el Hang Seng Tech Index, bajó un 0,23%, lastrado por Alibaba (-1,49%), Biren (-6,66%) o Z.ai (-9,08%).

Las bajadas, en cambio, no se extendieron a otros grupos tecnológicos que también figuran entre los principales desarrolladores de modelos de IA, como Tencent (+0,51%) y el 'Google chino' Baidu (+0,22%).

El índice de referencia de la bolsa de Taipéi, el Taiex -que cuenta con un fuerte componente tecnológico-, cerró la jornada con un retroceso del 0,7%, aunque con un desempeño dispar entre sus principales valores: mientras los títulos de TSMC (-1,24%), ASE Technology (-0,97%) y MediaTek (-0,55%) acabaron en terreno negativo, los de UMC (+1,42%) Foxconn (+0,2%) cerraron en verde.

La bolsa coreana cae más del 3%

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cayó un 3,26% este lunes. El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics descendió un 4,05%, mientras el gigante del sector SK hynix anotó un declive del 6,35%.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 8,17%, y la tecnológica Naver se redujo un 1,21%. Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejó un 1,69%.

Softbank se precipita el 10,72%

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,81% este lunes. El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha invertido miles de millones de euros en OpenAI y la industria de la inteligencia artificial, bajó un 10,72%.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdió un 2,97 %, y la empresa de memorias Kioxia bajó un 6,37 %.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda mundial de petróleo caerá este año en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d), lo que supone una caída adicional de 940.000 barriles diarios respecto a lo previsto el mes pasado, debido al estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico, el retraso en la normalización de los flujos de crudo y el impacto en los precios.

En un informe publicado este viernes, la AIE precisa que esa caída, que va a ser la primera desde la pandemia en 2020, se concentrará en los destilados medios y las materias primas petroquímicas, especialmente en Asia.

Esta semana los precios del crudo han vuelto a superar los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y han cotizado en su nivel más alto desde mayo. El rally alcista se ha frenado este lunes, tras publicar Financial Times que los ministros de Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prevén reunirse con su homólogo iraní el próximo lunes en la ciudad omaní de Salalah para abordar un acuerdo sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según el documento de la AIE, organización con sede en París, la demanda se recuperaría en 2,6 mb/d en 2027, compensando por poco la caída prevista para este año, informa EFE.

En agosto pasado, la producción mundial de petróleo cayó en 1,6 mb/d, hasta 100,1 mb/d, mientras más de 10 mb/d de producción del Golfo permanecían paralizados por el aumento de los riesgos de seguridad por la guerra en Irán.

Descenso de la oferta

Según los cálculos de la AIE, la oferta mundial se reducirá en 5,7 mb/d este año, hasta 100,7 mb/d, ya que la recuperación de la producción del Golfo se aplaza hasta 2027. La producción podría repuntar entonces en 8 mb/d.

El crecimiento de la producción fuera de la OPEP+ estará liderado por el quinteto de productores de las Américas (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guayana), que aportará 1,4 mb/d en 2026 y otro millón de barriles diarios en 2027.

Las refinerías alcanzaron en agosto un máximo estacional de 81,4 mb/d, 960.000 barriles diarios más que en julio, pero 4,2 mb/d menos que un año antes. La actividad mundial de refino caerá previsiblemente en 2,6 mb/d en 2026, hasta 81,5 mb/d, prevé la Agencia Internacional de la Energía.

La AIE constató además que los márgenes de refino alcanzaron niveles récord en la cuenca atlántica, impulsados por el encarecimiento del diésel, mientras que el aumento de los fletes presionó la rentabilidad de las refinerías de Singapur.

Reducción de reservas y aumento de precios

Los inventarios mundiales observados cayeron otros 95 millones de barriles en agosto, elevando las retiradas acumuladas desde febrero a 507 millones de barriles, equivalentes a 2,8 mb/d de media.

