Josep Piñol, artista de 31 años de las Tierras del Ebro, era consciente de que no pintaba nada en aquel lugar: una convención de gente poderosa, adinerada, reunida en un hotel de lujo. En ese encuentro estaba, en sus palabras, “el establishment económico del país”. Le había invitado una conocida. Tuvo curiosidad. Primero fue a un encuentro similar en una casa, y después, le invitaron a una segunda reunión, en un hotel. Piñol pide no dar detalles del lugar ni de las personas que estaban presentes. En el momento del cóctel, un hombre de unos 80 años se dirigió a un grupo reducido de personas y, copa de champán en mano, empezó a hablar. Había dedicado su vida entera a asesorar a gobiernos e instituciones, dijo, y había sentido “mucha vergüenza” al leer en la prensa sobre una operación financiera que se acababa de tejer entre dos compañías. Los representantes de ambas empresas estaban allí presentes, de pie, justo delante de Piñol. “El tipo les empezó a vacilar y dijo: 'Bueno, no hay mucho que hacer aquí porque lo que he visto después de toda mi trayectoria es que nadie está dispuesto a renunciar a sus propios intereses'”. Y prosiguió: “Miraos, todos aquí con trajes carísimos, que no bajan de los mil euros. ¿Quién está dispuesto a renunciar a su privilegio? Nadie. Así que brindemos por el clima, por la hipocresía, por la sostenibilidad y por las evitadas”.

¿Qué son las evitadas?, se preguntó el artista. La operación a la que se refería el hombre era la siguiente: una compañía había financiado a otra para que dejara de extraer gas. La “no extracción”, cuenta ahora el artista, que no quiere desvelar de qué empresas se trata, se había computado en el mercado voluntario de emisiones evitadas. Esas personas, las que habían cerrado la transacción, también brindaron. “Por las evitadas”.

Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno

En el complejo universo de los mercados de emisiones de carbono, tanto en el obligatorio como en los voluntarios, existen los créditos por emisiones ‘evitadas’: aquellas toneladas de CO2 que una empresa o entidad habría logrado no enviar a la atmósfera tras adoptar una medida concreta. Puede ser una instalación de energías renovables que se construye en lugar de una central de combustibles fósiles, o un plan de una empresa que contempla usar una flota eléctrica frente a la que ya tiene, de diésel, entre otros muchos proyectos posibles. Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno, o para que el informe financiero de una empresa destaque esta aparente reducción de emisiones con la que seducir a nuevos inversores o satisfacer a los actuales.

En sí, son operaciones completamente legales, y más o menos reguladas (mucho más en sistemas obligatorios como el esquema de comercio europeo). Por supuesto, existen trampas. Una investigación liderada por The Guardian, el periódico alemán Die Zeit y la ONG periodística SourceMaterial reveló en 2023 que más del 90% de los créditos de compensación emitidos por la principal certificadora a nivel mundial, Verra, y que habían usado grandes empresas como Disney, Shell o Gucci, eran créditos fantasma y no representaban una reducción real de las emisiones. Los periodistas pudieron comprobar que buena parte de los proyectos para mantener bosques y evitar la deforestación, que habían generado esos créditos, eran meras alegaciones y conjeturas. Se basaban en amenazas de tala sobreinfladas en más del 400%.

Para Carbon Brief, un medio dedicado en exclusiva a la política climática, que ha investigado y seguido de cerca las trampas en la financiación climática y los mercados de carbono, ese es el problema. “Estos mercados se basan en una hipótesis contraria a los hechos, en un escenario que nunca ocurrió y no se puede demostrar que hubiera ocurrido”, explica Josh Gabbastiss, especialista en financiación climática y periodista en este medio. Gabbastiss arguye que, si un agente (una empresa, un país) alega que, de no haber construido un parque eólico o una planta solar determinada, habría impulsado una infraestructura de combustibles fósiles en su lugar, no es muy fiable. “La realidad es que hoy en día sale muy barato instalar tecnología renovable, así que en muchos de los casos simplemente tiene sentido económico apostar por renovables antes que infraestructura fósil”, dice. “O, en el caso de los créditos forestales, ¿cómo se puede probar que en realidad ese bosque hubiera sido talado?”, plantea.

A diferencia de los créditos por evitación, la compensación por retirar CO2 de la atmósfera, bien plantando árboles, bien –algo bastante menos frecuente– construyendo infraestructura de captura y almacenamiento de carbono, es mucho más fácil de medir. “Pero la mayor parte de la compensación en mercados de carbono no proviene de la retirada de CO2, sino de la reducción o evitación”, incide este especialista.

Por ejemplo, buena parte de la compensación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el programa de Naciones Unidas que impulsó el Protocolo de Kioto (1997), provino de proyectos hidroeléctricos en Brasil, China o India, así como de otras instalaciones renovables. “Se entiende de manera generalizada que esos desarrollos se habrían llevado a cabo de todos modos. Por tanto, no hubo ninguna acción climática adicional como resultado de esos proyectos de compensación”, argumenta Gabbastiss, que concluye: “Significa que las compensaciones en sí mismas no tienen ningún valor”.

“Qué fúnebre… ¿Hasta dónde hemos llegado?”, pensó Piñol cuando le explicaron en qué consistía la categoría de emisiones evitadas. “Me pareció increíble que especulemos con cualquier cosa y que construyamos narrativas que permitan lavarnos la cara así de fácil”, señala. Para este exmonaguillo, que con su anterior obra –una virgen rodeada de morcillas– se ganó una demanda de Abogados Cristianos, los derechos de emisión (los créditos de carbono) serían algo así como bulas papales contemporáneas: en el mercado de indulgencias papales de la Edad Media, se vendían perdones para quien hubiera cometido o fuera a cometer un pecado. Era, esencialmente, comprar el derecho a pecar. Y lo mismo, arguye, sucede con los derechos de emisión.

Un artista conceptual en la actualidad vive, en buena medida, de su agenda. Y a Piñol no le faltan contactos. Llamó a juristas de diferentes bufetes, a expertos en mercados de carbono que, uno tras otro, le ayudaron a comprender el mecanismo del que se benefician tantas empresas hoy, un esquema creado con el Protocolo de Kioto de 1997 y por el que ya fluyen cientos de miles de millones de dólares. Solo los mercados voluntarios movieron en 2024 cerca de 1.700 millones de dólares, según Global Market Insights.

Cuando por fin lo comprendió todo, el artista tarraconense decidió hacer una denuncia artística de todo el engranaje, haciendo exactamente lo mismo que las empresas que participan del mercado. Inventaría un proyecto, mediría la huella de carbono de esa obra hipotética, la avalaría y presupuestaría, luego decidiría no hacerla, certificaría las emisiones de la obra no realizada y obtendría los créditos de carbono por las toneladas evitadas.

Solo tenía que seguir el proceso completo, empezando por el paso inicial de pensar una “no obra”. En Belém, ciudad de la Amazonía brasileña donde estaba prevista la cumbre del clima COP30 a finales de 2025, Piñol construiría una macroestructura de cemento de casi 30 metros de altura. En el último piso colocaría ataúdes y, sobre estos, cien esculturas de bronce que representarían a hombres trajeados, similares a los ejecutivos que conoció en la convención del hotel de lujo. El bloque sería además una planta de captura de CO2, pero llevarlo a cabo implicaría deforestar y ocupar un terreno de mil metros cuadrados. Un delirio que, aunque él sabía que nunca ejecutaría, logró levantar en total 18,4 millones de euros en rondas de inversión, algo que acreditó con cartas de interés firmadas por unas entidades –una británica y otra canadiense–, cuyos nombres Piñol no quiere hacer públicos.

Segundo acto: el artista debía medir la huella de carbono de su “no obra”. Con los planos sobre la mesa, una consultora especializada debía hacer un análisis de ciclo de vida del impacto ambiental del proyecto, siguiendo las normas ISO 14040 y 14044. Piñol levantó de nuevo el teléfono. Casi todos los consultores que contactó le rechazaron. No sabían bien a qué se refería, no contaban con suficiente experiencia en ese ámbito o, directamente, les parecía una locura. ¿Acreditar las emisiones evitadas de una obra de arte no producida? No se había hecho nunca. Pero uno dijo que sí: Juan Vicente Fernández, fundador y director de Greenme.

Este madrileño fundó su empresa en 2018. Ahora, su equipo de ocho personas ofrece asesoría técnica a empresas que quieren cumplir sus compromisos ambientales, conocidos en el mundo corporativo como ESG. La propuesta alocada de Piñol le cautivó. “Gracias a que somos muy técnicos tenemos una visión muy sistémica de la vida”, dice Fernández, crítico con la eficacia de los mercados de carbono para frenar el calentamiento global: “Son un parche. Empezaron con un objetivo bastante bueno, pero al final la idea es la simplificación de una realidad que es muy compleja. Si emites CO2 a través de un tubo de escape o de una chimenea no quiere decir que un árbol que plantes lo vaya a absorber. No es así de lineal”, comenta. Pero él ya trabajaba con empresas que querían generar créditos de carbono mediante emisiones evitadas y también mediante la absorción y almacenamiento de CO2.

Tercer acto: como no existía todavía una forma de certificar obras de arte no ejecutadas, tuvieron que desarrollar un estándar de cero. Lo validó Art Carbon Avoided (ACA) S.L., cuyo administrador único es nada menos que el propio Josep Piñol. Así que una empresa puede crear su propia certificadora para verificar el proceso con el que conseguir créditos de carbono partiendo de una mera promesa. En adelante, ACA sería la base legal de lo que el artista denominó cultural degrowth credits (créditos de decrecimiento cultural).

Cuarto acto: una auditoría independiente debía revisar la documentación y comprobar que, en efecto, Piñol contaba con el aval y el presupuesto para construir su obra delirante (cartas de interés de los inversores potenciales). En otras palabras, que el proyecto era viable y no solo humo. Piñol logró luz verde de la auditoría. Eso generó unos créditos de carbono que correspondían a las 57.765 toneladas de CO2 evitadas, porque el autor decidía, después de todo, no desplegar su macroinstalación en la selva amazónica. El valor de los créditos de carbono ascendía a 1,6 millones de euros. En el mercado voluntario de carbono, el precio de la tonelada no está tasado, sino que lo fija la ley de la oferta y la demanda. Una certificadora como Verra puede establecer precios mucho más altos que una como Art Carbon Avoided S.L., que acaba de nacer y no conoce nadie.

En ningún momento el artista quiso vender sus créditos de carbono. Y en todo caso, planea la pregunta de si alguien los hubiera comprado. Juan Vicente Fernández cree que no. “El tema de la sostenibilidad es muy reputacional, y muchas empresas quieren evitar caer en greenwashing o en escándalos”, explica. El de Piñol, dice, “no es un estándar reconocido internacionalmente”. “Hace 15 años había mucho más pirateo, mucho más desconocimiento por parte de las empresas. Hay menos greenwashing porque tienen más miedo de caer en ello” , agrega. Pero el artista no lo tiene tan claro: muchas empresas, dice, pueden declarar en sus informes o campañas publicitarias que han compensado sus emisiones sin desglosar de dónde proceden esos créditos.

Acto final: Piñol debía comprometerse a no materializar su obra ante un notario, compromiso que selló frente a un grupo de periodistas convocados para observar la performance en el Museu Tàpies de Barcelona, que dirigió Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía y del MACBA de Barcelona. También canceló los créditos de carbono generados para sacarlos del mercado voluntario. Solamente vendió una tonelada acreditada –a un coleccionista libanés– y declaró su renuncia a cualquier derecho de uso, transmisión o explotación sobre el resto “para que no pudieran convertirse en objeto de especulación ni ser utilizadas en reportes de sostenibilidad corporativa”.

La obra, ahora, es un simple papel: el certificado de evitación. Un folio enmarcado que muestra el sinsentido de que incluso aquello que no existe, lo que no se llega a producir, pueda generar más valor económico precisamente por no ser. Y, algo peor, que pueda convertirse en una carta blanca para calentar el planeta.

El arrastrero Nova Meda llega al puerto de Palamós cargado con cerca de 20 kilos de gamba roja. Es el manjar estrella en los menús de los restaurantes de esta villa marinera de la Costa Brava, donde en verano se escucha casi más francés que catalán o castellano. La gamba también es una medalla ambiental que Palamós se ha ganado desde que en 2007 impulsó un plan de gestión para recuperar el tamaño de las poblaciones de este crustáceo. La estrategia funcionó, y ahora el pueblo se ha convertido en un ejemplo para otras comunidades pesqueras. 

Al frente del Nova Meda está Josep Antoni Cruz, un pescador atípico. Primero, por su juventud. Sus 35 años rebajan la media de edad de la cofradía. Este ingeniero naval decidió estudiar un máster en gestión pesquera y seguir los pasos de su padre y abuelos, y llevar la contraria a uno de los fenómenos que más inquietan al sector: la falta de relevo generacional. “Nosotros somos la quinta generación de pescadores”, cuenta, incluyendo en ese plural a su hermano Carles, que trabaja con él en el barco.

Sin embargo, lo más llamativo, al menos en estos momentos, es la lucha que Josep Antoni ha entablado contra una dinámica muy asentada en la pesca de arrastre: las trampas generalizadas con los motores en la flota. Una lógica de la que algunos han intentado escapar y han encontrado barreras para hacerlo.

Los pescadores, por lo general, lo reconocen abiertamente. Sus buques llevan motores con más potencia que la que tienen certificada y registrada. Y a más potencia, mayores faenas y, por lo tanto, más capturas. Ese panorama desemboca en una pesca insostenible. La esquilmación de los bancos de gambas. A veces, los caballos reales llegan a ser el doble o el triple que los de la licencia. Era el caso del anterior barco de la familia Cruz: “Teníamos otro barco mucho más grande, con más de 1.000 caballos, aunque en la licencia marcaba 500”.  

El Nova Meda, el barco que regenta ahora, fue el primero del pueblo en cumplir con la normativa que los propios pescadores de Palamós han aprobado para mejorar el estado de los caladeros. Entre las medidas propuestas, el plan de gestión contempla reducir la potencia motriz de los buques a 500 caballos o menos.

Aunque navegar con un motor más potente de lo permitido se considera una infracción grave, en la práctica los propios pescadores se quejan de que no hay control suficiente por parte de la Administración para vigilar que la potencia sobre el papel coincide con la real. El problema principal es que, si solo unos pocos barcos respetan los límites legales, estos se sienten en desventaja por no poder competir con otros que llevan mucha más potencia, y por tanto pueden cargar más peso, navegar más rápido en el mismo tiempo —en el arrastre, el esfuerzo pesquero está limitado por días de pesca— y, al final, extraer más pescado del mar.  

Motores para ganar la carrera hacia el caladero

“Aquí todo empezó a partir de la década de 1980. En nuestro oficio es muy importante llegar el primero al caladero. El primero que llega escoge por dónde va y el resto se va adaptando. A finales del siglo pasado, unos empezaron a cambiar los motores por otros más potentes y luego siguieron los demás por no quedarse atrás. Con más motor, podías llevar redes más grandes, ir más lejos y explotar más zonas que no estaban explotadas”, apunta Gerard Figueres, dueño del buque La Perla de Palamós. 

Ignacio Fresco, especialista en política pesquera de Oceana, apunta que ese cambio a motores más potentes fue alentado además por los subsidios que había en ese momento. “El combustible estaba subvencionado, así que tener un motor más potente no era problemático”, argumenta. 

Figueres, que también tiene 35 años, ha seguido una trayectoria similar a la de Cruz. Se graduó en Ingeniería Náutica, y después estudió el mismo máster en gestión pesquera. Ahora continúa con el negocio familiar. Como Cruz, ha limitado la potencia del barco, sobre todo por combatir la sobrexplotación de los caladeros que ya sus familiares dedicados a la pesca habían constatado. La Perla de Palamós es uno de los pocos buques de arrastre de fondo del Mediterráneo en situación legal. Su motor tiene 500 caballos y, sobre el papel, también 500 (499,9 según el registro). 

Todo empezó a partir de la década de 1980. Unos empezaron a cambiar los motores por otros más potentes y luego siguieron los demás por no quedarse atrás

Gerard Figueres — Dueño del buque La Perla de Palamós

Aunque ambos ven que poco a poco funcionan las medidas que se han ido poniendo en marcha para dar tiempo a los ecosistemas a regenerarse —como emplear puertas elevadoras, que evitan una mayor destrucción del fondo marino; ampliar el tamaño de la malla, para no capturar peces jóvenes; o ampliar las vedas de pesca— creen estar aún muy lejos de las cantidades de pescado que capturaban sus padres y abuelos.

Pero destacan, sobre todo, el papel del control de la potencia. Especialmente frente a medidas muy polémicas en el sector, como el recorte en un 79% de los días de pesca que planteó la Comisión Europea para la flota de arrastre en el Mediterráneo. “Solo controlando el motor de los barcos se reduciría al máximo el esfuerzo pesquero. Si cada uno utilizara lo que tiene en la licencia de pesca a lo mejor no haría falta ni gestionar por días”, señala Cruz.

Lo que hizo él fue ajustar la potencia real a la registrada. Llevó a desguazar el barco antiguo, pagó el desguace y se quedó con los caballos. La familia gastó 25.000 euros. 

Además del coste, los armadores encuentran resistencia por parte de las casas de motores. La experiencia de Cruz en este sentido coincide con las que han vivido todos los pescadores entrevistados para este reportaje. “Nosotros cambiamos el motor hace siete años y nos falsificaron las fichas técnicas. En la licencia teníamos 370 caballos y nos pusieron el motor que decía que era de 370 caballos, no de 500. Hasta la ficha de emisiones de gases, todo falsificado. Cuando fuimos a comprarlo pedimos que no lo hicieran pero lo hicieron igual. Están acostumbrados a trabajar así”, explica Cruz. 

