Boris Johnson y los Conservadores amenazan con lanzar a nuestro país por el acantilado de una salida sin acuerdo de la Unión Europea en apenas seis semanas. No tienen el mandato para hacerlo. Y la mayor parte de la ciudadanía se opone. Desde que llegó al cargo de primer ministro en Julio, Johnson ha sido derrotado en cada votación que ha llevado al Parlamento. Sus maniobras antidemocráticas y su decisión de cerrar el Parlamento para evitar la rendición de cuentas están siendo cuestionadas en el Tribunal Supremo. La visita de Johnson a Luxemburgo del pasado lunes no fue más que otra humillación. El Primer Ministro fue a Europa sin plan ni propuestas e hizo lo posible por evitar cualquier escrutinio mientras estuvo allí.

Hace tres años Johnson mostró su apoyo al Brexit porque pensó que daría impulso a su carrera política. Escribió un artículo a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y otro apoyando la salida. Ahora opta por la salida sin acuerdo porque cree que le resulta conveniente recuperar votos del Brexit Party y mantener el apoyo de los ultras del Brexit en las filas conservadoras. Al mismo tiempo, necesita aparentar que intenta conseguir un acuerdo que mantenga unido su gabinete y su grupo parlamentario.

No hay nada nuevo en las maniobras de Johnson. Fue Theresa May quien planteó las primeras contradicciones sobre el Brexit para evitar que el Partido Conservador estallara en pedazos y David Cameron convocó originalmente el referéndum pensando que limitaría la amenaza de UKIP.

La saga del Brexit a lo largo de estos últimos años ha sido una letanía de fallos de los Tories. Cada primer ministro conservador, uno tras otro, ha añadido su cosecha propia, poniendo sus propios intereses y los del partido por delante de los de la gente y el país. Ahora nos enfrentamos a una salida conflictiva el mes que viene y sin acuerdo. De hecho, es difícil vislumbrar señal alguna de que se esté empeñando el más mínimo esfuerzo en evitarlo.

Sabemos por Amber Rudd, que dimitió del Gabinete este mes, que no se están haciendo demasiados esfuerzos para asegurar que se llegue a un acuerdo con la UE. De hecho, es difícil ver la más mínima señal de que se esté poniendo interés alguno. Y lo sabemos por la filtración de informes que aseguran que las negociaciones lideradas por el primer ministro no son más que impostura. Que tienen por objetivo real que no haya acuerdo.

Pero enfrentándose a la resistencia ejercida por el 10 de Downing Stret, el Parlamento se aseguró de que salieran a la luz los documentos de la Operación Yellowhammer, confidenciales y en los que se recogen los planes del Gobierno en caso de que no haya acuerdo. El análisis del propio Gobierno afirma que el Reino Unido se expondrá a un riesgo de escasez de medicamentos y comida o situaciones potencialmente caóticas en las entradas al país. También expone que algunos ministros han transmitido información incorrecta a la ciudadanía. Nos dijeron que no habría escasez de comida o medicamentos cuando los informes que manejaban decían lo contrario.

Los documentos de la Operación Yellowhammer no han hecho más que elevar el nivel de responsabilidad ante el que nos encontramos.

Una salida sin acuerdo, la opción temeraria del primer ministro, podría amenazar el empleo y el nivel de vida y elevar el precio de los alimentos. Dejaría el camino expedito para un acuerdo comercial unidireccional con el gobierno de Donald Trump que sería negociado desde una posición de inevitable debilidad.

No sería un Brexit sin acuerdo, sería un Brexit acordado con Trump que supondría una caída en picado de nuestros derechos y sistemas de protección, vendidos a empresas de Estados Unidos.

Un Brexit sin acuerdo tampoco sería esa “salida limpia” que algunos imaginan. No significaría un “seguir adelante, sin más”. En realidad supondría el comienzo de otro periodo de confusión y retrasos debido a que habría que negociar una serie de nuevos acuerdos con la Unión Europea, pero en un contexto de desempleo creciente, más pobreza y empresas que optarían por trasladar sus sedes a otros países.

