“Los subterráneos de España, en general, y Madrid, en particular, hervían en creatividad, mientras las ventanas por donde respirar parecían cerrarse más y más a los nuevos movimientos culturales, copados por las multinacionales”. Así recuerda Julio Muñoz (Alicante, 1950) el momento en el que nació el pionero Festival Internacional de Madrid (Festimad), que ha dirigido desde 1994 hasta este excepcional 2020, cuando, justo antes del estallido de la pandemia, decidió jubilarse tras una vida dedicada a la música en directo. En aquel momento los festivales aún eran una rara avis en España y, apunta, “coexistía una gran efervescencia musical, ya fueran grupos, sellos, fanzines o salas, con una crisis económica de caballo tras los fastos del 92”. 

Muñoz atiende a elDiario.es para analizar cómo ha cambiado el modelo de festivales desde aquellas primeras experiencias hasta convertirse en macroeventos que brotaron como champiñones por cada provincia. Un sector “estructuralmente precario” que, explica, vivía en una burbuja de precios hasta el coronavirus. “Con la llegada de la pandemia se rompen los hilvanes de todas las costuras. El shock es tan mayúsculo que pocos piensan en medidas de futuro cuando se está intentando buscar un salvavidas en mitad del naufragio”, lamenta.

¿Cómo nace Festimad?

El escenario era complicado por el temor al riesgo de taquilla de los agentes internacionales y los promotores tradicionales, hasta entonces dopados por generosas aportaciones de las instituciones públicas para conciertos, que no festivales, enmarcados en las grandes efemérides o fiestas patronales y recortados drásticamente a causa de la crisis. 

En ese contexto, en el tiempo récord de dos meses se gestó Festimad, el festival que organicé con Santiago Morales y Álvaro Ruiz como un escaparate de la ebullición soterrada. Empezó siendo multisala y multidisciplinar, coordinado por nosotros desde la Sala Revolver, y sumó a su programación otros 40 espacios de Madrid que acogieron más de cien conciertos, pases de películas, desfiles de moda, mercado discográfico y fanzineroso, recitales de poesía, performances, exposiciones… y todo lo que quisiera improvisarse. Entre las cartas de presentación estaban Beck, Enrique Morente, Spin Doctors, The Cult, Radio Tarifa, Rancapino, Les Negresses Vertes… El éxito de público y la repercusión mediática fue impresionante, como un diluvio en el desierto. 

De inmediato contacté con el director del Círculo de Bellas Artes, Enrique Baquedano, para pedirle el espacio para la siguiente edición. Festimad ocupó felizmente la totalidad del recinto hasta 1996, y ese mismo año compartió protagonismo con el resto de salas de Madrid y la primera edición de Festimad Móstoles, que obtuvo renombre internacional. 

¿Por qué decidieron pasar al gran formato? 

Había un enorme déficit de conciertos y una gran oferta de nuevas bandas emergentes y otras seminales con nuevos álbumes. Si los discos se vendían, porque la piratería por Internet y el streaming todavía no habían llegado, era de suponer la existencia de un público ávido de directo. Supusimos que la llamada de unos cabezas de cartel de renombre atraería la atención hacia otros inmerecidamente desconocidos. Se necesitaba un espacio, así que contacté con Móstoles y me mostraron el Parque de El Soto, un espacio urbano a la afueras de la ciudad, bien comunicado, con explanadas y espacios de sombra, ideal para todo tipo de eventos, al estilo de Hyde Park en Londres o Central Park en Nueva York. Lo aceptamos de inmediato y nos pusimos a trabajar en la primera edición de Festimad Móstoles, que se terminó celebrando en el puente de mayo.

Ahí Festimad maridó de por vida con Madrid y toda su comunidad cultural: nacería y moriría en Madrid. Hasta el momento, es el festival privado más longevo de la Comunidad de Madrid, además de explorador del riesgo creativo y las emociones fuertes. Un modelo a seguir y mejorar en el que tocaron bandas que aún hoy siguen siendo cotizadas cabezas de cartel.

En esos años nacen también festivales importantes, como Sonar y FIB. Aunque hubo intentos de hacer festivales en España desde los 70, la cosa no cuajaba. ¿qué pasó en los 90 para que hubiera esta explosión?

El progresivo nacimiento de festivales en los 90 no fue realmente una explosión, como sí lo fue entrado el milenio: en la última década el número de convocatorias festivaleras en España ha llegado a los cuatro dígitos. Hubo varias razones. Por un lado, la recuperación de las aportaciones públicas hacia la iniciativa privada, ya fuera por motivos culturales, turísticos o de incentivo económico. Por otro, la necesidad de las discográficas, grandes y pequeñas, de ganar adeptos a los nuevos artistas mediante sus actuaciones en directo y la progresiva supremacía económica del directo sobre el disco. También la incorporación de recursos aportados por las marcas comerciales y una miríada de propuestas creativas de todas las influencias, géneros y estilos.

A lo largo de 30 años, todos estos ingredientes han tenido influencia en el desarrollo de los festivales. En unos casos han resultado saturados por la progresión geométrica de la demanda de recursos económicos por parte de los festivales, que en otros casos se ha compensado con la concentración de festivales en una sola empresa. Luego ha llegado la irrupción de fondos de inversión de la última década, pero lo principal ha sido la incorporación constante de nuevos públicos en un número que, en vísperas del Covid, no parecía tocar techo.

Se jubiló justo antes de que comenzara la pandemia, que ha puesto en jaque a buena parte del sector. ¿Cómo ve su futuro?

El shock es tan mayúsculo que pocos piensan en medidas de futuro cuando se está intentando buscar un salvavidas en mitad del naufragio, pero no llega. Contra lo que se pueda pensar a la vista de los rutilantes datos de venta de entradas en los grandes festivales, el sector de la música en España está endémicamente desestructurado y es precario, sobre todo a nivel laboral... Y la llegada de la pandemia rompió los hilvanes de todas las costuras. 

Los presupuestos de festejos y de cultura se están derivando a otros fines, con instituciones locales cancelando festivales y conciertos en la víspera de su celebración con total impunidad y sin indemnización, escudándose en la práctica tan habitual como leonina de no firmar contrato hasta el último momento. Las estructuras empresariales cuentan con las medidas gubernamentales generales establecidas para toda la patronal, pero hay pocas específicas. 

Mientras, el sector está plagado de temporeros sin contrato, autónomos reales y falsos… Cuando no, sencillamente, en la economía sumergida. Solo una minoría es contratada laboralmente, así que una parte importante está prácticamente fuera del sistema de ayudas paliativas: técnicos, conductores, montadores, músicos, autores, gestores culturales, servicios auxiliares, seguridad… Estos trabajadores se están organizando en la plataforma MUTE (Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo) para organizar manifestaciones y protestar por su precariedad laboral porque se han quedado fuera de los supuestos de ayudas por efectos del Covid. El futuro del espectáculo y, con él, el de la música, no depende sólo de la vacuna, también de que se concreten los postulados del Estatuto del Artista -aprobado en la anterior legislatura- y de que se apliquen a rajatabla las leyes laborales con reconocimiento de la temporalidad y la discontinuidad del trabajo en este sector.

Diez años después de pasar al gran formato, Festimad ya había vuelto a los inicios de programación en sala. Hay quien lo relaciona con el caos vivido en la edición de 2005, porque después de aquello no se volvió al mismo formato. ¿Fue la única causa?

No hay festival que no haya sufrido incidentes más o menos graves, suspensiones, o cancelaciones y, salvo raras excepciones, esos problemas no han determinado su colapso. El problema sobrevino por la falta de un espacio adecuado con la llegada del Partido Popular al gobierno de Móstoles. Cerraron el Parque el Soto al festival y su sustituto, el verde cerro de la Cantueña, entre Fuenlabrada y Parla, escondía un colosal vertedero que emergió al aire por una tormenta seca en mitad de una ola de calor. 

Por más que se intentó, no hubo manera de encontrar otro espacio lo suficientemente grande como para albergar un festival de características similares, con un área para acampada digno de su nombre. Por eso no han contado con acampada ni Festimad ni sus sucesivos émulos, como el Electric Weekend, Getafe Electric Festival, Summercase, DCode, Mad Cool o Rock in Rio. Muchos de ellos desaparecidos o con graves problemas de supervivencia por la falta de infraestructuras adecuadas, además de ver mermada y envejecida su audiencia por la falta de un alojamiento para jóvenes como es el camping.

En 2008, el agente de Rage Against The Machine nos llamó para comunicarnos que tenía encima de la mesa una oferta que triplicaba lo acordado con nosotros

¿Qué supuso la entrada de esos nuevos actores con mayor músculo financiero? 

Éramos conscientes de que, tarde o temprano, el éxito explorador de Festimad atraería la competencia para explotarlo y sabíamos cómo sucedería, aunque no cuándo, pero sí cómo reaccionaríamos. Conociendo el modus operandi de los grandes promotores españoles y cómo los representantes de los artistas más cotizados se aprovechaban de él, el día D llegó en la víspera del anuncio de la vuelta de Rage Against The Machine a Festimad en 2008. Nos llamó su agente para comunicarnos que tenía encima de la mesa una oferta que triplicaba lo acordado con nosotros. Procedía de un promotor español para un festival a celebrar en Getafe -ciudad de vecina de Móstoles- en nuestras mismas fechas. Se trataba del Electric Weekend.

El objeto de la llamada no era otro que iniciar la subasta que, en beneficio del agente, elevara el precio hasta el límite de arruinar a ambos festivales. Para los grandes nombres no existen los cachés, solo la subasta. La mejor puja pone al artista preferido en tu cartel, pero decidimos que eso no sucediera en Festimad. En el mejor de los casos supondría restar demasiados esfuerzos en la exploración de nuevos valores para poner todas nuestra energías en la explotación de los consolidados. 

¿No se plantearon sumarse a esa dinámica? 

La exploración como macrofestival había terminado. Nuestro trabajo como pioneros de la era de festivales había terminado con éxito y llevado a un modelo empresarial y de negocio en el mercado español… Pero nosotros éramos una Asociación Cultural, no una empresa. Nuestro objetivo no era el negocio. Bajo el lema ‘Biodiversidad Musical’ nos aplicamos a tiempo completo en el apoyo y potenciación de los circuitos de salas, en los nuevos creadores y en la generación de nuevos públicos. Nos tacharon de locos y suicidas. Bueno, pues hasta la irrupción del Covid, ahí sigue Festimad, manteniendo como imprescindible un modelo de gestión para la visibilidad y desarrollo de nuevos creadores y propuestas arriesgadas de los veteranos en los espacios que dan alimento musical durante todo el año.  

Quienes nos tachaban de locos acabaron convocando concursos de nuevos valores a imagen del Festimad Taste, que fue el primero, y también proliferaron felices secuelas del modelo multisede de Festimad Salas como Artistas En Ruta, GPS, Sound Isidro y otras muchas dependientes de marcas comerciales u otros festivales, con desigual suerte.

¿Los artistas están al tanto de esos chanchullos para elevar cachés? Algunas de las bandas más punteras de las últimas décadas llevan muchos años sin actuar en España fuera de un festival: Radiohead, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age...

No creo que los artistas de élite estén al tanto de nada más que de componer, grabar, tocar y cobrar en las condiciones más favorables para ellos. Lo demás son “reglas de mercado” que manejan sus agentes e intermediarios; entre ellas, las cláusulas de exclusividad, consecuentes con las estratosféricas pujas. Salvo escasas excepciones manda el máximo beneficio. Lo realmente anómalo es que, sin motivo económico, la exclusividad se imponga a los grupos medios y pequeños, dificultando muchas veces su desarrollo.

Esto suele ocurrir con artistas de renombre internacional. ¿Las dinámicas que se han visto en España son las mismas que en otros países, o existe alguna particularidad? 

Para los artistas internacionales las dinámicas son muy similares, aunque es cierto que España siempre ha sido considerada un chollo para los agentes internacionales por la agresividad en la puja de algunos promotores. Para los artistas nacionales de gran demanda está sucediendo un fenómeno similar, aunque con el importante matiz de que el ámbito territorial de su mercado es más reducido y son ellos quienes intentan imponer a los promotores sus demandas económicas y de ausencia de exclusividad. 

A esto se suma la enorme influencia de demasiados poderes públicos, que dopan las ofertas con tal de llevarse a su territorio al artista de su capricho. En otras palabras, instituciones que aportan enormes cantidades de dinero público para negocio privado, en lugar de hacerlo para la formación musical, promoción y difusión de los creadores locales emergentes. 

Sorprende que muchas veces hable más la concejalía o consejería de Turismo que de la de Cultura. 

La música tiene varias vertientes. La cultural y la formativa son las más evidentes, pero la industrial, la sociolaboral, la fiscal y la turística adquieren cada vez más relevancia para su sostenibilidad. Un equilibrio, una armonía, entre ellas sería lo más beneficioso para todas y las instituciones públicas deberían ser las primeras en no confundirlas. Las iniciativas más comerciales deberían ser reguladas e incluso, si se da el caso, ayudadas al igual que en otros sectores, por Industria, Comercio, Turismo… Pero los parcos presupuestos para Cultura deberían aplicarse en exclusiva para el fomento de la formación, la creación y la difusión de los valores emergentes y menos comerciales. Es decir, no dopar el mercado subvencionando u ofreciendo gratuitamente productos culturales por los que el público está dispuesto a pagar, mientras se deja a merced del mercado la generación de alternativas artísticas y formativas no comerciales. 

Dicho esto, lo de los ayuntamientos es de traca. Muchos pujan por los mismos artistas para que actúen gratis en sus fiestas, con lo que el mercado queda totalmente distorsionado. Son los gobiernos municipales, y no el público, quienes configuran la demanda. Consecuencia: se pagan unos cachés totalmente inflados a ofertas musicales cuyo valor sería mucho menor si dependieran de lo que deben depender, que es la taquilla. Con el ‘todo gratis’ se genera y alimenta un círculo tóxico en el que la cultura local queda descapitalizada y se alimenta la desvalorización de la cultura comercial. Cuando llegan recortes, es muy difícil recuperar la costumbre de pagar por el trabajo artístico de los demás.

Teniendo en cuenta el aluvión de ayudas públicas, ¿el sector es suficientemente transparente?

No lo es, ni por parte de las instituciones ni mucho menos por los promotores, aunque es algo que se va corrigiendo con la aplicación de la normativa de transparencia y de control de los contratos públicos y las exigencias de justificación de las ayudas. Hay un gran déficit de información detallada al público y a los artistas sobre a qué específicamente se dedican los recursos públicos dentro de un festival que no podrían ser pagados con su propio presupuesto y no sirvan para engrosar la cuenta de beneficios.

Por otro lado, la competitividad se ha disparado entre los festivales y, a su vez, ha habido un proceso de concentración. ¿El objetivo inmediato es ganar dinero o hacerse con el mercado?

Los dos objetivos son complementarios, aunque algunos promotores consideran prioritario depredar lo existente para lograr una situación de dominio del mercado y una posición más fuerte tanto a la hora de negociar precios con artistas o proveedores como a la de evitar pujar a la baja con los precios de las entradas. Otros, más inteligentes, compran, absorben o se asocian a festivales ya existentes. Con los mismos fines lucrativos, eso sí. Esa concentración galopante tiene el problema de que, en su mayoría, depende de empresas multinacionales o fondos de inversión con fines fundamentalmente económicos. Si no se cumplen las expectativas de un festival, desaparecerá. Para entonces habrán restado recursos imprescindibles a iniciativas independientes en las que lo económico solo es importante para su sostenibilidad. 

Hay un actor crucial en todo esto: Live Nation. 

La música no se escapa a la globalización y Live Nation es el holding empresarial mayor del mundo en este sector. En España se da la singularidad de que hay dos sucursales, Barcelona y Madrid, haciéndose la competencia. Es curioso, pero cierto. Siendo los más grandes, aún no dominan el mercado español, aunque están en ello. Lo que ocurre es que la competencia está en otras iniciativas, en mayor o menor medida, también dependientes de fondos de inversión. En lo positivo, da mayor diversidad a la oferta; en lo negativo, amenaza con convertirse en una burbuja especulativa que, en caso de explosión, deja un futuro incierto para el sector cultural. 

¿Qué se puede hacer ante esa burbuja? 

Se puede paliar derivando apoyo público hacia iniciativas asociativas y empresariales locales independientes, sostenibles y no especulativas, de forma que no precisen ser absorbidas para sobrevivir. Que en caso de colapso de algún gran festival no quede un desierto, que se garanticen viveros y escaparates de talento emergente, tanto creativo como empresarial fuera del albur del mercado: no necesariamente para combatirlo, sino que pueda servir para alimentarlo cuando lo precise y, al tiempo, permita a los artistas y gestores su derecho a la independencia creativa y pecuniaria.

¿Qué consecuencias ha tenido todo esto para el público y los artistas? 

Las consecuencias para el público son claras: tendencia a la masificación, entradas más caras y saturación de marcas comerciales en detrimento de las culturales o de mensajes solidarios, medioambientales y sociales. También para los grupos noveles y los trabajadores, que en no pocos casos desarrollan su trabajo en condiciones de amateurismo. Hay que tener en cuenta la ralentización de la consolidación y renovación de nuevos grandes nombres de la música popular, debido a la anemia de la industria discográfica. Con la irrupción de Internet, los grandes beneficios de la música “enlatada” acapararon industrias que no tienen nada que ver con la música ni reinvierten en ella, como las operadoras telefónicas. Es una triste paradoja: cuando el melómano consume más música pensando que es gratis, más paga por ella dentro de la factura de su teléfono.

La demanda de estos nombres ha tenido un crecimiento exponencial que ha llevado a un aumento impresionante de los costos de programación que repercuten en los precios de patrocinio, en las solicitudes de ayudas públicas y, por supuesto, en los precios que paga el público. Es un proceso similar al del fútbol y los precios de los fichajes estelares: una burbuja que engorda y engorda hasta que reviente. 

En España se venera a los grandes artistas muertos mientras se persigue a los vivos como delincuentes cuando hacen su trabajo

Los grupos que empiezan cada vez tienen más complicado vivir de la música. Entre otras cosas, por esa falta de ayudas que mencionaba antes. No es extraño escuchar artistas españoles comentando el contraste con lo que ven cuando salen de gira por otros países. ¿La música está suficientemente valorada en España? 

La relación de España con la cultura es singular. Desde determinadas tendencias políticas solo se valora la cultura del pasado y no toda, mientras que la contemporánea siempre les resulta sospechosa, cuando no directamente odiosa o sin valor. Se venera a los grandes artistas muertos mientras se persigue a los vivos como delincuentes cuando hacen su trabajo, plantean preguntas incómodas o critican al poder. Esa gota malaya durante decenios cala en gran parte de la población que no duda en gozar de las obras, si puede ser de forma gratuita, al tiempo que odia a los artistas. Es lo que les vienen enseñado cada día. 

Con ese caldo de cultivo, las ayudas públicas mayoritarias van para la conservación del patrimonio, los museos, las grandes exposiciones retrospectivas, los clásicos o las efemérides. Una pequeña parte va para la creación contemporánea más comercial, que probablemente podría subsistir solo con el mercado, y casi nada para quien más lo necesita, que es la formación artística y cultural, el desarrollo de los nuevos creadores y el apoyo a los artistas emergentes. En ese contexto, muchas iniciativas privadas infravaloran a los noveles, muchos de los cuales, con la excusa de la promoción, pagan por tocar y, en el mejor de los casos, logran recuperar los gastos en unas condiciones sociolaborales precarias.

Festimad era un lugar que dejaba hueco para artistas que no tenían mucho nombre en ese momento, pero que acabaron pegando fuerte, nacionales o internacionales. Si echa la vista atrás, ¿con qué apuesta se siente más contento?

La esencia de Festimad ha sido precisamente reservar un hueco, lo más importante posible, para que el público explorador pudiera navegar por sonidos desconocidos, para descubrir grupos y estilos emergentes. Por ejemplo, en los primeros Festimad del Círculo de Bellas Artes se presentaron Amaral a las 12 de la mañana ante poco más de una docena de curiosos o Radiohead en el Salón de Columnas frente a 200 privilegiados. Muse fliparon al personal en el segundo escenario de Festimad Móstoles en 2001 y Dover comenzaron en escenarios pequeños para terminar siendo cabeza de cartel en un par de años. 

Festimad no solo apuntó hacia los sonidos guitarreros más duros. Por ejemplo, programó el primer escenario temático de hip hop en nuestro país, pintando kilómetros de graffiti y rompiendo el malditismo al que estaban sometidos. También dio cabida a la nueva generación de sonidos de fusión latina con nombres como Macaco, Ojos de Brujo, Amparanoia, Los Delinqüentes u Orishas. En los últimos años, gracias a la alianza con el Sziget Festival, el más grande de Europa, se han abierto las puertas del continente a bandas premiadas por Festimad Taste como Beluga, The Royal Flash o La Ganga Calé.

Pero claro, lo que más queda en la memoria son las bandas, grandes o seminales, como Rage Against The Machine, Smashing Pumpkins, The Prodigy, Pearl Jam, Metallica, Tool, The Offspring, Massive Attack, Motorhead, Linkin Park, Cypress Hill, Jesus and Mary Chain, Rancid… Muchas de ellas pisaron por primera vez escenarios de festivales españoles con Festimad, multiplicaron las ventas de sus discos y ampliaron los aforos de otoño e invierno. Años después son disputadas para encabezar los festivales a precios diez veces superiores.

Ni la reapertura en desescalada ni las ayudas públicas han podido hacer mucho. El cierre de negocios a raíz de la crisis del coronavirus empezó a cuentagotas, pero cada vez parece más difícil ponerle freno. Los concursos de acreedores -y solo son una parte, aunque importante- crecieron un 154% en el mes de junio, con 381 insolvencias en sociedades mercantiles más otras 97 de autónomos y no mercantiles, de acuerdo con los datos del Radar de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de Axesor.

En el primer semestre de 2020, comercio y hostelería acumularon el 30% del total de 1.803 insolvencias. Desde la agencia de 'rating' avisan que, aunque el número es menor al del pasado ejercicio, los cierres se han disparado en el último mes, por lo que “deja entrever la tendencia que, previsiblemente, se producirá de aquí a final de año tras la finalización de las medidas adoptadas por el Gobierno”.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha publicado sus datos aunque, como ellos mismos advierten, no están completos por la limitación de actividad de los juzgados en estos meses. No obstante, reflejan la misma tendencia. Según el organismo público, el comercio es el sector que más cierres concentra (22,4%), seguido de industria y energía (15,7%). Más de la mitad de estas empresas (55,2%) daban empleo a más de seis personas y un cuarto (27,7%) no tenía asalariados. Además, el 23,8% de las concursadas en el segundo trimestre tenía una antigüedad de al menos 20 años, mientras que el 21,1% tenía menos de cuatro.

Estas son algunas de las historias que hay detrás de los cierres de negocios provocados por la pandemia: un centro de ocio, una tienda de ropa y un histórico tablao flamenco.

“Todo nuestro esfuerzo se ha ido al carajo”

Soy Juan Pedro Franco y he sido propietario y gerente del centro de ocio científico Science World, en Alcalá de Henares (Madrid). El negocio empezó siendo de mi mujer, que entonces estaba en paro y por eso decidimos buscar algo que nos gustase y también tuviese un fin social, como es la divulgación de la ciencia. La ciencia siempre se ha visto como una materia muy dura para los chavales, pero para nosotros es algo muy bonito y, si se enseña de una forma atractiva, gusta un montón. Lo montamos con la ilusión de dar a conocer otra forma de aprender ciencia y tecnología.

Hace dos años mi mujer encontró trabajo y yo me quedé en el paro, así que me puse a llevar la empresa. Empezamos a funcionar de cara al público en marzo de 2015 y el primer área de negocio que abrimos fueron las animaciones científicas para cumpleaños: los niños venían a nuestro centro a hacer una actividad científica, un taller de una hora, y luego merendaban. Luego ampliamos a comuniones, bodas, ferias, exhibiciones y todo tipo de eventos. Más tarde añadimos las actividades extraescolares, que empezaron con la robótica, que estaba muy demandada, y más tarde con la ciencia, que nos costó un poco más darla a conocer, pero que poco a poco conseguimos llevar a varios colegios. Por último, ampliamos a actividades de 'team building' para empresas.

En este curso académico estábamos dando empleo a seis personas como profesores de actividades extraescolares, con contratos de octubre a junio, y también contratábamos profesores extra para eventos, entre tres y cinco personas más, pero de forma más discontinua. Llevábamos cuatro años metiendo dinero en el negocio, estábamos justo en el momento de decidir si seguíamos adelante porque habíamos invertido unos 90.000 euros y en el último trimestre de 2019 habíamos dejado de tener números rojos por primera vez.

Justo llegó la pandemia y el parón: todas nuestras actividades se terminaron el día 10 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid decidió suspender las extraescolares, y también cualquier tipo de evento grupal. A partir de ahí no pudimos hacer nada. Nos vimos en un panorama en el que íbamos a estar entre seis y nueve meses sin ingresos y pagando un alquiler y gastos fijos, mientras que la caja para aguantar era pequeña porque solo habíamos tenido dos trimestres positivos en cinco años. Hablamos con el dueño del local para intentar renegociar y tampoco quiso, así que era una gran losa. Luego llegó Hacienda y nos dio la puntilla: el 11 de junio nos pasó todos los impuestos que teníamos aplazados desde febrero.