Los volúmenes de crudo almacenados en buques disminuyeron en 65 millones de barriles, mientras los ataques volvieron a afectar al tráfico de petroleros procedente de Oriente Medio.

Los inventarios fuera de la OCDE cayeron en 52 millones de barriles, liderados por China, mientras que en los países de esa organización, las existencias aumentaron en 23 millones de barriles, ya que el incremento de los inventarios comerciales compensó una caída de 19 millones de barriles en las reservas gubernamentales.

El crudo North Sea Dated subió 7,61 dólares por barril en agosto, hasta un promedio de 91 dólares, antes de alcanzar los 113,48 dólares el 9 de septiembre.

La estructura del mercado entró en una 'backwardation' extrema -que ocurre cuando el precio de entrega inmediata de un activo es drásticamente más alto que sus precios de entrega futura-, reflejo de un mercado ajustado por las interrupciones en Oriente Medio y Rusia y por el desplazamiento de la demanda hacia crudos de la cuenca atlántica.

Los costes de los petroleros también aumentaron con fuerza debido al mayor riesgo de seguridad y a una demanda más firme de buques.

La recuperación prevista para 2027 dependerá en gran medida de la evolución de las interrupciones de suministro y de si las negociaciones entre Washington y Teherán permiten normalizar los flujos de petróleo, concluyó la AIE en su informe.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha rebasado los 105 dólares este jueves, con subidas de hasta el 4% y en niveles máximos desde mayo, mientras que el gas europeo está ya en máximos desde finales de 2022, en el mismo día que el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por subir los tipos de interés y mientras las tensiones en Oriente Próximo no se rebajan.

El precio del Brent, que esta semana ha vuelto a superar la barrera de los 100 dólares por barril, ha subido más del 70% este año, aunque se mantiene muy por debajo de los 126 dólares por barril alcanzado en abril.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha superado ya barrera de los 100 dólares, con una subida superior al 4%.

La referencia energética más alcista en los últimos meses es el gas europeo, el conocido como TTF, que este jueves sube otro 2,5% y ha llegado a superar los 82 euros por megavatio hora (MW/h), el nivel más alto desde diciembre de 2022, lo que alimenta los temores sobre nuevas subidas de la inflación. Desde el inicio de la guerra en Irán, el TTF acumula ya una subida superior al 155%, según datos recogidos por Bloomberg.

El Consejo de Gobierno del BCE ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, citando precisamente los altos precios de la energía como principal motivo.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

En Oriente Próximo, la guerra no apunta a un final cercano mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emplazado a acabar el conflicto después de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.

“Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en la convención republicana celebrada en Dallas, en el estado de Texas.

Washington y Teherán han recrudecido los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado el ataque efectuado recientemente por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Igualmente, las autoridades iraníes han defendido los ataques de Irán contra la base militar de Al Azraq, en Jordania, como parte de “su derecho inherente a la legítima defensa” por los ataques previos de Washington y ha incidido en que estas bases “apoyan la agresión de Estados Unidos contra Irán”.

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves sus advertencias a Irán sobre una “poderosa respuesta” a cualquier ataque contra el país y ha manifestado que el golpe que darían las fuerzas israelíes provocaría que el país asiático “retrocediera varias décadas” y viera “aún más desestabilizado al régimen de los ayatolás”

La Bolsa española ha cerrado este miércoles por debajo de los 19.700 puntos al ceder un 1,51%, en su peor sesión desde finales de julio, lastrada por un barril de crudo que ha cotizado durante la sesión por encima de los 101 dólares, en su nivel más alto desde julio, tras los ataques entre Estados Unidos e Irán, que reavivan las presiones inflacionistas en la víspera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves.

Al cierre de la sesión, el principal índice del mercado español, el Ibex 35, restó 301,8 puntos, ese 1,51%, lo que le ha hecho volver al nivel de la pasada semana, en los 19.695,3 enteros. De esta manera, el rendimiento del selectivo desde el inicio del año se sitúa con una revalorización del 13,79%.

