El exlíder de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha vuelto a cuestionar este miércoles el pacto de coalición de los siete partidos de izquierdas que integran Por Andalucía, incluida la formación morada.

Iglesias ya denunció que había “mucha gente muy indignada”, porque los candidatos de Podemos habían sido relegados en las listas al número dos por Sevilla y Málaga y el uno por Jaén, puestos donde la coalición no logró escaño en 2022, y que Iglesias ve difícil que logren entrar en el Parlamento. “Desde luego, el acuerdo muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz. [Podemos] Difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación”, dijo en una entrevista en RNE.

Las declaraciones sentaron muy mal en el seno de la coalición andaluza, no sólo entre los dirigentes de Izquierda Unida (IU), que abrieron la negociación con Podemos en octubre de 2024, aunque estos no se sentaron en la mesa de partidos hasta la semana pasada, días antes de que expirara el plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral de Andalucía. También entre los dirigentes de la formación morada en este territorio hay una sensación de “desgaste adelantado” tras el primer dardo de Iglesias nada más firmar el acuerdo para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El candidato de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, evitó confrontar directamente con Iglesias y respondió a sus palabras en positivo, asegurando que el electorado progresista estaba “alegre” por una coalición que evita el escenario “nefasto” de tres papeletas distintas a la izquierda del PSOE. Maíllo está en plena precampaña de las andaluzas y sabe que dejarse arrastrar por los comentarios de Iglesias supone alejarse de su campo de acción y anticipar un pulso, aún por llegar, por quién encabezará la lista del frente amplio de izquierdas en las generales de 2027.

Pero el exlíder de Podemos ha incidido este miércoles en sus críticas al pacto andaluz: “He visto que el señor Maíllo responde que está todo el mundo muy ilusionado”, ha asegurado en TVE. Acto seguido, Iglesias ha recordado al líder de IU que en 2024 criticó que Sumar no diera un puesto de salida a su candidato [Manu Pineda] en las elecciones europeas, relegándolo al cuarto puesto que no salió elegido. Luego, Maíllo pidió generosidad para compartir el escaño con los eurodiputados que sí entraron en el Parlamento Europeo, y les conminó a cedérselo a su candidato a mitad de mandato.

“Yo me acuerdo cuando al pobre Maíllo le dejaron a su candidato de número cuatro en las elecciones europeas, pues montó un escándalo. Dijo que se les había humillado, pidió a los diputados que habían salido que compartieran su tiempo de escaño en el Parlamento Europeo con su candidato”, ha recordado Iglesias, para luego preguntar, en tono retórico: “Yo no sé si él va a plantear que si no sale, como parece, ningún candidato de Podemos en el Parlamento andaluz, los diputados de IU hagan lo que él pidió que hicieran los de Compromís y los de los Comuns con el candidato Manu Pineda de IU, que se quedó fuera del Parlamento Europeo”.

Los negociadores de Podemos en Andalucía pidieron dos puestos de salida en alguna de las cinco provincias donde ahora tiene representación la coalición Por Andalucía, para asegurarse un escaño en el Parlamento. El resto de partidos que había empezado a negociar hace meses se negó a desbaratar lo que ya habían pactado a pocas horas del plazo límite para registrar la coalición.

Finalmente, Podemos aceptó que sus candidatos vayan de número uno por Jaén y de número dos por Sevilla y Málaga. La sugerencia de Iglesias implicaría, a priori, que quienes ocupan la primera plaza en estas dos últimas provincias, más garantizadas que el resto, cedan su escaño a los aspirantes de Podemos a mitad de legislatura. Eso implicaría que salieran del Parlamento el propio candidato de la coalición, Antonio Maíllo, que va de número uno por Sevilla, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, que va de número uno por Málaga.

Preguntado sobre esta hipótesis que plantea Iglesias, Maíllo ha respondido lacónico esta mañana en los pasillos del Parlamento: “Yo es que estoy muy contento por la apertura del Estrecho de Ormuz”, ha dicho, en referencia a la amenaza incumplida del presidente de EEUU, Donald Trump, de “arrasar” a la población de Irán esta madrugada si no reabría el paso a los petroleros que suministran a los países de Occidente.

Juan Manuel Moreno hace gala a menudo de ser un político “previsible” y la elaboración de las listas electorales del PP andaluz para los comicios del 17 de mayo confirman esa definición. El presidente de la Junta volverá a ser candidato por Málaga, su provincia de origen, y ha refrendado su confianza en todos los consejeros de su Gobierno, situando a la mayoría de ellos en los puestos de salida de sus respectivas provincias, para garantizar así su continuidad en el Parlamento la próxima legislatura.

El Comité Electoral del PP de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles las listas electorales en las ocho provincias, que encabezarán cuatro mujeres y cuatro hombres. Además de Moreno por Málaga, las candidaturas estarán lideradas por el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, por Almería; el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por Cádiz; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, por Córdoba; la consejera de Empleo, Rocío Díaz, por Granada; la titular de Igualdad, Loles López, por Huelva; la consejera de Medio Ambiente, Lina García, por Jaén; y la responsable de Cultura, Patricia del Pozo, por Sevilla.

La dirección del partido aún no ha confirmado el nombre del resto de consejeros, aunque previsiblemente también ocuparán puestos de salida en sus provincias, respetando las listas cremallera. Así, la titular de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ocuparía la segunda plaza por Málaga, por detrás de Moreno.

El responsable de Turismo, Arturo Bernal, también es de esta provincia, aunque en la pasada legislatura no era diputado. Faltan por confirmar los nombres del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que pertenece a Córdoba; la titular de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, que es de Granada; la titular de Educación, Carmen Castillo, de Almería; y el responsable de Economía e Industria, Jorge Paradela, que entró como cuota independiente en el Gobierno de Moreno la pasada legislatura.

“Se trata de una apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años, ya que siete de los cabezas de lista forman parte como consejeros y consejeras del actual gobierno autonómico y el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP de Andalucía, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior”, ha explicado el partido.

El presidente del Comité Electoral, Antonio Sanz, ha destacado la “diligencia” con la que el PP de Andalucía ha solventado este “trámite importantísimo”, lo que a su juicio representa “una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP de Andalucía, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma”.

“Al PSOE de Andalucía siempre se le ha dado mal la gestión de las expectativas. De las malas expectativas”, dice, con sorna seca, un veteranísimo del socialismo andaluz, ya en la retaguardia “militante”.

El PSOE andaluz es conocido por todos como un partido “ciclotímico”, propenso a los altibajos emocionales, sobre todo desde que discurre por la angosta senda de la oposición, tras ostentar el poder casi 37 años consecutivos.

Un día surfean en éxtasis la ola del “efecto Montero”, cuando el partido se encomendó a la mujer con más poder institucional de España como secretaria general y candidata en Andalucía (“Hemos elegido lo mejor que tenemos porque vamos a por todas”); y al día siguiente, vuelven a caer en depresión, cuando las primeras encuestas post Montero no arrojan el resultado esperado.

Ese socialismo andaluz, hogar de unos 40.000 militantes, se ha topado de bruces, este martes, con un inesperado fuego amigo: un sondeo de intención de voto del CIS para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que su líder y candidata, María Jesús Montero, conocía, pero muchos de sus acólitos no.

El instituto demoscópico del Gobierno de Pedro Sánchez -el más potente del país- ha enfriado las expectativas de la candidata socialista, situándola diez puntos por debajo en intención de voto del claro favorito, el popular Juan Manuel Moreno, a un mes y medio para las urnas. Es el primer sondeo de peso que se publica desde que se convocaron las elecciones, el 23 de marzo.

De los datos del estudio, además, se desprende que Moreno tira de la marca PP hacia arriba, mientras Montero arrastra la marca PSOE hacia abajo (el partido del puño y la rosa aún despierta entre los andaluces más “simpatía” que el PP, único parámetro en el que les ganan). Casi el 53% de los encuestados responde “Juanma Moreno” cuando se les pregunta quién prefiere que les gobierne, frente al 22,6% que elige a Montero.

El 45,7% de los encuestados ve al popular “más preparado para gobernar”, más “honesto” (39,5%), más “sincero”(40,2%), más “fiable” (42,3%) y más “dialogante” (47%), atributos que la socialista -exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda durante ocho años- sólo inspira al 21,3% (preparada), al 18,3% (dialogante) y al 16,5% (fiable).

El CIS propone también una serie de méritos de un dirigente y pide a los encuestados que identifiquen esos valores con los candidatos: quién tiene más proyecto e ideas claras; más pragmatismo, iniciativa y capacidad de gestión para resolver problemas; quién tiene más sensibilidad, más conocimiento de los problemas de Andalucía y más visión de futuro. Moreno puntúa en todas por encima del 43%, mientras la cota más alta de Montero es el 23% en “capacidad de gestión”.

La exvicepresidentea del Gobierno fue consejera de la Junta de Andalucía, primero de Sanidad, luego de Hacienda, durante 14 años, con los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Los últimos ocho años ha sido un pilar del Ejecutivo de Sánchez, desde donde ha impulsado la quita de deuda autonómica y una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, ambas beneficiosas en términos absolutos para Andalucía.

A tenor del resultado de esta macroencuesta, incluso sus dotes como gestora de lo público tras más de dos décadas en gobiernos está muy desgastada entre los andaluces.

Fidelidad y trasvase de votos

Moreno mantiene la fidelidad del voto al PP en un 80,7% respecto a quienes le apoyaron hace cuatro años, en las autonómicas de 2022, sin embargo, Montero retiene al 66,3% y pierde casi un 20% de los votantes que logró su predecesor, Juan Espadas, en beneficio de otras opciones políticas -el PP (8,7%), Por Andalucía (5,9%) y Adelante (5,3%)- pero sobre todo de electores que se van a la abstención (15,6%).

Esta foto fija, avalada por más de 6.000 entrevistas, ha pillado a los socialistas en mitad de su particular “Semana de Gloria”, como ha bautizado una dirigente de la ejecutiva regional del PSOE-A al tortuoso proceso de elaboración de las listas electorales en las ocho provincias andaluzas.

Entre el lunes y el martes, las asambleas locales del partido han debatido los mejores candidatos para enviar al Parlamento andaluz. Este miércoles cada comité provincial del PSOE elevará una propuesta de lista a la dirección regional, que podrá ratificarla o modificarla para su aprobación definitiva, el próximo viernes, en el Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

El forcejeo entre las familias, corrientes, oficialistas y críticos del PSOE en cada una de las ocho provincias de Andalucía se ha intensificado tras el varapalo del CIS, que deja poco espacio para el optimismo. Los socialistas están hoy en su suelo electoral, tienen 30 de los 109 diputados en el Parlamento. Con la llegada de Montero, aspiraban a alcanzar 38, uno más por cada provincia, disputando los restos al PP de Moreno, que en 2022 se hizo con el último escaño en prácticamente todas las circunscripciones.

Hoy esas expectativas están congeladas. Hay tensiones por acaparar los principales puestos de salida prácticamente en todas las provincias, a pesar de que Montero y su secretario de Organización, el alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, ya habían tanteado a los ocho secretarios provinciales durante la Semana Santa, tratando de consensuar las candidaturas y evitar “el espectáculo público de un partido abierto en canal”.

Las fricciones perduran en los ocho territorios con más o menos intensidad. La dirección regional pidió a los secretarios provinciales que ostentan algún cargo institucional incompatible con ocupar un escaño en el Parlamento andaluz [Granada, Almería y Córdoba] que no entraran en las listas del 17M para evitar la lectura de que “toman posiciones” para sustituir a Montero tras las elecciones, en caso de que el resultado sea muy malo.

El CIS ha revelado que las expectativas del PSOE en las autonómicas es peor que en unas generales, con Sánchez de candidato. Cuando se pregunta a los 6.000 encuestados andaluces a quién votará en las generales, el PSOE vuelve a imponerse al PP como la primera opción con el 27,7% frente al 25,4%, un vuelco que no logran los socialistas en las autonómicas. En el recuerdo de voto, el 35,3% lo hizo por el PSOE en las generales de 2023, frente al 26,4% que apoyó al PP (pese a que los populares ganaron las legislativas en Andalucía).

En principio, el planteamiento de la dirección regional a los ocho secretarios provinciales fue “bien recibido”, pero ha añadido una nueva variable a un puzle ya de por sí difícil, con fuertes discordias internas en Cádiz, Córdoba y Jaén (en esta última concurrirá el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, que dejará su cargo al líder provincial, Juan Latorre), y de menor intensidad en Almería, Granada y Huelva.

Más preparado, dialogante y fiable

Hace apenas tres semanas, el PSOE celebraba el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, que proyectó una victoria de los socialistas en las elecciones generales, a 8,5 puntos del PP, y un significativo estancamiento de Vox. El instituto que dirige José Félix Tezanos usó en aquel sondeo 4.016 entrevistas, con un nivel de confianza del 95,5%.

Este martes, el CIS ha publicado el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que va mucho más allá del título y radiografía las debilidades y fortalezas de los partidos y los candidatos que concurren a las elecciones andaluzas. La macroencuesta se realizó entre el 12 y el 26 de marzo (Moreno disolvió el Parlamento el 23 de marzo).

Tezanos utiliza aquí más entrevistas de las que suele usar en los barómetros mensuales del CIS (6.016 encuestados), con un margen de error inferior. La encuesta empieza preguntando a los andaluces cómo se han visto afectados por el tren de borrascas del pasado enero, pero termina indagando por su opción de voto para las autonómicas, la valoración de los candidatos y su capacidad de gestión.

A la pregunta “¿a qué partido votaría usted?”, el 32,1% responde al PP en intención directa, diez puntos por delante del PSOE, con un 22%; Vox con un 8,8%; Adelante Andalucía, con un 7,7%; la coalición Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5%.

El resultado sitúa a Moreno 23,4 puntos por delante de su principal competidora, María Jesús Montero, como opción de gobierno preferida para los andaluces. El 40,9% de los encuestados prefiere que el dirigente popular siga como presidente de la Junta, tras casi ocho años en el poder, frente al 17,5% que se decanta por la socialista.

La pregunta por la preferencia de gobierno de los encuestados también arroja respuestas significativas cuando se observa qué votaron en las andaluzas de 2022: un 24% de los que apoyaron al PSOE-A hace cuatro años, siendo candidato Espadas, ahora mudaría su voto a otras opciones políticas: la mayoría al PP de Moreno (13%), y otros se pasarían a la coalición Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo (5,7%) o a Adelante Andalucía (5,4%).

La mayor fidelidad de voto la retiene Moreno, con un 86,6% de convencidos entre los votantes del PP. Además, el presidente de la Junta y candidato a la reelección también convence a un 27,8% de quienes votaron a Vox en 2022, un dato significativo para los de Moreno, que salen a revalidar una mayoría absoluta amenazada (en la mayoría de encuestas) por el crecimiento constante de la ultraderecha (el viaje a la inversa sólo lo hace el 4,9%).

Moreno y Montero son los candidatos con un índice de popularidad más alta, más del 95% de los anda4luces conoce a ambos. Pero el popular es el mejor valorado, con un 5,86, mientras que la socialista está en cuarta posición, con un 3,93, por detrás de otros candidatos menos conocidos, como el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía y líder federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo (4,73), o el de Adelante Andalucía, José Ignacio García (4,82).

Cuatro de cada diez andaluces encuestados valora como “buena o muy buena” la gestión del Gobierno de Moreno en los últimos cuatro años, sin embargo, el 49,6% califica de “mala o muy mala” la política del Gobierno de Sánchez, con quien identifican directamente a Montero.

En el sondeo, también es llamativo que el partido anticapitalista y andalucista de Teresa Rodríguez, que hoy encabeza José Ignacio García, aventaje a la coalición que de IU, Sumar, Podemos y otros cinco partidos de izquierdas, pilotada por Maíllo. Adelante Andalucía tiene hoy dos diputados en el Parlamento y Por Andalucía cinco. Cuando el CIS realiza la encuesta, Podemos aún no se había integrado en esta última coalición.

Los “15.000 votos” que necesita Moreno y “el millón” que busca Montero

La encuesta del CIS se ha publicado con todos los candidatos haciendo campaña. Moreno, en una entrevista en el programa de Ana Rosa, en Antena 3, ha asegurado que la diferencia entre lograr los 55 diputados de la mayoría absoluta o quedarse en 52 y verse obligado a pactar con Vox es de “apenas 15.000 votos”. El popular ha puesto un listón factible a los suyos, pero les ha pedido que “no se confíen”, que “no se vayan a la playa”.

Montero estaba en un desayuno informativo, en Sevilla, presentado por la exdiputada por Cádiz en el Congreso y exeurodiputada, Carmen Romero, que le ha puesto el listón mucho más alto: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha conminado a la candidata. En las últimas cuatro elecciones celebradas en Andalucía (autonómicas, generales, municipales y europeas), el PP prácticamente ha clavado su resultado (en torno a 1,5 millones de votantes), mientras que el PSOE ha fluctuado desde los 880.000 de las autonómicas al 1,2 millones de las generales.

El CIS sobre intención de voto en Andalucía ha pillado a todos los partidos ultimando sus listas electorales en las ocho provincias pero, de todos ellos, es el PSOE quien afronta esta semana con más dificultad para encajar a sus candidatos en unas papeletas menguantes, a juzgar por el sondeo.

La elaboración de candidaturas es una prueba de estrés para los partidos, que ven cómo sus dirigentes se disputan los puestos de salida con más o menos ansiedad, según las expectativas electorales en cada provincia. El CIS deja poco margen para el entusiasmo socialista y, al hacerse público 24 horas antes de que los comités provinciales aprueben sus propuestas de candidatos, suponen una tensión añadida para la ejecutiva de Montero. “Esto es lo que nos faltaba”, se queja un secretario provincial.

El estado anímico de los socialistas y la unidad o las discrepancias que aireen a final de semana, tras la confección definitiva de las listas electorales, será un buen termómetro de las expectativas reales que tiene el partido de cara al 17M. Pero también del futuro del PSOE andaluz tras los comicios. “Un partido roto no funciona igual que un partido unido. Eso sirve para una campaña electoral , pero también para trabajar la legislatura que viene”, dice un veterano socialista, fuera de las quinielas de candidatos.

El dato del CIS más positivo para el PSOE es el que ratifica su estrategia de campaña: los socialistas no acuden a las urnas focalizando su marca de partido ni siquiera la de su candidata, sino dando prioridad a los problemas de los andaluces, singularmente la sanidad.

