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El exministro Catalá vuelve a Codere y el PP refuerza sus lazos con el sector del juego en plena ofensiva regulatoria

El expolítico, que ya fue secretario del consejo del grupo hasta 2011, será colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales

El exministro Pío Cabanillas también es consejero de esta empresa, cuyo rival Orenes tiene como socio y consejero en varias filiales al exdiputado popular Andrés Ayala

Pedro Sánchez prometió la semana pasada "actuar con rigor para prevenir las ludopatías": "La sociedad nos pide que regulemos el juego, que se ha extendido de forma descontrolada"

Cs pide la comparecencia urgente de Catalá por el "chivatazo" a González

El exministro Rafael Catalá. EFE

El exministro de Justicia Rafael Catalá regresa al grupo de juego Codere, del que va a ser colaborador externo y asesor global de relaciones institucionales, según avanza este martes El Confidencial y ha podido confirmar La Sexta en conversación telefónica con el expolítico.

Catalá, que desde que se anunció en mayo su renuncia al escaño ha multiplicado su actividad privada, ya fue nombrado el mes pasado presidente de Belagua, sociedad del empresario hotelero y declarado socialista (con varias sociedades en la lista de morosos con Hacienda) Antonio Catalán. El exministro, abogado y lobbista va a encargarse de engrasar las relaciones de Codere con el poder político en un momento en el que desde muchos sectores se pide una regulación más estricta con el sector del juego.

El último aviso llegó la semana pasada, cuando en el discurso de su fallida investidura, Pedro Sánchez prometió, sin más detalles, "actuar con rigor para prevenir las ludopatías". "La sociedad nos pide que regulemos el juego, que se ha extendido de forma descontrolada", dijo. La propia Codere ya reveló hace unos meses que el lobby del sector Cejuego multiplicó el año pasado los contactos con políticos en un entorno de importantes cambios regulatorios a escala autonómica.

Catalá ya fue secretario del consejo de administración del operador de bingos, casinos, apuestas online y máquinas recreativas hasta 2011, justo antes de fichar por el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Con su regreso a Codere, con la que no ha sido posible contactar, se refuerzan los vínculos del PP con este sector en plena ofensiva regulatoria ante la proliferación de las casas de apuestas en las zonas más humildes de las grandes ciudades.

Otro de los rostros conocidos del PP vinculados al juego es el del exdiputado Andrés Ayala, que como reveló eldiario.es desde hace años es socio del grupo murciano Orenes y tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa. Orenes está ultimando la apertura del mayor casino de España en Murcia.

Catalá fichó como secretario general de Codere tras su etapa como secretario de Estado de Justicia (2002-2004) en el último Gobierno de Aznar. Permaneció como directivo de la empresa hasta diciembre de 2011, aunque siguió vinculado a su fundación como patrono hasta 2014. Su puesto en ese órgano lo ocuparía luego otro exministro del PP, Pío Cabanillas.

Desde 2016, Cabanillas es consejero de Codere en representación de los intereses de la familia Martínez Sampedro, antiguos accionistas de control de la empresa hasta que un grupo de fondos buitre tomó el control del grupo tras la reestructuración de una deuda de cerca de 1.300 millones. El exministro de José María Aznar llegó a facturar a Codere cerca de 300.000 euros por sus servicios como asesor mientras representaba a la sociedad Masampe en su consejo de administración.

Sometida a un sector altamente regulado, Codere está acostumbrada a sentar a expolíticos en su consejo de administración, en el que en el pasado tuvo entre otros a Juan Junquera (secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero) y el profesor universitario José Ignacio Cases, secretario general de la Comisión Nacional del Juego en los años 80 y luego vicepresidente de su fundación.

En enero de 2013. La agencia Bloomberg reveló la relación entre Codere y el despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y acusó al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias de juego online y, con ello, beneficiar a Codere.

Hacienda se apresuró a publicar un contundente desmentido en el que negaba "tajantemente la acusación de tráfico de influencias en favor de la empresa española de juego Codere por supuestos contactos personales con el ministro". Incluso anunció una querella contra Bloomberg y el periodista que firmaba la información, pero nunca llegó a presentarla.

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