Una alta funcionaria de confianza de Rita Barberá investigada en el caso 'Azud', designada jefa de servicio del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de València gobernado por el PP y Vox, de la mano de la alcaldesa María José Catalá, ha nombrado recientemente jefa de servicio de Responsabilidad Patrimonial por el sistema de libre designación a Esmeralda Orero, una de las altas funcionarias de más confianza de la exalcaldesa fallecida Rita Barberá que además consta como investigada en el 'caso Azud', en el que está previsto que se levante el secreto de sumario el próximo 25 de septiembre.

Según la documentación recabada por elDiario.es, Orero se presentó al proceso junto a otra candidata que fue descartada. Su trayectoria en el Consistorio es muy dilatada. Es funcionaria de carrera en plaza de Técnica de Administración General del Ayuntamiento de València desde el 24 de octubre de 1983 y tiene el título de Doctora en Derecho.

Durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa fue jefa de servicio de Patrimonio (1991-2007), de Coordinación Jurídica con las Delegaciones (2007-2011), directora general de Coordinación Jurídica, Ordenanzas, Licencias e Inspección (2011-2014) y de Actividades (2014-2015). Posteriormente estuvo como jefa de la Oficina de Responsabilidad Patrimonial.

Orero es una de las funcionarias del Ayuntamiento de València investigadas en el 'caso Azud'. Precisamente, el pasado mes de febrero negó a través de un escrito de su defensa que recibiera comisiones de la supuesta trama. Orero, apodada La araña negra y, según dos testigos, funcionaria de confianza de Rita Barberá, declaró ante la jueza instructora el pasado 12 de enero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha, por su parte, que la investigada podría haber entregado documentación municipal al empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados del 'caso Azud', en relación a la supuesta 'operación colegios', una de las ramas de la compleja causa.

Se trata de la operación en la que el Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el Consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas.

En el mencionado escrito, la defensa de Orero, que ejerce el letrado Guillermo Llago, pidió a la instructora que dicte el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) al no haber, a su juicio, ningún “hecho imputable penalmente” a Orero y constar “acreditado documentalmente la nula participación en los hechos”. El abogado lamenta las “nefastas consecuencias en la esfera profesional y personal” para Esmeralda Orero, además del “escarnio público” y del “juicio mediático paralelo” que asegura haber sufrido.

El escrito de la defensa, incorporado al sumario del 'caso Azud', sostiene que la funcionaria “desconocía la denominada operación colegios” y que “nunca recibió ningún tipo de comisión o dinero” por parte de la empresa de Jaime Febrer “ni de nadie”. De hecho, la documentación sobre las parcelas correspondía a otro servicio municipal y no al de Patrimonio, dirigido por Orero entre 1991 y 2007. Además, el escrito recuerda que Febrer “ya las conocía”. Por su parte, el entonces vicealcalde de València y también investigado, Alfonso Grau, “conocía perfectamente” los expedientes.

La funcionaria también matiza la recepción de regalos navideños por parte de la presunta trama. “Jamás ha recibido cantidades de dinero ni regalos, salvo en Navidad”, indica el escrito. Orero “los consideró como actos de cortesía” pero “en ningún caso se le pasó por la cabeza que quienes obsequiaban pudieran pensar que de este modo comprometerían la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, favorecerían sus intereses particulares, ni desde luego, influirían en el ejercicio de su función pública”.

En un auto inicial, la instructora del 'caso Azud', la magistrada Pepa Tarodo, caracterizó los hechos como una presunta “trama creada en el Ayuntamiento de València en la que autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos” habrían obtenido “grandes beneficios para su peculio mediante el pago de cantidades de dinero y regalos que efectuaban los grupos empresariales para obtener la adjudicación de obra pública”.

La jueza contextualizaba la presunta trama en el “boom inmobiliario”, al estar la ciudad en “pleno desarrollo urbanístico”, con una “gran cantidad de obra pública que adjudicar a empresas constructoras o inmobiliarias”.

Compromís pide explicaciones

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha presentado una pregunta al pleno pidiendo explicaciones por el nombramiento de Orero teniendo en cuenta su situación procesal. Puchades expone que “con fecha 13 de septiembre de 2024, la Junta de Gobierno Local ha procedido al nombramiento por el régimen de libre designación a Esmeralda Orero como jefa de servicio de responsabilidad patrimonial” y añade que “la referida funcionaria consta como persona investigada en las actuaciones judiciales conocidas como 'caso Azud' en el que se encuentran igualmente investigadas anteriores responsables políticos del Ayuntamiento de València por los delitos de soborno, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y asociación ilícita”. Por todo ello, pregunta: “Cuáles son las razones por las que ha estimado adecuado nombrar por libre designación a esta funcionaria?”.