Si hay una líder política que estos años buscó erigirse en referente antimigración en Europa, esta es Giorgia Meloni. El Gobierno de la ultraderechista italiana no ha dejado escapar la oportunidad que le ha brindado la llegada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta para volver a poner sobre la mesa sus propuestas contra quienes intentan migrar a territorio europeo.

Lo sucedido en España ha copado titulares en Italia y la primera ministra ha aprovechado el impacto internacional de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma para relanzar un plan de deportación a terceros países similar al conocido como 'Modelo Albania' y emprender una ofensiva contra el modelo de Pedro Sánchez que sitúa a Meloni en primera línea de la batalla migratoria en Europa.

Según analistas, críticos y fuerzas opositoras, esto le ha servido para ganar fuerza en el debate político italiano y marcar perfil propio ante el presidente español, visto en Italia como paladín del progresismo y gran némesis ideológico de Meloni. En un contexto europeo donde las tesis antimigratorias imperan, la primera ministra busca capitalizar la situación para recuperar protagonismo en un asunto en el que había perdido peso.

Es una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE

Laura Boldrini — diputada del opositor Partido Demócrata

La ofensiva de Meloni ha desatado una crisis diplomática entre Italia y España, la más dura de los últimos años, con la suspensión del tratado Schengen de libre circulación con España, un paso visto como propagandístico por detractores de Meloni. Según alegan, la reacción de la primera ministra obedece a sus intereses políticos propios, en un momento de debilidad interna tras perder consensos y popularidad este año, mientras las elecciones generales de 2027 se acercan y podría quedarse sin mayoría para seguir en el poder, según varios sondeos.

“La crisis de Ceuta ha sido manipulada con la única finalidad de atacar a Sánchez. Resulta preocupante que algunos países europeos hayan instrumentalizado lo sucedido en vez de mostrar solidaridad con un socio europeo que se enfrentó a una emergencia”, dice a elDiario.es Laura Boldrini, diputada del Partido Demócrata (el principal de la oposición) y expresidenta del Parlamento italiano. Boldrini considera la suspensión del tratado Schengen con España como “una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE”.

Meloni actúa frente a un rival más ultra

Para Luigi Quercetti, analista político con lazos con la formación progresista +Europa, “Meloni hizo un juego de propaganda sucia contra Sánchez porque tiene un color político diferente”, así como intereses electorales e ideológicos distintos a los del presidente español. “En vez de ofrecer solidaridad y ayuda humanitaria, cerró fronteras”, y actuó como lo hubieran hecho Donald Trump o Elon Musk. “La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno”, señala Quercetti.

La primera ministra italiana también endurece su discurso ultra por la competencia de Roberto Vannacci, veterano militar y nuevo líder de ultraderecha supremacista italiano que podría arrebatarle votos. Además, con una Italia ya metida en plena carrera electoral, Meloni busca proyectarse de nuevo a nivel europeo como estandarte de una estrategia de traslado forzoso y retención de migrantes en centros cerrados en terceros países, una iniciativa que su Gobierno activó en Albania, aunque ha resultado ser un fracaso tras varios varapalos judiciales.

La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno

Luigi Quercetti — analista político

A pesar de que fue uno de los proyectos estrella de Meloni, los dos centros de internamiento de migrantes creados por Italia en suelo albanés están casi vacíos desde su apertura. A ello se suma la imposibilidad del Gobierno italiano de parar en seco la llegada de migrantes a través del Mediterráneo o de deportar a una gran cantidad de personas en situación irregular, mientras Vannacci presiona apelando a la expulsión masiva de extranjeros.

Ceuta, caldo de cultivo ideal

Pero Meloni no se rinde y ha encontrado el caldo de cultivo ideal en la crisis de Ceuta. No sólo ha relanzado sus estrategias antimigración que estos años fueron precursoras en Europa, sino que ha movilizado a muchos gobiernos de derecha y centroderecha que no ven con buenos ojos las políticas migratorias de España y su regularización de migrantes.

Lo sucedido en Ceuta “brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo” y “le dio un empujón para retomar protagonismo en el tema migratorio”, argumenta a elDiario.es Giorgia Bulli, experta en ultraderecha y docente en la Universidad de Estudios de Florencia. De esta forma, explica Bulli, Meloni reivindica la vigencia de su modelo ante la presión de Vannacci, pero también ante la postura más centrista de la oposición italiana.

Según Muhammad Dihani, refugiado saharaui residente en Roma y activista por los derechos humanos vinculado a Amnistía Internacional, desde Italia “ha habido varios ataques contra España” por Ceuta. “Uno es contra la política migratoria del Gobierno de Sánchez y otro, muy grave, contra el Tribunal Supremo” de España, que en julio consideró ilegales las “devoluciones en caliente” de los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla.

Ceuta brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo

Giorgia Bulli — experta en ultraderecha

El fallo del Supremo fue citado en la carta que Meloni presentó con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, con el apoyo de otros 20 Gobiernos europeos, para pedir una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE. “La sentencia del Tribunal Supremo español fue usada para desatar el ataque y abusar de nuestro sistema de migración y asilo”, escribieron en la misiva, en la que pidieron “reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales”.

En el texto también criticaron la reciente regularización de migrantes en España, vinculándolo a un supuesto 'efecto llamada', algo que resaltó la semana pasada el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en un mensaje de X que aumentó aún más las tensiones con España.

En una entrevista este martes con el periódico Il Corriere della Sera, el también viceprimer ministro italiano reiteró sus críticas: “España está regularizando 500.000 extranjeros indocumentados sin haber compartido esta decisión con sus socios europeos, esto no está bien”. Y ha lanzado una advertencia: “Lo ocurrido en Ceuta no es un hecho aislado, marca un riesgo para toda la Unión y tenemos derecho a exigir medidas adicionales, aclaraciones y medidas preventivas para asegurar que no se repita”.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha negado este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes y la entrada de personas migrantes en Ceuta. Las personas que cruzaron la semana pasada a la ciudad autónoma no pueden acogerse al procedimiento extraordinario, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Italia reivindica el 'Modelo Albania'

En la reunión de ministros de Interior celebrada este martes, el Ejecutivo de Meloni planteó una propuesta que busca reproducir en cierta medida su 'Modelo Albania'. Roma quiere promover centros de detención de migrantes en terceros países, fuera de la UE, con financiación y coordinación comunitaria.

Con un esquema similar al de Albania, en esas instalaciones se gestionaría la tramitación de asilo y eventual deportación de migrantes que hayan intentado entrar irregularmente a la UE. Entre los países que estarían abiertos a acoger los centros, destaca Uganda, aunque también suenan Libia, Túnez, Mauritania, Senegal o Ghana.

“Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado”, ha dicho este martes ante sus homólogos europeos el titular de Interior italiano, Matteo Piantedosi. En un gesto que parecía buscar rebajar las tensiones con Madrid, Piantedosi ha expresado “la sincera solidaridad de Italia con el Gobierno español”.

Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado

Matteo Piantedosi — ministro italiano de Interior

Pese a que el futuro de los centros albaneses sigue pendiente de una resolución del Tribunal de Justicia de la UE, el ministro ha destacado que Italia “fue pionera” de ese plan. “Los procesos fronterizos acelerados y la repatriación directa a instalaciones en terceros países seguros son el elemento disuasorio más eficaz contra la trata de personas y los flujos migratorios irregulares”, ha afirmado Piantedosi.

La semana pasada, en sus primeras reacciones a lo ocurrido en Ceuta, la primera ministra ultra no se solidarizó con España, sino que resaltó los supuestos peligros de la migración irregular, que vinculó a la criminalidad. “Las imágenes que llegan de Ceuta son impactantes y muestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control supone una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, señaló en X el pasado jueves.

Un día después, anunció la suspensión del espacio Schengen con España. “Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la migración irregular y golpear redes criminales que trafican con seres humanos”, alegó, al ordenar la imposición de controles en puertos y aeropuertos durante el mes de agosto.

Una fuente del Ministerio de Interior de Italia asegura a elDiario.es que, hasta el momento, esos controles “se hacen aleatoriamente, sin afectar a ciudadanos españoles o en tránsito desde España con documentos europeos”.

Sin embargo, muchos resaltan que no era necesario adoptar esa medida. “La entrada irregular en Ceuta no confiere derecho alguno a permanecer en España, ni a viajar a la península o circular por Europa”, aclaró el Ministerio de Exteriores español, mientras que Meloni no lo mencionó explícitamente en sus declaraciones beligerantes sobre Ceuta.

“Para Meloni, explotar la cuestión migratoria es fácil, resulta conveniente a nivel electoral”, afirma Bulli. Según la docente y experta en ultraderecha, ahora mismo Sánchez es el blanco perfecto para los ataques de Italia “porque justo él se expuso mucho en este ámbito”.

A la espera de los comicios de 2027, la ultraderecha italiana tiene un nuevo símbolo que encarna su discurso de línea dura en materia de seguridad. Es Mario Roggero, joyero de 72 años de la región de Piamonte, condenado a casi 15 años de prisión por disparar y matar a dos ladrones que huían tras atracar su negocio en 2021. El caso adquirió mucho peso mediático y desató críticas por parte del Gobierno de Giorgia Meloni contra el poder judicial, con el cual está enfrentada. La mandataria tachó la sentencia de “desproporcionada”, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena y el joyero entrara en prisión este mes de julio. La coalición que lidera Meloni pide ahora el indulto, abriendo un debate sobre los límites de la legítima defensa, en el que incluso ha intervenido Elon Musk.

“¡Esto es una locura! El juez y fiscal en este caso son los que merecen esta sentencia”, dijo el 19 de julio a través de X el magnate norteamericano, en otra injerencia en asuntos internos de Italia que muestra el gran impacto del caso, más allá del país transalpino. Dentro del país, los sectores ultraderechistas han abanderado la causa del joyero, en una creciente competición con tintes electorales, de cara a las generales del próximo año.

Dos de las fuerzas más activas en esta batalla ideológica son Fratelli d'Italia (el partido de Meloni) y la Lega (de su viceprimer ministro, Matteo Salvini). Pero a ambas formaciones de extrema derecha les ha salido un competidor aún más ultra, el militar Roberto Vannacci, que con su nuevo partido Futuro Nazionale podría tener más votos que la Lega, según los sondeos.

De hecho, su irrupción con ideas supremacistas recrudece el discurso del conjunto de la ultraderecha, que usa la historia del joyero como propaganda, tal y como apuntan analistas y denuncia la oposición de centroizquierda, que ha acusado al Gobierno de transformar un asunto legal “en una contienda propagandística sobre la seguridad”.

Condenado a casi 15 años de prisión

El pasado 15 de julio, el Tribunal de Casación (equivalente al Supremo) confirmó la condena a 14 años y nueve meses de prisión para Roggero, ahora encarcelado en Bollate, cerca de Milán. Tras un largo periplo, el tribunal rechazó el recurso de la defensa del joyero, que alegaba que este actuó en legítima defensa el 28 de abril de 2021, cuando sufrió un atraco en su joyería de la localidad piamontesa de Grinzane Cavour, en el norte de Italia.

El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella

Roberto Cornelli — Profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán

Los atracadores entraron en su tienda con pistolas y cuchillos que después resultaron ser falsos. Amenazaron a Roggero, su esposa y su hija y vaciaron la caja fuerte antes de huir. Ya en la calle, cuando se subieron al coche, el comerciante les persiguió y disparó, matando a dos de ellos e hiriendo a otro, lo que llevó a la Justicia a rechazar su alegación de que actuó en defensa propia; también consideró que su reacción no respondió a un peligro inminente y, por consiguiente, le condenó por doble homicidio e intento de homicidio.

“Me han querido condenar a cadena perpetua”, decía el joyero en un vídeo en su cuenta de Instagram el 17 de julio, poco antes de entrar en prisión, en un post con 785.000 'me gusta'. Según Roggero, su sentencia es una condena de por vida, porque acabará de cumplir su pena con 86 años. “He hecho una vida entera de sacrificios, dedicándome a mi familia y empleo. Me remangué desde joven y puse en marcha este negocio”, contaba en otro post desde su joyería, apelando a su honradez y a la cultura del esfuerzo, con un discurso que conecta con las posturas de la derecha. Además, Roggero nunca mostró arrepentimiento por sus acciones y eso le convierte en una figura que puede reivindicar tanto la ultraderecha gubernamental como la que no está en el poder.

Campaña en torno a la seguridad

“El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella”, dice a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán. En su opinión, tras el fracaso de los principales proyectos políticos que el Gobierno se marcó en la actual legislatura (2022-2027), como la reforma judicial, Fratelli d’Italia y Lega aprovechan ahora el caso “para desviar la atención”. Los pasados años transmitieron la idea de que la inseguridad se propagó en Italia, con un discurso de línea dura en orden público o la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia y agravan penas.

Cornelli alerta de los ataques crecientes contra el poder judicial, cuando las decisiones tomadas por los jueces se perciben como contrarias a los intereses derechistas. Sucedió en el caso del joyero y en otros anteriores, por ejemplo, cuando la Justicia italiana invalidó el plan del Ejecutivo de Meloni de enviar a migrantes a centros de detención en Albania. “Cada vez que hay una resolución judicial en dirección opuesta a lo que quiere la derecha, se convierte inmediatamente en un motivo para atacar al poder judicial y crear polémica mediática”, afirma el docente, quien advierte sobre las continuas ofensivas del Gobierno para erosionar y “seguir socavando” el sistema judicial.

El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo

Mariano Croce — Experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma

El caso de Roggero ha copado titulares este mes, lo que se ve reflejado en el amplio alcance de su perfil en redes sociales, donde acumula 379.000 seguidores en Instagram y TikTok, más que muchos políticos de primera línea como Antonio Tajani, ministro de Exteriores y líder de Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi), que también pide indultar al joyero. En Italia, solo el presidente de la República puede indultar a un condenado. La semana pasada, el presidente Sergio Mattarella convocó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para recordarle que la concesión de la gracia está sólo en su poder, después de que trascendiera que el Ejecutivo inició procedimientos para valorar vías de indulto a Roggero, algo que pidió la misma Meloni.

“No se puede condenar a ocho años a pedófilos o a menos de diez años para casos de violación en grupo para después castigar a morir en la cárcel a este joyero. Hay un problema de proporcionalidad en las penas”, declaró la primera ministra, que mostró comprensión por la reacción del joyero tras sufrir un primer atraco en 2015. “¿Quién puede juzgar el dolor, el trauma, el estrés y el miedo de este hombre?”, preguntó Meloni. “Si se sufre una agresión, nuestro cerebro y nuestro físico entran en 'modalidad de combate”, agregó la primera ministra. Tras la condena al joyero, Meloni recordó que ha impulsado una propuesta de ley que evitaría el pago de indemnizaciones a familiares de ladrones muertos en casos como el de Roggero –quien tuvo que desembolsar hasta 780.000 euros para los parientes de las víctimas, a modo de indemnización provisional–.

Reforma

Ante esta situación, Matteo Salvini, conocido por sus posturas racistas, tomó un papel aún más activo en el asunto. Visitó dos veces al joyero en prisión y aseguró que le gustaría que sea candidato de su partido en las elecciones del próximo año para que adquiera de esa forma inmunidad parlamentaria. También ha planteado un proyecto de ley para ampliar lo que se puede hacer en nombre de la legítima defensa, anulando el castigo penal para quien actúe frente a un asalto armado a una vivienda o negocio y socavando bases jurídicas clave para valorar esa acción, como la proporcionalidad.

“Se propone una reforma con base en la idea de que cualquier tipo de defensa es legítima. La meta es quitar al juez el poder de valorar la necesidad o proporcionalidad de la acción de defensa y de considerar si esa acción es lícita”, explica Cornelli. “Esto implica dar licencia para matar a quien cometa un delito contra la propiedad, dando la opción de que se haga justicia por medios propios persiguiendo o matando a un ladrón, como pasó con Roggero”, agrega. Según el analista, hay otro elemento presente históricamente en la ultraderecha italiana, que “quiere eliminar las restricciones sobre la posesión de armas”, inspirada en Estados Unidos, donde “la cultura que da licencia para matar a quien entre en propiedad privada está muy establecida”.

Para muchos, esta idea se extendió en los pasados años, con la difusión del trumpismo entre la ultraderecha europea. “El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo”, dice a elDiario.es Mariano Croce, experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma.

“En su afán de obtener réditos electorales, la derecha italiana busca legitimar una creciente violencia privada que agrava los problemas de seguridad en vez de resolverlos, sobrepasando límites impuestos por la Constitución”, critica el académico. De esta forma, la derecha “capitaliza emociones generalizadas, como el miedo al crimen y la sensación de abandono estatal”, y pretende retratar el sistema judicial “como distante, hostil y arbitrario”.