Los ataques y declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán sitúan el precio del barril de brent en los 101,42 dólares, tras subir este miércoles un 3,56%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,42 dólares, un 3,60% más.

El crudo Brent llevaba sin superar la barrera de los 100 dólares desde el pasado 24 de julio, aunque sigue lejos de los 126 dólares que llegó a alcanzar al inicio del conflicto.

Por su parte, el gas europeo continúa su espectacular escalada y sube ya casi un 150% desde el inicio de la guerra en Irán. La referencia holandesa, el TTF, ha llegado a superar los 80 dólares el megavatio hora (MW/h) tras dispararse más de un 4% y toca nuevos máximos desde 2023.

Dentro de la tabla de cotizaciones, con tan solo cuatro empresas en terreno positivo, han destacado las caídas del 3,99% y del 3,61% de Amadeus e Inditex, respectivamente, frente a las ganancias de Repsol, que ha liderado los avances con una subida del 1,69%.

La petrolera es con gran diferencia la empresa del Ibex que más se ha revalorizado en 2026, con una subida que ya supera el 91% desde enero. Por su parte, Inditex ha cerrado con una caída del 3,6% tras anunciar un beneficio de 2.980 millones en el primer trimestre y presentar unos resultados récord que sin embargo están por debajo de lo esperado por los analistas.

Los valores que más han caído este miércoles han sido Amadeus (-3,99%), Inditex (-3,61%), Fluidra (-3,45%), ACS (-3,34%), Ferrovial (-2,74%), Aena (-2,74%) y Sacyr (-2,48%).

Del lado contrario, solamente cuatro valores han cerrado la sesión en positivo: Repsol (+1,69%), Endesa (+1,01%), Iberdrola (+0,23%) y Redeia (+0,07%).

El sentimiento negativo ha sido común para el resto de los principales mercados europeos. Londres ha caído un 1,31%; París, un 1,94%; Fráncfort, un 1,66%; y Milán, un 0,58%.

En este contexto, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado al 3,897%, desde el 3,805% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha escalado levemente hasta los 45,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1629 dólares por cada euro.

La brecha de productividad entre España y Estados Unidos encadena tres décadas sin converger y el crecimiento de los últimos años está permitiendo que nuestro país no pierda posiciones... pero no es suficiente para cerrar las diferencias con las economías más eficientes.

Esa es una de las conclusiones de una jornada organizada este miércoles por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) sobre productividad de la economía española, un asunto en el que España cuenta con una desventaja crónica del 25% desde los años noventa.

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, ha señalado que la economía española recortó distancias con Europa “hasta mediados de los años noventa, pero posteriormente su posición relativa se estancó”. Si bien entre 2013 y 2019, coincidiendo con la salida de la crisis, hubo una ligera mejora, “el acercamiento volvió a frenarse después de la pandemia”. En los datos presentados por el economista, tomando Estados Unidos como base 100 y midiendo la productividad como PIB por hora trabajada, España se sitúa en torno al 75%, mientras que el grupo europeo formado por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia se aproxima al 97%. Esta diferencia, cercana a los 22 puntos, apenas se ha reducido durante las últimas tres décadas.

Uno de los factores detrás de esta menor eficiencia, además de la composición sectorial de la economía, es el tamaño empresarial. “Las grandes empresas españolas son aproximadamente dos veces más productivas que las microempresas, mientras que las compañías medianas y grandes presentan niveles de productividad similares a los de sus equivalentes europeas”, ha apuntado Doménech.

Es por esto que el experto ha planteado la necesidad de priorizar las inversiones basadas en el conocimiento, en capital físico productivo y en mejorar la formación tecnológica de los trabajadores. Entre otras áreas donde actuar para mejorar la productividad, el responsable de BBVA ha señalado las políticas laborales y educativas, así como una mejora del sistema fiscal y de la burocracia a la que hacen frente las empresas, que muchas veces actúan como freno para el crecimiento.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha subrayado la importancia de recuperar productividad porque “una economía más productiva amplía nuestra capacidad para generar renta y financiar el bienestar futuro”. “España dispone de empresas, trabajadores, infraestructuras y tecnología, pero seguimos teniendo dificultades para combinar todos esos recursos y dirigirlos hacia los usos donde pueden generar una mayor productividad”, ha lamentado.

