En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La tenue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Yvan Sagnet — Fundador de la ONG No Cap

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Stefano Campese — Abogado

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.

Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EEUU contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello ha desatado una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se ha tenido que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Oriente Medio por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EEUU e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EEUU y la UE

Meloni era hasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EEUU y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribía este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, hablaba de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EEUU por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EEUU, “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EEUU o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EEUU en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EEUU a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EEUU desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EEUU en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, asegura Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dice Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EEUU fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agrega.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EEUU e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alerta Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EEUU e Israel. 

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que ha investigado con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

Avraham Burg (1955) es un personaje con trayectoria heterodoxa en Israel. Pasó de ser uno de los cargos de más alto rango —incluso presidente interino del país— a un disidente que cuestiona un Estado con el que ya no se ve representado. Estos años, en medio de la actual deriva belicista, se erigió como opositor a las ofensivas sobre Gaza, Líbano e Irán, abogó por adoptar sanciones “drásticas” y pidió acciones por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su país por crímenes de lesa humanidad en la Franja.

Aunque él asegura que sus posiciones no han cambiado desde que entró en política, Burg es hoy en día una figura a contracorriente que incluso ha llegado a cuestionar públicamente si Israel ha perdido el derecho a existir tras el genocidio en Gaza. La suya es también una crítica radical a los pilares ideológicos de base del país, trascendiendo el sionismo y mirando más allá.  

En plena ofensiva sobre Irán y Líbano, elDiario.es habla con él en una conversación donde reflexiona sobre sus planteamientos, tras oponerse a los ataques a Teherán al verlos como otra “guerra cínica” y sin sentido secundada por gran parte de la población israelí.   

La ofensiva de Israel y EEUU “es una guerra oportunista, sin propósito y por eso es tan cínica”, remarca Burg en llamada telefónica. “No fueron a esta guerra con ningún objetivo claro, ni saben decir lo que buscan en ella. ¿Qué quieren? ¿Derrocar al régimen? ¿Acabar con el programa nuclear? ¿Dejar que el pueblo tome el poder en las calles? Cada día cambian de objetivo, porque nunca tuvieron uno, sino que simplemente vieron una oportunidad y la aprovecharon” sin pensar más allá, opina el expolítico. 

Entre los ochenta y los 2000, Burg hizo una larga carrera política que le llevó hasta las altas esferas estatales. Fue líder destacado del Partido Laborista, gran fuerza gobernante en Israel durante décadas, donde compartió espacio con Shimon Peres e Isaac Rabin. Fue presidente de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial y estuvo al frente de la presidencia de la Knésset, el Parlamento israelí, entre 1999 y 2003, cuando incluso fue jefe de Estado por veinte días tras la renuncia de Ezer Weizman como presidente de Israel.

Israel, en guerra constante

Burg está muy familiarizado con la figura de Benjamin Netanyahu. En los noventa, cuando era un joven líder laborista que apoyó los Acuerdos de Oslo, el actual primer ministro israelí se erigía ya como líder del Likud y opositor al proceso de paz, por lo que conoce al detalle sus estrategias ante los palestinos e Irán.

Según alega, la campaña contra Teherán que EEUU e Israel desataron el pasado 28 de febrero es producto de la voluntad del jefe de Gobierno israelí y a la que Donald Trump se vio arrastrado. “Esta es la misión de vida de Netanyahu, con la que sueña desde hace 34 años”, tras crear “un marco emocional que hizo que la guerra pareciera la única opción natural”, dice Burg. 

“Esta es la guerra de Israel, no de EEUU. Se impuso a Washington con un proceso metódico en el que Netanyahu logró redefinir el interés estratégico de Israel como uno estadounidense”. De fondo, asegura, está “el intento israelí de remodelar Oriente Medio para erigirse como única potencia hegemónica regional”, y la Administración estadounidense cayó en la trampa.

“Un Israel antidemocrático, liderado por Netanyahu y su círculo mesiánico, atemorizó y silenció el debate público abierto en EEUU”, dice Burg, que desde hace más de 20 años analiza la realidad política desde fuera de las instituciones. 

Esta es la guerra de Israel, no de EEUU. Se impuso a Washington con un proceso metódico en el que Netanyahu logró redefinir el interés estratégico de Israel como uno estadounidense

Burg dejó su cargo como diputado en 2004, descontento con la deriva del país. En un artículo publicado en 2003 dio por muerto el sionismo y criticó a Israel como un Estado que “se asienta sobre una estructura de corrupción y cimientos de opresión e injusticia”. Tras ello, Burg destacó como escritor y activista por la paz y se opuso con más dureza a la ocupación de territorio palestino, abogando por crear un único Estado entre el río Jordán y el Mediterráneo donde los palestinos sean ciudadanos con igualdad de derechos. 

Según remarca, él mantuvo sus ideas “intactas” desde el primer día, y “es Israel que cambió” estas últimas décadas. “Nada es comparable” a los tiempos de Oslo: “Hay un sistema político y sociedad distinta”, mucho más a la derecha, y “los mecanismos políticos útiles de entonces quedaron obsoletos”. 

Ante ello, insta a buscar nuevas vías para alcanzar las mismas metas. “La necesidad de hallar una reconciliación entre israelíes y palestinos es más apremiante que nunca”, así como “separar religión y Estado” en Israel, considera Burg, consciente de que sus planteamientos no serán posibles a corto plazo, sino que son “utopías lejanas”.

La implosión de la sociedad israelí

Estos años, Burg vio cómo se acentuaba la división entre la compleja sociedad israelí, marcada por una gran polarización, fraccionada entre variedad de grupos y dividida por una gran separación entre una parte de población derechista, conservadora y religiosa, frente a otra más liberal y secular que ahora pierde influencia y peso demográfico.

“La sociedad israelí está desintegrada y ya no existe un solo Israel”, sino “cuatro sociedades separadas, unidas sólo por la guerra perpetua que mantiene el espejismo de unidad”, cree Burg. Estos años, la brecha se agravó más que nunca, el bloqueo político abocó el país a cinco comicios entre 2019 y 2022 y las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu —que según críticos amenaza la separación de poderes y aumenta el control político sobre la Justicia— escalaron a un nivel nunca visto hasta el 7 de octubre de 2023.   

Un Estado que niega los derechos a millones de personas, justifica el asesinato en masa como estrategia de seguridad y eleva la supremacía judía y desigualdad a ideología no puede reclamar legitimidad moral

“La democracia retrocede en Israel y el modelo liberal-democrático da paso a una democracia deficitaria, limitada e iliberal”, asegura Burg. Según considera, otro problema es la falta de una verdadera izquierda. “Tuvimos cincuenta tipos de derecha, pero nunca una alternativa de izquierda real que desafíe a la derecha, que se ha deslizado rápidamente hacia el extremismo”, razona el exdiputado. 

Burg, quien promovió la migración de judíos a Israel como presidente de la Agencia Judía —la histórica organización sionista encargada de ello—, ha sido estos años un ferviente crítico de lo que considera una nueva noción supremacista de identidad judía marcada por el Estado, distinta a la identidad ancestral y universal de judaísmo que él concibe.   

Opositor a la ley de Estado-Nación judía

En 2018, Burg se opuso a la Ley de Estado-Nación, norma constitucional que asentó el carácter judío de Israel, reservando únicamente al pueblo judío el derecho a la autodeterminación sobre este territorio, lo que considera discriminatorio y excluyente. Ante ello, solicitó que se le retirara el título de judío en sus documentos del registro de población de Israel. 

“Alegué ante el Tribunal Supremo que la ley diseñó y definió un nuevo pueblo judío. Este no es el judaísmo que enseño a mis hijos. No soy judío según esta norma, sino según la definición antigua, por lo que pedí que me retiraran del registro. Esto hace que sea el único israelí judío y practicante no registrado como tal”, dice Burg, procedente de una familia de la “aristocracia sionista”, según el diario Haaretz, e hijo de Yossef Burg, histórico líder del extinto Partido Nacionalista Religioso, quién fue diputado durante casi 40 años.

En sus artículos en Substack que publica semanalmente, Burg reflexiona sobre la deriva del país y la opresión a los palestinos, una de las causas por las que dejó la política en la Segunda Intifada. “Hace más de veinte años clamé por el trágico fin del sionismo. Ya entonces, la democracia en Israel agonizaba en las colinas de los territorios ocupados y el alma del país estaba infectada por una enfermedad mortal”, dijo en una de sus piezas de 2025. 

Israel, en “bancarrota moral”

“La mayoría de la sociedad israelí permanece impasible e indiferente” ante la destrucción de Gaza, una señal “demoledora” de la “bancarrota moral” del país, lamenta. “Tenemos que enfrentar la verdad: Israel, sin un fundamento ético, no tiene justificación para existir”, añade, alertando que el país ha llegado “al abismo”.

“Un Estado que niega los derechos a millones de personas, justifica el asesinato en masa como estrategia de seguridad y eleva la supremacía judía y desigualdad a ideología no puede reclamar legitimidad moral”, escribió entonces, instando a abandonar “el nacionalismo tribal” y buscar “la humanidad compartida y la ciudadanía igualitaria”.

Me preocupa que a raíz de esta guerra Irán busque desarrollar una estrategia similar a Corea del Norte, país al que nadie toca porque tiene armas nucleares

Para Burg, el fracaso del proceso de paz y la Segunda Intifada acabaron de separar a palestinos e israelíes. “Desde Oslo, ambas comunidades no se conocen”, lo que se agravó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás “cometió atrocidades y crímenes de lesa humanidad injustificables”, igual que “no se justifica la política criminal de Israel sobre Gaza”, dice. Según resalta, el trauma de aquel día llevó a Israel a un círculo vicioso. “Desde entonces, estamos atrapados en la asunción de que todo lo que se hace contra nosotros justifica lo hecho contra ellos”, dice, advirtiendo que la reacción israelí deja tras de sí “una generación de odio”. 

En agosto, Burg instó a un millón de judíos de todo el mundo a presentar una denuncia colectiva contra Israel ante la CIJ “por crímenes de lesa humanidad” en Gaza, cometidos “bajo la falsa bandera de la identidad judía”. Aquel mes también firmó una carta junto a otras treinta personalidades israelíes en que pidió “sanciones drásticas” contra Israel. 

Contra el arsenal nuclear israelí

Estos años, mientras Netanyahu se centraba en confrontar el programa nuclear de Irán, Burg fue el primer expolítico israelí que en 2013 denunció públicamente la posesión de armas químicas y nucleares por parte de Israel, un secreto a voces sobre el que el país mantiene una postura de ambigüedad estratégica, sin negar ni confirmar, siendo de los pocos Estados del mundo que no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Expertos y órganos internacionales estiman que Israel posee decenas de ojivas nucleares en el complejo de Dimona, su centro de investigación nuclear hacia donde Teherán dirigió parte de sus ataques hace pocos días.

Burg se opone a la posesión israelí de este arsenal y alega que acelera la carrera nuclear en Oriente Medio. Cuando hizo su revelación, un grupo derechista llegó a pedir que se le imputara por traición, mientras que ahora cree que la actual ofensiva de Israel y EEUU contra Irán no hará más que empeorar la situación.

“Me preocupa que a raíz de esta guerra Irán busque desarrollar una estrategia similar a Corea del Norte, país al que nadie toca porque tiene armas nucleares. Temo que si los iraníes lo logran, después sigan la misma línea los saudíes, egipcios, etc., y todo Oriente Medio se sature de armas de destrucción masiva”, alega Burg, que aboga para que Israel renuncie a su arsenal nuclear y evite una carrera acelerada hacia la bomba atómica en la región.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.

Italia celebra este 22 y 23 de marzo un referéndum constitucional clave para calibrar el apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni y materializar uno de sus planes de mayor peso de la legislatura. La consulta popular se centrará en un plan de reforma judicial que el ejecutivo ve esencial para modernizar la Justicia, aunque oposición, sociedad civil y muchos juristas la consideran un peligroso paso para ejercer control político sobre el sistema judicial. Mientras los sondeos indican que podría ganar el “no”.

Las fuerzas que integran el Ejecutivo han acelerado en los últimos días su campaña para movilizar a su electorado, en un contexto en que los ataques del Gobierno a los jueces han crecido en gran medida estos años, especialmente tras las varias sentencias que tumbaron el plan de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años 80. Uno de los que intentó cambiarlo a su medida fue el difunto magnate e histórico ex primer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales que incluyeron cargos por soborno, corrupción o prostitución de menores, aunque finalmente solo fue condenado e inhabilitado por fraude fiscal.

En su momento, los cambios que impulsó no prosperaron o fueron tumbados por la Corte Constitucional. Ahora, el Ejecutivo busca recuperar parte de ellos, como la separación de las carreras de jueces y fiscales, secundando en parte las acusaciones del Cavalliere, que incluso llegó a tachar a los magistrados de comunistas.

En esta legislatura, la acusación de que la Justicia está politizada o alineada con la izquierda fue recurrente entre altos cargos como Matteo Salvini o la misma Meloni, que estas semanas han visto cómo el escenario internacional, marcado por el conflicto de Irán, dejaba en segundo plano la campaña del referéndum, mientras los temores de los italianos por la subida de precios y el impacto económico de la guerra marcan la actualidad.

El efecto [electoral] habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE

Matteo Giardiello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

Esto coge a la primera ministra a contrapié, en una posición delicada por su alianza con Donald Trump —de la que la mandataria se jactó estos años— pero que ahora puede jugar en su contra ante una opinión pública contraria a la guerra que podría trasladar su malestar en el referéndum, según algunos analistas. De hecho, se prevé que la abstención sea cercana al 60%, y los sondeos señalan una pugna reñida entre el “sí” y “no”, aunque el voto contrario a la reforma ha ido ganando cierta ventaja.

Que la votación suceda en esta situación no es ideal para la primera ministra, según Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. “El efecto habría sido distinto si la consulta hubiera sido un año antes, cuando Meloni tenía alta popularidad en un panorama internacional en que actuaba como factor decisivo entre Trump y la UE”, comenta el especialista a elDiario.es. En su opinión, ante ello, “el referéndum, más que un voto sobre la reforma, será una prueba política para la mandataria”, en el marco de una campaña marcada por la polarización y politización entre distintas posturas.

El Parlamento aprobó la reforma judicial en otoño con la mayoría de votos de la coalición, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para las modificaciones constitucionales que requiere, que afectan a siete artículos de la carta magna, por lo que se someterá a referéndum. Se trata de una consulta confirmatoria que no debe reunir un umbral mínimo de votantes para que el resultado sea válido.

El precedente de Renzi

El Gobierno también evitó plantear la votación como un pleibiscito para prevenir estragos en caso de derrota. Este fue el caso del referéndum para disminuir el poder del Senado que impulsó en 2016 el entonces primer ministro Matteo Renzi, que tuvo que dimitir tras fracasar en la consulta.

La Justicia ha sido la gran piedra en el zapato de Meloni en los últimos años. Para una gran parte de juristas, la reforma va un paso más allá en la meta de socavar su independencia. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), entidad que aglutina a la mayoría de jueces y fiscales de Italia, pide votar “no”, al considerar que llevaría “a crear un poder judicial dócil y sumiso”, con riesgo de debilitar su autonomía y hacer más frágil el Estado de derecho.

“La reforma busca hacer la Justicia más moderna, meritocrática, autónoma, responsable, y sobre todo más libre de condicionamientos políticos. No va contra los magistrados, sino contra la degeneración de un sistema estancado que nunca se adecuó al mundo cambiante que lo rodea”, aseguró este mes la primera ministra, en un vídeo difundido por redes donde pidió ir a votar “sí” ante el temor de que una abstención alta pueda beneficiar a los partidarios del “no”, más movilizados que el electorado progubernamental.

La líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, ha estado estos días de gira por Italia para pedir el voto negativo, y este miércoles, la CGIL —principal sindicato del país— hizo un acto de fin de campaña en el centro de Roma abogando por el “no”.

“La reforma crea las condiciones para que el poder judicial sea capturado por los políticos”, estima Giuliano Serges, profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre. Según agrega, servirá como test para que Meloni valore si tiene fuerza para seguir con otras reformas clave como el estatus dela figura del primer ministro, llamado Premierato. Este proyecto, ya introducido a nivel parlamentario y pendiente de aprobación final, prevé la elección directa del jefe de Gobierno en comicios, o la obtención del 55% de escaños para la lista ligada al candidato ganador, y es vista por críticos como una medida para reforzar el personalismo en torno a Meloni y el poder de su coalición.