Nos habíamos quedado liquidados, así que decidimos echar el cierre el 31 de junio, que era cuando terminaban los contratos de los profesores -llevaban de ERTE desde el 10 de marzo- para pagar todo lo que pudiéramos y no dejar a deber nada a nadie. La única manera de haber podido salir adelante habría sido renegociar el alquiler y con Hacienda, pero teniendo la seguridad de que en septiembre el curso empezaba con normalidad. Hoy en día hay bastante duda de que eso vaya a pasar.

Todo el mundo nos ha dicho que contemos con ellos si decidimos volver, pero a corto plazo es complicado. Una vez haya vacuna y se haya normalizado un poco la situación de las actividades grupales, igual nos lo planteamos, porque es una actividad que nos gustaba y gustaba a la gente. De todos modos, he tenido una suerte increíble, porque en enero me puse a trabajar como consultor en una empresa que me ofreció un contrato. Como el negocio ya estaba consolidado y no necesitaba hacer de todo porque ya teníamos personal, decidí cogerlo.

Por un lado muy bien, porque encontramos trabajo, pero por otro todo nuestro esfuerzo se ha ido al carajo, más allá del dinero. Mi gran queja es que el Gobierno se ha llenado la boca diciendo que ayudaba a todo el mundo para que nadie se quedara atrás, pero a las pymes no las ha ayudado nada. Solo los ERTE, pero ha sido más para que los empleados pudiesen cobrar, y la pequeña ayuda de suspensión de actividad, pero que a nosotros se nos iba en luz y agua y no llegaba para el alquiler. Una de las lecciones de esta crisis es que hay que ayudar a las pymes porque son un 80% del tejido empresarial español.

“Los autónomos no solo pagamos la cuota y el local. También comemos y vivimos”

Mi nombre es Beatriz Moraleda y soy la propietaria de la tienda Ángela Pina en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En 2013 cogí la tienda traspasada por mis suegros, que llevaban más 30 años con ella y siempre le había ido bien, con algún altibajo. Soy autónoma y trabajo sola en la tienda, donde ya había trabajado como asalariada cuando estaba mi suegra. Es un negocio que tenía cierta antigüedad, con público bastante fiel, así que funcionaba bien. La tienda trabaja siempre en una misma línea, ropa de mujer de mediana edad, que es un producto que hay poca gente que trabaje en este pueblo .

Antes de la pandemia ya estábamos en una situación crítica, de haber planteado muchas veces si cerrar por ciertas dificultades. Cuando el confinamiento se alargó más de un mes vimos claro que era imposible seguir. Estábamos recibiendo toda la mercancía y tuvimos que cerrar los tres meses de mayor venta para retomar la actividad en rebajas. Hemos tenido que empezar a servir un producto que aún no habíamos desembalado con un precio muy por debajo de su valor.

Además, los proveedores nos piden un dinero por unas prendas que no hemos podido vender a esos precios. Es cierto que no hemos podido cumplir con lo acordado, pero eran otras circunstancias y esto no ha sido tampoco nuestra culpa. Si las facturas y los proveedores mantienen sus precios, es imposible que podamos afrontar esto. Por otro lado, el público no entiende que no mantengas las rebajas en tiempo de rebajas y estaba ya cambiando de hábitos de compra, en gran parte por el comercio online. Esto ha sido la guinda del pastel.

De todos modos, aún no hemos cerrado el negocio porque estamos liquidando por cierre e intentando traspasar la tienda, así que sigo dada de alta, pero he hablado con los proveedores y les he dicho que cancelo mi campaña de invierno. No sé exactamente cuándo cerraremos, porque tenemos tanta ropa como nos hemos encontrado y es complicado irte así. Además, las ceremonias se han suspendido y tenemos mucha ropa para ese tipo de eventos, así que tampoco tenemos un género que se vaya a vender tanto. Empecé pensando que en julio podría hacerlo, al final va a ser todo agosto y quizá septiembre también tenemos que aguantar un poquito.

No tengo derecho ni a paro: durante estos años la gestoría no me comentó que había que pagar un plus para cotizar esa parte

Todas las ayudas que he solicitado me las han concedido, como las de autónomos, y me han sido de mucha ayuda, pero es eso, una ayuda. Los autónomos no pagamos la cuota y el local, también comemos, vivimos, tenemos familia y gastos como todo el mundo. Nos ha hecho respirar un poco, qué duda cabe, pero no compensa lo que hubiéramos podido facturar, ni mucho menos.

Ahora me quedo con una mano delante y otra detrás, con dos niños y mi marido, que por suerte sí trabaja. No tengo derecho ni a paro porque durante estos años la gestoría no me había comentado que había que pagar un plus para ir cotizando esa parte y no lo hice hasta enero de 2020, así que si me voy en septiembre solo voy a tener nueve meses cotizados con paro. Además, me metí en una deuda para la obra del local, que estaba en bruto cuando lo cogí, y con un contrato de 10 años de alquiler que se ha visto suspendido ahora por estas circunstancias. Pensaba que este era mi futuro y ya no va a ser así.

“En mayo nos dimos cuenta de que no había futuro”

Me llamo Martín Guerrero y soy director de Casa Patas desde 2007. Es un negocio familiar que fundó mi padre, Enrique Guerrero, en el centro de Madrid en 1984 y llevábamos abiertos desde entonces. Nos gustaba llamar taberna a nuestro local, porque fue lo primero que montó él. Poco después ya se convirtió en restaurante, más formal, y en 1988 empezamos a programar actuaciones de flamenco en directo.

Había personas que venían a la barra a tomarse unas cañas, quien venía a cenar y quien combinaba el servicio de hostelería con el de espectáculo. También éramos un sitio de primera copa del ambiente flamenco de Madrid, un lugar de reunión para los amantes del género, donde acudían también muchos artistas para tomar algo después de los espectáculos.

Teníamos entre 25 y 30 personas en plantilla a lo largo del año, según la estacionalidad. Luego nosotros contratábamos semanalmente a siete artistas, así que cada semana del año hacíamos entre siete y nueve contratos para actuar en Casa Patas, dando de alta en la Seguridad Social. El flamenco ha sido un sector floreciente y muy estable durante muchísimos años, incluida la crisis de 2008, precisamente porque el público internacional nos permitió seguir funcionando, aunque también sufrimos.

Desde mediados de 2019 se venía percibiendo un retroceso en el crecimiento, pero la causa del cierre está directamente relacionada con la llegada del coronavirus, que imposibilita la movilidad internacional y nos ha quitado la mayor parte de nuestros clientes. A medida que la crisis se fue desarrollando, fuimos comprendiendo cuál era la repercusión: en mayo ya nos dimos cuenta de que no había futuro para Casa Patas.

Hasta que no llegue un remedio, esta situación de nueva anormalidad, como la llamo yo, va a durar. En nuestro caso es demasiado tiempo para resistir. El dinero que tenías cuando te pilló el cierre es con el que te quedas, no ha entrado ni un solo euro desde mediados de marzo y lo que había se va gastando hasta que te das cuenta de que no tienes para hacer frente a tus obligaciones de pago.

Nos quedamos en una situación bastante precaria, aparte de que es muy traumático el cierre de una empresa, sobre todo en estas condiciones. Nosotros optamos por el cierre ordenado, en vez de dejar la empresa en concurso de acreedores, que habría sido su muerte definitiva. Eso nos obligó a hacer frente a los pagos, entre ellos unos muy importantes como son las indemnizaciones del personal. Eso te obliga a endeudarte porque tienes que pagar algo que, en nuestro caso, no teníamos. La empresa cerrada, sin ingresos para nuestra familia y una deuda muy importante.

Es muy difícil evitar un cierre como este porque el volumen de dinero y ayudas que serían necesarios es muy grande. El número de empresas y de personas afectadas es tan grande, la situación del país es tan complicada, que creo que es muy difícil que un gobierno pueda ayudar a todos porque las ayudas tendrían que ser mucho más amplias durante más tiempo.

Si ha sido el coronavirus el que ha transformado las formas de moverse y consumir, tendrá que ser su desaparición o control lo que permita recuperar la situación anterior. Será entonces cuando se pueda volver a pensar en reabrir espacios como este, porque ahora mismo es imposible plantearlo. No hay salida porque el horizonte de recuperación no es próximo. Nuestro mercado ha desaparecido en su práctica totalidad.

Los inicios en el mundo de las apuestas van más allá de los reclamos publicitarios o la proliferación de locales en barrios vulnerables. Los juegos online, como los freemium -aquellos que funcionan con monedas virtuales compradas con dinero real-, se han convertido en su prólogo. Así lo denuncia el Colegio de Médicos de Madrid, que ha lanzado la campaña ‘Esto no es un juego. Toma el control’ para concienciar sobre el juego patológico en menores y jóvenes, a los que más afectan las modalidades en la Red.

Los videojuegos son ya la tercera opción para jugar con dinero en Internet en España. Un 15,9% lo hace a través de esta vía, mientras que un 17,2% opta por partidas de cartas y la mayoría se decanta por las apuestas deportivas (64,9%). En cambio, los videojuegos alcanzan el segundo puesto entre los usuarios que desarrollan juego problemático. Un 22,9% de quien los ha utilizado en el último año, según el último Informe sobre Adicciones comportamentales, del Ministerio de Sanidad. 

Desde 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la adicción este pasatiempo como una enfermedad, aunque no sin  la correspondiente controversia. “Los adolescentes están enganchados a las nuevas tecnologías, donde hay muchos juegos en los que no se usa dinero, sino monedas virtuales para tener más capacidades en la partida”, explica Ernesto Verdura, doctor en Psiquiatría y colaborador de la iniciativa del Colegio de Médicos de Madrid.

La forma de obtener esas bonificaciones es, en efecto, gastar dinero real, aunque con algún truco. “Igual te piden un euro y te dan cientos de monedas, y así lo magnifican para que parezcan más”, cuenta este especialista. Sin ese dinero, lo habitual es que el juego freemium pierda la gracia: la versión gratuita no es lo suficientemente divertida como para seguir jugando, pero tampoco tan aburrida como para no pagar por seguir disfrutando.

En opinión de Verdura, se trata de “un cebo para que se empiecen a enganchar a la dinámica de que, a más dinero, mayores posibilidades de éxito, de modo que se predispone el funcionamiento de recompensa cerebral”. 

Del freemium a la ruleta

“Hay incluso algún juego en el que, como no es legal usar dinero real para apostar, se juega con dinero virtual en los casinos”, pone como ejemplo este psiquiatra, que menciona que “hay estudios en los que se recoge que hasta el 28% de adolescentes estadounidenses que gastan dinero en este tipo de partidas luego dan el salto al juego real, aunque sea ilegal”. 

En España, las personas que tienen entre 14 y 34 años son las que reportan más prevalencia a jugar en Internet. Aunque no es el grupo de mayor incidencia, los menores presentan unas cifras destacables, entre otras cosas, porque su participación en estas plataformas es completamente ilegal. En 2016, el 1,2% jugaba diariamente, el doble que dos años antes.

En este sentido, Verdura subraya “el crecimiento de los problemas en adolescentes ha sido paralelo al del juego digital, porque la posibilidad de apostar en Internet dispara las posibilidades”. Este especialista, que en 2014 presentó su tesis doctoral con el título Juego Patológico. Adicción sin sustancia, incide en que “los juegos más adictivos son los que tienen un tiempo de respuesta de premio más corto, como la ruleta, y cuanto más tardan en recibir respuesta, es más difícil que se enganchen”. “Una tragaperras es hiperadictiva, pero se da en población adulta”, agrega. 

También está la excepción que confirma la regla: las apuestas deportivas, las más utilizadas por menores, “que no son tan rápidas pero enganchan porque son más accesibles: están mucho más publicitadas y tratan sobre un tema que suele ser de interés”. 

La prevalencia de apostar dinero online es del 5,3% cuando tienen 14 años, pero crece hasta el 8,6% al llegar a la mayoría de edad. Las cifras son más altas cuando se habla solo de jugar con dinero online, pues ahí se incluyen también otras actividades, como los videojuegos: ahí van del 8,6% al 14,8% en el mismo rango. En términos generales, se establece que, entre quienes jugaron en el último año, el 15,4% lo hicieron de forma problemática, mientras que un 9,3% presentaban un posible trastorno por el juego. 

En cuanto a las cantidades jugadas en el último año, en 2014 un 11,2% afirmó haber gastado más de 300 euros. Aunque fueron publicados hace unos meses, lo datos del informe son de años anteriores y corren el riesgo de haberse quedado desactualizados. Y es que el negocio del juego se ha disparado en este tiempo: en los últimos cinco años, el número de usuarios ha aumentado un 78% y, además, cada uno de ellos gasta el doble que antes.

Sobrevalorar el éxito, subestimar las pérdidas

Pero, ¿por qué los adolescentes se comportan así? Aunque el psiquiatra admite que “aún no está del todo claro”, sí se manejan algunas variables. Por un lado, “la parte social”, en la que los jóvenes tienen “acceso al mundo digital de forma más rápida y hábil que los adultos, que hace que se dispare su consumo”.

La otra parte, la biológica, consiste en que “sobrevaloran las posibilidades de ganar y subestiman las de perder”. “Los adolescentes tienen una capacidad de tomar decisiones precipitadas mayor, porque esa parte del cerebro está más desarrollada, y hace que se sea más impulsivo en esa edad”, comenta: “Biológicamente, la prudencia se desarrolla más tarde, así que las capacidades para valorar son menores. A medida que maduran, se equilibran”.

“Es un asunto de salud pública. El juego patológico no es solo un problema de la persona, también de la familia, del entorno y de la sociedad”, indica Pilar González, pediatra que forma parte del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid. “También conlleva problemas médicos como migrañas, cambios de carácter, problemas psiquiátricos o incluso infartos de miocardio”, agrega para incidir en que “no solo los potencia, también los puede provocar en sí mismos”. Según su experiencia, “no se juega para ganar, sino para mantener el estrés del juego y quitarte el mono que provoca no jugar”. 

En concreto, destaca que les preocupa especialmente “cómo se están enganchando niños y jóvenes”. “Cuando estás viendo un partido de fútbol, son los mismos locutores los que te incitan a apostar”, expone González, que lamenta que “los grandes deportistas, que son un referente para niños y adolescentes, están anunciado estos negocios”.

“Es una adicción sin sustancia, que no solo no le quita gravedad, sino que la aumenta”, avisa la pediatra, que detalla que, si bien desde hace una década se estudia la adicción a las nuevas tecnologías, entonces “solo se pensaba en juegos en Internet, no en la adicción con dinero para niños, porque ni se nos pasaba por la cabeza”. Por eso, defiende la labor pedagógica para que “los padres sepan que cada niño con smartphone tiene la puerta abierta a llevar un casino en el bolsillo”. 

Las peticiones de los médicos llegan al Congreso

En cualquier caso, la preocupación por el juego patológico se ha extendido en los últimos meses entre los médicos de toda España. El Colegio de Médicos de Barcelona encargó un informe a la unidad de Juego Patológico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge. 

“Es un equipo pionero en España, muy potente en psiquiatría”, defiende el presidente de este colectivo profesional, Jaume Padrós, que detalla que “es un documento científico pero con perfil institucional”. El documento llegó hasta el Congreso de los Diputados hace unos meses y, ahora que la cámara se ha vuelto a constituir, volverán a hacer lo propio.

Entre las recomendaciones, están la regulación de la publicidad o los programas de prevención en adolescentes. Padrós define el juego patológico como “una lacra terrible”, y apunta también a la auge de las apuestas a través de Internet. “Las adicciones empiezan en edades tempranas y hay familias que se han visto en situaciones letales, acabando con todos sus ahorros”, asevera para explicitar que “muchas veces los que acaban con ese dinero son menores ”.

Padrós también pone en contexto la inminente regulación del juego online, tarea del Ministerio de Consumo, encabezado por Alberto Garzón. “Muchas veces se dan argumentos que luego se demuestra que no eran ciertos”, expone para recordar que “cuando se prohibió la publicidad del tabaco en retransmisiones deportivas, se decía que iba acabar con ellas y eso nunca ocurrió”.

Medidas urgentes

Los médicos piden que el Gobierno actúe en múltiples ámbitos, ya que “es una acción que implica a varios departamentos”, dice Padrós. “Hay que poner el foco en un problema que existe y sobre el que es urgente que se tomen medidas”, comenta, y ahí enumera “coercitivas, regulatorias, de prevención, informativas y asistenciales”. 

En el ámbito más clínico, Verduras propone que “los médicos de atención primaria y pediatra tengan en cuenta que es un problema que se ha extendido, por lo que tienen que preguntar por él”. “Hay que detectar cuanto antes el abuso del juego, para lo que también es necesaria una labor psicoeducativa amplia en todos los colegios”, continúa, “y también las medidas legislativas para frenar la expansión”.

Por su parte, González avisa de que “la deshabituación del juego es muy dolorosa, no es fácil”, lamentando que “a nivel sanitario no hay ningún sitio que funcione solo para deshabituación del juego a niños y adolescentes, que van a necesitar mucha atención y muchas horas de terapia, tanto ellos como sus padres”. 

“La Sanidad en particular y la Administración pública en general se tiene que poner las pilas”, critica la pediatra: “El hecho de que la Dirección General de la Ordenación del Juego sea parte de Hacienda, y no de Asuntos Sociales o Sanidad, ya explica todo el problema”.

El Congreso despliega una estrategia particular en su cuenta de Instagram: en vez de centrarse en la actualidad, comunica curiosidades y datos históricos de la cámara

Su perfil en esta red social suma más de 16.000 seguidores, concentrados en la franja de los 25 a 34 años, seguida de la de que va de los 18 a los 24

"Los contenidos se piensan de modo que sean atractivos", explican desde el Congreso, que revela así los secretos de su biblioteca o los gestos con los que los intérpretes de lengua de signos nombran a cada líder político

Si las instituciones son ya un asunto tedioso para muchos ciudadanos, el efecto se multiplica cuando se trata de adolescentes y jóvenes. Incluso en el Congreso de los Diputados, donde las habituales broncas suelen desembocar en mayor desidia. Pero allí han decidido darle la vuelta a la tortilla. Desde hace un par de años, la Cámara Baja abre sus puertas a través de redes sociales, donde divulga el funcionamiento de la cámara, así como “su patrimonio artístico, histórico, documental y bibliográfico”. Una labor que tiene lugar justo cuando el Palacio de las Cortes cumple 150 años.

El Congreso ha apostado fuerte por Instagram, la más utilizada entre los jóvenes. Las publicaciones del perfil, que cuenta con más de 16.000 seguidores, son “planificadas, gestionadas y analizadas por los asesores de comunicación” del Congreso, explican a este periódico desde la institución. El objetivo, detallan, es “ofrecer una perspectiva diferente de la Cámara y de implicar a los visitantes e invitarles a que compartieran sus fotos y su experiencia sobre la visita”.

Uno de los métodos para darse a conocer son las llamadas 'stories', que son fotografías -generalmente acompañadas de texto- que permanecen en línea durante 24 horas (también existe la opción de fijarlas de forma permanente en el perfil). A través de esta vía realizan encuestas de todo tipo sobre el patrimonio o comparten infografías sobre procesos parlamentarios, como fue la investidura de Pedro Sánchez.

“A diferencia de la cuenta de Twitter, mucho más vinculada al día a día, a la difusión de la actividad y al seguimiento de las sesiones, en Instagram se realiza una aproximación a la actualidad desde otro punto de vista”, especifican. Más allá de este perfil, añaden que también buscan llegar a “perfiles con intereses personales o profesionales en el patrimonio, en la historia y en la política”.

De acuerdo con los datos aportados a este periódico, los jóvenes de 25 a 34 años son el tramo de edad que más seguidores concentra la cuenta del Congreso. Después están los que tienen entre 18 y 24 años, y algo por detrás, los de 35 a 44.

“El lenguaje y los contenidos se piensan de modo que sean atractivos y comprensibles para los usuarios que no son ”expertos“ o desconocen el funcionamiento, la organización y el significado de la Cámara”, comentan sobre los contenidos. A modo de ejemplo, los siguientes.

El primer retrato del Congreso

La inauguración del Palacio de las Cortes, el edificio que alberga el Congreso de los Diputados, tuvo lugar el 31 de octubre de 1950. “Hay un bullicio extraordinario en las calles de Madrid, desde las primeras horas de la mañana. Los balcones lucen colgaduras y la multitud corre impaciente para situarse en los lugares más estratégicos”, contaban las crónicas de la prensa local, donde aparecieron los primeros retratos del hemiciclo, como este.

Desde aquel día, los retratos que se han hecho del Palacio de las Cortes son innumerables, tanto en número como en formato. El hemiciclo comparte con sus seguidores buena parte de ellos, como este, correspondiente a la puerta principal durante la Guerra Civil. El autor era un joven Juan Miguel Pando, que entonces tenía 21 años y fue contratado por Associated Press, una de las agencias más importantes del mundo.

¿Por qué el Congreso es semicircular?

Como no podía ser de otra forma, la forma de los parlamentos también es herencia de Ilustración, donde se buscaba “proyectar la imagen de unanimidad de la asamblea”. “Pensaban que, con esa estructura, los diputados serían capaces de formar una opinión sin la necesidad de interactuar demasiado entre ellos”, explican desde el Congreso en una de sus últimas publicaciones.

A este dato histórico lo acompaña el plano inicial del hemiciclo, construido a mediados del siglo XIX, a instancias del arquitecto Narciso Pascual y Colomer. Así lo definía entonces: “En el centro del Palacio, aislado por medio de una galería y constituyendo la parte principal de esta suntuosa fábrica, se levanta el gran Salón de Sesiones, cuya forma semicircular es análoga en un todo a la que hay en varias capitales de Europa”.

El 'signo propio' de los políticos

“¿Sabías que algunos líderes políticos son bautizados con un signo propio con el que se les identifica en Lengua de Signos?”, preguntaban desde la cuenta de Instagram del Congreso, donde animaban a “adivinar a quién correspondía cada uno” junto una intérprete de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Los signos elegidos, explican, “hacen referencia habitualmente a una característica reconocible de la misma”. Cuando no es así, se opta por el deletreo. Aquí algunos de los líderes que tienen su 'signo propio'.

Dos generaciones de ujieres

En el Congreso de los Diputados no solo trabajan parlamentarios, periodistas y asesores. También hay todo un equipo de trabajadores que se encargan de facilitar el desarrollo institucional. Una de esas figuras indispensables pero alejadas de los focos son los ujieres, a los que el equipo de comunicación ha dedicado un pequeño reportaje en vídeo.

Paloma Santamaría, la más veterana, lleva media vida allí. Literalmente: entró con 36 años y hoy tiene 72. “Somos un punto de referencia para quienes vienen nuevos a esta casa”, defiende en el corto, en el que enseña las instalaciones: “Cuando entré aquí no había móviles, simplemente estaba el teléfono de la portería general y nosotros, que pasábamos las notas a mano”.

Pero si Santamaría es la veterana, a su lado está Carlos Solís, el más joven de los ujieres -22 años-, que entró hace menos de un año. “Impresiona bastante la importancia del lugar, no solo a nivel arquitectónico, también lo que aquí se hace”, reconoce este joven funcionario, que cree que “el futuro del Congreso será similar”, más allá de las innovaciones tecnológicas: “En esencia seguirá siendo como hasta ahora”.

También está disponible una versión más larga, que se puede ver en YouTube.

La fascinante biblioteca de la Cámara

Quizá muchos ciudadanos no sepan de su existencia, pero el Congreso cuenta con una biblioteca propia dentro de sus instalaciones. Su magnitud “deja impresionados a parlamentarios, cronistas, estudiosos e investigadores”, explican, pues cuenta con 228.000 volúmenes (físicos y digitales).

Pero no solo hay cantidad en este lugar. Allí se encuentran, relacionan en el Congreso, “un Boecio de 1500, un Erasmo de Rotterdam de 1521 o una edición del Fausto de Goethe de 1878”, además de “medio centenar de manuscritos de los siglos XVI y XVII”. Incluso una treintena de Quijotes; “entre ellos, una edición en pergamino de 1735”.

En el plano cualitativo también está la arquitectura del lugar, pues su estructura y diseño se han mostrado inalterados desde 1853, año en que fue concebida. Entre sus joyas, la pintura de la bóveda, “El templo de las leyes”, fechada en 1898 y obra de José María Gamoneda, que entonces era el oficial de la Secretaría del Congreso.

Con motivo del Día del Libro, el Instagram del Congreso ofreció algunos detalles históricos en su cuenta: “Una escalera de caracol divide el espacio en dos plantas y dos entreplantas sobre las que se reparten incontables estanterías que muestran una pequeña parte de la colección, pues el resto se encuentra en los bajos del Congreso”.

Cada vez más personas participan en juegos online y cada una desembolsa un importe mayor para ello. Si bien el número de jugadores ha aumentado un 79% entre 2014 y 2018, el gasto medio de cada uno de ellos prácticamente se ha duplicado en este lustro: de 243 euros a 449 euros.