Para Cornelli, esta perspectiva derechista se basa en una manipulación de la realidad, “partiendo de la premisa de que el Estado no es capaz de defender a sus ciudadanos”. Destaca que “es erróneo”, ya que “en Italia se redujeron los homicidios y la violencia en las últimas décadas, justo porque se afirmó el principio de que uno no hace justicia para sí mismo, sino que el Estado interviene y castiga a quien comete un delito”.

Todo indica que el caso del joyero seguirá presente en el debate político hasta las elecciones generales, previstas para octubre de 2027, pero que podrían adelantarse unos meses. La familia de Roggero clama por el indulto o porque se le conceda el arresto domiciliario, a la espera de que el jefe de Estado se pronuncie, en una historia que fue mucho más allá de un atraco con homicidio y forma ya parte de una cruzada ideológica que marcará la campaña electoral.

Un complot con 150.000 euros para los sicarios que ejecutaron el atentado. Otro plan de asesinato previo en 2015 que al final se abortó. Una bomba escondida en una caja de zapatos bajo el asiento del conductor activada por control remoto. Una botella con gasolina colocada junto al artefacto explosivo para asegurar que todo ardiera tras el estallido.

Son detalles que emergen estos días del llamado 'Juicio del Siglo', el proceso que ha arrancado este mes en Malta para juzgar a Yorgen Fenech, el magnate acusado de ser autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El atentado en el que murió asesinada en 2017 conmocionó y cambió la historia de esta pequeña isla del Mediterráneo central, destapando sus redes corruptas vinculadas con el mundo político y empresarial.

Tras procesos previos que ya condenaron a los autores materiales del crimen, el actual busca resolver un hueco pendiente que para la familia y la sociedad civil maltesa es el quid de la cuestión: ¿quién ordenó matar a la reportera? Los indicios y pruebas presentadas señalan a Fenech, aunque su defensa y varios testimonios —los sicarios que han testificado en el juicio— desviaron la responsabilidad como cerebros del asesinato a figuras clave del antiguo Ejecutivo maltés de Joseph Muscat, principalmente al extitular de Economía Chris Cardona y al exjefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro, Keith Schembri.

Ya hubo alegaciones en su contra en el pasado, y esto apunta de nuevo a una posible cadena de instigadores que se extendería hasta las altas esferas del laborismo maltés y el Gobierno de la época. La familia de Caruana Galizia asegura, sin embargo, que por ahora no hay pruebas contra Schembri o Cardona e insta a focalizarse en Fenech.

Caruana Galizia se convirtió en el mayor azote contra la corrupción en su país. Por las investigaciones que publicaba en su blog, donde destapaba escándalos que salpicaban a la clase política y empresarial, acabó pagando con su vida cuando una bomba en su coche la mató, el 16 de octubre de 2017. La imagen del automóvil calcinado en un campo a pocos metros de su casa, en la localidad rural de Bidnija, abrió una crisis inaudita en el país, el más pequeño de la Unión Europea. En 2021, el Estado maltés fue declarado responsable por no prevenir su muerte y “crear un ambiente de impunidad” que “llevó al colapso del Estado de derecho”, según concluyó una investigación independiente, que culpó de ello a las altas instancias del Gobierno de la época.

Un juicio en marcha tras años de tropiezos

Tras casi nueve años, queda mucho por aclarar sobre la trama de asesinato. El proceso judicial lleva más de tres semanas de audiencias desde que comenzó el 1 de julio en La Valeta, capital de Malta. “Estoy aliviada de que el juicio empezara. Se retrasó por años. Fenech y su defensa obstaculizaron las cosas para ralentizar el proceso”, dice Corinne Vella, hermana de Caruana Galizia, que habla con elDiario.es en el receso de una de las vistas diarias, presididas por la jueza Edwina Grima y con un jurado que probablemente en agosto dicte si considera culpable o no al acusado. Todo ello mientras gran cantidad de personas comparecen como testigos, desde cargos policiales a expertos forenses, así como los sicarios ya condenados.

“Repasé todas las pruebas presentadas, y, para mí, Fenech es culpable. Quiero que sea condenado. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, y creo que esta es la pena que debería recibir”, agrega Vella, también miembro del equipo directivo de la Fundación Daphne Caruana Galizia, entidad fundada en memoria de la reportera.

Antes de morir, la periodista se sumergió en las filtraciones de los Papeles de Panamá. Detectó sociedades abiertas por dos figuras cercanas a Muscat y claves en el Gobierno maltés, Keith Schembri y el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Este fue el primer paso para identificar una red que presuntamente canalizaba sobornos y blanqueaba dinero procedente de la concesión del proyecto energético Electrogas, consorcio vinculado a Fenech que se adjudicó la construcción y gestión de una gran central eléctrica y de gas en el país isleño.

Como parte del caso, Caruana también buscaba saber quién poseía 17 Black, una compañía con sede en Dubái que más tarde se identificó como vehículo destinado a enviar capitales a las empresas de Schembri o Mizzi. De hecho, años más tarde se descubrió que la empresa era propiedad de Fenech. Para la familia y expertos, las pesquisas de Caruana sobre este asunto pudieron ser el detonante que llevó al complot para su asesinato.

Fenech, ¿autor intelectual?

Fenech, hombre de negocios de 44 años, es una de las grandes fortunas de Malta y uno de los herederos del gran conglomerado empresarial Tumas Group. Fue detenido a fines de 2019, cuando Melvin Theuma —un taxista que hizo de intermediario en la operación de asesinato— testificó contra él y fue indultado a cambio de proveer información sobre el caso. El arresto de Fenech se produjo cuando intentaba irse de Malta en su yate.

En el juicio se enfrenta a cargos de asociación para delinquir y complicidad en asesinato. Según la Fiscalía, ordenó matar a Caruana Galizia por temor a que publicara información que le implicaba en tramas corruptas, y pagó 150.000 euros a los sicarios que la mataron. Él se declara inocente, mientras su defensa alega que está siendo usado como chivo expiatorio y apunta a la responsabilidad como instigadores de Cardona y Schembri.

En aquel momento, el magnate declaró que Schembri estaba implicado en la trama de asesinato, y aseguró que también le proporcionó información sobre las investigaciones policiales para protegerse de las pesquisas. Esto abrió una crisis política que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Muscat, deslegitimado para seguir en el poder tras desvelarse que uno de sus principales hombres de confianza aparecía ligado al complot.

La renuncia de Muscat fue todo un terremoto. Era uno de los líderes más populares de la historia del país, y, en 2013, logró llevar al laborismo al poder y destronar al histórico Partido Nacionalista. De hecho, las pesquisas de Caruana sobre tramas corruptas que salpicaban a la formación laborista le granjearon muchas críticas del entorno del grupo y las estructuras de poder. Su familia afirma que se orquestó una gran campaña para deslegitimarla, con más de 40 denuncias por difamación que llevaron incluso al bloqueo de su cuenta bancaria.

Reconstrucción del crimen

El día que la mataron, la reportera se dirigía a una cita en su banco. La bomba estalló de camino a la reunión, a las 15:00 horas, según el testimonio de Francis Sant, conductor que circulaba por la localidad de Bidnija y se topó con la explosión en primera persona. Él, junto con agentes policiales, fue de los primeros en testificar los primeros días del juicio, donde hizo un relato estremecedor del momento del crimen: aseguró que Caruana Galizia entró en pánico al notar que algo sucedía poco antes de la explosión.

“Vi un coche frente a mí. Algo le pasaba a la conductora, parecía muy asustada”, dijo el testigo. “Vi la primera chispa bajo su vehículo, como un petardo. Ella aún estaba consciente. La oí gritar”, agregó. “Creo que sintió algo, tal vez la activación del explosivo. Se dio cuenta de que algo iba muy mal”, hasta que hubo “una gran explosión”. El coche “salió disparado hacia el campo”, contó Sant durante su declaración, según la transcripción realizada y traducida del idioma maltés por Amphora Media, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Otros agentes que acudieron a la escena del crimen también testificaron, relatando cómo hallaron restos del cuerpo de la reportera esparcidos por el lugar. Rastreando la zona, los investigadores recogieron colillas de cigarrillos que coincidirían con el ADN de uno de los sicarios, Alfred Degiorgio. Este seguía de cerca a Caruana y pidió a otro autor del crimen, su hermano George Degiorgio, que activara la bomba por control remoto a través de un dispositivo con una tarjeta SIM que hizo detonar la carga explosiva al recibir un SMS, según la investigación.

Meses después, ambos hermanos cayeron detenidos junto al tercer sicario, Vince Muscat. Este último también vigiló por largo tiempo los pasos de Caruana Galizia y estuvo con Alfred Degiorgio la noche antes del ataque, cuando colocó la bomba en el Peugeot 108 alquilado por la reportera.

Muscat fue condenado en 2021 a 15 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para una rebaja de pena a cambio de cooperar con la Justicia. En 2022 llegó el turno de los hermanos de Degiorgio, condenados a 40 años después de admitir su autoría en el crimen. A ello siguió la condena a cadena perpetua en 2025 de Jamie Vella y Robert Agius, exponentes del inframundo mafioso de Malta, acusados de proveer la bomba.

Los sicarios testifican

Los tres sicarios —Muscat y los hermanos Degiorgio— han comparecido este mes como testigos. Alfred Degiorgio se limitó a una breve declaración. “Chris Cardona, David Gatt y Keith Schembri están implicados en el asesinato”, aseguró, sin dar más detalles. Su hermano, George, testificó en la misma línea, implicando a Cardona, Schembri y Gatt. Este último es un exagente policial con supuestos lazos con el crimen organizado. Más tarde se hizo abogado, llegó a ser socio del despacho de Cardona, y los testigos le vinculan con los planes y contactos entre esfera política y criminal con los que se urdió el ataque.

Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro. Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla

Corinne Vella — Hermana de Daphne Caruana Galizia

George Degiorgio dijo que, en la primavera de 2017, el intermediario Melvin Theuma —ahora indultado y testigo del Estado— le visitó con la propuesta de articular un plan para matar a Caruana de parte de Schembri. También se reunió con Cardona, quien le confirmó, según su versión, que ambos estaban implicados. Sin embargo, el sicario añadió que ya trabajó en un primer plan de asesinato en 2015, para el que habría recibido instrucciones directas y 50.000 euros de depósito del entonces titular de Economía, hasta que se le pidió abortar el plan porque iba a haber elecciones. “Sabíamos dónde íbamos a matarla”, explicó Degiorgio sobre el plan inicial, centrado en disparar a Caruana desde una furgoneta, cuando la periodista pasara cerca de su casa en Bidnija.

Cardona llegó a ser número dos del laborismo maltés y gestionó la cartera de Economía entre 2013 y 2020. En 2017, Caruana publicó que el ministro visitó un prostíbulo durante un viaje oficial en Alemania, lo que hizo que este la demandara por difamación. Ya en 2019, el arresto de Fenech causó la renuncia temporal de Cardona tras salir a la luz su supuesta implicación en la trama, lo que llevó a su posterior exclusión como ministro en el Ejecutivo conformado a inicios de 2020 por el también laborista Robert Abela, aún hoy primer ministro.

Hasta hoy, Cardona, Schembri y Gatt niegan toda implicación en el asesinato de la periodista, rechazan todas las acusaciones que les sitúan como instigadores y en ningún momento se les procesó en relación con ello.

“Las meras acusaciones no constituyen pruebas”

Tras las alegaciones de estas semanas, la Fundación Daphne Caruana Galizia ve las declaraciones de los sicarios con cautela, y alerta de que pueden constituir “un intento de desviar la culpa de Fenech” y su responsabilidad. “La defensa parece invitar al jurado a considerar si la responsabilidad del asesinato de Daphne recae en otra persona; que el autor intelectual no es Yorgen Fenech, sino Keith Schembri o Chris Cardona. Pero las meras acusaciones no constituyen pruebas”, comentó la entidad en una nota a la que ha tenido acceso elDiario.es. “No se presentaron pruebas suficientes ante el tribunal que demuestren que Schembri o Cardona pagaron por el asesinato de Daphne. Sin embargo, las pruebas de que Fenech pagó son irrefutables”, remarca la fundación.

Corinne Vella, hermana de Caruana, insiste en que Fenech “está acusado de complicidad en asesinato, pero también como la persona que encargó el crimen y lo pagó”. “Las pruebas apuntan en una dirección: Fenech tenía contactos con personas del Gobierno y recibió ayuda de Schembri”, dice. Este, como jefe de gabinete gubernamental, “fue procesado por filtrar información y violar el secreto oficial”, y todo apunta a que “proporcionó información que acabó en manos de los criminales implicados en el asesinato”, cuenta Vella, que insta a llegar al fondo sobre las responsabilidades de Fenech como acusado para que nadie quede impune.

Ante ello, señala, la familia no parará su lucha: “Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro”. “Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla”, dice, antes de añadir que “el Estado debió proteger su vida y fracasó”. “La única forma de arreglar el problema es asegurarse de que esto no ocurra otra vez”, concluye.

El Gobierno de Giorgia Meloni logró aprobar este jueves en la Cámara de Diputados de Italia su polémica reforma de ley electoral, tras varias jornadas de ajetreadas sesiones plenarias en las que el pasado martes la primera ministra ultraderechista vio cómo una enmienda propuesta por su partido para modificar un punto clave de la norma era rechazada por sorpresa en votación, sin recibir el apoyo del total de diputados de su coalición. Esto mostró las grietas en el Ejecutivo de Meloni y la creciente debilidad de la mandataria, mientras la oposición de centroizquierda asegura que su mayoría se ha desmoronado y pide su dimisión y la convocatoria de elecciones.

En la votación final, la reforma electoral ha sido aprobada por 217 votos a favor, 152 en contra y dos abstenciones, tras un debate final donde los partidos opositores reiteraron su rechazo a la propuesta. Tras su aprobación en el Parlamento, la medida pasará a votación en el Senado, donde se requiere que una mayoría lo ratifique para su aprobación final, mientras Meloni acelera el proceso para lograr su validación antes del receso vacacional de agosto. Es probable que la medida se debata y vote a la vuelta del mismo en septiembre, en el Senado, lo que también dependerá del ritmo de tramitación de los partidos de la coalición en la Cámara Alta, indican varias fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es.

Entre los elementos más polémicos de la reforma, conocida popularmente como Melonellum, se prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos en los comicios obtenga un premio en forma de escaños extra, con una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que, según Meloni, ayudará a reforzar la gobernanza y la estabilidad en un país marcado por la volatilidad política.

Sin embargo, opositores y analistas consideran que la medida responde al interés propio de la primera ministra, y la ven diseñada como una vía para favorecer su continuidad en el poder, en un contexto en que el escenario electoral parece ser cada vez más inminente, con los comicios generales previstos para 2027.

“Es una ley electoral pésima, fruto del miedo de Meloni de no ganar las elecciones, ajustada a medida con el intento de remodelar el sistema electoral, como hace Trump en EEUU”, dice Laura Boldrini, parlamentaria del centroizquierdista Partido Demócrata (PD) y expresidenta de la Cámara de Diputados, en declaraciones a elDiario.es tras la votación.

Las quejas de la oposición se ha hecho sentir entre todas las fuerzas existentes. “Esta ley está hecha para dar aún más poder al líder, es una estafa. Los italianos dejan de tener opción de elegir a sus representantes”, aseguró en el debate previo a la votación el ex primer ministro Giuseppe Conti, líder del partido opositor Movimiento Cinco Estrellas. “Confeccionáis una ley electoral vergonzosa, con la que queréis otorgaros el poder de la mayoría”, agregó Conte, que tachó la medida de “antidemocrática”.

En la misma línea se expresó Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa y una de las voces más activas estos últimos meses contra la reforma. “Esta ley constituye un golpe de Estado electoral, un acto en que una mayoría, usando formas de legalidad ordinaria, altera en su propio beneficio las condiciones con las cuales podría ser echada del poder”, ha dicho el diputado, que alerta de la deriva “iliberal” que esto implica.

Grietas entre la coalición

Este jueves, el Gobierno cerró filas en torno a la reforma, pero el martes dio muestras de debilidad y división en una votación secreta sobre una enmienda impulsada por Fratelli d’Italia –el partido liderado por Meloni– para reintroducir un cambio clave en la reforma. En este, la fuerza de la primera ministra buscaba reinsertar en la reforma electoral un modelo de voto de preferencia para que los ciudadanos escojan a candidatos en puestos superiores de las listas, pero la propuesta fue tumbada por sólo un voto en una votación secreta donde se estima que al menos 30 diputados miembros de la coalición de Meloni no apoyaron la medida.

“Pedimos una votación abierta y que todos se pudieran identificar, pero la oposición exigió voto secreto. El resultado muestra que la izquierda y la oposición votaron unánimamente en contra, pero incluso dentro de la mayoría faltaron varios votos, lo que invita a la reflexión. La enmienda fue rechazada por un solo voto, una oportunidad perdida para los italianos, pero valió la pena intentarlo”, lamentó Meloni en sus redes sociales.