Si esta consulta le funciona, Meloni impulsará otra reforma para pasar de una república parlamentaria a otra presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro

Giuliano Serges — Profesor de derecho constitucional de la Universidad Roma Tre

“Meloni quiere ver cómo va esta consulta. Si le funciona, impulsará pronto la reforma del Premierato, porque ganará fuerza y la oposición lo tendrá difícil para enfrentarse a ella”, asegura Serges a elDiario.es. En la misma línea se pronuncia Giardiello. Según alega, “la reforma judicial debe interpretarse como parte de un plan más amplio para transformar la estructura constitucional italiana”, con el Premierato como meta final. Este proyecto “busca pasar de una república parlamentaria a una presidencial que dé más centralidad al Ejecutivo y el primer ministro”.

Separar a jueces y fiscales

Entre los cambios de la reforma judicial hay un aspecto rebuscado y difícil de descifrar para el italiano medio. Se trata de la separación de las carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional, porque en ambos casos acceden a la magistratura tras superar un mismo examen. Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España— en dos órganos distintos que separen a jueces y fiscales, así como la creación de un Tribunal Superior Disciplinario para gestionar casos de mala conducta. La separación, según Serges, hará que tales organismos “corran el riesgo de ser más débiles e influenciables desde el ámbito político”.

Meloni busca modificar el sistema y alega que los funcionarios ganarán imparcialidad si tienen carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa. Los críticos temen, por el contrario, un mayor control político sobre los tribunales

También se prevén otras reglas de elección, como la introducción del sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reducirá la influencia de las corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguran que reforzará la interferencia política sobre el sistema judicial.

“El sorteo es ficticio, porque se debe hacer a partir de una lista reducida de potenciales miembros elegidos por el Parlamento, y es muy probable que surjan nombres de personas conectadas al poder político”, asegura a elDiario.es Giuliano Granato, portavoz de Potere al Popolo, fuerza izquierdista extraparlamentaria que estuvo entre los organizadores de una protesta por el “no” en Roma que el pasado sábado reunió a miles de personas.

Desde su punto de vista, “hay un intento de promover un modelo de autoritarismo con esta reforma”. Coincide en este planteamiento con Edoardo, otro participante en la protesta que espera un triunfo del “no” como “primera pequeña señal de oposición al gobierno”.

Apatía ciudadana

El ejecutivo de la líder ultraderechista ha mantenido la estabilidad sin grandes tropiezos desde 2022, y la reforma judicial —promovida en gran medida por el ministro de Justicia, Carlo Nordio— es uno de sus proyectos estrella. Sin embargo, tras semanas de debate en torno a un asunto muy enrevesado para la población a pie de calle, se prevé que muchos acudan a votar no tanto en clave jurídica, sino en función de su apoyo o rechazo a Meloni.

“Esta reforma afecta poco a la vida cotidiana de la gente. Yo iré a votar como forma de decir 'no' al Gobierno”, dice un ciudadano romano consultado por elDiario.es entre las callejuelas del barrio del Trastevere de Roma, en un ambiente de apatía ante la campaña que formaciones del Ejecutivo como la Lega han intentado revertir.

Así lo ha hecho Erika Stefani, senadora de la Lega, miembro de la Comisión de Justicia del Senado y del comité promotor del “sí”, que asegura en una llamada con elDiario.es que la reforma “beneficiará las relaciones entre política y poder judicial, independientemente del partido que esté en el Gobierno, sea de izquierda o derecha”, mientras que no ve ningún cambio “que prevea una interferencia política sobre la Justicia”.

El plan “permitirá a los magistrados, jueces o fiscales hacer carrera independientemente de su afiliación a corrientes políticas”, ya que busca “eliminar el fenómeno del faccionalismo” dentro la Justicia, asegura. Según añade, los cambios afectarán positivamente a los organismos del Consejo Superior de Justicia, donde accederán los juristas “que sean elegidos por sorteo, más allá de su afiliación” a una corriente u otra.

Según Stefani, en caso de perder, la coalición de Meloni no se verá gravemente afectada, porque “tiene un enorme consenso”, y “simplemente significará que la reforma queda aparcada y muere ahí”. El politólogo Giardiello discrepa. Opina que si vence el “sí”, Meloni verá legitimada su agenda y podría acelerar otras reformas como el Premierato, pero que una victoria del 'no' debilitaría al Ejecutivo en un contexto internacional también difícil y podría perjudicar a Meloni de cara a las elecciones de 2027.

Con posturas abiertamente homófobas, guiños neofascistas y duras apelaciones a la llamada “remigración”, una figura con peso creciente en el sector más ultra de Italia busca erigirse en su adalid. Es Roberto Vannacci, exgeneral y actual eurodiputado, que este mes se escindió del partido Lega (Liga) de Matteo Salvini para crear una fuerza propia, Futuro Nazionale, con la que quiere presionar al Ejecutivo de Giorgia Meloni con posiciones aún más ultraderechistas.

Su nueva fuerza de corte identitario fragmenta también el espacio de la extrema derecha ante los futuros comicios, previstos para 2027. A su vez, pretende captar a los votantes más ultras que consideran que el Gobierno de Meloni ha sido demasiado moderado los últimos años. 

“Vannacci piensa que puede ser líder de una nueva derecha italiana aún más extrema, con posturas más duras que Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia) o la Lega”, dice a elDiario.es Matteo Albanese, investigador de la Universidad La Sapienza de Roma y experto en ultraderecha, que remarca cómo el exgeneral busca ser estandarte de la “remigración”, una idea por la que abogan los movimientos identitarios europeos, que plantean la deportación masiva de migrantes.

El exmilitar es visto como partidario de un ultranacionalismo reaccionario que valida parte del legado fascista, con simpatías por Vladímir Putin, rechazo al apoyo europeo a Ucrania, críticas al atlantismo o reservas al aborto –que no ve como un derecho, sino “una necesidad desafortunada a la que las mujeres se ven obligadas a recurrir”–, entre otras cosas.

También ha criticado al Gobierno por políticas migratorias, de seguridad o de desalojo de inmuebles ocupados que ve demasiado blandas, y lo ha atacado por secundar el rearme europeo, mantener la ayuda militar a Kiev y validar una ley que incorpora el feminicidio como crimen. “Si la ley es igual para todos, un delito no puede ser más o menos grave en función del sexo, el color de la piel o la orientación sexual del perpetrador o la víctima”, declaró, mientras busca captar la atención de votantes derechistas y descontentos con el Ejecutivo de Meloni.

Vannacci piensa que puede ser líder de una nueva derecha italiana aún más extrema, con posturas más duras que Fratelli d'Italia o la Lega

Matteo Albanese — Investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

“En el mundo de la ultraderecha hay gente enfadada con Meloni porque cree que no hizo políticas realmente derechistas. Para algunos tomó medidas demasiado liberales y proamericanas, y Vannacci podría captar parte de este descontento, poniendo también a Salvini en graves dificultades”, explica el docente. En su opinión, la primera ministra ya piensa posibles escenarios electorales, a la espera del resultado del referéndum sobre la reforma de la judicatura del 22 y 23 de marzo. La irrupción de Vannacci es otro asunto más a tener en cuenta.

Paracaidista de carrera y escritor novel

Paracaidista retirado de 57 años con más de cuatro décadas de carrera militar, Vannacci saltó a la fama en agosto de 2023 tras publicar Il mondo al contrario (El mundo al revés), un libro con enfoque reaccionario que él mismo autoeditó. En sus páginas, denunció la supuesta inversión de los valores tradicionales, con opiniones racistas o sexistas y comentarios contra migrantes, feministas y homosexuales. “No son normales”, escribió sobre estos últimos. La obra causó mucha polémica, pero se convirtió en un bestseller y vendió cientos de miles de ejemplares, catapultando al general antes casi desconocido al estrellato de la galaxia ultraderechista.

Tras publicar su libro, el Ministerio de Defensa le destituyó como jefe del Instituto Geográfico Militar (principal organismo cartográfico del Ejército) e inició una investigación disciplinaria que llevó a la suspensión temporal de sus cargos por incitación al odio racial, falta de neutralidad y daño a la reputación de la institución castrense. Vannacci recurrió sin éxito la sentencia, apelando a la libertad de expresión. Fue entonces cuando Salvini (ministro de Transporte y vice primer ministro de Meloni) le fichó cómo cara visible en los comicios europeos de 2024, en los que Vannacci logró más de 500.000 votos y un escaño como europarlamentario. 

Tras ello, Salvini le otorgó el puesto de vicesecretario de la Lega. Según analistas, apostó por la figura de Vannacci al pensar que su discurso de línea dura auparía al partido, que se vio relegado como fuerza subalterna de la extrema derecha tras el sorpasso de Meloni como principal líder ultraderechista. Con todo, pese a ser promocionado hasta la cúpula de la Lega, Vannacci no se conformó con su posición de lugarteniente y siguió su agenda propia, no siempre alineada con la del partido, lo que causó fricciones con Salvini, hasta su ruptura definitiva.

“Le abrimos las puertas de todas nuestras sedes. Voté por él e hice que lo apoyaran, pero traicionó la confianza de votantes y ciudadanos”, declaró Salvini después de que Vannacci no renunciara a su escaño en Bruselas tras la escisión, acusándolo de deslealtad y falta de honor. Después de irse de la Lega, fue automáticamente expulsado del grupo parlamentario Patriotas y pasó a los no inscritos, aunque se especula que podría ingresar pronto en el grupo Europa de las Naciones Soberanas –al que pertenece Alternativa para Alemania (AfD), partido identitario con el que tiene simpatía ideológica y al que, de alguna forma, quiere emular en Italia con la puesta en marcha de su nueva formación–.

Un nuevo partido ultra: Futuro Nacional

Tras salirse de la Lega, Vannacci anunció rápidamente la fundación de Futuro Nazionale, que incorpora en su logotipo la llama tricolor, símbolo asociado al neofascismo que comparte con Fratelli d'Italia, el partido de Meloni. “Persigo un sueño y voy lejos”, dijo el exgeneral el 3 de febrero, cuando oficializó la creación de su formación. “Mi derecha es verdadera, coherente, identitaria” y “no es moderada”, remarcó en un post en la red social X.

Por ahora, los sondeos le dan entre 1,5% y 4% de intención de voto en futuros comicios, aunque queda por ver cuál será su impacto real. “Estos días se presta mucha atención a Vannacci porque es el acontecimiento nuevo de la política del país”, pero aún es pronto para valorar cuál será su peso y capacidad efectiva de condicionar las negociaciones para un nuevo ejecutivo, valora Albanese. Según las encuestas, la coalición que lidera Meloni con la Lega y Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi) podría repetir, sin contar con el apoyo de Vannacci.  

Meloni se desplazó hacia el centro y se hizo más moderada, lo que dejó un espacio a la derecha que Salvini quería ocupar, pero ahora se topa con un competidor más derechista

Roberto Castelli — Ex alto cargo de la Lega

“Meloni se desplazó hacia el centro y se hizo más moderada” desde que accedió al poder en 2022, lo que “dejó un espacio a la derecha que Salvini quería ocupar, pero ahora se topa con un competidor más derechista” como Vannacci, señala a elDiario.es Roberto Castelli, quien fue ministro de Justicia de Berlusconi, entre 2001 y 2006, y también uno de los líderes de la Lega, hasta que en 2022 abandonó el partido al rechazar la deriva “centralista” de Salvini –anteriormente, el partido se llamaba Lega Nord y defendía los intereses del norte de Italia, más rico e industrializado–.

Según Castelli, Vannacci “podría agregar a grupos más pequeños” de la órbita ultra, sin representación institucional y más peso en la calle, como el movimiento neofascista Casa Pound, otro defensor de la “remigración”. Sin embargo, este grupo descartó por ahora establecer una alianza con Futuro Nazionale.

Aun así, el nuevo partido sí arrastró algunos altos cargos de la Lega, que no ha sufrido por ahora una gran desbandada de militantes. Entre los pesos pesados que pasaron al bando de Vannacci están dos diputados, Rossano Sasso y Edoardo Ziello, y un ex alto cargo de la Liga, el consejero regional de Toscana, Massimiliano Simoni. Además, se ha unido a Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, diputado expulsado hace tiempo de Fratelli d'Italia por disparar su pistola en una fiesta de fin de año.

Salvini tendrá problemas si no llega al 7 u 8% de los votos en los comicios de 2027. Con los apoyos que podría arrebatarle Vannacci, puede tener problemas

Roberto Castelli — Ex alto cargo de la Lega

Con todo, en un contexto donde la hegemonía ideológica en Italia está cada vez más a la derecha y donde los partidos de centroizquierda siguen lejos de representar una oposición con opciones de victoria, analistas y encuestas señalan que Vannacci rascaría votos de Fratelli d'Italia, pero sobre todo de la Lega, lo que puede comprometer el liderazgo y la propia apuesta política que Salvini asumió esta última década, en opinión de Castelli.

El excompañero de Salvini añade que, en 2014, tras ser elegido líder del partido, Matteo “dio un giro de 180 grados” respecto a la base ideológica tradicional de la Lega Nord, que pasó a llamarse Lega a secas. La fuerza fundada por Umberto Bossi, con posturas federalistas en defensa de las regiones del norte, se transformó en una fuerza ultranacionalista italiana que se extendió por todo el país.

Según Castelli, esta apuesta “centralista” de Salvini se impuso pese a las reservas del sector más federalista y moderado del partido, que aún tiene su principal bastión en el norte, y en el futuro podría pedir cuentas a Salvini si no aplaca los daños causados por Vannacci. Entre los máximos exponentes de este sector están figuras como Luca Zaia, presidente de la región de Veneto, al que nunca gustó la incorporación de Vannacci en el partido y que estos días celebró la salida del exmilitar.

Sin embargo, para Castelli, por ahora Salvini tiene el “control firme” del partido como secretario federal y no cree que su posición pueda ser cuestionada hasta las elecciones generales. “Salvini tendrá problemas si no llega al 7% u 8% de los votos en los comicios de 2027. Con los apoyos que podría arrebatarle Vannacci puede tener problemas”, plantea Castelli, mientras Italia sigue pendiente de las implicaciones de la irrupción del exgeneral, un ultra que busca superar tanto a Salvini como a la propia Meloni por la derecha más extrema.  

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostes. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y feminicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta a elDiario.es Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su coste real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en feminicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de feminicidios, fue desviado para cubrir costes de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el coste total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los feminicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de feminicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un feminicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de feminicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini a elDiario.es, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de feminicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costes gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport acabó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se ha corregido todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri a elDiario.es. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a coste cero para economía y medioambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costes, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera ha pedido más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics ha identificado que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

La Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma tras el Coliseo, pasó a ser de pago este lunes. El cobro de una entrada de dos euros para los que quieren acercarse a las inmediaciones de la fuente marca otro paso para frenar las aglomeraciones en la Ciudad Eterna, una de las urbes con más turismo de Europa, donde el Ayuntamiento del centroizquierdista Roberto Gualtieri adopta medidas que buscan atenuar la masificación. Ante ello, esta mañana, con una presencia aún moderada de turistas y mucha expectación mediática, algunos llegaban al lugar sorprendidos por la medida, mientras otros ya sabían sobre ello e iban dispuestos a pagar. 

Hasta ahora, ver esta joya del barroco tardío en pleno espacio público del centro histórico de Roma era enteramente gratuito. A partir de ahora, se paga dos para tener acceso a la escalinata y el catino, el receptáculo de agua al que se lanza la moneda que según la tradición asegura el regreso a Roma. Se puede seguir accediendo gratuitamente a la plaza que alberga la fuente, desde dónde se sigue contemplando el monumento sin coste, aunque los turistas tienen que hacerlo sin poder acercarse tanto. “En realidad se ve mejor desde lejos”, comentó a elDiario.es una turista española que llegó a la zona tras iniciar la hora de pago, sobre el que ya venía informada. Otros, sin embargo, no tenían conocimiento de ello, como Denis, una joven turista de Turquía. “No veo bien que se tenga que pagar. Ya pagamos lanzando la moneda al agua”, aseguró.

A primera hora, más de una veintena de trabajadores empleados por el Consistorio se repartían por el recinto, parte de ellos cobrando con tarjeta el ticket en un puesto de billetería que da acceso a la fuente. Tras ello, los visitantes pasan por una fila delimitada con cintas hasta el perímetro más cercano a la fuente, donde tiran la famosa moneda, se hacen selfies o toman fotos del monumento. “Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque si no se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse”, dijo a elDiario.es Simon, un turista francés junto a un grupo de amigos que llegó pronto para evitar multitudes. Según concretó, ve positivo que se pague lo que es una cantidad reducida al destinarse el dinero al erario público.

En la misma línea se pronunció Phillip, turista inglés que visita por primera vez Roma y no sabía que el acceso a la fuente era de pago hasta llegar al lugar. “Pagué la entrada sin problema. Creo que es una buena iniciativa para mantener limpio el recinto y preservar el monumento”, aseguró a elDiario.es el visitante británico, “acostumbrado a pagar para acceder a atracciones turísticas” en todos los lugares que visita.  

