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María Eugenia R. Palop

Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de Estudios de Género y en el Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas” de la citada Universidad. En este último Instituto dirige la Cátedra Norberto Bobbio de “Igualdad y No discriminación”, el Grupo de Estudios Feministas y la Cátedra Unesco sobre violencia y derechos humanos. Ha publicado las monografías "La nueva generación de derechos humanos. Origen y justificación" (Dykinson, 2001 y 2010) y “Claves para entender los nuevos derechos humanos” (Los Libros de la Catarata, 2011), así como un buen número de libros en coautoría, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos y bienes comunes, ecología, feminismo, republicanismo, el derecho al medio ambiente, al desarrollo y a la paz, los derechos de las mujeres, el terrorismo y sus víctimas, justicia restaurativa y justicia transicional.

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Mujer, migrante y cuidadora. Víctima de la pobreza y de la violencia machista

Fue salvajemente golpeada y violada en la madrugada del pasado 28 de diciembre en el camino que transcurre por el lateral de las vías del tren en Sant Andreu de Llavaneres, junto a la escollera marítima. Creyéndola muerta, su agresor la arrojó a las rocas del espigón y huyó del lugar. Eran las 7 de la mañana. Todos los días recorría los tres kilómetros que separaban su casa de una de las lujosas viviendas de Llavaneres donde trabajaba como cuidadora de un joven con discapacidad y se ocupaba del servicio doméstico. Su camino diario lo transitaban también muchas personas que a esas horas hacían deporte o paseaban a sus perros, pero al menos tres de ellas no se detuvieron a prestarle auxilio cuando escucharon sus gritos desgarradores y la vieron semidesnuda y desfigurada en el acantilado.

Dice la OMS, que la violencia machista es un problema de salud pública, una auténtica epidemia de dimensiones globales. En 2014, la UE contabilizaba 13 millones de mujeres entre las víctimas de violencia física, y 3,7 millones, entre las de violencia sexual; en la UE, una de cada 20 mujeres ha sido violada antes de los 15 años de edad y, según datos de 2015, en España más de 1,4 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual. Sin embargo, como hemos visto con Diana Quer, Nagore Laffage o el caso de 'la manada', se sigue desplazando la responsabilidad de ellos a ellas, se las culpabiliza por lo que les sucede, y se pone en duda la credibilidad de sus testimonios.  

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Los CIEs y el delito de no ser nadie

Han encontrado ahorcado a un chico argelino de 36 años en el Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona; un Centro que había sido reconvertido ilegalmente en un CIE, pero que siempre fue, solo y exclusivamente, un centro penitenciario. Esto es: un lugar en el que nunca debió encerrarse a más de 500 inmigrantes irregulares porque así lo prohíbe nuestra Ley de Extranjería, el Tribunal Constitucional y el Reglamento que se aplica en los CIEs desde 2014 (un cuerpo normativo bastante minimalista, por cierto, y que no es precisamente un referente en la defensa de los derechos humanos).

Se ha confinado a cientos de personas en instalaciones típicamente carcelarias, bajo la vigilancia de la Unidad de Intervención Policial, y sin considerar siquiera que entre ellas había menores de edad no acompañados sobre los que recaía una orden de expulsión tan ilegal como inminente (dos ya habían sido expulsados cuando Naciones Unidas quiso intervenir para evitarlo).

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El 155 y el estado de excepción permanente

Sabemos que Rajoy hubiera aplicado  su particular 155 con o sin DUI, pero el escenario que hubiéramos enfrentado sin la DUI no hubiera sido tan excepcional y dantesco como el que enfrentamos ahora y, desde luego, ni el PSOE hubiera tenido tan fácil ejercer de muletilla del PP, ni el PSC estaría cosechando hoy los jugosos réditos electorales que está cosechando como fruto de ese apoyo. Sin la DUI no habríamos afrontado la imputación penal de un Govern cesado, ni de la Mesa del Parlament, aun con la sorprendente disparidad de criterios que hemos visto en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo respecto al ejercicio del derecho de defensa y a la aplicación de medidas cautelares. Hubiera sido más difícil destituir al Gobierno catalán en pleno, y vulnerar, como se ha vulnerado, tanto el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución (y el sistema desarrollado en su título VIII) como el derecho de participación política de toda la ciudadanía en Catalunya. De hecho, como señala el Síndic de Greuges en un reciente informe, el 155 podría ser impugnado judicialmente por los ciudadanos, en amparo constitucional, más allá del recurso de inconstitucionalidad del que ya han hecho uso algunos parlamentarios.

