La primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas se celebró el pasado 2 de octubre sin ninguna complicación ni denuncia concreta de fraude electoral, según informó el Tribunal Superior Electoral. Con el 48,43% y el 43,20% respectivamente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se dirigen a la segunda vuelta, que se decidirá el 30 de este mes. Sin embargo, para los ideólogos de la extrema derecha estadounidense, los resultados son “extraños”.

Al día siguiente de la votación, sin pruebas, el ex estratega de Donald Trump y amigo de la familia Bolsonaro, Steve Bannon, y Matthew Tyrmand, miembro de la junta directiva de Project Veritas -organización conservadora que utiliza cámaras secretas para intimidar y denunciar a periodistas- levantaron sospechas sobre los resultados de las elecciones brasileñas en el podcast War Room, creado por Bannon.

“Allí hubo fraude, definitivamente hubo fraude”, dijo Tyrmand. Utilizó como argumento el hecho de que los primeros escrutinios apuntaban a una ventaja para Jair Bolsonaro y también citó la elección para el Senado brasileño, donde el partido del actual presidente tiene el mayor número de escaños.

Tyrmand también dijo que ya había pronosticado este resultado: tal sería la fuerza de Bolsonaro que las instituciones brasileñas no podrían anular su victoria en la primera vuelta, por lo que sería necesario alargar las elecciones para elegir a Lula. “Llevo semanas diciendo que esto [las elecciones] no se terminaría en la primera vuelta, que ajustarían para llegar a la segunda. No iban a hacer nada exagerado en la primera ronda”, dijo.

De hecho, las instituciones brasileñas no tienen ninguna influencia sobre los votos emitidos en las urnas electrónicas. El Tribunal Superior Electoral solo cuenta los votos, que son inviolables. El sistema electrónico brasileño nunca ha registrado un caso de fraude desde su implantación en 1996.

Bannon añadió que sería “matemáticamente imposible” que Jair Bolsonaro perdiera habiendo elegido tantos senadores. “Hay mucho en juego y por eso estamos cubriendo esto con tanta intensidad”, finalizó.

Otro de los invitados al podcast para hacerse eco del juego político en Brasil fue Darren Beattie, ex autor de discursos en la Casa Blanca de Trump. Beattie reafirmó la importancia de las elecciones brasileñas, que enfrentarán a Bolsonaro, “representante exactamente del tipo de nacionalismo que todos queremos y apoyamos”, con Lula, “la versión más destructiva y corrosiva” del comunismo, según él. 

Contactos con Eduardo Bolsonaro

Como reveló Agência Pública, Beattie forma parte de la red de contactos de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño y diputado, con la extrema derecha estadounidense.

Este medio independiente ha analizado un año del podcast War Room para entender lo que Bannon y sus invitados han estado diciendo sobre Brasil y muestra que las elecciones brasileñas son consideradas cruciales para la derecha estadounidense y mundial. Brasil se menciona en al menos 96 de los 923 episodios analizados. En el podcast, Bannon y sus invitados también se refieren a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos.

A lo largo del lunes postelectoral, Bannon y Tyrmand también se pronunciaron en Gettr, una red social constantemente elogiada en el programa. “Día importante en Brasil, ya que Bolsonaro intenta salvar a la nación de Lula, que es propiedad del PCC [Partido Comunista Chino]”, dijo Bannon. Tyrmand compartió vídeos de su aparición en el programa de Bannon y replicó publicaciones de otras personas que levantaron sospechas de fraude.

Gettr fue fundado por el ex portavoz de Trump Jason Miller, quien también mostró su apoyo al presidente brasileño el día de las elecciones publicando varias fotos con “amigos”, miembros de la familia Bolsonaro. También compartió una impresión de los resultados de la votación que muestra a Bolsonaro por delante de Lula. Sin embargo, la captura de pantalla indica que se trata de la imagen tomada cuando solo se había escrutado el 60% de los votos. Lula tomó después la delantera.

La plataforma también patrocinó eventos, realizados por el think tank del hijo del presidente brasileño, Eduardo Bolsonaro, que llamaron a apoyar la reelección de Bolsonaro antes del período oficial en que se permiten las campañas.

Tuits sobre el fraude en inglés

Matthew Tyrmand también hizo uso de Twitter para difundir la falsedad de que había fraude en Brasil a una audiencia internacional, publicando imágenes de los resultados preliminares del recuento de las urnas. También escribió que Lula no puede “hacer campaña [en las calles] por miedo a ser llamado criminal”.

Tuvo casi 7.000 interacciones y fue retuiteado, entre otros, por Mark Ivanyo, director del grupo conservador Republicans for National Renewal. Tyrmand incluso asoció la teoría del fraude en las elecciones brasileñas con el mensaje sobre las elecciones estadounidenses de 2020: “Suena familiar...”, tuiteó. 

Su organización también utilizó la red para apoyar al presidente brasileño. “Bolsonaro ha sido un líder fenomenal que se ha opuesto sin miedo a la agenda de la izquierda”, tuiteó el perfil del grupo, con fotos de una reunión con Eduardo Bolsonaro.

En una entrevista con Agência Pública, Ivanyo señaló a Eduardo Bolsonaro como una figura clave de la derecha global y dijo que ha estado con el diputado al menos cinco veces: “Eduardo Bolsonaro es nuestro principal socio [en Brasil]”, dijo. “Es el mejor y la única persona que puede suceder a su padre cuando llegue ese momento”, subrayó.

Tyrmand se ha implicado mucho en la campaña brasileña en Twitter, publicando sobre el tema al menos nueve veces en los últimos días y retuiteando a aliados de Bolsonaro como Allan dos Santos. 

Allan dos Santos, bloguero residente en Estados Unidos y huido de la justicia brasileña por ser investigado por actos antidemocráticos, tuiteó el lunes una imagen con los gráficos del recuento de votos en inglés, denunciando un supuesto fraude, y fue rápidamente retuiteado por Tyrmand.

El 25 de septiembre, Tyrmand publicó un largo artículo en la web de ultraderecha Creative Destruction Media en el que atacaba al Tribunal Supremo de Brasil. El principal objetivo era el ministro Alexandre de Moraes, actual presidente del Tribunal Superior Electoral, al que calificó como “el carácter podrido de la democracia brasileña”. Concluyó diciendo que “Brasil necesita toda nuestra ayuda, de conservadores, nacionalistas, populistas, soberanistas, westfalianos, republicanos en el sentido literal e incluso demócratas en el sentido clásico”, ya que el Tribunal Supremo brasileño “está fuera de control”.

Este mismo tipo de falsedades fueron difundidasflavio por los círculos bolsonaristas durante las elecciones de 2020 en Estados Unidos. En su momento, los seguidores de Bolsonaro copiaron los mensajes de la derecha estadounidense a Brasil, como reveló Pública en otro reportaje.

El apoyo de Trump

Incluso antes de la votación, figuras de la política estadounidense grabaron vídeos de apoyo a Bolsonaro, como el propio Donald Trump, su hijo Donald Trump Jr. y el senador republicano de Texas Ted Cruz. Los videos fueron replicados en las redes sociales por el presidente y sus hijos Eduardo y Flávio Bolsonaro, quien también es senador.

“Apoyo fuertemente al presidente Bolsonaro, espero que sea su líder por mucho tiempo”, dijo el ex presidente de EEUU. El discurso de Trump fue publicado por la cuenta de Jair Bolsonaro con subtítulos en portugués. El vídeo se compartió 37.700 veces y alcanzó 223.900 me gusta.

En su video, el hijo del ex presidente estadounidense dice que Bolsonaro “es la única persona que puede detener el avance del comunismo y el socialismo en Sudamérica”. El contenido tuvo más de 110.000 visitas en Twitter.

Ted Cruz dice que Bolsonaro ha sido un “fuerte amigo” de EEUU y hace una “advertencia” al pueblo brasileño, afirmando que todos los países del continente que se han decidido por el “socialismo antiamericano” han derivado en pobreza y miseria. El contenido fue subtitulado en portugués, alcanzando casi 11.000 me gusta y más de 3.000 retuits en la cuenta de Eduardo Bolsonaro, y superando los 17.000 me gusta y 4.000 compartidas en el perfil del asesor especial de la Presidencia, Filipe Martins.

Flávio Bolsonaro tuiteó al menos otros cinco videos de líderes mundiales en apoyo a la candidatura de su padre. Fueron: el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; el presidente de Vox, Santiago Abascal; el líder del partido de extrema derecha portugués Chega, André Ventura; el candidato derrotado en Chile, José Antonio Kast; el diputado argentino Javier Milei.

*Con la colaboración de Alice Maciel

Reportaje publicado originalmente en Agência Pública

General, teniente, comandante, coronel y, por supuesto, capitán. A pesar de que altos cargos del Ejército se han unido a Jair Bolsonaro para cuestionar el voto electrónico en Brasil, muchos miembros de las fuerzas armadas estarán en las papeletas de las elecciones de este domingo, en las que más de 1.500 candidatos vinculados al Ejército, Policía Militar y bomberos se presentan a las elecciones.

Según un análisis de Agência Pública, un total de 1.520 políticos han declarado pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la policía militar, a los bomberos o utilizarán nombres en las papeletas con algún rango militar, como coronel, sargento y capitán, entre otros. La lista también incluye a los candidatos que son militares retirados.

De los 1.520 candidatos, 822 se inscribieron como policías militares, 245 como militares retirados, 118 como bomberos militares y 60 como miembros de las fuerzas armadas. El resto de los candidatos que utilizan nombres con rangos militares se han inscrito con otras ocupaciones como diputados, concejales, funcionarios y empresarios.

El presidente Bolsonaro, por ejemplo, declaró su ocupación como presidente de la República e informó que su patrimonio tiene un valor de 2,3 millones de reales (aproximadamente 451.000 euros).

Su candidato a la vicepresidencia, el general Walter Braga Netto, se ha registrado como militar retirado y ha declarado más de 1,6 millones de reales (aproximadamente 313.000 euros) en activos. Según una información publicada por Estadão, el general recibió 926.000 reales (aproximadamente 181.000 dólares) en solo dos meses de 2020, mientras ocupaba la Casa Civil de la presidencia. Los importes corresponderían a su paso a la reserva.

Más militares que en 2018

La cantidad de contendientes militares en 2022 es superior a la de 2018, cuando hubo 1.186 candidatos que declararon la ocupación militar o que se registraron en la papeleta utilizando rangos militares.

Los candidatos militares suman un patrimonio multimillonario: son más de 583 millones de reales (unos 113 millones de euros) a una media de 383.000 reales (75.000 euros) por político.

En conjunto, solo los que se declararon miembros de las Fuerzas Armadas o militares retirados tienen más de 134 millones de reales (unos 26 millones de euros), un promedio de 440.000 reales (86.000 euros) por candidato.

Sin embargo, los bienes declarados por los militares no están distribuidos de manera uniforme: 158 candidatos declararon un millón de reales (196.000 euros) o más. En cambio, 466 no declararon nada.

Militares millonarios

En el grupo de militares millonarios está el general Eduardo Pazuello, que dirigió el Ministerio de Sanidad durante la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021. Declaró 1,2 millones de reales (unos 235.000 euros), que incluyen un piso y ocho vehículos, así como participaciones en empresas y fondos. Pazuello es candidato a diputado federal por el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), en Río de Janeiro.

El candidato de las Fuerzas Armadas con mayor patrimonio declarado es el coronel retirado del Ejército Nilson Jespersen, un abierto partidario del presidente Jair Bolsonaro. Se presenta por primera vez como candidato a diputado federal en São Paulo. El coronel, que se declara patriota de derechas y empresario agroalimentario, tiene un patrimonio de más de 4,8 millones de reales (unos 941.000 euros). Declaró cinco pisos, una casa, dos terrenos y tres vehículos. Solo en inversiones financieras, créditos, acciones y otros bienes muebles, el coronel declaró tres millones de reales.

El Partido Liberal, partido por el que se presentan Jair Bolsonaro y su vicepresidente, Braga Netto, es el partido con mayor número de candidatos militares, policías, bomberos o que utilizan algún rango de las fuerzas armadas en las listas. En total hay 181 políticos militares en el partido, 31 solo en el estado de São Paulo.