El horario de pago será de 9:00 a 22:00 la mayoría de días de la semana, y los lunes y viernes será de 11:30 a 22:00. El ticket puede comprarse en el acceso a la fuente, por internet vía www.fontanaditrevi.roma.it, en los puntos de información turística y la red de museos públicos. Por otro lado, el acceso sigue siendo gratuito para los vecinos de Roma, niños menores de seis años, guías turísticos y personas con discapacidad.  

En un contexto europeo donde cada vez más espacios públicos de ciudades turísticas pasan a ser de pago -el Park Güell de Barcelona lo es desde 2013-, el debate sobre el tema también llegó a Roma y genera polémica. Algunos romanos ven el sistema como una medida más bien cosmética sin efecto real para frenar grandes aglomeraciones turísticas, y critican que se haga pagar en un área pública al aire libre como Fontana de Trevi.

Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque sino se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse

Bryan Jansing, escritor y autor de libros sobre temáticas de Roma, asegura estar en contra de la iniciativa. “Me parece un poco alarmante. No creo que se deba pagar para tener acceso a un espacio público. No sé cómo solucionar el problema de la masificación turística, pero no creo que así funcione”, comenta a elDiario.es. En la misma línea se expresa Luca, guía turístico romano, que cree que con ello, el Ayuntamiento “usa la lucha contra el turismo de masas como una vía para obtener ganancias de una plaza pública”, en lo que ve como una deriva hacia una creciente mercantilización muy patente en el propio centro histórico de la ciudad. 

Por su parte, el Consistorio destaca los efectos que la medida de pago puede tener a nivel recaudatorio, con la que calcula obtener unos 6,5 millones de euros. También cree que el mayor control del flujo de personas servirá para facilitar la vida a vecinos y empleados de la zona, a menudo rodeados de grandes aglomeraciones.

La plaza de Fontana de Trevi es uno de los puntos más concurridos de Roma, con diez millones de visitantes anuales y unas 30.000 visitas diarias, aunque 70.000 personas pueden pasar por ahí a diario en los momentos más álgidos de época turística, dice a elDiario.es el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. Ante ello, cree que el pago de los turistas puede apoyar “la manutención y protección de la fuente, que ya se restauró recientemente”. Este proceso acabó a fines de 2024, justo para el inicio de la festividad católica del Jubileo, que llevó a un número aún mayor de turistas a la ciudad y sus lugares más turísticos como la Fontana.

Ya entonces, el Consistorio puso en marcha un sistema para restringir el acceso a las escalinatas que rodean la fuente a un máximo de 400 personas, y se planteó adoptar un modelo de pago para la Fontana que sirviera también para evitar las concentraciones caóticas de gente. Tras valorar la cuestión, el alcalde Gualtieri anunció el pasado diciembre la medida, cuando también anticipó la introducción de billetes de pago para otros seis monumentos, como la Villa de Majencio en la Vía Apia o el Museo Napoleónico. En el caso de la Fontana, Gualtieri insistió en que el pago de dos euros “no es mucho”, en la misma línea que Smeriglio. “La tarifa es mínima”, dice el concejal de Cultura. “Se pueden obtener unos 6,5 millones de euros, pero es una estimación conservadora y podría incluso ser superior”, agrega.

Para el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, uno de los principales promotores de medidas para atenuar la masificación, “el ticket en Fontana de Trevi es una sana revolución”, y “dos euros es una cifra irrisoria”. Según alega, el dinero recaudado servirá también para crear “puestos de trabajo”, y se destinará a sufragar costes para que vecinos y residentes de Roma puedan visitar todos los museos de la urbe de forma gratuita.

“Hace un año y medio, me horrorizaba ver que la Fontana de Trevi era un atasco de personas que se apiñaban para conseguir un espacio donde hacerse un selfi entre un helado que goteaba, un trozo de pizza arrojado al agua o los pies en remojo. Todo esto ya no sucede”, declaró Onorato el pasado jueves en un evento en la urbe.

La Fontana, adosada en el Palacio Poli, diseñada por Nicola Salvi y acabada en 1762, es considerada una obra maestra del barroco tardano que representa al dios de todas las aguas, Oceáno. Se ha convertido en un icono de Roma por la monumentalidad de su estructura. Cada año, con las monedas lanzadas al agua por los millones de turistas que visitan el lugar, el Ayuntamiento recauda más de 1,5 millones de euros que destina a Cáritas.

Por otro lado, tras pasar a ser de pago, la Fontana se suma a otro histórico edificio en condición similar, el Panteón de Agripa. Ahí, el acceso fue gratuito hasta 2023, cuando el Ministerio de Cultura pasó a cobrar una entrada de cinco euros. Según medios, esto hizo más ordenadas las filas de acceso, pero congestionó más la plaza de enfrente, con mucha gente haciendo cola para pagar y entrar.

Con todo, para lidiar con los grandes flujos de personas en un espacio público como Trevi, estas semanas las autoridades ultiman preparativos para activar toda la infraestructura necesaria. “Se iniciaron las obras de vallado” para “proteger el acceso al perímetro inferior de la fuente, contener y regular colas”, mientras que los trabajos se hacen por la noche y acabarán este mes, dijo el Ayuntamiento en un comunicado el viernes.  

El Consistorio asegura que busca “minimizar el impacto visual de las nuevas cercas y respetar plenamente los valores histórico-artísticos del conjunto monumental”. Ante ello, “se diseñaron módulos metálicos con un perfil que recuerda la geometría de las formas curvas de las columnillas de mármol de travertino” de la fuente. Además, la instalación se basa en un sistema de cercas desmontables que puede retirarse fácilmente del lugar.

Roma no es la única ciudad de Italia en imponer sistemas de pago ante el turismo. Venecia ya introdujo un tasa para los que visitan el lugar sin pernoctar desde 2024. Verona también empezó a cobrar para acceder al balcón que la tradición asocia a la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, mientras Florencia prohibió nuevos alquileres turísticos de corta duración en su centro histórico.

Ante todo, en la Ciudad Eterna el turismo no ha hecho más que aumentar estos últimos años, llegando a un pico en 2025 con el Jubileo, y las autoridades romanas lo ven un sector clave a seguir potenciando. El año pasado, la ciudad tuvo casi 53 millones de pernoctaciones turísticas, superando 2024 y 2023, según datos de Onorato, que cómo máximo responsable de la gestión turística en Roma apela a reforzar aún más el sector.

Sin embargo, el auge del turismo se ha convertido indirectamente en una pesadilla para muchos ciudadanos, con cada vez más dificultades para alquilar casa a un precio asequible ante el aumento de ofertas de alquiler breve a través de plataformas como AirBnB. Según el portal insideairbnb, en Roma hay actualmente casi 34.000 ofertas de alojamiento en este régimen, de las cuales más del 77% son apartamentos enteros. Todo ello, según coinciden múltiples analistas, hace que haya un mercado del alquiler cada vez más caro y reducido.

El ánimo de protesta impregna estos meses a los músicos y coristas de La Fenice de Venecia, una de las óperas más prestigiosas del mundo, donde se oponen al nombramiento como directora musical de Beatrice Venezi, una directora de orquesta de 35 años con gran tirón mediático y cercana a la órbita ultraderechista de Giorgia Meloni. Hace más de cuatro meses que el conflicto sigue abierto entre la fundación gestora de este histórico teatro de ópera y sus empleados, contrarios por unanimidad a la designación. Alegan que Venezi no tiene competencias ni bagaje suficiente para un cargo de tal peso, denuncian que fue una imposición opaca sin diálogo previo, y están determinados a mantener el pulso de la protesta hasta que se revoque su nominación.

Desde que se nombró a Venezi el pasado septiembre, a la espera de que asuma el puesto en octubre de 2026 con un mandato de cuatro años, la solidaridad con la plantilla de La Fenice crece en toda Italia. La protesta, inaudita en el mundo de la ópera, incluyó un concierto-manifestación al aire libre, una huelga, marchas por Venecia y reparto constante de panfletos. En el célebre Concierto de Fin de Año, músicos y trabajadores lucieron un pin con la clave de sol que se volvió viral y ahora se ha convertido en símbolo de su reivindicación.

“El currículum de Venezi no es adecuado para un puesto tan relevante. No está a la altura del que tienen los directores musicales de grandes teatros de ópera, ni de los que pasaron por La Fenice”, dice a elDiario.es Francesca Poropat, delegada de la Representación Sindical Unitaria (RSU) y corista del teatro. Abierto en 1792 y situado entre callejuelas y canales del corazón de Venecia, La Fenice acogió obras de compositores como Rossini, Bellini, Verdi, Stravinsky o Prokófiev. Verdi estrenó ahí clásicos como Attila, Rigoletto o La Traviata. El edificio también quedó destruido por dos graves incendios en 1836 y 1996, tras los que debió ser reconstruido.

Todo ello hace de La Fenice un emblema de excelencia que sus músicos buscan preservar. Ante ello, creen que la nominación de Venezi hace peligrar el alto nivel de la institución. “Es una cuestión de mérito y competencias. Para tener este cargo, se debe tener larga experiencia”, cuenta a este periódico Marco Trentin, representante del sindicato FIALS. “No es un asunto político o de género”, sino solo profesional, subraya este violinista, que rechaza las acusaciones que señalan que la orquesta no quiere a Venezi por ser una mujer joven o de derechas.

“Una operación orquestada por la derecha”

Aun así, analistas y críticos sí apuntan a una estrategia de la derecha gubernamental para colocar a personas con afinidad ideológica en espacios de peso cultural clave como La Fenice, igual que ocurrió en ámbitos como la RAI, la cadena de radiotelevisión pública. “Esta es una operación orquestada por la derecha. Venezi es amiga de Meloni y esta es una imposición suya”, comenta a este medio Valerio Cappelli, veterano periodista musical.

Según explica, este caso va en línea con un plan más amplio del ejecutivo para reformar los teatros de ópera según “un modelo nacionalista” que priorice repertorio italiano, con un enfoque tradicionalista que deje atrás la experimentación. El proyecto, llamado 'Código Único del Espectáculo', está en elaboración, y el gobierno quiere aprobarlo este año. Para Cappelli, reduciría la autonomía de las óperas. “Los teatros líricos se verán absorbidos por la política, mucho más que ahora. Dependerán de los partidos en el poder”, alerta el reportero en el portal MusicPaper. Ante ello, la elección de Venezi es solo “la guinda del pastel”, agrega a elDiario.es.

Nacida el 1990 en la ciudad toscana de Lucca, Venezi es hija de un exdirigente del partido neofascista Forza Nuova. En 2021, fue premiada como una de las jóvenes directoras más destacadas de Italia en el festival Atreju, gran evento de la ultraderecha organizado cada año por el partido de Meloni, Hermanos de Italia (HdI). También ha sido asesora musical del Ministerio de Cultura desde 2022, y tiene una cercanía pública con la primera ministra, a la que felicitó por su triunfo electoral de hace más de tres años. “Te lo mereces todo, Giorgia. Luchaste como una leona”, dijo Venezi por Instagram, donde compartió una foto junto a Meloni. Según prensa, HdI también le ofreció candidarse con el partido, oferta que declinó para priorizar su carrera.

Ante la polémica de estos meses, la maestra de orquesta -ella se hace llamar maestro, igual que Meloni pide ser tratada como il presidente- denunció “ataques violentos e infundados”, y contrató a la abogada Giulia Bongiorno para actuar legalmente ante posibles difamaciones. Bongiorno es también senadora del partido ultraderechista Liga, y ha sido la letrada de su líder, Matteo Salvini, en procesos como el ‘caso Open Arms’.

Posiciones irreconciliables

Con todo, por ahora la plantilla de La Fenice sigue muy lejos de la postura del superintendente de la fundación gestora del teatro, Nicola Colabianchi, visto por medios como cercano a la órbita meloniana, y designado en 2025 por el Ministerio de Cultura. Fue quién nombró a Venezi con el aval del alcalde de Venecia, el centro-derechista Luigi Brugnaro, presidente del ente rector de La Fenice. Ambos instan ahora a calmar los ánimos e iniciar un acercamiento entre Venezi y los músicos, pero estos no lo harán hasta anularse su nombramiento.

Después de ello, “estaremos abiertos a un proceso de prueba y entendimiento mutuo, pero sin ser vinculante”, insistía la semana pasada Trentin, que repartía panfletos en el acceso al teatro, antes del estreno de una nueva edición del Simon Boccanegra de Verdi. El violinista, que lleva 35 años en La Fenice, critica las formas opacas del nombramiento, y ve “impensable” que Venezi asuma el cargo sin haber trabajado antes con la orquesta ni tener “un vínculo de empatía o conocimiento” con los músicos, lo que sí hicieron otros directores musicales.

“En todos los teatros importantes, antes de designarse a un director musical, este trabaja con la orquesta y el coro al menos varias veces”, tras lo que se consulta a sus miembros para saber “si lo consideran la persona adecuada para el cargo”, un proceso que Colabianchi no siguió al nombrar a Venezi, asegura la corista Poropat.

Venezi, asset mediático

En una carta, el superintendente argumentó que su apuesta por Venezi se debe a que es una directora “de talento” y “una mujer joven con fuerte visibilidad mediática” y proyección internacional. Esto, alegó, puede atraer patrocinadores y más fondos, “indispensables para la estabilidad financiera” del teatro. Sin embargo, Poropat asegura que La Fenice está en buena situación ecónomica. Ofrece muchas obras con un repertorio muy variado, también para jóvenes, y el teatro acaba “siempre lleno”, remarca la corista.

Venezi, con más de 93.000 seguidores en Instagram, ha dirigido en óperas de peso a nivel internacional como en Italia, donde este enero presentó la obra Carmen de Bizet en el Teatro Verdi de Pisa. Fue copresentadora en el festival de canto de Sanremo de 2021 –uno de los eventos más populares de Italia–, y en 2018 fue incluida por la revista Forbes en su lista de los cien jóvenes menores de 30 años más influyentes del país. Aún así, para los empleados de La Fenice, se deben tener más cualificaciones para llegar a directora musical del teatro.

“Más allá del Teatro Colón de Buenos Aires, Venezi nunca ha trabajado con grandes instituciones líricas europeas y mundiales del más alto nivel, y siendo La Fenice uno de los teatros más renombrados del mundo, no podemos permitirnos darle un cargo como este”, sentencia Trentin.

Ola de solidaridad con La Fenice

Hasta ahora, el resto de grandes óperas del país –entre ellas La Scala de Milán, Regio de Turín o la Arena de Verona–, apoyaron a los colegas de Venecia, igual que otras orquestas de peso nacional. “Casi todas las grandes instituciones musicales nos dieron su respaldo”, cuenta Poropat, que destaca la solidaridad del público, que ahora adquiere en masa el pin de la clave de sol que los trabajadores lucieron en su actuación de fin de año.

Tras su éxito, encargaron miles más por el auge de demandas en toda Italia, mientras en Venecia se ha erigido como insignia de defensa del legado artístico de la urbe, en riesgo de perder su identidad ante la turistificación. “El pin de la clave de sol ha tomado un significado amplio. Los venecianos lo llevan como símbolo del valor de La Fenice para la ciudad, como alegoría de la urbe que no deber ser vendida, porque justo la designación de una directora social o pop” como Venezi “parece también un poco una venta de Venecia”, asevera Poropat.

Tras meses de silencio, Venezi habló la semana pasada, y sus declaraciones encendieron más los ánimos. “Uno se pregunta cómo un teatro financiado con fondos públicos esté gestionado por sindicatos, en un contexto que parece totalmente anárquico”, criticó la directora. También mencionó los pins que ahora son símbolo de la protesta. “Los habría estilizado un poco más, quizás incluso con un cristal de Swarovski”, ironizó, en un tono que para muchos sonó provocador. “El partido acaba solo cuando el árbitro pita”, concluyó, sobre la disputa, mientras las opciones para una conciliación que pare la rebelión de los músicos parece por ahora muy lejana.

La famosa influencer italiana Chiara Ferragni ha sido absuelta este miércoles de los cargos de estafa agravada en un caso muy mediático, en el que estaba acusada de lucrarse promocionando el tradicional dulce navideño pandoro y huevos de chocolate de Pascua con supuestos fines benéficos. El tribunal de Milán ha emitido su sentencia y ha rechazado los argumentos de la acusación y la Fiscalía, que pedían un año y ocho meses de cárcel para la estrella de las redes sociales de Italia, quien ha dado las gracias a todos los que la han apoyado, tras conocer la sentencia.

“Doy las gracias a mis abogados y a mis seguidores che, durante dos años, me han apoyado”, ha declarado Ferragni, según recoge la prensa italiana. Ella se declaró siempre inocente, en un caso que dañó su reputación, hundió su imperio empresarial y frenó su carrera como celebrity a nivel mundial.

El juicio contra Ferragni empezó el pasado otoño en un tribunal de Milán, en un procedimiento junto a otros dos imputados para los que la Fiscalía pedía un año y ocho meses de cárcel y un año, respectivamente. Ambos han sido absuletos este miércoles.

