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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuenta con 23 institutos/centros de investigación, propios o mixtos, en Andalucía. En este espacio de divulgación, las opiniones de los autores expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de los mismos.

Decálogo sobre energías renovables a gran escala

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La actual transición energética desde los combustibles fósiles a las energías renovables es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La instalación de plantas de producción de energías “verdes”, como la eólica o la solar, es por tanto necesaria. Sin embargo, el desarrollo de estas energías en nuestro país está siendo tan rápido que el ciudadano medio carece de información básica que le permita evaluar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de plantas. De forma similar, los ayuntamientos de las zonas afectadas (los primeros responsables de otorgar informes de compatibilidad a los proyectos presentados por las empresas) pueden tomar decisiones no adecuadamente estudiadas que pueden tener importantes consecuencias para los vecinos del municipio. Por ello, y de forma muy resumida, resaltamos aquí 10 puntos que consideramos de especial interés para ciudadanos y para alcaldes bien intencionados, pero posiblemente desinformados.

1.- Renovable, no significa necesariamente sinónimo de sostenible ni de “verde”. Las plantas de producción de energía renovable a gran escala tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, el paisaje, y los recursos hídricos.

La comunidad científica española ha mostrado de forma clara y unánime su gran preocupación por cómo se está realizando la implantación de plantas eólicas y fotovoltaicas a gran escala, y ha alertado de que este proceso puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Lamentablemente, esta clara advertencia no ha sido escuchada por las autoridades ambientales ni a nivel estatal ni autonómico. Estas grandes instalaciones introducen gran cantidad de elementos antrópicos en una matriz con alto grado de naturalidad. De hecho, la mayoría de ellas se localizan en terrenos no urbanizables, convirtiendo los paisajes naturales en polígonos industriales. A mayor tamaño y mayor número de plantas, más difícil es implementar medidas correctoras y, por tanto, más impacto.

Respecto al consumo de agua, se estima que las plantas fotovoltaicas pierden en torno a un 5% de producción cada 3 meses por culpa de la suciedad, el polvo... Por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza, al menos 3 veces al año. Por ejemplo, para las 2700 hectáreas actualmente proyectadas en el Campo de Tabernas (Almería), serían necesarios 80 millones de litros de agua al año. Con las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, estaríamos hablando de 2 mil millones de litros de agua al año en toda España.

2.- El procedimiento de Estudio y Evaluación Ambiental no garantiza la independencia de los consultores ni la eficacia y rigor de la supervisión de las administraciones participantes.

El proceso administrativo para la instalación de plantas de energías renovables requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Desgraciadamente, éstos suelen ser muy deficientes en algunos aspectos y a menudo omiten información importante, tal y como ha señalado entre otros, el colectivo científico antes mencionado. Por ejemplo, ninguno de los proyectos presentados en el Campo de Tabernas informa del origen del agua para limpiar los paneles fotovoltaicos, algo fundamental para que las plantas sean productivas. Desafortunadamente, tampoco se puede asegurar una evaluación adecuada de estos estudios por parte de las administraciones ambientales autonómicas y estatal, ya sea por saturación de trabajo (cientos de proyectos presentados) o por presiones políticas y económicas. Buen ejemplo de esto último es la retirada por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de una guía para el análisis de la ubicación de estas grandes instalaciones de energías renovables. Esta guía pretendía poner cierto orden en la implantación, pero tras presiones de la patronal andaluza de energía fotovoltaica ha sido retirada.

3.- Colonialismo energético: los riesgos del sobredimensionamiento y concentración de proyectos energéticos en un mismo territorio.

Uno de los aspectos peor abordados por los EsIA es la evaluación de los impactos acumulativos y sinérgicos de las sucesivas plantas. Éstas suelen concentrarse en ciertas zonas en función de la existencia de subestaciones eléctricas, relieves llanos, tierras baratas... Al impacto de cada planta construida en una zona ha de sumarse el de las plantas vecinas. Pero, además, el impacto final puede ser mayor (y a menudo lo es) que la suma de los impactos individuales de cada planta. Son muy pocas las empresas que presentan estudios adecuados de los impactos sinérgicos, con lo que no se informa de las consecuencias reales de la concentración de plantas. Toda esta falta de rigor en la evaluación de impactos sinérgicos incumple la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (Artículo 35, punto 1c).

