Al entrar en la celda me encontré con un compañero. Como tarjeta de presentación diré que era miembro de uno de los grupos de folk más populares del País Vasco. Nos miramos sin decir nada, como si no nos conociésemos. Después llegó otro compañero, trabajador de Basauri. Ya podíamos hablar sin rodeos, estábamos plenamente identificados y clasificados. Nos habían detenido por ser militantes de la izquierda radical política y sindical. Trascurría la madrugada del jueves 3 de marzo de 1977. Durante la jornada estaban convocadas movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados en Vitoria y en repulsa por esa matanza perpetrada por la Policía Armada un año antes, el miércoles 3 de marzo de 1976. La consigna más coreada en las calles sería una vez más: ¡Cuerpos represivos, disolución!

Aislarnos en los calabozos de la comisaría de Indautxu como presos preventivos, con intención de obstaculizar las movilizaciones venideras, era un indeseado e inmerecido reconocimiento de liderazgo que no estábamos en condiciones de agradecer. A mí me vinieron a buscar pasada la medianoche, despertando a todo el vecindario mientras subían hasta la buhardilla, un sexto piso sin ascensor y con escalera de caracol. Sabían a qué iban, no se molestaron en registrar nada, se conformaron con llevarse como coartada de la detención obras de Lenin, Stalin y Mao. El Capital de Marx no les interesaba; son tres volúmenes tan densos que Fraga Iribarne autorizó en 1967 su publicación íntegra, pero no versiones resumidas de divulgación. También cargaron con un paquete de octavillas llamando a las movilizaciones de la jornada. Era el resto de las difundidas el día anterior, después de alfombrar los recorridos fabriles que unían Barakaldo con Sestao.

Me metieron en un coche camuflado negro, no en una de las habituales “lecheras” blancas. Por un momento temí que me hubiesen raptado elementos parapoliciales de extrema derecha. Me tranquilicé (es un decir) al reconocer al conductor. Era uno de los polis que habitualmente iban a la fábrica cuando había asambleas con reivindicaciones sociopolíticas, o sea, todas. Se colocaban detrás de las columnas de las oficinas, a un paso de los oradores, levantando acta de quién hablaba y qué decía. Nunca lo hicimos público. No podíamos prever la reacción de los miles de trabajadores que acudían a las asambleas. Circulando por las calles desiertas de Bilbao en la madrugada, entre dos guripas con gabardina y no recuerdo si también gafas oscuras, aunque no se molestaron en esposarme, recordé que el lechero nunca llama a la puerta tan temprano.

En cuanto empezó a clarear aquel 3 de marzo de 1977, nuestra celda se fue llenando de gente golpeada e incluso herida. Primero llegaron los madrugadores de los piquetes de las fábricas, después los del comercio y de las concentraciones matinales. Las constantes incorporaciones de la tarde mostraban la dimensión de las movilizaciones de la jornada. Al llegar compartían el relato de sus experiencias con los más veteranos del lugar, permitiéndonos llegar a la conclusión de que nuestra detención preventiva no había servido de nada. La mayoría reconocía al compañero cantautor, alguien le pidió que cantara. Vano intento, un ruiseñor no canta enjaulado. 

Tras pasar la noche en vela, hacinados en la celda, sin espacio siquiera para tumbarnos en el suelo, de tal modo que no se oían ronquidos, al día siguiente, 4 de marzo, los arrestados de la jornada de lucha salieron de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao con el salvoconducto de una multa gubernativa. Los detenidos preventivos fuimos detrás, sin pasar por las salas de interrogatorio para conocer al poli bueno y al poli malo. Un servidor, al salir por la puerta de atrás, entré por la puerta principal a reclamar los libros que me habían robado. La respuesta fue categórica y convincente: “Marcha de aquí rápido si no quieres volver a entrar”.

Encontré a aquel policía de la brigada político-social en más ocasiones, en asambleas de fábrica y en la calle. Una de las primeras veces fue el 4 de marzo de 1976, tras los asesinatos de Vitoria. Nos empezamos a manifestar desde El Arenal hacia la Plaza Circular. Era sabido que cuando la policía carga, la muchedumbre recula y se dispersa formando grupos para hostigar a la policía por el centro de la ciudad, en particular cortando el tráfico en los puentes sobre la Ría. El caso es que, estando delante, la estampida de la gente dificulta escapar hacia atrás. Así te conviertes en presa fácil de los energúmenos que corren pegando tiros y dando porrazos. A fin de evitar los dos obstáculos, opté por huir hacia adelante, pasando entre las filas de uniformados. Ni se percataron de mi fuga. La imagen que conservo de aquella escena, además del griterío, el ruido y el humo de los disparos, es la calle cubierta de calzado desparejado. 

No vi al policía identificado en las movilizaciones de Basauri, al denunciar el asesinato del joven Vicente Antón Ferrero. Ocurrió el 8 marzo 1976, en el transcurso de las luchas en solidaridad con Vitoria, disparando en esta ocasión la Guardia Civil. La última vez que me crucé con ese policía sin uniforme, iba de escolta de un político del Régimen del 78. Ahora llevaba barba, como cualquier demócrata de toda la vida. Yo me la había quitado, y desde entonces, a falta de otras fechas dignas de conmemoración, además de rememorar los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, celebro tres fechas de abril: el día 14 aniversario de la II República, el 23 alzamiento de los Comuneros. También celebro la Revolución de los Claveles del 25 de Abril de 1974, a falta de un acontecimiento más próximo que represente de forma inequívoca la ruptura con el franquismo.

Medio siglo después de la masacre, la ciudadanía demuestra en Vitoria que las calles deben ser un espacio de libertad, no sometido al dominio de la violencia institucional, conforme pretendía el déspota Fraga Iribarne con su frase más célebre: “La calle es mía”. Pasada la hora de la justicia y de la depuración de responsabilidades, que no ha sido capaz de afrontar una democracia ciega y débil, Vitoria recupera su memoria histórica, reclamando al Estado español una declaración inequívoca de reconocimiento de la verdad, reparación de los daños causados y no repetición de asesinatos y abusos de autoridad. El gobierno actual tiene la oportunidad y la obligación de reconocer aquellos delitos cometidos en nombre del Estado. Entretanto, seguiremos gritando cada 3 de marzo: “Vitoria, hermanos, nosotros no olvidamos”.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

El modelo del régimen general de las pensiones públicas y el método de cotización de los trabajadores autónomos difieren tanto que sus resultados son dispares. El primero está basado en la solidaridad intergeneracional; tiene carencias, pero no se cuestiona. El otro está diseñado para favorecer intereses individuales, imposibilitando confluir en una causa común. La mayor diferencia entre ambos modelos es económica, con notable ventaja para el sector asalariado, pese a sus deficiencias en materias como pensiones mínimas y brecha de género. Siendo la pensión el báculo de la vejez, gobierno y asociaciones acordaron equiparar las cotizaciones del trabajo asalariado y el autónomo. Llegado el momento de aplicar nuevas tarifas, las asociaciones rechazan aumentarlas, el gobierno cede y no se resuelve nada. 

Autónomos ricos y pobres           

El trabajo por cuenta ajena agrupa al conjunto de la clase obrera. El trabajo por cuenta propia es interclasista: incluye desde artesanos de herramientas manuales o pymes, hasta oligarcas propietarios de imperios financieros e industriales. Los autónomos precarios ganan menos que los obreros y no pueden cotizar lo suficiente para generar una pensión digna. No son falsos autónomos. No son asalariados encubiertos. Es gente que intenta ganarse la vida con el traspaso de un bar, la franquicia de una frutería o pagando un alquiler abusivo en una peluquería. En este grupo vulnerable entran los emprendedores; jóvenes en paro con ideas brillantes que, intentando imitar a Bill Gates o Jeff Bezos, con frecuencia se estrellan.   

En el lado opuesto están comerciantes y empresarios con negocios prósperos que desprecian las pensiones públicas y cotizan lo menos posible. Prefieren invertir en planes de pensiones privados y aumentar el rendimiento de su negocio especulando en bolsa o en el mercado inmobiliario. Si fuese cierto que 1.500.000 autónomos tienen ingresos inferiores al SMI sus negocios serían ruinosos, quebrarían. La situación de 3.500.000 personas que trabajan por cuenta propia no es comparable, ni asimilable, ni homologable. 

El 21 de octubre, Ignacio Escolar exponía en elDiario.es esa situación absurda: “A diferencia de los asalariados, los autónomos son los únicos trabajadores que pueden elegir su cotización. Hasta hace tres años, esa cuota mínima era igual para todos los autónomos, sin importar sus ingresos. La mayoría cotizaba con la cuota más baja. Esto provocó dos efectos indeseados: que los autónomos se jubilen con pensiones más bajas –un 40% menos de media–. Y que, incluso así, su régimen especial sea una de las principales causas del déficit de la Seguridad Social”.   

El sistema público de pensiones se basa en un modelo de reparto con caja común, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos priman los intereses privados. El RETA provoca déficit, en tanto que el régimen general llegó a acumular un superávit estimado en 500.000 millones de euros. Ese excedente, que no se dedicó a mejorar las pensiones, lo expropiaron los gobiernos para financiar obras públicas, asistencia sanitaria y pensiones no contributivas. El Tribunal de Cuentas reconoció en 2020 la “deuda histórica” del estado con la Seguridad Social, calculando su importe en 103.690 millones entre 1989 y 2018. Queda pendiente realizar una auditoría desde 1967.   

Con las cotizaciones de los autónomos ricos ocurre lo mismo que con la fiscalidad de la clase adinerada. Siempre tienen coladeros legales para no contribuir al reparto de la riqueza y a mantener los servicios públicos. Sin necesidad de llegar al extremo de delinquir con la evasión fiscal, la hacienda pública pone a su disposición mecanismos sobrados para practicar la elusión fiscal: créditos, deducciones, prórrogas, subvenciones, desgravaciones, etc. A falta de una auténtica política fiscal redistributiva, la recaudación recae sobre las rentas salariales, mientras el capital se acumula en grandes fortunas.   

Una reforma que permite seguir cotizando lo menos posible  

Según Europa Press, el 29 octubre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declara: “... se están reduciendo las brechas con los asalariados, aunque todavía exista una diferencia de 650 euros al mes entre lo que cobra un autónomo a la hora de jubilarse respecto a lo que percibe un trabajador por cuenta ajena”. Lo cierto es que el gobierno cede a las presiones de las asociaciones del sector, aplazando el acuerdo del 2022, diseñado para equiparar en una década las cotizaciones de autónomos y asalariados. 

Con la propuesta actual, declarando rendimientos netos inferiores al SMI, el año próximo se congelan las cuotas del 2025. En el otro extremo, entre 3.620 y 6.000 euros anuales habrá una modesta subida del 2,5%. Además se podrán modificar la base de cotización seis veces en el transcurso del ejercicio. Este repliegue significa que el gobierno no es capaz de establecer un sistema basado en la equidad para resolver las dificultades del autónomo precario y a la vez obligar a cotizar sobre ingresos reales a quienes obtienen beneficios. 

En consecuencia, seguirá habiendo pensionistas autónomos que cobran el complemento a mínimos, pagado con cargo a los presupuestos del estado. El caos del RETA se agravará todavía más si se cede a las pretensiones de las mutualidades de la abogacía y de otras profesiones liberales, que pretenden tener buenas pensiones sin haber cotizado. En el ámbito del trabajo asalariado las cotizaciones son fijas y obligatorias. Si se aplicase una regulación similar, con los controles precisos, tampoco habría caos en el sector autónomo. Urge poner freno a la ingeniería financiera, diseñada para defraudar a hacienda y a la seguridad social. La hipocresía, la desigualdad social, plasmada en la novela picaresca del siglo XVI, sigue vigente en la economía del XXI.  

En Euskadi hay autónomos con pensiones bajas que no cumplen los requisitos para cobrar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque tienen un saneado patrimonio. Por idéntico motivo, las asociaciones de pensionistas que reclaman un complemento específico para equiparar las pensiones mínimas con el SMI deberían advertir que dicho complemento es para personas que malviven con una pensión insuficiente, no para rentistas.  

Cobrar pensión, sin trabajar ni cotizar

Según el diario francés 'Le Monde', Juan Carlos de Borbón declara en sus memorias, pendientes de publicar: “Soy el único español que no cobra pensión tras casi cuarenta años de servicios”. Miente. Desde que abdicó, hasta fugarse a Emiratos Árabes, durante 6 años estuvo cobrando 200.000 euros anuales. Ahora dispone de los 100 millones de dólares que le regaló el dictador de Arabia Saudí y del inmenso capital procedente de turbios negocios que atesora en paraísos fiscales, a recaudo de la hacienda pública española. 

El emérito vive fuera de la ley, con la complicidad de los aparatos del estado, incluyendo los partidos del régimen del 78. Cobra pensión sin trabajar, ni cotizar, pese a la fabulosa asignación de la Casa Real con cargo a las cuentas del estado. Al emérito le supera en patrimonio Amancio Ortega. Entre Inditex y la inmobiliaria Pontegadea ingresa entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales brutos. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, cotiza como asalariada y tiene planes de pensiones privados. En 2024 añadió 1.339.000 euros, con un total acumulado en fondos de pensiones de 54.731.000 euros. 

La moneda de la fortuna tiene otra cara amarga, probando que sin pobres no puede haber ricos. El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) declaró que 9 millones de personas tienen ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, 12.000 al año. Más de la mitad son pensionistas asalariados o autónomos, el resto trabajadores precarios y parados.   

Aunque aumenta la riqueza, la pobreza no cesa. En vez de repartir los frutos del progreso, la oligarquía industrial, financiera y terrateniente, acumula el producto del trabajo ajeno, con beneplácito institucional. Ocurre incluso en el “oasis vasco de bienestar”. Según EUSTAT, casi el 60% de la población, más aún siendo familia monoparental femenina, sobrevive con una renta inferior a la media. En cuanto a personas perceptoras de la RGI, cerca del 50% está en paro, el 25% es pensionista y el 20% tiene un empleo precario. 

Equilibrar las cuentas de la Seguridad Social

Estando a punto de enviar este artículo a la redacción, eldiario.es publica el 3 de noviembre un informe sobre el trabajo autónomo que confirma lo expuesto. Algunos datos significativos: el año 2024 los asalariados cubrieron con sus cotizaciones el 88% del gasto en pensiones. Las cuotas de autónomos se quedan en el 48%. Por el contrario, el complemento a mínimos lo cobra el 19% de los asalariados y el 32% de los autónomos. Este párrafo sintetiza lo expuesto en el citado informe del eldiario.es: “... los autónomos generan un importante agujero a las cuentas de la Seguridad Social. Sus cuotas cubren solo la mitad de lo que el sistema gasta en sus pensiones contributivas, una brecha que no existe en el caso de los asalariados”. 

En definitiva, tanto las pensiones del régimen general como las del RETA presentan carencias, siendo más acusadas si se trabaja por cuenta propia en condiciones precarias. Las cotizaciones de toda la vida laboral determinan en la jubilación el poder adquisitivo y el nivel de protección ante eventualidades. En el trabajo asalariado, cumpliendo los requisitos precisos, se garantiza la pensión. El empleo autónomo está rodeado de incertidumbres y forma una categoría social que excluye el apoyo mutuo. Si el gobierno de turno fuese capaz de integrar dentro del régimen general al RETA y demás mutualidades laborales (sin perjuicios, ni privilegios) las pensiones serían más justas y la Seguridad Social estaría mejor gestionada, fortaleciendo su sostenibilidad.

A la desaparición de los glaciares se junta ahora otra amenaza sobre las montañas. El fuego trepa convirtiendo las cumbres en rocas incandescentes, mientras las columnas de humo se elevan hasta la estratosfera, como si fuesen volcanes. El cambio climático, provocado por la vandálica explotación de los recursos del planeta desde los orígenes del capitalismo, hace irreversible la regresión de los glaciares. Los recientes incendios forestales se convierten en incontrolables debido, en gran medida, al calentamiento global, que también es consecuencia del actual sistema de explotación de las riquezas del planeta. Hay una diferencia significativa entre ambos fenómenos: la desaparición de glaciares es inevitable, mientras que las catástrofes del fuego se pueden atenuar, limitando el impacto de la emergencia climática.

Megaincendios estivales

No cabe cuestionar la gravedad de los incendios forestales del mes de agosto utilizando argumentos negacionistas. Ni vincularlos a la canícula veraniega, tan habitual como la pertinaz sequía que España padecía durante el franquismo. No sirve recordar la consigna gubernamental “Cuando el monte se quema, algo suyo se quema”, completada a nivel popular con el añadido: “… señor conde”.

El calentamiento global no es un fenómeno lineal que se pueda prevenir. Las catástrofes que provoca el ascenso de temperaturas se caracterizan por su intensidad, virulencia e imprevisibilidad. Ni siquiera es posible establecer una delimitación geográfica. Arde Siberia y se inunda el Sáhara. Las fuerzas de la naturaleza se desatan, resultando inútiles los controles convencionales. Ocurrió con la dana del litoral mediterráneo y sucede con los incendios que arrasan los montes del cuadrante noroccidental peninsular.

Montañas calcinadas

Los escenarios de los implacables incendios de Ourense, Lugo, Asturias, Zamora, Palencia y León, son bien conocidos por quienes frecuentamos sus cumbres. En tres semanas arden 400.000 hectáreas de cultivos y zonas forestales, con cientos de poblaciones y miles de personas desalojadas. Las negras nubes de la humareda llegan hasta las costas de Inglaterra y de la Bretaña francesa. Las experiencias vividas en esas aldeas, valles y montañas, se transforman ahora en sentimientos de condolencia y denuncia.

Un hecho diferencial con anteriores incendios es que afectan a zonas de montaña. La variable de la altura es un dato remarcado el 31 de agosto por el eldiario.es en un artículo titulado: “Los incendios de agosto también baten récords de altitud: el fuego amenaza con asaltar el polvorín de las montañas”. En este texto se dice:“ Los fuegos del mes de agosto no solo han sido los más voraces de la historia, sino que han batido el récord de hectáreas quemadas por encima de los 1.500 metros de altitud. En las últimas dos décadas, nunca se había quemado tanto terreno en cotas tan altas como en 2025, lo que nos acerca a un escenario crítico: la posibilidad de que el fuego penetre sin control en los grandes reservorios de masa forestal de las montañas”.

Durante una travesía con ascenso al monte Catoute, vimos urogallos y huellas de oso en los abedulares próximos a Fasgar. Atravesando la Sierra de Gistredo y enlazando valles de origen glaciar, llegamos a Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, aldea con más letras que habitantes. Un megaincendio ha arrasado los montes desde Fasgar hasta Igüeña, uniendo y hundiendo en la desolación las comarcas leonesas de Omaña y El Bierzo.

La Sierra de la Cabrera, conocida por las explotaciones de pizarra a cielo abierto, conserva lagunas de origen glaciar, destacando el Lago de Sanabria. Los incendios de Porto (Zamora), La Baña (León) y Carballeda de Valdeorras (Ourense), remontan laderas y cruzan vertientes. El abandono de la ganadería de montaña facilita que brezos, tojos, piornos, árgomas o escobas, arbustos de fácil combustión, ocupen prados de altura, posibilitando que las llamas escalen hasta Peña Trevinca. Parajes salvajes como el Cañón del Tera, se convierten en torrenteras, no de agua, sino de fuego, afectando al Ribadelago Viejo y Nuevo. Este pueblo fue reconstruido como Ribadelago de Franco tras reventar la presa que en enero de 1959 provocó 144 víctimas.

Cardaño de Arriba ha sufrido dos desalojos, pese a la proximidad de varios pantanos y su ubicación entre cumbres tan relevantes como Peña Prieta, Espigüete y Curavacas. La montaña palentina se ha visto amenazada hasta en parajes tan singulares como Resoba, Brañosera e incluso el nuevo Riaño. Esta población, reedificada tras inundar un fértil valle para construir el pantano que lleva su nombre, arrastra una larga tragedia. Iniciadas las obras en 1965, la resistencia vecinal las paralizó. La decisión de embalsar, ahogando nueve pueblos, la tomó un gobierno del PSOE. Las compuertas se cerraron, con intervención militar, el 31 de diciembre de 1987. Al día siguiente entraba en vigor la directiva europea que lo impedía por motivos medioambientales.

La pétrea fortaleza caliza de Picos de Europa se ha visto amenazada por la ofensiva de las llamas que la asediaban por la vertiente leonesa y asturiana, forzando el desalojo de los pueblos del valle de Valdeón e impidiendo el acceso a la popular Senda del Cares. En las altas cumbres, densas humaredas han sustituido a las persistentes nieblas; negras cenizas a la blancura de la nieve.

Los incendios de Asturias han amenazado espacios tan sensibles como el parque natural de Somiedo o los Picos de Europa en Ponga y Cabrales. El fuego ha afectado a toda la Cordillera Cantábrica, desde la cántabra Sierra de Hijar hasta os Ancares en Lugo. El impacto ha sido todavía mayor en los Montes de León, donde ninguna de sus grandes sierras se ha salvado de la quema.

Proteger las montañas

El 26 de agosto se celebró en Cervera de Pisuerga un acto público en “Defensa de la Montaña Palentina”. Era una “concentración ciudadana contra la desidia de las administraciones ante los incendios y en defensa de nuestros bomberos forestales”. “Contra la precariedad y condiciones laborales insostenibles de los bomberos forestales”. “Contra el negacionismo climático. Dimisión de máximos responsables de la Junta”. “Proteger los pueblos y preservar la biodiversidad y el futuro de nuestros montes”.

