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María Eugenia R. Palop

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la citada Universidad. En este último Instituto dirige la Cátedra Norberto Bobbio de “Igualdad y No discriminación”, el Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra Unesco sobre violencia y derechos humanos. Ha publicado las monografías "La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación" (Dykinson, 2001 y 2010) y “Claves para entender los nuevos derechos humanos” (Los Libros de la Catarata, 2011), así como un buen número de libros en coautoría, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos y bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la paz, los derechos de las mujeres, el terrorismo y sus víctimas, justicia restaurativa y justicia transicional.

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Argumentos contra la gestación subrogada en su versión "altruista"

Es obvio que la gestación subrogada tiene que ser todavía muy discutida en nuestro país, y que esa discusión la tienen que protagonizar, fundamentalmente, las mujeres, porque cuando hablamos de gestación, hablamos de sus cuerpos; del uso de esas funciones biológicas de concepción, gestación y parto que solo tienen las mujeres, sea o no sea tal uso gratuito, y sean o no sean varones los llamados padres de intención.

Normalmente, en España, quienes defienden la GS apuestan sólo por su versión "altruista" con compensación económica y con ciertas restricciones. En estos casos se habla de donación, en el presupuesto de que esta transacción se sitúa fuera del mercado y de que, por tanto, no hay explotación económica de la gestante. La gestación subrogada, se dice, es una Técnica de Reproducción Asistida en la que una mujer hace donación de la capacidad gestacional de su útero a fin de que otra persona o personas puedan tener hijos.

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El PSOE y sus derechos sociales a la baja

En la última encuesta del CIS, en la que se mostraron algunos signos alentadores para el Partido Socialista (a pesar de la crisis de credibilidad que padece tras el golpe letal del 1 de octubre), se mostró también que el líder de su gestora, Javier Fernández, era más valorado por la derecha que por sus propios votantes porque, como es lógico, los votantes de la derecha no apreciaban grandes distancias ideológicas entre el PSOE y el Partido Popular. Consciente de tal proximidad, el PSOE ha presentado en el Congreso un alud increíble de iniciativas que ha sacado a gran velocidad de sus cajones, y se ha propuesto firmemente marcarle la agenda a Unidos Podemos/Confluencias, sobre todo en el terreno que han considerado tradicionalmente podemita.

El PSOE ha gesticulado e hiperventilado en su afán de marcar distancias con el Partido Popular que, demasiadas veces, se ha dedicado a pasarle la mano por el lomo, y quiere recuperar a su electorado demostrando, con los hechos, que ha merecido la pena regalarle el gobierno a Rajoy, y que fulminarse a Pedro Sánchez en 24 horas, obligándole incluso a abandonar su escaño, era el precio que había que pagar por hacer ahora una oposición operativa y "responsable".

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El conservadurismo del PP y su lucha contra las mujeres

Aunque el feminismo es plural y no es ni puede ser patrimonio de nadie, parece evidente que, en la práctica, los gobiernos conservadores, incluso en su faz liberal-conservadora, han supuesto un golpe desastroso y letal en la vida de las mujeres. La obsesión por una meritocracia mal entendida, sin mayores correcciones en los puntos de partida, el desmantelamiento de ciertas políticas sociales, el abierto desdén por las acciones afirmativas, la tajante división público-privado, la protección de la familia heteropatriarcal, la conservación de la cultura en su versión más reaccionaria, la alianza con las iglesias y los poderes establecidos, la protección de las élites o el clasismo, han sido marcas indelebles del conservadurismo político, y han obligado a retroceder a las mujeres no pocas veces en la historia. Los gobiernos conservadores se han debatido a menudo entre la indiferencia, el desprecio y el insulto hacia las mujeres, a las que han visto, fundamentalmente, como reproductoras y "reinas" del hogar.

En nuestro país los sucesivos gobiernos del PP se han situado abiertamente en esta órbita por más que Esperanza Aguirre o Andrea Levy hayan querido enarbolarse como luchadoras por la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, sin que se haya sabido jamás que han querido decir con eso. El PP presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de igualdad y también contra la ley del aborto de Zapatero; ha marginado a las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida; ha legislado contra la prostitución sancionando a las prostitutas; ha protegido los desmanes misóginos de la casta eclesiástica, sus publicaciones, su presencia pública y sus proyectos educativos; ha vaciado de contenido presupuestario la ley contra la violencia de género; y ha apostado por una política de recortes que se ha cebado con las mujeres (el porcentaje de trabajadoras pobres en nuestro país (12,2%) sólo es superado, en la UE, por el que se registra en Rumanía - 15,3%). Y esto son solo algunas perlas de su inigualable política "igualitaria".