El laborismo va a hacer todo lo necesario para evitar una salida sin acuerdo que supondría un desastre traducido en caos, problemas de todo tipo y un incremento del desempleo además de una amenaza grave al proceso de paz en Irlanda del Norte. Por eso, hemos acordado con otros partidos presentar una ley que impida que nos estrellemos cuando termine octubre.

Una vez que logremos eliminar la posibilidad de una salida sin acuerdo y que el primer ministro haya cumplido con esa ley, necesitamos que se convoquen elecciones generales para deshacernos del gobierno conservador de Boris Johnson. Esa convocatoria electoral irá mucho más allá del Brexit. Significará elegir entre un gobierno laborista que devuelva la riqueza y el poder a la mayoría y los conservadores de Boris Johnson, los nacidos para mandar, que defenderán a una minoría privilegiada.

Habrá que decidir sobre quienes serán los encargados de terminar con la austeridad y serán capaces de lograr los cambios que el país necesita, invirtiendo en cada región y nación de la unión y reconstruyendo los servicios públicos, la industria y las comunidades.

Los habitantes del Reino Unido merecen expresarse en unas elecciones generales. Sólo un gobierno laborista terminaría con la crisis generada por el Brexit devolviéndole a la gente la capacidad de decidir. Daremos a la gente la posibilidad de emitir su opinión final sobre el Brexit poniendo sobre la mesa dos opciones. Una oferta de salida creíble y otra para quedarse.

Un gobierno laborista podría garantizar un acuerdo respetuoso basado en los principios que hemos defendido a lo largo de los años: un nuevo acuerdo aduanero con la Unión, una relación de mercado único y cercanía y garantías en el ámbito de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Ofreceríamos votar esa opción y la de quedarse. Y como Primer Ministro laborista, me comprometería a llevar adelante lo que la gente decida

Somos el único partido de ámbito estatal que está preparado para confiar en la gente y en la decisión que tome. Johnson quiere salir de la Unión Europea sin acuerdo y eso es algo a lo que se oponen las empresas, los sindicatos y la mayoría de los ciudadanos. Incluso Michel Gove, uno de los responsables de la campaña para abandonar la Unión, dijo hace unos meses: “No votamos salir sin acuerdo”.

Además, ahora, los Liberal Demócratas quieren que los miembros del Parlamento anulen el resultado del referéndum y revoquen el artículo 50. Eso no sería más que un remiendo. No es democrático que se anule la decisión de la mayoría de los votantes sin preguntarles de nuevo.

Los laboristas somos los únicos con la determinación necesaria para unir a la gente de y darle voz de nuevo. Sólo votar al laborismo conseguirá que la ciudadanía vote de nuevo sobre el Brexit. Sólo un gobierno laborista devolverá el poder a manos de la gente. Detengamos un Brexit sin acuerdo y que decida la gente. 

El chapucero acuerdo del Brexit que Theresa May presentó al Parlamento la semana pasada representa un fracaso monumental y un grave perjuicio para Reino Unido. En vez del arreglo razonable que la primera ministra podía haber negociado, estamos frente a un acuerdo que incluye lo peor de los dos mundos. No le sirve ni a los que votaron por el Brexit ni a los que eligieron quedarse en la Unión Europea.

En lugar de retomar el poder de decisión, renuncia a él. En vez de proteger los empleos y las condiciones de vida, los pone en peligro al no sentar las bases para que se genere una relación comercial sin conflictos. Los conservadores llevan dos años y medio negociando con ellos mismos en lugar de con la Unión Europea. El resultado ha sido un acuerdo de retirada de la Unión Europea que deja al país sin capacidad de movimiento.

Las opciones que se presentan al Reino Unido son extender la fase de transición a un coste indeterminado o aceptar un desequilibrado acuerdo con una “salvaguarda” [la disposición para garantizar que no haya aduanas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda] que impediría una salida independiente de la Unión Europea. Como se explica detalladamente en el asesoramiento legal que la primera ministra trató de que no viéramos la semana pasada, esa salvaguarda “perduraría indefinidamente” mientras la Unión Europea así lo desee.