Río de Janeiro es el estado con más candidatos militares del país: 219, seguido de los dos mayores centros electorales del país, São Paulo, con 187, y Minas Gerais, con 94.

La mayoría de los candidatos militares se presentan a diputado estatal: 838. Otros 579 se presentan a diputado federal. Además, hay 15 militares candidatos a gobernador, nueve a vicegobernador y nueve que se presentan al Senado.

La mayoría de los candidatos militares son hombres: 1.318, frente a 202 mujeres. Hay 866 candidatos negros y 633 blancos. Tres candidatos militares se identificaron como indígenas.

Reportaje publicado originalmente en Agência Pública

El profesor de historia Carlos Eduardo Bartel lleva más de 20 años dedicado a la enseñanza. Hace más de un mes, se convirtió en el objetivo de una campaña de difamación y acoso en las redes por defender las mejoras en la educación y con una red de ataques a la educación pública en Brasil, según ha averiguado Agência Pública.   

El 9 de junio, profesores de varios institutos federales de Brasil protestaron contra el bloqueo del 14,5% del presupuesto de las universidades e institutos federales de enseñanza ordenado por el Gobierno de Bolsonaro. En Ibirama, un municipio del estado de Santa Catarina (sur del país) con poco más de 18.000 habitantes y donde el presidente Bolsonaro obtuvo más del 85% de los votos en las últimas elecciones, los profesores del Instituto Federal Catarinense (IFC) realizaron un paro de 24 horas. Además de denunciar los recortes presupuestarios, exigieron la actualización salarial.  

Los estudiantes del Instituto se unieron al acto. Crearon carteles, debates e hicieron retransmisiones en las redes sociales. Durante la manifestación, el profesor Bartel publicó una foto en su perfil de Instagram junto a la profesora de artes Aline Meyer y un alumno. En el fondo aparece una bandera brasileña con una pintura intencionadamente inacabada, que simboliza la falta de recursos para la educación, y el hashtag #TiraAMãodoMeuMIF [Quita tu mano de mi Instituto Federal]. 

“Me asusté cuando al día siguiente me desperté y vi un montón de comentarios con acusaciones en mi Instagram”, relata Meyer, que recibió más de 10 mensajes con ataques. La profesora también fue el blanco de los insultos. “Nos llamaban 'comunistas', 'izquierdistas', 'adoctrinadores'”, dice Meyer. “Sentí miedo. Un hombre que tiene una foto posando con un arma en su perfil de Facebook nos llamó alimañas. Da miedo porque no sabemos de qué es capaz esta gente”, añade.  

Además de los ataques al perfil personal de Bartel, la foto frente a la bandera comenzó a ser compartida por perfiles de partidarios de Bolsonaro. El día 10 de junio, un perfil de Facebook llamado Gedi Carol Oliveira publicó la imagen destacando el nombre del profesor Bartel y adjuntó fotos de carteles elaborados por estudiantes con lemas como “educación para todos”.

“Mandas a tu hijo al IFC y sale politizado y militante de izquierdas”, escribió Oliveira en Facebook. La publicación recibió 16 me gusta y fue compartida tres veces, una de ellas por el propio Gedi Oliveira en un grupo llamado Ibirama Urgente, que cuenta con más de 5.000 participantes en Facebook. 

Gedi Oliveira, cuyo verdadero nombre es Gediel Clayton de Oliveira, es funcionario del Ayuntamiento de Ibirama y es cercano al concejal bolsonarista Jorge Eli de Oliveira. El concejal pertenece al mismo partido que Bolsonaro, el Partido Liberal (PL) y se presenta como “conservador cristiano”. Es el autor de un proyecto de ley que prohíbe el uso del lenguaje neutro en las escuelas de Ibirama y el cual fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Concejales del municipio, pero suspendido por el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina.  

Patrullando la educación pública 

El 10 de junio, el abogado Pablo Ideker da Silva acudió al IFC de Ibirama para, según él, “verificar personalmente la veracidad de las informaciones” sobre las manifestaciones en el campus. Fue llamado por padres de alumnos. “Al llegar a la institución observé que, efectivamente, las denuncias tenían fundamento”, escribió en Facebook, donde también hace declaraciones de apoyo a Bolsonaro. La publicación, realizada el 11 de junio, tiene más de 480 me gusta y fue compartida 80 veces. En ella el abogado se compromete a “tomar todas las medidas oportunas para evitar que estos hechos se repitan”.  

Da Silva es asesor jurídico de la alcaldía de un municipio vecino a unos 28 kilómetros de Ibirama. En la publicación de Facebook dice que fue recibido por dos directoras del IFC, Andressa Thaís Schwingel y Sônia Imhof. Según su post, las directoras alegaron que la protesta procedía de profesores “sindicalizados y militantes” que se excedían en sus funciones “para adoctrinar” a los adolescentes. La Agência Pública se puso en contacto con las dos trabajadoras por correo electrónico, pero no respondieron. 

El profesor Bartel comentó la publicación del abogado, que tiene más de 400 me gusta, y recibió insultos como respuesta. “Escribí que consideraba la publicación irresponsable, 'una incitación gratuita al odio y la violencia'. Fue peor porque me respondió con más insultos, llamándome 'analfabeto funcional' y exponiéndome de nuevo”, dice.

Ataques a nivel estatal

Pero fue el diputado estatal Jessé Lopes, también del partido de Bolsonaro, quien hizo que los ataques a los profesores de la IFC cobraran una dimensión estatal. Lopes publicó el 10 de junio las mismas fotos de los carteles de los estudiantes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40.000 seguidores.

“Otro caso de adoctrinamiento en una escuela pública de Santa Catarina. Había carteles de ideología izquierdista repartidos por el patio”, escribió en la red social. Entre los más de 60 comentarios, hay varios mensajes que atacan a los profesores. “¡Cárcel para los profesores de izquierdas! ¡Padres abran los ojos!”, escribió una persona. “Pandilla de retrasados...”, comentó otra.  

El Instagram del diputado está lleno de publicaciones contra las unidades educativas públicas. En la publicación sobre el IFC revela un teléfono móvil para denuncias, registrado a nombre de su esposa. “En los primeros años del Gobierno [de Bolsonaro], recibimos muchas denuncias de intimidación y ataques a los profesores. Esto se enfrió durante la pandemia, cuando se suspendieron las clases presenciales”, dice Fábio de Oliveira, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Federal de Santa Catarina.  

“Enseñé un semestre entero mientras me grababan. Incluso me demandó un estudiante bolsonarista”, dice Elenira Vilela, dirigente del Sindicato Nacional de Servidores Federales de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica. “Hay una acción sistemática contra institutos, universidades federales y profesores en Santa Catarina”, añade. Entre los casos de agresiones a profesores en el estado, Vilela señala que el año pasado los profesores fueron amenazados de muerte tras una protesta contra Bolsonaro en otro municipio del estado. “En el propio IFC ya hubo un caso de destitución de un profesor en 2017 por críticas a la dictadura”, añade.  

Miedo y censura 

Tras los ataques, el profesor Bartel volvió a las aulas sintiéndose inseguro. “Soy ciudadano y padre de dos hijos. Sigo trabajando porque no puedo aceptar que algo tan frívolo me avergüence”, dice.  

El profesor de historia dice que muchos de sus colegas también se sienten inseguros. “Ibirama es una ciudad muy conservadora. Incluso en los años 30 tenía células del partido nazi y del movimiento integralista [movimiento político surgido en los años 30 en Brasil influenciado por las ideas y prácticas del fascismo], cuyo lema es Dios, patria y familia”, explica. “Lo que quieren estos grupos que nos atacan es implantar el miedo, la censura y el silencio”.  

El campus de IFC Ibirama emitió un comunicado oficial sobre los “hechos ocurridos el 9 de junio”. En él dicen que “no corresponde a la dirección del campus de Ibirama adoptar posiciones políticas partidistas”.  

El abogado Pablo Ideker y el funcionario Gediel de Oliveira no han respondido a las preguntas de Agência Pública. La Oficina de Prensa del diputado Jesse Lopes envió una nota donde insiste en la “clara existencia de adoctrinamiento ideológico dentro de las unidades de enseñanza y las universidades públicas”.

Reportaje publicado originalmente en portugués por Agência Pública

Documentos, conversaciones e informes obtenidos por el medio brasileño Agência Pública revelan que iFood -la mayor empresa de reparto de Brasil y una de las mayores de América Latina- contrató a agencias de marketing digital para llevar a cabo una campaña online con el fin de influir en los movimientos de los repartidores que reclamaban mejores condiciones laborales. La actuación en redes se hacía sin la firma de la empresa de reparto, a través de páginas y perfiles falsos que se hacían pasar por repartidores.

Además de las actividades online, una de las agencias envió a un infiltrado a una protesta, según los documentos obtenidos por el medio.

Durante la investigación, el medio brasileño accedió a más de 30 documentos -incluidos informes de entrega, calendarios, vídeos, actas de reuniones e intercambios de mensajes-, y habló con personas que trabajaban en las agencias contratadas por iFood. Las personas entrevistadas pidieron el anonimato por temor a represalias profesionales.

Marketing 4.0: “Para que nadie sospeche”

Una de las fuentes que afirma haber trabajado en las campañas contratadas por iFood explica que estas estrategias “son lo que llaman marketing 4.0”. “Se publican memes, chistes y vídeos que promueven una marca o idea, pero sin mostrar quién está detrás. Sin firmar”, dice. “Es ese tipo de contenido que te deja con la duda: no sabes si ha sido un meme, algo que ha surgido en internet o si ha habido alguien detrás”.

Según los informes, el objetivo de la publicidad sin firma era difundir ideas y opiniones en un formato que imitara la forma de comunicarse de los repartidores, simulando que los mensajes y los testimonios procedían de repartidores reales. Un documento al que ha tenido acceso el medio de investigación brasileño dice: “Cada vez que trabajamos con iFood creamos estrategias para el 'lado B'. Estas estrategias pretenden crear un ligero rumor en las redes sociales sobre el tema que queremos tratar en ese momento.”

El documento, que servía de guía a las agencias de publicidad, explica la táctica: “Utilizamos páginas de Facebook, perfiles de Instagram, perfiles de Twitter, perfiles de Facebook, creados por nosotros para generar estos rumores. ¿Cómo? Comentamos en publicaciones que hablan del tema, entramos en perfiles que lo tratan y comentamos de forma indirecta [...], pero NUNCA firmando como iFood para que nadie sospeche”.

En el universo de la propaganda política en Brasil, este tipo de acción es común, según un especialista consultado. “Todas las grandes campañas [políticas] tienen un equipo B que básicamente hace contenidos sobre un enemigo. Siempre sin firmar”.

Una página para desmovilizar a los repartidores

En julio de 2020, los repartidores de aplicaciones organizaron el “Breque dos Apps”, una huelga que tuvo lugar en 13 estados brasileños. Ocho días después de la movilización, se creó la página de Facebook Não Breca Meu Trampo (“no frenes mi trabajo”). “El objetivo era suavizar el impacto de las huelgas y denunciar la movilización de los repartidores”, explicó una fuente.

“Las páginas estaban pensadas para interactuar con los repartidores, para entenderlos. Pero también para ayudar a iFood de la siguiente manera: la gente quiere ir a la huelga, pero iFood no quiere ir, así que, en lugar de suspender la manifestación y lanzar un montón de noticias falsas, utilizamos la inteligencia digital para entender cómo podemos desinflar el mensaje de la huelga”, explicó una fuente. 

Además de hacer campaña contra la movilización de los repartidores, Não Breca Meu Trampo se opuso a los proyectos de ley que pretenden regular el trabajo de los repartidores de apps y dar beneficios a la categoría.

“Matamos a Galo”

Un vídeo obtenido por la Agência Pública muestra a los anunciantes de Benjamim Comunicação hablando de Não Breca Meu Trampo. Un socio de la agencia recuerda durante una reunión el 7 de julio de 2021: “Nosotros, cuando hicimos esta página, teníamos una situación de emergencia que resolver.” 

En el material, los coordinadores de Benjamim Comunicação afirman que los mensajes difundidos por la página web fueron responsables de debilitar el liderazgo de Paulo Lima, conocido como Galo, líder del Movimiento de los Repartidores Antifascistas, que gozaba de gran popularidad en la época. 

