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María Eugenia R. Palop

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la citada Universidad. En este último Instituto dirige la Cátedra Norberto Bobbio de “Igualdad y No discriminación”, el Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra Unesco sobre violencia y derechos humanos. Ha publicado las monografías "La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación" (Dykinson, 2001 y 2010) y “Claves para entender los nuevos derechos humanos” (Los Libros de la Catarata, 2011), así como un buen número de libros en coautoría, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos y bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la paz, los derechos de las mujeres, el terrorismo y sus víctimas, justicia restaurativa y justicia transicional.

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La Disposición 27 de los Presupuestos enfrenta a municipios y trabajadores

Hace unos días los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Coruña y Terrassa suscribieron una declaración municipalista para denunciar las limitaciones que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2017 impone a la autonomía local y a su financiación. En tal declaración ciudades de diferente color político pidieron al Estado que aumentara sus aportaciones a las entidades locales y retirara las disposiciones adicionales 27 y 35, que suponen un grave obstáculo a la gestión directa de servicios. Una gestión que se ha demostrado más eficiente, democrática, igualitaria y transparente que la gestión privada, tras la que se han ocultado durante años buena parte de las empresas asociadas a la trama corrupta del Partido Popular, entre otros. De hecho, los casos que estamos viendo de comisiones ilegales, contrataciones irregulares y adjudicaciones absolutamente discrecionales, no se explican si no es en el contexto de la externalización y la privatización de los servicios públicos.

A estas alturas no hay duda de que la gestión directa de los servicios permite una atención ciudadana más planificada, regulada y participada. Esto es lo que muestran las últimas encuestas en las que los municipios que han optado por las remunicipalizaciones han recibido un amplio respaldo popular. Y lo demuestran también los datos del propio Ministerio de Hacienda, porque en 2016 las administraciones locales generaron un superávit de 7.083 millones de euros, un 0,64% del PIB, y su nivel de deuda no alcanzó el límite marcado del 3% del PIB, mientras la deuda consolidada de todas las administraciones rozaba claramente el 100%. A pesar de esto, a la local es a la única administración a la que se le sigue exigiendo un objetivo de déficit del 0%. 

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Una moción de censura no es ninguna locura

Que la Constitución del 78 alteró el equilibrio de poderes en favor del Ejecutivo es una verdad incontestable que hemos venido sufriendo a lo largo de estas décadas como si fuera un designio divino.

Frente a la Constitución del 31, que establecía un Parlamento unicameral fuerte y un ejecutivo bicéfalo (presidente de la República y Gobierno), la del 78 optó abiertamente por la gobernabilidad (la alternancia de partidos mayoritarios) frente a la legitimidad democrática, consagrando el bicameralismo y el bipartidismo. Y en el lugar de la moción de censura destructiva que contemplaba la Constitución republicana, colocó una moción constructiva que frenaba la tentativa parlamentaria de embridar a un Gobierno descontrolado. Nuestra Constitución "democrática" vino a garantizar más Gobierno y menos Parlamento, haciendo depender del primero, además, la concreción de una buena parte de los preceptos constitucionales que consagraban derechos sociales, y concediéndole competencias legislativas de las que ha abusado frecuentemente a base de decretazos.

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La corrupción endémica del Partido Popular: por favor, desalojen y circulen

La Audiencia Nacional ha citado a Rajoy para que declare como testigo en el juicio del caso Gürtel, después de haber rechazado la petición en dos ocasiones, y con la oposición explícita de la Fiscalía y el abogado del PP. Según ellos, Rajoy no puede aportar nada y su declaración podría ser, incluso, "absolutamente perturbadora". Como cuenta muy bien Ignacio Escolar, el PP se ha dedicado sin descanso a torpedear el juicio de la Gürtel, cuya nulidad solicitó sin éxito hace solo tres meses, aunque sabemos que Rajoy no sabía nada. Así que ahora pocos esperan ya que eso cambie.

Tenemos tan interiorizada la España pepera del "no me consta" que no aspiramos a otra cosa. Estamos convencidos de que, gesticule quien gesticule, Rajoy no sabrá nada y no comparecerá ante el Parlamento, como ha solicitado Unidos Podemos, eludiendo así sus responsabilidades políticas que son, las que tiene, sin ninguna duda. En fin, ellos son así, y para mucha gente su permanente inclinación a la impunidad y a las actitudes chulescas forma parte del paisaje.