Y es que en 2018, 1,47 millones de personas jugaron online, un 3% de la población española. De ellos, 300.000 eran nuevos usuarios, según los informes del perfil del jugador online, elaborados por la Dirección General de la Ordenación del Juego, que acaba de publicar el correspondiente a aquel año.

Los primeros datos que ofreció este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, son de 2014, por lo que se puede ver cómo las cifras del juego online se han disparado en el último lustro. No obstante, desde 2016 los presenta de forma interactiva, sin poder ver la serie histórica con los ejercicios anteriores.

El retorno por jugador es un indicador clave para entender cómo ha evolucionado la industria del juego. Básicamente, indica cuánto devuelve el operador de media por cada 100 euros recibidos. En 2014 este se situaba en 95,7%, pero ha bajado hasta el 92,2% pasados cinco años. Es decir, además de jugarse más dinero, el dinero retornado es menor y, por tanto, el negocio mayor. Pero hay más.

La DGOJ desglosa este parámetro por tipos de juego. Mientras que en póquer ha bajado solo una décima en este lustro, y en otros juegos la bajada ha sido más relajada -0,9 en casino y 1,4 puntos en bingo-, la clave del descenso está en las apuestas deportivas, que son donde más han caído. En 2014, la media de retorno era del 94,6% y ha bajado casi siete puntos, propiciando casi por sí sola la caída de la media general.

A esto se suma que el dominio de las apuestas sigue siendo total, pues en 2018 suponían prácticamente la mitad del mercado en Internet (48%). El mayor negocio del juego online es el que menos dinero devuelve a sus usuarios, pese a que cada vez son más y gastan más dinero. Cabe destacar que ralentizaron su crecimiento (5%) en aquel año, mientras que los casinos online han sido los que más han crecido (22%) en ese periodo, aunque están lejos de hacerles frente.

Más juegos, más mujeres, más mayores

La penetración del juego online en la sociedad española también se puede ver reflejada en otros parámetros. Por ejemplo, hace cincos años el 70,7% estaba registrado en un solo operador, cifra que bajó poco más de dos puntos en 2018. O en los caso de género y edad. Aunque el cliente potencial de las empresas de juego -tanto presencial como online- es hombre, son cada vez más mujeres las que participan en este tipo de plataformas en Internet.

En 2014 representaban un 13% del total, pero ahora son el 16,75%. También se dejan más dinero en términos proporcionales. Si hace un lustro el gasto medio era de los hombres era 2,1 veces mayor que el de las mujeres -261 frente a 123 euros-, ahora la brecha se ha reducido, siendo de 484 frente a 276 euros (1,76 veces más).

Por otro lado, los jugadores online son cada vez más mayores. El 88,4% de ellos tenía menos de 46 años en 2014, mientras que un lustro después la cifra descendía hasta el 83,46%. Los menores de 25 años, uno de los colectivos más señalados por el auge de la apuestas, han reducido ligeramente su presencia en juego online: del 29,6 al 26,93% en el periodo señalado. Eso sí, son la segunda franja de edad que más juega, detrás de los de 26 a 35. A partir de ahí, la curva va en descenso progresivo.

El juego online es “cada vez más abusivo”

Para Baya Díaz Rodríguez, psicóloga de la Asociación de Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL), estos números reflejan que el juego online es “cada vez más abusivo”, por lo que aumenta también “las conductas de riesgo, si no el patológico: muy frecuente, en varios operadores y grandes cantidades”. “Sigue aumentando la cantidad que se juega, a pesar de que los operadores vengan luego a decir que no ganan tanto, los datos son contundentes”, asevera.

Aunque los síntomas del ludópata son similares tanto para el juego online como para el presencial, hay algunas diferencias. Según los datos que APAL ha aportado a este periódico, la media de tiempo que transcurre desde que se empieza a jugar hasta que se desarrollan problemas está entre 7 y 8 años para el juego presencial, una cifra que cae hasta los 2 y 3 años para el juego online.

¿Qué otras diferencias hay? “Si el juego presencial se asocia más a personas de menor nivel socioeconómico, en el caso del online vemos más gente con carrera, que ha ido a la universidad”, explica. “Para jugar presencial hay que ir a un sitio y perder tiempo, pero esto se puede hacer en cualquier sitio: en casa, en el trabajo, en el metro…”. “Hemos visto ya deudas de seis cifras”, avisa.

2019 ha sido el año que ha certificado el fracaso de Google +. Con esta red social, la compañía buscaba hacerse un hueco en un sector copado mayoritariamente por Facebook, también propietaria de Instagram y WhatsApp.

Y es que la máxima no escrita de Silicon Valley es: si no eres el primero –o el segundo, a lo sumo–, prueba con otra cosa. El método prueba-error es la ley en el entorno ultracompetitivo californiano, donde las economías de escala también juegan un papel clave. Hasta no hace mucho, el lema de Mark Zukerberg lo ilustraba de forma clara: “Muévete rápido y rompe cosas”.

Pero Google + no ha sido el único fracaso de la filial de Alphabet en los últimos años, aunque probablemente sí el más sonado. Algunos proyectos fallidos de Google tienen una vida de meses, otros de años, y todos son recogidos por la plataforma Killed by Google [Asesinado por Google]. Según esta web de código abierto, Google ha cerrado 194 servicios desde su fundación en 1998. El grueso se concentra en la última década, la de mayor dominio y expansión de la tecnológica.

Detrás del proyecto está Cody Odgen, un desarrollador informático de Minnesota que cuenta con un centenar de colaboradores fijos –y otros tantos ocasionales– en todo el mundo. “Dependemos de ellos para la edición, corrección y para alertarme en Twitter cuando se anuncie el cierre de un nuevo producto”, comenta Odgen en conversación con eldiario.es.

Lo que le motivó a lanzar Killed by Google fue el cierre de Inbox, en marzo de este año. “Lo había estado usando durante unos cuatro años y estaba molesto, así que empecé a investigar cuánta rotación de productos de software tiene Google en su haber, y vi que podía ser una forma tanto de educar como de concienciar”, explica.

“La historia de sus cierres me ha acabado pareciendo fascinante, es a la vez inspiradora y temerosa. Quería ayudar a otros a entender que deberían elegir su software sabiamente porque la versión de Google de largo plazo es muy diferente de la definición que la mayoría de los consumidores tienen”.

Odgen asegura que nadie de Google ha contactado con él por este proyecto, que aún no ha alcanzado el año de vida. Eso sí, la propia compañía ha ironizado últimamente con la idea de cementerio de proyectos tecnológicos.

El pasado Halloween, el vestíbulo de la sede de Google en Seattle estuvo decorado con un cementerio en el que las tumbas correspondían a algunos de estos cierres, similar a la de Killed by Google. “No estoy segura de si es espeluznante o simplemente triste”, dijo entonces Dana Fried, ingeniera de la empresa, que compartió la imagen a través de Twitter.

En cualquier caso, los dos centenares de proyectos cerrados eran los que ya estaban en fase de comercialización, no aquellos que no llegó a ver el público, por lo que son solo la cima del desguace tecnológico de Google. En ocasiones se han integrado las funcionalidades en otras aplicaciones o se han reempaquetado con otro nombre. Otras han caído en el olvido por completo.

De hecho, seguramente la mayor parte de los lectores de este reportaje desconozca las siguientes incursiones de Google en sectores como las redes sociales, la mensajería instantánea o los videojuegos. Puede que ni les suenen nombres como Allo, YouTube Gaming o Clips. Esa es la razón de su cierre.

Google tiene un problema con las redes sociales...

Aunque con el método ensayo-error lo habitual es que no todos los proyectos salgan bien, también es cierto que hay algunos que, sin ser arriesgados en lo que a innovación se refiere, han supuesto un duro golpe para el historial de Google.

Es lo que ocurrió con Google +, una red social con muchos usuarios y sin apenas actividad: la mayoría lo era porque tenía asociada su cuenta de Gmail y apenas acudían alguna vez a ver qué pasaba en esta nueva plataforma. El 90% de los navegantes apenas pasaba más de cinco segundos en la red social, según explicó entonces la propia compañía.

Si esto ya parecía un motivo de peso, las revelaciones de The Wall Street Journal acabaron de tumbar el proyecto en un momento en el que la reputación de las redes sociales ya no pasaba por su mejor momento. Un “error de programación” dejó al descubierto los datos de medio millón de usuarios. Aunque Google lo descubrió en 2018, decidió no comunicarlo a los órganos reguladores para evitar el “interés regulatorio inmediato”.

No es el único proyecto fallido de Google en redes sociales. En 2014 también cerró Orkut tras diez años de vida. Es más, empezó de forma paralela al proceso de transformación de Facemash en Facebook, cuando Mark Zuckerberg todavía era estudiante de Harvard. La mayoría de tráfico provenía de Brasil y la India en el momento de cierre, aunque años antes tuvo un peso considerable en Estados Unidos y Japón.

El cierre lo motivaron otros proyectos parecidos que entonces parecían más pujantes para Google. Es el caso de Blogger, comprada en 2003, o YouTube, adquirida tres años más tarde por una razón obvia: Google Video no conseguía hacerle frente. Además, Google + era el gran proyecto en aquel entonces para la compañía, así que también acabó con Buzz.

Esta red social integrada en el propio Gmail murió dos años después de su nacimiento. Los continuos problemas que dio desde su lanzamiento favorecieron el cierre. La privacidad de los usuarios quedaba en entredicho por la propia configuración de la plataforma. Entre los aspectos más controvertidos, el hecho de que la información personal se indexara por defecto en el buscador.

Frente a estos antecedentes, parece que el gigante tecnológico no tira la toalla en la batalla por hacerse con una red social tan potente como la de sus competidores. Este verano, apenas unas semanas después de cerrar Google +, anunció que ya estaba probando con algunos usuarios una nueva herramienta llamada Shoelace.

... Y con la mensajería instantánea

La línea que separa las redes sociales de la mensajería instantánea es tan fina que muchos cuestionan si se puede diferenciar de forma clara. El caso es que, por ahora, Google tampoco ha podido hacerse un hueco en este sector, completamente dominado por Facebook –ya sea a través de WhatsApp o Messenger–, pese a que ha llegado a ofrecer servicios más completos que los de Zuckerberg (por ejemplo, los mensajes con caducidad o una interfaz más atractiva). El problema no suele ser tanto la oferta, sino conseguir que haya un movimiento masivo de usuarios dispuestos a cambiar de una aplicación a otra.

La última víctima ha sido Allo, lanzada en 2016 para sustituir a otros proyectos como Google Talk (2005-2013). El único servicio en activo de mensajería instantánea que queda es Hangouts, presentado en 2013, pero su cierre se ha anunciado para diciembre de 2020, aunque en este caso será en forma de remodelación.

En el mundo del correo electrónico, Google también ha tomado una decisión un tanto dolorosa para algunos usuarios, y es el fin de Inbox, con un lustro de historia. “No he podido encontrar una aplicación de correo electrónico que se acerque a lo que Inbox de Gmail ofrecía como medio para lograr la productividad y la paridad de funciones”, recuerda Odgen, el responsable de Killed by Google, que reconoce que fue “el cierre más sorprendente hasta la fecha”.

“Cambió fundamentalmente mi experiencia con el correo electrónico. Dejando a un lado las características internas de Inbox, su integración en otros productos de Google como Calendar, Tasks o Trips fue una experiencia que temo no volver a tener”, lamenta.

El mundo de los videojuegos también parece resistirse a Google. Este año ha cerrado YouTube Gaming, la división de gamers del portal de vídeos, que ha integrado sus contenidos como parte de la matriz. Al igual que en el caso de las redes sociales, Google va a persistir para entrar en el sector y ya ha abierto Stadia, una plataforma de videojuegos en streaming. Teniendo enfrente competidores como Sony o Microsoft, no parece que vaya a ser un camino de rosas.

Google Glass: mucho ruido, pocas ventas

Las Google Glass tuvieron dos embajadores inesperados en España: Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. A principios de 2014, el entonces presidente del Gobierno y la presidenta del PP madrileño las probaron en varios eventos públicos. En aquel entonces parecía que iba a ser un gadget con futuro, tanto que la revista Time las incluyó como uno de los inventos del año.

Tenían un precio demasiado alto –unos 1.500 euros– y no habían sido desarrolladas lo suficiente como para estar a la venta. En apenas un año se les sacó del circuito comercial, aunque Google sigue explorando posibilidades con estas gafas. Los weareables, en todo caso, no han sido un fracaso solo de Google, sino más bien algo generalizado en el sector tecnológico, con tasas de abandono de los dispositivos nada desdeñables.

Con honrosas excepciones –como Chromecast o Google Home–, el hardware tampoco ha supuesto una de las ramas más atractivas de Google. Otros gadget futuristas que no han tenido recorrido alguno han sido los dispositivos de realidad virtual Daydream (2016-2019) y las “cámaras inteligentes” Clips (2017-2019).

Incluso aparatos de uso más cotidiano no han gozado de buena acogida. Son los casos de los ordenadores portátiles Chromebook Pixel (2013-2017), la línea de teléfonos, tabletas y accesorios Nexus (2010-2016) para Android o Project Ara (2013-2016), el intento de construir móviles modulares para facilitar la reparación y sustitución de piezas en caso de avería u obsolescencia.

El cierre de los míticos Reader y Picasa

Además de estos grandes grupos de proyectos similares, en el desgüace tecnológico de Google se puede encontrar de todo. Uno de los que más echan de menos muchos usuarios –incluso aseguran que nadie ha sido capaz de sustituir– es el agregador de RSS Google Reader (2005-2013), que permitía organizar y compartir información con otros internautas. Desde la empresa argumentaron que su cierre se debía a la falta de uso. Probablemente, su declive tenga mucho que ver con el auge paralelo de plataformas como Facebook o Twitter.

Entre los proyectos que han caído también se cuenta Google Wave (2009-2012), una herramienta de comunicación y edición colaborativa –similar a lo que se puede hacer hoy en Google Drive–, y Google Datally (2017-2019), que servía para controlar el consumo de datos móviles. También se incluye en esta lista los servicios que ahora ofrecen otras aplicaciones, como son los casos de Google Shorterer (2009-2019), un acortador de enlaces cuyas funciones han pasado a ser parte de Firebase, o el ya mítico editor de fotografía Picasa (2002-2016), que ha sido desplazado para dejar paso a Google Fotos.

Adiós a la primera empresa española que compró Google

Hubo un tiempo en el que al visualizar zonas transitadas o de interés en los mapas de Google Maps y Google Earth aparecían varios puntos que se correspondían con fotografías subidas por los propios usuarios. Se trataba de Panoramio, una aplicación creada por Eduardo Manchón y Joaquín Cuenca, que se convirtieron en los primeros españoles en vender una empresa a Google, allá por 2007.

Se trató de uno de los pocos proyectos de interacción entre usuarios que tuvieron buena acogida en Google. Tanta, que cuando el gigante tecnológico quiso cerrar Panoramio en 2014, tuvo que aplazar la decisión tras las protestas de los internautas que compartían allí sus fotografías.

Tras darles unos meses para guardar sus contenidos, Panoramio decía adiós definitivamente y sus funciones pasaban a ser parte de Google Street View, aunque ya tenga poco que ver con la idea y funcionalidades de un principio. Curiosamente, mucho más parecidas a las de las redes sociales. “Nos duele en nuestro corazoncito, pero este tipo de flujos económicos son normales”, reconocía el propio Manchón en una entrevista en Carne Cruda tras el cierre. Allí también recordó cómo funciona el sector tecnológico: “Es muy complicado quedarse en pequeñito. O te conviertes en grande o te devoran”.

En España hay unos 60.000 médicos que ejercen en el sistema de Atención Primaria. Hace unas semanas, la Sociedad Española de Medicina Interna encuestó a un millar de ellos y un tercio aseguró sentirse 'quemado' con su trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, algo más de la mitad (55,6%) de estos especialistas llega a plantearse el abandono de la profesión.

Es una de las conclusiones del informe que acaba de publicar el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (COMEM) y la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria (FIIBAP), basado en encuestas a un millar de profesionales de Atención Primaria y Pediatría.

El 8% de los médicos de familia –y 5% de los pediatras– sufre un desgaste profesional alto en esta región. El porcentaje se dispara al 65% cuando se tiene en cuenta el desgaste medio. O lo que es lo mismo: tres de cada cuatro facultativos madrileños está 'quemado' o cerca de estarlo. De hecho, las dos organizaciones mencionadas ya cuentan con sus propios sistemas de ayuda para médicos. La información que ofrecen los colegios de otras autonomías tiene resultados muy similares, como es el caso de Catalunya.

Entre las causas a las que alude el COMEM están el “deterioro del ambiente laboral y de la calidad de los servicios prestados”, la “precariedad, los turnos y sobrecarga de trabajo”, una presión asistencial que califican de “hiperdemanda”. Además, señalan la “excesiva burocratización de la asistencia” o la “falta de autonomía en la gestión del trabajo”, entre otros.

Para Macarena Gálvez Herrer, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), no se trata solo de profundizar “dónde está la fiebre, sino también de dónde viene la infección”: “Nadie se quema a lo bonzo en su trabajo, es un proceso que va ocurriendo con unos desencadenantes que influyen en el proceso”. Y recuerda el efecto dominó de este síndrome, que afecta al conjunto de la sociedad.

Esta experta señala que hay que actuar a tres niveles. Primero, en la prevención para “apuñalar el origen”. Luego en la secundaria, que es “la detección y actuación sobre los profesionales”. Por último, estaría “la intervención sobre las consecuencias en la salud del profesional y de la organización”. “Si no intervenimos en todos los niveles, nos vamos a quedar cortos a la hora de abordar las condiciones de trabajo, que son determinantes en desencadenar a los médicos”. En este sentido, advierte también del riesgo de intervenir “únicamente sobre el individuo, que es algo necesario pero no suficiente: tienen que cambiar las condiciones laborales”.

Tomás Gómez Gascón, director de la FIIBAP, tacha la situación de “preocupante”. Aunque aprecia diferencias entre pediatras y médicos de familia, achaca esto al número de consultas, que de forma general es inferior, “pero el desgaste es parecido por la presión asistencial”. Un desgaste que también afecta menos a los médicos, a medida que tienen mayor experiencia profesional, pero más a las mujeres especializadas en Atención Primaria (en Pediatría se manifiesta de la misma forma en ambos géneros).

“Esto es una foto de la situación, pero requiere medidas urgentes: no podemos estar dos o tres años a ver qué pasa”, se queja Gómez: “Si no, la situación va a ser muy complicada”.

No solo médicos: los enfermeros también están hartos

El síndrome del trabajador quemado ha sido reconocido este mismo año por la Organización Mundial de la Salud. Un fenómeno que, en cualquier caso, se extiende por la práctica totalidad de profesiones y entornos laborales. De hecho, sin salir de los servicios sanitarios, hay otros afectados: los enfermeros, una profesión que ejercen cerca de 250.000 personas en España. En su mayoría, mujeres. El año pasado, el Sindicato de Enfermería (SATSE) publicó el estudio Percepción del Estrés en los Profesionales de Enfermería en España, en el que se refleja que ocho de cada diez enfermeros padece estrés. Algo más de la mitad de los encuestados (51%) se considera 'quemado'.

“Es un tema de total actualidad, pero a la vez de poca relevancia para la gravedad que reporta”. Quien habla es Lucía Ramírez Baena, enfermera que hace unos meses presentó su tesis doctoral sobre cómo afecta este síndrome a los trabajadores del Servicio de Andaluz de Salud. El resultado fue que, en esta región, cuatro de cada 10 enfermeros (un 39,8%) se encuentra “en una fase avanzada” del síndrome del trabajador quemado.

Esta investigadora de la Universidad de Granada indica que hay “mayores niveles” de este síndrome en los profesionales de enfermería, “debido a las peculiaridades de nuestro trabajo y a una mayor interacción con el paciente y familiares a pie de cama, que hace que el desgaste sea mayor”. Aunque cree que hay algo más.

Se trata de “la falta de reconocimiento de este colectivo profesional, a diferencia del que goza el colectivo médico”, por lo que es habitual que se generalice la “baja realización personal”. Entre las causas, también están los salarios o los cupos por profesional –“que en enfermería son mucho mayores”, agrega–, pero no solo. Otros factores como la edad –“las enfermeras empiezan a trabajar a edades más tempranas que los médicos– o el género, ”mayormente femenino“.

Para Ramírez, lo fundamental es “la prevención y la detección precoz, evitando que los profesionales afectados alcancen niveles alarmantes o tiendan a cronifcarse”. Y aunque celebra que se estén “implementando intervenciones tanto preventivas como paliativas”, recuerda que “todavía es necesaria mayor investigación al respecto”.

“Estamos tocando fondo”

“Vivimos tiempos difíciles en los que los recursos son insuficientes. El impacto de la crisis económica sobre la población no ha sido ajeno para nosotros”, explica David García Gutiérrez, médico de familia en un centro de salud de Madrid, que pide “tomar en serio la atención primaria” y que se reflexione sobre sus condiciones de trabajo. “Nosotros podemos ser también pacientes”, recuerda para incidir en que “no somos infalibles, somos una profesión de riesgo porque las condiciones en las que trabajamos nos hacen vulnerables, y eso hay que exponerlo”. “Yo amo esta profesión y lo que quiero es trabajar en condiciones de seguridad y salud para poder hacer mi trabajo”, asegura.

Así, recuerda que en esta profesión el “tiempo de reciclaje es muy complejo”, pues influyen “las jubilaciones, que los que estamos queramos salir y que los que vienen ya no quieran quedarse; los estudiantes cuando vienen a las consultas expresan que la atención primaria no es lo que más les conviene”. El recambio de esta especialidad tiene además otro agravante, y es que es una de las más envejecidas. El 62,5% de los médicos de familia en España tiene más de 50 años, según los datos del Minsiterio de Sanidad.

Aunque si en las ciudades el problema son los cupos altos que propicia la concentración, en el entorno rural el problema es justo el contrario. Al haber una dispersión geográfica mayor, atienden a menos población, pero implica desplazamientos de varios kilómetros para atender en domicilios o el seguimiento de determinados pacientes. En regiones como Castilla y León, se dan ambas situaciones a la par.

María Auxiliadora Velasco lleva 30 años trabajando en la atención primaria urbana en Salamanca. “Es una situación generalizada en todo el país: el estrés laboral se está cronificando”, comenta en conversación con este periódico. “Uno intenta trabajar como le han enseñado, pero cuando tienes que atender a 40 pacientes al día todas las semanas y todos los meses, es imposible, porque no es algo puntual”, se queja esta facultativa, que también es vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Salamanca.

El problema se ha desarrollado en la última década por una razón obvia: la crisis económica de 2008 y los recortes del gasto público consiguientes. “La sobrecarga de trabajo empezó hace 10 años, con la no sustitución de las vacaciones y la infradimensión de los recursos humanos. Como había déficit de recursos económicos, no nos sustituyen y los cupos por doctor son mayores de lo deseable”, cuenta.

“Cuando comenzó la crisis, parecía algo temporal que, encima, teníamos que solucionar los médicos. Decían que era algo transitorio”, apunta para afear “el planteamiento economicista: desde las gerencias se ahorran un dinero, mientras los médicos asumimos más de lo que deberíamos”. Para ella, “la situación está tocando fondo” y “los responsables políticos deberían sospechar que es una situación inasumible”. De cualquier modo, aboga por que las soluciones vengan “de quienes lo sufrimos, no de soluciones de despacho que salen muy bien las cuentas económicas y las estadísticas, aunque no sea la realidad”.

El auxilio del médico rural

El síndrome del médico quemado en entornos rurales ha saltado a la palestra mediática en los últimos meses gracias a Enrique Gavilán. Este médico de familia que decidió dar a conocer su historia a través del ensayo Cuando ya no puedes más (Anaconda, 2019). “Fue un ejercicio terapéutico”, relata al otro lado del teléfono, pues “llevaba una temporada bien larga en la que me sentía bastante quemado y desilusionado con mi trabajo, con la práctica de la medicina”.

En su caso, al terminar la jornada laboral, llegaba a casa “con la sensación de haber estado haciendo un ejercicio físico bastante intenso, cuando en realidad el esfuerzo era a nivel psicológico”. Una situación de fatiga y cansancio por la que le costaba “dejar de pensar en mi trabajo y volver a mi rutina del día a día”. Esto se transformó en angustia y nervios por el simple hecho de acudir de nuevo a la consulta. “Notaba desconexión del trabajo, me sentía abrumado por el ritmo y poco a poco fue degenerando en una sensación de despersonalización, es como si estuviéramos en una máquina”, apunta. “Era como si no tratáramos con personas ni lo fuéramos, sino solo una pieza en el engranaje”.

Para los médicos rurales, destaca que trabajan en consultorios de centro de salud de tamaño reducido, donde “la sensación de soledad es un factor diferencial respecto a los entornos urbanos”. “Estamos más expuestos al trabajo y la presión en el día a día. Hay momentos que no podemos compartir esa angustia ni repartir cargas de trabajo con compañeros”, comenta. Y, por último, lamenta que el síndrome del trabajador quemado no trascienda tanto en los profesionales de la Sanidad como en otras profesiones: “Aunque todos los hablamos en privado, es un tema bastante invisibilizado: hay mucha vergüenza y culpa”.