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(Re)municipalizar para recuperar lo nuestro

Arenys de Munt, el Figaró-Montmany, la Granada, Alfés, Vilaba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Montornès del Vallès, Puigverd d'Agramunt, Foixá, Collbató, Vilagrassa y Olèrdola. Son doce los municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde el 2010, y a esa lista se han de sumar otros casos en España, como los de Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba), Teo (Compostela) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado también el camino hacia la gestión directa del agua que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Agbar ha venido administrando de manera irregular desde hace más de un siglo, y a Barcelona se empiezan a unir también grandes ciudades como Valladolid, A Coruña, Santiago de Compostela, Vitoria, Sevilla, Zaragoza o Madrid.

Algunas organizaciones como la Red Agua Pública Aigua es vida han estado detrás de estos procesos elaborando, incluso, una "Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua", porque nada es posible sin la presión ciudadana. El encuentro de las ciudades por el agua pública, protagonizado por alcaldes y alcaldesas de diferentes lugares de España, defendió el agua como bien común y bien público, en línea con viejas iniciativas de ámbito internacional, como la que representó en su momento la Carta Europea de los bienes comunes o la Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos; con la propia Asamblea de la ONU, que en 2010 ya declaró que el acceso al agua había de consolidarse como un derecho fundamental; y con la Observación nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C. 12/2002/11) que hace tiempo nos dijo que la gestión del agua como bien común tenía que ser descentralizada y someterse a ciertos principios: disponibilidad, calidad, accesibilidad (física y económica), no discriminación, y acceso a la información.

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Una ventana de oportunidad para los procesos constituyentes

Hace más de un año que Rajoy coquetea con la idea de abordar una reforma constitucional que funcione como un cierre autodefensivo de la parte más regresiva del sistema, y que se entiende muy bien a partir de las políticas destituyentes que el propio PP ha puesto en práctica en estos años, con la complicidad, en muchos casos, del mismísimo Tribunal Constitucional. Ahí está, como una muestra, la ley de régimen local, que, combinada adecuadamente con el art. 135, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el sacrosanto memorándum europeo, resulta demoledora; la LOMCE, cuya paralización ha pretendido vetar el Gobierno en estos días; los recortes al régimen de la Seguridad Social, la dependencia y las pensiones; la reforma laboral; la reforma del Código Penal y la ley de seguridad ciudadana; el Real Decreto-ley de RTVE; la reforma del Consejo General del Poder Judicial; la amnistía fiscal; la ley antidesahucios; la ley de costas... por mencionar solo lo más granado. Vaya, ahí está, negro sobre blanco, lo que puede depararnos una reforma constitucional orquestada por el PP, con o sin la colaboración de sus aliados, porque tal colaboración tampoco mejoraría tanto el panorama.

Y es que las propuestas de reforma constitucional que en su momento plantearon el PSOE y Ciudadanos, no son para lanzar campanas al vuelo. La propuesta de Ciudadanos es claramente recentralizadora, y el federalismo simétrico y vago que el PSOE lleva por bandera ni nos dice mucho sobre la distribución de competencias y el sistema de financiación de las CCAA, ni tiene en cuenta la diferente vocación política de autogobierno de las distintas comunidades.

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Feminizar la política

Cuando algunas feministas reivindicamos la feminización de la política lo que queremos es una política organizada en torno a la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Una política que ponga lo relacional en el centro, que se oriente a construir formas estables de lo común, facilite encuentros, sincronice ritmos. Una política en la que el poder no se ejerza verticalmente sobre los otros, sino con los otros (Petra Kelly); un "liderazgo transformacional" que fomente el trabajo en equipo, la horizontalidad, la participación y el poder compartido.

Cuando hablamos de feminización de la política, hablamos de garantizar derechos sociales que se orienten a cubrir necesidades básicas, y no solo a asegurar el acceso privado al consumo; que se construyan a partir de nuestra radical vulnerabilidad, y que no se articulen en el vacío, sino a partir de la comunidad que somos y que queremos ser, a partir de un relato y un imaginario común. Porque no entendemos la política únicamente como el arte de administrar los recursos de forma calculada, ni como una actividad administrativa y managerial, propia de la cultura neoliberal, sino también como una actividad orientada a cultivar la solidaridad, las emociones positivas y los sentimientos morales; como esa cosmovisión que refleja el modo en el que las personas viven y se reconocen, y donde el miedo al otro y las psicopatías sociales pueden ser sustituidas por una identidad común más incluyente y más amable. Cuando hablamos de feminización de la política, hablamos de una identidad narrativa porque pensamos que, como señala Honneth, nuestro proyecto de realización personal depende de nuestra capacidad de (re)conocer y (re)construir una relación de reconocimiento con el mundo, y sin tal reconocimiento, no es posible ni la autoconsciencia, ni la autoestima.