“En otra casa de motor, que lleva siete u ocho marcas, pedíamos uno de 500 caballos y nos decían que nos pondrían uno de 700. Y nosotros insistimos en que queríamos uno de 500. Pero lo pelearon, porque ganan más vendiendo uno de 700. Te dicen que pescarás más”, agrega.

En el Mediterráneo, un informe reciente de Oceana ha averiguado que, de 50 embarcaciones de arrastre y cerco analizadas en el Mediterráneo, el 94% sobrepasan la potencia autorizada y certificada, y el 20% sobrepasan directamente los límites legales establecidos. 

Esto, critica la organización, “distorsiona completamente el cálculo del esfuerzo pesquero, principal herramienta de gestión en el Mediterráneo”.

Sin datos sobre las sanciones

A la pregunta por el número de sanciones impuestas a embarcaciones con más potencia de la registrada, la Dirección General de Marina Mercante, del Ministerio de Transportes, arguye que no puede facilitar los datos: “Navegar con un motor con más potencia de la registrada es una infracción de carácter grave, que involucra a varias administraciones. En el ámbito de la administración marítima, este tipo de infracciones afecta a diversa normativa aplicable, como puede ser la prevención de la contaminación del medio marino, titulaciones, etcétera, por lo que no se disponen de datos precisos sobre los expedientes sancionadores que se han tramitado”.  

Por otro lado, es difícil comprobar con datos la potencia real de una embarcación, pues los registros solamente reflejan la potencia certificada de manera oficial. Pero los propios armadores lo muestran. “Se entiende que cuanto más se pesca, más dinero se gana; es el error que han cometido las generaciones anteriores a nosotros y es el que seguimos cometiendo”, dice Xavier Miró, ya amarrado pero dentro de su embarcación, la Estrella del Sur. Al igual que otros casos en esta localidad pesquera, el suyo es el caso de un arrastrero que, si bien está preocupado por el fraude de la potencia, aún no ha podido regularizar su situación. Sobre todo, porque cuesta mucho dinero. 

Más allá de Cruz o Figueres, preguntar a los armadores por la potencia de sus motores es asumir que la respuesta será doble: los certificados y los reales. El buque Estrella del Sur tiene registrados 427,9 caballos. Reales, tiene 700, afirma Miró. 

Él, en todo caso, asegura trabajar con mucha menos potencia de la que puede dar su motor. “Trabajo con 550 caballos”. Lo hace, en parte, para reducir el consumo de combustible. “Y estoy pendiente de la regularización”, añade. Su barco lleva un motor alemán, de marca Man. “Antes llevaba un Guascor de 420 caballos. Pero luego empezaron a llegar barcos de 1.400 caballos, de 1.500, y claro, yo con un 400 decía: ”No puedo competir, voy a cambiar el motor y poner uno de 500“. Esa era mi primera idea. Pero luego hablas con la casa de motores y te dicen que uno de 500 vale 12 millones de pesetas, y uno de 700 vale 13 millones”. Yo miré los números y vi que más o menos gastaría el mismo gas, y tendría casi 300 caballos más de potencia“.

“En principio tengo comprado los caballos para llegar a los 500, que antiguamente era el máximo legal. Lo que pasa es que ahora se han sacado la manga que se puede llegar hasta los 900”. Se refiere al Real Decreto 502/2022, por el que el Gobierno ha elevado el límite de la potencia de los arrastreros del Mediterráneo a los 665 kW –que equivale a 904 caballos–, una medida cuestionada tanto por los pescadores que luchan contra el abuso de la potencia como por organizaciones conservacionistas como Oceana, que lleva tiempo con la mirada puesta en este asunto del fraude en los motores de la pesca. En un momento en que la UE apostaba por rebajar el esfuerzo pesquero para revertir la sobreexplotación de los caladeros, esta medida parecía ir en la dirección contraria. 

Legalmente, Miró podría llegar a los 700 oficiales. Pero pasar de los 427,9 a los 700 exigiría comprar esa diferencia de caballos o bien al Estado o bien a particulares que desguazan sus embarcaciones de pesca (y “aportan” al mercado de caballos que retiran de la flota, o bien desguazando el barco o bien exportándolo). Esto ocurre porque la Política Pesquera Comunitaria establece un límite máximo de capacidad pesquera a los estados miembros. España cuenta con un total de 964.826 kW (1.311.796 caballos). Así que, si todos los buques quisieran comprar caballos para regularizar su situación, los especialistas plantean que no habría suficientes caballos disponibles para ello. 

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que la nueva modificación de la normativa de 2022 permitirá aportar su capacidad a los propietarios de barcos dados de baja definitiva desde 2018, “que por diversos motivos no pudieron aportar su capacidad”. “Esta capacidad podría emplearse para la regularización de la potencia de los motores como medida por si se requiriese su aplicación”, detallan desde la Secretaría de Pesca.

La trampa, según sugiere Marina Mercante, se da también en el paso de la certificación de los motores. En España están autorizadas para operar seis empresas: Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Lloyd’s Register (LR), Registro Italiano Navale (RINA), Korean Register (KR) y China Classificacion Society (CCS).

“Las organizaciones son convocadas directamente por fabricantes, distribuidores, talleres o bancos de pruebas para presenciar los ensayos de certificación de potencia en banco. Durante dichas pruebas, los motores son precintados a la potencia máxima autorizada, con el fin de impedir que se supere dicha potencia, y se emite el correspondiente certificado”, detalla Marina Mercante.

Según esta administración, el problema radica en que “en ocasiones la documentación inicial presentada por fabricantes o distribuidores [de los motores] ha sido manipulada para adaptarse a los requisitos del sector pesquero, así como en la posterior alteración de los precintos por parte de los interesados”. A su vez, las certificadoras y casas de motores señalan a los armadores. 

El fabricante Cummins alega cumplir con la legislación de todos los países en los que opera, e indica que “la responsabilidad de garantizar que la licencia de funcionamiento de la embarcación sea precisa y esté actualizada recae en el propietario de la misma”. “Si el propietario de una embarcación realiza calibraciones del motor con fines operativos, como un cambio en el peso de la embarcación debido a la instalación de equipo adicional, el propietario es responsable de cumplir con la legislación local y actualizar las licencias según sea necesario”, arguyen desde esta empresa, fabricante de uno de los motores comunes en la pesca de arrastre.

Hemos preguntado e insistido a representantes de otros fabricantes de motores, así como de todas las certificadoras autorizadas para operar en España. De estas últimas solo DNV ha respondido. “DNV certifica motores de acuerdo con las normas, reglamentos y requisitos y estándares reconocidos de la industria. El alcance de la certificación no cubre el funcionamiento del equipo, cuya responsabilidad recae en el operador”, asegura un portavoz.

La manipulación no solo se da en España, sino en toda Europa. A falta de datos oficiales, las entrevistas realizadas a expertos en la regulación y en el sector pesquero a escala comunitaria indican que embarcaciones en toda la UE podrían estar operando con motores manipulados o con documentación falsa.

“Es comparable a modificar el motor de un coche. También es más difícil de detectar, porque no se ve desde fuera”, afirma Steven Roos, ingeniero de la empresa de certificación holandesa RDA Shiptech, y experto en inspecciones técnicas en Europa.

Alarma en la Unión Europea

En 2017, el Tribunal de Cuentas de la UE dio la voz de alarma, seguido después por la Comisión Europea en un informe propio. En España, los controles aleatorios revelaron que se superaba el límite de potencia del motor en uno de cada dos barcos. Los datos sobre potencia, eslora, tamaño de los buques y volúmenes de captura comunicados a la UE también eran extremadamente inexactos en Francia, Italia y Escocia. 

En los Países Bajos, la Comisión descubrió que todos los barcos inspeccionados con potencias de motor incorrectas habían sido certificados por la misma agencia, que se mantuvo en el anonimato en el informe que se hizo público. Al parecer, los ingenieros de la misma entidad de certificación también sustituyeron los precintos de las piezas críticas del motor después de la certificación.  

En Irlanda, el Ejecutivo comunitario observó que las autoridades informaron por adelantado a los operadores de buques sobre las inspecciones sin previo aviso previstas por la UE. En Grecia, según el informe, las autoridades bloquearon las inspecciones.

El ejemplo de Dinamarca muestra que el fraude relacionado con la potencia del motor no es un caso aislado. En 2024 se descubrió que varios barcos de pesca de mejillones en Limfjord, en el norte del país, operaban con motores ilegalmente grandes con el conocimiento de la autoridad pesquera local. 

Una investigación a gran escala realizada por el Tribunal de Cuentas danés concluyó que la autoridad pesquera local suspendió por completo las inspecciones en 2022 y 2023, realizó declaraciones falsas al Parlamento, no aplicó adecuadamente la legislación vigente y no sancionó cinco casos de infracciones que se descubrieron.

“Ha sido una farsa durante 20 años, porque hay barcos con motores que, sobre el papel, son tan pequeños que es completamente imposible que alguien con un mínimo conocimiento sobre pesca diga que eso no se puede hacer”, explica David Lang, director de la Organización de Productores Pesqueros de Pequeña Escala y Bajo Impacto de Dinamarca. 

Los pescadores artesanales del entorno de Lang llevan años llamando la atención sobre el problema y, desde entonces, se han enfrentado a graves hostilidades y amenazas. 

La Comisión Europea ha reconocido que las normas existentes no funcionan. Como resultado, en 2024 entró en vigor una revisión del Reglamento de Pesca de la UE. El objetivo es reforzar la sostenibilidad en el sector. 

Los gobiernos han acordado que, a partir de 2028, los buques de alto riesgo en particular tendrán que ser objeto de una vigilancia más estrecha, con sistemas de medición a bordo que registren la potencia del motor las 24 horas del día.

Entre los buques de alto riesgo se incluyen los que utilizan redes de arrastre de fondo, así como los que pescan principalmente solla y lenguado en el mar del Norte, en las zonas especialmente sensibles pero ricas en peces conocidas como ‘Plaice Box’.

Steven Roos, de RDA Shiptech, está más preocupado por la viabilidad técnica de esta medida. Esto se debe a que hay una serie de buques en las flotas en los que la instalación de dichos sistemas de control simplemente no es viable. Por lo tanto, el control digital afectaría principalmente a los buques nuevos. 

Él cree que aún así puede ser una medida muy eficaz si se aplica correctamente. Pero hasta ahora esto ha sido un obstáculo en casi todos los Estados miembros de la UE. 

“El mar se ha acabado”

Hay una frase que Rogelio Santos escucha cada vez más en su entorno marinero de las Rías Baixas. Cinco palabras que suenan a sentencia: “El mar se ha acabado”. 

Este marinero combina la pesca artesanal con la divulgación para reducir la capacidad pesquera y preservar la biodiversidad marina. El problema con el fraude de los motores es que afecta de forma directa a operadores pequeños como él. Santos es cauto al hablar, y evita en todo momento la confrontación con pescadores de otros tipos de pesca considerados generalmente como más agresivos con el medio marino, como el arrastre. De sus 48 años, 30 los ha dedicado al mar. Su padre, sus abuelos y sus bisabuelos trabajaban en la pesca. “Soy, por lo menos, cuarta generación”, cuenta en un restaurante de Porto do Son (A Coruña). “Estos últimos dos o tres años han sido los peores de nuestra historia, con la desaparición prácticamente total del berberecho y de la almeja de todas las rías gallegas y un jaque al mejillón también, a todos los moluscos bivalvos”.

Hay un cómputo de razones, detecta Santos: años de contaminación, los efectos del cambio climático y, en parte, la sobrecapacidad pesquera. “Lo triste es que muchas veces existe una normativa en el papel y existe una realidad distinta en el sector donde hay una parte que las normas se las alta. Y la potencia es una de ellas”.

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Este reportaje ha sido realizado con el apoyo de

La abogada Leonie Timmers (Bennekom, Países Bajos, 37 años) trabaja desde 2019 en un despacho de abogados de tres apellidos británicos a los que, en una fusión reciente, se ha añadido un cuarto estadounidense: Herbert Smith Freehills Kramer.

Residente en Madrid desde hace nueve años, Timmers habla un castellano fluido y sin titubear, al menos cuando el tema de conversación es el greenwashing (ecoblanqueo, ecopostureo), un asunto que conoce bien y al que dedica buena parte de su jornada laboral.

Su trabajo consiste en asesorar a las empresas sobre cómo no caer en el lavado verde de imagen. Es algo así como una fact-checker del greenwashing para ahorrar a las compañías problemas legales, ahora que las normativas europeas tratan de acabar con la publicidad engañosa sobre medio ambiente y otras prácticas consideradas desleales hacia los consumidores y la competencia.

¿Por qué un despacho de abogados ofrece un servicio a las empresas de revisar sus publicaciones y detectar riesgos de greenwashing?

En primer lugar, porque todo el proceso se desarrolla bajo secreto profesional, lo que brinda a las empresas un entorno seguro y confidencial para abordar cuestiones sensibles con total libertad. Por otro lado, en HSF Kramer contamos con una sólida práctica contenciosa. Asesoramos a clientes en investigaciones regulatorias y procedimientos judiciales relacionados con greenwashing en distintas jurisdicciones del mundo.

¿En qué consiste el lavado verde de imagen?

Es hacer una declaración sobre un impacto ambiental positivo de algo sin basarse en nada particular. Es decir: “Mi producto es ecofriendly” sin explicar por qué o sin tener hechos verificados para decirlo. O afirmar que un producto es más sostenible que otro sin tener una clara base para comparar los dos. No es necesariamente mentir, sino no demostrarlo.

Lo ambiental vende. Pero si una empresa dice "mi producto es sostenible", pero no tienes pruebas, y un competidor dice "yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probarlo", la primera empresa se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra compañía. Es competencia desleal

El marketing consiste en pintar una imagen bonita, y está bien, pero debería no ser tan extravagante como se ha hecho. Estamos en un momento en el que lo ambiental vende. Una vez las empresas lo ven, todas se pintan de verde. Luego está lo que cae más en la competencia desleal. Si una empresa dice “mi producto es sostenible”, pero no hay pruebas para verificarlo, y un competidor dice “yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probar que lo es”, la empresa que lo hace sin verificación se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra empresa. Es competencia desleal y es engañoso para el consumidor, que quiere ser sostenible y no tiene información para saber cómo puede serlo, porque le están mintiendo.

En España tenemos el precedente de Iberdrola y Repsol. ¿Cuántos casos hay en Europa?

Bastantes, no te sabría decir un número, pero la mayor parte es sobre cuestiones ambientales engañosas. Ese ha sido el enfoque principal de los casos, el greenwashing, pero también hay algunos de lavado social. Empezamos a ver un mayor foco en las alegaciones ambientales de las empresas, por ello la normativa se ha centrado en regular esta práctica. En los países del norte de Europa, las asociaciones de consumidores y ONG son muy activas, son ellas las que denuncian.

¿Cómo de frecuente es dar la razón a la empresa demandante?

Muy frecuente. Tenemos una base de datos de casos de greenwashing con, al menos, unos 100 casos en total. En muchos se da la razón a la parte demandante. En el sector financiero, por ejemplo, un fondo dice: “Yo soy sostenible, y me comprometo a que el 50% de mis inversiones sea en proyectos con una nota de compromisos ambientales de, digamos, 8 de 10. En muchos casos se ha investigado si eso efectivamente es así y, si no lo es, ha habido multas. Esos ejemplos en el sector financiero se dan siempre a través del supervisor regulador, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquí.

Que un regulador haya emitido sanciones a una entidad financiera por estos casos de greenwashing ha ocurrido en Francia, Luxemburgo y Alemania, que yo sepa. En el caso de Alemania fueron millones, una sanción muy alta a DWS, la gestora de activos de Deutsche Bank. En el sector de los productos de consumo son más las agencias de consumidores las que impulsan los casos, o la competencia.

¿Hay una repercusión legal si una empresa miente en su recuento de emisiones asociadas a su actividad económica?

Publicar información incorrecta en las cuentas anuales es un delito, incumple la ley porque las cuentas deben mostrar el valor real del negocio. Ahora, además de publicar los resultados financieros, hay que incluir la información no financiera de sostenibilidad en las cuentas anuales. Si hay información engañosa puede pasar que, por ejemplo, los auditores no quieran firmarlas porque ven cosas que no cuadran. Otro riesgo son las sanciones registrales. Por ejemplo, el cierre de la hoja registral de una sociedad que ha tenido irregularidades en sus cuentas anuales, incluida la información sobre su impacto ambiental. Esto genera problemas en ámbitos como el acceso a financiación, la obtención de subvenciones, la participación en licitaciones y la comercialización de productos y servicios.

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado dos años, hasta 2028, las obligaciones de informar para para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva; también se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de más de 250 empleados, ahora lo quieren subir a los 1.000

¿En qué punto está la regulación sobre la obligación de informar de los impactos ambientales ahora mismo?

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado las obligaciones de informar: en lugar de 2026 para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva, ahora va a ser 2028. También se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de 250 o más empleados y ahora lo quieren subir a los 1.000. Así, hay muchas menos empresas afectadas por la directiva: el 80% de las empresas a las que en principio se iba a aplicar se deja fuera. Esto se sigue negociando a nivel europeo.

Más allá de lo que se está regulando en Bruselas, ¿con qué mecanismos legales contra el greenwashing contamos ya?

Lo que se ha aprobado ya es la Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta directiva modifica la legislación existente que dota de protección al consumidor, y también la directiva sobre prácticas comerciales desleales, que incluye un listado de prácticas que son desleales per se.