En la práctica, lo que todo esto implica es que la lista de deseos del “futuro acuerdo de asociación” con la UE no pase de ser eso: una lista de deseos, sin margen para negociar un acuerdo comercial eficaz y sostenible. Gran Bretaña no podría decidir en sus propios acuerdos aduaneros ni en las regulaciones clave del mercado. Se permitiría retroceder en los derechos de los trabajadores, pero no podrían tocarse las restricciones que limitan las ayudas estatales a la industria.

Según May, solo se trata de una póliza de seguro, pero ya está más que claro que la disposición de la “salvaguarda” es una parte central de su acuerdo. Deja sin voz ni voto a Gran Bretaña en un humillante lugar de paso del que no podrá salirse sin el permiso de la UE. No conozco ningún precedente de un gobierno británico que firmase un tratado internacional del que fuera imposible retirarse sin el acuerdo de otros países. Es absolutamente inaceptable.

El único motivo por el que el Gobierno ha llegado a un acuerdo tan retorcido es el enfrentamiento entre las diferentes facciones del Partido Conservador. Pero ha fracasado. Al final, lo que ha conseguido es unir a los conservadores que querían irse de la UE con los que querían quedarse, a los miembros del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte con todos los que le hacen la oposición.

Este espantoso acuerdo debe ser derrotado en la votación del Parlamento. En el Partido Laborista estamos trabajando con diputados y partidos de toda la Cámara de los Comunes para garantizar su rechazo tanto como para evitar cualquier posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

La primera ministra anda diciendo que no hay alternativa viable y que una derrota de su acuerdo significará que no hay Brexit o que no hay Brexit con acuerdo. Es mentira. El Partido Laborista tiene un plan alternativo que desbloquea las negociaciones para nuestra futura relación con la UE y nos distancia de la tan dañina “salvaguarda”.

Una nueva y amplia unión aduanera con la UE donde Reino Unido tenga voz y voto en los nuevos acuerdos comerciales reforzaría nuestro sector manufacturero y nos daría una base sólida para un renacer industrial bajo el próximo gobierno laborista, especialmente en las comunidades más rezagadas. Eliminaría la amenaza de tener varias legislaciones para diferentes partes de Reino Unido. Y solucionaría la mayor parte de los problemas para los que se pensó el mecanismo de la “salvaguarda”.

En segundo lugar, en vez del pésimo acuerdo de la primera ministra, tendría mucho más sentido firmar una nueva y firme relación con el mercado único europeo que genere una relación comercial sin conflictos y nos otorgue la libertad de reconstruir nuestra economía ampliando los servicios públicos y estableciendo políticas de migración que satisfagan las necesidades de mano de obra, en vez de alimentar la xenofobia con objetivos o umbrales de inmigración mentirosos.

Por último, queremos garantías de que los actuales derechos laborales de la UE, sus normas medioambientales y su protección para los consumidores serán un punto de referencia desde el que solo se podrá avanzar, y no dar marcha atrás para hacer competencia desleal a otros países a costa de nuestros ciudadanos. Lo que la gente quiere de verdad son estos derechos y salvaguardas, ya sean las que los protegen de los pollos lavados con lejía o las que fijan el número de festivos remunerados. Pero el Gobierno está decidido a negociar esas protecciones y mecanismos de defensa en una carrera a la baja.

Las prioridades del Partido Laborista son muy diferentes. Nuestro plan alternativo garantiza que la frontera siga abierta en Irlanda; otorga seguridad a los inversores y da al sector industrial un empujón para que se renueve; refuerza los poderes para reconstruir la economía y los servicios públicos; asegura que los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente tengan una defensa del mejor nivel. Estamos absolutamente comprometidos con la cooperación internacional y con la solidaridad contra el racismo en toda Europa, también en los países que no forman parte de la Unión; y decididos a asegurar que los estudiantes sigan teniendo la oportunidad de estudiar en otros países.