El deterioro de la atención sanitaria escaló al primer problema en la encuesta del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía, y también lo es en este sondeo del CIS. Cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente, seguido de la vivienda (17,2%) y la falta de infraestructuras, como trenes, carreteras (16,4%).

Montero ha planteado estos comicios como “un referéndum por la salud” y ha reiterado que el 17 de mayo “nos jugamos la vida”. Respecto a estos problemas identificados como los más graves por los encuestados, la mayoría ve más “cercana” la gestión del PP (25,1%), pero seguida de cerca por el PSOE (21,4%), y a más distancia Vox (8,8%), Adelante Andalucía (5,3%) y Por Andalucía (4,2%).

María Jesús Montero, despojada ya del enorme poder institucional que ha acaparado en el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha metido de lleno en la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La candidata socialista teme que su rival, el presidente de la Junta y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, logre su objetivo de implantar una campaña “sin pulso, hipotensa, donde no se hable de los servicios públicos y de gestión”.

“Moreno va de fiesta en fiesta, de evento en evento, intentando tocar la fibra sensible y aparentar una moderación que nada tiene que ver con la realidad de Andalucía. Su política bebe de esa radicalidad en la que está instalado a nivel nacional. En su equipo juegan el doble papel de poli bueno y poli malo. Si empieza a hablar de gestión, la cosa se le va a complicar en las próximas semanas”, ha asegurado.

Durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, Montero ha defendido que las buenas cifras de crecimiento económico en Andalucía son imputables a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha acusado a Moreno de atribuirse los resultados de esas políticas en su territorio. La candidata socialista ha afeado al presidente de la Junta que ayer hiciera gala de la bajada histórica del paro en Andalucía, mientras, en paralelo, la dirección nacional de su partido negaba los mismos datos para el conjunto del país -22 millones de ocupados- tildándolos de “maquillaje”.

“Andalucía ha crecido a remolque, sin impulso propio, gracias al aumento del empleo, el buen comportamiento del consumo privado y de las empresas, y estos factores han crecido gracias a las políticas del Gobierno de España”, ha dicho Montero, tras denunciar que la Junta de Andalucía “no está aprovechando el crecimiento europeo para mejorar la convergencia con otras regiones”. “Somos los últimos en renta per capita, el paro está por encima del resto y crecemos por el aumento de la población, no por el dinamismo económico propio”, ha dicho.

Al desayuno informativo, en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, han acudido dirigentes del PSOE de todas las provincias, justo en una semana clave para la elaboración de las listas electorales, que se resolverán el próximo viernes. También han asistido los líderes de CCOO y UGT en Andalucía y el presidente de la patronal, el expresidente de la Junta, Manuel Chaves (ni José Antonio Griñán ni Susana Díaz estaban presentes), o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Montero ha defendido su papel en el Ministerio de Hacienda al impulsar la quita de deuda autonómica, que beneficia a Andalucía más que al resto en términos absolutos, así como su propuesta para la reforma del modelo de financiación. Sobre esto último, uno de los frentes por los que le atacará Moreno en campaña, la socialista ha defendido la presencia en su campaña de Salvador Illa, president de la Generalitat, así como la del ministro de Fomento, Óscar Puente, que en las últimas semanas ha protagonizado un pulso directo con la Junta a cuenta de la parálisis de la línea de AVE entre Madrid y Málaga.

La dirigente socialista ha rechazado rotundamente “el marco mental” de que el PP tiene ganadas las elecciones en Andalucía y se ha negado a responder si Sánchez adelantará las generales en caso de que su resultado en las urnas el 17 de mayo sea muy malo. “Vamos a ganar las elecciones”, ha dicho. La exministra ha augurado que su partido votará a favor del decreto de vivienda, impulsado por los ministros de Sumar, para prorrogar el precio de los alquileres.

También ha subrayado que desde el Ministerio de Hacienda siempre se opuso a la cesión del IRPF a Cataluña y asegura que “no está contemplada” la cesión de ese impuesto “tras las elecciones andaluzas”

Montero ha elegido para su presentación en este acto en Sevilla a una histórica dirigente socialista, cargada de simbolismo: Carmen Romero, diputada por Cádiz en el Congreso durante 14 años, eurodiputada y 20 años en la ejecutiva de UGT. Romero también es la exmujer de Felipe González, expresidente del Gobierno y referente del PSOE más ortodoxo, hoy abiertamente enfrentado a Pedro Sánchez.

González acompañó hace unos días, aquí en Sevilla, al presidente de la Junta y rival de Montero en las elecciones, el popular Juan Manuel Moreno, algo que a la exministra de Hacienda no le sentó nada bien. Romero ha brindado un apoyo cerrado a la sevillana, pero también le ha puesto el listón altísimo: “Nos hacen falta un millón de votos más, unos 250.000 más por provincia, ¿cómo tendrán que trabajar esas casas del pueblo?”, ha subrayado.

Las elecciones del 17 de mayo en Andalucía van a escudriñar un intenso debate sobre la sanidad pública, la política con más presupuesto de todas las que gestiona el Gobierno de Juan Manuel Moreno (16.266 millones de euros) y, sin embargo, el principal motivo de preocupación de los andaluces después del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

En el histórico de encuestas de opinión pública e intención de voto que sufraga la Consejería de Presidencia desde hace 20 años, primero bajo gobiernos del PSOE y ahora del PP, nunca hasta hoy había destacado la sanidad por encima del paro como el principal problema de Andalucía.

En el último estudio de opinión publicado con un gobierno socialista en Andalucía (el Egopa de diciembre de 2018, poco antes de las elecciones en las que Moreno arrebató la presidencia a Susana Díaz), la principal preocupación personal de los encuestados era la falta de empleo, señalada en primer lugar por el 43,8% de los andaluces, seguida de la sanidad (21,1%).

En la derrota de los socialistas, después de 37 años en el poder, pesó mucho el descontento ciudadano por la gestión sanitaria -otrora “joya de la corona de la Junta”-, que cristalizó en multitudinarias manifestaciones en las calles de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva.

El polémico proyecto de fusión hospitalaria en Granada prendió la mecha de un malestar acumulado entre la gente, que terminó estallando por la “escasez” de medios y por la “falta de personal” que dejaron los recortes en el gasto público durante la crisis financiera de 2008. El médico Jesús Candel, alias Spiriman, personalizó aquel cabreo visceral con el último Gobierno socialista, que fue duramente castigado en las urnas. Aun así, la encuesta que publicó la Junta en diciembre de aquel año, poco antes de las elecciones, volvió a identificar el paro como el principal problema de los andaluces, por delante de la sanidad.

Siete años después, la foto fija del llamado CIS andaluz (la última edición fue el pasado diciembre) sitúa la gestión sanitaria como el primer problema para el 22,3% de los andaluces, seguido del desempleo para el 15,3%. Este periodo han sido años de gobiernos del PP, que heredó déficits estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunes al resto de autonomías -como la falta endémica de médicos- pero también se enfrentó a la pandemia del Covid-19, que desbordó la atención asistencial y disparó las listas de espera de pacientes.

Moreno, que ha gobernado todos estos años y que llegó a la Junta prometiendo “otro modelo de gestión sanitaria”, ha visto cómo la percepción de los andaluces sobre la atención clínica y hospitalaria iba empeorando año tras año, mientras un ciclo de economía en auge achicaba la tasa de paro a mínimos históricos: el 14,6% de la población activa, unos 622.800 desempleados.

La paradoja para el presidente Moreno es que hoy la sanidad pública disfruta -y la Junta no para de repetirlo- del “presupuesto más abultado de su historia y de una plantilla de sanitarios récord”, que el PP contabiliza en 30.000 más que en 2018. Estas macrocifras, sin embargo, contrastan con la percepción que los ciudadanos tienen hoy de la sanidad pública, y con un dato relevante: en los últimos ocho años, el porcentaje de andaluces con un seguro médico privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%.

Las listas de espera sanitarias, la bestia negra de la Junta

El malestar ciudadano por los retrasos en la atención primaria, por las listas de espera para un diagnóstico y para operarse será un leit motiv en la campaña de todos los partidos políticos en Andalucía, aunque es la candidata socialista, María Jesús Montero, quien lo ha apostado todo a esta carta, planteando los comicios como “un referéndum sobre la salud”.

“Nos jugamos la vida en estas elecciones”, ha asegurado esta semana. El presidente y candidato del PP a la reelección le ha reprochado su “tendencia a la hipérbole”: “Decirle a la gente: se va a morir si vota a Juanma no es creíble”.

Moreno y Montero son dos candidatos que pueden confrontar sus modelos de gestión sanitaria, porque ambos han gobernado muchos años esta tierra. Sin embargo, la comparativa entre la gestión socialista y la gestión popular del SAS va a estar trufada de lecturas interesadas y datos retorcidos, porque se trata de dos momentos políticos y económicos muy distintos, con muchos matices.

La socialista acusa al popular de tener “planificada” la “privatización paulatina de la sanidad pública”, y pone como ejemplo el incremento del gasto en derivaciones de pacientes a clínicas y hospitales privadas, tanto por la vía de los conciertos como por el aumento de los contratos de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el SAS prorrogó hasta dos años después de la pandemia, y que están siendo investigados por dos juzgados.

Montero ha llegado a acusar a Moreno, sin datos, que prepara el “copago sanitario”, que ha pedido un informe para cambiar drásticamente el modelo de sanidad, que dejaría de ser “universal y gratuita”, y recuerda las palabras del propio presidente de la Junta durante una entrevista el verano pasado: “La sanidad pública, tal como va envejeciendo la población, llegará un momento que será inviable”.

La Junta ha salido a desmentir tajantemente esta acusación. El PP, además, ha sacado a relucir el presupuesto en conciertos sanitarios en la época de Montero como consejera de Salud, así como los contratos de emergencia que firmó a clínicas privadas. Moreno se ha hecho un buen puñado de fotos ante infraestructuras hospitalarias nuevas que estaban prometidas, y sin ejecutar, de la época socialista, siendo la más significativa el Hospital Militar de Sevilla, abandonado durante 20 años.

Es un choque frontal entre candidatos, aunque ambos coinciden en que “la memoria de los ciudadanos” juega a su favor. Montero no teme que su adversario desempolve datos y cifras de su etapa, y saca pecho por algunos “hitos” clínicos de aquellos años, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin la enfermedad de sus padres; el primer trasplantete de cara, o la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “La sanidad es mi especialidad profesional, yo tengo mi plaza en el Virgen del Rocío. Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, le ha retado esta semana, poco antes de abandonar el Gobierno de Sánchez para volcarse de lleno en la campaña.

Montero y los “7.000 médicos menos”

La vicepresidenta del Gobierno fue consejera de Salud en la Junta durante nueve años, entre 2004 y 2013 (y antes viceconsejera de esta misma cartera entre 2002 y 2004). En ese periodo, el PSOE de Manuel Chaves gobernó con mayoría absoluta y el PSOE de José Antonio Griñán lo hizo en coalición con Izquierda Unida (IU). En esos 11 años hay ejemplos de todo, bueno y malo.

También la etapa de Moreno es muy desigual. El dirigente del PP es presidente desde hace más de siete años, los tres primeros gobernó en coalición con Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox; y los cuatro últimos en solitario, gracias a una sólida mayoría absoluta. La “estabilidad” de esta última legislatura, el gran aval de Moreno en campaña, no ha impedido, sin embargo, que haya cambiado tres veces de consejero de Salud en cuatro años.

Ambos candidatos han afrontado periodos particularmente difíciles para la sanidad pública. El de Montero, que abarca más de una década, termina estrellándose contra la gran recesión que puso patas arriba la economía mundial. A partir de 2008, una contracción internacional del crédito interbancario obligó a todos los países a aplicar duros recortes en el gasto público, con especial virulencia en la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencia directa de las comunidades autónomas.

El PP está desempolvando documentación de esos años de recortes para contraatacar a la candidata socialista, acusándola de “prescindir de 7.000 médicos”, y de dejar los hospitales “saturados, con camillas de enfermos en los pasillos”. Los de Moreno se han llevado al Parlamento fotografías que retratan aquel momento, y han repetido hasta la saciedad esta cifra de “médicos despedidos”, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento andaluz, los tres frentes en los que ha jugado Montero.

El dato de médicos que abandonaron el SAS como consecuencia de la crisis financiera aparece por primera vez en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 2013, donde se lee que “el número de efectivos sanitarios disminuyó en 7.773,44 empleados netos” entre 2011 y 2013, siendo Montero consejera de Salud. El mismo documento aclara que esa cifra incluye “médicos, enfermeros, celadores y administrativos”, pero el número concreto de facultativos afectados es muy inferior al que denuncia el PP: 1.286 menos en tres años.

Moreno y las mujeres con cáncer de mama

En el caso de Moreno, el episodio que más tensionó el sistema sanitario andaluz bajo su mandato fue la pandemia de Covid-19, que dejó cerca de 16.000 fallecidos en la comunidad. La presión asistencial desbordó las costuras del SAS, que ya arrastraba serios problemas estructurales, como la falta de médicos, sobre todo en especialidades clave, como anestaesistas, pediatras o radiólogos.

La falta “crónica” de personal daría la cara años después, de la forma más dramática, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política más dura que ha sufrido Moreno en sus siete años de gobierno, y que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula. El presidente andaluz se vio de repente con cientos de mujeres manifestándose a pocos metros de su despacho, mostrando sus pechos cortados, y gritando “¡Moreno dimisión!”.

El dirigente popular pidió disculpas, cesó a una decena de altos cargos (incluida la consejera) y precipitó un “plan de choque”, prometiendo más dinero y más personal, antes incluso de poder explicar qué había ocurrido. La versión oficial, a día de hoy, es que 2.317 mujeres con un diagnóstico dudoso de cáncer de mama -el 90% atendidas en la unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla- no fueron alertadas por el SAS de que debían hacerse una segunda prueba de contraste. Algunas se enteraron dos años después de que una mamografía suya había arrojado un resultado “no concluyente”.

El escándalo se hace público por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que revela la Cadena Ser, y pone a la Junta contra las cuerdas. Se inicia una investigación judicial y el SAS recibe docenas de denuncias de mujeres por daño patrimonial que, a día de hoy, aún no ha respondido.

El Defensor y las listas de espera: “Es la puerta de la desigualdad”

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido explicaciones a la Consejería de Salud por la vía “urgente y preferente”, pero aún no ha obtenido datos que expliquen qué falló, cuántas de las mujeres afectadas desarrollaron un cáncer por no haber sido avisadas a tiempo, cuántas han fallecido. Moreno llegó a cifrar en 23 las mujeres muertas como consecuencia de la crisis de los cribados, calculando que el 1% de los casos dudosos termina confirmándose como un tumor maligno. Pero el nuevo consejero de Salud y mano derecha del presidente, Antonio Sanz, salió rápidamente a desmentir ese 1%.

Esta semana, ya con el Parlamento disuelto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado su informe anual, correspondiente a 2025, que recoge un incremento de quejas ciudadanas por las abultadas listas de espera del SAS. Hay más de un millón de andaluces aguardando para operarse. “La lista de espera en sanidad no es un mero recurso administrativo, es la puerta de la desigualdad, es un síntoma de desprotección”, ha asegurado.

Maeztu también ha expresado su frustración por no haber podido responder a las víctimas de la crisis de los cribados que elevaron sus quejas a su oficina. “El derecho de información de estas muejeres no se ha cumplido, la Junta no me ha respondido a lo que yo he preguntado y la información suministrada es claramente insuficiente. Esto es grave”, ha denunciado, quejándose de no poder ejercer su labor de contrapeso al Gobierno andaluz, por falta de colaboración.

El malestar de los pacientes vs los incentivos de los médicos

La sanidad será la gran batalla electoral del próximo 17 de mayo. Moreno es tan consciente de ello que, en las semanas previas a la convocatoria electoral, se ha movido por toda Andalucía inaugurando instalaciones sanitarias, primeras piedras, ampliaciones y reciclando promesas que llevan en el programa electoral del PP desde 2018, antes de ser presidente. El sábado previo al anuncio electoral presentó el “nuevo hospital de Cádiz” que, en realidad, ni está licitado ni está programado aún. El lunes, horas antes de disolver el Parlamento, anunció “la ampliación del hospital de la Axarquía” en Granada.

Un Consejo de Gobierno, convocado de forma extraordinaria y sin previo anuncio, disolvió el Parlamento el lunes y desde ese instante la Ley Electoral y la de Publicidad Institucional prohíben las campañas de propaganda institucional. Dos días después, el Gobierno de Moreno anunció un acuerdo “histórico” con todos los sindicatos sanitarios que mejora las condiciones laborales y salariales de 44.600 profesionales del sector.

La decisión del PSOE de apostarlo todo a la sanidad en estas elecciones tiene sus riesgos. Fuentes del grupo parlamentario socialista admiten que en esta legislatura de cuatro años les ha costado mucho recuperar la confianza del sector sanitario, que seguía culpabilizándoles por sus años de gobierno y los recortes durante los años de la crisis.

Además, mientras Moreno acaba de firmar mejoras laborales y salariales para el colectivo, algunas de las apuestas políticas del PSOE y el resto de fuerzas de izquierdas chocan de frente con los intereses de muchos médicos. Por ejemplo, al llegar al Gobierno el PP eliminó la subasta de medicamentos -un sistema ideado por Montero para abaratar la compra de fármacos en el SAS- que benefició mucho a las grandes farmacéuticas.

Moreno también eliminó el plus de exclusividad de los médicos del SAS, una promesa electoral del PP, permitiendo que compaginasen su plaza pública con un trabajo en la privada por las tardes. Además lo hizo extensivo a los jefes de servicio, que son los responsables de decidir cuántos pacientes deriva a la sanidad privada y a qué clínicas u hospitales.

Montero, y también el líder federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, plantean prohibir esa compatibilidad, porque genera un “conflicto de intereses” que va “en detrimento de la sanidad pública y de la ciudadanía”. “No se puede denunciar por la mañana que faltan médicos en el sistema, que no hay dónde contratarlos, y luego permitir que los médicos del SAS hagan caja por las tardes en sus clínicas con los pacientes que ellos mismos envían desde la sanidad pública”, advierten fuentes socialistas.

El riesgo de este planteamiento es calibrar bien hasta dónde llega el hartazgo de los pacientes por el deterioro de la sanidad pública que reciben y hasta dónde llega la indignación de los médicos que no están dispuestos a perder los incentivos que les concedió el Gobierno de Moreno.

La exclusividad de los jefes de servicio de la sanidad pública es algo que también recoge el polémico Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios– y que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos sanitarios.