Antes de aprobarse esta nueva directiva no se incluía nada sobre alegaciones ambientales. Con la aprobación de esta directiva hay diez o 12 cosas que tienen que ver con declaraciones ambientales que se consideran desleales. Por ejemplo, el uso de etiquetas no verificadas o poner “sostenible” cuando no lo respalda ningún organismo oficial. También afirmaciones genéricas sin base científica, sin información sobre la durabilidad o la reparabilidad de los productos, prácticas engañosas relacionadas con la sostenibilidad… Se amplía la lista de prácticas comerciales que se consideran engañosas. En el momento en que se apruebe esa directiva tendremos la foto completa: la prohibición de dar una declaración genérica sin verificación y la respuesta a cómo verifico esa información. Va a estar mucho más claro para una empresa lo que puede hacer y lo que no. A mí me parece que son cosas bastante obvias. Lo de las etiquetas no verificadas se hace mucho. Agua que dice cosas como '100% sostenible', y es algo que puso el equipo de marketing y parece como un sello, pero no existe.

No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio

¿Hay una preocupación en las empresas con las que trabajan en el despacho de que las puedan demandar más con las directivas en vigor?

Las empresas ya saben que la sostenibilidad no es un tema que pueden dejar a su equipo de comunicación o de marketing sin revisarlo. Es un tema en el que tienen que trabajar juntos para dar un mensaje adecuado y saber que lo que dicen es verdad.

Antes se podía poner un caso de estudio bonito en un informe de sostenibilidad y ahora, antes de hacer eso, hay que pensar muy bien en si alguien –un regulador, una ONG, los consumidores– puede señalarte por ello.

¿Cómo ve que haya empresas que quieran esforzarse por mejorar su impacto, pero una parte de la sociedad no se lo permita, pues siempre dudará de todo lo que hagan y lo calificará automáticamente como 'greenwashing'?

Todavía hay mucho por hacer. No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio.

Por otro lado, me parece muy bien que haya más claridad sobre lo que debes y no debes hacer. No deberías decir que tu ropa es la más sostenible si no tienes pruebas para demostrarlo o si no estás mirando todo el ciclo de vida de tu producto.

Combatir el greenwashing es tratar el tema con seriedad. El cambio climático, los problemas de sostenibilidad, no son inventados, son problemas reales. Si queremos seguir viviendo en este mundo tenemos que tomarlo en serio y no solamente pensar en el corto plazo y en hacer dinero. Tenemos que pensar que hay alguna forma de cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es ser una persona y una empresa responsables en este mundo. Y a lo mejor eso pasa por ganar menos beneficios, porque tienes que invertir más en la sociedad. Veo necesario que haya ese escrutinio porque si no, nunca cambia nada. Y ya cambia muy poco, y ya estamos fatal.

2.474 ciudadanos de Tuvalu –que implican un total de 8.750 personas al sumarse sus familiares–, han solicitado el visado climático de Australia, el primer acuerdo bilateral entre países para favorecer la movilidad por motivos relacionados con el calentamiento global. La cifra representa el 82% de la ciudadanía de esta pequeña nación insular del Pacífico meridional, habitada según el censo de 2022 por 10.643 personas y cuyos atolones se están hundiendo por la subida del nivel del mar causada por el recalentamiento del planeta.

La Pacific Engagement visa es la primera ‘visa climática’ en el mundo, y ofrecerá cada año la oportunidad de asentarse en Australia a 280 personas de Tuvalu, elegidas por sorteo entre las candidaturas. El plazo para presentar la solicitud en esta primera edición se cerró el 18 de julio y, unos días después, el Gobierno australiano ha dado a conocer el número de candidatos, que —extendido a los familiares— representa a la mayoría de la población tuvaluana. Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia tiene hasta el 25 de enero de 2026 para conceder esas 280 primeras visas.

Para participar en el sorteo, los ciudadanos de Tuvalu —residentes o no en el país— solo tenían que ser mayores de 18 años y pagar una tasa de 25 dólares australianos (14 euros).

Tuvalu está considerado entre los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. “Se enfrenta a una amenaza por las inundaciones permanentes y las provocadas por las olas, y algunos estudios han sugerido que muchas de sus islas bajas se volverán inhabitables en el siglo XXI”, resume el Banco Mundial en un informe sobre riesgos climáticos en este microestado.

La economía de Tuvalu, azotada por ciclones y fuertes tormentas, además de episodios severos de sequía y calor extremo, está también amenazada por la crisis climática, pues estos fenómenos agravan el riesgo de aumentar la deuda del país. El Banco Mundial estima que los desastres naturales asociados al calentamiento global ocasionan pérdidas a Tuvalu de casi el 7% de su PIB anual.

Sus islas tienen una dimensión de unos 26 kilómetros cuadrados, y una altura sobre el nivel del mar de menos de tres metros. En la COP26, la cumbre del clima de la ONU celebrada en Glasgow en 2021, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, advirtió en un vídeo —donde se le veía con la mitad del cuerpo sumergida bajo el agua— sobre los riesgos “letales” y existenciales que el cambio climático presenta para su país. “Nos estamos hundiendo”, dijo Kofe. “No podemos esperar a los discursos cuando el mar se está elevando en torno a nosotros cada día”.

En 2023, Australia y Tuvalu firmaron el tratado Falepili Union, un acuerdo jurídicamente vinculante con el que Canberra reconocía la continuidad de la condición de Estado y la soberanía de Tuvalu, “a pesar del impacto del aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático”; se comprometía a ayudar a Tuvalu en caso de “catástrofe natural grave, pandemia sanitaria o agresión militar” y prometía crear una vía especial de visados “para apoyar la movilidad con dignidad, que permitirá a los ciudadanos de Tuvalu venir a Australia a vivir, trabajar y estudiar”, decía, en el contexto de la crisis climática.

Éxodo climático

Según el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos (IDMC), que estudia solamente las migraciones a nivel doméstico —desplazamientos dentro de un mismo país— en 2024 hubo 83,4 millones de desplazados internos en todo el mundo. De estos, 73,5 millones migraron a causa de conflictos y violencia y 9,8 millones lo hicieron a consecuencia de desastres naturales.

Creemos que ocurre es que las personas migran primero dentro de su propio país y puede pasar un tiempo hasta que alguien intente solicitar un visado o trasladarse a otro lugar

Jane McAdam — Directora del Kaldor Centre for International Refugee Law de la Universidad de New South Wales

“Sabemos que el cambio climático está aumentando la frecuencia y virulencia de los desastres, así que es claramente un factor”, explica desde Sídney la investigadora Jane McAdam, directora del Kaldor Centre for International Refugee Law de la Universidad de New South Wales. “Y lo que creemos que ocurre es que las personas migran primero dentro de su propio país y puede pasar un tiempo hasta que alguien intente solicitar un visado o trasladarse a otro lugar”.

Pero contabilizar los movimientos transfronterizos motivados por el cambio climático es problemático, alega McAdam, “en parte porque no existen categorías de visados climáticos”.

El tratado Falepili Union —“falepili” es una palabra tuvaluana que se refiere a la “buena vecindad, el deber de cuidado y el respeto mutuo”— menciona en su preámbulo la “amenaza existencial” que el calentamiento global comporta para Tuvalu, y extiende esta oportunidad de movilidad a sus ciudadanos en el panorama de la crisis climática. Pero el derecho internacional no reconoce la categoría de refugiado climático.

“Es el primer acuerdo bilateral del mundo que incluye la vía de movilidad climática, pero es mucho más amplio que eso y creo que mucha gente lo utilizará para otros motivos, como para estudiar o trabajar. El clima puede estar en sus mentes, pero no necesariamente”, arguye la jurista.

De hecho, en el proceso los tuvaluanos no tendrán que acreditar estar escapando de riesgos climáticos para justificar mudarse a Australia, precisa. Respecto a la capacidad o voluntad de acogida de los australianos, McAdam considera que muchos ni se darán cuenta, pues pese a las informaciones en la prensa relacionadas con esta visa no ve que haya una conciencia entre la ciudadanía australiana sobre este asunto. Y, en todo caso, 280 personas “son muy pocas para los estándares de migración de Australia en la política de admisión de migrantes”. Se trata, dice, de un país acostumbrado a las migraciones. “La sociedad australiana es multicultural. Recibimos cientos de miles de migrantes de todo el mundo. Es una comunidad con experiencia en la diversidad de culturas, aunque aún no hay una gran comunidad tuvaluana en Australia y este visado es completamente nuevo, así que, en cierta medida, el éxito de este visado dependerá de lo bien que se acoja a las personas y del apoyo que reciban cuando lleguen aquí”, apunta la experta.

Para conseguir un visado de Australia normalmente hay que cumplir requisitos relativos al trabajo o a los estudios. Canberra tiene otras categorías de visado especiales para países del Pacífico, pero en ellas se exige un nivel mínimo de inglés, tener entre 18 y 45 años o una oferta de trabajo en Australia. “Nada de eso se aplica a este caso”, dice McAdam, sobre el nuevo acuerdo con Tuvalu.

McAdam no puede dar una cifra sobre cuántos desplazamientos forzosos internacionales por motivos climáticos calcula que hay en la actualidad, ni tampoco se fía de las proyecciones para el medio-largo plazo. La ONU habla de cerca de mil millones de personas para 2050. “Pero estas cifras son incorrectas, basadas en metodologías que son muy pobres, en proyecciones muy genéricas”, advierte.

“Aunque el movimiento inicial —dentro de su país— pueda haber sido un ciclón, por ejemplo, cuando esa misma persona se traslada a otro país, en ese punto ya puede haber un motivo laboral, así que, aunque se pudiera pedir a todos los migrantes que den sus razones, es posible que llegado un momento den una razón diferente a la primera, debido a la distancia en el tiempo”, argumenta McAdam. “Por lo tanto, es muy difícil hacer una estimación de las cifras”.

En julio de 2023, los padres de Laura –quien prefiere usar un nombre ficticio para proteger su identidad– recibieron una carta de la empresa Energías Renovables de Ormuz, perteneciente al grupo Forestalia. En septiembre del mismo año recibieron otra, firmada en esta ocasión por Energías Renovables de Gladieteur, del mismo grupo empresarial. Una semana después, una tercera carta con el mismo remitente.

En todos los escritos, la empresa informaba de que un proyecto de línea de alta tensión iba a afectar a sus parcelas, y ofrecía los números de teléfono de los comerciales en la zona para que los propietarios, dos octogenarios residentes en un pueblo de la comarca turolense de El Maestrazgo, se pusieran en contacto con ellos a fin de lograr un acuerdo de arrendamiento “antes de comenzar los trámites de solicitud de Declaración de Utilidad Pública”. Trámites que, anunciaba la empresa, se iniciarían “en un breve plazo” y con los cuales la legislación española permite expropiar terrenos.

Casi dos años después de esa primera carta, Laura califica el trato de la empresa hacia sus padres hasta la fecha como un “acoso y derribo”. Ellos, igual que su hija, se oponen a la infraestructura sobre todo por motivos ambientales. La línea forma parte del controvertido macroparque eólico que Forestalia ha impulsado en la región montañosa de El Maestrazgo. Se trata de un área que el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce como “de alta sensibilidad ambiental”. Una buena parte del territorio está protegido bajo la Red Natura 2000, con zonas de especial conservación (ZEC), lugares de interés comunitario (LIC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA). La región acoge 16 municipios donde viven cerca de 3.200 personas.

Los alcaldes de estas localidades están, por lo general, a favor del proyecto, que tendrá una capacidad total de 744 MW, energía limpia y renovable que, según los promotores, podrá cubrir las necesidades de 570.000 hogares. Pero algunos de sus ciudadanos denuncian haber recibido múltiples cartas “intimidatorias” para que firmen los acuerdos de arrendamiento de sus parcelas antes de que estas pudieran verse afectadas por un proceso de expropiación. Ballena Blanca ha podido leer seis de ellas, en las que se avisa a los propietarios de que, si no llegan un acuerdo de arrendamiento, se instará a la expropiación de los terrenos para levantar los aerogeneradores y las líneas de evacuación.

Aunque cada uno de estos avisos ha sido ligeramente diferente, se ha tratado en todo caso de “cartas muy poco profesionales, como correo masivo, muchas veces sin el logotipo de la empresa, y nunca certificadas”, se queja Laura, hija de una pareja con terrenos en la zona El Maestrazgo incluidos en el macroproyecto eólico

Aunque cada uno de estos avisos ha sido ligeramente diferente, se ha tratado en todo caso de “cartas muy poco profesionales, como correo masivo, muchas veces sin el logotipo de la empresa, y nunca certificadas”, se queja Laura. Otras veces llamaban directamente a sus teléfonos móviles, cuenta ella, y se pregunta de dónde obtuvieron esos datos que son personales. Su familia y ella supieron del proyecto a principios de 2021, pero la empresa no les contactó hasta 2023, asegura Laura. Una vez recibidas las cartas de Forestalia, ella actuó como interlocutora con la compañía para no angustiar a sus padres. “Ellos tienen más miedo. Tienen miedo de que al final les expropien la finca y no les den nada. Juegan con eso, con la gente mayor”, arguye.

Preguntados por Ballena Blanca, desde la compañía que dirige el aragonés Fernando Samper alegan que “en todos los proyectos promovidos por Forestalia, sean de un tipo u otro, se envían varias cartas a los propietarios de los terrenos, para facilitarles el contacto con Forestalia, ponerse a su disposición, ofrecerles información sobre los procedimientos y la legislación vigente, etcétera”.

“El objetivo de los promotores, incluido Forestalia, siempre es tratar de evitar hasta el último momento tener que recurrir al procedimiento expropiatorio, al que autoriza la ley”, precisan en un correo electrónico.

Por el arrendamiento de su parcela para la instalación de la línea de alta tensión, la empresa ofrece a los padres de Laura cerca de 1.700 euros anuales. “Son miserias, pero no se trata de dinero, porque no hay dinero que compense todo el destrozo que se va a hacer”, juzga ella. “Mi madre no es ecologista de nombre, pero sí de nacimiento. Le duele lo que no está escrito solo imaginar el destrozo que se va a provocar, porque además El Maestrazgo es muy abrupto y los caminos que tienen que abrir, que son autopistas, los desmontes que se van a tener que hacer… Yo creo que la gente que no está en contra de esto no se hace una idea del destrozo que va a ser”.

En Transición Ecológica señalan que las zonas afectadas que no hayan sido ocupadas de forma permanente serán restauradas y revegetadas tras acabar las obras, “según el plan de restauración ambiental presentado por el promotor, que tendrá que estar aprobado por el órgano  competente en materia forestal y de biodiversidad”. Las misivas y los comerciales siguieron llegando a lo largo de 2023 y 2024. 

Para proteger de estos sustos a sus padres, que también están muy mayores, Lucas –también prefiere no exponerse con su nombre real– tuvo que ponerse serio con el comercial enviado por Forestalia. Finalmente, intercambió con él algunos correos con un tono que Lucas califica como “chantaje emocional”, en los que el comercial hablaba incluso de la profesión de la pareja de Samper, asunto que nada tenía que ver con la negociación del acuerdo.

En su finca planean instalar uno de los 125 aerogeneradores –de unos 200 metros de altura– proyectados en la región. Sus padres aún no han firmado ningún acuerdo de arrendamiento. Les ofrecen cerca de 11.000 euros anuales por el alquiler de la parcela. “Desde el principio le dije al comercial que había ido a casa que no les mareasen mucho a ellos, que no les llamasen, que hablasen conmigo directamente. Y lo respetaron un poco al principio, pero luego no. A veces a mi padre le han mandado alguna información sobre cómo se va a favorecer a las energías renovables, y le han intentado presionar”.

“El parque eólico afectará a uno de los mejores corredores ecológicos que tenemos dentro de la Península Ibérica y deberían considerar la instalación y el desarrollo del proyecto”; “la Red Natura 2000 debería estar absolutamente excluida como lugar de alto valor ambiental para la instalación de parques industriales, porque esto es un parque industrial

Kiko Gil — Socio fundador de la fundación Quebrantahuesos

Cuando en diciembre de 2020 se presentó el proyecto eólico Cluster Maestrazgo, Forestalia contemplaba la instalación de 162 aerogeneradores repartidos en diferentes municipios de la comarca. Se solapaban con varios espacios protegidos por la Red Natura 2000, donde incluso operan programas de recuperación de especies de aves, como el águila perdicera y el quebrantahuesos.

“El parque eólico afectará a uno de los mejores corredores ecológicos que tenemos dentro de la península ibérica y deberían considerar la instalación y el desarrollo del proyecto”, juzga Kiko Gil, socio fundador de la fundación Quebrantahuesos, que forma parte de la plataforma 13M, en contra del proyecto renovable. 

“La Red Natura 2000 debería estar absolutamente excluida como lugar de alto valor ambiental para la instalación de parques industriales, porque esto es un parque industrial”, recuerda. Desde la Fundación Quebrantahuesos calculan que cada año mueren de media 500 buitres leonados a consecuencia de los parques eólicos. La principal causa de muerte, según muestran las necropsias que se hacen a los animales una vez son llevados al centro de recuperación de especies de la Alfranca, es la colisión con las aspas de los molinos, que pueden rotar a 200 km/h, arguye Gil.

Tras los filtros aplicados por el ministerio, del proyecto se retiraron 36 aerogeneradores y dos parques por no cumplir con los criterios ambientales, pero todavía 80 de los 125 molinos restantes estarán situados en esas áreas protegidas, si bien ninguna en una ZEPA. Al rebajar también el número de molinos, se cayó del proyecto uno que se planeaba instalar en la finca de los padres de Laura. Lo colocaron en la del propietario de al lado, que tampoco lo quiere, asegura ella. “Yo creo que hacen estas cosas porque piensan que así nos vamos a enemistar, que nos vamos a enfadar y a decir ”pues no, que el molino lo quiero yo“. Pero en mi casa decíamos ”mira, han quitado el molino; ahora que nos quiten también la línea“.

