Alcanzado cierto consenso sobre la necesidad improrrogable de una transición energética a fuentes renovables, asistimos a cómo se multiplican, día tras día, los debates sobre cómo llevar a cabo esta transición. Así, vemos como la potencialidad y límites económicos, políticos, materiales y ambientales de los distintos planteamientos para llevar a cabo esta transformación chocan entre sí de forma recurrente, generándose debates estériles en el que cada cual parte de un diagnóstico fabricado ad-hoc en base a las recetas que defiende. Todo esto no hace sino poner de manifiesto las tremendas implicaciones que tiene descarbonizar nuestros modos de vida, así como la actual falta de herramientas y referencias para poner en marcha un proyecto político que posibilite una transformación real de nuestra manera de entender la energía.

Con el objetivo de ayudar a desenquistar esta confrontación de relatos, comparto 15 tesis que, en mi forma de ver, resultan fundamentales para construir recetarios válidos con los que afrontar la crisis energética actual. Allá vamos:

Como cualquier lector puede apreciar, la integración de todas estas tesis en un proyecto político supone uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como civilización. En tales circunstancias, la simplificación interesada del diagnóstico solo contribuye a perder un tiempo más necesario que nunca para ponernos a descarbonizar de manera efectiva nuestras vidas y nuestras sociedades. Este es el verdadero retardismo que tenemos que evitar cuando tratamos de formular soluciones a la altura del problema que tenemos delante.

Francisco Giner de los Ríos, fundador en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza y padre del paisajismo geográfico moderno en España, escribía a finales del siglo XIX: “¡El día que España esté a la altura de su paisaje!”. Estamos seguros de que, si el término hubiese estado vigente entonces, habría añadido “y de su biodiversidad”. Esta frase no es sino un suspiro para llamar la atención de lo que es un auténtico símbolo de identidad colectiva: la riqueza natural de España, cuyos paisajes y biodiversidad son su representación más valiosa, así como los más sobresalientes y singulares de toda Europa Occidental.

El año 2020 pasará a la historia, además de por la crisis sanitaria, por la inédita determinación del Gobierno español de apostar decididamente a favor de la lucha contra el cambio climático, sin duda consecuencia de décadas de activismo por parte de los movimientos ecologistas. Si bien se puede interpretar como un claro síntoma de que el negacionismo climático ha sido superado, todavía toca enfrentarnos a un negacionismo mucho más arraigado, el que rechaza los límites biogeofísicos del planeta.

En los últimos meses, numerosas voces han explicado que la transición ecológica no debe quedarse en una mera transición de tecnologías fósiles a tecnologías renovables. En primer lugar, porque una simple transición tecnológica no es capaz por sí sola de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de evitar escenarios de no retorno climático. En segundo lugar, porque las tecnologías renovables presentan marcados límites materiales y espaciales, y requieren grandes inversiones de energía para su desarrollo. A modo de ejemplo, conviene considerar que, con los niveles de consumo actual, las renovables solo permitirían satisfacer un 30% de la energía que consumimos. No tener en cuenta estos límites e implantar las renovables a gran escala de manera masiva, sobredimensionada y sin planificación conllevaría, además, una serie de impactos inasumibles para nuestra biodiversidad. Sobre estos riesgos nos advertían recientemente 23 investigadores españoles en una carta publicada en la prestigiosa revista Science.

Tal como explicábamos al inicio, existen motivos éticos y estéticos para apostar por la preservación del paisaje y la biodiversidad, pero también numerosos motivos prácticos. En este sentido es fundamental poner en valor los considerables servicios básicos que nos brindan los ecosistemas para asegurar nuestra supervivencia en unas condiciones dignas. Solo basta recordar lo que numerosos expertos han explicado en los últimos meses sobre la importancia de la biodiversidad como escudo ante pandemias presentes y futuras. Así mismo, debemos tener en cuenta que la pérdida de biodiversidad reduce la resiliencia de los ecosistemas, es decir, la capacidad de adaptarse ante perturbaciones y situaciones adversas.