La receta electoral que usen Moreno y Montero para afrontar este debate trasciende a Andalucía y va a ser clave en las próximas elecciones generales. Esta comunidad, con 8,5 millones de personas y 6,5 millones de votantes potenciales, representa casi el 20% del escrutinio nacional y aporta 61 diputados al Congreso. El resultado de este pulso en Andalucía proyectará el devenir del futuro político de España, con más exactitud que lo hicieron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha confirmado este jueves a Manuel Gavira, portavoz en el Parlamento andaluz desde 2021, como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, como adelantó este periódico ayer.

El máximo órgano de dirección del partido de Santiago Abascal ha apostado por la continuidad y por un nombramiento “sin sorpresas”, confirmando como cartel electoral al diputado que ha protagonizado todas las sesiones de control al presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, en esta legislatura. El diputado gaditano prevé volver encabezar la lista por su provincia.

Gavira (Cádiz, 1966) es abogado de profesión, mediador civil y mercantil, y diputado por su provincia en el Parlamento andaluz desde 2018, cuando Vox irrumpe en la Cámara con 12 diputados. Fue el primer cargo institucional del partido ultraderechista en España, tras ser designado secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, en las elecciones autonómicas de 2018, que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía, y la entrada del primer Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, presidido por Moreno.

El presidente del grupo parlamentario Vox y ya candidato a la Presidencia de la Junta es portavoz desde 2021, cuando la dirección nacional decidió sustituir a su portavoz en ese momento, el cordobés Alejandro Hernández, que había negociado con el primer Gobierno de Moreno tres Presupuestos Autonómicos consecutivos.

La dirección del partido tenía previsto confirmar el nombramiento oficial de Gavira en el próximo Comité Nacional, que se reúne cada lunes, pero la próxima semana no había convocatoria por ser fiesta, de modo que la designación iba a postergarse hasta después de Samana Santa. El partido de Abascal ha enviado este jueves un comunicado confirmando la candidatura del gaditano después de que elDiario.es avanzara la noticia en la tarde del miércoles.

Gavira: “Hay cero casos de corrupción en Vox”

“Os puedo prometer que no sabía nada”, ha asegurado Gavira este jueves, en los pasillos del Parlamento andaluz, en el mismo lugar en el que el día antes evitó confirmar su nombramiento. El diputado gaditano ha anunciado que se va a “dejar la piez por traer la ola de sentido común a Andalucía”, haciendo suyo el lema de Vox en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El partido de Abascal ha crecido en todos los territorios, con un resultado notable. Sin embargo, las negociaciones con el PP para formar gobierno tienen bloqueada la investidura de tres presidentes autonómicos y la gobernabilidad de sus territorios desde hace meses. En el caso de Extremadura, que disolvió su Parlamento en octubre de 2025 y celebró elecciones en diciembre, el plazo de dilatación es mayor.

Moreno está usando esa situación de “bloqueo” para tratar de frenar el ascenso de Vox en Andalucía, que pone en riesgo su mayoría absoluta. “O estabilidad o lío”, viene repitiendo desde hace días. Gavira le ha afeado hoy que confunda “estabilidad con comodidad para seguir haciendo lo mismo”, y ha prometido “un cambio de rumbo” si llegan al gobierno.

Los de Abascal, que apoyaron la investidura de Moreno en su primera legislatura [2018-2022] y sostuvieron su Gobierno desde fuera apoyándole tres presupuestos autonómicos, han admitido posteriormente que fueron “engañados”. “El PP no cumple los acuerdos que firman”, ha reiterado hoy el candidato de Vox, aclarando que su objetivo esta vez es entrar en la Junta de Andalucía en coalición con los de Moreno.

Gavira ha rechazado que el bloqueo de los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León sea responsabilidad de su partido y ha culpado directamente al PP. “Es el PP quien entorpece esas negociaciones, no es Vox. Vox ha dicho que nos vamos a sentar, medida a medida, y calendarizar esos compromisos”, asegura. El diputado gaditano ha negado que en su partido haya casos de “corrupción”, en alusión a las publicaciones que apuntan irregularidades en la financiación de Vox. “No hay casos de corrupción en Vox. PP y PSOEestán muy nerviosos”, ha dicho.

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha llamado esta mañana a Gavira para confirmar su candidatura, ratificada en el Comité Nacional del partido. El portavoz parlamentario ha hecho mención, una vez más, a la Murga de los Currelantes, una canción icónica de Carlos Cano que se convirtió en himno de una Andalucía en los albores del proceso autonomista, que reivindicaba ser más de lo que era.

Un himno que hizo suyo la izquierda, y que Gavira la usó en una sesión de control a Moreno, el pasado 3 de diciembre, para denunciar que los males que denunciaba entonces aquella canción “siguen vigentes en 2026”: paro, falta de hospitales y escuelas, andaluces que tienen que emigrar en busca de trabajo, dificultades de los agricultores... “Hoy tenemos los mismos problemas que en 1977. Cualquiera que escuche esa copla y lo traslade a 2026 verá que está vigente”, ha zanjado.

La Junta de Andalucía sufre desde la noche del miércoles una caída de sus servicios digitales que en la mañana del jueves aún bloqueaba los procedimientos telemáticos en la Administración, desde solicitar cita médica o plaza en un colegio para el próximo curso (en pleno periodo de escolarización) a realizar procedimientos de licitación, ayudas o sanciones.

La “indisponibilidad temporal de los servicios digitales de la Junta” afecta a todas las consejerías, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. A mediodía se han restablecido algunos servicios, como la posibilidad de solicitar cita médica a través de Salud Responde. Poco después se ha restablecido el acceso a la tarjeta virtual sanitaria, que se estrena hoy.

La afección está siendo “amplia” debido al “elevado nivel de digitalización”, admiten desde la Junta, que no ha ofrecido un listado completo de los servicios afectados. Este medio ha podido comprobar incidencias en servicios sanitarios, gestiones administrativas y procedimientos internos. Durante la mañana era imposible acceder a servicios que requieren firma o certificado digital. La Junta descarta que la incidencia obdezca a “ningún patrón de comportamiento de ciberataque”.

“La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está atendiendo una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía”, explican desde la Consejería de Industria, donde está integrada la ADA. La Agencia trata ahora de levantar el sistema “reconfigurando su explotación” con “carácter urgente y prioritario”.

Desde la Consejería de Industria avisan de que “la ciudadanía que necesite presentar documentación electrónica dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacerlo a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, a través de este enlace: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Afección en centros educativos y centros de salud

Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren. Entre los sistemas caídos están las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

La incidencia afecta a Séneca, el sistema informático con el que trabajan los centros educativos (ahora embarcado en el arranque del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 y en la evaluación del segundo trimestre), como a Diraya, que permite gestionar el sistema sanitario andaluz, según confirman diversas fuentes. En algunos centros de salud los sanitarios no podían acceder esta mañana al sistema de citas.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN) confirma que “hay una caída del sistema Séneca, que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos a los trámites académicos”. Pero la caída va más allá de los dos grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Ni siquiera se ha publicado este miércoles el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La directora de un colegio sevillano explica que ya este miércoles no pudieron firmar digitalmente las actas de evaluación. “Estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Seneca, por lo que los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta de ellas atrasando todo el trabajo”, lamenta: “Tampoco podemos subir los boletines de notas y los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana. Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”. Tampoco las familias pueden teletramitar las solicitudes. La Consejería de DEsarrollo Educativo confirma que se ampliarán los plazos afectados.

También se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

Puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual

La Junta de Andalucía no ha aclarado aún el origen de la incidencia. Por ahora, ha descartado que tenga relación con un colapso del sistema por la convocatoria del concurso abierto y permanente, como barruntaban fuenten sindicales.

Este jueves 26 de marzo estaba prevista la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual para las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía. El pasado lunes se realizó la actualización de la aplicación TS-Diraya Tarjetas Sanitarias a la versión 3.0. Se trata de una de las grandes apuestas de la Estrategia de Salud Digital 2030, un código digital incorporado que permitirá la identificación inmediata mediante un QR dinámico incorporado al teléfono móvil. Se puede descargar desde la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+. En una primera fase de implantación se podrá hacer uso de ella para la dispensación de medicación en la farmacia y para la identificación en cualquier centro sanitario.

Manuel Gavira, portavoz parlamentario de Vox en Andalucía durante esta legislatura, será el candidato de la formación ultraderechista en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El Comité Ejecutivo Nacional del partido lo nombrará, previsiblemente después de Semana Santa, según han confirmado a este periódico fuentes de la formación de Santiago Abascal.

[Actualización: Abascal elige a su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, candidato de Vox para romper la mayoría absoluta de Moreno]

Las mismas fuentes señalan que “no habrá sorpresas” y que Vox apostará por la continuidad, eligiendo esta vez al candidato más previsible, más conocido en el territorio, en lugar de apostar por un rostro mediático, como hicieron en las andaluzas de 2022 cuando designaron a la portavoz nacional en el Congreso, Macarena Olona.

La designación de Olona no cumplió las expectativas en aquellos comicios, en los que el presidente y candidato del PP, Juan Manuel Moreno, logró una rotunda mayoría absoluta de 58 diputados, precisamente jugando la baza del miedo a que Vox entrase en su Gobierno, lo que le permitió tomar mucho voto prestado del centro izquierda. El nombre de Gavira es un respaldo al trabajo que ha venido haciendo los últimos cinco años en el Parlamento andaluz, que concuerda con el perfil de candidato “institucional” por el que optó Abascal en las recientes elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Manuel Gavira (Cádiz, 1966), abogado de profesión, mediador civil y mercantil, diputado por su provincia en el Parlamento andaluz desde la pasada legislatura, cuando Vox irrumpe en la Cámara con 12 diputados, asumió la portavocía de su grupo en 2021, cuando la dirección nacional decidió sustituir a su portavoz en ese momento, el cordobés Alejandro Hernández, que había negociado con el primer Gobierno de Moreno tres Presupuestos Autonómicos consecutivos.

La designación de Gavira se entendió entonces como una orden de Abascal para endurecer el tono y la relación con el presidente de la Junta en el tramo final de una legislatura con un Gobierno en minoría (de PP y Ciudadanos) que se mantuvo estable hasta que sus socios de ultraderecha le retiraron el apoyo presupuestario.

Gavira repitió como portavoz con la nueva legislatura y los últimos cuatro años ha sido el azote de Moreno en las sesiones de control al Gobierno, donde ha desplegado todas las guerras culturales de su partido (contra la inmigración, negación de la violencia de género, etc) pero también ha consolidado su principal estrategia para desgastar al líder del PP: asimilar su forma de gobernar al PSOE andaluz. “Son ustedes lo mismo, no me sorprendería que acabase usted votando a los socialistas, que tanto le gustan”, le ha repetido insistentemente en cada sesión.

“He hablado con Abascal”

El portavoz de Vox compareció el martes en los pasillos del Parlamento andaluz, después de que Moreno anunciase la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones el 17 de mayo. Gavira, un soldado de partido, no quiso confirmar su nombramiento por mucho que le insistieron los periodistas con sus preguntas. Vox es, de hecho, la única formación a la que el adelanto electoral le ha pillado sin candidato oficial.

Gavira sí reconoció que ese día había hablado con Abascal, pero se remitió a la próxima reunión del Comité Nacional del partido, que decidirá su designación. Lo previsible, dado que el próximo lunes santo es fiesta, es que ésta no se produzca hasta después de Semana Santa. Consultado por este periódico, el diputado gaditano ha reiterado que desconoce aún la decisión que adoptará su partido.

Gavira fue de el primer cargo institucional de Vox en España. Tras las elecciones andaluzas de 2018, que suponen el fin de los gobiernos del PSOE tras 37 años en el poder, fue designado secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara. Durante los últimos siete años, ha insistido muchas veces en que no se considera un “político ultra”, y cuando le han preguntado por las consignas antiinmigrantes que defiende él y su partido en el Parlamento, también ha negado tajantemente ser xenófobo. “Defender la Constitución española y las fronteras de España no es ser xenófobo”, ha asegurado alguna vez.

Vox tiene 14 diputados en el Parlamento andaluz, pero esta legislatura su influencia en la Cámara ha sido residual, dada la robusta mayoría absoluta de Moreno. Todos los sondeos publicados vaticinan un crecimiento moderado del partido ultraderechista que, en algunos casos, podría adelantar al PSOE en provincias donde están más fuertes, como Almería. Los resultados electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León han relativizado mucho el auge de Vox de cara a los comicios en Andalucía.

Moreno se ve capaz de revalidar su mayoría absoluta y esta precampaña electoral la ha empezado atizando a su rival por la derecha, que aparentemente le preocupa mucho más que el PSOE de María Jesús Montero. “O estabilidad o lío”, es el lema acuñado por el presidente y candidato del PP a la reelección, que señala la situación de bloqueo a la que Vox está sometiendo a sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León para apelar al voto útil, y frenar el ascenso de los de Abascal.

El Gobierno andaluz ha recuperado 685 millones de euros en remanentes de tesorería que dejó sin gastar en los Presupuestos de 2024 y 2025 para destinarlo a ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados por las borrascas que azotaron la comunidad a finales de enero. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria, echando mano del superávit de los dos últimos ejercicios, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

La partida se desglosa en tres líneas principales: 500 millones de euros para explotaciones agrícolas en zonas gravemente inundadas; 110 millones para agricultores fuera de las zonas delimitadas o con pérdidas de especial intensidad por viento y desbordamientos y 75 millones destinados a la ganadería extensiva para compensar la pérdida de renta y daños estructurales.

La movilización de todo este dinero se enmarca en el llamado Plan Actúa, que el presidente Juan Manuel Moreno cifró en 1.780 millones para obras de reconstrucción y ayudas directas (no préstamos) a los afectados, para el campo andaluz, autónomos y pymes. La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha cifrado en 1.410 millones el dinero que ya se ha movilizado, y ha añadido que “el resto lo iremos activando conforme lo vayamos necesitando”.

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que su departamento trabaja con “dos cronogramas” para los afectados por la borrasca, una para las ayudas directas y otra para la contratación de obras de emergencia. La concesión definitiva de estas ayudas llegará a los agricultores y ganaderos que lo soliciten el próximo 1 de julio. La orden de ayudas saldrá publicada en el BOJA el 1 de abril, el plazo para solicitarlas se abrirá el día 17; el 5 de junio saldrá la concesión provisional y a primeros de julio llegará el dinero a los afectados, según el calendario de la Junta.

Ayudas de 800 a 15.000 euros por hectárea

El máximo de las ayudas directas a los agricultores será de 150.000 euros, aunque éstas dependerán del número de hectáreas afectadas que acrediten. Si hubiese más solicitudes que presupuesto, se prorratearán, explican fuentes de la consejería. El importe de las ayudas oscila en función del tipo de daño, si está en “capa de inundación” -la cosecha totalmente inundada- o fuera de ella.

Las primeras, las más cuantiosas, se rigen por el reglamento de exenciones y van de 800 euros por hectárea (herbáceos de secano) a 15.000 euros por hectárea (invernaderos y túneles). Las segundas se calculan “en base a un informe particular”, y la cuantía depende si tienen seguro (un 80% de la ayuda) o si no lo tiene (un 40%). Aquí, el derrumbe de un invernadero puede alcanzar ayudas de hasta 200.000 euros son seguro. En cuanto a las ayudas a ganaderos, estas oscilan entre los 100 euros por rumiante y porcino; y los 20 euros en apicultura.

El departamento de Fernández-Pacheco también ha destinado una partida de 16,6 millones de euros para ayudas directas a paliar las consecuencias de la borrasca en el sector pesquero, que estuvo varios días amarrado a causa del temporal.

El pasado febrero, la Junta de Andalucía solicitó formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permiso para poder usar el superávit de los ejercicios 2024 y 2025 a reparar los cuantiosos daños de la borrasca, y flexibilidad en la regla de gasto, para que esa inversión sobrevenida no computase en la deuda pública andaluza, como concedió el Gobierno de España a Canarias tras el volcán de La Palma.

El remanente de 2024 ascendía a 1.158 millones de euros, proveniente de una reprogramación de fondos europeos, pero el superávit de 2025 se desconocía en ese momento, porque aún no estaba cerrado el ejercicio presupuestario. El Ministerio prevé hacerlo en los próximos días, que rondará los 400 millones, según estimación de la Junta.

La convocatoria de las elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo ha activado el calendario de los partidos para confeccionar sus listas de candidatos (del 8 al 13 de abril) y decidir si concurren en solitario o en coalición (hasta el 3 de abril).

Este último asunto está despejado para todos los aspirantes, excepto para Podemos, que a estas alturas aún no ha confirmado oficialmente si permanecerá en la coalición Por Andalucía, que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, o si se presenta en solitario.

El tercero en liza es la marca Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, que decidió hace meses que iría en solitario y cuyo candidato es su portavoz parlamentario, José Ignacio García.

Los límites que separan las tres formaciones a la izquierda del PSOE están muy definidos para sus dirigentes, pero comparten el temor que el baile de nombres, dirigentes y candidatos que han pasado de unos a otros vuelva a confundir al votante progresista, como ocurrió en 2022. La confusión es lógica, porque Podemos e IU fueron separados en las autonómicas de 2015; se coaligaron bajo la marca Adelante Andalucía en 2018; y se rompieron en dos coaliciones enfrentadas en 2022: la refundada Adelante Andalucía y la nueva Por Andalucía.

Tras el anuncio electoral del presidente Juan Manuel Moreno, este lunes, ningún dirigente de Podemos, ni en la dirección nacional ni en la andaluza, ha querido aclarar este martes si se presentarán en solitario o en coalición con los de Maíllo, por mucha insistencia de los periodistas. En Podemos Andalucía, de hecho, hay dirigentes que se encogen de hombros y remiten a la cúpula del partido en Madrid. La secretaria general, Ione Belarra, estuvo el sábado en Sevilla en un acto con medios junto al candidato en Andalucía, el diputado Juan Antonio Delgado, pero se resistió a despejar la duda pese a que le preguntaron cuatro veces.

El plazo oficial para registrar una coalición de partidos ante la Junta Electoral de Andalucía finaliza el 6 de abril, es decir, Podemos dispone de esta semana y la Semana Santa para deshojar la margarita, unas fechas en las que Andalucía estará sumergida de lleno en procesiones, nazarenos y cofradías.

Maíllo ha mostrado este martes, una vez más, su incomodidad e irritación por dilatar un debate interno que él cree zanjado desde hace meses. “Basta con que no se salgan”, ha respondido, tajante, cuando le han preguntado si aún existía margen de negociación para seguir juntos dentro de la coalición Por Andalucía.