El caso, seguido con gran atención en Italia —donde esta pionera empresaria y estrella de la moda de 38 años era paradigma del éxito por su labor digital cómo influencer— se remonta a 2021 y 2022, cuando hizo campañas promocionales con su imagen para la venta de los típicos bizcochos italianos de Navidad pandoro, de la marca Balocco, y de huevos de Pascua de la empresa Dolci Preziosi. Según la publicidad, los beneficios recaudados con los productos, vendidos en paquetes con el logotipo de la marca personal de Ferragni a un precio mucho más alto de lo normal, debían destinarse al hospital pediátrico Reina Margarita de la ciudad de Turín.

Sin embargo, no fue exactamente así. Según se reveló posteriormente, la compañía Balocco sólo donó unos 50.000 euros al centro médico, una aportación que fue previa al inicio de su campaña, por lo que esta no correspondió a los ingresos por las ventas del Pandoro Pink Christmas patrocinado por Ferragni. De hecho, la creadora de contenidos ganó más de un millón de euros con la campaña, sin que el dinero fuera destinado al hospital. En el caso de los huevos de Pascua, la promoción para su venta siguió patrones similares.

El asunto salió a la luz primero a fines de 2022, con la publicación de una investigación del diario italiano Domani, que aseguraba: “El pandoro benéfico de Chiara Ferragni es sólo marketing y no beneficiencia”. El artículo hablaba de “una operación comercial mezclada de forma confusa con una iniciativa benéfica”, en la que parecía que una parte del precio de cada pandoro comprado se destinaría a fines benéficos, pero no era así realmente. El diario también señaló uno de los falsos reclamos de la campaña, que anunciaba una supuesta financiación de la investigación sobre el cáncer infantil en el hospital turinés, un elemento que fue clave en toda la promoción. 

Ya en diciembre de 2023, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia impuso una multa de más de un millón de euros a Ferragni. Según alegó, esta realizó “una práctica comercial incorrecta” al transmitir a los consumidores que si compraban el pandoro asociado a su nombre ayudarían con una donación al hospital Reina Margarita. Eso hizo que se abriera el caso conocido como 'Pandorogate', que desató una tormenta mediática y ha perseguido a Ferragni hasta hoy.

Ya entonces pidió perdón por Instagram, admitió “un error de comunicación” y anunció la entrega de un millón de euros al centro médico de Turín para apoyar “la cura de los niños”. Sin embargo, no pudo parar las demandas en su contra ni su imputación por publicidad engañosa junto a su exmánager, Fabio Maria Damato, y el presidente de la empresa propietaria de Dolci Preziosi, Francesco Cannillo, que en los últimos meses se sentaron también en el banquillo de los acusados.  

Casi tres años después de que se conociera el escándalo, el juicio a Ferragni arrancó en noviembre en Milán, con una audiencia en que la influencer eligió la modalidad de procedimiento abreviado. Este es más veloz que el ordinario, lo que implicó omitir la fase de debate. El 25 de noviembre, la Fiscalía pidió condenar a la mujer a 20 meses de prisión. Por su parte, sus abogados defendieron su inocencia y solicitaron su absolución el 19 de diciembre, en una última vista en la que alegaron que no cometió ningún delito. Durante el proceso, Ferragni se mostró “tranquila y confiada” e insistió en que siempre actuó “de buena fe”.

A estas alturas, Ferragni ya ha pagado unos 3,4 millones de euros entre multas, donaciones y acuerdos de resarcimiento con varios demandantes. Entre estos, estaba también la entidad Casa del Consumatore (Casa del Consumidor, en italiano), la única que se mantuvo como acusación particular en el juicio y que antes rechazó una oferta de 5.000 euros por parte de la influencer para lograr que se retirara del proceso, según la prensa local.

Con todo, el 'Pandorogate' asestó estos años un duro golpe a la imagen pública y al imperio empresarial de Ferragni. Cuando estalló el caso tenía 30 millones de seguidores en Instagram, estaba en la cúspide de su carrera y se proyectaba a nivel internacional, siendo incluso comparada con una Kim Kardashian italiana. La estrella no perdió por completo su ascendente, pero se vio muy tocada y empezó a perder seguidores. 

Tuvo que apartarse del foco mediático, reducir su actividad en redes sociales y cayó en una especie de ostracismo. Grandes marcas de la moda o multinacionales como Coca Cola dejaron de colaborar con ella. Todo ello también se considera uno de los elementos que llevó a su divorcio en 2024 con Fedez, famoso rapero italiano y padre de sus dos hijos, con quién formó uno de los matrimonios más conocidos de Italia, con una historia que también fue carne de los paparazzi y que en los últimos tiempos dio mucho que hablar a la prensa sensacionalista y del corazón.  

Para muchos es aún sorprendente que un pandoro y unos huevos de chocolate hundieran la reputación e imperio de Ferragni, reconocida en 2017 como principal influencer global por la revista Forbes, cuando había logrado generar ya 70 millones de dólares como creadora de contenidos desde el inicio de su carrera en 2009, con sólo 22 años –cuando inició el blog de moda The Blonde Salad–.

En 2012 saltó a Instagram cuando la red social estaba en sus inicios y alcanzó un millón de seguidores. Desde esa plataforma, siguió un ascenso meteórico con el que abrió tiendas de moda de lujo y desarrolló su marca propia, abanderando un modelo de negocio y glamur que se convirtió incluso en objeto de estudio para centros académicos de prestigio como Harvard. En 2022, los ingresos de Fenice —la empresa con que Ferragni gestiona su marca— llegaron a 15,3 millones de dólares, casi el doble del año previo, aunque tras estallar el 'Pandorogate' su compañía cayó en picado. Según Forbes, sus ingresos bajaron un 94% en 2024, con pérdidas de unos 3,5 millones de dólares, y Ferragni cerró también su tienda insignia de Milán, epicentro de la moda italiana y su núcleo de operaciones. 

Del caso a la “Ley Ferragni”

El caso tuvo tal magnitud que adquirió incluso tintes políticos en Italia. Tras destaparse el escándalo, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, hizo una alusión muy crítica a Ferragni, una figura asociada a ciertas reivindicaciones progresistas y de izquierda, como la defensa de los derechos LGTBIQ+. “Los modelos reales a seguir no son influencers que ganan un montón de dinero promocionando dulces caros que supuestamente están destinados a beneficiencia”, dijo Meloni, sin mencionar directamente a Ferragni, pero en clara referencia a ella, en la edición de 2023 del festival Atreju, certamen de su partido y principal reunión anual de la ultraderecha italiana. 

En 2024, su Gobierno incluso promovió la conocida como “ley Ferragni”, que marca un código de conducta para influencers con más de un millón de followers que vendan productos con fines benéficos. Considerada pionera en Europa, la norma obliga a concretar la cantidad exacta que se destina a beneficencia e incluye multas de hasta 600.000 euros para aquellos que incumplan las reglas. La iniciativa legal fue vista como una respuesta política al caso Ferragni.  

En un clima cada vez más hostil para el periodismo independiente, Italia se ha visto sacudida este mes por una operación que podría reconfigurar de lleno su panorama mediático y que pone en el ojo del huracán a La Repubblica y La Stampa, los principales diarios progresistas y opositores al Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Su dueño, la familia Agnelli-Elkann —propietaria de la antigua Fiat, ahora Stellantis— busca vender los activos de su grupo editorial GEDI a Antenna, holding mediático de Theodore Kyriakou, magnate griego cercano a Donald Trump y socio comercial del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán.

La operación encendió las alarmas de las plantillas de ambos periódicos, que piden garantías para mantener sus empleos y preservar su línea editorial, mientras muchos alertan de que la venta de estos dos diarios clave amenaza el pluralismo informativo en un país donde la libertad de prensa está en retroceso (según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Italia ha bajado tres puestos en 2025).

“Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma”, asegura Zita Dazzi, miembro del Comité de Redacción y periodista de ese periódico en Milán. Atiende por teléfono a elDiario.es tras salir de la asamblea que los empleados celebran cada día desde que supieron de la negociación para vender el diario. Según Dazzi, más allá del temor a perder la independencia editorial, impera el miedo a los despidos. Ante ello, la plantilla presiona para obtener cláusulas que impidan por contrato que ningún trabajador de GEDI (en total, unos 1.300) sea despedido en los próximos dos años.

Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

Este mes de diciembre, se confirmó la noticia sobre los contactos con Kyriakou para comprar GEDI, uno de los grupos de comunicación líderes de Italia, que posee La Repubblica, La Stampa, la versión italiana de The Huffington Post o las radios Deejay, Capital o M20. John Elkann, heredero de la familia Agnelli y director ejecutivo de Exor (el conglomerado que gestiona su vasto imperio familiar) rechazó la oferta de compra oficial del magnate italiano Leonardo del Vecchio y admitió estar en negociaciones exclusivas con el empresario heleno.

Eso desató un terremoto con implicaciones políticas, ya que La Repubblica y La Stampa son el segundo y tercer diario con más tirada de Italia tras el conservador Il Corriere della Sera, son críticos con el Gobierno de Meloni y tienen peso en la opinión pública, razones por las que no gusta que estas dos cabeceras queden en manos extranjeras, controladas por un magnate de perfil ultraconservador, poco conocido en Italia y del que aún se desconocen sus intenciones exactas.

“Una fuerte amenaza al pluralismo informativo”

“No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos”, asegura Dazzi. “Somos un periódico de izquierda que siempre hizo oposición al poder. Ir de la mano de ultranacionalistas no nos gusta”, agrega. La reportera también teme que se imponga un modelo sensacionalista y de entretenimiento que podría acabar con la identidad de La Repubblica como periódico riguroso.

Ahora hay muchas incógnitas y “todo dependerá de cómo se comporte” el grupo Antenna cuando se confirme la compra. “Aunque sobre el papel parece una fuerte amenaza al pluralismo informativo”, dice a elDiario.es Alessandra Costante, secretaria general de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), el principal sindicato de periodistas del país, que pide una intervención activa del Ejecutivo para lograr que la empresa se comprometa a respetar el empleo de los trabajadores y la independencia editorial de los medios.

No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

El Colegio de Periodistas de Italia y fuerzas políticas opositoras piden que el ejecutivo adopte el llamado 'Golden Power', mecanismo que le permite intervenir o bloquear operaciones sobre empresas estratégicas para los intereses nacionales. Mientras sigue la negociación, el Gobierno ha instado a la familia Agnelli a proteger a los empleados afectados, pero no hay indicios de que quiera frenar la transacción. “Si los diarios italianos siguen en manos italianas, será mejor para todos”, admitió días atrás el vicepresidente de Meloni y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. “Sin embargo, a menos que se infrinja la ley, será el mercado quién decida”, agregó, señalando que su Ejecutivo no pretende intervenir. 

De materializarse la adquisición, será la primera vez que un conglomerado extranjero compre un grupo de medios de prensa escrita italiano de tal dimensión, lo que, para Costante, es otra señal de la “gravedad” de la situación en este sector. La oposición también mostró preocupación: “Nos encontramos ante la venta a una entidad extranjera que no ofrece garantías de empleo, perspectivas de futuro, calidad ni pluralismo informativo”, dijo Elly Schlein, líder del Partido Democrático —el principal de la oposición—. En su opinión, eso podría “debilitar o desmantelar un bastión fundamental de la democracia, basado en diarios que marcaron la historia del periodismo italiano”.

Una familia griega con negocios en medio mundo

Kyriakou lidera una dinastía familiar de armadores navieros griegos, con empresas financieras, inmobiliarias o medios de comunicación. Calificado por algunos como “el Berlusconi de los Balcanes”, a través de Antenna controla 37 canales de televisión de pago y gratuitos, dos servicios de streaming, dos emisoras de radio y medios digitales. Es propietario de ANT1 TV, uno de los principales canales de Grecia, y su negocio se extiende por Reino Unido, EEUU, Australia o países del golfo Pérsico. Según informaciones aparecidas en la prensa, su compra de GEDI es un primer paso para acceder al mercado italiano y expandirse en televisión, ya que tiene interés en cadenas de peso en el país como Sky Italia o La7 —este último canal, de línea progresista—.

En el ámbito político, el magnate griego tiene conexiones con el mundo conservador y es miembro del think tank Atlantic Council, que en 2024 otorgó a Meloni el premio Global Citizen Award. En mayo de 2025, estuvo entre los invitados en la cena ofrecida por el emir de Qatar a Trump en Doha, como parte de su gira primera gira por Oriente Medio. Según el diario griego To Vima, Kyriakou habló en privado sobre negocios y política con el presidente de EEUU. El empresario también tiene lazos con el príncipe heredero saudí, conocido como MBS, que posee el 30% de las acciones de Antenna a través del Fondo de Inversión Pública del reino (un poderoso instrumento a través del cual Riad ha invertido sus petrodólares en todo el mundo).

Estos días, el holding heleno aseguró que su inversión en Italia no incluye la empresa con participación saudí, pero su relación con la dictadura ultraconservadora es un elemento de preocupación añadido en el país transalpino.  

La Repubblica surgió con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país

Carlo Sorrentino — Profesor de la Universidad de los Estudios de Florencia

Las negociaciones entre GEDI y Antenna están muy avanzadas, y la venta —valorada en unos 140 millones— podría concluir a fines de enero o principios de febrero, tras la fiesta de celebración del 50 aniversario de La Repubblica, que vio muchos cambios desde su fundación en 1976. Surgió “con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país”, dice a elDiario.es Carlo Sorrentino, profesor de Sociología de los procesos comunicativos en la Universidad de los Estudios de Florencia.  

Según Sorrentino, el periódico cambió a medida que esta generación se disipó, a lo que se sumó la asunción de una línea más moderada, aunque sigue siendo símbolo de un modelo progresista que sus empleados quieren conservar. Como parte de sus acciones, los trabajadores de La Repubblica secundaron la huelga general en Italia del 12 de diciembre, mientras que los de La Stampa pararon rotativas un día antes. Ambas plantillas prevén más movilizaciones en las próximas semanas, incluida la opción de volver a declararse en huelga.

Falta de transparencia

También denuncian falta de transparencia en el proceso de venta. “Todo se negocia en la oscuridad, no hay nada oficial. Pedimos reunirnos con Kyriakou muchas veces, pero se esconde y solo envía comunicados desde la empresa de publicidad que contrató”, comenta Dazzi. Agrega que la plantilla de La Repubblica (de unos 600 empleados) espera aclaraciones por parte del empresario sobre posibles recortes drásticos que podrían conllevar cierres de sus ediciones locales.

En la ciudad de Turín, capital de la región norteña del Piamonte, el mayor jarro de agua fría ha sido la posible venta de La Stampa, de tendencia liberal, centrista y con profundo arraigo regional. Fundado en la urbe en 1867, el diario estuvo casi siempre en manos de la familia Agnelli desde 1926 y mantiene su base en Turín, pese a su proyección en toda Italia. La ciudad también es cuna de la propia dinastía Agnelli. En Turín fundó Fiat, antiguo gigante automovilístico que aupó la industria italiana, lo que marcó la expansión de la familia en sectores muy variados, desde las finanzas, hasta la construcción o los deportes.

También es propietaria del Juventus, club de fútbol insignia de la ciudad, y este diciembre incluso rechazó una oferta de compra. “La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta”, dijo John Elkann en un mensaje en vídeo, mostrando su compromiso con el club, mientras se le achaca que no haya hecho lo mismo con La Stampa. “Vale para el fútbol, pero no para nuestro periódico y sus más de 150 años de historia. Se puede vender fácilmente, sin ni siquiera molestarse en entender a quién”, denunció el Comité de Redacción del periódico.

Según trascendió, Antenna adquirirá La Stampa como parte de su compra del conjunto de GEDI, pero su interés apunta sobre todo a las radios del grupo y no querría mantener la propiedad del medio turinés. Ante ello, ya se busca otro comprador, lo que genera aún más incertidumbre entre sus empleados. Según Sorrentino, es un duro golpe para un diario vinculado históricamente a la burguesía industrial del norte, “paradigma de periódico de difusión regional” con arraigo a nivel local, un modelo cada vez menos rentable, mientras la crisis del sector periodístico italiano se agrava.

“Te hiciste fuerte. Italia con la cabeza en alto”. Este es uno de los lemas de Atreju, el festival anual del partido ultraderechista de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia). Estos días celebra su edición de 2025 y en los últimos años se ha convertido en un certamen de debate político y cultural de referencia, al que incluso participan adversarios políticos y personajes famosos. Mientras tanto, la formación de Meloni se mantiene estable en el poder, lidera los sondeos y aprovecha su fortaleza para proyectarse a través de este festival, que comenzó siendo un pequeño evento de extrema derecha identitaria y ahora penetra espacios más mayoritarios en Italia.