La página fue muy activa entre julio de 2020 y junio de 2021. Según la investigación, la empresa fue contratada por el departamento de comunicación de iFood al menos entre 2020 y 2021. 

Los documentos obtenidos muestran que en enero de 2021, Benjamim Comunicação contrató a otra agencia para ejecutar parte de la campaña. Social Qi (SQi) comenzó a gestionar Não Breca Meu Trampo, además de crear otras páginas y al menos ocho usuarios falsos en Facebook y Twitter. 

Humor y memes 

Según los documentos, a medida que SQi se incorporaba al proyecto, el conjunto de temas y formatos de las publicaciones en redes se ampliaba. En enero de 2021, el equipo lanzó una nueva página, centrada en memes, llamada “Faca na Caveira”. 

“La orientación era hacer contenidos divertidos que generaran engagement”, dijo a Agência Pública una persona que dijo haber prestado servicios a las agencias en el proyecto. Según ella, el contenido, la estética y el vocabulario utilizados en los posts se basaron en los informes de seguimiento de las redes y los grupos de WhatsApp, además de la investigación que habría sido encargada por iFood.

Una de las encuestas consultadas indica que el 61% de los repartidores trabajan siete días a la semana para la empresa. La encuesta también señala que el 47% trabaja más de 10 horas al día, y el 17% pasa más de 12 horas haciendo entregas. El equipo de SQi habría aprovechado las estadísticas para calibrar el tono de las publicaciones en redes, señalan las fuentes.

Las largas jornadas de trabajo aparecen en los posts en formato de memes o mensajes motivacionales. Intercalando posts cómicos con piezas más serias, la página fue ganando participación en posts que exaltan el trabajo en la empresa.

Además de contar con un equipo de unas 12 personas, los anunciantes pagaron por publicidad en Facebook para aumentar el alcance de las páginas. Entre abril y agosto de 2021, se invirtieron el equivalente a unos 2.260 euros en la promoción de posts, según un informe obtenido por Agência Pública. Otro de los informes, al que el medio ha tenido acceso, señala que las páginas llegaron a 3,16 millones de personas.

Perfiles falsos y nanoinfluencers

La creación de perfiles falsos haciéndose pasar por repartidores fue otra estrategia utilizada por las agencias para aumentar el alcance de la publicidad en favor de los intereses de iFood, según indicaron las fuentes entrevistadas. 

“La aplicación de reparto ha traído oportunidades de trabajo e ingresos para quienes no tienen empleo. Tuitear sobre ello va en contra de los motorizados que necesitan llevar nuestro sustento a casa”. Este tuit fue publicado el 23 de julio de 2021, en respuesta a un post que defendía el ApagãodosApps, una campaña organizada por los repartidores para presionar a las plataformas para conseguir mejores condiciones laborales. Ese día, la cuenta @MiiFerreira6 respondió a otros 23 tuits, repitiendo el discurso: defendiendo a las plataformas de reparto y argumentando que la movilización online perjudicaba a los trabajadores.   

Escribiendo siempre en primera persona, los mensajes de la cuenta contenían la expresión “nosotros los moteros”, para señalar que la opinión allí expresada procedía de un repartidor. Pero no. Los tuits que la cuenta @MiiFerreira6 publicó ese día habían sido revisados y aprobados en un calendario de publicaciones elaborado por agencias de marketing digital. 

Según los documentos obtenidos por el medio brasileño, dentro de las agencias los falsos usuarios eran llamados “VIPs”. “Construimos mensajes de respuesta. Por ejemplo, si alguien decía que iFood paga mal, respondíamos que en realidad iFood paga un x% más que las otras apps y un y% más que la cooperativa. El equipo formuló esa respuesta de tres maneras diferentes y la publicó”, explica una de las fuentes consultadas. 

Durante los días de movilización de los repartidores, los argumentos preparados por las agencias fueron publicados por al menos cinco perfiles en Twitter, según la documentación obtenida. “Al menos iFood nos garantiza el sustento, no sabes lo que es pasar hambre y no tienes para dar a nuestros hijos....Si no fuera por las apps de bolsas rojas [mochila térmica de iFood] verías lo que es el hambre mi trucha. Ellos cada día crean alternativas para mejorar el día a día de los repartidores”, tuiteó uno de los perfiles señalados como falsos. 

Otros tuits intentaron deslegitimar a los huelguistas. “Es imposible que no nos parezca sospechoso que estos motoristas estén parados todo este tiempo, sin hacer repartos. ¿Son ricos? O hay gente grande detrás de ellos financiando esta huelga?

Las condiciones laborales

El 17 de marzo de 2021 se publicó por primera vez en Brasil un estudio sobre las condiciones de trabajo en las plataformas digitales, coordinado por el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín. La investigación, realizada en 27 países, establece cinco criterios para medir el “trabajo decente”. En el análisis, en una escala que va de 0 a 10, iFood obtuvo una puntuación de dos.

El medio brasileño pidió un comentario a las empresas y implicadas y reproduce a continuación las respuestas en su totalidad.

En un comunicado, la empresa Benjamim Comunicação dijo: “La Agencia de Comunicación Benjamin fue contratada por iFood para llevar a cabo la investigación de opinión y el seguimiento de los posts en las redes sociales y tiene en su ámbito para escuchar las cuestiones relacionadas con el ecosistema de la entrega de alimentos. La agencia recibe constantemente propuestas de diferentes agencias de comunicación y no ha aprobado con iFood ideas o campañas propuestas por Social QI, que fue su subcontratista durante un corto periodo en 2021 para la monitorización de redes sociales para varios clientes. Agência Pública no permitió el acceso a los supuestos documentos procedentes de Social QI. Nos parece extraño que un reportaje no tenga un doble control, con varias fuentes, de la autenticidad de las supuestas denuncias. Benjamim no está de acuerdo con prácticas como la producción de noticias falsas, el uso de bots o perfiles falsos para las interacciones o la compra de likes y seguidores, realizando siempre su trabajo dentro de la legalidad.”

La agencia Social Qi respondió a la información publicada a través de esta nota: “Social QI es una agencia de marketing digital que supervisa las redes sociales y las acciones de comunicación para clientes de todo el país. Es práctica de mercado hacer propuestas a los clientes actuales o potenciales, sugiriendo acciones, siempre respetando los límites legales, que pueden o no ser aprobadas o realizadas por los clientes. Como la reportera no proporcionó el acceso solicitado a los materiales mencionados, no pudimos ni siquiera verificar su autenticidad, y mucho menos comentar su supuesto contenido, que puede haber sido objeto de edición, manipulación y adulteración por parte de un ex empleado, por ejemplo. En el desarrollo de nuestra actividad, realizamos varios trabajos en colaboración con Benjamin, entre ellos la propuesta de posibles acciones de comunicación para sus clientes. En este contexto, fuimos contratados por Benjamin en 2021 para realizar un monitoreo de medios sociales en el mercado de entrega de comidas en Brasil, y presentamos propuestas de trabajo, que no necesariamente fueron aprobadas por la agencia. Basándonos únicamente en las preguntas enviadas, suponemos que la Agencia Pública se refiere a una posible propuesta de trabajo que Social QI sugirió a Benjamín sobre la creación de un ”marco normativo“, que no fue aprobada por la agencia y por tanto no se llevó a cabo.”

iFood respondió a través de esta nota: “En relación con la solicitud de Agência Pública, iFood informa que no tuvo acceso a los documentos mencionados y, por lo tanto, no puede opinar sobre su contenido. La empresa recibe regularmente propuestas de campañas de varias agencias de comunicación, pero nunca tuvo una relación comercial con la empresa SocialQi. 

La actuación de iFood en las redes sociales es estrictamente legal, no consintiendo el uso de perfiles falsos, la generación de información falsa, la automatización de las publicaciones mediante el uso de robots o la compra de seguidores. 

iFood realiza su comunicación institucional sólo a través de sus canales oficiales y contrata a agencias, como Benjamim Digital, especializada en estudios de opinión, campañas de comunicación y monitorización de redes sociales que siguen temas en diferentes plataformas.“

Reportaje publicado originalmente en portugués por Agência Pública

Las reuniones de Jair Bolsonaro con el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una semana antes de la invasión de Ucrania, demuestran que la cercanía entre los gobiernos de estos países ha superado los ámbitos de la ideología y el discurso.

Para la coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política (SPW), Sonia Corrêa, una de las principales referencias académicas de Brasil en estudios feministas, se ha traducido en alianzas internacionales contra la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas LGTBI.

Bolsonaro, que llamó “hermano” al líder de la ultraderecha húngara y “amigo” a Putin, tradujo las afinidades con estos dos líderes ultraconservadores como una creencia común en “Dios, Patria y Familia”. Corrêa analiza los múltiples significados de los encuentros entre los líderes a un año de las elecciones en Brasil pero también en Hungría, en una entrevista con Agencia Pública.

Bolsonaro destacó en sus encuentros con Putin y Orbán que los gobiernos de los tres países tienen en común la defensa de la “familia”. ¿Puede explicar cómo este discurso une a los gobiernos de extrema derecha y cómo se utiliza para atacar los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres?

La defensa de la “familia” o de una determinada concepción de la misma es también un tema recurrente en la doctrina cristiana, especialmente en el catolicismo. Esta doctrina ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia. En las disputas políticas actuales, la concepción tradicional de la familia se une a la ecuación más amplia de la racionalidad neoliberal, que valora y refuerza el papel de la familia en doble clave. Por un lado, concibe a la familia como un elemento estabilizador de los órdenes sociales que, regidos por la economía de mercado, están sujetos a permanentes inestabilidades. Por otro lado, como argumentaba explícitamente Angela Gandra [secretaria Nacional de la Familia, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil] en un artículo reciente: “Invertir en la familia permite reducir los costes públicos de la protección social”. En Rusia y Hungría, donde la tasa de fecundidad es muy baja, los gobiernos también invierten en la familia con objetivos demográficos, es decir, para promover las familias numerosas.

¿Cuáles son las convergencias entre Rusia, Hungría y Brasil en las ofensivas antigénero?

Los discursos de Bolsonaro, Putin y Orbán convergen descaradamente cuando se trata del repudio a la política de género. Pero antes de profundizar en estas líneas de convergencia, es interesante recordar brevemente cómo el repudio del género está vinculado a las políticas de la familia. La versión madura de este repudio se sedimentaría en la década de los 90, basándose en dos argumentos. La primera es que el concepto de género es un señuelo, ya que se presenta como una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, pero en realidad promueve el “polimorfismo sexual”, el “fin de la familia” y la “destrucción de lo humano”. La segunda, no menos importante, es que la “ideología de género” es una “nueva cara del marxismo”. Esto significa que es importante examinar la alineación entre los tres autócratas en relación con este marco en su conjunto, y no solo en relación con ofensivas o políticas específicas.

¿Cuál ha sido la posición del Gobierno de Putin en este campo?

Putin, desde hace tiempo, también expresa su repudio a la llamada “ideología de género”. Justo antes del anuncio del viaje de Bolsonaro a Moscú, en una reunión del Valdai Discussion Club, hizo una larga y severa crítica contra el género como cuestión geopolítica. En ese discurso, estableció una analogía entre las actuales políticas de género en la educación con lo que denominó los experimentos educativos del totalitarismo soviético destinados a la “destrucción deliberada de la religión y la familia” y sugirió que la “propagación de la ideología de género debería considerarse un crimen contra la humanidad”.

¿Brasil ya tiene un intercambio más consolidado con Hungría en materia de derechos humanos y cuestiones de género?

Orbán fue uno de los jefes de Estado que estuvieron presentes en la toma de posesión de Bolsonaro y se encargó de mencionarlo en su discurso del 17 de febrero [durante una reunión con el presidente brasileño]. En Hungría, desde 2015, los ataques a la producción académica sobre género han sido sistemáticos. Hoy en día los estudios de género están prácticamente paralizados en el país, y varias investigadoras feministas han abandonado Hungría. Además, Hungría cuenta con un Ministerio de Asuntos de la Familia y lleva años aplicando sólidas políticas de “protección familiar”.

¿Qué representa la entrada de Rusia en el Consenso de Ginebra?

