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María Eugenia R. Palop

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la citada Universidad. En este último Instituto dirige la Cátedra Norberto Bobbio de “Igualdad y No discriminación”, el Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra Unesco sobre violencia y derechos humanos. Ha publicado las monografías "La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación" (Dykinson, 2001 y 2010) y “Claves para entender los nuevos derechos humanos” (Los Libros de la Catarata, 2011), así como un buen número de libros en coautoría, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos y bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la paz, los derechos de las mujeres, el terrorismo y sus víctimas, justicia restaurativa y justicia transicional.

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¿Derechos a la catalana?

La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república entrará en vigor si el resultado del referéndum 1-O es positivo, aunque su vigencia será limitada y podrá reformarse después con la mayoría absoluta del Parlament. Una ley que se presenta hoy como una proto-constitución para Catalunya y que suple en buena parte la ausencia de aquel proceso constituyente y aquella Constitución que los independentistas prometieron a los catalanes en un contexto y con un equilibrio de fuerzas muy similar al actual. Esta misma promesa se recoge ahora como una nueva hoja de ruta que miramos con atención quienes hemos venido defendiendo la necesidad de iniciar procesos constituyentes en diferentes territorios de España. La miramos con atención, aun a sabiendas de que esta ley obedece también a una estrategia política y al cálculo electoral que exigen las repetidas y muy probables anticipadas en clave plesbicitaria .

Lo cierto es que, más allá de esto, no puede negarse que la Llei de transitorietat ha logrado recoger algunas justas reivindicaciones que en estos años han protagonizado muchos movimientos sociales en todo el país, con especial incidencia en Catalunya, aunque, en su articulación institucional, resulte bastante conservadora y continuista, y no se proponga subsanar parte de los errores, abusos y desaguisados que hemos venido sufriendo los españoles desde que gobierna el Partido Popular. 

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Un consenso de mínimos sobre violencia de género

En el año 2013, en su informe “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, la Organización Mundial de la Salud calificó la violencia contra las mujeres de “auténtica pandemia”; un problema de salud pública que teníamos que encarar seriamente a nivel mundial y que no se limitaba únicamente a la violencia que sobre las mujeres ejercían sus parejas o exparejas.

Un año más tarde, en su encuesta sobre la violencia contra las mujeres en la Unión Europea, la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) hacía públicos unos datos espeluznantes: 13 millones de mujeres con edades de entre 18-74 años habían experimentado violencia física durante los 12 meses previos a la encuesta; 3,7 millones habían sufrido violencia sexual; una de cada 20 mujeres había sido violada desde los 15 años de edad; el 18% de las mujeres de la UE habían sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad; y el 12% de las encuestadas habían padecido alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto antes de los 15 años de edad, lo que equivaldría a 21 millones de mujeres en la Unión Europea.

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Referéndum del 1-O: ¿fin de la historia o nuevas anticipadas en clave plebiscitaria?

En el conflicto que hoy ha abierto en Catalunya el referéndum del 1-O son pocos los que niegan la legitimidad del derecho a decidir, entendido como la máxima expresión del autogobierno y vinculado siempre a un incuestionable principio democrático. Ciertamente, el derecho a decidir no está recogido como tal en ninguna norma jurídica (a diferencia del derecho de autodeterminación) más allá de lo que puede leerse en la STC 42/2014 sobre la Declaración de Soberanía del Pueblo de Catalunya, que lo define como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. También es cierto que desde el punto de vista del Derecho Internacional, Catalunya, al no ser un pueblo políticamente soberano (dado que su autodeterminación no es ajena a la del pueblo español), no puede decidir unilateralmente rompiendo la integridad del Estado (desconexión) salvo mediante un acuerdo bilateral. Y aunque la casuística es amplia, y las interpretaciones pueden ser variadas, no parece que el caso del referéndum del 1-O pueda equipararse, sin más, a los casos de Québec, Escocia o Kosovo, por citar los más emblemáticos.

Con todo, no hay ninguna duda de que el derecho a decidir es una reivindicación legítima que si no puede ejercerse con garantías es porque en España el Gobierno central lleva décadas cortocircuitándolo, tanto en Catalunya como en el País Vasco.

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La gestación subrogada en el Estado high-tech con el que sueña Ciudadanos

Ciudadanos presentó este martes su Proposición de Ley para regular lo que llaman "el derecho a la gestación por subrogación", una denominación que es, en sí misma, más que discutible porque, por una parte, presupone derechos donde ni los hay, ni los puede haber, y, por otra, malversa el contenido esencial de los derechos que se reconocen.

¿Cuál es el derecho sobre el que bascula esta regulación? Según la Proposición de Ley, hablamos del derecho que "asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación de otra [persona], para constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a favor de los subrogantes".  Pero, ¿qué derecho asiste a los comitentes?

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La moción de censura y la consolidación política de Unidos Podemos

La moción de censura que ha presentado Unidos Podemos al presidente del Gobierno ha sido la escenificación de una rendición de cuentas democrática para la que el PP había clausurado todo tipo de salidas, usando y abusando de su poder gubernamental, condenando al Parlamento al ostracismo y a la asfixia, y retorciendo el funcionamiento de la democracia para ponerla al servicio de sus intereses partidarios. La moción ha servido también para abrir un juicio sumarísimo al Partido Popular por el modo en que ha degradado la vida política e institucional de este país, por su corrupción endémica, sus delitos y sus extorsiones, su autoritarismo, sus recortes, y la violación sistemática y programada de cuantos derechos tenemos reconocidos en el texto constitucional.