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y al hilo de los datos del informe PISA conocidos este martes, ha destacado la necesidad de unas “políticas educativas efectivas”, de tal manera que la población cuente con herramientas clave y que se ponga “el acento en la oferta de conocimientos útiles para el sistema productivo”.

El Estado portugués ha consumado la compra a Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega, del 13,7% de Redes Energéticas Nacionais (REN), gestora de las redes de electricidad y gas de Portugal, por un importe que medios lusos sitúan en unos 380 millones de euros.

La operación supone el regreso del Estado al capital de una compañía considerada estratégica para Portugal y la salida completa de Pontegadea de REN, según la información comunicada por la empresa al mercado.

Pontegadea transmitió a la empresa pública Parpública 91.723.676 acciones de REN, equivalentes al 13,7 % de su capital, con lo que la sociedad de Ortega ha pasado a tener el 0 % de los derechos de voto, de acuerdo con la comunicación de participación cualificada publicada por REN.

La transacción culmina el contrato de compraventa suscrito el pasado 14 de agosto entre Pontegadea y Parpública, que estaba condicionado al visto previo del Tribunal de Cuentas portugués.

REN comunicó este lunes al mercado que se había verificado la condición suspensiva establecida para completar la operación.

El precio no figura en las comunicaciones oficiales de REN consultadas por EFE ya que no ha sido divulgado oficialmente.

El diario portugués Jornal Económico informó en agosto de que asciende a 380 millones de euros, según el contrato remitido al Tribunal de Cuentas, una cifra que posteriormente han recogido otros medios portugueses y españoles.

Doce años después

La adquisición devuelve al Estado portugués al accionariado de REN doce años después de que vendiera en 2014 el último 11% que conservaba en la compañía, según consta en la información corporativa de la propia REN.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, defendió en agosto que la entrada del Estado responde a razones estratégicas y de seguridad energética y descartó que el objetivo sea renacionalizar la empresa.

El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, justificó posteriormente la existencia de una prima sobre la cotización por la dimensión e influencia que otorga una participación del 13,7% y por la reducida liquidez bursátil de REN, aunque entonces remitió al Ministerio de Finanzas para conocer el precio definitivo de la operación.

REN gestiona infraestructuras esenciales de transporte de electricidad y gas en Portugal. Pontegadea se convirtió en accionista de REN en 2021. En julio de ese año, pocos días antes de comprar un 12% en REN, el holding del fundador y máximo accionista de Inditex se convirtió en socio de Redeia, la empresa que gestiona la red de alta tensión eléctrica en España al adquirir un 5% del capital.

El principal accionista de REN es la estatal china State Grid, con un 25% del capital, mientras que la participación adquirida por Parpública convierte al Estado portugués en su segundo mayor accionista.

España ha propuesto a la Unión Europea que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático tras la sequía y los graves incendios forestales que están asolando Europa a causa de este emergencia.

Entre las propuestas está la Creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluyendo un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Otras opciones a analizar incluyen instrumentos de deuda europeos.

La postura de España se incluye en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos, según ha informado el departamento de Sara Aagesen.

Según el Miteco, el documento plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

“Europa -añade el Miteco- necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia. Es esencial promover evaluaciones quinquenales de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional”.

Transición Ecológica subraya que “la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE”, con criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual (MFP). Además, el sector financiero de la UE debería seguir integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros.

El ministerio defiende que la UE incorpore instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacionados con el clima. Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds).