Con todo ello, si bien la transición energética a fuentes renovables es urgente e ineludible, de nada servirá si no se hace dentro de los límites anteriormente descritos, algo que parece no haber comprendido el Gobierno de España. En los últimos meses se han multiplicado por todo nuestro territorio (Asturias, Galicia, Cantabria, Cordillera Cantábrica, Aragón, Navarra, Burgos, Andalucía, Granada, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Extremadura, Cataluña y Murcia) iniciativas promovidas por numerosos colectivos sociales y ecologistas para denunciar los impactos de las renovables a gran escala, tanto en la biodiversidad y el paisaje, como en las formas de vida del medio rural. Dicho despliegue es consecuencia de un modelo de transición energética dirigido por grandes multinacionales y fondos de inversión, que ven en el modelo centralizado y en los grandes proyectos renovables la mejor forma de maximizar el rendimiento de sus inversiones. Si bien esto permite la sustitución de tecnología fósil por renovable, es incompatible con otros aspectos de igual importancia para asegurar una transición ecológica realmente sostenible y justa. En su lugar, solo se consigue perpetuar un modelo especulativo, injusto y caro para el conjunto de toda la ciudadanía.

Por todos estos motivos nace la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), donde más de 80 entidades a nivel estatal nos hemos unido para reclamar una transición realmente ecológica, justa y democrática, que tenga en cuenta las necesidades presentes de la sociedad sin comprometer las de las generaciones futuras.

Estamos ante un momento decisivo, durante los próximos meses se viene encima un aluvión de proyectos de renovables a gran escala, validados mediante un procedimiento ambiental que ya se ha demostrado insuficiente para prever y evaluar sus impactos sobre la biodiversidad. Por ello, lo primero que hemos decidido desde ALIENTE es hacer público el posicionamiento Por una transición energética a las renovables que garantice la conservación de la biodiversidad que ha contado con el apoyo de 258 investigadoras e investigadores expertos en biodiversidad. Dicho documento incluye 13 medidas para garantizar una transición energética que asegure la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Lejos de constituirnos como un movimiento reactivo, desde ALIENTE creemos firmemente que otro modelo de transición energética es posible. En este sentido consideramos que el primer reto de dicha transición, para poder llamarse sostenible, debería consistir en evaluar y cuantificar las necesidades energéticas que pueden ser cubiertas dentro de los límites anteriormente expuestos. Todo planteamiento que obvie estas valoraciones correrá el riesgo de convertirse en un peligroso ejercicio de wishful thinking.

En lugar de empezar la casa por el tejado, antes de proyectar más y más capacidad de generación, es fundamental implantar medidas de ahorro energético efectivas en los puntos de consumo, especialmente en las ciudades, que son actualmente auténticos sumideros energéticos. La integración de estas medidas, junto con prácticas efectivas de gestión de la demanda, conseguiría aligerar significativamente las necesidades de producción energética. Somos conscientes del conflicto que abre este planteamiento dados los intereses del capital privado pero, si Fritz Schumacher nos convenció de que lo pequeño es hermoso, 50 años después, la realidad nos impone que además es imprescindible.

Este sería el punto de partida para implementar un ambicioso plan de autoconsumo y producción a pequeña escala: cubiertas fotovoltaicas, proyectos renovables comunitarios o instalaciones compartidas a escala de barrio. Una de las grandes ventajas de las renovables es su modularidad, que permite el desarrollo instalaciones de pequeña escala con unos buenos niveles de eficiencia. Por ello, frente al modelo centralizado de lo grande, proponemos un verdadero modelo distribuido que acerque los puntos de generación al consumo y reduzca significativamente las pérdidas de transporte aprovechando los recursos locales. Las ciudades tienen la obligación de erigirse como protagonistas en la transición energética o seguirán repartiendo ciega e injustamente impactos sobre el territorio. Por suerte, cada vez son más los estudios que nos hablan del gran potencial del autoconsumo renovable, mostrando la capacidad de cubrir una parte importante de las necesidades energéticas actuales. En este sentido, numerosos países como Australia o Vietnam están implantando ambiciosos planes de autoconsumo.

