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La justicia escocesa declara "ilegal" la suspensión del Parlamento decretada por Johnson

El Tribunal de Apelación de Escocia revoca un fallo anterior de principios de septiembre que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad

El primer ministro Boris Johnson decretó la suspensión de la actividad parlamentaria hasta el 14 de octubre, con lo que pretendía impedir que los diputados frenasen un Brexit sin acuerdo

El Gobierno recurrira el fallo ante el Tribunal Supremo de Reino Unido, que ha programado una sesión de emergencia para el 17 de septiembre

El Parlamento británico aprueba tramitar una ley contra un "brexit" duro

El primer ministro Boris Johnson durante una sesión en el Parlamento. EFE

El Tribunal de Apelación de Escocia ha declarado este miércoles "ilegal" la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender la actividad parlamentaria durante cinco semanas en el período previo a la salida del país de la Unión Europea.

Los tres jueces que componen el Tribunal de Apelación de Escocia revocan así un fallo anterior, emitido a principios de septiembre, que dictaminó que el cierre sí se ajustaba a la legalidad. La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores echaron el cierre este martes en una ceremonia caótica y permanecerán sin actividad hasta el 14 de octubre. 

Sin embargo, la decisión no tendrá efecto inmediato, ya que el Gobierno británico lo recurrirá ante el Tribunal Supremo de Reino Unido. El Supremo ya ha programado una sesión de emergencia para estudiar el asunto el próximo 17 de septiembre. Los jueces del órgano de máxima instancia analizarán también otros dos casos similares abiertos en Inglaterra e Irlanda del Norte. La semana pasada, un tribunal inglés decretó que la decisión del primer ministro es legal.

En el fallo, los jueces escoceses afirman que la maniobra es ilegal "porque tenía el propósito de obstaculizar el Parlamento". El escrutinio parlamentario al Gobierno es "un pilar central del principio de buen gobierno consagrado en la Constitución", añaden.

"Estamos decepcionados con la decisión de hoy y recurriremos al Tribunal Supremo. El Gobierno británico necesita desarrollar una agenda legislativa fuerte y la suspensión del Parlamento es la forma legal y necesaria para lograrlo", ha afirmado un portavoz del Gobierno.

Un grupo de 75 parlamentarios contrarios a la maniobra del primer ministro inició el caso en Escocia alegando que la decisión no era constitucional, ya que estaba diseñada para suprimir el debate parlamentario. Los críticos alegan que la estrategia tenía el objetivo de dejar sin tiempo a los diputados para que no pudiesen aprobar ninguna ley que frenase un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

Sin embargo, un grupo de parlamentarios contrarios a la estrategia de Johnson, incluida una veintena de diputados conservadores rebeldes, iniciaron la semana pasada un mecanismo de emergencia y consiguieron aprobar una ley que obliga al primer ministro a pedir a la UE una nueva prórroga si no se llega a un acuerdo de salida.

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