Entre los grandes incendios destacan los climáticos. Se desarrollan en condiciones atmosféricas extremas, cada vez más frecuentes: olas de calor, escasa humedad y fuertes vientos. Tales fenómenos, además de amenazar pueblos, destruir cosechas y quemar bosques, calcinan la tierra y contribuyen a intensificar la contaminación atmosférica provocada por los gases de efecto invernadero que generan lo combustibles fósiles.

Poco importa que no sea cierto que hace dosmil años una ardilla pudiese recorrer la península ibérica saltando de rama en rama. La biodiversidad requiere variedad, no homogeneidad. Las plantaciones de pinos y eucaliptos amplían la superficie arbolada a costa de los cultivos, la ganadería extensiva y los bosques. El modelo forestal vigente es una reminiscencia de la política agrícola de la dictadura, que arrasó y privatizó bosques públicos y comunales, en beneficio de los terratenientes.

El PP plantea crear un “registro de pirómanos” en un vano intento de poner puertas al campo. El PP actúa igual al exagerar el problema okupa con el fin de ocultar la tragedia de los desahucios, derivada del drama social de la vivienda. Entretanto, el “pacto de estado” propuesto por el gobierno PSOE – Sumar no logra ni el apoyo de las fuerzas de izquierda. Paliar las consecuencias de la emergencia climática requiere medidas mucho más drásticas y a largo plazo.

Los megaincendios son un producto del antropoceno. Hace dos siglos, un capitalismo incipiente se propuso dominar la naturaleza alterando la estabilidad del planeta. El resultado es el calentamiento global, que deriva en emergencia climática. Una de sus consecuencias son los incendios incontrolables, la mayoría provocados por la acción humana, aunque no sean intencionados.

Las condiciones meteorológicas precisas para generar un megaincencio (sequía, calor, viento), son también el medio de extinción más eficaz al darse el efecto contrario: bajan las temperaturas al llegar las lluvias y los vientos húmedos. No hay en la actualidad medios técnicos adecuados para extinguir incendios de 6ª generación, que abarcan extensiones de más de 10.000 hectáreas. Toca atenuarlos con medidas de prevención y actuando sobre la ordenación de territorio.

Un pacto político no basta para transformar el modelo económico y social vigente: es necesario repoblar pueblos vaciados con gente inmigrante que sabe y quiere trabajar la tierra, liberar al ganado de las macrogranjas para que vuelva a pacer en los prados de montaña, ampliar los bosques autóctonos eliminando las especies invasoras, desmilitarizar la UME, creando un cuerpo dedicado exclusivamente a combatir la emergencia climática.

Aunque el monte sea propiedad de un marqués o de un conde, y se dedique a actividades descritas en La escopeta nacional, necesita protección. Lo cual supone expropiar terrenos baldíos y crear espacios protegidos. En los bosques comunales (propiedad de los pueblos), hay menos incendios que en los privados. Buen ejemplo son los hayedos de Navarra y los pinares de Soria.

Si los Reyes en visita protocolaria a Las Médulas ven un panorama desolador, significa que la magnitud de la devastación, sufrida por gentes de los pueblos y combatida por bomberos forestales, resulta inimaginable. Sobre Las Médulas, enclave de excepcional valor geológico e histórico, toca decir que el acomodo turístico ha prevalecido sobre la prevención y conservación del monumento natural patrimonio de la humanidad.

La relación de montañas y poblaciones afectadas por los megaincendios de este terrible agosto del 2025 no ha dejado de aumentar durante tres semanas. Conforme se reclama mediante movilizaciones ciudadanas, además de tomar medidas precisas para impedir que se repitan las dramáticas consecuencias de esta catástrofe sin precedentes, deben abandonar sus cargos los políticos responsables de tanta negligencia y caótica gestión. Los delitos ambientales no se apagan al dejar de arder las hogueras.

La campaña impulsada por sindicatos nacionalistas, reclamando con una ILP atribuciones para lograr en Euskadi un SMI propio, rebasa el ámbito laboral, entrando en un espacio de decisión que va más allá de las competencias del Estatuto de Gernika. Esa ILP plantea un reto soberanista. El Gobierno Vasco lo intenta trasladar a la negociación colectiva, sin la conformidad patronal.

Una ILP para lograr un SMIV

El pasado mes de enero los sindicatos que integran la llamada mayoría sindical en Euskadi y Navarra (ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde) presentaron en los respectivos parlamentos una Iniciativa Legislativa Popular en demanda de competencias para que los gobiernos navarro y vasco puedan aprobar en ambas comunidades un SMI propio, es decir, exclusivo. Esa iniciativa busca que el SMI deje de ser una facultad estatal. Previendo que no se asumiese tramitar la ILP, utilizan dos vías complementarias: la institucional y la negociación interprofesional. Además impulsan una recogida de firmas para entregar en los parlamentos autonómicos y trasladar después al Congreso español.

Un dilema similar planteó la ILP promovida por el denominado Movimiento de Pensionistas de EH, vinculado al sindicalismo nacionalista. Como el Parlamento Vasco carece de competencias para equiparar pensiones mínimas con salario mínimo, se aceptaría un complemento equivalente a esa diferencia. Sorprende que el Gobierno haya encargado un informe sobre el encaje constitucional de la demanda, sabiendo que ni siquiera con la trasferencia del régimen económico de la Seguridad Social tendrá la facultad de modificar las pensiones públicas.

Junto a las indudables ventajas que conlleva la mejora del SMI para la gente asalariada precarizada, sobre todo mujeres, e incluso para el conjunto de la clase obrera, se aspira a reformar hasta el Estatuto de los Trabajadores. Esta es la meta final: “un nuevo SMI que refleje la realidad socioeconómica y sindical de Hego Euskal Herria, sería también un avance hacia la soberanía, y hacia la configuración de un marco vasco de relaciones laborales...”

Informe del Gobierno Vasco sobre un SMIV

El “Estudio sobre un Salario Mínimo de Negociación Colectiva para la CAPV”, elaborado por la consultora Ikertalde y presentado por el Gobierno Vasco el 16 de julio, tiene un alcance preciso: la decisión la deben tomar conjuntamente patronal y sindicatos. Ese estudio aporta datos que ayudan a fijar la cuantía de un posible SMIV. La información se refiere a la población asalariada del sector privado (81%). En la administración pública (19%) no hay empleo precario.

El documento recuerda que en marzo de 2023 el Parlamento Vasco instó a los agentes sociales a “alcanzar un acuerdo interprofesional sobre un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi”. El cauce de la interlocución, sin intervención institucional, es una referencia constante en el texto, señalando que fortalecería “un modelo propio de relaciones laborales en la CAPV”. Pero según el Estatuto de los Trabajadores, “ es el Gobierno de España el que dispone de la competencia única para fijar el SMI en el conjunto del Estado”.

El informe cita al Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece dos clausulas para fijar el SMI: la tasa de cobertura de la negociación colectiva no debe ser inferior al 80%, ni el importe económico estar por debajo del 60 % del salario medio neto. Euskadi cumple la primera condición: los convenios colectivos abarcan al 88% de la población asalariada del sector privado. Además, el 68% de los convenios han sido negociados en el País Vasco.

A fin de cuantificar un posible SMIV, el estudio encargado por el ejecutivo señala que en los últimos 15 años la mejora en capacidad adquisitiva del SMI supera en un 60% al IPC de Euskadi. A continuación se aportan datos sobre empleo temporal y trabajo a tiempo parcial; situaciones laborales que conviven con la pobreza. Es sabido que el SMI contribuye a reducir niveles de pobreza y mejorar el bienestar, si se tiene empleo fijo y retribuciones pactadas en la negociación colectiva. Sin embargo, el 20% de la población asalariada depende de un empleo temporal, que crece conforme aumenta el sector terciario. Otro 20%, la mayoría mujeres, trabajan a tiempo parcial. Unas 30.000 personas con trabajo necesitan la RGI y/o otras ayudas sociales para sobrevivir.

El estudio sigue analizando variables, poder adquisitivo, niveles salariales y de gasto, basando sus cálculos finales en el incremento de los costes salariales. A tal efecto toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Encuesta de Estructura Salarial (EES). La diferencia entre esos dos índices da como resultado dos valores distintos para un posible SMIV: EPA 1.268 y EES 1.385 euros mensuales por 14 pagas anuales.

Un enigma sin aparente solución

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) hay 1.030.000 cotizantes a la Seguridad Social. 660.000 pertenecen al sector privado y tienen convenio negociado por la patronal Confebask con diversas representaciones sindicales. El SMI en vigor es de 14 pagas de 1.184 euros. En Euskadi la última subida ha beneficiado a 61.000 personas. La propuesta de SMIV asumida por el Gobierno oscila entre 1.268 y 1.385 euros mensuales brutos.

Todos los sindicatos quieren un SMIV, variando el modo de lograrlo. Mientras los nacionalistas reclaman la competencia para los parlamentos autónomos, UGT y CC.OO. plantean que se aplique en convenios sectoriales y se negocie en un marco tripartito: gobierno, empresas y sindicatos. Confebask, en línea con la CEOE (rechazó la última subida del SMI), dice que ese salario mínimo de convenio afectaría a 23.000 personas y “no es un tema prioritario”. Y para acceder a negociar plantea condiciones que los sindicatos rechazan.

El debate sobre la viabilidad de un Salario Mínimo Interprofesional Vasco está rodeado de contrastes y pone en duda la existencia de un pretendido “oasis de bienestar”. Tanto gobierno como sindicatos apoyan la creación de un SMIV. Sin aplicarlo por decreto, es necesario el acuerdo del conjunto de las empresas. La vía institucional tiene un precedente desfavorable: el 5 de marzo el Parlamento navarro desestimó tramitar la ILP de los sindicatos nacionalistas.

La propuesta del Gobierno Vasco resulta escasa, tanto para ELA y LAB, que reclaman 1.500 euros mensuales, como para UGT y CC.OO. Hay diferencias incluso en la estimación de personas beneficiarias de ese SMIV. En opinión de ELA y LAB, de las 66.000 personas que según el ejecutivo tienen contrato de jornada completa y ganan por debajo de 1.385 euros al mes, menos de 10.000 cuentan con convenio actualizado en la CAPV y podrían cobrar la mejora.

Si el 88% del empleo privado tiene convenio colectivo, significa que el resto, el 12% de la población asalariada, el sector más precario y vulnerable, al que más favorecería un SMIV, queda fuera de un posible acuerdo. Si el 68% de los convenios han sido negociados en el País Vasco, un 32% son de fuera; no se podrían acoger al SMIV. Además, existe un sector laboral que nunca ha tenido convenio colectivo (7%), o que lleva años sin actualizarse (5%). Esas cifras excluyen a empleadas de hogar y colectivos empobrecidos. Ahí está el dilema: ¿existe una clausula de aplicación general, sin intervención institucional?

El coste de vida en Euskadi es un 7% superior a la media estatal, el consumo familiar un 11,3%, el IPC figura entre los más elevados. Como contrapartida, el País Vasco destaca entre los salarios medios más altos con 33.505 euros anuales, el doble del actual SMI. Son datos que justifican la necesidad de un SMIV para quienes sufren esos perjuicios sin la ventaja de un salario decente. Tales constataciones llevan a la casilla inicial del relato: ¿Cómo conseguir un Salario Mínimo Interprofesional Vasco, si la administración autónoma no puede implantarlo, y aunque la patronal quisiera negociarlo, no abarcaría al sector asalariado más vulnerable, por estar fuera de la negociación colectiva?

Visto el celo mostrado por el Gobierno Vasco, haciendo propuestas concretas sobre un posible SMIV, la solución al complejo dilema podría ser, tanto para salarios como pensiones, complementar ambas retribuciones. No tratándose de derechos consolidados, tendrían que aplicarse igual que la RGI, como ayudas sociales. De no ser a través de un complemento asistencial, cuesta imaginar que se llegue a implantar una subida salarial general, sin exclusiones, salvo mediante una norma de obligado cumplimiento, un imperativo legal. Por tanto, toca esperar nuevos acontecimientos para conocer el desenlace de este relato.

La acelerada desaparición de las nieves perpetuas en los polos y las altas montañas, provocada por el calentamiento global del planeta, constituye una información cada vez más destacada en los medios de comunicación. Tomando el ejemplo más cercano, eldiario.es ha tratado el tema una decena de veces entre enero y abril del 2025. Aunque se estudia la tierra desde el siglo XIX y los testimonios gráficos de pioneros del alpinismo prueban la disminución de los niveles de innivación, hasta 1988 no se creó el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en inglés).

Antes de esas fechas, montañeros que ascendían cumbres en Pirineos y Alpes, eran testigos de un fenómeno que todavía no era noticia, resultando tan apasionante como la extinción de los dinosaurios: la regresión de los glaciares. Este relato se basa en esa experiencia montañera, entonces incomprensible, consecuencia directa del cambio climático. Hace medio siglo no cabía pensar en sobrevivir a glaciares visitados por primera vez teniendo 20 años. Partiendo de ese lejano recuerdo, utilizando como referencia dos elementos clave de la criosfera: regresión de los glaciares y fusión del permafrost, cabe mostrar cómo afecta el calentamiento global a las cordilleras del planeta.

Las montañas, fuente de vida

Desde la antigüedad, los asentamientos humanos, origen de las ciudades, se edifican a la orilla de ríos que nacen en las montañas. De los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta 1.000 viven en zonas de montaña. Tres cuartas partes del agua que consumimos procede de las montañas. Desde el año 2003 se celebra el 11 de diciembre el Día Internacional de las Montañas. El 2022 fue declarado por la ONU Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Lograrlo requiere la descarbonización del planeta, alcanzando la neutralidad climática con 0 emisiones.

La décima parte de la tierra que emerge sobre los océanos está cubierta de agua helada, variando la extensión en zonas donde en verano se funde. La criosfera (superficie del planeta cubierta de agua en forma sólida), abarca los casquetes polares, glaciares y espacios cubiertos de permafrost (capa helada en la superficie de la tierra). El territorio helado más extenso se encuentra en el hemisferio norte. El mayor volumen de agua helada está en la Antártida. El 95% del agua dulce helada cubre la Antártida y gran parte de Groenlandia. Tres cuartas partes del agua dulce del planeta está siempre helada. Si se derritiese, el nivel de los mares subiría unos 80 metros. Aunque los glaciares de las grandes cordilleras inciden poco en el conjunto de la criosfera, resultan decisivos en la biosfera, manteniendo la vida humana, animal y vegetal.

La tragedia de la regresión de los glaciares

En el planeta hay más de 200.000 glaciares. La cuarta parte están en la zona conocida como tercer polo de la tierra: Himalaya y cordilleras próximas. En los Alpes hay unos 4000. Suiza tiene censados 1.400 glaciares. Según la Unesco, en el plazo de 30 años desaparecerán todos los glaciares de África y de Pirineos. El proceso se acelera, puede que sea antes.

En la alta montaña el año tiene dos estaciones marcadas por la presencia o ausencia de nieve. En Alpes la isoterma 0 grados ha ascendido 400 metros desde 1980. Nieva más tarde y se mantiene un mes menos. Se van reduciendo las opciones de bajar esquiando los 12 km y 2.000 metros de desnivel del Valle Blanco del Mont Blanc. El glaciar del Ródano se cubre en verano con lonas para reducir su fusión. Se derriten hasta los glaciares de nuestras antípodas, en Nueva Zelanda.

Entre las causas de la regresión de los glaciares destacan la disminución de precipitaciones en forma de nieve y la mayor insolación. La regresión de la Mer de Glace (mar de hielo) del macizo del Mont Blanc ha dejado un profundo socavón de 150 metros de profundidad. Los turistas que visitan la cueva tallada en el hielo descienden por plataformas adosadas a la muralla. En 30 años el glaciar ha retrocedido 850 metros, que se amplían a más de 2 km en dos siglos. Se calcula que para el año 2100 la Mer de Glace habrá perdido el 80% de su volumen.

En la travesía de los 10 glaciares que integran la Mer de Glace se percibe la incesante regresión de la masa de hielo, mientras se avanza con equipamiento de vía ferrata por las pulidas paredes que dominan esa red de tentáculos helados. La progresión se torna delicada en las graveras de las morrenas. La fusión del permafrost derrite la capa de hielo superficial, perdiendo estabilidad. En el año 2000 la fusión del hielo comenzaba a 2800 metros, ahora la línea de equilibrio está en la cota 3100.

En las montañas suizas, un espectacular tren cremallera subterráneo sube desde Grindelwald al Jungfraujoch (3.571 m). Al llegar arriba basta observar la ubicación del refugio Konkordia (2.850 m) para apreciar la intensa regresión del glaciar Aletsch (es el más extenso de los Alpes, todavía tiene 23 km de largo). En 1877 se edificó el refugio Konkordia 50 metros sobre el nivel del hielo, en la actualidad está colgado a 150 metros de altura. Para alcanzarlo se supera una muralla equipada con escaleras metálicas.

Las catástrofes provocadas por glaciares tienen larga y triste historia. En 1965, al construir el embalse del Mattmark, una avalancha del glaciar del Allalin sepultó en Saas-Fee (Suiza) los barracones donde dormían 88 trabajadores, la mayoría italianos. El año 2022 la tragedia afectó al glaciar de La Marmolada (Dolomitas). Al reventar el depósito formado por las corrientes subterráneas, la avalancha de agua, hielo y roca, produjo 11 víctimas mortales.

La fusión de la banquisa del Océano Glaciar Ártico se está convirtiendo en un acontecimiento geoestratégico. Va a facilitar atravesar el estrecho de Bering, situado entre Alaska y Siberia, abriendo una nueva ruta marítima para cruzar del Pacífico al Atlántico sin rodear el continente americano. Al quedar libre de hielo durante el verano boreal, por ese paso de 80 km de ancho podrán cruzar buques sin apoyo de rompehielos. Las grandes potencias están compitiendo para dominar un territorio, que además posee enormes riquezas minerales. Se entiende el empeño de EEUU por anexionarse Groenlandia.

El permafrost es el componente de la criosfera de mayor extensión del planeta. Cerca del 20% del territorio emergido está cubierto por esa capa de hielo de variable espesor. En Alaska y Siberia llega a 600 metros de profundidad. Su fusión provoca avalanchas de hielo, rocas y derrumbe de morrenas. También afecta a las vías de comunicación. En el territorio asiático conocido como “techo del mundo”, el ferrocarril transtibetano de Lhasa circula unos 1.000 km por encima de 4.000 metros de altitud, la mitad de ellos sobre tierras cubiertas de permafrost. Está por ver el efecto del calentamiento global sobre ese tren.

El espectáculo del ocaso de los glaciares

El miedo ancestral a los glaciares se perdió a mediados del siglo XVIII al despertar el interés aventurero y científico. La primera ascensión al Mont Blanc, que determina el nacimiento del alpinismo, tuvo lugar en 1786, tres años antes de la revolución francesa. La atracción deportiva hacia los glaciares comienza con el desarrollo económico posterior a la II Guerra Mundial. El turismo de montaña es un fenómeno de la moderna sociedad de consumo.

Desde que en 1909 entró en servicio el tren cremallera de Chamonix, multitud de personas contemplan la Mer de Glace desde el mirador de Montenvers. La atracción no disminuye pese a estar el glaciar convertido en escombrera, al cubrir su superficie helada los derrubios que arrastra. Cada año medio millón de personas presencian la agonía de esa especie de animal antediluviano. Es un fenómeno que recuerda la extinción de los dinosaurios.

El calentamiento global arrasa prodigios naturales tan espectaculares y necesarios como los glaciares. En los Alpes no sobrevivirán más de un siglo. Entretanto, esos santuarios de la naturaleza se convierten en parques temáticos. No hace falta ir hasta el glaciar Perito Moreno de la Patagonia para comprobarlo. En Zermatt el teleférico del Klein Matterhorn (3.883 m) da vista a 38 cumbres de cuatromil metros,destacando el mítico Cervino (4.478 m). Es un alarde de ingeniería como los del Mont Blanc: Aiguille du Midi (3.842 m) en Chamonix y Punta Helbronner (3.466 m) en Courmayeur.

El glaciar más turístico del mundo está en la provincia China de Yunnan. Es el Baishui nº1 del monte Yulongxue Shan o Montaña Nevada del Dragón de Jade (5.596 m). Tiene un mirador en la cota 4.680 metros. Dos millones de personas contemplan al año ese glaciar. En Islandia, cerca de un millón de personas visita el glaciar Jökulsárlón. Los glaciares del Himalaya son la atracción de un trekking. Los cruceros que costean Alaska visitan en la Bahía de los Glaciares las lenguas de hielo que se sumergen en el Pacífico.

Cada año 20.000 personas intentan alcanzar la cima del Mont Blanc (4.808 m). Unas 100 perecen a causa de avalanchas de hielo y roca, además de grietas. Las altas temperaturas de julio del 2022 motivaron suspender las ascensiones. La cumbre del Mont Blanc perdería 16 metros de altura si emergiese la roca. La temperatura media anual en la cima es -17º C, como el congelador de un frigorífico. El verano del 2003 llegó a +2º C y se anularon las ascensiones.

Tras la Pequeña Edad del Hielo que afectó al hemisferio norte durante cinco siglos (1350 -1850), la temperatura media de los Alpes ha subido 2º C, el doble que en el conjunto del planeta. La nieve llega más tarde y se funde antes. Carencia que se intenta suplir en las estaciones de esquí con unos 100.000 cañones de nieve.

Incluso se instalan depósitos que recuerdan las neveras naturales de antes de existir los frigoríficos y el hielo industrial. Las estaciones de esquí están condenadas a desaparecer a corto plazo.