El Consenso de Ginebra fue una plataforma formalizada por la Administración Trump en sus últimos momentos (octubre de 2020). Fue precedida por dos declaraciones, también firmadas por Brasil, que fueron presentadas en la Asamblea General de la OMS y en la Asamblea General de la ONU en 2019. Polonia, Hungría y Brasil fueron los primeros socios de la hora de Estados Unidos. El documento final condena las políticas de salud reproductiva y los derechos reproductivos y hace un llamamiento a la defensa de la familia, y fue firmado originalmente por 36 países, un número bastante reducido si se tiene en cuenta que la ONU cuenta con 193 Estados miembros. Con la derrota de Trump, el Gobierno de Biden abandonó la plataforma, que ahora sería liderada por Brasil. En septiembre de 2021, Guatemala se unió al consenso, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en participar en la plataforma. Posteriormente, se anunció la adhesión de Rusia. Con la salida de Estados Unidos, el liderazgo brasileño y la reciente adhesión de Rusia, por el peso geopolítico de ambos países, dan sin duda mayor tracción a la iniciativa. 

¿Son estas alineaciones solo discursivas o tienen implicaciones concretas?

La convergencia de los discursos de Bolsonaro, Putin y Orbán en torno a los temas de género, familia, defensa de la tradición y la religión cristiana es innegable. Pero hay diferencias significativas en cuanto a la densidad institucional de los alineamientos entre Brasil y Rusia, por un lado, y Brasil y Hungría, por otro. Hasta ahora, no se han producido intercambios más sistemáticos entre Brasil y Rusia desde el punto de vista de los intercambios de experiencias, formulación y aplicación de políticas públicas, como ha ocurrido claramente con Hungría. En el caso de este país, el intercambio ya existe, es muy intenso. En las actuales condiciones preelectorales, es bueno no perder de vista las nuevas iniciativas en este ámbito de cooperación, especialmente con Hungría, que ha hecho cosas bastante sofisticadas en el campo de la promoción del conservadurismo cultural.

¿Qué significa este acercamiento con los gobiernos ruso y húngaro desde el punto de vista de las elecciones de este año?

Estos viajes se produjeron en un momento en el que hay nuevos ciclos electorales en marcha en Europa, América Latina y también en Estados Unidos, donde está en juego la consolidación o el retorno de la derecha. En Europa, Vox ha experimentado un importante crecimiento en las recientes elecciones de Castilla y León. En los próximos días, hay elecciones en Francia y (este domingo) en Hungría, donde, por primera vez, Orbán se enfrentará a una oposición articulada. En América Latina, Colombia elige nuevo presidente en mayo, y en octubre tendremos las elecciones brasileñas. En noviembre, se celebran en Estados Unidos las elecciones legislativas de mitad de mandato.

¿Cuál es la apuesta de Rusia y Hungría en las elecciones brasileñas?

Si pensamos en términos de la teoría del dominó, típica de la Guerra Fría, creo que a ninguno de ellos le interesa “perder a Brasil”, que es a la vez un modo de conexión estratégico y un “intermediario” crucial en el marco de las negociaciones intergubernamentales. Es vital preguntarse qué buscan Bolsonaro y los derechistas brasileños de estas fuerzas como parte de sus estrategias electorales, así como averiguar cómo invertirán estos actores estatales y sus conexiones no gubernamentales en las elecciones brasileñas de 2022. Seguramente, habrá mucho más que un auto de fe antifeminista. Sin duda, es una parte muy importante de la ecuación. No es el único. Hay que mirar de cerca para discernir cuál puede ser la contribución potencial de las otras fuerzas y actores que se mueven en las tramas de las que venimos hablando para las elecciones de 2022 en Brasil.

La entrevista completa ha sido publicada en portugués por Agência Pública.

Akuanduba es una deidad de la mitología del pueblo indígena arara que vive en el estado de Pará, al norte de Brasil. Según cuenta la leyenda, si alguien cometía algún exceso, yendo contra las reglas, la deidad hacía sonar una pequeña flauta para restablecer el orden.

La Policía Federal de Brasil tomó prestado el nombre de esta leyenda para bautizar la operación de investigación lanzada en mayo de este año contra el exministro de Medioambiente Ricardo Salles, el expresidente del Instituto Brasileño de Medioambiente (Ibama) Eduardo Bim y otros funcionarios públicos y empresarios de la industria maderera sospechosos de cometer irregularidades en la exportación de madera.

Ahora, seis meses después de la Operación Akuanduba, Agencia Pública ha tenido acceso a nueva información sobre cuánta madera se exportó y qué países y empresas recibieron el producto durante 15 meses. La investigación indica que las exportaciones de madera se vieron facilitadas por la orden del Ibama (7036900/2020) que dejó obsoleta una Instrucción Normativa (15/2011). Esta norma establecía que las exportaciones de madera requerían una autorización específica del Ibama antes de salir del país. También preveía controles más estrictos como la inspección de la carga por muestreo.

Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenó suspender en mayo la orden que dejó obsoleta la normativa previa. En la decisión, Moraes dijo que las investigaciones apuntaban “a la existencia de una trama para facilitar el contrabando de productos forestales”. Para Moraes, existe la sospecha de la participación del exministro de Medioambiente Ricardo Salles y del expresidente del Ibama Eduardo Bim en la supuesta trama.

Entre los investigados se encuentran también funcionarios nombrados por Salles en el Ibama, además de empresas del sector maderero, especialmente las vinculadas a las empresas madereras de la asociación paranaense Asociación de Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará (Aimex), en el norte de Brasil, uno de los estados más afectados por la tala ilegal en el país.

174.000 toneladas para EEUU y Europa

Según una investigación de Agência Pública, sólo las empresas madereras asociadas a Aimex han exportado 174.000 toneladas de madera desde el inicio del Gobierno de Jair Bolsonaro –el 57% de estas exportaciones se produjeron durante la vigencia de la medida de Ibama–. 

La investigación constata que, entre febrero de 2020 y mayo de 2021, las empresas vinculadas a Aimex comercializaron al menos 12.500 toneladas de madera de especies forestales consideradas en peligro de extinción por el Servicio Forestal Brasileño (SFB).

Los datos se obtuvieron en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) a partir de la plataforma Panjiva, una base de datos de información comercial e inteligencia de mercado mantenida por la empresa estadounidense S&P Global. 

El volumen de madera comercializada, según los datos de la plataforma, fue mayor en los 15 meses de vigencia del decreto del Ibama (de febrero de 2020 a mayo de 2021) que entre 2016 y 2019, cuando las empresas comercializaron 11.000 toneladas de madera de especies consideradas en peligro de extinción.

Las especies encontradas, a pesar de estar en riesgo según la clasificación del Servicio Forestal Brasilero (SFB), pueden ser comercializadas legalmente. Para extraer madera legalmente en Brasil es necesario contar con un plan de gestión forestal aprobado por la secretaría estatal de Medioambiente.

En la base de datos consultada no es posible saber a qué planes de gestión está vinculada la madera vendida. Tras el lanzamiento de la operación Akuanduba, Aimex publicó una nota en la que afirma que la madera es legal.

Los destinos de la madera

Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica fueron los países que registraron el mayor número de envíos de madera considerados amenazados por el FSB mientras estuvo en vigor el decreto de Ibama.

La madera más enviada durante el período fue la angelim-pedra (Hymenolobium excelsum), la itaúba (Mezilaurus itauba), la garapeira (Apuleia leiocarpa) y el cerezo (Amburana acreana). Estas maderas, consideradas como especies vulnerables por la SFB, se utilizan principalmente en la construcción civil y naval, por su resistencia y durabilidad.

Sin embargo, las exportaciones de madera no se produjeron de forma homogénea entre las distintas empresas madereras, según se deriva del análisis de los datos. Seis empresas fueron responsables del 78,5% de los envíos de madera considerada en peligro durante la vigencia de la orden.

Entre las tres empresas madereras que más exportaron en este período están Ebata Produtos Florestais Ltda y Tradelink, implicadas en la investigación de la Policía Federal. Ambas comparten un pasado común: multas por infracciones ambientales, demandas en el área socioambiental en los tribunales federales y estatales y conflictos socioambientales con comunidades ribereñas de la Amazonia. 

En cuanto a la Operación Akuanduba, Tradelink dijo que todas sus operaciones «fueron legales y siguieron las normas del IBAMA y la interpretación adoptada por la agencia medioambiental respecto a la legislación pertinente». El exportador afirmó que «se trata de una investigación y ninguna de las acusaciones ha sido probada».

Ebata Produtos Florestais Ltda y Aimex no han querido hacer declaraciones. En recientes declaraciones, Aimex criticó las decisiones judiciales y la labor de la Policía Federal en el operativo. En un comunicado hecho público, la asociación maderera dice defender “los intereses de sus miembros y del sector forestal de una manera firme pero absolutamente honesta, legítima y democrática”.

*Este reportaje forma parte del Especial Amazonia Sin Ley, de Agencia Pública - apublica.org y contó con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

El ginecólogo y activista contra el aborto, Raphael Câmara ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Sanidad de Brasil: es responsable de la gestión de la atención primaria en clínicas y centros de salud ambulatorios. El funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro ha sido, además, un crítico feroz de las medidas de confinamiento impulsadas durante la pandemia.

También actuó con grupos médicos que propagaron –aunque sin evidencia– los llamados tratamientos tempranos para la enfermedad, como la cloroquina, su derivado hidroxicloroquina, y la ivermectina, que, a pesar de ser ineficaces, fueron ampliamente difundidos por el propio presidente y su gobierno. 

Durante la pandemia, algunos médicos brasileños que ya hacían activismo contra el aborto –que en Brasil es legal en casos de violación, riesgo de muerte materna o anencefalia del feto– incorporaron discursos negacionistas y pseudocientíficos en relación con la COVID-19. Entre ellos hay personas que integran la base ideológica del gobierno de Bolsonaro, por ejemplo Raphael Câmara y Mayra Pinheiro –secretaria de Gestión del Trabajo y Educación para la Salud–, que se hizo conocida como “capitana de la hidroxicloroquina” por defender el uso del ineficaz de este fármaco para combatir los síntomas de la COVID-19.

Fuera de los cargos públicos, los médicos contra el aborto y negacionistas han utilizado la influencia y la credibilidad de sus títulos profesionales para difundir desinformación en las redes sociales, actuando a menudo de forma coordinada en espacios que se relacionan con colectivos de influencia internacional como Médicos Por La Verdad, que surgió en España y se extendió por Europa y América Latina. 

Estos mismos colectivos están vinculados a grupos fundamentalistas religiosos, como CitizenGo, plataforma del grupo ultraconservador europeo HazteOir, que organiza campañas antiderechos en Internet, como lo informó Agencia Pública en un reportaje anterior.

La académica y activista Sonia Corrêa, que coordina una investigación sobre políticas antigénero en América Latina, explica que, en Brasil, la correlación entre el activismo contra el aborto y el negacionismo en el ámbito médico está relacionada con un núcleo de pensamiento común y conservador. “Hay que pensar como una ecología: ideas que pertenecen al mismo entorno de pensamiento de estos grupos bolsonaristas donde conviven, en distintos grados e intensidades, el repudio al aborto, el negacionismo de las vacunas, la defensa de los tratamientos tempranos”, argumenta. 

Médicos por la vida 

En Brasil, el grupo más conocido de médicos negacionistas es Médicos por la Vida, que comparte los mismos ideales que el grupo español Médicos por la Verdad, con presencia en varios países de la región como Argentina, Perú y México. 

El informe final de la comisión parlamentaria del Senado Federal de Brasil (CPI), que investigó las supuestas omisiones e irregularidades en la actuación del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, señala que este grupo “propuso la existencia de un gabinete paralelo” que condujera la pandemia sin tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de abogar por medicamentos sin eficacia y desalentar el uso de mascarillas y el aislamiento social.

La comisión parlamentaria del Senado Federal de Brasil señala que este grupo "propuso la existencia de un gabinete paralelo" sin tener en cuenta a la OMS

Este gabinete paralelo, formado por médicos y empresarios, coordinaba con el Ministerio de Sanidad, influyendo en las decisiones sobre la compra de vacunas y las medidas sanitarias. Durante esta investigación periodística se conoció que la oncóloga e inmunóloga Nise Yamaguchi, una activista cristiana, contraria al aborto e integrante de Médicos por la Verdad, conformó ese gabinete en las sombras. Entusiasta de la cloroquina, incluso fue considerada para asumir el Ministerio de Salud el 2020, pero incluso sin el cargo, fue una asesora cercana a Bolsonaro sobre la pandemia. 