Como ejemplo de desmesura de la acumulación de proyectos en un solo territorio pongamos el Campo de Tabernas. El PNIEC tiene como objetivos instalar en España 39 GW de energía fotovoltaica hasta 2030, de los cuales 9 GW ya están instalados, y otros 10 GW se instalarán en autoconsumo. Por lo tanto, quedan 20 GW de fotovoltaica a gran escala. En el Campos de Tabernas están ya planeados 1084 MW, lo que supone que el 5,42% de la potencia fotovoltaica de toda España se instalará en esta comarca, que alberga el 0,01% de la población española y un 0,13% de la superficie del país. La energía renovable a gran escala se convierte así en una nueva forma de colonialismo energético que aprovecha las debilidades de aquellos territorios rurales, periféricos, menos poblados y con mayor vulnerabilidad socioeconómica, y los somete a un modelo extractivista que los reduce al papel de producir bienes y servicios baratos (energía) para los grandes centros de consumo urbanos, sufriendo las consecuencias e impactos sociales, económicos y ambientales que de ello se derivan.

4.- El fraccionamiento de proyectos, presunto fraude de Ley.

La Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 3 establece que las instalaciones de más de 50 MW deben ser evaluadas y autorizadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) y no por las Comunidades Autónomas. La fragmentación de proyectos es práctica habitual de muchas empresas para eludir la tramitación de permisos por parte del Ministerio, en principio más estricto que las autoridades ambientales autonómicas. Por lo tanto, esta fragmentación intencionada puede suponer un evidente fraude de Ley y expone estos proyectos a denuncias, con lo que puede que nunca sean terminados.

5.- Las grandes plantas fotovoltaicas no son una gran fuente de puestos de trabajo.

Como señala el Director General de la Unión Española Fotovoltaica: “Es una actividad muy intensiva en mano de obra durante el proceso de construcción, pero genera poco empleo en operativa, mantenimiento y seguridad. Nunca vamos a ser una gran fuente de generación de empleo directo, y quien diga lo contrario miente, por lo que el impacto viene por otro lado”.

De hecho, las plantas fotovoltaicas de menos de 10 MW son las que más trabajo producen tanto durante la fase de construcción como de operatividad y mantenimiento. A este respecto la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) cree esencial considerar la dimensión óptima de las instalaciones fotovoltaicas en cuanto a generación de empleo y beneficios para las economías locales. Por ejemplo, la instalación de los 20 GW previstos por el PNIEC mediante parques de menos de 5 MW, generaría 820.000 empleos en los dos años de construcción y 20.800 empleos fijos en operación y mantenimiento en los 30 años de vida útil de las instalaciones. En cambio, las plantas fotovoltaicas a gran escala que se están implantando actualmente generarán unos 120.000 puestos de trabajo en la construcción, empleo coyuntural durante dos años, y 2.600 puestos de trabajo fijos en la operación y el mantenimiento.

Así mismo, ya existen investigaciones universitarias que demuestran que, a largo plazo, las grandes instalaciones de plantas de energía no han creado empleo ni fijado población allí donde se han instalado.

6.- Los proyectos de renovables a gran escala y los tendidos eléctricos favorecen el despoblamiento, hacen que disminuya el valor inmobiliario de viviendas y fincas y perjudican las actividades económicas locales.

El crecimiento descontrolado de plantas fotovoltaicas supone, de facto, la pérdida de suelo agrícola y de actividades económicas que producen riqueza a nivel local. Las consecuencias sociales y económicas de la instalación masiva de grandes plantas son, entre otras: la dificultad de arrendamientos o trasmisiones de parcelas agrícolas para su cultivo, la dificultad de incorporación de jóvenes agricultores por el motivo anterior, el incremento de los precios de las tierras agrícolas, la destrucción del paisaje y las posibilidades de un turismo sostenible asociado a la actividad agraria. Por otro lado, quienes perciban rentas por el arrendamiento de parcelas para generación de energía solar, no van a trabajar la tierra ni tienen por qué vivir en el territorio y los vecinos que no alquilen sus tierras se verán rodeados por grandes extensiones de placas, viendo reducida su calidad de vida y provocando el éxodo hacia otros lugares.

Estudios de la Universidad de Granada indican que estas grandes infraestructuras energéticas disminuirían en un 34,7% el valor de las viviendas y afectarían muy negativamente al turismo rural. Todo ello agravará aún más la despoblación de las zonas rurales.

7.- Las grandes plantas de energías renovables no redundan en la economía local.

