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La eficiencia y ahorro energéticos son clave para una transición ecológica justa

el análisis del acuerdo de Gobierno PSOE-UP hace que desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa lo consideremos insuficiente para conseguir reducir las emisiones de gases efecto invernadero, disminuir la factura de la luz y conseguir una transición ecológica justa

Las claves son la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través del autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades ciudadanas de energía, sobre todo en los sectores de la edificación y el transporte

España eleva en 2019 un 10% su potencia instalada de generación renovable tras entrar 5.000 MW verdes nuevos

Uno de los primeros anuncios de Pedro Sánchez después de su investidura como presidente del Gobierno ha sido la creación de una vicepresidencia para la Transición Ecológica que ocupa Teresa Ribera. Esta es una gran noticia y algo ampliamente demandado por aquellos a los que nos preocupa la emergencia global, no solamente climática, en la que estamos inmersos. También es buena noticia que otra vicepresidencia, la que recae en Pablo Iglesias, tenga competencias en eficiencia y pobreza energética al encargarse de la Agenda 2030.

Al nuevo Ejecutivo le damos un margen de confianza y desde luego, este comienzo es prometedor. No obstante, el análisis del acuerdo de Gobierno PSOE-UP hace que desde la Plataforma para una Transición Ecológica Justa lo consideremos insuficiente para conseguir reducir las emisiones de gases efecto invernadero, disminuir la factura de la luz y conseguir una transición ecológica justa para toda la ciudadanía. La propuesta de acuerdo de Gobierno para alcanzar los objetivos de la transición ecológica parte de una metodología equivocada en sus prioridades de energía y clima.

Para luchar contra el cambio climático se fija el objetivo de generación de electricidad del 100% con renovables en 2050 y 85-95% en 2040, pero no se fijan objetivos de eficiencia energética ni de reducción de emisiones. El compromiso que ha adquirido España en la COP 25 es reducir un 55% las emisiones en 2030, un compromiso que sin eficiencia energética ni es creíble ni alcanzable. La credibilidad la otorga el rigor de la metodología que se adopte y el acuerdo, en este sentido, es insuficiente al no incluir objetivos de reducción de emisiones ni de eficiencia energética.

El Parlamento Europeo adoptó el 5 de febrero de 2014 una resolución sobre las políticas de clima y energía para 2030. Planteaba una metodología que debería ser la que recogiera el nuevo gobierno. Los tres objetivos de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones son interdependientes y complementarios, de ahí el llamado "Paquete de invierno", que incluye las directivas de energías renovables, eficiencia energética, de edificios y mercado interior de la electricidad. La resolución añade que el primer objetivo de los tres es el de la eficiencia energética, por su efecto de arrastre para alcanzar mayores objetivos de uso de energías renovables y reducción de emisiones. Considera que un objetivo de eficiencia energética del 40% para 2030 generaría una reducción de emisiones del 50% como mínimo para ese año, y un porcentaje de consumo final de renovables del 35%.

La eficiencia energética debe convertirse en el pilar de la política de clima y energía. Por añadidura, las acciones en eficiencia energética de edificios, en movilidad sostenible y eléctrica son las que van a permitir cumplir el objetivo en 2030 de reducción del 55% de emisiones, adquirido por España en la COP 25, y un consumo final de renovables del 42% y del 22% en el transporte, como propone el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030).

Reducir los objetivos a uno solo, el de aumentar las energías renovables, es un error ya que por sí solo no va a reducir las emisiones, ni puede abaratar el precio de la electricidad, ni va a mejorar la eficiencia energética. Llenar el territorio de grandes instalaciones renovables simplemente conectadas a la red apenas modifica el sistema eléctrico actual. Es cuestionable, además, su viabilidad futura teniendo en cuenta la dificultad y creciente presión sobre el acceso a las materias primas necesarias para construir estos megaproyectos, incluyendo las tierras raras que utilizan los generadores eólicos. Las claves son la eficiencia energética y la gestión de la demanda a través del autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades ciudadanas de energía, sobre todo en los sectores de la edificación y el transporte que son los más consumidores de energía y los que más emisiones producen.

La eficiencia energética de los edificios es la principal política contra la pobreza energética si se considera que en la actualidad se paga cuatro veces más por la potencia contratada que por la energía consumida, y que el consumo de la energía de una vivienda con calificación energética A es un 80% menor que el de una vivienda con la calificación G.

El nuevo Gobierno debe tomar decisiones mucho más valientes y decididas que las adoptadas hasta ahora en eficiencia energética de edificios. El reciente RD 732/2019, publicado el 27 de diciembre, que modifica el Código Técnico de la Edificación, trata de cumplir con la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios con un retraso de diez años. También renuncia a trasponer la nueva directiva (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios, en vigor desde julio de 2018, que integra en el edificio de consumo de energía casi nulo (EECN), el autoconsumo, las aplicaciones inteligentes y el vehículo eléctrico. El plazo de trasposición finaliza el 10 de marzo de 2020, dentro de dos meses.