Este episodio se consideró como un duro revés parlamentario para la jefa de Gobierno, que, según analistas y opositores, mostró cómo la primera ministra no logró controlar ni convencer a sus propios socios, pese a que antes logró un acuerdo con sus aliados, los partidos Forza Italia y Lega con los que comparte el poder. “¿Quién traicionó a Meloni en la votación secreta del martes? Al menos 40 diputados”, ha exclamado con sarcasmo este jueves Elly Schlein, líder del PD, la principal formación opositora, que asegura que Meloni busca blindar la reforma para seguir en el poder con una norma “con muchos elementos inconstitucionales”.

“Perdió usted, señora Meloni, al forzar una ley electoral a pocos meses de ir a elecciones”, agrega Schlein, que ha acusado a la primera ministra de buscar imponerse para lograr más tarde el control sobre la presidencia. De hecho, para diputados como Boldrini, la división que la reforma creó en el sí de la coalición “abrió una grieta” entre sus partidos, lo que hace que ahora “estén mucho más nerviosos” ante el próximo paso en el Senado.

Estos días, según medios locales, uno de los colaboradores más estrechos de Meloni, el diputado Giovanni Donzelli de Fratelli d’Italia, instó a seguir con la tramitación de la reforma pese a las desavenencias, y apeló a hacer cambios o enmiendas ya cuando la medida se delibere en la Cámara Alta, pese a que pueda prolongar aún más los plazos para su aprobación definitiva. Aun así, esto muestra cómo los consensos de los que el Ejecutivo de Meloni hizo gala estos años se están ahora resquebrajando progresivamente, a medida que las distintas fuerzas de gobierno tienen prioridades o intereses diversos de cara a próximos comicios.

Boldrini cree que hay “opciones de que esta ley finalmente no salga adelante por la falta de unidad dentro de la coalición gubernamental”, algo que se tendrá que ver en un futuro próximo en el Senado.

Un año marcado por fracasos

Tras varios fracasos este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, Meloni defiende modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Aun así, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes –hubo cuatro desde 1993–, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

Boldrini cree que con esta ley se busca que el primer ministro sea elegido “directamente por el pueblo”, y “anula atribuciones al presidente de la República”. Este, en calidad de jefe de Estado, tiene el poder formal de designar en base a su elección a un candidato a primer ministro para que forme gobierno, pero, con la nueva reforma, “será muy difícil que el presidente pueda elegir a una persona distinta” de la que aparece al frente de las listas electorales ya cerradas previamente, alerta la diputada, que apela a seguir oponiéndose a la reforma, ya que cree que los italianos se han dado cuenta de que esta ley “es una estafa” contraria a su propio interés.

Este martes, antes de la votación, Donzelli rechazó las críticas de la oposición en su discurso como diputado de Fratelli d’Italia, remarcó que la propuesta no pretende dar ventajas electorales al partido de Meloni ni afianzarla en el poder, y defendió que la reforma hará de Italia un país “más estable” a nivel político. En los últimos días, una única cuestión en que partidos gubernamentales y oposición se pusieron de acuerdo fue la aprobación de una enmienda que permitirá a la ciudadanía de votar fuera de sus ciudades de residencia, una novedad en el marco de un sistema electoral que hasta hoy no daba esta posibilidad.

Tras la votación de este jueves, el ministro de Relaciones Parlamentarias, Luca Ciriani, ha asegurado que se ha dado el paso “más importante”, y dice esperar que el proceso para su aprobación final en el Senado “sea ágil”.

Mientras los comicios previstos para 2027 se acercan y el ambiente de precampaña se hace patente en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni acelera estos días el proceso para aprobar una nueva ley electoral que muchos opositores y analistas ven diseñada para favorecer su continuidad en el poder. Algunos críticos también la perciben como un paso que pondría en peligro los equilibrios de la democracia parlamentaria surgida tras el fin del fascismo, así como una vía para afianzar una mayoría con la que asegurar la futura elección de un presidente derechista.

El plan —bautizado popularmente como Melonellum— prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos obtenga un premio en forma de escaños extra. Esto supondría una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que daría a la lista más votada una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Todo ello cambiaría la correlación de fuerzas del sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. También dejaría atrás la actual ley electoral, llamada Rosatellum y aprobada en 2017, con un modelo más orientado a reforzar el bipartidismo.

“Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual”, denuncia a elDiario.es Riccardo Magi, diputado opositor y líder del partido progresista +Europa. La formación inició una campaña de recogida de firmas para oponerse a la medida, que ve contraria a la Carta Magna. “La Constitución dice que los votos de la ciudadanía deben ser libres, iguales y democráticos, pero con este sistema ya no lo serán”, argumenta.

Un voto con valor doble

Según alerta, “el voto de un votante de la coalición beneficiada por el premio de mayoría valdrá el doble que el de uno que vote por fuerzas minoritarias”, un modelo “inexistente en otras democracias europeas”. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas ya cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según algunos medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

“Meloni busca un sistema electoral más simple y decisivo que el actual, que evite empate o un escenario sin vencedor claro”, explica a elDiario.es el politólogo Roberto D’Alimonte, de la Universidad LUISS de Roma, que ve con buenos ojos este modelo, aunque lamenta que no se pueda celebrar segunda vuelta si los resultados entre los dos grandes contendientes son ajustados. “En este sistema, quien obtiene un voto más gana”, dice.

Mayoría fuerte para elegir al futuro presidente

Tras varios reveses este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, la primera ministra defiende que le urge modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

Según D’Alimonte, “si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”, que en Italia es el equivalente al jefe de Estado, un cargo que hoy ocupa el octagenario Sergio Mattarella, de raíces democristianas, que dejará la presidencia en 2029.

Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual

Riccardo Magi — Diputado opositor y líder del partido progresista +Europa

Tras ello, se activará la elección de un nuevo candidato en las cámaras Baja y Alta. Se necesitan dos tercios de sus miembros a favor para validarlo, o la mayoría absoluta si en tres rondas previas no se logra una elección. En este caso, Meloni podría tener mayor capacidad de situar a su perfil idóneo para un puesto al frente de una institución clave como la Jefatura de Estado, lo que sería un hito de “prestigio” para la derecha.

Para la primera ministra, “es importante” tener en el cargo a alguien “que le sea amigo”, ya que “el presidente tiene muchos poderes, entre ellos el de designar al primer ministro, disolver el Parlamento o rechazar leyes”, destaca a elDiario.es Gianfranco Pasquino, politólogo y profesor emérito de la Universidad de Bolonia. De hecho, medios y analistas han planteado que la propia Meloni podría postularse para el cargo. En una reciente entrevista, la primera ministra aseguró que era hora de “romper el tabú” y abrir las puertas a que Italia tenga un futuro jefe de Estado “que no sea de centroizquierda”.

Meloni promete estabilidad

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes —ha habido cuatro desde 1993—, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946.

Según Pasquino, la propuesta de la mandataria es “errónea” y se basa en un “cálculo electoralista”. Con el actual Rosatellum, los partidos de coalición de Meloni “creen que no ganarían los comicios, por lo que introducen una ley nueva con premio de mayoría” que les dé más posibilidades de vencer.

si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”

Roberto D’Alimonte — Politólogo de la Universidad LUISS de Roma

“La bonificación para la mayoría anula la noción de representación política”, lamenta Pasquino, quien asegura que la idea de Meloni de asegurar la gobernabilidad a través de esta reforma “es del todo equivocada”. Para el experto, “las leyes electorales de todo el mundo [fijan cómo se] eligen los parlamentos, pero ellos quieren elegir al Gobierno”. “La estabilidad no se logra con reglas electorales, sino que depende sobre todo de la capacidad de las coaliciones para mantenerse unidas y de sus líderes”, concluye el académico.

Una ley con efecto 'boomerang' para Meloni

De hecho, según señalan el mismo profesor y otros expertos, la estrategia atribuida a Meloni podría resultarle contraproducente, ya que los sondeos indican que su bloque de derecha y ultraderecha podría perder los comicios ante una potencial coalición opositora centroizquierdista, dando a la última el premio de la mayoría.

Según encuestas recientes, si los partidos progresistas concurren juntos en el llamado Campo Largo, obtendrían casi un 44% de votos, por delante del 42,2% que recabarían Fratelli d’Italia —partido de Meloni— junto a sus socios de la Lega —liderada por Matteo Salvini— y Forza Italia, formación del difunto Silvio Berlusconi. Para algunos analistas, cuando Meloni planteó inicialmente la reforma no contemplaba aún la irrupción del ultra Roberto Vannacci, quien se escindió de la Lega para crear este febrero Futuro Nacional, una nueva fuerza que presiona al gobierno desde la derecha más extrema y sobre la que aún no queda claro si podría pactar con la dirigente.

Según Magi, “Meloni y sus aliados probablemente cometieron un error al pensar en una ley a su medida, ya que se equivocaron en los cálculos, porque entre medias surgió Vannacci, que hace saltar todas las previsiones”. Por ahora, las fuerzas de oposición cierran filas contra la reforma, aunque ahora buena parte de las fuerzas están más bien focalizadas en crear vías para formar una coalición conjunta y evitar la división que les llevó a presentarse por separado en los comicios de 2022, cuando salieron perjudicadas y perdieron claramente ante la derecha.

La reforma “no favorece a nadie, favorece a los italianos”, declaró en junio Meloni, rechazando las acusaciones de quienes aseguran que fomenta este modelo por interés. “Si buscas crear una ley que te permita ganar, pierdes automáticamente”, añadió. Ahora sigue tramitando la propuesta en la Cámara de Diputados para someterla a votación este mes y que después se vote en el Senado. Su meta es que la norma se apruebe antes del receso de agosto o tras el regreso de las vacaciones. Las elecciones están previstas para otoño de 2027, aunque varias fuentes han indicado estas semanas a la prensa que podrían anticiparse a la próxima primavera.

“La ley electoral ya fue aprobada en comisión, y el 14 de julio se inicia su votación” en la Cámara de Diputados, cuenta Magi sobre la tramitación de la propuesta. Según denuncia, la coalición de Meloni “adoptó un proceso acelerado” que limita las intervenciones de la oposición o su capacidad para presentar enmiendas. “Nosotros, como fuerzas opositoras, haremos todo lo posible para retrasar o bloquear esta legislación basura”, concluye.

Ha pasado casi una década desde que Donald Trump asumió el poder en EEUU por primera vez. Tanto en su primer mandato como en este segundo, evidenció su predilección por Israel y sus lazos con los cristianos evangélicos. Estos grupos ultraconservadores, entre los defensores más fervientes de la causa israelí a nivel mundial, tienen peso creciente en EEUU y actúan como ‘brazo teológico’ para justificar acciones como su ofensiva contra Irán.

Muchos de los líderes evangélicos de EEUU, también promotores del nacionalismo blanco cristiano, engrosan las filas del llamado sionismo cristiano. Esta corriente defiende a ultranza al Israel moderno con base en una lectura literal de la Biblia, asociando su existencia a profecías que vinculan el relato del retorno del pueblo judío a Tierra Santa como paso para acelerar la segunda venida de Jesucristo y el Juicio Final. Esta visión impregna el imaginario de pastores con decenas de millones de seguidores que tienen las puertas abiertas en la Casa Blanca e influencia directa en las esferas del poder con una urdida ideología reaccionaria y derechista.

Quien relata con precisión los complejos entresijos de este mundo a elDiario.es es el historiador y teólogo estadounidense Robert O. Smith, vicepresidente y decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago. Nacido en la conservadora Oklahoma en 1974, Smith es también pastor luterano. Se crio en un entorno evangélico donde las creencias cristianas se acompañaban del apoyo indiscutible a Israel.

Ya de joven deconstruyó este imaginario, y su actividad para el diálogo interreligioso lo llevó a vivir en Jerusalén. Especializado en estudios islámicos, también es firme defensor de los derechos palestinos. Como autor, destaca su libro Más deseado que nuestra propia salvación: Las raíces del sionismo cristiano (Oxford University Press, en inglés), donde analiza la historia de esta corriente que hoy permea el Gobierno de Trump.

El sionismo cristiano impregna la Administración Trump

“Al movimiento sionista cristiano se le permitió infiltrarse totalmente en el liderazgo político de EEUU por vía de la Administración Trump”, dice Smith. Sus líderes, aunque sin poder directo de decisión en las acciones del presidente, sí condicionan sus políticas favorables a Israel. En el caso de Irán, “no fueron quienes encendieron la mecha de la ofensiva, aunque sí aparecieron como ‘teólogos de la corte’ para alabar las decisiones de Trump” una vez iniciada la guerra, explica el académico. Según este, “son extremistas con nula capacidad crítica que simplemente otorgan validación teológica a crímenes de guerra”. Sin embargo, “son muy influyentes en la sociedad de EEUU, donde 23% de adultos del país son cristianos evangélicos”, remarca Smith.

Prueba de su influencia se vio en marzo, cuando líderes evangélicos rezaron por el presidente en el Despacho Oval para apoyarle en sus ataques a Irán junto a Israel, una campaña que algunos evangélicos incluso vinculan a profecías bíblicas. El famoso pastor John Hagee, fundador del grupo Cristianos Unidos por Israel, aseguró que la ofensiva sucedía en el “momento justo” a nivel profético y declaró en su sermón: “Que Dios Todopoderoso sea llevado al campo de batalla y los enemigos de Sion y EEUU sean destruidos ante nuestros ojos”.

El sionismo cristiano más influyente es el más simplista, con un pensamiento que el literalismo ayuda a fomentar. Se asocia automáticamente al Israel bíblico con el Estado moderno de Israel, como si no hubieran pasado 4.000 años entre medias

Robert O. Smith — Decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago

En los últimos años, estos grupos ganaron peso entre los lobbies a favor de Israel. “La mayor base de apoyo a Benjamín Netanyahu en EEUU es la comunidad evangélica sionista, y a escala global es más relevante que la de los propios judíos, ahora más críticos con el sionismo”, dice el docente, que resalta la fuerte sintonía ideológica del movimiento evangélico conservador con el núcleo de planteamientos de la derecha de Israel.

Durante su primer mandato, Trump promovió un plan que daba luz verde a la anexión israelí de gran parte de Cisjordania. También pasó a considerar Jerusalén como capital de Israel y trasladó ahí la Embajada estadounidense, un polémico paso que dejó en el aire el estatus aún por resolver de la Ciudad Santa, con su parte oriental palestina ocupada por Israel. En la inauguración de la sede hubo líderes evangélicos de peso que incluso rezaron y dieron discursos al público.

“Este hecho fue uno de los grandes logros de Netanyahu, paso previo a su gran sueño, la ofensiva contra Irán”, dice Smith. Según añade, hay altos cargos de Trump que son fundamentalistas cristianos y muy sionistas. En el pasado destacó el exvicepresidente Mike Pence, mientras hoy lo hace su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según el profesor, “Hegseth es un nacionalista cristiano blanco en toda regla”, quien incluso presentó la guerra contra Irán como un acto de origen divino y apeló también varias veces a la “providencia todopoderosa de Dios”.

Favorecer la colonización israelí

“El sionismo cristiano es un movimiento político que busca promover y preservar el control judío sobre la Palestina histórica con fines cristianos, aunque no se basa en fomentar la vida o bienestar judíos en sí mismos, sino en una interpretación bíblica y una forma política de creencia que son claves para su fe cristiana”, explica.

Según resalta el académico, también hay católicos o luteranos que son sionistas cristianos, aunque la mayoría de los que simpatizan con esta corriente son evangélicos, motivados por su lectura de la Biblia. Ante ello, cobran mucha importancia relatos como el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel tras su exilio en Babilonia, presente en el Antiguo Testamento. Muchos evangélicos conectan este pasaje con la creación del Estado de Israel en 1948, y lo interpretan como una evidencia del cumplimiento de las profecías bíblicas.

“El sionismo cristiano más influyente es el más simplista, con un pensamiento que el literalismo ayuda a fomentar. Se asocia automáticamente al Israel bíblico con el Estado moderno de Israel, como si no hubieran pasado 4.000 años entre medias”, ironiza Smith, que también lamenta la “manipulación” interesada o la interpretación selectiva de los textos sagrados por parte de pastores e iglesias con anhelos de proyectar poder.

Esto, para Smith, muestra cómo los evangélicos crearon un marco teológico que llevó a un modelo de respaldo absoluto a Israel vacío de contexto y margen de crítica: “Tienen una agenda muy ligada al liderazgo israelí más extremista, desde Netanyahu a Itamar Ben Gvir, que ven como personajes que cumplen la voluntad de Dios”.