Entre 1850 y 1980 los glaciares alpinos pierden un tercio de su superficie. El verano de 2003 fue el más cálido del periodo actual. Manteniendo ese ritmo de retroceso, tres de cada cuatro glaciares suizos desaparecerían a mediados de siglo.

La situación del Himalaya y demás cordilleras del “techo del mundo” es incluso más preocupante. La merma del caudal de sus grandes ríos: Indo, Ganges, Amarillo, Yangtse, o Mekong, afecta al suministro de agua en gran parte del continente asiático.

Agonía de los glaciares pirenaicos

Hace más de 40.000 años, la cuenca superior del actual valle de la Noguera Pallaresa, situada en la vertiente meridional del Pirineo, estaba cubierta por un glaciar de 60 km de longitud, cuya lengua descendía desde 1.900 metros en el Pla de Beret hasta la cota 700 metros en Sort. En la vertiente norte, el glaciar de la Vall d'Aran tenía unas dimensiones similares.

Pasados miles de años, con periodos interglaciares fríos y cálidos, hacia 1850 quedaba un centenar de glaciares de dimensiones mucho más reducidas, pero todavía relevantes, comparados con la situación actual. En cerca de dos siglos los glaciares pirenaicos han perdido más del 90% de la superficie helada. La regresión se acentúa en la década de los años 80 del siglo XX. Ahora apenas queda una veintena de glaciares residuales, sin acumulación de nieve. En vez de avanzar retroceden y se parten, acelerando la extinción.

Los restos de los glaciares resisten el calentamiento global al amparo de las grandes cumbres. El glaciar de Aneto, el mayor de Pirineos, desaparecerá en dos décadas. Antes en Monte Perdido y Vignemale. A finales del siglo XIX se extinguieron en Sierra Nevada, dejando de ser los glaciares más meridionales de Europa. Como recuerdo quedará su huella en laderas talladas por el hielo, bloques erráticos, morrenas, graveras e idílicos lagos de montaña. Entretanto, al perder la capa superficial de nieve, toca ascender sobre hielo cristalizado, siendo mayor el riesgo de sufrir accidentes.

Constado ese desolador panorama, no cabe justificación frente el empeño de ampliar estaciones de esquí condenadas a desaparecer a corto plazo, sin que la proliferación de cañones de nieve puedan remediarlo. Es el caso del intento de enlazar las estaciones de Astún y Formigal a través del valle de origen glaciar de la Canal Roya. Ante la urgencia de preservar ese espacio amenazado por la especulación urbanística, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón reclama su protección con acciones como la marcha que el año pasado llegó hasta la Canal Roya desde Huesca. El próximo mes de junio volverá a repetirse por territorio francés, saliendo de Pau.

Afrontar un futuro imprevisible

Los cambios climáticos forman parte de la transformación del planeta. Una de las causas son las erupciones volcánicas. En 1783 las emisiones del volcán Laki (Islandia) alteraron el clima, provocando hambrunas al destruir las cosechas. La crisis climática actual está provocada por la intervención humana. No cabe compararla con procesos anteriores ni prever su duración. Crutzen y Stoermer llamaron antropoceno a la actual época geológica, caracterizada por el dominio humano sobre la naturaleza.

Las cumbres del clima organizadas por la ONU resultan decepcionantes. Las últimas se han celebrado en Dubái y Bakú, potencias petroleras con regímenes autoritarios.

Aunque se mantiene de forma retórica el acuerdo de París que fijó el objetivo de no superar en más de 1,5 °C la temperatura media mundial, ni siquiera se suprimen las subvenciones a la minería del carbón. La cumbre del clima del 2025, denominada COP30, se celebrará en Belém (Brasil). Cabe esperar que sirva al menos para frenar la desforestación de la Amazonía. La preservación de la biodiversidad del bosque tropical contribuye a reducir los gases de efecto invernadero y favorece la adaptación al cambio climático.

Si para el año 2050 no se alcanza el objetivo 0 emisiones netas de carbono, si al final del siglo XXI la temperatura media del planeta supera el límite de 1,5º C sobre los valores de hace dos siglos, los desastres serán cada vez más devastadores. Urge evitar el colapso ambiental y humanitario. Urge acelerar la transición energética, sustituyendo las energías fósiles (carbón, petroleo, gas), la agricultura industrial y la ganadería intensiva, por energías alternativas, limpias y renovables.

La explotación sin límites de los recursos del planeta comenzó en la era industrial con el sistema de acumulación capitalista. Su consolidación a través del neoliberalismo económico y político supone derrochar, destruir y envenenar todavía más la tierra, perpetuando los desastres ambientales y humanitarios. Urge una transformación radical de las estructuras productivas y sociales, frenando el consumismo y el despilfarro. Si ya es tarde para conservar los glaciares, intentemos salvar a la humanidad y demás seres vivos del planeta.

*Texto basado en charlas efectuadas durante los últimos cuatro años y en el artículo publicado en la revista Pyrenaica en marzo de 2024.

El hecho diferencial vasco se caracteriza por un modelo territorial medieval cuyas competenciales forales entorpecen la toma de decisiones conjuntas, hasta para lograr unificar las tarifas del transporte público. En ese complejo contexto se ha impulsado una limitada revisión tributaria, condicionada por el obstáculo añadido que de la coalición PNV-PSE-EE no controla las juntas generales de las tres diputaciones. Por tanto, necesitaban el apoyo de otro partido, tarea que tras incesantes titubeos ha recaído sobre Podemos, fuerza minoritaria cuya alternativa en materia de fiscalidad es mucho más avanzada.  

Las reacciones al acuerdo han sido dispares. Mientras Andoni Ortuzar, todavía presidente del PNV, lo celebró luciendo una corbata morada, la presidenta de la patronal vasca Confebask lo considera un castigo a los empresarios. Entre los titulares catastrofistas destacan 'Expansión': “Castigo fiscal en Euskadi a las rentas altas y las grandes empresas” y 'El Correo': “Podemos impone sus exigencias a PNV y PSE-EE para girar a la izquierda su reforma fiscal”. Todo eso unido a mensajes de odio a Podemos.

El bloque del no

Titular de 'Deia' del 5 de marzo: “Bildu y PP usan la revisión fiscal para hacer oposición al PNV y la llevan al precipicio”. Ambos partidos han pasado de expresar voluntad de negociar a desautorizar el contenido de la reforma, aunque sólo EH Bildu presenta enmienda a la totalidad.    

El PP apoyó la reforma fiscal del 2017, lo cual significa que no suponía ningún avance significativo, pues el PP, como Vox, quiere reducir impuestos para favorecer la privatización de los servicios públicos. En esta ocasión el PSE-EE, puede que a causa de las discrepancias entre el PP y el PSOE a nivel estatal, vetó la presencia del PP en la negociación.  

El caso de EH Bildu resulta contradictorio. En Madrid apoya al gobierno del PSOE, en Euskadi rechaza implicarse, después de haber intentado formar un gobierno soberanista con el PNV. A nivel estatal EH Bildu apoya la exención de tributar para el IRPF cobrando el SMI. En Euskadi sin reforma fiscal la cantidad exenta del IRPF habría quedado en los 14.000 euros vigentes, muy por debajo de los 20.000 que establece el acuerdo final. En el País Vasco perciben el SMI 61.000 personas. En sentido contrario, EH Bildu aprueba la desgravación de las EPSV de empleo, un privilegio que beneficia a 1.300.000 personas. 

La postura del sindicato ELA es la más extrema, llegando a declarar que es una oportunidad perdida y exigiendo dar marcha atrás. Si ELA actuase de la misma manera en la negociación colectiva no llegaría a ningún acuerdo. La decisión de firmar un convenio no se basa en el todo o nada, sino en el logro de mejoras que no impliquen retrocesos. Si ELA decidiese intervenir en las instituciones políticas con ese negacionismo, destacaría como elemento antisistema.  

Al carecer de representación para negociar, Sumar intenta tener protagonismo desde el Parlamento Vasco, presentando una proposición no de ley que insta al Gobierno a utilizar la Ley de armonización fiscal con enfoque de país. Sumar lo tenía difícil para cuestionar el resultado de la reforma, dado que las medidas acordadas con Podemos son más progresistas que la fiscalidad estatal.         

Un acuerdo con imperativo social

Si Podemos se hubiese atrincherado en su programa fiscal para rechazar el acuerdo, como EH Bildu, el resultado habría sido similar a la “socialización del sufrimiento” promovida en otra época por la Izquierda Abertzale. El mérito de Podemos se basa, más que en lograr mejorar la reforma fiscal del PNV-PSE-EE, en asumirla por imperativo social o ético, evitando que la gente más vulnerable se viese privada de esas mejoras que, incluso siendo escasas, en condiciones de precariedad extrema resultan vitales para sobrevivir. 

La dirección de Podemos Euskadi ha tenido un gesto de responsabilidad y de solidaridad que no cabe confundir con el electoralismo. Los sectores sociales más débiles son abstencionistas, o lo que es peor, votan contra sus propios intereses, favoreciendo a las derechas reaccionarias. Por el contrario, puede que el electorado radical e incluso militantes de Podemos, consideren que esa decisión es una concesión al gatopardismo del PNV-PSE-EE: introducir pequeños cambios para que en lo fundamental todo siga igual. 

Hay otros elementos a destacar en la comprometida decisión de apoyar una reforma fiscal tan limitada. A nivel estatal las relaciones de Podemos con el PSOE y PNV son tensas. Puede que en el equipo de Ione Belarra no agrade ese acuerdo que en Euskadi legitima y refuerza a tales partidos. Sin embargo, pese a los rumores difundidos en la prensa local, no hay indicios de desautorización, lo cual evidencia que Podemos Euskadi ejerce el derecho a decidir en su ámbito territorial, conforme corresponde a un partido con estructura federal.

No obstante, la conducta de la dirección de Podemos Euskadi ha dejado un cabo suelto: si tenía sentido no aplicar el resultado de la consulta dirigida a la militancia, porque la participación había sido escasa y las opiniones a favor y en contra eran igualadas, la firma del acuerdo definitivo requería una nueva consulta y hacerla extensiva a las personas inscritas como simpatizantes.  

Requisitos de una fiscalidad redistributiva 

Estado de bienestar, reparto de la riqueza, son conceptos asociados a una izquierda transformadora hoy en declive. Aunque la prensa afín al modelo económico neoliberal interprete que, con las ventajas logradas por Podemos, la reforma fiscal vasca se escora a la izquierda, la realidad es bien distinta. Sin modificar la estructura del sistema fiscal, más que reforma es revisión. Y tan insuficiente que no cumple los requisitos mínimos para poder considerarla redistributiva. En consecuencia, constituye el fracaso de una izquierda que aspira a ser la alternativa al modelo socioeconómico vigente.   

La corrección fiscal aprobada por PNV-PSE-EE con el apoyo de Podemos, es un tímido paso hacia una fiscalidad progresiva, equitativa y eficiente. Para que la fiscalidad deje de ser discriminatoria y avance hacia la justicia social, debería incluir medidas esenciales de la propuesta inicial de Podemos: Evitar que la mayor parte de la carga fiscal recaiga sobre la clase trabajadora, añadiendo tramos superiores al IRPF, impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. Aumentar la recaudación en el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas. Unificar las bases imponibles del ahorro y del trabajo. Eliminar las bonificaciones a la compra de viviendas y suprimir los beneficios fiscales de las EPSV.

La primarias de Podemos Euskadi no han resuelto ningún dilema, persiste la indeterminación y la perplejidad. Ha votado poca gente y se confirma que el nuevo coordinador autonómico es el candidato oficialista, pero como no tiene mayoría en el Consejo Ciudadano la partida acaba en tablas. Compartiendo el fracaso de la escasa participación, ninguna de las dos listas que competían para renovar la dirección puede atribuirse el triunfo. El aspecto positivo de tanta incertidumbre es que obliga a funcionar por consenso, favoreciendo el reparto de tareas y la democracia interna. 

Unas primarias salomónicas

De unas 20.000 personas inscritas, figurando como activas alrededor de 5.000 con derecho a voto, en las primarias al Parlamento Vasco del 2020, cuando perdió la lista promovida por el entonces Secretario general Lander Martínez, se emitieron 2.830 votos. En 2024 bajaron a la mitad, 1.395 votos. Ahora solo han participado 863 personas, repartiendo los apoyos casi a partes iguales. Richar Vaquero logra el cargo de coordinador general con 17 votos más que Miren Echeveste. En el Consejo Ciudadano ocurre lo contrario: la candidatura de Echeveste supera en dos puestos a la de Vaquero. 

La limitada participación viene acompañada de una cifra significativa de votos en blanco: el 8,8% en la coordinación autonómica, equivalente a la secretaría general en otros partidos. Las personas no vinculadas a ninguna candidatura, agrupadas en la denominada lista blanca, tenían escasas opciones de entrar en el Consejo Ciudadano. La excepción ha sido Ana Viñals, concejala de Bilbao. Su presencia en el órgano de dirección de Podemos Euskadi puede facilitar la colaboración entre los dos bloques que lo integran, aunque en la actualidad no haya barreras ideológicas infranqueables, como ocurría con la división entre pablistas, errejonistas y anticapis.

La fortaleza del consenso

Una correlación de fuerzas tan igualada en el Consejo Ciudadano, pendiente de la incorporación de un tercio de sus miembros en representación directa de los Círculos, es una oportunidad, más que un obstáculo. La necesidad de tomar decisiones por unanimidad refuerza la unidad, facilita la participación de la militancia, posibilita el protagonismo colectivo y dificulta el individualismo.  

Sin embargo, en Podemos, como en cualquier partido, ha arraigado más el vicio del dirigismo personal que la virtud de la responsabilidad compartida. Dos días después de conocerse el resultado de las primarias, antes de constituirse el Consejo Ciudadano, Maite Gartzia se presentó en sociedad con el título de coordinadora general adjunta. Cargo que debería haber ocupado la cabeza de lista de la otra candidatura, Miren Echeveste, si no hubiese apostado sólo a ser coordinadora, renunciando a formar parte del Consejo Ciudadano, en teoría un órgano de dirección equivalente al Comité central en otros partidos. 

Candidato oficialista

La urgencia de designar a Maite Gartzia coordinadora adjunta puede estar relacionada con el hecho de haber formado parte del Consejo de dirección cesante. Tal vez la concejala de Errenteria sea el eslabón que lleva hasta Richar Vaquero como candidato oficialista. La intromisión de dirigentes de Podemos en las primarias es un fenómeno constatable. La hipótesis del continuismo estuvo en la prensa durante toda la campaña. Así lo contaba elDiario.es el 8 de diciembre: “El partido decide ahora entre el juntero por Bizkaia Richar Vaquero, continuista con la actual dirección, y la portavoz por Gipuzkoa, Miren Echeveste. La formación intentó construir una candidatura de unidad alrededor de Vaquero pero las negociaciones no fructificaron...”.

La promoción más efectiva fue un mensaje difundido en redes: “Hoy Richar Vaquero, nuestro candidato a coordinador general y juntero en Bizkaia ha estado en el Parlamento Europeo para que la propuesta de parar el proyecto del Guggenheim tenga voz en Europa”. El texto incluye la foto del candidato junto a Irene Montero, añadiendo la consigna: “Por una Euskadi verde y sostenible vota GERTU”. El 14 de diciembre Europa Press lo confirma: “Los candidatos oficialistas se han impuesto en las primarias de Podemos para elegir coordinadores autonómicos en Andalucía, Euskadi, Castilla La Mancha...”

División de poderes

En Podemos los documentos que presenta la candidatura ganadora del cargo de coordinación pasan a ser oficiales en su ámbito territorial, siempre que no vulneren la normativa estatal. Como no podía ser de otra forma, el documento organizativo defendido por Richar Vaquero proclama:“El Consejo Ciudadano de Euskadi es el órgano encargado de debatir, decidir y ejecutar la dirección política de Podemos siguiendo con la línea estratégica general de Podemos”. 

En cuanto al Consejo de Coordinación, equivalente a la comisión ejecutiva en otros partidos, se especifica: “Será nombrado a propuesta de la coordinadora autonómica o del coordinador autonómico entre las personas electas por la Asamblea Ciudadana Autonómica, y ratificado por el Consejo Ciudadano Autonómico”. Hasta ahí coincide con el texto del equipo anterior, omitiendo una clausula esencial: “Las personas integrantes del Consejo de Coordinación de Euskadi podrán ser cesadas por el Consejo Ciudadano de Euskadi”. 

No obstante, la capacidad revocatoria del Consejo Ciudadano figura entre sus competencias: “Nombrar y sustituir a las personas que conforman el Consejo de Coordinación de Euskadi. Aprobar o rechazar la propuesta de presupuestos (...). Nombrar y sustituir a las y los responsables de las secretarías y áreas”. 

Todavía es posible la remontada

Para que Podemos Euskadi recupere implantación institucional, arraigo social y vuelva a ser el referente de la izquierda transformadora vasca, es preciso asegurar la estabilidad, la armonía interna. Esa tarea prioritaria concierne a Richar Vaquero, en tanto que coordinador general. El resultado neutro de las primarias demanda un reparto igualitario de cargos y responsabilidades. Si la composición del Consejo de Coordinación no fuese paritaria en cuanto a género y entre las dos listas, el Consejo Ciudadano podría negarse a ratificarlo. Consciente de la situación, 10 días después de publicarse el resultado de las primarias, sin haberse reunido el Consejo Ciudadano, Richar Vaquero reconocía en El Correo la necesidad confluir: “Obviamente tendremos que negociar e intentaremos proponer un Consejo de Coordinación que aglutine a todos”. 

Funcionar por consenso es una condición necesaria para iniciar la recuperación. Optimizando los recursos humanos del partido se refuerzan las fortalezas y se intensifican la oportunidades. Falta hará en la actual situación de aislamiento y soledad. Esa realidad es reconocida en el documento político: “Así que, con las heridas recientes y los enfrentamientos y sus repercusiones haciendo eco, no vemos posibilidades en el corto plazo de reeditar ningún acuerdo”. 

La candidatura de Richar Vaquero proclama en su documento organizativo: “La figura de la Secretaría de organización es de suma importancia”. Y por ese motivo:“La secretaría de organización requiere de dedicación exclusiva”. En Podemos se ha desempeñado esa tarea compatibilizándola y supeditándola a los cargos públicos. En ese aspecto, si algo se puede valorar en el PNV es el acierto de separar la representación orgánica de la institucional. 

El nuevo coordinador general debería dedicar su actividad y capacidad política en exclusiva, de forma plena y absoluta, a reflotar Podemos Euskadi. Tomando como punto de partida la constitución del Consejo Ciudadano, antes de formar el Consejo de Coordinación. Atendiendo a la militancia que reclama convocar una Asamblea Ciudadana, un congreso con capacidad decisoria, para afrontar las incertidumbres de un futuro sumamente incierto.

La militancia y la gente simpatizante de Podemos Euskadi ha sido convocada a las urnas digitales para sustituir a la dirección saliente, que marcha sin rendir cuentas del fracaso de su gestión en la errática campaña de las elecciones al Parlamento Vasco. Está por ver si quienes aspiran a dirigir el partido se presentan a las primarias con el cordón umbilical del continuismo. Sin distanciamiento no habrá recuperación y proseguirá la agonía. Es un proceso de primarias marcado por el dilema Podemos-Sumar y el caso Errejón. Si este artículo resulta estricto será porque, al fallar la autocrítica, resulta imprescindible la crítica. 

Un fracaso previsible 

Podemos apoyó el proyecto Sumar para reforzar la unidad de la izquierda alternativa, a fin de impedir que las derechas llegasen a gobernar. Logrado ese objetivo, al formarse el nuevo gobierno de coalición, el tándem Yolanda Díaz-Iñigo Errejón tomó el control de Sumar, rodeándose de gente incondicional, proveniente en parte de Podemos. Es el caso de Lander Martínez en Euskadi, aupado en su trayectoria política por las corrientes que competían con el pablismo: anticapis, errejonistas y por fin yolandistas. 

Consumada la ruptura entre Podemos y Sumar, llegan las elecciones al Parlamento Vasco sin condiciones para acordar una lista conjunta. Bastaba una reunión para constatar que las distancias eran insalvables, mas las conversaciones duraron semanas, hasta que Sumar encontró a su candidata en la sede de Podemos. Lo más grave es que, si Lander Martínez no hubiese zanjado las negociaciones, la dirección de Podemos Euskadi, Pilar Garrido y David Soto, habrían aceptado ir a las elecciones con el nombre de Sumar, la candidata de Sumar y el compromiso de dimitir si las bases de Podemos rechazaban su claudicación. 

Tras un intento de mediación imposible, Podemos Euskadi acudió a las urnas cargando con una humillación y manteniendo en la papeleta el nombre Elkarrekin, que hasta la prensa advirtió inducía a confusión. Con tales antecedentes las opciones de lograr representación eran nulas. Pilar Garrido y David Soto no se responsabilizaron del fracaso dimitiendo de inmediato, ni rinden cuentas ante la militancia, y ocultan el motivo de su distanciamiento personal durante las negociaciones con Sumar. Manteniendo un clamoroso silencio, abandonan sus compromisos, dejando al partido desamparado. Falta saber si entretanto se han dedicado a preparar su relevo promoviendo candidaturas afines.  

