Los trabajadores de más de cien puertos de hasta 22 países pararán su actividad este viernes de forma parcial o total en una huelga contra el genocidio en Gaza, en oposición a la economía de guerra y a lo que ven como la militarización de los puertos, por dónde denuncian que transitan cada vez más armas y material bélico. Según destacan, será la mayor movilización internacional de esta índole realizada hasta hoy, tras una primera huelga coordinada entre varios países que el pasado 6 de febrero llevó a paros laborales en una veintena de puertos. Esta vez, la acción a escala global llevará a la paralización de más de 40.000 contenedores en un día, aseguran.

A la espera de ver el impacto de esta movilización que incluye más de 25 sindicatos de los cinco continentes, en Italia habrá también una huelga general convocada por la Unión Sindical de Base (USB). Este sindicato no es mayoritario, pero tiene amplia presencia entre los estibadores e hizo célebre la consigna Bloqueemos todo, que llevó a protestas masivas y acciones de desobediencia civil por la causa palestina durante 2025 en toda Italia, país clave del tráfico marítimo mediterráneo, por dónde siguen pasando armas y material bélico destinado a Israel o a necesidades militares de EEUU en su ofensiva contra Irán, según denuncia el observatorio armamentístico The Weapon Watch o investigaciones de entidades como Giovani Palestinesi d’Italia (GPI).

“Con esta segunda Jornada Internacional de Acción y Lucha, los estibadores marcan un récord histórico: este 30 de octubre, más de 100 puertos de todo el mundo tomarán acción. Todo el tramo comprendido entre el sur de Francia y el Pireo, casi 1.100 millas náuticas de costa y tres días y medio de navegación para un buque portacontenedores, quedará esencialmente cerrado al tráfico”, dijeron varios de los sindicatos convocantes en una rueda de prensa en Roma el pasado 15 de octubre, donde tomaron parte USB, el griego ENEDEP, el marroquí ODT, el vasco LAB o el turco Liman-İş, y en la que entre otros medios estuvo presente elDiario.es.

“El 30 de octubre es un punto de movilización histórica, una poderosa expresión de clase y de coordinación internacionalista contra la explotación, la agresión imperialista y la guerra”, remarcan los sindicatos, que se comprometieron a secundar la huelga en un encuentro celebrado en Estambul en mayo de 2026. A su vez, añaden, “cada grupo sindical en cada país ha decidido, a través de sus propios procesos de toma de decisión, cómo tomar parte” en la huelga, que en algunos países implicará paros completos y en otros sólo parciales.

Es evidente que en este momento, cuando el plan y las políticas para el rearme aumentan el dinero a disposición de la industria militar y su propia producción, también se percibe en ámbito logístico y a nivel de transporte hacia los principales núcleos de conflicto, como Oriente Medio

Francesco Vignarca — red italiana Paz y Desarmamento (RIPD)

Epicentro de la huelga en el Mediterráneo

Esta vez, como el pasado febrero, la iniciativa tendrá su epicentro en el Mediterráneo. Ahí, los puertos en los que se convocó la huelga “representan el 62% de toda la actividad de contenedores” del Mare Nostrum, y entre ellos hay importantes núcleos de tránsito de mercancías como Marsella en Francia, Génova o Gioia Tauro en Italia, Tánger en Marruecos, el puerto del Pireo situado cerca de Atenas o Mersin, en Turquía. Entre los grupos sindicales que se suman a la acción está la CGT francesa, primer sindicato del país galo, que más allá de Marsella llamó a huelga en 24 puertos más, entre ellos Le Havre, segundo puerto de peso en Francia.

“Ante las escaladas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y el peligro de una guerra generalizada, el 30 de octubre es un fuerte mensaje a corporaciones, gobiernos y alianzas imperialistas. Los pueblos del mundo no tienen nada que ganar con rivalidades imperialistas y no se mancharán sus manos con la sangre de otros pueblos por ganancias capitalistas”, dicen los sindicatos, que alegan que a la creciente militarización de los puertos se suma su propia precarización y pérdida de empleos fruto de la automatización del sector.

El paro será de 24 horas en Italia, Francia, Grecia, Turquía e India, y de dos horas en Marruecos o Chipre, entre otros. En puertos españoles como Barcelona, Almería, Cádiz, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Las Palmas, Málaga, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo habrá un paro entre las 13:00 y 15:00 horas convocado por el sindicato de estiba portuaria Coordinadora, que ya dio preaviso de huelga, impulsada en Europa por el Consejo Europeo de Estibadores (EDC), coalición que agrupa los sindicatos portuarios más representativos. En España, Trabajadores de Puertos Andaluces o el Sindicato de Estibadores del Principado de Asturias también tomarán parte en la movilización en los puertos de Algeciras y Avilés, igual que LAB en los puertos vascos de Bilbao o Pasaia. A su vez, también hay convocadas huelgas en los puertos estadounidenses de Oakland y San Francisco, en los daneses de Aarhus y Copenhague, en la ciudad alemana de Hamburgo, en varios puertos de Portugal, Suecia, Irlanda o Brasil, así como en puntos de México, Uruguay, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Australia.

El 30 de octubre es un punto de movilización histórica, una poderosa expresión de clase y de coordinación internacionalista contra la explotación, la agresión imperialista y la guerra. Los pueblos del mundo no tienen nada que ganar con rivalidades imperialistas y no se mancharán sus manos con la sangre de otros pueblos por ganancias capitalistas

Sindicatos convocantes

Estos años, a medida que los conflictos bélicos aumentaron a escala global, la movilización de los estibadores también subió de nivel, ante lo que perciben como el creciente uso de los puertos como nudo logístico para transporte armamentístico y necesidades militares de grandes potencias. “Es evidente que en este momento, cuando el plan y las políticas para el rearme aumentan el dinero a disposición de la industria militar y su propia producción, también se percibe en ámbito logístico y a nivel de transporte hacia los principales núcleos de conflicto, como Oriente Medio”, comenta a elDiario.es Francesco Vignarca, miembro de la red italiana Paz y Desarmamento (RIPD) y analista de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano.

“El armamento en gran medida se transporta en barcos, porque es peligroso hacerlo en avión, por lo que hay una tendencia creciente a localizarlas en tránsito en los puertos”, dice el experto. Con todo, “no sólo hay un aumento de la frecuencia del transporte armamentístico derivada de una mayor militarización, sino un incremento de la consciencia de trabajadores, estibadores y otros, lo que hace que sean también más comunes las protestas, los bloqueos y la voluntad de acabar con el fenómeno”, analiza Vignarca. Desde su punto de vista, el rearmamento lleva inevitablemente a la creación de mayores infraestructuras en la cadena militar. “El aumento de la producción de armas genera más infraestructuras productivas. Esto aumenta el volumen de los ejércitos, por lo que puede haber más bases militares, y esto supone más militarización de espacios civiles”, como los puertos, “porque el recorrido logístico del armamento se sobrepone a la logística normal”, añade.

“En la Unión Europea se han hecho inversiones en infraestructuras que pueden tener uso militar, también vías ferroviarias o carreteras. Es una vía clave del rearme, que apunta erróneamente a buscar más seguridad reforzando la fuerza militar”, una deriva a la que los portuarios se oponen, por lo que “es relevante que haya más atención, control y voluntad de meter palos en las ruedas al engranaje de la guerra”, opina el investigador. En esta línea actúan justo los sindicatos que convocan la huelga, que apuntan a que “más de dos millones de dólares en carga quedarán inactivos el 30 de octubre”. Según sus cálculos, “un día de retraso cuesta hasta un dos por ciento del valor de la carga, por lo que sólo ese día supone hasta 43 millones de euros”. Esto, agregan, “sin contar los retrasos del día siguiente” o el coste añadido que puede conllevar la huelga general en Italia.

En el país transalpino, USB ha organizado movilizaciones en las principales ciudades, mientras se espera que la huelga afecte no sólo a nivel de tráfico portuario, sino también en aeropuertos, ferrovías y transporte público, en la administración pública y entre el profesorado de escuelas, institutos y universidades, entre otros. De hecho, hay convocadas también varias movilizaciones de estudiantes, ya muy activos las últimas semanas.

En Italia, todo ello resalta el continuo malestar de gran parte de movimientos sociales y sociedad civil al vínculo que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni mantiene con Israel. La dirigente nunca cortó o enfrió del todo sus relaciones con Israel, y pese a que su Ejecutivo aseguró que suspendió las licencias de exportación de armamento a Israel tras el 7 de octubre de 2023, el tránsito o envío de armamento al Estado judío y otros países a través de Italia prosigue, asegura a elDiario.es Carlo Tombola, investigador de The Weapon Watch.

“Por los puertos italianos pasa gran cantidad de material militar, y va en aumento. El Gobierno dijo haber parado la exportación hacia Israel, pero un informe de la entidad Giovani Palestinesi identificó más de 480 transferencias realizadas por Italia en los tiempos posteriores al 7 de octubre”, lamenta el analista. “De hecho, este fenómeno se ha intensificado. Por los puertos italianos pasa de todo, no hay control, y empresas que no estarían autorizadas a exportar lo hacen de toda manera”, agrega Tombola, que lamenta también la falta de transparencia del Ejecutivo italiano a la hora de revelar detalles de los materiales transportados o exportados. Ante ello, “como las autoridades no ponen fin a este modelo de economía de guerra, son los trabajadores portuarios los que ejercen su derecho de objeción a ser parte de este comercio bélico”, señala la misma fuente.

Hasta ahora, los sindicatos impulsores destacan varios logros. Entre otros, en 2014 los estibadores de Tánger “retrasaron durante más de dos meses el envío de cientos de toneladas de armas con destino a Israel”. En cuatro ocasiones entre 2024 y 2026, los portuarios del Pireo en Atenas bloquearon también varios envíos de armas. Este 2026, una movilización coordinada entre varios países “culminó con la incautación de 23 contenedores de acero militar indio”, y “se impidió que tres buques de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) ”pudieran acceder a puerto en España, descargar en Grecia y tener acceso en Turquía“. Tras ello, ”la carga fue incautada en Italia, donde aún está retenida“, remarcan los sindicatos, dispuestos a seguir en esta misma línea.

Gasolineras sin combustible, estantes vacíos en supermercados, aeropuertos parados por falta de carburante y fábricas sin funcionar. Este es el panorama estos días en partes de Italia, abocada a una escasez creciente de suministros por una extendida huelga de transportistas que protestan por el encarecimiento del gasóleo que ha cortado carreteras del sur del país, paralizado desde que la movilización comenzó hace una semana. Los días previos, el foco estuvo en el norte del país por los disturbios y saqueos de comercios en Milán, pero el malestar por el alto coste de la vida acecha al Gobierno de Giorgia Meloni desde varios frentes, también el mezzogiorno. Esto le obligó a reunirse este jueves en un consejo de ministros para aprobar con urgencia un decreto-ley que acelera la concesión de ayudas a los sectores del transporte, agricultura y pesca, todos ellos movilizados.

“En algunas zonas, unos pocos individuos siguen bloqueando carreteras y no se paran ahí. Amenazan a quiénes quieren trabajar y pinchan ruedas de los camiones de sus compañeros. Esto no es protesta, es intimidación, y no lo toleraremos”, declaró Meloni, en un mensaje difundido por redes sociales tras la aprobación del decreto, tras un acuerdo con varias asociaciones de transportistas, con las que se pactó la liberación “inmediata” de 480 millones en créditos fiscales sobre sus gastos en gasóleo. “Las empresas recibirán en los próximos días un adelanto de estos créditos, cuyo importe cubriremos después íntegramente”, agregó Meloni.

El Gobierno también se comprometió a sumar 60 millones de euros como incentivo para abaratar en 45 céntimos de euro el litro del carburante agrícola, otra medida para aplacar una huelga que en los últimos días incrementó las preocupaciones de la coalición de la líder ultraderechista al poner en jaque la cadena de suministros de Italia.

Las protestas en el mezzogiorno han causado serios problemas de abastecimientos en cada vez más partes del país, donde el 92% del transporte de mercancías se gestiona por carretera, cifra que llega al 97% en el sur. El Gobierno anunció esta semana ayudas de 1.000 millones de euros al sector para calmar los ánimos, pero los transportistas insistieron en que mantendrían bloqueos de autopistas y nudos clave de comunicación hasta no obtener garantías claras para afrontar los altos costes del diésel. Su precio roza casi los 2,30 euros al litro y subió en torno a un 40% en un año, un costo inasumible para los camioneros, pero también para agricultores. Estos últimos participan a su vez en las protestas del sur, una zona donde la agricultura tiene aún mucho peso, mientras que estos días varios colectivos de pescadores se sumaron a una movilización que iba in crescendo.

“Llevamos a cabo una protesta inaudita en la Italia de los últimos años, pacífica y bien organizada, y como el Estado no pudo acabar con ella de forma lícita, recurrió a la fuerza y a grupos antidisturbios para desmontar los bloqueos”, aseguró a elDiario.es Alfonso Salzano, conductor de la provincia de Caserta que tomó parte en los piquetes durante la semana. Según agregó, “el malestar es general, y el decreto del Gobierno no cumple casi ninguna de las reivindicaciones, porque sólo desbloquea dinero que ya se debía dar a los transportistas”.

“No pedíamos más fondos ni financiación, sino reglas más justas y un techo al precio del diésel”, añade el camionero. Según cuenta, los cortes de carreteras van a la baja por la acción de las fuerzas de seguridad, pero los bloqueos se mantienen en ciertas zonas del sur y la mayoría de transportistas quiere seguir con la protesta.  

En Nápoles, capital de la Campania, una de las regiones meridionales donde las protestas tienen más fuerza, con interrupciones al tráfico en autopistas o accesos a infraestructuras clave y centros logísticos. La falta de productos en los supermercados, o las largas colas para obtener el poco carburante que quedaba, se extendieron por Campania y otras regiones del sur donde las protestas fueron candentes, como Apulia, Calabria o Sicilia, todas ellas parten de un sur rural con desarrollo económico menor respecto al norte del país.

A estas alturas, unos siete aeropuertos se vieron afectados por la escasez de carburante. El jueves, el de Crotone y Calabria se quedaron sin queroseno. A su vez, otros más grandes como el de Catania en Sicilia o Nápoles también tuvieron limitaciones de suministros. La escasez de productos, sobre todo alimentos frescos como verdura, frutas, leche y otros lácteos, es muy patente en ciudades como Caserta, Bari o Nápoles. De hecho, los alcaldes de Nápoles y Bari advierten de una parálisis urbana si sigue sin haber combustible, lo que podría parar la recogida de residuos, el transporte público o sanitario y la conexión con islas como Ischia.

Granjas de mozzarella paradas

La falta de materia prima también paró la producción en plantas de procesamiento de alimentos, en las granjas de mozzarella de búfala o de grandes fábricas de pasta de Italia, una industria que tiene su epicentro en el sur. “Hace días que han ido escaseando productos en toda Campania, desde fruta, verduras o carne, y este jueves mucha gente entró en pánico y comenzó a vaciar los estantes de pasta o productos de conserva”, cuenta a elDiario.es Pasquale Cirillo, residente en Caserta, quién apoya las protestas de transportistas y campesinos.

En Nápoles y muchas partes de Campania, la falta de carburante llevó a que se formaran “colas larguísimas” de coches en las gasolineras, en búsqueda de la poca gasolina que aún había. “Hay colas de hasta una hora de para poder repostar”, comenta a elDiario.es Giuliano Granato, vecino de la ciudad y portavoz del partido izquierdista Potere al Popolo. Según denuncia, el creciente “impulso represivo” del Gobierno para parar la huelga y desmontar los bloqueos de carretera se ha hecho sentir cada vez más a medida que pasan las horas.

El Ejecutivo presiona a los transportistas para que paren los piquetes, apela a la libre circulación, cuestiona la legalidad de los cortes y alerta de su impacto económico, ante el temor que el desabastecimiento se extienda a otras partes de Italia. El miércoles se empezó a notar en Roma, con falta de combustible en algunas gasolineras y estantes vacías en supermercados, aunque no se llegó a los niveles del sur, mucho más afectados. “La distribución se empezó a reducir esta tarde”, decía ayer a eldiario.es un empleado de un supermercado romano, aunque otros centros comerciales de la capital abrían este jueves todavía sin una patente escasez.

En las últimas horas, grupos de transportistas de Calabria y Sicilia anunciaron la suspensión de los bloqueos, en vista a una reunión prevista el 27 de octubre con el ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, quién había prometido la entrega de 1.000 millones de euros en concepto de ayudas para la renovación de vehículos y la reducción del precio de los carburantes. “Estamos dispuestos a plantear un techo al precio del gasóleo, pero no a tolerar la criminalidad. Los que bloquean autopistas y amenazan a los que se suben al camión para hacer sus repartos cometen un delito”, alertó Salvini esta semana, en línea con el discurso de apertura a negociar del Gobierno, que a su vez mantiene la mano dura ante los bloqueos a la cadena logística.

“Quienes cortan las carreteras suponen un problema de orden público”, dijo el jueves el ministro de Empresas y Made in Italy, Adolfo Urso. Según agregó, “se hacen labores de identificación para acabar con los bloqueos”. Las fuerzas policiales identificaron ya a 1.339 participantes en la huelga, y a su vez interpusieron 71 denuncias y multas administrativas a 242 personas, según cifras del Ministerio del Interior, que puso a disposición un servicio de escolta para acompañar a cualquier camionero que quiera transportar sus mercancías sin trabas.

La economía se para

“Hubo 500 camiones que fueron escoltados por las fuerzas de seguridad para evitar que les pararan”, dijo el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida. Este también declaró que podría haber infiltración del crimen organizado entre los movilizados, un extremo que recalcó este jueves el titular de Justicia, Carlo Nordio. Según remarcó, ve “muy probable” que la Camorra u otros grupos “exploten” las protestas en beneficio propio, un extremo que sindicatos como USB niegan, al verlo como otro tentativo criminalizador del actual Ejecutivo para parar unas protestas que fueron ganando intensidad desde que los bloqueos empezaron hace una semana.

Según Massimo Pedretti, sindicalista de USB presente en la huelga, las protestas se extendieron este jueves a la región central del Lazio. “Cuando la protesta llega al centro de Italia, la economía se para, porque comienza a bloquear también el norte”, en un país alargado y conectado por grandes arterias de norte a sur, una geografía que hace fácil cortar su principal autopista, destaca la misma fuente. Según denuncia, los camioneros “son un sector históricamente olvidado en Italia”, y “desde hace décadas reivindican mejores condiciones de seguridad, laborales y salariales que no llegan”.

En Italia, el alto precio de los carburantes era un asunto que se arrastraba ya desde el estallido de la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia, aunque la reciente escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz acabó de disparar los precios del combustible,“un choque exógeno” que no se debe a la situación interna de Italia, pero que el Gobierno habría podido prever con más anticipación, resalta a elDiario.es Cesare Pozzi, profesor de Economía de la Universidad LUISS de Roma, que aboga por reformas estructurales que reduzcan las tasas del gasóleo, que suponen más del 50% de su precio por litro.

“Los impuestos son demasiados altos respecto a la capacidad para asumir el coste de un sector fundamental como el de los transportistas. Si se bloquea el transporte por carretera se para todo”, asegura el docente, mientras los transportistas se quejan de que pagan hasta 3.000 euros para cargar el depósito en rutas de largo alcance como la que va de Sicilia a Milán, unos precios inasumibles que llevó a muchos a una huelga que aprieta cada vez más las tuercas a Meloni, a quién se le multiplican las protestas de distinto tipo por el país.

Tras meses persistiendo en su empeño de impulsar la medida, pugnas para convencer a sus socios e incluso amenazas de dimitir, Giorgia Meloni ha capeado la tormenta política en Italia este jueves al lograr la aprobación de una de sus medidas estrella, la reforma electoral, con la que se apunta un tanto que afianza su obra política tras más de cuatro años en el poder. Sin embargo, este paso agrava las tensiones con la oposición de centroizquierda, que acusa a la mandataria italiana de violar las bases de la democracia liberal y diseñar una ley ad hoc para revalidarse en el poder.

“Meloni busca dejar algún tipo de legado. Hasta ahora no se puede decir que su Gobierno fuera revolucionario. La única reforma importante que quiso aprobar, la del sistema judicial, fue rechazada en las urnas”, dice a elDiario.es Daniele Albertazzi, politólogo de la Universidad de Surrey. Con la reforma electoral, a su juicio, la primera ministra muestra ahora una imagen de líder “fuerte y estable”, lo que es “un argumento de peso que puede usar ante el electorado derechista”. Con ello, “busca proyectar estabilidad y seriedad”, agrega el académico.  

Sin embargo, también abre un panorama de cierta confusión y caos. Las fuerzas de la oposición y los críticos remarcan que la ley tiene tintes anticonstitucionales, por lo que se esperan recursos al Tribunal Constitucional, que previsiblemente deberá pronunciarse los próximos meses, mientras el país atiende elecciones generales en una fecha indeterminada en 2027. Los rumores apuntan a que Meloni podría plantear un adelanto electoral en primavera. Ella acaba su mandato natural en otoño de 2027, pero medios y analistas asumen que querría ir antes a las urnas, lo que podría suceder cuando se llegue a mediados de abril, el umbral necesario para que los diputados de esta legislatura tengan derecho a una pensión vitalicia, un tema no menor, según algunos analistas. 

Pendientes del Constitucional

De ser así, según señalan múltiples fuentes consultadas por elDiario.es, se puede entrar en una suerte de zona gris dónde los comicios se llevarían a cabo según los mecanismos de la ya aprobada ley electoral, aunque esto dependería de la fecha en que la Corte Constitucional se pronuncie, lo que podría llevar a tumbar la reforma, o al menos partes de ella. Entre distintas medidas, una de las más controvertidas es el premio de escaños extra para la coalición que obtenga más del 42% de votos, que supondría una bonificación de 70 diputados en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, alterando el equilibrio de fuerzas parlamentarias y el multipartidismo.

Es una reforma inconstitucional que altera la relación entre los votos y los resultados electorales. Una minoría se convierte en una amplia mayoría parlamentaria debido al beneficio desproporcionado que recibe

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Democrático (PD)

Todo ello cambia la actual correlación de fuerzas del sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta, y deja atrás la ley electoral del Rosatellum, adoptada en 2017, con un modelo más orientado al bipartidismo. A su vez, se trata de la quinta reforma electoral que Italia aprueba en 32 años, aunque muchos expertos y críticos señalan que la actual marca un precedente peligroso al debilitar un modelo de representación parlamentaria plural en favor de un sistema de mayorías ‘dopadas’.

“Es una reforma inconstitucional que altera la relación entre los votos y los resultados electorales. Una minoría se convierte en una amplia mayoría parlamentaria debido al beneficio desproporcionado que recibe”, dice a elDiario.es Ouidad Bakkali, diputada del Partido Democrático (PD), quien estuvo presente en la votación. “En un país donde la abstención aumenta con cada elección, esta ley electoral introduce métodos altamente distorsionadores que transforman a una minoría en mayoría, un elemento antidemocrático”, añade, dando también la voz de alarma sobre el peligro de que este nuevo sistema conlleve una progresiva deriva presidencialista.

La ley elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, y pasa a elegir a listas ya cerradas antes, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría. A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas, que si quieren aspirar al poder deberán juntarse en coalición y acordar ya antes quién será el cabeza de lista. En las papeletas electorales los líderes estarán bloqueados, y sólo parte de los candidatos podrán ser elegidos por los electores.

Apuntan a la presidencia

Si se confirma que la aritmética de la nueva ley les beneficia, en el trasfondo muchos ven una tentativa de Meloni de ganar una mayoría parlamentaria contundente, con la que pueda asegurar la futura designación de un candidato ideológicamente cercano en las elecciones para la presidencia de la República en 2029, lo que daría a la derecha el control de la institución de jefe de Estado, históricamente asociada al centroizquierda.