Además, añade, “apoyan a Israel como Estado esencialmente judío con su proyecto colonial de asentamiento”. Máximo exponente de este sector es Mike Huckabee, pastor evangélico y embajador de EEUU en Israel, que rechaza la solución de dos Estados o la propia existencia de la ocupación en los territorios palestinos. También usa la denominación bíblica de Judea y Samaria para referirse a Cisjordania, como los propios colonos, y “hace todo lo posible para promover las políticas del Likud [el partido de Netanyahu] como si fueran principios cristianos”, argumenta Smith.

En su opinión, este fervor evangélico hacia Israel “es una forma de demostrar fidelidad cristiana, ya que su meta es reforzar el poder cristiano con base en la idea de que el cristianismo sea una fuerza de dominio imperial”. Esta visión, recalca el profesor, “fomenta a su vez la proyección del poder estadounidense en Oriente Medio”, otro punto clave en el imaginario de estos sectores, también promotores de la preeminencia imperial de EEUU, una nación que, según creen, surgió con mandato divino y potestad moral para intervenir en el mundo.

Una alianza que viene de lejos

“Desde los años 70 y 80, los sionistas cristianos evangélicos ya tenían contacto muy estrecho con los sectores más activos del sionismo israelí a su más alto nivel. Menachem Begin, primer ministro israelí entre 1977 y 1983, regaló un avión al influyente pastor fundamentalista Jerry Falwell para que viajara y pudiera promover mejor los intereses de Israel”, explica Smith. Begin no era un líder cualquiera. Más allá de fundar el Likud y ser ideólogo de la tradición derechista que encarna Netanyahu, en los años 40 fue jefe de la milicia ultraderechista Irgún, uno de los grupos clandestinos judíos que luchó contra el Mandato Británico de Palestina (1920-1948). Entre otras acciones, ordenó el atentado al Hotel King David de Jerusalén en 1946, que entonces acogía el cuartel general de los británicos, en un duro atentado con explosivos que mató a unas 90 personas.

Otro veterano líder evangélico con conexiones en las altas esferas de EEUU e Israel es Mike D. Evans, creador del Friends of Zion Museum en Jerusalén, cercano a Benjamín Netanyahu y Trump. De hecho, el apoyo evangélico se consideró clave para los triunfos electorales del republicano. “El ascenso de Trump no lo impulsó Israel, sino millones de votantes evangélicos que pidieron acciones en asuntos de fe y valores”, apuntó Evans en un artículo reciente donde elogia la alianza con el mandatario. Lo considera “el mejor presidente de la historia estadounidense en lo que respecta al apoyo al Estado de Israel y la lucha contra el antisemitismo”.

“Somos creyentes bíblicos. No apoyamos a Israel por política, sino por fe. Es una obligación moral, un mandato bíblico y algo innegociable para millones de estadounidenses” que “se toman en serio las sagradas escrituras”, remarcó Evans, autor de varios libros superventas, entre ellos una novela de la dinastía familiar de Netanyahu, a quien conoce desde los 80, y con quien se le veía a menudo en numerosos eventos durante los últimos años.

No es solo la colonización de Palestina: este movimiento respalda la colonización de pueblos indígenas a nivel mundial y fomenta la ideología colonial en todo tipo de contextos

Robert O. Smith — Decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago

Pero las acciones evangélicas por Israel no acaban aquí. Cada año, la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, una entidad sionista con largo recorrido, celebra la Marcha de Jerusalén, en que miles de peregrinos de todo el mundo se juntan en un gran desfile donde muestran su devoción por el país.

Grupos evangélicos también hacen recaudaciones financieras y organizan misiones de solidaridad con Israel, entre ellas voluntariados en colonias agrícolas de Cisjordania ocupada ya existentes desde hace muchos años. Muchas de estas entidades se sumaron también a los esfuerzos de guerra del país tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando llevaron a voluntarios para actividades como la preparación de comida para soldados y la cosecha de fruta en zonas de cultivo israelíes cercanas a Gaza, todo ello en plena ofensiva bélica.

Más allá de EEUU

Según Smith, pese a la casi total destrucción de Gaza y los más de 73.000 muertos por la ofensiva israelí, el movimiento sionista cristiano no cambió de bando. Tampoco tuvo en cuenta a la comunidad cristiana palestina, muy golpeada por los ataques de Israel en la Franja y la agresividad de los colonos en Cisjordania. “Su lógica es simplista. Para ellos, Hamás es un grupo terrorista que atacó a judíos inocentes, y cualquier respuesta es justificable”, dice el profesor. También recalca “la percepción totalmente negativa sobre el islam” que tienen estos grupos. “Siempre fue una corriente antislámica. Para ellos, la religión islámica no tiene cabida en Europa ni EEUU” y, ante ello, “apoyan a un Estado —Israel— en la perpetuación de la violencia”.

De hecho, la extensión del evangelismo sionista va más allá de la comunidad blanca, y cada vez se acerca más a la población latina, afroamericana o incluso nativa americana, señala Smith. Entre los líderes latinos de peso está Samuel Rodríguez, uno de los pastores pujantes en la comunidad evangélica hispanohablante de EEUU, quien estuvo entre los religiosos presentes en el rezo colectivo por Trump en la Casa Blanca del pasado marzo.

Smith advierte de que el sionismo cristiano va mucho más allá de EEUU, y líderes de ultraderecha en otros países donde el evangelismo crece lo han usado para ganar apoyos, como Trump. Este es el caso del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que más allá de su apoyo a Israel, “se inspiró en las enseñanzas de los sionistas cristianos para promover la destrucción de la selva tropical y el robo de tierras de comunidades indígenas”. “No es solo la colonización de Palestina: este movimiento respalda la colonización de pueblos indígenas a nivel mundial y fomenta la ideología colonial en todo tipo de contextos”, sentencia Smith.

Con un ejemplar de la Constitución en una mano y un gorrito infantil como el de Liam Conejo Ramos (un niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE de Trump) en la otra, la diputada Ouidad Bakkali cantaba junto a otros colegas el Bella Ciao en el Parlamento italiano frente a un grupo de neofascistas que buscar convertir la idea ultraderechista de la remigración en ley nacional.

La escena se produjo en enero de este año, cuando los promotores de una iniciativa popular a favor de la remigración intentaron presentar su propuesta en una rueda de prensa en el Parlamento, pero se encontraron con el boicot de Bakkali, del Partido Democrático (PD), y otros colegas de centroizquierda que ocuparon la sala para cantar la canción antifascista e impedir la celebración del acto. “Es una propuesta racista con una visión etnonacionalista y fascista de la sociedad”, dice a elDiario.es la diputada, que fue suspendida cinco días de sus funciones por esta acción.

Los ultraderechistas que están detrás de ello actúan con ambigüedad calculada, advierte Bakkali. “Su discurso cambia según el público. Ante los suyos, hablan de la remigración de no asimilados, incluido los descendientes de migrantes, pero en televisión hablan solo de seguridad y de deportar a migrantes ilegales”, explica.

El pasado 13 de junio, los ultras volvieron a hacer una demostración de fuerza. Una marcha al estilo propio del neofascismo juntó a unas 4.000 personas en Roma. “Italia, nación, remigración” fue uno de los cánticos coreados, junto a saludos fascistas o consignas a favor del duce Benito Mussolini. La manifestación no fue masiva, pero sí grande para los estándares de la galaxia extraparlamentaria ultra. “Fue una de sus marchas de mayor peso de los últimos años”, asegura a elDiario.es Paolo Berizzi, periodista del diario La Repubblica especializado en ultraderecha.

Para muchos, la movilización muestra el crecimiento de su grupo organizador, el Comité Remigración y Reconquista, con capacidad de marcar agenda e interpelar más allá de las calles. Los movimientos que lo integran, entre ellos CasaPound, Rete dei Patrioti (Red de los Patriotas) o Veneto Front Skinheads, han trascendido en la esfera pública este año con la proposición de ley por iniciativa popular para fomentar la remigración. Aseguran que ya han obtenido más de 150.000 firmas. La propuesta busca introducir más medidas para expulsar a migrantes irregulares, así como la deportación obligatoria de extranjeros que cometan delitos, incluida la revocación de la ciudadanía para los naturalizados. Ahora, la iniciativa está pendiente de debate legislativo en la Cámara de Diputados.

Racismo y amenazas viralizadas

“Me preocupa ver cómo se ha normalizado el lenguaje racista y antimigrante. Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado”, agrega esta diputada de 40 años, nacida en la ciudad marroquí de Agadir, pero que vive desde los dos años en Italia.

De hecho, Bakkali sufrió en su propia piel esta creciente escalada del discurso del odio cuando el 13 de junio participó en una gran contramanifestación antifascista para oponerse a la marcha por la remigración en Roma. La diputada colgó en redes una foto suya ante la pancarta con el lema de la protesta, Fuck Remigration (Que le jodan a la remigración), una publicación que se viralizó entre las cuentas de la galaxia ultra. Tras ello, recibió más de 13.700 mensajes con insultos racistas y tono intimidatorio que incluyeron incluso amenazas de muerte.

“Fosa común para ti y tu familia”, “sabemos dónde vives” o “a casa, gitana”. Estos fueron algunos de los mensajes contra la diputada, como denunció en un pleno parlamentario. Ya en el pasado había recibido comentarios racistas, “pero nunca a escala tan masiva, con tal nivel de violencia y amenazas”, asegura. Según alega, esto muestra cómo las redes amplifican el discurso ultraderechista también en Italia, ante lo que deben tomarse restricciones y medidas de control de las plataformas para que asuman su “responsabilidad social”.

Vannacci altera el bloque derechista

Esta atmósfera se ve alimentada por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral y eurodiputado, que en febrero abandonó el partido Liga de Matteo Salvini para fundar Futuro Nazionale. Esta formación, enfocada en la imagen de líder fuerte y carismático que Vannacci busca mostrar, sube en los sondeos y podría obtener un 6% de votos en las elecciones, una cifra con la que incluso podría superar a la Liga. Esto amenaza con cambiar la correlación de fuerzas del bloque derechista. Las encuestas señalan que Meloni no tendría asegurada la mayoría para formar coalición, ante lo que Vannacci podría ser un actor clave, si quiere mantenerse en el poder.

“Difícilmente se puede construir algo con alguien que claramente sólo quiere destruir”, declaró esta semana Meloni en una entrevista televisiva con Rete 4 cuando le preguntaron si contemplaría una alianza con el militar. “No me parece que haya mucha diferencia entre él y el resto de partidos de oposición. Vota como la izquierda y habla contra nosotros todo el día”, agregó. Pero el exgeneral copa cada vez más titulares en los medios.

Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Demócrata

La primera ministra se ha labrado en los últimos años una posición firme como líder de ultraderecha que a su vez coopera con la Unión Europea y secunda la línea de la OTAN. Vannacci, por contra, ha logrado hacerse un espacio criticando el modelo de política exterior o el apoyo italiano a Ucrania. También muestra simpatías por Vladímir Putin y defiende posiciones euroescépticas, aunque él mismo saltó al ámbito institucional como eurodiputado de la Liga, cargo que no ha abandonado pese a irse del partido.

Los expertos prevén que su discurso de línea dura y su defensa a ultranza de la expulsión de migrantes condicione también la campaña electoral, aunque este militar retirado con dejes neofascistas y discurso homófobo proclame casi lo mismo en materia migratoria que Meloni o Salvini. Lo hace con menos filtros, aboga por vías más contundentes e incorpora ideas clave del compendio remigratorio, como la deportación de personas “no asimiladas”, o la revocación de la ciudadanía a quienes cometan “delitos graves”.

La remigración, un neologismo en Italia

Vannacci alega que la coalición de Meloni y Salvini no tomó medidas suficientes para frenar en seco la llegada de migrantes. Estos años, el Ejecutivo hizo políticas contra la migración como el bloqueo de buques de ONG de rescate en el Mediterráneo, un proyecto de ley para impedir la navegación de barcos con migrantes o la apertura de centros de detención para migrantes en Albania, aunque el exgeneral pide ir más allá y usa la bandera de la remigración para dar más empaque y proyección a sus posturas, según los expertos.

Cornelli y Berizzi coinciden en que este concepto no es más que una continuidad del modelo antimigratorio de las ultraderechas clásicas, pero buscando otras palabras para impulsarlo de nuevo. El término se incluyó en 2025 como neologismo en Treccani, el diccionario de referencia de la lengua italiana. Esto mostró que su uso se extendía en Italia, pese a llegar más tarde que a otros países de Europa.

En Italia se empezó a hablar de remigración en 2025, y “los primeros en hacerlo fueron miembros de partidos del gobierno”, recuerda Berizzi. La propaganda remigracionista acabó monopolizada por la derecha neofascista, pero hay “una conexión ideológica entre neofascismo y derecha gubernamental”. El discurso antimigración del Ejecutivo fue antesala para los relatos que ahora promueven las expulsiones a gran escala, opina el periodista.

Este marco ideológico fue acuñado por el ultra austríaco Martin Sellner. “El fenómeno de la remigración gana fuerza en toda Europa y EEUU, por eso también alcanzó Italia. Se ha convertido en un verdadero estandarte político que empuja a la derecha cada vez más a la derecha”, cuenta a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública de la Universidad de los Estudios de Milán.

Según alega, esta tendencia es solo un paso más tras dos décadas de medidas y leyes que criminalizan a los migrantes. “La remigración pone un nombre mucho más crudo y duro a una política que ya iba en esta dirección”, primero con el Gobierno de Silvio Berlusconi, a inicios de los 2000, y reforzada estos años por Meloni con “la reducción de la acogida, el cierre de fronteras y puertos o la criminalización de los rescates en el mar”, señala el docente.

“Italia para los italianos”

“No nos avergüenza decirlo: Italia para los italianos”, dijo Vannacci el 13 de junio en la asamblea constituyente de Futuro Nazionale en Roma, donde participaron más de 1.500 delegados. El partido asegura que ya tiene más de 100.000 afiliados y ahora avanza en su estructuración. Ocho diputados —en su mayoría exmiembros de la Liga, pero también de Fratelli d’Italia y Forza Italia— se pasaron al lado de Vannacci, y su perfil como bloque propio se percibe ya en el parlamento, donde la tensión con opositores como Bakkali es palpable.

Vannacci evita tapujos. En una reciente entrevista para el canal La7 defendió un modelo de deportación basado “en el traslado forzoso”. También aboga por construir muchos más centros de internamiento para acelerar las expulsiones. “Deben ser deportados todos aquellos sin motivo ni derecho de estar entre nosotros. El 80% de estas personas deberían ser remigradas. Son clandestinos, ilegales”, aseguró.

Este mes también afirmó, recalcando su visión reaccionaria, que “el feminicidio no existe”. En su opinión, “es un homicidio como todos los demás”. Por otro lado, en un país envejecido como Italia, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y con necesidad de mano de obra para trabajos esenciales, Vannacci aboga por reducir la cantidad de residentes extranjeros a un máximo del 4% de población, por debajo del 9,4% actual. Aun así, no ve contradictorio que su esposa, con la que tiene dos hijas, no sea de origen italiano, sino rumano.

“Me preocupa la velocidad con la que fenómenos como el de Vannacci ganan popularidad y consenso”, lamenta Bakkali, que pide que las fuerzas de centroizquierda italianas vayan juntas a comicios. “Un frente unido es la única opción para dar a los italianos una esperanza alternativa”, concluye la diputada, que insta a seguir luchando y a fomentar la inclusión como antídoto ante el racismo y la remigración de la extrema derecha.

El papa León XIV, el detractor moral de las políticas antimigratorias de Donald Trump con mayor peso global, visita este 4 de julio la isla italiana de Lampedusa, en una corta pero simbólica estancia que se ve como otro gesto en la defensa de los migrantes que impulsó Francisco, quién hace 13 años hizo su primer viaje apostólico fuera de Roma en este lugar clave del mapa de las rutas migratorias del Mediterráneo central.

La fecha en que el primer Papa estadounidense de la historia decide hacer esta visita no es casualidad, ya que se trata del mismo día de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, unas celebraciones a las que no asistirá. La Administración Trump ha negado que Prevost estuviera invitado o que se le esperase para las celebraciones. Para muchos, la iniciativa de León XIV muestra su falta de sintonía con el presidente de Estados Unidos y reafirma al Vaticano como némesis de las políticas antimigratorias y de deportación del magnate.

“Es un viaje muy simbólico. Lampedusa fue muy icónica para Francisco en todo su papado. Se trató de su primer viaje fuera de Roma y lo hizo porque quería arrojar luz sobre la migración”, cuenta a elDiario.es la vaticanista Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre León XIV y corresponsal en Roma para Crux, medio especializado en la Iglesia católica.