Nise Yamaguchi participó en una reunión con el presidente Bolsonaro para discutir las vacunas y el uso de hidroxicloroquina, según el informe de CPI, y firmó una carta en la que junto a otros profesionales de la salud desaconsejaba el uso de mascarillas y medidas más estrictas de aislamiento, al tiempo que defendía los medicamentos ineficaces para tratar la COVID-19. 

Otro firmante de la carta es Hermes Nery, experto en bioética y coordinador del Movimiento Legislación y Vida, que articula una agenda contra el aborto con parlamentarios conservadores en el Congreso, como el diputado federal Chris Tonietto (PSL-RJ), vinculado al ultraconservador Centro Católico Dom Bosco. 

El Movimiento Legislación y Vida está vinculado a Human Life International, el mayor movimiento contra el aborto del mundo, y también a CitizenGO, una organización ultraconservadora de la que Wikileaks filtró documentos este año. 

Además de actuar en contra de la legalización del aborto y a favor de las agendas más conservadoras, el movimiento fundado por Hermes Nery elaboró, junto con Médicos por la Vida, un manifiesto a favor de la no obligatoriedad de las vacunas en el sitio web de CitizenGO. También organizó una petición para que el senador Eduardo Girão, aliado del gobierno, asumiera la presidencia de la CPI. 

Girão impulsó una propuesta parlamentaria que buscó compensar con un bono económico a las mujeres víctimas de violencia sexual que decidieran mantener su embarazo. En una sesión del CPI con el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, el senador bolsonarista Eduardo Girão insinuó que las células utilizadas por el instituto de salud para la producción de vacunas CoronaVac eran extraídas de “fetos abortados”, lo que fue negado por el invitado. 

Recientemente, Hermes Nery ha realizado publicaciones atacando el pasaporte sanitario para las personas vacunadas y el uso continuado de mascarillas.

Vacuna con células embrionarias y otras informaciones falsas

La pediatra y secretaria del Ministerio de Sanidad, Mayra Pinheiro, fue una de las principales portavoces del tratamiento precoz de la COVID-19. La llamada “capitán de la cloroquina”, hizo campaña contra el aborto en la votación del Tribunal Supremo para aprobar la interrupción del embarazo en casos de infección durante la epidemia del virus del zika, que provoca microcefalia. “Estamos liberando en Brasil la muerte de inocentes... ¡Di no al aborto! Vida sí, respeto, muerte no”, dijo Mayra Pinheiro en la grabación que colgó la diputada federal bolsonarista Carla Zambelli.

Mayra Pinheiro también difundió la creación del grupo de médicos cristianos “Ainda Há Bem”, que mezcló el aborto y la cloroquina en una campaña con vallas publicitarias en Fortaleza, una importante capital brasileña que se encuentra en el estado de Ceará. 

El sitio web del grupo se registró a nombre de un servidor de la oficina de Mayra Pinheiro, y poco antes de que se lanzara la campaña, en marzo de este año, se reunió con el senador Eduardo Girão (Podemos), que organiza marchas contra el aborto. Girão es una antigua compañera de la secretaria del Ministerio de Salud y también de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves.

Mayra Pinheiro está en la lista de personas acusadas por delitos en la comisión que investigó la respuesta en la pandemia y que puso de manifiesto cómo el gobierno contribuyó a agravar la crisis sanitaria. Fue responsable, por ejemplo, del sistema del gobierno federal (TrateCov) que indicaba la cloroquina y la ivermectina en los casos de diagnóstico probable de COVID-19, incluso para las mujeres embarazadas y los bebés. También está implicada en el aumento de las muertes por falta de oxígeno y respiradores en el estado de Manaos, que provocó el colapso de los hospitales en la región amazónica.

“Imagina que te invitan a un concierto de música barroca, y en el teatro está escrito que van a tocar el Concierto en Re Mayor de Vivaldi, pero llega un grupo de pagodas. Luego, le piden que comente cómo fue el concierto de música barroca. Suena ridículo, ¿verdad? Pero yo digo que la mayoría de la gente de hoy en día aceptaría escuchar pagode y, para no ser considerado un negacionista, diría que le gustó el concierto”. Con esta metáfora, el médico Djalma Marques comienza su participación en una audiencia pública en el Ayuntamiento de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais. 

“Estamos viviendo en un teatro donde nos invitaron a asistir a un concierto de música barroca y están tocando pagode”, dice el médico, que también es músico. 

Presentado con un extenso currículo que le acredita como autoridad en el evento, que tuvo lugar a principios de octubre del 2021, Djalma Marques dispara comentarios con supuestos argumentos técnicos contra el uso de mascarillas, la cuarentena, la vacuna y el pasaporte sanitario, un requisito de prueba de dosis de inmunización para la entrada a eventos como los partidos de fútbol que fue el tema del evento público. 

En Brasil, el médico también es miembro de la asociación Médicos por la Vida y firmó en abril de este año la primera petición del movimiento, que hasta ahora recoge más de 30 mil firmas para el “tratamiento temprano” sin evidencia. Marques también firmó un manifiesto enviado al Ministerio Público y al Poder Judicial donde supuestamente presentaban “argumentos técnicos y científicos” contra el uso de las vacunas contra la COVID-19. 

El 2 de junio de este año, Marques entrevistó al médico Alessandro Loiola, también acusado de difundir información falsa sobre la COVID-19, en una emisión en directo en Instagram. Durante la conversación, que duró algo menos de una hora, la doctora Kefir (nombre de usuario de Djalma Marques en Instagram) calificó las mascarillas de “bozales” y argumentó que en Brasil no hay una pandemia, sino una “pandemia de PCR”, sugiriendo que son las pruebas las que están aumentando el número de casos de la enfermedad. 

Además de defender al presidente Jair Bolsonaro, los médicos buscaron relacionar el aborto con las vacunas, una estrategia ya utilizada antes por parlamentarios, influencers y blogs de personas que defienden el régimen de Bolsonaro en la campaña contra la inmunización. “En [la vacuna] hay células embrionarias, células fetales. Me gustaría saber de dónde sacan tantas células de embriones, de fetos”, dijo Marques.

Debido a las publicaciones negacionistas, Djalma Marques fue incluido en el informe final de la comisión investigadora como uno de los perfiles propagadores de noticias falsas en Instagram.

Médicos por la verdad

Djalma Marques fue quien llevó a Médicos por la verdad a Brasil. En un vídeo publicado en su perfil de 2020, afirma tener una “fantástica noticia” sobre una conferencia en España. Y en seguida dice una serie de hechos falsos: “Los médicos están de acuerdo en los siguientes puntos: las víctimas del coronavirus no superan a las que murieron por la gripe estacional el año pasado en la gran mayoría de los países. Dos: los protocolos médicos en diferentes países han sido alterados para exagerar los resultados. Tres: el confinamiento de personas sanas y el uso forzado de mascarillas no tienen ninguna base científica”.

Ninguno de los tres puntos es cierto. 

El 15 de marzo de 2020, en el segundo día de cuarentena en España, un audio de casi seis minutos se hizo viral en el país: en él, la médico de familia Natália Prego afirma que habría una “manipulación emocional y psicológica de la población por el coronavirus” y, asegura que la infección por coronavirus no sería significativamente más grave que la infección por el virus de la gripe o el sarampión. Natália Prego es una de las fundadoras de Médicos por la Verdad y, en septiembre del 2020, registró la marca “Médicos por la Verdad Doctors for the Truth” en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En su canal de Youtube, con casi 15 mil suscriptores, la doctora presenta versiones en portugués de sus vídeos, llegando al público de países como Portugal, pero también de Brasil. 

Debido a sus posiciones anticientíficas, tanto los grupos españoles como los brasileños se enfrentan a acciones legales. La CPI de Brasil consideró que Médicos por la Vida “violó el Código de Ética Médica” y sugirió que se investigaran los hechos; mientras tanto, Médicos por la Verdad está siendo demandado por haber emitido un dictamen favorable al uso de cloroquina e hidroxicloroquina para las víctimas del coronavirus.

Consejo Federal de Medicina contra el aborto 

Según la comisión que investigó la pandemia, el Consejo Federal de Medicina (CFM), principal órgano representativo de los médicos en Brasil, es responsable de omisión y negacionismo. Su presidente, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, está entre los investigados por la comisión. Ante este anuncio dijo que mantiene “sus convicciones a favor de la autonomía del médico y del paciente”, argumentando que los médicos tienen autonomía para prescribir los medicamentos que consideren más adecuados, incluso aquellos de eficacia no probada y que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. 

En julio de este año, Mauro Luiz de Brito Ribeiro firmó un documento en el que el Consejo Federal de Medicina (CFM) se posiciona en contra del aborto por telemedicina, que fue aprobado a través de una ordenanza durante la pandemia, cuando el acceso a los hospitales se hizo más restringido. “Para que no queden dudas en relación al caso, informamos que este Consejo Federal se opone frontalmente a la realización del procedimiento de aborto legal a través de la telemedicina y fuera del ámbito hospitalario”, dijo. 

Contra el aborto y contra las vacunas

Diferentes sitios web vinculados al gobierno de Bolsonaro han estado propagando información falsa sobre la existencia de “células de fetos abortados” en las vacunas producidas contra el coronavirus. Cinco de ellos fueron citados en el informe final de la CPI como “propagadores de noticias falsas”: Brasil Sem Medo, Conexão Política, Senso Incomum, Jornal da Cidade Online y Estudos Nacionais.

En julio de 2020, el sitio web Brasil Sem Medo, dirigido por Bernardo Küster -citado por el informe como miembro del núcleo político del gobierno- argumentó que el “miedo a la enfermedad [COVID-19] ha estado produciendo una especie de ”ceguera moral“. ”No se trata de mero material genético, sino de vidas humanas que se convierten en objeto de codicia para el uso por parte de la industria de soluciones para enfermedades“, argumenta el texto. 

El sitio web Conexão Política también abordó el tema en un artículo en el que defiende el tratamiento precoz sin eficacia contra la enfermedad y señala la existencia de un supuesto mercado que fomenta el aborto de bebés para el beneficio de las empresas farmacéuticas. “No se debe normalizar el uso de líneas celulares derivadas del aborto de bebés inocentes y se deben eliminar los incentivos legales, financieros o de mercado para cosechar bebés abortados”, publicó en diciembre de 2020. 

En una respuesta a la Agência Pública, el sitio web Brasil Sem Medo afirmó que la CPI era “una iniciativa partidista, política e ideológica” y que “ningún sitio web o agencia cumple con la competencia legal o institucional para supervisar el procedimiento periodístico de sus competidores”. 

Conexão Política también atribuyó la inclusión en el informe de la CPI como “un acoso ideológico por asumir posiciones editoriales de espectro conservador”. Según el sitio, “nunca hemos persuadido a nuestra audiencia para que crea que se abortan nuevos bebés”. Por último, el medio dijo que defiende que “ofrecer la vacuna es la forma más eficaz de vencer la actual crisis sanitaria”, pero que ello “no impide plantear cuestiones como los debates éticos, las preocupaciones religiosas, la arbitrariedad del Estado y las libertades individuales”. 

Estudos Nacionais subrayó que “no consideramos que la CPI sea un órgano legítimo o exento” y que las agencias de control y Agencia Pública no tienen “ninguna función legítima de control sobre los periodistas”. Argumentó que “tanto los periodistas como los ciudadanos de a pie tienen derecho a sospechar que la producción de vacunas está asociada a la industria del aborto” y que “son los productores de vacunas (y los organismos interesados) los que deben proporcionar aclaraciones para responder a las dudas de la población”. 

Varias investigaciones señalan desde hace tiempo el importante volumen de explotación ilegal en el mercado de la madera en Brasil y su relación con la deforestación en la Amazonia. Según un estudio realizado en 2020 por la ONG Imazon, alrededor del 70% de la madera explotada en el estado de Pará entre agosto de 2017 y julio de 2018 tenía un origen ilícito, es decir, procede de áreas donde no había autorización del estado. 