“Overture anuncia el primer robot que automatiza la fecundación in vitro. El dispositivo compacto creado por la nueva empresa de Martin Varsavsky permite estandarizar el proceso y reducir costes mediante el uso de tecnología robótica y machine learning”. Así se promociona la “start-up especializada en biotecnología y medicina” de Martin Varsavsky, el que fuera fundador de Jazztel o Ya.com y que ahora se adentra en el cada vez más pujante negocio de la fertilidad.

El robot se llamará NaturaLife y fuentes de la empresa de Varsavsky aseguran a eldiario.es que su comercialización está prevista para finales de 2020. Se trataría, según Overture, de “un laboratorio de fecundación in vitro automatizado y de tamaño compacto, que permitirá reducir costes y estandarizar el proceso mediante tecnología robótica, analítica de datos y machine learning”. Es decir, una máquina que permitiría tanto la congelación de óvulos como la fecundación de embriones “de forma totalmente automatizada”, con lo que se eliminarían “los errores humanos”.

NaturaLife quiere conquistar potenciales clientes — fundamentalmente hospitales y clínicas privadas — y se presenta como un producto que ahorra costes: “el procedimiento actual dura alrededor de 20 horas, debe ser llevado a cabo por un embriólogo, requiere de laboratorios de unos 90 metros cuadrados y obliga a utilizar un instrumental formado por unos 76 componentes diferentes”, comentan en la nota de prensa con la que anuncian el proyecto; con NaturaLife, el proceso “puede ser desarrollado por un técnico en tan solo 5 horas, en un espacio de poco más de 20 metros cuadrados y con un único componente: un biochip”. En EEUU, el salario medio del técnico es tres veces menor que el del embriólogo.

Información a cuentagotas

Varsavsky ha dado varias entrevistas y conferencias sobre el futuro del negocio de la fertilidad, donde explica además su propia historia personal — tiene siete hijos y tres de ellos “gracias a la tecnología reproductiva”. Más allá del trasfondo social y de la innegable oportunidad de mercado, los especialistas consultados para este reportaje muestran sus dudas. Apenas hay información científica disponible en la nota de prensa o la web, en la que no aparecen referencias a la investigación.

El presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Luis Martínez Navarro, explica el proceso para consolidar un avance de este tipo: “Hay que diseñar un estudio con humanos, aprobado previamente por un comité de ética, y publicar los resultados. Y ahí esclarecer varias características del aparato como son sus costes, los del ciclo, de mantenimiento... Hasta que eso no se publique en revistas, no sirve”.

Este periódico envió una batería de preguntas a Overture. Estas fueron las escuetas respuestas por correo electrónico tras varios días intentando recibir información por parte de algún portavoz:

Martínez Navarro asegura que, aunque los científicos a cargo del proyecto (Santiago Munné, especializado en genética, y José Horcajadas, experto en Biología Molecular y Bioquímica) “son reputados, con mucho prestigio”, en este caso “se está hablando de un aparato no testado en humanos y del que nadie sabe el coste, pero que dicen que va a abaratar el ciclo: habrá que ver cómo se hace, no se puede decir mucho más con lo que se sabe”.

Para obtener la aprobación generalizada de la comunidad científica, los hallazgos deben pasar por un proceso: “otro grupo tiene que repetirlo y contrastar resultados, es decir, que si solo lo ha probado uno, tienen que volver a probarlo otros”, explica Martínez Navarro, especialista en Obstetricia y Ginecología. “Además, hay que revisar otras cuestiones, como hasta dónde puede interpretar el aparato para decidir si la calidad de los ovocitos es la deseable o si hay que cambiarlos por otros...”. Sobre la sustitución de un embriólogo por un técnico, Martínez Navarro asegura que “es mejor unir la automatización con el trabajo humano, porque da mejores resultados que optar solo por una de las opciones: cualquier aparato que pueda mejorar la capacidad de decisión es buena”.

El ginecólogo Juan Antonio de León Luis, miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid, asegura que “cuando estás investigando con animales, lo habitual es publicar en revistas académicas referenciando lo que haces” y se muestra extrañado de “no hayan publicado nada, porque aparte de dar prestigio hace que otros investigadores de esa rama te digan si vas bien o mal”.

León tiene dudas de que un experimento que aún no se ha probado en humanos pueda estar comercializado para estos de aquí a un año. “La comercialización también puede ser para animales”, comenta, “porque en humanos requiere mucho control”.

¿Una “democratización” de la reproducción asistida?

Overture ha recibido una financiación de algo más de 22 millones de euros, aportada por inversores conocidos como Rakuten, los magnates del comercio electrónico Vinod Khosla y Marc Benioff o las hermanas Sussan y Anne Wojcicki, que son respectivamente consejera delegada de YouTube y propietaria de la empresa de biotecnología 23andMe, que hace tests de ADN con muestras de saliva que cualquiera puede enviarles. Hace año y medio se desveló que esta compañía había vendido sus bases de datos con información genética de los pacientes a GSK, una de las mayores farmacéuticas del mundo. Recibieron 270 millones de euros por la operación.

También ha habido financiación por parte de otros fondos de capital riesgo norteamericanos, como Allen & Company o Felicis Ventures. Overture no es la primera incursión de Varsavsky en el mundo de la fertilidad, aunque bien es cierto que en España es más conocido por sus inversiones en telecomunicaciones. En 2016 montó una cadena de clínicas de fertilidad en Estados Unidos, Prelude, que ya se ha convertido en la más extendida por todo el país, con presencia en una veintena de ciudades.

Contextos demográficos como el de España, donde los nacimientos han descendido un 29% desde 2008 y la edad media para tener hijos ya es de 32,2 años, generan oportunidades de negocio para este tipo de iniciativas. La reproducción asistida supone ya un 9% de los nacimientos, según datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), y el sector está en auge.

Overture destaca en su narrativa la vertiente social del experimento, ya que “reduce la barrera de entrada a los tratamientos de fecundación in vitro”. Incluso llegan a afirmar que “el objetivo no es otro que democratizar el acceso” a estos procesos, “actualmente muy costosos y solo accesibles para personas con un poder adquisitivo elevado”.

A través de la nota de prensa, el propio Varsavsky comenta que “cada vez es más complicado tener hijos” porque “cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo está preparado, pero nuestra cabeza no, ya sea por falta de madurez, tiempo o poder adquisitivo”. Pero cuando se envejece, “cada vez es más complicado para nuestro cuerpo”, algo que le lleva a afirmar que “la fecundación in vitro cada vez es más necesaria”.

“Damos respuestas tecnológicas a problemas sociales sin plantearnos su origen”

Sara Lafuente, investigadora postdoctoral en el Instituto de Sociología de la Universidad de Goethe (Frankfurt, Alemania), sugiere analizar este asunto de forma más amplia. “¿A qué se debe un uso tan masivo de las técnicas de reproducción asistida?”, dispara. “Lo que están resolviendo estas técnicas es un problema que más bien es de tipo social, de crisis reproductiva, de dificultad para tener hijos más temprano”, desarrolla.

Lafuente, especializada en estudios sociales de la naturaleza, critica que haya “una serie de apaños tecnológicos que estén funcionando como parches para solventar una problemática más grande: cómo y cuándo y con qué apoyos se están teniendo hijos”. Por este motivo, avisa de que “estamos dando respuestas tecnológicas a problemas sin plantearnos cuál es el origen”, pues “si centramos la mirada solo en la parte de asistencia técnica, no abordamos la pregunta de por qué resulta difícil acceder a la reproducción”.

Aunque esta experta relaciona esto con cuestiones como la precariedad laboral —“no es una cuestión fisiológica”—, enfatiza que “hay un sistema que da la espalda a la reproducción de la vida”. “La responsabilidad sigue estando muy feminizada, cargada sobre los hombros de las mujeres, de forma que no se responsabiliza el Estado, que no lo tiene como prioridad, ni el sistema socioeconómico, ni al sector privado, ni una parte importante de los hombres”, asevera.

Juan Antonio de León, de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid, recuerda que “la reproducción asistida, que supone someterse a un tratamiento, es una solución para parejas con problemas de fertilidad, que son en torno al 15%, y tiene que estar enfocado en ellos”. Lo contrario, remacha, “sería engañar a la medicina”.

“No es ético tratar a la gente que no tenga un problema, porque normaliza un proceso que no es patológico, como es el de reproducirse”, apunta al respecto. “Se está jugando con esa dualidad y no solo es un reto para la deontología, también para la jurisprudencia, porque es muy importante ver cómo se legisla ese proceso para las familias, porque implica a un tercero: la persona que va a nacer”.

Todo sobre la 'España vacía' pero sin la demografía. Es la sensación de los expertos de esta rama de las ciencias sociales, hartos de ver explicaciones en los que no se les tiene en cuenta o, denuncian, se tergiversan sus análisis. Antes de confirmar una entrevista con la prensa, algunos piden “aclarar algunos puntos”. Entre ellos, que su perspectiva se basa en datos empíricos y que para nada va en la línea en la que se suelen enfocar los temas relacionados con la despoblación. Y hablan de despoblación porque ni siquiera ven claro que se deba hablar de 'España vacía'. Menos aún de 'vaciada'.

“Muchas veces se utiliza el tema pero se desplaza la discusión”, lamenta Andreu Domingo Valls. Él es profesor de Sociología y presidente de la Asociación de Demografía Histórica. En conversación telefónica con este periódico, recuerda que la popularidad del término 'España vacía' llegó por el libro de Sergio del Molino, sobre el que apunta: “Es un ensayo escrito desde la emoción en el que relaciona el fenómeno con la emigración de los años 60, algo que no se corresponde con la realidad: hay zonas que la padecieron y no se han despoblado y otras que no experimentaron aquel proceso y sí se han despoblado”.

“Estamos cansados de que gente que no tiene ni idea de demografía dé pinceladas sobre valores o fecundidad, que se despiste el tema y no se afronte en su complejidad”, se queja este profesor. Su hartazgo le ha llevado a editar el el libro Demografía y postverdad (Icaria, 2018), una obra en la que más de diez expertos abordan temas como la fecundidad o las migraciones con una enfoque riguroso que echan en falta en el debate público.

“Cuando se habla de la 'España vacía' se está haciendo referencia a uno sólo de los efectos de un proceso de gran complejidad y gran trascendencia como es la redistribución espacial de la población”, desarrolla Julio Vinuesa, catedrático emérito de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta dinámica, continúa, “responde a factores muy diversos que tienen que ver con el medio natural, con las infraestructuras, la organización político-administrativa del territorio, el modelo económico o las dinámicas sociales”.

Por ello, lamenta “las simplificaciones excesivas, el intentar valorar los procesos complejos por uno de sus síntomas, por muy llamativo que sea, sin estudiar sus causas”. Un camino que, espeta, “conduce a diagnósticos sesgados y, cuando menos, inútiles”. “Para mí es más preocupante el tradicional desinterés por los estudios sobre el sistema urbano y la ausencia de políticas territoriales para una estructura más equilibrada de las redes de asentamientos”.

De cualquier modo, en España no hay muchos demógrafos. Ni siquiera hay un grado universitario sobre esta materia. Solo se imparten algunas asignaturas de enfoque general en Geografía o Sociología, con alguna excepción. Los estudiantes de estas carreras suelen ser los que luego se especializan en demografía. Es el caso de Julio Pérez sociólogo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, campo que estudia desde hace más de dos décadas. El pasado año publicó un artículo con el, a priori, llamativo titular ¿España en crisis demográfica? Contra tópicos y alarmas.

El “escándalo demográfico” en el Senado

Para Pérez, los casos más flagrantes han sido los de las comisiones sobre despoblación en el Senado, que las califica de “escándalo demográfico”. La primera fue en 2015, a petición del PSOE. “Hubo una treintena expertos compareciendo, pero en el documento final se incluyen un par de ideas fuertes de cada uno, que resumen en pocas líneas. En unas pocas páginas recogen todo lo que dijeron estas personas, pero es que después incluyen un dossier de una persona que no compareció”, relata.

Esa persona es Alejandro Macarrón Larrumbe, un consultor empresarial que dirige la Fundación Renacimiento Demográfico. “Está muy ligado a la derecha cristiana y habla de que el problema de la despoblación es el aumento de la fecundidad. Una burrada absoluta porque eso no ha sido así nunca”, defiende, pues las causas están en la migración y la movilidad interior.

De hecho, destaca que la fecundidad ha sido tradicionalmente más alta en las ciudades, “pero el problema es que se han ido”. “Que se tolere que un partido añada algo así para favorecer a su propia ideología es escandaloso”, lamenta este demógrafo, que recuerda que este episodio pasó desapercibido porque fue paralelo a la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero hubo más.

En 2017, el PP creó la 'Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España', dirigida por Ignacio Cosidó, que había estado al mando de la Policía cuando Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior. “De nuevo vuelve a comparecer Larrumbe”, subraya Pérez, que recuerda el fervor religioso de Fernández Díaz. “Su trabajo se limita al compendio de recortes de Wikipedia y de ideas que ya eran arcaicas en los años treinta del siglo pasado”, asevera.

“El análisis que se ha extendido lo han dibujado personas que no tienen formación en demografía, y desde las universidades o el CSIC es muy difícil contrarrestar algo así. Es importante que para buscar soluciones se apoyen en expertos reales”, recopila este demógrafo, lamentando el “catastrofismo” de expresiones como “suicidio demográfico”.

Los orígenes del abandono rural

Los demógrafos consultados insisten en diferenciar entre los movimientos migratorios de los años 60, de carácter masivo, y los actuales, que van más bien a cuenta gotas. En cualquier caso, destacan también que la despoblación viene de los procesos de urbanización que se desarrollaron en el siglo XIX y, en especial, el XX. Hasta entonces, la economía agraria hacía que la población viviera más distribuida.

Uno de los problemas es que estos pueblos estuvieron dedicados “sobre todo a la ganadería, pero también a la agricultura de subsistencia”, modelo que “se ha quedado obsoleto en términos económicos”. Así lo explica Joaquín Recaño Valverde, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del estudio La sostenibilidad demográfica de la España vacía, publicado por el Centro de Estudios Demográficos de la UAB. “La forma de tratar este tema muchas veces es puramente oportunista. Este tema lleva así décadas y ha saltado a la palestra porque estamos en una fase de los estertores”, critica en conversación con este periódico.

De hecho, el proceso se ha desarrollado tanto que ya alcanza a capitales de provincia, “que ya no pueden abastecerse de su núcleo fundamental, los jóvenes de entornos más rurales, porque ese recurso se ha agotado”. “Los jóvenes se van de sus pueblos porque las oportunidades que hay son incompatibles con el mundo globalizado”, continúa este profesor. Si un joven de un pueblo de Guadalajara -ejemplifica- se va a estudiar a Madrid, es muy complicado que luego pueda volver a desarrollar esa profesión. “Además, cuando conoce lo urbano, un mundo vasto de oportunidades que empiezan en Madrid y se extienden al mundo global, ¿van a querer volver al pueblo?”.

Uno de los datos que más se suele difundir sobre la despoblación es que los movimientos interprovinciales se han duplicado desde principios de los años 80 a hoy, según la Estadística de variaciones residenciales del INE. “El factor que explica eso es la migración de población extranjera, que ronda el 40% y se mueve al poco tiempo, cada uno o dos años. Los movimientos dominantes son los de corta distancia”, responde Recaño sobre este asunto: “Las migraciones clásicas rural urbano están de capa caída porque ya no hay mucha gente que salir”.

La tensión entre los servicios y su coste

“En España ha habido épocas de mayor intensidad migratoria, de mayor despoblamiento y de mayor concentración. Quizás lo nuevo es el interés mediático”, sugiere por su parte Julio Vinuesa, catedrático de la UAM. Para él, los principales problemas son “los crecientes desequilibrios en la distribución de los factores de localización, la excesiva concentración espacial de los elementos que ofrecen mejores oportunidades para dar respuesta adecuada a las expectativas de la población”.

En su caso, tiene una perspectiva más positiva de la despoblación. En determinados territorios, indica, “podría suponer un mayor equilibrio entre las expectativas de calidad de vida de sus habitantes y la 'habitabilidad' de esos territorios”. En este sentido, Recaño añade que “es posible dar servicios a zonas rurales pero a costes desorbitados, en términos de costes por persona”.

Aquí está la cuestión que todos los demógrafos consultados señalan. Despejadas de la ecuación las empresas privadas, que buscan una rentabilidad difícil de hallar en entornos con poca densidad de población, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Hasta dónde debe tener en cuenta la rentabilidad la Administración pública? ¿Debe haber límites de coste por persona para ofrecer servicios?

Por un lado, está el artículo 139 de la Constitución -“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio-. Por el otro, agrega Recaño, que ”eso ni siquiera ocurre en las ciudades“. Cabe preguntarse, continúa, si ”el Estado está dispuesto a hacer inversiones muy elevadas para porcentajes muy pequeños de población, porque en áreas urbanas también hay personas desatendidas de ciertos servicios y son muchas más“.

Pérez, del CSIC, lo ilustra así: “Si una mujer tiene que ir a parir a 60 kilómetros de su casa, ahí hay un problema. Pero, a la vez, no se pueden extender hospitales con todos los servicios en todos los puntos de la geografía española”. “El debate es hasta qué punto compensa dedicar recursos o no a mitigar o revertir esos efectos. En principio es planteable, pero hay muchas facetas”, reconoce, a la par que indica que “es mucho más eficiente dar servicios o infraestructuras en ciudades porque las economías de escala lo posibilitan”.

En este sentido, sugiere una perspectiva más global para criticar “la concepción de que el Estado tiene que actuar igual que una empresa, buscando siempre que todo lo que haga sea rentable”. No obstante, avisa de que la Administración también tiene que ser eficiente, pues es “absurdo pensar que esto se resuelve poniendo mucho dinero en las zonas rurales”. Sobre todo, hay que pensar a qué se dedica el presupuesto y para qué porque “mejorar las carreteras sin solucionar las causas puede conseguir el efecto contrario: que se marchen más a mayor velocidad”.

Vinuesa, por su parte, recalca “no es realista obviar la necesidad de que existan unos umbrales mínimos de demanda”, pues “que responden también a una mínima racionalidad en el empleo de los recursos”. “Los costes por habitante en ámbitos débilmente poblados multiplican varias veces los que se produce en una gran aglomeración, pudiendo hacerse insostenible económicamente”, desarrolla.

Una perspectiva ecológica (y política)

“La despoblación es negativa para quienes la perciben como tal, pero para muchas mujeres y jóvenes ha sido la salvación, porque ha mejorado su calidad de vida”, dispara Recaño, que señala que “a efectos ecológicos, abandonar territorios por parte de los humanos tiene una huella ecológica positiva”, pues “la concentración tiene una huella ecológica más pequeña que la dispersión”.

“Benidorm es mucho mejor modelo turístico que uno de casas unifamiliares, desde el punto de vista ecológico”, ejemplifica. Vinuesa, por su parte, sugiere ir más allá de que “sean o no habitables para las circunstancias actuales”: “Siempre tendrán un enorme valor por sí mismos como espacios naturales”.

Julio Pérez, del CSIC, sí ve problemas en ese sentido. Por ejemplo, el caso de la explotación ganadera de las praderas que, entre otras cosas, sirve como método de abono. “El abandono del pastoreo modifica el riesgo de que prenda esa masa inflamable que puede haber. Organizar un servicio ambiental si no hay una actividad rural intensa o sostenida también puede ser muy costoso”, señala al respecto. También pone sobre la mesa “el valor cultural e histórico de muchos pueblos, sobre los que se debe decidir si merecen protección”.

Eso sí, tanto Vinuesa como Pérez sugieren que detrás del interés político por esta España rural puede haber también intereses electorales. El primero explica que puede haber “una motivación relacionada con las circunscripciones electorales”, mientras que el segundo recuerda que “los votos no ponderan igual en estas zonas”. Sirvan como ejemplo los extremos de las anteriores elecciones: Teruel Existe obtuvo un representante con 19.696 votos, mientras Ciudadanos y Más País tuvieron que cosechar el quíntuple de papeletas por escaño en la Comunidad de Madrid.

Además, Pérez da otro barniz político, recordando que los fascismos de los años 30 construyeron una identidad “a través de símbolos e imágenes que se centran en pasado rural, buscando lo que llamaban la esencia de las nacionales, porque la tradición política anterior lo buscaba en las ciudades”. “Es igual que lo que ocurre hoy: solo hay que ver cómo la gente de Vox defiende al ganadero taurino y al que caza conejos, aunque sea una parte ínfima de la sociedad, y se ponen a reivindicar la España auténtica”, expone.

Para este sociólogo del CSIC, no se trata solo de “un problema demográfico, sino político: tenemos que hablar sobre qué modelo de país y sociedad queremos”. Si no, avisa, “podemos acabar repitiendo errores históricos gravísimos”.

¿Se puede revertir la despoblación?

“No se puede en los pueblos pequeños, han perdido masa demográfica, y ya no tienen ni jóvenes para emigrar”, responde Recaño, el profesor de la UAB, que apunta que “no se puede convertir un pueblo que vive de la ganadería y agricultura al sector servicios o producir ventajas urbanas en ambientes rurales”. De hecho, considera que el desafío para las zonas que padecen la despoblación es “la resistencia”, ya que el fenómeno ya afecta “incluso a municipios que no están en los ámbitos rurales”. Recaño subraya que lo que caracteriza lo rural “no es el tamaño, sino el aislamiento. La pregunta es: ¿a cuánto estás de un núcleo urbano que te pueda ofrecer servicios?”.

“La idea de la 'España vacía' ha tenido mucho éxito”, incide, pero “se está confundiendo la queja del mundos rurales por la desatención de los servicios con las posibles medidas para luchar contra la despoblación. Los políticos piensan que con dinero se solventa todo”. Además, recuerda, “el mundo rural español es muy heterogéneo y no puede haber soluciones comunes”. Por ejemplo, Guadalajara, Soria o Teruel son las más afectadas. Pero, en cambio, “los entornos rurales no son pobres en términos de renta, sino que están en el sur, con todas las excepciones urbanas que pueda haber en Andalucía”.

España tiene una estructura muy peculiar, desarrolla, basada en un área central y pueblos muy pequeños, “algo que tiene que ver con nuestra historia”. “En Italia con menos superficie tiene el mismo número pueblos, pero mucha más población, 60 millones de habitantes. O Francia, que tiene más municipios y habitantes con una extensión similar”, pone como ejemplo. De todos modos, ve una difícil solución, porque “no puedes anclar a la población al territorio cuando los jóvenes se están yendo”. Y es que, “cuando entras en la rueda, lleva a un profundo abismo”. Por ello, reconoce que“no se pueden poner paños calientes: hay municipios salvables y otros que no, así hay que establecer unas jerarquías”. “En España hay muchos pueblos y cuando se podía solucionar nadie se preocupó del tema”.

Para Vinuesa, el mundo rural debe “competir con las ventajas de la vida urbana”, pues “si los individuos prefieren vivir en las ciudades es básicamente por la mejor respuesta que ofrecen en cada momento a sus expectativas, reales o potenciales, de calidad de vida”. No considera que sea posible revertir el proceso, pero incide en llegar al fondo del asunto, que pasaría por “reconsiderar la organización territorial”. “La actual organización es un obstáculo para implementar estrategias eficaces de cooperación interterritorial”, avisa.

Por último, Andreu Domingo insiste en esta idea, pues sin atender al modelo centralizado es imposible “entender la despoblación de las Castillas y la metropolización de Madrid”. “Los políticos nos preguntan qué hacer de un día para otro y no tiene sentido, es algo mucho más profundo”. Propuestas como que las zonas deshabitadas se vayan a repoblar con población extranjera las tacha de “absurdas”. Y zanja: “Si no se cambian las causas, ¿por qué van a querer quedarse ellos o sus hijos allí?”.

Sergio y Claudia no parecen tener mucho en común, aparte de ser veinteañeros desencantados con la enseñanza universitaria y sin muchas expectativas laborales. Él está acabando un doble grado en Ingeniería Química y de Organización Industrial; ella estudió Diseño Integral y Gestión de la Imagen. Pero ahora coinciden en algo más. Ambos son parte del primer grupo de alumnos de 42 Madrid, la escuela gratuita que Fundación Telefónica que ha importado de Francia y acaba de abrir en la ciudad. Una academia sin clases, ni horarios, pero tampoco titulación reglada. La iniciativa busca paliar la falta de programadores informáticos: las empresas cada vez necesitan más y ya no saben dónde encontrarlos.

El único requisito para optar a una plaza es ser mayor de edad y no se exigen conocimientos informáticos. Sergio había programado “con un enfoque dirigido a las matemáticas, que es parecido pero no igual”, pero Claudia era novata. “Todo esto tenía un enfoque que me gustaba y vi que iba a haber más oportunidades que en el sector químico”, cuenta Sergio a este periódico desde el auditorio de 42. A su lado está sentada Claudia, que señala que “el diseño es un mundo completamente diferente pero, al menos para mí, está muy ligado al de la programación”. “Las empresas buscan un perfil de programación y diseño, pero si sabes programar, casi les da igual que sepas diseñar”, pone como ejemplo.