“La visita de León en Lampedusa no es del todo casual, sobre todo un 4 de Julio. No creo que escogiera esta fecha solo por Estados Unidos, aunque un poco sí. Hay una faceta del Papa en la que, como estadounidense, busca lanzar un mensaje para recordar la importancia de ver a los migrantes como seres humanos y no como criminales”, dice la biógrafa, mientras en Estados Unidos siguen las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las fricciones fueron claras este último año en que el Papa criticó abiertamente el trato y las políticas de deportación masiva de Trump o su ofensiva bélica contra Irán, lo que llevó al presidente de Estados Unidos a atacar sin filtros al pontífice. Prevost, que al inicio de su papado fue criticado por algunos por parecer demasiado blando, demostró que no acata las políticas antimigratorias de Trump y que el hecho de que sea ciudadano estadounidense no limita sus críticas a la Administración.

Con todo, tras haber realizado ya varios viajes apostólicos que le llevaron a África, Oriente Medio y España, entre otros, León XIV seguirá por ahora sin visitar como pontífice EEUU, dónde nació en 1955. El Papa se crió en un barrio de Chicago en una familia con múltiples orígenes migrantes y allí dio sus primeros pasos como católico.

Mensaje a la Casa Blanca

Para Luca Casarini, fundador de Mediterranea Saving Humans, ONG italiana dedicada al rescate marítimo de migrantes, que León XIV no vaya a Estados Unidos y viaje a Lampedusa “es un claro mensaje”. Según remarca a elDiario.es, “hoy los Estados Unidos son un laboratorio de deportación masiva” y un modelo de gestión y trato migratorio que el propio pontífice ha tachado de “inhumano”.

“La visita tiene un significado profundo. Como en Canarias, León XIV estará en el lugar dónde el sufrimiento se convierte en esperanza” para muchas personas que logran llegar a Lampedusa tras un duro viaje por mar, dice Casarini, muy crítico con las políticas antimigratorias desarrolladas estos años por el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Para el activista, que el Papa vaya a la isla justo en estos tiempos de creciente xenofobia “es muy relevante”, ya que “los migrantes son chivo expiatorio global, diana de la derecha supremacista y expresión de una deshumanización que normaliza la idea de dejar morir a la gente en el mar, expulsarla o encerrarla”. Esto, alega Casarini, se ha hecho muy patente en la Italia de Meloni, que busca frenar la llegada de migrantes irregulares con el bloqueo de barcos de rescate de las ONG, con acuerdos bilaterales con terceros países como Túnez o Libia o la creación de centros de internamiento como los abiertos en Albania.

En su reciente paso por España, que le llevó a Gran Canaria este junio, León XIV visitó el muelle de Arguineguín para honrar a los migrantes muertos en la ruta atlántica. Ahora, menos de un mes después, hace lo mismo en Lampedusa, epicentro de la llegada de migrantes a la costa italiana desde el norte de África, lo que encarna una declaración de intenciones.

En los últimos dos años, según el Ministerio del Interior, más de 66.000 migrantes alcanzaron Italia anualmente por la ruta mediterránea, muchos de ellos por Lampedusa. En 2023, llegaron más de 157.000 personas, cuando la isla se veía más desbordada, aunque su alcalde, Filippo Mannino, resalta la solidaridad de su población. El 12 de septiembre de 2023, unos 10.000 migrantes llegaron a la isla en un día, lo que suponía casi el doble que los residentes isleños, que se movilizaron para repartir comida y prestar asistencia, rememoraba el alcalde en una entrevista al portal Vatican News.

La estancia de León en la isla durará solo tres horas y media, pero con ello refuerza su imagen de Papa de las periferias que da continuidad al legado de Francisco. Según Allen, “el Papa está convirtiendo rápidamente la migración en piedra angular de su papado”, como hizo el Papa argentino, que en su visita de 2013 denunció “la globalización de la indiferencia”.

La visita de León en Lampedusa no es del todo casual, sobre todo un 4 de Julio. No creo que escogiera esta fecha sólo por EEUU, aunque un poco sí. Hay una faceta del papa en la que, como estadounidense, busca lanzar un mensaje para recordar la importancia de ver a los migrantes como seres humanos y no como criminales

Elise Ann Allen — biógrafa de León XIV

Según el plan de la Santa Sede, León XIV aterrizará en la isla a las 9:00 para ir a hacer una ofrenda floral en el cementerio de Cala Pisana, donde yacen tumbas de unos 300 migrantes fallecidos en el mar, un gesto parecido al que realizó en Arguineguín. Luego, visitará la Puerta de Europa, monumento que rinde homenaje a los miles de muertos o desaparecidos en el Mediterráneo. Después, irá al muelle Favaloro, donde se colocará una placa en honor a Francisco y se pasará a llamar el lugar en el nombre del difunto Papa. Ahí también se encontrará con migrantes, tras lo que celebrará una misa y volverá a Roma.

Entre las vías para alcanzar Europa, la del Mediterráneo Central es la más letal. Este abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció que 765 personas habían perecido en el mar en lo que iba de 2026, un 150% más que el mismo período del año previo y una de las cifras más altas desde que empezaron los registros, en 2014. En total, al menos 33.200 personas han muerto o desaparecieron en aguas mediterráneas desde aquel año, según el mismo organismo.

Tensión entre Trump y el Papa

Cuando Francisco visitó Lampedusa en 2013, el panorama mundial era muy distinto. Prevost afronta ahora un contexto de creciente racismo, auge ultraderechista y discriminación contra los migrantes en Estados Unidos, Italia y Europa. Este junio entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que agiliza las deportaciones y dificulta el asilo, y el distanciamiento actual entre la Casa Blanca y el papado ha llegado a niveles inauditos en las últimas décadas.

La tensión de Estados Unidos con el Vaticano alcanzó un punto álgido en abril, con un feroz ataque de Trump a León XIV. El magnate le acusó de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior”, y admitió no ser “un gran admirador suyo”. Fue una crítica sin precedentes de parte de un líder estatal a un líder religioso de este calado, después de que este criticara la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidiera “una vía de salida”.

Desde que fue consagrado pontífice el 8 de mayo de 2025, León XIV mantuvo los llamados a la paz propios de Jorge Bergoglio y no dudó en enfrentarse a los ataques del líder de Estados Unidos. “No tengo miedo de la Administración Trump”, reaccionó, asegurando que seguiría hablando “en voz alta contra la guerra”. Esto marca “la misión de la Iglesia en el mundo de hoy”, agregó.

León, un líder religioso con peso político

Con todo, ante un mundo volátil marcado por conflictos armados o los movimientos migratorios donde líderes como Trump buscan afirmar su poder, muchos recurren al Papa como faro moral, un rol que refuerza su peso más allá de su liderazgo espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo, indican analistas.

Según Allen, Prevost es sensible a la realidad migratoria por su experiencia como misionero y obispo en Perú, país del que tiene ciudadanía, donde trabajó en atención pastoral durante la llegada de venezolanos. Sin embargo, no todo lo que haga el pontífice debe interpretarse en clave política, y su paso por Lampedusa “es principalmente una visita pastoral, como la de Canarias”, dice esta autora de la biografía autorizada del Papa.

León “quiere arrojar luz sobre los aspectos humanos de la migración y no abordar este tema puramente en términos políticos”, ya que “no se levanta cada mañana pensando solo en lo que Trump dirá”, comenta Allen. “Es un líder religioso mundial y piensa en el mundo”, pero es consciente de que sus actos “tienen implicaciones políticas y quiere asegurarse que los países, cuando aborden la migración, lo hagan con respeto a la dignidad de las personas”, añade la experta. Por ello, concluye, ir a Lampedusa en un día tan señalado como el 4 de Julio y recuperar el símbolo que Francisco enarboló en su pontificado va justo en esta dirección.

“Hasta la muerte”. Este es el límite que aseguran estar dispuestos a alcanzar Aristotelis Chantzis y Suzon Doppagne, dos residentes en huelga de hambre de Prosfigiká, un histórico vecindario de Atenas okupado desde hace casi dos décadas y uno de los espacios autogestionados más grandes de Europa.

En una Grecia marcada por la precariedad económica crónica y una creciente crisis de vivienda, este barrio organizado en asamblea acoge a más de 400 personas, ahora en riesgo de desalojo ante un proyecto de las autoridades regionales que muchos ven como otro paso hacia la gentrificación del área. Es un asunto candente en un país dónde los precios de los alquileres y para comprar casa se disparan a niveles cada vez más inasumibles para gran parte de la población.

“Nosotros seguimos con nuestra protesta y si hace falta seguiremos hasta morir”, dice Chantzis, de 43 años, en una entrevista con elDiario.es, mientras muestra cómo adelgazó tras más de 100 días de huelga de hambre. Explica que la empezó a inicios de febrero, cuando pesaba 67 kilos, y que ya ha perdido 22, como muestran sus huesos, muy marcados.

Chantzis toma sales minerales para perseverar en su protesta lo máximo posible, pero tiene el cuerpo cada vez más afectado por la atrofia muscular, el entumecimiento de las extremidades y los desmayos que le causa la desnutrición. Aun así, conserva cierta energía para conversar o caminar distancias muy pequeñas, determinado a dar a conocer la situación del vecindario y frenar el plan del Gobierno del Ática, la administración regional.

Este organismo —propietario de 177 de los 228 apartamentos de Prosfigiká— busca dedicar 15 millones de euros de fondos europeos para restaurar cuatro de los ocho bloques del barrio. Los edificios, de estilo arquitectónico Bauhaus, son testigos de la historia reciente de Grecia; se levantaron en los años 30 para acoger a refugiados helenos de Anatolia expulsados tras la caída del Imperio otomano y la creación del Estado turco.

Lucha para evitar la “mercantilización”

El plan anunciado por las autoridades prevé apartamentos de vivienda social y habilitar algunas casas para acoger a pacientes de cáncer de un hospital oncológico aledaño. El colectivo de Prosfigiká, sin embargo, argumenta que la intención real es mercantilizar la zona, preciada por estar en el corazón de Atenas, al lado del Tribunal Supremo y frente el estadio del Panathinaikos, uno de los grandes clubs de fútbol de Grecia.

Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto

Suzon Doppagne — Vecina de Prosfigiká

La comunidad también alega que no se ofreció alternativa de vivienda a los más de 400 residentes actuales, entre los que hay unos 50 menores, así como ancianos, personas enfermas o en situación de vulnerabilidad, tanto griegos como originarios de otros 27 países, muchos de ellos migrantes o con estatus de refugiado.

“Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto”, dice Suzon Doppagne, joven belga de 27 años y vecina de Prosfigiká desde hace más de un lustro. Según alega, el Estado busca acabar con la iniciativa “comunal y horizontal” que se forjó con la okupación, inspirada en ideologías como el confederalismo democrático kurdo o el movimiento zapatista de Chiapas.

Ante ello, Doppagne siguió a Chantzis y este mayo inició su huelga de hambre. Otros podrían sumarse si el Estado no responde a sus demandas. La comunidad pide que se pare el plan, garantías para su permanencia, y que su entidad sin ánimo de lucro pueda reformar el recinto independientemente, con sus propios recursos.

Bastión de resistencia antifascista

En la II Guerra Mundial, el vecindario fue bastión de resistencia partisana contra la ocupación nazi y núcleo con fuerte presencia del Ejército Popular de Liberación Nacional (ELAS), la guerrilla comunista. Fue objeto de ataque de las tropas de Reino Unido en la llamada Dekemvriana, cuando entre finales de 1944 y el inicio de 1945 hubo duros combates en Atenas que enfrentaron a fuerzas del Gobierno provisional griego y el Ejército británico contra la milicia izquierdista. Las marcas de balas y metralla de la artillería británica visibles en algunos bloques son memoria viva de ello.

Esto lo hace un complejo único en Grecia, conservado tras años de lucha vecinal y de la sociedad civil. En los 2000, el Estado planeó demolerlo para alzar un centro comercial. “Las autoridades obligaron a los vecinos a irse. Les dieron muy poco dinero para expropiarlos”, pero 51 propietarios se negaron y recibieron apoyo de arquitectos y académicos, cuenta Valentini Siova, miembro de la comunidad desde hace 17 años. Esto llevó a una batalla legal que en 2009 culminó con la Justicia griega fallando a favor de preservar todo el vecindario.

Todo pasaba en plena ebullición de Grecia, en medio de protestas por la crisis económica y ante un fuerte movimiento de okupaciones de impronta anarquista que buscó responder a los estragos. Así se okupó Prosfigiká, y la autogestión derivó en la formalización del colectivo según sus propios estatutos en 2012.

Proyectos similares han estado muy presentes en el país durante décadas, aunque su peso menguó sobre todo desde que la fuerza derechista Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis asumió el poder en 2019. Esta aumentó los desalojos de espacios okupados en zonas como Exarcheia, barrio cercano a Prosfigiká y bastión de los movimientos sociales y del anarquismo griego, golpeado ahora por la creciente gentrificación y turistificación.

El temor de que Prosfigiká sufra una deriva similar hace que el plan estatal se vea con aún más suspicacia. Para Siova, es una contradicción, porque lo previsto —espacios de acogida para enfermos y vivienda social— es justo lo que el colectivo creó estos años, ante la ausencia o poca capacidad del Estado para cubrir funciones básicas.  

“El Estado miente cuando dice que creará vivienda y hospedajes. Es un modo de obtener aprobación social” para continuar su operación, plantea Siova mientras pasea por el vecindario. Entre otros, saluda a un vecino que va a casa de otra residente para reparar una avería, a una mujer migrante y soltera que vive con su bebé en uno de los pisos que reformó la comunidad, así como a un refugiado kurdo que obtuvo asilo hace poco. También se ven decenas de activistas, muchos extranjeros, que entregan panfletos informativos a pie de calle o ayudan a reformar los viejos pisos, cómo hace una joven de Luxemburgo que vino a respaldar a la comunidad.

Autogestión vs. intervención estatal

En el recinto hay también 22 estructuras creadas para necesidades de la comunidad o de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos un horno, un comedor popular, una cocina social que provee un centenar de comidas al día a personas sin techo, un espacio para acoger a mujeres afectadas por violencia machista y una escuela infantil. A su vez, un piso hospeda a pacientes de cáncer cuando vienen de otros puntos del país para hacer terapia en Aggios Savvas, el centro oncológico más grande de Grecia, a pocos metros de Prosfigiká.

En la comunidad aseguran que el desalojo podría ejecutarse de un momento para otro, pero están decididos a resistir pese a las crecientes incursiones policiales, arrestos y enjuiciamientos de estos años. Así lo cree Doppagne, que está junto a Chantzis en la clínica autogestionada del vecindario, dónde se ofrece atención médica continua.

Amnistía Internacional alertó en abril del “grave riesgo de desalojo forzoso” del colectivo. “Entre los afectados hay refugiados y otros grupos vulnerables a la discriminación y marginación, incluido personas sin techo en el pasado o en tratamiento por adicciones”, dijo la ONG. Según denunció, los residentes “fueron excluidos del proceso de toma de decisiones”, y el plan “no prevé alternativa de vivienda” para todos ellos.

Ante las críticas, el Gobierno regional de Ática aseguró este mayo que los bloques de Prosfigiká “no serán comercializados ni demolidos”, sino convertidos en “viviendas sociales asequibles” para familias, jóvenes, pensionistas o desempleados. El organismo agregó en un comunicado que con “una planificación organizada y transparente, se velará por la reubicación en estructuras y alojamientos adecuados” a los residentes actuales.

Aun así la confianza de los vecinos en la autoridad regional y el Ejecutivo griego es nula. “Han batido récords de corrupción”, dice Siova, resaltando los escándalos en los que está envuelto el Gobierno de Mitsotakis, salpicado hace poco por una nueva trama de fraude y malversación de fondos agrícolas de la UE, otro caso que hace que la confianza de los griegos en sus instituciones sea de las más bajas de Europa. A esto se suma el trágico accidente de tren de febrero de 2023, el peor de la historia del país con 57 muertos, y sobre el que muchos consideran que hubo negligencia estatal y poca rendición de cuentas de parte del Ejecutivo derechista.

Crisis de vivienda creciente

Esto sucede en un momento de creciente presión inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda en Atenas. Grecia fue el segundo país de la UE con mayor subida de precios de alquiler en 2025, con un aumento del 10,1%, según el grupo heleno Centro de Estudios Liberales (KEFiM). En la capital, el alquiler medio de un piso de un solo dormitorio equivale al 70,2% del salario mensual medio, y el de dos habitaciones al 93,6%. El precio para comprar casa en el país ascendió un 7,7% interanual a fines de 2025, un incremento marcado por la baja oferta de vivienda en el mercado, el auge turístico, alquileres de corta duración y fuerte entrada de capital extranjero. En un país con un sueldo mínimo mensual bruto de 920 euros, esto pone a muchos griegos en gran dificultad.