Laura aclara que no está en contra de las renovables. “Ni siquiera estamos en contra de que se hagan aquí”, dice, refiriéndose a la provincia de Teruel. Pero rechaza que se instalen en un área protegida, de alto valor ambiental, como es El Maestrazgo. “Y sobre todo no de esta manera”, sostiene, con estas formas a su juicio “intimidatorias”, con “oscurantismo” y poca participación.

Después de insistir un tiempo con Laura y sus padres, estos recibieron una llamada del Ayuntamiento de Cantavieja. “Avisaban de que iba a pasar una persona de la empresa a traer los contratos por si se querían firmar”, dice, y destaca como “curioso” el hecho de que los ayuntamientos hayan prestado sus instalaciones para facilitar la firma de contratos con esta empresa privada.

Además, ni Laura ni su familia, ni otros vecinos consultados para este reportaje, ven bien que los ayuntamientos de Cantavieja, Fortanete y La Iglesuela del Cid modificaran sus normas urbanísticas para permitir la instalación de renovables acorde con el proyecto de Forestalia en El Maestrazgo.

Fernando Safont, presidente de la comarca y alcalde de La Iglesuela del Cid, reconoce que el macroproyecto eólico fue uno de los motivos para actualizar la normativa urbanística, pero dice que fue “uno entre muchos otros”, y “ni siquiera el principal”.

Safont fundó y preside la Asociación Viento Alto, desde la que, en 2017, propusieron impulsar la energía eólica en la comarca. Fueron ellos los que acudieron a Forestalia –y a otras empresas del sector, según explica– con la idea de crear un parque eólico en la región montañosa, desde donde ya tenían el impacto visual, paisajístico, de los molinos instalados en las regiones aledañas. “Forestalia fue la única que apostó por nuestro territorio”, dice el alcalde.

Afirma que desde 2017 ya se informó a los vecinos de varios pueblos –incluidos los municipios donde viven los padres de Laura y de Lucas–, y se organizaron sesiones explicativas para dar a conocer los detalles. Aun admitiendo que “algunas cosas, como las cartas, se pudieron hacer mal”, se muestra molesto con la reacción de las plataformas ciudadanas y ecologistas que han criticado el proyecto. Sostiene que muchas de estas organizaciones –menciona, por ejemplo, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel– están impulsadas por personas que no viven en los pueblos de El Maestrazgo. Los aerogeneradores van a dejar dinero, sostiene, y eso se traducirá en servicios y crecimiento para la región, así como en puestos de trabajo y oportunidades para luchar contra la despoblación.

Él lleva cinco legislaturas en el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid, y ha sido testigo de la fuga de población –sobre todo joven– para buscar trabajo fuera. Ahora quedan cerca de 380 habitantes en su pueblo, mientras que cuando entró al Ayuntamiento eran unas 500, recuerda. “Me duele que la gente que no conozca El Maestrazgo, que no haya vivido aquí, que solamente venga dos días –y algunos que ni han venido a verlo–, pueda decidir por nosotros. Opinar, que opine todo el mundo, pero que nos dejen decidir a la gente del territorio”, sentencia.

El alcalde calcula que el proyecto eólico dejará en la comarca unos 130 millones de euros “en impuestos directos a los municipios”. A esa cifra se suman los alquileres de los terrenos para los aerogeneradores –cerca de 11.000 euros anuales por cada molino–, además del aprovechamiento energético. 

Por otro lado, con el acuerdo cerrado con Forestalia, dice que a los vecinos del pueblo les saldrá prácticamente gratis la electricidad. Algunas organizaciones ecologistas a nivel nacional, como Greenpeace, también han manifestado su rechazo al macroparque eólico, incluso después de que se aprobara la Declaración de Impacto Ambiental, en la que se establecen diversas medidas de prevención para la conservación de la avifauna y los quirópteros. “Protocolos de parada y arranque, dispositivos anticolisión, dispositivos automáticos de detección de ultrasonidos… y un programa de seguimiento estricto junto la comunidad autónoma, durante los cinco primeros años, para corroborar la eficacia de las medidas propuestas”, enumeran en Transición Ecológica.

Toda esta historia arranca en un olivar. Lo primero que nos dicen es que tapemos las matrículas. Algunos lo hacen con cinta adhesiva. Otros recurren a telas, pañuelos, banderas, mapas y accesorios para el coche. Lo importante, dicen, es que no puedan ser identificadas en imágenes aéreas.

Llegar ahí tiene su complejidad. Hasta el viernes no se sabrá la ubicación exacta del lugar. Sólo unos pocos activistas conocen las coordenadas. Los móviles deben ir apagados o en modo avión.

Los coches que llegan el jueves por la noche para ayudar a preparar el campamento, han de respetar protocolos de seguridad.

Ya en las inmediaciones, intentando dar con alguno de los organizadores para llegar al terreno y visto el ambiente, surge una pregunta obvia: ¿Cuál ha sido el punto de contacto con ellos? “Digamos que funcionan como una cebolla, y nosotras hemos hablado con una de las capas”, contesta una activista del coche que ha salido desde Madrid el jueves por la mañana.

A las siete en punto del viernes habrá una asamblea para organizar la logística, nos dicen al recibirnos finalmente en un lugar de acampada provisional. A las siete de la mañana del viernes, ya desayunadas, varias decenas de personas en círculo escuchan las instrucciones. A lo largo del día hay que montar la cocina, los baños, los lavabos, la barra donde se servirán bebidas por la noche y una carpa y escenario que han remolcado desde Andalucía dos hermanos que se dedican al circo social.

El campamento improvisado

En ese campamento improvisado en un olivar de Mont-roig del Camp (Tarragona), se estrena en público Revoltes de la Terra, un nuevo movimiento inspirado en el francés Soulèvements de la Terre (SLT). Nutrido en buena medida de la cultura asociativa del independentismo catalán, Revoltes de la Terra nace para ser una “constelación de luchas” por un interés común: la defensa del territorio y el anticapitalismo, explican sus impulsores. 

El método de protesta de SLT—movimiento que el Gobierno francés quiso disolver al considerarlo “ecoterrorista”— mezcla lo lúdico y festivo con la acción directa. Por un lado, la vertiente más “festivalera”: un campamento donde se organizan actividades, talleres, conciertos e incluso zonas infantiles. Por otro, la más disruptiva: la protesta, con desobediencia civil, ocupación de terrenos privados —generalmente para frenar o sabotear proyectos industriales— y potenciales disturbios con la policía.  

En el lugar de la acampada, un terreno cedido por los vecinos de Mont-roig a los activistas, más de mil personas se llegan a congregar el viernes, día en que la ubicación deja de ser secreta. Allí convergen militantes de grupos ecologistas como los de Extinction Rebellion —al menos una veintena de activistas de este colectivo acuden al encuentro— o de Ecologistas en Acción, movimientos por la vivienda, ecoaldeas, agrupaciones campesinas, centros sociales okupados, partidos políticos, organizaciones de jóvenes independentistas y sindicatos, entre otros. 

El foco de la acción con la que se estrena este movimiento ecologista catalán es la fábrica de componentes para baterías de coches eléctricos que la multinacional surcoreana Lotte proyecta instalar en un terreno cercano al olivar de las revueltas de la tierra. Entre la urbanización Club Mont-roig y la fundación Más Miró —una masía en la que veraneó el artista Joan Miró—, la planta de Lotte Energy Materials espera producir cada año 30.000 toneladas de elecfoil, finas láminas de cobre para baterías eléctricas. El clima es favorable para esa producción, según la compañía, y el lugar es estratégico: hacia el norte, en Martorell (Barcelona), queda la fábrica de Seat. En el sur, en Sagunto (Valencia), Volkswagen impulsará una planta de baterías.

Los vecinos y agricultores de la región denuncian que la zona del Camp de Tarragona está ya muy castigada. La provincia acoge explotaciones energéticas (entre ellas, las centrales nucleares Vandellós II y Ascó), focos turísticos como Salou o el parque temático de Portaventura, complejos petroquímicos y una refinería de Repsol.

La sequía que asfixió en 2024 al Camp de Tarragona arruinó los cultivos de avellanas y de oliva. “Los avellanos han muerto casi al 100%, y los olivos al 80%”, lamentan desde Revolta Pagesa. También lo han sufrido los algarrobos y los almendros de secano. “Llevamos tres años sin regar del pantano Riudecanyes”, se queja Ramón Rojo, portavoz de esta asociación.

“El agua tiene que venir primero a la agricultura antes de que pongan más químicas y más industrias”, zanja. Se calcula que Lotte empleará cada día unos 2.000 metros cúbicos de agua en la producción de elecfoil.

El sábado, día central de la protesta, los participantes se multiplican: 3.000 personas se movilizan contra Lotte, entre activistas, plataformas de vecinos de Mont-roig y colectivos como Revolta Pagesa o Unió de Pagesos, el principal sindicato agrícola catalán. La acción consiste en ocupar el terreno, plantar árboles y hacer una cadena humana. La policía finalmente no aparecerá, para decepción de muchos activistas, acostumbrados a protestas más “cañeras”, como las llaman. Entre esos activistas están Mahaut y Simon, unos franceses que militan en SLT. “Pero para ser la primera acción, está muy bien”, valoran.

¿Contradicciones?

La multitud marcha, campo a través, hasta el terreno donde se construirá la fábrica. Son varias horas a pie, aunque algunos conducen tractores. Varios de ellos, jóvenes agricultores, se sumaron también a las tractoradas que a lo largo del 2024 se manifestaron, en parte, contra las medidas del Pacto Verde Europeo. 

Rojo no encuentra en ello ninguna contradicción: “Estamos aquí para defender el suelo agrario, para defender la agricultura y el Camp de Tarragona, para que no haya más contaminación de la que ya tenemos”.

Revolta Pagesa ha protagonizado disputas recientes con los grupos ecologistas, a raíz del freno a la constitución de la Agencia de la Natura de Catalunya y a la reintroducción del lince ibérico. Las tensiones entre el mundo rural y el ecologismo son frecuentes, y la Ley de Restauración de la Naturaleza fue uno de los grandes frentes de batalla del año pasado.

Los levantamientos de la tierra en Francia surgen en 2021 de la experiencia de las Zonas a Defender —establecimientos de resistencia en que se instalan activistas locales y venidos de otros lugares para luchar contra determinados proyectos industriales, como ampliaciones de aeropuertos o construcción de carreteras— y los KlimaCamps, campamentos de formación en la que los activistas enseñan y aprenden métodos para exigir justicia climática.

Soulèvements de la Terre rompe con el ecologismo más urbano y con aquellas formas de protesta de Extinction Rebellion o Fridays For Future, que se centran en pedir a las autoridades un cambio para atajar la crisis climática. “Pero ese cambio no va a venir de ahí”, sentencia el francés Camille Teixó, que participa en Soulèvements de la Terre. En ese ambiente, Teixó cuenta que “había un punto de desesperación, y la gente salía a la calle a pasear su impotencia”. La idea de SLT, y de Revoltes de la Terra, es justamente devolver al activismo climático el espíritu de victoria y “conectar con la potencia colectiva”.

Residente en Catalunya desde hace años, el activista habla catalán con los impulsores de Revoltes de la Terra. También maneja el castellano a la perfección. Admira el tejido asociativo de Catalunya, y admite que gran medida de lo logrado en la composición de Revoltes de la Terra bebe de la cultura independentista. Pero precisamente la idea de esta composición de colectivos es “superar las diferencias ideológicas”, matiza. 

Unión desde la división

Como SLT, Revoltes de la Terra logra aliarse con el mundo rural. En Catalunya, estos ecologistas comparten con el campo la reivindicación identitaria. La unión desde la división. El primer día, el jueves por la noche, solo dos periodistas están presentes en el olivar. Ninguna pertenece a un medio de Catalunya. El único idioma de la acampada —en la que hay personas llegadas de todo el Estado español y de otros países, como Francia y Reino Unido— es el catalán. Sólo en la primera asamblea logística se facilita un punto de traducción simultánea al castellano. 

El viernes por la tarde, los portavoces de Revoltes de la Terra deciden hablar por primera vez con la prensa. Acuden al encuentro cuatro periodistas. Ninguna de las reporteras allí presentes habla catalán.

—Después de hacer vuestras declaraciones en catalán, ¿podríais contestar en castellano? — pregunto a los portavoces.

La persona que facilita el contacto con medios de comunicación rechaza la propuesta, pero sugiere que las preguntas se contesten en español.

—Uf, per mi és que és un tema ideològic — contesta la coportavoz de Revoltes de la Terra Marta Roig, y niega también esa posibilidad. 

Electrificar la movilidad

El fantasma que recorre el campamento a lo largo del fin de semana es el objetivo de la protesta, que desvela una suerte de guerra contra la movilidad eléctrica. La transición energética es un tema espinoso que divide desde hace tiempo al movimiento ecologista. Cuando se inician estas conversaciones con los participantes en este encuentro, enseguida aparecen términos como “tecnosolucionismo”, por un lado, y “colapsismo” por el otro. Unos rechazan la apuesta por las renovables y la movilidad eléctrica para frenar la crisis climática; mientras que otros creen que no aprovechar estas tecnologías es una forma de resignación ante un escenario peor de calentamiento global, y una aceptación de sus consecuencias.  

“El problema es que aquí no se está cuestionando para nada la movilidad que está habiendo”, resume Eduard Alzina, coportavoz de Revoltes de la Terra. “Están proponiendo una solución a corto plazo que no es viable ni para todo el mundo. Toda esta industria requiere unos minerales y una explotación y una contaminación en el sur que tampoco es viable y que tampoco es verde y lo que hay que cambiar es el modelo de movilidad individual que existe hoy en día”. 

“Lo que nos ofrece el capitalismo verde europeo es llevarnos a un punto de no retorno. La única solución que nos ofrecen es resolver el capitalismo con más capitalismo”, arguye Marta Roig. “Es pintar de verde lo que ya hay”, coincide Camille Teixó. 

“Apostamos y defendemos un modelo social que prioriza a las personas y el territorio, que se encuentra en las antípodas del patrón neocapitalista predominante que encarnan a los grandes lobbies económicos”, sostiene por su parte el líder de Salvem Mont-roig, Jep Borrull.

Marcos pasea con su bici por el terreno de la protesta. Ha venido desde Cantabria para apoyar. Critica la “mal llamada transición energética” que a su juicio es en realidad una “transacción energética”. Arguye que la transición “no es cierta”. “No deja atrás el petróleo, el carbón, el gas, que es fundamental para hacer los juguetes tecnológicos punteros”, dice en referencia a las energías renovables. Cuenta que le sorprendió “para mal” que Red Eléctrica lograra recuperar la electricidad “tan pronto” tras el apagón del pasado lunes. Para él, se ha perdido una oportunidad de mostrar a la población las consecuencias de un colapso.

El concejal de la CUP en Valls (Tarragona), Pere Vidal, explica que “nos preparamos para lo peor y esperamos que pase lo mejor”, dice Vidal, quien considera que “la distopía ya está aquí”.

Para Albert Villena, uno de los 14.000 vecinos de Mont-roig, el coche eléctrico “no es el problema en sí”. Pero exige la participación ciudadana en un proyecto de esas dimensiones, con ese consumo de agua. “Una planta de este tipo es lo suficientemente importante como para que pueda votar todo el mundo. No puede ser una decisión política porque el Gobierno cree que es lo mejor para todos. Eso lo hacían los reyes absolutistas franceses, pero ahora ya no toca”.

“Putos sicarios terroristas es lo que sois, malnacidos”. “¿Cómo podéis dormir por las noches después de tanto ocultar y mentir?”. “Psicópatas. Vientos huracanados y destructivos después de anegarnos de aguas torrenciales provocadas, dejar a cientos de personas sin hogar y muertes. Sois unos hijos de puta, unos criminales”. Podrían ser mensajes de odio vertidos a representantes políticos después de una catástrofe natural mal gestionada, o tal vez podrían haberse dirigido a empresas de la industria de los combustibles fósiles –principales responsables del calentamiento global–. Sin embargo, ninguno de estos supuestos es el caso de los mensajes reproducidos en este párrafo.

Estas frases estaban dirigidas a científicos. En concreto, a los que trabajan en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), diana de negacionistas del cambio climático y de otros que cuestionan la autoridad de la comunidad científica para hablar sobre lo que está ocurriendo con la estabilidad climática del planeta.

El fenómeno ha cogido impulso en los últimos años en España, donde ha afectado al menos a la mitad de los científicos –y, sobre todo de científicas– encuestados por el Science Media Centre (SCM). Entre marzo de 2022 y julio de 2024, esta organización preguntó a un total de 1.405 personas expertas en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Respondió un 17% de los contactados; tasa de respuesta que, aseguran, es significativa si se compara con estudios de otros países. El 51,05 % de estos admitió haber sufrido algún ataque después de comunicar sobre ciencia, cifra que asciende al 53,33% en el caso de los científicos climáticos.

“Lo que estamos viendo ahora es que los mensajes van más allá del negacionismo y son ataques personales”, explica la doctora en sociología Gemma Teso, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Junto a la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), el observatorio analiza la comunicación de la crisis climática y la transferencia social del conocimiento sobre la acción climática en los medios e Internet.

Los ataques a científicos no son un fenómeno nuevo, pero sí reciente en España, apunta Teso. “Hemos tardado varias décadas en importarlo, pero en Estados Unidos, en la década de 1990, ya se observaba un discurso negacionista ligado a la industria de los combustibles fósiles y vinculado con ciertas esferas del poder político conservador”, recuerda.

Parte de la estrategia para frenar la acción climática, sostiene esta socióloga, es desacreditar a la ciencia para hacerla pasar por ideología: “Si tú vendes algo como ideología, en lugar de como conocimiento, lo puedes utilizar como herramienta en el discurso político”.