El líder federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía ha jurado y perjurado que “no se repetirá el escenario patético” de las elecciones de 2022, cuando Podemos e IU apuraron hasta el último minuto la negociación y los morados llegaron tarde al registro de la Junta Electoral, quedando formalmente fuera. “No vamos a seguir ningún tipo de incertidumbre ni va a haber dramas de última hora”, ha reiterado hoy Maíllo, tras recordar que su formación envió la propuesta para renovar la coalición Por Andalucía al resto de partidos integrantes en octubre de 2024.

La situación política de Podemos en Andalucía es complicada, no sólo porque venga de encadenar dos resultados escuálidos en las elecciones de Aragón y Castilla y León, donde han perdido toda representación en las Cortes regionales. La presencia institucional en Andalucía, tras las municipales de 2023, también convirtió a los morados en una fuerza prácticamente irrelevante: hoy, en una comunidad con 785 municipios, tienen tres concejales en solitario en tres pueblos y 18 en coalición con IU u otras fuerzas de izquierdas, incluido una en el Ayuntamiento de Sevilla.

Pero la mayor preocupación de Podemos en Andalucía no nace de las bajas expectativas electorales, sino por aquel incidente en el registro de la Junta Electoral en 2022, que les dejó formalmente fuera de la coalición con IU, Más País y otras tres formaciones de izquierdas.

Aunque fruto de la negociación entre esos seis partidos, tres de los cinco diputados que obtuvo Por Andalucía en el Parlamento fueran designados por Podemos, sobre el papel figuran como independientes. Ante la Junta Electoral, la formación morada no forma parte oficialmente de la coalición Por Andalucía y, por tanto, Podemos no tiene garantizados derechos políticos, ni de subvención económica ni de cobertura informativa en medios públicos de comunicación para afrontar la campaña para las elecciones del 17 de mayo.

¿Tiene Podemos derechos electorales el 17 de mayo?

En las conversaciones secretas que han mantenido sus dirigentes en los últimos meses ha aflorado un documento que generado discordia: una doctrina de la Junta Electoral Central, dictada en 2015, cuando irrumpe Podemos en el panorama político español, precisamente el Parlamento andaluz fue el primero en el que lograron representatividad, con 15 diputados, entonces capitaneados por Teresa Rodríguez.

Según la doctrina de la Junta Electoral, “se reconocerá la condición de grupo político significativo [con derechos políticos, económicos y de cobertura informativa] a aquellas formaciones concurrentes a las elecciones de que se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido reprsentación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”.

En el caso de las coaliciones electorales, Podemos Andalucía sólo puede tener condición de grupo político significativo si cumple por sí mismo lo dispuesto en el párrafo anterior, según el escrito, publicado en el BOE el 21 de abril de 2015. Podemos no figura oficialmente en la coalición Por Andalucía, que concurrió en 2022, pero sí se presentó en solitario a las elecciones europeas de 2024. Sin embargo, en aquellos comicios, Podemos obtuvo en toda Andalucía menos del 5% necesario: en concreto un 2,71%.

Sus antiguos socios de IU interpretan que esto les deja automáticamente “sin derechos electorales” para las próximas andaluzas, sin subvenciones para financiar la campaña ni silla en los debates entre candidatos en Canal Sur o RTVE. En cambio, el partido del agitador ultra Alvise Pérez -Se Acabó la Fiesta- sí podría reclamar estos derechos en la campaña andaluza, en tanto que en las europeas obtuvo en esta comunidad un mejor resultado que Podemos -el 6,21% del escrutinio-.

La relación personal de los de Maíllo y los de Belarra no es buena. Por Andalucía era una coalición de seis partidos en 2022, que en 2026 se presenta con tres formaciones (quedan en el camino Podemos, Alianza Verde y Equo). En Izquierda Unida, que pilota la renovación de la coalición, temen que el partido morado espere al último minuto, como hace cuatro años, para airear públicamente su intención de confluir con el resto de fuerzas de izquierdas, y “vender” la imposibilidad de renegociar todo a esas alturas como un portazo decidido de antemano por Maíllo.

En Podemos, en cambio, creen que los plazos a los que se remite IU cuando habla del inicio de la negociación para relanzar su coalición -octubre de 2024- “no son reales”. Los morados denuncian que la coalición de entonces “no tiene nada que ver con la de ahora”, porque entonces estaba Más País Andalucía -la marca de Íñigo Errejón- que en mitad de legislatura desapareció para renacer como Movimiento Sumar, la marca de Yolanda Díaz, de la que siempre han recelado.

Una de las condiciones que han puesto los de Belarra para pactar con IU su continuidad en la coalición es la salida necesaria de Sumar; la otra es que los ministros de Pedro Sánchez que dependen de Maíllo abandonen el Gobierno.

Dos de las tres formaciones a la izquierda del PSOE han comparecido este martes en el Parlamento para valorar el anuncio electoral de Moreno. Podemos ha enviado una nota de prensa a los medios y un audio de su candidato donde no aclara si permanecerán en la coalición Por Andalucía o se presentarán en solitario. “Delgado afronta con ”ilusión“ las próximas elecciones andaluzas: ”estamos preparados y vamos a darlo todo“ y ”Podemos es una alternativa fiable y comprometida con la gente“, reza el comunicado.

Una fuente de Podemos Andalucía explica que, una vez realizaron sus primarias para elegir candidato, el pasado noviembre, “ofrecimos de manera pública y abierta nuestra disposición a conformar una coalición y que nuestro modelo era Extremadura”, donde se presentaron en coalición con IU. La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, firmó el pasado verano un manifiesto promovido por el histórico dirigente Diego Cañamero en favor de la “unidad de las izquierdas”, que fue desautorizado por la dirección nacional del partido. Martínez no acudió el sábado al acto de Belarra y Delgado en Sevilla, argumentando que estaba de baja.

Tanto Maíllo como el candidato de Adelante Andalucía han negado que en las últimas horas o días hayan cruzado conversaciones con dirigentes de Podemos para explorar una alianza electoral. Ambos han hablado de sus respectivas campaña y de sus objetivos políticos, que pasan por evitar otro Gobierno de Moreno en Andalucía y “preservar los servicios públicos”.

María Jesús Montero abandonará el Gobierno de Pedro Sánchez “de forma inminente”. La convocatoria de las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo le impedirá cumplir su último compromiso: presentar una Presupuestos Generales para 2026 que, asegura, “ya están listos y preparados” para que los haga públicos su sucesor o sucesora en el Ministerio de Hacienda en los próximos días.

Montero deja el Gobierno, pero este martes se ha zambullido en la larga precampaña de las andaluzas como si se tratase de una continuación del trabajo que ha desempeñado los últimos ocho años junto a Pedro Sánchez. De su primera comparecencia ante los medios, después de que Juan Manuel Moreno disolviera el Parlamento y convocara elecciones, resaltan dos ideas nítidas:

La primera es que la candidata socialista llega exhibiendo todo aquello que el PP considera sus debilidades como fortalezas políticas, empezando por su identificación con el presidente del Gobierno, a quién los populares han convertido en poco menos que un personaje de Lovecratf. “Pedro Sánchez se va a volcar en las andaluzas”, ha anunciado, tras explicar pausadamente que sí, que su vinculación con el líder socialista es “política, afectiva y de proximidad”. Que su proyecto político es el mismo.

Desde el discutido modelo de financiación autonómica, con el que Moreno piensa atizarle, hasta su posición internacional de rechazo a la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán. Montero no aterriza en Andalucía achicada por el peso del “sanchismo”, en el argot de sus rivales conservadores. Llega engrandecida por ese “sanchismo”, convencida de que ese es el gran valor de su candidatura: confrontar el modelo de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con el de Juanma Moreno.

La sevillana viene dispuesta a librar un pulso sobre gestión, datos, balances, comparativas. Pero el popular la espera con una estrategia cargada de connotaciones negativas sobre Sánchez, mensajes emocionales, agravios andaluces, privilegios catalanes, simbología de peso y perfil institucional.

“¿Moreno quiere contrastar conmigo en sanidad? Yo quiero”

La segunda debilidad de la aún vicepresidenta primera, a ojos del PP andaluz, son los 15 años que pasó como consejera de la Junta con los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Y, singularmente, sus 12 años al frente del departamento de Salud. A sabiendas de que Montero proyecta estas elecciones como “un referéndum por la salud” -“en estas elecciones nos jugamos la salud y la vida, optamos entre salud pública o Moreno”, ha reiterado hoy-, los populares la esperan con una pila de fotografías con camas en los pasillos de hospitales saturados, con fotocopias de noticias con los recortes de personal en los años de la gran recesión, cuando el gasto público de todas las administraciones sufrió una contracción internacional para evitar el colapso.

“¿Moreno quiere contrastar conmigo? Eso es lo que yo quiero. La gestión sanitaria es mi especialización profesional, antes de la política he dedicado mi vida a administrar centros hospitaliarios, a quitar listas de espera. Cuando quiera Moreno, hablamos”, ha retado la líder del PSOE-A, provocando un aplauso generalizado de la multitud de dirigentes que hoy la acompañaban en esta rueda de prensa.

La ministra ha reiterado una de las insinuaciones más graves que ha vertido estos días contra Moreno, a saber: que le “consta” que el Gobierno ultima el copago sanitario y poner fin a la sanidad universal gratuita, algo que el Ejecutivo andaluz ha negado categóricamente. Cuando le han preguntado si tiene datos o información de primera mano para denunciar algo así, Montero no ha ofrecido más detalles, pero se ha reiterado en su denuncia: “Me consta el copago. Y Moreno sabe que me consta. Tengo datos, tengo conversaciones y sé en que está trabajando, no necesito trasladar bulos ni mentiras, él sabe a quién le consultó y a quién se lo dijo, porque ha hablado conmigo”.

Igual que Sánchez se apropió de los insultos que le lanzaba la ultraderecha -“el Perro Sánchez”- y los resignificó para darle un valor positivo en campaña, Montero ha hecho suyas algunas consignas de Moreno contra ella. Por ejemplo, “los ciudadanos tienen memoria”. La socialista exhibe la memoria de la gestión de la sanidad pública en su etapa, recordando algunos hitos médicos de entonces, como la investigación con células embrionarias, el primer diagnóstico genético preimplantatorio para que los niños nacieran sin laenfermedad de sus padres; el primer transplante de cara, la desconexión de Inmaculada Echevarría como precursora de la muerte digna... “Cuando quiera Moreno hablamos del orgullo de la sanidad pública”, ha reiterado.

La sanidad ha copado gran parte de un discurso que llevaba escrito. Las constantes referencias al deterioro de la sanidad pública tras ocho años de Gobierno del PP, la crisis de los cribados de cáncer de mama y todas las preguntas que la Junta ha dejado aún sin responder: cuántas desarrollaron cáncer, cuántas han fallecido por un diagnóstico tardío, por qué no actuó antes la Junta si recibió las alertas de la unidad más afectada del Virgen del Rocío con dos años de antelación...

La candidata socialista ha adelantado dos propuestas de su programa político en materia de sanidad, ambas confrontan con el modelo del PP en la Junta: una es limitar los conciertos de la Junta con la sanidad privada, algo que ya hacía el PSOE cuando gobernaba, y que los populares han mantenido en porcentajes similares (entre el 3 y el 5% del Presupuesto sanitario).

Pero, acto seguido ha explicado que “el problema de la privatización de la sanidad en Andalucía no es sólo los conciertos, la parte más importante son los seguros privados”. En los últimos ocho años, asegura, el porcentaje de andaluces con un seguro sanitario privado ha crecido del 15 al 40% de la población, y en ciudades como Sevilla supera el 50%. “Esto es la antesala al copago. Los países que han metido copago lo han fundamentado en que los ciudadanos ya lo habían incorporado a su seguro privado, deja de haber una sanidad universal y gratuita, y pasa a ser copago”, ha subrayado.

El otro punto que ha aclarado es restituir la incompatibilidad de los jefes de servicio del SAS para trabajar también en la sanidad privada, algo que también lleva en su programa la coalición Por Andalucía. La candidata socialista ha explicado que en su época en la Junta esto estaba prohibido precisamente para evitar choque de intereses. “Si uno tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía de los recursos que tiene asignados, lo lógico es que su único interés sea el funcionamiento de esos servicios públicos, para evitar la mezcla de intereses”, ha aclarado.

En busca de 600.000 votos dormidos

María Jesús Montero se despertó este martes en Madrid, donde asistió a uno de sus últimos Consejo de Ministros, luego se montó en un AVE a Sevilla, donde convocó a la prensa en la sede del PSOE andaluz, y ofreció una de sus últimas comparecencias compaginando todo lo que en política es casi imposible de compaginar: vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE federal, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo. “Me vais a ver todos los días por aquí”, dijo cuando terminó. Luego volvió a montarse en un AVE a Madrid, donde este miércoles asistirá en el Congreso a la votación del decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán.

La convocatoria electoral en Andalucía ha forzado su salidadel Gobierno y le aligera la carga institucional para que, esta vez sí, intente levantar el vuelo en una campaña electoral con viento de cara para el candidato del PP. La todavía ministra tomó las riendas de la federación más numerosa del PSOE hace un año y tres meses y fue recibida por los suyos con cierto júbilo.

En ese momento el partido lo comandaba Juan Espadas, y un sector crítico incipiente maniobraba ya para disputarle el liderazgo en unas primarias. El otrora poderoso PSOE andaluz, con más de 40.000 militantes y representación en los 785 municipios de Andalucía, está hoy en su suelo histórico, con 30 diputados y 883.000 votos.

Montero se ha puesto al frente para recordar a los suyos -alcaldes, concejales, diputados provinciales, parlamentarios, senadores, militantes, simpatizantes, familiares todos- que si el partido se activa, como lo hizo un año después de su derrota en las autonómicas, tiene un margen de mejora de 600.000 votos más (generales de 2023; europeas de 2024). “Lo hemos conseguido en cinco de las seis elecciones previas y lo vamos a conseguir ahora. La oportunidad de elegir entre recortes o derechos, servicios públicos o privatización. Andalucía necesita cambio, la gente nos está esperando, y la movilización progresista será abrumadora”, ha anunciado, aplaudida con entusiasmo por los suyos.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha asegurado esta mañana que la fecha elegida para las elecciones en Andalucía -el próximo domingo 17 de mayo- buscaba sortear “la gymkhana de las fiestas de primavera” en esta comunidad, después de la Feria de abril, pero antes de la romería del Rocío, aunque también admite que “siempre da gusto pillar por sorpresa al adversario”.

Moreno insiste en que su intención era lograr la “máxima participación” en unos comicios que le vienen de cara tras cuatro años de mayoría absoluta: todos los sondeos públicos e internos coinciden en que el PP volverá a ganar. Algunas encuestas vaticinan que revalidará la mayoría absoluta [55 diputados], aunque la mayoría difumina ese escenario, debido a la tendencia de crecimiento de Vox.

El dirigente popular ha reconocido que el partido de Santiago Abascal -aún sin candidato oficial a la Presidencia de la Junta- es una fuerza “sólida” que ha demostrado “buenos resultados” en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero ha insistido en “no obsesionarse en hablar de Vox, porque el PP tiene hoy el cariño de la mayoría de los andaluces”.

En una entrevista en Onda Cero, le han preguntado cuál es su adversario en estas elecciones, y Moreno no ha dudado en apuntar a la abstención: “Me da miedo el exceso de confianza porque hoy no hay adversario político”, ha subrayado. El PP logró una victoria rotunda en 2022 con una participación del 58,3% de los votos, logrando 58 escaños [tres por encima de la mayoría absoluta], de los que los ocho últimos fueron gracias a convertirse en primera fuerza en las ocho provincias y acaparar todos los restos de votos.

El éxito de Moreno tuvo dos claves importantes: movilizó a su electorado [1,5 millones de papeletas], tomó mucho voto prestado del centro izquierda moderado que temía la entrada de Vox en el Gobierno y, sobre todo, se benefició de la desmovilización radical en el espacio de la izquierda. El PSOE tocó su suelo electoral, con 883.000 papeletas, y el resto de formaciones a su izquierda (divididas y enfrentadas) no consiguieron amortizar su desgaste. El próximo 17 de mayo, el presidente de la Junta teme que el buen tiempo muchos andaluces viajen a la costa en vez de acudir a las urnas.

El dirigente popular no considera una amenaza real a la todavía vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, a la que ha calificado como “una extensión de Sánchez que no genera ilusión en Andalucía”.

“Yo no veo el repunte del PSOE ni en los sondeos que nosotros hacemos ni en los que se han publicado ni en la calle. Tienen un mal resultado”, ha dicho, sobre la primera valoración de Montero sobre el adelanto electoral al 17 de mayo, que la socialista vincula con la crisis del modelo sanitario andaluz y con el “miedo” del presidente a un posible “repunte” de su partido, en referencia al crecimiento de votos y escaños en las últimas elecciones de Castilla y León.

Moreno ve “preocupados y nerviosos” a los socialistas. Asegura que no teme enfrentarse en un “cara a cara” con Montero, porque puede confrontar modelos de gestión muy distintos. “Nosotros gobernamos para la mayoría y ellos sólo para una parte”, ha dicho, tras recordar que la candidata socialista fue consejera de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz durante 14 años.

Los problemas de conectividad ferroviaria en Andalucía en vísperas de la Semana Santa, especialmente el parón del AVE entre Madrid y Málaga, han desembocado en un enorme conflicto político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central que ninguno de los dos rehúye.

De hecho, ambas instituciones han optado por ir al choque frontal, arrastrando a todos los partidos a una confrontación dura a las puertas de unas elecciones autonómicas en las que el PP de Juan Manuel Moreno parte como favorito. Moreno anunció este lunes la disolución del Parlamento y adelantó los comicios al próximo domingo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará en la noche del jueves 30 de abril.

Tras una semana cruzándose acusaciones gruesas, en las que han participado desde el presidente Moreno hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, convocó este lunes a una reunión telemática a todos los alcaldes, empresarios del sector e instituciones de la Costa del Sol afectadas por “el problema ferroviario” para “actualizar la situación”.

La reunión venía precedida de un sonoro desencuentro en el que la Junta ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez del “aislamiento ferroviario de Andalucía”, cifrando las pérdidas del parón del AVE a Málaga en 1.300 millones de euros. El ministro tildó de “disparate” esa previsión, de la que se ha desligado la patronal malagueña, y acusó de “manipulación” a Moreno y a los medios que se hicieron eco de esas cifras sin contrastar.