“El Parlamento pasa a estar sometido a un líder, lo que lo debilita aún más. Quieren una República presidencial, y la imponen con esta ley, sin pasar por una reforma constitucional”, agrega Bakkali, en línea con la denuncia de la oposición, que este jueves se quejó de que no fue consultada en la elaboración de la reforma. Según la líder del PD, Elly Schlein, la ley “fue hecha a conveniencia” del actual Gobierno, y para el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5A), Giuseppe Conte, muestra una clara deriva hacia “una democracia iliberal desenmascarada”. 

Esta reforma es un ataque muy real a la democracia en Italia, porque incluyendo un premio de mayoría tan alto y obligando a las fuerzas políticas a hacer coalición, esencialmente se debilita la naturaleza del sistema político italiano, basado en el multipartidismo y las voces de distintas fuerzas políticas en el Parlamento

Matteo Giardello — Politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma

En Italia, a diferencia de otros países, los cabezas de lista no eran obligatoriamente los que serían después designados para formar gobierno y asumir el cargo de primer ministro. Con la actual ley se establece así, lo que hará que cada grupo deba decidirse por un candidato antes de los comicios. Esto, según expertos, beneficia en parte a Meloni, cuyo liderazgo personalista la hace cara visible de la derecha, pero podría perjudicar al centroizquierda, aún enmarañado en decidir cómo y quién liderará su próxima coalición.

“Esta reforma es un ataque muy real a la democracia en Italia, porque incluyendo un premio de mayoría tan alto y obligando a las fuerzas políticas a hacer coalición, esencialmente se debilita la naturaleza del sistema político italiano, basado en el multipartidismo y las voces de distintas fuerzas políticas en el Parlamento”, dice a elDiario.es Matteo Giardello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma. 

Según alerta, “otorga extrapoderes respecto a los equilibrios garantizados por la Constitución”. Cuando una coalición alcance el 42% de votos, “podrá gobernar sin ningún contrapeso”, lo que puede implicar “una deriva autoritaria”, dice, asegurando que la reforma entraña probablemente “principios de anticonstitucionalidad”. Esto, de acuerdo con Giardello, podría llevar a una situación contradictoria, en la que las próximas elecciones se celebraran según los mecanismos de esta ley, antes de que una hipotética sentencia que tumbara la medida. 

El premio de 35 escaños en el Senado es uno de los puntos que podría ser susceptible de revisión judicial, ya que podría incumplir el artículo 57 de la Carta Magna. Ante ello, según La Repubblica, el Gobierno ya ha iniciado contactos con el Constitucional para determinar qué puntos deberían ser potencialmente modificados y evitar así que el tribunal tumbe la ley en su conjunto. De acuerdo con el mismo medio, hay un pacto tácito entre Ejecutivo y Corte para que emita su sentencia en febrero, lo que daría margen a cambiar lo más delicado y adaptar la ley para ir a comicios en mayo. Sin embargo, todo es hipotético en un panorama aún poco claro.

Meloni se impone y aguanta 

Al aprobarse la reforma, apodada Stabilicum o Melonellum, la primera ministra evita también el extremo de recurrir a la advertencia latente que lanzó: ella misma renunciaría y haría caer el Gobierno si los propios partidos de su coalición no reunían suficientes votos para sacar adelante la medida, por lo que la líder ultraderechista vio el voto secreto en la Cámara de Diputados de este jueves como una de moción de confianza. 

En julio, en otra votación secreta para validar una de las enmiendas de la ley, Meloni vio cómo la medida caía por sorpresa, lo que se interpretó como un signo de debilidad y falta de acuerdo interno entre miembros de los tres partidos de la coalición, formada por la formación de Meloni, Fratelli d’Italia (FdI), el ultra Lega de Matteo Salvini, y el centroderechista Forza Italia (FI), liderada por Antonio Tajani. El caso, alegan expertos, es que la ley se diseñó en un inicio para favorecer las condiciones electorales para que la coalición revalidara el poder, aunque ahora los sondeos indican que podrían incluso ni llegar al umbral necesario para afianzarse. 

Esto causó dudas en la Lega –con Salvini sumergido en una grave crisis interna– y también en sectores de Forza Italia, dos partidos debilitados en las encuestas, en parte por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral supremacista que irrumpió con un nuevo partido, Futuro Nazionale, ascendente en los sondeos y con potencial para cambiar la correlación de fuerzas en la compleja esfera derechista italiana.

Ahora, según los sondeos, la coalición entre el partido de Meloni y estas dos fuerzas no alcanzaría el 42% de votos, mientras la oposición sí lo lograría si se presentaran la mayor parte de sus formaciones unidas, lo que haría un efecto bumerán para la propia Meloni, que ha insistido en su voluntad de dar estabilidad a Italia con esta controvertida reforma. Futuro Nazionale puede robar votos sobre todo a la Lega de Salvini, pero también a Forza Italia, uno de los elementos que hizo que estos dos partidos fueran reacios a una reforma electoral que no veían tan beneficiosa para ellos. 

Aun así, Meloni ha seguido empeñada en sacar adelante la medida, y tanto Lega como Forza Italia –mucho más débiles que Fratelli d’Italia– tuvieron que ceder si no querían que la primera ministra llevara al país a elecciones estos meses, escenario aún peor para estos partidos, que buscan retrasarlas al máximo para recuperar un poco de credibilidad y atracción entre el que fue su electorado histórico. En este contexto, los analistas coinciden en que el papel de Vannacci será prominente. “Podría acabar siendo factor clave para determinar o no el triunfo de una coalición derechista en torno a Meloni”, concluye Giardello. 

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha logrado aprobar este jueves de forma definitiva una polémica reforma electoral que, según detractores y opositores, busca favorecer su continuidad en el poder. La medida se ha aprobado en la Cámara de Diputados con 227 votos a favor y 164 en contra tras días de trámites, debate y dudas sobre el apoyo interno a la reforma entre parlamentarios de la misma coalición de la líder ultraderechista, quién incluso amenazó con dimitir si no se aprobaba una medida que la oposición de centroizquierda ha rechazado.

Con ello, Meloni obtiene una victoria de peso en uno de sus proyectos estrella, que supone la introducción de un nuevo sistema electoral para los comicios de 2027, aunque el Tribunal Constitucional podría intervenir si considera que ciertos artículos de la ley son inconstitucionales. Así lo advierten grupos críticos y entidades de la sociedad civil dispuestas a presentar apelaciones, y que harán que la corte deba deliberarlas próximamente.

La primera ministra ha apostado muy fuerte por su proyecto tras el fracaso de otra de sus reformas clave, la del poder judicial, que no pudo impulsar tras un referéndum en marzo en el que ganó el ‘No’. Giuseppe Conte, exprimer ministro italiano y líder del Movimiento 5 Stelle, ha señalado: “Para vosotros la democracia es un régimen iliberal desenmascarado, una autocracia”

Meloni ha defendido desde un unicio que la nueva ley dará más estabilidad al volátil sistema político italiano, históricamente muy inestable y marcado por la pronra caída de los Gobiernos. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni es el más largo de la historia de Italia desde el fin del fascismo y la creación de la República en 1946.

Su reforma, apodada Stabilicum o Melonellum, prevé que la coalición de partidos con más del 42% de votos obtenga una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que le da una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Esto también altera la correlación actual de fuerzas en el sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. A su vez, torpedea la tendencia hacia el bipartidismo que favorecía la ley electoral anterior, llamada Rosatellum y que estuvo vigente desde 2017.

Ya son cinco las reformas de ley electoral aprobadas en Italia desde los noventa. Sin embargo, para fuerzas de la oposición de centroizquierda, detractores de Meloni y multitud de analistas, el Melonellum busca modificar los mecanismos electorales para hacer que la actual coalición gubernamental pueda perpetuarse en el poder. Según críticos, marca un precedente peligroso al alterar los equilibrios entre formaciones votadas en las urnas, socavar el multipartidismo propio de las democracias liberales y debilitar un modelo de representación parlamentaria plural en favor de un sistema basado en mayorías ‘dopadas’ que son reforzadas artificialmente.

La ley elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, y pasa a elegir a listas ya cerradas antes, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría. A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas que si quieren aspirar al poder deberán juntarse en coalición y acordar ya antes quién será el cabeza de lista. En las papeletas electorales los líderes estarán bloqueados, y sólo parte de los candidatos podrán ser elegidos por los electores.

En la derecha, la referencia es clara, ya que Meloni es su cara visible y lo sigue siendo pese a la irrupción y ascenso en los sondeos de un perfil aún más a ultra, el exgeneral Roberto Vannacci, quién con su nueva fuerza Futuro Nazionale puede desequilibrar la correlación de fuerzas en la galaxia derechista italiana y robar votos entre el nicho electoral de Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, las tres formaciones que hoy forman coalición.

De hecho, los analistas señalan que la reforma se diseñó en un inicio para dar ventaja a estas tres fuerzas y ayudarles a retomar el poder, pero el llamado efecto Vannacci quitaría votos especialmente a Lega, mientras las formación de Meloni también baja, y los sondeos indican que la coalición de Meloni podría no alcanzar el 42% necesario para obtener el premio de mayoría, lo que podría beneficiar a un centroizquierda que sí podría superar este umbral.

Sin embargo, entre la oposición de centroizquierda hay aún una división candente. El Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle (M5S) y Alleanza Verdi-Sinistra quieren formar una coalición en lo que se denomina Campo Largo, a la que se podrían sumar también otras fuerzas, pero PD y M5S llevan meses sin alcanzar un pacto sobre quién debería ser cabeza de lista, o sobre el formato exacto de su coalición, lo que les pone en dificultad.

Mientras discuten sobre si celebrar o no primarias para elegir a un candidato, Meloni va marcando el ritmo político y se especula con que estaría creando el escenario para ir a elecciones anticipadas esta primavera, después de que a mediados de abril se cumplan cuatro años, seis meses y un día de legislatura, el umbral necesario para que todo diputado en su primer mandato se pueda asegurar el cobro de una pensión vitalicia.

“Tenemos que darnos prisa”, decía esta semana Giuseppe Conte, líder del M5S, según el diario La Repubblica, a sabiendas de que la nueva reforma puede perjudicar al centroizquierda si no se junta en coalición, que tendrá poco tiempo para prepararse para una campaña electoral que de facto ya hace meses que está en marcha.

Uno de los que se opuso con más acción a la reforma fue Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, quién lidera una campaña contra el plan y hace una semana inició una huelga de hambre en protesta. “Esta es una ley electoral que transforma a una minoría en el país en una abrumadora mayoría en el Parlamento, y no tiene parangón en otras democracias liberales”, dijo Maggi, en lo que describe como “una democracia bloqueada”.

Por otro lado, el temor de Meloni de que la ley electoral se viera tumbada fue latente hasta el último momento ante el miedo de que miembros de su propia coalición se ampararan en el voto secreto para votar en contra. Esto ya pasó en julio en la Cámara de Diputados, cuando se debía aprobar una enmienda a la norma que se rechazó por sorpresa en votación secreta, lo que mostró los desacuerdos con diputados de la misma coalición.

Su cuerpo fue hallado en la cuneta de una carretera a las afueras de El Cairo con el rostro irreconocible y signos de tortura, nueve días después de que se le perdiera el rastro el 25 de enero de 2016. Este fue el trágico final de Giulio Regeni, doctorando italiano de 28 años, asesinado tras ser secuestrado por miembros de los temidos servicios de seguridad de Egipto el día del quinto aniversario del inicio de la Primavera Árabe en ese país, en un momento de paranoia y fuerte represión contra la disidencia por parte de los aparatos estatales.

El caso, que implica directamente al régimen de Abdelfatah Al Sisi, alcanzó estos días un punto de inflexión en Italia. La familia de Regeni exigía justicia desde hacía una década y finalmente la obtuvo el 28 de septiembre, aunque fuera de forma simbólica. La semana pasada, el Tribunal Penal de Roma condenó en ausencia a tres de los cuatro agentes imputados por secuestrar al investigador, que realizaba un doctorado sobre el sindicalismo independiente en Egipto para la Universidad de Cambridge. Su desaparición y asesinato conmocionaron a la opinión pública de Italia en un caso que, según los expertos, no es aislado, sino parte del modus operandi del aparato securitario egipcio contra sus ciudadanos, aunque esta vez la víctima fue italiana.

En un inicio, Roma retiró por más de un año a su embajador en Egipto en protesta por la opacidad y escasos avances en la investigación del asesinato, pero retomó gradualmente los vínculos, que nunca rompió del todo. Pese a la gravedad de un homicidio contra un compatriota que apuntaba de lleno al régimen, los intereses estratégicos italianos en el país árabe pasaron por delante, alegan varias fuentes. Tras su llegada al poder en 2022, Giorgia Meloni reforzó los lazos con El Cairo. Tras la sentencia, crece la presión para que adopte una postura más dura, pero ella apela a la realpolitik y no prevé renunciar a su alianza con Al Sisi, según coinciden los analistas.

Italia es el primer socio comercial de Egipto entre los Estados de la Unión Europea. Ambos países cooperan en la lucha contra la migración irregular, en seguridad o a nivel militar. Otro punto clave es la presencia de ENI en Egipto, donde la empresa energética italiana es el principal productor de petróleo y gas. ENI, con más del 33% de acciones del Estado italiano, explota la reserva gasística egipcia de Zohr, la más grande del Mediterráneo, entre otros yacimientos repartidos por el país que hacen del territorio un espacio de relevancia para Italia.

La oposición acusa al Gobierno de “negacionismo”

El reciente fallo sobre el caso de Regeni arroja conclusiones que reafirman la implicación estatal egipcia en el episodio, pero el Ejecutivo de Meloni redujo estos días su relevancia, afirmando que el fallo es sólo en primera instancia. Según recalca, solamente tomará medidas tras agotarse el período para presentar apelaciones y resolverse los posibles recursos, hasta que el fallo sea firme. Así se expresaron Meloni y su vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quién la semana pasada hizo unas declaraciones muy controvertidas.

“Fueron condenadas tres personas. Ahora veremos qué pasará en segunda y tercera instancia, pero no es Egipto el culpable”, dijo Tajani a la prensa, y añadió que esto no altera los vínculos de Roma y El Cairo. El titular de Exteriores estuvo hace un mes en Egipto, donde fue recibido por Al Sisi en el palacio presidencial, en una visita en la que no trascendió que abordara el asesinato de Regeni, un caso que las autoridades egipcias atribuyeron en un inicio a una banda de delincuentes y sobre el que estos años casi no prestaron colaboración.

El régimen tiene un historial de falta de cooperación, marcado por la obstrucción en las investigaciones, por dar información engañosa o por negarse a compartir detalles o localización de los acusados

Nour Khalil — Abogado y director de la ONG Plataforma de Refugiados de Egipto

Para fuerzas de la oposición como el Partido Demócrata (PD), la postura de Tajani muestra el “negacionismo” del Gobierno, que evita hablar abiertamente de las huellas del Estado egipcio en el caso, aunque sus brutales métodos represivos son patrón de actuación común desde hace décadas contra disidentes y ciudadanos egipcios. “En Egipto hay una represión cotidiana, con miles de presos políticos, y los últimos días se arrestó a varios periodistas. En las cárceles hay tortura y, tras algunas excarcelaciones en 2023, ya no pasó nada más”, cuenta Riccardo Noury, portavoz de la sección italiana de Amnistía Internacional (AI), grupo que esta década apoyó y acompañó a la familia de Regeni en su larga campaña de presión y litigio judicial para pedir cuentas a Egipto.

“El caso de Regeni es un crimen de Estado que tuvo confirmación judicial, al menos parcial. Se condenó a tres hombres que representan a Egipto como funcionarios, no a tres personas cualquiera”, dice a elDiario.es Noury, que ve “inaceptable” que Tajani minimizara el papel del régimen. Elly Schlein, secretaria del PD, sostiene que “ya nadie puede negar la responsabilidad del aparato de Al Sisi” y “ahora el Gobierno debe hacer respetar la sentencia”. Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, alegó que Tajani contradijo el informe de una comisión parlamentaria que ya concluyó que la responsabilidad del crimen recaía en agentes de la Agencia de Seguridad Nacional egipcia, “un negacionismo” del que debería dar cuenta en la Cámara. Esa agencia es conocida por sus métodos brutales, desde la época de la dictadura de Hosni Mubarak, derrocado en la revuelta del 25 de enero de 2011.

Una década de 'Verità per Giulio Regeni'

Estos años, las pancartas de color amarillo con el lema Verità per Giulio Regeni (Verdad para Giulio Regeni) se extendieron por ayuntamientos, escuelas, universidades o domicilios de Italia, como parte de una campaña en que los padres y hermana del estudiante hicieron una labor constante para que su caso no cayera en el olvido. Ahora ven el fallo como un triunfo simbólico y grupos de derechos humanos y fuerzas opositoras presionan a Meloni para que sea más dura ante Egipto. El Cairo nunca admitió la implicación de sus fuerzas de seguridad en lo sucedido, no proporcionó ninguna información para localizar a los acusados ni cooperó con las autoridades judiciales italianas, sino que más de una vez fue señalado por intentar obstruir las pesquisas.

“El régimen tiene un historial de falta de cooperación, marcado por la obstrucción en las investigaciones, por dar información engañosa o por negarse a compartir detalles o localización de los acusados”, dice a elDiario.es Nour Khalil, egipcio con asilo en Italia, abogado y director de la ONG Plataforma de Refugiados de Egipto.

De hecho, los recién condenados están en paradero desconocido y se les juzgó en rebeldía, y su extradición a Italia es improbable ante la poca cooperación egipcia. Los acusados en el proceso iniciado en 2021 eran cuatro, aunque finalmente se condenó sólo a tres. Uno de ellos, el general de división Tarek Sabir, fue absuelto. Por otro lado, el mayor Magdi Sharif y los coroneles Ather Kamal y Husam Helmy fueron condenados a 10 años de cárcel por secuestrar a Regeni, aunque la Justicia desestimó los cargos de asesinato por falta de pruebas. Esto hace que no se esclarecieran todas las responsabilidades de un homicidio del que no se determinó el autor, una labor pendiente en que los analistas prevén que será difícil avanzar sin la colaboración activa de Egipto.

La Justicia también dictaminó que los condenados paguen indemnizaciones a la familia Regeni y al Estado italiano, a este último por valor de 150.000 euros. “Italia no puede hacer más que acatar la decisión del tribunal, reclamar una indemnización por daños y perjuicios y romper relaciones con un país que dista mucho de ser seguro, hasta el punto de torturar y asesinar a ciudadanos de países amigos”, dijeron hace pocos días los progenitores del investigador, Claudio Regeni y Paola Deffendi, en una entrevista con el diario La Repubblica. “Se hizo justicia, pero ahora hay que actuar en consecuencia”, agregaron, pidiendo más acciones al Gobierno.

Meloni exhibe cautela

Meloni mantiene cautela y tachó de “arriesgada” la opción de cortar los lazos con Egipto. “Siempre usamos todos los canales con El Cairo, incluidos los políticos y diplomáticos. Dudo de que, al cerrarlos, nos acerquemos a nuestros objetivos”, dijo la primera ministra ultraderechista la semana pasada, cuando insistió en que “la sentencia aún no es firme” y “todo se hará cuando sea necesario”. A su vez, remarcó que el Estado italiano fue una de las partes demandantes en el juicio, por lo que aseguró que su Gobierno está “totalmente decidido a buscar la verdad”.

Regeni sufrió la desaparición forzada, torturas y el asesinato extrajudicial, pero el régimen hizo lo mismo con muchos otros egipcios. Si cediera ante Italia y aceptara investigar los hechos, implicaría abrir los otros casos

Maaty El Sandoubi — Periodista egipcio

Sin embargo, muchos son escépticos sobre las afirmaciones de Meloni, como Maaty El Sandoubi, periodista egipcio que cubrió la revolución de 2011 en Egipto y colaboró con la cadena pública italiana RAI tras el asesinato de Regeni. Según denuncia, su trabajo le puso en el punto de mira y le forzó a huir, tras lo que lleva diez años en Italia. “Para Al Sisi, la sentencia no significa nada. Nunca colaboró con Italia. El Gobierno de Meloni depende de él, por lo que no creo que la idea de presionar al régimen esté sobre la mesa”, comenta a este medio El Sandoubi, que cree que Roma prefiere mantener lazos con un Ejecutivo autoritario como el egipcio para proteger sus intereses.

“Regeni sufrió la desaparición forzada, torturas y el asesinato extrajudicial, pero el régimen hizo lo mismo con muchos otros egipcios. Si cediera ante Italia y aceptara investigar los hechos, implicaría abrir los otros casos” o admitir su existencia de forma indirecta, alega el reportero, en un contexto en que los arrestos aún se producen. Hace pocos días, las fuerzas de seguridad del régimen detuvieron a seis periodistas de un medio independiente, en lo que se ve como otro ataque a las libertades de expresión e información, ya muy menguadas en Egipto.

Según Nour Khalil, que sufrió arrestos y torturas en su propia piel cuando era un activista contra el régimen en Egipto, los métodos represivos no cambiaron tras una década del asesinato de Regeni. “La desaparición forzada sigue siendo una práctica habitual que afecta a miles de egipcios: cientos murieron en prisiones y centros de detención y decenas de miles siguen encarcelados”, cuenta el abogado, también escéptico con Roma. “Cualquier cambio en las relaciones de Italia y Egipto requeriría voluntad política por parte italiana para anteponer los derechos humanos al resto de intereses, pero no veo ningún indicio de ello”, concluye.

Giacomo Zulianello, veterano operario de casi 60 años de Turín, ha visto durante su carrera el cenit y declive de la industria del motor italiana, un sector antes pujante que hoy languidece en muchos casos, en medio de una crisis automovilística europea que también afecta el país transalpino y una de sus marcas insignias, la FIAT, absorbida desde 2021 por Stellantis, una multinacional que sigue debilitada y sin remontar del todo en Italia. Ahí, sus fábricas trabajan a medio gas, perdiendo trabajadores año tras año ante un descenso de actividad que alcanzó mínimos históricos en 2025, mientras empleados y sindicatos denuncian abandono y un “apagado lento” de las propias plantas, acusando a la empresa de priorizar otros países antes que Italia. 

“La situación empeoró mucho. Afecta tanto a empleados de Stellantis como a proveedores y productores de componentes”, dice Zulianello, trabajador en la industria desde 1994, cuando empezó en la cadena de montaje de la extinta Carrocería Bertone, cerca de Turín. En 2009 pasó al enorme complejo de Mirafiori, polo industrial de FIAT inaugurado en 1939 en la capital del Piamonte, donde la propia empresa se fundó en 1899 por parte de la familia Agnelli, que mantuvo liderazgo de la compañía en sus más de 120 años de historia. 

FIAT encarnó un modelo de fordismo italiano que fue motor económico del país tras la II Guerra Mundial, teniendo Mirafiori como centro neurálgico, dónde empleó a más de 60.000 trabajadores en su punto álgido. Hoy, sin embargo, su capacidad es solo una sombra de lo que fue, y muchos lamentan la pérdida de su impronta italiana tras integrarse a Stellantis. FIAT, que ya se juntó con la estadounidense Chrysler en 2014, unió fuerzas hace más de cinco años con el Grupo PSA, productor francés de Peugeot o Citroën, una fusión que llevó a erigir un gigante con hasta 14 marcas e importantes dificultades económicas desde su creación.

Declive en Italia

Mientras la crisis del sector automovilístico se ceba estos días con Volkswagen, muchos empleados de Stellantis denuncian un declive progresivo de las fábricas italianas. La compañía tiene una plantilla de unas 30.000 personas en todo el país, dónde es aún principal empresa de la automoción en dimensión industrial y plantilla, aunque su peso ocupacional y producción bajaron mucho respecto a la supremacía pasada de FIAT.

En 2025, Stellantis tuvo pérdidas netas de más de 22.000 millones. Entró en números rojos y tuvo una caída de producción en Italia que la llevó a niveles de la posguerra. Entre otros problemas, la empresa afrontó una transición complicada hacia el coche eléctrico en Europa, con menores ventas de lo previsto. A esto se suma la creciente competencia de los fabricantes de China, que ofrecen vehículos más baratos, y los altos costes logísticos y de producción en países europeos como Italia, más elevados que en otros Estados fuera de la UE.