A diferencia de la opción 'Noruega plus' que ahora se sondea entre los parlamentarios, nuestro plan no deja a Reino Unido como un acatador de normas global que implementa, sin voz ni voto, los reglamentos europeos. El nuestro es un plan susceptible de negociación con la Unión Europea, incluso en esta fase avanzada, en la que ya han sido colocados la mayoría de los ladrillos. La UE ha demostrado su disposición a renegociar acuerdos aún más complejos, como el Tratado de Lisboa. El nuestro es un plan que, en mi opinión, puede sumar una mayoría parlamentaria y unir al país.

Lo que está en juego no podría ser más importante. Si los parlamentarios no aprueban el acuerdo de la primera ministra, el Gobierno habrá perdido la mayoría en el tema más importante para el país y su capacidad para gobernar. En esas circunstancias, lo mejor que se podría hacer es permitir que el país decida el camino a seguir y el equipo para hacerlo. Es decir, elecciones generales.

En otras épocas, una derrota de tal magnitud como la que ahora enfrenta May habría significado elecciones automáticamente. Pero si bajo las condiciones actuales una elección no es posible, hay que poner todas las opciones sobre la mesa. Entre ellas, la alternativa de acuerdo del Partido Laborista y la opción de hacer campaña por una votación pública que nos haga salir del punto muerto, tal y como decidió el congreso laborista de septiembre.

Hace dos años, la gente que votó por quedarse en la UE quería una sociedad multicultural y una relación internacional y abierta con Europa. Muchos de los que votaron por salir lo hicieron por la rabia que les provocaba sentir que la clase política no los tenía en cuenta, con trabajos inestables y mal pagados y una infraestructura en decadencia. Nuestra misión es implementar un plan que sirva a todo el país y una a la gente.

Viendo lo que el Parlamento decidió la semana pasada, el apoyo para un plan alternativo que logre unir al país parece ahora más fácil de conseguir. El acuerdo del Brexit propuesto por el Gobierno no debe continuar. El parlamento ha demostrado que está listo para tomar el control y el Partido Laborista tiene la capacidad de liderar que necesita el país.

Traducido por Francisco de Zárate

No puede haber nadie en el Reino Unido que no esté indignado por el terrible ataque contra Serguéi Skripal y su hija Julia perpetrado en Salisbury la semana pasada. El hecho de que se utilizara un agente nervioso de origen militar en las calles de Gran Bretaña es una barbaridad; la palabra “temeridad” se queda corta para describir la acción.

Este horrible suceso exige en primer lugar que nuestros servicios policiales y de seguridad investiguen los hechos de forma minuciosa y exhaustiva. Tienen derecho a esperar un apoyo incondicional en su labor, del mismo modo que la opinión pública también debería esperar que sus líderes políticos actúen de forma serena y mesurada.

En el actual contexto político convulso, precipitarse y reaccionar antes de que la policía termine de recabar las pruebas, no beneficia ni a la justicia ni a nuestra seguridad nacional.

Theresa May estaba en lo cierto cuando este lunes afirmó que el agente nervioso del ataque de Salisbury puede proceder de dos fuentes posibles, habida cuenta de que ya se ha determinado que procede de Rusia. O bien se trata de un delito cometido por el Estado ruso, o bien ese Estado ha permitido que esas toxinas mortales se escapen del control que las instituciones rusas tienen la obligación de ejercer. Si se trata de esta última posibilidad, no puede descartarse una conexión con los grupos mafiosos rusos a los que se les ha permitido tener presencia en Reino Unido.

Dos días más tarde, la primera ministra seguía sin descartar ninguna de las dos posibilidades. En última instancia, corresponde a la policía y a los profesionales de la seguridad determinar cuál de las dos hipótesis es la correcta. Esperemos que el próximo paso sea la detención de los responsables.