Las claves de la renovación

En una reunión de militantes celebrada a finales de octubre, desde el Circulo de Bilbao se reclamó la convocatoria de una asamblea ciudadana con antelación a la celebración de primarias. La razón parece obvia: era necesario un debate en profundidad para establecer la línea a seguir en la fase de reconstrucción. Sin esa premisa la nueva dirección será continuista o actuará por su cuenta, sin consultar. Se ha dado a las primarias carácter de asamblea ciudadana, sin ser un auténtico congreso. Hacen propuestas las candidaturas, no la militancia que desee participar sin aspirar a ocupar cargos. El reglamento electoral lo deja claro: “No podrá haber candidatura sin documentos ni documentos sin candidatura”.  

Aspiran a dirigir Podemos Euskadi, Miren Echeveste juntera de Gipuzkoa y Richar Vaquero juntero en Bizkaia. Las normas de Podemos permiten acumular cargos, sin establecer siquiera incompatibilidades entre cargos públicos y orgánicos. Esa normativa, contraria al reglamento que en 2015 quiso implantar en Euskadi el equipo de Roberto Uriarte, es cuestionada desde las bases. Como cualquier otro partido, Podemos creó a nivel estatal la casta endogámica y elitista que pretendía erradicar. El afán de acumular poder provoca luchas internas sobradamente conocidas. La arrogancia y la soberbia que se deriva de esos comportamientos afecta a Sumar en la persona de Iñigo Errejón, pudiendo haber ocurrido también en Podemos.         

Quienes encabecen las listas para asumir la dirección de Podemos Euskadi prometerán reforzar los círculos y la participación de la militancia. Más allá de declaraciones retóricas, deberían distanciarse públicamente de la ejecutiva anterior, enjuiciando su gestión de forma crítica. Advirtiendo que falló la dirección, no la militancia. Admitir, o no, la gravedad de esos errores, influirá en el resultado de las primarias, en la legitimidad y en el liderazgo de ¡a nueva dirección, en la recuperación de la confianza y del apoyo social perdido. 

Causa asombro que Miren Echeveste y Richar Vaquero opten al cargo de coordinación, es decir, a liderar el partido, pero no a integrarse en el Consejo Ciudadano, que formalmente tiene la responsabilidad de dirigirlo. De modo que Vaquero o Echeveste quedarán fuera del primer nivel de la estructura orgánica por voluntad propia. Por otro lado, sorprende ver en la “lista blanca”, integrada por personas no adscritas a ninguna candidatura, el nombre de Ana Viñals, concejala en el ayuntamiento de Bilbao. Se presenta únicamente al Consejo Ciudadano porque está en desacuerdo con acumular cargos de máxima responsabilidad y no apoya a ninguna de las dos listas competidoras. 

Podemos ha privilegiado la imagen mediática institucional, desatendiendo las labores orgánicas. Frente a esa deriva, el Círculo de Podemos Bilbao ha elaborado y difundido entre los demás círculos un documento de debate valorando la salida de la cámara vasca como un grave retroceso. El Círculo de Bilbao advierte además que, para volver a ser referente de la izquierda transformadora, es necesario fortalecer la estructura del partido, recuperando la limitación de retribuciones y mandatos, aplicando la rotatividad, exigiendo que todos los cargos se integren en los círculos, estableciendo la dedicación exclusiva en las secretarias de organización. En definitiva, se intenta que la actividad orgánica sea más participativa, evitando el centralismo y la profesionalización de la política.     

Todavía es posible la remontada

La situación de Podemos es crítica, sin que sirva de consuelo saber que la de Sumar no es mejor. La dimisión-destitución de Iñigo Errejón, ideólogo y portavoz de Sumar, resulta paradigmática. Era conocido su talante autoritario desde que en noviembre del 2015, siendo Errejón secretario político de Podemos, conminó a Roberto Uriarte, primer secretario general de Podemos Euskadi, a dimitir o ser destituido, con el beneplácito de Pablo Iglesias. El funesto desenlace de la trayectoria política y personal de Errejón no debería sorprender. Plasma la obsesión por dominar cualquier situación, tan habitual en estructuras jerarquizadas, sean partidos, empresas, sindicatos, iglesias o ONG. 

Yolanda Díaz repudió a Podemos intentando, junto con Errejón, convertir Sumar en una izquierda complaciente y amable. Asumieron un papel subsidiario en un gobierno del PSOE empeñado en sobrevivir buscando alianzas a derecha e izquierda. En la operación Sumar resultó clave la implicación de IU-PCE, en tanto que colaborador necesario. Ahora Antonio Maíllo intenta enmendar el error volviendo a enarbolar, sin alternativa creíble ni convicción, la bandera de la unidad de la izquierda. 

El proyecto Sumar está condenado a extinguirse. Se desmorona por sus fallos políticos y por turbios episodios de violencia machista. Si este conflicto hubiese afectado a Podemos, en vez de a Sumar, Ione Belarra no habría contado con la benevolencia mediática que tiene Yolanda Díaz. Estando ahora el control de Podemos y de Sumar en mano de mujeres, se reduce el riesgo de los abusos sexuales. Sumar, o sea, Yolanda Díaz, cometió un grave error al empeñarse en poner al zorro a cuidar el corral.            

Aunque tengan planteamientos y estrategias diferentes, Podemos y Sumar se han movido en la misma órbita política, compartiendo y heredando los peores defectos: centralismo, lucha por el poder, culto al líder y la lideresa. Sumar no sobreviviría en el gobierno si se convocasen elecciones generales anticipadas. Eso no significa que Podemos recupere de inmediato el espacio perdido. La remontada requiere volver a ganar la confianza de la ciudadanía desilusionada, aplicando la ética del comportamiento, es decir, el ejemplo. Empezando por democratizar el funcionamiento interno, empoderando a la militancia en vez de acumular poder como en un régimen oligárquico.

El reto es enorme en Euskadi, donde toca volver a empezar sin la fascinación de hace una década y con el estigma de un gran fracaso. En Podemos las primarias se pueden ganar por un puñado de votos. Otra cuestión es dirigir un partido que, yendo a contracorriente, aspira a ser el referente de la transformación social de un país, dominado por los cantos de sirena del nacionalismo y donde, el partido creado en el siglo XIX con principios de izquierdas y republicanos, es hoy la muleta de la derecha autóctona. 

La militancia de Podemos Euskadi ha demostrado fortaleza en momentos críticos. Cuando se conozcan los resultados de las primarias el 14 de diciembre, quien gane tendrá que acreditar ser capaz de revitalizar el partido, asumiendo que las decisiones corresponden al Consejo Ciudadano, actuando sin tutelas y sin subordinarse a los poderes establecidos.

Antes de aparecer los habituales sondeos de opinión ya se podían intuir los resultados de las elecciones al Parlamento Vasco que después confirmarían las urnas. Se esperaba un notable ascenso de EH Bildu, con posible sorpasso al PNV, sin llegar a suponer una amenaza para la continuidad del gobierno de coalición PNV-PSE-EE. Faltaba saber, no pudiendo aclararlo las encuestas, si la división de la izquierda alternativa, víctima de sus propios errores, estaría representada en la cámara de Gasteiz. De eso van estas reflexiones, dedicadas a analizar el conflicto Podemos-Sumar en el escenario de Euskadi. 

Negociaciones fallidas

Tras un largo periodo de conversaciones frustradas entre Podemos Euskadi, Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo, surgió la iniciativa ElkarrekinSumarBai, impulsada por Sabin Zubiri e Imanol Zubero, con el respaldo de unas 500 personas favorables a la confluencia de izquierdas y conscientes de la catástrofe que supondría no lograrla. En ese espacio de mediación, cuyos promotores denominaron transparencia, destacan dos posturas dispares: el pánico de Podemos y la altanería de Sumar. Son las actitudes que se constatan en los respectivos comportamientos.

La dirección de Podemos Euskadi renuncia a que Miren Gorrotxategi sea candidata a la lehendakaritza, asumiendo que la coalición se llame Elkarrekin - Sumar. A cambio reclama encabezar una de las tres listas. Como garantía del cumplimiento de esas condiciones, caso de que la dirección estatal de Podemos impugnase o, como ocurrió en Galicia, si las bases rechazaban el posible acuerdo, la dirección de Podemos Euskadi se comprometía a dimitir y a no presentar candidatura propia. Tales garantías no convencieron a Lander Martínez, antes dirigente de Podemos, ahora de Sumar, que zanjó las conversaciones alegando que Podemos Euskadi no estaba en condiciones políticas ni jurídicas de garantizar el cumplimiento de ningún acuerdo. 

Elkarrekin versus Podemos

La dirección de Podemos Euskadi no ha informado ni consultado con las bases ninguna de las decisiones tomadas durante la campaña electoral, pese a que su compromiso de dimitir, si no se asumía el pretendido acuerdo con Sumar, amenazaba la estabilidad del partido. En Podemos, decidir sin consultar es una anomalía, no sirve de justificación que en Sumar sea la norma. La prepotencia de Lander Martínez al rechazar el posible acuerdo evitó un riesgo extremo. 

Parecía lógico que tras el fracaso de las negociaciones y la desvinculación de IU y Equo de Elkarrekin, se volviese al Podemos original, pero no, se mantuvo el nombre Elkarrekin, compartido en ayuntamientos y juntas generales con IU y Equo. Hasta la prensa había advertido que Elkarrekin carece de arraigo social. La confusión era inevitable y tuvo consecuencias. El escenario de la noche electoral del 21 de abril se decoró como Elkarrekin, sin referencia a Podemos, cuando la cercana campaña al Parlamento Europeo será estatal y habrá que hacerla como Podemos. 

La trayectoria del singular Podemos Euskadi que surgió con tanto ímpetu hace una década está en declive, como su organización interna. Salvo la ocasional presencia pública de Roberto Uriarte, primer secretario general de Podemos Euskadi, poco queda del ideario de la candidatura Euskal Hiria que ganó las primarias para formar el primer Consejo Ciudadano e intentó dirigir el partido con un proyecto innovador, chocando a nivel interno con el dogmatismo del sector anticapitalista, la ambición errejonista y la incomprensión pablista. Por eso su vida fue tan efímera. 

Sumar sigue restando

Sumar nació con la misión de agrupar a la izquierda alternativa, aunque desde hace un año, en el acto de Magariños, se conforma con ir ocupando el espacio de Podemos, mientras la derecha política, mediática y judicial, colabora con falsas acusaciones. Si esa caverna no ataca todavía a Yolanda Díaz y a su familia, como ahora a Pedro Sánchez, significa que Podemos sobrevive. El proyecto inicial de Sumar era expandirse desde Unidas Podemos y sus confluencias. Sin haberlo logrado, quedan fuera Podemos y otros grupos. Las fuerzas de ámbito autonómico rechazan la intromisión de Sumar en sus espacios, mientras IU se siente arrinconada. En suma, la izquierda que se considera más consecuente, vuelve a estar dividida y para colmo enfrentada. 

Pudiera ocurrir que Podemos acabase siendo un partido testimonial sin apenas presencia institucional. Mientras que, si hubiese nuevas elecciones y llegasen a gobernar las derechas, cabe pensar en la extinción del Movimiento Sumar. Tal es la diferencia entre tener o no tener militancia. Sumar carece de estructura organizativa y de implantación territorial. No lo consiguió en Galicia, tampoco en Euskadi, donde el escaño obtenido pertenece a IU. Podemos no está en mejor situación, pero posee capacidad de resiliencia. Yolanda Díaz logra éxito como ministra, fracasando en el intento de aglutinar y liderar un frente unido de izquierdas. En las elecciones europeas se podrá comprobar hasta donde alcanza la fortaleza de Podemos y de Sumar.

Podemos se marchita, Sumar no germina

La actual izquierda alternativa o federalista, como en otra época la izquierda revolucionaria o radical, se obstina en escindirse e inmolarse a perpetuidad. Otra clave que define a esta corriente política es que sigue acomplejada por la izquierda abertzale, que ha dejado de ser antisistema. EH Bildu (EHB) se podemiza abrazando los derechos sociales y se peneuviza peregrinando a Madrid en busca de prebendas. La competencia directa de esa izquierda tan ideologizada es con EHB. Se avecinaba una sangría de votos, pero durante las campaña electoral se ha preferido confrontar más con el PNV que con EHB. 

En el caso de Elkarrekin Podemos tuvo que ser Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien en el acto final de campaña dijese de forma contundente que EHB no promueve la escuela pública, sino la concertada, que comparte con el PNV una ley de cambio climático favorable a empresas energéticas como Iberdrola y Petronor. Toca añadir que EHB ha expresado su disposición a gobernar con el PNV para impulsar conjuntamente un proyecto soberanista. Conviene no olvidar que EHB avanza en demandas sociales y permanece estancado en derechos humanos.

Aparte de errar en el enfoque de la campaña, la dirección de Podemos Euskadi, en concreto Pilar Garrido y David Soto, deben aclarar, no sólo a los cargos, sobre todo a la militancia, las razones por las que alargaron tanto unas negociaciones condenadas al fracaso, mientras Sumar buscaba una candidata, hasta encontrarla en la sede de Podemos. Por qué alteraron el resultado de las primarias, renunciando a la candidatura a la lehendakaritza. Por qué estaban dispuestos a aceptar que no apareciese Podemos en el nombre de la coalición. Por qué pusieron en peligro el futuro del partido, prometiendo dimitir si no se aprobaba su inasumible propuesta. La respuesta a esas incógnitas pudiera ser que no confiaban en su propio proyecto.

Sumar llegó al País Vasco con dos objetivos, los mismos que a nivel estatal: desplazar a Podemos y surgir de sus cenizas. Ha tenido que conformarse con que Podemos quede fuera del Parlamento Vasco, mientras Sumar sigue sin implantarse en Euskadi. El escaño obtenido en Araba es para Ezker Anitza – IU, el socio que aportaba locales y militancia para realizar tareas logísticas.

Mientras Sumar Mugimendua celebra el resultado electoral, el responsable de la campaña, Lander Martínez, es sustituido como secretario de organización. El motivo puede ser que ha perdido la confianza de Yolanda Díaz, o que pudiendo desatar una grave crisis en Podemos Euskadi, su arrogancia lo impidió. 

La iniciativa ElkarrekinSumarBai ha convocado una nueva reunión. En ese encuentro se analizarán los resultados electorales, constatando que si se hubiese logrado formar una candidatura conjunta, en vez de un escaño se habrían conseguido al menos tres. Eso suponía que EH Bildu no igualaba en escaños al PNV y que Jon Hernández, miembro de Ezker Anitza-IU y secretario general del PCE-EPK, no tendría que compartir el grupo mixto del Parlamento Vasco con la representante de VOX. Por lo demás, proponer ahora un acuerdo Podemos-Sumar para las elecciones europeas resultaría misión imposible. Tendrán que cicatrizar muchas heridas antes de poder volver a pensar en agrupar a una izquierda que se dice transformadora y necesita tanto renovarse a nivel interno, empezando por transformar su modelo de liderazgo político.

Han concluido sin acuerdo las conversaciones entre Elkarrekin (Podemos, Ezker Anitza - IU, Equo Berdeak) y Sumar Mugimendua, pretendiendo consensuar una candidatura conjunta al Parlamento Vasco. Ese vano intento de lograr una confluencia de debilidades llegaba envuelto en circunstancias desfavorables. El pulso entre Podemos y Sumar para dirimir el liderazgo de la izquierda, que se dice transformadora, no tiene ni épica ni encanto. Ha sido un proceso largo, opaco, aburrido, cansino e inútil.

Alargar la negociación daba oportunidades a Sumar y debilitaba a Podemos. Su dirección soportaba una agobiante espera, desfalleciendo la credibilidad de la militancia. Temiendo cargar con la responsabilidad de la ruptura, se caía en el error. Al eternizarse las conversaciones, acabó habiendo más candidatas a lehendakari que previsión de escaños. Tal desconcierto reduce el espacio político y electoral de la izquierda federalista, favoreciendo a EH Bildu y PSOE.

La posibilidad de un acuerdo entre Podemos y Sumar era tan remota, que este artículo empezó a escribirse al comenzar los encuentros con la hipótesis del fracaso. Para verificar la certeza de ese fatal pronóstico y concluir el artículo faltaba conocer los pormenores del desenlace.

Podemos, trampolín para hacer carrera política en Sumar

Las negociaciones a la izquierda de la izquierda han durado el tiempo preciso para que Sumar encontrase una mujer dispuesta a competir con Miren Gorrotxategi, candidata de Podemos. Buscando por todos los rincones, dieron con ella precisamente en Podemos, cantera de donde procede el conjunto de las figuras visibles de Sumar. Alba García participó en sucesivas convocatorias de primarias de Podemos Euskadi. Era tercera en la lista de Elkarrekin al Ayuntamiento de Bilbao, sin lograr ser elegida. Es sabido que al hacerse público su fichaje tenía un contrato laboral con Podemos.

Esa operación era un órdago de Sumar que la dirección de Podemos encajó sin zanjar la partida, limitándose a interpretar lo ocurrido como una “deslealtad”. El rocambolesco asunto no acabaría ahí. El 24 de enero El Correo desveló que Alba García no tenía previsto dejar Podemos; días antes de cambiar de bando político quería ser delegada sindical de ELA. Este hecho conlleva un dilema añadido, dado que Sumar mantiene un trato preferencial con CCOO.   

El aguante de la dirección de Podemos contrasta con la belicosa actitud de Sumar. Al rechazar el grupo parlamentario de Podemos la reforma del subsidio de desempleo, que reduce las cotizaciones de mayores de 52 años en situación de paro, Sumar sacó un comunicado donde se decía: “Podemos se une al PP y Vox para desestabilizar al gobierno. Es incomprensible que todas las fuerzas progresistas de la cámara hayan votado a favor y que solo Podemos haya votado en contra. ¿Por qué han decidido abandonar el bloque progresista para unirse al de la derecha y la ultraderecha?”.

Pese a que esa agresividad justificaba liquidar las conversaciones, la dirección de Podemos hizo una oferta: “... Existe una opción de respuesta, igualmente coral y participativa: el refrendo popular. La búsqueda de un instrumento que permita la participación de todas las personas que forman parte del espacio político, de las distintas organizaciones, en la elección de la mejor candidata”. Es obvio que se estaba planteando realizar unas primarias conjuntas que Sumar no podía aceptar por carecer de militancia.

Cronología de los últimos acontecimientos

9 de enero: Alianza Verde lanza una propuesta sintetizada así por Europa Press: “Plantea que los morados, con Miren Gorrotxategi, lidere la candidatura y reprocha la lentitud de la negociación de Sumar”.

16 de enero: JC Monedero repasa en Radio Euskadi las intenciones de Sumar: “cree que puede imponer sus modos, maneras y sus decisiones”, “te llevan a callejones sin salida”, “todo lo que hace Sumar es humillar a Podemos”. “Las bases de Podemos, por muchas razones, están muy enfadadas, no van a tolerar que se sacrifique a Miren (Gorrotxategi)”.

17 de enero: Podemos celebra en Bilbao un acto para exponer a la militancia las conclusiones de un documento debatido a nivel interno, sin comentar nada sobre las conversaciones con Sumar. El mismo día, con motivo del 10º aniversario de la creación de Podemos, el politólogo Javier Aroca declara en ETB: “Hay gente que si no vota a Podemos, no vota”.

21 de enero: la Vanguardia: “La dirección estatal de Podemos, partiendo de que la decisión final la tomarán sus militantes vascos, considera que ”lo más razonable“ sería presentarse a las elecciones autonómicas de este año, aún pendientes de convocar por el lehendakari, Íñigo Urkullu, en coalición con Alianza Verde, el partido ecologista liderado por Juantxo López de Uralde, pero sin Sumar”. Es decir, se recomienda asumir la propuesta de Alianza Verde. 

24 de enero: elDiario.es Euskadi publica este titular: “Una corriente interna avisa ya de que plantará cara a Pilar Garrido en las primarias de Podemos en Euskadi”. La entradilla añade:“Etorkizun Morea ('futuro morado') presentará una lista alternativa a la dirección con la defensa de que Podemos inicie un camino en solitario, es decir, sin Sumar, pero también al margen de la coalición Elkarrekin”. Esta noticia muestra una situación confusa y contradictoria: a) el prolongado silencio provoca recelos en la militancia, enraizando en corriente opositora, b) Etorkizun Morea rechaza la confluencia con Sumar, pero hace pública su existencia en el momento que más favorece a Sumar.

Ni propuestas ni reflexiones logran que la dirección de Podemos reaccione. Se obstina en seguir, ignorando las advertencias de la imposibilidad de llegar a entenderse con Sumar. Con el agravante de que durante ese viaje a ninguna parte la comunicación con la militancia es nula. 

Recuperando el tiempo perdido

25 de enero: en la presentación de Miren Gorrotxategi como candidata a lehendakari comienza a perfilarse el desenlace. Escoltada por la dirección del partido, Europa Press recoge sus declaraciones en un expresivo titular: “Gorrotxategi dice a Sumar que ”nada va a ser posible con quien quiera dividir a la izquierda en Euskadi“. La postura definitiva de Sumar parece también cercana, declarando que, tras dos meses sin acuerdo, las negociaciones deberían concluir con el mes de enero.

29 de enero: Pilar Garrido, Coordinadora de Podemos Euskadi, pronuncia en Radio Euskadi las frases más coherentes de todo el proceso: “...La gente está cansada de oírnos hablar de cosas que no interesan (…). ”Por lo que toca a Podemos Euskadi, estamos en primarias. Tendremos ratificada a nuestra candidata que es Miren Gorrotxategi, y nos ponemos en marcha. Podemos Euskadi se pone a hacer campaña con sus candidatos, y empieza a hablar de política. Lo que tenga que venir, será“.