En el país transalpino, sindicalistas y empleados critican con dureza la gestión de Carlos Tavares, consejero delegado y director ejecutivo de Stellantis hasta su dimisión en 2024, tras años de una reducción de costes que en Italia y otros países se tradujo en prejubilaciones, salidas incentivadas y regulaciones de empleo, lo que para muchos supone una forma de despidos encubiertos. A ello, se añadió una estrategia de poner precios altos para coches de gama media como Fiat, Opel o Citroën, lo que bajó las vendas, según expertos.  

Junto con la dura gestión de costes de Tavares, se suma una estrategia de poner precios altos para coches de gama media como Fiat, Opel o Citroën, lo que bajó las vendas, según expertos 

En este contexto, los paros de producción o la actividad a tiempo parcial son habituales en Italia. “Hubo una decena de días de paro productivo este año, y en 2025 trabajamos una media de tres días al mes”, comenta Zulianello sobre el ritmo de Mirafiori, hoy con apenas 12.000 empleados, mucho menos que los 18.000 de 2020, en lo que muchos ven como un despiece progresivo y silencioso de la actividad.

“Mirafiori era como una ciudad. Cuando empecé a trabajar me movía en mapa”, explica Zulianello, que resalta que muchos como él se jubilarán pronto. “La mayoría de los que quedamos tenemos una edad media de entre 57 o 58 años. Somos el 60% de la fuerza laboral y en pocos años nos jubilaremos, sin que haya un relevo generacional” para cubrir todas las vacancias, lo que supone una gran pérdida de puestos de trabajo.

Caída de empleados y producción

Entre fines de 2020 y 2024, la empresa redujo más de 9.600 puestos de empleo en Italia, y su producción cayó a la mitad respecto 2004, calcula la Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM), afiliada a CGIL, principal sindicato del país, según un informe publicado en 2025 y titulado Stellantis: la gran huida.

El año pasado fue también el peor momento para la empresa en Italia. Su producción bajó un 20% interanual, con sólo 397.706 vehículos y un descenso fuerte en la fabricación de turismos, de un 24,5% menos que 2024, hasta 213.706 coches, la cifra más baja desde 1954, según los datos del sindicato FIM-CISL. Este nivel fue sólo la mitad de 2023, año en que se produjeron 751.000 coches. Todo ello puso a la empresa en el ojo del huracán, lejos del objetivo de un millón de coches anuales que se comprometió a alcanzar con el Gobierno de Giorgia Meloni, pese a que estos números no se consiguen desde que FIAT lo logró en 2017.

Estos años, el Ejecutivo también destinó fondos públicos para apoyar la industria automovilística y reforzar a Stellantis, único fabricante con una amplia red industrial y otras marcas icónicas como Alfa Romeo o Maserati, útiles para proyectar el prestigioso Made in Italy. Parte de los fondos se dieron como incentivos a los consumidores para la compra de coches eléctricos, pero esto llevó a una confrontación con el Gobierno.  “La mitad de incentivos que recibió Stellantis en 2022 fueron a coches producidos en el extranjero e importados a Italia”, criticó en 2024 el ministro de Empresa, Adolfo Urso, que exigió mayor producción y alertó con una retirada de fondos, en un clima de desconfianza que también llevó a críticas de la oposición.

Stellantis asegura que FIAT es una marca clave de su plan industrial y que Italia tiene “importancia central” para el grupo, pero el país no produce casi ningún coche con gran tirada comercial

Stellantis asegura que FIAT es una marca clave de su plan industrial, y que Italia tiene “importancia central” para el grupo, comprometiéndose a relanzar sus fábricas con la introducción de nuevos modelos como el Jeep Compass o el FIAT 500 híbrido. En el primer semestre de 2026, la producción de la empresa en el país creció un 13,7% respecto al mismo período de 2025, mientras también se prevé que su producción anual mejore en relación al año previo y ronde los 500.000 vehículos. Aun así, esto será un 33% menos que 2023.

El año pasado, la empresa invirtió unos 2.000 millones de euros en Italia, y compras a proveedores por 7.000 millones. Esto fue más de lo previsto, con la meta de aumentar el desarrollo local y volumen de negocio, aseguró Antonio Filosa, consejero delegado de la compañía desde 2025. Este año, el grupo prometió invertir 5.000 millones en investigación, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico a nivel italiano de cara a 2030.

Muchas plantas no notan mejoría

Aun así, empleados y sindicatos señalan que este impulso no se nota en las plantas italianas, y denuncian las inversiones menores respecto a EEUU y Norteamérica, mercado principal de Stellantis, dónde produce con ingeniería local, mientras en Europa empieza a apoyarse con empresas chinas como Leapmotor o Dongfeng, en un plan para reducir su producción de coches en más de 800.000 unidades para 2030 y ahorrar costes. ElDiario.es consultó a un portavoz de Stellantis sobre la situación de la empresa en Italia, sin tener respuesta.  

Asimismo, Italia no produce casi ningún coche de Stellantis con gran tirada comercial. “Ninguno de los nuevos modelos de Stellantis se fabrica en Italia: el FIAT Topolino se produce en Marruecos, FIAT 600 y Alfa Romeo Junior en Polonia, FIAT Grande Panda en Serbia, y el Lancia Ypsilon en España”, destacó hace un año Collettiva, diario del sindicato CGIL. A su vez, sindicalistas consultados resaltan que la empresa ha reforzado su producción en países mediterráneos como Marruecos o Argelia, con costes productivos más económicos.

De hecho, la fábrica de Cassino, en el centro de Italia, sufrió una caída del 36,2% de producción esta primera mitad de 2026, y vive constantes paros productivos que le llevaron a “una situación dramática”, nunca vista desde su creación en 1962, denuncia Andrea di Traglia, delegado del sindicato FIOM-CGIL en la zona y empleado de la planta hasta 2023. “Es la fábrica que menos produce de Italia. Solamente hizo 8.000 coches este 2026, y hasta agosto solo operó 45 días”, dice a elDiario.es el mismo sindicalista.   

Según lamenta, Cassino no recibió aún ningún nuevo modelo para fabricar, y todos los que produce son del plan industrial de 2018, lo que ilustra “el abandono” de Stellantis, mientras la planta pasó de 4.500 a 2.180 trabajadores estos últimos años. A su vez, las regulaciones de empleo y las suspensiones temporales de trabajo han dejado los sueldos de muchos trabajadores al mínimo. “En muchos casos no superan los 1.200 euros mensuales. Se quedan más días en casa de los que van a trabajar”, denuncia el representante sindical.

A estas alturas, el caso de Cassino es el más grave, pero “casi todas las fábricas de Stellantis funcionan ahora de forma intermitente”, comenta a elDiario.es Giovanni Mannori, delegado de FIOM-CGIL en el complejo de Mirafiori en Turín. Entre las pocas a mejor ritmo hay la planta de Pomigliano d’Arco, cerca de Nápoles, “porque produce el único coche que se vende bien en Italia, el Fiat Panda”, resalta. Según comenta, Mirafiori tocó fondo en 2025, y la producción este 2026 del modelo híbrido de FIAT 500 dio cierto impulso a la planta.

“La producción aumentó respecto a 2025, pero la compañía dijo que este año se deberían producir 100.000 coches, y si llegamos a 65.000 a fin de año ya será mucho”, añade Mannori. Según él, Stellantis causó una “crisis industrial deliberada”, al priorizar otros países en los que producir. “Italia debería ser de los lugares con más peso, porque FIAT nació aquí, pero está entre los que paga un precio más alto”, concluye Mannori.

En 2023, en una Grecia aún afectada por los daños de la crisis económica y las políticas de austeridad, Alexis Tsipras sufría una derrota en los comicios generales que parecía ser el inicio del fin de su carrera política. La izquierdista Syriza se derrumbó y se confirmó el dominio de Nueva Democracia (ND). Este partido, estandarte de la derecha conservadora helena desde 1974, ya arrebató el poder a Tsipras en 2019, y hasta hoy sigue gobernando con Kyriakos Mitsotakis al frente. Pero el ya exlíder de Syriza ha irrumpido en escena con un partido de nuevo cuño para intentar disputarle el puesto en las próximas elecciones previstas para 2027.

En octubre de 2025, Tsipras renunció a su escaño y dejó Syriza, partido caído en desgracia por sus escisiones y batallas internas, en el que mantenía un perfil bajo tras dejar su liderazgo por la debacle electoral de 2023. Tras ello, en mayo de 2026 presentó su nueva formación, Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), muy centrada en su persona. En los últimos meses, ha activado su maquinaria, preparándose a fondo para la futura convocatoria electoral.

Según los sondeos, ELAS figura ya como segunda fuerza en intención de voto, con más del 16% de apoyos, lo que le coloca también como la principal fuerza del campo progresista heleno. Está lejos de ND, que ganaría con alrededor del 30% de los votos, pero supera a otras fuerzas como el centroizquierdista PASOK-Kinal (12,2%), el ultraderechista Solución Griega (8%) o el Partido Comunista (7%). A su vez, absorbe el espacio de Syriza, que quedaría al borde de la desaparición con un 1,7% de votos, alejado del 3% necesario para acceder en el Parlamento.

La experiencia como valor

Tsipras, de 52 años, aprovechó la fragmentación y ausencia de liderazgo claro entre las fuerzas de izquierda para hacerse de nuevo un hueco en la oposición a ND. Tras desembarazarse de Syriza, renovar su imagen y reciclar su discurso con un partido centrado en su figura, apela a su experiencia para buscar el triunfo en los comicios de 2027, de los que aún no hay fecha marcada. Se asume que se celebrarán como máximo a inicios de verano, antes de que Grecia asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en julio del próximo año.

Tsipras adopta posturas más moderadas en temas ideológicos, propios de una izquierda socialdemócrata, pero en asuntos como la corrupción mantiene un fuerte sentimiento antiestablishment

Christos Papagiannis — politólogo

Esta vez, Tsipras se postula con un discurso más moderado que en el pasado, en clave socialdemócrata y sin tintes revolucionarios. También quiere explotar el desgaste de Mitsotakis, que en las elecciones podría perder hasta diez puntos respecto al 40% logrado en 2023. Esto le alejaría de la mayoría absoluta y le complicaría crear un Ejecutivo, aunque a Tsipras tampoco le llegarían los números para lograr una mayoría.

Pese a que su legado es polémico, Tsipras aprovecha su bagaje como viejo referente de la izquierda y jefe de Gobierno entre 2015 y 2019, un período convulso que lideró en pleno descalabro económico de Grecia, cuando pasó de ser el firme opositor a las draconianas políticas de austeridad impuestas por la Troika a convertirse en el ejecutor de las duras medidas de recorte y privatización para sanar la deuda. Esto le restó credibilidad entre parte de la opinión pública y contribuyó a sus derrotas electorales de 2019 y 2023.

Transformación ideológica

“La huella que dejó Tsipras es polémica en Grecia, pero el hecho de que regresara en la escena política con un nuevo partido que ya cuenta con respaldo considerable en las encuestas muestra que aún hay un sector de población que lo apoya y acepta su legado”, comenta a elDiario.es Christos Papagiannis, politólogo griego y profesor adjunto en la Brussels School of Governance, perteneciente a la Universidad Libre de Bruselas.

El experto afirma que no se debe menospreciar la trayectoria y peso mediático del exlíder de Syriza, quién estuvo durante tiempo en el foco mundial y obtuvo hasta 35 y 36% de votos en los dos comicios generales de 2015. “Sigue siendo fuerte entre parte del electorado de centroizquierda, y se apoya en una narrativa reforzada por su pasado como primer ministro, su ventaja competitiva ante otros líderes opositores”, dice Papagiannis.

Sin embargo, “no recuperó el nivel de apoyo del pasado, ni se puede afirmar que tiene a una gran mayoría social a sus espaldas”, añade el académico. “Es débil entre los votantes centristas”, un sector que ahora busca conquistar con la combinación de un discurso moderado que también conserva algún destello radical.

“Combina ambas facetas. Adopta posturas más moderadas en temas ideológicos, propios de una izquierda socialdemócrata, pero en asuntos como la corrupción mantiene un fuerte sentimiento antiestablishment”, señala Papagiannis sobre Tsipras, quién fue presentando sus planteamientos en multitud de actos públicos y en la Feria Internacional de Tesalónica, el evento económico más relevante de Grecia, celebrado este mes.

“Preparado para volver”

“Estoy listo para volver a ser primer ministro. Conozco la tarea: ya la hice antes”, declaró Tsipras en una entrevista reciente al diario belga Le Soir, mientras se intenta proyectar a nivel internacional y hace una cierta autocrítica de su etapa en el Gobierno, asumiendo errores propios y apelando a su vez a la honestidad.

“Demostré gobernar honestamente, sin escándalos”, remarcó el exlíder de Syriza, que busca contraponer sus cuatro años y medio en el poder con los dos mandatos de Mitsotakis. Estos se vieron marcados por el peor accidente de tren de la historia de Grecia en 2023, o un caso de espionaje que involucró el uso de software israelí por los servicios de inteligencia griegos para vigilar a políticos opositores, mandos militares, cargos del propio gobierno de ND y periodistas. A su vez, el Ejecutivo derechista se vio salpicado este 2026 por una nueva trama de fraude y malversación de fondos agrícolas de la UE que implicó también a ministros.

Tsipras apunta a votantes tradicionales de Syriza de clase trabajadora como a sectores de clase media y propone políticas para un Estado del bienestar fuerte, sin alzar tasas a la clase media

Christos Papagiannis — politólogo

En sus discursos, Tsipras asegura que, de ser elegido, podrá gobernar sin estar marcado por las duras condiciones de los rescates que más de una década atrás impuso Bruselas. “Desafortunadamente, no pude gobernar sin las limitaciones de los memorandos”, dijo este septiembre. “Fui yo quién liberó al país de estas restricciones y retornó su credibilidad, pero quien cosechó los frutos y los despilfarró es Mitsotakis”, añadió.

En 2015, Tsipras hizo historia y ganó los comicios por oponerse a las medidas de óptica neoliberal aplicadas a una Grecia en profunda depresión, tras dos rescates financieros que despedazaban al Estado del bienestar con privatizaciones y recortes del gasto público. Ya en el poder, convocó un referéndum en que 61% de votantes se opuso a las recetas de la Troika, pero ante los riesgos de la salida del euro y del colapso bancario cedió y acató la austeridad dictada por la UE y el Fondo Monetario Internacional firmando un tercer rescate. El programa concluyó en 2018 y Tsipras estabilizó el país macroeconómicamente, pero su decisión causó pavor entre los sectores más a la izquierda del país, como entre centristas que no vieron mejoría económica.

¿Traidor o salvador?

Para algunos, traicionó la propia voluntad popular y renunció a sus principios. Para otros, evitó males peores. Eugenía Katoufa, periodista jubilada que trabajó en la cadena pública ERT, cree que fue un buen líder que tomó una dirección pragmática en un momento extremo. “Fue el mejor primer ministro que hubo hasta ahora. Gobernó en circunstancias difíciles, durante la crisis provocada por los memorandos de la Troika, bajo presión de los acreedores, sabotaje de la oposición y la rivalidad de cargos de su propio partido, pero logró negociar con valentía para que el país evitara lo peor y sacar a Grecia de los rescates”, dice Katoufa, quién estuvo en más de un evento de ELAS. “En el ambiente hay entusiasmo”, asegura sobre los actos celebrados.

No lo ve igual Harris Marou, operador telefónico de 32 años para una multinacional en Atenas que vivió en su piel los tiempos más duros de la crisis. Como otros de su generación, dejó el país para irse al extranjero, en su caso en 2017, en plena época de Gobierno de Tsipras, a quién ve como “un traidor nacional” que se rindió a la Troika y acabó de hundir a Grecia en una deriva neoliberal. “Es muy frustrante vivir en Grecia. La mayoría de gente no puede proyectar su vida aquí”, dice Marou, que volvió a Grecia en 2024, en medio de un desplome demográfico que redujo la población griega en medio millón de habitantes. Todo ello hace que Marou y muchos otros no crean en Tsipras, al que ven como parte de un sistema que les excluyó y precarizó.

La Grecia de Mitsotakis registró un crecimiento anual de una media de en torno a 4% del PIB real entre 2021 y 2025. Su deuda pública es la más alta de la eurozona, pero bajó al cierre de 2025 al 146,1% del PIB, una caída pronunciada en comparación con el 209% de 2020. A su vez, el Gobierno subió el salario mínimo en 40 euros este año, hasta los 920 euros brutos mensuales, y la tasa de paro se redujo hasta el 7,7% en enero. Sin embargo, mucha población no nota esta recuperación con sueldos que no le alcanzan ante una inflación galopante —3,8% en agosto—, un fuerte aumento del precio de la vivienda y condiciones laborales precarias.

“El día a día es dramático. Este Gobierno provocó muchos desastres y debe irse. Va contra los intereses del pueblo”, dice Katoufa, que ve en Tsipras el único “con capacidad para inspirar”. Para Marou, en cambio, no está tan lejos de Mitsotakis, ya que desarticuló el espíritu transformador de la izquierda de hace una década.

Tsipras presentó este mes su programa económico, incluyendo “un plan de reconstrucción nacional” para “producir más y redistribuir más equitativamente”, con un modelo que vaya más allá de sectores como el turismo y aumente la capacidad productiva y de innovación del país. También han sido comunes sus guiños a las clases medias, a las que prometió no cargar con más impuestos, otro recurso para atraer votos centristas.

Seducir a la clase media

“Tsipras apunta a votantes tradicionales de Syriza de clase trabajadora como a sectores de clase media”. A su vez, “propone políticas para un Estado del bienestar fuerte, sin alzar tasas a la clase media”, y apuesta por aplicar “un ‘impuesto patriótico a multimillonarios y grandes patrimonios”, cuenta Papagiannis. “Busca atraer a estudiantes, profesores o personal sanitario, y sitúa la defensa de la sanidad pública en el centro. Aun así, se le achaca que en 2015 ya hizo promesas que luego incumplió, lo que le resta credibilidad”, añade.

Con todo, ante una convocatoria a las urnas cada vez más cercana, los analistas ven probable una segunda ronda de elecciones ante la falta de mayorías y la dificultad de tejer alianzas. “Este es el panorama que ND intenta evitar”, comenta Papagiannis, que cree que Tsipras podría salir beneficiado en una hipotética repetición electoral en caso de lograr el puesto como segunda fuerza en la primera ronda.

“Se marca la meta de alcanzar esta posición y obtener impulso como gran fuerza opositora en una segunda ronda. En este caso nunca se sabe qué podría ocurrir”, dice el politólogo. Más factores podrían cambiar las cosas, como la posible creación de un nuevo partido conservador por Antonis Samarás, ex primer ministro entre 2012 y 2015 con ND, quien acusa a Mitsotakis de haber creado “un partido personal”. Con todo, según analistas, hay aún mucha incertidumbre y la guerra en Oriente Medio, las tensiones entre Grecia y Turquía o el conflicto en Ucrania también podrían influir. En esta realidad, mientras Mitsotakis busca mantener en pie su liderazgo y mejorar su imagen ante la población, Tsipras observa con atención para intentar otro asalto.

En cuestión de un mes se cumplen nueve años del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Este caso sacudió la historia reciente de Malta y, para muchos, estos últimos días el país ha vuelto a la casilla de salida tras la absolución del acusado de ordenar su asesinato, el magnate Yorgen Fenech. Tras 55 días de un juicio que centró la atención del país, y pese a la multitud de elementos presentados que apuntaban a lo que para muchos observadores era su clara culpabilidad, este multimillonario maltés salió por las puertas de los juzgados de La Valletta sin cargos y en libertad el pasado 2 de septiembre. Todo ello, ante la consternación de los familiares de la reportera asesinada y de gran parte de la opinión pública maltesa, que vieron con estupor cómo el jurado popular se decantó por la absolución de Fenech por ocho votos a favor y sólo uno en contra.

La situación desató un nuevo terremoto político, y casi una década después del ataque bomba que hizo estallar el coche de la periodista el 16 de octubre de 2017, la Justicia sigue sin ser capaz de dictaminar quién fue el autor intelectual del atentado de la periodista para emitir una condena definitoria. Ahora, la Fiscalía General busca presentar un recurso para anular el fallo y pedir la repetición del juicio, una posición que apoya la familia de la reportera y su hijo Matthew Caruana Galizia, la primera persona que llegó a la escena del crimen cuando el coche de su madre explotó, y una de las voces que se movilizó de forma más activa estos años para pedir que se hiciera justicia y se persiguiera hasta el último responsable de orquestar el asesinato de su progenitora.

El malestar se elevó unos días después de la absolución, cuando el diario Times of Malta publicó más de tres horas de grabaciones de los interrogatorios policiales a Fenech en 2019, reproducidas también en el juicio. En estas, el magnate afirmó que dio luz verde al plan de asesinato a la periodista, un complot que intentó parar al cabo de tres días. Sus revelaciones muestran su implicación directa, creen observadores y críticos, lo que hace más incomprensible la absolución del jurado, que no dijo por qué tomó tal decisión al no estar obligado a ello.

Según Matthew Caruana, otro elemento que prueba la responsabilidad de Fenech fue que él mismo solicitó el indulto presidencial tras su arresto en 2019. “Lo pidió tres veces”, una información que es pública, destaca. Para Corinne Vella, hermana de Daphne Caruana, la culpabilidad del magnate es clara: “Daphne fue asesinada en un clima de impunidad vigente. Si el recurso de la Fiscalía prospera, reavivará la esperanza de acabar con la impunidad de su asesinato”, concluye Vella, expectante ante la apelación para reabrir el proceso judicial.

El veredicto, “un fracaso deliberado”

“Este fallo es pura maldad. El jurado vio las pruebas, escuchó la confesión de Fenech sobre su complicidad y aun así no lo condenó. Fue un fracaso deliberado”, dice el hijo de la reportera en una entrevista con elDiario.es, mientras espera que se consiga repetir el juicio como única vía para lograr justicia para su madre.

Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío

Matthew Caruana Galizia — hijo de la periodista asesinada

Aún en shock por el fallo reciente, y tras estar todo el verano asistiendo día tras día al proceso judicial contra Fenech, Matthew Caruana sigue trabajando para que el caso no quede en un callejón sin salida. En los últimos años, se condenó a tres sicarios que perpetraron el asesinato, y a dos proveedores de la bomba del atentado. Ya este verano, cuando la familia veía cerca la posibilidad de condenar a Fenech como la persona que ordenó el crimen en un juicio que esperaba de hace años, la absolución sorpresiva del jurado popular fue un revés inesperado.

“Cuando asesinaron a mi madre, Malta era un Estado mafioso. Tras pasar una década, incluso después de varias oportunidades de cambiar, sigue siéndolo. Un Estado creado para garantizar impunidad a los asesinos no tiene otra definición”, alega Matthew Caruana. “La defensa hizo todo lo posible para manipular al jurado y garantizar un juicio injusto”, remarca el hijo de la reportera sobre este órgano formado por nueve integrantes, todos ciudadanos comunes elegidos por sorteo, quiénes tuvieron la última palabra para determinar la absolución como parte de un modelo propio del sistema maltés usado para delitos graves en el Tribunal de lo Penal.

Una pesadilla que no acaba

Desde el asesinato de su madre, la vida de Matthew cambió para siempre. “Me despierto cada día en una pesadilla, y cada día espero que se acabe. Siempre fui una persona reservada, sólo asumí un papel público por mi madre. Quiero justicia para volver a mi vida de antes”, remarca el mayor de los tres hijos de la periodista.

Para él, el proceso judicial de este verano, conocido como El juicio del siglo, “fue una experiencia horrible de principio a fin”, no solo por el resultado final, sino por toda la revisión de los hechos en torno al crimen que le llevó “a revivir el trauma” en los 55 días de audiencias, donde compareció a su vez como testigo clave del caso.

“Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años, rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío”, lamenta el hijo de la reportera, nacida en 1964 y asesinada a los 53 años. Ahora, los ojos de la familia están puestos en los próximos pasos de la Fiscalía General. “Esperamos que el recurso del fiscal lleve a un nuevo juicio, aunque queda mucho por arreglar en el sistema judicial. Está totalmente destrozado y es ineficaz”, lamenta Caruana.

Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato

Karl Azzopardi — Malta Today

Él lleva años de lucha para esclarecer quién tuvo responsabilidades en el ataque a su madre. También hizo una larga defensa de la libertad de prensa en el país y presionó para que hubiera una investigación que en 2021 culpabilizó al Estado maltés por no prevenir la muerte de la reportera, al concluir que en Malta había “un ambiente de impunidad” que llevó al “colapso del Estado de derecho”. Tras procesos previos como la condena de los sicarios, se esperaba que este fuera el último paso contra el principal acusado de perpetrar el crimen, pero la absolución lo ha cambiado todo: “Es como si se volviera al punto de partida”, denuncia su hijo.

“Si no se hace justicia en este caso, será muy difícil que la haya en otros”, dice, indicando cómo el precedente de esta absolución puede llevar a otros reporteros a ser más vulnerables en Malta. En un país acechado por múltiples tramas de corrupción estos últimos años, sus periodistas navegan a menudo por aguas pantanosas.

Otra señal peligrosa para el periodismo

La absolución a Fenech “supone un duro golpe no sólo para la familia de la víctima, sino también para grupos de periodistas, ONG de libertad de prensa y activistas anticorrupción, quiénes consideran este caso como decisivo en la lucha para defender la libertad de prensa y la Justicia en Europa y el resto del mundo”, alertaron la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ) en un comunicado. “La sentencia equivale a denegar justicia no sólo a la familia de Daphne, sino también a cientos de miles de periodistas de todo el mundo que sufren las consecuencias de la impunidad generalizada”.

Tras la absolución, el ambiente en Malta se tensionó. “Hay rabia y confusión, pero también resignación, como si ya se esperara que esto pudiera pasar. No creía que Fenech pudiera salir libre, pero en Malta todo el mundo se conoce. En mi opinión, los miembros del jurado fueron corruptos o tuvieron miedo de represalias”, comenta a elDiario.es Nick, un ciudadano maltés de mediana de edad que prefiere que no se publique su identidad real.

El primer ministro maltés, el laborista Robert Abela, quedó “atónito” tras conocer el veredicto, cancelando su asistencia a la inauguración de un hotel en la turística isla para reunirse de urgencia con sus asesores, ya que nunca imaginó la situación en la que se encuentra Malta, relató el diario local Malta Today.

El exjefe de Gobierno Joseph Muscat, también del Partido Laborista, se expresó abiertamente en esta línea el martes. Aseguró estar “perplejo” por el veredicto, e instó a realizar investigaciones inmediatas si deben hacerse. Muscat, quién era primer ministro cuando la reportera fue asesinada, dimitió en 2020 por los lazos con el complot de asesinato de su jefe de gabinete, Keith Schembri. En el juicio, la defensa de Fenech acusó al que fue hombre de confianza del exmandatario como mandante real del crimen, aunque Schembri lo niega y la Policía no tiene pruebas que apunten a que él diera la orden.

Cautela en el Gobierno

Según la prensa local, ante el escenario de incertidumbre actual, el Gobierno maltés pretende actuar con cautela, consciente de que cualquier reacción apresurada podría dificultarle una situación ya de por sí muy compleja, debido a los viejos y estrechos vínculos de Schembri con el laborismo maltés, hasta hoy la fuerza gobernante.

“Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato”, escribe Karl Azzopardi, editor de la sección digital de Malta Today, que cuenta cómo la absolución añade presión al Ejecutivo de Abela. Según agrega, las consecuencias de la decisión del jurado pueden ser el “mayor desafío” para el mandatario.

De la militancia a pie de calle como activista posfascista a la cúspide del poder como primera ministra de Italia. Esta es la ascendente trayectoria de Giorgia Meloni desde sus inicios en política siendo adolescente hasta su triunfo electoral que la llevó, en octubre de 2022, a ser la primera mujer que ocupó la jefatura del Gobierno del país. Desde entonces, lidera la coalición más ultraderechista desde fines del fascismo, con una inaudita estabilidad que hará que su Ejecutivo se convierta en el más longevo desde la fundación de la República italiana en 1946.

Este 4 de septiembre cumplirá 1.413 días seguidos en el poder, superando el récord de la coalición encabezada por el difunto Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005, un hito en un país donde los gobiernos son pasajeros.

Este viernes se celebrará el hito con un gran evento en el puerto de la ciudad sureña de Bari, organizado por el partido de Meloni, Fratelli d’Italia (FdI). Se prevé que unas 5.000 personas asistan al acto, que contará con una sesión musical de un DJ, puestos de comida y un discurso de la primera ministra en el punto álgido, al estilo del festival de ultraderecha de Atreju. En su intervención, se prevé que Meloni lance mensajes en clave electoral ante los comicios de 2027, muy presentes en la actualidad en Italia, donde los partidos ya planean sus campañas.

'El Gobierno más estable. Italia más fuerte' es el lema del evento de Fratelli d’Italia, con una idea clara sobre el futuro del país que los partidarios de Meloni ven sólo ligado a la líder. Tras casi cuatro años en el poder, es difícil hablar de política italiana sin aludir a su figura, casi omnipresente, mientras gana un peso similar al que tuvo Berlusconi, el rostro visible que marcó el modus operandi de Italia durante tres largas décadas.

Si no hay traspiés, se prevé que el Ejecutivo siga en el poder hasta convocar comicios en 2027. Desde 2022, no sufrió graves crisis internas, pese a reveses que denotaron cierto desgaste político, como la derrota en el referéndum constitucional para la reforma judicial de este año. Aun así, eso no hundió a la coalición gobernante, formada por Fratelli d’Italia, el partido centroderechista Forza Italia (FI), liderado por Berlusconi hasta su muerte, y el ultra Lega, de Matteo Salvini.

Un estilo que ha marcado la política italiana

“Está aquí para quedarse”, dice sobre Meloni el politólogo Valerio Alfonso Bruno, profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. El experto en ultraderecha ha investigado los años en el poder de la primera ministra, un periplo que plasmó en el libro El ascenso de Hermanos de Italia, escrito junto a Mara Morini y publicado este 2026. Incluso si Meloni pasara en un futuro a la oposición, dejó una huella profunda con su estilo de hacer política, y tiene potencial para marcar una época histórica como Berlusconi, afirma Bruno a elDiario.es.

Para este y otros analistas, aunque Meloni haya bajado en los sondeos, ha conseguido consolidar su prominencia en el escenario político, sin ningún líder antagónico y opositor de peso que le haga sombra, por ahora, ni nadie que le arrebate la primacía en la derecha. La irrupción de Roberto Vannacci, que la presiona desde posturas supremacistas y no para de subir en los sondeos, podría restarle votos, pero está lejos de superarla en apoyos.

Meloni está aquí para quedarse

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

Según Bruno, “Vannacci podría quitarle parte relevante de respaldos y la alianza de centroizquierda, el Campo Largo, podría ganar las elecciones”, pero es improbable que Meloni se evapore de la primera línea de la política italiana y seguramente luche para volver al poder. El récord de haber liderado el Gobierno más longevo de la historia republicana será una baza que juegue a su favor en caso de que vuelva la inestabilidad. “Meloni y FdI seguirán teniendo por mucho tiempo un rol clave”, señala Bruno sobre el papel de una líder que tiene también más carisma que su principal rival, Elly Schlein, del Partido Demócrata (de centroizquierda y el principal de la oposición).

El hecho de que Meloni consiguiera mantenerse firme en el poder estos años “es un logro que se debe a su habilidad política”, apunta Bruno, ya que hubo escenarios en el pasado en que otros mandatarios gozaron de una mayoría fuerte ante una oposición fragmentada como la actual, pero no consiguieron resistir tanto tiempo.

La inestabilidad política fue una constante en Italia desde que inició su era republicana hace 80 años. El país tuvo hasta 68 gobiernos con duración media de entre 13 y 14 meses, así como 31 primeros ministros. Todo ello es fruto de un sistema electoral que alimenta la proporcionalidad y da espacio a pequeños partidos, una fragmentación que a menudo llevó a la caída de muchos gobiernos de coalición. A ello se suma que los ejecutivos deban tener los apoyos y votos de confianza tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, una complejidad que Meloni sorteó.

Según el académico, una de sus ventajas es su largo bagaje político. En 2008, con sólo 31 años, fue elegida ministra de Juventud en el cuarto Gobierno de Berlusconi, siendo la persona más joven de Italia en estar al frente de un ministerio. Ahora, con 49 años, “es aún relativamente joven” para los estándares de la clase política italiana. También es la cara visible en Fratelli d’Italia, que promueve su liderazgo “de estilo personalista” y se ha convertido con Meloni en la gran formación de la derecha italiana, en un contexto de auge ultraderechista en Europa y Occidente.

La nueva normalidad en la UE

Meloni contribuyó a una “radicalización gradual” del panorama político italiano, introduciendo nociones, discursos y estrategias ante asuntos como la migración que tuvieron impacto o sirvieron de inspiración a nivel europeo, como los centros de internamiento para migrantes en Albania, proyecto aún atascado que la Justicia no validó, pero que inspiró a otros países y normalizó planteamientos similares en la UE, recuerda Bruno. El experto remarca también su capacidad para que se le otorgue más influencia y peso internacional a Italia, “una potencia media” que no puede permitirse enfrentarse sola a los grandes imperios, pero sí reivindicar su propio espacio.

Muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

“Lo que hoy ocurre en Italia puede convertirse mañana en un nuevo estándar en la Unión Europea. Meloni tiene un papel importante en el diálogo con Europa y, en casos como los centros [de migrantes] de Albania, el proyecto se presentó como modelo para otros”, remarca el politólogo, que reconoce la habilidad de la dirigente para que “muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad”.

En su opinión, “Meloni no hizo un retroceso democrático cómo temían muchos, ni un giro repentino hacia el fascismo”. Sin embargo, sí desplazó el discurso “hacia el extremo derecho del espectro político”. Según Bruno, esto se vio en su forma de enfrentarse a las sentencias del poder Judicial. Tanto ella como otros ministros criticaron varios veredictos, como el rechazo a la retención de migrantes en los centros albaneses, una colisión que para muchos fue un grave ataque a la independencia de los jueces y a la separación de poderes.

El experto alerta de que Meloni adoptó un modelo con rasgos iliberales que incluye la limitación de derechos de las minorías y medidas de seguridad más estrictas. “No hay una transición completa al iliberalismo, pero sí una tendencia a que más poder pase a manos del ejecutivo”, así como “un distanciamiento de los principios del Estado de Derecho”, explica Bruno.

La economía, más estable pero estancada

En opinión del profesor, la longevidad del Gobierno de Meloni sirvió para transmitir “un mensaje de estabilidad hacia el exterior, sobre todo a aliados y mercados financieros internacionales”. Esto ayudó a mejorar la situación económica y financiera del país: “Si miramos las finanzas públicas, Italia está mejor hoy que antes, ya que los mercados financieros no toleran una incertidumbre excesiva”. Sin embargo, Bruno asegura que la realidad económica precaria que el país arrastra desde hace décadas no cambió con Meloni.

“Estos años no hubo grandes reformas. La situación en el mercado laboral mejoró, pero la mayoría de los empleos creados no son de calidad. A su vez, el poder adquisitivo de los italianos sigue en el nivel de los años 90 y la situación de la deuda pública no mejoró”, explica el docente. Agrega que Meloni también acabó con la llamada 'renta de Ciudadanía', una prestación social para personas con ingresos bajos que introdujo el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que gobernaba anteriormente.

“Tras cuatro años de Gobierno de Meloni, persiste el aumento descontrolado del coste de la vida”, criticó esta semana Elly Schlein, líder del Partido Demócrata. Los sondeos señalan que su formación y otras del centro y la izquierda podrían obtener la mayoría suficiente para formar gobierno en caso de presentarse juntas, pero siguen fragmentadas, sin consensuar cómo elegir a la figura que lidere el bloque ni ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentarse a la líder ultraderechista en las urnas.

A sabiendas de que la primera ministra buscará sacar rédito de su hito de longevidad, Schlein se centró en atacar la gestión económica de los últimos años. “Las familias italianas pagan de su propio bolsillo la incompetencia de este Gobierno, con precios del combustible disparados y los de los alimentos casi un 30% más altos que hace cinco años”, dijo la opositora para contrarrestar el relato sobre los logros que se atribuye el Ejecutivo, que remarca que la estabilidad ayudó económicamente al país, aunque eso no asegura su continuidad.

La partida de ajedrez en el complejo tablero de los bancos de Italia ha alcanzado este verano otra cúspide, en medio del intenso ciclo de ofertas de adquisición, contraofertas y fusiones que arrancó en 2024. En plena disputa para reforzar la hegemonía o defender el propio terreno, el sector bancario transalpino sintió otra sacudida en agosto por la oferta de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) por hacerse con otras dos entidades de peso, Banco BPM y Banca Generali, una maniobra de envergadura con dos metas. Por un lado, frenar la opa hostil lanzada en junio por Intesa Sanpaolo (ISP) que quiere quedarse con el banco sienés y absorberlo. Por otro, erigir un tercer polo bancario en Italia, en línea con el Gobierno de Giorgia Meloni, que ve con buenos ojos la idea de crear un gran bloque alternativo a ISP y UniCredit, los dos primeros bancos del país.

Con todo, la operación de MPS –el banco en activo más antiguo del mundo, fundado en 1472– ha topado con el escepticismo de los mercados. Hay dudas sobre su viabilidad y se percibe como un movimiento arriesgado y reactivo, mientras que la oferta de Intesa se ve más sólida, señalan prensa económica y expertos. Sin embargo, “es pronto para predecir” su desenlace, dice a elDiario.es Mario Comana, economista y docente de la Universidad LUISS de Roma. “No sabemos si MPS, antes de lanzar sus ofertas, hizo algún preacuerdo con los accionistas mayoritarios de sus empresas objetivo, pero sí podemos prever que Intesa no se quedará de brazos cruzados. Si las ofertas de MPS resultaran viables, Intesa podría ofrecer más y mejorar su propuesta”, añade el profesor.

El recelo de los inversores ante el paso de MPS se vio claramente reflejado en la Bolsa, observa Comana, citando las pérdidas de estos días de MPS, Banco BPM y Banca Generali: “El mercado no parece tener mucha fe”. “La oferta de MPS no está desprovista de significado e interés, pero se hizo con óptica claramente defensiva”, opina, lo que alimenta las dudas de los mercados sobre la creación de valor real de la operación.

La pugna entre ambas entidades ha reanimado la corriente de intensos movimientos bancarios propia de la Italia de los últimos tiempos. Comana explica que esta se debe, paradójicamente, a la “excesiva buena salud” de su sector financiero. “Son muy rentables, con excelentes niveles de eficiencia y calidad crediticia, lo que les hace empresas muy atractivas”, detalla. Una intensidad parecida se registró en la década de 2010, pero fue por la crisis económica, cuando muchos “bancos débiles” tuvieron que ser rescatados.

Monte dei Paschi, del declive al ascenso

Precisamente Monte dei Paschi fue uno de los rescatados entonces, todo un símbolo por su historia como banco centenario activo desde 1472, cuando fue fundado en la ciudad de Siena, donde conserva su sede central. En 2017, al borde de quebrar, el Estado italiano lo sacó a flote con 5.400 millones de euros de fondos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas se hizo con 68% de su capital, una participación que fue vendiendo hasta quedar en un 4,8%. Ahora, el Tesoro ha congelado sus acciones restantes, y no prevé vender hasta que se solucione la pugna por el control del banco.

Hace una década, pocos pensaban que MPS volvería a primera línea, pero se fue recuperando a base de recortes, saneando su deuda y con ampliaciones de capital privado. Luigi Lovaglio, con trayectoria previa en Unicredit, asumió sus riendas en 2022 como consejero delegado y consolidó un ascenso que en 2025 vio la adquisición de Mediobanca, un poderoso banco de inversión milanés que compró por 16.000 millones. A pesar de que la dirección de la entidad lombarda rechazó la oferta, MPS convenció a la mayoría de sus accionistas para la fusión, todavía en curso.

Esta compra dio al grupo sienés el acceso a una de las joyas de la economía italiana: el coloso de los seguros Generali. Mediobanca poseían 13% de acciones de la multinacional, que pasó a manos de MPS. Esto aumentó el atractivo del banco toscano para inversores y competidores, uno de los factores que podría estar detrás de la ofensiva de Intesa. Generali es clave en Italia. Concentra gran cantidad de ahorros de su ciudadanía y empresas a través de sus seguros, y tiene mucho peso para las arcas del Estado italiano al ser uno de sus grandes acreedores. De hecho, Banca Generali –por la que ahora pugna MPS– es el brazo bancario de la aseguradora, que posee más del 50% de sus acciones, y será clave para decidir qué vía tomar ante MPS.

El risiko bancario de Italia

El pulso actual abre escenarios de cambio profundo en el equilibrio de poderes de los bancos italianos, acelerando el risiko, nombre de la versión italiana del juego de mesa del Risk, término usado en el país para referirse a los duelos de compra y fusiones entre bancos. Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi protagonizan el capítulo más reciente de este serie, mientras corren ríos de tinta sobre los movimientos entre bastidores y las teorías sobre qué pasará.

Quién juega sus cartas no son sólo los bancos implicados, sino una amplia red que incluye las aseguradoras Generali y Unipol, o los holdings de las familias Caltagirone o Del Vecchio, muy influyentes y con acciones en MPS y otras empresas, como la propia Generali. También hay grupos extranjeros, como el banco francés Crédit Agricole –con 29,3% de acciones en BPM– o el fondo estadounidense BlackRock, todo un símbolo del capitalismo desregulado internacional con creciente influencia en Europa, con 4,66% de acciones en MPS y 5,09% en ISP.

“Hacía muchos años que el sistema bancario italiano no estaba tan movido. Despertó por necesidad de algunos bancos de hacerse más fuertes y consolidarse, también por la creciente competencia” de fondos y entidades financieras de países más allá de Europa como EEUU, “que expanden cada vez más su mercado de capitales”, cuenta a elDiario.es Francesco Ruggeri, experto en macroeconomía e investigador en universidades italianas. “Hay una especie de pugna entre algunos bancos para poder afianzarse”, como es el caso de Intesa, o “para construir un tercer bloque que se proteja y compita con la propia ISP y Unicredit”, como quiere MPS, agrega.

Una pugna abierta

La saga actual arrancó en junio, cuando Intesa Sanpaolo –el mayor banco italiano por capitalización– acechó a MPS con una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones por valor de 30.600 millones de euros, en una puja con respaldo del grupo asegurador Unipol. Al ser Intesa dominante en Italia, y ante posibles problemas de competencia, prevé fragmentar Monte Paschi y ceder a la aseguradora 635 sucursales por 3.500 millones. Estas serían luego transferidas al banco BPER –filial de Unipol–, que gestionaría las oficinas conservando parcialmente la marca Monte dei Paschi. Por su parte, ISP se quedaría con 625 sucursales y la banca de inversión de MPS.

En plena consolidación bancaria europea, la entidad liderada por Carlo Messina busca apuntalar su hegemonía en Italia y convertirse en un campeón continental con capacidad para competir con Banco Santander o BNP Paribas. También quiere impedir avances de su gran rival nacional, UniCredit, que en 2025 intentó adquirir sin éxito a Banco BPM y desde 2024 mantiene una ofensiva sobre Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, del que ya controla el 48% de acciones pese a las reticencias de Berlín. El asunto aún trae cola, pero UniCredit sigue con su idea de fusionarse con la entidad y acrecentar su posición como gran gigante europeo.

Es en este escenario donde MPS diseñó su propia estrategia defensiva. El 20 de agosto, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de siete horas, anunció contramedidas con dos ofertas públicas de canje de acciones (OPS) sobre Banco BPM y Banca Generali, las cuales busca financiar enteramente con títulos de nueva emisión, sin recurrir a liquidez.

Para Banco BPM, la oferta valora la entidad en 25.310 millones de euros y una relación de canje de 1,567 acciones nuevas de MPS por cada título de BPM, según precio de mercado y sin prima. Respecto Banca Generali, ofrece 6,958 acciones nuevas por cada una de la entidad, lo que supone una valoración de unos 8.720 millones de euros y una prima del 10% sobre los precios de cotización. Con ello, MPS busca crear un grupo bancario que se convertiría en el segundo más grande del país, por delante de UniCredit, integrando unos activos financieros totales de 810.000 millones de euros. También evitaría su desmantelamiento y la desaparición de su marca centenaria, algo que preocupa mucho tanto en Siena como en la región de Toscana.

Intesa eleva la disputa

Tras este contraataque, Intesa presentó quejas la semana pasada ante la Consob, el regulador bursátil italiano. Alegó que MPS viola la regla de pasividad, que establece que un banco no puede actuar para entorpecer una opa hostil sin permiso previo de su junta de accionistas, algo que Monte Paschi no habría obtenido, a la espera de una asamblea extraordinaria el 29 de octubre que determinará su posición a tomar sobre la oferta de ISP.

Por su parte, ISP celebrará junta de accionistas el 10 de septiembre para votar la opa para hacerse con MPS. Según Comana, pese a que quedan muchas cuestiones por desentrañar y el escenario aún es imprevisible, Intesa presentó “una oferta clara y precisa” para pagar tanto en acciones como efectivo, a lo que suma la opción de un aumento, lo que hace que “tenga más posibilidades de tener éxito” que la contrapropuesta de MPS.

A su vez, el timing le es favorable, ya que ISP va por delante en todos los trámites para impulsar el proceso, y, en caso de seguir sin trabas, podría incluso hacerse con el control de Monte dei Paschi antes de que esta pueda culminar los procesos para sus ofertas a Banco BPM y Banca Generali. De hecho, BPM ya rechazó la propuesta de Siena, al considerarla unilateral, no acordada y sin prima para sus accionistas. En Generali, la oferta de MPS se recibió de forma más abierta, con “voluntad de evaluar” la colaboración y los lazos estratégicos entre ambos grupos.

La operación de MPS, “contraproducente”

Los pasos de MPS dieron incluso que hablar en la columna de opinión Lex de Financial Times (FT), que tachó la contraofensiva de MPS de “descabellada” y “contraproducente”. “Lo más sorprendente es que MPS intentaría una fusión a cuatro bandas”, escribió FT, en relación a su proceso de absorción de Mediobanca, al que juntaría Banco BPM y Banca Generali si sus ofertas siguen adelante. “Fusionar dos bancos es un reto que lleva tiempo. Intentar lo mismo con cuatro requiere un pensamiento mágico”, dijo el medio, lo que generó una réplica del mismo Lovaglio, que alegó que sus planes fueron “malinterpretados”.

Ante todo, Monte dei Paschi lucha a toda costa para evitar su desmantelamiento, mientras que el Gobierno, pese a mantenerse neutral, aboga por lo mismo, y así lo declaró la primera ministra Giorgia Meloni. “Espero que la dinámica del mercado propicie el surgimiento de un sistema aún más sólido y competitivo”, y que “MPS no acabe desmantelándose, perdiendo su nombre e identidad”, dijo la jefa del Ejecutivo italiano en una entrevista con Milano Finanza este agosto.

Aun así, en un sistema de libre mercado y autonomía bancaria, los expertos ven improbable una intervención del Gobierno. “¿Al final quién decide? Los grandes accionistas no se ablandan por declaraciones de un político. A los fondos internacionales, accionistas relevantes en MPS, ¿qué les importa lo que diga Meloni? No es un factor de peso”, concluye Mario Comana, que prevé muchos desarrollos por llegar en una pugna aún abierta.