“Pisos que antes estaban a 400 euros subieron a 600, 700 o el doble, y muchos son pequeños, viejos o están en mal estado”, señala a elDiario.es Panagiota, joven ateniense que busca casa. “Hay viviendas que ya no se alquilan porque pasaron a ofrecerse por Airbnb, y esto lo hace aún más complicado”, lamenta. Según datos de portales especializados, las ofertas en esta plataforma subieron un 19% en un año, y más de 76% los últimos tres años.

Los alojamientos en oferta superan hoy los 15.450, y más del 92% son apartamentos enteros, concreta Inside Airbnb. De hecho, el turismo alcanzó niveles récord en la urbe, con más de ocho millones de visitantes al año. El alcalde de Atenas, Haris Doukas, alertó hace poco que la ciudad “no puede funcionar como si fuera un hotel gigante”, criticó la sobresaturación de barrios como Plaka, en el pie del Acrópolis, y apeló a imponer restricciones y normas.

Para Chantzis, Prosfigiká se erige en “bastión de resistencia” ante esta realidad. Con su huelga de hambre, pretende también oponerse a un concepto de ciudad “hecha cada vez más para los ricos”.

Una nueva figura emerge como potencial rival de Giorgia Meloni en el campo progresista de Italia, mientras el país se prepara para elecciones en 2027 y la primera ministra está en la cuerda floja tras perder un referéndum clave para su Gobierno. Es la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una excampeona de lanzamiento de martillo que llegó a competir en los Juegos Olímpicos. Tras asumir la alcaldía de esta ciudad del norte italiano hace apenas un año, ahora es vista para muchos como un perfil idóneo para liderar la oposición de centroizquierda, en un contexto en que los partidos contrarios a Meloni siguen negociando formar una coalición.

La derrota en el referéndum sobre la reforma de la Justicia de marzo fue el primer gran revés para Meloni de la legislatura. Desvaneció su aura de invencibilidad desde que asumió el poder en 2022, y esto se ha notado en los sondeos. Por primera vez, el bloque de fuerzas opositoras supera por una ligera ventaja a los partidos de la coalición de la líder ultraderechista. Es aquí donde la figura de Salis gana peso por su estilo renovador de hacer política y comunicarse, que algunos expertos ven como puntos clave para que se postule como antítesis a Meloni. 

En los últimos tiempos, la popularidad de Salis –de 40 años– se extiende a nivel nacional. El masivo evento a ritmo de tecno que organizó en abril en Génova ilustra la imagen moderna con la que se promociona en una urbe con uno de los índices más altos de población anciana de Italia. En el país, muy envejecido, muchos creen que hace falta sangre nueva en política, también entre partidos centristas e izquierdistas contrarios a la líder ultraderechista. La oposición, casi incapaz de hacerle sombra, busca unirse en un frente común para destronarla. El campo largo juntaría al Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) o Alianza Verdes-Izquierda, y podría incluir más fuerzas como Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, de línea centrista.

Aun así, no se alcanzó aún un pacto final de unidad ni se acordó quién será cabeza de lista. Esto podría dirimirse en unas primarias pendientes de concretarse. Por el peso de sus partidos, se perfilan como contendientes la secretaria del PD, Elly Schlein, y el líder del M5S, Giuseppe Conte, aunque ninguno goza de consenso ni agrado generalizado. Es ahí cuando apareció el nombre de Salis como posible candidata, al tener un perfil transversal. 

Entre sus admiradores está Renzi, quien precisamente saltó a la jefatura de Gobierno en 2014 tras crearse una imagen pública como alcalde de Florencia. “Creo que las primarias se harán y espero que Silvia Salis participe junto a Elly Schlein y Giuseppe Conte. Aún queda un año”, declaró Renzi en abril, acelerando el debate en torno a la posibilidad de que Salis salte a la política nacional, aunque ella apenas lleva un año como alcaldesa de Génova.

Del deporte de élite a la política

Salis se dedicó gran parte de su vida al deporte de élite. Fue campeona de lanzamiento de martillo en Italia y participó en los Juegos Olímpicos de Londres y Pekín. Tras retirarse, fue vicepresidenta del Comité Olímpico italiano. Candidata independiente, sin relación previa con el aparato político tradicional, irrumpió en política cuando se presentó a la alcaldía de Génova en 2025. Ganó con una coalición de fuerzas centristas e izquierdistas para cambiar el rumbo de la ciudad, gobernada los años previos por un ejecutivo afín a Meloni.

Para muchos, ha dado un soplo de aire fresco a ciertos modos anticuados de hacer política en Italia. Muestra un estilo de comunicación directo con presencia activa en redes sociales, apertura a los jóvenes y voluntad de conexión con sectores alejados del mundo político institucional. Su acercamiento a la juventud –tema de peso en Génova, afectada por la emigración juvenil– quedó patente el 11 de abril, cuando subió con unas estilosas gafas de sol al escenario de Piazza Matteotti, en el centro de la urbe. Su consistorio acogió un evento al más puro estilo rave de la famosa DJ belga Charlotte de Witte, con unos 20.000 asistentes y notable impacto mundial.

Salis también apoyó las movilizaciones por Palestina que el último año tuvieron Génova como punto neurálgico. Ahí está el puerto más grande del país, y la lucha activa de sus estibadores se centró en respaldar la Global Sumud Flotilla, bloquear los buques con armas para Israel y promover varias huelgas sin precedentes en Italia. “No solo pedimos una Palestina libre, sino que decimos Stop al Genocidio”, dijo Salis en una marcha por Gaza en 2025, entre críticas por la actitud tibia y poco contundente de Meloni ante las acciones israelíes en la Franja.

Madre de un niño de dos años y esposa del director de cine Fausto Brizzi, Salis se considera feminista. Pide reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, apoyar a las clases medias, combatir la evasión fiscal y establecer un salario mínimo por ley, inexistente en Italia. También respaldó a los empleados de la antigua ILVA, la empresa siderúrgica más grande del país, en dificultades económicas y con una planta de peso en Génova. 

Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato

Lorenzo Castellani — Profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma

“¿Qué clase de trabajo es ese que ni siquiera te permite pagar el alquiler?”, decía en una entrevista en abril la alcaldesa, que rehúye también ciertos planteamientos más asociados a la izquierda alternativa. Esto hace que genere simpatías entre sectores centristas o izquierdistas moderados, que ven en ella la imagen de una gestora eficiente y disciplinada por su carrera previa como deportista de élite y cargo de peso en el comité olímpico.

Para Lorenzo Castellani, profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma, la exatleta gana adeptos entre el progresismo moderado porque este espacio tiene “un vacío” de líderes de hace años. “En cierto modo, a Salis se la identifica con este sector, y se la considera una de sus potenciales protagonistas para los próximos años por sus capacidades comunicativas, su historia y apariencia general”, dice el docente a elDiario.es. 

Próxima parada, ¿elecciones de 2027?

La edil de la sexta ciudad más grande de Italia y capital de la región de Liguria rechazó por ahora presentarse a primarias, pero dijo sentirse halagada por la atención que recibe y no cerró la puerta a erigirse como líder de consenso si se lo pidieran. “Ante una petición unificadora, no puedo decir que no lo consideraría, esto sería mentir”, aseguró en una reciente entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.  

Muchos analistas opinan que aún es pronto para que salte a primera línea, y no creen que busque concurrir a comicios en 2027, pero sí perciben que apunta alto de cara al futuro. Según Castellani, “le conviene esperar sin quedar muy expuesta”, ya que ahora no obtendría apoyo del PD ni del M5S. “Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato”, añade. 

Según la prensa, Salis contrató como consultor a un antiguo asesor de imagen de Renzi, y es una figura de moda que combina glamour y progresismo, siendo incluso entrevistada y copando portada en la revista Vanity Fair. Todo ello levantó también suspicacias entre críticos, que alertan que el espacio de centroizquierda más reformista realiza una calculada operación mediática para aupar a Salis como líder del sector anti-Meloni. 

Ella defiende que vestir ropa de marca como Giorgio Armani o calzado de la firma de lujo Manolo Blahnik –por lo que fue criticada en medios y redes sociales– no es incompatible con promover políticas de izquierda. “Para menospreciar a la persona, sobre todo cuando es mujer, no se fijan en sus méritos, sino en cómo viste”, lamentó. “No hay nada de malo en comprar con tus propios recursos lo que más te gusta”, agregó Salis, que defiende posturas favorables a la comunidad LGTB y la legitimidad de tener valores progresistas sin renunciar a su identidad como católica practicante o madre casada en el marco de un matrimonio heterosexual clásico.

“Soy madre, católica, casada y heterosexual, pero no creo que el mío sea el único modelo o mejor que el de otros”, remarcó la alcaldesa, que ha registrado a hijos de parejas del mismo sexo en el Ayuntamiento, en oposición a la idea de familia tradicional que defiende Meloni y a sus políticas hostiles hacia el colectivo LGTB.

“Centrada únicamente en Génova”

A consultas de elDiario.es, el portavoz de Salis alegó que estos días no tiene tiempo de atender a este medio. “En este período está centrada únicamente en Génova”, dice. La ciudad, antigua potencia marítima medieval, acumula problemáticas que ilustran también las deficiencias estructurales del conjunto de Italia, entre ellas un declive industrial profundo, envejecimiento de población o la existencia de infraestructuras precarias. Esto se evidenció en 2018, cuando el derrumbe de un puente causó la muerte de 43 personas. 

Al ser aún su primer año en el poder, muchos ciudadanos viven lo que el periodista genovés Matteo Macor denomina como “luna de miel” con Salis. “La ciudad está aún bastante enamorada de su figura. Es joven, habla un lenguaje nuevo, se dirige a los jóvenes y organiza eventos para reapropiarse de espacios como las plazas”, comenta a elDiario.es este reportero del periódico La Repubblica que cubre la actualidad política de la ciudad.

“Ha buscado rejuvenecer la narrativa de la ciudad y es muy querida, pero tiene algunos frentes abiertos que la podrían poner en dificultad. Génova es una ciudad caótica, con valles estrechos y llena de obras y tráfico. Los próximos meses serán probablemente cuando los problemas lleguen a un punto crítico”, indica Macor. Según agrega, será quizás entonces cuando la ciudadanía calibre con más detalle su gestión de la urbe, un elemento que podría condicionar también el potencial ascenso de Salis al más alto nivel de la política italiana.

En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La tenue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Yvan Sagnet — Fundador de la ONG No Cap

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Stefano Campese — Abogado

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.

Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EEUU contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello ha desatado una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se ha tenido que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Oriente Medio por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EEUU e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EEUU y la UE

Meloni era hasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EEUU y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribía este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, hablaba de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EEUU por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EEUU, “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EEUU o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EEUU en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EEUU a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EEUU desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EEUU en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, asegura Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dice Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EEUU fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agrega.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EEUU e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alerta Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EEUU e Israel. 

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que ha investigado con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

Avraham Burg (1955) es un personaje con trayectoria heterodoxa en Israel. Pasó de ser uno de los cargos de más alto rango —incluso presidente interino del país— a un disidente que cuestiona un Estado con el que ya no se ve representado. Estos años, en medio de la actual deriva belicista, se erigió como opositor a las ofensivas sobre Gaza, Líbano e Irán, abogó por adoptar sanciones “drásticas” y pidió acciones por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su país por crímenes de lesa humanidad en la Franja.

Aunque él asegura que sus posiciones no han cambiado desde que entró en política, Burg es hoy en día una figura a contracorriente que incluso ha llegado a cuestionar públicamente si Israel ha perdido el derecho a existir tras el genocidio en Gaza. La suya es también una crítica radical a los pilares ideológicos de base del país, trascendiendo el sionismo y mirando más allá.  

En plena ofensiva sobre Irán y Líbano, elDiario.es habla con él en una conversación donde reflexiona sobre sus planteamientos, tras oponerse a los ataques a Teherán al verlos como otra “guerra cínica” y sin sentido secundada por gran parte de la población israelí.   

La ofensiva de Israel y EEUU “es una guerra oportunista, sin propósito y por eso es tan cínica”, remarca Burg en llamada telefónica. “No fueron a esta guerra con ningún objetivo claro, ni saben decir lo que buscan en ella. ¿Qué quieren? ¿Derrocar al régimen? ¿Acabar con el programa nuclear? ¿Dejar que el pueblo tome el poder en las calles? Cada día cambian de objetivo, porque nunca tuvieron uno, sino que simplemente vieron una oportunidad y la aprovecharon” sin pensar más allá, opina el expolítico. 

Entre los ochenta y los 2000, Burg hizo una larga carrera política que le llevó hasta las altas esferas estatales. Fue líder destacado del Partido Laborista, gran fuerza gobernante en Israel durante décadas, donde compartió espacio con Shimon Peres e Isaac Rabin. Fue presidente de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial y estuvo al frente de la presidencia de la Knésset, el Parlamento israelí, entre 1999 y 2003, cuando incluso fue jefe de Estado por veinte días tras la renuncia de Ezer Weizman como presidente de Israel.

Israel, en guerra constante

Burg está muy familiarizado con la figura de Benjamin Netanyahu. En los noventa, cuando era un joven líder laborista que apoyó los Acuerdos de Oslo, el actual primer ministro israelí se erigía ya como líder del Likud y opositor al proceso de paz, por lo que conoce al detalle sus estrategias ante los palestinos e Irán.

Según alega, la campaña contra Teherán que EEUU e Israel desataron el pasado 28 de febrero es producto de la voluntad del jefe de Gobierno israelí y a la que Donald Trump se vio arrastrado. “Esta es la misión de vida de Netanyahu, con la que sueña desde hace 34 años”, tras crear “un marco emocional que hizo que la guerra pareciera la única opción natural”, dice Burg. 

“Esta es la guerra de Israel, no de EEUU. Se impuso a Washington con un proceso metódico en el que Netanyahu logró redefinir el interés estratégico de Israel como uno estadounidense”. De fondo, asegura, está “el intento israelí de remodelar Oriente Medio para erigirse como única potencia hegemónica regional”, y la Administración estadounidense cayó en la trampa.

“Un Israel antidemocrático, liderado por Netanyahu y su círculo mesiánico, atemorizó y silenció el debate público abierto en EEUU”, dice Burg, que desde hace más de 20 años analiza la realidad política desde fuera de las instituciones. 

Esta es la guerra de Israel, no de EEUU. Se impuso a Washington con un proceso metódico en el que Netanyahu logró redefinir el interés estratégico de Israel como uno estadounidense

Burg dejó su cargo como diputado en 2004, descontento con la deriva del país. En un artículo publicado en 2003 dio por muerto el sionismo y criticó a Israel como un Estado que “se asienta sobre una estructura de corrupción y cimientos de opresión e injusticia”. Tras ello, Burg destacó como escritor y activista por la paz y se opuso con más dureza a la ocupación de territorio palestino, abogando por crear un único Estado entre el río Jordán y el Mediterráneo donde los palestinos sean ciudadanos con igualdad de derechos. 

Según remarca, él mantuvo sus ideas “intactas” desde el primer día, y “es Israel que cambió” estas últimas décadas. “Nada es comparable” a los tiempos de Oslo: “Hay un sistema político y sociedad distinta”, mucho más a la derecha, y “los mecanismos políticos útiles de entonces quedaron obsoletos”. 

Ante ello, insta a buscar nuevas vías para alcanzar las mismas metas. “La necesidad de hallar una reconciliación entre israelíes y palestinos es más apremiante que nunca”, así como “separar religión y Estado” en Israel, considera Burg, consciente de que sus planteamientos no serán posibles a corto plazo, sino que son “utopías lejanas”.

La implosión de la sociedad israelí

Estos años, Burg vio cómo se acentuaba la división entre la compleja sociedad israelí, marcada por una gran polarización, fraccionada entre variedad de grupos y dividida por una gran separación entre una parte de población derechista, conservadora y religiosa, frente a otra más liberal y secular que ahora pierde influencia y peso demográfico.

“La sociedad israelí está desintegrada y ya no existe un solo Israel”, sino “cuatro sociedades separadas, unidas sólo por la guerra perpetua que mantiene el espejismo de unidad”, cree Burg. Estos años, la brecha se agravó más que nunca, el bloqueo político abocó el país a cinco comicios entre 2019 y 2022 y las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu —que según críticos amenaza la separación de poderes y aumenta el control político sobre la Justicia— escalaron a un nivel nunca visto hasta el 7 de octubre de 2023.   

Un Estado que niega los derechos a millones de personas, justifica el asesinato en masa como estrategia de seguridad y eleva la supremacía judía y desigualdad a ideología no puede reclamar legitimidad moral

“La democracia retrocede en Israel y el modelo liberal-democrático da paso a una democracia deficitaria, limitada e iliberal”, asegura Burg. Según considera, otro problema es la falta de una verdadera izquierda. “Tuvimos cincuenta tipos de derecha, pero nunca una alternativa de izquierda real que desafíe a la derecha, que se ha deslizado rápidamente hacia el extremismo”, razona el exdiputado. 

