Las contorsiones de Donald Trump para justificar su guerra con Irán me recuerdan a Richard Nixon y su búsqueda de una “paz con honor” en Vietnam. Ese fin esquivo que anhelaba Nixon costó años de muertes y sufrimiento. ¿Cuánto destrozo está Trump dispuesto a causar antes de cortar por lo sano y poner fin a este conflicto sin sentido?

Nixon pidió por primera vez un “final honroso” a la guerra en su discurso de aceptación de la nominación como candidato en la convención nacional republicana de 1968. Fue uno de los temas principales de su campaña y de su mandato presidencial. A medida que fue quedando claro que el Gobierno de Vietnam del Sur no sobreviviría si EEUU abandonaba la contienda, Nixon trató de defender la credibilidad de Washington, entendida de manera cínica como un “intervalo decente” desde la salida estadounidense hasta el derrumbe de Saigón.

Para garantizar ese período —los dos años que transcurrieron entre los acuerdos de paz de París de 1973 y la caída de Saigón, en abril de 1975— Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, sometieron al pueblo de Vietnam a cuatro años de bombardeos que extendieron a los países limítrofes de Camboya y Laos. Más de 20.000 soldados estadounidenses murieron en ese tiempo. Las bajas vietnamitas, camboyanas y laosianas fueron muy superiores.

Lo anterior nos lleva a Trump. ¿Por qué sigue bombardeando Irán?

No es para destruir los misiles iraníes de largo alcance. La Casa Blanca afirma: “La capacidad de misiles balísticos de Irán está funcionalmente destruida”, y su tasa de lanzamiento de misiles ha descendido drásticamente. Sin embargo, Reuters informa que EEUU solo puede determinar con certeza que ha destruido un tercio del vasto arsenal de misiles de Irán.

Tampoco es para diezmar el programa nuclear iraní. Este ya fue “aniquilado” en junio del año pasado, según Trump, tras 12 días de bombardeos estadounidenses e israelíes. Se cree que Irán todavía tiene 440 kilos de uranio altamente enriquecido sepultados bajo los emplazamientos nucleares de Isfahán y Natanz, pero poca gente cree que Trump mandaría a sus tropas al terreno a la peligrosa misión de recuperar el material nuclear.

El fin no es tampoco el cambio de régimen, un objetivo que Trump parece haber desechado. En cualquier caso, no hay precedentes de gobiernos que cayesen a base de bombardeos; hasta Benjamin Netanyahu lo reconoce. Y a la base de Trump, los MAGA, le daría un pasmo en caso de guerra terrestre.

Por lo que se refiere a los ciudadanos iraníes, son reacios, como es comprensible, a asumir los llamamientos de Trump a derrocar tan despreciable régimen, una vez visto que este acaba de masacrar a al menos 7.000 personas cuando lo intentaron en enero, y de que EEUU tiene un historial pobre en lo referente a dar apoyo a sus exhortaciones a levantarse contra los déspotas, como recuerdan los iraquíes que hicieron caso de George Bush padre cuando los emplazó a deshacerse de Sadam Hussein.

La última fijación de Trump es el bloqueo iraní de muchos de los petroleros que tratan de cruzar el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo y el gas del mundo. La medida ha hecho que los precios del petróleo se hayan disparado. La amenaza más reciente de Trump es que destruirá la infraestructura eléctrica de Irán si el país no acepta reabrir el paso.

Resulta paradójico, pero es probable que Irán tenga ahora una posición negociadora más sólida que antes de la guerra de agresión de Trump y Netanyahu

Atacar esa infraestructura eléctrica sería un crimen de guerra. El Tribunal Penal Internacional ha procesado a cuatro comandantes rusos por hacer precisamente eso en Ucrania. Las centrales eléctricas son infraestructuras civiles que no se deben atacar, y el daño que sufrirían los civiles no guarda proporción con la ventaja militar que pudiese suponer.

Además, el ataque iraní es una reacción al bombardeo de EEUU e Israel. Para intentar que Irán detuviese sus ataques lo obvio sería que Trump y Netanyahu dejasen de bombardearlo, ahora que la lógica de seguir haciéndolo se difumina. Nada garantiza que la contención dé frutos, pero sin duda es mejor intentar eso que seguir agravando la guerra, dada la destrucción que el conflicto, cada vez más extendido, está teniendo en la economía mundial. Por no hablar del pésimo historial que ese tipo de escaladas dejaron en Vietnam, Afganistán e Irak.