Matteo Salvini, líder de la Lega y una de las caras más visibles de la ultraderecha italiana de estos años, vive sus peores días desde que asumió el liderazgo del partido a fines de 2013. Afectado por la reciente escisión del militar Roberto Vannacci, quién fundó una nueva fuerza supremacista que le podría quitar muchos votos, Salvini se enfrenta a una crisis interna en su formación mientras crecen las críticas de líderes leguistas del norte del país, bastión histórico del partido.

Muchos piden al vicepresidente y ministro de Transportes de Italia un cambio de rumbo que devuelva la Lega a su espíritu original, basado en defender el federalismo y las regiones norteñas. Tras más de una década sin casi ver puesto en cuestión su liderazgo, el malestar es tal que algunos piden su relevo, una renovación profunda o una estructura de mando menos centrada en su persona.

A menos de un año para comicios generales, previstos para 2027, los sondeos pronostican un descenso que podría convertir a la Lega en fuerza residual, con apenas el 5% de los votos, lejos de sus máximos históricos de 2019, cuando obtuvo más del 34% de sufragios y fue la formación más votada en las elecciones al Parlamento europeo. Aquel fue el punto álgido de Salvini, quién se perfiló cómo figura de ultraderecha dura y mutó los fundamentos de la formación. La Lega había dejado atrás su regionalismo septentrional para ampliar su presencia en el centro y sur de Italia, transformándose en una fuerza ultranacionalista, euroescéptica y con contundente retórica antimigratoria y defensora de la seguridad, una deriva que no gustó a sectores del partido en el norte.

La Lega en la que yo milité quería el federalismo y tuvo guiños independentistas, pero Salvini la convirtió en una fuerza centralista

Roberto Castelli — Exministro y exmilitante de la Lega

Ante el declive que muchos temen, son justo estos los que presionan para lograr un giro que evite el desastre. “La Lega siempre fue un partido centrado en el líder, también con Salvini, que colocó a sus hombres leales en puestos clave, pero los rebeldes del norte tienen la fuerza de la protesta y causan mucho ruido. Ahora mismo hay una guerra abierta en la Lega que rara vez se vio”, dice a elDiario.es Alessandro Braga, reportero de Radio Popolare en Milán, experto en la formación ultra y autor del libro “Verdenero: el presente y futuro de la Lega”.

Las trifulcas del partido habían sido muchas históricamente, pero Salvini dio un giro de 180 grados. “Abandonó la defensa del norte y cambió de línea política. ”La Lega en la que yo milité quería el federalismo y tuvo guiños independentistas, pero Salvini la convirtió en una fuerza centralista“, considera en declaraciones a elDiario.es Roberto Castelli, exministro de Justicia en el Gobierno de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2006, y miembro de la vieja guardia de la Lega que en 2022 dejó el partido al oponerse a la deriva de Salvini.

Auge y declive de un líder

Salvini llegó a su cúspide de popularidad entre 2018 y 2019, cuando Giorgia Meloni era aún una política secundaria, como ministro del Interior en un gobierno junto al Movimiento 5 Estrellas (M5S). Entonces copó el protagonismo por decisiones como el bloqueo de la entrada de migrantes desde el Mediterráneo central, con una política de prohibición de acceso a puertos italianos de barcos de rescate de organizaciones como la catalana Open Arms. El polémico caso culminó en un proceso judicial en el que fue finalmente absuelto.

Aun así, la credibilidad de Salvini cayó tras cometer errores de cálculo, entre ellos su ruptura con el Ejecutivo de Conte en verano de 2019, cuando quiso aprovechar su pico de popularidad para forzar la convocatoria de elecciones, mientras el M5S le acusaba de priorizar intereses partidistas. Al final, los comicios se evitaron con un nuevo Gobierno entre M5S y el Partido Demócrata, que relegó a Salvini a la oposición. Su imagen ultra también se vio dañada al entrar en el Gobierno de unidad nacional de Mario Draghi en 2021, en plena pandemia. El Ejecutivo caería en 2022 y medidas como los confinamientos o controles sanitarios no ayudaron a la Lega a ganar apoyos.

Salvini está en un callejón sin salida. Es el período más oscuro de su carrera política

Alessandro Braga — Reportero experto en la Lega

Según los analistas, la extensión del ultraderechismo que Salvini contribuyó a normalizar allanó el camino para el ascenso posterior de Meloni, quién ganó los comicios de 2022 con Fratelli d’Italia (FdI), fuerza posfascista que vencía con 26% de los votos, ante el escaso 8,8% de la Lega. Desde entonces, Meloni fue figura preeminente de la extrema derecha y Salvini quedó en segundo plano. Pasó a ser parte de su coalición como vicepresidente, pero no pudo recuperar Interior, y estos años ejerció como ministro de Transportes, sin la misma proyección.

“Salvini está subordinado a Meloni. Ella domina la coalición. Él perdió peso por los problemas de la Lega y su falta de apoyo interno”, cuenta Braga. “La única opción para recuperar influencia sería su vuelta al Ministerio de Interior, como piden sus partidarios, donde podría gestionar materias como migración o seguridad”, pero Meloni “no quiere cambiar su equipo de gobierno” a poco tiempo de los comicios. “Esto hace que Salvini esté en un callejón sin salida. Es el período más oscuro de su carrera política”, dice el reportero, experto en la Lega.

De Vannacci a la rebelión del norte

Con todo, la estocada final a Salvini se produjo este año y vino de su número dos, el exgeneral Roberto Vannacci. El líder leguista le fichó como candidato para los comicios europeos de 2024, con la idea de reforzar el partido después de que el militar publicara un libro convertido en bestseller con enfoques racistas y reaccionarios. En las urnas, Vannacci logró más de 500.000 votos y escaño en Bruselas, y Salvini le catapultó como vicesecretario.

Pero la jugada le salió mal: Vannacci, aprovechando su notoriedad cómo líder ultra, marcó perfil propio y dejó la Lega en febrero para crear su propio partido, Futuro Nazionale, con el que busca presionar por la derecha a Salvini y Meloni abogando por posturas supremacistas, identitarias y antimigración aún más contundentes. De hecho, las encuestas indican que podría obtener más del 7% de votos en las próximas elecciones, logrando el sorpasso a la propia Lega, lo que destapó la caja de los truenos contra Salvini dentro de la propia formación.

Pese a su expansión esta última década por toda Italia, el centro neurálgico de la Lega sigue siendo el norte, dónde muchos líderes —ya reacios en su momento a dar espacio a Vannacci— cuestionan el liderazgo de Salvini. Entre los exponentes de la disensión están el exgobernador del Véneto, Luca Zaia, de línea liberal, que aboga por un liderazgo más colegiado del partido, así como el jefe del partido en el Senado, Massimiliano Romeo, o el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, miembro de la vieja guardia leguista y activo desde los inicios.

Entre los exponentes de la disensión están el exgobernador del Véneto, Luca Zaia, así como el jefe del partido en el Senado, Massimiliano Romeo, o el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, miembro de la vieja guardia

“No se puede descartar de antemano ninguna solución. La Lega no teme la renovación”, dijo Fontana en una entrevista este agosto con el periódico Il Corriere della Sera, dejando abierta la posibilidad de relevar a Salvini. “Pedimos revisar la estructura del partido”, agregó el dirigente, quién encabeza las críticas junto a Romeo. Este último publicó hace poco un libro donde aboga por los valores de base de la Lega, que, a su entender, debe mantenerse como partido nacional, pero proteger “las identidades territoriales” y convertir Italia en una República federal.

Los díscolos quieren que se llegue a un pacto antes de la tradicional reunión anual del partido, el 20 de septiembre en Pontida. Las informaciones de prensa indican que este sector amenaza con exigir la convocatoria de un congreso extraordinario si no hay avances. Salvini, por su parte, aseguró que no quiere modificar estatutos ni celebrar otro congreso. “No hay necesidad de cambiar reglas. Celebramos congreso el año pasado, no podemos hacer uno todos los años”, alegó. Aun así, para Braga, no tiene más opción que negociar si quiere que el partido recupere fuerzas.

“Salvini debe decidir cuánto ceder a los disidentes. Ambas partes tienen necesidad de hallar una solución. Probablemente, ahora trabajen entre bastidores para alcanzar un compromiso”, cree el experto, que no augura la caída inmediata del líder. “Un cambio de liderazgo drástico, a poco tiempo de los comicios, podría tener consecuencias aún peores, por eso creo que buscarán una forma de mantenerse unidos”, comenta. Sin embargo, “si las elecciones no le van bien, Salvini quedará inhabilitado y tendrá que dimitir”, alerta Braga.

De la Padania de Bossi al nacionalismo 'salviniano'

Desde su fundación en 1989 por Umberto Bossi —quien murió este 2026—, la Lega marcó la política italiana con su defensa de lo que denominó Padania, un espacio que engloba el norte industrial del país en torno al río Po, contrapuesto a un sur menos desarrollado, que era blanco de sus ataques. Durante años, los leguistas despreciaron al Mezzogiorno, incluso con reproches xenófobos, por la supuesta carga económica que suponía la zona sur.

La Lega también popularizó eslóganes insignia como “Roma Ladrona”, que denunciaba el pretendido expolio fiscal por parte del Estado central para cubrir los gastos del sur a expensas del norte. A su vez, ideó lemas como “Primero el norte”. Sin embargo, su aroma antisistema se diluyó con sus alianzas con Silvio Berlusconi. La Lega fue socia en las cuatro coaliciones que este lideró, asumiendo ministerios clave en el mismo Ejecutivo central.

La carrera de Salvini, nacido el 1973, se fraguó en este contexto. Se unió a la Lega con solo 17 años, y en 1993 fue elegido concejal en Milán. Durante dos décadas fue escalando en el organigrama hasta alcanzar el liderazgo- Ya en la cúpula, cuando convirtió el partido en una fuerza ultranacionalista o anuló el nombre original de Lega Nord, Bossi lo consideró un traidor. Salvini también abandonó el eslogan “Primero el norte” y popularizó la alternativa “Primero los italianos”, un giro que los líderes del norte ahora quieren deshacer. Según Braga, parten con algo de ventaja para ello.

“El proyecto nacional de la Lega en Italia parece muerto. Los votos que mantiene son en el norte, dirigido por disidentes de Salvini”, lo que hace que deba aceptar parte de sus demandas. “Si no lo hace, se enfrentará a un conflicto abierto. O retoma las ideas originales de la Lega o está acabado”, concluye el especialista.

Estos días, con la actualidad a mínimos por el parón vacacional, Giorgia Meloni copó titulares usando de nuevo la migración como “arma política”, denuncian las fuerzas de oposición de izquierdas italianas, que ven la disputa que abrió con el Ejecutivo español como un conflicto evitable y perjudicial para los intereses exteriores de Italia. A su vez, Roma mantiene un discurso de línea dura hacia Madrid ante Ceuta, pero también busca contener tensiones con la Alemania de Friedrich Merz, que presiona para devolver a Italia a migrantes irregulares en territorio alemán que accedieron a la Unión Europea a través del país transalpino.

Según la oposición, la líder ultraderechista buscó rentabilizar al máximo el impacto de la entrada de migrantes en Ceuta, aunque fuera a costa de desatar una crisis diplomática con España que muchos ven sin fundamento. Italia, con sólidos lazos con el Estado español, ve ahora dañados unos vínculos que para muchos serán difíciles de recomponer a corto plazo, al menos entre sus Gobiernos. Ambos agotan su mandato en 2027 y estos días han roto una cordialidad que lograron mantener los últimos años, a pesar de sus grandes diferencias políticas.

Para Graziano Delrio, senador del Partido Demócrata (PD) y presidente del comité parlamentario de control del acuerdo de Schengen, la reacción italiana por Ceuta ha sido “excesiva”, y una señal de alerta de “cómo la migración se convierte en arma política”. Ante ello, convocó al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a comparecer ante el Parlamento este jueves para tratar la suspensión de Schengen y la crisis con España. “Schengen es símbolo de Europa y sus libertades. Tenemos que defenderlo”, declaró Delrio en una entrevista con La Repubblica, instando a buscar “estrategias comunes ante la migración, y no confrontación”.

Una reacción en cadena

Para críticos y opositores, la agitación creada por Meloni ante la crisis de Ceuta no hizo más que generar una reacción en cadena que ahora aprovechan otros ejecutivos, como el alemán de Friedrich Merz, quien anunció su intención de mandar a Italia y Grecia los migrantes en suelo alemán que llegaron primero a ambos países, en virtud del nuevo pacto migratorio europeo y el Convenio de Dublín, que Italia suspendió temporalmente a fines de 2022, cuando dejó de readmitir a la gran mayoría de migrantes que se fueron a otros países europeos.

La oposición critica que Meloni usara un tono tan duro contra España, algo que asegura que le jugó en contra cuando Alemania arremetió. “Un país contra otro. Todos contra todos. Esta es la Europa que nos dejan los nacionalistas”, declaró Sandro Ruotolo, eurodiputado del PD. Para Nicola Fratoianni, parlamentario de la Alianza Verdes-Izquierda, la actitud de Meloni creó “un efecto boomerang”, mientras usa la migración “para desviar la atención de los verdaderos problemas del país”. En la misma línea se pronunció Matteo Renzi, ex primer ministro y líder del partido Italia Viva, que aseguró que Meloni “se marcó un gol en propia puerta”.

Todo ello marca un nuevo pulso para Italia, que rechaza acoger a la mayoría de migrantes que Berlín quiere mandar. Berlín exige que reciba a los llegados a Alemania desde enero de 2026, pero Roma sostiene que no debe recibir a los que accedieron a suelo alemán antes del 12 de junio, cuando entró en vigor el nuevo pacto europeo de asilo y migración. Italia también pide que se active un mecanismo europeo de compensación.

Sin embargo, según varias informaciones de prensa, la líder ultra busca alcanzar un entendimiento con Berlín que apacigüe los vientos de crisis. A diferencia del caso de España, Meloni teme una ruptura con Alemania, único gran país europeo con el que mantiene fuertes lazos y una alianza en Bruselas. El titular de Exteriores y vicepresidente italiano, Antonio Tajani, ya contactó con su homólogo alemán, Johann Wadephul, y habló también con el germano Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), al que está afiliada la formación de Tajani, Forza Italia. Todo ello sucede mientras se acerca el 19 de agosto, cuando Alemania prevé enviar a Italia a una joven somalí.

De fondo está la disputa en torno a la aplicación del Convenio de Dublín, el mecanismo de la UE que determina que el primer Estado al que llegó un extracomunitario es el país que debe encargarse de tramitar su solicitud de asilo, lo que crea un limbo para muchos que tras llegar al sur de Europa se encaminaron a países del norte.

Para Gianluca Dicandia, abogado especializado en migración, Italia se negó estos últimos tiempos a admitir a estos migrantes y alegó que falta un mecanismo más amplio de solidaridad que equilibre el peso de llegadas hacia los países meridionales de Europa. Con todo, tras la entrada en vigor del pacto de migración y asilo, Italia “casi no adoptó ninguna regulación complementaria”, y “creó un régimen transitorio hasta el 31 de octubre para ver cómo aplicar lo solicitado por la UE”, cuenta a elDiario.es Dicandia. Según añade, el país nunca desarrolló “un plan estructural de acogida e integración”, y hay muchas carencias de base, a lo que se suma también la falta de voluntad política de regularizar a los migrantes que ya residen y trabajan en Italia.

De la cordialidad al conflicto

Pese a sus propias deficiencias, el Gobierno italiano “insiste en una falsa alerta de seguridad” por la afluencia de migrantes en Ceuta, “un pretexto absurdo para seguir con la propaganda antimigrante”, agrega Dicandia. El malestar por la actitud de Meloni se percibe aún en España. Este martes, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, criticó abiertamente a Italia. “Lo que sorprende es que el país con el mayor número de entradas irregulares, el doble que las de España, haya hecho esta propuesta de introducir controles migratorios a los vuelos y barcos españoles”, dijo el jefe de la diplomacia española, que denunció el intento de “explotar esta situación inédita” en Ceuta “por necesidades internas del Gobierno italiano”.

Un país contra otro. Todos contra todos. Esta es la Europa que nos dejan los nacionalistas

Sandro Ruotolo — eurodiputado del PD

La distancia entre Sánchez y Meloni ha sido muy patente estos años. Ambos líderes representan polos ideológicos opuestos en Europa, pero pese a su frialdad y ciertas fricciones, sus Ejecutivos mantuvieron la cordialidad, sabedores de gobernar en países con características, intereses y necesidades similares en el sur de Europa. Esto les llevó a cooperar y sentarse en la misma mesa en numerosas ocasiones. En 2025, en una cumbre con Italia de anfitriona que reunió a ministros de Interior de los países del sur de Europa, Fernando Grande-Marlaska quiso resaltar su buena sintonía con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, así como su colaboración fluida.

Sin embargo, este vínculo se resquebraja ahora por la crisis de Ceuta y la suspensión del espacio Schengen entre ambos países. Por ahora, el Gobierno italiano no quiere dar marcha atrás. “Seguiremos firmes hasta que termine la crisis, dado el fracaso de Sánchez”, dijo estos días Tommaso Foti, ministro italiano de Asuntos Europeos, quien consideró el cierre de Shengen por parte de España como “una represalia”, el mismo término que usó el Ministerio de Exteriores italiano cuando reforzó la asistencia consular para los italianos en España.

A la espera del 15 de agosto

Tajani confirmó que el cierre de Schengen por parte de Italia se mantendrá al menos hasta el 15 de agosto, ante otro posible intento de entrada de migrantes en Ceuta. “El riesgo de terrorismo y migración clandestina no pueden infravalorarse”, dijo el ministro, que tachó de “inaceptable” la suspensión española de Schengen.

Quien también está con Meloni es el partido ultraderechista Vox, su aliado en España. “Meloni y el Gobierno italiano defienden la integridad de sus fronteras y el respeto a la ley”, dijo el eurodiputado Jorge Buxadé en una entrevista publicada el martes por el diario Il Corriere della Sera en la que cierra filas con la líder italiana.

Estos días, Meloni marcó perfil junto a su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con quien el lunes publicó una carta pidiendo aumentar las repatriaciones y crear centros para migrantes en terceros países fuera de la UE, en línea con su plan de externalización migratoria en instalaciones cerradas en Albania.

Sin embargo, analistas señalan que sus lazos con la mandataria danesa no bastan para crear un frente fuerte. “Meloni ya tiene una crisis abierta y difícil de resolver con España”, y si quiere dictar pautas en Europa, “la alianza con la Dinamarca de Frederiksen no es suficiente”, analiza Lorenzo de Cicco, cronista político de La Repubblica, quien también considera que la ofensiva a España por Ceuta la deja mal situada a nivel exterior.

“Sus relaciones con Trump están irreparablemente dañadas”. A esto se suma “la desconfianza” con la Francia de Emmanuel Macron o la caída del húngaro Víktor Orban, quien era uno de sus socios clave, lo que resta margen de maniobra a Meloni. Este podría reducirse más si la fricción con Merz sube de dimensión, mientras el canciller “expone tonos securitarios” para contener a la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD), alega De Cicco, que concluye que “Roma se arriesga a tener menos influencia para marcar la agenda” en Europa.

Tras la crisis por la entrada de migrantes en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni se alzó estos días como gran opositor a la regularización migratoria en España. La extrema derecha ha tratado de relacionar ambas realidades y Meloni ha alertado sobre el supuesto efecto llamada que esto supone para los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, y mientras critica la política española, Italia mantiene activo un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. Para muchos, esto viene a ser una especie de regularización encubierta que contrapone el discurso antimigratorio de Meloni con la realidad de un país envejecido, con una de las tasas de natalidad más bajas de la UE, pérdida de población y necesidad de trabajadores en múltiples sectores.

El programa, sin embargo, tiene numerosas grietas. Grupos de derechos humanos y muchos migrantes que llegaron a Italia a través de este sistema denuncian que el mecanismo es disfuncional y lleno de deficiencias que hacen que parte de sus solicitantes no logren ni alcanzar Italia, o bien se vean abocados a la irregularidad una vez en el país. Muchos se convierten en víctimas de estafas o ven cómo el empresario que se comprometió a emplearlos no hace acto de presencia o ya no les contrata. Según fuentes consultadas por elDiario.es, hay miles de personas que pueden estar ahora en esta situación.

“Es un gran problema. Muchos vinimos a Italia a través de este proceso porque queríamos entrar por una vía legal y no ser irregulares, pero cuando llegamos, vimos que no teníamos ningún empleo y nos quedamos sin nada”, cuenta a elDiario.es Asili Raman, un migrante de 26 años de Bangladesh que asegura haber pagado 10.000 euros a un intermediario con la falsa promesa de llegar a Italia con trabajo y documentos, un sueño que se disipó al pisar el país, donde denuncia también la poca atención de las autoridades ante casos como el suyo.

El Decreto Flussi, la vía para la migración “legal” de Meloni

Estos años, Meloni ha hecho una diferencia entre las personas migrantes que considera “ilegales” frente a la migración “legal”, que pide fomentar de forma ordenada y con canales regulados, según las necesidades del mercado laboral. Este es el mecanismo que en Italia se conoce como Decreto Flussi (Decreto de Flujos), vigente desde 1998 y basado en la contratación de extranjeros en sus países de origen, similar al modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen existente en España, aunque en el caso italiano prevé unos números mucho más altos. El proceso se inicia con la petición de empresarios locales en Italia que solicitan mano de obra para la agricultura, el sector inmobiliario, industrial, turístico o de cuidados, entre otros. Asimismo, esto se hace con países con los que Italia tiene acuerdos bilaterales, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka, basado en cuotas para períodos trianuales reservadas para empleo permanente, estacional o por cuenta propia.

De hecho, desde que accedió al poder a fines de 2022, la coalición de Meloni amplió las cuotas de permisos para extracomunitarios en el marco de este sistema para “que responda a las necesidades de las empresas y sea también realista”. En 2025, anunció la emisión de hasta 500.000 visados para el período entre 2026 y 2028, y antes se comprometió a expedir hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025. “Sin decirlo muy alto, el gobierno alzó enormemente las cuotas, alcanzando hasta 950.000 potenciales entradas en seis años. En Italia ya residen 3,5 millones de extracomunitarios, y esto los aumentaría un 30%”, dice a elDiario.es el abogado Alberto Guariso, miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI). Sin embargo, matiza el experto, la cantidad real de personas que logra llegar y trabajar en Italia con permiso regular acaba siendo muy poca, ya que el mecanismo es “altamente inoperativo”, repleto de trámites complejos y una burocracia “muy lenta”.

Según la campaña Ero Straniero (Yo Era Extranjero), formada por varias entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes, sólo una fracción mínima de quien solicita viajar a Italia logra obtener permiso de residencia y empleo regular en el país. En 2024, por un cupo máximo de 146.850 plazas previstas, sólo se acabaron emitiendo algo más de 24.800 permisos. En la práctica, esto supone que sólo 17% del total logró terminar con éxito el proceso. En 2025, por un cupo que aumentó a 181.450 plazas, se expedieron 14.349 permisos, lo que implica que solo “ocho de cada 100 personas completaron el procedimiento”, concreta Ero Straniero en un informe publicado a febrero de este año, donde alerta que el sistema puede llevar a muchos a la irregularidad.

Aunque no se puede cuantificar con claridad, el informe advierte de que un 7% de las 26.700 personas que llegaron al país a través del Decreto Flussi durante 2024 “están en riesgo real de caer en la inmigración irregular”. Esta cifra creció aún más para 2025, cuando hasta 11.686 personas habrían podido quedar en la misma situación.

Un sistema que “no funciona”

“La realidad es que este sistema no funciona”, señala Guariso. Según agrega, sí hay muchos casos de personas que consiguen acabar los trámites con éxito y viajar a Italia, “pero una vez aquí, su empleador desaparece o ya no les quiere contratar, lo que hace que se queden en situación irregular”, a la merced de una administración burocrática compleja y unas autoridades que en muchos casos no contemplan la opción de dar permiso de residencia a quien quedó en estado de irregularidad, pese haber hecho el proceso correctamente y según la ley.