La combinación DUI / 155 nos ha instalado a todos en un estado de excepción permanente al que, explícitamente, no se le ha puesto ningún límite temporal. Y no solo porque nadie se ha comprometido a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme el nuevo gobierno de la Generalitat, sino porque en el resto de España, el 155 se ha convertido en un estado de ánimo gubernamental, utilizando una expresión de Guillem Martínez. Lo mismo sirve para secuestrar las cuentas de un Ayuntamiento, como el de Madrid, que, para amenazar con tumbar el gobierno legal y legítimo de cualquier Comunidad Autónoma, empezando por Euskadi, Navarra y, curiosamente, Castilla La Mancha, que parecen ser las primeras candidatas para pasar del café para todos, a la represión para todos. Ya lo dijo Zoido, hace unos días en el Senado: “El 155 está vigente para todos”, de manera que cualquiera que tenga un carguillo en el Partido Popular se cree con derecho y potestad no ya para proferir amenazas, sino incluso para aplicar directamente y de forma coercitiva el susodicho articulazo.

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¿Qué esconde la comisión para la reforma territorial?

De la reforma constitucional o de un eventual proceso constituyente llevamos hablando desde hace casi dos años, y aunque no se ha avanzado nada en este tiempo, hoy es evidente que el debate ya no puede contenerse. Necesitamos reflexionar serena y democráticamente sobre nuestra Constitución y sobre el nuevo pacto de convivencia que queremos. Sin embargo, lamentablemente, la conformación de la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico que echó andar hace unas semanas, impulsada por el PSOE con pretensión de reformar la Constitución, se ha producido en el peor de los escenarios posibles; ha nacido lastrada, sin consenso, y con los frenos de emergencia claramente activados.

PDeCAT, ERC, PNV y Unidos Podemos rechazaron participar en la comisión habida cuenta del modo en que se está manejando la cuestión catalana desde el Gobierno central y sus aledaños; Ciudadanos decidió sumarse aunque con expresa desidia y en la idea de que podría ser una “pista de aterrizaje” para los nacionalistas o incluso un premio para los que “han dado un golpe de Estado” ; y el PP dejó claro que no tenía ningún interés en reformar la Constitución, a pesar de ostentar la mayor parte de los cargos en la Mesa que preside la comisión. Su idea es mantener el “consenso” del 78 porque los problemas de España no están en la Constitución, y en ningún caso derivar hacia fórmulas federalistas o hacer mínimas concesiones a los nacionalismos periféricos.

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Ayuntamiento de Madrid: acoso por tierra, mar y aire

El Ministerio de Hacienda envió el pasado 27 de octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía aprobar su Plan Económico Financiero (PEF) a no ser que la Corporación asumiera recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018. Parece que el cálculo que hasta ahora se había hecho de la regla de gasto y que el Ministerio había dado por bueno, se ha descubierto repentinamente erróneo, y ello aunque el Ayuntamiento registra importantes superávits (1000 millones en 2016), ha incrementado su inversión social en un 74% y ha reducido su deuda en 2.070 millones de euros (40%). Una deuda que, por cierto, disparó el mismo Gobierno que ahora interviene investido de austeridad con el único fin (como advirtió hace unos meses) de paralizar la obra pública del Consistorio. La obra pública, repito: esa obsesión que mueve las ambiciones y los resortes más oscuros del Partido en el Gobierno.

Desde luego, no hay que ser muy listo para entender que detener la remodelación de la Gran Vía, la nueva Plaza de España o el Proyecto Madrid Nuevo Norte, no solo este año, sino el siguiente, podría resultar electoralmente rentable al Partido Popular (claramente indigesto desde que está en la oposición). El 2018 estará marcado por la precampaña de las municipales y las autonómicas, y esas elecciones pondrán duramente a prueba la candidatura de Ahora Madrid. Paralizar las obras ahora y recuperar el Ayuntamiento después le daría la oportunidad de retomar sus viejas redes clientelares, tan estrechamente vinculadas al negocio de la construcción, y hacerlo en un Ayuntamiento saneado por sus adversarios políticos, tras haberse templado el ciclón judicial ocasionado por sus casos de corrupción. El control de la Corporación local y la vuelta al ruedo en la Comunidad de Madrid (que no será intervenida aunque ha incrementado su deuda en 5.461 millones de euros), devolvería al Partido Popular a sus mejores años: los años dorados del pelotazo y el nuevorriquismo en una especie de eterna juventud pintando canas.

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Diez razones para resistir al 155 del Partido Popular

Si quieren un compendio de anticonstitucionalidad, un ejemplo del modo en que la Constitución puede usarse contra sí misma, observen atentos la aplicación del artículo 155CE. Les expongo aquí diez razones por las que deberíamos resistir la última exhibición autoritaria del Gobierno y sus acólitos.

Lo cierto es que no ha habido partido más destituyente y anticonstitucionalista en este país que el Partido Popular, que lleva años dedicándose a bombardear con fuego "amigo" la línea de flotación del sistema constitucional del 78 (un sistema que ellos mismos combatieron). De hecho, ha sido el PP el que ha matado de éxito al Tribunal Constitucional, dotándole de unas anómalas competencias ejecutivas que ninguna Constitución podría reconocerle; el que ha mantenido a un Fiscal General del Estado, claramente extralimitado, y reprobado por el Congreso; el que ha destrozado al poder judicial con la reforma del Consejo General del Poder Judicial; el que ha ninguneado a las cámaras legislativas, en España primero, y en Catalunya después; y el que ha forzado la esperpéntica comparecencia del Rey Sol con la que se ha mostrado la irreversible decadencia y la inutilidad sin paliativos de la Corona de España. 

