La familia del 'banquero de Franco' cierra un camino público y la multa es pagada mes a mes por los ciudadanos

Un sendero enfrenta a los ciudadanos de Mallorca con los March, una de las familias españolas más importantes del siglo XX. El linaje mantiene todavía multitud de negocios y propiedades en la isla. Entre ellas, la finca de Bàlitx, que ha sido motivo de polémica durante los últimos 14 años debido a que sus propietarios, los Fierro-March, cerraron un camino público que cruza sus tierras. El Consell Insular acaba de multar con 600 euros al Ajuntament de Sóller por este motivo. Una multa que se ejecutará mensualmente, hasta que el Consistorio restablezca el paso. Mientras que el Consell Insular tiene las competencias en la gestión de los caminos de montaña asociados al sendero, el Consistorio debe garantizar la conservación y continuidad del camino público. Además de la ‘possessió’ de Bàlitx, poseen otros negocios y propiedades en Mallorca, como la finca de Ternelles (en Pollença), donde los March ya estuvieron litigando por un conflicto similar, aunque la Justicia no les dio razón.

Juan March Ordinas (Mallorca, 1880-Madrid, 1962) fue un poderoso empresario y banquero conocido por haber financiado el golpe de Estado de 1936 que desencadenó la Guerra Civil española. En marzo de 1936 facilitó dinero para la compra de armas en el extranjero, lo que ayudó a los golpistas a sublevarse contra la II República. Aliado con los poderosos Matutes en Eivissa, estuvo enfrentado en Mallorca a Manuel Salas, el mayor refinador de petróleo de España. elDiario.es se ha puesto en contacto con la familia Fierro-March a través de una de sus empresas en la que los cuatro hermanos figuran en el Consejo de Administración, sin que haya sido posible obtener ningún comentario o valoración con respecto al tema.

El origen del conflicto

Agentes de Medio Ambiente del Govern informaron el 5 de abril de 2021 de que reiteraban, mediante acta, la denuncia que habían hecho una década atrás y que instaba a habilitar el sendero de uso público y la colocación de nueva señalización sin autorización en el Parque Natural de la Serra de Tramuntana. Este sendero se habría creado como alternativa a un antiguo camino público que pasa por la finca Bàlitx d’Enmig, incluida en la ruta de “pedra en sec”, promovida por el Consell de Mallorca. El acta de los agentes autonómicos de Medio Ambiente fue trasladada a la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) del Consell Insular, que es la que va a multar con 600 euros cada mes al Consistorio, hasta que se reabra el camino público, según avanzó Diario de Mallorca y ha podido confirmar este diario.

Los propietarios de Bàlitx d’Enmig desviaron y modificaron entonces la señalización de un tramo del sendero público que conduce a Sa Costera y Tuent, integrado en la Ruta de Pedra en Sec. Se trata de un sendero de gran recorrido que atraviesa la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011. Con el pico situado en el Puig Mayor, destaca por sus espectaculares paisajes y muros construidos con la técnica de piedra seca sin argamasa, que conecta pueblos desde el Port d'Andratx hasta Formentor.

Bernat Fiol, portavoz de Gadma (Grupo Balear de Defensa de la Naturaleza), fue el primero en denunciar la situación después de que le llegaran imágenes con el camino cortado, hace ya catorce años. “Ponen un obstáculo, después ponen otro más pequeño para desviar el camino hacia otro lado, y finalmente cierran el camino original, el histórico. Es vergonzoso”, critica. En conversaciones con este diario, lamenta que ya en 2011 envió un escrito al Ajuntament de Sóller advirtiendo de que un particular iba a cerrar el camino por intereses privados. “Y así ha sido”, lamenta.

Lucha por los caminos públicos

Fiol es un militante ecologista que lleva más de dos décadas luchando para evitar que particulares cierren caminos que son públicos. En estos momentos, sitúa la cifra en unos 250. Y todo ello pese a que Balears tiene, como recuerda el activista, una ley que desde 2018 regula el uso de los caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca. “Un camino público es territorio y el territorio es de todo el mundo. La gente que cierra los caminos [públicos] no solamente debería devolverlos, sino que deberían indemnizar a todos los mallorquines por el daño que han hecho”, reivindica. En su opinión, se trata de una lucha en ocasiones muy difícil porque la justicia “es muy lenta” y se enfrentan, normalmente, a “gente muy poderosa”. Lamenta, además, que las sanciones tengan que ser sufragadas con dinero público cuando la infracción es privada.

Un camino público es territorio y el territorio es de todo el mundo. La gente que cierra los caminos [públicos] no solamente debería devolverlos, sino que deberían indemnizar a todos los mallorquines por el daño que han hecho

Bernat Fiol — Portavoz de Gadma (Grupo Balear de Defensa de la Naturaleza)

“Pedimos al alcalde que actúe de forma urgente para restablecer la legalidad en el camino de Bàlitx”, afirma a elDiario.es Jaume Mateu, portavoz del PSIB-PSOE en Sóller y conseller socialista en el Consell de Mallorca. “Es lamentable que la ADT haya tenido que activar multas coercitivas para forzar al Consistorio a abrir el camino, cuando se ha demostrado de forma evidente que es un camino público”, asegura. Del mismo modo, opina que es injusto que sea la ciudadanía de Sóller la que tenga que “pagar las consecuencias de una actuación privada que pretende desviar el camino histórico que conduce hasta Sa Costera y Tuent”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la ADT, a través de la Conselleria de Territorio de Mallorca, que ha evitado dar más detalles a consultas de este diario por “protección de datos”. Este diario también ha contactado con el Ayuntamiento de Sóller, a través de diferentes vías, sin que haya sido posible obtener ninguna valoración. El Consistorio tampoco ha respondido a la consulta sobre si han notificado ya a la propiedad la obligación de restituir el camino público. Fuentes cercanas a Miquel Nadal (PP), alcalde de Sóller, responden que es Carlos Darder (PP), teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Vías Públicas, quien tiene que resolver el conflicto. Darder no ha respondido al correo electrónico ni a los mensajes de WhatsApp en el momento en que se publica esta noticia.