Según el abogado, muchas jefaturas de policía provinciales –donde los extranjeros deben tramitar su permiso de residencia en Italia– rechazan solicitudes de migrantes que se quedaron sin su empleador inicial, pero que encontraron un nuevo trabajo y podrían regularizar su situación con él. “Es un sinsentido”, lamenta Guariso, que destaca también las estafas que han sufrido muchos migrantes en el marco del Decreto de Flujos, tras ser víctimas de grupos criminales que les hicieron pagar mucho dinero por un contrato que en realidad no existía.

Muchas personas “son víctimas de estafas flagrantes o prácticas ilegítimas, tras haber pagado miles de euros a supuestos intermediarios, empleadores o empresas ficticias a cambio de empleo, para luego llegar a Italia y no volver a saber nada de ellos”, relata Ero Straniero en su informe. La desprotección lleva a muchos migrantes a acabar en la calle o en asentamientos informales precarios, pero también a quedar sometidos a un modelo de explotación conocido como caporalato, considerado una forma de esclavitud moderna aún existente en Italia.

Un mecanismo “fraudulento”

En el caso del bengalí Asili Raman, cuando llegó a Italia en octubre de 2023 pudo evitar caer en estas redes. Vio cómo sus perspectivas de empleo se desvanecían, pero tuvo el apoyo de un primo en Milán que le dio alojamiento. En su caso, cuenta, mantuvo un permiso temporal de residencia que le dio en torno a un año para buscar empleo, aunque sólo pudo regularizar definitivamente su situación con el apoyo legal de ASGI y presentando un recurso ante la Justicia italiana para obtener un permiso de residencia permanente. “Hay miles de personas en esta situación y muchos otros no lograron conseguir el permiso como yo”, cuenta Raman, quién ha trabajado estos últimos años como recepcionista en un hotel de Milán, dónde tiene una situación más estable de cara al futuro.

Sin embargo, denuncia que muchas otras personas que se vieron estafadas como él se quedaron atrás en el marco de un mecanismo que no ve funcional. “Fue una situación muy mala. Tuvimos que luchar muchísimo. Muchos de nosotros teníamos deudas tras haber pedido préstamos para viajar a Italia. Yo mismo me endeudé con 5.000 euros, y durante un tiempo me ayudó mi familia desde Bangladesh para poder sobrevivir”, relata.

Según añade, unos mil migrantes que se hallaron sin trabajo al llegar a Italia se organizaron para denunciar su situación bajo el lema “Todos somos víctimas”, y crearon una página de Facebook para ello. “Los trabajadores que llegamos con visados a través del Decreto Flussi no entramos ilegalmente a Italia. Somos víctimas de un sistema de fraude por parte de empleadores y agentes fraudulentos”, alegan en la página, donde piden mayor responsabilidad tanto de las autoridades de su país de origen como del Ejecutivo italiano para enfrentar el problema.

Para Guariso, la ineficacia del Decreto Flujos muestra “lo absurdo” de las posturas del Gobierno de Meloni. Por un lado, tiene en la lucha contra la migración irregular su caballo de batalla, pero el sistema de recepción con el que pretende que los migrantes lleguen al país por vía legal lleva a muchos a la irregularidad. A su vez, el número de personas que finalmente entran a Italia es mucho menor del previsto en relación con el cupo inicial. Según el letrado, esto denota una “omisión de responsabilidades” del Gobierno, que “no cumple lo que marcó sobre el papel”, seguramente porque “no es una medida popular que les dé votos”, pero ante ello tampoco responde a lo solicitado por empresas y agricultores que llevan años pidiendo el acceso de más mano de obra.

“Este sistema se tiene que acabar”, dice Guariso, que no ve sentido en contratar a personas en el extranjero cuando Italia está repleta de migrantes irregulares con voluntad de trabajar. Ante ello, pide una regularización extraordinaria como en España, igual que ya se hizo en Italia varias veces en el pasado, aunque la coalición dominada por la ultraderecha de Meloni se niega en rotundo a ello. “Lo más lógico sería que las personas que ya están aquí puedan regularizarse para trabajar e integrarse”, dice el letrado, que no ve otra solución posible.

Si hay una líder política que estos años buscó erigirse en referente antimigración en Europa, esta es Giorgia Meloni. El Gobierno de la ultraderechista italiana no ha dejado escapar la oportunidad que le ha brindado la llegada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta para volver a poner sobre la mesa sus propuestas contra quienes intentan migrar a territorio europeo.

Lo sucedido en España ha copado titulares en Italia y la primera ministra ha aprovechado el impacto internacional de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma para relanzar un plan de deportación a terceros países similar al conocido como 'Modelo Albania' y emprender una ofensiva contra el modelo de Pedro Sánchez que sitúa a Meloni en primera línea de la batalla migratoria en Europa.

Según analistas, críticos y fuerzas opositoras, esto le ha servido para ganar fuerza en el debate político italiano y marcar perfil propio ante el presidente español, visto en Italia como paladín del progresismo y gran némesis ideológico de Meloni. En un contexto europeo donde las tesis antimigratorias imperan, la primera ministra busca capitalizar la situación para recuperar protagonismo en un asunto en el que había perdido peso.

Es una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE

Laura Boldrini — diputada del opositor Partido Demócrata

La ofensiva de Meloni ha desatado una crisis diplomática entre Italia y España, la más dura de los últimos años, con la suspensión del tratado Schengen de libre circulación con España, un paso visto como propagandístico por detractores de Meloni. Según alegan, la reacción de la primera ministra obedece a sus intereses políticos propios, en un momento de debilidad interna tras perder consensos y popularidad este año, mientras las elecciones generales de 2027 se acercan y podría quedarse sin mayoría para seguir en el poder, según varios sondeos.

“La crisis de Ceuta ha sido manipulada con la única finalidad de atacar a Sánchez. Resulta preocupante que algunos países europeos hayan instrumentalizado lo sucedido en vez de mostrar solidaridad con un socio europeo que se enfrentó a una emergencia”, dice a elDiario.es Laura Boldrini, diputada del Partido Demócrata (el principal de la oposición) y expresidenta del Parlamento italiano. Boldrini considera la suspensión del tratado Schengen con España como “una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE”.

Meloni actúa frente a un rival más ultra

Para Luigi Quercetti, analista político con lazos con la formación progresista +Europa, “Meloni hizo un juego de propaganda sucia contra Sánchez porque tiene un color político diferente”, así como intereses electorales e ideológicos distintos a los del presidente español. “En vez de ofrecer solidaridad y ayuda humanitaria, cerró fronteras”, y actuó como lo hubieran hecho Donald Trump o Elon Musk. “La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno”, señala Quercetti.

La primera ministra italiana también endurece su discurso ultra por la competencia de Roberto Vannacci, veterano militar y nuevo líder de ultraderecha supremacista italiano que podría arrebatarle votos. Además, con una Italia ya metida en plena carrera electoral, Meloni busca proyectarse de nuevo a nivel europeo como estandarte de una estrategia de traslado forzoso y retención de migrantes en centros cerrados en terceros países, una iniciativa que su Gobierno activó en Albania, aunque ha resultado ser un fracaso tras varios varapalos judiciales.

La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno

Luigi Quercetti — analista político

A pesar de que fue uno de los proyectos estrella de Meloni, los dos centros de internamiento de migrantes creados por Italia en suelo albanés están casi vacíos desde su apertura. A ello se suma la imposibilidad del Gobierno italiano de parar en seco la llegada de migrantes a través del Mediterráneo o de deportar a una gran cantidad de personas en situación irregular, mientras Vannacci presiona apelando a la expulsión masiva de extranjeros.

Ceuta, caldo de cultivo ideal

Pero Meloni no se rinde y ha encontrado el caldo de cultivo ideal en la crisis de Ceuta. No sólo ha relanzado sus estrategias antimigración que estos años fueron precursoras en Europa, sino que ha movilizado a muchos gobiernos de derecha y centroderecha que no ven con buenos ojos las políticas migratorias de España y su regularización de migrantes.

Lo sucedido en Ceuta “brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo” y “le dio un empujón para retomar protagonismo en el tema migratorio”, argumenta a elDiario.es Giorgia Bulli, experta en ultraderecha y docente en la Universidad de Estudios de Florencia. De esta forma, explica Bulli, Meloni reivindica la vigencia de su modelo ante la presión de Vannacci, pero también ante la postura más centrista de la oposición italiana.

Según Muhammad Dihani, refugiado saharaui residente en Roma y activista por los derechos humanos vinculado a Amnistía Internacional, desde Italia “ha habido varios ataques contra España” por Ceuta. “Uno es contra la política migratoria del Gobierno de Sánchez y otro, muy grave, contra el Tribunal Supremo” de España, que en julio consideró ilegales las “devoluciones en caliente” de los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla.

Ceuta brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo

Giorgia Bulli — experta en ultraderecha

El fallo del Supremo fue citado en la carta que Meloni presentó con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, con el apoyo de otros 20 Gobiernos europeos, para pedir una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE. “La sentencia del Tribunal Supremo español fue usada para desatar el ataque y abusar de nuestro sistema de migración y asilo”, escribieron en la misiva, en la que pidieron “reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales”.

En el texto también criticaron la reciente regularización de migrantes en España, vinculándolo a un supuesto 'efecto llamada', algo que resaltó la semana pasada el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en un mensaje de X que aumentó aún más las tensiones con España.

En una entrevista este martes con el periódico Il Corriere della Sera, el también viceprimer ministro italiano reiteró sus críticas: “España está regularizando 500.000 extranjeros indocumentados sin haber compartido esta decisión con sus socios europeos, esto no está bien”. Y ha lanzado una advertencia: “Lo ocurrido en Ceuta no es un hecho aislado, marca un riesgo para toda la Unión y tenemos derecho a exigir medidas adicionales, aclaraciones y medidas preventivas para asegurar que no se repita”.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha negado este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes y la entrada de personas migrantes en Ceuta. Las personas que cruzaron la semana pasada a la ciudad autónoma no pueden acogerse al procedimiento extraordinario, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Italia reivindica el 'Modelo Albania'

En la reunión de ministros de Interior celebrada este martes, el Ejecutivo de Meloni planteó una propuesta que busca reproducir en cierta medida su 'Modelo Albania'. Roma quiere promover centros de detención de migrantes en terceros países, fuera de la UE, con financiación y coordinación comunitaria.

Con un esquema similar al de Albania, en esas instalaciones se gestionaría la tramitación de asilo y eventual deportación de migrantes que hayan intentado entrar irregularmente a la UE. Entre los países que estarían abiertos a acoger los centros, destaca Uganda, aunque también suenan Libia, Túnez, Mauritania, Senegal o Ghana.

“Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado”, ha dicho este martes ante sus homólogos europeos el titular de Interior italiano, Matteo Piantedosi. En un gesto que parecía buscar rebajar las tensiones con Madrid, Piantedosi ha expresado “la sincera solidaridad de Italia con el Gobierno español”.

Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado

Matteo Piantedosi — ministro italiano de Interior

Pese a que el futuro de los centros albaneses sigue pendiente de una resolución del Tribunal de Justicia de la UE, el ministro ha destacado que Italia “fue pionera” de ese plan. “Los procesos fronterizos acelerados y la repatriación directa a instalaciones en terceros países seguros son el elemento disuasorio más eficaz contra la trata de personas y los flujos migratorios irregulares”, ha afirmado Piantedosi.

La semana pasada, en sus primeras reacciones a lo ocurrido en Ceuta, la primera ministra ultra no se solidarizó con España, sino que resaltó los supuestos peligros de la migración irregular, que vinculó a la criminalidad. “Las imágenes que llegan de Ceuta son impactantes y muestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control supone una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, señaló en X el pasado jueves.

Un día después, anunció la suspensión del espacio Schengen con España. “Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la migración irregular y golpear redes criminales que trafican con seres humanos”, alegó, al ordenar la imposición de controles en puertos y aeropuertos durante el mes de agosto.

Una fuente del Ministerio de Interior de Italia asegura a elDiario.es que, hasta el momento, esos controles “se hacen aleatoriamente, sin afectar a ciudadanos españoles o en tránsito desde España con documentos europeos”.

Sin embargo, muchos resaltan que no era necesario adoptar esa medida. “La entrada irregular en Ceuta no confiere derecho alguno a permanecer en España, ni a viajar a la península o circular por Europa”, aclaró el Ministerio de Exteriores español, mientras que Meloni no lo mencionó explícitamente en sus declaraciones beligerantes sobre Ceuta.

“Para Meloni, explotar la cuestión migratoria es fácil, resulta conveniente a nivel electoral”, afirma Bulli. Según la docente y experta en ultraderecha, ahora mismo Sánchez es el blanco perfecto para los ataques de Italia “porque justo él se expuso mucho en este ámbito”.

A la espera de los comicios de 2027, la ultraderecha italiana tiene un nuevo símbolo que encarna su discurso de línea dura en materia de seguridad. Es Mario Roggero, joyero de 72 años de la región de Piamonte, condenado a casi 15 años de prisión por disparar y matar a dos ladrones que huían tras atracar su negocio en 2021. El caso adquirió mucho peso mediático y desató críticas por parte del Gobierno de Giorgia Meloni contra el poder judicial, con el cual está enfrentada. La mandataria tachó la sentencia de “desproporcionada”, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena y el joyero entrara en prisión este mes de julio. La coalición que lidera Meloni pide ahora el indulto, abriendo un debate sobre los límites de la legítima defensa, en el que incluso ha intervenido Elon Musk.

“¡Esto es una locura! El juez y fiscal en este caso son los que merecen esta sentencia”, dijo el 19 de julio a través de X el magnate norteamericano, en otra injerencia en asuntos internos de Italia que muestra el gran impacto del caso, más allá del país transalpino. Dentro del país, los sectores ultraderechistas han abanderado la causa del joyero, en una creciente competición con tintes electorales, de cara a las generales del próximo año.

Dos de las fuerzas más activas en esta batalla ideológica son Fratelli d'Italia (el partido de Meloni) y la Lega (de su viceprimer ministro, Matteo Salvini). Pero a ambas formaciones de extrema derecha les ha salido un competidor aún más ultra, el militar Roberto Vannacci, que con su nuevo partido Futuro Nazionale podría tener más votos que la Lega, según los sondeos.

De hecho, su irrupción con ideas supremacistas recrudece el discurso del conjunto de la ultraderecha, que usa la historia del joyero como propaganda, tal y como apuntan analistas y denuncia la oposición de centroizquierda, que ha acusado al Gobierno de transformar un asunto legal “en una contienda propagandística sobre la seguridad”.

Condenado a casi 15 años de prisión

El pasado 15 de julio, el Tribunal de Casación (equivalente al Supremo) confirmó la condena a 14 años y nueve meses de prisión para Roggero, ahora encarcelado en Bollate, cerca de Milán. Tras un largo periplo, el tribunal rechazó el recurso de la defensa del joyero, que alegaba que este actuó en legítima defensa el 28 de abril de 2021, cuando sufrió un atraco en su joyería de la localidad piamontesa de Grinzane Cavour, en el norte de Italia.

El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella

Roberto Cornelli — Profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán

Los atracadores entraron en su tienda con pistolas y cuchillos que después resultaron ser falsos. Amenazaron a Roggero, su esposa y su hija y vaciaron la caja fuerte antes de huir. Ya en la calle, cuando se subieron al coche, el comerciante les persiguió y disparó, matando a dos de ellos e hiriendo a otro, lo que llevó a la Justicia a rechazar su alegación de que actuó en defensa propia; también consideró que su reacción no respondió a un peligro inminente y, por consiguiente, le condenó por doble homicidio e intento de homicidio.

“Me han querido condenar a cadena perpetua”, decía el joyero en un vídeo en su cuenta de Instagram el 17 de julio, poco antes de entrar en prisión, en un post con 785.000 'me gusta'. Según Roggero, su sentencia es una condena de por vida, porque acabará de cumplir su pena con 86 años. “He hecho una vida entera de sacrificios, dedicándome a mi familia y empleo. Me remangué desde joven y puse en marcha este negocio”, contaba en otro post desde su joyería, apelando a su honradez y a la cultura del esfuerzo, con un discurso que conecta con las posturas de la derecha. Además, Roggero nunca mostró arrepentimiento por sus acciones y eso le convierte en una figura que puede reivindicar tanto la ultraderecha gubernamental como la que no está en el poder.

Campaña en torno a la seguridad

“El único tema que le queda a la derecha para ganar consenso electoral es la seguridad, por eso el caso de Roggero se hizo tan importante para ella”, dice a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública en la Universidad de los Estudios de Milán. En su opinión, tras el fracaso de los principales proyectos políticos que el Gobierno se marcó en la actual legislatura (2022-2027), como la reforma judicial, Fratelli d’Italia y Lega aprovechan ahora el caso “para desviar la atención”. Los pasados años transmitieron la idea de que la inseguridad se propagó en Italia, con un discurso de línea dura en orden público o la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia y agravan penas.

Cornelli alerta de los ataques crecientes contra el poder judicial, cuando las decisiones tomadas por los jueces se perciben como contrarias a los intereses derechistas. Sucedió en el caso del joyero y en otros anteriores, por ejemplo, cuando la Justicia italiana invalidó el plan del Ejecutivo de Meloni de enviar a migrantes a centros de detención en Albania. “Cada vez que hay una resolución judicial en dirección opuesta a lo que quiere la derecha, se convierte inmediatamente en un motivo para atacar al poder judicial y crear polémica mediática”, afirma el docente, quien advierte sobre las continuas ofensivas del Gobierno para erosionar y “seguir socavando” el sistema judicial.

El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo

Mariano Croce — Experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma

El caso de Roggero ha copado titulares este mes, lo que se ve reflejado en el amplio alcance de su perfil en redes sociales, donde acumula 379.000 seguidores en Instagram y TikTok, más que muchos políticos de primera línea como Antonio Tajani, ministro de Exteriores y líder de Forza Italia (partido del difunto Silvio Berlusconi), que también pide indultar al joyero. En Italia, solo el presidente de la República puede indultar a un condenado. La semana pasada, el presidente Sergio Mattarella convocó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para recordarle que la concesión de la gracia está sólo en su poder, después de que trascendiera que el Ejecutivo inició procedimientos para valorar vías de indulto a Roggero, algo que pidió la misma Meloni.

“No se puede condenar a ocho años a pedófilos o a menos de diez años para casos de violación en grupo para después castigar a morir en la cárcel a este joyero. Hay un problema de proporcionalidad en las penas”, declaró la primera ministra, que mostró comprensión por la reacción del joyero tras sufrir un primer atraco en 2015. “¿Quién puede juzgar el dolor, el trauma, el estrés y el miedo de este hombre?”, preguntó Meloni. “Si se sufre una agresión, nuestro cerebro y nuestro físico entran en 'modalidad de combate”, agregó la primera ministra. Tras la condena al joyero, Meloni recordó que ha impulsado una propuesta de ley que evitaría el pago de indemnizaciones a familiares de ladrones muertos en casos como el de Roggero –quien tuvo que desembolsar hasta 780.000 euros para los parientes de las víctimas, a modo de indemnización provisional–.

Reforma

Ante esta situación, Matteo Salvini, conocido por sus posturas racistas, tomó un papel aún más activo en el asunto. Visitó dos veces al joyero en prisión y aseguró que le gustaría que sea candidato de su partido en las elecciones del próximo año para que adquiera de esa forma inmunidad parlamentaria. También ha planteado un proyecto de ley para ampliar lo que se puede hacer en nombre de la legítima defensa, anulando el castigo penal para quien actúe frente a un asalto armado a una vivienda o negocio y socavando bases jurídicas clave para valorar esa acción, como la proporcionalidad.

“Se propone una reforma con base en la idea de que cualquier tipo de defensa es legítima. La meta es quitar al juez el poder de valorar la necesidad o proporcionalidad de la acción de defensa y de considerar si esa acción es lícita”, explica Cornelli. “Esto implica dar licencia para matar a quien cometa un delito contra la propiedad, dando la opción de que se haga justicia por medios propios persiguiendo o matando a un ladrón, como pasó con Roggero”, agrega. Según el analista, hay otro elemento presente históricamente en la ultraderecha italiana, que “quiere eliminar las restricciones sobre la posesión de armas”, inspirada en Estados Unidos, donde “la cultura que da licencia para matar a quien entre en propiedad privada está muy establecida”.

Para muchos, esta idea se extendió en los pasados años, con la difusión del trumpismo entre la ultraderecha europea. “El mensaje que se transmite a la población es que cada persona, al menos en ciertas situaciones, puede reaccionar según su criterio ante circunstancias que considere peligrosas y actuar como juez de sí mismo”, dice a elDiario.es Mariano Croce, experto en Filosofía del Derecho y docente en la Universidad de La Sapienza de Roma.

“En su afán de obtener réditos electorales, la derecha italiana busca legitimar una creciente violencia privada que agrava los problemas de seguridad en vez de resolverlos, sobrepasando límites impuestos por la Constitución”, critica el académico. De esta forma, la derecha “capitaliza emociones generalizadas, como el miedo al crimen y la sensación de abandono estatal”, y pretende retratar el sistema judicial “como distante, hostil y arbitrario”.

Para Cornelli, esta perspectiva derechista se basa en una manipulación de la realidad, “partiendo de la premisa de que el Estado no es capaz de defender a sus ciudadanos”. Destaca que “es erróneo”, ya que “en Italia se redujeron los homicidios y la violencia en las últimas décadas, justo porque se afirmó el principio de que uno no hace justicia para sí mismo, sino que el Estado interviene y castiga a quien comete un delito”.

Todo indica que el caso del joyero seguirá presente en el debate político hasta las elecciones generales, previstas para octubre de 2027, pero que podrían adelantarse unos meses. La familia de Roggero clama por el indulto o porque se le conceda el arresto domiciliario, a la espera de que el jefe de Estado se pronuncie, en una historia que fue mucho más allá de un atraco con homicidio y forma ya parte de una cruzada ideológica que marcará la campaña electoral.

Un complot con 150.000 euros para los sicarios que ejecutaron el atentado. Otro plan de asesinato previo en 2015 que al final se abortó. Una bomba escondida en una caja de zapatos bajo el asiento del conductor activada por control remoto. Una botella con gasolina colocada junto al artefacto explosivo para asegurar que todo ardiera tras el estallido.

Son detalles que emergen estos días del llamado 'Juicio del Siglo', el proceso que ha arrancado este mes en Malta para juzgar a Yorgen Fenech, el magnate acusado de ser autor intelectual del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia. El atentado en el que murió asesinada en 2017 conmocionó y cambió la historia de esta pequeña isla del Mediterráneo central, destapando sus redes corruptas vinculadas con el mundo político y empresarial.

Tras procesos previos que ya condenaron a los autores materiales del crimen, el actual busca resolver un hueco pendiente que para la familia y la sociedad civil maltesa es el quid de la cuestión: ¿quién ordenó matar a la reportera? Los indicios y pruebas presentadas señalan a Fenech, aunque su defensa y varios testimonios —los sicarios que han testificado en el juicio— desviaron la responsabilidad como cerebros del asesinato a figuras clave del antiguo Ejecutivo maltés de Joseph Muscat, principalmente al extitular de Economía Chris Cardona y al exjefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro, Keith Schembri.

Ya hubo alegaciones en su contra en el pasado, y esto apunta de nuevo a una posible cadena de instigadores que se extendería hasta las altas esferas del laborismo maltés y el Gobierno de la época. La familia de Caruana Galizia asegura, sin embargo, que por ahora no hay pruebas contra Schembri o Cardona e insta a focalizarse en Fenech.

Caruana Galizia se convirtió en el mayor azote contra la corrupción en su país. Por las investigaciones que publicaba en su blog, donde destapaba escándalos que salpicaban a la clase política y empresarial, acabó pagando con su vida cuando una bomba en su coche la mató, el 16 de octubre de 2017. La imagen del automóvil calcinado en un campo a pocos metros de su casa, en la localidad rural de Bidnija, abrió una crisis inaudita en el país, el más pequeño de la Unión Europea. En 2021, el Estado maltés fue declarado responsable por no prevenir su muerte y “crear un ambiente de impunidad” que “llevó al colapso del Estado de derecho”, según concluyó una investigación independiente, que culpó de ello a las altas instancias del Gobierno de la época.