El desencuentro podía haber terminado con el “calentón” de ambas partes el jueves pasado, pero el Ejecutivo andaluz ha mantenido el pulso al ministro todo el fin de semana, y este lunes se ha rodeado del rocoso sector turístico de la Costa del Sol y un puñado de alcaldes del PP para intensificar su ofensiva.

Bernal ha empezado la reunión poniendo sobre la mesa otro dato, este sí oficial (del Instituto Nacional de Estadística), que muestra una caída del turismo nacional del 10% en la provincia de Málaga durante el mes de febrero. La Junta relaciona esa caída con la interrupción de la línea de alta velocidad, que va ya para tres meses, porque los datos de viajeros internacionales que llegan a Málaga han experimentado un leve repunte en el mismo periodo.

El subdelegado del Gobierno en esta provincia, Javier Salas, fue convocado a la reunión el sábado por correo electrónico, pero el lunes no acudió y, con el encuentro ya comenzado, aún no había excusado su ausencia, explican desde la consejería. Mientras aún estaban reunidos, Salas difundió un duro mensaje a los medios de comunicación: “Convocan a una reunión sólo para hablar del AVE, pero olvidan que la guerra iniciada por sus amigos Trump y Netanyahu, guerra que aún Moreno Bonilla no ha condenado, está provocando problemas serios al sector turístico, reduciendo drásticamente el número de viajeros de muy alto poder adquisitivo que no pueden venir a Málaga”.

El turismo es, junto con el sector agroalimentario, uno de los dos pilares de la economía andaluza, representa entre el 12 y el 13% del PIB regional. El año 2025 cerró con 37,9 millones de viajeros en Andalucía y dejó unos ingresos de 30.000 millones de euros. La Semana Santa, a ojos de la Junta, constituye “el primer gran reto turístico del año”. Málaga, por ser capital de la Costa del Sol y la única provincia andaluza con un aeropuerto internacional, concentró el año pasado el 40,7% de las pernoctaciones de toda Andalucía en esa semana.

Esto no es una guerra política más. Se libra sobre el terreno, donde el Gobierno de Moreno tiene más ascendencia sobre los empresarios, los agentes sociales y los medios de comunicación. Se libra a las puertas de una cita electoral, que arranca justo este lunes, 23 de marzo, cuando el presidente ha disuelto el Parlamento y convocado a 6,5 millones de andaluces a las urnas.

Andalucía representa casi el 20% del sufragio nacional (61 escaños en el Congreso), su peso político y su proyección en las próximas elecciones generales es muy superior al de Extremadura, Aragón y Castilla y León. La circunscripción provincial de Málaga elige 17 diputados autonómicos, de los que hoy el PP tiene diez, el PSOE cuatro, Vox dos y la coalición Por Andalucía uno.

Esta guerra política se juega en la “casa” de Juanma Moreno, motor de la industria turística andaluza y, también precisamente por esto, la más afectada de las ocho capitales por la masificación turística y el encarecimiento del precio de la vivienda, que ha motivado las primeras manifestaciones multitudinarias esta legislatura, convocadas por el Sindicato de Inquilinos y respaldada por miles de jóvenes. El alquiler medio en Málaga, donde el 10% son ya pisos turísticos, se encareció un 33% el año pasado, uno de los repuntes más altos de España, según un informe reciente.

El pulso sobre el AVE y su impacto en el turismo también divide a una ciudad que, en los últimos años, empieza a dar “síntomas de agotamiento de un modelo económico saturado”, advertían los manifestantes en Málaga capital. El alcalde, el octogenario Francisco de la Torre, volvió a apartarse de las directrices de su partido (es famoso por ello) para reclamar una tasa turística para sufragar el sobrecoste que supone para los servicios públicos de su ciudad, pero el Gobierno de Moreno se lo denegó, porque “pone en riesgo la gallina de los huevos de oro”, porque no hay consenso en el sector y, sobre todo, porque el PP ha hecho de la “bajada masiva de impuestos” una seña de identidad ideológica.

“Aislamiento ferroviario de Andalucía”

Es sabido que al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección no le gustan las guerras culturales, ni las que aviva Vox por la extrema derecha (rechazo a la inmigración, negacionismo de la violencia machista), ni las que incentivan desde el otro flanco las izquierdas (privatización de la sanidad, la educación, la dependencia...).

Sin embargo, a lo largo de la legislatura Moreno se ha movido como pez en el agua en todo tipo de pulsos contra el Gobierno de Sánchez de orden económico, siempre con la patronal alineada a sus espaldas, desde la falta de financiación autonómica al déficit de inversión estatal en Andalucía. En todos estos lances, suele citar a Catalunya como contrapunto privilegiado por el Ejecutivo socialista.

En ambos pulsos confronta directamente con su principal rival en las urnas, la ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, y en este último conflicto por el AVE ha chocado directamente contra Óscar Puente, el ministro más beligerante en las redes. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, suele hablar en tono peyorativo del “Gobierno Sánchez-Montero”. Esta semana lo ha rebautizado “Gobierno Sánchez-Montero-Puente”.

La irrupción de Puente en escena ha tensado los músculos tanto en el PP andaluz como en el PSOE. En ambos partidos había reservas: había asesores de Moreno que veían “riesgos” en “azuzar a Puente”, porque es “un político muy visceral, capaz de movilizar y tocar la fibra sensible de los socialistas, que es justo lo que no queremos”. Entre los socialistas más cautes existe, sin embargo, cierta preocupación por tensar la cuerda: “El estilo de Puente vale para Madrid y para una presidenta como Isabel Díaz Ayuso, pero no para Andalucía ni para Moreno”, dice un dirigente regional.

El supuesto agravio de la Moncloa a Andalucía -aparejado siempre a los “privilegios” hacia Catalunya- es un histórico leit motiv de la Junta (ya lo era también en tiempos de Manuel Chaves) que moviliza el “voto institucional”, hoy capitalizado por Juanma Moreno. “¿Qué pasaría si la situación que está viviendo Andalucía con el AVE sucediera en Cataluña? Málaga va a estar tres meses sin alta velocidad. No podemos asumir con naturalidad que todos los días haya retrasos en la red ferroviaria andaluza”, dijo el presidente andaluz el pasado lunes, precisamente mientras Salvador Illa retiraba su proyecto de Presupuestos para Cataluña por la falta de apoyo de ERC.

Obras “de seguridad” en la vía del AVE

La línea de AVE entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 18 de enero, tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, y el posterior desprendimiento de un talud sobre la vía a su paso por Álora (Málaga) el 4 de febrero. Por ahora, el AVE llega hasta Antequera y desde allí se ofrece un transbordo en autobús hasta la capital, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media. A pesar de ello, unas 3.000 personas al día están usando este servicio, de modo que la interrupción no es total, según el Ministerio de Transportes.

La Junta esgrime ese parón de dos meses como símbolo del “abandono”, de la “dejadez”, del “castigo” del Gobierno de España hacia Andalucía, “porque ya no es de izquierdas, porque aquí gobierna Moreno con mayoría absoluta y no lo soportan”, dicen.

La situación política hoy es mucho más compleja y más dura que hace una semana, cuando el presidente de la Junta denunció en un desayuno informativo que el parón del AVE a Málaga tendría un impacto económico de 300 millones de euros, “que pueden aumentarse si la conexión no está solventada antes de Semana Santa”. Moreno hizo esas declaraciones el lunes 16 de marzo, poco antes de que Adif anunciase que la reapertura de la línea se retrasaba “como mínimo” hasta finales de abril, tras el periodo vacacional.

Antes de conocer ese dato, el PP andaluz ya había registrado ese mismo día en el Parlamento una proposición no de ley sobre el “impacto económico del aislamiento ferroviario de Andalucía”, que cifraba las pérdidas entre 190 y 200 millones de euros durante la Semana Santa, sólo en la provincia de Málaga“. 48 horas después, ya con la confirmación del retraso de las obras en la línea del AVE por parte de Adif, el Gobierno andaluz elevó la cifra de pérdidas estimadas en 1.300 millones de euros, aludiendo a ”datos del sector“.

La patronal malagueña (AEHCOS) negó tajantemente que hubiera dado esa cifra. “Ese dato no aparece en ninguna de nuestras comunicaciones”, aseguró una portavoz a este periódico. Sin embargo, en una reunión interna con la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, el presidente de los empresarios malagueños, José Luque, había cifrado las pérdidas directas en 300 millones y las indirectas en 1.300 millones.

El ministro de Transportes irrumpió en el debate a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde explicó que el retraso en la reapertura de la línea de AVE era inevitable por cuestiones de seguridad -los daños provocados por el desprendimiento del talud eran más graves de lo previsto- y cargó contra el Gobierno de Moreno, al que acusó de “manipulación” por sostener el “disparate” de dar por buena unas pérdidas de 1.300 millones sólo en Málaga.

En 2025, la Consejería de Turismo había calculado el impacto económico de la Semana Santa en toda Andalucía en torno a los 500 millones. “Buleros, mamporreros de quinta, ridículos”, escribió Puente, atizando tanto a miembros del Ejecutivo andaluz como a periodistas que difundían esos datos.

El choque frontal con el ministro, lejos de preocupar a PP y PSOE dada la cercanía de las elecciones andaluzas, parece haber incentivado la estrategia de confrontación por ambas partes. El viernes, la portavoz de la Junta, Carolina España, elevó desde Málaga el tono de gravedad por el parón del AVE. “Hemos perdido la Semana Santa”, dijo, solemne.

La consejera, natural de Málaga, hizo un llamamiento a “muchas personas a venir a Málaga, aunque tengan que venir en autobús, en coche o en avión. Estamos disponibles”, dijo, usando un discurso cuestionado por algunos miembros de la patronal malagueña porque “si da a entender que no se puede llegar a Málaga, puede provocar el efecto contrario y desmotivar a quien tuviera pensado venir por otra vía”.

El sábado, España volvió a convocar a la prensa en la estación de trenes María Zambrano, donde se hizo un vídeo junto al cartel del autobús que lleva a los pasajeros del AVE hasta Antequera, donde pueden enlazar con la línea a Madrid. La Junta ha pedido soluciones alternativas al Gobierno, como la “bonificación de los peajes” en la autovía de Málaga, la “mejora de los accesos en la A-7 y la AP-7”, o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga.

El alcalde, a Puente: “Será un placer volver contigo a las obras en Álora”

El domingo, el alcalde de la ciudad, el popular Francisco de la Torre, se apeó de la estrategia de confrontación de la Junta con el Gobierno y usó un tono de conciliación con el ministro Puente, al que también exigió “un tono más institucional y correcto”. España denunció que “Málaga está aislada” por los problemas de conexión ferroviaria, usando la misma expresión (“aislamiento ferroviario de Andalucía”) que aparece en la proposición no de ley que el PP registró en el Parlamento una semana antes. Los datos oficiales de movilidad en Málaga que maneja el área de Turismo del Ayuntamiento, correspondientes a 2025, cuantifican las llegadas a la ciudad por avión en un 63,9%, por tren en un 11,6% y por coche en un 9,9%.

De la Torre, un verso suelto del PP desde hace 30 años, se ofreció a volver a visitar las obras del AVE en Álora, tras visionar el vídeo que difundió Puente en redes explicando la “complejidad” de las obras para despejar la vía, donde estaban trabajando 75 técnicos y 23 máquinas, “lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana”. “Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo”, dejó dicho el alcalde.

Este lunes la polémica se expandió a otras provincias. El Ayuntamiento de Huelva, donde el PP tiene mayoría absoluta, votará en el pleno del próximo viernes a favor de la “dimisión o el cese” del ministro Óscar Puente y de los responsables de Adif por la gestión del accidente de Adamuz, según consta en una moción registrada por los populares este lunes, y que ha anunciado el teniente de alcalde.

El choque de trenes a la altura del municipio cordobés inspiró un breve armisticio en la política andaluza. Los partidos se apearon de la confrontación habitual y esgrimieron un consenso en el Parlamento, al margen de la bronca que ya se vivía en el Congreso. Lo llamaron el “espíritu de Adamuz”, pero duró apenas unas semanas.

Moreno defendió en la Cámara la idea de crear una comisión de investigación sobre el accidente -a pesar de no tener competencias sobre la gestión directa de lo ocurrido-, y encendió a los partidos de la oposición, que le afearon que hubiera vetado dos veces una comisión de investigación parlamentaria sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama, cuya competencia directa es la Junta.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno autorizó la personación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante el Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, “así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan”. Fuentes del Ministerio de Transporte consultadas por este periódico han descartado añadir más a lo dicho por Puente en redes estos días.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha convocado este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario para informar de la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará la noche del jueves 30 de abril, la semana posterior a la Feria de Sevilla, y en pleno mayo festivo en Córdoba.

El candidato del PP a la reelección ha decidido terminar con la legislatura un mes antes de lo previsto, pero apurando casi hasta el final un mandato completo de cuatro años, algo que no ocurría en Andalucía desde 2012. El domingo 17 de mayo están llamados a las urnas 6,5 millones de andaluces.

Moreno parte como claro favorito en todas las encuestas, que le sitúan próximo a revalidar la mayoría absoluta en el Parlamento (55 diputados), salvo que el auge de Vox condicione la gobernabilidad en Andalucía, como está ocurriendo ya en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La primera razón esgrimida por el presidente para anticipar la fecha ha sido la de “llegar al próximo verano con un nuevo Gobierno a pleno rendimiento”, algo que ocurrirá siempre que el resultado que arrojen las urnas no se enrede en las complejas negociaciones de la derecha y la ultraderecha [Extremadura celebró elecciones hace casi cuatro meses y la vencedora, la popular María Guardiola, aún no ha sido investida presidenta].

Hay otros motivos que Moreno no ha citado hoy, pero sobre los que viene reflexionando (en público y en privado) desde hace días: las dos tragedias que ha sufrido Andalucía en las últimas semanas, el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, y la borrasca que asoló gran parte del territorio y obligó a desalojar pueblos completos, han fortalecido el perfil institucional de Moreno. El PP está en un momento político sólido, capaz de revalidar su mayoría absoluta.

Otras razones son más peregrinas, pero también influyentes: la visita del Papa a España, entre el 6 y el 12 de junio, dificultaba convocar las andaluzas en esas fechas, porque el PP prevé que muchos de sus votantes viajen a Madrid y a Barcelona para ver a León XIV (“van más los nuestros que los de Vox”, dicen). También ha tenido que sortear el complejo calendario de fiestas de la primavera, entre ferias, romerías, el Rocío, para buscar una “mayor participación”, ha asegurado.

La fecha elegida, de hecho, coincide con la Feria de Córdoba, algo que al PP de esta provincia le aterra, por el riesgo de que muchos de sus votantes estén de fuera ese fin de semana (la capital concentra más del 50% del escrutinio de la provincia, y el último diputado en liza en las autonómicas de 2022 lo ganaron los populares por muy poco).

Moreno ha disuelto el Parlamento andaluz 48 horas antes de un Pleno en el que se iban a aprobar dos decretos ley un cuatro proyectos de ley, incluida la Ley del Turismo Sostenible y la Ley para el Avance de la Ciencia, que ahora decaen.

Andalucía, la comunidad más poblada con 8,5 millones de habitantes, representa casi el 20% del sufragio nacional (61 escaños en el Congreso), su peso político y su proyección en las próximas elecciones generales es muy superior al de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

“Estabilidad y normalidad democrática”

El Gobierno andaluz ha difundido un vídeo a las 20.30 horas donde Moreno ha anunciado la fecha electoral y ha anunciado la primera idea fuerza de su mandato con mayoría absoluta: “la estabilidad y la normalidad democrática”. El presidente de la Junta ha admitido que muchos le han pedido “anticipar” los comicios, porque sus adversarios políticos ni siquiera estaban preparados, pero ha preferido completar el mandato.

Moreno lleva semanas -desde el fracaso electoral del PP en Extremadura, el pasado diciembre- confrontando dos ideas antagónicas a modo de lema de campaña: “estabilidad o lío”, en alusión al bloqueo al que Vox somete al PP en las tres comunidades donde han ganado, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.

“La estabilidad se ha convertido en una seña de identidad de mi gobierno”, ha subrayado. En estos cuatro años, el Parlamento andaluz ha aprobado 64 leyes y decretos ley, una actividad legislativa mucho más prolífica que en la pasada legislatura, cuando el primer Gobierno de Moreno [una coalición de PP y Ciudadanos] dependía del apoyo externo de la extrema derecha.

Desde las elecciones andaluzas de 2022, la Junta ha aprobado cómodamente cuatro presupuestos autonómicos, y ha hecho valer esa estabilidad siempre en confrontación con la compleja aritmética política del Congreso, que ha impedido al Gobierno de Pedro Sánchez siquiera presentar unos Presupuestos Generales del Estado.

Moreno también ha destacado que, en este periodo, el Parlamento andaluz ha aprobado un par de proposiciones de ley de la oposición con el apoyo de la mayoría absoluta del PP -“algo inusual en política”-, aunque la más significativa -la gratuidad de las gafas para menores de edad- fue una iniciativa del grupo mixto Adelante Andalucía, remitida al Congreso para mutar en ley estatal. El presidente popular ha reclamado ya a sus adversarios una campaña “limpia, respetuosa, sin mentiras y noble”.

Montero abandona el Consejo de Ministros

La principal rival de Moreno es la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que en los próximos días abandonará el Ejecutivo central para volcarse en la campaña de las andaluzas. Preguntada sobre si el de este martes será su último Consejo de Ministros, en la Cadena Ser: “Siempre depende del presidente, pero estará por ahí por ahí”, tras aclarar que tiene que “cerrar cosas pendientes”.

Si Moreno acude a las urnas con el lema “estabilidad o lío”, la candidata socialista ha planificado estos comicios como “un referéndum por la salud”. El PSOE, que puntúa bajísimo en intención de voto, tiene el reto de movilizar a una base social dormida, que en las andaluzas de 2022 rondó los 883.000 votos, y un año después, en las generales, sumó casi 600.000 papeletas más. La estrategia de los socialistas no pasa por jugar la baza de sus siglas -hoy en horas bajas- ni la de su candidata, que no ha supuesto el revulsivo para el electorado progresista que ellos esperaban.

El objetivo es trasladar a la ciudadanía que lo que está en juego son los servicios públicos, empezando por la sanidad, la educación y la dependencia. Montero acusa al PP de Moreno de planificar una privatización paulatina de todas las políticas que dependen de la comunidad, a base de “empobrecer poco a poco el servicio público”.