30 de enero: elDiario.es Euskadi resume lo poco que ha trascendido de las negociaciones. Este artículo recuerda, por ejemplo, el argumento utilizado para justificar ir a las elecciones como Sumar: “Remarcan que se pasó de 70.000 votos obtenidos por Elkarrekin en las elecciones forales a 125.000 en las generales”. Más correcto que utilizar de forma interesada el voto dual habría sido indicar que en las generales del 2023 Sumar perdió en Bizkaia 39.478 votos respecto al resultado de Podemos – IU del 2019. De paso cabe recordar que el año 2019 la candidatura Más País – Equo sumó 8.542 votos (1,3%).   

Los sondeos electorales llegan antes de conocer la fecha de acudir a las urnas. La encuesta publicada el 2 de febrero por EITB atribuye 2 escaños a Podemos y 1 a Sumar. Dos días después El Correo adjudica 3 escaños a Sumar y ninguno a Podemos. Este segundo sondeo, antítesis del de EITB, aporta un dato significativo: “Los dos candidatos a llegar a Ajuria Enea que más suenan a los vascos son Gorrotxategi y Andueza. La candidata de Elkarrekin Podemos llega al 67%. Pero con un matiz bastante destacable. Y es que de ellos, solo un 37% sabe que está en Podemos, un 15% la sitúa incluso en el PNV”. Ese dato debería llevar a olvidar la marca Elkarrekin, recuperando el nombre original: Podemos Euskadi. Sería oportuno y razonable trasladar la consulta a las bases.

En el supuesto, ya descartado, de formar candidaturas conjuntas de Podemos con Sumar, según ambos sondeos podrían conseguir 5 o 6 escaños. Mas la unidad por la unidad no es un valor absoluto. En esos datos caben diversas interpretaciones: la rentabilidad de la unidad para cada partido depende del reparto de los puestos de salida. Siendo además probable que, caso de llegar a un acuerdo de confluencia, conforme ocurrió en Galicia, la gente inscrita en Podemos Euskadi lo rechazase, prefiriendo ir a las elecciones en solitario.

La partida termina en tablas

Las negociaciones acaban como transcurrieron, sin pena ni gloria, sin acta de ruptura, dejando de reunirse. El proceso ha resultado tan esperpéntico, que el 3 de febrero la Agencia EFE anuncia por error que Podemos y Sumar han alcanzado un acuerdo. Horas después Pilar Garrido declaraba en RNE que Podemos había sido excluido de la última fase de la negociación y que se había enterado por la prensa del compromiso para formar las listas de Sumar.

Podemos y Sumar van a competir en Euskadi. Sus dos candidatas rivalizarán en Bizkaia para lograr el escaño que fije el liderazgo de la izquierda federalista y al mismo tiempo confirme su división. Visto con enfoque de futuro, resulta menos negativo distanciarse ahora que embarcarse en una falsa unidad que zozobre después en el Parlamento Vasco. No obstante, el principal reto entre Sumar y Podemos llegará el 9 de junio con las elecciones europeas.

Al hacer balance de los resultados Sumar logra una candidata precedente de Podemos y consigue desintegrar la coalición Elkarrekin. No cabían sorpresas: Equo Berdeak ya dependía de Sumar y Ezker Anitza acata la disciplina de Izquierda Unida. De todas formas, el principal activo electoral de Sumar Mugimendua será Yolanda Díaz. Los logros de Podemos son simbólicos: ha resistido la opa hostil de Sumar y es de suponer que se presentará a las elecciones autonómicas con Alianza Verde.

Tras las elecciones, Podemos tendrá que recuperar la confianza del sector que considera errónea la estrategia electoral de la dirección. Toca también aclarar lo publicado el 2 de febrero en Hórdago - El Salto sobre Pilar Garrido: “A pesar de su posición como coordinadora general en Podemos Euskadi, había perdido capacidad de incidencia, pues el partido está liderado por Miren Gorrotxategi, como portavoz en el Parlamento Vasco, y David Soto, en tareas de Secretario de Organización. La negativa de ambos a incluir a Garrido en puestos de salida en las primarias de Podemos para las próximas elecciones autonómicas habría precipitado sus recientes desaires en los medios, poniendo en riesgo la ya de por sí compleja negociación”.

La improbabilidad de confluencia electoral entre Podemos y Sumar presentada como hipótesis de este artículo se apoya en estos argumentos: Sumar es un proyecto diseñado para ocupar el espacio político de Podemos. Careciendo de estructura orgánica y de implantación territorial, su avance está supeditado al retroceso de Podemos. Proclamarse fuerza hegemónica de la izquierda alternativa implica basar cualquier acuerdo en sus siglas y en su liderazgo.

Con esas premisas, si la dirección de Podemos hubiese antepuesto la defensa de su identidad, su propio nombre, en vez de Elkarrekin, los encuentros habrían concluido en la primera sesión. Podemos Euskadi tiene ahora ocasión de volver a sus orígenes, en vez de atrincherarse en una marca electoral sin arraigo social. En Galicia lo tienen claro, según su candidata, Isabel Faraldo: “Van a ser unas elecciones muy identitarias para la gente de Podemos”.

Cuando Podemos dejó el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso pasando al grupo mixto, ambas partes aseguraron que esa circunstancia no impediría impulsar candidaturas conjuntas en las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi. La realidad demuestra lo contrario. En Galicia queda descartada tal posibilidad al desaprobar las bases de Podemos una oferta unilateral de Sumar. En Euskadi las negociaciones se eternizan, lo cual es un mal presagio. En Galicia no habrá unidad de la izquierda alternativa, transformadora o como se quiera llamar. Mejor que tampoco la haya en Euskadi, se evitaría un divorcio.  

Airiños da miña terra

Pese a sus denodados intentos, Yolanda Díaz no ha conseguido en Galicia la alianza que deseaba, teniendo que consagrar como cabeza de lista a Marta Lois. Para rematar la operación Sumar planteó a Podemos una oferta equivalente en clave empresarial a una OPA hostil. 'Público' la resumía así: “La oferta de Díaz consiste en una coalición liderada por Sumar, en la que sólo se emplearán su nombre, su logo y su iconografía...”. Aunque resulte asombroso, la dirección de Podemos en Galicia asumió esa cuestionable propuesta, sometiéndola al criterio de sus bases, junto con la convocatoria de primarias para el Parlamento de Galicia.  

Una amplia mayoría de personas inscritas en Podemos rechazó la oferta de Sumar. Si el resultado no sorprende, sí llama la atención que la candidatura ganadora de las primarias sea la de Isabel Faraldo, apoyada por la dirección que aceptó trasladar a las bases las pretensiones de Sumar. Por si cabían dudas sobre la consulta, Pablo Iglesias, desde Diario Red, órgano de expresión oficioso de Podemos, se encargó de pedir el voto negativo y de recomendar que, en vez de presentar Podemos lista propia, apoyase la del BNG.

Considerar que lo planteado por Sumar era una propuesta, no un ultimátum, pone en cuestión la capacidad de liderazgo y el sentido de la responsabilidad de la ejecutiva de Podemos Galicia. Lo razonable era desestimarla y someter el rechazo a la ratificación de las bases. En cuanto a Iglesias, su proceder implica tomarse atribuciones que no le corresponden y arriesgar la supervivencia del partido en Galicia. Al conocerse el desenlace de la consulta, Juan Carlos Monedero discrepó de la actitud de Iglesias, mientras reprobaba la conducta de Sumar calificándola como “trampa”.  

Verdes valles, colinas rojas

A comienzos de diciembre, cuando los partidos vascos empezaron a mostrar sus bazas electorales sin esperar a la convocatoria oficial de elecciones al Parlamento Vasco, los integrantes de Elkarrekin Podemos-IU y Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde), junto con Sumar, iniciaron una azarosa negociación que mantendría en vilo a la militancia de Podemos. A través de la prensa se empezó a saber que había voluntad de acuerdo y que todo iba bien... lento. Durante semanas sólo ha trascendido el compromiso de presentar a una mujer a la Lehendakaritza, adelantado por elDiario.es. Podemos propuso como candidata a la actual portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi. Entretanto, Sumar buscaba en todos los ámbitos sociales un mirlo blanco, una mujer que le diese juego mediático para poder competir.  

Sumar representa en Euskadi un intento de expansión territorial impulsado desde el Ministerio de Trabajo del Gobierno español. Lo integra el sector escindido de Podemos el año 2020, tras perder las primarias de la candidatura al Parlamento Vasco. Al abandonar Podemos ese grupo decidió retornar a la política activa pasando por Madrid. Allí tienen un parlamentario y altos cargos en el Ministerio de Asuntos Sociales. Ahora se trata de buscar acomodo al resto del equipo, volviendo a probar suerte en la Cámara vasca.

Con o sin acuerdo, las expectativas Elkarrekin–Sumar son desfavorables. Tarea compleja hacer un reparto satisfactorio de puestos en las candidaturas en tales condiciones. Alargar las negociaciones favorece a Sumar, que necesita nombres para rellenar sus listas y tiene mejor acogida en la prensa. Cuesta entender que la dirección de Podemos Euskadi no acelere el proceso. La incertidumbre provoca desconfianza en las bases. Se llega a temer que por encima de los intereses del partido se busquen ventajas personales. Eso no puede ocurrir en Sumar, porque no hay militancia.

La visita de Yolanda Díaz a Bilbao el 15 de diciembre, publicitando su proyecto con entrevistas en Mecaner y Osakidetza, prueba que Sumar intenta ganar tiempo y espacio. Resulta difícil imaginar en qué favorece a Podemos prolongar la negociación. Con los antecedentes del 2020, debe ser bastante incómodo compartir mesa de debate. Además, la dirección de Podemos no puede ignorar que, como en Galicia, para sus bases sería un alivio que no hubiese acuerdo.

Al comenzar el nuevo año persiste el inquietante silencio. Igual que en Galicia, parece que la dirección de Podemos Euskadi intenta eludir la responsabilidad de la ruptura para no aparecer culpable en el relato. Vano empeño. Al ganador y al perdedor lo eligen los poderes mediáticos. Favorecerán a Sumar mientras Yolanda Díaz promueva un eurocomunismo de rostro amable que no incomode al sistema tanto como Podemos.

Si Podemos no mantiene su nombre en una posible candidatura conjunta y renuncia a que Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, sea la candidata a lehendakari, además del relato perderá la partida, es decir, la implantación y el reconocimiento como partido. La alternativa pasa por afrontar el reto electoral como Elkarrekin o incluso como Podemos Euskadi. Cualquier opción es mejor que embarcarse en una unidad ficticia.

A Sumar no le salen las cuentas, pero no tienen nada que perder, salvo el contacto con la realidad. Viven en un “universo paralelo” estilo Murakami. Creen merecer la posición relevante que no tienen. Eso significa considerarse “fuerza tractora del espacio” de la izquierda, en Galicia y en Euskadi.

Poner tierra por medio

Los agravios entre Sumar y Podemos son tan profundos que los intentos de acercamiento se saldan con más afrentas. Compartir espacio político supondría cronificar el conflicto. Lo más razonable y menos traumático es que cada cual vaya por su lado, admitiendo que ni juntos ni separados lograrán resultados favorables. Mejor asumir la realidad, optando por distanciarse. Si acaso, colaborando ante sucesos extremadamente graves.

Con el tiempo cicatrizarán las heridas. Algún acontecimiento excepcional posibilitará el resurgir de una nueva izquierda, tan plural, contradictoria y polémica como la actual. Es una constante histórica que la izquierda mesiánica, siempre fragmentada, no aparca sus diferencias ni frente al enemigo común.  

El Ministerio de Trabajo convoca a patronal y sindicatos para consensuar la mejora del SMI. El encuentro posibilita abrir un debate público sobre la trayectoria de esta renta salarial mínima, que incide en el conjunto del mercado laboral, en las pensiones públicas y en las ayudas sociales. En el contexto de la negociación, economistas neoliberales pretenden provocar un proceso de involución, utilizando el SMI para enfrentar a la juventud que sufre las penurias del trabajo precario con el colectivo de pensionistas.

Relevancia del SMI

Esta renta salarial mínima contribuye a paliar las inequidades que provoca el mercado de trabajo, favoreciendo la mejora de todas las retribuciones, sean laborales, pensiones o asistenciales. Al ser un medio de subsistencia sin margen para ahorrar, va directo al consumo, facilitando la circulación monetaria y la distribución de riqueza. El SMI afecta a dos millones de trabajadores que suelen estar fuera de la negociación colectiva.

La subida del SMI beneficia a cerca de la mitad del decreciente asalariado agrícola y al 15% en el expansivo sector servicios. Por comunidades, favorece a Extremadura, Murcia, Canarias o Andalucía. O sea, a la España vaciada y la turística. Donde menos incide es en Navarra, País Vasco y Aragón. En todos los territorios y sectores alivia la situación de jóvenes y mujeres.

El SMI es tan mínimo y vital que se convierte en referente legal. Según la Ley enjuiciamiento civil: “Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Por otra parte, si se completa la jornada laboral oficial (ahora 40 horas semanales), el SMI no puede reducirse en un convenio colectivo, ni por acuerdo privado entre empresario y trabajador.

Las subidas de la renta mínima contribuyen a reducir los niveles de pobreza, la precariedad laboral, las desigualdades y la brecha de género salarial y de las pensiones. Más de 3 millones de personas sobreviven con pensión de jubilación inferior al SMI. Cerca de 2 millones, la mayoría mujeres, cobran una pensión de viudedad todavía más mísera.

Al subir el SMI aumentan las cotizaciones a la Seguridad social, las pensiones futuras son más altas y se fortalece la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La mejora del SMI facilitará la aplicación de las medidas positivas fijadas en la reforma de las pensiones del 2022. Hasta el 2027 está previsto lograr diversas metas: reducir la brecha de género del 24% al 5%, revalorizar las pensiones mínimas, incluso las no contributivas, un 22%.

Trayectoria del SMI

Desde el año 2000, gobernando el PP, el SMI ha estado congelado dos veces, en 2012 y 2014. En los últimos cinco años, entre 2019 y 2023, periodo del primer gobierno de coalición, el SMI ha subido un 46,75%, desde 735 hasta 1.080 euros mensuales. Algo similar ocurre con las pensiones y recursos sociales dedicados a paliar los traumas económicos provocados por la crisis capitalista y la pandemia Covid-19. El actual SMI de 1.080 euros mensuales en 14 pagas, suma 15.120 euros anuales. El salario eventual y temporal, trabajando en la misma empresa hasta 120 días al año, no puede bajar de 51,15 euros la jornada. Las empleadas del hogar que prestan servicios por horas tienen un salario mínimo de 8,45 euros hora.

La patronal lleva un rumbo errático, que no siempre coincide con el negativo proceder de la derecha política. Asumiendo en 2020 la subida de 900 a 950 euros, la CEOE rechazó las mejoras del 2021, 2022 y 2023, pactadas por el Gobierno con CCOO y UGT. Los temores de las empresas y las apocalípticas profecías de la derecha no se han cumplido. El aumento del SMI a 1.080 € no destruye empleo. Al contrario, la población ocupada se acerca a los 21 millones de personas y disminuye el desempleo.

Negociación del SMI

Sin estar obligado a consensuarlo con los agentes sociales, el 30 noviembre el Ministerio de Trabajo convocó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para valorar la subida del SMI. La referencia es la inflación que acabará el año en el 3,6%. La tasa media interanual, un 3,8%, es el índice de revalorización de las pensiones contributivas del 2024. Los empresarios se muestran favorables a una subida del 3%, mientras los sindicatos reclaman al menos el 5%. El Ministerio de Trabajo apunta al 4%.

La diferencias no son grandes, cabe esperar un acuerdo, aunque la patronal pone condiciones. CEOE plantea subir el SMI un 3% en 2024 y en 2025, con la condición de modificar la normativa de revisión de precios en la contratación del sector público. Repercutiendo el incremento del SMI en los contratos se neutralizaría la subida. Los sindicatos alegan que el SMI debe adaptarse a dos variables: la evolución del salario medio (5,2%) y la acusada subida del precio de los productos básicos.

El Ministerio de Trabajo mantiene posturas contradictorias. Acuerda con los sindicatos que el SMI alcance el 60% del salario medio, fijado como objetivo en la Carta Social Europea. Sin embargo, aplicando la ingeniería financiera, dice que los 1.080 euros en vigor suponen ya el 60% del salario medio neto. Según los sindicatos todavía no se ha llegado a esa meta. UGT estima que para alcanzar el 60% del salario medio el SMI debería tener unos 1200 euros, con un incremento cercano al 12%. La próxima reunión, el lunes 11 de diciembre, puede ser definitiva.

Para que el SMI no pierda poder adquisitivo convendría aplicar la misma norma que en las pensiones. Sin esperar a renovar los presupuestos, el 1 de enero subirán las pensiones el 3,8% que corresponde al incremento del IPC medio interanual. Si se incluyese en el Estatuto de los Trabajadores una cláusula similar a la de las pensiones, revalorizando de forma automática el SMI, no haría falta ningún proceso de negociación.

Falso conflicto generacional

Establecer una relación de causalidad, acusando al colectivo de pensionistas de la precariedad laboral que padece la juventud es un argumento recurrente entre economistas neoliberales. Se vio en directo el día 2 de diciembre en el programa La Sexta Xplica tratando la problemática del SMI. En ese espacio se dijo que con pensiones altas la juventud no puede conseguir retribuciones dignas, al tener quecotizar a la Seguridad Social para financiar las pensiones.

Quienes así se expresan intentan hacer ver que las pensiones son beneficios caídos del cielo, como en las empresas energéticas. Saben que es un salario diferido sujeto a cotizaciones durante toda la vida laboral, que puede alcanzar el medio siglo.

Tampoco ignoran que más de tres millones de pensionistas, un tercio del total, la mayoría mujeres viudas, no llegan a cobrar el SMI. Tomando en consideración ese dato, desde las plataformas de pensionistas se reivindica la equiparación de la pensión mínima con el SMI.

El País señalaba el 4 de diciembre en el editorial “Brecha entre generaciones” la gravedad de esa pretendida pugna: “El debate no es contraponer pensiones de jubilación a magros salarios juveniles ni polemizar sobre qué grupo de los dos recibe más atención por parte de gobiernos y partidos, sino abordar de forma decidida políticas concretas que combatan la precariedad laboral, fomenten el empleo digno de los jóvenes y atajen problemas que les afectan claramente, como el de la vivienda”.

También se dijo en La Sexta Xplica que se dedica tanto gasto público a pensiones por ser el grupo social más numeroso. O sea, 9.146.000 personas forman un grupo de presión electoral, homogéneo y sin ideologías. Tan tendenciosa teoría obvia la causa esencial de la mejora de las pensiones. La subida de las pensiones es el resultado de una lucha generalizada y firme. El 15 de enero de 2018, una convocatoria anónima, movilizó a miles de pensionistas en numerosas poblaciones, rechazando la mísera subida del 0,25%. La culminación de esa lucha fueron la manifestación de Bilbao del 17 de marzo del 2018, secundada, según cifras oficiales, por 115.000 personas, y las marchas a Madrid emprendidas en octubre de 2019 desde Rota y Bilbao.

Fruto de aquellas masivas movilizaciones ha sido, la derogación del humillante 0,25% y la revalorización de las pensiones con el IPC medio interanual, que el año 2023 ha supuesto un notable incremento del 8,5%. Esta lucha contribuyó incluso a desalojar a la derecha del poder. En las manifestaciones se gritaban consignas como: “Rajoy dimisión”, “Ni un día más de gobierno del PP”. Este ejemplo prueba que sin lucha no hay conquistas. Demuestra que la mejora de las pensiones depende de la voluntad política del gobierno de turno. Lo mismo pasa con las condiciones laborales de la juventud y con el SMI.

Sin relevo generacional para seguir defendiendo derechos y libertades, el progreso social se estanca. La generación de la transición conquistó un estado de bienestarque está en retroceso. La amnesia borra la memoria histórica y afecta al ideario político, llegando al extremo de pretender sustituir la lucha de clases, que divide a ricos y pobres, imaginando un conflicto intergeneracional capaz de colocar a lajuventud frente a sus padres y abuelos.

La juventud no es atracada por sus mayores. El electorado envejecido, positiva consecuencia del aumento de la esperanza de vida, no cercena el futuro de los jóvenes. Al contrario, crea más expectativas laborales: en la economía de los cuidados, en el campo medioambiental y, por supuesto, en la inteligencia artificial.

A la juventud le corresponde gestionar ese imprevisible porvenir. Como la clase obrera en el trascurso de los siglos XIX y XX, la juventud debe unirse en una causa común para lograr condiciones de vida dignas. No se trata de imitar experiencias pasadas, sino de cambiar una realidad desfavorable al desarrollo humano, transformando los sistemas de producción, las políticas públicas, la relación entre las personas y con la naturaleza, a fin de establecer un modelo de bienestar acorde con retos sociales y planetarios del siglo XXI.

La juventud está sobradamente preparada para asumir cualquier tarea, pero como el individualismo empuja a competir, hasta las profesiones prestigiosas se devalúan y proletarizan. La innovación, la creatividad, el emprendimiento, no van a abolir el trabajo asalariado ni a superar las crisis de valores, climática o capitalista. Toca impulsar un nuevo 15M, volviendo a retomar la consigna que lanzó Stéphane Hessel y replicó José Luis Sampedro en 2010: ¡Indignaos! En 2011, a los 93 años, Hessel hizo otro llamamiento:¡Comprometeos! Esos son los primeros pasos que debería dar la juventud para lograr emanciparse.