Sin embargo, lo que es nuevo es el fenómeno de la creciente superposición de las rutas de las facciones criminales del narcotráfico con las de los grupos vinculados a los delitos medioambientales. El delito medioambiental puede estar sirviendo como una nueva forma de capitalización para los narcotraficantes, con pruebas del uso de cargamentos de origen forestal para disfrazar el envío de drogas al extranjero. 

Lo explican fuentes vinculadas a la Policía Federal (PF) e investigadores de seguridad pública a Agência Pública. “El principal producto forestal utilizado para la exportación de drogas a Europa es la madera”, afirma Aiala Couto, geógrafa de la Universidad Estatal de Pará (Uepa) e investigadora asociada al Foro Brasileño de Seguridad Pública y al Instituto Clima y Sociedad. Couto está desarrollando una investigación que se publicará este año y que trata de la territorialización del crimen organizado en la Amazonia y su relación con los delitos medioambientales. Según él, los productos minerales, especialmente el manganeso, ocupan el segundo lugar en la lista de incautaciones. 

Cocaína en cargamentos de madera

Un estudio de Agência Pública, basado en noticias de sitios web oficiales del gobierno y de la prensa, identificó al menos 16 grandes incautaciones de cocaína en cargamentos de madera destinados a la exportación por mar entre 2017 y 2021. En total, las incautaciones ascendieron a unas nueve toneladas de la droga y estaban destinadas a países europeos como España, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Eslovenia. Se produjeron con mayor frecuencia en los puertos del sur y sureste de Brasil, en cargamentos de troncos de madera, vigas, palés y laminados.

La investigación de Couto muestra que, entre 2017 y 2020, se incautaron en los estados amazónicos unas nueve toneladas de drogas -principalmente cocaína y marihuana- procedentes de Surinam, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. La droga llegó principalmente por vía fluvial y terrestre. Los datos también se recopilaron a partir de las noticias sobre las incautaciones. La información recopilada por el investigador apunta a un solapamiento entre las zonas en las que se producen incautaciones de madera ilegal y contrabando de minerales y las zonas de incautación de drogas. 

Según información de la Secretaría de Ingresos Federales, sólo en el puerto de Santos, en el estado de São Paulo, se incautaron más de dos toneladas de narcóticos envasados en productos de origen extractivo entre 2019 y 2021. Las drogas se encontraron en palés de madera, fibras de amianto, cargas de grafito, microsílice y corindón (un mineral a base de óxido de aluminio). 

De acuerdo con el delegado titular del Departamento de Policía de Represión de Narcóticos (DRE) PF en el estado de Amazonas, Víctor Mota, se ha encontrado que la madera es la carga más utilizada por el tráfico de drogas. “Ya hemos hecho un estudio de las exportaciones del narcotráfico a Europa, y la primera toma de carga [donde se esconde la droga] es la madera. Ya sea en forma de muebles, ya sea en forma de vigas, o en otras formas”, dijo el delegado, en una entrevista con Agência Pública. Según Mota, esta información está contenida en una encuesta interna ya elaborada por la PF, pero la institución negó la solicitud de acceso al documento.

El delegado fue el responsable de una de las operaciones más recientes sobre los vinculos de los delitos medioambientales con personas asociadas al narcotráfico. Deflagrada en julio de 2020, la Operación Schelde investigó quién estaba detrás del envío de 250 kg de cocaína a Bélgica en un cargamento de vigas de madera de origen ilícito en 2019. La investigación fue concluida recientemente por la PF y muestra la participación de personas con vínculos pasados con facciones criminales en el esquema. 

Débil legislación medioambiental

“Las rutas que se utilizan para el narcotráfico también se usan para el contrabando de madera, y algunas están cerca de las zonas de contrabando de minerales, especialmente en la minería ilegal de oro”, dice la investigadora Aiala Couto. “Hay una mezcla en estas relaciones [entre el narcotráfico y los delitos medioambientales]. Y esto nos permite asociar el discurso del gobierno en relación a la cuestión ambiental con este fortalecimiento de las acciones de estas actividades criminales que conciernen al medio ambiente. Esto hizo posible que los grupos criminales organizados vieran estos delitos como una posibilidad dentro de su campo de acción para acumular capital”, argumenta. 

Couto señala que ya hay registros de facciones criminales que compran ilegalmente áreas de bosque para beneficiarse de la tala ilegal e incluso para establecer áreas para la producción de marihuana, como ha estado sucediendo en el llamado “polígono de la marihuana” o “polígono de la hierba”, situado en el noreste de Pará. 

La investigación de Couto registra la incautación de más de dos millones de plantas de marihuana en la región de la Amazonia brasileña entre 2015 y 2020, el 55% del total incautado en el estado de Pará, con gran énfasis en los municipios del polígono. En agosto de 2020, la Operación Cosecha Maldita, lanzada conjuntamente por la Policía Federal y la Policía Civil de Pará, incautó cerca de 200 toneladas de marihuana en el noreste de Pará (más de 400.000 plantas).

Ataques piratas

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ya hay registros de conflictos entre traficantes y comunidades tradicionales, como el caso de los ataques de piratas a la comunidad ribereña de Itamimbuca, en el municipio de Igarapé-Miri, ocurrido en enero.

“Hay denuncias de personas involucradas en conflictos agrarios con este tema [de las organizaciones criminales]”, dice la coordinadora del Núcleo de Asuntos Agrarios y de la Tierra del Ministerio Público del Estado de Pará (MP-PA), Ione Nakamura. El fiscal, sin embargo, dice que el tema es aún incipiente en el MP y que nunca ha sido investigado por la Fiscalía Agraria. 

Los grupos criminales están asociados a grupos económicos que ya explotan activamente la minería ilegal en la Amazonia, como reveló la agencia de noticias Amazônia Real en el caso de la minería clandestina en las zonas de los indigenas yanomami en Roraima. 

Más que el mero reparto de rutas, Couto ve una creciente imbricación entre el narcotráfico y los delitos medioambientales, que se ha acelerado tras la disputa entre grupos criminales por las principales rutas de la Amazonia, que suelen coincidir con las de los delitos medioambientales. A pesar de ello, la lucha contra la delincuencia en el Amazonas a veces no tiene en cuenta esta conexión y esto acaba fortaleciendo las facciones. 

“Hay varias zonas del Amazonas en las que estas actividades delictivas se solapan, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico”, argumenta Aiala. “Tenemos un gobierno que fue elegido bajo la bandera de la seguridad pública, pero que no puede ver que existe esta relación entre la seguridad pública y el medio ambiente. Y toda la narrativa, el discurso y la acción [del gobierno] ha potenciado el crecimiento del crimen organizado en la Amazonía hoy. Las cifras se han intensificado desde el gobierno de Bolsonaro. Hay que entender el crimen organizado más allá de las siglas PCC [Primer Comando Capital, la mayor organización criminal de Brasil] y Comando Vermelho. Por ejemplo, hay grupos que se dedican a la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, el contrabando de oro y la invasión de tierras indígenas. Estos grupos crean empresas, blanquean dinero, participan en el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas. La relación es amplia y compleja”, advierte. 

Penas leves

Para el ex superintendente de la PF en el Amazonas, el delegado Alexandre Saraiva, las leves penas para los delitos ambientales en la legislación y la posibilidad de ganancias atraen cada vez más a las organizaciones criminales hacia el crimen ambiental.

“Hay un simple análisis de riesgo por parte del delincuente. Busca allí en la legislación medioambiental y ve que, si sólo se aplica la legislación medioambiental, es extremadamente limitada. No necesita pensar mucho. Es posible ver a personas vinculadas a organizaciones criminales trabajando en el comercio ilegal de madera”, afirma Saraiva, que comandó una de las mayores operaciones contra la madera ilegal de la historia del país, la Operación Arquímedes. 

Para el jefe de la policía, Víctor Mota, la debilidad de la legislación medioambiental puede acabar colaborando con el crecimiento de otros delitos, como la exportación de drogas. Un ejemplo es la orden 7036900, de febrero de 2020, publicada por el ex presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) Eduardo Bim, que fue destituido por orden judicial. El envío motivó las investigaciones que culminaron en la operación que tiene como investigados al ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y a Bim. 

El documento prescindía de la autorización del Ibama para la exportación de madera, pero fue suspendido por decisión del ministro del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en mayo de este año. “Esto facilita [el envío de drogas al extranjero]. Es una cosa que acaba tirando de la otra. Si no se inspecciona qué tipo de madera hay, cuánta madera se transporta, si esta madera se puede exportar, de dónde se ha sacado. Si no tienes esta sospecha inicial sobre el material, ¿cómo puedes saber si contiene o no narcóticos? Si se empieza a hacer la vista gorda con este material, los chicos lo utilizarán cada vez más como escondite”, dice.

El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha batido su propio récord. 2020 es el año con el mayor número de aprobaciones de pesticidas en la historia de Brasil. A mediados de enero, el Ministerio de Agricultura brasileño publicó en el boletín oficial el registro de 88 plaguicidas y productos técnicos aprobados a finales de diciembre.

El segundo año de mandato de Bolsonaro terminó así con 493 nuevos pesticidas, 19 más que en 2019, año que, hasta ahora, contaba con la cifra más elevada.

Casi un tercio de los más de 3.000 productos agroquímicos vendidos en Brasil obtuvieron el registro durante los dos años de Gobierno de Bolsonaro. Desde que Tereza Cristina –exlíder de la “bancada ruralista” [el grupo de parlamentario que defiende los intereses de los grandes propietarios de tierras] en el Congreso Nacional– asumió el Ministerio de Agricultura, se han aprobado 967 pesticidas.

La pandemia de COVID-19 no ha frenado el trabajo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), organismos reguladores encargados de evaluar los productos antes de que salgan al mercado brasileño.

En 2020, se lanzaron una media de 10 productos pesticidas por semana, el 90% de las aprobaciones de estos se produjeron tras el inicio de la pandemia.

La gran mayoría de los registros otorgados el año pasado fueron para genéricos, pesticidas que ya se habían lanzado al mercado pero que ahora podían ser comercializados por más empresas. Cinco ingredientes activos son nuevos: dinotefuram, piroxasulfona, tolfenpyrad, tiencarbazona y fenpyazamina. Serán utilizados para la elaboración de 13 nuevos plaguicidas.

Una gran cantidad de solicitudes

Además del elevado número de aprobaciones, también hay una gran cantidad de solicitudes de nuevos registros. En 12 meses, el Ministerio de Agricultura recibió 835 solicitudes de evaluación de pesticidas. En 2019, fueron 913. No hay datos sobre el número de solicitudes en años anteriores.

Estas solicitudes son el primer paso en el proceso de evaluación de un pesticida. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura evalúa si el producto es eficaz para la plaga y el cultivo en cuestión, la Anvisa analiza los riesgos para la salud humana y el Ibama, para el medio ambiente.

Los comunicados publicados en el boletín oficial el 14 de enero fueron los últimos aprobados en 2020. Según el Ministerio de Agricultura, hubo un retraso involuntario en las publicaciones debido al período de vacaciones.

Un decreto publicado por el Gobierno en febrero del año pasado pretendía acelerar el proceso de aprobación, mediante la “aprobación tácita”. De acuerdo con la norma del Ministerio de Agricultura, una vez finalizado el análisis técnico realizado por ellos, el Ibama y la Anvisa, el proceso de registro debería completarse en un plazo de 60 días. Si se excede el plazo, el pesticida se lanzaría automáticamente.

Partidos de la oposición acudieron al Tribunal Supremo Federal (STF) para solicitar la derogación de la ordenanza, con el argumento de que la medida supondría riesgos para la salud de la población. El STF estuvo de acuerdo y revocó esta norma en junio.

El regulador dice que la aprobación no implica más consumo

La Anvisa asegura que los récords anuales de aprobaciones que viene batiendo el Gobierno de Bolsonaro se deben al “flujo de demanda contenida”. La agencia reguladora dice que ha tomado acciones encaminadas a organizar los procesos de trabajo, analizar líneas e incorporar recursos tecnológicos para agilizar y hacer más eficiente el proceso de evaluación. “Muchos de estos procesos ya habían sido analizados por el Ibama y por el Ministerio de Agricultura, y solo estaban esperando el resultado de la Anvisa para poder publicar el registro”, dice en una nota.

El organismo regulador también afirma que las aprobaciones no significan un mayor consumo de pesticidas, sino “mayor competencia y reducción de precios para los productores rurales”. Para la agencia, no debería haber más consumo “porque estos productos son de venta restringida, previa recomendación de un profesional cualificado, a través de la prescripción agronómica”.