La novedad es el empuje que han dado las redes sociales a estos discursos. “Las redes viven de la conversación y la polémica”, denuncia Teso. Critica que los algoritmos alimentan la polarización al dirigir el contenido hacia aquellos más propensos a interactuar con las publicaciones, que en muchos casos son los usuarios que no están de acuerdo. Y esto, para Teso, solo ha agravado el problema de los discursos de odio.

El odio es muy transversal. Se empieza desacreditando el mensaje de la ciencia y se termina con discursos que lo que hacen es culpabilizar a la persona

Gemma Gemma Teso — coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático

Para este reportaje se ha consultado a X (antes Twitter) por el criterio de la red social para dirigir su contenido, así como por los planes de la empresa para prevenir la desinformación climática, pero desde la compañía no han respondido a los correos.

Los insultos son solo una de las categorías estudiadas dentro de los discursos de odio. También lo son el descrédito profesional y el menosprecio por razones de género, identidad y orientación sexual, raza o edad, entre otras características.

“En el caso de los científicos, se trata sobre todo de desacreditarles a nivel personal, a nivel académico”, apunta la experta, pero luego el odio se entremezcla con esos otros factores como el género o el origen. “El odio es muy transversal. Se empieza desacreditando el mensaje de la ciencia y se termina con discursos que lo que hacen es culpabilizar a la persona”, agrega.

“Estafador, traidor, explica a tu pueblo el genocidio de guerra climática encubierto por vosotros mediante la geoingeniería. Espero que un día sufras de verdad las consecuencias de este genocidio en tu propia piel”, le dice un usuario de X a Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, en una publicación en la red social.

Es una de las muchas respuestas en ese tono que el meteorólogo ha recibido a título individual, y también de manera colectiva a través de la cuenta de la Aemet en X, pero asegura que el acoso ocurre además en Facebook y fuera del entorno digital.

“Algunos compañeros han llegado a recibir llamadas de teléfono”, denuncia Del Campo, y hace dos años la oficina de la Aemet de Extremadura amaneció con una pintada en la fachada en la que se les llamaba “asesinos”.

En todo caso, el principal campo de batalla donde los negacionistas se enfrentan a los meteorólogos de la agencia estatal es, sin duda, las redes sociales. Especialmente X: este es el escenario donde tiene lugar el 59,8% de los ataques sufridos por los científicos que participaron en la encuesta de SCM España. Seguían a esta vía los comentarios de los lectores o espectadores en los medios de comunicación online (21%) y los señalamientos en persona, más en público (11,9%) que en privado (7,4%).

Nos acusan de lanzar supuestas sustancias a través de aviones, que se manifiestan en forma de estelas de condensación, a las que llaman 'chemtrails', algo que no es físicamente posible. Además, no sé qué sentido tendría provocar una sequía

Rubén del Campo — meteorólogo y portavoz de la Aemet

“Desde que Aemet está en las redes sociales –hace ya más de diez años– hemos recibido insultos, amenazas, sobre todo en X, relacionadas con el tema de la modificación artificial del tiempo”, precisa Del Campo. “Nos acusan de lanzar supuestas sustancias a través de aviones, que se manifiestan en forma de estelas de condensación, a las que llaman 'chemtrails'”. Algo que, dice, no es físicamente posible. “Pero además no sé qué sentido tiene provocar una sequía”, añade. Esta teoría de la conspiración es la que reúne en los chats de Telegram 'Aguaiuris' y 'Geoingeniería' a 24.000 y 12.000 personas, respectivamente.

En estos canales abundan las letras en mayúsculas, las exclamaciones, los emoticonos de indignación, caras de asco, de enfado, muestras de desaprobación. El tono general es la alerta. La alerta y la burla. “Traidor mentirólogo” es el apodo que recibe Del Campo cuando se cita una entrevista, publicada en el diario deportivo As, en la que el meteorólogo afirma que en dos o tres décadas todos los veranos serán como el tórrido de 2022, que batió todos los récords de calor y es por ahora el más cálido de la historia del país.

El comentario, que solo recoge esas dos palabras, en mayúsculas, acumula varias decenas de reacciones y respuestas que secundan el rechazo al experto con insultos sobre sus supuestas mentiras. No hay un llamado –no, por lo menos, en estos canales abiertos– al linchamiento colectivo en redes sociales. Pero sí una dinámica que se repite: alguien deja un enlace en el chat –un reportaje, una publicación en redes, una entrevista en un medio– que no tarda en recibir reacciones furiosas, y ese día o los posteriores aparecen mensajes de odio en X.

Es difícil determinar si las crecientes manifestaciones de odio hacia especialistas climáticos revelan que hay más negacionismo, más descrédito de la ciencia, o si simplemente estas voces han ganado espacio y visibilidad, si están más organizados.

Las redes como armas en EEUU

“Es una combinación de ambos factores”, opina el científico climático estadounidense Michael Mann, que lleva más de 20 años en la mira de negacionistas. “Malos actores –contaminadores, plutócratas– han convertido las redes sociales en armas para amplificar cualquier negacionismo del cambio climático que quede presente. Con los ejércitos de bots y las granjas de trolls que emplean, es muy difícil determinar qué es orgánico y qué es fabricado”, añade.

La primera oleada de acoso y desprestigio contra este reconocido climatólogo, profesor en la Universidad de Pensilvania y autor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se produjo en 2001, tras la publicación de un informe del IPCC. El documento destacaba su trabajo de investigación sobre el aumento en la temperatura del planeta, ilustrada con una gráfica que representaba una curva de calentamiento con forma de palo de hockey, que se había dado a conocer ya en los años 90 y que hoy es considerada un icono de la representación visual del cambio climático.

Pero el fenómeno se agravó a finales de 2009, recapitula el científico, “a raíz del robo de correos electrónicos sobre el clima y la campaña de desinformación de la derecha que lo rodeó”.

Dejé caer la carta, contuve la respiración y salí por la puerta lo más rápidamente que pude, cerrándola tras de mí. Primero fui al baño a lavarme las manos. Luego llamé a la policía

Además de las decenas de investigaciones impulsadas por negacionistas climáticos –de las que salió bien parado, porque no había fraude alguno– Mann recibía mensajes violentos y amenazas contra él y su familia. Por correo electrónico le llegaban advertencias como “la opinión pública irá a por ti”. Algunos correos le sugerían que el científico estaría pronto “a dos metros bajo tierra” o aseguraban estar deseando leer que se había suicidado. En una ocasión, encontró entre su correspondencia un sobre del que cayó un polvillo blanco. “Dejé caer la carta, contuve la respiración y salí por la puerta lo más rápidamente que pude, cerrándola tras de mí. Primero fui al baño a lavarme las manos. Luego llamé a la policía”, contaría después en una columna en The Washington Post. Aquello, por suerte, no era ántrax, sino almidón de maíz. Pero sirvió para atemorizarle.

Odio redoblado a las mujeres

El miedo ha llegado también a la casa de la física y meteoróloga Isabel Moreno. Uno de los mensajes de odio –de los muchos que ha recibido últimamente en X y en TikTok– que más le ha inquietado hasta la fecha es uno de abril de 2024, donde un usuario decía: “Volvió la tipa esta… Es la Galeote del cambio climático. Si la anulamos a tiempo nos vamos a quitar muchas tonterías de encima. Los de mi tipo los denominamos Anti Origen. Son lo más peligroso que existe en la humanidad a día de hoy”. A esta publicación en X, otro contestaba: “Al final habrá que hacer lo que hay que hacer”.

Moreno, que trabaja en el programa de TVE Aquí la Tierra, ha sido el blanco de insultos, comentarios misóginos y otros ataques en redes sociales, sobre todo, desde que se posicionó en contra de un debate que iba a alojar el youtuber Jordi Wild en su canal de streaming. El catalán –que amasa 12 millones de suscriptores en YouTube, 3,8 millones de seguidores en X, otros tres millones en Instagram y 1,7 millones en TikTok– anunció que preparaba un debate sobre cambio climático, y que buscaba para ello a alguien que pudiera explicar bien el calentamiento global. “El otro perfil”, decía, ya lo tenía. Prendió la polémica en redes, especialmente entre divulgadores y expertos climáticos, sobre el peligro de emitir en un canal con tanta visibilidad un debate en el que una postura negacionista y la de un especialista en cambio climático fueran puestas al mismo nivel. Moreno fue de las que se pronunciaron, y alegó que el debate, en esos términos, validaría la visión anticientífica. Ese fue el detonante. Un aluvión de mensajes de odio llenó sus redes sociales.

Me da miedo, porque hay decenas de miles de personas en esos grupos de Telegram y no puedes asegurar que a alguien no se le vaya a ir la pinza y decida realmente hacer algo

Isabel Moreno — Física y meteoróloga en el programa Aquí la Tierra

“Lo hablé con algunos amigos suyos que son policías, y todos me dijeron que no podía demandar a los usuarios de X porque yo al final era un personaje público. Pero eso a mí me da mucho más miedo, porque la gente sabe dónde trabajo y cómo me llamo, sabe cómo es mi cara”, arguye.

Ella, en cambio, no puede ver la cara de los usuarios que la amenazan, ni conocer los nombres que se esconden detrás de cada alias. “Me da miedo, porque hay decenas de miles de personas en esos grupos de Telegram y no puedes asegurar que a alguien no se le vaya a ir la pinza y decida realmente hacer algo”, admite Moreno.

Los mensajes de odio lanzados a las científicas tienen el componente añadido de incluir más comentarios sobre su aspecto físico, amenazas de violencia sexual o, simplemente, poner en duda su capacidad para hablar como especialistas por el mero hecho de ser mujeres. “Más de una de cada tres investigadoras expresa que ha recibido comentarios sobre su capacidad científica, con una diferencia porcentual de más de 10 puntos con respecto a los hombres”, destaca el SCM España. Esto es algo que también combate Isabel Moreno en su día a día. Incluso cuando la crítica no viene desde el sector negacionista o de la ultraderecha, ella se siente menos legitimada para hablar sobre un tema, aunque lo haya estudiado en profundidad durante años, que otros perfiles —hombres que ni siquiera cuentan con formación científica.

Es lo que ocurrió cuando un grupo de medios españoles malinterpretó una publicación en X del científico Stefan Rahmstorf, catedrático de física oceánica en la Universidad de Potsdam y uno de los mayores expertos sobre la Circulación Meridional de vuelco del Atlántico (AMOC). En junio de 2024, algunos medios publicaron noticias que advertían de un colapso de la AMOC, algo que podía ocurrir “tan pronto como en 2025” y que generaría potencialmente una glaciación en Europa.

Moreno, que en su día centró su tesis de máster en la AMOC y que desde entonces ha seguido con preocupación el estado de esta corriente oceánica, quiso corregir esos titulares incorrectos en X, como terminó haciendo el propio Rahmstorf, autor del estudio y del post. Pero la meteoróloga se encontró con usuarios que la atacaban: “Venían hacia mí como si yo no tuviese ni idea de lo que estaba hablando, dando más prioridad a lo que decían otras personas, algunas de las cuales no tienen ni siquiera formación en física. Pero eran hombres, claro”. Al final, el miedo y la frustración han hecho que ella deje de publicar en algunas redes sociales. “Yo siempre había defendido que me iba a mantener ahí, pero finalmente sí tuve que dar un paso a un lado. En X, por ejemplo, no publico casi nada porque no me apetece seguir mirando ese tipo de contenidos, y eso es algo que me ha afectado en el trabajo”, lamenta.

Del Campo cuenta que algunos de sus compañeros que eran antes muy activos en redes sociales también dejaron de publicar durante un tiempo; explica que X se ha convertido en un espacio hostil para la Aemet y juzga que es la red social que más desinformación promueve. Pero insiste en que es mejor estar, precisamente para luchar contra esa amenaza. “Hay que hacer contrapeso. X se utiliza mucho todavía, mucha gente la usa para informarse y tenemos que estar ahí. Si encima lo dejamos, abonamos el terreno a las personas que se dedican a lanzar bulos”, abunda.

También Michael Mann ha resistido a la campaña de negación y odio, que no le ha disuadido de expresar sus pensamientos o los resultados de sus estudios en las redes sociales. Al contrario, alega el científico: “En todo caso, me ha envalentonado”.

Un día de noviembre previo al confinamiento por la pandemia, un grupo de estudiantes saltó al campo de fútbol en el partido más esperado de la temporada entre Yale contra Harvard. Durante una hora interrumpieron el juego, que se daba por cable en la televisión, en protesta por la multimillonaria inversión de sus respectivas universidades en la industria de las energías fósiles. En el momento álgido de la protesta 500 personas ocupaban el campo. Varios estudiantes fueron detenidos. Entre ellos estaba Manny Rutinel, alumno de Derecho en Yale, de 26 años. “Nos acusaron de desorden público, pero al final retiraron los cargos por el tremendo apoyo nacional que recibimos, reconocieron que era un asunto importante, que éramos un puñado de estudiantes no violentos que creía que Harvard y Yale deberían hacer más sobre el clima y en la desinversión de las energías fósiles”.

El sábado del partido, Jade Woods, estudiante de Ciencias Políticas en Harvard, supo que esa también era su batalla y se unió al movimiento Fossil Fuel Divest Harvard (Algo así como ‘Desinversión de las Energías Fósiles Harvard’). La campaña estudiantil, en marcha desde 2012, ha conseguido este mes de septiembre su objetivo tras nueve años de movilización de los estudiantes, exalumnos y profesores: forzar a una de las universidades más ricas e influyentes del mundo a abandonar su colosal inversión de 42.000 millones de dólares (36.335 millones de euros) en la industria de las energías fósiles. En una carta publicada en su web el 9 de septiembre, el presidente de la universidad, Lawrence Bacow, lo anunciaba de forma escueta: “Dada la necesidad de descarbonizar la economía y nuestra responsabilidad como fiduciarios de tomar decisiones de inversión que sostengan nuestra misión de enseñanza e investigación, no creemos que estas inversiones sean prudentes”.

La palabra ‘prudente’ ha sido uno de los hallazgos más valiosos en la pelea de los estudiantes, pues ha logrado quebrar el silencio y la negativa del centro universitario durante años y ha encendido la mecha de la desinversión en petróleo, gas y carbón de otros potentes centros académicos del país. En marzo de 2021, los activistas presentaron ante la fiscal de Massachussets una queja legal contra su propia universidad en la que argumentaban que la masiva inversión no solo era inmoral por comprometer el futuro de sus estudiantes. “Nos dimos cuenta de que además era ilegal, y este argumento se podía aplicar a todas las universidades del país”, explicó entusiasmada Ilana Cohen, una de las jóvenes organizadoras del movimiento, en una rueda de prensa on-line celebrada tras el anuncio de la universidad.

Fue Ted Hamilton, exalumno de Derecho de Harvard y hoy abogado en la organización Climate Defense Project, dedicada a apoyar a activistas climáticos, quien ayudó a montar la argumentación jurídica. En ella se alegaba que Harvard, como institución sin ánimo de lucro, está obligada por la legislación estatal a tener inversiones “prudentes”, que busquen siempre el interés de sus principales beneficiarios (en este caso, los alumnos). Y subrayaban que invertir en una industria que contribuye al cambio climático implica una violación del “deber fiduciario” de la institución.

Este deber se refiere a la principal fuente de ingresos de la universidad, un fondo patrimonial llamado endowment, muy habitual en las universidades estadounidenses y en general en los países anglosajones, que invierte el dinero de las donaciones y subvenciones que recibe en productos financieros seguros para pagar becas, formación, apoyo a los alumnos más brillantes o proyectos de investigación. Harvard tiene el mayor endowment de las universidades de Estados Unidos.

“Aquí se está teniendo en cuenta un aspecto financiero fundamental. La decisión de Harvard reconoce que la mejor forma de proteger esa inversión y tener retornos seguros es desinvertir en energías fósiles. En 1980, este sector representaba el 28% del índice Standard&Poors (uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos), hoy representa el 2%”, ha explicado Tom Sanzillo, director financiero del Institute for Energy Economics.

Una de las voces más contundentes sobre la decisión de esta universidad ha sido el activista ambiental y escritor Bill Mckibben, creador en 2008 del movimiento mundial de desinversión 350.org, que hasta el momento ha conseguido que 1.339 instituciones de todo el mundo retiren su dinero de las energías fósiles, lo que representa 14,68 billones de dólares (12,7 billones de euros). “Este es un momento importante, como lo fue cuando la Fundación Rockefeller salió, o Irlanda, o cuando lo hizo la ciudad de Nueva York. Ahora Harvard ha dejado a otros sin la posibilidad de esconderse”, incidió ante los periodistas.

La ayuda de los exalumnos

Como el abogado voluntario Ted Hamilton, decenas de exalumnos han ayudado a los estudiantes a mantenerse en la protesta durante todos estos años. “Han escrito peticiones, asesorado, han construido campañas, organizado eventos. Es precisamente porque la gente ha seguido apareciendo por lo que hemos ganado”, contó Anna Santoleri, hoy educadora para espacios abiertos, en el encuentro con la prensa. Esta exalumna entró en la campaña en 2014. “Eran las seis de la mañana, me puse dos pares de pantalones antes de salir de casa. Era invierno en Boston y estaba helada. Fui a una manifestación, había 20 personas y pensé: ¿dónde está todo el mundo? Ahí empezó para mí. No quería ser una de esas personas que no están”.

En 2020 se involucró también en el movimiento climático estudiantil Isha Sangani, que acababa de empezar su grado de Informática en Harvard. Esta alumna de 19 años recuerda los incendios de 2017, cuando se batió el récord de temperatura y aridez en su natal estado de Washington, al oeste del país. “Cuando una buena amiga pasó dos semanas en el hospital por culpa del humo, me di cuenta de que el cambio climático ya está aquí, que es serio y que no va irse a ninguna parte”.