Las largas listas de espera de pacientes para el médico de cabecera, para el especialista o para operarse han hecho que la sanidad escale al segundo problema de los andaluces, por detrás del paro, según el último barómetro del Centra, financiado por la propia Junta.

El PSOE quiere percutir ahí con la sociedad más descontenta, poniendo especial énfasis en el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis sufrida por Moreno en esta legislatura, que se saldó con la dimisión de la consejera de Salud y toda la cúpula de su equipo.

Montero ha anunciado ya “un plan urgente en la sanidad pública” como primera medida si es elegida presidenta, y “la vivienda, la vivienda es el gran reto, dar una opción asequible a los jóvenes”. También ha explicado que Moreno ha convocado por dos motivos, “porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante” y “porque teme el repunte del PSOE”.

Tres papeletas a la izquierda del PSOE

El anuncio de la convocatoria electoral ha pillado a Vox sin candidato oficial y a Podemos barruntando aún si se presentará en solitario o permanecerá en la coalición Por Andalucía, junto a Izquierda Unida y Sumar. El partido de Santiago Abascal es el único del Parlamento que no había designado a su aspirante a suceder a Moreno, aunque en las últimas tres citas electorales Vox se ha decantado por el perfil más institucional y sobre el terreno que tenía.

En este caso, sería el portavoz parlamentario, Manuel Gavira, aunque él mismo se ha descartado hasta que la dirección nacional del partido no abriese el debate sobre los candidatos. Vox tiene hoy 14 diputados en el Parlamento y las encuestas vaticinan un crecimiento moderado que podría poner en riesgo la mayoría absoluta del PP. Abascal ya ha anunciado que su partido gobernará junto a los populares si la aritmética deja a Moreno en minoría, al contrario de lo que hicieron en 2019, cuando apoyaron la investidura el presidente del PP, pero optaron por negociar con él desde fuera del Ejecutivo andaluz.

A la izquierda del PSOE se presentan, por ahora, tres formaciones: la coalición Por Andalucía, que integra a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa el Pueblo Andaluz, echó a rodar en octubre del año pasado, y ha elegido como candidato a la Presidencia a un rostro conocido, el exdiputado andaluz y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

La confluencia de izquierdas busca consolidar su proyecto político, que en esta legislatura ha tenido un grupo parlamentario con cinco diputados. Maíllo no quería llegar a la cita electoral sin clarificar cuál es el proyecto, los nombres y los objetivos de su coalición, como ocurrió en 2022, por eso ha dejado la puerta abierta a Podemos, pero entretanto han ido eligiendo sus listas electorales en las ocho provincias y la semana pasada presentaron las líneas maestras de su programa electoral.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arrancó la precampaña en Andalucía este mismo sábado, en un acto en Sevilla, pero evitó hasta en cuatro ocasiones (a preguntas de la prensa) aclarar si se presentarán en solitario o en coalición con sus actuales socios. Hoy por hoy, su candidato es el parlamentario andaluz, Juan Antonio Delgado.

El último partido en liza es Adelante Andalucía, fundado por la exsecretaria general de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, y cuyo candidato es el actual portavoz del grupo parlamentario, José Ignacio García. Adelante Andalucía tiene dos diputados, uno por Sevilla y otro por Cádiz, pero aspira a consolidar su proyecto “soberanista, de izquierdas, andalucista y anticapitalista” en estas elecciones. Desde el minuto uno se han desmarcado del debate sobre la unidad de las izquierdas, aunque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, les incluyó en la lista de partidos invocados para rentabilizar sus votos en las próximas citas electorales.

“Las elecciones andaluzas va a ser un referéndum sobre la salud, el servicio público más deteriorado”. Con esta frase, María Jesús Montero ha enmarcado la estrategia de campaña del PSOE para los comicios en Andalucía, que el presidente de la Junta prevé convocar después de Semana Santa.

La vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata socialista en las andaluzas prevé abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez tras las vacaciones, y ha confirmado que dejará por hacer algo a lo que se había comprometido reiteradamente hasta hace apenas unos días: cumplir con el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, algo que no se hizo ni en 2025 ni en 2024.

La guerra en Irán y el golpe frontal que ha provocado en las economías de todo el mundo ha obligado a España a implementar medidas de resistencia para amortiguar el impacto en los sectores más expuestos, como es el energético. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este viernes un Real Decreto ley con un paquete de medidas que cuenten con el “consenso” de todos los socios parlamentarios de Sánchez, para garantizar que saldrá adelante.

Este es el motivo, según Montero, de la renuncia a presentar los Presupuestos Generales que, en cualquier caso, no habrían contado con el respaldo mayoritario necesario para salir adelante. En paralelo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de retirrar su proyecto de Presupuestos para Catalunya tras la amenaza de ERC de tumbárselos. Los aliados catalanistas del PSC exigen que el Gobierno de Sánchez les ceda el IRPF, algo a lo que Montero se ha opuesto frontalmente.

Fuentes del Gobierno aseguran que la falta de acuerdo presupuestario entre PSC y ERC abocaba a un dilema envenenado para ambos: o retirar el proyecto o repetir las elecciones, un extremo que ninguno de los dos quería.

Si el Ejecutivo de Sánchez cediera ante esta exigencia, quedaría plasmado en el proyecto de Presupuestos catalanes, poniendo en un aprieto político a Montero en plena campaña de las andaluzas. La ministra de Hacienda ha negado hoy que la decisión de Illa de retirar su proyecto y seguir negociando con ERC busque “evitar dañar” su campaña en Andalucía.

Montero asegura que su duelo en las urnas con el presidente Juan Manuel Moreno será “referéndum” sobre la situación de la sanidad pública andaluza, el segundo problema de los ciudadanos, después del paro, según el barómetro del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía. Además, la ministra ha ido más allá y ha acusado al dirigente popular de estar planeando un cambio drástico del sistema sanitario andaluz que pasaría por una mayor codependencia de la sanidad privada y “quitar la universalidad”.

“Me consta que quiere incorporar el copago y quitar la universalidad de la sanidd pública”, ha aventurado, tras instar a los votantes progresistas a movilizarse en esta campaña para “defender lo público”. El copago sanitario -pagar dos veces por lo mismo (una vía impuestos, otra directamente- es una fórmula de contención del gasto que aplican varios países europeos.

Montero ha vuelto a insistir en que la clave de estos comicios es que se active el electorado de izquierdas, y subraya la diferencia de medio millón a 600.000 votantes entre las andaluzas de 2022 y las generales de 2023. También ha señalado que Vox “no ha crecido más que desde las generales de 2019” ni el PP andaluz ha superado su techo de 1,5 millones, de ahí “la importancia de que el votante de izquierdas acuda a las urnas”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha bajado de 25 a 22 la ratio de alumnos por aula en educación Infantil para el próximo curso escolar, que el 1 de marzo abrió el proceso de matriculación. La medida ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también muchas dudas.

Se trata de una bajada de ratio “instrumental” aprobada por resolución para el próximo curso, revisable cada año, condicionada a la demanda de plazas y “dentro de los límites” del decreto de admisión de alumnos, que sigue manteniendo la ratio máxima como estaba (25 por aula), según consta en la orden dictada por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta.

La bajada de alumnos por clase se hará efectiva, por tanto, siempre que los colegios no reciban más demanda de plazas que oferta, en cuyo caso, rige el artículo 5.1 del decreto de escolarización (21/2020, de 17 de febrero): “En la programación de la oferta educativa, el número máximo de alumnos y alumnas a considerar por unidad escolar será de 25 en el segundo ciclo de Infantil y en Primaria”. La orden de la consejería supedita la planificación escolar de 22 por aula a la “oferta educativa existente y a la disponibilidad de espacios públicos”, entre otros factores.

Un colegio concertado de Sevilla ha hecho una consulta a la Inspección Educativa porque, con el plazo de inscripción recién abierto para alumnos de nuevo ingreso (3 años), “ya tiene comprometidas 16 de esas 22 plazas por hermanos ya matriculados en su centro”. “Hay familias inquietas porque viven al lado del cole, pero sus hijos no tienen hermanos aquí, y no saben si tendrán plaza incluso con todos los puntos por cercanía de domicilio”, explica la directora.

Fuentes del departamento de Educación subrayan que la ratio escolar será de 22 niños por aula, pero admiten que la nueva orden permite “excepcionalmente” subir a 25 por clase si el número de solicitudes rebasa “la oferta de plazas de la zona”. La Junta no contempla que ocurra este escenario, porque la población escolar andaluza lleva encadenando seis años de descensos debido al desplome de la natalidad. La bajada de la ratio ya es, de hecho, una realidad de facto en muchos colegios provocada precisamente por el escaso número de nacimientos.

Pero la incertidumbre de las familias tiene una razón de ser: el Gobierno de Moreno no ha topado la ratio escolar por ley. De hecho, ha votado dos veces en contra de hacerlo en el Parlamento, una a principio de esta legislatura, cuando vetó una iniciativa legislativa popular impulsada por sindicatos y agentes de la comunidad educativa; y otra a finales del año pasado, a propuesta del PSOE.

Hace una semana, Andalucía se alineó con otras comunidades del PP (también alguna del PSOE) que rechazaron, en el seno de la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación para bajar de 25 a 22 el número de estudiantes por aula, una reforma legal pactada con los sindicatos docentes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere empezar a aplicar de forma escalonada desde septiembre.

La Junta va por delante porque su bajada de ratio escolar también entra en vigor en septiembre, pero no está blindada por ley. Tiene “carácter instrumental”, es decir, “no establece un nuevo derecho ni cambia las leyes educativas principales, sino que actúa como un medio o herramienta para aplicar, gestionar o facilitar la ejecución de una norma superior, a la que seguirá supeditada”, explican fuentes de la Inspección Educativa. Se trata, por tanto, de una herramienta de gestión administrativa y organizativa del curso escolar, subordinada a una ley de rango superior que sigue fijando el tope máximo en 25 por aula.

¿Cómo se va a traducir esta medida en el proceso de escolarización en curso? El efecto real de la bajada a 22 niños por aula (a través de una modificación puntual de la orden de admisión) será desigual: se aplicará en los centros donde el descenso de la natalidad ya ha actuado recortando considerablemente el número de alumnos por clase.

Otro efecto colateral ha sido, de hecho, la eliminación de miles de unidades escolares y, en algún caso, el cierre de escuelas por parte de la Junta, una medida muy criticada por los sindicatos y formaciones de izquierdas. Pero está por ver cómo gestiona la Junta la nueva ratio en centros donde la demanda supere la oferta.

Según la resolución de la Consejería de Educación para la admisión de alumnos de nuevo ingreso el próximo curso, aprobada el pasado 27 de febrero, “se han habilitado 3.713 unidades, lo que supone un incremento de más de 150 unidades respecto al curso escolar actual 2025/2026, como consecuencia de la reducción de la ratio máxima de alumnado por grupo de 25 a 22”.

Es decir, la Junta cuenta con un colchón de 150 aulas disponibles para posibles “desdobles”, en caso de que el número de solicitudes rebase la oferta de plazas. Desde la consejería aseguran a este periódico que podrían llegar incluso a 250 unidades más, lo que implica contar con más profesorado. Una bajada de la ratio estructural, por ley, suele llevar aparejado un desdoble de aulas -donde antes había una clase de 25 niños, ahora habrá dos de 12 y 13 (hasta 22)-, y eso implica contratar más personal y sacar más plazas de empleo público.

La Junta no ha dado ese paso, es más, sus reticencias respecto al proyecto de ley de bajada de ratio del Gobierno va en ese sentido, de ahí que hayan pedido al Ministerio que aporten fondos extraordinarios para financiar una medida que compete a las comunidades autónomas.

“El derecho de familias a elegir plaza” donde no hay más plazas

La escolarización opera de forma muy distinta en el territorio andaluz. La Junta puede controlar los nacimientos que, en más del 95% de los casos, se traducen en solicitudes de ingresos en el sistema educativo a los tres años. Pero es más difícil controlar los movimientos de las familias con niños, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, y menos aún la elección libre del colegio que les gusta.

El PP siempre ha defendido esa “libertad de elección de las familias del colegio de sus hijos”, un derecho que no existe como tal, porque topa con la limitación física de las escuelas. En la oposición, los populares tendían a presionar junto a muchas familias para que se aumentase la ratio en aquellos colegios con sobredemanda de plazas, habitualmente privados concertados ubicados en grandes urbes, en barrios de clase media alta, donde estas escuelas terminaban teniendo hasta 28 niños por clase en Infantil y Primaria.

Los populares han seguido defendiendo este criterio desde que gobiernan en Andalucía, hace ya seis años, aunque justo este periodo experimentó un descenso de la natalidad que ha amortiguado los problemas de muchas familias para encontrar plaza en el colegio elegido para sus hijos.

En el curso pasado, el 96,62% de las familias obtuvo plaza en el centro elegido como primera opción, mientras que el 99,39% logró el puesto escolar en alguno de los centros preferidos. En realidad estos datos siempre han estado en esos parámetros altos, superiores al 94%.

Aun así, a pesar de haber menos nacimientos, menos matrículas y una ratio inferior, sigue habiendo determinadas escuelas muy populares donde la demanda excede a la oferta. Las familias que no consiguen la plaza escolar que quieren para su hijo se concentran en un puñado de colegios de cierto renombre en las grandes ciudadanos (privados concertados), pero sus protestas siempre han encontrado un eco sobredimensionado precisamente por el PP y la prensa conservadora.

Para estos casos, los populares también han defendido siempre que se ningunee la ratio, apurando los márgenes que permite la ley estatal y aumentando hasta tres niños más por aula (hasta 28 en Infantil y Primaria). Por ley, la subida de la ratio se puede aplicar en un colegio concreto, con sobredemanda, o en todo su distrito escolar.

La Consejería de Educación sostiene, en conversación con este periódico, que ahora que la ratio está en 22 por aula, sólo se aumentará el margen en un colegio si no quedan plazas libres en otros centros del mismo distrito. “Si un colegio recibe 22 solicitudes, la número 23 se derivará al colegio más próximo con plazas disponibles. Sólo si no hay espacio en toda la zona escolar, nos plantearíamos aumentar la ratio”, advierten. En realidad esto siempre ha sido así.

Lo que genera dudas ahora no es lo que establece la nueva orden, sino su aplicación práctica, y las contradicciones del discurso político del PP en defensa del “derecho de las familias a elegir libremente el colegio de sus hijos”. Si una familia no logra plaza en el colegio que quiere, tendrá que conformarse con la escuela de al lado, ¿o la administración que defiende la libre elección de centro sacrificará su nueva ratio de 22 por aula para satisfacer ese “derecho”?

“Sólo carácter instrumental”

Sobre el papel, la orden que fija el tope en 22 niños por clase está condicionada a las necesidades de escolarización de cada distrito, también como ocurría antes. “La determinación del número de alumnos por unidad escolar a efectos del procedimiento de admisión tendrá en todo caso carácter instrumental para la planificación educativa y se efectuará dentro de los límites máximos establecidos en la normativa básica estatal y en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero”, reza la modificación de la orden de admisión, aprobada por la Consejería de Desarrollo Educativo el pasado enero.

La bajada de la ratio escolar es una constante en el debate educativo, una de las propuestas más consolidadas en la comunidad científica para mejorar el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. En esta legislatura, la iniciativa se ha estrellado dos veces contra la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz.

En 2022, los populares vetaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir de 25 a 20 el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Primaria. En diciembre de 2025, el PSOE andaluz lo volvió a intentar, impulsando una reforma legal con el mismo objetivo, avalada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y madres de alumnos, de directores de institutos y de escuelas rurales.

La iniciativa, que llevaba aparejada la contratación de 13.000 profesores nuevos, era una réplica autonómica de la propuesta que días antes había anunciado el presidente Pedro Sánchez, mandatando al Ministerio de Educación a topar el número de estudiantes por aula, que ahora está en 25 para Infantil y Primaria; 30 para Secundaria y 35 en Bachillerato y FP. Los populares de Juanma Moreno volvieron a vetarla.

Sin embargo, dos meses antes, el mismo Gobierno andaluz había firmado un acuerdo con tres de los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo -CSIF, ANPE y UGT- con una serie de compromisos para la mejora de la calidad en la enseñanza, incluida una bajada de la ratio en Infantil. El Consejo de Gobierno del 4 de marzo aprobó una modificación parcial de la orden de escolarización de este curso, que incluía esa bajada, pero que dista mucho de las dos reformas legales discutidas y vetadas en el Parlamento andaluz.

La nueva redacción del artículo que se ha modificado establece que la Dirección General competente en materia de planificación educativa fijará mediante resolución anual, previa al inicio del procedimiento ordinario de admisión, dentro de los límites establecidos en el artículo 5.1 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, el número de alumnos y alumnas por unidad escolar que se utilizará en el proceso de admisión para cada curso escolar.

La coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha presentado este martes las líneas maestras de su programa electoral para las elecciones autonómicas, previstas para junio, con tres ejes de acción: “combatir la pobreza” -Andalucía tiene la tasa más alta de España, un 34,7% en 2025-; “recuperación de los servicios públicos”; y “reducir la desigualdad territorial dentro de la región, que provoca un éxodo de población del interior rural a la costa”.

El documento, de 130 páginas, contiene el primer órdago de su candidato, el líder federal de IU, Antonio Maíllo: prohibir a los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que compatibilicen su plaza con otro trabajo en la sanidad privada, “el enemigo”, dice Maíllo.

La medida empezaría a aplicarse a los jefes de servicio, que tienen en su mano la potestad de decidir qué pacientes deriva, cuántos pacientes deriva, para qué tipo de operación y a qué hospital privado los deriva.

En Andalucía, el 40% de médicos que trabaja en el SAS también lo hace para un hospital o una clínica privada, según datos de la Consejería de Salud. La coalición de izquierdas que encabeza Maíllo ha denunciado reiteradamente en el Parlamento que este sistema, implantado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, ha generado un “negocio boyante” en la sanidad privada a costa de la pública.

La portavoz de la coalición, Inmaculada Nieto, acusó al presidente andaluz de permitir que algunos jefes de servicio del SAS estén derivando a cientos de pacientes a sus propias clínicas privadas, donde ellos trabajan por las tardes.