Sin embargo, una serie de reportajes de Agência Pública y Repórter Brasil han informado del uso irregular de pesticidas en Brasil, donde los productos se utilizan incluso en casos de homicidios y violencia doméstica.

El Ministerio de Agricultura señala que el aumento de solicitudes y aprobaciones de productos de bajo impacto fue significativo para el récord de 2020. Señala que un tercio de los productos registrados en el último año utilizan extractos biológicos, microbiológicos, de plantas y otros principios activos sostenibles.

“Esta cifra es más del doble que la registrada en 2019 y es 20 veces mayor que hace diez años. Es una demostración de que el mercado de pesticidas sostenibles –incluidos algunos aprobados para agricultura ecológica– ha ido creciendo y muestra una tendencia creciente en la adopción de biotecnologías sostenibles para el control de plagas”, dice el Ministerio en un comunicado.

La Campaña Permanente contra los Plaguicidas y por la Vida destaca las aprobaciones de pesticidas genéricos, los cuales son populares y muy vendidos en Brasil, como la Atrazina, prohibida en la Unión Europea, y el Glifosato, que está en proceso de ser prohibido en varios países del mundo, como Alemania, donde se encuentra la empresa que lo produce, Bayer/Monsanto.

“Podemos calificar estos dos años de Gobierno de Bolsonaro como una tragedia anunciada. Tragedia porque liberó la mayor cantidad de plaguicidas de la historia, colocando una gran cantidad de estos productos en el mercado y provocando una mayor exposición de la población. Estos productos, a diferencia de la publicidad, son viejos conocidos que han demostrado causar graves daños a la salud. Aproximadamente un tercio de los pesticidas no están permitidos en la UE”, dice el portavoz de la ONG, Alan Tygel.

Un reportaje de Agência Pública y Repórter Brasil reveló que Brasil y otros países en desarrollo son los principales destinos de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en la Unión Europea.

Traducido por Humanidad y Medio

En febrero de 2019, el entonces comandante del Colegio Militar de Porto Alegre, en el sur de Brasil, reunió a unos 200 empleados en un auditorio escolar para anunciar que, desde ese momento, algunos temas quedaban prohibidos en el aula. Entre los temas vetados, el coronel citó explícitamente las palabras homofobia y racismo.

“Trató de minimizar su injerencia y dijo que era una orden superior de la DEPA (Dirección de Educación Preparatoria y Asistencial, Departamento del Ejército). Pero, en tono amenazante dijo que cualquiera que intentara contravenir estas normas, podría sufrir las consecuencias”, relata el profesor Rafael (nombre ficticio), a Agencia Pública. La mayoría de los empleados entevistados para este reportaje prefiere mantener oculta su identidad.

Lo que sorprendió a Rafael no fue la injerencia en el contenido de las clases. El profesor, que ha trabajado en el sistema de escuelas militares durante más de diez años, dice que ya había recibido instrucciones por escrito para modificar pruebas y exámenes con temas políticos “para evitar la propaganda partidista”, pero si se asombró de que se hiciera una reunión para divulgar normas que, hasta ese momento, estaban implícitas. Esta extraña situación hizo que los profesores enviaran una carta de rechazo al comandante dos semanas después de dicho episodio.

“Las cosas se han vuelto más evidentes, como por ejemplo tener una reunión con todos los profesionales de la enseñanza para decir algo que siempre se ha practicado de forma disimulada. Esto me pareció una posición de ataque más explícita. En el pasado, la persecución era más individual”, analiza el profesor.

El relato de Rafael se suma a una decena de entrevistas más que Agencia Pública ha hecho a los profesores del sistema de escuelas militares en las capitales Recife, Río de Janeiro, Distrito Federal y Porto Alegre. Los educadores denunciaron “censura” e “injerencia en el contenido” de las aulas en las 14 instituciones educativas administradas por el Ejército y vistas como un modelo de enseñanza por el presidente brasileño Jair Bolsonaro. 

Las escuelas militares forman parte del Departamento de Educación y Cultura del Ejército (DECEX), pero no preparan para una carrera militar. Son escuelas convencionales que van desde el sexto hasta el último año de educación básica (hasta los 15 años). La mayoría de los estudiantes son hijos de militares, quienes sufren los reflejos de las obligaciones profesionales de sus padres debido a las peculiaridades de sus carreras. El resto de las vacantes se abren al público a través de concursos. El primer colegio militar se fundó en Río de Janeiro en 1889. El más reciente, ubicado en São Paulo, se inauguró este año.

La prohibición de abordar el feminismo y el género, citar programas de gobiernos anteriores, debatir la existencia del racismo en Brasil o hacer analogías con debates recientes en las noticias fueron algunos de los episodios que relataron los docentes al mencionar el aumento del conservadurismo y la influencia de los discursos del movimiento Escola Sem Partido en la administración de los colegios militares, que se mantienen con el presupuesto del Ministerio de Defensa. El movimiento Escola Sem Partido defiende el final de lo que llama “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas y censura los debates con temas como la igualdad de género en las aulas. Además, los profesionales denunciaron presión y hostigamiento hacia los docentes que cuestionaban los planes de regresar a las clases presenciales, después de seis meses de enseñanza remota por la cuarentena, en ciudades que aún tienen un alto número de casos de COVID-19. 

El profesor Antonio Araujo Jr, profesor de Biología en el Colegio Militar de Brasilia desde 2015, asegura que el proyecto pedagógico de la escuela “siempre ha simpatizado con las Fuerzas Armadas”, en especial en las áreas académicas como Historia o Portugués, pero señala que ha aumentado la interferencia en el contenido enseñado, incluso ha llegado a las áreas de Cálculo y Biología. “Pensé que tenía libertad por ser profesor en un área técnica. Tenía esa idea positivista de que la ciencia es neutral. Mis clases de sexo, reproducción y sexualidad no eran controladas”, señala el profesor. “La postura negacionista y anticientífica se limitaba a algunas materias en las áreas de humanidades”. Los docentes entrevistados cuentan que deben entregar los exámenes que se realizarán a los estudiantes con al menos un mes de anticipación para ser analizadas.

La primera vez que Antonio vio una injerencia ideológica en una prueba que no pertenecía a humanidades fue a mediados de 2016, cuando el consejo escolar envió un equipo para volver a diseñar una evaluación de Química porque un problema contenía la fórmula de la cocaína. “Dijeron que esto podría ser entendido por los padres como un incentivo para consumir drogas o incluso para producirlas”, recuerda. “En ese momento nos reímos porque era como si el comandante solo hubiera entendido 'fórmula' como una 'receta' para preparar algo. Pero no nos dimos cuenta de que ya había una especie de articulación con el principio ideológico del movimiento Escola Sem Partido, que ya empezaba a tomar fuerza”.

Los casos, según el profesor, ya no son puntuales. Recuerda un tema de Biología en el que contextualizó procesos hormonales en el cuerpo humano, como la estimulación del sistema nervioso que hace que el corazón lata más rápido cuando sientes atracción y el aumento de hormonas durante el embarazo. El examen, entregado al colegio para su aprobación, fue vetado. “El consejo dijo que podría dar la impresión de que estamos enseñando a los estudiantes a enamorarse. Y la escuela estaba en contra de las citas en la adolescencia”.

Vitrina conservadora

Durante las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, aún candidato a la presidencia, prometió en su plan de gobierno crear colegios militares en todas las capitales brasileñas en dos años. La valoración del profesor Araujo es que, a partir de ese año, el colegio militar de Brasilia se convirtió en la vitrina de una enseñanza ultraconservadora. “Por lo tanto, la escuela no podría tener características progresistas. Cualquier actividad, clase, documento y examen tenía que estar libre de cualquier cosa que se pudiera confundir con progresismo”.

Entre las actividades que se eliminaron en el último año encontramos que la escuela dejó de participar en las Olimpiadas Nacionales de Historia de Brasil en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), competición que premia a escuelas públicas y privadas de todo el país. Ese año, el concurso tuvo como tema un homenaje a los “excluidos de la historia”. Este anuncio fue recibido con sorpresa por educadores y estudiantes, recuerda otro profesor, Reinaldo, quien enseña historia en el Colegio Militar de Río de Janeiro. El maestro dice que algunos temas están “absolutamente prohibidos” en su asignatura. “No se puede hablar del 'golpe de 1964' (que estableció la dictadura militar en Brasil que duró hasta 1985), sino de la 'revolución de 1964'. No se puede hablar de tortura y cosas así”. “Siempre, en las escuelas militares, hubo presión sobre el contenido y las formas de trabajar. Esta es una constante. Siempre tenemos mucho control sobre nuestro trabajo”.

Marcia, compañera de Reinaldo que enseña Portugués, dice que la posibilidad de trabajar con libros de literatura de autores contemporáneos se ha vuelto aún más limitada. A partir del año pasado la escuela adoptó una lista de libros permitidos, la mayoría de ellos clásicos. “Ya hemos solicitado otros autores, pero la respuesta de la dirección es que no se justifica la inclusión de ningún otro libro en esa lista. Entonces, si aparece un nuevo libro en este momento, no podremos trabajar con él”.

Según ella, los temas que aparecieron en el Examen Nacional de Bachillerato (ENEM), que evalúa el desempeño académico de los estudiantes al finalizar la educación básica y da acceso a la educación superior, como la intolerancia religiosa en 2016 y la violencia contra la mujer en 2015, no son bienvenidos. “A ENEM ya lo habían etiquetado de comunista”, dice la profesora. “Me siento terrible. Es una censura que, aunque tomes todas las precauciones, resulta muy agotadora. Por supuesto, sé que tenemos una legislación que dice que los militares no deben tomar partido político. Como estamos dentro de una institución militar, siempre hemos respetado eso. Pero ellos confunden mucho la política. Por ejemplo, dependiendo de cómo vayas a hablar del hambre, el tema estará censurado. Este es un tema político, pero no tiene nada que ver con el partidismo. El hambre siempre ha existido en Brasil. Pero todo lo que puedan leer como crítica hacia el Gobierno actual será prohibido”.

En junio de este año, un profesor de Geografía del Colegio Militar de Brasilia fue despedido tras haber criticado, durante una clase en una plataforma virtual, el papel de la Policía Militar en una manifestación prodemocrática que tuvo lugar en Sao Paulo en mayo. El profesor de 9º grado dijo a los alumnos que la acción policial “era muestra de un fascismo que ya no queremos en el mundo”.

El consejo de DECEX ha respondido a Agencia Pública afirmando que el Sistema de Colegios Militares de Brasil (SCMB) utiliza los libros del Programa Nacional de Libros de Texto (PNLD) y otros previstos en los Estándares de Planificación y Gestión Escolar (NPGE).

Aun así, el organismo no ha respondido a preguntas sobre si existe una directriz para los docentes sobre temas que no se pueden tratar en el aula. “Si las Escuelas Militares se destacan en el escenario educativo brasileño, es por el conjunto que forman las tradiciones y valores de la institución que las sustenta, el Ejército brasileño. Entre estos valores destacan la fidelidad, el respeto, la disciplina y el orden. También destaca por la competencia efectiva de nuestros profesores en el aula, que realmente entienden el Proyecto Pedagógico SCMB”, dice la nota.

El plan de campaña de Bolsonaro para crear escuelas militares en todas las capitales ya era considerado por los expertos en educación como una “promesa imposible”, ya que implicaba una estructura costosa y tiene un público restringido, recuerda la investigadora Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y coordinadora en el Distrito Federal de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Sin cumplir la promesa de campaña, el Gobierno federal apuesta por otra salida: la militarización de las escuelas públicas existentes. En 2019, el Ministerio de Educación (MEC) lanzó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que funciona a través de adhesiones municipales. La meta del Gobierno federal es que 216 escuelas funcionen con este modelo al final de la administración de Bolsonaro.

*Los nombres se cambiaron a petición de los encuestados.

Reportaje originalmente publicado en Agência Pública

El presidente brasileño Jair Bolsonaro utilizó la palabra “cristofobia” el martes 22 de septiembre durante su discurso en la 75º Asamblea General de la ONU. Al citar ese término, que define la aversión al cristianismo o hacia aquellos que profesan la fe cristiana, el presidente de Brasil hizo una llamada “a toda la comunidad internacional por la libertad religiosa y la lucha contra la cristofobia”. Bolsonaro agregó que Brasil es un “país cristiano y conservador que tiene su base en la familia” –aunque el Estado brasileño sea laico, como lo establece la Constitución Federal–.