El turbio asunto Rubiales ha tenido la virtud de sacar a la luz las miserias del fútbol profesional. Era inevitable y deseable que también se analizase cómo funcionan otras entidades deportivas. Aquí nos ocuparemos del montañismo vasco, que a nivel económico poco tiene que ver con la avalancha de dinero que mueve el deporte espectáculo. No obstante, a nivel federativo y en las expediciones también hay un invisible techo de cristal.

Un deporte integrador

El montañismo surge como campo de investigación científica y de aventura aristocrática. La industrialización masiva y la aglomeración urbana propician una vuelta a la naturaleza que transforma el montañismo en excursionismo, practicado de forma conjunta por mujeres y hombres. Al mejorar la calidad de vida se supera la barrera del esfuerzo que impone la edad. Ir al monte en grupo se convierte en actividad popular, integradora e intergeneracional. O sea, el montañismo es un agente primario de socialización.  

El montañismo de base es un ejercicio sin reglas de juego. Para practicarlo basta una buena forma física. La experiencia enseña a orientarse y a coordinar durante la marcha el ritmo cardíaco y la respiración. El montañismo se practica sobre todo de modo colectivo, lo cual requiere organización. Su base por tanto es el asociacionismo. Euskadi y Navarra agrupan 350 clubes de montaña que superan los 100.000 integrantes. Todos están gestionados de forma conjunta y altruista por mujeres y hombres.

Mujeres y alpinismo de élite

El montañismo de altitud y dificultad se denomina con acierto alpinismo, pues hasta finales del siglo XX los Alpes eran la universidad donde se aprendían y practicaban las técnicas de grandes paredes y glaciarismo. Hoy con frecuencia se salta de la escuela de escalada al Himalaya. Pues bien, aunque no formasen parte de los grupos expedicionarios, siempre ha habido mujeres capacitadas para asumir grandes retos. La guipuzcoana Loli López Goñi ascendió en 1958 en los Alpes al Mont Blanc y al Cervino. En 1961 subió la cara norte del Monte Perdido. En 1963, cuatro años antes de la primera expedición masculina a los Andes de Perú, escaló el mítico Couloir de Gaube del Vignemale. En 1959 Loli había participado en la creación del Grupo de Alta Montaña junto a los hombres integrantes de la expedición andina de 1967.

El tratamiento dado a las mujeres es diferente en Euskadi y en Navarra, donde sí participaron en grandes aventuras. En 1975 la expedición navarra a Kenia y Tanzania, integrada por 15 personas, incluye cuatro mujeres, una de ellas es Pili Ganuza. En 1976 la expedición navarra al Hindu Kush supera la cota de los sietemil metros en el Shakaur. Esta vez participa Trini Cornellana. En 1977 en la expedición navarra a los Andes, hay dos mujeres, una es Montse Lasterra, que al año siguiente estará en una nueva expedición navarra al Hindu Kush. En 1979, primera expedición navarra al Himalaya, se alcanza el primer ochomil vasco en el Dhaulagiri. Participan Pili Ganuza y Trini Cornellana.

Entretanto en Euskadi se gestan las primeras expediciones al Everest. Tras un intento frustrado en 1974 con 15 hombres, en 1980 se alcanza el ansiado techo del planeta. Los 11 componentes son también hombres. En las dos expediciones no se selecciona a ninguna mujer. En 1992 la guipuzcoana Amaia Aranzabal y tres días después la navarra Pili Ganuza, son las primeras mujeres vascas que alcanzan un ochomil en el Cho Oyu. Al año siguiente llega a esa cumbre la vizcaína Yolanda Martín. Después se impone otro largo silencio.

Con el siglo XXI aparece en escena Edurne Pasaban, que entre 2001 y 2010 asciende los 14 ochomiles del Himalaya con apoyo de equipos masculinos. Pasaban es una excepción y tiene explicación. Participó en la carrera para ser la primera mujer en conquistar todos los ochomiles, contando con el patrocinio de TVE y otras empresas. Después de Pasaban todo sigue igual que antes. El alpinismo de élite, además de continuar masculinizado, es más competitivo, se profesionaliza y se devalúa con las expediciones comerciales.  

Mujeres en las estructuras federativas   

En el nivel federativo aparece un tratamiento de género diferenciado, sobre todo mirando al pasado. Aunque la tercera parte de las 52.000 personas federadas en el País Vasco, incluyendo Navarra, son mujeres, su presencia en los órganos de dirección no se acerca todavía a esa proporción. Los cargos federativos no están retribuidos ni aportan ventajas económicas, más allá de disfrutar de invitaciones y viajes ejerciendo tareas de representación. Sin embargo, las mujeres no pasan de ser vicepresidentas o secretarias.

Desde su fundación en 1924 como Federación Vasco Navarra de Alpinismo, la presidencia del estamento federativo la han ocupado 16 hombres y una única mujer. Ya en el siglo XXI, estando implantado el feminismo, el año 2005 una mujer llega a la cúspide de la federación vasca, viéndose forzada a dimitir a mitad del mandado por no convocar una asamblea en la fecha y de la forma requerida. Antes, década de los 90, una mujer preside la Federación Navarra de Montaña. El caso más remoto de una mujer al frente de una federación ocurrió en Gipuzkoa en 1928. En las imágenes del I Congreso Vasco de Montañismo, celebrado en Arrate (Gipuzkoa) en 1959, aparecen mujeres. Sus nombres no pasaron a la historia.  

En la actualidad, ni las organizaciones que integran la Federación Vasca de Montaña, ni la Navarra, tienen composición paritaria. Las presidencias las ocupan hombres, lo mismo que los cargos de mayor responsabilidad. El próximo año se celebra el centenario de la fundación de la federación y al ser año olímpico toca renovar las directivas. Cabe esperar que con motivo de ambas celebraciones la igualdad sea un hecho en las ejecutivas. Y que por fin lleguen mujeres a las presidencias, pudiendo completar su mandato.  

Ningún sondeo de opinión ni análisis preelectoral había previsto que los resultados del 23-J pudiesen dificultar tanto formar gobierno. Descartada la opción de las derechas, la única posibilidad de evitar la repetición electoral requiere, además de mantener el bloque de investidura del 2019, desactivar la oposición de la derecha independentista catalana que representa Junts.

De momento cabe asegurar que el 23-J ha supuesto para el PP un amargo triunfo y para el PSOE una dulce derrota, saliendo reforzado el bipartidismo, a costa del retroceso de Vox y el escaso impacto de Sumar. Mientras se aclara el embrollo de intereses cruzados que jalonan el corto espacio que separa el requisito de la investidura para formar un nuevo gobierno, del bloqueo con repetición electoral, toca valorar lo ocurrido en la izquierda de la izquierda. Partiendo de lo global se llega al ámbito local, en este caso Euskadi. 

El laberinto de Sumar

Sumar no ha hecho honor a su nombre. Si el objetivo era emular al Podemos del 2015 y 2016 no lo ha logrado, quedando por debajo de los menguantes resultados de Unidas Podemos en 2019. Yolanda Díaz, parlamentaria y ministra mejor valorada, no ha conseguido rentabilizar su imagen en las papeletas de voto. Ni siquiera ha superado a Vox, estando en caída libre.

El ascenso del PSOE, acierto de la perseverancia de Pedro Sánchez, impide que gobiernen las derechas. Ha sido un acto de resistencia frente a la barbarie, logrando por fin movilizar a la izquierda. Sin embargo, Sumar no ha aportado los escaños suficientes para facilitar la formación de un nuevo gobierno de coalición. Evitar la vuelta a las urnas depende ahora de un partido secesionista neoliberal dirigido desde el Waterloo catalán.

Sumar se intentó edificar sobre los escombros de Podemos. En Magariños Yolanda Díaz consideraba que no era necesaria la participación de Podemos para impulsar su proyecto de unidad de la izquierda. El planteamiento era: cuanto menos Podemos, más Sumar. La marginación se consumó con unas condiciones de integración vejatorias. En política, como en matemáticas, menos nunca puede ser más. Falta saber si se ha aprendido la lección de ese error de cálculo. Se sabrá si se renueva el Gobierno de coalición y en Sumar ocupa algún ministerio Podemos.

Dos reconocidos analistas políticos, que valoran en positivo el proyecto Sumar, opinaban al día siguiente de las elecciones en La Vanguardia. Enric Juliana: “Fue un fracaso contribuir a la desarticulación del espacio político de UP en vísperas de las importantes elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo”. Iván Redondo: “Magariños desarticuló un espacio con expectativa de 50 diputados por no integrar realmente a Podemos”. Obsérvese el detalle: ambos utilizan el término desarticular.  

Sumar aspira a convertirse en referente político. Para serlo necesita, además de liderazgo y cargos públicos, estructura organizativa y militancia. Bueno es que Sumar abandone la equívoca definición de movimiento y se articule como partido. Además urge precisar las competencias y normas de funcionamiento de la coalición electoral. Podemos reclama la autonomía política reconocida a Compromís. Autonomía que también debería existir en los órganos territoriales de Podemos, si repudia el centralismo y se declara plurinacional. 

El 23-J ha supuesto para el PP un amargo triunfo y para el PSOE una dulce derrota, saliendo reforzado el bipartidismo, a costa del retroceso de Vox y el escaso impacto de Sumar

Si Pedro Sánchez consigue la investidura y forma otro Gobierno de coalición, en una situación tan incierta es poco probable que complete la legislatura. En caso de haber nuevas elecciones, Sumar no debería volver a imponer listas desde Madrid. En particular en Euskadi, unas primarias descentralizadas tendrían una composición distinta a las listas precocinadas y patrocinadas del 23-J.              

Sumar y el hecho diferencial vasco

El siguiente reto electoral de Sumar tendrá lugar en Euskadi; un escenario político siempre complejo. Además del doble rasero del voto dual, entre elecciones autonómicas y estatales, incide la competición por la hegemonía nacionalista. EH Bildu acorta distancias con el PNV empatando, junto con el PSE, en cinco escaños. El PNV ha perdido uno en Bizkaia, EH Bildu suma otro en Navarra. El sorpasso puede darse en las elecciones al Parlamento Vasco.

El cambio de ciclo político no se completaría de inmediato. El PNV seguirá conservando el Gobierno Vasco con el incondicional apoyo del PSE, que como EH Bildu ha salido reforzado en el 23-J. Lo sorprendente del caso es que EH Bildu sigue la estela del PNV como partido conseguidor en Madrid, sin que sus bases soberanistas penalicen la colaboración con el gobierno del estado.

Otro factor que influye en la actual trayectoria de la Izquierda Abertzale es su “podemización”. Ya no venera al pueblo trabajador vasco, se encomienda a la ciudadanía y a la gente. Falta saber qué ocurrirá cuando Sortu, pilar de EH Bildu, decida reconocer de forma inequívoca que la violencia de ETA provocó un daño irreparable e inútil. Si, como dicen, mandan embajadores a Madrid, en el futuro pueden llegar a tener ministerios.

En ese contexto tan adverso tendrán que moverse en las elecciones del 2024 Elkarrekin Podemos o Sumar, o ambos, compitiendo, en el peor de los casos, como candidaturas independientes.    

El incierto futuro de Sumar en Euskadi

Es difícil prever el porvenir de Sumar y el de las organizaciones que agrupa a nivel estatal. Por contra, si cabe imaginar qué puede ocurrir en Euskadi. Los resultados de Sumar en el País Vasco han sido desoladores, conservando un único escaño de los tres que tenía Unidas Podemos. En ese negativo resultado destacan, junto al voto útil, desplazado al PSE y EH Bildu, factores internos.

La integración de Podemos en Sumar pasó por las condiciones de un armisticio. En Bizkaia, el territorio con más opciones de sacar escaño, se impuso a un candidato de Yolanda Díaz. Ese candidato marchó de Podemos al perder unas primarias en fecha tan reciente como febrero de 2020. El equipo de campaña también lo ha dirigido el grupo que abandonó Podemos Euskadi. Con esas premisas no cabía esperar una implicación entusiasta de la militancia de Podemos. De hecho, en Bizkaia apenas hubo campaña a nivel de calle.

Siendo un fracaso pasar en Bizkaia de tercera fuerza a quinta, tras perder un tercio de los votos logrados en 2019, es probable que el grupo escindido de Podemos, que ha controlado la campaña, pretenda utilizar el nombre de Sumar para presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Obviamente no van a participar con el nombre Más Euskadi del partido de Iñigo Errejón, que en las elecciones generales del 2019 sacó 8.542 votos en Bizkaia, mientras Unidas Podemos tuvo 97.125 papeletas.

Se supone que Podemos Euskadi no aceptaría ir a las elecciones al Parlamento Vasco como Sumar en una candidatura que no haya sido elegida en primarias conjuntas, con equipo de campaña consensuado e igualdad de oportunidades en la difusión de mensajes. Cabe imaginar que esas condiciones mínimas no serían del agrado del grupo escindido de Podemos, salvo que Yolanda Díaz pudiese volver a designar cabezas de lista.

La unidad de la izquierda no nacionalista vasca la representa hoy Elkarrekin Podemos. Si algún grupo pretende identificarse como Sumar, excluyendo a los demás, en las elecciones autonómicas podría haber dos listas, sin que por el momento quepa precisar cómo se denominarían ni que organizaciones las integrarían, pues IU y Equo harían sus cálculos antes de posicionarse por una de las dos opciones. Lo único seguro es que ambas candidaturas fracasarían, que en Euskadi se resquebrajaría la confluencia de izquierdas y que todo el entramado de Sumar se vería afectado, pues el resultado de sumar con signos opuestos es restar.

Convencido de que Sumar es la única opción viable para lograr la confluencia de la izquierda, mantener el gobierno de coalición y frenar la ofensiva de las derechas, he apoyado la iniciativa en dos artículos de opinión: Sin cambiar de parecer, eclipsa mi ilusión la exclusión como candidata de la persona que ha impulsado leyes progresistas a favor de las mujeres y de colectivos sociales marginados, así como la inclusión en Bizkaia de un candidato cuya trayectoria puede lastrar el proyecto. Este artículo está dedicado a exponer hechos verificables sobre el segundo caso, utilizando estrictamente criterios políticos.

A las elecciones del 28-M la izquierda de Euskadi se presentó agrupada en la misma papeleta. Lo lógico era aprovechar esa unidad para elaborar las listas del 23-J, pero el equipo de Sumar tenía destinado para Bizkaia a un candidato cuyo pasado no genera consenso. Como alternativa se propuso elegir a una persona ajena a la confluencia de partidos que integran Sumar. No se logró, imponiéndose una opción que altera el equilibrio de fuerzas. Tal decisión reabre la controversia pablismo - errejonismo que antaño afectaba a Podemos. Sumar reaviva así un conflicto zanjado, corriendo el riesgo de que el resultado sea una operación restar, orquestada como opera bufa.

Primer acto: gestión fallida con derecho a premio

El personaje en cuestión inicia su carrera política en enero del 2015 como secretario de Podemos en Bilbao, apoyado por Izquierda Anticapitalista (IA). En las primarias de la candidatura Udalberri - Bilbao en Común, formada por Podemos, Ezker Anitza (IU) y Equo, parte como favorito. Sin embargo, las primarias determinan que sea el tercero en la papeleta municipal. Además, aparece una candidatura con el nombre Ganemos. En vez de denunciar el intento de confusión con Podemos, se confía en su fracaso. Ocurrió lo contrario. Cada candidatura obtuvo dos concejalías. Podemos se quedó en Bilbao sin representación en la legislatura de los ayuntamientos del cambio, pudiendo haber sido la segunda fuerza tras el PNV. Un fracaso tan notorio debería implicar la dimisión inmediata como secretario de Podemos en Bilbao, pero no, se premia a sí mismo con el puesto de liberado. Citar lo ocurrido a la puerta del Teatro Campos Elíseos en la noche electoral probaría el fracaso. El protagonista habrá procurado olvidarlo porque afecta a su autoestima.

Segundo acto: dimisión forzada con repuesto previo

En las primarias de las elecciones generales de diciembre del 2015 Podemos presentó una lista plancha de ámbito estatal. Íñigo Errejón logró el control de Euskadi, situando a Nagua Alba como cabeza por Gipuzkoa y a Eduardo Maura en Bizkaia. Ese método tan poco respetuoso con la realidad territorial no agradó a la dirección de Euskadi, integrada por la corriente Euskal Hiria (expresión de Bernardo Atxaga, equivalente a ciudad vasca). Aún así, el equipo de Roberto Uriarte, primer Secretario General de Podemos Euskadi, acata la decisión, hablando con Eduardo Maura para organizar la campaña. Maura cuestiona la legitimidad del Consejo Ciudadano de Euskadi al alegar que tiene su propio equipo. Ante las reticencias de la dirección de Euskadi, Errejón fuerza su dimisión. La renuncia tuvo lugar el 8 de noviembre, sin dejar por eso vacío orgánico. Maura ya contaba con el personaje que protagoniza este relato para hacerse cargo de una comisión gestora.

Tercer acto: parlamentario vasco y secretario general

Las primarias de Podemos para las elecciones al Parlamento Vasco del 2016 las gana la lista de Pilar Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado por los GAL. La condición de víctima del terrorismo era la carta de presentación para vencer en las primarias. Tras ser candidata a lehendakari, su presencia en la cámara vasca será testimonial. El cargo de portavoz de Elkarrekin Podemos (EP) lo ocupa el personaje de referencia. La coalición de izquierdas apenas tuvo protagonismo durante la legislatura. Al final, en la tramitación de las cuentas del 2020, el portavoz de EP negocia con el Consejero de Hacienda un polémico acuerdo que provoca el rechazo de Ezker Anitza. Se logra entonces un eco mediático no deseado, al cuestionar lo acordado hasta el sindicato ELA.

Tras el breve paréntesis de Nagua Alba como Secretaria General, en diciembre de 2017 accede al cargo el protagonista de este relato. Mientras permanece en el puesto no hay novedades significativas, lo cual prueba la escasa actividad política que desarrolla su responsable. Entretanto decae de forma notable el arraigo social y la representación institucional de Podemos Euskadi.

Cuarto acto: pierde las primarias, abandona Podemos

En enero de 2019 Íñigo Errejón deja Podemos, crea Más País para participar en las elecciones de noviembre, se presenta en Bizkaia y fracasa. Estos escuetos datos explican el acontecer inmediato en Podemos Euskadi. El sector pablista logra el apoyo de la dirección estatal en las primarias al Parlamento Vasco del 2020, mientras la corriente errejonista intenta mantener ese reducto de poder.

El 27 de febrero Miren Gorrotxategi gana las primarias. El personaje de esta historia y todo su equipo no asimilan el fracaso. Reaccionan con indignación. Abandonan sus cargos. Desaparecen del escenario político. Pero volverán.

Entreacto: mensajes incendiarios circulan por redes

En este ambiente bufo no faltan operaciones movidas por redes. Es el cauce idóneo para practicar la fontanería política y alardear de contactos. A un chat de Telegram, de cuyo nombre no quiero acordarme, llega un mensaje para advertir que Pilar (Garrido) ha solicitado a Yolanda (Díaz) que participe en un acto electoral en Euskadi el 24 de mayo. El autor del mensaje dice que se ha enterado de la petición de Pilar a través de (Josep) Vendrell, sin poder evitar que Yolanda acepte. Para acabar señala: “Yo le he trasladado a Vendrell el malestar que me/nos genera esta decisión y el error político y organizativo que considero que es”. Abundan los mensajes donde gente que tuvo cargos en la formación morada muestra animosidad hacia la integración de Podemos en Sumar. Será que prefieren restar.

Quinto acto: contrato con Sumar y candidato al Congreso

Tras la espantada de Podemos, el personaje de referencia se publicita como consultor político y monta con su equipo una empresa dedicada a organizar eventos. El destino, o alguna recomendación, hizo que recalase en Madrid. El equipo de Sumar le contrata para dar cobertura logística al “proceso de escucha” que llevó la voz de Yolanda Díaz por todo el país. Entra en contacto personal con Yolanda, forma parte de su grupo de confianza, es nombrado candidato de Sumar al Congreso por Bizkaia. Tal designación implica desplazar a Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, a la circunscripción alavesa. Uriarte renuncia a encabezar la lista de un territorio distinto al de su lugar de residencia por el más personal de los motivos: la dignidad.

Esta operación tiene alcance político, además de simbólico. Sumar, como Podemos en el 2015, no respeta la plurinacionalidad que proclama. Impone desde Madrid liderazgos que chocan con los procesos locales. En Bizkaia se posiciona a favor del errejonismo, sabiendo que Más País no tiene implantación en Euskadi. Se debería haber evitado esa afrenta a la militancia de Podemos.

Postludio: tanto monta, monta tanto

Se aprecia similitud en la expectación que produjo el surgimiento de Podemosy el de Sumar. Hay semejanzas entre sus dirigentes, aunque varíe el estilo y el talante. Tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz proceden del PCE, partido forjado en las luchas internas. Antes aliados, ahora contrincantes, consolidan su poder sobre equipos endogámicos, con culto al líder o a la lideresa. Como en las familias de notables, las rupturas son traumáticas. Sucedió en Podemos, puede ocurrir en Sumar, esperemos que no antes del 23-J.

Orillada la polémica sobre las listas abiertas, Pablo y Yolanda utilizan métodos parecidos para designar cabezas de lista sin una auténtica implicación de las bases. La información llega dosificada a través de la prensa. Acaba el plazo de presentación de candidaturas sin que los partidos integrantes de Sumar den a conocer a su militancia (si la tienen) las listas completas. El acto del 21 de junio en Madrid, dedicado a presentar a quienes encabezan las candidaturas, es un inicio de campaña que no resuelve el déficit de participación.