Un juicio en marcha tras años de tropiezos

Tras casi nueve años, queda mucho por aclarar sobre la trama de asesinato. El proceso judicial lleva más de tres semanas de audiencias desde que comenzó el 1 de julio en La Valeta, capital de Malta. “Estoy aliviada de que el juicio empezara. Se retrasó por años. Fenech y su defensa obstaculizaron las cosas para ralentizar el proceso”, dice Corinne Vella, hermana de Caruana Galizia, que habla con elDiario.es en el receso de una de las vistas diarias, presididas por la jueza Edwina Grima y con un jurado que probablemente en agosto dicte si considera culpable o no al acusado. Todo ello mientras gran cantidad de personas comparecen como testigos, desde cargos policiales a expertos forenses, así como los sicarios ya condenados.

“Repasé todas las pruebas presentadas, y, para mí, Fenech es culpable. Quiero que sea condenado. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, y creo que esta es la pena que debería recibir”, agrega Vella, también miembro del equipo directivo de la Fundación Daphne Caruana Galizia, entidad fundada en memoria de la reportera.

Antes de morir, la periodista se sumergió en las filtraciones de los Papeles de Panamá. Detectó sociedades abiertas por dos figuras cercanas a Muscat y claves en el Gobierno maltés, Keith Schembri y el entonces ministro de Turismo, Konrad Mizzi. Este fue el primer paso para identificar una red que presuntamente canalizaba sobornos y blanqueaba dinero procedente de la concesión del proyecto energético Electrogas, consorcio vinculado a Fenech que se adjudicó la construcción y gestión de una gran central eléctrica y de gas en el país isleño.

Como parte del caso, Caruana también buscaba saber quién poseía 17 Black, una compañía con sede en Dubái que más tarde se identificó como vehículo destinado a enviar capitales a las empresas de Schembri o Mizzi. De hecho, años más tarde se descubrió que la empresa era propiedad de Fenech. Para la familia y expertos, las pesquisas de Caruana sobre este asunto pudieron ser el detonante que llevó al complot para su asesinato.

Fenech, ¿autor intelectual?

Fenech, hombre de negocios de 44 años, es una de las grandes fortunas de Malta y uno de los herederos del gran conglomerado empresarial Tumas Group. Fue detenido a fines de 2019, cuando Melvin Theuma —un taxista que hizo de intermediario en la operación de asesinato— testificó contra él y fue indultado a cambio de proveer información sobre el caso. El arresto de Fenech se produjo cuando intentaba irse de Malta en su yate.

En el juicio se enfrenta a cargos de asociación para delinquir y complicidad en asesinato. Según la Fiscalía, ordenó matar a Caruana Galizia por temor a que publicara información que le implicaba en tramas corruptas, y pagó 150.000 euros a los sicarios que la mataron. Él se declara inocente, mientras su defensa alega que está siendo usado como chivo expiatorio y apunta a la responsabilidad como instigadores de Cardona y Schembri.

En aquel momento, el magnate declaró que Schembri estaba implicado en la trama de asesinato, y aseguró que también le proporcionó información sobre las investigaciones policiales para protegerse de las pesquisas. Esto abrió una crisis política que llevó a la dimisión del primer ministro Joseph Muscat, deslegitimado para seguir en el poder tras desvelarse que uno de sus principales hombres de confianza aparecía ligado al complot.

La renuncia de Muscat fue todo un terremoto. Era uno de los líderes más populares de la historia del país, y, en 2013, logró llevar al laborismo al poder y destronar al histórico Partido Nacionalista. De hecho, las pesquisas de Caruana sobre tramas corruptas que salpicaban a la formación laborista le granjearon muchas críticas del entorno del grupo y las estructuras de poder. Su familia afirma que se orquestó una gran campaña para deslegitimarla, con más de 40 denuncias por difamación que llevaron incluso al bloqueo de su cuenta bancaria.

Reconstrucción del crimen

El día que la mataron, la reportera se dirigía a una cita en su banco. La bomba estalló de camino a la reunión, a las 15:00 horas, según el testimonio de Francis Sant, conductor que circulaba por la localidad de Bidnija y se topó con la explosión en primera persona. Él, junto con agentes policiales, fue de los primeros en testificar los primeros días del juicio, donde hizo un relato estremecedor del momento del crimen: aseguró que Caruana Galizia entró en pánico al notar que algo sucedía poco antes de la explosión.

“Vi un coche frente a mí. Algo le pasaba a la conductora, parecía muy asustada”, dijo el testigo. “Vi la primera chispa bajo su vehículo, como un petardo. Ella aún estaba consciente. La oí gritar”, agregó. “Creo que sintió algo, tal vez la activación del explosivo. Se dio cuenta de que algo iba muy mal”, hasta que hubo “una gran explosión”. El coche “salió disparado hacia el campo”, contó Sant durante su declaración, según la transcripción realizada y traducida del idioma maltés por Amphora Media, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Otros agentes que acudieron a la escena del crimen también testificaron, relatando cómo hallaron restos del cuerpo de la reportera esparcidos por el lugar. Rastreando la zona, los investigadores recogieron colillas de cigarrillos que coincidirían con el ADN de uno de los sicarios, Alfred Degiorgio. Este seguía de cerca a Caruana y pidió a otro autor del crimen, su hermano George Degiorgio, que activara la bomba por control remoto a través de un dispositivo con una tarjeta SIM que hizo detonar la carga explosiva al recibir un SMS, según la investigación.

Meses después, ambos hermanos cayeron detenidos junto al tercer sicario, Vince Muscat. Este último también vigiló por largo tiempo los pasos de Caruana Galizia y estuvo con Alfred Degiorgio la noche antes del ataque, cuando colocó la bomba en el Peugeot 108 alquilado por la reportera.

Muscat fue condenado en 2021 a 15 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para una rebaja de pena a cambio de cooperar con la Justicia. En 2022 llegó el turno de los hermanos de Degiorgio, condenados a 40 años después de admitir su autoría en el crimen. A ello siguió la condena a cadena perpetua en 2025 de Jamie Vella y Robert Agius, exponentes del inframundo mafioso de Malta, acusados de proveer la bomba.

Los sicarios testifican

Los tres sicarios —Muscat y los hermanos Degiorgio— han comparecido este mes como testigos. Alfred Degiorgio se limitó a una breve declaración. “Chris Cardona, David Gatt y Keith Schembri están implicados en el asesinato”, aseguró, sin dar más detalles. Su hermano, George, testificó en la misma línea, implicando a Cardona, Schembri y Gatt. Este último es un exagente policial con supuestos lazos con el crimen organizado. Más tarde se hizo abogado, llegó a ser socio del despacho de Cardona, y los testigos le vinculan con los planes y contactos entre esfera política y criminal con los que se urdió el ataque.

Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro. Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla

Corinne Vella — Hermana de Daphne Caruana Galizia

George Degiorgio dijo que, en la primavera de 2017, el intermediario Melvin Theuma —ahora indultado y testigo del Estado— le visitó con la propuesta de articular un plan para matar a Caruana de parte de Schembri. También se reunió con Cardona, quien le confirmó, según su versión, que ambos estaban implicados. Sin embargo, el sicario añadió que ya trabajó en un primer plan de asesinato en 2015, para el que habría recibido instrucciones directas y 50.000 euros de depósito del entonces titular de Economía, hasta que se le pidió abortar el plan porque iba a haber elecciones. “Sabíamos dónde íbamos a matarla”, explicó Degiorgio sobre el plan inicial, centrado en disparar a Caruana desde una furgoneta, cuando la periodista pasara cerca de su casa en Bidnija.

Cardona llegó a ser número dos del laborismo maltés y gestionó la cartera de Economía entre 2013 y 2020. En 2017, Caruana publicó que el ministro visitó un prostíbulo durante un viaje oficial en Alemania, lo que hizo que este la demandara por difamación. Ya en 2019, el arresto de Fenech causó la renuncia temporal de Cardona tras salir a la luz su supuesta implicación en la trama, lo que llevó a su posterior exclusión como ministro en el Ejecutivo conformado a inicios de 2020 por el también laborista Robert Abela, aún hoy primer ministro.

Hasta hoy, Cardona, Schembri y Gatt niegan toda implicación en el asesinato de la periodista, rechazan todas las acusaciones que les sitúan como instigadores y en ningún momento se les procesó en relación con ello.

“Las meras acusaciones no constituyen pruebas”

Tras las alegaciones de estas semanas, la Fundación Daphne Caruana Galizia ve las declaraciones de los sicarios con cautela, y alerta de que pueden constituir “un intento de desviar la culpa de Fenech” y su responsabilidad. “La defensa parece invitar al jurado a considerar si la responsabilidad del asesinato de Daphne recae en otra persona; que el autor intelectual no es Yorgen Fenech, sino Keith Schembri o Chris Cardona. Pero las meras acusaciones no constituyen pruebas”, comentó la entidad en una nota a la que ha tenido acceso elDiario.es. “No se presentaron pruebas suficientes ante el tribunal que demuestren que Schembri o Cardona pagaron por el asesinato de Daphne. Sin embargo, las pruebas de que Fenech pagó son irrefutables”, remarca la fundación.

Corinne Vella, hermana de Caruana, insiste en que Fenech “está acusado de complicidad en asesinato, pero también como la persona que encargó el crimen y lo pagó”. “Las pruebas apuntan en una dirección: Fenech tenía contactos con personas del Gobierno y recibió ayuda de Schembri”, dice. Este, como jefe de gabinete gubernamental, “fue procesado por filtrar información y violar el secreto oficial”, y todo apunta a que “proporcionó información que acabó en manos de los criminales implicados en el asesinato”, cuenta Vella, que insta a llegar al fondo sobre las responsabilidades de Fenech como acusado para que nadie quede impune.

Ante ello, señala, la familia no parará su lucha: “Hubo una campaña en contra de Daphne liderada por personas en la oficina del primer ministro”. “Queremos justicia por su asesinato, por la corrupción que denunció y por la campaña para deslegitimarla”, dice, antes de añadir que “el Estado debió proteger su vida y fracasó”. “La única forma de arreglar el problema es asegurarse de que esto no ocurra otra vez”, concluye.

El Gobierno de Giorgia Meloni logró aprobar este jueves en la Cámara de Diputados de Italia su polémica reforma de ley electoral, tras varias jornadas de ajetreadas sesiones plenarias en las que el pasado martes la primera ministra ultraderechista vio cómo una enmienda propuesta por su partido para modificar un punto clave de la norma era rechazada por sorpresa en votación, sin recibir el apoyo del total de diputados de su coalición. Esto mostró las grietas en el Ejecutivo de Meloni y la creciente debilidad de la mandataria, mientras la oposición de centroizquierda asegura que su mayoría se ha desmoronado y pide su dimisión y la convocatoria de elecciones.

En la votación final, la reforma electoral ha sido aprobada por 217 votos a favor, 152 en contra y dos abstenciones, tras un debate final donde los partidos opositores reiteraron su rechazo a la propuesta. Tras su aprobación en el Parlamento, la medida pasará a votación en el Senado, donde se requiere que una mayoría lo ratifique para su aprobación final, mientras Meloni acelera el proceso para lograr su validación antes del receso vacacional de agosto. Es probable que la medida se debata y vote a la vuelta del mismo en septiembre, en el Senado, lo que también dependerá del ritmo de tramitación de los partidos de la coalición en la Cámara Alta, indican varias fuentes parlamentarias consultadas por elDiario.es.

Entre los elementos más polémicos de la reforma, conocida popularmente como Melonellum, se prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos en los comicios obtenga un premio en forma de escaños extra, con una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que, según Meloni, ayudará a reforzar la gobernanza y la estabilidad en un país marcado por la volatilidad política.

Sin embargo, opositores y analistas consideran que la medida responde al interés propio de la primera ministra, y la ven diseñada como una vía para favorecer su continuidad en el poder, en un contexto en que el escenario electoral parece ser cada vez más inminente, con los comicios generales previstos para 2027.

“Es una ley electoral pésima, fruto del miedo de Meloni de no ganar las elecciones, ajustada a medida con el intento de remodelar el sistema electoral, como hace Trump en EEUU”, dice Laura Boldrini, parlamentaria del centroizquierdista Partido Demócrata (PD) y expresidenta de la Cámara de Diputados, en declaraciones a elDiario.es tras la votación.

Las quejas de la oposición se ha hecho sentir entre todas las fuerzas existentes. “Esta ley está hecha para dar aún más poder al líder, es una estafa. Los italianos dejan de tener opción de elegir a sus representantes”, aseguró en el debate previo a la votación el ex primer ministro Giuseppe Conti, líder del partido opositor Movimiento Cinco Estrellas. “Confeccionáis una ley electoral vergonzosa, con la que queréis otorgaros el poder de la mayoría”, agregó Conte, que tachó la medida de “antidemocrática”.

En la misma línea se expresó Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa y una de las voces más activas estos últimos meses contra la reforma. “Esta ley constituye un golpe de Estado electoral, un acto en que una mayoría, usando formas de legalidad ordinaria, altera en su propio beneficio las condiciones con las cuales podría ser echada del poder”, ha dicho el diputado, que alerta de la deriva “iliberal” que esto implica.

Grietas entre la coalición

Este jueves, el Gobierno cerró filas en torno a la reforma, pero el martes dio muestras de debilidad y división en una votación secreta sobre una enmienda impulsada por Fratelli d’Italia –el partido liderado por Meloni– para reintroducir un cambio clave en la reforma. En este, la fuerza de la primera ministra buscaba reinsertar en la reforma electoral un modelo de voto de preferencia para que los ciudadanos escojan a candidatos en puestos superiores de las listas, pero la propuesta fue tumbada por sólo un voto en una votación secreta donde se estima que al menos 30 diputados miembros de la coalición de Meloni no apoyaron la medida.

“Pedimos una votación abierta y que todos se pudieran identificar, pero la oposición exigió voto secreto. El resultado muestra que la izquierda y la oposición votaron unánimamente en contra, pero incluso dentro de la mayoría faltaron varios votos, lo que invita a la reflexión. La enmienda fue rechazada por un solo voto, una oportunidad perdida para los italianos, pero valió la pena intentarlo”, lamentó Meloni en sus redes sociales.

Este episodio se consideró como un duro revés parlamentario para la jefa de Gobierno, que, según analistas y opositores, mostró cómo la primera ministra no logró controlar ni convencer a sus propios socios, pese a que antes logró un acuerdo con sus aliados, los partidos Forza Italia y Lega con los que comparte el poder. “¿Quién traicionó a Meloni en la votación secreta del martes? Al menos 40 diputados”, ha exclamado con sarcasmo este jueves Elly Schlein, líder del PD, la principal formación opositora, que asegura que Meloni busca blindar la reforma para seguir en el poder con una norma “con muchos elementos inconstitucionales”.

“Perdió usted, señora Meloni, al forzar una ley electoral a pocos meses de ir a elecciones”, agrega Schlein, que ha acusado a la primera ministra de buscar imponerse para lograr más tarde el control sobre la presidencia. De hecho, para diputados como Boldrini, la división que la reforma creó en el sí de la coalición “abrió una grieta” entre sus partidos, lo que hace que ahora “estén mucho más nerviosos” ante el próximo paso en el Senado.

Estos días, según medios locales, uno de los colaboradores más estrechos de Meloni, el diputado Giovanni Donzelli de Fratelli d’Italia, instó a seguir con la tramitación de la reforma pese a las desavenencias, y apeló a hacer cambios o enmiendas ya cuando la medida se delibere en la Cámara Alta, pese a que pueda prolongar aún más los plazos para su aprobación definitiva. Aun así, esto muestra cómo los consensos de los que el Ejecutivo de Meloni hizo gala estos años se están ahora resquebrajando progresivamente, a medida que las distintas fuerzas de gobierno tienen prioridades o intereses diversos de cara a próximos comicios.

Boldrini cree que hay “opciones de que esta ley finalmente no salga adelante por la falta de unidad dentro de la coalición gubernamental”, algo que se tendrá que ver en un futuro próximo en el Senado.

Un año marcado por fracasos

Tras varios fracasos este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, Meloni defiende modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Aun así, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes –hubo cuatro desde 1993–, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

Boldrini cree que con esta ley se busca que el primer ministro sea elegido “directamente por el pueblo”, y “anula atribuciones al presidente de la República”. Este, en calidad de jefe de Estado, tiene el poder formal de designar en base a su elección a un candidato a primer ministro para que forme gobierno, pero, con la nueva reforma, “será muy difícil que el presidente pueda elegir a una persona distinta” de la que aparece al frente de las listas electorales ya cerradas previamente, alerta la diputada, que apela a seguir oponiéndose a la reforma, ya que cree que los italianos se han dado cuenta de que esta ley “es una estafa” contraria a su propio interés.

Este martes, antes de la votación, Donzelli rechazó las críticas de la oposición en su discurso como diputado de Fratelli d’Italia, remarcó que la propuesta no pretende dar ventajas electorales al partido de Meloni ni afianzarla en el poder, y defendió que la reforma hará de Italia un país “más estable” a nivel político. En los últimos días, una única cuestión en que partidos gubernamentales y oposición se pusieron de acuerdo fue la aprobación de una enmienda que permitirá a la ciudadanía de votar fuera de sus ciudades de residencia, una novedad en el marco de un sistema electoral que hasta hoy no daba esta posibilidad.

Tras la votación de este jueves, el ministro de Relaciones Parlamentarias, Luca Ciriani, ha asegurado que se ha dado el paso “más importante”, y dice esperar que el proceso para su aprobación final en el Senado “sea ágil”.

Mientras los comicios previstos para 2027 se acercan y el ambiente de precampaña se hace patente en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni acelera estos días el proceso para aprobar una nueva ley electoral que muchos opositores y analistas ven diseñada para favorecer su continuidad en el poder. Algunos críticos también la perciben como un paso que pondría en peligro los equilibrios de la democracia parlamentaria surgida tras el fin del fascismo, así como una vía para afianzar una mayoría con la que asegurar la futura elección de un presidente derechista.

El plan —bautizado popularmente como Melonellum— prevé que la coalición de partidos que supere el 42% de votos obtenga un premio en forma de escaños extra. Esto supondría una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que daría a la lista más votada una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Todo ello cambiaría la correlación de fuerzas del sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. También dejaría atrás la actual ley electoral, llamada Rosatellum y aprobada en 2017, con un modelo más orientado a reforzar el bipartidismo.

“Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual”, denuncia a elDiario.es Riccardo Magi, diputado opositor y líder del partido progresista +Europa. La formación inició una campaña de recogida de firmas para oponerse a la medida, que ve contraria a la Carta Magna. “La Constitución dice que los votos de la ciudadanía deben ser libres, iguales y democráticos, pero con este sistema ya no lo serán”, argumenta.

Un voto con valor doble

Según alerta, “el voto de un votante de la coalición beneficiada por el premio de mayoría valdrá el doble que el de uno que vote por fuerzas minoritarias”, un modelo “inexistente en otras democracias europeas”. La ley también elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, para pasar a elegir solo a listas ya cerradas previamente, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría.

A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas. Estas también tendrán que acordar antes de los comicios quien será la persona candidata a primer ministro. Esto, según algunos medios y analistas, puede jugar a favor de Meloni, que desde hace años lidera un partido y un Ejecutivo muy centrados en su figura, mientras la oposición no tiene todavía a un líder de referencia claro.

“Meloni busca un sistema electoral más simple y decisivo que el actual, que evite empate o un escenario sin vencedor claro”, explica a elDiario.es el politólogo Roberto D’Alimonte, de la Universidad LUISS de Roma, que ve con buenos ojos este modelo, aunque lamenta que no se pueda celebrar segunda vuelta si los resultados entre los dos grandes contendientes son ajustados. “En este sistema, quien obtiene un voto más gana”, dice.

Mayoría fuerte para elegir al futuro presidente

Tras varios reveses este 2026, como la derrota en un referéndum clave para reformar la Justicia que marcó su mayor fracaso de la legislatura, la primera ministra defiende que le urge modificar la legislación electoral para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, para muchos expertos, otra de sus intenciones es asegurarse una mayoría fuerte en caso de victoria para tener ventaja ante la elección del presidente de la República en 2029. Estos meses se especula que Meloni y sus aliados buscan colocar a un futuro jefe de Estado de ideología derechista que les sea más cercano para controlar una institución históricamente asociada al centroizquierda.

Según D’Alimonte, “si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”, que en Italia es el equivalente al jefe de Estado, un cargo que hoy ocupa el octagenario Sergio Mattarella, de raíces democristianas, que dejará la presidencia en 2029.

Esta ley supone un grave paso atrás para la democracia. Los ciudadanos renunciarán a toda libertad y poder al emitir su voto. Se transforma una minoría parlamentaria en mayoría, con una bonificación que distorsiona la representación y hace que el voto sea desigual

Riccardo Magi — Diputado opositor y líder del partido progresista +Europa

Tras ello, se activará la elección de un nuevo candidato en las cámaras Baja y Alta. Se necesitan dos tercios de sus miembros a favor para validarlo, o la mayoría absoluta si en tres rondas previas no se logra una elección. En este caso, Meloni podría tener mayor capacidad de situar a su perfil idóneo para un puesto al frente de una institución clave como la Jefatura de Estado, lo que sería un hito de “prestigio” para la derecha.

Para la primera ministra, “es importante” tener en el cargo a alguien “que le sea amigo”, ya que “el presidente tiene muchos poderes, entre ellos el de designar al primer ministro, disolver el Parlamento o rechazar leyes”, destaca a elDiario.es Gianfranco Pasquino, politólogo y profesor emérito de la Universidad de Bolonia. De hecho, medios y analistas han planteado que la propia Meloni podría postularse para el cargo. En una reciente entrevista, la primera ministra aseguró que era hora de “romper el tabú” y abrir las puertas a que Italia tenga un futuro jefe de Estado “que no sea de centroizquierda”.

Meloni promete estabilidad

En un país donde los cambios de ley electoral son comunes —ha habido cuatro desde 1993—, Meloni alega ahora que su propuesta dará más estabilidad tras años de volatilidad política, varios gobiernos con líderes de perfil técnico y recurrentes caídas de ejecutivos antes del fin de su mandato, aunque la coalición que lidera batirá récords en septiembre por ser la más longeva desde que se fundó la República en 1946.

Según Pasquino, la propuesta de la mandataria es “errónea” y se basa en un “cálculo electoralista”. Con el actual Rosatellum, los partidos de coalición de Meloni “creen que no ganarían los comicios, por lo que introducen una ley nueva con premio de mayoría” que les dé más posibilidades de vencer.

si Meloni gana y su coalición obtiene mayoría absoluta de escaños, estará en posición de elegir al próximo presidente de la República”

Roberto D’Alimonte — Politólogo de la Universidad LUISS de Roma

“La bonificación para la mayoría anula la noción de representación política”, lamenta Pasquino, quien asegura que la idea de Meloni de asegurar la gobernabilidad a través de esta reforma “es del todo equivocada”. Para el experto, “las leyes electorales de todo el mundo [fijan cómo se] eligen los parlamentos, pero ellos quieren elegir al Gobierno”. “La estabilidad no se logra con reglas electorales, sino que depende sobre todo de la capacidad de las coaliciones para mantenerse unidas y de sus líderes”, concluye el académico.

Una ley con efecto 'boomerang' para Meloni

De hecho, según señalan el mismo profesor y otros expertos, la estrategia atribuida a Meloni podría resultarle contraproducente, ya que los sondeos indican que su bloque de derecha y ultraderecha podría perder los comicios ante una potencial coalición opositora centroizquierdista, dando a la última el premio de la mayoría.

Según encuestas recientes, si los partidos progresistas concurren juntos en el llamado Campo Largo, obtendrían casi un 44% de votos, por delante del 42,2% que recabarían Fratelli d’Italia —partido de Meloni— junto a sus socios de la Lega —liderada por Matteo Salvini— y Forza Italia, formación del difunto Silvio Berlusconi. Para algunos analistas, cuando Meloni planteó inicialmente la reforma no contemplaba aún la irrupción del ultra Roberto Vannacci, quien se escindió de la Lega para crear este febrero Futuro Nacional, una nueva fuerza que presiona al gobierno desde la derecha más extrema y sobre la que aún no queda claro si podría pactar con la dirigente.