No debe extrañar que el edificio de consumo de energía casi nulo (EECN) sea un perfecto desconocido, ya que la directiva de 2010 obliga a que a partir del 1 de enero de 2019 (hace un año) todos los edificios públicos, nuevos y rehabilitados, sean EECN y a partir de 1 de enero de 2021 todo el parque edificatorio, nuevo y rehabilitado, también lo sea a través de estrategias, planes nacionales y objetivos intermedios de EECN que en España no existen todavía. Queda un año para cumplir con esta obligación y la trasposición de la normativa europea lleva diez años de retraso. La diferencia es que el ahorro de energía y la reducción de emisiones en la edificación podrían duplicarse y la contaminación atmosférica de las ciudades dejaría de ser objeto de expedientes sancionadores de Bruselas. Además, esta demora supone un factor de deslocalización de empresas y, por lo tanto, de pérdida de competitividad y de empleos de calidad para nuestro país.

La misma situación se da en el sector del transporte. España está a la cola de Europa en el desarrollo del vehículo eléctrico y de las infraestructuras de recarga y eso limita en la práctica el potencial de reducción de emisiones. De hecho, España incumple el objetivo de emisiones en el transporte que establece la Directiva 98/70/CE, que obliga a los Estados miembros a partir de 2010 a reducirlas en un 6% para 2020. En 2018 solo se llegó a una reducción del 2,9%, gracias al uso de los biocarburantes que no incrementan la eficiencia energética. En este sentido, lo más sorprendente es que la legislación española no contempla estos objetivos obligatorios, porque no se ha traspuesto esta directiva diez años después.

Este cuadro se completa con los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, que en su informe sobre las ayudas públicas en 2019 destaca que las ayudas medioambientales y de eficiencia energética sólo representaron el 5% de total, frente al 62% de la media de la Unión Europea.

Esta despreocupación sobre la incorporación al ordenamiento jurídico de normas europeas de obligado cumplimiento que tienen que ver con los sectores claves en la reducción de emisiones a través de la eficiencia energética, el autoconsumo y la movilidad eléctrica debería corregirse a través de las actuaciones del nuevo gobierno, con políticas valientes de eficiencia energética y reducción de emisiones en la edificación y el transporte mediante la trasposición completa y el cumplimiento de las nuevas directivas europeas de renovables, edificios y mercado eléctrico que, como leyes que son, obligan a todos los poderes públicos.

En este sentido, no sólo hay que exigir al nuevo gobierno la mejora del texto actual del PNIEC, y de la futura Ley de Cambio Climático, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben ejercer sus competencias exclusivas en Urbanismo y Vivienda, por lo que deben tomar la iniciativa y realizar políticas más valientes y decididas.

Otro responsable de emisiones difusas de gases GEI es la agricultura, ya que supone el 14% de las emisiones totales, según la estima más conservadora, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático (IPCC). El PNIEC debe fomentar la agroecología, ya que puede reducir estas emisiones hasta en un 40%, también como estimación más conservadora, según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) en Europa, al no utilizar pesticidas ni fertilizantes de síntesis que consumen nitrógeno y cerca de una tonelada por kilogramo de nitrógeno. Potenciar la fertilidad del suelo con cubiertas vegetales y materia orgánica secuestra del orden de 1600 kilogramos de CO2/ha/año de carbono, lo que proporciona entre un 9% y un 28% más de carbono al suelo que la agricultura convencional. La ganadería ecológica, si además es extensiva, también contribuye a reducir emisiones y a controlar incendios. Todas las producciones agrarias ecológicas emiten menos GEI tanto por hectárea como por tonelada cada año.

Un modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia energética, que fomente un modelo distribuido basado en el autoconsumo con energías renovables y el fomento de la agroecología supondría también la conservación del paisaje, de los suelos de alto valor agrológico, de la soberanía alimentaria y de la biodiversidad. Pero para asegurar estos valores, es imprescindible que el PNIEC incluya un Plan de áreas de exclusión para la instalación de megacentrales de energía renovable y garantizar la preservación del bien común y los servicios que prestan estos valores, además de asegurar el futuro de un medio rural vivo y las posibilidades de la España vaciada.

Por todo lo expuesto anteriormente, pedimos al nuevo gobierno que tenga en cuenta e incluya las medidas que proponemos en el Manifiesto por una Transición Ecológica Justa (www.transicionecologicajusta.org) para la elaboración del documento final del PNIEC y de la futura Ley de Cambio Climático. Nos ponemos a su disposición para conseguir entre todas y todos una transición realmente ecológica y justa con toda la sociedad española.

Texto elaborado por:

Luis Bolonio Álvarez. Técnico Conservación Biodiversidad y Cooperación al Desarrollo.

Javier García Breva. Experto en Energías Renovables y Exdirector de IDAE.

Diana Osuna García. Licenciada en Ciencias Ambientales, técnica en recursos naturales, residuos, agroecología y educación para el desarrollo.

Alberto Matarán Ruiz, Doctor en Ciencias Ambientales y Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada.

Pilar Galindo. Socióloga experta en educación alimentaria y ambiental. Sociedad Española de Agroecología

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