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Catalunya: legalismo autoritario y desobediencia civil

En estos días, el Gobierno de Rajoy se ha propuesto hacer purgas en Catalunya de forma absolutamente desmedida y, claramente, fuera de todo marco legal y constitucional. Su idea es suspender la autonomía de Catalunya sin recurrir al nefasto 155 para no tener que someterse a la supervisión del Senado, ni definir, ni explicar nada. El descontrol del Partido “constitucionalista” es tan escandaloso que muchos sueñan ya con la aplicación de lo que hace poco era considerado una auténtica pesadilla. Las fuerzas de ocupación parecen prestas a tomar el territorio por asalto y a colocar a algún almirante al mando (un imaginario que no nos conviene reforzar), y todo esto sucede frente a los ojos perplejos y estupefactos de las cámaras parlamentarias del Estado.

En la refriega, se está criminalizando sin matices cualquier variante de movilización, se han clausurado espacios municipales en los que se iba a hablar del derecho a decidir, se han prohibido actos, concentraciones y disertaciones, se han perseguido y sancionado puras intenciones y se ha hecho un uso tan extravagante y arbitrario de la “apología del delito” y de la “sedición” que ya nadie puede sentirse seguro.

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¿Derechos a la catalana?

La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república entrará en vigor si el resultado del referéndum 1-O es positivo, aunque su vigencia será limitada y podrá reformarse después con la mayoría absoluta del Parlament. Una ley que se presenta hoy como una proto-constitución para Catalunya y que suple en buena parte la ausencia de aquel proceso constituyente y aquella Constitución que los independentistas prometieron a los catalanes en un contexto y con un equilibrio de fuerzas muy similar al actual. Esta misma promesa se recoge ahora como una nueva hoja de ruta que miramos con atención quienes hemos venido defendiendo la necesidad de iniciar procesos constituyentes en diferentes territorios de España. La miramos con atención, aun a sabiendas de que esta ley obedece también a una estrategia política y al cálculo electoral que exigen las repetidas y muy probables anticipadas en clave plesbicitaria .

Lo cierto es que, más allá de esto, no puede negarse que la Llei de transitorietat ha logrado recoger algunas justas reivindicaciones que en estos años han protagonizado muchos movimientos sociales en todo el país, con especial incidencia en Catalunya, aunque, en su articulación institucional, resulte bastante conservadora y continuista, y no se proponga subsanar parte de los errores, abusos y desaguisados que hemos venido sufriendo los españoles desde que gobierna el Partido Popular. 

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Un consenso de mínimos sobre violencia de género

En el año 2013, en su informe “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, la Organización Mundial de la Salud calificó la violencia contra las mujeres de “auténtica pandemia”; un problema de salud pública que teníamos que encarar seriamente a nivel mundial y que no se limitaba únicamente a la violencia que sobre las mujeres ejercían sus parejas o exparejas.

Un año más tarde, en su encuesta sobre la violencia contra las mujeres en la Unión Europea, la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) hacía públicos unos datos espeluznantes: 13 millones de mujeres con edades de entre 18-74 años habían experimentado violencia física durante los 12 meses previos a la encuesta; 3,7 millones habían sufrido violencia sexual; una de cada 20 mujeres había sido violada desde los 15 años de edad; el 18% de las mujeres de la UE habían sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad; y el 12% de las encuestadas habían padecido alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto antes de los 15 años de edad, lo que equivaldría a 21 millones de mujeres en la Unión Europea.

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Referéndum del 1-O: ¿fin de la historia o nuevas anticipadas en clave plebiscitaria?

En el conflicto que hoy ha abierto en Catalunya el referéndum del 1-O son pocos los que niegan la legitimidad del derecho a decidir, entendido como la máxima expresión del autogobierno y vinculado siempre a un incuestionable principio democrático. Ciertamente, el derecho a decidir no está recogido como tal en ninguna norma jurídica (a diferencia del derecho de autodeterminación) más allá de lo que puede leerse en la STC 42/2014 sobre la Declaración de Soberanía del Pueblo de Catalunya, que lo define como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. También es cierto que desde el punto de vista del Derecho Internacional, Catalunya, al no ser un pueblo políticamente soberano (dado que su autodeterminación no es ajena a la del pueblo español), no puede decidir unilateralmente rompiendo la integridad del Estado (desconexión) salvo mediante un acuerdo bilateral. Y aunque la casuística es amplia, y las interpretaciones pueden ser variadas, no parece que el caso del referéndum del 1-O pueda equipararse, sin más, a los casos de Québec, Escocia o Kosovo, por citar los más emblemáticos.

Con todo, no hay ninguna duda de que el derecho a decidir es una reivindicación legítima que si no puede ejercerse con garantías es porque en España el Gobierno central lleva décadas cortocircuitándolo, tanto en Catalunya como en el País Vasco.

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