La funcionaria investigada en 'Azud' niega comisiones de la trama: “Jamás recibió dinero ni regalos, salvo en Navidad”

Esmeralda Orero, veterana funcionaria del Ayuntamiento de València investigada en el 'caso Azud', niega que recibiera comisiones de la supuesta trama. Orero, apodada La araña negra y, según dos testigos, funcionaria de confianza de Rita Barberá, declaró ante la jueza instructora el pasado 12 de enero. Su defensa, que ejerce el letrado Guillermo Llago, presentó un escrito el pasado 19 de febrero, al que ha tenido acceso este diario, en el que pide a la instructora que dicte el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) al no haber, a su juicio, ningún “hecho imputable penalmente” a Orero y constar “acreditado documentalmente la nula participación en los hechos”. El abogado lamenta las “nefastas consecuencias en la esfera profesional y personal” para Esmeralda Orero, además del “escarnio público” y del “juicio mediático paralelo” que asegura haber sufrido.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha, por su parte, que la investigada podría haber entregado documentación municipal al empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados del 'caso Azud', en relación a la supuesta 'operación colegios', una de las ramas de la compleja causa.

Se trata de la operación en la que el Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas.

El escrito de la defensa, incorporado al sumario del 'caso Azud', sostiene que la funcionaria “desconocía la denominada operación colegios” y que “nunca recibió ningún tipo de comisión o dinero” por parte de la empresa de Jaime Febrer “ni de nadie”. De hecho, la documentación sobre las parcelas correspondía a otro servicio municipal y no al de Patrimonio, dirigido por Orero entre 1991 y 2007. Además, el escrito recuerda que Febrer “ya las conocía”. Por su parte, el entonces vicealcalde de València y también investigado, Alfonso Grau, “conocía perfectamente” los expedientes.

El letrado critica las sospechas de la UCO en relación con los contactos de Febrer con Orero: “Cualquier ciudadano podía contactar, llamar por teléfono, pedir una cita o solicitar una reunión, con cualquier funcionario del Servicio de Patrimonio, incluida la jefa de Servicio, pues una de las obligaciones funcionariales es la atención al público”.

“Mi representada no solo nunca ha recibido comisión o dinero de nadie por la prestación de sus servicios como funcionaria pública, sino que si alguien le hubiera propuesto semejante cosa lo habría denunciado”, indica el letrado. Los hechos que se le imputan, en definitiva, “carecen de fundamento”, dice el escrito. “Sencillamente”, Esmeralda Orero “desconocía” la 'operación colegios', apostilla.

El escrito asegura que “no hay un solo hecho que acredite la participación del Servicio de Patrimonio en la valoración de las parcelas”, una labor que la defensa de la funcionaria adjudica al Servicio de Planeamiento, con cierta intervención del área de Educación. En su declaración ante la jueza, Orero adujo que una de las funciones “propias y habituales” del Servicio de Patrimonio que dirigía era la “información sobre propiedades municipales”.

“Actos de cortesía” sin “voluntad de corromper”

La funcionaria también matiza la recepción de regalos navideños por parte de la presunta trama. “Jamás ha recibido cantidades de dinero ni regalos, salvo en Navidad”, indica el escrito. Orero “los consideró como actos de cortesía” pero “en ningún caso se le pasó por la cabeza que quienes obsequiaban pudieran pensar que de este modo comprometerían la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, favorecerían sus intereses particulares, ni desde luego, influirían en el ejercicio de su función pública”.

La defensa de la investigada recuerda que recibió regalos “hace 20 años”, en una época en la que los obsequios se percibían como un “uso social comúnmente aceptado”. “Ocurría en cualquier ámbito social”, alega el escrito, que recuerda que “eran habituales” las “botellas de vino”, “cajas de naranjas”, “pañuelos” o “cestas de Navidad”. “Se entendían como algo normal” sin que en ningún caso “tuvieran la intención o la voluntad de corromper”, explica.

Además, “en aquel momento no existía ninguna norma en relación con este tema” en el seno del Ayuntamiento de València. La entonces alcaldesa, la popular Rita Barberá, recibió regalos de lujo de la empresa Acciona, por un importe total de 7.651 euros. Se trata de una de las empresas adjudicatarias que, según la instrucción, pagó supuestas comisiones al letrado José María Corbín, cuñado de la entonces primera edil y uno de los principales investigados en la causa.

La UCO de la Guardia Civil vincula los regalos a Barberá con las supuestas mordidas a Corbín. De hecho, la fallecida alcaldesa recibió obsequios —especialmente de Louis Vuitton y Loewe— de hasta tres tramas distintas de corrupción vinculadas al PP valenciano.

Por su parte, la funcionaria Esmeralda Orero mantuvo con el empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, “el mismo trato correcto que hubiera tenido, con obsequios navideños o sin ellos, como todo el mundo”, afirma su defensa, que agrega: “Pensar que unos regalos de Navidad puedan tener la capacidad para turbar la imparcialidad y la probidad de los funcionarios, es mucho pensar”. En todo caso, Orero recibió los regalos en un periodo que “se encuentra prescrito”, por lo que “ni siquiera debían ser objeto de instrucción”, concluye el escrito.

Una trama en pleno “boom inmobiliario”

En un auto inicial, la instructora del 'caso Azud', la magistrada Pepa Tarodo, caracterizó los hechos como una presunta “trama creada en el Ayuntamiento de València en la que autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos” habrían obtenido “grandes beneficios para su peculio mediante el pago de cantidades de dinero y regalos que efectuaban los grupos empresariales para obtener la adjudicación de obra pública”.

La jueza contextualizaba la presunta trama en el “boom inmobiliario”, al estar la ciudad en “pleno desarrollo urbanístico”, con una “gran cantidad de obra pública que adjudicar a empresas constructoras o inmobiliarias”.