El evento, celebrado a los pies del castillo de Sant’Angelo de Roma, se presenta como una fiesta abierta a todo el mundo que incluye estantes navideños y un árbol de navidad iluminado con la bandera italiana. Mezcla una imagen festiva con consignas y simbología nacionalista, ofreciendo conferencias y espacios de debate con enfoque derechista o conservador, pero también abiertos al diálogo con los opositores.

En pleno auge y normalización de las ideas de ultraderecha en Europa, el festival ilustra cómo la deriva derechista en Italia se afianzó con fuerza estos años. También muestra cómo participar en un evento fundado en los años 90 por las juventudes del principal partido posfascista de Italia se volvió algo normal hace tiempo, mientras Fratelli d'Italia (FdI) usa Atreju como plataforma para disputar la hegemonía cultural a la izquierda, aseguran varios analistas.

“Atreju pasó de ser una fiesta identitaria en su inicio a un evento no solo abierto a políticos, sino también a deportistas, actores, gente de la televisión o del mundo del espectáculo”, cuenta a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en extrema derecha, remarcando que detrás de ello hay un planteamiento estratégico de comunicación política. “La meta es crear un espacio de debate que destaque también la dimensión nacional-popular de la cultura”, destaca respecto a la aspiración derechista de crear un marco cultural unificador a nivel italiano. 

Para Bulli, la pugna ideológica que hay de fondo es importante: “En italia siempre se planteó el hecho de que la hegemonía cultural estaba en manos de la izquierda. Esta es la acusación de la derecha, que alega que la izquierda estuvo sobrerrepresentada en prensa, editoriales, literatura o cine, en la llamada cultura que cuenta. Esto es algo que FdI quiere cambiar en profundidad”, señala la experta. Y Atreju le sirve para ello.  

Cambiar la cultura que cuenta

En 1998, cuando el evento empezó como un pequeño festival fundado por la propia Meloni y miembros de las juventudes de Alianza Nacional (partido matriz de FdI), pocos imaginaban que el certamen se convertiría en el evento insignia de una formación que lleva más de tres años gobernando Italia, con peso pujante en Europa, aliada privilegiada de los EEUU de Donald Trump y capaz de traer a magnates o líderes de primera línea, como Elon Musk en 2023 o Javier Milei en 2024.

“Siempre pensamos en grande. En este espacio estamos abiertos a debatir con todos”, dice a este periódico Tonino, jubilado, militante del partido de Meloni y voluntario en el certamen desde su inicio. De fondo, suenan villancicos, música pop o canciones de Fabrizio de André –legendario cantautor izquierdista que saltó a la fama en la década de los 60 del siglo pasado–, en una atmósfera que incluye tradición, patriotismo y elementos de referencia común que marcaron la 'italianidad'.

La derecha alega que la izquierda estuvo sobrerrepresentada en prensa, editoriales, literatura o cine, en la llamada cultura que cuenta. Esto es algo que Fratelli d'Italia quiere cambiar en profundidad

Giorgia Bulli — Experta italiana en extrema derecha

“La música es de todos”, añade Tonino, que sirve comida en el mercado navideño del festival. “Nosotros reivindicamos una cultura abierta a todos, no como la izquierda, que se la apropia”, comenta a su lado otra veterana integrante del partido, mientras corta pan y prepara bocadillos. En el recinto se ofrecen productos locales, crepes o cerveza artesana, hay un pesebrista artesano que vende belenes y una pista de hielo en la que patinan niños a la vista de sus padres. Algunos de los asistentes son simples ciudadanos o turistas que se toparon por casualidad con el evento, como una pareja de australianos que paseaba por la zona, en pleno centro histórico de Roma y a poca distancia del Vaticano.

“Ante todo, Atreju es una gran fiesta de Navidad para las familias”, afirma en directo uno de los locutores de Italia llamó, la emisora de radio que informa del evento desde el mismo recinto, donde también se ve a líderes de peso del partido o a representantes locales llegados de otros puntos del país –como Antonio Bonanno, alcalde de la localidad de Biancavilla (Sicilia), acompañado de su familia–. “Este es un lugar de fraternidad, donde notamos sobre todo el sentido de pertenencia”, comenta a elDiario.es su esposa, Giulia, que se encamina a ver una conferencia sobre contenidos deepfake en internet, en la que participa Arianna Meloni, hermana mayor de la primera ministra y jefa de la secretaría política de FdI. 

Arianna, con voz y entonación casi iguales a la jefa del Gobierno italiano, denuncia los insultos que recibe su hermana en el ámbito virtual. “Yo nunca fui a las redes para insultar a quien piensa distinto”, exclama, entre aplausos del público en una sala llena con unos trescientos asistentes.

Atacar e integrar a la izquierda

Fuera, destaca un cartel con la imagen de Giorgia Meloni y la frase “el que no salte es comunista”, ante la que algunos se hacen fotos y selfies. Cerca, otro panel expone declaraciones de varios personajes considerados izquierdistas y denuncia sus “palabras de odio”. Entre ellos, está la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos y una de las voces más prominentes contra el genocidio en Gaza, Francesca Albanese, a la que un joven señala y tacha de “cretina estúpida” ante varios acompañantes. En otro panel, aparecen figuras destacadas que el partido siente propias, desde el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk (asesinado el pasado septiembre) hasta el director de cine italiano Pier Paolo Pasolini, personaje célebre para la intelectualidad y símbolo de la izquierda del país.

En el pasado, aunque en otro formato, el gran evento que también incluía debates políticos, conferencias, conciertos, puestos de comida e, incluso, actividades deportivas era la Festa dell'Unità (Fiesta de la Unidad), que organizaba el histórico Partido Comunista italiano y que tomaba el nombre del periódico l'Unità. Esas fiestas siguen organizándose por todo el país, especialmente en verano, a cargo del principal partido de la oposición, el centroizquierdista Partito Democratico (PD), pero su impacto y concurrencia han ido menguando.

La edición de este año de Atreju, que arrancó el 6 de diciembre y acabará el domingo 14 con un discurso de clausura de la propia Meloni, congrega en intervenciones y conferencias temáticas de todo tipo a personajes tan distintos como el exfutbolista Gianluigi Buffon, Carlo Conti (famoso presentador del emblemático festival de la canción de Sanremo), el actor italiano Raoul Bova o el presidente palestino, Mahmud Abás.

Entre los invitados están los ultraderechistas Marion Maréchal le Pen, de Francia; el líder rumano, George Simion, y Matteo Salvini, ministro de Transportes y socio de coalición de Meloni. Pero también participan los ex primeros ministros Matteo Renzi y Giuseppe Conte –que lideran las fuerzas opositoras Italia Viva y Movimento 5 Stelle–, diputados de partidos izquierdistas como Angelo Bonelli y el periodista y presentador de la RAI Bruno Vespa, una de las caras más populares de la TV pública de las últimas décadas.

Quiere legitimar la idea de que ya no es una fuerza de extrema derecha, mostrar que está abierta al diálogo y que tiene una historia democrática, pese a que sus marcos de referencia son claramente antidemocráticos

Luigi Quercetti — Analista político italiano

“Con Atreju, Fratelli d'Italia se hace un lavado de cara cultural”, opina Luigi Quercetti, analista político y miembro del equipo de prensa del partido progresista +Europa, cuyo líder, Riccardo Magi, también participa este sábado en uno de los debates. Quercetti explica a este periódico que el partido de Meloni intenta, a través del festival, tapar un vacío patente, ya que la ultraderecha “nunca produjo material cultural”, más allá de algún libro de contenido nacionalista, pero ahora “quiere crear un relato” que incluye a los intelectuales de derechas. 

Asimismo, FdI busca presentarse como una fuerza inclusiva que dejó atrás sus raíces fascistas. “Quiere legitimar la idea de que ya no es una fuerza de extrema derecha, mostrar que está abierta al diálogo y que tiene una historia democrática, pese a que sus marcos de referencia son claramente antidemocráticos, empezando por la experiencia del fascismo”, concluye Quercetti, que no ve por ahora un escenario a corto plazo que pueda poner en cuestión el statu quo que Meloni ha ido apuntalando en Italia desde su llegada al poder en 2022. 

En plena carrera armamentística en Europa, este año el gobierno de Giorgia Meloni ha hecho peripecias para adaptar a Italia al aumento de gasto militar demandado por la OTAN y Donald Trump, el gran aliado al que no quiere defraudar. El ejecutivo hizo maniobras contables para llegar al 2% del PIB en defensa en 2025 y se comprometió a alcanzar el 5% en una década. Esto es un reto añadido para la fatigada economía italiana, uno de los países con mayor deuda pública de la UE, donde muchos ven el rearme como una amenaza al estado del bienestar. 

Ante ello, la protesta escalará el viernes con una huelga general convocada por sindicatos izquierdistas y de base, contrarios a un modelo que creen que lleva a Italia a derivas militaristas. También se oponen al plan presupuestario de 2026, aprobado por el Gobierno y pendiente de ratificación parlamentaria. Según los sindicatos, este prevé aumentar el gasto militar a niveles inauditos, y potencia la austeridad en un sistema público depauperado, donde la educación o la sanidad salen perdiendo.

“Cada euro gastado en armas es un euro quitado a sanidad, escuelas, pensiones y seguridad social. El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, asegura en un comunicado la Unión Sindical de Base (USB), una de las convocantes de la huelga. Pese a ser minoritaria, esta tiene fuerza en sectores como el portuario, y ganó peso al ser líder de las huelgas contra la ofensiva israelí sobre Gaza que en septiembre y octubre sacudieron Italia. De hecho, la huelga de este viernes incluye entre sus principales motivos la causa palestina. Los sindicatos piden que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y deje de contribuir a su “economía de genocidio”. También exigen el cese de entregas de armas a Ucrania, mientras Italia prepara el envío de su duodécimo paquete de ayuda militar a Kiev.  

Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho

Francesco Vignarca — Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD)

El paro laboral arrancará este jueves por la noche y se alargará hasta la noche del viernes. Al no sumarse los sindicatos mayoritarios –entre ellos CGIL, que convocó su propia huelga para el 12 de diciembre–, no se prevé seguimiento masivo, pero puede afectar el sector público y privado, la circulación de trenes o buses, el sector aéreo o portuario y más servicios. “El Gobierno aumenta drásticamente el gasto en compra y producción de armas, apunta al sector bélico como única solución, mientras salarios y pensiones pierden poder adquisitivo y las desigualdades sociales, la precariedad y el trabajo mal pagado crecen”, denuncia UBS. 

En Italia, un país con una importante opinión pública de tradición pacifista, el impulso armamentístico no ha afectado por ahora a la estabilidad de la coalición de Meloni, pero la oposición y detractores cuestionan este giro. 

“Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho”, dice a elDiario.es Francesco Vignarca, miembro de la Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD) y analista de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano.

Las cifras que está alcanzando Italia son “un récord histórico”, remarca el experto. Según sus cálculos, para 2026 prevé un desembolso total de casi 34.000 millones de euros en armas, tecnología y equipamiento militar. Esto marca un aumento de más del 45% en casi una década. En 2017, el gasto fue de 23.377 millones, por lo que la subida es pronunciada y el Ministerio de Defensa quiere mantener las inversiones al alza, en línea con la OTAN.

En los próximos 15 años, Italia destinará al menos 130.000 millones a nuevos sistemas armamentísticos y 9.000 millones en infraestructura militar, según Milex. La entidad también denuncia una creciente falta de transparencia y critica que la documentación oficial es cada vez menos accesible. “Italia consolida una política de rearme estructural que consumirá recursos públicos por décadas sin un nivel adecuado de control democrático”, advirtió el observatorio este pasado octubre.

A diferencia de España, que rechazó abiertamente el dictado de la OTAN de llegar al 5% del PIB en gasto militar, Italia mostró tímidas reservas a ello por su delicada situación económica, pero acabó acatando la estrategia atlantista con un acuerdo que aplicará gradualmente a diez años vista. En este, la meta de alcanzar el 5% se distingue en un 3,5% reservado a gasto militar y defensa convencional, y un 1,5% destinado al ámbito de seguridad.

Según Meloni, puede servir cómo vía de crecimiento en un contexto global volátil y afectado por crisis diversas, como las derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Tras la Cumbre de la OTAN de La Haya en junio, la mandataria aseguró que el incremento de gasto en defensa “no quitará ni un euro a los italianos”, sino que fomentará “una política económica expansiva que genera recursos”, actividad productiva y empleo. 

Sin embargo, para Vignarca, este impulso “solo alimenta los beneficios de la industria armamentística, que aumentó mucho sus ganancias estos años”. A diferencia de Meloni, ve “imposible” que el plan pueda darse sin recorte de gasto público. “Italia es un país con mucha deuda, no puede endeudarse más. Esto implica subir impuestos o recortar de otras partes. Puede afectar infraestructuras, sanidad, educación y otros sectores”, alerta el analista.

En su opinión, este giro tampoco potenciará el tejido industrial del país: “La producción de armas representa menos del 1% del PIB de Italia. Es residual, pero aun así se está yendo hacia los intereses armados”, critica. Según agrega, muchas empresas a las que Italia hace pedidos son extranjeras, y si son italianas, tienen mucha producción fuera del país. Entre ellas está el coloso Leonardo, participada por el Estado, productora de equipamiento militar y aeroespacial, y uno de los principales exportadores de material bélico a Israel. “Tiene la mitad de sus empleados en Reino Unido y mucha producción en EEUU. Todo ello figura en sus cuentas, pero no es valor producido en Italia ni son puestos de trabajo italianos”, indica Vignarca.  

También destaca que en esta legislatura liderada por Meloni, “muchas de las adquisiciones han sido del exterior”. Se ha comprado a la empresa alemana Rheinmetall, a compañías de EEUU como Lockheed Martin —productora de los aviones F-35—, o a productores de Israel, como las potentes Rafael o Elbit Systems. “El papel de las empresas israelíes crece: Italia aprobó al menos 600 millones de euros en compras a Israel esta última legislatura y en 2024 el valor de autorizaciones para importaciones militares israelíes se quintuplicó en relación al año previo”, concreta Milex. 

“El camino hacia las armas ni siquiera es óptimo a nivel económico. Muchos estudios muestran que invertir en armamento da menos rendimiento que hacerlo en escuelas, sanidad o energías renovables”, argumenta Vignarca, favorable a revertir la tendencia, quién alerta sobre las consecuencias de todo ello a largo plazo. 

Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga

Francesco Staccioli — secretario general de USB para puertos y transportes

Los sindicatos convocantes de la huelga del viernes se expresan en una línea similar. Para la Confederación Unitaria de Base (CUB), el gobierno fomenta un modelo de economía de guerra que “hace extremadamente críticas las condiciones materiales de los trabajadores”, y su plan presupuestario “no prevé ninguna medida concreta para aumentar los sueldos”. 

Italia es uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo marcado por ley, y el único Estado de la UE donde los salarios reales son inferiores a los de 1990, un estancamiento al que se sumó la ola inflacionaria de estos años. “El aumento del coste de la vida es una lacra que azota la economía de millones de personas”, indica CUB, que asegura que el gobierno tampoco gasta lo suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres suben a precios “sin precedentes” en la historia moderna del país. 

Para los sindicatos, otro problema es el control de la UE para contener el alto déficit de Italia, de más del 3%. Según USB, esto implica recortes en servicios y gasto social, pero no incluye el gasto militar, ante lo que exige que la sanidad o educación no estén sujetas a limitaciones presupuestarias. 

“Mientras, los precios siguen subiendo, los salarios siguen estancados y las pensiones se reducen año tras año. Se trabaja más, se gana menos y se vive peor”, dice el sindicato, que pide establecer un salario mínimo por contrato de al menos 2.000 euros mensuales, y una pensión mínima de 1.500. En el país, la edad de jubilación se va retrasando —a partir de 2027 será a 67 años y tres meses—, y con un envejecimiento pronunciado, unos 16 millones de habitantes son pensionistas.

En este contexto, la reconversión hacia lógicas militaristas también está presente en otros sectores. Según una fuente implicada en gestión de proyectos de investigación con fondos de la UE para empresas italianas, la entrada de compañías de defensa es cada vez más patente, lo que ilustra cómo un sector orientado al desarrollo civil transita hacia funciones con óptica de seguridad o ligadas al rearme. “De ello se benefician empresas de desarrollo tecnológico digital e industrial, ciberseguridad, ámbito espacial o telecomunicaciones”, dice la fuente, que pide mantenerse en el anonimato. “Italia ha respondido metiéndose plenamente en línea con todas estas políticas”, concluye.

“Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga”, sentencia a este medio Francesco Staccioli, secretario general de USB para puertos y transportes, que apela a aprovechar la actual ola movilizadora para seguir ejerciendo presión a Meloni. 