Resulta paradójico, pero es probable que Irán tenga ahora una posición negociadora más sólida que antes de la guerra de agresión de Trump y Netanyahu. Entonces, Irán quería evitar los bombardeos. Ahora que ya ha sufrido lo peor —el descabezamiento de la jerarquía, la destrucción de buena parte del ejército y los ataques a las fuerzas encargadas de la represión interna —, el régimen tiene mucho menos que perder.

Claro que el pueblo iraní todavía puede perder mucho. Hoy sufren, pero la república islámica es una dictadura despiadada que nunca ha antepuesto el bienestar público al control del poder. No da signos de ceder.

Trump debería dejar de bombardear sin más, y obligar a Netanyahu a hacer lo mismo. No sabemos cómo reaccionaría el régimen iraní, pero sería posible que respondiese de la misma forma, en lugar de asumir la responsabilidad de seguir con la guerra

Al contrario, los clérigos iraníes están envalentonados a raíz del éxito de la estrategia militar asimétrica. Si bien no puede derrotar a las superpotencias global y regional que constituyen EEUU e Israel a cara descubierta, pueden sembrar el caos en los países árabes del golfo Pérsico, donde EEUU tiene sus bases, y laminar la economía mundial. El régimen iraní puede considerar que tiene una mano ganadora, viendo que el precio del depósito de gasolina será un factor determinante en las venideras elecciones de medio mandato en EEUU.

Los iraníes son maestros de la dilación y es probable que insistan en algunas de las cuestiones que les interesaron durante las anteriores negociaciones nucleares que Trump, aguijoneado por Netanyahu, echó por tierra. Quieren que se retiren las sanciones y que se declare su derecho al enriquecimiento nuclear. El nuevo líder supremo ha desdeñado el que se siga negociando.

Un alto el fuego de facto podría ser más efectivo. Trump debería dejar de bombardear sin más y obligar a Netanyahu a hacer lo mismo. No sabemos cómo reaccionaría el régimen iraní, pero sería posible que respondiese de la misma forma, en lugar de asumir la responsabilidad de seguir con la guerra. Si, como parece, ve en su supervivencia un triunfo, podría aprovechar la oportunidad.

Pero Trump también anhela “ganar” la guerra. Ha dicho que busca la “rendición incondicional” y que el régimen iraní admita expresamente su derrota.

Esos objetivos son políticos, no militares. Son el intento de Trump de protegerse él, antes que cualquier otro actor en Oriente Medio.

Ahí es donde Trump nos recuerda a Nixon. El “honor” que Nixon buscaba no era el de los estadounidenses, que en su mayoría querían salir de Vietnam del mismo modo que hoy tampoco quieren tener nada que ver con la guerra de Trump y Netanyahu en Irán.

El honor que a Nixon le preocupaba era el suyo propio. No quería pagar el precio político de haber “perdido” en Vietnam.

Con Trump pasa algo parecido. Tras haberse embarcado en una guerra sin un motivo ni remotamente válido, ahora necesita una salida que le permita salvar la cara. ¿Pero cuántos iraníes deben morir, cuánta devastación debe dejar esta guerra sin sentido, cuánto empobrecimiento y sufrimiento económico debe padecer el mundo para que Trump pueda cantar victoria?

Trump es tristemente conocido por sus declaraciones victoriosas sin base fáctica. Sería buen momento para otra de esas.

No le demos vueltas: el ataque militar a Irán de Donald Trump y Benjamin Netanyahu es un acto ilegal de agresión. No hay justificación legal para ello. No es diferente de la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladímir Putin o de la invasión de la República Democrática del Congo por parte del presidente ruandés Paul Kagame.

La Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza militar en solo dos circunstancias: con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o como defensa propia contra un ataque armado real o inminente. Ninguna de las dos circunstancias estaba presente.

En su video de justificación para la guerra, Trump habló de la “amenaza inminente” de Irán, pero no hay evidencia que la respalde. Recitó una letanía de ataques pasados que atribuyó a Irán, pero ninguno de ellos está en curso o es inminente. En el mejor de los casos, Trump trató de evitar daños futuros -Netanyahu usó el término “preventivo”-, pero la prevención no es una justificación para la guerra porque abriría la caja de Pandora a innumerables conflictos armados.

Para evitar futuras amenazas, los gobiernos deben recurrir a la diplomacia, combinada con formas de presión no militares. Irán ya está sujeto a sanciones integrales, pero Trump y Netanyahu interrumpieron la diplomacia porque no parecían querer aceptar un sí por respuesta. Con los dos líderes enfrentando desafíos políticos en casa a medida que se acercan las elecciones, ¡parecían demasiado ansiosos por bombardear Irán!