Burg, quien promovió la migración de judíos a Israel como presidente de la Agencia Judía —la histórica organización sionista encargada de ello—, ha sido estos años un ferviente crítico de lo que considera una nueva noción supremacista de identidad judía marcada por el Estado, distinta a la identidad ancestral y universal de judaísmo que él concibe.   

Opositor a la ley de Estado-Nación judía

En 2018, Burg se opuso a la Ley de Estado-Nación, norma constitucional que asentó el carácter judío de Israel, reservando únicamente al pueblo judío el derecho a la autodeterminación sobre este territorio, lo que considera discriminatorio y excluyente. Ante ello, solicitó que se le retirara el título de judío en sus documentos del registro de población de Israel. 

“Alegué ante el Tribunal Supremo que la ley diseñó y definió un nuevo pueblo judío. Este no es el judaísmo que enseño a mis hijos. No soy judío según esta norma, sino según la definición antigua, por lo que pedí que me retiraran del registro. Esto hace que sea el único israelí judío y practicante no registrado como tal”, dice Burg, procedente de una familia de la “aristocracia sionista”, según el diario Haaretz, e hijo de Yossef Burg, histórico líder del extinto Partido Nacionalista Religioso, quién fue diputado durante casi 40 años.

En sus artículos en Substack que publica semanalmente, Burg reflexiona sobre la deriva del país y la opresión a los palestinos, una de las causas por las que dejó la política en la Segunda Intifada. “Hace más de veinte años clamé por el trágico fin del sionismo. Ya entonces, la democracia en Israel agonizaba en las colinas de los territorios ocupados y el alma del país estaba infectada por una enfermedad mortal”, dijo en una de sus piezas de 2025. 

Israel, en “bancarrota moral”

“La mayoría de la sociedad israelí permanece impasible e indiferente” ante la destrucción de Gaza, una señal “demoledora” de la “bancarrota moral” del país, lamenta. “Tenemos que enfrentar la verdad: Israel, sin un fundamento ético, no tiene justificación para existir”, añade, alertando que el país ha llegado “al abismo”.

“Un Estado que niega los derechos a millones de personas, justifica el asesinato en masa como estrategia de seguridad y eleva la supremacía judía y desigualdad a ideología no puede reclamar legitimidad moral”, escribió entonces, instando a abandonar “el nacionalismo tribal” y buscar “la humanidad compartida y la ciudadanía igualitaria”.

Me preocupa que a raíz de esta guerra Irán busque desarrollar una estrategia similar a Corea del Norte, país al que nadie toca porque tiene armas nucleares

Para Burg, el fracaso del proceso de paz y la Segunda Intifada acabaron de separar a palestinos e israelíes. “Desde Oslo, ambas comunidades no se conocen”, lo que se agravó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás “cometió atrocidades y crímenes de lesa humanidad injustificables”, igual que “no se justifica la política criminal de Israel sobre Gaza”, dice. Según resalta, el trauma de aquel día llevó a Israel a un círculo vicioso. “Desde entonces, estamos atrapados en la asunción de que todo lo que se hace contra nosotros justifica lo hecho contra ellos”, dice, advirtiendo que la reacción israelí deja tras de sí “una generación de odio”. 

En agosto, Burg instó a un millón de judíos de todo el mundo a presentar una denuncia colectiva contra Israel ante la CIJ “por crímenes de lesa humanidad” en Gaza, cometidos “bajo la falsa bandera de la identidad judía”. Aquel mes también firmó una carta junto a otras treinta personalidades israelíes en que pidió “sanciones drásticas” contra Israel. 

Contra el arsenal nuclear israelí

Estos años, mientras Netanyahu se centraba en confrontar el programa nuclear de Irán, Burg fue el primer expolítico israelí que en 2013 denunció públicamente la posesión de armas químicas y nucleares por parte de Israel, un secreto a voces sobre el que el país mantiene una postura de ambigüedad estratégica, sin negar ni confirmar, siendo de los pocos Estados del mundo que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Expertos y órganos internacionales estiman que Israel posee decenas de ojivas nucleares en el complejo de Dimona, su centro de investigación nuclear hacia donde Teherán dirigió parte de sus ataques hace pocos días.

Burg se opone a la posesión israelí de este arsenal y alega que acelera la carrera nuclear en Oriente Medio. Cuando hizo su revelación, un grupo derechista llegó a pedir que se le imputara por traición, mientras que ahora cree que la actual ofensiva de Israel y EEUU contra Irán no hará más que empeorar la situación.

“Me preocupa que a raíz de esta guerra Irán busque desarrollar una estrategia similar a Corea del Norte, país al que nadie toca porque tiene armas nucleares. Temo que si los iraníes lo logran, después sigan la misma línea los saudíes, egipcios, etc., y todo Oriente Medio se sature de armas de destrucción masiva”, alega Burg, que aboga para que Israel renuncie a su arsenal nuclear y evite una carrera acelerada hacia la bomba atómica en la región.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

Con posturas abiertamente homófobas, guiños neofascistas y duras apelaciones a la llamada “remigración”, una figura con peso creciente en el sector más ultra de Italia busca erigirse en su adalid. Es Roberto Vannacci, exgeneral y actual eurodiputado, que este mes se escindió del partido Lega (Liga) de Matteo Salvini para crear una fuerza propia, Futuro Nazionale, con la que quiere presionar al Ejecutivo de Giorgia Meloni con posiciones aún más ultraderechistas.

Su nueva fuerza de corte identitario fragmenta también el espacio de la extrema derecha ante los futuros comicios, previstos para 2027. A su vez, pretende captar a los votantes más ultras que consideran que el Gobierno de Meloni ha sido demasiado moderado los últimos años. 

“Vannacci piensa que puede ser líder de una nueva derecha italiana aún más extrema, con posturas más duras que Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia) o la Lega”, dice a elDiario.es Matteo Albanese, investigador de la Universidad La Sapienza de Roma y experto en ultraderecha, que remarca cómo el exgeneral busca ser estandarte de la “remigración”, una idea por la que abogan los movimientos identitarios europeos, que plantean la deportación masiva de migrantes.

El exmilitar es visto como partidario de un ultranacionalismo reaccionario que valida parte del legado fascista, con simpatías por Vladímir Putin, rechazo al apoyo europeo a Ucrania, críticas al atlantismo o reservas al aborto –que no ve como un derecho, sino “una necesidad desafortunada a la que las mujeres se ven obligadas a recurrir”–, entre otras cosas.

También ha criticado al Gobierno por políticas migratorias, de seguridad o de desalojo de inmuebles ocupados que ve demasiado blandas, y lo ha atacado por secundar el rearme europeo, mantener la ayuda militar a Kiev y validar una ley que incorpora el feminicidio como crimen. “Si la ley es igual para todos, un delito no puede ser más o menos grave en función del sexo, el color de la piel o la orientación sexual del perpetrador o la víctima”, declaró, mientras busca captar la atención de votantes derechistas y descontentos con el Ejecutivo de Meloni.

Vannacci piensa que puede ser líder de una nueva derecha italiana aún más extrema, con posturas más duras que Fratelli d'Italia o la Lega

Matteo Albanese — Investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

“En el mundo de la ultraderecha hay gente enfadada con Meloni porque cree que no hizo políticas realmente derechistas. Para algunos tomó medidas demasiado liberales y proamericanas, y Vannacci podría captar parte de este descontento, poniendo también a Salvini en graves dificultades”, explica el docente. En su opinión, la primera ministra ya piensa posibles escenarios electorales, a la espera del resultado del referéndum sobre la reforma de la judicatura del 22 y 23 de marzo. La irrupción de Vannacci es otro asunto más a tener en cuenta.

Paracaidista de carrera y escritor novel

Paracaidista retirado de 57 años con más de cuatro décadas de carrera militar, Vannacci saltó a la fama en agosto de 2023 tras publicar Il mondo al contrario (El mundo al revés), un libro con enfoque reaccionario que él mismo autoeditó. En sus páginas, denunció la supuesta inversión de los valores tradicionales, con opiniones racistas o sexistas y comentarios contra migrantes, feministas y homosexuales. “No son normales”, escribió sobre estos últimos. La obra causó mucha polémica, pero se convirtió en un bestseller y vendió cientos de miles de ejemplares, catapultando al general antes casi desconocido al estrellato de la galaxia ultraderechista.

Tras publicar su libro, el Ministerio de Defensa le destituyó como jefe del Instituto Geográfico Militar (principal organismo cartográfico del Ejército) e inició una investigación disciplinaria que llevó a la suspensión temporal de sus cargos por incitación al odio racial, falta de neutralidad y daño a la reputación de la institución castrense. Vannacci recurrió sin éxito la sentencia, apelando a la libertad de expresión. Fue entonces cuando Salvini (ministro de Transporte y vice primer ministro de Meloni) le fichó cómo cara visible en los comicios europeos de 2024, en los que Vannacci logró más de 500.000 votos y un escaño como europarlamentario. 

Tras ello, Salvini le otorgó el puesto de vicesecretario de la Lega. Según analistas, apostó por la figura de Vannacci al pensar que su discurso de línea dura auparía al partido, que se vio relegado como fuerza subalterna de la extrema derecha tras el sorpasso de Meloni como principal líder ultraderechista. Con todo, pese a ser promocionado hasta la cúpula de la Lega, Vannacci no se conformó con su posición de lugarteniente y siguió su agenda propia, no siempre alineada con la del partido, lo que causó fricciones con Salvini, hasta su ruptura definitiva.

“Le abrimos las puertas de todas nuestras sedes. Voté por él e hice que lo apoyaran, pero traicionó la confianza de votantes y ciudadanos”, declaró Salvini después de que Vannacci no renunciara a su escaño en Bruselas tras la escisión, acusándolo de deslealtad y falta de honor. Después de irse de la Lega, fue automáticamente expulsado del grupo parlamentario Patriotas y pasó a los no inscritos, aunque se especula que podría ingresar pronto en el grupo Europa de las Naciones Soberanas –al que pertenece Alternativa para Alemania (AfD), partido identitario con el que tiene simpatía ideológica y al que, de alguna forma, quiere emular en Italia con la puesta en marcha de su nueva formación–.

Un nuevo partido ultra: Futuro Nacional

Tras salirse de la Lega, Vannacci anunció rápidamente la fundación de Futuro Nazionale, que incorpora en su logotipo la llama tricolor, símbolo asociado al neofascismo que comparte con Fratelli d'Italia, el partido de Meloni. “Persigo un sueño y voy lejos”, dijo el exgeneral el 3 de febrero, cuando oficializó la creación de su formación. “Mi derecha es verdadera, coherente, identitaria” y “no es moderada”, remarcó en un post en la red social X.

Por ahora, los sondeos le dan entre 1,5% y 4% de intención de voto en futuros comicios, aunque queda por ver cuál será su impacto real. “Estos días se presta mucha atención a Vannacci porque es el acontecimiento nuevo de la política del país”, pero aún es pronto para valorar cuál será su peso y capacidad efectiva de condicionar las negociaciones para un nuevo ejecutivo, valora Albanese. Según las encuestas, la coalición que lidera Meloni con la Lega y Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi) podría repetir, sin contar con el apoyo de Vannacci.  

Meloni se desplazó hacia el centro y se hizo más moderada, lo que dejó un espacio a la derecha que Salvini quería ocupar, pero ahora se topa con un competidor más derechista

Roberto Castelli — Ex alto cargo de la Lega

“Meloni se desplazó hacia el centro y se hizo más moderada” desde que accedió al poder en 2022, lo que “dejó un espacio a la derecha que Salvini quería ocupar, pero ahora se topa con un competidor más derechista” como Vannacci, señala a elDiario.es Roberto Castelli, quien fue ministro de Justicia de Berlusconi, entre 2001 y 2006, y también uno de los líderes de la Lega, hasta que en 2022 abandonó el partido al rechazar la deriva “centralista” de Salvini –anteriormente, el partido se llamaba Lega Nord y defendía los intereses del norte de Italia, más rico e industrializado–.

Según Castelli, Vannacci “podría agregar a grupos más pequeños” de la órbita ultra, sin representación institucional y más peso en la calle, como el movimiento neofascista Casa Pound, otro defensor de la “remigración”. Sin embargo, este grupo descartó por ahora establecer una alianza con Futuro Nazionale.

Aun así, el nuevo partido sí arrastró algunos altos cargos de la Lega, que no ha sufrido por ahora una gran desbandada de militantes. Entre los pesos pesados que pasaron al bando de Vannacci están dos diputados, Rossano Sasso y Edoardo Ziello, y un ex alto cargo de la Liga, el consejero regional de Toscana, Massimiliano Simoni. Además, se ha unido a Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, diputado expulsado hace tiempo de Fratelli d'Italia por disparar su pistola en una fiesta de fin de año.

Salvini tendrá problemas si no llega al 7 u 8% de los votos en los comicios de 2027. Con los apoyos que podría arrebatarle Vannacci, puede tener problemas

Roberto Castelli — Ex alto cargo de la Lega

Con todo, en un contexto donde la hegemonía ideológica en Italia está cada vez más a la derecha y donde los partidos de centroizquierda siguen lejos de representar una oposición con opciones de victoria, analistas y encuestas señalan que Vannacci rascaría votos de Fratelli d'Italia, pero sobre todo de la Lega, lo que puede comprometer el liderazgo y la propia apuesta política que Salvini asumió esta última década, en opinión de Castelli.

El excompañero de Salvini añade que, en 2014, tras ser elegido líder del partido, Matteo “dio un giro de 180 grados” respecto a la base ideológica tradicional de la Lega Nord, que pasó a llamarse Lega a secas. La fuerza fundada por Umberto Bossi, con posturas federalistas en defensa de las regiones del norte, se transformó en una fuerza ultranacionalista italiana que se extendió por todo el país.

Según Castelli, esta apuesta “centralista” de Salvini se impuso pese a las reservas del sector más federalista y moderado del partido, que aún tiene su principal bastión en el norte, y en el futuro podría pedir cuentas a Salvini si no aplaca los daños causados por Vannacci. Entre los máximos exponentes de este sector están figuras como Luca Zaia, presidente de la región de Veneto, al que nunca gustó la incorporación de Vannacci en el partido y que estos días celebró la salida del exmilitar.

Sin embargo, para Castelli, por ahora Salvini tiene el “control firme” del partido como secretario federal y no cree que su posición pueda ser cuestionada hasta las elecciones generales. “Salvini tendrá problemas si no llega al 7% u 8% de los votos en los comicios de 2027. Con los apoyos que podría arrebatarle Vannacci puede tener problemas”, plantea Castelli, mientras Italia sigue pendiente de las implicaciones de la irrupción del exgeneral, un ultra que busca superar tanto a Salvini como a la propia Meloni por la derecha más extrema.  

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostes. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y feminicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta a elDiario.es Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su coste real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en feminicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el coste total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los feminicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de feminicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un feminicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de feminicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini a elDiario.es, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de feminicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costes gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport acabó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se ha corregido todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri a elDiario.es. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a coste cero para economía y medioambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costes, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera ha pedido más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics ha identificado que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

La Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma tras el Coliseo, pasó a ser de pago este lunes. El cobro de una entrada de dos euros para los que quieren acercarse a las inmediaciones de la fuente marca otro paso para frenar las aglomeraciones en la Ciudad Eterna, una de las urbes con más turismo de Europa, donde el Ayuntamiento del centroizquierdista Roberto Gualtieri adopta medidas que buscan atenuar la masificación. Ante ello, esta mañana, con una presencia aún moderada de turistas y mucha expectación mediática, algunos llegaban al lugar sorprendidos por la medida, mientras otros ya sabían sobre ello e iban dispuestos a pagar. 

Hasta ahora, ver esta joya del barroco tardío en pleno espacio público del centro histórico de Roma era enteramente gratuito. A partir de ahora, se paga dos para tener acceso a la escalinata y el catino, el receptáculo de agua al que se lanza la moneda que según la tradición asegura el regreso a Roma. Se puede seguir accediendo gratuitamente a la plaza que alberga la fuente, desde dónde se sigue contemplando el monumento sin coste, aunque los turistas tienen que hacerlo sin poder acercarse tanto. “En realidad se ve mejor desde lejos”, comentó a elDiario.es una turista española que llegó a la zona tras iniciar la hora de pago, sobre el que ya venía informada. Otros, sin embargo, no tenían conocimiento de ello, como Denis, una joven turista de Turquía. “No veo bien que se tenga que pagar. Ya pagamos lanzando la moneda al agua”, aseguró.