Llegados a este punto, nos gustaría dejar claro que no rechazamos que pueda existir la necesidad de ciertas centrales renovables a gran escala. Sin embargo, estas no pueden vertebrar la transición energética y solo deben plantearse después de explorar las posibilidades reales de ahorro y autoconsumo con renovables. En cualquier caso, su instalación debe hacerse siempre bajo una planificación real, para lo que resulta crucial establecer áreas de exclusión legalmente vinculantes que protejan las zonas de mayor sensibilidad ambiental. En este sentido, se deben crear mecanismos de evaluación ambiental que cuantifiquen los impactos de una manera global, holística y realmente efectiva e independiente.

Cabe destacar que el modelo renovable centralizado no es casual, no es un accidente: reduce el número de actores, concentra beneficios y socializa las inversiones privadas entre toda la ciudadanía. No es de extrañar que sean los mismos actores que han realizado inmensas fortunas con el negocio de los combustibles fósiles los que ahora enarbolan la bandera de lo verde. De ahí la urgencia de denunciar el irresponsable uso de los fondos de recuperación Next Generation UE para apuntalar una transición energética centralizada sin capacidad real de introducir los cambios que necesitamos.

Desde ALIENTE consideramos que ha llegado el momento de poner la transición ecológica de España a la altura de su paisaje, de su biodiversidad y, sobre todo, de su ciudadanía. A pesar del reto que supone, creemos que semejante cambio de paradigma no solo es posible, sino que es la única manera de hacer frente a la crisis ecosocial que atravesamos.

Ambos autores son impulsores de Alianza Energía y Territorio ALIENTE

Poner en marcha la transición energética ha dejado de ser una opción y gobiernos de medio mundo se han puesto manos a la obra. En este sentido, el Pacto de Gobierno PSOE-UP anunció como objetivo conseguir un 85-95% de producción eléctrica renovable en 2040, llegando al 100% para 2050. Sin embargo, hace una semanas, un art ículo publicado en este mismo blog, nos alertaba del peligro que suponía reducir la transición ecológica a un mero desarrollo renovable basado en el fomento de plantas de gran tamaño. En línea con esto, en este artículo me gustaría abordar la íntima relación que existe entre el modelo de las grandes plantas renovables y el desarrollo de grandes y caros megaproyectos para el transporte de la electricidad producida.

El modelo de la Alta Tensión

Tenemos un sistema eléctrico claramente unidireccional, donde la electricidad fluye como un río, surcando kilómetros y kilómetros de tendidos eléctricos de alta tensión, desde grandes plantas de generación hasta las redes municipales de distribución. Las reglas de juego son claras: cada tramo de cable tiene que ser capaz de soportar la cantidad de electricidad que transporta y esa capacidad, como todo, está limitada. De este modo, se cuenta con una cantidad máxima de electricidad que pueden transmitir tanto las grandes líneas de transporte de alta tensión como las líneas eléctricas de distribución, de baja tensión. Teniendo esto en cuenta ¿qué implica un aumento de la producción renovable para las líneas eléctricas existentes?

El actual sistema eléctrico está diseñado a la medida de las centrales térmicas convencionales, con gran autonomía para gestionar su producción. En el caso de las renovables toda la electricidad producida es vertida a la red, dejándole la responsabilidad de transmitirla a cualquier posible punto de consumo. Eso hace que, en los momentos de mayor producción, por ejemplo, durante las horas de mayor radiación solar en el caso de la fotovoltaica, puedan darse situaciones de fallo técnico si la electricidad vertida supera la capacidad de transmisión de las líneas.

Para evitar estas situaciones, REE, la operadora del sistema eléctrico, limita el número de plantas renovables conectadas a los distintos puntos de la red de transporte de alta tensión. Esta situación ha servido para poner en marcha una serie de movimientos especulativos por parte de grandes fondos de inversión, muchos ajenos al sector de la energía, consiguiendo concesiones de conexión y agotando virtualmente la capacidad de muchos puntos de la red. De esta manera, queda limitada en el medio plazo la propiedad de instalaciones renovables y la posibilidad de que actores de menor tamaño puedan participar en la transición energética. Si bien la potencia renovable instalada está en la actualidad todavía muy por debajo de la capacidad real de las líneas, nos da elementos para poder identificar los primeros actores interesados en repotenciar el actual entramado de líneas de alta tensión.