Facua ha denunciado al banco ING ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no respetar la promoción que envió el 10 de agosto por correo electrónico a sus clientes donde les aseguraba que, si realizaban compras con tarjeta de crédito por importes “iguales o superiores a 100 euros”, les devolvería el 10%, con un máximo de 60 euros.

Tal y como detalla la organización en un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad financiera envió a sus clientes un correo electrónico en el que explicaba las condiciones de la promoción y señalaba que, por ejemplo, ante un gasto de 500 euros, devolvería 50 euros. También indicaba que la devolución se recibiría el 5 de septiembre y que la promoción estaría vigente hasta el 28 de agosto.

No obstante, días después envió una segunda comunicación donde reconocía que había existido una “incidencia operativa en el envío” de la primera comunicación y afirmaba que la promoción “no estaba activa”. A raíz de esta decisión, Facua le remitió un escrito donde le advertía de que, si no cumplía con la oferta comercial, interpondría una denuncia ante el Ministerio de Consumo.

En consecuencia, el 31 de agosto, ING emitió una nueva comunicación informando de que finalmente aplicaría la promoción, aunque limitando el periodo de la misma hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 de agosto como anunció inicialmente. Por lo que reducía la oferta a solo cuatro días.

Facua cree que el banco debe respetar la oferta inicial

De este modo, Facua considera que el banco debe respetar las condiciones de la oferta comercial comunicada el 10 de agosto, incluida su vigencia hasta el 28 de agosto, sin que pueda modificar posteriormente y de forma unilateral dichas condiciones en perjuicio de los consumidores que recibieron y pudieron legítimamente confiar en dicha oferta.

En el ámbito legal, Facua cita el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

Al mismo tiempo, la asociación advierte de que el banco creó en sus clientes una expectativa económica que tiene que cumplir. “Incluso ha podido provocar que muchos de ellos hayan realizado gastos superiores a los que tenían previstos inducidos por la oferta que recibieron”, remarcan, y censuran que “una supuesta incidencia técnica o interna no puede convertirse automáticamente en una vía para que la empresa se desentienda de los compromisos que comunicó a sus clientes”.

Por todo ello, la asociación ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que abra expediente sancionador a ING por vulnerar los derechos de los consumidores al ofrecer la promoción únicamente hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 como anunció en un principio.

Asimismo, exhorta a los usuarios que hayan recibido esta promoción a que reclamen al banco su cumplimiento, y les precisa que pueden dirigirse a la asociación para recibir asesoramiento sobre cómo defender sus intereses como usuarios.

Banco Santander y BBVA se han sumado a una veintena de instituciones financieras internacionales, entre ellas la estadounidense Bank of America o el alemán Deutsche Bank, que crearán una nueva empresa en este segundo semestre del año para emitir una solución de 'stablecoin' (criptomoneda estable), que se lanzaría al mercado en el primer semestre de 2027.

Según han anunciado este martes en un comunicado, la nueva compañía, cuyo nombre se anunciará más adelante, respaldará la emisión de una solución de 'stablecoin' y operará a escala mundial, según recoge EFE.

En un principio, se centrará en una oferta de 'stablecoin' denominada en dólares estadounidenses, con la ambición a largo plazo de ampliar la emisión a otras monedas de países del G7, priorizando una oferta denominada en euros.

La iniciativa aprovechará la experiencia de las instituciones financieras participantes para ofrecer una solución que combine estándares de cumplimiento propios del sector bancario, una gobernanza rigurosa, capacidades de distribución y una gestión de riesgos institucional, han explicado en su comunicado.

Esta solución de criptomoneda se utilizará en diversos ámbitos, incluidos los mercados mayoristas, institucionales y minoristas, donde el uso de una forma fiable de dinero digital aporte ventajas a los clientes, tales como los pagos transfronterizos y la liquidación de activos digitales.

El grupo tiene como objetivo lanzar su solución de 'stablecoin' al mercado en el primer semestre de 2027.