La propuesta de Por Andalucía, aún por perfilar, se acometería en dos fases: primero se declararía la “incompatibilidad de los jefes de servicio”, y posteriormente se haría extensible al resto de facultativos, pero no de forma genérica, sino en función de las necesidades y volúmen asistenciales. Es decir, la compatibilidad no se autorizaría “automáticamente” a todos los médicos del SAS que lo pidan, como ahora, sino atendiendo a “criterios de cobertura garantizada en las unidades a las que están adscritos”.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ya abrió este debate hace un año, desatando la caja de los truenos entre los médicos. La idea inicial era limitar por ley, a través del polémico Estatuto Marco –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios–, la posibilidad de compaginar el trabajo en la sanidad pública y la privada. El colectivo lleva semanas encadenando huelgas y protestas contra ese Estatuto Marco. Sin embargo, esta medida, en concreto, ya está implantada en algunas comunidades de distinto signo político, como Navarra (PSOE) y Extremadura (PP).

Reactivar el complemento de exclusividad

Para prohibir y restringuir la compatibilidad a los médicos del SAS, Por Andalucía plantea la restitución del complemento de exclusividad por “fidelizarse a la sanidad pública”, un plus salarial que el PP “eliminó” al poco de llegar al Gobierno en 2019. En puridad no fue una eliminación, sino una extensión de ese plus a todos los médicos del SAS, que costó unos 40 millones de euros al año. La coalición de izquierdas no prevé restituir ese modelo, sino “crear un complemento de exclusividad nuevo” a partir de la base salarial que ya existe.

El coordinador federal de IU ha abogado por rentabilizar mejor al personal y los recursos de los servicios públicos -sanidad, pero también educación- y ha negado tajantemente que el problema sea la falta de profesionales, como sostiene Moreno. “Es falso que falten médicos”, asegura.

La Junta, sin embargo, ofrece incentivos económicos a los médicos que alarguen su jornada laboral algunas tardes y fines de semana para amortiguar ese “déficit” de personal. El problema de los incentivos para atender a más pacientes en la pública es que choca con las autorizaciones que da la propia Junta para que trabajen por las tardes en la privada, a las que se han acogido el 40% del personal.

En el programa de Por Andalucía aparecen otras medidas de calado que revierten las políticas del PP, como reactivar la subasta de medicamentos, para ahorrar a la administración en la compra de fármacos; acabar con los “contratos por meses” en el SAS; dedicar el 20% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria; la equiparación de salarios de los médicos de Atención Primaria (menos atractivos económicamente) con los de los hospitales; o contabilizar los cuatro años del MIR como carrera profesional, como ya se hace en otras siete comunidades...

Sin embargo, prohibir a los médicos de la pública trabajar a la vez para la privada es una apuesta política no exenta de cierto riesgo. Ningún sindicato sanitario ni el Colegio de Médicos de Andalucía defiende la restitución del complemento de exclusividad por trabajar en el SAS.

La medida estaba esbozada en el programa de Por Andalucía para las elecciones de 2022 -“se establecerá la incompatibilidad público/privada para los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública”-, pero ha sido esta legislatura, con el colapso de las listas de espera en la sanidad pública andaluza y el aumento de contratos de la Junta con la privada para derivar a pacientes, cuando la coalición de izquierdas ha decidido asumir el riesgo.

La Consejería de Salud acapara un tercio de los Presupuestos Andaluces (16.265 milllones de euros en 2026) y el colectivo sanitario es el más numeroso de la Administración, por detrás del profesorado, pero mucho más corporativista. La propuesta electoral, por tanto, no contentará al colectivo, pero la coalición Por Andalucía parte del convencimiento de que una mayoría social percibe el “colapso” de la sanidad pública como un problema real que les afecta, el segundo en orden de gravedad, según el barómetro del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía.

Tras ese malestar, está la demora en la atención primaria, las abultadas listas de espera para ser atendido por un especialista o para operarse, y el aumento de las derivaciones a la privada, que los partidos de izquierdas denuncian unánimemente como una “estrategia encubierta de privatización del sector, a costa de dejar morir poco a poco a la sanidad pública”.

El Ministerio de Sanidad reportó que Andalucía contaba en 2023 con 26.721 profesionales de la medicina (pública y privada), un dato que la Junta no suele aclarar, porque es “muy oscilante” y varía cada mes. En marzo de 2022, un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos calculó que el 12% de los médicos colegiados en activo en Andalucía trabajaban en la sanidad “mixta” (pública y privada a la vez), y al cierre de 2025 esa cifra rondaba ya el 40%, según la consejería.

El número de médicos que compagina ambas actividades ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos cinco años, desde que el Gobierno de Moreno eliminó el complemento de exclusividad a los médicos del SAS (2020), permitiendo que los cargos intermedios -jefes de servicio- y otros profesionales trabajasen también en la privada.

Es la Consejería de Justicia quien analiza y autoriza, caso a caso, la idoneidad de cada médico para compaginar ambos trabajos. Desde que se eliminó el complemento de exclusividad, en 2020, 3.544 médicos de la pública han obtenido autorización para trabajar también en clínicas privadas (datos del primer trimestre de 2025).

La izquierda que “quiere gobernar”

Otras de las directrices del programa electoral de Por Andalucía son imponderables de la izquierda: subir al 7% del PIB regional la inversión en educación; rebajar la ratio escolar por ley; una ley de lucha contra la exclusión social; rentabilizar los institutos que ahora permanecen cerrados por las tardes para aumentar la oferta de ciclos formativos de FP; “intervenir el mercado de la vivienda”, topar los pisos turísticos; desarrollar la Ley estatal de la Vivienda; asumir las competencias en Dependencia para “diagnóstico y seguimiento” en un máximo de tres meses; asumir las competencias sobre los trenes de Cercanías...

Este martes, en la presentación de su programa electoral, Maíllo ha repetido varias veces una idea fuerza: “Nos presentamos como la izquierda que quiere gobernar”. No se trata de un simple lema aspiracional, sino de un hecho diferenciador respecto a la coalición Adelante Andalucía, contra la que compiten en el mismo espacio electoral.

Los de Teresa Rodríguez, hoy comandados por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia, José Ignacio García, también han hecho seña de identidad de que Adelante Andalucía “jamás” formará parte de un Gobierno de coalición con el PSOE, aunque, llegado el caso, sí apoyaría la investidura de su candidata, María Jesús Montero, para cerrar el paso a PP y Vox.

Por Andalucía y Adelante Andalucía son dos coaliciones de izquierdas que nacen de un enorme cisma entre sus fundadores originales, Podemos e IU. Hoy parecen conjuradas para no hacerse daño ante las urnas, volcadas en despertar de la abstención una base social progresista que ronda los 600.000 votos -dicen- y que puede determinar el cambio de gobierno en Andalucía.

Maíllo ha anunciado para el 28 de marzo una jornada de formación de voluntarios que ayuden a los dirigentes de los partidos que integran Por Andalucía a expandir su mensaje, ensanchar su base social, movilizarse en todo el territorio. IU, el alma máter de la coalición, cuenta con una implantación territorial notable, tiene 462 asambleas, pero no están en los 785 municipios de Andalucía. Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, los otros dos socios, tienen “bases de simpatizantes, pero no militancia”.

La coalición prevé reuniones sectoriales con los agentes sociales en las ocho provincias, porque cuentan con un programa electoral andaluz y ocho provinciales. Maíllo ha hablado del “puerta a puerta” en busca de votos, y de “formatos íntimos, en sofá y café, para hablar con jóvenes, universitarios, colectivos varios...”.

El Consejo Federal de Izquierda Unida (IU), máximo órgano de decisión entre asambleas, aprobó este lunes una resolución para instar al resto de partidos de la coalición progresista -Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid- a “acelerar los procesos para elegir al sustituto o sustituta de Yolanda Díaz” como nuevo candidato de este espacio político a las elecciones generales.

“En política, los espacios vacíos no proceden”, ha asegurado este martes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en referencia al hueco que dejó la ministra de Trabajo como referente de la izquierda confederal cuando anunció su renuncia a repetir como cabeza de cartel el pasado 25 de febrero.

El dictamen aprobado en el Consejo Federal habla de “acelerar” el nombramiento del candidato de la coalición a las generales, pero no fija ninguna fecha concreta para resolver este asunto. Tampoc Maíllo ha hablado de plazos. Otras fuentes presentes en la reunión, sin embargo, aseguran que se planteó como horizonte “antes del mes de mayo”, para que la izquierda confederal cuente con un referente nacional claro en la campaña de las elecciones andaluzas, previstas para el mes de junio, a las que Maíllo concurre como candidato de la coalición Por Andalucía.

La reunión de la cúpula de IU se produjo 24 horas después de las elecciones en Castilla y León, donde la coalición de los comunistas con Sumar perdió a su único representante en las Cortes. Maíllo no considera “extrapolable” este “mal resultado” ni a las andaluzas ni a las generales.

Pero la dirección de su formación sí debatió sobre la “urgencia” de clarificar cuanto antes quién será el sustituto de Yolanda Díaz y nuevo referente del relanzamiento de los partidos que integraban Sumar, y que lanzaron su nueva plataforma el pasado febrero. La resolución de IU aún no se le ha hecho llegar formalmente a sus socios de Movimiento Sumar, Comúns y Más Madrid.

Otro de los puntos de debate en el seno del Consejo Federal fue la obligación de fortalecer el proyecto político de izquierdas y “superar” el debate interno de la unidad que, por sí mismo, “no es un incentivo suficiente para cerrar el paso al PP y a la ultraderecha”.

Maíllo ha descartado de plano que su formación haya planteado salirse del Gobierno de coalición PSOE-Sumar, por muchas discrepancias ideológicas y estratégicas que les separen. “La ruptura del Gobierno la contemplamos. Es verdad que hay un distanciamiento ideológico [con el PSOE], como ocurrió con la crisis de las balas [la compra de proyectiles de España a Israel] y contradicciones en políticas de vivienda o fiscales, pero no se ha planteado [la salida del Ejecutivo], ha advertido.

Los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León se han presentado por separado, sin lograr representación y restando 45.000 votos a los que obtuvieron juntos en 2022. Maíllo no cree que el “ecosistema” político de esta comunidad, que representa el 5% del censo para las generales, les obligue a cambiar la hoja de ruta que ya trazaron al refundar su coalición de izquierdas.

El líder federal de IU y candidato en las andaluzas ha restado importancia a la publicación de un “chat interno” en su organización donde alguien planteaba la hipótesis de salirse del Gobierno de Sánchez antes de las andaluzas para evitar que el PSOE fagocite sus votos, tras el resultado de Castilla y León.

Los socialistas en esta comunidad han roto la tendencia de retroceso que sufrieron en las elecciones de Extremadura, en diciembre, y en Aragón, en febrero, logrando 14.000 votos y dos diputados más. Ese margen de crecimiento, no obstante, está muy por debajo de los 45.000 apoyos que han perdido las formaciones a su izquierda, de modo que el trasvase ha sido moderado.

Respecto al supuesto “chat interno” dentro de IU, Maíllo ha bromeado: “No sé dónde están esos chat internos. ¿Quién es esa moza?, como decimos en Andalucía. Y, en cualquier caso, no tienen categoría política. No hay una resolución de la dirección de IU pidiendo salirse del Gobierno. Esto tiene la misma categoría que un grupo de whatsapp de padres y madres de la escuela. No se ha planteado”, ha zanjado.

Las elecciones en Castilla y León han roto de golpe dos tendencias que parecían consolidadas tras los comicios en Extremadura, el pasado diciembre, y los de Aragón, en febrero: el crecimiento de Vox, que duplicó su resultado en ambas comunidades, se ha desacelerado; y el derrumbe del PSOE, que tampoco parecía encontrar suelo, ha remontado el vuelo recuperando votos y diputados.

Son dos mensajes que cambian las reglas del juego asumidas por los grandes partidos para las elecciones andaluzas de junio. Para el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, son señales contradictorias, porque el frenazo de la ultraderecha alimenta sus expectativas de revalidar la mayoría absoluta y gobernar en solitario; pero el despertar del electorado socialista desdibuja ese escenario y le obliga a vigilar con recelo a su izquierda.

Moreno lleva meses martilleando un análisis preelectoral con un claro efecto desmovilizador para el votante progresista, a saber: que las elecciones las tiene ganadas (no hay sondeos que digan lo contrario); que no hay partido; que el PSOE no es una alternativa real en Andalucía -su marca está churruscada; su candidata, María Jesús Montero, no despierta pasiones-; y que el único suspense de estos comicios es si el PP logrará revalidar su mayoría absoluta, o tendrá que sentarse a negociar con Vox.

A esa baza se lo ha jugado todo el presidente andaluz. La inestabilidad política que han arrojado los resultados electorales de Extremadura y de Aragón, donde Vox ni gobierna ni permite formar gobierno, le ha facilitado a Moreno una campaña relativamente sencilla, centrada en captar el voto útil y contraponer el interés institucional al interés partidista: “o estabilidad o lío”, repite últimamente como lema,

En público, los populares dan al PSOE andaluz por amortizado, pero en privado la mayor preocupación de Moreno nunca ha sido Vox, sino que despierte el electorado progresista. Esa bolsa de medio millón a 600.000 votantes que marcan la diferencia entre la mayoría absoluta del PP en las autonómicas de 2022 y la victoria amarga en las generales de 2023. En la primera, los populares aventajaron al PSOE en 698.700 votos; en las segundas apenas lograron 128.500 votos más. En ambas, el PP obtuvo prácticamente el mismo resultado: alrededor de 1,5 millones de papeletas, pero lo significativo fue la abstención en el PSOE.

“La ecuación está muy clara: el PP ha tocado techo, no puede subir más, y nosotros sí. Ellos no tienen partido, nosotros sí”, dice un veterano dirigente del PSOE en Granada.

Los populares bombardean hacia afuera con mensajes que trabajan mucho el desánimo de los socialistas, para tenerlos “sujetos en su depresión”. Pero hacia adentro trabajan con microdatos, con tracking mensuales, cruzando sondeos de intención de voto con datos de preocupación ciudadana y de temas de conversación en redes sociales: el PP ha ganado las seis últimas elecciones celebradas en Andalucía pero, excepto en las autonómicas, el PSOE obtuvo un porcentaje de votos “compatible con optar a la gobernabilidad”, siempre en coalición con una izquierda más asentada que, hoy por hoy, no se vislumbra.

El PSOE cayó en Extremadura y cayó en Aragón. En Castilla y León, con una participación notable del 65,6%, ha repuntado vuelo con casi 14.000 votantes y dos escaños más, casi un 31% del escrutinio. Los socialistas andaluces ven en ese dato un síntoma prometedor, un “punto de inflexión”: “hay un despertar de nuestro electorado, los nuestros empiezan a movilizarse, y eso es superpositivo”, advierten fuentes de la dirección regional.

La movilización de la base electoral del PSOE andaluz -mucho más grande y con más potencial que la castellanoleonesa- es una de las tres condiciones que se han fijado los de Montero para tener opciones de gobierno: las otras dos son que Vox crezca a costa del PP de Moreno, y que los partidos a la izquierda del PSOE se coaliguen o, al menos, que una de sus candidaturas movilice a medio millón de votantes, la base más estable que ha tenido ese espacio progresista en Andalucía. “Es difícil que se den las tres a la vez, pero sólo una de las tres zarandea el tablero político”, dicen.

Moreno: “Hay que felicitar el PSOE en Castilla y León. ¿Por qué no?”

El primer discurso que ha dado Moreno este lunes, tras los comicios de Castilla y León, apunta en esa doble dirección: el presidente andaluz busca sacar partido del tropiezo de Vox, según él, una agrupación carente de los atributos para gobernar: “responsabilidad, seriedad, rigor”. “Los ciudadanos castigan a los partidos que no son serios, que bloquean las instituciones. Nos dan el voto para construir, no para destruir”, ha dicho, tras recordar una y otra vez que Extremadura celebró sus elecciones antes de Navidad y aún sigue sin investir presidenta a María Guardiola (PP), que ganó.

Pero la novedad en su discurso está en las palabras de felicitación que dedicó al PSOE de Castilla y León, un gesto inusual con el que el candidato popular trata de disuadir a los de Montero a mirarse en ese espejo de optimismo: “Hoy hay que felicitar al PSOE, ¿por qué no?, ha mejorado sus expectativas. Pero en Ferraz y en Moncloa tienen que tomar nota de que los ciudadanos apuestan por la moderación, la seriedad y la cercanía con los ciudadanos. Lo que nosotros llamamos la vía andaluza”, ha sentenciado.

Moreno, sin necesidad de adelantar los comicios en Andalucía, ha defendido aquí la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo: releer cada derrota del PSOE en las autonómicas como “un clavo más en el ataúd del sanchismo”. Así, el PP andaluz vio “extrapolable” a Andalucía el fracaso de los socialistas en Extremadura y en Aragón, pero no ven el buen resultado del PSOE en Castilla y León un ejemplo para los de Montero.

La diferencia es la que hoy ha avanzado el presidente de la Junta: que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda es “el mejor rostro del sanchismo”, que no es una candidata cercana ni del territorio, que no ha llegado de abajo arriba, sino fue elegida a dedo por Pedro Sánchez “como una prolongación de sí mismo”. “Eso restó a Pilar Alegría en Aragón, pese a que era buena candidata, y será letal para Montero aquí”, avisan.

PP y PSOE tienen lecturas antagónicas e interesadas del último eslabón electoral en Castilla y León, pero ambos coinciden en que el ciclo electoral ya no se puede leer como un continuum. Las variables autonómicas se superponen a la política nacional, no son metas volantes que conducen al desenlace final en las generales.

El estado anímico de los socialistas andaluces es hoy mejor que ayer, y eso es algo que a los populares les “inquieta”. “El PSOE andaluz ha gobernado aquí 37 años, es una máquina de hacer votos, nunca les hemos subestimado”, dicen. En la calle San Vicente, sede regional de los socialistas, sí creen en el valor de Montero como candidata del territorio. “Moreno también llegó elegido por el dedo de Rajoy. Hoy se lo juega todo a caer bien, y nosotros tenemos a alguien que sabe hacer las cosas bien: conoce Andalucía, conoce la Junta porque estuvo 12 años y conoce el Gobierno central, desde donde ha trabajado para Andalucía. Si no, que le pregunten a los catalanistas”, advierten...

Moreno no va a la campaña con las siglas del PP por delante, su marca personal es la gran baza, como lo fue en 2022. El PSOE tampoco ha diseñado una campaña revalorizando su marca -hoy en horas bajas- ni a su candidata, pero lo apuesta todo a una realidad constatable en la calle y evidente en las encuestas, incluida en la que publica cada tres meses la Junta de Andalucía (barómetro del Centra): el malestar de la ciudadanía por el deterioro de los servicios públicos, sobre todo por las demoras y el colapso en la sanidad, segundo problema de los andaluces por detrás del paro. “No hay un centro de salud en Andalucía que no tenga una placa con el nombre de María Jesús Montero”, consejera del ramo durante dos décadas, dicen en su partido.