Sorprendentemente, ni siquiera está claro cuál fue el enfoque durante las negociaciones ahora suspendidas. Trump, poco dado a la precisión, dijo que Irán debe renunciar a tener un arma nuclear, pero Irán ha dicho repetidamente eso mismo. Para subrayar este punto, Teherán se mostraba abierto a permitir inspecciones en sus instalaciones nucleares y a diluir lo que queda (después del bombardeo estadounidense de junio de 2025) de su uranio altamente enriquecido.

Más bien, parecía que el punto de fricción era si, en general, Irán podía o no enriquecer uranio. En varias etapas, el gobierno de Estados Unidos había exigido que Irán abandonara cualquier enriquecimiento. Los negociadores iraníes se resistieron, señalando el derecho de todos los gobiernos a enriquecer en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. Hubo algunos indicios de que Washington había dado marcha atrás en la versión más rígida de esa demanda (aunque Trump la repitió el viernes) y que Teherán estaba ofreciendo compromisos para salvar la cara, como limitar el enriquecimiento a los niveles modestos necesarios para los isótopos médicos o científicos, lejos de lo que se necesita para las armas.

En algunas ocasiones, el gobierno de Estados Unidos también había buscado límites a los misiles balísticos de Irán y a su apoyo a grupos armados regionales como Hezbolá, Hamas y los hutíes. Pero los relatos recientes de las negociaciones sugirieron que estas demandas ya no estaban en el centro de las discusiones.

Nunca sabremos cómo podrían haberse desarrollado estas negociaciones. Trump por lo visto decidió que Irán no actuaba con seriedad para llegar a un acuerdo, por lo que lanzó el ataque. Netanyahu nunca quiso un acuerdo; como es su costumbre; prefirió una solución militar. Así, se inició una guerra evitable, una guerra de elección, no una necesidad, en flagrante violación del derecho internacional.

Con el bombardeo que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, Trump ha instado al pueblo iraní a levantarse y derrocar al gobierno que los ha reprimido durante mucho tiempo. “La hora de la libertad” está cerca, anunció.

No hay duda de que el gobierno iraní es despreciable. En enero se enfrentó a las protestas aplastando a los manifestantes. Hubo al menos 7.000 muertos, si no muchos más. Pero el objetivo del cambio de régimen no justifica el delito de agresión.

Tampoco hay aquí un caso para una intervención humanitaria. Dado que el asesinato es inherente a la guerra -sin mencionar el riesgo para los civiles, como la escuela bombardeada el primer día en la murieron decenas, en su mayoría niños-, la intervención humanitaria solo se puede justificar para detener una matanza masiva en curso o inminente. No había nada de eso. La intervención humanitaria no puede ser invocada simplemente para tomar represalias por la represión pasada, que es lo máximo que se puede decir del ataque Trump-Netanyahu.

Por estas razones, la respuesta internacional al ataque estadounidense-israelí ha sido fría en el mejor de los casos. Reino Unido se negó a permitir que los bombarderos estadounidenses atacaran a Irán desde su base militar en Diego García. Reino Unido, Francia y Alemania emitieron una declaración conjunta que criticaba a Irán, pero que no respaldaba la invasión.

Uno puede entender su inquietud. La mayor amenaza para Europa hoy proviene de Rusia, y el ataque contra Irán le da a Putin el argumento de la hipocresía para contrarrestar las críticas a su invasión de Ucrania. Es más difícil defender el derecho internacional cuando el gobierno más poderoso del mundo lo burla abiertamente.

Al igual que con cualquier ataque militar, las consecuencias son difíciles de predecir. El líder iraní tenía 86 años, por lo que el régimen, sin duda, se estaba preparando en cualquier caso para nombrar un sucesor. Y el cambio de régimen es difícil de lograr desde el aire, como Trump descubrió en Venezuela, donde retiró a Nicolás Maduro de la escena, pero por lo demás mantuvo intacto al régimen de Maduro.

Jamenei era un hombre de línea dura que no toleraba la disidencia y se aferraba al derecho de Irán a enriquecer uranio a pesar de las enormes dificultades impuestas a su pueblo por las sanciones resultantes. Incluso si la República Islámica no se derrumba, es posible que su sucesor sea más complaciente, dispuesto a permitir algo más de libertad, como lo ha sido el régimen de Venezuela sin Maduro. Pero Venezuela sigue estando lejos de ser una democracia, y hay pocas razones para creer que un régimen iraní modificado sería mucho mejor.

¿Elegirá el pueblo iraní este momento para levantarse de nuevo, dentro de su larga búsqueda de un gobierno que respete los derechos? ¿Responderá el régimen con su habitual y cada vez más letal brutalidad? Y si es así, ¿el final será diferente de las decepciones pasadas? Es demasiado pronto para hacer predicciones.