Con todo, lo más interesante que ha sucedido en estos días no ha sido esto. Lo más interesante es que Unidos Podemos ha logrado desmontar, al menos, dos relatos pretendidamente hegemónicos que se han mostrado tan débiles como falaces.

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Un Pacto de Estado por la Justicia contra el inmenso lodazal del Partido Popular

En este país tenemos una justicia lenta, que está señalando juicios para el 2020, con un modelo organizativo anticuado y con jueces explotados y precarizados. España tiene unos 5.500 jueces en activo; 12'5 por cada 100.000 habitantes, frente a los 21'6 de media que se tienen en la Unión Europea. De modo que, lógicamente, entre la ciudadanía se ha extendido una enorme desconfianza ante el poder judicial y una sensación de desprotección frente a las veleidades del Gobierno que resultan sumamente nocivas para todos.

Hace tiempo que algunos jueces piden una auditoría externa que haga un diagnóstico a fondo, y que sea fiable, y hace tiempo también que se exige un Pacto de Estado por la Justicia, que garantice una estructura estable, buenos mecanismos de control, públicos y eficaces, sin los que, sencillamente, no puede hablarse ni de un Estado de Derecho, ni de un orden democrático.

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La Disposición 27 de los Presupuestos enfrenta a municipios y trabajadores

Hace unos días los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Coruña y Terrassa suscribieron una declaración municipalista para denunciar las limitaciones que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2017 impone a la autonomía local y a su financiación. En tal declaración ciudades de diferente color político pidieron al Estado que aumentara sus aportaciones a las entidades locales y retirara las disposiciones adicionales 27 y 35, que suponen un grave obstáculo a la gestión directa de servicios. Una gestión que se ha demostrado más eficiente, democrática, igualitaria y transparente que la gestión privada, tras la que se han ocultado durante años buena parte de las empresas asociadas a la trama corrupta del Partido Popular, entre otros. De hecho, los casos que estamos viendo de comisiones ilegales, contrataciones irregulares y adjudicaciones absolutamente discrecionales, no se explican si no es en el contexto de la externalización y la privatización de los servicios públicos.

A estas alturas no hay duda de que la gestión directa de los servicios permite una atención ciudadana más planificada, regulada y participada. Esto es lo que muestran las últimas encuestas en las que los municipios que han optado por las remunicipalizaciones han recibido un amplio respaldo popular. Y lo demuestran también los datos del propio Ministerio de Hacienda, porque en 2016 las administraciones locales generaron un superávit de 7.083 millones de euros, un 0,64% del PIB, y su nivel de deuda no alcanzó el límite marcado del 3% del PIB, mientras la deuda consolidada de todas las administraciones rozaba claramente el 100%. A pesar de esto, a la local es a la única administración a la que se le sigue exigiendo un objetivo de déficit del 0%. 

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Una moción de censura no es ninguna locura

Que la Constitución del 78 alteró el equilibrio de poderes en favor del Ejecutivo es una verdad incontestable que hemos venido sufriendo a lo largo de estas décadas como si fuera un designio divino.

Frente a la Constitución del 31, que establecía un Parlamento unicameral fuerte y un ejecutivo bicéfalo (presidente de la República y Gobierno), la del 78 optó abiertamente por la gobernabilidad (la alternancia de partidos mayoritarios) frente a la legitimidad democrática, consagrando el bicameralismo y el bipartidismo. Y en el lugar de la moción de censura destructiva que contemplaba la Constitución republicana, colocó una moción constructiva que frenaba la tentativa parlamentaria de embridar a un Gobierno descontrolado. Nuestra Constitución "democrática" vino a garantizar más Gobierno y menos Parlamento, haciendo depender del primero, además, la concreción de una buena parte de los preceptos constitucionales que consagraban derechos sociales, y concediéndole competencias legislativas de las que ha abusado frecuentemente a base de decretazos.

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La corrupción endémica del Partido Popular: por favor, desalojen y circulen

La Audiencia Nacional ha citado a Rajoy para que declare como testigo en el juicio del caso Gürtel, después de haber rechazado la petición en dos ocasiones, y con la oposición explícita de la Fiscalía y el abogado del PP. Según ellos, Rajoy no puede aportar nada y su declaración podría ser, incluso, "absolutamente perturbadora". Como cuenta muy bien Ignacio Escolar, el PP se ha dedicado sin descanso a torpedear el juicio de la Gürtel, cuya nulidad solicitó sin éxito hace solo tres meses, aunque sabemos que Rajoy no sabía nada. Así que ahora pocos esperan ya que eso cambie.

Tenemos tan interiorizada la España pepera del "no me consta" que no aspiramos a otra cosa. Estamos convencidos de que, gesticule quien gesticule, Rajoy no sabrá nada y no comparecerá ante el Parlamento, como ha solicitado Unidos Podemos, eludiendo así sus responsabilidades políticas que son, las que tiene, sin ninguna duda. En fin, ellos son así, y para mucha gente su permanente inclinación a la impunidad y a las actitudes chulescas forma parte del paisaje.

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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

Decía Adorno que "dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad", pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

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