Algunos activistas consideran que el anuncio de Harvard no puede entenderse sin situarlo en un favorable contexto político en Estados Unidos, con una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso que está incrementando la ambición climática del país con más responsabilidad histórica en el calentamiento global.  

El apoyo de figuras públicas como Al Gore y otros exalumnos de Harvard que, como la senadora del estado de Main Chloe Maxmin, ahora ocupan posiciones de poder, es otra de las pistas para comprender por qué ahora, después de una década en pie de guerra, el movimiento estudiantil ha logrado la fuerza suficiente para hacer ceder a la universidad. 

El efecto dominó de la decisión de Harvard ya ha empezado. En una sola semana desde el anuncio, la Universidad de Boston y la Universidad de Minnesota anunciaron que se retiraban de los combustibles fósiles. Ahora las miradas están sobre Princeton y Yale. Lynne Archibald, exalumna de la universidad y activista en la campaña Divest Princeton, lamenta que la institución acoja programas de investigación financiados por empresas como las petroleras British Petroleum (BP) o ExxonMobil, que llevan a un “claro conflicto de intereses” a la hora de elaborar estudios sobre las posibles soluciones a la crisis climática. “Nadie aceptaría que McDonald's financiara un estudio sobre obesidad o que Philip Morris financiara soluciones para el cáncer de pulmón”, mantiene Archibald. “Esos programas de investigación en energía verde financiados por las empresas de combustibles fósiles producen estudios centrados en el hidrógeno, en el gas natural o en el secuestro de carbono; todo lo que permite a esas mismas compañías seguir operando”.

A 30 grados, recorrer el extremo oeste de la calle Leigh, en Richmond (Virginia), no era tarea sencilla el pasado domingo. El calor se percibe más intenso cuando no hay un solo árbol bajo el que refugiarse. Algunos troncos finos, con pocas hojas, sirven para adornar las aceras de esta calle vacía, pero no para rebajar la sensación de bochorno. De vez en cuando interrumpe el camino un árbol muy joven, visiblemente recién plantado. Es parte de un esfuerzo colectivo de reforestación ciudadana que cobra impulso en Richmond, por el que miles de vecinos se han movilizado para compensar la falta de cubierta vegetal en los distritos más desfavorecidos. 

Carver, el barrio que aloja esta calle, es uno de los menos arbolados de la ciudad. También es predominantemente afroamericano, una correlación que se repite aquí y en muchas otras ciudades de EEUU, tal y como ha revelado un estudio elaborado por la Universidad Commonwealth de Virginia y el Museo de Ciencias de este mismo estado. Los especialistas analizaron los mapas de 108 urbes, y comprobaron que los barrios de población negra y latina son los más vulnerables frente a los impactos climáticos. “De media, esos barrios sufren unos 2,6 ºC de temperatura por encima del resto”, explica Jeremy Hoffman, uno de los autores de la investigación. “Eso es en verano, en general. Pero en las olas de calor la brecha es mayor”, matiza. Según Hoffman, buena parte de esta diferencia se atribuye a la falta de techo arbóreo. “En Richmond nos enorgullecemos de tener un buen acceso a espacios verdes de alta calidad, y me encanta que haya barrios concretos que tengan tanta densidad y dosel de árboles, pero las diferencias son bastante acusadas”.

Este experto precisa que los árboles no son solo claves para reducir el efecto de isla de calor en una ciudad, sino también para prevenir las inundaciones y para mejorar la calidad del aire. No es casualidad que en estas zonas de la ciudad con mayor población negra e inmigrante también haya mayor concentración de contaminación atmosférica, como expone un estudio publicado la semana pasada y también liderado por Hoffman.

La explicación es que a principios del siglo pasado, cuando las políticas de segregación racial eran la norma, los barrios de afroamericanos fueron calificados explícitamente como “peligrosos”, con la nota ‘D’, información que se incluía en unos mapas de riesgo que preparaban las administraciones de la época para espantar a los inversores inmobiliarios de las zonas de población negra. Así, desviaban esas oportunidades a los distritos de familias adineradas –blancas– valorados como ‘A’ o “mejores”. Esto se tradujo en que los barrios ‘A’ continuaron acaparando la inversión y los recursos de la ciudad, lo que perpetuó las desigualdades. Allí se plantaron árboles, que hoy lucen frondosos y albergan sombras que ayudan a combatir el calor, y se evitó construir carreteras y autopistas, que atraviesan sin embargo los barrios C y D, pegados al asfalto y al ruido de los coches. Por eso, los barrios A o B, donde todavía predomina la población blanca, son los más resilientes a los impactos de la crisis climática, como ilustra el Climate Equity Index.

Ahora, junto a los vecinos de las zonas afectadas, diversas ONG están plantando árboles en esos barrios más calurosos por diseño; una lucha colectiva que denominan Tree Equity.

Uno de esos vecinos es Jamaal O’Neal, que vive en el barrio de Manchester, un distrito por lo general obrero y de población latina o afroamericana que aparece con la letra D en los mapas de riesgo de 1930. Nacido en Texas, lleva seis años viviendo en Richmond, tiempo que le ha bastado para observar el aumento de temperaturas verano tras verano. También ha sido testigo del rápido desarrollo de la zona en los últimos años, donde nuevos apartamentos y oficinas han ido sustituyendo antiguos centros industriales y almacenes en desuso. Sin embargo, reclama que en las inmediaciones de ninguno de esos edificios recién levantados se han plantado árboles, por lo que las políticas de inversión al sur del James River todavía no contemplan la inequidad climática. En lugar de más verde, lo que ha traído ese nuevo desarrollo es más infraestructura gris, lamenta. “Estamos literalmente rodeados de cemento”.

Su percepción es que el activismo de Black Lives Matter, muy activo en la capital del estado de Virginia, donde todavía se se pueden ver símbolos confederados como la estatua del general Robert E. Lee —hoy cubierta de pintadas antirracistas—, está penetrando en otras luchas. Entre ellas, la ecologista, a medida que los problemas aparentemente ambientales, como la falta de cubierta vegetal o las inundaciones cada vez más frecuentes, desvelan inequidades asociadas al color de piel. “El racismo estructural va mucho más allá de la justicia criminal; está en las políticas inmobiliarias, en el desarrollo económico, en el transporte, en problemas ambientales que también afectan a las vidas de personas negras y morenas. Son siglos de discriminación y segregación racial que han llevado a la degradación completa y total de barrios que ahora son los más calurosos de la ciudad”, abunda Jamaal.

Se refiere a barrios como Swansboro, Carver o Gilpin, el caso más extremo sin sombra de árboles. En verano, y especialmente durante las olas de calor, Gilpin concentra el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con las altas temperaturas.

Los voluntarios reconocen que el gobierno local de Richmond se empieza a hacer cargo de su pasado. Sin embargo, lamentan que la Administración no tiene o no destina suficientes recursos a la compensación climática, por lo que relega en los residentes de estas islas de calor y en la actividad de ONG como Southside ReLeaf, Enrichmond o Reforest Richmond. “Es una pena, pero también es lo bonito, que es una iniciativa popular”, resalta Jamaal.

Coincide con él Daniel Klein, voluntario y miembro del comité de árboles de Richmond, con el que coordina la actividad que de manera espontánea se ha ido poniendo en marcha por parte de diferentes organizaciones. También acaba de organizar una donación de 1.000 árboles para plantar en los barrios C y D, algo que repetirán en otoño. En total, estima que hay cerca de 4.000 personas directamente involucradas en iniciativas de Tree Equity. “Otras ciudades han podido invertir para combatir estas desigualdades, pero en Richmond, lo que vemos es reforestación ciudadana, esa es su fuerza”.

Una vez hechas las plantaciones, lo que piden al gobierno local es que se ocupe de mantener esos árboles para que crezcan sin problema, y que a la larga lleguen a tener los resultados necesarios para combatir los efectos del calentamiento. Según el científico Jeremy Hoffman, lograr la sombra que ofrecen los árboles plantados en zonas A y B –los barrios blancos y adinerados de Richmond– puede llevar entre 50, 60 o incluso 100 años. “Además de plantar, hacen falta medidas complementarias a corto plazo, como paradas de autobús o centros de enfriamiento”, opina el especialista.

Pero, aunque la solución a largo plazo no ayude a resistir mejor los próximos veranos, los voluntarios no desisten. “¿Cuándo es el mejor momento para plantar?” Se pregunta Daniel Klein. “Hace 20 años”, contesta. “Bien, una vez perdida esa oportunidad, ¿cuándo es el segundo mejor momento para plantar? Ahora”.

Una broma de ‘April Fools’, el equivalente al día de los inocentes de los países hispanohablantes, tuvo lugar este 1 de abril. Las marquesinas de autobuses de Barcelona, Bruselas, Londres, Ámsterdam, Dublín, Lisboa o Milán, entre otras ciudades, amanecieron con carteles publicitarios de empresas de energías fósiles. Pero, en lugar de destacar aspectos positivos de las marcas, los anuncios mostraban imágenes de niños llorando y frases como “el gas natural no es limpio, ni verde, ni renovable”.

La acción, coordinada por el colectivo Gastivists, que engloba a grupos locales en diez países europeos, pretendía poner en evidencia la inversión millonaria de la industria del gas, recogida en documentos como este informe del Observatorio Europeo Corporativo, para “vender la idea de que el gas es bueno”, señala esta organización en su web.

La táctica que emplean estos activistas se llama subvertising (publicidad subversiva), y se viene utilizando en acciones de protesta desde hace décadas. Se enmarca en el concepto más amplio de culture jamming, que consiste en alterar los símbolos presentes en los diferentes medios de comunicación para luchar contra determinados hábitos de consumo que se incentivan desde la publicidad.

Una de las referencias en este ámbito es BUGA UP (siglas de Billboard Utilising Graffitists Against Unhealthy Promotions), un grupo de activistas australianos que desde los años 70 se dedicó a boicotear decenas de miles de vallas publicitarias que contenían anuncios de tabaco. En 1994 Australia prohibió la publicidad de productos tabaqueros en estos espacios. 

“Desde entonces hay colectivos similares en muchas ciudades del mundo, y cada vez somos más”, explica Peter Marcuse, uno de los artistas fundadores de Brandalism. En activo desde 2012, este grupo ha dedicado varias de sus campañas a denunciar el greenwashing (lavado verde de imagen) de las empresas que aún contribuyen a financiar las energías fósiles. Ellos también recurren al arte de guerrilla para reemplazar la publicidad oficial por “anuncios de parodia”, un movimiento donde según Marcuse hay cada vez más crítica a las empresas que contribuyen a la crisis climática.

A medida que “las empresas contaminantes están intentando cambiar su estrategia y lanzar mensajes de lucha contra el cambio climático”, advierte, iniciativas como Brandalism, formadas en parte por ecologistas y en parte por diseñadores y artistas, inspiran la formación de nuevos grupos de desobediencia civil no violenta a través de la creatividad y el humor. Algunos ejemplos son el movimiento Adfree Cities, la campaña británica Badvertising o Z.A.P. (Zero Automobile Publicity), un colectivo reciente en España y que ya ha llevado a cabo iniciativas contrapublicitarias en Sevilla, Madrid, Barcelona y Zaragoza.  

En septiembre de 2020, Brandalism dedicó su campaña contra el greenwashing al sector del automóvil. Los artistas dieron el cambiazo a anuncios oficiales de firmas como Range Rover, Ford, Volkswagen, BMW, Citroen, Lamborghini o Vauxhall, entre otras, por diseños que, a su juicio, reflejaban una imagen más ajustada a la realidad de la conducción y a sus impactos medioambientales y sociales.

“Las marcas quieren dar una imagen que no corresponde en absoluto con la realidad. Los anuncios muestran un coche conducido en un escenario espacioso, muchas veces en medio de la naturaleza– en una playa vacía, por ejemplo– como si el coche se fuera a conducir en esas condiciones. La realidad es que la mayor parte de las veces se conduce en un entorno de estrés y ruido, rodeado de muchos otros coches y causando un problema ambiental y de salud pública en la ciudad”, explica Marcuse.

En París, a finales de 2015, durante la Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas (COP21), los activistas retiraron de las marquesinas carteles de aerolíneas, petroleras y otras empresas contaminantes y colocaron centenares de anuncios de parodia que pretendían exponer la “incoherencia de que muchas de estas empresas patrocinaran el encuentro”.

En total, 20 años de negociación no han bastado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para llegar a un acuerdo que acabe con los subsidios que de manera directa o indirecta contribuyen a incrementar la capacidad pesquera y, en consecuencia, al progresivo agotamiento de los caladeros.

En 2020 vencía el último plazo que la OMC se había fijado para eliminar las ayudas que aumentan la presión humana sobre los recursos pesqueros, sobreexplotados en un 34% de las poblaciones de peces, según la FAO. Pero el intento de llegar a un acuerdo ha quedado en nada, y la OMC seguirá intentándolo este año.

Desde Ginebra y por videoconferencia, Santiago Wills, representante permanente en Colombia ante la OMC y encargado de las negociaciones, precisa la magnitud del problema: el valor de las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y a la pesca ilegal ronda entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares al año. Desde 1974, las poblaciones de peces explotadas a niveles biológicamente insostenibles a nivel global han pasado del 10% a superar el 34%, según datos de la FAO. En la Unión Europea las cifras son todavía peores: en el Mediterráneo, el mar más sobreexplotado del mundo, el dato asciende al 80%.

Raúl García, responsable de pesca de la organización conservacionista WWF, resume el historial de apoyo a la flota pesquera europea como un “círculo vicioso”: décadas de financiación para la construcción de flotas que permitían pescar “cada vez más lejos, cada vez más profundo y durante cada vez más tiempo” ha significado un coste “mucho mayor”, que es el agotamiento de los caladeros, y que llevó a la UE a darse cuenta del error y a diseñar programas para destruir los mismos barcos que había ayudado a construir.

Uno de los principales objetivos del acuerdo de la OMC –de momento, un borrador– es acabar con los fondos que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Un argumento en el que todos los especialistas coinciden es que la pesca furtiva no supone solo una amenaza para el medio ambiente y la seguridad alimentaria, sino que a menudo es también la puerta hacia la corrupción y el blanqueo de capitales.

La cuestión es cómo evitar que esto siga sucediendo. “Es algo sensible porque hay posiciones encontradas respecto al mejor método para hacerlo”, alega Wills, y cuenta que una de las propuestas que se han planteado es obligar a devolver los subsidios a aquellos barcos en los que se ha identificado actividad ilegal.

Otro punto importante es la posibilidad de eliminar las exenciones de impuestos al combustible de las que se benefician las embarcaciones pesqueras, lo que se calcula que, en el caso de los arrastreros, podría duplicar sus gastos en gasóleo. “Para estos barcos, el combustible supone el 50% de sus costes. Si se eliminan las exenciones, pasaría a representar el 75% del coste”, explica Raúl García de WWF.

Para García, el gran error de los subsidios pesqueros es que a menudo se utilizan como políticas sociales: “Se espera que mejoren la vida de la gente, y lo pueden hacer, pero no pueden ser sustitutivos de políticas de empleo, de salud. Esos fondos que se han estado utilizando hasta ahora para construir barcos en realidad solo minan el futuro del sector. Aunque a corto plazo puedan beneficiar a un armador, no benefician a la comunidad porque son ayudas directas al armador, que este invierte en más capacidad, en un barco más efectivo que desgasta más el recurso, y ese recurso es más difícil capturarlo. Si el recurso no es sostenible, es imposible tener estrategias de desarrollo a largo plazo, lo que termina perjudicando a todos los parámetros sociales”.

El buque Ever Given ya está reflotado, pero este viernes aún había 227 navíos haciendo cola en el Canal de Suez para atravesar este paso comercial del que depende el 10% del mercado global. Mientras decenas de barcos siguen desviando sus rutas hacia el sur de África, Maersk, la mayor empresa de transporte marítimo del mundo, está ofreciendo a sus clientes una vía mucho más rápida para frenar el enorme retraso en la entrega de mercancías de los nueve buques que tiene en esa fila: el avión.

“Lo que estamos haciendo es ofrecer a nuestros clientes en origen rutas aéreas de carga sensible o urgente. Estimamos que se ha perdido una semana de capacidad en la red de suministro global y recuperarse del shock va a llevar meses porque ya estaba la industria corta de capacidad debido a la pandemia”, explican a Ballena Blanca fuentes de la compañía. La empresa, que aún no tiene una estimación del volumen que va a transportar vía aérea, pues trabaja “hora a hora con Asia y Europa”, especifica que esto incluye todo lo que sus clientes puedan considerar “de primera necesidad”.

Desde que el lunes se lograra liberar el Ever Given, más de 100 barcos han logrado atravesar. Algunos de Maersk han llegado a Puerto Saíd, y unos 12 tuvieron que optar por cambiar de rumbo y seguir la ruta más larga, la que bordea el continente y pasa por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Aún así, Maersk mantiene su oferta de transportar la mercancía por aire para evitar que el atasco perjudique todavía más a la cadena de suministro de sus clientes. “La tarea difícil está por llegar”, explican desde la compañía. “Es como un puzle. Todas las navieras están en la misma situación, así que se esperan cuellos de botella en los puertos de Asia y de Europa. Para mitigarlos estamos ahora trabajando contrarreloj”.

Sin embargo, la crisis del Ever Given ha mostrado que cuando el sistema global tal y como está montado falla, las cuestiones ambientales, en este caso climáticas, se ignoran.