Junto a ellos también está Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de la Fundación Telefónica. Tras un año de negociaciones, ha conseguido traer la escuela a España y ya estudia cómo llevarla a ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga en un medio plazo. Un modelo que fue impulsado en París en 2013 por el magnate de las telecomunicaciones Xavier Niel y que ya se ha extendido por una veintena de países.

El proyecto recibe el nombre de 42, explica Olivas, “porque es el tanto por ciento del cerebro que trabaja la parte más racional y numérica”. La gran diferencia respecto al resto de escuelas 42, inciden en la Fundación Telefónica, es que en esta fomentan “esa otra parte creativa y de inteligencia emocional de nuestro cerebro”. El lugar en el que se desarrollan las entrevistas con eldiario.es es el espacio en el que se prevé que haya eventos de empresas, conferencias o encuentros de programadores (hackatones) para “captar talento”, pero también actividades propuestas por los alumnos: “Tenemos que invitarles a fomentar su parte más creativa: talleres de circo, teatro, conciertos, clase de bachata...”.

'La piscina' 

Por ahora, 42 Madrid tiene una capacidad para 900 alumnos en sus instalaciones, ubicadas en uno de los edificios del Distrito Telefónica, el macrocomplejo de la compañía al norte de la capital. Para entrar en esta escuela, eso sí, hay que superar una serie de pruebas. La primera se hace desde casa. Hay que inscribirse en una web -20.500 personas lo han hecho desde este verano- y pasar un test de memoria y otro de lógica. Entre quienes se presentan, dos tercios consiguen pasar de fase, algo que habilita para coger una plaza en lo que se llama 'la piscina'. Esta es la prueba definitiva y la más dura. Cada piscina tiene una capacidad de 300 personas, aunque tras dos convocatorias, la tercera ha reducido el cupo a 100 inscritos para este noviembre. Agotaron las plazas en 1 minuto y 44 segundos.

¿En qué consiste esta fase? Hay que pasar 28 días seguidos -incluyendo sábados y domingos- superando una serie de proyectos y ejercicios individuales y colectivos. Además, se tienen que aprobar tres exámenes con una duración de cuatro horas (cada uno) y un final que se alarga hasta las ocho horas. Se hace una evaluación continua de todo lo que hacen en ese periodo y, finalmente, escogen a los que serán alumnos de 42.

Olivas reconoce que “es un proceso de selección natural, porque no todo el mundo está preparado para una metodología tan diferente” y hay quien “todavía necesita un estilo de enseñanza más clásico, con un profesor que le vaya enseñando”. “Hay mucha gente que se inscribe también para probar y se da cuenta de que no era lo que pensaba”, añade. Eso sí, “después de un mes en la piscina salen con un máster en tolerancia a la frustración”.

Sergio comenta que le gustó la experiencia de la piscina, aunque “es dura, sobre todo los fines de semana”. La estimación de horas diarias que hay que dedicar para superar este mes oscila entre 12 y 14 horas. “Los que no tenemos ni idea sufrimos al principio un poco más. La primera semana ya decía que no quería seguir: todo era un desastre”, recuerda Claudia, que se fue familiarizando poco a poco: “En cuanto empiezan a salir las cosas, te engancha de forma espectacular”. No obstante, casi la mitad de los participantes no consigue superar la fase de piscina.

Tras dos piscinas, hay 320 alumnos con una edad que va de los 18 a los 61 años, aunque la media es de 27. Tal y como ocurre en el resto del sector, las mujeres aquí también son minoría, un 15%. En Fundación Telefónica resaltan que querían saber “cuál era el comportamiento natural de la sociedad en España”, motivo por el que no han aplicado ninguna corrección de género, pero no descartan aplicarlo en el medio plazo.

“Aquí no hay docente ni clase ni horarios”

Una vez dentro, los estudiantes se autorganizan para superar los 21 niveles de aprendizaje -en buena parte gamificados-, por lo que el tiempo que se invierta en finalizar los estudios depende de cada cual, aunque se estima una duración de tres años y medio. “Viene a romper los paradigmas del aprendizaje porque pone al alumno en el centro de su toma de decisiones”, explica Olivas, que detalla que “aquí no hay un docente, no hay clases, no hay horarios. Nadie te va a marcar lo que tienes que hacer ni cómo”. La escuela abre 24 horas al día los siete días de la semana “para que cada uno invierta el tiempo que quiera y pueda conciliar”.

Tampoco hay una titulación reglada, algo que en Fundación Telefónica ven como una ventaja, pues trabajan con “un contenido muy dinámico, muy ágil”. “Todas las academias del mundo podemos proponer generar nuevo contenido. Hay una red de academias en la que se puede proponer nuevo material y, si se aprueba, París lo enmaqueta y difunde”, desarrolla. Además, incide, “en el sector tecnológico, la titulitis se está acabando. Ya nadie contrata solo por un título, sino por un mínimo de conocimiento y por el feeling que te transmite esa persona”.

“La educación universitaria no te prepara para un trabajo”, lamenta Sergio, que considera que “no hubiera sido tan necesario saber muchísimas materias para luego a lo que me voy a dedicar trabajando. Tengo amigos que están trabajando en el sector y, por lo que cuentan, con dos años de estudios les hubiera valido”. En cambio, agrega, “noto que todo lo que aprendo lo voy a utilizar”.

“Para mí, lo más importante es el contenido y la forma de aprender, aunque no sé si se podría aplicar a enseñanzas no tan prácticas”, subraya Claudia, que ve paralelismos con su formación en diseño, ya que “cuando más aprendes, es cuando te pones en casa a hacer cosas por ti misma”. “Al ir a trabajar se aprenden una serie de cosas que en la universidad no has visto. Entonces, ¿de qué está sirviendo?”, se pregunta antes de recalcar: “A la hora de dar clase, no tiene nada que ver con el sistema educativo tradicional. Luego hablas con amigos que han estudiado informática y lo que he aprendido en un mes ellos lo aprendieron en un año”.

“La formación universitaria va más allá” 

Una reacción a este tipo de modelos suele ser el escepticismo. Olivas es consciente y no rehuye hablar sobre ello. “Ha generado un rechazo en una serie de colectivos, en un ámbito quizá más universitario. Los docentes lo han podido ver como una amenaza”, responde antes de concretar que “el cambio en la educación tiene que llegar a través del docente, que se va a ir convirtiendo en un facilitador del aprendizaje”.

Ernesto Pimentel, director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga y presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática, reconoce que “la universidad, incluso la formación personal, no están resolviendo esa carencia de profesionales”. Pero pone en valor el tipo de formación que ofrecen: “Es más integral y puede formar gente que pueda liderar proyectos. Son perfiles de formación diferentes que pueden ser complementarios en el contexto actual”.

Este profesor no considera que los métodos de enseñanza de la universidadd se hayan quedado obsoletos. “Cada vez más, las universidades españolas se establecen metodologías docentes entre grupos de asignaturas y basadas en proyectos. El concepto de asignatura se pierde en favor de distintas perspectivas”, apunta sobre este asunto: “Es algo más tradicional, presencial y con tutorización, pero con muchas pautas de innovación: el estudiante se prepara y después va a clase a ver qué ha aprendido y discutirlo con el resto de compañeros”. “Lo más disruptivo [de 42] es que todo es así”, precisa.

Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, se muestra de acuerdo con esta postura. “La formación universitaria es muy distinta, va más allá de programar y te da otro tipo de capacidades, como mayor versatilidad, adaptación o una visión más global del sector tecnológico”, considera antes de destacar que “en informática cuesta mucho definir la profesión, porque hay muchos tipos de programador, de analista o de arquitecto, y hay tipos de formación es difícil que las den este tipo de escuelas”.

En Fundación Telefónica argumentan que sus alumnos salen “preparados para programar en diferentes lenguajes, pero también desarrollan una capacidad de aprendizaje, reinvención, trabajo en equipo, resolución de problemas complejos... Son una ideas fundamentales para que las empresas contraten estos perfiles como un valor diferencial”. “El reto es reducir esa brecha existente entre los perfiles digitales que están demandando las empresas y lo que está aportando el sistema educativo, pero también la escalabilidad del proyecto”, subraya Olivas, que invita a las empresas a sumarse al proyecto y conseguir así habilitar más plazas.

Ya han contactado “más de 300 empresas interesadas”, pero hay un problema: al no ser una titulación reglada, la ley española no permite hacer prácticas oficiales. “Hay que cambiar también esa legislación. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo y el de Educación para que los alumnos de enseñanzas no regladas también tengan su oportunidad en una empresa”, defiende Olivas.

Cuando la digitalización es más rápida que la sociedad 

Un informe de la Comisión Europea calcula que el próximo año habrá cerca de medio millón de vacantes en el sector de las tecnologías digitales. La propia Fundación Telefónica difunde un mapa del empleo en el que se pueden ver cuáles son las “profesiones digitales más demandadas”.

En el podio están desarrollador de software, administrador de sistemas y desarrollador web y multimedia. A estos les siguen otras labores, como las de digital project manager o desarrollador front-end. Como recuerdan todas las fuentes consultadas, no se forman para trabajar únicamente en el sector tecnológico, sino en cualquier otro, pues la digitalización ya es parte de la práctica totalidad de sectores productivos, desde la hostelería a la banca.

Por su parte, Pimentel considera que el problema es que la “demanda de profesionales necesita nivel intermedio y no hay suficientes egresados”. De hecho, sugiere que lo que está ocurriendo es que “los puestos de programador se cubren con ingenieros que están formados para un nivel más, pero ocupan esos puestos que se demandan”. Suárez también ve positivo que se incentive la formación para cubrir esas vacantes, pues hay “un problema de captación de profesionales en las empresas”. Eso sí, matiza que “no pueden estar a la altura de la titulación universitaria, por lo que no debería ser competencia laboral ni influir a nivel salarial”.

El coste de toda la formación lo asume Fundación Telefónica, lo que podría llevar a pensar en una suerte de cantera para la empresa. “Algunos se quedarán en Telefónica, pero no estamos poniendo barreras a que su decisión la tomen ellos. Ellos van a poder decidir dónde trabajar”, responde Olivas. A modo de anécdota, cuenta que acaba de saber que un área de Telefónica va a necesitar “muchos cientos de personas para trabajar en ciberseguridad en los próximos dos años, y no saben dónde van a encontrar a tanta gente”.

En Fundación Telefónica sostienen que la inserción laboral en 42 ha sido del 100% en otros países, con casos en los que “no llegan ni a acabar la escuela y encuentran ya trabajo”. “No sabemos si aquí se va a comportar igual, pero tiene ya una reputación ganada”, comenta esperanzado. Suárez, por su parte, recuerda que “el 100% de inserción laboral también lo tenemos en formación profesional o en titulados universitarios”, algo que achaca “no tanto a la metodología, sino a que falta gente en el sector: no hay gente aquí, ni en Europa, ni en el mundo”.

“No existe una correlación entre el número de salas de apuestas y su presencia en barrios humildes en Madrid”. Es lo que asegura Cejuego basándose en un análisis elaborado por el profesor de Sociología José Antonio Gómez Yáñez. La patronal del sector celebra que el informe esté “realizado por expertos independientes”, aunque el único autor que figura es este docente, vinculado al sector desde hace años. A principios de este mes, él mismo presentó el Anuario del Juego de Cejuego, proyecto que dirige desde 2011 como miembro del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El documento se basa en los datos difundidos hace unos días por la Comunidad de Madrid, en los que se desglosaban los locales de apuestas por municipios y barrios de la capital. “Ha sido una ocurrencia personal. Cuando vi la publicación de la Comunidad me resultó muy fácil localizar los datos de renta y hacer esta regresión”, explica Gómez Yáñez en conversación telefónica con este periódico, donde aclara que “no es iniciativa de nadie ni he cobrado nada” por este trabajo, aunque admite que sí ha sido remunerado por la patronal del juego por otros encargos profesionales.

El Instituto de Política y Gobernanza de la UC3M, al que pertenece Gómez Yáñez, mantiene un fuerte vínculo con el sector desde el año 2008, cuando empezó a elaborar el anuario de la Fundación Codere, una de las compañías más potentes del sector del juego en España. Tal y como queda recogido en aquella memoria, ambos entes “mantienen un convenio de colaboración destinado a potenciar los estudios sobre el juego de azar desde el punto de vista social, político y económico”. “Es un encargo profesional en el que también participa la universidad”, responde Gómez Yáñez sobre esta cuestión, subrayando que “el instituto desarrolla un trabajo profesional y lógicamente lo factura”, aunque prefiere que la cuantía de los pagos quede “en la discreción lógica”.

“El juego me encontró”

En una de las revistas especializadas del sector del juego Azarplus, Gómez Yáñez explica en una entrevista cómo entró a trabajar para el sector de las apuestas. “El juego me encontró. La Fundación Codere me encargó un Estudio sobre los hábitos ante el juego y después el Anuario, y van por la décima y la octava edición, respectivamente. Me siento muy cómodo trabajando para el Sector. He recibido encargos de empresas y patronales, además de una presencia en Jornadas y Congresos con una continuidad que me sorprende y agradezco, lo tomo como una muestra de confianza”, explica el profesor.

En la entrevista se destaca la labor del profesor de la Universidad Carlos III por ser “una autoridad ganada a fuerza de sabiduría y entrega al Sector” y como “la mejor defensa objetiva” de las empresas del juego. Gómez Yáñez también da lecciones sobre cómo debería desenvolverse el sector del juego para cuidar su reputación y frente a las Administraciones Públicas: “El Sector tiene que cuidar su reputación, esto no significa salir en los medios, o no sólo. Tiene que diseñar una estrategia a largo plazo para influir sobre Administraciones cada vez más diversificadas, manejando buenos argumentos y datos, y debe ocupar un lugar visible en el entramado empresarial español. Eso exige destinar recursos, no es gratis ni fácil conseguir ser influyente y, a la vez, discreto (el juego debe ser discreto)”.

La patronal Cejuego mantuvo en 2018 reuniones con 96 políticos españoles para presionar a favor de esta industria, en un ejercicio marcado por la tramitación de cambios regulatorios en varias regiones y en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de salones de apuestas. Las reuniones entre el lobby de las apuestas y los responsables políticos aparecen mencionadas en las últimas cuentas anuales de Codere, al referirse al “riesgo reputacional”

Otros profesores pertenecientes al Instituto de Política y Gobernanza de la UC3M, como José Ignacio Cases o Juan José Zornoza, también eran miembros del patronato de la fundación, hoy extinta. Cases, de hecho, fue director de la Comisión Nacional de Juego —hoy la Dirección General de la Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda— entre 1983 y 1988. Las loas de los empresarios de las apuestas a su mandato continúan a día de hoy. Después, pasó a formar parte de esta Fundación. Allí tenían como compañeros a, entre otros, los exministros del PP Rafael Catalá y Pío Cabanillas, que siguen trabajando para Codere. En el caso del que fuera titular de Justicia con Mariano Rajoy, trabajó para la empresa del juego tanto antes como después de formar parte del Ejecutivo.

Con la desaparición de la Fundación Codere, Cejuego ha tomado el relevo en la publicación de este anuario, que este año tiene su sello por primera vez. En la presentación, celebrada en la sede céntrica de la Universidad Carlos III, Gómez Yáñez defendió el juego como “entretenimiento” en el que “hay clientes que ganan y clientes que pierden, la vida es así, es inevitable”. También destacó que “otros sectores más relevantes están destruyendo puestos de trabajo y abandonando locales en el centro de nuestras ciudades”, asegurando que “la alternativa a los salones de juego son locales vacíos, que nadie crea que van a aparecer empresas de moda o concesionarios de automóviles”.

Otro tema tratado durante su presentación fue el de los impuestos que paga el sector. “En los hospitales se nos atiende a todos, pero es caro”, comentó el sociólogo que comparó en una tabla el coste de determinados servicios sanitarios -como partos, operaciones o transplantes- y la aportación total de las empresas del juego al fisco.

“En España no tenemos barrios pobres”

Aunque Cejuego difundió el último trabajo de Gómez Yáñez como “estudio” o “informe”, el profesor de Sociología prefiere hablar de “análisis” por su brevedad (seis páginas con gráficos más dos de anexos). “La única conclusión es que las salas de juego no se ubican en los barrios que denominan pobres”, cuenta este profesor de Sociología, que asegura que “en España no tenemos barrios pobres”. “Seamos serios al hablar: hay barrios por debajo de la renta media, pero hablar de barrios pobres me parece un poco excesivo. Por suerte, insisto, nuestro país no es un vertedero. Hay casos personales muy dolorosos, como personas que no pueden pagar suministros domésticos. Eso seguramente es verdad”, argumenta.

Gómez Yáñez continúa explicando que “donde se ubican las salas de juego o apuestas es donde hay gente, que es en las principales vías de la ciudad, igual que las tiendas de tatuaje, las clínicas dentales, las ópticas o cualquier otro negocio”. “Es una actividad completamente normal”, defiende para comentar que “es de sentido común que se ubiquen donde hay un alquiler razonable y una cantidad de gente que pueda hacerlo rentable. No hay ningún objetivo maquiavélico detrás de la ubicación de estos locales”.

Hace unas semanas, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) publicó un informe en el que se establecían correlaciones entre los locales de juego y variables como el nivel de estudios o la renta. El resultado sobre esta última cuestión es muy distante al del análisis de Gómez Yáñez, que niega que haya sido una forma de responder a este colectivo: “La motivación ha sido encontrarme con los datos de la Comunidad. Me apetecía saber si lo que se está diciendo sobre las localizaciones es cierto y no lo es. Son datos públicos que contradicen sin trampa ni cartón lo que se dice. No tiene mayor misterio”.

Diferentes metodologías: barrios / distritos 

La diferencia en las conclusiones está, por un lado, en los datos utilizados y, por otro, en la metodología usada. “Ellos están trabajando con 362 locales, que son 40 menos de los que hay en la ciudad de Madrid”, asegura el sociólogo Vicente Pérez Quintana, autor del estudio de la FRAVM, a este periódico. Ese informe está basado en un trabajo de campo que, además del censo de locales de juego del Ayuntamiento de Madrid, consistió en la recopilación a pie de calle de la ubicación de estos negocios por parte de un grupo de voluntarios.

Preguntado por los datos del Gobierno regional, Pérez Quintana considera que “se tienen que revisar porque no son verdad, ya solo el Ayuntamiento ha concedido más licencias que todo eso”. “Nosotros hemos visitado todos locales y tenemos fotos de prueba”, asegura este sociólogo, que cifra un total de 400 locales, pero “puede que haya alguno más que no hemos visto”.

“Desde el momento en el que no cuentas con cuarenta locales, la información se tambalea bastante”, asevera Pérez Quintana, subrayando que en esos datos hay “menos locales en los barrios pobres de los que hay: en los nueve distritos del sur hemos contado 206 y la Comunidad, 167, mientras que en el resto ellos cuentan 194 y nosotros, 195”.

Por otro lado, Gómez Yáñez analiza distritos, lo que le lleva a explicar que “si las estrategias de las empresas de apuestas se orientasen a los barrios de renta inferior a la media, habría más salas de apuestas en los distritos con rentas personales más bajas”. “Hay más salas de apuestas por 10.000 habitantes en Chamberí que en Carabanchel, en Moncloa que en Villaverde, en Chamartín que en Canillejas o Vallecas, en Retiro y Salamanca que en Hortaleza”, apunta. “Los ricos y los pobres apuestan igual, para divertirse y demostrar que saben, que son los motivos que mueven a apostar”.

A diferencia de este, el informe de la FRAVM detalla por barrios. El distrito no es la unidad administrativa más adecuada, nosotros hemos trabajado barrio a barrio de los 131 que hay en Madrid“, comenta Pérez Quintana, que lo ilustra con una expresión conocida en el mundo de la estadística: ”Si tú te comes un pollo y yo ninguno, nos hemos comido medio pollo de media. En las ciudades pasa lo mismo: en un distrito te encuentras un barrio pobre y uno rico, con lo cual la media se compensa. Si estás en San Blas, no es lo mismo Las Rosas que Suanzes; igual que si vas a Chamartín, donde está Prosperidad pero también El Viso“.

“Es verdad que hay barrios con rentas muy bajas en los que no hay locales, pero nosotros hemos estudiado muchas variables que se coordinan, no decimos que van únicamente a los barrios más vulnerables”, razona este sociólogo. “Los locales se han instalado preferentemente en barrios con rentas por debajo de la media, lo que no quiere decir que no haya excepciones”, dice para poner sobre la mesa el caso de Chamberí, con una renta superior a la media y una presencia alta de locales. “En los barrios más pobres -aclara- no hay locales, o no tantos, porque ahí el poder adquisitivo no es muy alto”.

Además, y en esto si coinciden los dos análisis, “buscan barrios más poblados, con ejes comerciales, bien comunicados y con mucho tránsito”. “Van al eje comercial de Marcelo Usera, no al de Serrano o la Castellana”, ejemplifica. “Nuestro estudio está matizado y no va a hacer sangre. No vamos a decir que persiguen a nadie, que estaría bueno que lo hicieran, sino que damos datos, y en ellos aparece que hay barrios pobres sin locales, pero eso no rompe la regla”, concluye.

Cejuego es una patronal un tanto exótica. El Consejo Empresarial del Juego pide abiertamente una mayor regulación de su actividad económica y suele celebrar las normativas que apuntan en esa dirección. En ocasiones, llegan a abogar porque haya más control sobre el juego que el que piden algunos responsables públicos.

Alejandro Landaluce es el presidente de esta patronal, que aúna a un 60% del sector. En especial, a operadores de locales físicos, mientras que los que operan únicamente en el ámbito online están mayoritariamente asociados a JDigital. Las competencias de ambos negocios también son distintas: mientras que los primeros son asunto de las comunidades autónomas, el juego en el universo digital depende del Ministerio de Hacienda.

Landaluce recibe a eldiario.es en la sede de Cejuego, ubicada en una de las calles principales del barrio madrileño de Salamanca. En la capital, el 70% de los locales de juego se concentra en el 30% de los barrios. Este vecindario es del tanto por ciento restante: en prácticamente un kilómetro a la redonda no hay ningún local de apuestas, ni tampoco de juego. “Por lo mismo que tampoco hay concesionarios de coches”, explica el máximo responsable de la patronal: “Se van a las afueras porque aquí no es rentable pagar el alquiler. Aquí son comercios pequeños en las que lo que se vende es muy caro”.

En las últimas semanas ha habido decisiones políticas importantes sobre el sector en las dos ciudades más importantes del país, Madrid, a nivel regional, y Barcelona, a nivel local. En ambos casos, se ha paralizado la apertura de locales de juego: en Madrid, hasta nuevo aviso, y en Barcelona, durante un año. Han celebrado lo primero y criticado lo segundo. ¿Por qué?

La diferencia es que una está motivada y la otra es una decisión propagandística, que tiene más que ver con el desconocimiento de lo que es el sector en Catalunya. Catalunya tiene restringidas las licencias desde 2004, así que el número de máquinas, casinos o salones es el mismo desde entonces. No hay casas de apuestas: antes había cero y ahora hay cero. Por mucho que digan que no van a dar licencia, es que no pueden hacerlo porque ya está prohibido. No tiene ningún sentido, querían decir algo contra las apuestas y lo dijeron así, pero no hay una argumentación detrás.

En Madrid la situación es muy diferente: no había una planificación del parque de juego en cuanto a salones, casas de apuestas o bingos, pero sí en casinos. Desde el sector siempre hemos defendido que la planificación es una medida muy buena. En Madrid no existía y ha habido una concentración excesiva de casas de apuestas y salones en las zonas comerciales más interesantes. Eso no es saludable.

Cuando se va a hacer una ley nueva en la que se incluyen distancias diferentes, es lógico que en ese periodo no se admitan nuevas licencias que puedan incumplir una regulación que se va a aprobar dentro de poco. Es algo coherente y cualquier persona del sector lo puede entender. Que se haga la nueva ley y se concedan licencias siguiendo la nueva normativa.

El informe Locales de apuestas y juego en el municipio de Madrid, elaborado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), destaca las principales correlaciones de la proliferación de las apuestas. Entre ellas, una alta presencia de migrantes, rentas bajas o poco nivel de estudios. ¿Por qué estos negocios se instalan en barrios vulnerables?El informe Locales de apuestas y juego en el municipio de Madrid

Vulnerables es un adjetivo que se utiliza demagógicamente. No hay nadie que piense que alguien pone un local de cualquier negocio por una persecución social. Eso no existe en los países occidentales. Se elige una localización por una lógica comercial. No hay una persecución social, eso es bastante demagógico. En Tetuán, Madrid, por ejemplo: la renta media es de 35.000 euros al año. Es muy superior a la renta media en Andalucía o Extremadura, no se puede decir que es una zona deprimida de España.

Pero es un barrio claramente dividido en dos partes desiguales.