De modo complementario, es importante analizar los intereses de REE, una compañía un tanto especial dentro del IBEX35. Como operadora del sistema eléctrico, posee y gestiona el transporte de electricidad en España, así como su infraestructura. De esta manera, REE obtiene sus ingresos como un pago fijo a través de cada factura eléctrica pagada por las consumidoras. Así, todo trabajo de mantenimiento y ampliación de la infraestructura se traduce en un incremento de la parte fija de cada factura. Su situación de monopolio natural, junto con las obligaciones para con sus accionistas (el Estado controla solo un 20% del accionariado a través de la SEPI) no está exenta de polémica, sobre todo si tenemos en cuenta que los costes imputados a su actividad son los declarados por la empresa y no los resultantes de una auditoría independiente. En este sentido, no es de extrañar que la empresa declare la necesidad de una mayor inversión en infraestructura, sobre todo si consideramos las dificultades que está enfrentando para mantener los dividendos a partir de 2022.

Teniendo todo esto en cuenta, vemos que la apuesta por reforzar el sistema de transporte eléctrico aúna muchos intereses. Ante esto, es importante pararse a analizar la relevancia de los mantras que rezan que la alta tensión ofrece una mayor eficiencia y un menor coste, pues de lo que no se habla es de cómo se socializan estos beneficios entre los distintos actores involucrados en el sistema eléctrico. La ciudadanía, en su papel pasivo de mera consumidora, se convierte en financiadora del lucro privado de unas pocas empresas y, a su vez, sufre los impactos ambientales, de salud y de fragmentación del territorio causados por las líneas de alta tensión.

Las interconexiones eléctricas entre Estados

Dentro del desarrollo de más infraestructura de alta tensión, existe, por parte de la Unión Europea, un plan de interconexión eléctrica entre estados que tratan de desarrollar este modelo a nivel supraestatal. Las razones oficiales detrás de este plan no distan mucho de las que justifican el desarrollo de la alta tensión a nivel estatal: mayor competitividad por medio de un mercado eléctrico de gran tamaño, aumento de la seguridad de suministro y mayor penetración de renovables. Sin embargo, es fácil desmontar esos argumentos y revelar que en el fondo no es más que un plan para implantar un gran mercado eléctrico especulativo participado por unos pocos actores de gran tamaño.

En primer lugar, si bien una de las principales razones para apoyar el desarrollo de la alta tensión es la reducción de costes, podemos constatar que hasta la fecha las líneas de interconexión solo han contribuido al encarecimiento de la factura eléctrica. Es difícil, a su vez, defender que un sistema basado en pocos cables de gran capacidad pueda aumentar la seguridad de suministro en comparación con sistemas distribuidos más resilientes, por naturaleza. Esta falta de resiliencia queda de manifiesto si tenemos en cuenta que la interconexión España-Francia, Argia-Cantegrit, entró en fallo técnico hace cerca de un año. Es cierto que, en teoría, las interconexiones podrían aumentar la penetración renovable en forma de grandes plantas, al permitir repartir una mayor cantidad de electricidad a través de largas distancias. Sin embargo, muchas veces la teoría dista de la práctica, pues un reciente estudio nos alerta que los objetivos de interconexión eléctrica de la Unión Europea solo contribuirían a aumentar las emisiones de CO 2 . Un ejemplo es la situación actual en la que la interconexión entre España y Marruecos está siendo utilizada para importar electricidad sucia proveniente del carbón. Esta electricidad, al producirse fuera del Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la UE, no paga impuestos por el CO 2 emitido y genera grandes beneficios privados bajo la lógica especulativa del “comprar barato y vender caro”. En un escenario de escasez energética, parece más fácil prever que la infraestructura de alta tensión sirva para construir un mercado eléctrico de gran tamaño que asegure el suministro al mejor postor, dejando fuera a quienes no puedan pagar una electricidad entendida como mercancía. Con el propósito de articular una resistencia a esta agenda, en 2015 surge la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos, integrada por más de 50 organizaciones medioambientales y ciudadanas representativas del Estado español y francés.