Sería maravilloso que el pueblo iraní pudiera saborear la democracia, que las mujeres iraníes pudieran disfrutar del espíritu de sus protestas de 2022 -“Mujeres, Vida, Libertad”-, libres de la policía moral opresiva y misógina. Pero también está la lección aprendida por los pueblos de Irak y Libia, donde la intervención militar occidental produjo un caos que posiblemente fue más mortal que el gobierno dictatorial.

Las ramificaciones globales también son preocupantes. Este último ejemplo de la visión del mundo de Trump solo puede alentar otros actos de agresión, ya sea la toma de Taiwán por parte de China, las amenazas de Etiopía y Eritrea contra Tigray, o los últimos combates entre Pakistán y Afganistán. Al ver que Trump ataca a Irán pese a carecer de armas nucleares y evita a Corea del Norte, que tiene 60 o más ojivas nucleares, no será difícil para los gobiernos deducir qué necesitan para defenderse del matón en la Casa Blanca.

Una vieja máxima militar dice que ningún plan de guerra sobrevive al primer contacto con el enemigo. Pero eso también es cierto fuera del campo de batalla. El mundo de la diplomacia puede ser frustrantemente lento e inadecuado. Sin embargo, hay buenas razones para respetar la soberanía de los países y buscar la solución pacífica de las controversias. Un mundo donde los asuntos de vida o muerte, el destino de países enteros, descansan en los caprichos egoístas de personas como Trump y Netanyahu está lleno de peligros. Me encantaría ver el fin de la despiadada República Islámica, pero no a expensas de un mundo donde nuestro destino es dictado por los hombres con las armas más grandes.

El Gobierno de Israel cree que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya está a punto de presentar cargos por crímenes de guerra contra Benjamin Netanyahu y otros dirigentes. Aunque no sea posible saberlo con certeza –la CPI mantiene en secreto sus planes–, el primer ministro israelí tiene buenas razones para estar preocupado, y es poco probable que los argumentos que ha esgrimido hasta ahora en su defensa le vayan a servir de ayuda.

El objetivo más probable de Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, es la estrategia de Netanyahu de condenar al hambre a los civiles palestinos de la Franja de Gaza. 

El Gobierno israelí se ha negado a permitir que el personal del tribunal internacional acceda a la Franja, por lo que a Khan le llevará un tiempo completar la investigación detallada necesaria para demostrar otros posibles crímenes de guerra de Israel, como los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y como los ataques a objetivos militares con daños a civiles previsiblemente desproporcionados. Pero los hechos en torno a la obstrucción israelí de la ayuda humanitaria son fácilmente accesibles. 

Durante sus dos recientes visitas a la región, Khan insistió en que, tal y como exige el derecho internacional humanitario, los civiles palestinos de la Franja de Gaza debían “tener acceso, sin más dilación, y al ritmo y escala necesarios, a los alimentos básicos, el agua, y los suministros médicos que requieren de manera desesperada”. “Si no lo hacen así, no se quejen cuando mi oficina tenga que actuar”, advirtió Khan al Gobierno israelí.

La norma de derecho internacional humanitario a la que hace referencia Khan ha sido respaldada por prácticamente todos los gobiernos del mundo, incluidos Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos y Palestina, en su calidad de Estado observador de las Naciones Unidas.

La hambruna en Gaza, cada vez más evidente

Durante gran parte de la guerra, Israel ha permitido que entraran a la Franja alimentos suficientes como para evitar la muerte generalizada, pero no como para frenar el hambre generalizada y, en algunas partes del territorio, hasta la “hambruna”, de acuerdo con la responsable de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAid), Samantha Power.

En el norte de la Franja, y según calculó Oxfam, cientos de miles de personas estaban recibiendo en promedio solo 245 calorías por día, una cantidad que de manera aproximada representa una décima parte de las necesidades normales de un ser humano. Al menos 28 niños menores de 12 años habían muerto de desnutrición hasta el 17 de abril.

Las autoridades israelíes han buscado responsables de esta privación en todos lados menos en sí mismas. Pero las pruebas apuntan al Gobierno de Netanyahu. 

Es comprensible que Israel quiere detener el contrabando de armas a Hamás, pero el procedimiento de inspección a los camiones de ayuda es enrevesado y no está dotado del personal necesario, por lo que puede durar hasta tres semanas. En muchas ocasiones, los camiones son rechazados por llevar un solo artículo inocuo al que Israel le atribuye valor militar, lo que obliga a poner en marcha todo el proceso desde el principio. Entre los artículos rechazados hay anestésicos, catéteres cardíacos, kits para análisis químico del agua, muletas, kits de maternidad, bombonas de oxígeno, instrumental quirúrgico, equipos de ecografía, sillas de ruedas y aparatos de rayos X.