Exacto, ahora vamos ahí. Imagínate que vas a poner un local comercial en Tetuán y no hay normativa que marque distancia entre locales de juego ni ningún tipo de cortapisas, como en cualquier otra actividad. ¿Dónde te pones? En la calle Bravo Murillo. Si vas allí y cuentas los locales que hay, también puedes comprobar que hay 14 kebabs, más de diez zapaterías, muchas tiendas de electrónica... En las calles de delante y de detrás no hay tantos locales porque no son arteria comercial, no hay mucho tránsito, ni acera grande, ni visibilidad.

Luego está la cuestión del precio del alquiler. ¿Por qué en el barrio de Salamanca no hay? Por lo mismo que tampoco hay concesionarios de coches, que se van a las afueras porque aquí no es rentable pagar esos precios de alquiler. Aquí son comercios pequeños en las que lo que se vende es muy caro. Lo que se necesitas son clientes con la renta suficiente para destinarla al ocio.

Otro aspecto que se trata en el informe es la cercanía de los locales con centros de enseñanza.

Hay colegios que están en el centro y otros en las afueras de la ciudad. En Montecarmelo o Alcobendas hay muchos colegios juntos y no hay casas de apuestas. Si fuéramos a por los niños, que es lo que se suele decir, iríamos ahí, pero no vamos porque no hay gente pasando por las calles. Hay establecimientos de juego cerca de colegios porque son zonas comerciales. Un bar que se pone al lado de un colegio no lo hace para emborrachar a los niños de 15 años, pero es una zona que es buena de por sí para ellos. Es muy fácil ver maleficencia al elegir un local. Si se aprueba una normativa que marque una distancia respecto a los colegios, que las defendemos en todas las comunidades autónomas, se cumplirá.

Cejuego pide una mayor regulación que parece que nunca llega por parte de las instituciones. Algunos responsables de Juego han llegado a hacer planteamiento incluso más allá de lo que pedían los empresarios. El exdirector de Juego en Madrid hablaba de “eliminación de la regulación”, que le parecía “excesiva” y “asfixiante”, incluso de poner máquinas en bares. Ante esta situación, ¿se han llegado a plantear algún tipo de autorregulación?“eliminación de la regulación”, que le parecía “excesiva” y “asfixiante”

Creemos que la regulación es buena para el sector, pero mientras no cambie, no nos vamos autorregular porque no estamos en un coto cerrado. Somos empresarios y no somos almas de la caridad: queremos ofrecer un producto, que nuestros clientes estén satisfechos y, lógicamente, queremos ganar dinero, como cualquier otro empresario. Queremos una regulación de la planificación de locales para que se distancien porque entendemos que a la sociedad no le gusta ver tantos locales de juego juntos. Si la Administración no lo legisla y se queda vacío un local bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados para que se lo quede otro.

En el tema de publicidad se ve claramente. La mayor parte de empresas de juego online son extranjeras. No tenemos relación con ellos, no hay gente con la que hablar y tienen un concepto totalmente diferente del mundo del negocio. Si una empresa española quiere que sea más restrictivo y deja de anunciarse, llegan otras empresas y continúan anunciándose a todas horas, todos los días. Si no publicitas tu producto, te van a comer. Que la Administración tome la mejor decisión y nos obligue a cumplirla.

Cejuego aboga por una regulación de la publicidad del juego, aunque algunos sectores abogan porque se prohíba, equiparándola a la del tabaco. ¿Cómo creen que debería regularse?

El juego no es como el tabaco, pero sí está prohibido para menores. Hagamos una regulación que proteja a los menores, franjas horarias que se respeten, control de los mensajes para que no sean adictivos... Y que no se permita la utilización de famosos que tengan incidencia en los menores, como pueden ser futbolistas o youtubers. Las empresas de juego presencial no necesitan tanta publicidad porque la gente ve el local. Pero si tu único contacto con el cliente es a través de publicidad, tienes que permitirle que se haga, aunque sea controlada.

Eso sí, no se pueden hacer trampas al solitario. El ente que tiene que regular la publicidad del juego online es el Estado y tiene un monopolio como Loterías y la ONCE, que es semiprivado. Un anuncio que te dice que te va a hacer millonario, que te va a sacar de pobre, puede hacer el mismo daño a un menor que uno que diga 'juega, juega, juega'. ¿Dónde está el control? ¿Y el registro de autoprohibidos de la Lotería? ¿Y de los rascas de la ONCE?

Lo que le decimos al Estado y a los partidos políticos es que nos digan qué quieren, ¿hacer una prohibición sobre la publicidad del juego privado y no del estatal?. Primero, es ilegal. Si tienes un monopolio que solo se permite en temas específicos como puede ser el juego, no puedes sacar una ley que proteja a tu monopolio y perjudique al privado. Iríamos a los tribunales europeos y se ganaría fácilmente.

Por eso desde 2011 no se ha avanzado nada. Desde entonces han gobernado Zapatero, Rajoy y Sánchez. Tres gobiernos diferentes y ninguno ha sacado la regulación. Qué extraño. ¿Por qué ha sido? Porque saben que si sacan una regulación muy restrictiva sobre el juego privado la tienen que hacer también sobre el público. Ya hay una corriente de gente que pide que la publicidad incluya también la del Estado. No lo digo yo, hay periodistas que hacen su trabajo y lo están viendo.

Ahora todo apunta a un nuevo Gobierno. ¿Esperan que su negocio se pueda resentir con un Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos?

De lo que se dice en campaña a lo que se hace cuando llegas al gobierno es muy diferente. Existen leyes y que hay que cumplirlas. Respetamos la labor de los gobiernos, pedimos que regule, que sea para todo el juego, incluido Loterías y ONCE.

¿Qué les parece que haya un mayor control horario? La propuesta de Unidas Podemos estipula que la apertura de las casas de apuestas sea a partir de las 22:00 horas.

Todo el mundo puede entender que una actividad a la que le limitas abrir a partir de las 22:00 y que el cierre sea a las 00:00 no puede ser rentable en ningún caso. Lo que están haciendo es prohibirlo. Vivimos en un país en el que, hasta ahora, había libertad aunque cada vez hay menos. Si se legisla en este sentido nos convertirnos en un tipo de país en el que no estamos acostumbrados a vivir desde 1975. El juego es legal, la gente lo pasa bien y podemos poner un límite horario que se entienda lógico.

¿Y los bares? También venden alcohol, que está prohibido a los menores, y es mucho más dañino el alcohol que el juego. ¿Van a decir que abran los bares a partir de las 22:00 horas? Otra cosa es que si en un bar se le vende alcohol a un chaval de 16 años se le caiga el pelo. Como demócrata y como español lo primero que quiero es que eso no ocurra.

Parece que todos los partidos políticos están de acuerdo en controlar más el juego, sobre todo las apuestas deportivas. Incluso aquellos que tienen un programa económico más liberal, como Vox, se manifestaron en este sentido en los últimos días de campaña electoral, pese a que en Andalucía votaron en contra de una regulación. ¿Les sorprendió esta adhesión?como Vox

Los partidos políticos están formados por personas y no es fácil que todas opinen lo mismo. No se puede decir que un partido piense una cosa por lo que diga una persona.

Fue difundido por el propio partido en redes sociales.

Soy consciente de ello y de la reacción que tuvieron dentro de su propio electorado. No entendían muy bien por qué estaban haciendo ese tipo de cosas. Lo que creo es que hay una corriente clara en los medios de comunicación y la sociedad, a veces por desconocimiento, por la que se piden cosas que ya están reguladas. En campañas electorales te dejas llevar y se dicen determinadas cosas. No le damos mayor importancia.

En el Informe sobre Adicciones comportamentales, del Ministerio de Sanidad, se establece que “entre los jugadores de los últimos 12 meses, el 15,4% realizarían un juego problemático y el 9,3% presentan un posible trastorno por juego”. ¿Creen que se debería tratar como un asunto de salud pública?Informe sobre Adicciones comportamentales

En el estudio los datos se comparan con el total de la población: la ludopatía es el 0,3%, la ansiedad un 7,9%, la depresión un 5,9%, el consumo problemático de alcohol es del 5,1%... Por mucho que alguien se empeñe en decir que es un asunto de salud pública, todos los que he nombrado son mucho mayores. Si el 0,3% de la población tiene un problema patológico, el 99,7% no lo tiene. El 75% de la población reconoce que juega, no solo en el juego privado. De todos ellos, el 99,7% se divierte.

Entre los que juegan, el 15% es problemático y el 9% está en riesgo.

El número de personas que tienen un problema real de juego, que está detectado y diagnosticado, es de 8.000 personas entre toda la población española. Eso es una cosa y otra el estudio, que viene a decir que es el 0,3% de la población, con lo que serían 80.000. Este número corresponde a la horquilla de gente que podría desarrollarlo, lo que no quiere decir que lo tengan. Es una suposición de personas que podrían tenerlo, es una estadística.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el número de jugadores que se registran como autoprohibidos en los locales de juego se ha cuadruplicado en 5 años. Pasó de 4.227 en 2013 a 17.735 en 2017.

El que aumente o no el número de personas autoprohibidas no tiene una correlación directa con la patología del juego. Ha habido un aumento claro, pero no se puede saber si ese registro son de personas que han tenido un problema o son personas que quieren expresar su contrariedad con el sector. Por ejemplo, hace poco hubo una manifestación en Madrid contra el juego. Esa gente posiblemente no eran ludópatas, sino personas que estaban en contra del juego. Igual también se han apuntado al registro porque quieren dejar constancia de que están en contra. Antiguamente, el registro de autoprohibidos era fidedigno, pero hoy en día es difícil descubrir si ese crecimiento es porque ha aumentado mucho o son gente que está en contra del juego.

Nosotros hemos pedido que haya un único registro porque ahora mismo hay uno por comunidad autónoma y hay que compaginarlos. Incluso hay personas que se autoprohiben en el juego online y no en el presencial o en un juego específico, lo cual es ridículo. Nosotros defendemos que si una persona tiene un problema con el juego, lo tiene con todo el juego.

En ese informe de Sanidad se apunta que han detectado “una correlación entre el posible juego con dinero de manera problemática y el consumo intensivo de drogas legales como el alcohol”. Que los locales de apuestas puedan ofrecer servicios de restauración, muchas veces a precios más reducidos que los bares convencionales, es otro aspecto que se ha criticado duramente. ¿Debe permitirse el consumo de alcohol en los locales de juego?

La mayoría de personas que entran en los locales de juego se lo pasan bien. Nosotros tratamos bien a nuestros clientes dentro de la legalidad. Tenemos un acuerdo comercial aprobado por la Comunidad. Se ofrece una buena cena a un precio razonable, con la que no voy a perder dinero, pero como no es mi negocio, gano menos. Queremos tratar bien a los clientes, y que se dé una cerveza... Vamos a ver, otra cosa es que se esté emborrachando a alguien, que eso no ocurre, pero no permitir que se trate bien a los clientes ya es excesivo. Se quejan de que hay chavales de 22 años que están en una casa de apuestas viendo el partido en lugar de en la calle. Bueno, ¿qué problema hay? No podemos demonizar a un sector, no se puede ir hasta la mínima.

“Es impresionante, en dos manzanas, la cantidad de locales [que hay]”. Quien habla es Rocío Monasterio, que va enumerando las casas de apuestas que hay en Bravo Murillo, la calle con establecimientos de juego de toda España. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha publicado un vídeo en el pide que se “endurezca” la regulación del juego, aunque sin especificar medida alguna. Es más, la formación de ultraderecha -que no incluye propuestas al respecto en ninguno de sus programas electorales- tumbó hace un mes una propuesta que, entre otras cosas, alejaba los locales de juego de los centros de enseñanza en Andalucía.

El partido de extrema derecha ni siquiera ha incluido alguna propuesta o medida concreta referente al juego o las casa de apuestas en ninguno de sus programas electorales publicados hasta la fecha.

“Ese [local] es gigante, desde luego, y el colegio aquí al lado”, continúa Monasterio durante su visita a la calle madrileña. “Es impresionante, la verdad”. La diputada autonómica también habla con vecinos de varias edades preocupados por la proliferación de estos negocios. “Vamos a batir el récord de salas de juego en Madrid, está infectado”, lamenta uno de ellos, que le recuerda que “encima es un barrio de obreros, de trabajadores que están pasándolo jodido, no hay trabajo y dan dinero para que te enganches, es como la droga”. Y Monasterio responde: “Pues Vox va a estar enfrente”.

Vox ha difundido el vídeo a través de sus redes sociales asegurando que “España cuenta con la tasa más alta de Europa de ludópatas entre 14 y 21 años”, un mantra repetido, aunque el origen de esos datos está en cuestión. Así, aseguran que piden “en todos los parlamentos autonómicos que se endurezca la ley para proteger a nuestros menores, familias y barrios”.

Durante sus cuatro minutos de duración, Monasterio va escuchando algunos de los principales tópicos de los críticos con el sector del juego, como la facilidad de acceso al juego, la publicidad de famosos o la generación de adicciones. “Conozco gente que vive de esto, y viven muy bien porque la banca nunca pierde”, le dice otro vecino. “Ya, pero arruinan familias”, le espeta la líder madrileña de la extrema derecha, que en otro momento le comenta a un joven que “en los barrios obreros es donde está pegando fuerte”. “Yo he visto en el recreo como compañeros aprovechaban la media hora que tenían, diez minutos para ir y diez para volver, y se acercaban a hacer una apuestas”, le cuenta un veinteañero.

En cambio, hace apenas un mes Vox votó en contra de la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE en Andalucía para regular el juego. PP y Ciudadanos, que gobiernan gracias a su apoyo, se manifestaron en el mismo sentido, por lo que la regulación no pudo salir adelante. Entre las medidas de aquel texto, estaban incluidas “la asistencia y el apoyo” a ludópatas, la restricción a la publicidad en la radiotelevisión pública andaluza o la fijación de una distancia mínima de 500 metros entre locales de juego y “colegios públicos o privados, parques infantiles, lugares de ocio juvenil, polideportivos o estadios deportivos”, entre otros.

María José Piñero fue la diputada encargada de defender la postura de Vox en el Parlamento regional, donde tachó la propuesta de “oportunista”, afeando que se trataba de un “discurso sentimentalista”. Así, añadió que “no resuelve el problema” ni daba “soluciones reales al abordaje del juego patológico. ”Su prevención debe ser integral e instamos al Gobierno central a intensificar el control sobre el juego online y la publicidad porque no tenemos competencias en este ámbito“, aseguró la parlamentaria, aunque las competencias los locales físicos sí que están transferidas. Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid aprobó un nuevo decreto el pasado mes de mayo y tiene previsto endurecer esa regulación en los próximos meses.

En la Asamblea de Madrid, donde Monasterio es portavoz de su grupo, Vox tampoco ha hecho un planteamientos claros al respecto. De hecho, la única vez que se han pronunciado sobre el juego fue en en el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Allí, Monasterio recordó a quienes “se preocupan de las casas de apuestas que arruinan sus familias”, llegando a afear a la entonces candidata del PP que no hiciera ninguna propuesta de regulación “que se ceban con los jóvenes de los entornos populares”. Vox tampoco ha hecho lo propio.

Eso sí, a mediados de septiembre, la propia Monasterio aseguraba en una entrevista con Efe que Vox tiene “un programa social” con el que la izquierda “puede coincidir en algunas cosas”, como sería el caso del juego y las apuestas. En la anterior campaña, Monasterio llegó incluso a afear la relación del exministro Rafael Catalá con Codere, una de las empresas más importantes del sector.

Este periódico ha contactado con el equipo de prensa de Vox para esclarecer estas cuestiones. “No te voy a decir nada, lo siento. Buen día”, ha sido la respuesta. “Se trata de regular para proteger al menor que hoy está desprotegido”. Es una de las pocas ideas que comenta Monasterio en el vídeo difundido durante esta campaña electoral, donde pide “sanciones más serias”. “Es una lacra que hay que combatirla y hay que evitarla”, dice un vecino para cerrar el vídeo.

“Es muy contradictorio con las políticas que promueven”

En cualquier caso, la regulación o planificación de la actividad económica es algo que contrasta con los postulados económicos de Vox. El partido de extrema derecha defiende el llamado principio de “desregulación”, según el cual, “por cada nueva normativa, eliminaremos diez” o “cinco”, según la parte del programa económico que se lea. “Es muy contradictorio con las políticas que promueven”, comentan desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, uno de los colectivos más activos en este ámbito.

Aunque reconocen que “el análisis que hacen es similar al que hacemos nosotros”, no se fían. “Nos sorprende que tengan esas preocupaciones y en su programa se haga mención a medidas para liberalizar la economía y ninguna a la regulación del juego o a la prevención de la ludopatía”, explica a este periódico Silvia González, responsable del grupo de trabajo sobre las casas de apuestas en esta entidad, que también recuerda el sentido de su voto para la regulación en Andalucía. “Es incoherente denunciar un problema como este, que exige prevención, mientras en el programa se rechaza la planificación y se defiende la liberalización de la economía”, avisa.

Promover la abstención de los rivales políticos haciéndose pasar por un movimiento afín. La campaña de intoxicación para desmovilizar a los contrincantes políticos del PP, desvelada por eldiario.es, ya fue ejecutada con éxito por Cambridge Analytica en Trinidad y Tobago por primera vez. La consultora, luego cuestionada por su papel en la victoria del Brexit y Donald Trump, ya llevó a cabo una táctica similar a través de la filial SCL para los comicios del país caribeño en 2010.

Una estrategia queda bien explicada en el documental El Gran Hackeo. Aunque la cinta está más centrada en lo ocurrido en Estados Unidos y Reino Unido, dedica unos minutos a la estrategia seguida en Trinidad y Tobago con el testimonio de un portavoz de la empresa. “Somos una agencia de cambio de conducta. El santo grial de la comunicación es poder cambiar comportamientos”, explica este empleado. “Trabajamos para los indios”. Se refiere al Congreso Nacional Unido (UNC), que representa a la población minoritaria de este origen. Estos querían arrebatar el Gobierno al Movimiento Nacional Popular (PNM), que concentra el voto de los afrodescendientes tras diez años en el poder.

“Fuimos al cliente y le dijimos: queremos centrarnos en los jóvenes, intentaremos aumentar la apatía”, continúa en su relato sobre las elecciones de 2009 en el país centroamericano, que cuenta con algo más de un millón de habitantes. Los ciudadanos de origen indio y los afrodescendientes están repartidos en proporciones iguales, aunque los primeros son ligeramente más numerosos.

¿Cómo llevaron todo esto a cabo? “La campaña no podía ser política, porque a los chavales no les interesa la política. Tenía que ser intuitiva porque son vagos. Se nos ocurrió una campaña basada en que hicieran algo bueno y formaran parte de un movimiento”, detalla el portavoz. El resultado fue 'Hazlo' [Do So], en referencia al hecho de no votar. En Cambridge Analytica lo planificaron como “un símbolo de la resistencia contra los políticos y votar”, y tuvo mucho éxito. Movilizaciones sociales, vídeos virales creados por los propios jóvenes e, incluso, llegó a haber una pintada de 'Do So' en la fachada del domicilio del entonces primer ministro, Patrick Manning.

El UNC obtuvo seis escaños más, pero, recalca la cinta de Netflix, la diferencia de participación en personas de hasta 35 años fue del 40%. “Cuando llegó la votación, sabíamos que los chavales afrocaribeños no iban a votar gracias al 'Do So', pero los chicos indios hacían lo que les decían sus padres, que era ir a votar. Se divertían mucho haciendo aquello, pero no iban a contradecir a sus padres”, zanja. “Eso cambió la votación en un 6%, que era lo que necesitábamos en unas elecciones muy reñidas”. La primera ministra electa fue Kamla Persad-Bissessar, del UNC, que concurría en coalición con otros partidos.

Aunque desde el UNC se ha negado en todo momento su relación con Cambridge Analytica, uno de los partidos que integraban su coalición, Congreso Popular, ha rechazado que firmaran contratos, pero sí ha admitido que mantuvieron conversaciones con la consultora.

Tras la publicación de este documental la pasada primavera, el fiscal trinitense Faris Al Rawi ha pedido al exempleado de Cambridge Analytica Christopher Wylie que acuda al país para declarar sobre el papel de la consultora en aquel proceso electoral. Una solicitud que ha sido aceptada, a la espera de resolver algunas cuestiones relacionadas con la seguridad del testigo, según recoge la prensa local.

“Ya sabemos cómo va esto, ahora vamos a usarlo”

Wylie fue el trabajador que filtró a The Guardian toda la documentación sobre las estrategias de Cambridge Analytica. La periodista que publicó toda esa información, Carole Cadwalladr, explica que “todas las campañas que hicieron en el mundo en vías de desarrollo buscaban poner en práctica nuevos trucos o tecnologías para convencer a la gente, para reducir o aumentar la participación”. Una vez conseguido esto, añade, “dijeron: vale, ya sabemos cómo va esto, ahora vamos a usarlo en Reino Unido y Estados Unidos”.

Aleix Sanmartín, el gurú electoral del PP, ha negado toda relación con la campaña de uno de sus empleados, Josep Lanuza, para promover la abstención. También ha hecho lo propio el partido de Pablo Casado. En cualquier caso, en las últimas elecciones andaluzas estuvo detrás de una plataforma llamada 'Socialistas por el cambio', que criticaba duramente a Susana Díaz para promover la desmovilización del votante del PSOE.

La expansión de las casas de apuestas y el juego online no han sido suficientes para el sector del juego. La patronal asegura estar aún en “periodo de recuperación”, ya que “se juega un 20% menos que en 2007”, en palabras de Alejandro Landaluce. El presidente del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha participado este miércoles en la presentación del Anuario del Juego en España 2019, donde ha insistido en equiparar la regulación de estas empresas privadas con la de ONCE o Loterías y Apuestas del Estado. También ha reivindicado su “contribución a la sociedad” en forma de impuestos y empleo.

Landaluce ha destacado que “se juega un 20% menos que en 2007, cuando no había la misma percepción social que ahora”, aunque ha admitido que ha habido una “transformación de la oferta”, ya que las apuestas y el juego online están en auge. “Estamos en periodo de recuperación”, ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que en España hay “una prolija regulación” del sector y, ha enfatizado, “siempre cumplimos las normas, incluso vamos un paso para adelante y, en aquellas comunidades autónomas donde las leyes son mejorables, solicitamos que se cambien”. “Cuando escuchas [decir lo contrario] a ciertos políticos a los que les entra un poco el nervio, ves no tiene sentido: la normativa del juego está muy desarrollada”, ha dicho sin señalar a nadie. No obstante, el presidente de la patronal se ha mostrado favorable a una nueva regulación de la publicidad del sector, en especial en lo referido a la presencia de caras conocidas.

Sobre la proliferación de las apuestas en determinados barrios, Landaluce ha aseverado que “esto es una actividad libre, cumplimos todas las normativas cuando hay planificación y el desarrollo es acorde a la ley”. Cuando no la hay, “los empresarios eligen localizaciones que sean más rentables”, ha dicho. “La planificación es una herramienta higiénica y da estabilidad al sector.”, ha declarado para insistir en una de las bazas de la patronal: “Que el tratamiento sea igual para todo el sector del juego, tanto público como privado, debería ser regulado de la misma manera”.

Asimismo, ha reivindicado la “contribución a la sociedad” de estas empresas porque, según sus palabras, generan empleo, pagan impuestos y “mucho más”. Desarrollando esto último, ha defendido que “la razón del juego es la diversión, el entretenimiento” y que “existe porque los clientes se divierten y vuelven”. Aquí ha hecho mención al informe del Observatorio Español de las Drogas y de las Adicciones, donde se establece que la tasa de juego problemático en España es del 0,3%, lo que le ha llevado a afirmar que “el 99,7% de los clientes se divierten, se entretienen y hacen un uso responsable del juego”.

Sobre la presencia de menores, ha recordado que “hay una policía específica del juego que controla nuestro sector y lo hace maravillosamente” para mencionar la ‘operación Arcade’. En ella, se hicieron unas 3.000 visitas a locales de juegos durante dos días, donde solo se sancionó a 28, aunque cabe destacar que estas inspecciones fueron anunciadas el mismo día que se llevaron a cabo. “En España no hay un problema de menores”, ha espetado, reivindicando “tolerancia cero” al respecto: “Los menores no son nuestros clientes. Además de estar prohibido, no es nuestro target”.

“Hay clientes que pierden. La vida es así”

El informe mencionado recoge el testigo del que presentaba hasta ahora Codere -empresa líder en España- con el mismo nombre. De hecho, ha vuelto a ser elaborado por José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III, que ha contado con la colaboración del abogado Carlos Lalanda. Ambos han sido los encargados de presentar el estudio junto a Francisco J. Vanaclocha, catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Política y Gobernanza de la misma institución. Este último ha mostrado “la satisfacción de la universidad” por la publicación del anuario de la patronal que, ha asegurado, “cubre una laguna clarísima de estudios y datos objetivos que sirvieran de base para la reflexión de la sociedad”

En el acto, celebrado en las instalaciones de esta universidad pública, Lalanda, coautor del estudio ha espetado que “da la impresión de que el juego está desregulado” cuando, a su juicio, “hay hiperregulación”. Por ejemplo, ha mencionado que en el último año “han aparecido siete disposiciones por parte del Estado central y 45 por parte de las comunidades autónomas”, que en algunos casos han servido para “la planificción, restricción y control” de los locales.