En un viaje del presidente de EEUU en el Air Force One, una periodista le pregunta sobre la designación de Antifa como organización terrorista. “¿De qué medio eres?”, inquiere él. NPR (National Public Radio), dice ella, tras lo cual Trump pregunta burlón a su secretaria de prensa: “¿Todavía están aquí?”. La periodista insiste en su pregunta sobre Antifa. Él sonríe: “¿Tienen algo que ver con tu medio?”. 

El desprecio de Trump por el periodismo forma parte de su marca personal, pero no es una característica singular. La extrema derecha encuentra en los medios de comunicación en general –y los públicos en particular– un enemigo al que combatir con todas las estrategias posibles: desde el ataque y la descalificación verbal hasta los castigos económicos, de la censura ejercida a través de leyes y órganos de control a la apropiación de esos medios públicos para convertirlos en simples canales de difusión de su discurso.

“Por su apego a la tradición, a principios religiosos, al statu quo, los partidos de derechas se han colocado contra los ámbitos capaces de instalar la duda, el cuestionamiento y la crítica”, explica Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Entre estos enemigos históricos –la intelectualidad, la ciencia, el arte– emerge la figura de los comunicadores, “la referencia más visible en la tarea de objetar injusticias, ofrecer alternativas y habilitar otros puntos de vista”, señala Cuesta.

No es casualidad que figuras como Javier Milei, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o el propio Santiago Abascal en España pongan a la prensa constantemente en la diana: “Atacarla supone, por un lado, deslegitimar a uno de los agentes clave en la democratización de los saberes y, por otro, disciplinar a todo aquel que ose disputar sentidos que pongan en riesgo sus valores”, resume la experta.

¿Y por qué poner el foco en los medios públicos? “Porque es una forma de sembrar la desorientación, la falta de referencias, el descreimiento en el valor epistémico de la opinión pública”, dice Cuesta. Y de reconocer la información como un derecho. “La ultraderecha, aliada hoy de un ecosistema tecnológico hipermediatizado, ofrece argumentos simples, chivos expiatorios, narrativas conspiranoicas…”, todo lo contrario de lo que representan los medios de comunicación entendidos como un servicio público. 

La posición de la ultraderecha española encaja de lleno en esta estrategia de descrédito: por un lado, señalar el gasto que supone y cuestionar el servicio público; y por otro, las acusaciones de manipulaciones y sesgos. En la última comisión de RTVE en el Congreso, el diputado de Vox resumió así su plan si llegan al Gobierno: “Solo tendremos una duda, y es si entramos con motosierra o con lanzallamas”.

De hecho, si los ataques a la prensa vienen de lejos, lo que ha cambiado es la ferocidad de la agresión, que desoye las limitaciones y equilibrios del juego democrático. Además, las nuevas derechas radicales no solo operan –muy eficientemente– a nivel local, sino que tienen una proyección globalista, como muestra el reciente caso de la BBC, que ha sufrido la dimisión de sus dos líderes editoriales después de las críticas de la Casa Blanca a una información relacionada con el asalto al Capitolio y el papel de Donald Trump ese día. 

Reino Unido: ataque a un referente periodístico

El de la BBC es un caso único por su alcance internacional y sus detalladas reglas sobre autonomía e imparcialidad: es el medio en que más confía el público en el Reino Unido y en Estados Unidos.  

Su papel en la vida pública es tal que hasta las voces de la extrema derecha dependen de la radiotelevisión pública. Nigel Farage, el líder del partido de extrema derecha Reform, es uno de los políticos más entrevistados pese a su mínima representación parlamentaria, e incluso era tertuliano habitual de la cadena. Ahora Farage apoya los ataques de Trump y hace campaña contra el canon que pagan los televidentes a la BBC para su financiación. 

El Partido Conservador no se ha atrevido a una propuesta tan explícita, pero ha empujado las críticas en la Cámara de los Comunes y dentro de la propia corporación pública por lo que llama sesgos de izquierdas en la cobertura de la guerra de Gaza, los derechos trans, la historia del colonialismo o las elecciones de Estados Unidos. 

Trump frente a los “monstruos”

Son “monstruos”, son la “izquierda radical” que “tanto daño ha hecho” a Estados Unidos. Así hablaba el presidente de EEUU, Donald Trump, de la televisión y la radio públicas, PBS y NPR, al poco de regresar a la Casa Blanca. Y no solo eso. Además de los insultos, Trump llegó con un recorte de 1.100 millones de dólares que ha dejado a ambas empresas en mínimos y amenazando la existencia de 330 emisoras asociadas locales de PBS y 246 de NPR. 

Además, Trump ha ordenado grandes recortes a Voice of America, la veterana emisora de radio, símbolo de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo durante la Guerra Fría para trasladar los mensajes de EEUU. En marzo, firmó un decreto que instaba a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales a reducir sus “funciones legales y el personal asociado al mínimo indispensable por ley”. Un día después, Voice of America dejó de emitir por primera vez en 83 años y suspendió temporalmente a casi todos sus empleados a tiempo completo.

Milei, privatizaciones y las 'fuerzas del cielo'

La motosierra de Javier Milei se activó contra la prensa pública ni bien llegó a la Casa Rosada. El primer mensaje fue contundente: cerrar la agencia pública de noticias argentina, Télam, fundada en 1945 y la más importante de América latina. Más de 300 despidos y un mantra: “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Los comunicadores se han convertido en una fijación para el presidente. “Milei tiene una especie de ejército en el mundo digital a las órdenes de Santiago Caputo (una de las personas con más influencia en el mandatario). Hay una parte más orgánica dentro de la Casa de Gobierno, pero lo más fuerte es la parte inorgánica, lo que ellos llaman 'las fuerzas del cielo', que son diferentes tuiteros, un streaming que se llama Carajo y también el señalado como 'documentalista' de Milei, Santiago Oria, que se dedican a escrachar a ciertos periodistas”, explica María O'Donnell, conductora de uno de los programas de radio más escuchados y blanco frecuente de estas campañas de desprestigio, muchas veces alimentadas con vídeos falsos creados con IA.

En cuanto a la televisión y la radio públicas, su destino desde el principio fue la privatización, dificultada hasta ahora por la falta de mayorías de La Libertad Avanza en el Congreso, pero que puede tomar un nuevo impulso a partir de la victoria en las pasadas legislativas. Los trabajadores de estos entes públicos se quejan del congelamiento de sus salarios y de censura. A cambio, nutre con la publicidad oficial que tanto denostó en campaña a medios ultras como La Derecha Diario, del español Javier Negre. En septiembre el presidente se indignó con su entonces portavoz y hoy jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por permitir que se emitiera un programa sobre el derecho al aborto en el canal público. Adorni compaginaba su puesto con un programa de Youtube en el que se encargaba de desmentir supuestos bulos de la oposición.

Italia y su ‘Telemeloni’

Desde que la ultraderechista Giorgia Meloni asumió el poder en 2022, asociaciones periodísticas denuncian la creciente intromisión de su ejecutivo sobre la RAI, en una pugna para obtener mayor influencia ideológica sobre la radiotelevisión pública. ‘Telemeloni’ es el término que hoy usan muchos críticos para referirse a la cadena. 

Este año Italia bajó tres puestos en el informe sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, y la injerencia política sobre los medios públicos es una de las causas.

Periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati

El principal sindicato de periodistas del canal, Usigrai, ha acusado al Ejecutivo de usar la cadena como “megáfono” o correa de transmisión de las posturas del Gobierno. Y también de acallar voces críticas o incluso censurar contenidos por cuestiones ideológicas. En 2024, gran parte de periodistas de RAI hicieron un día de huelga tras cancelarse la retransmisión de un monólogo antifascista del escritor Antonio Scurati para el día de conmemoración de la liberación del fascismo. 

El mes pasado estalló una bomba en el coche del periodista de investigación Sigfrido Ranucci. El director del programa Report, de la RAI, llevaba tiempo denunciando intentos de deslegitimación con duras críticas públicas, querellas judiciales o la reducción de tiempo de emisión de uno de los pocos espacios que indaga sobre corrupción, mafia o escándalos que implican al poder político.

Francia: la tele pública en la diana

En Francia, una información publicada por un medio de extrema derecha llamado L’Incorrect ha servido de disparador para una nueva campaña del entramado mediático del millonario Vincent Bolloré contra la radio y la televisión pública, a las que tacha de “ideologizadas” y “woke”.

En concreto, se trataba de un vídeo en el que se veía a los periodistas de opinión Thomas Legrand y Patrick Cohen, colaboradores habituales en France TV y en la matinal de la radio France Inter, en un restaurante comiendo con dirigentes del Partido Socialista. El periódico JDD, la radio Europe 1 y, sobre todo, la cadena de televisión CNEWS llenaron horas de antena y publicaron decenas de artículos. El presentador estrella de CNEWS, Pascal Praud, reivindicó las críticas como parte de una “batalla cultural”.

Marine Le Pen y su partido aprovecharon para reiterar su propuesta de desmantelar el ente público: “Su privatización permitiría a los franceses ahorrar 4.000 millones de euros al año”, lanzó la líder de Agrupación Nacional.

Su principal aliado en la Asamblea, Éric Ciotti, ha impulsado una comisión de investigación parlamentaria “sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación del sector audiovisual público”, que comenzará en los próximos días.

Alemania: Alice contra el cánon

Los medios públicos también han sido uno de los blancos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, a la que los sondeos de intención de voto sitúan ahora como primera fuerza. Algunos de sus dirigentes utilizan el término Staatsfunk (radiodifusión estatal) para sugerir que son órganos de propaganda del gobierno y los partidos tradicionales.

La líder ultra Alice Weidel ha acusado a las televisiones ARD y ZDF de sesgo contra su partido. “Son campañas mediáticas con dinero de los contribuyentes alemanes contra AfD”, afirmó tras los malos resultados en las elecciones en Brandeburgo, el año pasado. Lo dijo, irónicamente, en una entrevista con ARD. 

Pero los ataques no se ciñen al plano discursivo. Una de las propuestas centrales del partido ultra es la eliminación del canon (que se conoce como Rundfunkbeitrag) que debe pagar cada vivienda para financiar el servicio público de radiotelevisión –actualmente de 18,36 euros al mes–. “Este aparato, estrechamente vinculado a los partidos establecidos en términos estructurales, personales y financieros, utiliza este poder de forma selectiva para influir en la opinión pública, llegando incluso a la manipulación (...) Debe reformarse profundamente, racionalizarse y desideologizarse”, reza el programa.

Polonia: la herencia ultra que no se borra

Los medios públicos se convirtieron en uno de los primeros objetivos del partido polaco Ley y Justicia (PiS) nada más llegar al poder. En 2016 se aprobó una ley que otorgó al Gobierno el control sobre la radio y la televisión públicas, y se creó el Consejo Nacional de Medios (RMN), que se sumó al ya existente organismo regulador de los medios (Consejo Nacional de Radiodifusión, KRRiT), que a su vez se llenó de fieles al partido ultraconservador. 

La televisión pública TVP tradicionalmente se había inclinado hacia el partido en el poder, pero el PiS fue mucho más allá. Los informativos actuaron como altavoces del Gobierno, en ocasiones de manera descarada. Años después, un presentador llegó a disculparse con las personas LGTBI por el papel “vergonzoso” del canal en la difusión de “palabras de odio” contra el colectivo. 

La huella del control ultra era tal que en 2023 el primer ministro liberal Donald Tusk puso en marcha una –también criticada– “limpieza”. Y acaba de presentar un proyecto de ley para “garantizar la despolitización de los medios públicos”. Pero la realidad es que, dos años después del cambio de Gobierno, el KRRiT continúa alineado con el ultraderechista PiS. 

Hungría: compra medios y controlarás la información

Los 15 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán han transformado el panorama mediático húngaro: según Reporteros Sin Fronteras, gracias a maniobras políticas y económicas, y a la compra por parte de oligarcas con vínculos con el partido gobernante Fidesz, este controla el 80% de los medios. Así puede “moldear el discurso” y ejercer “presión sobre los medios no alineados con el Gobierno”, dice en su último informe el Instituto Reuters. 

Poco después de que Fidesz llegara al poder en 2010, aprobó una legislación que recayó en un nuevo organismo de control: el Consejo de Medios, nombrado por un Parlamento de mayoría ultra. Se fusionaron todos los medios públicos en una sola corporación, con numerosos despidos –incluidas purgas de periodistas críticos–. 

El resultado es una auténtica maquinaria propagandística gubernamental. Por ejemplo, antes de la victoria del Fidesz en las elecciones de 2018, periodistas de MTVA contaron cómo la cadena se centró en noticias negativas e incluso mentiras sobre refugiados e inmigrantes, vinculándolos con la delincuencia y el terrorismo, en línea con la retórica xenófoba del Gobierno. 

El oscuro recuerdo de las colinas de Sarajevo durante el brutal asedio de la capital bosnia entre 1992 y 1996 volvió estos días al centro de la actualidad en Italia. La Fiscalía de Milán había abierto pesquisas para indagar sobre la presunta existencia de grupos de ‘turistas francotiradores’ que habrían pagado enormes sumas de dinero al ejército serbobosnio para disparar contra civiles asediados. El caso incluye un dosier de 17 páginas con pesquisas del periodista y escritor italiano Ezio Gavazzeni, quién asegura que hubo italianos acaudalados que participaron en este siniestro safari de caza humana.

Para destapar este macabro entramado, el reportero presentó en febrero una denuncia con el respaldo del exmagistrado Guido Salvini y el abogado Nicola Brigida. Este último letrado, quién sigue de cerca el proceso, destaca en una entrevista a elDiario.es que la apertura de investigación es un primer paso clave para hallar posibles culpables, aunque el procedimiento está aún en fase inicial y le queda mucho camino por recorrer.

Otras veces, la magistratura italiana ya demostró ser minuciosa y seria, llegando a castigar a culpables de desapariciones en masa en Sudamérica durante las dictaduras militares

Nicola Brigida — abogado

“Gavazzeni investigó a fondo y reunió elementos que hacen considerar como tesis bien fundamentada que algunos ciudadanos del norte de Italia, entre ellos de Milán, se divertían participando en este horrible safari de fin de semana yendo a disparar a civiles indefensos asediados desde las colinas de Sarajevo”, dice Brigida. Según destaca, entre las fuentes principales está un viejo agente de la Inteligencia bosnia. De hecho, estos servicios ya habrían advertido en los noventa de la presencia de varios francotiradores italianos en la zona, de lo que informaron a la Inteligencia militar italiana de la época, el SISMI, quién localizó a implicados.

Este organismo, según la información recabada por Gavezzini, bloqueó los viajes al cabo de dos o tres meses, tras identificar a estos turistas que iban a Sarajevo desde la urbe de Trieste, en el noreste de Italia y puerta a los Balcanes. Según la fuente bosnia, esto implica que en los archivos del SISMI podrían estar los nombres de los implicados. La misma fuente menciona el testimonio de un soldado serbio capturado en la época, quién aseguró presenciar el traslado de estos cazadores, procedentes de ciudades como Turín, Milán o Trieste.

De acuerdo con Brigida, quedan muchos cabos por atar y se prevén tareas arduas para recabar pruebas con las que mantener activo el proceso. Por ahora, la Fiscalía milanesa baraja el delito de homicidio múltiple con agravantes de ‘crueldad’ y ‘motivos abyectos’, que no pueden prescribir pese al paso de los años. “La denuncia tiene indicios investigativos que merecen máxima atención. La magistratura validó su seriedad e inició un procedimiento penal con pesquisas de la Policía judicial -la unidad ROS de los Carabineros- para identificar estos culpables”, dice el letrado, esperanzado con que el caso se esclarezca, aunque por ahora no hay personas concretas denunciadas o imputadas.

Brigida dice desconocer quién participó concretamente en esta caza de civiles, pero sí remarca que no fue un caso aislado: “Se trató de un grupo de varias personas, no solamente una a título individual”, asegura. Según ha trascendido, el precio que pagarían por pasar un fin de semana de safari era muy alto, de entre 80.000 y 100.000 euros, equivalente al coste de un piso de tres habitaciones en la ciudad de Milán de la época.

“Viajar con armas a un país extranjero, en guerra, y estar ahí varios días, no estaba al alcance de todos. Si se confirma la tesis de la acusación, se trataba de gente adinerada, despiadada, sádica, con el gusto de matar gratuitamente”, señala Brigida. Según añade, también espera que las pesquisas determinen cuánto tiempo duró esta práctica y cómo funcionaba el contacto y coordinación con las fuerzas serbobosnias de Radovan Karadžić y Ratko Mladic, condenados a cadena perpetua por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. De hecho, es en esta institución con sede en la Haya donde los investigadores del proceso abierto por el fiscal Alessandro Gobbis han empezado a recabar documentos.