Cuando António Guterres, secretario general de la ONU, visitó en marzo el lado egipcio de la frontera con Gaza fue testigo de “largas colas de camiones con ayuda bloqueados, esperando que les dejaran entrar en Gaza”. Israel ha permitido unos muy publicitados envíos de alimentos por mar y por aire, pero representan una pequeña parte de lo que el transporte por tierra puede suministrar.

Primero, las acusaciones más sencillas

A nadie le extrañaría que Khan comience con una acusación de haber “matado deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza” contra Netanyahu; contra Yoav Gallant, su ministro de Defensa; y contra el teniente general Herzi Halevi, su jefe del Estado Mayor en las Fuerzas de Defensa de Israel.

La primera acusación de Khan contra Vladímir Putin y contra su comisaria de los derechos de la infancia fue por secuestrar a niños ucranianos. Después fue cuando llegó la preparación del caso por la campaña rusa de bombardeos, más complicada desde el punto de vista factual, que Khan comenzó con la persecución de los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. 

En el caso de Gaza, lo más probable es que Khan empiece también por las acusaciones más sencillas antes de pasar a las complejas.

No hay duda de que Khan también presentará acusaciones, tal y como corresponde, contra altos cargos de Hamás en su cadena de mando militar. La matanza y el secuestro de civiles israelíes del 7 de octubre son claros crímenes de guerra. Pero una premisa básica del derecho internacional humanitario es que los crímenes de guerra de un bando nunca justifican los crímenes de guerra del otro: la obligación de cumplir es absoluta, no recíproca.

La defensa de Israel

Netanyahu ya ha comenzado con su defensa. “Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”, escribió en la red social X (antiguamente Twitter). Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. Las acusaciones de la CPI no guardarán ninguna relación con el derecho de Israel a la autodefensa. Más bien, se centrarán en la forma en que el Gobierno de Netanyahu ha decidido llevar a cabo esa defensa: no solo atacando a Hamás, sino también cometiendo crímenes de guerra contra los civiles.

Si el hambre es el objetivo de la CPI, Netanyahu podrá decir que en las últimas semanas su Gobierno ha permitido la entrada de más alimentos a la Franja. Netanyahu prometió abrir un nuevo paso fronterizo y permitir la entrada de más ayuda a Gaza después de que el 1 de abril sus soldados mataran a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen y Joe Biden amenazara implícitamente el 4 de abril con condicionar la futura ayuda militar de EEUU, y la venta de armas, a un cambio en la obstrucción que Israel venía ejerciendo sobre la ayuda humanitaria. Las entregas de ayuda humanitaria han aumentado desde entonces pero siguen siendo insuficientes. 

Que Israel sea capaz de calibrar la entrega de ayuda humanitaria en función de la presión que ejerce EEUU es otra demostración de lo deliberado de la estrategia del hambre. Relajar esa estrategia ahora no servirá para explicar por qué se mantuvo así durante muchos meses.

La jurisdicción territorial

El Gobierno de Netanyahu podría argumentar que Israel tiene un sistema legal bien desarrollado y es capaz de procesar a sus propios criminales de guerra. El principio de complementariedad prevé que la Corte Penal Internacional no intervenga si el sistema jurídico del país hace un esfuerzo concienzudo para que se haga justicia. Pero Israel no tiene antecedentes de enjuiciamiento a altos cargos por crímenes de guerra. Y en el país no se ha presentado ninguna acusación contra Netanyahu por la estrategia del hambre en Gaza.

Sin duda, el Gobierno israelí argumentará que sus autoridades no deberían ser juzgadas por la CPI, ya que el país nunca se adhirió a este tribunal internacional. Pero el Estatuto de Roma con el que se creó la CPI le otorga jurisdicción sobre los nacionales de los gobiernos adheridos a la Corte y también sobre los delitos cometidos en los territorios de sus miembros, teniendo en cuenta que la capacidad de lidiar con los delitos cometidos en el territorio de un país es un atributo clave de la soberanía. Palestina sí se ha adherido a la CPI y le ha concedido jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio ocupado: Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.