Una alternativa a la Alta Tensión

En pocas palabras, el desarrollo de la alta tensión favorece los intereses económicos de un reducido grupo de agentes, sin ninguna capacidad de generar beneficios sobre la ciudadanía. A su servicio ha creado un relato propio en torno a la alta tensión que sirve para generar una ilusión de cambio que mantenga intactas las relaciones de poder económico en torno a la energía. Las mentiras y el control de los medios de comunicación por parte de las partes beneficiadas hacen que no exista una posición unificada que condene dicho modelo. Es necesario crear, por parte del sector ecologista y de todas aquellas personas conscientes de la crisis sistémica a la que nos enfrentamos, un nuevo relato para una propuesta de transformación alternativa para el sistema eléctrico que sea realmente sostenible a nivel ecológico y social.

Hasta ahora hemos hablado de la implementación de grandes plantas renovables en zonas lejanas a los núcleos de población. Sin embargo, las energías renovables, por su naturaleza modular y por ser capaces de transformar flujos energéticos altamente distribuidos, tienen unas características idóneas para la construcción de otro modelo. Un modelo que permita el flujo bidireccional de la electricidad, transformando a la ciudadanía en agente activo de este nuevo modelo, pasando de consumidoras al doble papel de consumidoras y productoras. Un modelo de baja tensión, distribuido, que reduzca las necesidades de transporte y permita desarrollar modelos de soberanía energética a través de la identificación del potencial energético de los territorios, recurriendo a la alta tensión existente solo en caso de tener que dar salida a los excedentes. De esta manera, mediante el autoconsumo y la integración de muchas pequeñas instalaciones renovables en la red de distribución, es posible distribuir la propiedad de la infraestructura energética, democratizando el sistema energético mediante un papel activo de la ciudadanía.

Este modelo permitiría socializar los beneficios y reducir la desigualdad asociada a la actual relación vertical de productores y consumidores. La adecuación de la red de distribución o de baja tensión a tal fin no será barata, pero tengamos en cuenta que actualmente, en ausencia total de debate público, estamos destinando millones de euros a un modelo que no deja ningún beneficio en la ciudadanía. Oímos muchas veces que ambos modelos son compatibles, pero seguir invirtiendo en alta tensión supone un desvío del capital necesario para la construcción de un modelo eléctrico sostenible y justo.

Puede resultar paradójico que un reto de tal tamaño no pueda atajarse desde lo grande y que, por lo contrario, nos obligue a volver a lo pequeño y lo cercano. Este siglo nos pone ante la necesidad de desescalar los sistemas, de poner en práctica un progreso que tenga algo de retorno y de reconciliación con la escala humana y con la de los territorios que habitamos. Habrá muchas resistencias, pero nada puede ser más peligroso en este momento que creer en la trampa de las grandes soluciones, y una transición ecológica que se llame justa tiene que tenerlo en cuenta.

Dada la insostenibilidad de nuestras sociedades industriales y el colapso civilizatorio al que nos dirigimos de seguir con las tendencias actuales, es urgente el diseño y puesta en marcha de hojas de ruta globalmente justas para transitar hacia sociedades basadas en energías renovables que sepan cerrar los ciclos de materiales. Estos caminos requieren complejas transformaciones de carácter transversal que implican aspectos tecnológicos, económicos, políticos y socio-culturales. De hecho, la forma en que se obtiene y utiliza la energía juega un papel central en dicha transición y condicionará los nuevos órdenes sociales que salgan de ésta.

La naturaleza modular e intrínsecamente local de las renovables suponen una oportunidad para desarrollar colectiva y democráticamente una cultura energética arraigada al territorio. En España, a pesar de todas las barreras, las cooperativas de energía renovable ya han iniciado este camino con bastante éxito, mientras que las iniciativas a nivel municipal han sido hasta ahora significativamente más escasas.