De pequeños escuchábamos historias sobre extranjeros que hacían este tipo de cosas

Faris — ciudadano de Sarajevo

“Creo que los elementos aportados en la denuncia serán justamente valorados”, indica Brigida, que remarca que es incierto predecir cuándo la investigación podría dar sus primeros resultados, lo que dependerá de las evidencias que se hallen. “Podría ser mañana, dentro de unos años o nunca, aunque si se diera la identificación de algún culpable, las pesquisas se acelerarían por las normas del código de procedimiento penal”, explica.

Con todo, pide confiar en la Justicia del país: “Otras veces, la magistratura italiana ya demostró ser minuciosa y seria, llegando a castigar a culpables de desapariciones en masa en Sudamérica durante las dictaduras militares. Muchos de estos procesos acabaron estos años con la condena de decenas de imputados por crímenes monstruosos contra la humanidad”, agrega el letrado. Se refiere a casos como el del represor y exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, condenado a dos cadenas perpetuas en Italia —la última este octubre de 2025— por el asesinato y desaparición de varias personas durante los tiempos de la Operación Cóndor.

En Sarajevo, las cicatrices del asedio —el más largo de la historia moderna— están aún presentes en muchos edificios de la ciudad, con restos de bala en sus fachadas. Más de 10.000 personas murieron por bombardeos e incesantes disparos de francotiradores. Estos eran la amenaza más temida, ya que disparaban al azar y sin hacer distinción, también contra mujeres y niños. Ya entonces, la existencia de francotiradores de otros países era un tema que la ciudadanía parecía conocer. “De pequeños escuchábamos historias sobre extranjeros que hacían este tipo de cosas”, dice a elDiario.es Faris, nativo de Sarajevo, quién nació el mismo año que comenzó el asedio.

En 1995, el diario italiano Il Corriere della Sera ya publicó un artículo sobre la cuestión. Esta volvió a ganar peso en 2022, con el estreno del documental Sarajevo Safari, centrado en los extranjeros que iban a disparar a Sarajevo por diversión. En el metraje no se aportan pruebas que lo puedan corroborar, aunque sí hablan dos testigos. Uno asegura que acompañó a estos visitantes a disparar y presenció como mataron a siete personas, entre ellas a menores. Asimismo, señala que “el precio era mayor si el objetivo era un niño”. La producción conmocionó de nuevo a la sociedad bosnia y volvió a poner el asunto sobre la mesa. Muchos, cómo Faris, prefirieron no ver el documental “para no revivir tiempos oscuros” ni traumas pasados.

Tras su estreno, la entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karik, presentó una denuncia y la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina accedió a indagar sobre la información expuesta en el documental. El contenido del informe que hizo Karik también fue presentado como parte de la denuncia ante la Fiscalía de Milán por parte de Gavazzeni.

Según alegó el mismo Gavazzeni a la prensa italiana, los ‘turistas francotiradores’ fueron mucho más que italianos, y podrían haber sido más de un centenar. “Había empresarios y profesionales adinerados, del norte de Italia, pero también de España, Francia, otros países europeos, Canadá, Estados Unidos o Rusia”, dice. “Está claro que había una organización que permitía llevarlos a un lugar donde disparar impunemente”. “Después volvían a su vida de siempre”, en otro paradigma de “la banalidad del mal”, concluye Gavazzeni, evocando a Hannah Arendt.

Con 16 hombres de Bangladesh y Egipto a bordo, el buque Libra de la Marina italiana llegó hace un año al puerto albanés de Shëngjin. Embarcados en la ruta del Mediterráneo para alcanzar Italia, los migrantes habían sido interceptados en alta mar y llevados a Albania. Comenzaba así a aplicarse el polémico plan de traslado forzoso de migrantes a centros cerrados en suelo albanés patrocinado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un año después, el plan languidece, embarrado entre pleitos judiciales y el rechazo de los críticos, que cuestionan su respeto de los derechos humanos y su elevado coste.

El 'Modelo Albania' zozobra pese a la tolerancia de las altas instancias europeas —la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablaba entonces de “aprender” de la experiencia. Las estructuras que Italia alzó en el noreste del país balcánico (un espacio de recepción en el puerto de Shëngjin y un centro de retención en la localidad de Gjäder) están casi vacías, lo que quita fuelle al uso propagandístico que le dio a la iniciativa la coalición de Meloni, interesada en presentarse como referente antimigración en Italia y Europa.

“Estos centros son como una catedral en el desierto, un despilfarro de recursos públicos y un despliegue de fuerzas de seguridad absurdo”, asegura Valentina Calderone, garante de los derechos de las personas privadas de libertad en Roma —un cargo público municipal independiente— y experta en derechos humanos, que en julio emprendió una misión para supervisar las condiciones de los centros albaneses, donde solo había internadas 27 personas. Ya a inicios de octubre quedaban retenidos apenas 17 migrantes, según algunas informaciones. La oposición pide que los centros de Albania cierren. Una ola de recursos, sucesivos fallos de las cortes italianas y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) bloquean por ahora su viabilidad

Un plan atascado

“Los centros no cerraron, pero tampoco funcionan plenamente porque el plan está estancado”, indica Francesco Ferri, analista y miembro de la ONG Action Aid en Italia. Esta herramienta de retención pretendía aumentar las deportaciones, pero no lo logró, según destaca: “Las personas trasladadas y retenidas en Albania han sido pocas, y las repatriaciones también”. La migración irregular por el Mediterráneo, de la que se pretendía disuadir con el anuncio, tampoco ha disminuido en este último año. 

El sistema de Albania —rubricado en 2023 por Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama— se basa en mandar directamente al país balcánico a migrantes varones, mayores de edad, sanos y procedentes de países considerados seguros, con pocas opciones de obtener asilo. Antes de que pisaran territorio italiano, debían ser interceptados en aguas internacionales, e Italia los enviaría a su centro de Gjäder, construido en los terrenos de una base aérea de la época comunista cedidos por Albania.

En esta estructura cerrada, formada por compartimentos prefabricados con capacidad para casi 900 personas y ampliamente vigilada, los migrantes debían ser retenidos para un proceso acelerado de gestión de solicitudes de asilo y deportación, que se ha topado con una firme respuesta judicial. “La razón base del plan —interceptar migrantes en aguas del Mediterráneo y llevarlos a Albania— fue desmontada por la Justicia, que declaró que no se ajusta al derecho internacional”, indica Serena Chiodo, experta en migración y miembro de Amnistía Internacional en Italia.

Tres intentos fallidos

En el primer traslado de hace un año, los migrantes apenas estuvieron 72 horas en Albania. El Tribunal de Roma alegó que sus países de origen —Bangladesh y Egipto— no podían ser considerados “seguros” según el derecho europeo. Por esta razón, la Justicia anuló las detenciones, ordenó el traslado a Italia de los migrantes y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La resolución desató la ira de la coalición de Meloni, que acusó a los jueces de inmiscuirse en atribuciones políticas del Gobierno.

Para sortear la Justicia, el ejecutivo italiano blindó por ley la lista de países seguros, en la que incluyó a Egipto y Bangladesh. Aun así, la Justicia volvió a rechazar los dos siguientes intentos de trasladar a migrantes a Albania —en noviembre de 2024 y enero de 2025. De nuevo, los centros de retención quedaron vacíos.

La estocada final al Modelo Albania fue el esperado fallo del TJUE en agosto. La corte europea dictaminó que un país solo puede considerarse seguro si lo es en todo su territorio y para todos sus ciudadanos. También avaló que los Ejecutivos pueden designar qué países ven seguros para repatriar a migrantes —como hizo Italia—, pero determinó que esto puede estar sujeto a control judicial. En la práctica, esto implica que la Justicia italiana puede seguir interviniendo, lo que mantendrá el mecanismo bloqueado al menos hasta mediados de 2026, cuando entre en vigor el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

Tras el fallo, el Ejecutivo acusó al TJUE de invadir “competencias que no le corresponden” y aseguró que buscaría vías “técnicas y regulatorias” para mantener el proyecto.

Meloni no se rinde

Pese a ello, Meloni no se rinde. La dirigente espera la implementación el próximo año del pacto europeo de migración —que refuerza la externalización migratoria en terceros países— para reactivar el plan y, entretanto, mantiene activas las instalaciones albanesas. “Son útiles”, y “un primer ejemplo de lo que Europa intenta consolidar”, insistió en septiembre el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

El Gobierno modificó en primavera el uso de los centros en Albania para enviar ahí a migrantes en Italia con órdenes de expulsión, internados en los CPR (Centros de Permanencia para la Repatriación, similares a los CIE españoles). Muchos lo vieron como un paso para evitar dejar vacíos los centros albaneses, pero no una necesidad real. Entre abril y principios de agosto pasaron por la instalación albanesa 140 personas.

La mayoría fueron retornados a Italia porque no se prorrogó su detención por motivos de salud o porque se les concedió el asilo. Solo a 37 se les repatrió a su país. Sin embargo, la ley indica que los migrantes deben ser primero devueltos a Italia para su deportación. “Muchas personas fueron llevadas de Italia a Albania, y después se les hizo recorrer el camino inverso para ser repatriadas”, cuenta la garante Calderone, que abunda en el “sinsentido” de estas operaciones, que cree que solo aumentan el sufrimiento de los afectados por el afán “propagandístico” del Gobierno.

“Vimos escenas impactantes en Albania. En abril, las primeras personas enviadas desde Italia fueron trasladadas con las muñecas atadas con bridas. Esta escenificación es parte del objetivo del Gobierno: mostrar firmeza y mano dura contra la migración”, comenta Ferri, también integrante de la Mesa Asilo y Migración (TAI), una red que aglutina decenas de entidades de la sociedad civil italiana que siguen de cerca la situación.

“Un modelo autoritario”

El Plan Albania se ha convertido en “un modelo de autoritarismo donde se ponen a prueba formas de poder posdemocrático”, como parte de “un mecanismo más amplio de reestructuración de la frontera”, según un informe de la Mesa de julio. Esto “representa un nuevo impulso para una frontera fortificada, móvil, desterritorializada, inmune a las obligaciones legales y al escrutinio público”, asegura el documento.

A ello se añade la opacidad de las autoridades. “Muchos migrantes fueron trasladados de un país a otro como si fueran paquetes, sin motivo declarado” y de forma “aleatoria”, denuncia Serena Chiodo. “A algunos les despertaron en plena noche, y solo cuando llegaron a Albania entendieron que estaban ahí”, sin poder ponerse antes en contacto con sus abogados o familiares para avisar. Todo ello en “un contexto de violación de derechos al que se suman otros problemas como la falta de información”, concluye la experta de Amnistía Internacional.

Lo advirtieron desde hace días y lo materializaron justo después de que Israel comenzara a abordar el miércoles por la noche los barcos de la Global Sumud flotilla. La noticia ha volcado a miles de personas en las calles de Italia y las protestas van en aumento en un ambiente de creciente desobediencia civil. A su vez, los sindicatos CGIL —el principal del país— y USB han convocado una huelga para el viernes que les enfrenta al Gobierno de Giorgia Meloni en una escalada que ha obligado al Ejecutivo a reaccionar.   

Bajo el lema 'Bloqueemos todo', las primeras protestas tras el abordaje israelí fueron espontáneas. Más de un centenar de concentraciones han recorrido ciudades de norte a sur del país, desde Roma, Nápoles, Milán, Bolonia, Turín y Génova. Todo ello muestra cómo el malestar por las masacres en la Franja indigna cada vez a más a la opinión pública y agrieta la brecha con la coalición de Meloni, una de las líderes europeas que estos dos años fue de las más tibias en sus críticas y condenas a Israel.

“La respuesta en la calle está siendo muy amplia en comparación a los últimos años. La flotilla ha logrado hacer despertar la conciencia de mucha gente”, destacaba a este medio Lucca Ricci, guía turístico de Roma, implicado en los movimientos por Palestina de la ciudad y quién también salió a protestar en las últimas horas.  

Meloni ha tejido lazos privilegiados con Trump, y debe seguir su orientación para mantenerlos, pero la sociedad italiana es cada vez más sensible a Gaza”

Giancarlo Liberati — abogado especializado en derechos humanos

Italia es de los países donde la reacción popular al abordaje de la flotilla ha tenido mayor dimensión. En la caravana marítima había más de 40 italianos. El desenlace de este convoy ha acabado encendiendo las calles. Ante ello, Meloni y otros cargos de su Gobierno lanzan advertencias para evitar que se detenga el país. “Pararlo todo no sirve a nadie”, alertaba el titular de Defensa, Guido Crosetto. El ministro de Transportes, el ultra Matteo Salvini, fue más allá y cuestionó la legalidad de la huelga por no convocarse con suficiente preaviso. Ante ello, aseguró que valora aplicar la precettazione, medida que incluye la potestad de limitar o suspender el paro laboral. “Haré todo lo posible para garantizar que mañana Italia no caiga en el caos”, advertía este jueves el líder de la ultraderechista Liga en su cuenta de X.

“Me esperaba que, ante una cuestión tan importante como Gaza, los sindicatos no convocaran la huelga un viernes. Alargar el fin de semana y la revolución no es algo que case bien”, ha afirmado la primera ministra, insinuando que los huelguistas no quieren trabajar.

Sin embargo, las advertencias del Ejecutivo no han logrado frenar las movilizaciones y sindicatos, movimientos sociales, grupos estudiantiles y entidades vinculadas a la causa palestina calientan motores para la huelga. Entre muchas otras marchas, al menos 10.000 personas salieron el miércoles por la noche por las calles del centro de la capital italiana, donde se convocó el viernes otra movilización ante el Coliseo. Este viernes, en Milán, cerca de 5.000 manifestantes ya se han concentrado. La capital italiana también será punto neurálgico de otra marcha nacional convocada el sábado, donde se prevé que lleguen colectivos de toda Italia para exigir la ruptura de relaciones con Israel. 

Más allá de Roma, las marchas se suceden en lugares muy variados. En Génova, los estibadores —que en estos tiempos intentaron impedir el paso por Italia de armas a Israel— bloquearon accesos al puerto. En Turín, manifestantes cortaron carreteras y accedieron al recinto del aeropuerto, y desde el miércoles por la noche se intentó irrumpir en estaciones de trenes de varias ciudades. El mismo día los movilizados cortaron temporalmente una vía en la estación central de Nápoles y este jueves grupos estudiantiles fueron bloqueados por la policía cuando intentaban entrar a la estación de Bolonia. En esta ciudad también hubo protestas ante la prefectura del Gobierno, y también se celebraron marchas en la isla de Cerdeña. Este viernes, el acceso al puerto de Livorno esta bloqueado debido a que activistas en solidaridad con Palestina y estibadores han bloqueado el tráfico comercial que entra y sale, pero también el acceso a de los pasajeros de ferries.

Entre los colectivos que se organizan con mayor actividad están los estudiantes, que han realizado acciones y han ocupado facultades de universidades en Roma, Milán, Nápoles, Turín o Bolonia. “Paralicemos la universidad, todos los ojos en la flotilla”, es la consigna universitaria. Asimismo, el personal sanitario de más de 240 hospitales italianos ha organizado este jueves un flashmob con antorchas y velas para mostrar su solidaridad con Gaza y los trabajadores sanitarios palestinos. 

Según medios locales, en la huelga convocada para este viernes se prestarán servicios mínimos, pero al ser la CGIL el principal sindicato del país, se prevé un seguimiento importante e interrupciones en servicios como el transporte público. Las restricciones se harán sentir ya a partir del jueves por la noche. En concreto, a primera hora de la mañana del viernes, en la estación Termini de Roma, ya hay varios trenes cancelados y con retrasos de hasta 80 minutos y se ha avisado que hasta las 20:59 los trenes podrían sufrir retrasos o cambios, al igual que en la estación central de Milán donde también se registran varias cancelaciones. Sin embargo, por el momento los metros de Roma y Milán continúan abiertos.

Hasta hoy, la CGIL sí se movilizó y realizó paros laborales de corta duración por Palestina, pero no se había atrevido a convocar aún una huelga general. Según coinciden analistas, la agrupación se sintió presionada ante las calles, mientras que también se vio condicionada por el paro laboral por Gaza organizado por el sindicato USB el 22 de septiembre, ya muy concurrido.  

Para Sara Cimmino, una de las muchas activistas movilizadas estos días, todo ello es una muestra del “éxito total” de la flotilla. Según destaca, la iniciativa “logró que millones de personas en Italia se fijaran en Gaza”, y presionó a Meloni por su postura tímida hacia las masacres de Israel. “Se evidenció cómo el Gobierno italiano es cómplice del genocidio, y cómo es esclavo de la voluntad de Estados Unidos e Israel”, asegura esta activista residente en Roma que también prevé salir a protestar estos próximos días.