Durante las negociaciones para la creación de la corte, el Gobierno de Estados Unidos se opuso a que la CPI tuviera jurisdicción territorial pero el resto de gobiernos integrantes hicieron que saliera adelante. El rechazo de Estados Unidos a la jurisdicción territorial estuvo detrás de las escandalosas sanciones que Donald Trump impuso a Fatou Bensouda, la anterior fiscal de la CPI, cuando inició investigaciones en Afganistán que podrían haber implicado a torturadores de la era de George W. Bush, así como cuando inició investigaciones en Palestina que podrían alcanzar a autoridades israelíes.

Biden levantó las sanciones impuestas por Trump y dijo que las acusaciones de la CPI contra Putin, basadas en la jurisdicción territorial, estaban bien fundamentadas. Sería una profunda falta de principios que Washington aceptara la jurisdicción territorial en los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y no la aceptara en los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza.

Por otro lado, las perspectivas de reelección de Biden pueden verse en peligro si EEUU intenta interferir en el proceso de alguna manera, por ejemplo invocando la tan denostada Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU, que autoriza incluso la acción militar para proteger a los aliados de Estados Unidos de la persecución de la CPI –bautizada por ello como Ley de Invasión de La Haya –, algo que probablemente provocaría protestas enormes en Estados Unidos.

Qué puede cambiar

¿Pueden cambiar algo las acusaciones por crímenes de guerra? El Gobierno de Israel no está dispuesto a entregar a Netanyahu ni a sus socios para ser juzgados. Pero sus viajes se verían repentinamente limitados. Estados Unidos nunca se ha adherido al tribunal pero los gobiernos europeos sí lo han hecho. Eso significaría que, de repente, Europa y gran parte del resto del mundo quedarían fuera del alcance de los acusados. También dificultará a Washington y a Londres fingir que las armas que entregan al Ejército israelí no están contribuyendo a crímenes de guerra.

Además, en una primera tanda de acusaciones estaría implícita la amenaza implícita de futuras acusaciones. Ahora que Netanyahu contempla la posibilidad de invadir Rafah, la ciudad más al sur de Gaza y en la que se refugian 1,4 millones de palestinos, tendrá que pensar que la muerte de más civiles puede llevar a Khan a profundizar su investigación de los ataques contra civiles llevados a cabo por Israel de manera aparentemente indiscriminada y desproporcionada.

De este modo, la CPI podría estar a la altura de lo que se espera de ella, no solo por la justicia retrospectiva, sino para disuadir futuros crímenes de guerra.

Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, es profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton.

Traducción de Francisco de Zárate.

Las fuerzas rusas que invaden Ucrania se enfrentan a una resistencia más fuerte y efectiva de la que probablemente había previsto el Kremlin. La gran pregunta es: ¿qué puede pasar ahora? Los militares rusos tienen antecedentes de enfrentarse a esa resistencia con graves violaciones de las leyes de la guerra, como atacar deliberadamente a los civiles y someterlos a ataques indiscriminados y desproporcionados.

Entre 2015 y 2016, los bombardeos rusos y sirios devastaron en gran medida las zonas controladas por la oposición en el este de Alepo, la mayor ciudad de Siria en términos de población. Las fuerzas de la oposición acabaron rindiéndose, en un contexto en el que los habitantes sufrieron las consecuencias de un asedio atroz, así como ataques indiscriminados con municiones de racimo y bombas de barril, armas incendiarias y bombas con fuerte carga explosiva. 

El Ejército ruso repitió la misma táctica más tarde, en el este de Guta e Idlib, con resultados igual de devastadores. Bombardearon deliberadamente hospitales, mercados, escuelas y edificios de viviendas, en algunos casos repetidamente. Su objetivo era hacer la vida tan difícil a los civiles que optaran por irse, aislando a las fuerzas de la oposición y facilitando el avance de las tropas terrestres sirias.

El parecido con Chechenia

Sin embargo, en Alepo e Idlib, las fuerzas rusas operaron principalmente desde el aire. Ahora, en Ucrania, participan las fuerzas terrestres. Probablemente la analogía más parecida a la situación actual sea la segunda guerra en Chechenia, entre 1999 y 2000, cuando el Ejército ruso devastó por completo la capital, Grozni, con un despliegue abrumador de armamento indiscriminado. En 2003, las Naciones Unidas calificaron a Grozni como “la ciudad más destruida de la Tierra”. El Ejército ruso también perpetró varias masacres, torturó e hizo desaparecer a miles de personas, y cometió otros graves abusos en las operaciones de “limpieza”.

Ya hay indicios de que en Ucrania el Ejército ruso está actuando de forma también indiscriminada contra la población civil, pero aún estamos en el inicio del conflicto. Los soldados rusos desplegados en el este han utilizado municiones de racimo, que ponen en peligro a los civiles no solo por su uso inmediato, sino también por la gran cantidad de munición sin detonar que dejan tras de sí.