Según Magi, “Meloni y sus aliados probablemente cometieron un error al pensar en una ley a su medida, ya que se equivocaron en los cálculos, porque entre medias surgió Vannacci, que hace saltar todas las previsiones”. Por ahora, las fuerzas de oposición cierran filas contra la reforma, aunque ahora buena parte de las fuerzas están más bien focalizadas en crear vías para formar una coalición conjunta y evitar la división que les llevó a presentarse por separado en los comicios de 2022, cuando salieron perjudicadas y perdieron claramente ante la derecha.

La reforma “no favorece a nadie, favorece a los italianos”, declaró en junio Meloni, rechazando las acusaciones de quienes aseguran que fomenta este modelo por interés. “Si buscas crear una ley que te permita ganar, pierdes automáticamente”, añadió. Ahora sigue tramitando la propuesta en la Cámara de Diputados para someterla a votación este mes y que después se vote en el Senado. Su meta es que la norma se apruebe antes del receso de agosto o tras el regreso de las vacaciones. Las elecciones están previstas para otoño de 2027, aunque varias fuentes han indicado estas semanas a la prensa que podrían anticiparse a la próxima primavera.

“La ley electoral ya fue aprobada en comisión, y el 14 de julio se inicia su votación” en la Cámara de Diputados, cuenta Magi sobre la tramitación de la propuesta. Según denuncia, la coalición de Meloni “adoptó un proceso acelerado” que limita las intervenciones de la oposición o su capacidad para presentar enmiendas. “Nosotros, como fuerzas opositoras, haremos todo lo posible para retrasar o bloquear esta legislación basura”, concluye.

Ha pasado casi una década desde que Donald Trump asumió el poder en EEUU por primera vez. Tanto en su primer mandato como en este segundo, evidenció su predilección por Israel y sus lazos con los cristianos evangélicos. Estos grupos ultraconservadores, entre los defensores más fervientes de la causa israelí a nivel mundial, tienen peso creciente en EEUU y actúan como ‘brazo teológico’ para justificar acciones como su ofensiva contra Irán.

Muchos de los líderes evangélicos de EEUU, también promotores del nacionalismo blanco cristiano, engrosan las filas del llamado sionismo cristiano. Esta corriente defiende a ultranza al Israel moderno con base en una lectura literal de la Biblia, asociando su existencia a profecías que vinculan el relato del retorno del pueblo judío a Tierra Santa como paso para acelerar la segunda venida de Jesucristo y el Juicio Final. Esta visión impregna el imaginario de pastores con decenas de millones de seguidores que tienen las puertas abiertas en la Casa Blanca e influencia directa en las esferas del poder con una urdida ideología reaccionaria y derechista.

Quien relata con precisión los complejos entresijos de este mundo a elDiario.es es el historiador y teólogo estadounidense Robert O. Smith, vicepresidente y decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago. Nacido en la conservadora Oklahoma en 1974, Smith es también pastor luterano. Se crio en un entorno evangélico donde las creencias cristianas se acompañaban del apoyo indiscutible a Israel.

Ya de joven deconstruyó este imaginario, y su actividad para el diálogo interreligioso lo llevó a vivir en Jerusalén. Especializado en estudios islámicos, también es firme defensor de los derechos palestinos. Como autor, destaca su libro Más deseado que nuestra propia salvación: Las raíces del sionismo cristiano (Oxford University Press, en inglés), donde analiza la historia de esta corriente que hoy permea el Gobierno de Trump.

El sionismo cristiano impregna la Administración Trump

“Al movimiento sionista cristiano se le permitió infiltrarse totalmente en el liderazgo político de EEUU por vía de la Administración Trump”, dice Smith. Sus líderes, aunque sin poder directo de decisión en las acciones del presidente, sí condicionan sus políticas favorables a Israel. En el caso de Irán, “no fueron quienes encendieron la mecha de la ofensiva, aunque sí aparecieron como ‘teólogos de la corte’ para alabar las decisiones de Trump” una vez iniciada la guerra, explica el académico. Según este, “son extremistas con nula capacidad crítica que simplemente otorgan validación teológica a crímenes de guerra”. Sin embargo, “son muy influyentes en la sociedad de EEUU, donde 23% de adultos del país son cristianos evangélicos”, remarca Smith.

Prueba de su influencia se vio en marzo, cuando líderes evangélicos rezaron por el presidente en el Despacho Oval para apoyarle en sus ataques a Irán junto a Israel, una campaña que algunos evangélicos incluso vinculan a profecías bíblicas. El famoso pastor John Hagee, fundador del grupo Cristianos Unidos por Israel, aseguró que la ofensiva sucedía en el “momento justo” a nivel profético y declaró en su sermón: “Que Dios Todopoderoso sea llevado al campo de batalla y los enemigos de Sion y EEUU sean destruidos ante nuestros ojos”.

El sionismo cristiano más influyente es el más simplista, con un pensamiento que el literalismo ayuda a fomentar. Se asocia automáticamente al Israel bíblico con el Estado moderno de Israel, como si no hubieran pasado 4.000 años entre medias

Robert O. Smith — Decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago

En los últimos años, estos grupos ganaron peso entre los lobbies a favor de Israel. “La mayor base de apoyo a Benjamín Netanyahu en EEUU es la comunidad evangélica sionista, y a escala global es más relevante que la de los propios judíos, ahora más críticos con el sionismo”, dice el docente, que resalta la fuerte sintonía ideológica del movimiento evangélico conservador con el núcleo de planteamientos de la derecha de Israel.

Durante su primer mandato, Trump promovió un plan que daba luz verde a la anexión israelí de gran parte de Cisjordania. También pasó a considerar Jerusalén como capital de Israel y trasladó ahí la Embajada estadounidense, un polémico paso que dejó en el aire el estatus aún por resolver de la Ciudad Santa, con su parte oriental palestina ocupada por Israel. En la inauguración de la sede hubo líderes evangélicos de peso que incluso rezaron y dieron discursos al público.

“Este hecho fue uno de los grandes logros de Netanyahu, paso previo a su gran sueño, la ofensiva contra Irán”, dice Smith. Según añade, hay altos cargos de Trump que son fundamentalistas cristianos y muy sionistas. En el pasado destacó el exvicepresidente Mike Pence, mientras hoy lo hace su secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según el profesor, “Hegseth es un nacionalista cristiano blanco en toda regla”, quien incluso presentó la guerra contra Irán como un acto de origen divino y apeló también varias veces a la “providencia todopoderosa de Dios”.

Favorecer la colonización israelí

“El sionismo cristiano es un movimiento político que busca promover y preservar el control judío sobre la Palestina histórica con fines cristianos, aunque no se basa en fomentar la vida o bienestar judíos en sí mismos, sino en una interpretación bíblica y una forma política de creencia que son claves para su fe cristiana”, explica.

Según resalta el académico, también hay católicos o luteranos que son sionistas cristianos, aunque la mayoría de los que simpatizan con esta corriente son evangélicos, motivados por su lectura de la Biblia. Ante ello, cobran mucha importancia relatos como el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel tras su exilio en Babilonia, presente en el Antiguo Testamento. Muchos evangélicos conectan este pasaje con la creación del Estado de Israel en 1948, y lo interpretan como una evidencia del cumplimiento de las profecías bíblicas.

“El sionismo cristiano más influyente es el más simplista, con un pensamiento que el literalismo ayuda a fomentar. Se asocia automáticamente al Israel bíblico con el Estado moderno de Israel, como si no hubieran pasado 4.000 años entre medias”, ironiza Smith, que también lamenta la “manipulación” interesada o la interpretación selectiva de los textos sagrados por parte de pastores e iglesias con anhelos de proyectar poder.

Esto, para Smith, muestra cómo los evangélicos crearon un marco teológico que llevó a un modelo de respaldo absoluto a Israel vacío de contexto y margen de crítica: “Tienen una agenda muy ligada al liderazgo israelí más extremista, desde Netanyahu a Itamar Ben Gvir, que ven como personajes que cumplen la voluntad de Dios”.

Además, añade, “apoyan a Israel como Estado esencialmente judío con su proyecto colonial de asentamiento”. Máximo exponente de este sector es Mike Huckabee, pastor evangélico y embajador de EEUU en Israel, que rechaza la solución de dos Estados o la propia existencia de la ocupación en los territorios palestinos. También usa la denominación bíblica de Judea y Samaria para referirse a Cisjordania, como los propios colonos, y “hace todo lo posible para promover las políticas del Likud [el partido de Netanyahu] como si fueran principios cristianos”, argumenta Smith.

En su opinión, este fervor evangélico hacia Israel “es una forma de demostrar fidelidad cristiana, ya que su meta es reforzar el poder cristiano con base en la idea de que el cristianismo sea una fuerza de dominio imperial”. Esta visión, recalca el profesor, “fomenta a su vez la proyección del poder estadounidense en Oriente Medio”, otro punto clave en el imaginario de estos sectores, también promotores de la preeminencia imperial de EEUU, una nación que, según creen, surgió con mandato divino y potestad moral para intervenir en el mundo.

Una alianza que viene de lejos

“Desde los años 70 y 80, los sionistas cristianos evangélicos ya tenían contacto muy estrecho con los sectores más activos del sionismo israelí a su más alto nivel. Menachem Begin, primer ministro israelí entre 1977 y 1983, regaló un avión al influyente pastor fundamentalista Jerry Falwell para que viajara y pudiera promover mejor los intereses de Israel”, explica Smith. Begin no era un líder cualquiera. Más allá de fundar el Likud y ser ideólogo de la tradición derechista que encarna Netanyahu, en los años 40 fue jefe de la milicia ultraderechista Irgún, uno de los grupos clandestinos judíos que luchó contra el Mandato Británico de Palestina (1920-1948). Entre otras acciones, ordenó el atentado al Hotel King David de Jerusalén en 1946, que entonces acogía el cuartel general de los británicos, en un duro atentado con explosivos que mató a unas 90 personas.

Otro veterano líder evangélico con conexiones en las altas esferas de EEUU e Israel es Mike D. Evans, creador del Friends of Zion Museum en Jerusalén, cercano a Benjamín Netanyahu y Trump. De hecho, el apoyo evangélico se consideró clave para los triunfos electorales del republicano. “El ascenso de Trump no lo impulsó Israel, sino millones de votantes evangélicos que pidieron acciones en asuntos de fe y valores”, apuntó Evans en un artículo reciente donde elogia la alianza con el mandatario. Lo considera “el mejor presidente de la historia estadounidense en lo que respecta al apoyo al Estado de Israel y la lucha contra el antisemitismo”.

“Somos creyentes bíblicos. No apoyamos a Israel por política, sino por fe. Es una obligación moral, un mandato bíblico y algo innegociable para millones de estadounidenses” que “se toman en serio las sagradas escrituras”, remarcó Evans, autor de varios libros superventas, entre ellos una novela de la dinastía familiar de Netanyahu, a quien conoce desde los 80, y con quien se le veía a menudo en numerosos eventos durante los últimos años.

No es solo la colonización de Palestina: este movimiento respalda la colonización de pueblos indígenas a nivel mundial y fomenta la ideología colonial en todo tipo de contextos

Robert O. Smith — Decano de asuntos académicos de la Escuela Luterana de Teología de Chicago

Pero las acciones evangélicas por Israel no acaban aquí. Cada año, la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, una entidad sionista con largo recorrido, celebra la Marcha de Jerusalén, en que miles de peregrinos de todo el mundo se juntan en un gran desfile donde muestran su devoción por el país.

Grupos evangélicos también hacen recaudaciones financieras y organizan misiones de solidaridad con Israel, entre ellas voluntariados en colonias agrícolas de Cisjordania ocupada ya existentes desde hace muchos años. Muchas de estas entidades se sumaron también a los esfuerzos de guerra del país tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando llevaron a voluntarios para actividades como la preparación de comida para soldados y la cosecha de fruta en zonas de cultivo israelíes cercanas a Gaza, todo ello en plena ofensiva bélica.

Más allá de EEUU

Según Smith, pese a la casi total destrucción de Gaza y los más de 73.000 muertos por la ofensiva israelí, el movimiento sionista cristiano no cambió de bando. Tampoco tuvo en cuenta a la comunidad cristiana palestina, muy golpeada por los ataques de Israel en la Franja y la agresividad de los colonos en Cisjordania. “Su lógica es simplista. Para ellos, Hamás es un grupo terrorista que atacó a judíos inocentes, y cualquier respuesta es justificable”, dice el profesor. También recalca “la percepción totalmente negativa sobre el islam” que tienen estos grupos. “Siempre fue una corriente antislámica. Para ellos, la religión islámica no tiene cabida en Europa ni EEUU” y, ante ello, “apoyan a un Estado —Israel— en la perpetuación de la violencia”.

De hecho, la extensión del evangelismo sionista va más allá de la comunidad blanca, y cada vez se acerca más a la población latina, afroamericana o incluso nativa americana, señala Smith. Entre los líderes latinos de peso está Samuel Rodríguez, uno de los pastores pujantes en la comunidad evangélica hispanohablante de EEUU, quien estuvo entre los religiosos presentes en el rezo colectivo por Trump en la Casa Blanca del pasado marzo.

Smith advierte de que el sionismo cristiano va mucho más allá de EEUU, y líderes de ultraderecha en otros países donde el evangelismo crece lo han usado para ganar apoyos, como Trump. Este es el caso del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que más allá de su apoyo a Israel, “se inspiró en las enseñanzas de los sionistas cristianos para promover la destrucción de la selva tropical y el robo de tierras de comunidades indígenas”. “No es solo la colonización de Palestina: este movimiento respalda la colonización de pueblos indígenas a nivel mundial y fomenta la ideología colonial en todo tipo de contextos”, sentencia Smith.

Con un ejemplar de la Constitución en una mano y un gorrito infantil como el de Liam Conejo Ramos (un niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE de Trump) en la otra, la diputada Ouidad Bakkali cantaba junto a otros colegas el Bella Ciao en el Parlamento italiano frente a un grupo de neofascistas que buscar convertir la idea ultraderechista de la remigración en ley nacional.

La escena se produjo en enero de este año, cuando los promotores de una iniciativa popular a favor de la remigración intentaron presentar su propuesta en una rueda de prensa en el Parlamento, pero se encontraron con el boicot de Bakkali, del Partido Democrático (PD), y otros colegas de centroizquierda que ocuparon la sala para cantar la canción antifascista e impedir la celebración del acto. “Es una propuesta racista con una visión etnonacionalista y fascista de la sociedad”, dice a elDiario.es la diputada, que fue suspendida cinco días de sus funciones por esta acción.

Los ultraderechistas que están detrás de ello actúan con ambigüedad calculada, advierte Bakkali. “Su discurso cambia según el público. Ante los suyos, hablan de la remigración de no asimilados, incluido los descendientes de migrantes, pero en televisión hablan solo de seguridad y de deportar a migrantes ilegales”, explica.

El pasado 13 de junio, los ultras volvieron a hacer una demostración de fuerza. Una marcha al estilo propio del neofascismo juntó a unas 4.000 personas en Roma. “Italia, nación, remigración” fue uno de los cánticos coreados, junto a saludos fascistas o consignas a favor del duce Benito Mussolini. La manifestación no fue masiva, pero sí grande para los estándares de la galaxia extraparlamentaria ultra. “Fue una de sus marchas de mayor peso de los últimos años”, asegura a elDiario.es Paolo Berizzi, periodista del diario La Repubblica especializado en ultraderecha.

Para muchos, la movilización muestra el crecimiento de su grupo organizador, el Comité Remigración y Reconquista, con capacidad de marcar agenda e interpelar más allá de las calles. Los movimientos que lo integran, entre ellos CasaPound, Rete dei Patrioti (Red de los Patriotas) o Veneto Front Skinheads, han trascendido en la esfera pública este año con la proposición de ley por iniciativa popular para fomentar la remigración. Aseguran que ya han obtenido más de 150.000 firmas. La propuesta busca introducir más medidas para expulsar a migrantes irregulares, así como la deportación obligatoria de extranjeros que cometan delitos, incluida la revocación de la ciudadanía para los naturalizados. Ahora, la iniciativa está pendiente de debate legislativo en la Cámara de Diputados.

Racismo y amenazas viralizadas

“Me preocupa ver cómo se ha normalizado el lenguaje racista y antimigrante. Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado”, agrega esta diputada de 40 años, nacida en la ciudad marroquí de Agadir, pero que vive desde los dos años en Italia.

De hecho, Bakkali sufrió en su propia piel esta creciente escalada del discurso del odio cuando el 13 de junio participó en una gran contramanifestación antifascista para oponerse a la marcha por la remigración en Roma. La diputada colgó en redes una foto suya ante la pancarta con el lema de la protesta, Fuck Remigration (Que le jodan a la remigración), una publicación que se viralizó entre las cuentas de la galaxia ultra. Tras ello, recibió más de 13.700 mensajes con insultos racistas y tono intimidatorio que incluyeron incluso amenazas de muerte.

“Fosa común para ti y tu familia”, “sabemos dónde vives” o “a casa, gitana”. Estos fueron algunos de los mensajes contra la diputada, como denunció en un pleno parlamentario. Ya en el pasado había recibido comentarios racistas, “pero nunca a escala tan masiva, con tal nivel de violencia y amenazas”, asegura. Según alega, esto muestra cómo las redes amplifican el discurso ultraderechista también en Italia, ante lo que deben tomarse restricciones y medidas de control de las plataformas para que asuman su “responsabilidad social”.

Vannacci altera el bloque derechista

Esta atmósfera se ve alimentada por la irrupción de Roberto Vannacci, exgeneral y eurodiputado, que en febrero abandonó el partido Liga de Matteo Salvini para fundar Futuro Nazionale. Esta formación, enfocada en la imagen de líder fuerte y carismático que Vannacci busca mostrar, sube en los sondeos y podría obtener un 6% de votos en las elecciones, una cifra con la que incluso podría superar a la Liga. Esto amenaza con cambiar la correlación de fuerzas del bloque derechista. Las encuestas señalan que Meloni no tendría asegurada la mayoría para formar coalición, ante lo que Vannacci podría ser un actor clave, si quiere mantenerse en el poder.

“Difícilmente se puede construir algo con alguien que claramente sólo quiere destruir”, declaró esta semana Meloni en una entrevista televisiva con Rete 4 cuando le preguntaron si contemplaría una alianza con el militar. “No me parece que haya mucha diferencia entre él y el resto de partidos de oposición. Vota como la izquierda y habla contra nosotros todo el día”, agregó. Pero el exgeneral copa cada vez más titulares en los medios.

Se dicen cosas contra la población extranjera que nunca antes se habrían dicho, todo ello en un país con más de cinco millones de trabajadores extranjeros que produjeron el 8,5% del PIB el año pasado

Ouidad Bakkali — Diputada del Partido Demócrata

La primera ministra se ha labrado en los últimos años una posición firme como líder de ultraderecha que a su vez coopera con la Unión Europea y secunda la línea de la OTAN. Vannacci, por contra, ha logrado hacerse un espacio criticando el modelo de política exterior o el apoyo italiano a Ucrania. También muestra simpatías por Vladímir Putin y defiende posiciones euroescépticas, aunque él mismo saltó al ámbito institucional como eurodiputado de la Liga, cargo que no ha abandonado pese a irse del partido.

Los expertos prevén que su discurso de línea dura y su defensa a ultranza de la expulsión de migrantes condicione también la campaña electoral, aunque este militar retirado con dejes neofascistas y discurso homófobo proclame casi lo mismo en materia migratoria que Meloni o Salvini. Lo hace con menos filtros, aboga por vías más contundentes e incorpora ideas clave del compendio remigratorio, como la deportación de personas “no asimiladas”, o la revocación de la ciudadanía a quienes cometan “delitos graves”.

La remigración, un neologismo en Italia

Vannacci alega que la coalición de Meloni y Salvini no tomó medidas suficientes para frenar en seco la llegada de migrantes. Estos años, el Ejecutivo hizo políticas contra la migración como el bloqueo de buques de ONG de rescate en el Mediterráneo, un proyecto de ley para impedir la navegación de barcos con migrantes o la apertura de centros de detención para migrantes en Albania, aunque el exgeneral pide ir más allá y usa la bandera de la remigración para dar más empaque y proyección a sus posturas, según los expertos.

Cornelli y Berizzi coinciden en que este concepto no es más que una continuidad del modelo antimigratorio de las ultraderechas clásicas, pero buscando otras palabras para impulsarlo de nuevo. El término se incluyó en 2025 como neologismo en Treccani, el diccionario de referencia de la lengua italiana. Esto mostró que su uso se extendía en Italia, pese a llegar más tarde que a otros países de Europa.

En Italia se empezó a hablar de remigración en 2025, y “los primeros en hacerlo fueron miembros de partidos del gobierno”, recuerda Berizzi. La propaganda remigracionista acabó monopolizada por la derecha neofascista, pero hay “una conexión ideológica entre neofascismo y derecha gubernamental”. El discurso antimigración del Ejecutivo fue antesala para los relatos que ahora promueven las expulsiones a gran escala, opina el periodista.

Este marco ideológico fue acuñado por el ultra austríaco Martin Sellner. “El fenómeno de la remigración gana fuerza en toda Europa y EEUU, por eso también alcanzó Italia. Se ha convertido en un verdadero estandarte político que empuja a la derecha cada vez más a la derecha”, cuenta a elDiario.es Roberto Cornelli, profesor de Criminología y Política Pública de la Universidad de los Estudios de Milán.

Según alega, esta tendencia es solo un paso más tras dos décadas de medidas y leyes que criminalizan a los migrantes. “La remigración pone un nombre mucho más crudo y duro a una política que ya iba en esta dirección”, primero con el Gobierno de Silvio Berlusconi, a inicios de los 2000, y reforzada estos años por Meloni con “la reducción de la acogida, el cierre de fronteras y puertos o la criminalización de los rescates en el mar”, señala el docente.

“Italia para los italianos”

“No nos avergüenza decirlo: Italia para los italianos”, dijo Vannacci el 13 de junio en la asamblea constituyente de Futuro Nazionale en Roma, donde participaron más de 1.500 delegados. El partido asegura que ya tiene más de 100.000 afiliados y ahora avanza en su estructuración. Ocho diputados —en su mayoría exmiembros de la Liga, pero también de Fratelli d’Italia y Forza Italia— se pasaron al lado de Vannacci, y su perfil como bloque propio se percibe ya en el parlamento, donde la tensión con opositores como Bakkali es palpable.

Vannacci evita tapujos. En una reciente entrevista para el canal La7 defendió un modelo de deportación basado “en el traslado forzoso”. También aboga por construir muchos más centros de internamiento para acelerar las expulsiones. “Deben ser deportados todos aquellos sin motivo ni derecho de estar entre nosotros. El 80% de estas personas deberían ser remigradas. Son clandestinos, ilegales”, aseguró.

Este mes también afirmó, recalcando su visión reaccionaria, que “el feminicidio no existe”. En su opinión, “es un homicidio como todos los demás”. Por otro lado, en un país envejecido como Italia, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y con necesidad de mano de obra para trabajos esenciales, Vannacci aboga por reducir la cantidad de residentes extranjeros a un máximo del 4% de población, por debajo del 9,4% actual. Aun así, no ve contradictorio que su esposa, con la que tiene dos hijas, no sea de origen italiano, sino rumano.

“Me preocupa la velocidad con la que fenómenos como el de Vannacci ganan popularidad y consenso”, lamenta Bakkali, que pide que las fuerzas de centroizquierda italianas vayan juntas a comicios. “Un frente unido es la única opción para dar a los italianos una esperanza alternativa”, concluye la diputada, que insta a seguir luchando y a fomentar la inclusión como antídoto ante el racismo y la remigración de la extrema derecha.