El revuelo se notó este jueves también a nivel institucional. La Cámara de Diputados deliberaba este jueves dos mociones propuestas por la mayoría de Gobierno, una de ellas sobre el plan de paz para Gaza propuesta por Donald Trump y otro en torno a la propuesta para el reconocimiento del Estado palestino que propuso Meloni, condicionado a la liberación de los rehenes israelíes aún cautivos en la Franja y a la renuncia de Hamás a cualquier aspiración al poder. En la Cámara, la líder de la formación opositora y centroizquierdista Partido Democrático, Elly Schlein, criticó el papel del Gobierno ante la flotilla, le exigió “escuchar la voz que se alza” de las calles y pidió que no se criminalicen las protestas.  

Se evidenció cómo el Gobierno italiano es cómplice del genocidio, y cómo es esclavo de la voluntad de Estados Unidos e Israel

Sara Cimmino — activista por Palestina

Aliada estratégica de EEUU de Donald Trump e Israel, Meloni es una de las dirigentes europeas que en los dos últimos años ha sido más cautelosa y equidistante ante Israel. Osciló entre el apoyo pleno a Israel y las críticas por su ofensiva, que ve “desproporcionada”. En las últimas semanas ha endurecido sus posiciones. Hasta ahora, tampoco ha calificado lo sucedido en Gaza como genocidio y se ha mostrado reacia a imponer sanciones contra Israel. A su vez, alineada con EEUU, no se ha sumado al reconocimiento del Estado palestino de Francia, Reino Unido, Canadá y otros países de las últimas semanas.

“Es vergonzoso que este Gobierno no adopte una postura más firme contra Israel”, lamenta a elDiario.es Giancarlo Liberati, abogado especializado en derechos humanos. Según Liberati, Meloni no ha querido situarse contra el Estado judío para no perder sus vínculos ideológicos con la derecha de Benjamín Netanyahu y la Administración de EEUU. “Ha tejido lazos privilegiados con Trump, y debe seguir su orientación para mantenerlos, pero la sociedad italiana es cada vez más sensible a Gaza”, alertaba. 

El malestar, coinciden diferentes analistas, es transversal, incluso entre votantes de Meloni. Según una encuesta reciente del grupo italiano YouTrend, el 63% de los italianos cree que Israel comete un genocidio en Gaza, un 64% indica que “oprime y discrimina sistemáticamente al pueblo palestino”, y un 65% ve su ofensiva “desproporcionada”. “Netanyahu y Trump son claves en esta ‘Internacional' ultraderechista. Tienen muchas cosas en común con Meloni, como el desprecio al derecho internacional y los derechos humanos”, comenta a elDiario.es Filippo Miraglia, vicepresidente de ARCI, entidad promotora de la cultura y los derechos civiles en Italia, un país cada vez más movilizado por Palestina. 

Esmirna, con una población de más de tres millones de habitantes, es uno de los puntos de Turquía en los que se acumulan más solicitantes de protección internacional. Según las estadísticas gubernamentales, residen allí más de 110.000 refugiados que sobreviven en condiciones muy precarias.

La ciudad también alberga dos centros de deportación en los que, según defensores turcos de derechos humanos, se encierra a personas en situación irregular y a refugiados que son expulsados de las islas griegas a Turquía tras el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo del año pasado.

“Los espacios de internamiento están en condiciones inhumanas, peor que las prisiones”, alerta en una conversación con eldiario.es el abogado Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Democracia, una asociación que lucha por la defensa de los derechos humanos en Turquía.

“Mucha gente permanece encarcelada allí entre seis meses y un año entero sin ningún tipo de derecho”, añade el letrado. “Cuando ya están dentro, los refugiados quedan incomunicados: no se les permite hacer llamadas telefónicas, no pueden recibir visitas y tampoco se les garantiza el derecho a tener el servicio de un abogado”, prosigue.

El pacto establecido hace un año y medio entre la UE y el país otomano permite expulsar a los solicitantes de asilo y migrantes que lleguen a Grecia bajo la premisa de que Turquía es un país seguro para ellas, algo criticado por numerosas ONG. “El procedimiento es así: Frontex deporta hacia las costas turcas a los demandantes de asilo a los cuales se ha denegado su solicitud en Grecia”, explica a eldiario.es una abogada que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión y que prefiere no dar su nombre.

“Una vez en Turquía, si no son de nacionalidad siria, la policía traslada directamente a la gente a centros de deportación”, señala la fuente. No obstante, Amnistía Internacional también ha documentado la devolución a Turquía de algunos solicitantes de protección sirios sin darles acceso al asilo.

“Hay menores no acompañados encarcelados”

El centro de expulsión de Isikent, a las afueras de Esmirna, es un edificio gris que se camufla entre naves industriales en un polígono. Aunque el inmueble es pequeño, dentro podría haber más de 200 refugiados y migrantes encerrados a la espera de su deportación, según los letrados entrevistados por este medio.

“El edificio tiene cuatro sótanos donde los refugiados, sometidos a los abusos de la policía, viven en condiciones deplorables”, sostiene una abogada que ha sido la representante legal de un refugiado kurdo de nacionalidad siria internado en el centro. “La gente se amontona en salas pequeñas en las que pueden llegar a dormir hasta 10 personas y la policía solo les permite salir al aire libre cinco minutos al día”, añade la entrevistada, que prefiere mantener el anonimato por cuestiones de seguridad.

Cuando la abogada se acerca a la fachada del centro de deportación de Isikent, tres niños pequeños la saludan efusivamente desde una ventana, encerrados entre barras. “En los recintos de internamiento hay criaturas con sus familias e incluso menores no acompañados que están encarcelados”, corrobora la jurista.

“Según establece la ley, en Turquía se puede internar a los niños si están con su familia, pero los menores que están solos y solicitan protección internacional no deberían ser arrestados”, puntualiza la jurista que representa a personas refugiadas en riesgo de expulsión. Sin embargo, la defensora critica que el Gobierno turco no cumple la legislación: “Tenemos referencias de muchos casos de menores refugiados que han sido detenidos en centros de expulsión sin ningún tipo de derecho”.

Según denuncia, “hace siete meses, en Esmirna había al menos 100 niños que estaban internados”. Por otro lado, la jurista también recalca que los menores encerrados dentro de los centros de deportación no reciben educación ni protecciones especiales. “Su situación es igual que la de los adultos: los niños pueden estar encarcelados durante un año entero hasta que les expulsan o bien les dejan libres”, precisa.

En un comunicado en su página web oficial, la Dirección General de Migraciones turca da por hecho que hay niños encerrados en los centros de repatriación, pero que los menores no acompañados y las familias se recluyen en espacios distintos del resto de internos donde hay ciertos servicios garantizados.

El organismo también asegura que el Gobierno turco ofrece educación para los niños, atención sanitaria y permisos para el acceso de abogados o familiares que quieran visitar a los reclusos. Según todos los letrados consultados, la Administración turca “no cumple con las garantías más básicas” en la mayoría de centros de expulsión.

“La policía abusa de ellos de manera impune”

Abdul-Karim Ayash, un joven kurdo de nacionalidad siria, estuvo encerrado en el centro de Isikent al menos tres meses. Su detención se produjo en un control callejero en Esmirna, cuando dos agentes policiales “le acusaron sin pruebas” de formar parte de las milicias kurdas del YPG, según explica la que ha sido su representante legal.

“La policía acusó a Abdul-Karim de terrorismo por el simple hecho de ser kurdo y lo encarceló directamente en el centro de deportación”, denuncia su abogada en aquel momento. Dentro del recinto de internamiento, “igual que el resto” de personas encerradas, el chico estaba “casi incomunicado por completo”, dice la defensora. El joven no podía recibir visitas de su familia ni hacer llamadas telefónicas.

La letrada consiguió acceder al centro de internamiento para hablar directamente con él después de superar muchas trabas. La visita duró unos pocos minutos. La abogada explica que quería ver personalmente al refugiado de Rojava después de que los agentes de seguridad de Isikent “lo agredieran a puñetazos” el día anterior.

“Abdul-Karim se quejó de las condiciones deplorables del recinto y la policía respondió a golpes”, denuncia la jurista, que precisa que la agresión “no es un caso aislado”, sino que es “la tónica general” en los centros de deportación. “El trato hacia los refugiados es horrible: la policía los agrede y abusa de ellos de manera impune”, lamenta la abogada, cuya última visita al refugiado se produjo hace un mes. Sin embargo, ya no le representa legalmente y asegura desconocer si aún sigue recluido.

Falta de información

En Turquía, las vulneraciones de los derechos más básicos en los recintos de internamiento son continuos, según los abogados, pero se desconoce con exactitud los abusos que se cometen en su interior. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado situaciones similares en otros centros de expulsión turcos, como el de la localidad de Erzurum. La ONG denunció en 2015 varios casos de “abusos físicos y malos tratos” en estos centros.

“Durante su estancia se les impidió contactar con el mundo exterior, incluidos abogados o familiares”, señalaba entonces la ONG, que un año después del acuerdo entre la UE y el país vecino, ha manifestado su “honda preocupación sobre lo que les ocurre a quienes son devueltos a Turquía dado que ningún observador independiente tiene acceso” a estas instalaciones.

“No tenemos información clara de qué sucede en los centros de deportación porque el Estado turco es totalmente opaco en su gestión y nos deniega el acceso”, señala un letrado. Los abogados sostienen que estos obstáculos impiden que los refugiados “tengan constancia de sus derechos, que solo conocen a través de los letrados”.

Una vez arrestados por la policía, los internos también corren el riesgo de sufrir una odisea por los distintos recintos de Turquía, señalan. “A menudo, la gente cerrada en los recintos de expulsión es trasladada de un lugar a otro sin previo aviso”, comenta Deman Güler, copresidente de la Plataforma de Juristas por la Libertad. “Muchas veces no tenemos capacidad para seguirles el rastro y hay personas que son deportadas antes de que puedas hacer nada”, se queja el abogado, que vio que varios solicitantes de asilo de Bangladesh eran “expulsados de Turquía días después de que no se le permitiera acceder” como letrado en el centro de internamiento donde estaban recluidos.

Según datos del centro de investigación Global Detention Project (GDP), que estudia los métodos de detención a personas migrantes en todo el mundo, el Estado turco tiene capacidad para recluir a más de 6.800 personas en las infraestructuras que tiene habilitadas por todo el país. Aún así, “el Gobierno turco nunca ha dado informaciones exactas de cuántos refugiados están encerrados y a la espera expulsión, pero creemos que el número es muy alto”, comenta Deman Güler.

Para el abogado y experto en derechos humanos, sin embargo, la práctica de encerrar a los solicitantes de asilo se ha incrementado desde el acuerdo bilateral con la Unión Europea de marzo de 2016. “El internamiento en centros de deportación y las condiciones deplorables que se sufren en su interior son un método para conseguir que los refugiados se rindan y soliciten el retorno voluntario a su país”, concluye.

El limbo legal de los refugiados en Turquía

Actualmente, las estadísticas del gobierno de Ankara indican que más de 3,5 millones de refugiados residen en Turquía. “Suponemos que la mayor parte de personas registradas proceden de Siria”, indica Güler. “Hay muchos refugiados de otras nacionalidades, pero los recuentos oficiales no exponen informaciones más concretas sobre su origen”, añade el abogado.

ACNUR, a través de datos recopilados en enero de 2017, estima que en territorio turco habría alrededor de 130.000 refugiados de Afganistán. No obstante, según su ley nacional de protección internacional, Turquía no concede asilo a refugiados que no provengan de Europa y solo se considera un país de tránsito donde se puede solicitar protección a Naciones Unidas para ser trasladado a otro país. “La gente procedente de países en guerra que no forman parte de la UE no recibe el estatuto de refugiado porque Turquía no ha aplicado por completo la Convención de Ginebra de 1951”, explica Güler.

“A nivel jurídico, el Estado turco establece dos sistemas diferentes para gestionar la situación legal de las personas establecidas en el país que huyen de conflictos armados”, comenta otra letrada. “Bajo los sirios recae una legislación que teóricamente les garantiza un tipo de protección temporal muy limitada”, especifica. “Pero la gente de Afganistán y los refugiados de otras nacionalidades que no sean sirias solo pueden llegar a obtener la consideración de solicitantes de asilo”, precisa.

No muy lejos del pueblo macedonio de Lojane, después de subir por un camino estrecho entre árboles, piedras y un riachuelo, hay un edificio abandonado que apenas conserva cuatro paredes de ladrillo gris y un techo. En el lugar hay señales de vida humana: los muros de la estructura están llenos de inscripciones en árabe y, en el centro, hay un hueco teñido de negro con cenizas y restos de madera calcinados. Es el rastro de los refugiados que pasan por este punto para continuar su camino al norte de Europa, cada vez más complicado. 

Según establece la jerga local, la gente que duerme casi al descubierto en las montañas de Lojane vive en 'la Jungla'. “Durante el invierno, en el edificio llegó a haber unos cien refugiados que hacían fuego y dormían juntos para resguardarse del frío”, explican voluntarios de Legis, una organización humanitaria con sede en Skopje que trabaja en tareas de apoyo a personas refugiadas sobre el terreno. “Seguramente, más tarde va a haber alguien que vuelva aquí para pasar la noche”, señalan los activistas del pueblo.

La ruta de los Balcanes está oficialmente cerrada, pero el recorrido sigue activo en la clandestinidad. Desde la aprobación del acuerdo UE-Turquía en marzo de 2016, la República de Macedonia se ha convertido en un corredor de tránsito irregular de refugiados que no pudieron llegar a su destino. Según datos de organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno, cada mes al menos 1.000 personas recorren a escondidas el país en su ruta hacia el norte de Europa.

Para ellos, Macedonia es solo una barrera a pasar. Durante los últimos años, las montañas que conectan con Serbia y Kosovo se han convertido en los lugares más transitados para los migrantes que intentan cruzar este país en situación irregular.

Según el recuento de entidades como Legis, hay unas 700 personas escondidas en el bosque de Lojane a la espera de cruzar la frontera por las montañas. “Para dormir, apenas tienen un techo y se resguardan en sitios en condiciones deplorables”, comentan dos jóvenes voluntarios que reparten comida, ropa y productos de primera necesidad para los refugiados.

Punto de encuentro entre traficantes y migrantes

Lojane es un pequeño pueblo anclado en un valle que hace de punto de encuentro entre los refugiados y las redes de tráfico de personas que les transportan hasta Serbia a través de caminos remotos en el monte.

Oscurece y de fondo se escucha el canto a la oración que sale de la mezquita de la localidad. La mayor parte de habitantes del norte de Macedonia forma parte de la minoría albanesa del país, de confesión musulmana. Cuando anochece, muchos refugiados bajan al pueblo para abastecerse de comida, tratando de no llamar mucho la atención. A esa misma hora, los traficantes de personas se pasean por las calles de la localidad en búsqueda de nuevos clientes.

Para pasar la frontera, las redes de tráfico cobran alrededor de mil euros por persona. Pero Yashar no se fía de ellos. Procedente de Irán, el refugiado duerme en la Jungla mientras espera el momento para cruzar hasta Serbia con dos compañeros que conoció en el camino. Logró llegar a Belgrado, donde permaneció casi un mes, pero la policía lo arrestó y lo devolvió a Macedonia.

Los dos amigos de Yashar son originarios de Afganistán. No tienen vínculos familiares, pero el hecho de ir juntos les ayuda a enfrentarse mejor a los tropiezos del viaje. Ali Reza tiene 17 años y se fue de su país natal sin la tutela de ningún adulto, pero ha madurado a marchas forzadas a lo largo de su viaje. Después de recorrer varios países, el chico afgano va a sortear otra frontera los próximos días.

En Lojane, la organización humanitaria Legis tiene una pequeña oficina donde proporciona abrigos y botas de montaña a los tres refugiados. Después de tomar una sopa caliente, los chicos se regresan a la montaña con la esperanza de seguir adelante. Al cualquier precio. 

En la Jungla las personas refugiadas se resguardan en las cavidades más inhóspitas. A falta de otro sitio donde quedarse, Salma duerme con sus padres y su bebé en una mina abandonada. Unos días antes, esta mujer de Afganistán intentó cruzar la frontera junto con su familia, pero los cuerpos de seguridad de Serbia les devolvieron a Macedonia poco después de entrar en el país.

Salma se arma de jabones y productos de limpieza en la oficina de Lojane. “La policía agredió a mi padre y dejó tirada a mi madre, que es diabética y se desmayó por un descenso de azúcar”, explica Salma. La chica, con un niño pequeño, explica que se ha visto obligada a volver a la mina, un sitio insalubre. Allí, su hijo tuvo una grave infección en la oreja a causa de las condiciones de suciedad extremas, relata.

Durante el 2016, los cuerpos de seguridad macedonios llevaron a cabo más de 35.000 devoluciones  a territorio griego. “Con las expulsiones de refugiados, los países balcánicos juegan a ping-pong”, denuncia Driton Mialigi, miembro de Legis. “La gente pone en riesgo su vida para cruzar el país sin ser vista, no tiene ningún tipo de seguridad. A lo largo de la ruta puede suceder de todo”, explica.