“El incidente del canal de Suez demuestra claramente el fallo del mercado global que tenemos al alinear los comportamientos del mercado con la crisis climática”, valora Jarl Krausing, director del think tank climático danés Concito. “Los liderazgos sectoriales solo pueden desplegar todo su potencial si existe una igualdad de condiciones entre todos los actores económicos relevantes de ese sector o de otros relacionados. A falta de una fuerte regulación internacional, el único medio con el que podemos corregir este profundo fallo del mercado es desarrollar y adoptar un precio global elevado y uniforme del carbono. Pero incluso eso requiere un acuerdo global, que por ahora parece ilusorio”, abunda Krausing.

Otra cuestión relevante, apunta este experto, es la vulnerabilidad de la economía mundial ante el bloqueo de una sola ruta de carga. “¿Se puede contrarrestar esta fragilidad con un mayor almacenamiento general de mercancías? Probablemente no, debido a las ganancias de eficiencia al no almacenar. ¿Debemos producir más localmente en lugar de abastecernos y transportar bienes y materiales globalmente a la escala actual? Sí, pero ¿cómo regularlo?”, plantea.

La decisión de recurrir al avión para ahorrar tiempo de transporte a costa de elevar la huella ambiental contrasta con los compromisos climáticos de Maersk, que en 2018 anunció la descarbonización de su flota a partir de 2030 y hace solo un mes avanzó que en 2023 ya tendrá listo su primer buque neutro en carbono. Recordemos que ni los barcos ni los aviones están obligados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático: sus compromisos de reducción son por el momento voluntarios.

Coincide con este análisis Joseph Romm, especialista en cambio climático y director del medio estadounidense FrontPageLive.com. “La crisis de Suez muestra la fragilidad del capitalismo globalizado ante las catástrofes y revela cómo las necesidades a corto plazo pueden desplazar los objetivos de reducción de la contaminación por carbono a largo plazo. Si queremos evitar un cambio climático catastrófico, tendremos que hacer que todas nuestras infraestructuras sean libres de carbono y más resistentes”. 

La activista ambiental Deb Haaland (Arizona, 1960) tiene desde el pasado jueves un poder inaudito para una indígena en Estados Unidos. Ese día juró como secretaria de Interior, uno de los departamentos más importantes en cuanto al tamaño –emplea a 70.000 personas–, presupuesto (casi 13.000 millones de dólares en 2020) y funciones. Por ejemplo, se encarga de conceder las licencias para proyectos energéticos o extractivistas en tierras públicas de todo el país, de gestionar los parques nacionales, los recursos marinos y las reservas de comunidades autóctonas y de afrontar los desastres naturales.

Ella es miembro de la tribu Laguna Pueblo y descendiente por parte de padre de inmigrantes noruegos. Es diputada en el Congreso desde 2019 y se ha convertido a sus 60 años en la primera persona indígena en liderar un gabinete presidencial de EEUU. Y en particular se ha hecho con un poderoso departamento que históricamente ha estado en manos de hombres blancos. “Una voz como la mía nunca ha sido secretaria de gabinete ni ha estado al frente del Departamento de Interior. Crecer en el hogar de mi madre Pueblo me hizo feroz. Seré feroz por todos nosotros, nuestro planeta y toda nuestra tierra protegida. Me siento honrada y dispuesta a servir”, escribió Haaland en un tweet, tras conocer su nominación al puesto en diciembre.

Se ha sometido a múltiples críticas por parte de los conservadores, que afearon sus antecedentes en el movimiento ecologista, su postura contra el fracking en territorio federal y su defensa del Green New Deal. En enero de este año, 15 representantes del partido republicano enviaron una carta a Biden en la que pedían que eliminase la nominación de Haaland, puesto que sus ideas, escribieron, son “totalmente contrarias a la gestión responsable” de las tierras públicas. “Los ataques del Green New Deal a nuestros recursos naturales obligarán a Estados Unidos a aumentar su dependencia del extranjero para materiales como elementos de tierras raras, cobalto, cobre, níquel, hierro, uranio y agregados de países sin normas ambientales o laborales como la China comunista, Rusia y el Congo”, alegaron.

En marzo, sin embargo, el Senado ha confirmado su nombramiento, con una victoria de 51 votos frente a 40 en la cámara alta. Todos los demócratas la apoyaron, y también cuatro senadores republicanos: Lisa Murkowski y Dan Sullivan, de Alaska, Susan Collins de Maine y Lindsey Graham de Carolina del Sur.

“Haaland es una activista del clima por naturaleza. Creció en una familia de Laguna Pueblo con los valores de la protección de la naturaleza y de conservar el agua para futuras generaciones. Son sus raíces y se nota en la forma de pensar que tiene, que es diferente a la de la mayoría de personas”, explica Scott Forrester, su aliado y consejero en campaña y amigo de Haaland desde sus primeros años de activismo en el partido demócrata de Nuevo México.

“En las manifestaciones o actos de campaña recoge la basura que se encuentra en el suelo, va a todos lados con su propia botella de agua para no usar plástico, se manifiesta junto a otros activistas contra proyectos extractivistas, se posiciona a favor de las renovables y se mantiene firme en su propósito de combatir el cambio climático”, aduce Forrester.

En cuanto supo de las protestas que la comunidad nativa de Standing Rock estaba organizando contra el proyecto de oleoducto Dakota Access Pipeline –que atravesaba territorio sagrado para estos indígenas y comprometía sus recursos naturales– Haaland se puso en marcha y pasó unos días en los campamentos junto a los Sioux, cocinando y haciendo resistencia desde las primeras líneas de batalla, en Dakota del Norte. La lucha, sin embargo, no logró terminar con el oleoducto, que empezó a funcionar en 2017.

El ecologismo de Haaland continuó en la política. En Washington fue una de las primeras impulsoras del Green New Deal, el paquete de medidas que algunos representantes demócratas defienden como solución para favorecer una transición ecológica y descarbonizar la economía al tiempo que se refuerza el Estado de bienestar y que ahora se sugiere integrar en el paquete de resiliencia tras la pandemia que acaba de aprobar el Gobierno de EEUU. Como diputada, Haaland también ha apoyado medidas de conservación muy controvertidas, como el proyecto de ley 5598, que pretendía prohibir la explotación minera de cobre y níquel a base de sulfuros en más de 234.000 hectáreas, a fin de proteger la calidad del agua del Boundary Waters Canoe Area Wilderness, una reserva natural en Minnesota.

Para Forrester, que ahora no trabajará con Haaland pero la ha acompañado en su trayectoria política durante años y es también nativo americano (en su caso, de la tribu Cherokee), la elección de colocar a esta activista en un puesto de tan alto rango y responsabilidad es una victoria histórica para los pueblos originarios y para el medio ambiente. “Es hora de enmendar los errores. Tener a una persona que ve el mundo de manera diferente, que traerá cambios contundentes y podrá avanzar en la lucha contra el cambio climático es, sin duda, un motivo de celebración”.

Los Alpes, el mayor destino de esquí del mundo, tiene cada vez menos nieve. Desde 1971, la capa de nieve en las cotas por debajo de los 2.000 metros de este sistema montañoso ha ido perdiendo profundidad, según lo ha revelado una investigación publicada este jueves en la revista científica The Cryosphere, que señala que hoy las temporadas de nieve en Los Alpes son entre 22 y 35 días más cortas que hace 50 años.

El estudio, en el que ha participado una treintena de especialistas procedentes de todos los países que atraviesan la cordillera –la más larga de Europa–, es el resultado de un año y medio de análisis, un trabajo pionero en tanto que examina cuantitativamente la variación en la profundidad en la nieve en el conjunto de zonas climáticas que conforman Los Alpes (la atlántica, la mediterránea y la europea continental), en lugar de centrarse en los datos de estaciones aisladas o de regiones específicas, como sí habían hecho anteriores investigaciones. Es, por tanto, el estudio con mayor cobertura, en términos espaciales, del problema de la pérdida de nieve en las montañas.

Coordinados por el centro europeo de investigación Eurac Research, los científicos han contrastado los datos de más de 2.000 estaciones de medición en las regiones alpinas de Francia, Italia, Austria, Eslovenia, Alemania y Suiza; y han hallado que entre 1971 y 2019, la nieve en la mayoría de las estaciones perdió un 8,4% de profundidad por década entre los meses de noviembre y mayo. En zonas y épocas de profundidad máxima, la reducción fue menor: un 5,6 % por década.

Aunque no se han encargado ellos mismos de atribuir formalmente este fenómeno a la crisis climática, los investigadores conectan la tendencia de descenso en la profundidad de la nieve con la del aumento sostenido de la temperatura media del planeta, un calentamiento que se ha acelerado, precisamente, desde la década de 1970, según ha avisado reiteradamente el grupo de especialistas climáticos de la ONU.

“Concluimos que las tendencias que observamos en la nieve se dan por cambios en la temperatura, y aunque no podemos atribuir formalmente estas variaciones a la crisis climática, estamos seguros sobre la relación”, aclara Michael Matiu, el investigador del Instituto de Observación de la Tierra, de Eurac Research, que ha coliderado el trabajo.

“Dado que el manto de nieve depende de la temperatura y las precipitaciones, el cambio climático que se está produciendo en los Alpes, especialmente el aumento de las temperaturas y el cambio de los patrones de precipitación, afectan a la abundancia de nieve”, precisa el documento.

Investigaciones previas han identificado los riesgos que el calentamiento global comporta para la industria de los deportes de nieve. En 2016, un estudio publicado en Climate Services calculó que un aumento de 2 ºC en la temperatura media del planeta podría suponer a los países que se lucran de este negocio en Europa una pérdida de 10,1 millones de noches en cada temporada de invierno, valoradas en unos 780 millones de euros.

Sin embargo, no está claro el daño que este nuevo detalle en concreto –la reducción en la capa de nieve– puede ocasionar al turismo ligado al esquí. Matiu lo explica: “Para los resorts de esquí, lo más importante no es tanto la profundidad de la nieve sino la capacidad que tienen para crear nieve”, si bien es cierto que esa capacidad de generar nieve artificial a su vez está condicionada por la temperatura, asegura, por lo que el calentamiento, de una manera u otra, termina afectando a estos complejos turísticos.

Para Matiu, más preocupante que la repercusión sobre el turismo es el impacto que la reducción en la capa de nieve tiene sobre la disponibilidad de agua en las montañas y las consecuencias socioeconómicas asociadas como la sequía o la menor capacidad de producción de alimentos.

Con este estudio, que han puesto a disposición de toda la comunidad científica sin restricciones, los investigadores pretenden contribuir a la ciencia del clima y esperan que su análisis abra la puerta a futuras investigaciones sobre este mismo asunto, pues auguran que este fenómeno solo se agravará en el futuro, especialmente en altitudes bajas, a medida que la Tierra siga calentándose.

Hay dos maneras de poseer un coche eléctrico: comprarlo nuevo o reconvertir el que ya tenemos transformándolo por dentro. Esta práctica, llamada retrofit, era hasta ahora algo reservado a coches clásicos o de lujo, pues resulta muy caro. Sin embargo, Francia ha dado un paso importante para generalizar la reconversión de vehículos usados a eléctricos, resultando esta opción más barata que adquirir un auto nuevo y con un efecto ambiental añadido: reducir el uso de recursos en la fabricación de automóviles.

De la fábrica que Renault levantó en Flins (región de París) en 1952 ya no saldrá ningún coche nuevo. En su lugar, el fabricante automovilístico transformará esta gigantesca factoría para reacondicionar coches de ocasión y convertir los autos de gasolina y diésel usados en eléctricos. La marca explicaba este giro a finales de 2020: “El mercado de segunda mano está en plena expansión por el despertar de una conciencia ecológica y nuevas formas de consumo que privilegian el uso sobre la propiedad”.

El paso dado por una marca del peso de Renault ha llegado solo unos meses después de que Francia aprobara en abril del año pasado una ley que simplifica al máximo los trámites para homologar un coche de combustión usado convertido en eléctrico. “Antes no había suficientes piezas, ni motores, ni reglamentación; lo que permite esta ley es la industrialización”, explica Arnaud Pigounidès, cofundador de la asociación francesa de empresas transformadoras a vehículos eléctricos AIRE.

Según este especialista, a partir de 13.000 euros se puede transformar en eléctrico un vehículo usado de gama media como un Renault Clio, homologación incluida. A esto hay que añadirle que el consumidor recibe una ayuda de 5.000 euros. “Es obvio que es mejor transformar ese coche para no desecharlo, es un valor ambiental, por eso el Estado lo está apoyando”, matiza.

Otros países europeos, incluida España, han creado leyes para homologar estos vehículos, pero se tramita caso por caso, lo cual encarece mucho todo el proceso. La diferencia de Francia es que permite la homologación en serie. “Para una empresa autorizada, transformar el primer coche es muy caro, es todo un trabajo de ingeniería para cambiar el vehículo por dentro; pero una vez se tiene la homologación del primer automóvil se pueden hacer 50 o 10.000”, matiza Pigounidès. Cuando esto sucede, el fabricante pierde la marca en el motor y en las baterías y entonces el auto pasa a ser responsabilidad de la compañía transformadora.

Estos autos transformados tienen menos autonomía que los eléctricos nuevos, pero quienes quieren impulsar este nuevo sector inciden en que la distancia que se recorre en una ciudad no necesita baterías que permitan muchísimos kilómetros. Según la asociación AIRE, el 90% de los trayectos en Francia es inferior a 40 kilómetros.

Aparte de los vehículos particulares, esta opción puede tener un gran efecto en el transporte de mercancías. Las furgonetas y los camiones que circulan por las ciudades son en su mayoría diésel, y cambiar las flotas a eléctricas resulta muy caro. “Las ciudades tienen cada vez más restricciones, zonas de bajas emisiones: ¿cómo hará una empresa, comprar furgonetas nuevas?”

Daniel Quer y su socio Juli Planas se dedican al retrofit en Catalunya desde hace seis años. En ese tiempo solo han transformado seis autos debido a lo complicado y caro que resulta; de hecho, están pensando llevar su actividad a Francia por el cambio de la regulación en ese país. La paradoja es que el interés que muestran las compañías por electrificar sus flotas no deja de crecer. “A nosotros nos ha contactado Cruzcampo, Acciona, Damm, ayuntamientos, empresas de distribución de bebidas, empresas de alquiler de furgonetas…”, explica Quer.

Este empresario tiene claras las ventajas para el transporte de mercancías: “Una furgoneta típica de reparto amortizaría la inversión en el retrofit en unos seis años si realiza unos 250 kilómetros diarios”, precisa, y plantea que, si solamente en el área metropolitana de Barcelona circulan unas 124.000 furgonetas —el 96,5% de éstas funcionan con diésel—, “de las cuales a un 50 % le queda bastante más de seis o siete años de vida, se podrían convertir en eléctricas a coste final cero, pues amortizarían la inversión antes del fin de su vida”.

El Consejo de Ministros de Francia aprobó la semana pasada la propuesta del presidente de la República, Emmanuel Macron, de incluir en la Constitución la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y someterla a consulta popular. Pero la reforma del texto constitucional debe ser votada en el Senado, controlado por la derecha.

La iniciativa responde a una de las exigencias principales de la Convención Ciudadana por el Clima, la asamblea climática francesa compuesta por 150 ciudadanos elegidos por sorteo que se celebró entre finales de 2019 y principios de 2020 para aportar soluciones a la crisis climática.

Samuel Leré (Angers, 1991), asesor político y portavoz de la Fundación Nicolas Hulot, ha estado en todo el proceso de la asamblea, pues los ciudadanos participantes pidieron que esta organización homónima de la estrella de la divulgación ambiental y exministro para la Transición Ecológica asistiera como experta. Hablamos con él para analizar qué recorrido real tiene el anuncio de Macron.

¿Qué opciones hay de que salga adelante la propuesta de Emmanuel Macron?

Es muy poco probable que esta reforma salga adelante, sencillamente porque Emmanuel Macron no tiene mayoría en el Senado, y según las primeras palabras del presidente del Senado hay pocas posibilidades de que esté a favor de introducir esa mención en el artículo 1 de la Constitución.

Incluso en el que caso de que estuviera de acuerdo, es cuestionable si sería apropiado celebrar un referéndum a menos de un año de las elecciones presidenciales en ese momento. Además, esta medida no supondría una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿En qué punto se encuentra el proceso actualmente?

El proyecto de reforma acaba de presentarse en el Consejo de Ministros. Para ser aprobado deberá ser votado por el Senado y la Asamblea Nacional con el mismo número de votos. Si las dos cámaras votan el texto, el presidente de la República podrá someter la reforma a un referéndum, como se ha comprometido, o ante el Congreso, que reúne a los senadores y diputados en Versalles. Por lo tanto, estamos muy al principio de la reforma.

¿Qué puede significar jurídicamente el anuncio de Macron de incluir la protección del medio ambiente –tal y como exige la Convención Ciudadana por el Clima– en la Constitución?

Si esta reforma se aprobara daría al Estado una casi obligación de éxito, según el Consejo de Estado. Obligaría a Francia a cumplir sus objetivos climáticos y bloquearía todos los proyectos de ley contrarios a la protección del medio ambiente, como la autorización de la explotación del gas de esquisto.

Si esta reforma no sale adelante, ¿cuál es el papel del movimiento de los chalecos amarillos o de la Convención Ciudadana por el Clima?

En la Fundación Nicolas Hulot no hacemos política-ficción, así que veremos si esta reforma llega hasta el final. Eso esperamos, pero hay pocas posibilidades de que tenga éxito. Por lo demás, la convención de ciudadanos no tendrá más que decir que el presidente de la República ha traicionado su promesa. Pero eso ya lo dicen muchos. La mayoría de las propuestas que hicieron en la asamblea ciudadana han sido eliminadas del proyecto de ley o destripadas. Por ejemplo, se ha eliminado la prohibición de vender los vehículos más contaminantes en 2025. La regulación publicitaria para prohibir la publicidad de los productos más contaminantes como los SUV se ha transformado en una prohibición de los combustibles fósiles, pero ninguna empresa informa sobre su producción de carbón o petróleo. Una vez más, con esta mayoría tenemos buenas palabras, pero ninguna acción concreta.