En las elecciones del 2015 el rostro de Iglesias iba impreso en las papeletas de voto. Lo mismo ocurrirá ahora con Díaz. Entonces la ciudadanía no sabía a quien votaba. Ahora tal vez sí. En Bizkaia, el pasado político del candidato puede resultar desfavorable, salvo que la imagen de Yolanda lo contrarreste.

Las urnas dirán el 23-J si los antecedentes políticos suman o restan.

Transcurridas 15 horas desde que se cerraron las urnas, asumiendo que las elecciones del 28 de mayo habían sido un plebiscito favorable al PP, Pedro Sánchez lanza un órdago convocando elecciones generales para el 23 de julio. Esa repentina decisión tiene tres destacados objetivos: abrir un nuevo escenario político que deje en segundo plano el triunfo de la derecha, atajar cualquier intento de revuelta en las filas del PSOE y forzar a Sumar y a Podemos a ponerse de acuerdo en el plazo de 10 días. Dado que el análisis de los resultados del 28-M se solapa con la precampaña del 23-J, conviene valorar conjuntamente ambos procesos, sobre todo para intentar que no se repitan los errores que han provocado la debacle de la izquierda.

El notable ascenso del PP tiene poco misterio, se nutre sobre todo del descalabro de CS. Juegan a su favor conductas trumpistas como la burda campaña contra el sanchismo, resucitar el fantasma de ETA o sembrar el discurso del odio. Ateniéndose a los mensajes de la derecha, el 28-M se celebró la primera vuelta de unas elecciones generales. Las medidas relativas a la gestión municipal y autonómica quedaron relegadas por consignas demagógicas relacionadas con la política estatal. Sin embargo, los éxitos más rotundos del PP, los de mayor eco mediático, los posibilita la división de la izquierda.

Si Más Madrid no hubiese rechazado la alianza con Podemos, los 130.000 votos perdidos habrían dificultado que el PP alcanzase la mayoría absoluta en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Si Compromís hubiese aceptado la candidatura conjunta con Unides Podem, el PP no habría tenido opción de gobernar la Comunidad Valenciana ni el Ayuntamiento de Valencia. Un caso paradójico es el de Huesca, donde cuatro candidaturas de izquierda se quedan sin representación y la alcaldía pasa del PSOE al PP. Algo parecido ha ocurrido en Cádiz o Granada.

A partir de estos datos tan controvertidos se puede plantear la siguiente hipótesis: si la división de la izquierda, junto a su incapacidad para movilizar al electorado afín, equivale a una colaboración necesaria para que la derecha obtuviese el 28-M un triunfo tan rotundo, la unidad de la izquierda, secundada por un electorado entusiasta, puede impedir que el 23-J la derecha llegue al gobierno.

La necesaria e inevitable unidad de la izquierda

Asumida la debacle, toca hacer un ejercicio de resiliencia para revertir los resultados adversos. Es el momento de recordar que el actual Gobierno de Coalición, constituido en enero de 2020, surgió tras una moción de censura contra el PP y ante la imposibilidad de formar un gobierno estable en las elecciones de abril y noviembre de 2019. A Sánchez, audaz político sin ideología, le quitaba el sueño el bolivariano Iglesias, quería gobernar con el neoliberal Rivera, pero la ambición del delfín del Ibex 35 dejó como única posibilidad dar cabida en el consejo de ministros a Unidas Podemos. Este proceso, tan emotivo como una serie de intriga, marca un periodo de estabilidad institucional con notables avances en el ámbito legislativo, económico y social. La meta ahora debe ser impedir que las dos derechas, la reaccionaria y la ultra, lleguen al gobierno para derogar las conquistas logradas.

Personalidades del ámbito cultural, preocupadas por el ascenso de las derechas, reclaman la unidad de la izquierda en torno a Sumar en un comunicado que concluye así: “En la fragmentación de las fuerzas de izquierda radica la fortaleza de nuestros adversarios y nuestra propia debilidad”. Todas las organizaciones situadas a la izquierda del PSOE reconocen a Yolanda Díaz como candidata idónea. A ella le corresponde la tarea de gestionar la integración de Podemos en el espacio organizativo y político de Sumar. Ambas partes saben que si no se logra la confluencia lo más probable es que gobiernen las derechas. Esa enorme responsabilidad exige negociar con firme voluntad de acuerdo. También con humildad, pues el fracaso del 28-M es colectivo. Nadie ha ganado con la división, todos pierden en mayor o menor proporción a causa de sus respectivos errores. Si Más Madrid y Compromís adoptaron una actitud excluyente, IU jugaba con dos barajas y Podemos menospreciaba a la izquierda cuqui. Entretanto, la imagen de Yolanda Díaz se debilita, tras participar en diversos actos de campaña en Barcelona, sin poder evitar que Ada Colau pierda la alcaldía. Reproches mutuos y actuaciones sectarias han sido un constante reflejo de absurdas situaciones que rememoran escenas de “La vida de Brian”. Cabe dar por hecho que habrá acuerdo de confluencia entre Sumar y Podemos, aunque solo sea porque nadie quiere asumir el coste político del fracaso. Además, desaparece uno de los mayores obstáculos. Según Pablo Iglesias, el adelanto electoral impide realizar primarias abiertas, las listas electorales las elaborarán “fontaneros” de los partidos. Dada la dificultad que supone poner de acuerdo a una quincena de grupos, puede que esta opción más que una solución sea un nuevo escollo. La alternativa también la podría plantear Iglesias, proponiendo concurrir a las elecciones mediante una lista plancha, similar a las suyas en Podemos. Método jerarquizado y endogámico, basado en un liderazgo indiscutible, como el que se supone que también posee Yolanda Díaz. Una vez cerradas las listas del Congreso, cabe la posibilidad de aplicar primarias para el Senado.

Caso de que el 23-J la izquierda gane a la derecha, el gobierno de coalición no estaría garantizado. Si el PSOE fuese el partido más votado, Sánchez intentaría gobernar en solitario apelando al voto útil. Por eso es fundamental que Yolanda Díaz sea reconocida por el electorado como candidata a la presidencia del gobierno. Eso implica presentar un programa alternativo al del PSOE y no mantener actitudes conciliadoras. Una cuestión es hostigar al gobierno desde dentro del gobierno, o ser más beligerantes con los propios aliados que con la derecha, otra muy distinta comportarse como una izquierda acomplejada ante un partido institucionalizado, una pieza más del aparato del estado.

La izquierda del PSOE navega a la deriva, pero puede recuperar el rumbo. El fracaso del 28-M es un aviso para navegantes, no el preludio de una catástrofe. Es más, cabe apreciar similitudes entre la situación política que posibilitó la fulgurante irrupción de Podemos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y el panorama actual. Entonces el objetivo era acabar con el bipartidismo, frenar la corrupción del PP, revertir sus leyes represivas, sus reformas laborales y de pensiones. Ahora se trata de impedir que la ultraderecha llegue el gobierno con planes contrarios a los derechos humanos, en particular los de las mujeres y su empeño recentralizador, planteando la ilegalización de partidos soberanistas. Frente a estas amenazas hacen causa común con la izquierda fuerzas nacionalistas. Por tanto, la opción de gobierno de la alianza PP -Vox es lograr la mayoría absoluta. La izquierda alternativa tiene capacidad organizativa e implantación social suficiente para evitar quedar arrinconada en el extremo del tablero político. Que consiga superar el descrédito y la desconfianza que provoca entre la ciudadanía su narcisismo y conducta errática, depende de sí misma, de su esfuerzo para participar en la nueva contienda electoral como una alternativa cohesionada y viable.

Hoy no cabe asaltar los cielos, la prioridad es desplazar a Vox y evitar la restauración del bipartidismo. Yolanda Díaz ha creado “Movimiento Sumar”, partido instrumental que acogerá a fuerzas políticas con amplia estructura territorial, como IU y Podemos, junto a otras de ámbito local o sin apenas militancia y personalidades independientes. El reto de ese proyecto debe ser motivar a la gente para que recupere la ilusión, yendo a votar el 23 de julio. En caso contrario, si lograse gobernar el PP con la ultraderecha, se abolirían leyes progresistas y se intensificarían las desigualdades sociales. Toca vacunarse contra la epidemia de las invasiones bárbaras para proteger la salud democrática. 

Comparten ideología, programa y candidata. Les separa el modelo de primarias, el marco de negociación y el momento de decidirlo. Esas dudas no pueden frustrar un acuerdo trascendental para el país. Está en juego la consolidación del avance social que ha posibilitado el Gobierno de coalición. Urge un compromiso firme que despeje cualquier incógnita. Esperar a los resultados del 28M sería un dramático error, pues esta convocatoria representa la primera vuelta de las elecciones generales. 

La trayectoria de la izquierda es interdependiente. Triunfos y fracasos se reparten. Cualquier maniobra de desgaste constituye un paso conjunto hacia el abismo. La catástrofe se puede desencadenar en cualquier parte. Enric Juliana, siempre atento a los vaivenes de la izquierda, advierte que el futuro gobierno de España se dirimirá en la Comunidad Valenciana en las elecciones de mayo. Toca asumir esa acuciante realidad: sin unidad de la izquierda previa al 28M, se corre el riesgo de perder el futuro y sufrir las consecuencias del fracaso colectivo, antes de las elecciones generales.

Primarias digitales y confluencias de siglas

Las primarias son un novedoso sistema electoral impulsado por Podemos. Su mayor virtualidad es que facilita la participación. Es un voto que apenas exige mayor compromiso que un “me gusta” en redes sociales. Es una elección basada en estímulos emocionales, gestionados por los medios de comunicación. Al carecer de conocimiento directo de la realidad interna, la gente inscrita opta por la sesgada versión que difunde la prensa. Si la ley d'Hondt es truculenta, no lo son menos las primarias mediáticas que imposibilitan la igualdad de oportunidades.

El objetivo de las primarias digitales es lograr la máxima adhesión con el mínimo esfuerzo. El voto con urnas de la era analógica tenía un carácter distinto: las personas que iban a depositar la papeleta se conocían, contrastaban sus opiniones. El acto de votar era un ejercicio de socialización. La participación efectiva, el compromiso real, sigue siendo la labor militante: intervenir en los debates, acudir a los actos públicos, asumir tareas logísticas: repartir octavillas, pegar carteles y mucho más.

Sumar no podía admitir las primarias conjuntas abiertas reclamadas desde Podemos. Si hubiese aceptado, entre IU y Podemos habrían acaparado las cabeceras de las listas. Podemos solo utilizó las primarias abiertas en las elecciones europeas del 2014. Ese sistema, idóneo para conseguir resultados apabullantes, no respeta la pluralidad, margina a las minorías. Ahora Podemos utiliza el método desborda, dejando margen para la representación de minorías cualificadas. No demonicemos a Pablo Iglesias. Mientras perteneció al núcleo dirigente de Podemos también Iñigo Errejón se benefició de las primarias centralizadas, colocando a gente afín en listas de territorios ajenos a su lugar de residencia. Esa fue la causa de la dimisión en bloque de la dirección de Podemos Euskadi antes de las elecciones generales de diciembre del 2015. 

Podemos no podía aceptar diluirse en la suma de siglas de 15 grupos que no quieren valorar la implantación territorial, la capacidad organizativa y la incidencia institucional. La acción política se basa en equilibrio de fuerzas. No vale el voluntarismo acrítico del café para todos. Hay grados de responsabilidad, diferencias básicas y oportunismos manifiestos. Si Podemos asumiese negociar sin condiciones con 15 organizaciones, casi todas de ámbito territorial limitado, los grupos minoritarios impondrían su criterio. Sin reglas de juego claras no se puede entrar en ninguna partida. 

Pese a la interesada polémica desatada por una prensa, nunca neutral, el pulso entre Sumar y Podemos queda en tablas. Sin que nadie gane ni pierda, por fin hay una candidata cuyo liderazgo es asumido por el conjunto de la izquierda. Pilar Garrido, Coordinadora de Podemos Euskadi, define así la nueva situación: “Yolanda Díaz es la mejor candidata y no veo un Sumar sin Podemos”. Mensaje ilusionante que choca con este otro: “Sumar sin Podemos no sería un fracaso”. Qué error usar una consigna tan adanista como “Hoy empieza todo”, salvo que en Magariños se representase el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, con la madrastra ausente.

Tal vez la unidad de la izquierda, que todavía no tiene marca electoral, requiera prescindir de las siglas de las organizaciones que la integren

Toca negociar, con lealtad, sin exclusiones, estableciendo acuerdos realistas, viables. El proceso le corresponde dirigirlo a Yolanda Díaz. Tal vez acuda a las primarias con una imbatible lista plancha, asignando cuotas de representación a cada organización. Esa especie de democracia orgánica puede resultar un tanto impositiva, pero es que la democracia pura no existe. Hoy la legitimación se basa en el liderazgo personal.

Sumar, un edificio sin cimientos

Impulsar una campaña electoral exige disponer de estructura organizativa. Sumar carece de columna vertebral. El proceso de consolidación, sea cual sea su nombre definitivo, no diferirá mucho del de cualquier otra organización política. Comienza con vocación de movimiento y acaba adquiriendo forma de partido. Al comienzo Podemos utilizó la estructura de Izquierda Anticapitalista. Tenía escasa implantación, pero sirvió para arrancar. Yolanda Díaz podría usar el aparato del PCE – IU. Alberto Garzón se lo ha ofrecido. Aceptarlo supondría depender de un único proveedor. Mejor neutralizar cualquier influencia utilizando los recursos de todas las fuerzas implicadas.

El desencuentro entre Sumar y Podemos ha sido noticia durante meses. Para dar un vuelco a esa campaña de descrédito bastaría sellar el compromiso de unidad de la izquierda con un abrazo entre Yolanda Díaz e Ione Belarra. Por cierto, en Euskadi y Navarra las organizaciones interesadas en el proyecto Sumar concurren a las elecciones del 28M en candidaturas conjuntas. Es un paso en la buena dirección, un referente esencial para consolidar la unidad de la izquierda desde la base. Yolanda Díaz debería apoyar esas iniciativas participando en actos electorales unitarios.

Puede que esté a punto de comenzar una nueva fase del proceso de concienciación ciudadana que hace 12 años impulsó el movimiento 15M. Tal vez la unidad de la izquierda, que todavía no tiene marca electoral, requiera prescindir de las siglas de las organizaciones que la integren. No debería ser un obstáculo comprometerse a aparcar los respectivos nombres, cuando lo realmente importante es actuar como herramienta de transformación social. En cualquier caso, confiemos en que se haga realidad otra esperanzadora frase de la diputada Pilar Garrido: “Tenemos que atornillarnos a una mesa hasta pactar la confluencia para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta”.

Hay un método infalible para conocer el alcance de cualquier medida en materia de pensiones: si el coro de economistas al servicio del sistema financiero la rechaza, es positiva. Se temía lo peor: que se ampliase el periodo de cálculo de la pensión a 30 años o toda la vida laboral. Lo ocurrido es muy distinto. Se introducen cláusulas para mejorar las pensiones mínimas, reducir la brecha de género y aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Pese a las carencias, el balance es satisfactorio. Pero no faltan grupos de pensionistas que insisten en rechazarla, porque cualquier medida favorable les resulta siempre insuficiente. Esta reforma trae un valor añadido: la reconciliación de las dos partes del Gobierno de coalición. Mala noticia para las derechas políticas, económicas y mediáticas.

Activado el frente mediático

El 11 de marzo, al día siguiente de publicarse el contenido de la reforma, arreció la confrontación mediática. Titulares de prensa económica. Expansión: “Golpe del Gobierno a las empresas para sostener las pensiones” “Una aberración contra la sostenibilidad de las pensiones y la economía”. El Economista: “Las patronales critican la voracidad por recaudar del Gobierno” “Las pensiones españolas entran en un callejón sin salida”. Cinco Días: “El Gobierno eleva cargas empresariales para aumentar las pensiones más bajas” “CEOE acusa al Ejecutivo de voracidad recaudatoria y avisa de que dañará el empleo”. Economía Digital: “Nuevo hachazo del Gobierno a empresas y trabajadores de 15.000 millones para pagar las pensiones”.

Titulares de prensa de derechas. El Mundo: “Escrivá carga la reforma de las pensiones a las empresas y trabajadores”. ABC: “Escrivá propone otro golpe a los salarios altos para evitar ajustes”. La Razón: “La fiesta de las pensiones la pagan empresas y trabajadores” “La patronal estalla contra la reforma por las cesiones de Escrivá a Podemos”.

Se desata la ofensiva conservadora

Desde el 10 de marzo PP, Vox y Ciudadanos muestran su rechazo a la reforma de las pensiones sin necesidad de conocer su contenido. Según la web de rtve.es “Vox desconfía de cualquier acuerdo alcanzado con Unidas Podemos”. Ciudadanos considera que el acuerdo PSOE - UP es “la peor opción posible”. El 13 de marzo publicaba Público: “Alberto Núñez Feijóo se opone a la reforma de las pensiones pactada por los partidos de coalición y avalada por Bruselas. ”No hay reforma, solo un parche hasta 2025 para ir tirando hasta acabar la legislatura. Solo pueden presumir de un acuerdo entre los socios que se basa en una sucesión de mentiras...“. Ese mismo día elDiario.es mostraba la actitud del líder del PP con este titular: ”Feijóo rechaza la reforma de las pensiones antes de leerla“. También resulta significativo el titular de La Vanguardia: ”Feijóo rechaza la reforma de pensiones por dañar a trabajadores y empresas“.

El 10 de marzo, CEOE, CEPYME y ATA declaran su frontal oposición: “El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. Por el contrario, los sindicatos aplauden la reforma: “Las organizaciones sindicales UGT y CCOO en la reunión de la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones mantenida en el día de hoy, han realizado una valoración general positiva, tanto de la orientación que se plantea para la segunda fase de la reforma iniciada en julio de 2021, como de las medidas concretas que la conforman”.

Bloque de pensionistas del no es no

Algunos colectivos de pensionistas, críticos con la reforma, reiteran su rechazo. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria advierte: “Ni 25, ni 29, ni 30, el MPEH reclamamos que el periodo de cálculo de la pensión se sitúe en los 15 mejores años cotizados”. Para poder valorar esa exigencia es preciso señalar que el periodo de cotización de 15 años se remonta a 1985 y se aplicó hasta el año 2012. Desde el 2013 aumenta cada año, alcanzando los 25 años en 2022. Guste o no, esta norma para calcular la base reguladora está en vigor. En la actualidad 15 años es el periodo de cotización mínimo para tener derecho a una pensión contributiva, cobrando el 50% de la base reguladora. 

El MPEH ha reclamado a los Gobiernos vasco y central una pensión de 1.080 euros, equivalente al actual SMI, realizando ayunos nocturnos del 13 al 18 de marzo. Considerando, tal vez, que no será una presión suficiente para lograrlo, también impulsarán la huelga general prevista para el otoño por el sector abertzale del movimiento feminista. En tal caso, como ocurrió con el intento de huelga del 30 de enero de 2020, se verá a grupos de jubilados reclamando parar a trabajadores en activo. Aquella acción motivó la ruptura del movimiento de pensionistas en Euskadi.

El 15 de marzo anunciaba Público: “ERC y EH Bildu muestran sintonía con la reforma que ha presentado el ministro José Luis Escrivá en el Congreso”. Fruto del acuerdo del Gobierno con EH Bildu, las pensiones mínimas de viudedad individuales subirán en cuatro años un 17% y las que tengan cargas familiares hasta el 30%, logrando la equiparación con las pensiones contributivas de jubilación. Por tanto, la voluntad participativa del partido soberanista vasco, choca con la postura contraria del grupo de pensionistas con el que comparte ideología. 

El colectivo de pensionistas es plural, otros grupos reconocen los aspectos positivos de la reforma. Según la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) “Las propuestas de este segundo bloque de la reforma refuerzan la solidaridad del sistema de pensiones con avances en la atención a los pensionistas más vulnerables”. Para la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (CPB) “La nueva reforma de las pensiones no contiene medidas regresivas. Es la primera normativa sobre pensiones diseñada para favorecer a las pensiones bajas, recortando los injustificados privilegios de las grandes empresas y los sueldos más altos. Se cumple así lo que siempre decimos: las pensiones, lo mismo que los salarios, dependen de los intereses y de la voluntad política del gobierno de turno”.

Cuadratura del círculo de las pensiones

El Ministro Escrivá, que viene de la banca, utiliza la ingeniería financiera para intentar resolver el enigma de las pensiones mediante una especie de pacto de rentas aplicado por imperativo legal. Zanja el dilema del baby boom limitando las prerrogativas de los sueldos altos que no cotizan por todos sus ingresos. No es el recorte habitual de las reformas de pensiones. Se trata de la primera reforma que no sacrifica las pensiones de hoy, ni las de mañana. Favorece la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sin exigir sacrificios para lograr el equilibrio presupuestario. Ni siquiera impone la ampliación del periodo de cómputo de cotizaciones. Durante los próximos 20 años, hasta la próxima generación, habrá un sistema dual, pudiendo elegir entre los 25 años del modelo en vigor o 29 años sin los dos peores. El año 2044 será definitiva la segunda opción.

La reforma Escrivá presenta tres componentes básicos que se financian sobre todo con recursos procedentes del destope parcial de sueldos elevados, recayendo en su mayor parte sobre los costes salariales de las grandes empresas. El objetivo es mejorar las pensiones bajas, reducir la brecha de género y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones durante la incorporación de la generación del baby boom. Por eso permanecerá hasta el año 2050. Es una reforma novedosa, que se puede considerar insuficiente, pero no contraria a los intereses del colectivo de pensionistas.