A primera hora, más de una veintena de trabajadores empleados por el Consistorio se repartían por el recinto, parte de ellos cobrando con tarjeta el ticket en un puesto de billetería que da acceso a la fuente. Tras ello, los visitantes pasan por una fila delimitada con cintas hasta el perímetro más cercano a la fuente, donde tiran la famosa moneda, se hacen selfies o toman fotos del monumento. “Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque si no se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse”, dijo a elDiario.es Simon, un turista francés junto a un grupo de amigos que llegó pronto para evitar multitudes. Según concretó, ve positivo que se pague lo que es una cantidad reducida al destinarse el dinero al erario público.

En la misma línea se pronunció Phillip, turista inglés que visita por primera vez Roma y no sabía que el acceso a la fuente era de pago hasta llegar al lugar. “Pagué la entrada sin problema. Creo que es una buena iniciativa para mantener limpio el recinto y preservar el monumento”, aseguró a elDiario.es el visitante británico, “acostumbrado a pagar para acceder a atracciones turísticas” en todos los lugares que visita.  

El horario de pago será de 9:00 a 22:00 la mayoría de días de la semana, y los lunes y viernes será de 11:30 a 22:00. El ticket puede comprarse en el acceso a la fuente, por internet vía www.fontanaditrevi.roma.it, en los puntos de información turística y la red de museos públicos. Por otro lado, el acceso sigue siendo gratuito para los vecinos de Roma, niños menores de seis años, guías turísticos y personas con discapacidad.  

En un contexto europeo donde cada vez más espacios públicos de ciudades turísticas pasan a ser de pago -el Park Güell de Barcelona lo es desde 2013-, el debate sobre el tema también llegó a Roma y genera polémica. Algunos romanos ven el sistema como una medida más bien cosmética sin efecto real para frenar grandes aglomeraciones turísticas, y critican que se haga pagar en un área pública al aire libre como Fontana de Trevi.

Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque sino se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse

Bryan Jansing, escritor y autor de libros sobre temáticas de Roma, asegura estar en contra de la iniciativa. “Me parece un poco alarmante. No creo que se deba pagar para tener acceso a un espacio público. No sé cómo solucionar el problema de la masificación turística, pero no creo que así funcione”, comenta a elDiario.es. En la misma línea se expresa Luca, guía turístico romano, que cree que con ello, el Ayuntamiento “usa la lucha contra el turismo de masas como una vía para obtener ganancias de una plaza pública”, en lo que ve como una deriva hacia una creciente mercantilización muy patente en el propio centro histórico de la ciudad. 

Por su parte, el Consistorio destaca los efectos que la medida de pago puede tener a nivel recaudatorio, con la que calcula obtener unos 6,5 millones de euros. También cree que el mayor control del flujo de personas servirá para facilitar la vida a vecinos y empleados de la zona, a menudo rodeados de grandes aglomeraciones.

La plaza de Fontana de Trevi es uno de los puntos más concurridos de Roma, con diez millones de visitantes anuales y unas 30.000 visitas diarias, aunque 70.000 personas pueden pasar por ahí a diario en los momentos más álgidos de época turística, dice a elDiario.es el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. Ante ello, cree que el pago de los turistas puede apoyar “la manutención y protección de la fuente, que ya se restauró recientemente”. Este proceso acabó a fines de 2024, justo para el inicio de la festividad católica del Jubileo, que llevó a un número aún mayor de turistas a la ciudad y sus lugares más turísticos como la Fontana.

Ya entonces, el Consistorio puso en marcha un sistema para restringir el acceso a las escalinatas que rodean la fuente a un máximo de 400 personas, y se planteó adoptar un modelo de pago para la Fontana que sirviera también para evitar las concentraciones caóticas de gente. Tras valorar la cuestión, el alcalde Gualtieri anunció el pasado diciembre la medida, cuando también anticipó la introducción de billetes de pago para otros seis monumentos, como la Villa de Majencio en la Vía Apia o el Museo Napoleónico. En el caso de la Fontana, Gualtieri insistió en que el pago de dos euros “no es mucho”, en la misma línea que Smeriglio. “La tarifa es mínima”, dice el concejal de Cultura. “Se pueden obtener unos 6,5 millones de euros, pero es una estimación conservadora y podría incluso ser superior”, agrega.

Para el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, uno de los principales promotores de medidas para atenuar la masificación, “el ticket en Fontana de Trevi es una sana revolución”, y “dos euros es una cifra irrisoria”. Según alega, el dinero recaudado servirá también para crear “puestos de trabajo”, y se destinará a sufragar costes para que vecinos y residentes de Roma puedan visitar todos los museos de la urbe de forma gratuita.

“Hace un año y medio, me horrorizaba ver que la Fontana de Trevi era un atasco de personas que se apiñaban para conseguir un espacio donde hacerse un selfi entre un helado que goteaba, un trozo de pizza arrojado al agua o los pies en remojo. Todo esto ya no sucede”, declaró Onorato el pasado jueves en un evento en la urbe.

La Fontana, adosada en el Palacio Poli, diseñada por Nicola Salvi y acabada en 1762, es considerada una obra maestra del barroco tardano que representa al dios de todas las aguas, Oceáno. Se ha convertido en un icono de Roma por la monumentalidad de su estructura. Cada año, con las monedas lanzadas al agua por los millones de turistas que visitan el lugar, el Ayuntamiento recauda más de 1,5 millones de euros que destina a Cáritas.

Por otro lado, tras pasar a ser de pago, la Fontana se suma a otro histórico edificio en condición similar, el Panteón de Agripa. Ahí, el acceso fue gratuito hasta 2023, cuando el Ministerio de Cultura pasó a cobrar una entrada de cinco euros. Según medios, esto hizo más ordenadas las filas de acceso, pero congestionó más la plaza de enfrente, con mucha gente haciendo cola para pagar y entrar.

Con todo, para lidiar con los grandes flujos de personas en un espacio público como Trevi, estas semanas las autoridades ultiman preparativos para activar toda la infraestructura necesaria. “Se iniciaron las obras de vallado” para “proteger el acceso al perímetro inferior de la fuente, contener y regular colas”, mientras que los trabajos se hacen por la noche y acabarán este mes, dijo el Ayuntamiento en un comunicado el viernes.  

El Consistorio asegura que busca “minimizar el impacto visual de las nuevas cercas y respetar plenamente los valores histórico-artísticos del conjunto monumental”. Ante ello, “se diseñaron módulos metálicos con un perfil que recuerda la geometría de las formas curvas de las columnillas de mármol de travertino” de la fuente. Además, la instalación se basa en un sistema de cercas desmontables que puede retirarse fácilmente del lugar.

Roma no es la única ciudad de Italia en imponer sistemas de pago ante el turismo. Venecia ya introdujo un tasa para los que visitan el lugar sin pernoctar desde 2024. Verona también empezó a cobrar para acceder al balcón que la tradición asocia a la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, mientras Florencia prohibió nuevos alquileres turísticos de corta duración en su centro histórico.

Ante todo, en la Ciudad Eterna el turismo no ha hecho más que aumentar estos últimos años, llegando a un pico en 2025 con el Jubileo, y las autoridades romanas lo ven un sector clave a seguir potenciando. El año pasado, la ciudad tuvo casi 53 millones de pernoctaciones turísticas, superando 2024 y 2023, según datos de Onorato, que cómo máximo responsable de la gestión turística en Roma apela a reforzar aún más el sector.

Sin embargo, el auge del turismo se ha convertido indirectamente en una pesadilla para muchos ciudadanos, con cada vez más dificultades para alquilar casa a un precio asequible ante el aumento de ofertas de alquiler breve a través de plataformas como AirBnB. Según el portal insideairbnb, en Roma hay actualmente casi 34.000 ofertas de alojamiento en este régimen, de las cuales más del 77% son apartamentos enteros. Todo ello, según coinciden múltiples analistas, hace que haya un mercado del alquiler cada vez más caro y reducido.

El ánimo de protesta impregna estos meses a los músicos y coristas de La Fenice de Venecia, una de las óperas más prestigiosas del mundo, donde se oponen al nombramiento como directora musical de Beatrice Venezi, una directora de orquesta de 35 años con gran tirón mediático y cercana a la órbita ultraderechista de Giorgia Meloni. Hace más de cuatro meses que el conflicto sigue abierto entre la fundación gestora de este histórico teatro de ópera y sus empleados, contrarios por unanimidad a la designación. Alegan que Venezi no tiene competencias ni bagaje suficiente para un cargo de tal peso, denuncian que fue una imposición opaca sin diálogo previo, y están determinados a mantener el pulso de la protesta hasta que se revoque su nominación.

Desde que se nombró a Venezi el pasado septiembre, a la espera de que asuma el puesto en octubre de 2026 con un mandato de cuatro años, la solidaridad con la plantilla de La Fenice crece en toda Italia. La protesta, inaudita en el mundo de la ópera, incluyó un concierto-manifestación al aire libre, una huelga, marchas por Venecia y reparto constante de panfletos. En el célebre Concierto de Fin de Año, músicos y trabajadores lucieron un pin con la clave de sol que se volvió viral y ahora se ha convertido en símbolo de su reivindicación.

“El currículum de Venezi no es adecuado para un puesto tan relevante. No está a la altura del que tienen los directores musicales de grandes teatros de ópera, ni de los que pasaron por La Fenice”, dice a elDiario.es Francesca Poropat, delegada de la Representación Sindical Unitaria (RSU) y corista del teatro. Abierto en 1792 y situado entre callejuelas y canales del corazón de Venecia, La Fenice acogió obras de compositores como Rossini, Bellini, Verdi, Stravinsky o Prokófiev. Verdi estrenó ahí clásicos como Attila, Rigoletto o La Traviata. El edificio también quedó destruido por dos graves incendios en 1836 y 1996, tras los que debió ser reconstruido.

Todo ello hace de La Fenice un emblema de excelencia que sus músicos buscan preservar. Ante ello, creen que la nominación de Venezi hace peligrar el alto nivel de la institución. “Es una cuestión de mérito y competencias. Para tener este cargo, se debe tener larga experiencia”, cuenta a este periódico Marco Trentin, representante del sindicato FIALS. “No es un asunto político o de género”, sino solo profesional, subraya este violinista, que rechaza las acusaciones que señalan que la orquesta no quiere a Venezi por ser una mujer joven o de derechas.

“Una operación orquestada por la derecha”

Aun así, analistas y críticos sí apuntan a una estrategia de la derecha gubernamental para colocar a personas con afinidad ideológica en espacios de peso cultural clave como La Fenice, igual que ocurrió en ámbitos como la RAI, la cadena de radiotelevisión pública. “Esta es una operación orquestada por la derecha. Venezi es amiga de Meloni y esta es una imposición suya”, comenta a este medio Valerio Cappelli, veterano periodista musical.

Según explica, este caso va en línea con un plan más amplio del ejecutivo para reformar los teatros de ópera según “un modelo nacionalista” que priorice repertorio italiano, con un enfoque tradicionalista que deje atrás la experimentación. El proyecto, llamado 'Código Único del Espectáculo', está en elaboración, y el gobierno quiere aprobarlo este año. Para Cappelli, reduciría la autonomía de las óperas. “Los teatros líricos se verán absorbidos por la política, mucho más que ahora. Dependerán de los partidos en el poder”, alerta el reportero en el portal MusicPaper. Ante ello, la elección de Venezi es solo “la guinda del pastel”, agrega a elDiario.es.

Nacida el 1990 en la ciudad toscana de Lucca, Venezi es hija de un exdirigente del partido neofascista Forza Nuova. En 2021, fue premiada como una de las jóvenes directoras más destacadas de Italia en el festival Atreju, gran evento de la ultraderecha organizado cada año por el partido de Meloni, Hermanos de Italia (HdI). También ha sido asesora musical del Ministerio de Cultura desde 2022, y tiene una cercanía pública con la primera ministra, a la que felicitó por su triunfo electoral de hace más de tres años. “Te lo mereces todo, Giorgia. Luchaste como una leona”, dijo Venezi por Instagram, donde compartió una foto junto a Meloni. Según prensa, HdI también le ofreció candidarse con el partido, oferta que declinó para priorizar su carrera.

Ante la polémica de estos meses, la maestra de orquesta -ella se hace llamar maestro, igual que Meloni pide ser tratada como il presidente- denunció “ataques violentos e infundados”, y contrató a la abogada Giulia Bongiorno para actuar legalmente ante posibles difamaciones. Bongiorno es también senadora del partido ultraderechista Liga, y ha sido la letrada de su líder, Matteo Salvini, en procesos como el ‘caso Open Arms’.

Posiciones irreconciliables

Con todo, por ahora la plantilla de La Fenice sigue muy lejos de la postura del superintendente de la fundación gestora del teatro, Nicola Colabianchi, visto por medios como cercano a la órbita meloniana, y designado en 2025 por el Ministerio de Cultura. Fue quién nombró a Venezi con el aval del alcalde de Venecia, el centro-derechista Luigi Brugnaro, presidente del ente rector de La Fenice. Ambos instan ahora a calmar los ánimos e iniciar un acercamiento entre Venezi y los músicos, pero estos no lo harán hasta anularse su nombramiento.

Después de ello, “estaremos abiertos a un proceso de prueba y entendimiento mutuo, pero sin ser vinculante”, insistía la semana pasada Trentin, que repartía panfletos en el acceso al teatro, antes del estreno de una nueva edición del Simon Boccanegra de Verdi. El violinista, que lleva 35 años en La Fenice, critica las formas opacas del nombramiento, y ve “impensable” que Venezi asuma el cargo sin haber trabajado antes con la orquesta ni tener “un vínculo de empatía o conocimiento” con los músicos, lo que sí hicieron otros directores musicales.

“En todos los teatros importantes, antes de designarse a un director musical, este trabaja con la orquesta y el coro al menos varias veces”, tras lo que se consulta a sus miembros para saber “si lo consideran la persona adecuada para el cargo”, un proceso que Colabianchi no siguió al nombrar a Venezi, asegura la corista Poropat.

Venezi, asset mediático

En una carta, el superintendente argumentó que su apuesta por Venezi se debe a que es una directora “de talento” y “una mujer joven con fuerte visibilidad mediática” y proyección internacional. Esto, alegó, puede atraer patrocinadores y más fondos, “indispensables para la estabilidad financiera” del teatro. Sin embargo, Poropat asegura que La Fenice está en buena situación ecónomica. Ofrece muchas obras con un repertorio muy variado, también para jóvenes, y el teatro acaba “siempre lleno”, remarca la corista.

Venezi, con más de 93.000 seguidores en Instagram, ha dirigido en óperas de peso a nivel internacional como en Italia, donde este enero presentó la obra Carmen de Bizet en el Teatro Verdi de Pisa. Fue copresentadora en el festival de canto de Sanremo de 2021 –uno de los eventos más populares de Italia–, y en 2018 fue incluida por la revista Forbes en su lista de los cien jóvenes menores de 30 años más influyentes del país. Aún así, para los empleados de La Fenice, se deben tener más cualificaciones para llegar a directora musical del teatro.

“Más allá del Teatro Colón de Buenos Aires, Venezi nunca ha trabajado con grandes instituciones líricas europeas y mundiales del más alto nivel, y siendo La Fenice uno de los teatros más renombrados del mundo, no podemos permitirnos darle un cargo como este”, sentencia Trentin.

Ola de solidaridad con La Fenice

Hasta ahora, el resto de grandes óperas del país –entre ellas La Scala de Milán, Regio de Turín o la Arena de Verona–, apoyaron a los colegas de Venecia, igual que otras orquestas de peso nacional. “Casi todas las grandes instituciones musicales nos dieron su respaldo”, cuenta Poropat, que destaca la solidaridad del público, que ahora adquiere en masa el pin de la clave de sol que los trabajadores lucieron en su actuación de fin de año.

Tras su éxito, encargaron miles más por el auge de demandas en toda Italia, mientras en Venecia se ha erigido como insignia de defensa del legado artístico de la urbe, en riesgo de perder su identidad ante la turistificación. “El pin de la clave de sol ha tomado un significado amplio. Los venecianos lo llevan como símbolo del valor de La Fenice para la ciudad, como alegoría de la urbe que no deber ser vendida, porque justo la designación de una directora social o pop” como Venezi “parece también un poco una venta de Venecia”, asevera Poropat.

Tras meses de silencio, Venezi habló la semana pasada, y sus declaraciones encendieron más los ánimos. “Uno se pregunta cómo un teatro financiado con fondos públicos esté gestionado por sindicatos, en un contexto que parece totalmente anárquico”, criticó la directora. También mencionó los pins que ahora son símbolo de la protesta. “Los habría estilizado un poco más, quizás incluso con un cristal de Swarovski”, ironizó, en un tono que para muchos sonó provocador. “El partido acaba solo cuando el árbitro pita”, concluyó, sobre la disputa, mientras las opciones para una conciliación que pare la rebelión de los músicos parece por ahora muy lejana.