Aunque ni Rusia ni Ucrania se han adherido al tratado que prohíbe las municiones de racimo, estos ataques vulneran la prohibición de las acciones bélicas indiscriminadas, un aspecto del derecho internacional consuetudinario contemplado desde hace tiempo en los convenios de Ginebra y sus protocolos, que ambos gobiernos han ratificado.

Además de disparar misiles balísticos y artillería de cohetes, las fuerzas rusas están utilizando armas explosivas con efectos de gran alcance que son totalmente inapropiadas en zonas densamente pobladas. Y pueden estar avanzando para cercar e imponer un asedio a la capital, Kiev, y a la segunda ciudad más poblada, Járkov. Aunque los asedios son una táctica legal, pueden servir para preparar el terreno para otros abusos graves contra los civiles en la zona asediada.

Qué hacer

Entonces, ¿qué se puede hacer para detener una espiral de guerra indiscriminada que ponga en peligro a incontables civiles ucranianos? Se ha hablado mucho de cómo las numerosas publicaciones de los ataques en las redes sociales podrían servir de elemento disuasorio al documentar y dar a conocer cualquier crimen de guerra. Sin embargo, los ataques en Siria también fueron debidamente documentados en vídeo y difundidos en las redes sociales sin que ello tuviera el suficiente efecto.

En el caso de Idlib, la presión internacional sí sirvió para detener los bombardeos selectivos contra infraestructuras civiles. La presión militar de los ataques de drones turcos contra las fuerzas sirias, la presión diplomática del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, y las repetidas denuncias de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU lograron detener los ataques rusos en marzo de 2020. En gran medida, no se han reanudado.

Pero los intereses políticos son mucho mayores en Ucrania, donde lo que está en juego es el legado de Putin. Y ya se ha ejercido una presión mucho más intensa sobre el Kremlin.

La posibilidad de un juicio internacional por crímenes de guerra sigue siendo un posible factor atenuador. Como Siria nunca ratificó el tratado de Roma por el cual se creó la Corte Penal Internacional (CPI), esta no ha tenido jurisdicción sobre los graves crímenes graves que se cometieron en el país. La Asamblea General de la ONU sí estableció un organismo con sede en Ginebra para recabar y conservar las pruebas de los crímenes graves. Ha contribuido a los procesamientos nacionales de autoridades sirias, especialmente en Alemania, bajo el concepto de jurisdicción universal.

Pero a pesar de que Human Rights Watch consiguió trazar una línea de responsabilidad de mando para los crímenes de guerra en Idlib que llevaba directamente a Putin, ningún alto cargo ruso ha sido procesado por esas acciones. No es demasiado tarde para empezar.

Más concretamente, la CPI tiene jurisdicción sobre los graves crímenes cometidos en Ucrania en virtud de las declaraciones presentadas por el Gobierno ucraniano. El fiscal de la CPI ya ha anunciado una investigación, y 39 miembros del tribunal lo apoyan. La comunidad internacional debe garantizar ahora que esta investigación, así como el grueso de la labor de la Corte, cuenten con todos los recursos necesarios.

El poder del pueblo ruso

En última instancia, el factor disuasorio más poderoso para frenar posibles atrocidades de los militares rusos puede ser el pueblo ruso. Decenas de miles de rusos han salido a la calle para protestar, a pesar de que sabían que probablemente serían detenidos. Más de un millón de personas han firmado una petición contra la guerra, y personalidades de reconocido prestigio –artistas, músicos, académicos, escritores– han firmado cartas abiertas contra la guerra.

Los debates de emergencia sobre Ucrania en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU están dando lugar a una condena mundial y a la creación de un mecanismo especial para supervisar, informar y recabar pruebas de los crímenes de guerra en Ucrania. Estos organismos de la ONU deberían establecer un mecanismo similar para la represión en Rusia.

De la misma manera que los gobiernos del mundo imponen sanciones selectivas a las personas cómplices de la guerra y la represión, deben evitar en lo posible hacer daño a los rusos de a pie. Apoyar al pueblo ruso en su intento de frenar las brutales tácticas de Putin puede ser la mejor herramienta que tenemos para evitar que Kiev y Járkov se conviertan en las próximas Alepo y Grozni.

Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch

Traducido por Emma Reverter.

La victoria de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen permite que aquellos preocupados por el auge del populismo antiliberal suspiren de alivio. Su margen de victoria de dos a uno –superando los pronósticos de las encuestas– representa un “no” contundente de los votantes franceses a la política de odio e intolerancia, antimusulmana y antiinmigrante, de Marine Le Pen.

