Una denuncia sindical alertó en 2021 de “precarización” en el hospital de Torrejón, pero el Gobierno de Ayuso no la investigó
La onda expansiva del hospital de Torrejón ha llegado a otros centros públicos privatizados en la Comunidad de Madrid. Después de que El País desvelara unos audios de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera, ordenando subir las listas de espera o rechazar pacientes no rentables para costear menos intervenciones y aumentar el beneficio de una empresa privada, el sindicato CCOO ha recordado un escrito que remitió hace cuatro años al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, advirtiendo de la situación que ya existía en hospitales públicos gestionados por compañías externas.
“Los grandes grupos empresariales como QuironSalud y Ribera Salud [que gestiona el hospital de Torrejón] han aprovechado con esta fórmula una oportunidad de negocio, precarizando al maximo posible las relaciones laborales de sus trabajadores o exportando los beneficios de la gestion subvencionada a sus balances anuales, convirtiendose en una de las mas rentables formas de ganar dinero con un servicio publico esencial como es la Sanidad”, expresó en su carta al consejero el secretario general en la federación sanitaria de Comisiones Obresas en Madrid, Mariano Martin-Maestro Antolín. La firmó el 19 de noviembre de 2021.
El representante del órgano mayoritario en la sanidad privada madrileña espetó al Gobierno regional la situación laboral de la plantilla en estos centros, entre los que también incluyen al Hospital Infanta Elena de Valdemoro, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos o el Hospital General de Villalba. “Sus profesionales sufren bajo el paraguas de un convenio que aglutina a grupos empresariales heterogéneos caminando a distintas velocidades”, destacó en la misiva, aludiendo a que esta “falta de acuerdos entre una patronal tan diversa” impide una “mejora real de las condiciones laborales”.
CCOO vuelve a sacar a la luz esta comunicación para incidir en que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso era conocedor de esta deriva en su modelo de gestión, después de que estallara el escándalo por las grabaciones en el clínico de Torrejón. El secretario general de la federación sindical subrayó en su escrito que, pese a la cesión del mando a entidades privadas, estos hospitales seguían perteneciendo a la red de recursos públicos de la Comunidad de Madrid.
“Es deber de la Consejería velar porque se mantengan estándares reales de calidad en el servicio publico”, señaló. La carta de CCOO se remitió a mediados de noviembre y, casi un mes después, llegó la respuesta de Ruiz Escudero, quien aseguró que la Comunidad era “plenamente consciente de sus responsabilidades”. “No consta ninguna queja del colectivo sanitario de estos centros en el Servicio Madrileño de Salud”, despachó el entonces responsable sanitario sin anunciar investigación alguna, sobrevolando el hecho de que esta misma carta suponía una crítica sobre la mesa por parte de sus representantes sindicales.
“Las condiciones de licitación y las obligaciones contractuales del prestador de estos servicios son públicas y se han adjudicado por un procedimiento abierto”, insistió en su contestación Ruiz Escudero, enfatizando en la existencia de auditorías para controlar su actividad desde la Consejería. En el mismo escrito, de hace cuatro años, sostuvo el consejero que esta fórmula de concesión administrativa permite “hacer más eficaces los servicios públicos” e impulsa “fórmulas que retengan el talento” o “permitan el desarrollo de la innovación en el ámbito de la salud”. En otras palabras: que era un modelo beneficioso para la sociedad madrileña.
CCOO destacó entonces y vuelve a reivindicar ahora la devolución de esos centros concesionados al SERMAS, para que sea el Servicio Madrileño de Salud el encargado de gestionar su funcionamiento y el día a día de los trabajadores. “Instamos nuevamente a la Consejeria de Sanidad a que explore todas las vías posibles y, si esta formula no fuera viable a corto plazo, a mediar de manera activa entre los dos grandes grupos empresariales [Quirón y Ribera Salud] para que, en un plazo breve de tiempo, constituyan una mesa negociadora de un convenio colectivo”, reivindicó entonces su secretario general de Salud.
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