ANPIER indica que, en función de la tipología de parque, los ingresos por la actividad serían para grandes fondos de inversión, que suelen tener la propiedad de las mega-instalaciones, mientras que las Pymes y autónomos locales se beneficiarían si se tratara de plantas pequeñas, accesibles para este tipo de empresas locales. La apuesta en España por las grandes plantas fotovoltaicas contrasta con la realizada en el resto de Europa, donde asistimos a una revolución fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias, que se integran mejor en los entornos rurales y están en propiedad de iniciativas locales. Los grandes proyectos bloquean el acceso a las iniciativas fotovoltaicas locales, de tal manera que buena parte del patrimonio solar de nuestro país se aprovechará por entidades foráneas sin dejar riqueza ni empleo en nuestros municipios.

8.- El riesgo de apostarlo todo a las renovables a gran escala: la inversión en el actual modelo especulativo puede acabar en fracaso.

La implantación de las renovables a gran escala enmarcada en la burbuja especulativa actual hace que hipotecar territorios y grandes porcentajes de algunos municipios a esta actividad, perjudicando al resto de actividades económicas y posibilidades de futuro, sea un gran riesgo cuando la burbuja estalle y las empresas promotoras se arruinen, se acojan a concursos de acreedores y dejen de pagar rentas a los particulares e impuestos municipales. Respecto a la energía fotovoltaica ya existen casos de este tipo en Extremadura y Castilla-La Mancha, a pesar de que la implantación de este tipo de plantas es muy reciente.

Las recientes dudas del mercado sobre las renovables y los malos resultados en la salida a Bolsa de algunas empresas indican que los valores de estas compañías están sobrevalorados y auguran un próximo estallido que puede suponer un gran fiasco para los municipios que hayan hipotecado su territorio en esta apuesta por las renovables a gran escala.

9.- Los ayuntamientos tiene mucho que decir y decidir sobre la implantación de estos proyectos en su territorio.

Si bien los ayuntamientos no son el órgano sustantivo (el que decide la viabilidad de los proyectos), sí tienen herramientas a su alcance para poder ordenar de manera adecuada el desarrollo renovable en sus municipios. Aunque las leyes de ordenación urbana prevén la instalación de este tipo de proyectos en suelo no urbanizable, los ayuntamientos pueden establecer suspensiones temporales sobre estos proyectos para realizar estudios de ordenación que permitan una implantación armónica de estas plantas. También pueden emitir informes de incompatibilidad urbanística. De hecho, es cada vez más frecuente que los alcaldes de distintas localidades aúnen fuerzas para "defenderse ante una posible implantación masiva" de huertos solares.

10.- Beneficios económicos

Un Ayuntamiento recibirá de media unos 10.000 euros por MW y año. Para la mayoría de los municipios unas pocas plantas de pequeño tamaño serían suficientes para sanear sus cuentas y poder ofrecer servicios a los vecinos, generando más empleo y beneficios económicos de manera local sin hipotecar su paisaje y biodiversidad por varias decenas de años, y sin correr el riesgo de apostar todo el futuro del municipio a un negocio especulativo que, en caso de ruina de los promotores, supondrá que esa hipoteca será a cambio de nada.

En definitiva, podemos concluir que a mayor tamaño y concentración de plantas de energías renovables, mayor impacto en la biodiversidad y en el paisaje, menores garantías de una adecuada evaluación ambiental de los proyectos, menos trabajo y oportunidades para los residentes y economía local, más despoblamiento y más riesgos por apostar a todo a un solo recurso, que además es fruto de una especulación desmesurada de grandes fondos de inversión que aprovechan las debilidades de nuestras administraciones y la falta de información del ciudadano. Todo esto provocará que el patrimonio solar de nuestro país sea aprovechado por empresas foráneas sin dejar empleo ni riqueza en nuestros municipios.

Obviamente, ciudadanos y sus representantes pueden no estar de acuerdo en las ventajas e inconvenientes de un proyecto dado. Conviene saber que cualquier residente en la zona afectada puede tener acceso a la información sobre el proyecto en los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo del proyecto. Los Ayuntamientos deberían facilitar esta información a los vecinos interesados. Y si se puede acreditar que se es parte interesada, los vecinos pueden realizar alegaciones. A este respecto, la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) ha elaborado un protocolo de actuación administrativo que puede ser de gran utilidad para la ciudadanía y corporaciones locales.

Esperamos que con esta información ciudadanos y regidores puedan evaluar más precisamente las ventajas e inconvenientes de la instalación de plantas de energías renovables a gran escala en sus territorios.

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Publicado el
3 de junio de 2021 - 20:38 h

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