“Defiende lo público” es el lema de precampaña de los socialistas. Montero y los suyos van a seguir por esa línea, aunque este lunes hayan difundido entre sus cientos de agrupaciones los resultados de Castilla y León junto con una arenga motivacional como la de William Wallace a sus soldados ante el ejército inglés (véase la película Braveheart). “La derecha ha cabreado a la gente para que vote en contra de ellos mismos; nosotros queremos que voten para mejorar su vida, su sanidad, su educación, su dependencia. Ese es el reto”, asegura un dirigente del PSOE-A.

En Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox ya había sido llave de gobierno y había gobernado junto al PP antes de salirse de las instituciones de forma sincronizada por orden de Abascal. El partido de ultraderecha en estas regiones ha demostrado su habilidad y sus carencias en los gobiernos, y los ciudadanos han ido a votar con esa realidad cotejada. En Andalucía eso no ha ocurrido aún, el PP lleva gobernando desde 2019, los últimos cuatro años con mayoría absoluta, y el desgaste se imputa todo a Moreno. “El votante de derechas cabreado con la Junta encuentra refugio en Vox”, dice un diputado socialista.

Las izquierdas no cambian el rumbo

Los sondeos previos a las últimas elecciones en Castilla y León sitúan al PP con un pie dentro y otro fuera de los 55 diputados que dan la mayoría absoluta en Andalucía. En 2022, los de Moreno fueron la lista más votada en las ocho provincias y se hicieron con todos los restos, es decir, de 50 a 58 diputados a un coste mínimo cada uno de los últimos escaños. Tanto en el cuartel general del PP como en el del PSOE asumen que la repetición de ese escenario “es muy difícil” pero, para que se repita esa “carambola”, tiene que repetirse una variable clave: la desmovilización de la izquierda.

Los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía también han captado el mensaje de su fracaso en Castilla y León: todas las fuerzas que se presentaban, cada una tras una marca, han perdido más de 45.000 votantes. Ni siquiera los 13.000 más que ha ganado el PSOE explica en clave de “voto útil” el vaciamiento masivo de este espacio electoral. “Es más significativa la incapacidad para atraer al abstencionista”, advierten desde IU.

IU (que iba en coalición con Sumar y Equo) no tendrá representante en las Cortes castellanoleonesas por primera vez desde hace casi dos décadas, en 2007. Y Podemos se ha extinguido con 9.000 votos (0,7%), menos que la formación del agitador ultra Alvise Pérez. Por separado, las izquierdas suman ahora el 2,97% de los votos, dos puntos menos de lo que lograron juntos en 2022.  Gabriel Rufián lanzó una nueva alarma en la noche electoral: “0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”, escribió en su perfil de X (antes Twitter).

Pero las izquierdas andaluzas ya pasaron por ese debate de la unidad varias veces en la última década, y no parece que la nueva cita electoral vaya a cambiar la hoja de ruta que tienen marcada. Por Andalucía, la coalición de partidos capitaneada por IU y Movimiento Sumar, ha elaborado sus listas en las ocho provincias, ha elegido a su candidato a presidente (el líder federal de IU, Antonio Maíllo) y esta semana presentará el borrador de su programa.

Por Andalucía ha dejado la puerta abierta a Podemos, que ya formó parte de la coalición en 2022 y ahora barrunta postularse en solitario, pero no variará su planificación si los morados dan señales de querer negociar en el último minuto. “En el último minuto no habrá ningún viraje brusco. Ya pasamos por eso en 2022 y fue un desastre”, sentencia un dirigente comunista.

La reticencia de Podemos proviene más de la dirección estatal, que pilota Ione Belarra, que la andaluza. Preguntado por su resultado en Castilla y León y la posibilidad de que también desaparezca de Andalucía -la comunidad más poblada con 8,5 millones de habitantes, el portavoz nacional, Pablo Fernández, ha vuelto a insistir en que la decisión de coaligarse con otras fuerzas para los comicios es “competencia” de la dirección andaluza.

Pero la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ya firmó el pasado verano un manifiesto en favor de la unidad con IU, Sumar y el resto de formaciones con las que hoy comparte el grupo parlamentario Por Andalucía. También se lo hicieron llegar a Belarra en los órganos de coordinación con la dirección estatal, sin obtener ninguna respuesta.

José Manuel Gómez Jurado, uno de los diputados de Podemos en la coalición, ha sido orillado por su formación tras apostar abiertamente por la unidad. Este domingo, tras los comicios de Castilla y León, reiteraba su análisis: “La unidad no es la panacea, ni la respuesta a lo que le pasa a la izquierda, eso es una evidencia más que demostrada. Fragmentar las opciones y tirar votos a la basura en un tiempo en el que los votos no sobran, también es una temeridad bastante demostrada”, escribía en su cuenta de X.

Estos comentarios, que no son nuevos, provocan reacciones muy polarizadas de los seguidores de Podemos, unos a favor, otros visceralmente en contra, que terminan tildando a los diputados de “traidores”. “¿Y se supone que tenemos que quedarnos de brazos cruzados y boquita callada, aún yendo de desastre en desastre en las últimas elecciones por no ser traidores a no sé qué causa? Andalucía es la siguiente parada y SOLO hay una causa: que la izquierda saque el mejor resultado posible”, escribía Gómez Jurado.

El tercer partido en discordia a la izquierda del PSOE, la coalición Adelante Andalucía, es la menos concernida por el debate de la unidad, porque decidió cerrar la puerta a nuevas alianzas desde el principio. El partido de Teresa Rodríguez, que hoy pilota su portavoz parlamentario y candidato, José Ignacio García, ha apostado por “un carril propio” al margen de los “líos de la izquierda”, para consolidarse como una fuerza de “soberanía andaluza, sin jefes en Madrid, de izquierdas, andalucista y anticapitalista”.

Adelante Andalucía no aspira a restar opciones a Por Andalucía, sino a “sacar del sofá al abstencionista o al votante decepcionado con el PSOE”. Hoy tiene dos diputados, y el barómetro del Centra le da el doble. Sus excompañeros en IU y Podemos están convencidos de que están “sobredimensionados” en los sondeos, visto el índice de intención de voto que marcan en provincias donde no tienen implantación territorial ni apenas representantes.

Toda la izquierda andaluza aspira a lo mismo. Las encuestas, incluso la que financia la Junta, siguen ubicando a Andalucía en el centroizquierda, aun después de ocho años de gobiernos del PP, a pesar de que hoy PP y Vox representan un bloque robusto con 72 de los 109 escaños del Parlamento Aspiran a despertar a su base electoral antes de que Moreno disuelva la Cámara en abril y convoque a las urnas en junio.

El 23 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Nyon (Suiza), decidió oficialmente que Sevilla y el estadio de La Cartuja sustituirían a Bilbao como sede española para la Eurocopa.

En realidad, la promotora Gruconsa había empezado los trabajos de remodelación del estadio cuatro días antes –el 19 de abril– sin contrato ni presupuesto asignado ni licitación ni adjudicación, pero por encargo directo de la sociedad que gestiona el estadio, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, junto al Estado, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

Cuatro días después, el 27 de abril de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S.A. acordó “no firmar el contrato del estadio con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios” y, dos días después, solicitó formalmente una “subvención excepcional” a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta por un importe de 5,4 millones de euros para sufragar el evento. Pero las obras ya estaban en marcha sin ningún soporte contractual.

La jueza de Majadahonda (Madrid) que instruye el llamado 'caso Supercopa' ha abierto una pieza separada para esclarecer el papel que jugaron altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación irregular del contrato de reformas de La Cartuja, a cambio de supuestas comisiones ilegales. Daniel Oviedo, actual gerente de la sociedad que gestiona el estadio, está imputado junto a quien presidía dicho órgano de contratación, el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal.

La cronología de la tramitación del contrato de las obras del estadio, recogida en el informe de la Guardia Civil, revela desde el principio “una clara discordancia entre la ejecución real de las obras y su formalización administrativa”, ya que los trabajos comenzaron mucho antes de que se iniciaran los expedientes de licitación.

El debate político se centra ahora en la responsabilidad del Consejo de Administración del estadio, donde estaban representadas tres administraciones del PSOE (Gobierno, Ayuntamiento y Diputación) y una del PP (Junta), que ahora se imputan las irregularidades del contrato amañado.

¿Quién autorizó el contrato?

El 5 de mayo de 2021, el Consejo de Administración del estadio de La Cartuja S. A., reunido por videoconferencia, aprobó realizar las obras de adecuación del estadio de Sevilla para albergar los partidos de la Eurocopa, con cargo a un presupuesto extraordinario facilitado por el Gobierno andaluz un día antes. La Consejería de Educación y Deportes, donde Arrabal ocupaba el tercer escalafón, acababa de otorgar al proyecto esa subvención excepcional que había solicitado el estadio: 4,9 millones de euros, destinados inicialmente a la construcción de guarderías.

Las actas de la reunión del Consejo de aquel día, a las que ha tenido acceso este periódico, revelan varios puntos de interés para la investigación judicial sobre el supuesto amaño de contratos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante el mandato de Luis Rubiales a cambio de comisiones ilegales.

La decisión de dar luz verde a las obras se adoptó en aquella reunión, en la que participó “como invitado el letrado de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón Tous”. Hubo seis votos favorables, correspondientes a los consejeros de la Junta, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Diputación Provincial, y dos abstenciones de los miembros del Gobierno central, que expresaron sus “dudas” con la “interpretación jurídica” hecha por la sociedad del estadio La Cartuja para justificar el procedimiento “mínimo” y “urgente” de contratación, sin publicidad ni concurrencia competitiva.

Aquella reunión del Consejo de Administración incluso discutió si la entidad que dirigía Rubiales iba a ser parte del órgano de contratación del estadio o sólo “le compete la eventual recomendación de licitadores”, cuando en realidad la promotora vinculada a la RFEF –Gruconsa– ya llevaba tres semanas trabajando en el estadio.

El secretario del Consejo esgrime su “informe justificativo del procedimiento mínimo de contratación”, que no termina de convencer a los consejeros nombrados por la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central). La consejera nombrada por la Junta de Andalucía, Myriam del Campo, comenta que “el informe se ha consultado con los Letrados de la Junta de Andalucía así como con el Director General de Contratación, de la Consejería de Hacienda”.

Sin embargo, el consejero designado por el Gobierno, Antonio Franco, reitera que “le preocupa que ante la fiscalización o intervención que a posteriori pueda realizarse, qué responsabilidad le cabe como Consejero si no manifiesta las dudas sobre la oportunidad de que el evento fuera a ser realizado por el Estadio con sus normas o hubiera de haber sido realizado por otra institución”. “La urgencia viene motivada porque no hay tiempo y lo que se imposibilita es la aplicación del principio de publicidad”, añade.

Arrabal y Oviedo, “poder mancomunado” para autorizar el contrato

El Consejo de Administración del 5 de mayo de 2021 dio luz verde a las obras del estadio, pero lo hizo de forma indirecta. Lo que realmente se votó aquel día, según consta en las actas, “no es la valoración o discusión sobre el informe” que justifica el “procedimiento mínimo” para la contratación, “sino la delegación en el Presidente [Arrabal] y en el Gerente [Oviedo], de manera mancomunada, de las facultades que corresponden al Consejo de Administración como Órgano de Contratación por razón de la cuantía superior a 500.000 euros, para la contratación de actuaciones en el marco y contexto de lo informado”.

Es decir, la decisión última de contratar por la vía de urgencia a la promotora Gruconsa, investigada en la causa, no recayó en el Consejo de Administración, donde están representadas cuatro administraciones, sino en los dos máximos responsables de ese órgano, hoy imputados.

Con ese “poder mancomunado”, Arrabal y Oviedo aprobaron las licitaciones y adjudicaciones a Gruconsa un mes después, aunque en realidad la promotora ya había empezado las obras 16 días antes, sin contrato ni licitación ni adjudicación. A posteriori, se presentaron tres empresas a la licitación, pero la Guardia Civil sospecha que “los presupuestos eran falsos para justificar un proceso de adjudicación” concedido de antemano a Gruconsa que, de hecho, trabajaba en el estadio mientras las administraciones en paralelo hacían el papeleo para dar “apariencia de legalidad”.

A los miembros del Consejo se les notificó la oferta de la adjudicataria, pero no las de las otras dos empresas postulantes, que no aparecen en el expediente publicado en el Portal de Transparencia del estadio. “Pudiera haber sido la propia Gruconsa la encargada de confeccionar las tres ofertas que fueron presentadas, asegurándose así ser la más ventajosa para garantizar la adjudicación de unos trabajos que ya se encontraban en ejecución”, señala la UCO en el informe remitido a la jueza.

La Diputación de Sevilla ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Administración para abordar la permanencia del gerente, cuyo cese ya reclaman abiertamente desde el PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox. La potestad de convocar al Consejo sólo depende de la actual secretaria general de Deportes de la Junta.

La oposición en bloque ha pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que fuerce la dimisión de Oviedo, y éste respondió en el Parlamento que “no es un cargo público” y que las administraciones socialistas en el Consejo no se opusieron al contrato. “Si hay que sustituirlo y renombrarlo, se convoca al Consejo y se destituye, pero a ver qué dice la Justicia”, ha asegurado en el Pleno de la Cámara.

“Dudas con la interpretación de las normas”

Las actas también revelan las “dudas” respecto al procedimiento de contratación expresadas por los dos consejeros de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Gobierno central), que no cuestionaron el proyecto, pero evitaron votar a favor. “Se tienen dudas sobre al alcance e interpretación del artículo 321 [de la Ley de Contratos del Sector Público] y expresa que la situación es extrema entre poder hacer o no el evento”, en referencia a los partidos de la Eurocopa.

También manifiestan “dudas” con la justificación legal de saltarse los procedimientos ordinarios de contratación alegando “una causa sobrevenida”, por lo que “no desean refrendar el procedimiento [mínimo de urgencia] pero tampoco oponerse a la celebración del evento”. Finalmente, los consejeros designados por el Gobierno central entienden que “deben abstenerse y recomendar la atención a los plazos en la medida de lo posible y ajustarnos a la publicidad y principio de la concurrencia”.

En ese momento intervino Arrabal para hacer un poco de “retrospectiva”, recordó que La Cartuja se había pasado años sufriendo el abandono de las administraciones, que “el estadio se encontraba cerrado” y “sin un horizonte de actividad”. “Estamos ante una oportunidad única que va a impulsar gran parte de la economía de la ciudad”, dijo.

El consejero del Gobierno central le respondió que “no se discute la importancia del evento sino que se está expresando las dudas, que no certezas, sobre una interpretación de las normas”. “Dudas sobre una interpretación jurídica, lo que no debe de entenderse como una oposición al proyecto”, añadió, tras “aplaudir el emprendimiento del presidente del Consejo de Administración”.

Las obras, antes que los permisos

“Daniel, buenas tardes. El lunes llega mi primer equipo de gente para el desmontaje de los tornos”. El 16 de abril de 2021, el responsable de las obras de adecuación del estadio La Cartuja de Sevilla como sede de la Eurocopa, Ángel González Segura (Gruconsa), envió un correo electrónico con el asunto “COMIENZO OBRA” a Daniel Oviedo, gerente de la sociedad Estadio de La Cartuja S.A.

El inicio efectivo de las obras de adecuación de tornos e iluminación en el estadio La Cartuja fue el 19 de abril, es decir, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y cuatro días antes de que la UEFA confirmara oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa. En ese momento, ni existía contrato entre la RFEF y la sociedad Estadio La Cartuja ni existía contrato entre estas dos entidades y la promotora Gruconsa, que ya había empezado a trabajar sobre el terreno.

Los responsables de Gruconsa, imputados en la causa, fueron informando a la Junta del inicio y desarrollo de las obras. Los promotores enviaron un Excel con los gastos a Oviedo, cuando el proyecto todavía no contaba con el visto bueno del Consejo ni la Junta de Andalucía había destinado presupuesto para ello. “¿Te encargas de comunicárselo a la Junta?”, escribió el Secretario General de la RFEF, Andreu Camps, al responsable de las obras de Gruconsa.

Camps ni siquiera sabía en ese momento que la Federación de Fútbol y la sociedad que gestiona los activos de La Cartuja aún no habían firmado ningún contrato.“La Junta está en ello porque está el director gerente de La Cartuja”, le respondió González Segura el 23 de abril, el mismo día que la UEFA eligió oficialmente a Sevilla como sede de la Eurocopa.

Entre el 12 y el 15 de abril, los miembros de la UEFA habían visitado personalmente el estadio de La Cartuja para evaluar la viabilidad del recinto para los cuatro partidos previstos. “Las primeras impresiones han sido buenas por lo que nos han contado, ya que en Bilbao solo han tenido escollos en cada legalización y petición por parte del Gobierno Vasco y las autoridades pertinentes, mientras aquí todo han sido facilidades y buena disposición”, escribió el responsable de Gruconsa a la RFEF.

Al día siguiente, el 16 de abril, cuatro administraciones firmaron una “declaración de intenciones” comprometiéndose a acometer las reformas necesarias para que Sevilla fuera sede, y sólo tres días después empezaron los trabajos en el estadio, antes siquiera de contar con el presupuesto para pagar la obra.

La sociedad Estadio de La Cartuja adjudicó el contrato a Gruconsa por valor de 1,1 millones de euros el 11 de junio, el mismo día que empezaban los partidos de la Eurocopa, y 45 días después de que arrancaran las obras. La Guardia Civil concluye en su informe que Arrabal y Oviedo “contribuyeron” al amaño del contrato, a cambio de contraprestaciones económicas, e investigan la compra de dos pisos que ambos hicieron en esos días (uno en Sevilla y otro en Málaga), abonando a tocateja 50.000 euros cada uno.

Cuando finalmente se oficializa el contrato de adjudicación a Gruconsa, dos trabajadores de la promotora lo comentan “en tono jocoso” en una conversación intervenida por la Guardia Civil. “Te he pasado la adjudicación de la Cartuja. Ya está todo”, dice González Segura. “Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme”, replica Jonathan Oliva, también de Gruconsa “¿Y eso? No seas mala persona”. “Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día. Hemos superado a los chinos. Jajaja. ¡De lujo!”.