Comprobemos cómo funcionan las cotizaciones en el caso del presidente de Iberdrola. Sánchez Galán gana 13 millones al año. Entre él e Iberdrola deberían cotizar un 28,3%, son 3.679.000 euros. Como su aportación está topada en 54.000 euros, Galán paga el 4,7%, o sea, 2.538 euros. Iberdrola con el 23,6% abona 12.744 euros. La cotización total de Galán se queda en 15.282 euros, dejando de cotizar 3.663.718 euros. Cabe hacer también el cálculo con los 12 millones que cobra Ana Botín, presidenta del Banco Santander, o con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que se opone a la subida del SMI y a la mejora de las pensiones, cobrando 400.000 euros anuales.

En la actualidad la pensión máxima es 3.059 euros mensuales, 42.829 euros anuales. La base de cotización superior se limita a 4.495 euros mensuales, equivalentes a 54.000 euros anuales. Incluso con ese tope, la reforma recupera parte del capital que dejan de cotizar un millón de sueldos. Este es el mecanismo: al límite de las bases de cotización fijado en función del IPC anual, se añadirá un 1,2% hasta el año 2050. Supone un aumento de las cotizaciones del 38%.

La aportación adicional de grandes sueldos se compensa en las pensiones máximas con una subida anual del 0,0115 %. A corto plazo es una mejora modesta, en el 2050 se queda en el 3%. Después, hasta el 2065, se amplia al 20%, luego sigue subiendo hasta el 30%. Por tanto, se tenderá a neutralizar el 38% del incremento de las cotizaciones hasta el 2050. Todo eso ocurriría en fechas tan lejanas, que hoy supone hablar de política ficción. De momento, mejor obviarlo.

Los sueldos altos tendrán una contribución especial: cuota de solidaridad del 1%, abonada a partir del 2025, llegando de forma progresiva al 6% en 2045. La reforma Escrivá anuncia que servirá para sacar a las pensiones mínimas de la pobreza y reducir la brecha de género de las pensiones. Según la Seguridad Social: “Un pensionista con cónyuge a cargo, tendrá en 2027 una pensión mínima de 16.500 euros anuales, un 22% más que ahora”. Las pensiones no contributivas está previsto que suban también un 22%, pasando de unos 6.800 euros anuales a los 8.300 previstos en 2027. En la actualidad, la pensión media mensual de los hombres es 1.489 euros, la de las mujeres 1.131 euros. La diferencia a favor de los hombres es del 24 %. Entre los objetivos de la reforma destaca bajar esa brecha al 5%, cubriendo las lagunas de cotización de las mujeres, y a veces de los hombres.

También se cotizará, en este caso toda la población asalariada, para fortalecer el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), conocido como fondo de reserva o hucha de las pensiones. En este apartado se pasa de forma progresiva del 0,6 % actual al 1,2% en el 2029. El 1% de la cuota será a cargo de las empresas, el 0,2% de los trabajadores y trabajadoras. El Ministerio de Seguridad Social asegura que “En los próximos años el fondo llegará a tener 120.000 millones de euros”. Supondría cerca del doble de los 66.800 millones que llegó a acumular hasta el 2011.

La actual reforma de las pensiones afecta incluso a los planes de pensiones de empleo, reforzados con la ley aprobada en junio de 2022. En relación con ese tema, Emilio Olabarria, exdiputado del PNV, publica el 23 de junio en Deia un artículo de opinión sobre la reforma de las pensiones donde, tras repasar las principales medidas, se refiere al Mecanismo de Equidad Intergeneracional en estos términos: “Para la financiación de este mecanismo serán utilizados también los excedentes de las mutuas colaboradoras y de los fondos de los sistemas complementarios de pensiones que si son de dependencia autonómica (en Euskadi existe una poderosa realidad de Entidades de Previsión Social Voluntaria) provocarán una expoliación económica y competencial”.

A Olabarria le preocupa que se vean afectados los 26.000 millones de euros de patrimonio de las EPSV, equivalentes al 33 % del PIB vasco, suscritos por 850.000 personas, que representan el 45% de la población ocupada en Euskadi, incluyendo al personal de todas las instituciones públicas. Si esa “expoliación” sirve para reducir los abusivos privilegios fiscales de las EPSV, habrá que aplaudir la medida, aunque quienes dicen ser el movimiento de pensionistas vasco rechacen los planes de pensiones de empleo estatales, sin darse por enterados de lo que tienen en casa.

Con las nuevas normas, empresas o instituciones tendrán que cotizar incluso por el personal en prácticas formativas, estén o no remuneradas. Ese conjunto de medidas aporta mayores recursos financieros al sistema público de pensiones, lo hace más sostenible. Siguiendo el trazado de la reforma Escrivá, esas tres fuentes de ingresos: destope parcial, fondo de solidaridad y MEI, permitirán recaudar los 35.000 millones de euros perdidos con el tope de las cotizaciones.

El coste de la reforma no lesiona ningún derecho. Los sueldos altos aportarán una pequeña parte de sus ingresos que hasta ahora no cotizaban. Mantienen topado el resto y reciben una compensación. La mayor aportación la harán grandes empresas: banca y energéticas en particular. Al aumentar la masa salarial del personal mejor remunerado, suben sus costes laborales, reduciendo el margen de sus escandalosos beneficios. No es una incautación de bienes, es una contribución al reparto equitativo de la riqueza, insuficiente sin una política fiscal realmente progresiva y redistributiva.

Esta reforma, sin sacrificios añadidos, no es la que el Ministro Escrivá tenía intención de homologar en la Unión Europa. Circunstancias ajenas a su voluntad fuerzan a aplicar un modelo diferente, más justo y coherente. Los equilibrios dentro del Gobierno de coalición no admitían recortes. Las multitudinarias movilizaciones del 2018 y 2019 en nuestro país, se podrían reproducir, siguiendo el valeroso ejemplo de la resistencia contra la reforma de las pensiones en Francia. Además, estamos en campaña electoral, con nueve millones de votos de pensionistas en juego. Todo ello explica la consecuente defensa de las pensiones publicas realizada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz durante la moción de censura planteada en nombre de Vox por el neofranquista Ramón Tamames.

Un horizonte más despejado

La reforma Escrivá pretende ser definitiva. Asunto complejo en una época que se caracteriza por el cambio permanente. Falta comprobar si los cálculos son correctos y si no fracasa o se obstaculiza su aplicación. Aunque el balance sea favorable, persisten las incógnitas. Las mejoras son limitadas, con plazos de aplicación largos. Mientras se mantenga la penuria de las pensiones bajas, toca seguir reclamando la equiparación de la pensión mínima con el SMI y una revalorización idéntica para todas las pensiones, sin subidas porcentuales. Reducir la brecha de género del 24% al 5%, parece un reclamo electoral o una nueva versión del cuento de la lechera. Cuesta imaginar que el actual gobierno se mantenga hasta mediados de siglo, impidiendo que la derecha cumpla sus amenazas.

El tiempo dirá si la reforma Escrivá sirve para ahuyentar al fantasma de la crisis de las pensiones. De momento es un modelo teórico, más que un caso práctico. Si todo va bien, las pensiones dejarán de ser noticia, lo mismo que las protestas. El activismo dará paso al asociacionismo de los servicios asistenciales: calidad de vida, residencias, ocio. Sin descartar que persistan posturas que denotan un infantilismo izquierdista acomplejado, incapaz de reconocer las mejoras logradas.

La reforma Escrivá no es un proyecto idílico. Resulta asumible sobre todo porque no es regresivo. Y al ser tramitada como proyecto de ley, cabe que mejore durante el proceso parlamentario. Mas la clave de la mejora de las pensiones y de su sostenibilidad seguirá dependiendo de la creación de puestos de trabajo y de la calidad del empleo. Sin sueldos dignos nunca habrá pensiones dignas. Ahora toca mantener la vigilancia para que, si al actual gobierno le sucede otro de izquierdas, respete los compromisos adquiridos. Y si es de derechas, impedir que derogue los avances logrados. La lucha de resistencia pasa por las urnas el 28 de mayo, antesala de las elecciones generales.

En enero ha coincidido el quinto aniversario del estallido del movimiento de pensionistas con una subida de las pensiones sin precedentes. Son hechos inseparables celebrados de forma distinta. Sin ocupar las plazas no se habría logrado una mejora de pensiones tan favorable. Pero el activismo social no es permanente ni inmutable. Mientras algunos grupos festejaban el quinquenio, la mayoría de pensionistas despejaba su incredulidad inicial, comprobando en los cajeros que la mejora de las pensiones era real, no una de tantas promesas incumplidas de los gobiernos de turno. De modo que esta vez nadie ha planteado quemar públicamente las cartas enviadas por el ministro Escrivá. 

Analicemos el fenómeno del 15 de enero de 2018 (15-E) con una aclaración previa: antes de esa fecha había movilizaciones de pensionistas. La web de rtve.es difundía esta noticia el 7 de octubre de 2017: “Durante diez días, unos 80.000 pensionistas, según los sindicatos (CCOO y UGT), han recorrido España para concluir con una gran manifestación desde la plaza de Atocha a la céntrica Puerta del Sol”. También en Navarra y Euskadi se salía a la calle. El digital naiz.eus anunciaba el 7 de abril 2017: “Mientras en Iruñea cerca de 350 personas respondían ayer a la convocatoria de la coordinadora ”Mayores contra la crisis“, en Donostia la plataforma Duintasuna lanzaba un llamamiento para participar en la manifestación organizada a nivel de Gipuzkoa...”. 

Estallido del 15 de enero de 2018

Es sabido que el detonador de aquél imprevisible movimiento social fue una carta de Fátima Báñez, entonces Ministra de la Seguridad Social, dirigida a 8,5 millones de pensionistas, anunciando una subida del 0,25%. No se sabe de dónde partió la iniciativa de difundir por WhatsApp de forma anónima este mensaje: “El próximo lunes, día15, a las 12.00 horas, en la puerta de todos los ayuntamientos de España, manifestación popular de pensionistas. No al 0,25% de la miserable subida de las pensiones”. Se ignora cuantas concentraciones hubo ese día. Tarea aún más compleja resulta identificar a personas concretas en aquella primera cita, pues cualquiera en edad de jubilación se declara antifranquista e incluso puede decir que estuvo en París en Mayo del 68. 

Conocida la motivación de la convocatoria, desde el punto de vista sociológico la incógnita más relevante es el origen de esa llamada anónima, capaz de impulsar durante dos años un potente movimiento social. Las escasas pistas disponibles apuntan a que tras la iniciativa hubo gente vinculada, no al 15M, tampoco bolivariana, sino militantes del moderado PSOE. Si no la promovieron, en unos casos actuaron de forma solidaria, en otros intentaron rentabilizarla.

La primera constatación es que el seguimiento del 15-E tuvo una amplia distribución geográfica. Este dato permite corregir un error conceptual: surgió en Bilbao, a las 12 del mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, lo mismo que en multitud de poblaciones de todo el país. Ante la imposibilidad de elaborar un censo, veremos ejemplos documentados, omitiendo otros sin suficiente acreditación. La información sobre las concentraciones las cubrieron medios de comunicación locales. Las grandes cadenas no se percataron de la relevancia que iba a tener aquella convocatoria. 

Toledo

Con este enlace: Manifestación Pensionistas en Toledo - 15/01/2018 - YouTube se accede a un vídeo de 15 minutos grabado el 15-E en Toledo. Aunque intervienen varias personas, la principal protagonista es la alcaldesa, Milagros Tolón. Una representación es invitada al Ayuntamiento, donde se les informa sobre las gestiones que va a realizar el PSOE en el Congreso de Diputados, sin olvidar citar a Pedro Sánchez e incluso la sede de Ferraz. Interviene después la alcaldesa ante la gente concentrada, hablando esta vez en nombre del equipo municipal. Su alternativa para financiar las pensiones es: “tenemos que tirar de los que más tienen, que son los bancos”. El vídeo no tiene desperdicio, puede que desaparezca al publicarse este artículo.  

En la web toledo.es hay una versión menos partidista de lo expuesto por Milagros Tolón. Va un párrafo: “Concienciada con las políticas económicas y sociales, la alcaldesa ha subrayado que desde el equipo de Gobierno «apoyaremos siempre las demandas de nuestros jubilados y pensionistas, que reivindican unas pensiones dignas y su revalorización después de años con una subida del 0,25 por ciento anual, muy por debajo del IPC y que ha supuesto una devaluación de sus ingresos”. 

Barakaldo 

La convocatoria empezó a circular una semana antes del lunes 15 de enero. Pensionistas del polígono La Paz, situado en el barrio de Cruces, acuden con carteles alusivos elaborados a mano: “La corrupción no pasa factura al gobierno que saquea las pensiones”. “No te pedimos el apoyo para ningún partido. Solo te pedimos que no se lo des a quien no nos escucha y nos está jodiendo las pensiones”. Al comenzar la concentración una concejala del PSOE, Alba Delgado, reparte carteles firmados por su partido. El encabezado era: “Somos la garantía del sistema de pensiones”. Se reprocha el oportunismo partidista, opta por recortar las siglas de los carteles. 

Intervienen mujeres y hombres con un altavoz que lleva pegatina de Ekologistak Martxan (Ecologistas en Acción). El vídeo de la cadena local Tele 7 recoge emotivas declaraciones, denunciando la situación y planteando la necesidad de organizarse. La locutora de Tele 7 cifra la participación en miles de personas. A la semana siguiente ya se había formado un grupo de WhatsApp, embrión de la futura Plataforma de Pensionistas de Barakaldo.  

Bilbao

En la primera concentración de Bilbao no hubo megafonía ni carteles. Existen fotos parciales, pero no de conjunto, tampoco vídeos. El testimonio más preciso de ese acto lo difundió El Mundo un año después, el 27 de enero de 2019. Se trata de una entrevista con Josele Pereda, militante del PSOE, que hasta esa fecha fue la figura más destacada de las concentraciones de Bilbao. Dice Pereda: “El 15 de enero de 2018 había una convocatoria a través de las redes sociales y acudimos unas 400 personas ante el Ayuntamiento de Bilbao. El llamamiento era para manifestarse contra la subida del 0,25%, y cuando la gente empezó a disolverse, utilizando las manos como megáfono, propuse que nos congregásemos al lunes siguiente. Un tiempo después recibí un aviso de la Policía Municipal de Bilbao avisándome de que me iban a multar con 70.000 euros. Luego la Ertzaintza me advirtió de otra sanción de 60.000 euros,... Hasta que vino un policía autonómico a decirme que fuese lo antes posible a una comisaría para crear una asociación, y evitar así las sanciones”. 

Prosigue Pereda: “Yo no le veo sentido seguir aquí, esto hay que pararlo ya porque si no, vamos a hacerle la campaña electoral a Bildu o a Podemos. Me gustaría que después de un año pasando frío, calor y lluvia, esto acabe como debe acabar, con el sabor del triunfo que supone desterrar el 0,25%. Pero ya se ha convertido en algo político», explica Josele Pereda, una de las voces más autorizadas del movimiento de los pensionistas vascos, no en vano su vinculación con el mismo se remonta hasta el día en el que tuvo lugar la primera concentración”. 

Josele Pereda creó Personas Jubiladas de Bizkaia (PJB), la única asociación que, alegando derecho propio, imponía su pancarta en las concentraciones de Bilbao. Conforme recogen las declaraciones, Pereda mostró su desacuerdo en mantener las movilizaciones. Se marchó, quiso volver, pero su tiempo había pasado. Así que disolvió PJB. Entretanto se hizo con el control del movimiento en Bizkaia el sector abertzale. Pero esa es una largas historia que requeriría un análisis específico.    

Otros ejemplos  

Hay también en youtube un vídeo de Granada, acompañado de este comentario: “Un numeroso grupo de pensionistas se ha concentrado en la Plaza del Ayuntamiento siguiendo el mensaje que han recibido por WhatsApp. Nadie sabía quien había convocado la concentración... Después de media hora esperando se fueron poco a poco retirando, eso sí, un poco cabreados ...” Nadie intervino. 

Testimonio de Puertollano publicado en miciudadreal.es: “No está claro de quién ha partido la convocatoria, pero en Puertollano el boca-oreja y grupos de Whatsapp y Facebook han conseguido concentrar este lunes a decenas de jubilados en la Plaza Constitución, en rechazo a la «miserable» subida del 0,25% de sus pensiones. Todos han alzado la voz para pedir una «revalorización digna». Concentraciones de este tipo se han sucedido en diversos lugares de España”. 

En Portugalete se gravó un vídeo de Tele 7 a la semana siguiente, confirmando que también hubo concentración el 15-E. Además de entrevistas, incluye declaraciones de Mikel Torres, alcalde del PSOE, defendiendo las pensiones públicas. En Villarrobledo estuvo el Canal 4 TV de Villarrobledo. Alberto González, alcalde del PSOE, reclama que todos los alcaldes de España se impliquen en la defensa de las pensiones, como lo hacen los del PSOE. En Leganés difunde entrevistas Teleganés. Como testimonios orales cabe citar Santurtzi, Castro Urdiales y diversas capitales.

Incidencias y reflexiones

Muchas de las intervenciones que se escucharon en aquella memorable jornada del 15-E, además de responsabilizar de la situación al Gobierno del PP, tenían sesgo anti partido. Se utilizan argumentos erróneos tan comunes como las pensiones vitalicias de la clase política. Esos comentarios, herencia del franquismo, no se dan en presencia de alcaldes y concejales. Se trata de un comportamiento contradictorio e incoherente. Rechazando los partidos, al mismo tiempo se habla de crear uno de pensionistas. Además, sobre todo en el País Vasco, quienes tomarán la palabra en las siguientes concentraciones, en general tienen vinculación política y trayectoria de activistas sociales.  

El quinto aniversario del 15-E ha sido motivo de diversas conmemoraciones. En Barakaldo se inaugura un mural alegórico, con asistencia de concejales de la localidad. En Santurtzi, el pleno municipal acuerda grabar en el pavimento, frente al Ayuntamiento, una inscripción en homenaje a la lucha pensionista. En Bilbao hay reunión con la junta de portavoces del Ayuntamiento y comida de hermandad. Destaca también el encuentro de pensionistas de Galicia, Cantabria, Euskadi, Madrid, Castilla y León, celebrado en Segovia los días 26 y 27 de enero, por iniciativa de “La Voz de las Plataformas”. En la resolución final se declara: “Queremos hacer un llamamiento a la eliminación de todas las diferencias que impiden un movimiento pensionista unido y con más fuerza”.  

La reciente revalorización del SMI a 1.080 euros, permite unificar una demanda esencial para el conjunto de las asociaciones de pensionistas. Al decidir el Gobierno aplicar al SMI una mejora (8%) equivalente a la de las pensiones (8,5%), salarios y pensiones entran en una nueva fase, donde la equiparación de la pensión mínima con el SMI se convierte en reivindicación fundamental. Lograrlo permitiría disminuir la brecha de género entre mujeres y hombres, así como reducir la desigualdad entre pensiones altas y bajas.  

Enseñanzas del 15 de enero de 2018

Los testimonios expuestos son una muestra de las numerosas concentraciones desarrolladas a partir del 15-E. Comenzaron sin que hubiese un foco irradiador. Bilbao se convirtió en símbolo por el efecto mediático de la puesta en escena. La monumental Variante Ovoide de Jorge Oteiza, que preside la plaza del Ayuntamiento, ofrece un magnífico encuadre artístico. Conviene precisar que inicialmente las concentraciones de Barakaldo eran las más numerosas. A las multitudinarias manifestaciones celebradas en Bilbao acudía gente de toda Bizkaia e incluso de otras zonas. La prensa tiene la facultad de realzar unas noticias y relegar otras. Eso explica que quienes dirigen ahora en Euskadi el denominado MPEH, se lamenten tanto del escaso eco mediático que logran. 

El Movimiento de Pensionistas (con mayúsculas) tuvo alcance global a nivel territorial y duró dos años, encuadrado en estos acontecimientos y fechas: surge con las concentraciones espontáneas del 15 de enero de 2018. Alcanza su apogeo dos meses después, en la multitudinaria manifestación de Bilbao del 17 de marzo. A nivel estatal culmina en Madrid el 16 de octubre de 2019, al llegar las dos columnas de la marcha de pensionistas. El declive se inicia el 30 de enero de 2020, al convocar los sindicatos nacionalistas en Euskadi y Navarra una huelga general que rompe la pluralidad y la unidad entre las plataformas de pensionistas. A partir de entonces se va diluyendo la participación en concentraciones y movilizaciones, llegando ahora a su mínima expresión.    

Cinco años después de aquél formidable estallido, cabe preguntarse hasta cuándo proseguirán las actividades en la calle, sabiendo que en la actualidad son testimoniales y representan sobre todo un espacio de encuentro con alcance ideológico y socializador. Una hipótesis plausible es que las acciones seguirán mientras tengan algún eco mediático. O se alargarán, por interés político, hasta las elecciones generales de finales del 2023. 

El cese de las movilizaciones semanales no implica que las diversas asociaciones dejen de combatir la precariedad, la brecha de género y la desigualdad entre pensiones, como ya se hacía antes del 15 de enero de 2018. En el futuro será necesario diversificar los métodos de presión, intervenir a nivel institucional, efectuar campañas de sensibilización, como hace cualquier movimiento social. La clave será centrarse en la reivindicación primordial: equiparar las pensiones mínimas con el SMI.