Potencial de las entidades locales para contribuir a la transición energética

Los ayuntamientos, por su escala y cercanía al vecindario y a su día a día, son un actor e instrumento imprescindible para la transición energética renovable, sostenible, descentralizada y democrática. En los últimos años se ha revalorizado la gestión pública como una alternativa a la privada, que no ha demostrado las virtudes de mayor calidad y eficiencia que se le suponían. Además, la gestión pública directa facilita incluir más variables que la puramente económicas en la gestión, como las sociales o ambientales. La combinación de estos dos aspectos está propiciando un cambio de paradigma sobre la concepción de los servicios públicos que está impulsando una ola remunicipalizadora en España, Europa y otras partes del mundo de servicios como el agua, el transporte o la gestión de residuos.

Para el caso energético, se debe combinar el objetivo de incrementar la soberanía energética local con el fomento de la participación ciudadana tanto en la gestión como en la propiedad de las infraestructuras. Este objetivo permite transformar las relaciones de poder tradicionales en el sector de la energía y generar nuevos modelos que también permitan lidiar con cuestiones sociales como la pobreza energética. Así, los próximos comicios del mes de mayo son clave para sentar las bases sólidas de un nuevo municipalismo energético que contribuya activamente a esta transición desde lo local en el Estado.

Es preciso remarcar que este camino se inició ya hace 4 años, cuando una serie de ayuntamientos dieron los primeros pasos en esta línea, en el contexto en el que se articuló el municipalismo en España. Es el caso por ejemplo de Barcelona y Pamplona, que han lanzado sus propias comercializadoras municipales de energía eléctrica; o el de Cádiz, que combina su comercializadora local 100% renovable (desde 2017), con un plan integral para combatir la pobreza energética y llevar a cabo propuestas ciudadanas hacia la transición energética. Otra fuente de inspiración, y que se explora en este artículo, se puede encontrar a nivel Europeo, donde, tanto en las áreas metropolitanas más grandes como en núcleos rurales, en las últimas décadas se han promovido numerosas iniciativas de éxito surgidas de una combinación de motivaciones políticas, económicas y/o sociales.

Ejemplos de estrategias y herramientas exitosas en otras ciudades europeas

La propiedad de la redes de distribución es un elemento determinante para entender el potencial de los ayuntamientos para guiar la transición energética. El caso de Schönau (Alemania) constituye un caso paradigmático de esta estrategia y en la actualidad, se pueden encontrar en el país más de 200 propuestas inspiradas en este caso. En Alemania surgen, a finales de los 90, empresas municipales de suministro energético (eléctrico y, en algunos casos, también térmico), que dotan a los ayuntamientos de un gran potencial para dirigir la agenda de transición energética en cuanto a las fuentes de energía y tecnologías a fomentar/penalizar (fiscalidad verde) así como para realizar un plan propio de inversiones. Sin embargo, este proceso de municipalización no sería directamente aplicable al caso español, porque, si bien en Alemania la propiedad es municipal y su operación se gestiona mediante concesiones temporales (20 o 30 años), aquí son monopolios naturales propiedad de las grandes compañías eléctricas. A pesar de que el ordenamiento jurídico actual dificulta enormemente la propiedad pública de las redes de distribución (de hecho ni siquiera se ha conseguido auditar sus costes), es necesario generar información y debate para generar una masa social que impulse cambios a nivel estatal que posibiliten esta vía en el futuro. Es remarcable que gran parte de los referéndums realizados en otros países para la creación de empresas municipales de suministro energético han surgido de la iniciativa popular. Por otro lado, sí es posible la creación de empresas municipales en tareas de comercialización y generación, como los casos ya citados de Barcelona o Pamplona. Si bien el potencial transformador y los beneficios económicos son mucho menores que con la distribución, permite fijar tarifas y decidir sobre el origen de la energía comercializada, internalizando el beneficio asociado a la comercialización de la energía.

Otra herramienta favorable es la creación de agencias locales de la energía y de información al ciudadano. En Francia, por ejemplo, la creación de una red de agencias energéticas locales ha permitido dotar de recursos económicos y técnicos a la ciudadanía, actuando de operadores de inversión pública en energía, así como desarrollando análisis técnicos para la promoción de energías renovables y eficiencia energética. Enfoques similares se pueden encontrar en Alemania (por ejemplo el ayuntamiento de Stuttgart ha puesto en marcha un servicio ciudadano de asesoría energética y dotando de una serie de bonos para la compra de equipos de alta eficiencia) o en el Reino Unido. En Bristol, por ejemplo, se han priorizado las acciones para contrarrestar la pobreza energética y se plantea una hoja de ruta para fomentar la eficiencia energética, destacando la colaboración estrecha con el pujante movimiento de energía comunitaria existente en la zona. Para identificar las acciones en materia renovable y de eficiencia energética y establecer estrategias a largo plazo, ciudades españolas, como Vitoria-Gasteiz o Alpedrete, ya han realizado y financiado estudios del potencial renovable local para elaborar planes de reducción de emisiones y autoabastecimiento renovable.