Por otro lado, Gómez Yáñez ha resaltado que el sector representa el 0,82% del PIB -0,47% si solo se cuentan las empresas privadas-, “es relevante no solo por la dimensión económica, sino porque es un sector regulado por un entramado normativo de alta calidad”. “Ha permitido crear un sector de empresas prósperas que funcionan correctamente”, ha celebrado para destacar “la llegada a España de ”empresas especializadas de otros países con gran capacidad de inversión“, subrayando que en el último año se han gastado 140 millones en reparación o apertura de salones.

El profesor de la UC3M ha explicado que “el juego real no es igual a las cantidades jugadas por los clientes”, ya que “ahí hay casi un 30% que se devuelve en forma de premios”. “Hay clientes que ganan y clientes que pierden, la vida es así, es inevitable”, ha defendido antes de incidir la “elevadísima presión fiscal”. Así, ha declarado que el juego es “un contribuyente muy importante a las arcas públicas”, con 1.748 millones de euros en 2018.

“En los hospitales se nos atiende a todos, pero es caro”, ha aseverado este profesor, que ha llegado a comparar en una tabla el coste de determinados servicios sanitarios -como partos, operaciones o transplantes- y la aportación total de las empresas del juego. Después, ha repetido el argumento para el tren, asegurando que “con los impuestos que pagan a las comunidades, el sector paga una flota de aves, unos 23 trenes”.

Sobre el empleo, han destacado que entre entre 2017 y 2013 destruyeron 13.000 empleos, pero que en los últimos 7 años han creado 7.000 en total. “Otros sectores más relevantes están destruyendo puestos de trabajo y abandonando locales en el centro de nuestras ciudades”, ha lamentado al respecto, asegurando que “la alternativa a los salones de juego son locales vacíos, que nadie crea que van a aparecer empresas de moda o concesionarios de automóviles”. A esto ha agregado que “las máquinas en hostelería contribuyen a sostener 52.000 empleos en ese sector”.

En su defensa del juego como “entretenimiento”, también ha reivindicado que son “espacios de relación con muchas personas” y que “no quieren simplemente ganar dinero, también mostrar que se sabe de algo”. Ha continuado comparando las visitas a locales de juego con las de bares. Así, mientras los salones reciben 59 millones de visitas, los segundos multiplican esa cifra hasta alcanzar los 7.000 millones, según las cifras que ha aportado. “Vamos más de 200 veces al año”, ha calculado.

Una alta presencia de migrantes, rentas bajas o poco nivel de estudios. Son algunas de las correlaciones más altas respecto a la expansión de las casas de apuestas en los últimos años, recogidas en el informe Locales de apuestas y juego en el municipio de Madrid, elaborado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Aunque el estudio está centrado en la capital, también se han analizado con menor profundidad algunas otras grandes ciudades, donde las tendencias apuntan en la misma dirección.

Los resultados de este análisis han sido presentados esta mañana en el centro de Madrid por el sociólogo Vicente Pérez Quintana, encargado de dirigir el informe. Una de las correlaciones más altas es la “preferencia por los ejes comerciales distritales y ámbitos de gran afluencia de público, bien comunicados”. Por ejemplo, en todos los intercambiadores de autobuses de Madrid hay uno a escasos metros. Pero donde también se concentran los locales es alrededor de los centros de enseñanza.

“Al menos 61 locales están dentro del radio de 100 metros de medio centenar de colegios”, ha señalado el sociólogo, que ha incidido en que “lo preocupante son los centros de secundaria”: “Casi la mitad de locales de juego están en el radio de 500 metros de un centro de secundaria. Hay centros con veinte locales en la redonda”. Esto contrasta con el decreto aprobado por la Comunidad de Madrid el pasado mayo, criticado por “insuficiente” por los colectivos sociales y de afectados. En él se establecía una distancia mínima de 100 metros entre estos negocios y centros de enseñanza, pero con una moratoria de diez años para adaptarse a la regulación. “Si la distancia mínima fuera de 500 metros, apenas resistirían abiertos una docena”, apuntan.

“El 75% de locales pertenecen a dos empresas: Sportium y Codere. Hay un dupolio claro que paradójicamente no ha despertado el celo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, ha advertido también Pérez Quintana, que ha recordado que la primera empresa es propiedad del fondo Blackstone. Así, ha señalado la “alta concentración de los locales en determinadas zonas”, donde identifica seis ámbitos. En primer lugar, los distritos de Latina y Carabanchel (en especial barrios como Vistalegre, Aluche o San Isidro). Después estaría la zona de Moscardó y Almendrales, más al sur. En tercer puesto, los barrios San Diego y Numancia, los más próximos a Puente de Vallecas. La Puerta del Sol y sus alrededores serían el siguiente punto de concentración, mientras que los dos últimos serían Tetuán -con Bravo Murillo, la avenida con más locales de juego de España, en su callejero- y Quintana, “con una gran concentración en el sur del barrio”.

Exceptuando la concentración en el centro, el informe destaca que los locales de apuestas “se hallan dentro de la margen occidental de la almendra central, en los barrios del sur próximos a la M-30”. Algo que contrasta con que “en posiciones periféricas haya pocos locales” algo que se debería, siguiendo las aportaciones de esta investigación, a que son barrios de tamaño medio y grande “con ratios de densidad poblacional elevados”. “Los establecimientos buscan la proximidad de un tejido urbano muy consolidado, con actividad, saturado”, esclarece el texto.

El 70% de los locales está en el 30% de los barrios

Además, se da la circunstancia de que “los barrios con dotaciones amplias de establecimientos son minoría: el 70% de los locales están en el 30% de los barrios”. Y estos “coinciden con las características sociodemográficas de los barrios”, ha incidido Pérez Quintana durante la presentación, donde ha destacado la correlación con rentas bajas en estas zonas. “De ahí, la fortísima presencia en los barrios del sur, con excepciones, como Quintana y Bellasvistas”, ha detallado el sociólogo, resaltando que “son barrios en los que el peso de los mayores de 25 años sin estudios o con estudios acabados de bajo nivel es elevado”, tendencia que se repite en las cuestiones relativas a las tasas de paro. También han advertido una “significativa asociación entre el peso de la población inmigrante y la distribución espacial de las casas de juego”.

Las empresas, concluye el informe, “buscan zonas en las que la localización sea más barata y, al tiempo, zonas en las que la población residente tiene un nivel adquisitivo inferior a la media y un estatus social menos privilegiado, si bien por encima de los barrios más vulnerables”. Respecto a otras grandes ciudades españolas (Barceloma, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza), el estudio incide en que también hay un “predominio de ubicaciones centrales, no periféricas, vinculadas a zonas comerciales”.

Las investigaciones se han llevado a cabo gracias a las aportaciones de los distintos colectivos vecinales madrileños. Estos han hecho el trabajo de campo, que ha consistido en recorrer las calles de la ciudad para realizar un mapeo actualizado. Así, descubrieron que de los 378 locales que aparecían en el registro del Ayuntamiento, 52 ya no tenían actividad relacionada con el juego (algunos, estaban incluso cerrados). No obstante, descubrieron 74 establecimientos que sí funcionan como tales. El resultado da 400 locales en Madrid pero, aclaran, “probablemente haya alguno más que se nos haya podido escapar”.

Alfredo Almendros, de la consultora Dadasign, ha sido el encargado de hacer el mapa de casas de apuestas en toda España. Solo entre las tres principales empresas -Sportium, Codere y, en menor medida, Luckia- suman 4000 registros. “Visualizar los datos es una forma de contar los conflictos”, ha explicado en la presentación. De cualquier modo, también ha destacado que “esto solo ha comenzado” ya que todos los datos del estudio se han publicado de forma abierta en la página www.stopcasasdeapuestas.com. “Se trata de que sigamos avanzando en esta tarea. Mientras las instituciones no lo hacen, vecinos y vecinas somos capaces de elaborarlo”, ha zanjado.

También han acudido algunos representantes de colectivos de cada barrio. Es el caso de María José García, de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, que ha explicado que “ha habido un cambio en el paisaje de una zona que se ha producido muy rápido”. “Casi sin darnos cuenta ya hay 12 locales de apuestas”, ha relatado para apuntar que “llegó la alarma de los vecinos: que el hijo de la vecina estaba ahí y no en clase, el vecino en paro baja todas las noches…”.

“Tenemos clarísimo que este es un tema de salud pública”, ha continuado, señalando que “en algunas casas ya se ven pequeños hurtos o trapicheos de vender y comprar”. Para esta vecina, la “única solución” pasa por una ley integral que aborde la cuestión del juego. “No puede ser que futbolistas, artistas o presentadores salgan en la televisión o Internet anunciando estos locales. Nos estamos cargando a nuestros jóvenes”, ha lamentado a la par que indicaba que “no hay otras alternativas de ocio en San Diego: no hay cine, no hay una casa de juventud… Pueden ir a locales de apuestas o hacer botellón, y les sale mejor hacer lo primero”. Además, “en San Diego hay tres institutos que en menos de 500 metros tienen 18 locales de apuestas”.

Las propuestas para regulación del juego

Por su parte, el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, ha sido el encargado de explicar las propuestas del colectivo para la regulación de las apuestas tanto en la Comunidad de Madrid como los ayuntamientos de la región. Por ejemplo, la creación de Zonas de Especial Protección de Población Vulnerable para “reducir al máximo” los locales en ellas, a imitación de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE). También piden un incremento de las inspecciones de locales de juego, a fin de vigilar si se cumple la prohibición de entrada de menores y ludópatas inscritos en el Registro General de Intedicciones de Acceso al Juego.

Otras medidas que exigen desde este colectivo son la exclusión de los locales de apuestas de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) o la prohibición de las “dobles licencias” (juego y restauración) y de la publicidad en el transporte público. 

La demanda se dispara y la inversión pública ni está ni se le espera. Una suma que suele tener idéntico resultado: la vía libre al negocio privado. Es lo que está ocurriendo con las residencias para mayores en España desde hace años, algo que se ha generalizado en la Sanidad pública tras los recortes.

Fondos de inversión internacionales -en especial, los franceses- han irrumpido en un sector en el que por cada plaza pública hay tres privadas. Primero fue la adquisición de empresas con centros en activo, pero la demanda y los precios se han disparado hasta un nivel en el que incluso sale más rentable comprar terrenos y empezar de cero. Mientras, los colectivos de afectados muestran su “preocupación” por la búsqueda de la máxima rentabilidad del capital riesgo y lamentan la falta de inversión de la Administración pública.

El envejecimiento en España, país con la tasa de esperanza de vida más alta del mundo -empatado con Japón-, va a ser una constante en las próximas décadas, según la OCDE. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha estimado que una de cada cuatro personas (25,2%) tendrá más de 65 años en 2033, un 33,1% más que en la actualidad (19,2%). Una tendencia demográfica que, en cambio, no ha sido acompañado en un aumento de la inversión pública en residencias de mayores, pese a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia. La oferta estatal permanece estancada desde hace años y las listas de espera se eternizan.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el ratio de plazas sobre el total del número de personas mayores era del 4,3% en 2017, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo del 5%. España también queda por detrás de la media europea (4,6%). En ambos casos, la cifra incluye centros públicos y privados. De estos últimos -el 75% del total-, dos tercios son privados ‘puros’ y el resto concertados. Además, los ratios son muy desiguales según la comunidad autónoma, que son las competentes en la materia. Las tres regiones con mayor ratio cumplen sobradamente la recomendación de la OMS -Castilla y León (7,65), Castilla-La Mancha (6,98) y Extremadura (5,93)-, mientras que las más perjudicadas quedan muy alejadas de ese mínimo. Son Murcia (1,43), Comunidad Valenciana (2,95) y Canarias (3,05).

Un cóctel que ha transformado este servicio en una inversión asegurada. En 2018, el nicho de las residencias ya movía unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el ejercicio anterior, según los datos de la consultora DBK Informa. En ese mismo periodo las residencias privadas aumentaron en un 1,5%, lo que ya da pistas sobre la rentabilidad de estos movimientos: la facturación aumenta a mayor velocidad que la oferta.

Por ahora, no es un segmento de alta concentración, aunque con matices. Los cinco primeros grupos (DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol) alcanzan la cuarta parte del total del mercado, pero cada vez acaparan mayor cuota. Si se añaden las cinco empresas siguientes, donde hay firmas como Sanitas o La Saleta, la cifra alcanza el 30,9%. Mientras, en 2013, esta misma consultora estimaba que los operadores más potentes acaparaban el 14,6% (un 20,7% si se incluía la primera decena).

Entre 2015 y 2017 se realizaron operaciones inmobiliarias por valor de más de 2.000 millones de euros. Son los resultados del informe de la consultora CBRE, que explica que “las pequeñas empresas no tienen la capacidad para competir con los grandes operadores y están siendo adquiridas en procesos de M&A [fusiones y adquisiciones]”, debido a la “optimización de los gastos de explotación” y “el acceso a fuentes de financiación más baratas”.

¿Quién invierte en las residencias de mayores?

La inversión privada está llegando, mayoritariamente, vía fondos de inversión internacionales. Incluso se han creado socimis expresamente para ello. Hace apenas un mes se anunciaba la creación de Healthcare Activos Yield, fruto de la unión del fondo español Altamar con Healthcare Activos. Esta última cartera está controlada por Oaktre, una de las firmas de capital riesgo que más dinero mueve en todo el mundo. Este se sumaría a Adriano Care, la socimi especializada de grupo Azora, Banca March e Indosuez. Se trata, por cierto, de una figura jurídica que goza de importantes beneficios fiscales, como la exención de impuesto de sociedades. Previsiblemente, su modelo consistirá en comprar terrenos para construir residencias o adquirir las existentes, que serían gestionadas por un tercero.

También hay carteras españolas que están entrando en el negocio, como Magnum, Thor Private Equity o Caboel, controlado por los expropietarios de Caprabo. Pero entre las inyecciones de capital destacan las de origen francés, que están copando el mercado. Sin ir más lejos, entre los grupos líderes. Es el caso de DomusVi, el primero de la lista en España -donde llegó en 2015- y tercero en Europa. La empresa controla 140 residencias (unas 20.000 camas) gracias a, entre otras operaciones, la compra y fusión de dos importantes grupos españoles (Geriatros en 2015 y, dos años después, SARquavitae).

En esos años cabe destacar el cambio de propietarios en DomusVi, que entre 2014 y 2017 estuvo controlado por el fondo PAI Partners, también galo. Un periodo en el que -según los datos del propio fondo- los beneficios antes de impuestos aumentaron en un 160% gracias, principalmente, a las inversiones en residencias españolas. Ahora, DomusVi es propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que es el vehículo de inversión de Yves Journel, fundador de DomusVi y una de las fortunas más acaudaladas de Francia.

Orpea -filial del grupo francés del mismo nombre- es el segundo gran operador en España y el primero en Madrid. Cuenta con medio centenar de residencias, unas 8000 camas. El grupo llegó a la Península en 2006 y, desde entonces, ha hecho adquisiciones de calado, donde sobresalen Atrevida (2012), Sanyres (2016) o Ecoplar (2018).

La tercera operadora, Amavir (43 residencias, 8.000 plazas), es fruto de la fusión de Amma y Adavir en 2017. La empresa forma parte del grupo francés Maisons de Famille, controlado a su vez por el fondo de inversión Creadev. Su propietario es la llamada Asociación Familiar Mulliez, una macrosociedad francesa que tiene en su cartera multinacionales como Decathlon, Leroy Merlin o Alcampo.

En el puesto cuatro no hay capital francés, pero sí de riesgo. Vitalia (40 residencias, 6600 plazas) está controlada por la cartera británica CVC, que compró la mayoría de sus acciones a la española Portobello, que sigue presente de forma minoritaria. Ya ha anunciado un plan de inversión de 141 millones de euros para aumentar su cuota de mercado en los próximos años. A día de hoy, mantienen seis centros en construcción. La última del ‘top 5’ es Ballesol (48 residencias, 4700 plazas), participada de forma mayoritaria por Santalucía. Aunque en menor escala, también está apostando por la ampliación de camas, con aperturas de dos centros este mismo año, además de obra nueva.

Aunque estos son los principales grupos, el desembarco del capital francés en el sector se está viendo también en sociedades más pequeñas, bien porque las acaban de comprar, bien porque las acaban de crear. Korian, el líder de las residencias de mayores en Francia -más del 50% del mercado-, Alemania y Bélgica, hizo sus primeras adquisiciones en España a principios de este año, con siete centros en Andalucía -1300 camas, consecuencia de la adquisición de Seniors- y otros seis en Mallorca -unas 700 camas que compró a Grupo 5-. También ha comprado Omega, empresa compatriota que gestionaba dos residencias en España.

O el caso de Lagune, una filial del grupo Batipart -de la familia Ruggieri, otra de las grandes fortunas de Francia- participada por Assurances Crédit Mutuel y Groupe Covéa, que ya ha firmado una veintena de acuerdos de sale & lease back (compra para alquilar). También hay inversiones algo más tímidas, como la de Patrimonial Reim, con seis residencias (unas 800 plazas).

“Allí no pueden crecer más y necesitan expandirse”

Pero, ¿a qué se debe la llegada de inversores franceses? La clave está en la ventaja comparativa que ofrece la legislación española, más laxa. Lo explica Ignacio Fernández-Cid Plañiol, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la patronal del sector: “En Francia, el mercado residencial es mucho más subsidiario. Allí la administración puede no darte la concesión si consideran que existe bastante oferta. Es un sector mucho más maduro, hay compañías que allí no pueden crecer más y necesitan expandirse a otros países, y España es ideal”.

En conversación con este periódico, Fernández-Cid subraya que carteras procedentes Alemania y Bélgica -con regulación similar a la francesa- también están invirtiendo en residencias españolas, “pero el factor vecindad influye mucho”. Es el caso del grupo alemán Fresenius, que compró Quirón en 2017. Que las inversiones en residencias estén acompañadas de adquisiciones de clínicas u hospitales es otra de las tendencias en los últimos años.

De cara al futuro, en la patronal consideran que “se seguirá produciendo más concentración, pero seguirá siendo un mercado muy atomizado”. “Está llegando bastante dinero de fondos de inversión que lo que quieren comprar es el ladrillo, no la gestión. Los rendimientos que tienen en otras inversiones son de alto riesgo y nosotros suponemos un sector de futuro por las expectativas que hay”, desarrolla su presidente, que admite que “la crisis nos hizo daño, pero somos capaces de aguantar vaivenes más fácilmente. Cuando una persona dependiente necesita servicio, lo demanda, pagará más o menos porque hay que ajustarse, pero lo sigue demandando”.

Todas las inyecciones de capital en el sector durante el último lustro han tenido como consecuencia el aumento de precio de compra. Según la consultora Angomed, este se ha disparado un 50% en el último año. Un incremento que ha llevado a que se apueste por la compra de terrenos para nueva construcción, ya que puede ser incluso más rentable. En el negocio, además, están apareciendo las constructoras, cuya presencia se ha incrementado en un 15%, calcula esta entidad. Hace unos meses, esta firma lanzó su propia inmobiliaria de residencias.

¿Puede haber una burbuja en el sector? “Hoy por hoy no es algo preocupante para el sector”, responden en la patronal, que recuerdan que la construcción estuvo parada entre 2008 y 2015, ya que “las entidades financieras cortaron el grifo”. “Va a mitigar la falta de creación de plaza de estos años”, aseguran.

“Un negocio cautivo subvencionado con dinero público”

“Cuando el Estado regatea la cobertura social con una red digna y propia mientras existe una gran demanda potencial para una necesidad vital, la rentabilidad potencial se dispara”, explica Albino Prada, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. Define este sector como un “negocio cautivo” que, además, está “en parte subvencionado con dinero público”. “No habría nada que objetar si fuese para una minoría de mayores que pueda pagar 2000 euros al mes”, continúa, “pero es que a los expulsados de la cobertura pública los fuerza a liquidar en muy poco tiempo buena parte de su patrimonio familiar”.

Prada incide en que la oferta de plazas públicas tiene un precio que alcanza el 80% de la pensión, mientras que las plazas subvencionadas por el Estado “pueden duplicar la pensión”. “Los recursos públicos debieran destinarse solo a centros públicos dónde los mayores aporten un máximo del 70% de su pensión”, propone, añadiendo como condiciones que sean “centros debidamente auditados en sus condiciones laborales así como en la dignidad de sus prestaciones”. “Solo así evitaremos situaciones de maltrato y abuso, producto de la avaricia de unos y la precariedad de otros”, asevera.

Este profesor sugiere que este fenómeno “no es ajeno a que con demasiada frecuencia aparezcan mayores en sus domicilios que llevan días fallecidos”, que son personas que “tendrían que estar en una residencia”. De este modo, advierte que se está “segmentando entre una red para pobres y otra para gente con recursos”.

José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Antes de responder este periódico aclara algo: “Defendemos el sistema de servicios públicos, que existan las suficientes para atender la demanda de lista de espera”. Eso sí, precisa que el coste de construcción de nuevas residencias -hasta 10 millones de euros por un centro de 100 plazas, estima- supone un “gasto astronómico para la Administración, por lo que se necesita la inversión privada”. “Somos favorables a que se concierte y se ponga a disposición de lo público”, dice.

Sobre el crecimiento del sector, admiten que les “preocupa la estabilidad, que se sobredimensionen algunas inversiones”. “Vemos con recelo que exista un oligopolio. Nos gustaría que estuviera más distribuido”, cuenta el presidente de este colectivo, que apuesta por “un modelo que no esté basado en los costes, sino en la calidad y las necesidades de los cuidados, pero eso está fuera de los objetivos de los inversores. Es un problema grave que no sabemos dónde atajar”.

Uno de los mayores temores de estos profesionales es el aumento de precios ante la escasa oferta haga que “las empresas no quieran concertar plazas con lo público, porque ya tienen asegurado el negocio”. “Los centros residenciales se han hecho en muchos casos a golpe de mitin electoral”, lamenta Ramírez, que se muestra partidario de “hacer una planificación racional con mapa de recursos”. La prioridad, concluye, es atender a los 110.000 dependientes que “en su mayoría precisan una plaza de residencia o la van a precisar en un futuro próximo. Ahora mismo hay que seguir concertando plazas, todavía hay muchas vacías que no se conciertan porque no hay dinero”.

“Está empeorando las condiciones de los residentes”

“Lo vemos con preocupación. Está incidiendo en un empeoramiento de las condiciones de vida de los residentes”, lamenta Miguel Vázquez, portavoz de Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias), quien destaca que el 13% de las residencias de la Comunidad de Madrid son públicas (la mitad que la media nacional). Entre las públicas, el 40% son de gestión privada. “DomusVi se ha quedado con residencias que ya existían y lo que llevaban aparejado, como los contratos de gestión pública”, pone como ejemplo.

Paralelo a estos movimientos inversores, apunta, “las condiciones empeoran a marchas forzadas y las ratio de personal son tan bajas hacen que sea el paraíso para estos fondos de inversión”. Aquí ofrece algunos datos: hay un ratio establecido de 0,47 trabajadores por cada residente. “El residente está 24 horas pero los trabajadores están ocho, así que en realidad hay 0,15 de trabajadores, y ahí entran jardineros, administradores, directores… No solo el personal de atención directa”, recuerda Vázquez.

En Pladigmare critican que “no hay absolutamente ningún plan de construcción de residencias públicas ni se prevén”, algo que choca con que esté recogido en la Ley de Dependencia: “Es un servicio social, el Estado no se puede desentender de él. Van a seguir apostando porque la iniciativa privada cubra esas necesidad”. Así, señalan que muchos mayores “tienen que vender sus poco patrimonio para poder pagar una residencia”. “Toda una vida trabajando y tienes que vender tu vivienda para ir a un centro que está gestionado por un fondo de inversión en el que igual está el empresario con el que peleaste por una subida salarial”, zanjan.

José Manuel Naredo (Madrid, 1942) lleva toda una vida de estudios económicos al más alto nivel. Ya retirado de la docencia rutinaria, sigue acudiendo a dar clase de forma puntual a la universidad, participa en algunos tribunales de tesis doctorales e imparte conferencias. Y, sobre todo, sigue estudiando. Fruto de ello es Taxonomía del lucro (Editorial Siglo XXI, 2019), un libro en el que disecciona la evolución de la adquisición de la riqueza a lo largo de la Historia, su concepción social, y cómo ha sido desligada de la producción, que suele ocupar los debates económicos centrales.

Doctor en Ciencias Económicas y Estadístico Facultativo, fue uno de los pioneros en el estudio de la economía ecológica en España, lo que le ha merecido reconocimientos como el Premio Nacional de Medio Ambiente (2000) o el Premio Internacional Geocrítica (2008). Entre sus publicaciones, también destacan las relacionadas con cuestiones urbanísticas, burbujas inmobiliarias mediante. De hecho, es profesor ad honorem de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la Universidad Politécnica de Madrid.