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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

Decía Adorno que "dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad", pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

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Argumentos contra la gestación subrogada en su versión "altruista"

Es obvio que la gestación subrogada tiene que ser todavía muy discutida en nuestro país, y que esa discusión la tienen que protagonizar, fundamentalmente, las mujeres, porque cuando hablamos de gestación, hablamos de sus cuerpos; del uso de esas funciones biológicas de concepción, gestación y parto que solo tienen las mujeres, sea o no sea tal uso gratuito, y sean o no sean varones los llamados padres de intención.

Normalmente, en España, quienes defienden la GS apuestan sólo por su versión "altruista" con compensación económica y con ciertas restricciones. En estos casos se habla de donación, en el presupuesto de que esta transacción se sitúa fuera del mercado y de que, por tanto, no hay explotación económica de la gestante. La gestación subrogada, se dice, es una Técnica de Reproducción Asistida en la que una mujer hace donación de la capacidad gestacional de su útero a fin de que otra persona o personas puedan tener hijos.

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El PSOE y sus derechos sociales a la baja

En la última encuesta del CIS, en la que se mostraron algunos signos alentadores para el Partido Socialista (a pesar de la crisis de credibilidad que padece tras el golpe letal del 1 de octubre), se mostró también que el líder de su gestora, Javier Fernández, era más valorado por la derecha que por sus propios votantes porque, como es lógico, los votantes de la derecha no apreciaban grandes distancias ideológicas entre el PSOE y el Partido Popular. Consciente de tal proximidad, el PSOE ha presentado en el Congreso un alud increíble de iniciativas que ha sacado a gran velocidad de sus cajones, y se ha propuesto firmemente marcarle la agenda a Unidos Podemos/Confluencias, sobre todo en el terreno que han considerado tradicionalmente podemita.

El PSOE ha gesticulado e hiperventilado en su afán de marcar distancias con el Partido Popular que, demasiadas veces, se ha dedicado a pasarle la mano por el lomo, y quiere recuperar a su electorado demostrando, con los hechos, que ha merecido la pena regalarle el gobierno a Rajoy, y que fulminarse a Pedro Sánchez en 24 horas, obligándole incluso a abandonar su escaño, era el precio que había que pagar por hacer ahora una oposición operativa y "responsable".

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El conservadurismo del PP y su lucha contra las mujeres

Aunque el feminismo es plural y no es ni puede ser patrimonio de nadie, parece evidente que, en la práctica, los gobiernos conservadores, incluso en su faz liberal-conservadora, han supuesto un golpe desastroso y letal en la vida de las mujeres. La obsesión por una meritocracia mal entendida, sin mayores correcciones en los puntos de partida, el desmantelamiento de ciertas políticas sociales, el abierto desdén por las acciones afirmativas, la tajante división público-privado, la protección de la familia heteropatriarcal, la conservación de la cultura en su versión más reaccionaria, la alianza con las iglesias y los poderes establecidos, la protección de las élites o el clasismo, han sido marcas indelebles del conservadurismo político, y han obligado a retroceder a las mujeres no pocas veces en la historia. Los gobiernos conservadores se han debatido a menudo entre la indiferencia, el desprecio y el insulto hacia las mujeres, a las que han visto, fundamentalmente, como reproductoras y "reinas" del hogar.

En nuestro país los sucesivos gobiernos del PP se han situado abiertamente en esta órbita por más que Esperanza Aguirre o Andrea Levy hayan querido enarbolarse como luchadoras por la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, sin que se haya sabido jamás que han querido decir con eso. El PP presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de igualdad y también contra la ley del aborto de Zapatero; ha marginado a las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida; ha legislado contra la prostitución sancionando a las prostitutas; ha protegido los desmanes misóginos de la casta eclesiástica, sus publicaciones, su presencia pública y sus proyectos educativos; ha vaciado de contenido presupuestario la ley contra la violencia de género; y ha apostado por una política de recortes que se ha cebado con las mujeres (el porcentaje de trabajadoras pobres en nuestro país (12,2%) sólo es superado, en la UE, por el que se registra en Rumanía - 15,3%). Y esto son solo algunas perlas de su inigualable política "igualitaria".

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(Re)municipalizar para recuperar lo nuestro

Arenys de Munt, el Figaró-Montmany, la Granada, Alfés, Vilaba Sasserra, Santa Maria de Palautordera, Montornès del Vallès, Puigverd d'Agramunt, Foixá, Collbató, Vilagrassa y Olèrdola. Son doce los municipios catalanes que han remunicipalizado la gestión del agua desde el 2010, y a esa lista se han de sumar otros casos en España, como los de Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Lucena (Córdoba), Teo (Compostela) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado también el camino hacia la gestión directa del agua que, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Agbar ha venido administrando de manera irregular desde hace más de un siglo, y a Barcelona se empiezan a unir también grandes ciudades como Valladolid, A Coruña, Santiago de Compostela, Vitoria, Sevilla, Zaragoza o Madrid.