La Orquesta Sinfónica de Sídney interpretó la semana pasada uno de los grandes clásicos de la historia de la música: Las cuatro estaciones de Vivaldi. Sin embargo, las notas, que en las partituras originales del compositor italiano evocan elementos de la naturaleza como “el canto de los pájaros”, “el murmullo de las hojas y las plantas” o el sonido de “las moscas y avispas” –tal y como se explicita bajo el pentagrama– habían cambiado. Lo que tocó la orquesta de la ciudad australiana era una nueva versión de la obra, actualizada casi tres siglos después y adaptada al panorama futuro de un planeta que se calienta a una velocidad de vértigo.

 Las cuatro estaciones (inciertas) es el título que un equipo de creativos y músicos australianos ha elegido para reimaginar el clásico en el peor de los escenarios planteados por la ONU, el escenario RCP 8,5 descrito por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el cual asume que no habrá ningún esfuerzo global significativo para frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

La idea de este proyecto, que arrancó en 2019, es trasladar “el impacto humano” del cambio climático, reflejando cómo percibiremos las estaciones del año en un planeta que, de cumplirse los pronósticos más pesimistas, se habrá vuelto prácticamente inhóspito.

 “La ciencia está ahí y todos conocemos los datos, pero muchas veces los científicos fracasan al comunicar lo que estos cambios significan para los humanos”, explica Tim Devine, el director creativo de AKQA, la agencia que ha ideado el proyecto junto con Jung von Matt, un equipo de analistas de datos y el compositor Hugh Crosthwaite. 

 Las cuatro estaciones (inciertas) tiene hasta 892 versiones adaptadas a cada una de las grandes orquestas del mundo. “No todas se han hecho a mano”, aclara Devine desde Melbourne. Para conseguirlo han diseñado un algoritmo que ha aplicado modificaciones a cada una de las ciudades analizadas.

La razón es que los efectos de la crisis climática no serán los mismos en una urbe y en otra. Por ejemplo, las inundaciones costeras a causa de la subida del nivel del mar tendrán distinta fuerza en Sídney que en Shanghai, la ciudad más vulnerable del mundo ante este fenómeno, argumenta Devine.

 No obstante, algunas variaciones, como la de Sídney, sí se hicieron manualmente. El proceso empezó por descodificar las partituras originales de Vivaldi, que datan de 1725. Después usaron ese mismo lenguaje para crear la versión de 2050 a partir de las predicciones del grupo de científicos de la ONU (el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático).

Por último, usaron datos geoespaciales para escalar la adaptación a otras ciudades. De esta forma, en cada lugar del planeta se podrá escuchar cómo sonará allí la primavera, el verano, el otoño y el invierno en 2050 si no se contiene a tiempo el calentamiento global.

 En función de la versión local, los “pájaros” serán reemplazados por el silencio, las tormentas sonarán de manera más estruendosa o los ríos habrán dejado de fluir. “Por lo general, el verano será mucho más insoportable, el calor mucho más incómodo, y eso se refleja en la melodía”, señala Devine.

 La versión de Las cuatro estaciones (inciertas) de Shanghai, donde se espera que hasta 17,5 millones de personas sean desplazadas por las inundaciones costeras si en 2100 el aumento de temperatura global llega a los 3 ºC –comparado con los niveles preindustriales–, es la más dramática. “Las elecciones para esa partitura fueron las más extremas: no hay música”.

 Una iniciativa global

Aunque los primeros en interpretar la obra han sido los músicos de Sídney, que debutaron online en el marco del SYDFEST 2021, los creadores de Las cuatro estaciones (inciertas) ya prevén que sea interpretada por al menos 12 orquestas más en todo el mundo. “De momento estamos hablando con músicos de Texas, de otras ciudades de Australia y de diferentes países de Europa, como Holanda o Italia”, precisa Devine.

 “De España todavía no nos ha contactado ninguna orquesta, pero tenemos variaciones preparadas para la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Académica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Sociedad de Conciertos de Madrid”.

Las partituras para cada variación se pueden descargar de manera gratuita desde la página web del proyecto porque, incide Devine, es una iniciativa sin ánimo de lucro.

En la misma partitura dejan claro su mensaje, con el que invitan a los músicos de cada rincón del planeta a interpretar su versión local de Las cuatro estaciones (inciertas) “para ejercer presión a los líderes del mundo y que actúen de manera decisiva en la próxima cumbre del clima, la COP26”.

Entre el 15 de marzo y el 28 de abril, ninguno de los casi mil jardineros del Ayuntamiento de Barcelona salió de sus casas para ocuparse de los espacios verdes de la ciudad. Cuando el 20 de mayo volvió al trabajo toda la plantilla, los empleados se encontraron con que nuevas especies habían ocupado árboles, arbustos e incluso el césped: amapolas, trébol blanco, manzanilla, gramo negro… Un plan totalmente involuntario había funcionado: renaturalizar la ciudad dejando de intervenir en ella.

El confinamiento ha dado a Barcelona la oportunidad de cambiar su estrategia sobre la gestión de los jardines que llevaba planteada dos años pero que nunca podía llevarse a cabo por la imposibilidad de cerrar estos espacios.

“La siega convencional en algunas zonas era demasiado frecuente”, explica Margarita Parés, jefa del programa de biodiversidad de la concejalía de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana de Barcelona. La especialista señala que cuando la siega se reduce se ahorran recursos (dinero, energía, agua) y se emite menos CO₂. “Se pueden dedicar esos esfuerzos a otras tareas para activar la naturaleza y centrarnos en dar un suelo mejor y una vegetación que ayude más a la biodiversidad”.

Uno de los retos de Barcelona es que la trama urbana está ya demasiado ocupada. Casi no cabe un árbol más. “Hay una cierta insistencia en plantar muchos árboles, pero lo que necesitamos en realidad es que cada árbol tenga las condiciones adecuadas para dar esos beneficios ecosistémicos tan necesarios para la adaptación climática como la sombra, por ejemplo, o la capacidad de absorber carbono”, mantiene Parés. “El problema es que el subsuelo no cuenta con la calidad suficiente para que cada árbol tenga el agua y nutrientes que necesita”.

El plan de la concejalía de emergencia climática, que se ejecuta a través de los servicios externalizados de parques y jardines, es mejorar las condiciones del suelo. “Cuando no es afectado por el paso de perros o personas, como ocurrió en el confinamiento, el suelo se pone más en marcha, crecen las hierbas en más altura y permite que se reproduzcan una gran cantidad de insectos que generan alimento para pájaros”.

El confinamiento brindó la oportunidad única de comprobar el efecto a gran escala que estas medidas de gestión verde tendrían en los jardines y parques de Barcelona. “De no ser por la pandemia este experimento tan radicalizado no se hubiera podido llevar a cabo, porque los parques no podrían cerrar, han de prestar un servicio público a las personas”, alega esta especialista.

Fue, dice, “la prueba del algodón”. Los resultados de que los parques se volvieran salvajes durante unos meses fueron muy positivos para la biodiversidad: las poblaciones de mariposas, por ejemplo, se multiplicaron. Entre mayo y junio, el Observatorio Ciudadano de Mariposas Urbanas contabilizó un 74% más que las identificadas en el mismo periodo del año anterior. También la variedad de especies fue superior. En concreto hubo un 28% más que en 2019, según el mismo centro especializado en biodiversidad urbana que monitorea el estado de las mariposas en 27 parques y jardines de la ciudad catalana.

“La naturaleza, a la que la activas un poco y creas unas buenas condiciones, reacciona de una manera muy rápida”, señala Parés. Tras el confinamiento aparecieron algunas especies que no se habían conocido en Barcelona en 2019, como la mariposa pardo-rubia (Hipparchia semele). El ejemplo de las mariposas no es baladí. Son un muy buen indicador para medir la salubridad de un entorno. Además, su función polinizadora es vital para el conjunto de la cadena trófica.

La primavera especialmente lluviosa de 2020 también contribuyó a mejorar el hábitat de estos insectos, que tuvieron mayor facilidad para encontrar alimento.

El nuevo plan de gestión verde pretende naturalizar 17 espacios de diferentes zonas verdes de la ciudad, que representan 783.300 metros cuadrados de nuevo ‘espacio bio’, y 49.000 metros cuadrados más en espacios verdes viarios.

Además de haber identificado aquellas zonas donde no es necesaria la siega o se puede acortar, se han llevado a cabo otras acciones como crear estructuras de fauna, refugios para animar a pájaros, erizos o murciélagos a habitar allí. En concreto, se han aplicado estas medidas en el parque de la Ciutadella, las plazas de Sagrada Familia y de Gaudí y el Parque de Diagonal Mar.

La madera se está haciendo un hueco en el país como material para edificar. En un sector dominado por el ladrillo, el hierro, el hormigón y el cemento, y que supone el 40% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea, el aumento de la demanda de este material natural en los últimos años, aunque difícil de cuantificar aún, ha llevado a empresas como el grupo Finsa (Financiera Maderera S.A) a impulsar una nueva fábrica de madera contralaminada (CLT) en A Coruña, que estará operativa en febrero de 2021.

Hasta ahora solo había dos fabricantes de madera en España, uno en Euskadi (Egoin) y otro en Catalunya (Fusteria Sebastia). “Ellos tienen procesos más artesanales, mientras que los de la fábrica gallega, la de Xilonor, serán industriales”, explican desde el grupo gallego. El fenómeno del auge de la madera para edificar se ha estudiado en otros países de Europa. En Noruega, por ejemplo, la demanda anual de madera contralaminada pasó de 5.000 m3 en 2004 a 70.000 m3 en 2018, según el proyecto de investigación Holzkurier.

En Francia, el ministro de Vivienda y Ciudades, Julien Denormandie, anunció a principios de 2020 una ley que favorecerá este cambio: a partir de 2022 toda nueva construcción pública deberá levantarse con al menos un 50% de madera.

Es el material en auge en Europa y se emplea en prácticamente cualquier construcción: piscinas, rascacielos, viviendas plurifamiliares o incluso aerogeneradores. Nuevas construcciones sostenibles, como las que contempla la iniciativa de Distrito Natural, una red de viviendas colaborativas ecológicas a cargo del estudio de arquitectura sAtt, en Madrid, apuestan por la madera. Distrito Natural, por ejemplo, usará este material en estructura y tabiquería interior de los diez nuevos edificios que prevé construir en Madrid de aquí a 2025.

“Si el 80% de los nuevos edificios residenciales de Europa fuera de madera, y la madera se utilizara en las estructuras, revestimientos, superficies y mobiliario de las casas, los edificios almacenarían 55 millones de toneladas de dióxido de carbono al año”, precisa un estudio publicado recientemente por la Universidad de Aalto en Finlandia. “Eso equivale a cerca del 47% de las emisiones anuales de la industria del cemento en Europa”, precisan los autores.

En España, la deforestación que acarreó la construcción naval para la armada en los siglos XVI y XVII descartó la posibilidad de construir con madera como se hacía en Escandinavia, por ejemplo. Cientos de años después, sin embargo, el sector constata que la edificación de bajo impacto va ligada, cada vez más, al uso de este recurso forestal.

Uno de ellos es Albert Sagrera, experto en materiales y socio fundador de Societat Orgànica, una cooperativa catalana que trabaja en la mejora ambiental de edificios. En los últimos años, Sagrera apunta que el sector de la edificación europeo se ha centrado sobre todo en la mejora de la eficiencia energética. Se han construido edificios que generan su propia energía, que son capaces de compartirla con otros –imitando el funcionamiento de un bosque–o de, incluso, producir más energía de la que consumen (los llamados edificios de energía positiva). Pero ahora la transformación ecológica del sector pasa por una nueva fase: “de los materiales”, indica.

“Si la huella de carbono de un edificio convencional, de hormigón, puede estar entre los 600 y 800 kilogramos de CO₂ equivalente por metro cuadrado construido, uno de madera con aislamiento natural puede estar en torno a la mitad”, señala Sagrera. Este experto defiende que, igual que existen los llamados “superalimentos” por sus beneficiosas características nutricionales, la madera es un “supermaterial” de la construcción.

Entre las muchas ventajas que los especialistas citan de la madera está su peso. “Es mucho más ligera que el hormigón, por ejemplo, y ofrece los mismos módulos de resistencia”, explica Eduardo Rojas, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Anna Noguera, la arquitecta que, junto a Javier Fernández, diseñó el polideportivo Turó de la Peira en Barcelona, premio nacional Maipei a la arquitectura sostenible en 2019, está de acuerdo.

Este edificio, operativo desde 2018, consta de dos equipamientos: una piscina climatizada de interior en la planta de abajo y una pista polideportiva en el piso superior. La estructura –tanto el forjado como las vigas y paredes – está compuesta totalmente de madera prefabricada, de tala controlada y certificada con los sellos de gestión forestal responsable FSC y PEFC. Con la madera, analiza esta arquitecta, se consigue una cubierta ligera pero muy resistente, de forma que sobre esa estructura puede haber una pista capaz de soportar hasta 800 personas, incluida la gente que juega, salta o corre.

Con todo, el ingeniero Eduardo Rojas matiza que en España no se prevé una gran ola constructiva, porque “hay mucho patrimonio construido para una población estable o decreciente”, pero detecta que la madera tiene mucho potencial en la rehabilitación. “La tendencia a la construcción sostenible va a tener efecto. Pero no estamos en los ritmos de construcción ni de los años 60 ni de hace 15 años, claro”.

Activistas ecologistas han derramado pintura negra esta mañana en las sedes y oficinas corporativas de empresas energéticas, de la banca o del sector alimentario, entre otras, como parte de una acción de protesta contra el lavado verde de imagen (también llamado greenwashing) que atribuyen a estas compañías.

La operación ha sido coordinada por el colectivo 2020 Rebelión por el Clima (RxC), una especie de paraguas de desobediencia civil no violenta que alberga a grupos ecologistas más jóvenes, como Fridays for Future o Extinction Rebellion, y también a asociaciones veteranas en la acción directa como Greenpeace o Ecologistas en Acción.

Cuando se cumplen cinco años del Acuerdo de París, los activistas por el clima han llevado a cabo un total de 50 acciones en 27 provincias del Estado, y han difundido en redes sociales la etiqueta #CincoAñosPerdidos.

En Madrid, diferentes grupos de RxC se han presentado en las sedes de Repsol, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Iberia, Real Madrid, BBVA, Banco Santander, Coren, McDonalds y Burger King, así como en el Congreso de los Diputados. Vestidos con monos blancos, con cepillos y fregonas, simulaban limpiar un derrame de petróleo.

Las pancartas que sujetaban rezaban ‘Cinco años después, seguimos luchando por 1,5 ºC’, además del lema de la campaña internacional ‘Fight for 1point5’ (en español, “lucha por el grado y medio”) en alusión a la meta acordada por las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la COP21 de París, para contener el calentamiento global de modo que en 2100 el aumento respecto a los niveles preindustriales no supere esa temperatura.

Entre otras acciones, los ecologistas han teñido de negro las letras de Repsol que expone la petrolera en su sede de Méndez Álvaro en Madrid, y han esparcido por el suelo el petróleo falso —una mezcla líquida de tinta de calamar, tomate triturado y chocolate a la taza (todo orgánico, han insistido)— que traían en bidones, escenificando un derrame de crudo.

La compañía anunció en la COP25 (la cumbre del clima de Chile celebrada en Madrid el diciembre pasado) su intención de tener cero emisiones netas en 2050, un compromiso que los analistas consultados por Ballena Blanca han calificado de “confuso y muy difícil”.

“Repsol está entre las empresas más contaminantes y está emprendiendo camino hacia el greenwashing sin abandonar su principal fuente de ingresos, los combustibles fósiles”, ha señalado una de las activistas de RxC que han participado en la acción, quien ha matizado que su protesta no critica la transición energética que pueda llevar a cabo la petrolera, “porque está bien que apuesten por fuentes renovables, pero tienen que pagar y que hacerse cargo de lo que han generado”. “Lo que no es admisible es que se digan partícipes o incluso adalides de la lucha ecologista cuando son los responsables de la crisis climática”, ha abundado.

Las marcas a las que han reprochado el ‘lavado verde’ de imagen figuran también en la campaña reciente de Greenpeace “Haciendo trampas al clima”. Regañan a estas compañías por mostrar un compromiso con el Acuerdo de Paris y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas mientras que, por ejemplo, “solo siete de ellas cuentan con un plan de acción e identifican medidas de adaptación al cambio climático”, tal y como reveló este año un análisis del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

En palabras de los activistas de RxC, estos compromisos no son soluciones ante la emergencia climática sino “meras cortinas publicitarias que ocultan su incapacidad de alcanzar un modelo sostenible”.

Aunque se han centrado sobre todo en estas industrias más contaminantes, y especialmente en los combustibles fósiles, las protestas se han dirigido también a las instituciones públicas, con una puesta en escena similar (atuendo de personal de limpieza y petróleo falso) frente al Congreso de los Diputados.

Contra los gobiernos, los ecologistas alegan que estos “han cedido a sus presiones [del gas y del petróleo] a lo largo de los años, anteponiendo las necesidades de esta industria al bienestar de la ciudadanía”.

“Hoy, en un contexto de pandemia global sin precedentes, esas mismas empresas intentan absorber los fondos destinados a la recuperación económica ante la crisis generada por la COVID-19, sin ningún tipo de compromiso climático, ambiental o social”, advierten.