“No es extraño que se den casos de robos de bienes públicos”. En una entrevista en La Razón, apenas tres años antes de que Rita Barberá perdiera la alcaldía, la funcionaria Esmeralda Orero, la servidora pública con más galones investigada en el 'caso Azud', aseguraba que “las decisiones las toma un político y las ejecuta un técnico”. Los prolegómenos de los pelotazos de la presunta trama (fundamentalmente los pliegos de contratación) pasaban por las manos de un selecto grupo de funcionarios que han declarado ante la jueza instructora.

La cúpula del funcionariado municipal de València en la etapa de Rita Barberá, investigada por corrupción urbanística en el caso Azud

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José Luis Camarero Gómez, funcionario de carrera desde 1981, declaró ante la jueza instructora del 'caso Azud' que se fue del Servicio de Licencias “porque nombraron directora general a Esmeralda Orero”, con la que “no se llevaba bien” al mantener “discrepancias laborales”. Las declaraciones de los investigados, que figuran en el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es, destapan las fobias y filias entre la cúpula del funcionariado municipal durante la era de Rita Barberá.

Orero, en el Ayuntamiento de Valencia desde 1984, fue definida por un asesor del exvicealcalde Alfonso Grau como una funcionaria con “mucho mando en plaza” en la Corporación municipal al tener “contacto directo con Rita Barberá y su hermana Asunción Barberá”, jefa de gabinete de la fallecida primera edil. “También con Alfonso Grau”, aunque si el entonces vicealcalde “le ordenaba algo que no le gustaba, Esmeralda inmediatamente acudía a Asunción Barberá o a Rita”, aseguró Gordillo en su declaración como testigo.

La alta funcionaria, de la máxima confianza de la primera edil hasta el punto de saltarse la cadena de mando, tenía un llamativo apodo: la “Araña Negra”, título de una conocida novela del escritor Vicente Blasco Ibáñez que retrata a la Compañía de Jesús en formato folletinesco. “Siempre iba vestida de negro”, aclara el testigo.

Un arrepentido: “Alfonso Grau mandaba en el Ayuntamiento”

La declaración del arrepentido Jesús Gordillo ha resultado clave para armar tanto la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá, como el 'caso Azud'. Gordillo tuvo una visión privilegiada de los tejemanejes en el ayuntamiento al haber sido asesor de Grau y al haber trabajado en el entramado empresarial de Laterne, propiedad del fallecido empresario Vicente Sáez, y una suerte de sociedad pantalla para la financiación de las campañas populares por parte de aportaciones opacas de contratistas municipales.

El testigo ofreció a la magistrada Pepa Tarodo, instructora del 'caso Azud', una auténtica clase magistral sobre el funcionamiento del ayuntamiento gobernado durante 24 años por Rita Barberá y sus terminales económicos-familiares. “Alfonso Grau era el que mandaba en el ayuntamiento y no se hacía nada si no daba su visto bueno”, declaró el pentito. Así, el entonces vicealcalde, procesado en el 'caso Taula' y uno de los principales investigados en el 'caso Azud', ostentaba un “poder de mando” que “era total”. “Rita le consultaba todo a él”, apostilla. Alfonso Grau, del que resultaba “muy difícil obtener algún tipo de información”, era “muy discreto”.

El edil Carlos Mundina y el aparcamiento del Club de Tenis

El funcionario José Luis Camarero Gómez también relató a la jueza una reveladora anécdota sobre el funcionamiento de la Corporación municipal durante el mandato de Rita Barberá. El investigado declaró que el cuñado de la alcaldesa popular, el letrado José María Corbín, fue a hablar con él, acompañado por el presidente del Club de Tenis de Valencia, para construir un aparcamiento de 300 plazas debajo de las pistas de tierra batida.

El club, una institución elitista de la burguesía valenciana fundado en 1905 y situado en una exclusiva zona a tiro de piedra de los Jardines de Viveros, se topó con la negativa del funcionario: “No se podía hacer”. José Luis Camarero Gómez, según su declaración ante la jueza, recibió después una llamada de Carlos Mundina, asesor del entonces concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, diputado autonómico del PP investigado en el 'caso Azud'.

Carlos Mundina, actual concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, junto con el secretario municipal Manuel Latorre, “le pidieron explicaciones” al funcionario sobre el motivo de su negativa a construir el aparcamiento de 300 plazas en el Club de Tenis de Valencia.

El secretario Manuel Latorre, que no está investigado en la causa, declaró como testigo y también dejó algunos recados que muestran las fobias y filias entre el funcionariado de confianza de Rita Barberá. Sobre Néstor Ramírez, jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València fallecido en 2011, aseguró haber mantenido “discrepancias” en informes urbanísticos. “No era un referente a nivel jurídico”, tercia Manuel Latorre, quien asegura que mantenía “buen trato” con Alfonso Grau.

A pesar del fallecimiento del exjefe de los servicios jurídicos, el fiscal anticorrupción Pablo Ponce recuerda que la ley española permite el decomiso de las ganancias ilícitas incluso después del óbito del investigado para que “en ningún caso se pueda producir un aprovechamiento de las ganancias” por parte de los herederos.