Algunas organizaciones como la Red Agua Pública Aigua es vida han estado detrás de estos procesos elaborando, incluso, una "Guía práctica para caminar hacia una gestión no mercantil y democrática del agua", porque nada es posible sin la presión ciudadana. El encuentro de las ciudades por el agua pública, protagonizado por alcaldes y alcaldesas de diferentes lugares de España, defendió el agua como bien común y bien público, en línea con viejas iniciativas de ámbito internacional, como la que representó en su momento la Carta Europea de los bienes comunes o la Comisión Rodotà para la Reforma de los Bienes Públicos; con la propia Asamblea de la ONU, que en 2010 ya declaró que el acceso al agua había de consolidarse como un derecho fundamental; y con la Observación nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C. 12/2002/11) que hace tiempo nos dijo que la gestión del agua como bien común tenía que ser descentralizada y someterse a ciertos principios: disponibilidad, calidad, accesibilidad (física y económica), no discriminación, y acceso a la información.

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Una ventana de oportunidad para los procesos constituyentes

Hace más de un año que Rajoy coquetea con la idea de abordar una reforma constitucional que funcione como un cierre autodefensivo de la parte más regresiva del sistema, y que se entiende muy bien a partir de las políticas destituyentes que el propio PP ha puesto en práctica en estos años, con la complicidad, en muchos casos, del mismísimo Tribunal Constitucional. Ahí está, como una muestra, la ley de régimen local, que, combinada adecuadamente con el art. 135, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el sacrosanto memorándum europeo, resulta demoledora; la LOMCE, cuya paralización ha pretendido vetar el Gobierno en estos días; los recortes al régimen de la Seguridad Social, la dependencia y las pensiones; la reforma laboral; la reforma del Código Penal y la ley de seguridad ciudadana; el Real Decreto-ley de RTVE; la reforma del Consejo General del Poder Judicial; la amnistía fiscal; la ley antidesahucios; la ley de costas... por mencionar solo lo más granado. Vaya, ahí está, negro sobre blanco, lo que puede depararnos una reforma constitucional orquestada por el PP, con o sin la colaboración de sus aliados, porque tal colaboración tampoco mejoraría tanto el panorama.

Y es que las propuestas de reforma constitucional que en su momento plantearon el PSOE y Ciudadanos, no son para lanzar campanas al vuelo. La propuesta de Ciudadanos es claramente recentralizadora, y el federalismo simétrico y vago que el PSOE lleva por bandera ni nos dice mucho sobre la distribución de competencias y el sistema de financiación de las CCAA, ni tiene en cuenta la diferente vocación política de autogobierno de las distintas comunidades.

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Feminizar la política

Cuando algunas feministas reivindicamos la feminización de la política lo que queremos es una política organizada en torno a la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. Una política que ponga lo relacional en el centro, que se oriente a construir formas estables de lo común, facilite encuentros, sincronice ritmos. Una política en la que el poder no se ejerza verticalmente sobre los otros, sino con los otros (Petra Kelly); un "liderazgo transformacional" que fomente el trabajo en equipo, la horizontalidad, la participación y el poder compartido.

Cuando hablamos de feminización de la política, hablamos de garantizar derechos sociales que se orienten a cubrir necesidades básicas, y no solo a asegurar el acceso privado al consumo; que se construyan a partir de nuestra radical vulnerabilidad, y que no se articulen en el vacío, sino a partir de la comunidad que somos y que queremos ser, a partir de un relato y un imaginario común. Porque no entendemos la política únicamente como el arte de administrar los recursos de forma calculada, ni como una actividad administrativa y managerial, propia de la cultura neoliberal, sino también como una actividad orientada a cultivar la solidaridad, las emociones positivas y los sentimientos morales; como esa cosmovisión que refleja el modo en el que las personas viven y se reconocen, y donde el miedo al otro y las psicopatías sociales pueden ser sustituidas por una identidad común más incluyente y más amable. Cuando hablamos de feminización de la política, hablamos de una identidad narrativa porque pensamos que, como señala Honneth, nuestro proyecto de realización personal depende de nuestra capacidad de (re)conocer y (re)construir una relación de reconocimiento con el mundo, y sin tal reconocimiento, no es posible ni la autoconsciencia, ni la autoestima.

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