Naredo recibe a eldiario.es en su domicilio particular en el norte de Madrid. Irónicamente, cerca de los terrenos públicos en los que BBVA y la Constructora San José llevará acabo la ‘operación Chamartín’, aunque también de otros megaproyectos urbanísticos. “Mira, desde aquí se ven las torres del Real Madrid”, bromea antes de la entrevista, señalando el complejo empresarial que se edificó sobre la antigua ciudad deportiva del equipo de fútbol.

¿Por qué una taxonomía del lucro?

Hay formas de adquirir dinero que no están ni siquiera clasificadas ni ordenadas. Caí en la cuenta del efecto encubridor tan potente de la ideología económica dominante. Desde Aristóteles se ve un divorcio entre la gestión de las cosas públicas y el dinero. Eso cerró en falso el enfoque económico ordinario, al dar por bueno sin más todo el lucro que figura en el agregado de producción, el famoso PIB, ignorando plusvalías que no figuran en él. Además, en el PIB igual se suman aeropuertos sin aviones que los sobrecostes de la M30. Había que hacer una taxonomía para ver de qué estamos hablando: todo el lucro cuela como bueno, pero es para el que lo saca, no para el conjunto de la sociedad, que es la que paga los platos rotos de todo eso.

La idea de producción surge como producción de riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo, y de eso ya no queda prácticamente nada. Es pura extracción. Por eso hablo de la metáfora absoluta de la producción, en tanto que sobre una cuestión relevante añade juicios de valor sin respaldo empírico ni racional alguno. Vale, aumenta la producción, ¡qué bien! ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué hay dentro? Es un cajón de sastre de valor, revender con beneficio, que no tiene por qué ser bueno para la sociedad.

En el libro hace una crítica tanto al liberalismo como al marxismo por estar muy centrados en la producción, mientras obvian la adquisición o la mera extracción que mencionaba.

Hay una deriva de financiarización y una multiplicación del valor de los activos patrimoniales, ya sean financieros o inmobiliarios, a unos ritmos muy superiores a las tasas a las que crece el famoso PIB o la renta. Hay una separación total del lucro que se obtiene emitiendo dinero bancario o, también, financiero, con el canje de acciones, la retribución a directivos con stock options... Esto suple las funciones del dinero ordinario. Todo eso va creciendo y, si haces proyecciones siguiendo las tasas, dentro del siglo actual el PIB se queda como algo enano en los gráficos. Y siguen oficiando como si lo otro no existiera, cuando se está promoviendo esa inflación de activos patrimoniales, que es capacidad de compra sobre el mundo. Quienes tienen la propiedad y pueden crear dinero se llevan el gato al agua mientras se genera una polarización social muy fuerte. Es un régimen clientelar en el que los que están fuera se quedan marginados.

También explica que ha cambiado la concepción social de ese lucro en las últimas décadas. “Los antiguos vicios se convirtieron en virtudes”. ¿Cómo ha sido?

Las formas de enriquecimiento, que no tienen nada que ver con la competencia o la capacidad, tienen un efecto social, cultural y educacional. Ves gente que se promueve porque ha conseguido dar un pelotazo inmobiliario, cosas en las que cuentan mucho más las relaciones o la pillería que el conocimiento o el saber hacer respecto a cosas más de fondo, como la educación o la creación. Eso genera una cultura del ‘sálvese quien pueda’ individual. Es un sistema de adquisición de riqueza para nada, como si tuviera detrás bienes y servicios que tienen utilidad para todo el mundo.

¿Qué papel juegan las fuerzas del trabajo en todo esto?

Ha habido cambios importantes que han alterado la función del trabajo. Se ha roto por completo con ese proletariado que, en el enfoque marxista, se pensaba que podía ser la chispa para conseguir la movilización social. El propio sistema ha ido cambiando y devaluando cada vez más, con paro y con miedo a pérdida de trabajo. Si para vivir se necesita trabajar y obtener un salario, ahí hay un poder desigual. Con la mejora de principios de siglo y el sindicalismo hubo importantes mejoras, pero estamos en otra fase, que es al revés.

“El lucro sin contrapartida es un privilegio”

De cualquier modo, el lucro siempre ha existido, ¿qué ocurrió con la llegada de la Modernidad para que se transformara de esta forma?

La clave está en cómo se impuso la ideología económica dominante. Entró por la metáfora de la producción, que poco a poco fue derivando hasta cortar el cordón umbilical que unía esa idea de sistema económica al mundo físico y dejar que siguiera ya en el mundo de los valores monetarios sin más. Al mismo tiempo, se liquidaron las críticas al interés y a la noción de lucro cesante.

En la Revolución francesa, los privilegios de la nobleza por condiciones sin contrapartida alguna fueron los que motivaron la protesta. El lucro sin contrapartida es un privilegio de los propietarios. Ahora se confunde la libertad de hacer lo que quieran los propietarios, que es algo más del Antiguo Régimen que de la utopía liberal. Es libertad de explotación y hacer lo que quieran.

Una de las cuestiones que destacan Taxonomía del lucro es la ecológica, que ha tomado gran relevancia en el último año. ¿Cómo actúa el lucro sobre la naturaleza?Taxonomía del lucro

Es lo que con Antonio Valero hemos llamado la ‘regla del notario’: inversamente proporcional al coste físico, empiezan los procesos de extracción a precio cero, nadie piensa reponer nada, el mineral, el petróleo… Nada. Eso se toma a precio cero, se acepta implícitamente. En el trabajo ocurre lo mismo: las actividades humanas con más coste físico son las peor retribuidas.

La noción de desarrollo es posicional: los que se colocan en la parte más valorada de la ‘regla del notario’ son los países que ejercen como extractores de capitales del resto del mundo, básicamente. En ese sentido, la propia taxonomía que establezco afina cuál es el origen, si son riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondos o son renacientes pero con menoscabo de los bienes fondo. También si meramente es extracción, es decir, no son renacientes, o elaboración utilizando energía y materiales.

Hay quien comienza a criticar ya la aparición de una suerte de “capitalismo verde”.

Lo que están haciendo es propaganda de imagen verde pura y simplemente. No es una cuestión de capitalismo o no, sino de sociedad industrial, donde está esa metáfora de la producción que mencionaba antes. Mira la Unión Soviética, que colapsó desde dentro. Lo que ha funcionado es el clientelismo político, que no es de derechas ni de izquierdas, ha funcionado en todos los sistemas. Los que antes cortaban el bacalao estando en la cúspide, la Nomenklatura, han pasado a ser ahora los propietarios de las cosas sin cortapisas.

Una de las finalidades de esta taxonomía es la nueva tipificación de delitos económicos. ¿Cómo se podría llevar a cabo?

La taxonomía del lucro busca que se clasifique, se jerarquice, para orientar a la legislación, que es la que tipifica luego los delitos económicos. Clasifico el lucro de dos formas: las actividades que lo generan y sus beneficiarios. La clasificación de las actividades, con alguna contrapartida más o menos utilitaria, y luego los que no tienen contrapartida social alguna. En cuanto a delitos económicos, el grueso no sale en la foto porque son legales.

En el franquismo ya había pelotazos inmobiliarios, que entonces se llamaban escándalos, pero ahora se ponen como ejemplo de buen hacer político y profesional, y lo aguanta la legislación. Los poderosos se creen indemnes, capaces de hacer lo que sea. Entonces meten la pata, que es lo que pasa con los paraísos fiscales, por ejemplo.

En España hay distintos casos respecto a la ley del suelo. El caso de Valencia, donde se dio carta blanca, contrasta con el de Lanzarote, que allí ha sido pionero en cuanto a contención inmobiliaria. En el segundo caso, ha reventado el caciquismo local inmobiliario, que ha respondido con la ilegalidad, pero si lo hubieran hecho en otro territorio con otra legislación estaría admitido. En este país, aquello de que ‘quien hizo la ley hizo la trampa’ ha ido bastante bien encaminado.

Respecto al resto de Europa, ¿también existe la excepción española en esta materia?

El concepto ‘pelotazo inmobiliario’ no tiene ni una expresión similar en alemán, francés o inglés. Es algo muy carpetovetónico. Ahí ves que, efectivamente, hay modelos inmobiliarios distintos. El alquiler -también el alquiler social- predomina en Alemania o Suiza y allí se rentabiliza pero pausadamente, cobrando alquileres compatibles con la renta disponible de la gente. En Suiza y Alemania, qué casualidad, no han tenido la burbuja inmobiliaria, ni una crisis como la de aquí. Claro, es que tienen otro modelo, con el suelo más regulado.

También está el caso de Francia, donde hay mancomunidades de municipios, donde consideran que, si hace falta, destinan el suelo para algún fin. Es algo más consensuado, con una participación social. Hay una cultura que no admite que uno venga, sin encomendarse a dios ni al diablo, y haga estos megaproyectos y operaciones. No se concibe que una alcaldesa saliera en prensa, como hacía aquí, diciendo que iba a multiplicar por cinco la población. Por favor, se multiplicarán las viviendas si acaso, que somos casi el país menos prolífico demográficamente del mundo, ¿cómo va a multiplicarse?

“No se discute la reconversión del modelo inmobiliario”

Hay también cuestiones normalizadas en Europa, como la regulación de precios del alquiler, que aquí generan controversia.

España era un país de alquiler en el censo del año 50, más de la mitad del stock estaba en alquiler. En Madrid era el 97% y prácticamente en todas las ciudades era más del 80%. En ese momento, el primer ministro de la Vivienda, José Luis Arrese [1957-1960] hace un esfuerzo para invertir la situación por razones políticas: trataba de hacer un país de propietarios, no de proletarios, que estuvieran sujetos a pagos de crédito. De paso, buscaba generar lo que se llamaba gente de orden, claro. Hubo un entusiasmo digno de la mejor causa.

Ese modelo se terminó acentuando con la democracia, hasta que culminó con la última burbuja. Así, España ha sido predominantemente un modelo de vivienda en propiedad, mientras el mercado de alquiler era raquítico y ha colapsado. El grueso de los jóvenes no pueden comprar la vivienda, aparte de que sigue disminuyendo el conjunto de deuda de los hogares para ello. No es que no haya repuntado, es que sigue cayendo y han tenido que ir al alquiler, con una presión inusual. Pese a todo, no se discute una reconversión del modelo. Es lo que llevo diciendo todo mi vida, pero parece que los políticos se entretienen en otras cosas.

Hablando de este tema, y ya que estamos tan cerca del terreno,¿cómo valora la operación Chamartín?

Es una más. El urbanismo de Madrid no se ha hecho por planeamiento, sino a golpe de operaciones inmobiliarias. Solo hay que observar las divisiones al ver el skyline de la ciudad, que ahora se va a remarcar aún más. La operación Chamartín tiene su origen en dar el pelotazo con unos terrenos, igual que ocurrió con las torres en los terrenos del Real Madrid. ¿Qué sentido tiene cuando hay una sobredosis impresionante de oficinas? ¿Se va a vaciar la Castellana para irse allí? ¿Se van a quedar vacías? Sin ir más lejos, las torres de Florentino [Pérez] están en un 18% vacías y están enfrente. Habría que haberlo puesto en cuestión con transparencia y ver cómo se podía reconducir. Si el desequilibrio de la ciudad ya se ve en el tráfico, la gente que va del sur al norte a trabajar, eso se va a agravar.

Es la idea de los activos inmobiliarios con esa liquidez creciente en el mundo. Luego son capaces de venderlo o traspasar los derechos. La cuestión es que no les quiten la edificabilidad, que es lo que tenían ahí como una rúbrica importante que le da solvencia al BBVA en el balance. ¿Qué sentido tenía la torre Picasso o las torres Kyo? Se pueden poner muchos ejemplos. Todo va en esa línea y se justifica siempre que hace falta, aunque demográficamente este país construyera más viviendas que Francia y Alemania juntas, que tienen tres veces más población... Es increíble.

Por último, cada vez suena más fuerte la llegada de una nueva crisis económica, ¿por dónde vendrá esta vez?

Parte de la crisis se cerró en falso, ha sido una huida hacia delante aumentando esa liquidez sobre el mundo. Por ejemplo, en el libro explico que la Reserva Federal aumentó casi por cinco su tamaño en esos años, y en el Banco Central Europeo ha sido algo menor porque adoptó esas políticas más tarde. Eso lo que ha generado es la inflación de los activos patrimoniales, ni siquiera ha favorecido un repunte de la actividad económica en general, que ha sido bastante tenue, ni la masa salarial ha repuntado, no ha habido inflación de los precios al consumo.

Se está confundiendo una nueva burbuja con lo que es un reajuste. Lanzan datos sesgados de que repunta, pero tendrán que esperar sentados, si han devorado el ahorro del país, ahora tocará desendeudarse y que la banca reduzca su riesgo y exposición al ladrillo. Hay operaciones de reajuste, no burbuja, que si no viene amparada por el crédito, no puede venir, nunca se ha viso. Es absurdo.

Era “un frente común en defensa de los derechos de los apostantes”, una vía para “poner en conocimiento de los tribunales las prácticas fraudulentas”. Era primavera de 2016 y acababa de nacer mueBETe, un proyecto para aunar jugadores que querían demandar a bet365 por bloquear sus cuentas. Pero en todo este tiempo ha pasado de todo: la denuncia no prosperó por errores del abogado, los clientes le acusan de ocultar información y, claro, piden la devolución de su dinero, que llega con cuentagotas. Hay más de 200 afectados.

La plataforma comenzó como un punto de encuentro de clientes de bet365 a los que se les bloqueaba la cuenta tras haber conseguido beneficios importantes. Así, les impedían seguir jugando y, de paso, extraer los beneficios acumulados. Son los denominados ‘típsters’, que estudian modelos estadísticos de distintos deportes para apostar con mayor probabilidad de acierto.

Después, contrataron los servicios de un abogado, Ricardo Fábrega, para presentar la demanda judicial. Cada jugador que quisiera formar parte de la causa tenía que aportar 60 euros. La coyuntura animaba sumarse a la iniciativa: las sentencias condenatorias contra esta casa de apuestas por “cláusulas abusivas” se han sucedido en los últimos años. Pero el tiempo pasaba y apenas había novedades sobre el proceso judicial. Cada vez que los integrantes de mueBETe leían la noticia de una sentencia condenatoria a bet365 por casos similares pero denunciados por particulares, se extrañaban de que siguieran sin noticias de su caso.

Fábrega informaba de las novedades a través de un canal privado de Telegram donde, entre otras cosas, les contó que la demanda había sido admitida a trámite, que estaban a la espera de juicio y, de paso, criticaba el “lento funcionamiento de la Justicia”. Así durante tres años, aunque el enfado se iba generalizando y uno de los afectados decidió llamar al juzgado. El resultado fue la confirmación de sus peores presagios. Lo que fallaba no era el funcionamiento de la Administración, sino que la demanda había estado paralizada por errores de forma y el abogado no les había dicho nada, pese a que aquello había ocurrido meses antes.

Los errores en la demanda

El problema fue que una cuarta parte de los clientes no firmaron el apud acta, que es el documento por el que se otorgan poderes de representación al procurador. Sin él, el procedimiento no podía seguir. Las demandas de este tipo -con centenares de clientes- se suelen hacer a través de poderes notariales, más ágiles pero con un coste que ronda los 50 euros por persona. El abogado optó por el otro método, que es gratuito pero tedioso, pues deben acudir todos los demandantes al juzgado en las fechas establecidas. Es decir, en unas pocas semanas había que coordinar a dos centenares de personas repartidas por toda España que, en algunos casos, eran difíciles de localizar porque el único contacto que dejaron fue un correo electrónico.

No consiguieron cumplir el procedimiento en el tiempo establecido, pero el tribunal les dio una prórroga. Tampoco lograron completar todas las firmas. Aún era octubre de 2016.

El abogado dijo a los clientes que el proceso seguía adelante, adelantándoles que la vista sería en marzo o abril, según sus cálculos. Pasaron esos meses y no había convocatoria, pero Fábrega defendía que estaba “tranquilo porque el trabajo jurídico está bien planteado”. Es más, aseguraba que “otros tres bufetes a nivel nacional han querido que les dé consejos sobre la forma de plantear la complicada demanda, y lo importante es cómo salga el juicio”. Poco después, informó de que había solicitado el “impulso procesal del procedimiento”. Todo ello está recogido en el historial del canal mencionado de Telegram, al que ha tenido acceso este periódico.

Entre medias de todo esto, en octubre de 2017, Fábrega presentó una segunda demanda con nuevos interesados. De hecho, buscaba juntar ambas en un mismo caso, garantizando que no ralentizaría el proceso y optó, de nuevo, por los apud actapara la representación de sus clientes.

Pasó un año sin apenas novedades hasta que comunicó que bet365 “no tratará de llegar a acuerdo en la audiencia previa y tendremos que seguir hasta sentencia”. Unos meses después, ya a principios de 2019, el procedimiento caducó por haber estado inactivo durante dos años, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para que hubiera seguido adelante, tenían que haber firmado todos o, en su defecto, que desistieran quienes no habían firmado. El abogado recurrió, pero fue desestimado. Lo mismo ocurrió, algunos meses después, con la segunda demanda.

Los demandantes no supieron nada hasta julio, cuando llamaron por su propia cuenta al juzgado. Ahí descubrieron el problema de las apud acta y la opacidad del abogado durante el proceso, que se negó incluso a darles una copia de la demanda. Según dijo, por si se había infiltrado “alguien de bet365” como cliente.

“Hablé con él y le dije que se lo dijera a todos porque si no, lo iba a hacer yo”, explica a eldiario.es el jugador que descubrió el desaguisado. “Aparte de sentirnos engañados, pesa el tiempo perdido. Ahora vemos otras sentencias y nosotros tenemos que empezar de nuevo. Hemos perdido tres años”, lamenta este jugador, que prefiere que no se publique su nombre. Al igual que muchos integrantes de mueBETe, él va a demandar ahora a bet365 de forma individual, aunque otros afectados lo volverán a intentar en grupo (de forma más reducida, eso sí).

El caso ha llegado incluso al Colegio de Abogados de Toledo, al que pertenece este letrado. Uno de los clientes de la segunda demanda les ha escrito para alertar de lo que considera una “mala práctica profesional” y pedir su mediación para lograr una “solución definitiva”. Esta persona, que también pide mantenerse en el anonimato, alega tres motivos en su escrito: que se optara por los Apud Acta cuando ya habían dado problemas, “la falta de información debida a sus representados” y la demora en la devolución del dinero.

El dinero que no llega

“Este mensaje no es para dar buenas noticias, sino todo lo contrario”, comenzaba el texto con el que Fábrega comunicaba a los clientes que el caso había sido sobreseído. “El Juzgado debió seguir el procedimiento con los [apud acta] que había hechos y recibidos pero no lo hizo, no llegó a dar el traslado a Bet365 y han archivado. Deberían haber continuado el procedimiento con la gente que seguía, pero no lo han hecho así”, explicaba. En concreto, aludía a que la ley recoge como excepción que la causa de la caducidad del procedimiento no sea “imputable a la voluntad de las partes”, algo que el tribunal no consideró que ocurriera en este caso. “El enfado y disgusto que tengo es tremendo, pero como abogado del tema debo asumir mi responsabilidad en lo ocurrido”, continuaba Fábrega.

En la misma comunicación, por cierto, añadía una frase que ha levantado las sospechas de algunos afectados sobre la relación del letrado con la casa de apuestas: “He de informar que he tenido varias conversaciones con el bufete jurídico de Bet365. La última vez ha sido una llamada que he recibido de ellos el viernes 5 de julio, por la que me indican que están estudiando nuestra reclamación y que responderán en estos próximos días”. Aunque el abogado se ponía también a “disposición para explicar lo ocurrido”, en el mensaje no hacía referencia alguna a la opacidad que había matenido con sus clientes.

Eso sí, el abogado les animó a iniciar una nueva demanda, dando también la opción de devolverles su dinero, que ha sido la escogida por muchos. Este ha sido el penúltimo problema que han tenido, puesto que los importes llegan poco a poco e impacientan a quienes siguen en lista de espera. “Le he enviado cuatro e-mails y no he tenido respuesta”, apunta un afectado. “Él dijo que devolvía el dinero al que no quisiera seguir hacia delante. Le mandé un correo electrónico esa misma semana, me pidió el número de cuenta. Llevo así desde julio y ni un euro”, lamenta otro, que recibió el dinero poco después de hablar con este periódico.

Los afectados no se explican muchas cosas. Por ejemplo, no entienden por qué el letrado siguió durante años con una causa que no podía prosperar, ni la opacidad al respecto, ya que podían haber empezado de cero apenas unas semanas después de los primeros problemas con los apud acta. eldiario.es ha intentado contactar en varias ocasiones con Fábrega, sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Bravo Murillo es la calle con mayor número de locales de juego en Madrid: dieciséis en poco más de dos kilómetros. Una condición que le ha llevado a ser escenario de la manifestación de este domingo contra estos negocios, a la que han acudido cerca de 3.000 personas bajo el lema 'Ellos se lucran, la clase obrera se arruina'. Aunque la marcha se convocó inicialmente en la capital, ha tenido réplicas en otras ciudades como A Coruña, Granada o Cartagena.

“Esta calle simboliza la problemática que hay en todo el Estado”, explicaba Adrián Belaire, portavoz de la Plataforma contra las casas de apuestas en Madrid, a eldiario.es desde la cabecera de la manifestación. Se trata de la segunda marcha contra las casas de apuestas que acoge esta calle, que el año pasado reunió a varias decenas de personas bajo el lema 'Tetuán no es un casino'.

El objetivo, “denunciar a pie de calle y en la puerta de los locales esta problemática, que afecta a familias trabajadoras de barrios como Tetuán”. “Hay bastante gente y vemos cómo muchos vecinos se unen. Llevamos trabajando muchos meses, y este es solo el comienzo de una lucha”, celebra este joven madrileño. La marcha ha comenzado en la glorieta de Cuatro Caminos y ha llegado hasta la plaza del Canal de Isabel II. Ahí se ha leído el manifiesto, en el que se pide el fin de estos negocios: “No queremos que se regulen ni se limiten, queremos que desaparezcan. No pararemos hasta que se cierre el último de estos locales y la última web de juego online y se emita el último anuncio de casas de apuestas”.

Las organizaciones adheridas a la protesta se cuentan por un centenar. Entre ellas, hay partidos políticos (Podemos, Anticapitalistas e IU Madrid), sindicatos (CNT, Sección Joven CCOO), colectivos universitarios (Carlos Marx de la UC3M o Aula Social Autogestionada de la UCM), asociaciones de vecinos (FRAVM, Distrito 14 Moratalaz, Tetuán Resiste) y distintas asociaciones de familiares de alumnos de centros de enseñanza públicos, donde están previstas charlas y talleres informativos.

A lo largo del recorrido se han sucedido cánticos como 'Sportium, Codere, aquí no se os quiere', 'Ellos siempre ganan, los barrios siempre pierden', 'Si hay que apostar, que sea por luchar' o 'Ese local lo vamos a cerrar'. Cada casa de apuestas por la que pasaba la protesta iba siendo cerrada automáticamente cuando llegaban los manifestantes. Incluso han sido protegidas, una vez clausuradas, por varios agentes de la Policía Nacional.

Había manifestantes de todas las edades, aunque destacaba la presencia de jóvenes veinteañeros. Jesús e Irene son algunos de ellos. “Hemos venido para pedir el cierre de las casas de apuestas. Están degradando nuestros barrios y arruinando a la juventud”, espetaba el primero, mientras que su compañera recalcaba que se trata de “una lacra que afecta a la periferia de Madrid, a los barrios obreros”. “Tampoco hay que olvidar a los mayores: hay jubilados que se dejan la pensión en el bingo”, advertía.

Lourdes, de mediana edad, ha venido desde Carabanchel. Allí, denuncia, “todas las esquinas son casas de apuestas”. “Les dan comida y bebida a precios baratos, y en estas zonas hay muchas necesidades”, lamentaba sobre las ofertas de restauración. A solo unos metros de donde se encuentra, un local de juego promociona sus desayunos: 1,50 euros por un café con tostada o bollería. “Me parece una sinvergonzonería del sistema. Siempre con los más débiles y ahora les está metiendo en el juego, una adicción muy peligrosa que se genera con la esperanza de ganar unos pocos euros apostando”, disparaba.

“Muchos de estos locales están muy próximos a colegios e institutos y no tienen ningún tipo de control de acceso que impida que los menores entren”, denuncia también el manifiesto leído por los convocantes, que han recordado que a pocos metros de los negocios de juego de Bravo Murillo hay varios centros de enseñanza. “Tiramos el poco dinero que tenemos en estos sitios con la remota esperanza de que un golpe de suerte nos arregle la vida, pero la realidad es que los golpes de suerte no llegan: salimos de allí con menos dinero y ánimo, pensando que 'tal vez mañana'”, critican. Inciden en que “los dueños siguen frotándose las manos, porque cuanto más pierdes tú, más ganan ellos”.

Con todo, concluyen reivindicando “un ocio digno y alternativo para nuestra juventud, alejado del consumismo y la falsa ilusión de hacerse rico”, como puede ser el deporte o la música, algo que se complica “ante la inexistencia o malas condiciones de infraestructuras y recursos en los barrios obreros”.