Uno de los retos principales para materializar estas propuestas es asegurar la disponibilidad de recursos económicos suficientes, lo cual se ha conseguido mediante la reinversión de los beneficios de las empresas municipalizadas, así como mediante la creación de fondos de inversión locales para promover iniciativas de energía renovable y eficiencia. En este contexto destaca el fondo verde ProKlima de la ciudad de Hannover, que ha logrado hacerse con un presupuesto anual de 5,5 millones de euros mediante un impuesto municipal al gas natural (a través de la propiedad de la red de distribución), reinvirtiendo los beneficios de la actividad de comercialización energética y la contribución de otras organizaciones, proyectos y subvenciones. Se ha destacado la gran rentabilidad de las inversiones realizadas mediante este fondo y que gran parte de los beneficios se quedan a nivel local. Otra opción es la inversión directa de las entidades locales para generar energía renovable de propiedad municipal, o de nuevas redes de distribución por ejemplo de calor renovable (biomasa, solar o geotérmico) para sustituir al gas natural fósil mediante redes de distrito.

Un modo de articular la necesaria colaboración con la iniciativa privada es mediante la promoción y desarrollo de empresas y consorcios semi-públicos. Muchas de las empresas públicas se han abierto a la participación ciudadana en su capital, lo cual asegura el control público en las iniciativas desarrolladas. En Francia, por ejemplo, numerosos ayuntamientos empiezan a implicarse de forma habitual en proyectos e iniciativas comunitarias y han iniciado o apoyado el desarrollo de redes locales o regionales dirigidas a promover proyectos participativos en este campo. En la región del área metropolitana de París se puso en marcha una empresa semipública (15% privado procedente de cajas de ahorro con gran arraigo local) para realizar proyectos de rehabilitación energética de comunidades de vecinos e instalación de energías renovables. Adicionalmente, se han creado en muchos países europeos una serie de conglomerados de estas empresas e iniciativas públicas con participación social con el objetivo de agregar servicios, reducir riesgos, compartir aprendizajes, y en definitiva, incrementar la capacidad transformadora de sus acciones. En este sentido un ejemplo de colaboración transversal entre diferentes agentes lo constituye la cooperativa energética de la isla de Krk en la costa dálmata de Croacia, creada en 2012, y que además ha elaborado un plan para alcanzar un sistema 100% renovable en la isla a medio plazo.

En conclusión: un abanico de herramientas y estrategias disponibles para una eficaz y provechosa agenda municipalista energética en España

Las herramientas y estrategias presentadas son ejemplos de iniciativas europeas que han permitido a las administraciones locales hacer frente a las barreras políticas y económicas para la promoción de la transición energética desde lo local. En todas ellas se pueden identificar motivaciones entrelazadas de carácter económico, político y social. El horizonte de la soberanía energética puede contribuir a impulsar la economía local y diversificar las fuentes de ingresos de los ayuntamientos y rehacer nuevos lazos entre la ciudadanía y fomentar la participación en la esfera pública. De este modo, siguiendo el camino iniciado por otras ciudades pioneras españolas y europeas, existe toda una serie de propuestas por desarrollar la cuestión energética por parte de los ayuntamientos, aún con sus inevitables conflictos y paradojas, y dependencias de otras escalas de decisión y competencias como la estatal o europea. Y siempre buscando sinergias con aquellas entidades que ya estén trabajando en esta línea. La urgencia de reaccionar a los retos de este siglo es una llamada a integrar la cuestión energética como eje central de las propuestas políticas municipales de cara a las elecciones de mayo; antes de que sea demasiado tarde.