En octubre de 2025, el grupo, compuesto entonces sólo por diez bancos frente a los 21 de ahora, informó de que estaba explorando la emisión de una forma de dinero digital respaldada por reservas en una proporción de 1:1, configurada como un activo de pago estable disponible en redes 'blockchain' públicas.

Actualmente, el grupo está integrado por veintiuna instituciones financieras en diversas regiones.

En Norteamérica, pertenecen a ese grupo Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo y WisdomTree. Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A. y UBS son los bancos europeos que están en ese grupo, en el que también se integran el japonés MUFG Bank, el sudafricano Standard Bank y la compañía de Abu Dabi Sirius International Holding.

Uno de los principales sindicatos del personal de Brussels Airlines, ACV Puls, ha amenazado a la aerolínea con una huelga por obligar a pilotos y tripulación de cabina a cubrir la ruta reactivada este verano con Tel Aviv, a pesar de que la compañía pactó con los trabajadores que esta conexión se gestionara únicamente con personal voluntario.

Tras los primeros vuelos operados por voluntarios este verano en un periodo de prueba, la compañía considera ahora que se dan las circunstancias para volar de manera segura en el marco de sus procedimientos ordinarios para las rutas de salida o llegada en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

Sin embargo, el sindicato defiende que el Ministerio de Exteriores belga desaconseja los viajes no esenciales a Israel y afirma que defenderá los derechos de los empleados que no quieran volar a “zona de guerra”, por lo que ha notificado un “preaviso de huelga” con efecto a partir de este mismo 1 de septiembre, según informa Europa Press.

En declaraciones a la prensa belga, una portavoz de ACV Puls ha indicado que “existe una gran preocupación entre el personal con respecto a la seguridad física y el impacto psicológico y ético de estos vuelos”, al tiempo que ha aclarado que las acciones sindicales que llevará a cabo si Brussels Airlines no corrige la situación “se limitarán exclusivamente a los vuelos con origen o destino en Tel Aviv”.

La compañía, por su parte, ha replicado en un comunicado a los medios belgas este mismo martes que las operaciones con voluntarios fueron un éxito en verano, por lo que ya se puede “retomar el procedimiento habitual para la elaboración de los horarios de vuelo. De este modo, Brussels Airlines sostiene que, junto al resto de aerolíneas del Grupo Lufthansa, seguirá ”vigilando de cerca la situación sobre el terreno“ para poder ”ajustar“ los procedimientos en todo momento si fuera necesario.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado extender el Abono Único a las redes de transporte de comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan sumarse de manera voluntaria, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones y a la cohesión territorial.

El sistema se basa en el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales para que los ciudadanos puedan desplazarse con un mismo abono por toda la red multimodal participante, según la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se establecen dos abonos nominativos de tarifa única, con validez de treinta días: uno general y otro para menores y jóvenes hasta 26 años con nacionalidad española o residencia legal en España.

El sistema podrá prever además un marco de financiación para compensar a las autoridades u operadores por posibles impactos financieros negativos derivados de la adhesión.

Inicialmente integra las concesiones estatales de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe, y varios trayectos de Media Distancia y AVANT (Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, salvo el tramo Barcelona-Tarragona).

Queda excluido el transporte de alta velocidad, el de mercancías y los servicios comerciales o turísticos. Además, en fases futuras podrían sumarse transporte marítimo o fluvial metropolitano, transporte por cable y transporte a la demanda en zonas rurales.

El boletín especifica que la adhesión será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, las cuales podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen servicios, operadores, títulos y aspectos financieros.

La Secretaría General de Movilidad Sostenible elaborará un informe anual de seguimiento y la Secretaría de Estado de Transportes podrá actualizar el programa.

La plataforma de moda rápida Shein debutó este martes en la bolsa de Hong Kong con caídas de hasta el 10% del precio fijado para el arranque de las cotizaciones, una anticipada salida a los mercados que ha sido amarga después de años de vaivenes y planes frustrados que provocaron una caída del 73% en su valoración desde el pico máximo que había marcado en 2022.

