Meloni endurece la política migratoria con bloqueos navales y expulsiones rápidas a terceros países

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a “la inmigración ilegal masiva y el tráfico de seres humanos”, que su Gobierno ha aprobado y que tendrá que obtener el visto bueno del Parlamento.

“Tenemos la determinación de garantizar la seguridad de las fronteras, de los ciudadanos y emplearemos todas las herramientas de las que disponemos para garantizarla”, ha afirmado Meloni en un vídeo difundido el miércoles por la noche en sus redes sociales, en el que afirmó que el proyecto de ley cumple una de las promesas hechas por su Gobierno y, al mismo tiempo, es compatible con las normas europeas en materia de migración.

Una de las medidas más destacadas es la posibilidad de prohibir la navegación en las aguas territoriales italianas a embarcaciones, “en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional”, por un periodo de 30 días, prorrogable hasta seis meses. La disposición busca “afrontar situaciones de afluencia masiva e instrumentalizada de migrantes” en las costas italianas.

Los barcos que no respeten el bloqueo naval pueden ser multados con entre 10.000 y 50.000 euros y, si son reincidentes, la embarcación será confiscada. Los migrantes que viajen a bordo pueden ser llevados a “terceros países, distintos al de procedencia o pertenencia, con los que Italia tengo acuerdos”. Este es el caso de Albania, con cuyo Gobierno Meloni selló un acuerdo en 2023, aunque el plan de trasladar a migrantes a centros de detención en ese país no ha tenido éxito.

El proyecto de ley introduce un “procedimiento acelerado de retorno en frontera” que se llevará a cabo directamente en los pasos fronterizos o zonas de tránsito. Este mecanismo permitirá el “alejamiento inmediato” de personas provenientes de países seguros o de aquellos cuyas solicitudes de asilo sean consideradas “manifiestamente infundadas”.

A partir de ahora, será más difícil obtener la llamada “protección especial” en Italia, porque los solicitantes tendrán que cumplir una serie de requisitos, incluido demostrar el conocimiento de la lengua italiana o un permiso de residencia de mínimo cinco años. En 2024, fue rechazado el 64% de las solicitudes, según la agencia de noticias italiana ANSA.

Además, se amplían los casos en los que el juez puede ordenar la expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados en Italia, por ejemplo, si participan en “revueltas” en los centros de detención o por “delitos contra la familia”. Meloni ha hecho hincapié en este aspecto del proyecto de ley declarando: “Si quieres vivir en Italia, tienes que respetar las leyes del Estado italiano, si no, serás expulsado”.

La organización Sea Watch, que presta asistencia a las embarcaciones con migrantes en el Mediterráneo, ha rechazado tajantemente el contenido el proyecto de ley: “Es repugnante tratar a hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza y la persecución como un peligro para el Estado. Es cobarde devolver a las personas a países que les persiguen. Esto no es seguridad, es inhumanidad. Redoblaremos nuestros esfuerzos para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar”.

Con información de la Agencia EFE