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El revival antiabortista del Partido Popular

Julia de Micheo es la nueva jefa de gabinete de la ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, una de las diputadas que apostaba por derogar completamente la ley del aborto de Zapatero y por imponer la de Gallardón; una de las que apoyó con su firma la concentración pro-vida de 2014; alguien que confesó en una entrevista de la Gaceta.com que deseaba que el PP fuera pro-vida; ferviente miembro del Opus Dei en perseverante cruzada, como su mentor Federico Trillo, que coordinó la elaboración del recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley socialista.

Este recurso de inconstitucionalidad siempre ha funcionado como un as en la manga que podía activar en cualquier momento el Partido Popular, que le permitió eludir el coste electoral que le suponía la ley de Gallardón (inútil excepto para provocar su dimisión), aparentar progresía y modernidad, y hacernos creer que habíamos ganado una guerra que, en la práctica, había sido postergada a la espera de una situación más favorable –Tribunal Constitucional mediante (¿la investidura de Rajoy, por ejemplo?)–.

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El Tribunal Constitucional frente a la pobreza y la exclusión social

Ya lo sabíamos, pero ahora lo tenemos más claro. No han sido las clases medias las que más se han empobrecido con la crisis, ha sido el 20% más pobre de la población española el que más renta ha perdido en estos años, lo que significa, simplemente, que en España los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres, y que la brecha entre unos y otros aumentará en tanto y en cuanto el sistema no se corrija.

Los datos son ya suficientemente espeluznantes y el panorama no tiene visos de mejorar: según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en nuestro país hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión y de esos 13 millones, 3,5 se encuentran en una situación de pobreza severa. El problema es que, aun con todo, el Partido Popular sigue gobernando en nuestro país, y el Tribunal Constitucional, supuesto garante de nuestros derechos, también de nuestros derechos sociales, se sigue dedicando a blanquear las medidas depredadoras de este Ejecutivo.

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PSOE a tierra: el precio de no entender

Se mire por donde se mire, con su abstención, técnica, estratégica, ideológica, total, parcial, o mediopensionista,  el PSOE está dispuesto a cambiar hoy gobernabilidad por impunidad facilitando el gobierno corrupto, antisocial y autoritario del sr. registrador en funciones. Visto que las terceras elecciones serían para el partido una orgía de "muerte y destrucción", su pasokización sin paliativos, el PSOE ha juzgado esta inmolación como un mal menor en la vana idea de resurgir de sus cenizas en el futuro, saliendo de su propia ciénaga como el barón de Münchhausen.

Sin embargo, la situación que el PSOE tiene que enfrentar se antoja más difícil de lo que imaginan algunos, porque para resolver su crisis interna los socialistas tendrían que entender primero, al menos, un par de situaciones críticas que ni han entendido, ni quieren entender: la crisis territorial y el eje nacional, y la crisis de representación democrática.

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Un Congreso falocéntrico y dominado por varones

Hace un par de días supimos, gracias a este diario, que  solo una de cada cuatro comisiones de las Cortes está presidida por una mujer (24% en el caso del Congreso y 27% en el caso del Senado); que el porcentaje de presidentas en comisión no se corresponde con la representación global de las mujeres en el Congreso; y que no hay paridad en ninguno de los puestos de responsabilidad de los órganos básicos de organización de las Cámaras (más allá de la Mesa del Congreso en la que hay más mujeres que hombres).

Tras la entrada en vigor de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2008-2011), el porcentaje de mujeres en el Parlamento pasó de 36% a 36,3%. La escasísima subida se debió entonces a que las mujeres estaban situadas en posiciones en las que eran más difícilmente elegibles, y esto es algo que todavía no se ha logrado superar del todo. La cuestión es que, aunque la LOIMH obliga a todas las formaciones políticas al equilibrio del 60%-40% en cada tramo de cinco candidatos y candidatas en sus respectivas listas electorales, no dice nada en relación a los/las cabezas de listas, de manera que en un sistema político tan patriarcal como el nuestro, las mujeres acaban encontrando aquí un auténtico handicap en las elecciones legislativas. La prueba es que hoy, después de varios años y algunos ajustes, la representación de las mujeres en el Congreso no supera un ridículo 39%, y sigue siendo resistida por algunos partidos antiparidad, como el Partido Popular, que recurrió la LOIMH ante el Tribunal Constitucional porque, a su juicio, violaba la autonomía de los partidos (sí, sí, esas máquinas oligárquicas lideradas por varones antes y después de la nueva política).

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