Los títulos comenzaron la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (5,33 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones, aunque en los minutos posteriores llegaron a caer un 10% para luego moderar ese descenso hasta el 0,12% al final de la sesión en el mercado asiático, informa EFE.

El diario local South China Morning Post ya había avanzado que los títulos de Shein habían bajado este lunes hasta un 28% en el 'mercado gris', plataformas donde se negocia de forma extraoficial con valores que no se pueden operar en ese momento a través de un mercado autorizado.

La cifra fijada por Shein, prácticamente en el medio de la horquilla que había avanzado, supone una recaudación equivalente a 1.735 millones de dólares y una valoración de 26.305 millones de dólares, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a registrar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación, y de rivales como la española Inditex o la japonesa Fast Retailing (Uniqlo).

De hecho, los términos de la oferta contemplan pagos por hasta 3.500 millones de dólares, tanto en acciones como en efectivo, para compensar por esa pérdida a sus inversores estratégicos; esa cifra supone prácticamente el doble de la recaudación, la cual Shein destinará en su mayoría a mejoras tecnológicas y expansión global.

Un largo camino

La consultora Moby aseguró que la operación se antojaba “demasiado poco y demasiado tarde”, y la prensa económica china indicó que Shein la forzó también para atajar el riesgo de que sus apoyos financieros canjearan sus inversiones, una opción que quedaba suspendida si la compañía salía a bolsa.

Entre esos apoyos figuran fondos extranjeros como General Atlantic o Tiger Capital, así como firmas nacionales como Boyu o el gigante digital Tencent, los cuales han comprometido ya 383 millones de dólares para garantizarse en torno a un 22% de las acciones ofertadas, aunque esa tasa se diluiría si Shein hace uso de su opción de sobreasignación para emitir otros 42 millones de títulos.

La salida a bolsa de Shein llega después de sus planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optara por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Además, la plataforma afronta un gran problema en dos de sus principales mercados, Estados Unidos (un 24 % de sus ingresos) y Europa (35%), ya que ambos territorios han anulado las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la penetración de la compañía: en el país norteamericano, sus ingresos ya cayeron un 14% en el primer trimestre.

Compitiendo con los 'grandes'

La empresa advirtió que trasladará los sobrecostos a sus clientes en ambos mercados, al anticipar en el caso de Europa un “impacto negativo a corto plazo” sobre su volumen de ventas para proteger unos márgenes que en términos netos ya cayeron del 8,7 al 4,9 % en 2025 ante un mayor gasto en logística y mercadotecnia, esto último quizá debido a la creciente competencia en su sector por parte de la también china Temu o de rivales tradicionales como Inditex.

En cualquier caso, Shein sigue siendo uno de los grandes nombres del sector mundial de la 'moda rápida', al situarse en la tercera posición con una cuota del 1,9 %, tan solo por detrás de Nike (3 %) e Inditex (2,5 %), según datos de la consultora china CIC, que cifra en 1,7 billones de dólares el valor total de este mercado.

La actual Shein fue fundada en 2012 como 'SheInside' -nombre que cambió por el actual tres años más tarde- por Chris Xu, quien sigue siendo su consejero delegado y que hasta este mismo año se había resistido a llevar a cabo apariciones públicas.

La explosión de Shein llegó con el auge del comercio electrónico durante la pandemia de la covid-19, aunque su éxito también la puso en el punto de mira de un gran escrutinio a cuenta de su impacto ambiental y laboral, la venta de productos ilegales o prácticas comerciales engañosas.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha mostrado este viernes su preocupación por la marcha de la inflación en Estados Unidos y abogó por un banco central más discreto para evitar reacciones en los mercados, basadas en sutiles cambios del lenguaje de sus comunicados.