Como ya afirmé en el Parlamento, las autoridades rusas deben rendir cuentas por lo sucedido y en base a las pruebas que se han recabado, y nuestra respuesta debe ser proporcionada y firme.

Es importante que no nos inventemos una tensión política en torno a Rusia que no existe. Obviamente, el Partido Laborista no apoya el régimen de Putin, su autoritarismo conservador, su vulneración de los derechos humanos ni la corrupción política. En este sentido, expresamos nuestra admiración hacia todos los activistas rusos que promueven la justicia social y los derechos humanos, entre ellos, los derechos del colectivo LGBT.

Sin embargo, eso no quiere decir que debamos precipitarnos hacia una “nueva guerra fría” y una escalada del gasto en armamento, conflictos de poder a lo largo y ancho del mundo y una intolerancia al más puro estilo McCarthy hacia todos los que no opinen como nosotros.

En realidad, el Reino Unido debe defender incondicionalmente el Estado de derecho y sus valores, que deben estar en sintonía con una política exterior que aproveche todas las oportunidades posibles para reducir las tensiones y los conflictos. La diplomacia de este gobierno le está fallando al país. El apoyo incondicional a Donald Trump y el recibimiento con honores a un déspota saudí no solo traicionan nuestros valores sino que nos convierte en un país menos seguro.

Nuestra capacidad para lidiar con los escándalos de Rusia se ve comprometida por la oleada de dinero malversado que los oligarcas rusos, tanto si son aliados como opositores del gobierno ruso, han lavado a través de Londres en las últimas dos décadas. Debemos dejar de servir al capitalismo ruso de colegas en Gran Bretaña y a los multimillonarios corruptos que utilizan Londres para proteger su riqueza.

Así que no me cansaré de pedir que el dinero ruso sea excluido de nuestro sistema político. Seguiremos presionando al Gobierno para que apoye las sanciones como las originadas por el caso Magnitsky [un abogado ruso que murió estando bajo custodia policial] para los que vulneren los derechos humanos, así como mano dura frente al blanqueo de dinero y a la evasión fiscal.

Estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno en relación con los diplomáticos rusos, pero las medidas encaminadas a controlar a los oligarcas y su botín tendrían un impacto mucho mayor en la élite rusa que las expulsiones que tienen por objetivo pagar a Rusia con la misma moneda. Estaremos dispuestos a respaldar nuevas sanciones cuando se conozcan las conclusiones del equipo que investiga el atentado de Salisbury.

Sin embargo, si queremos unir fuerzas con nuestros aliados para impulsar una acción conjunta, debemos respetar los tratados y los procedimientos internacionales relativos al uso de armas químicas.

Esto implica que para reducir la amenaza de estos horribles agentes tóxicos debemos trabajar bajo el paraguas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) y si, es necesario, los inspectores de armas químicas deben investigar la distribución de armas de la era soviética.

Así puede y debe ser la base para una respuesta política común a este crimen. Sin embargo, a lo largo de mis años en el Parlamento he podido constatar cómo el pensamiento lógico y coherente ha quedado en demasiadas ocasiones eclipsado por los juicios precipitados y la emoción. Sin ir más lejos, la información errónea y poco fiable de los servicios de inteligencia nos condujo hasta la calamitosa invasión de Irak. Y si bien la ofensiva contra Libia recibió un apoyo abrumador entre todos los partidos, también resultó ser un error.

La repulsa unánime ante los atentados del 11 de septiembre nos llevó a una guerra en Afganistán que continúa hasta el día de hoy, mientras que el terrorismo se ha extendido por todo el mundo.

Si queremos evitar una escalada del conflicto, las consecuencias, todavía presentes, del colapso de la Unión Soviética y del colapso del Estado ruso en la década de los noventa deben ser abordadas a través del Derecho internacional y de la diplomacia.

En estos momentos, la prioridad es identificar y llevar ante la justicia a los autores del ataque de Salisbury. Solo a través de acciones multilaterales firmes podremos estar seguros de que nunca más vuelve a cometerse un crimen tan estremecedor como este.

Traducido por Emma Reverter