Sin embargo, apenas un triunfo del liberalismo democrático no es motivo para cantar victoria. El partido de Le Pen todavía podría tener éxito en las elecciones legislativas de Francia en junio. Los populistas siguen en el poder en Hungría y Polonia, y la Unión Europea ha sido lenta en encararse al desmantelamiento del sistema de controles y equilibrios sobre la autoridad ejecutiva y a su desprecio por los valores de tolerancia y apertura del bloque. Mientras tanto, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha dejado claro que el objetivo de su gobierno no es sólo el Brexit, sino también la imposición de límites a la aplicación de las normas de derechos humanos, ya sea mediante la revocación de la Ley de Derechos Humanos de Gran Bretaña o su retirada de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Más allá de las fronteras de la Unión Europea, los populistas de una clase u otra están en el poder en Turquía, Rusia, Egipto, India, Filipinas y, por supuesto, Estados Unidos. Cada uno de sus líderes, en nombre del “pueblo”, ha demostrado su disposición a atropellar los derechos de las minorías desfavorecidas y, a menudo, incluso a sus principales detractores.

¿Qué se puede hacer para lograr un mayor provecho de la victoria de Macron y seguir avanzando en la lucha contra este peligroso formato de populismo?

Un primer paso útil es comenzar a examinar las preocupaciones públicas explotadas por los populistas. Los populistas son excelentes en ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos –generalmente señalando como chivos expiatorios a los más vulnerables–, pero eso no debe distraernos de los agravios reales que se esconden tras su auge.

La economía global y el desarrollo tecnológico han dejado a muchos trabajadores alienados y rezagados: muchos han perdido su empleo o han sufrido una reducción de salario. Es evidente que los líderes que aceptaban la visión económica de que el libre comercio expandiría la economía a beneficio de todos prestaron poca atención a cómo se distribuirían esas recompensas económicas y cómo afectarían a los trabajadores desplazados.

Una estrategia de defensa útil contra el populismo puede lograrse garantizando una red de seguridad social adecuada, medidas para mejorar la capacitación en el empleo y abordar el desempleo, y una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, entre otras cosas mediante una corrección de las políticas fiscales que favorecen injustamente a los ricos.

Una defensa contra el populismo también requiere abordar las cuestiones de la inmigración y la integración. Factores de peso están atrayendo a los inmigrantes a Europa y Occidente: la huida de la persecución, la pobreza y el conflicto, junto con la necesidad de Occidente de trabajadores para compensar la disminución de la población. Sin embargo, los países europeos han hecho un pobre trabajo de integración de las comunidades de inmigrantes, como ponen en evidencia los tramos de desesperanza en los barrios periféricos de París. Defenderse contra el populismo requiere prestar una mayor atención a los obstáculos a la integración, incluyendo la discriminación en la vivienda, la educación, el empleo y la policía. También requiere una discusión más franca sobre el equilibrio apropiado entre la inmigración y la integración ya que, si un gobierno no toma las medidas necesarias para permitir la integración, se asegura una receta para la oposición pública a nuevos inmigrantes.

Quizás lo más importante, combatir el populismo requiere defender los valores democráticos. Con mucha frecuencia los políticos de los partidos mayoritarios han respondido a la amenaza populista con el mimetismo. Eso es lo que hizo el primer ministro holandés Mark Rutte en su apurada victoria en marzo contra el populista Geert Wilders. Los simuladores esperan alejar a los votantes que se sienten atraídos por el mensaje populista, pero terminan por legitimar ese mensaje, de modo que incluso cuando los populistas pierden las elecciones, sus ideas y políticas ganan fuerza.

Está claro que Macron enfrentará desafíos mientras intenta cumplir su promesa de “hacer todo lo posible para que el pueblo francés no tenga más razones para votar por los extremos”. Pero por ahora su victoria es alentadora porque se fundó en una enérgica defensa de los principios democráticos, incluida su expresión en la Unión Europea. Al unirse a líderes como la alemana Angela Merkel y el canadiense Justin Trudeau, Macron reafirmó los valores fundamentales de los derechos humanos que rechazan los populistas.

Necesitamos más casos como esos. Los populistas han demostrado que los líderes (y grupos de derechos humanos) occidentales se han equivocado al asumir que el público comparte necesariamente valores de derechos humanos, que la gente siempre entiende la importancia de tratar a los demás de la misma manera en que ellos mismos querrían ser tratados. En última instancia, la defensa contra el populismo no es más fuerte que la aceptación del público de los valores que han construido las sociedades democráticas. Ahora vemos que esos valores necesitan atención constante.