“Aunque los datos de la inflación del PCE y el IPC del verano son mejores de lo esperado, no nos aclaran que las tendencias de fondo han mejorado de manera significativa”, aseguró Warsh en su primer discurso en Jackson Hole (Wyoming) como jefe de la política monetaria estadounidense.

Warsh ha recalcado que la Fed tendrá “trabajo por hacer” si la inflación no se sitúa pronto en el 2%, el objetivo de subida de precios que se marca la Reserva Federal.

Warsh, que apenas lleva unos meses en el cargo, ha resumido su mensaje en esta cita de banqueros centrales en pleno Wyoming asegurando que “hay una señal innegable: la responsabilidad de 65 meses de inflación sostenida y elevada”, que “recae directamente sobre el banco central”, sobre la Fed.

“Este es mi criterio: debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se dirige hacia nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente”, ha afirmado Warsh. “De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato y nuestra responsabilidad”, ha concluido en un mensaje muy esperado por el mercado, por ver si el presidente de la Fed mantiene o no una línea diferente a la marcada por la Casa Blanca de Donald Trump.

Atentos a la evolución de las materias primas

De momento, Warsh ha tirado de cautela y de la idea de no crear expectativas. “Es importante considerar si las cifras de inflación de los últimos cinco años se han reflejado en las expectativas” del mercado. “La buena noticia es que, en general, las previsiones de inflación a medio plazo se mantienen estables”.

“También conviene estar atentos al reciente aumento de los precios generales de las materias primas. Debemos evaluar si las tendencias indican riesgos de inflación al alza”, ha argumentado.

Y ha remarcado que quiere ser discreto y no anticipar sus pasos. “Desde hace tiempo me incomodan los anuncios anticipados sobre futuras decisiones de política monetaria. Prefiero otro camino y lo defenderé”.

“La transparencia en los anuncios sobre futuras decisiones de política monetaria no es una virtud en sí misma. Deben estar al servicio de la responsabilidad primordial de la Reserva Federal: acertar con la política monetaria”, ha señalado el presidente de la Fed.

“Compartir en exceso las deliberaciones políticas y comprometerse demasiado con decisiones futuras puede desorientar a los mercados, las empresas y los hogares”, ha justificado. “Y creo que cuando los responsables políticos asumen compromisos tácitos sobre los tipos de interés, a lo largo del ciclo económico, limitamos nuestra propia libertad para tomar las decisiones correctas cuando llega el momento de decidir”.

“Para formular políticas adecuadas, también necesitamos que la relación entre los mercados financieros y el banco central sea la correcta”, ha apuntado Warsh. “La Reserva Federal necesita señales de mercado claras, lo más directas posible, a partir de los indicadores internos del mercado, el nivel y la variación de los precios de los activos en todos los sectores, los precios y los volúmenes de negociación de los títulos del Tesoro, el valor del dólar en el mercado de divisas, la disponibilidad de crédito y el precio de una amplia gama de materias primas”, ha enumerado en su intervención.

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su octava subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta casi el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos del verano a las puertas de la operación retorno de agosto.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo se ha incrementado esta semana un 1,8% respecto a la anterior, hasta 1,861 euros, consolidándose en niveles máximos desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,723 euros, tras encarecerse un 1,55% con respecto a la semana pasada, tocando máximos desde marzo, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estas nuevos subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto un descuento de cinco céntimos en septiembre, aunque finalmente se elevará a 20 céntimos por litro para el caso del gasóleo a partir del próximo mes debido a la fuerte subida de su precio en julio.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel, y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

Operación retorno

Estos precios al alza de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De hecho, desde este viernes y hasta la medianoche del próximo lunes 31 de agosto tendrá lugar el ultimo dispositivo especial de tráfico de este verano, con 6,9 millones de desplazamientos previstos con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto.

De esta manera, tras los encarecimientos en estas ocho últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se quedan así a las puertas de los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 102,35 euros, unos 24,91 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,44 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 94,76 euros, casi 13,5 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,29 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,941 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,025 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,063 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,119 euros.