Antes de llegar al discurso de Bolsonaro, el término 'cristofobia' había sido utilizado por parlamentarios de la Bancada Evangélica en el Congreso. En 2015, por ejemplo, un diputado federal utilizó la palabra para atacar las manifestaciones del Desfile LGTB. Cuatro años antes, un proyecto de ley que creaba el Día de la lucha contra la cristofobia se tramitó en la Cámara Municipal de Sao Paulo.

La existencia de la cristofobia en un país de mayoría cristiana –50% de los habitantes son católicos y 31% evangélicos, según Datafolha– es contradictoria. Los más discriminados por motivos religiosos en el país son los practicantes de umbanda, candomblé y otras religiones de origen africano, según datos del propio Gobierno federal: de 506 casos registrados el año pasado por el servicio estatal que recibe denuncias de violaciones de derechos humanos, sólo 23 fueron de agresiones contra sectores evangélicos.

“Existe el prejuicio, así como hay prejuicios contra varios grupos”, pero “los cristianos tienen en sus manos todo el aparato del poder estatal”, señala el teólogo e investigador sobre Iglesia, sociedad y derechos civiles Ronilso Pacheco. Pacheco ha hablado con Agência Pública desde Estados Unidos, donde está cursando una maestría en Teología por el Union Theological Seminary de la Universidad de Columbia, Nueva York.

El teólogo e investigador destaca que Brasil no está entre los países en los que hay persecución contra los cristianos. El prejuicio existe, incluso entre las denominaciones evangélicas, “por cuestiones de clase, por cuestiones raciales”, dice. Según Pacheco, Bolsonaro utilizó el término cristofobia de una manera estratégica y todo indica que marcará los debates electorales en defensa de una agenda ultraconservadora.

¿Es un debate legítimo desde su punto de vista hablar de cristofobia? ¿Existe realmente un sesgo contra los cristianos o contra los evangélicos?

El prejuicio existe, así como hay prejuicios contra varios grupos. La cuestión es que este prejuicio está lejos de ser caracterizado como fobia contra Cristo o contra los creyentes. No se puede negar que existe un prejuicio sobre la creencia de los evangélicos, por ejemplo, la forma de vivir, las costumbres. Incluso un prejuicio intraeclesiástico entre las iglesias evangélicas, por ejemplo, entre las iglesias más elitistas y las pentecostales, marcadamente más empobrecidas y generalmente ubicadas en las periferias.

Por un lado, hay iglesias con personas más pobres, muchas sin escolaridad completa, y otras más elitistas, con pastores con formación académica. Cuando cruzas estas relaciones hay prejuicio, pero están cargados de problemas de clase, problemas raciales, considerando que muchas de las iglesias más pobres y periféricas tienen una presencia negra muy fuerte. En este contexto, los evangélicos a menudo se ven como inflexibles y aislados, hay una generalización.

Pero todo esto es completamente diferente al discurso de 'cristofobia'. Este discurso no aplica porque compara erróneamente a Brasil con países donde, de hecho, existe una persecución de los cristianos. En Brasil hay muchos evangélicos conservadores y fundamentalistas dentro del Gobierno. Es absolutamente contradictorio decir que existe 'cristofobia' cuando este grupo religioso tiene en sus manos todo el aparato del poder estatal.

¿Podría compararse la 'cristofobia' con la idea del 'racismo inverso'?

Es algo que está en el mismo campo. La idea del 'racismo inverso', de alguna manera, por muy extraña que sea, intenta reconocer que el racismo existe y es una mentalidad generalizada. La gravedad de este concepto de 'cristofobia' es que no reconoce esta mentalidad prejuiciosa que afecta a diferentes grupos. Asume un lugar de supuesta vulnerabilidad y persecución hacia un grupo específico, que serían los cristianos y, sobre todo, los evangélicos. Es un error similar, pero con este agravante, que en mi opinión es sumamente significativo y peligroso.

Bolsonaro también dijo, en el mismo discurso en la ONU, que Brasil es un país cristiano y conservador, aunque el Estado es laico ¿Cuál es el simbolismo de esta declaración ante la comunidad internacional?

El énfasis del presidente, hasta ahora, estaba en que el Estado era laico, aunque el Gobierno fuera cristiano. Cada vez abandona más este discurso y asume otro ante la comunidad internacional en el que presenta a Brasil como un país que tiene una identidad ideológica y religiosa, es decir, es cristiano y conservador. Decir esto frente a la comunidad internacional es subyugar toda la diversidad que existe en la sociedad brasileña y al mismo tiempo es la afirmación de una supremacía religiosa cristiana, que es parte de este proyecto de Gobierno.

¿Estimula el fundamentalismo cristiano que crece en el país representado por líderes como Bolsonaro el prejuicio contra otras religiones, como las de origen africano?

El fundamentalismo religioso promueve que se mantengan los prejuicios históricos contra las religiones de origen africano, atravesadas por el racismo en Brasil. Cuando Bolsonaro dice que aunque el Estado es laico el país es cristiano y conservador, está reprimiendo principalmente a las religiones más perseguidas y vulnerables en el contexto religioso brasileño. Esta postura es perniciosa y nociva para la pluralidad social, no sólo desde el punto de vista de las creencias.

No es sólo que la convicción religiosa del presidente o de los miembros del Gobierno sea cristiana. Más que la convicción religiosa, es la construcción de un proyecto político que involucra la perspectiva religiosa impuesta de manera generalizada a la sociedad: en las políticas públicas, en el reconocimiento de grupos y minorías sociales. Tiene un impacto mucho mayor más allá de lo religioso. Hay un no reconocimiento de la presencia de diversidad religiosa. Hay un no reconocimiento de la violencia sufrida por las religiones de origen africano. Pero también hay una amenaza a las libertades individuales cuando las propuestas del Gobierno se hacen bajo el escrutinio de perspectivas cristianas fundamentalistas y conservadoras.

¿Está relacionado con esto el aumento de denuncias de intolerancia religiosa, sobre todo con ataques a terreiros –lugares de culto de las religiones afro-brasileñas– y otros actos violentos?

Los ataques contra las religiones de origen africano han aumentado en Brasil y esto está vinculado con un ambiente más violento y de persecución. En la medida en que existe una negación sistemática de la persecución y la violencia y no hay una política pública que reconozca estas amenazas, estamos contribuyendo a un ambiente de violencia creciente.

Hasta mediados de 2010, el debate sobre la intolerancia religiosa se había fortalecido. Sin duda, ha habido un retroceso, con un aumento de las denuncias tanto de violencia física como de agresiones verbales contra religiones de origen africano. Esto, sin duda, es fruto de un ambiente de violencia y prejuicio creado también por el actual Gobierno.

Hablaba de un proyecto de supremacía cristiana ¿Podría explicar mejor ese concepto?

El campo evangélico siempre ha estado en disputa por la esfera pública, por la influencia del poder político. Pero ahora es como si estuvieran en un gran viraje. Hay un proyecto de supremacía muy claro, con énfasis en valorar una idea de persecución religiosa, como reflejo de lo que sucede en Estados Unidos, donde están en debate prácticas cristianas en escuelas públicas, por ejemplo. En este proyecto de supremacía, los cristianos conservadores ocupan cargos estratégicos en el Gobierno de Bolsonaro: en Educación, en Justicia, en Derechos Humanos, en Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nivel superior, que depende del Ministerio de Educación y que se enfoca en la evaluación de los programas de posgrado y en las becas para estudiantes de ese nivel], en la Defensoría Pública de la Unión, en el Consejo Nacional de Educación. También en Relaciones Exteriores, con Ernesto Araújo, quien ha sido punta de lanza de una gran alianza global por la libertad religiosa, que en realidad se limita a fortalecer la libertad cristiana y la injerencia del cristianismo en la sociedad. Es un proyecto de clara supremacía, cuya gran coronación será la presencia en el Supremo Tribunal Federal.

¿El llamamiento del presidente a luchar contra la 'cristofobia' es una estrategia electoral?

Es algo que se relaciona con el proyecto de supremacía coordinado con otros países como Estados Unidos y Hungría. La estrategia electoral viene a remolque. La 'cristofobia' se puede utilizar para proteger candidaturas y pautas ultraconservadoras. Es un término que se puede aplicar a cualquier cosa. Un debate sobre los discursos homófobos –qué es creencia y qué es discurso de odio– puede enmarcarse como 'cristofobia'; un debate sobre el funcionamiento de las comunidades terapéuticas religiosas contra las drogas por ejemplo. Cualquier discusión que cuestione las prácticas de las comunidades terapéuticas cristianas, que no respetan lo más básico de la política de salud mental, puede enmarcarse en una perspectiva de 'cristofobia'. En seguridad, vinculado a los excesos de la Policía, en proyectos de ley y orden. En educación, donde el Consejo Nacional de Educación está impregnado de una presencia evangélica conservadora, cualquier resistencia a la moral y los valores cristianos se puede interpretar de esta manera. Podría ser cristófobo todo aquel que cuestione la agenda ultraconservadora. En esta perspectiva, el término 'cristofobia' sirve para blindar cualquier tipo de propuesta y probablemente será utilizado como estrategia electoral decisiva en las próximas elecciones.

Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública

En Brasil, solo en septiembre hubo 164 focos de incendios que avanzaron en tierras indígenas de la región del Pantanal, la llanura aluvial más grande del planeta. En agosto, hubo más de 200. Casi la mitad de las áreas indígenas de la región regularizadas ante el Estado ya han sufrido incendios que han rodeado aldeas, destruido casas y cultivos y provocado hospitalizaciones de personas por problemas respiratorios.

Las conclusiones son el resultado de una investigación de Agência Pública a partir de datos tomados por satélite del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). La investigación ha analizado todos los focos de incendios registrados en el Pantanal en 2020 y ha concluido que el número de incendios comenzó a aumentar a finales de julio, pero alcanzó el pico en agosto y septiembre: el 72% de los focos de incendio de este año ocurrió solo en esos dos meses.

Los datos también revelan que, en algunos de los lugares que más sufrieron surgieron focos de incendios y se extendieron primero en propiedades privadas para luego saltar a las tierras indígenas. Además, parte de los incendios se iniciaron en áreas de reserva legal y bosque nativo de propiedad de terratenientes. Ambas tipologías están protegidas por ley y deben ser preservadas.

En total, Agência Pública ha encontrado focos de incendio en cinco territorios indígenas regularizados en los municipios de el Pantanal –en toda la región hay 11–. La zona indígena con más focos de incendio es también la más grande, el terreno indígena Kadiwéu. En esta zona, se produjeron 176 focos desde mayo de este año y la mayoría tuvo lugar en agosto.

Además, en todo el Pantanal existen registros de incendios en tres parques estatales, en un parque nacional, en un área de protección ambiental, en dos reservas privadas y en una estación ecológica.

Todos los municipios de la región del Pantanal registraron incendios entre julio y septiembre. Poconé y Barão de Melgaço, en Mato Grosso, fueron los que registraron mayor cantidad. El Parque Estatal Encontro das Águas se encuentra en estos dos municipios.

“Todo se está acabando”

“El fuego comenzó fuera de las tierras indígenas. Cuando llegó, llegó con todo, entró de repente”, señala el educador indígena Estêvão Bororo, conocido como Estevinho y presente en el territorio Tereza Cristina, del pueblo bororo. “La tierra está dividida por el río San Lorenzo: la orilla izquierda del río se incendió, rodeó dos pueblos y quemó un puente. Luego, el fuego avanzó hacia la aldea Córrego Grande, que fue la más impactada. Llegó con todo, incluso rodeó las casas. A pesar de no incendiar las casas, nuestro líder tuvo que ir al municipio de Rondonópolis porque había inhalado mucho humo. Tenemos ancianos, embarazadas, mujeres recién paridas y niños”.

La situación también es grave en Baía dos Guató, tierra del pueblo guató, en el municipio de Barão de Melgaço. Los datos del INPE registraron en esta zona 57 incendios en septiembre y 85 en agosto. Casi toda la extensión del territorio ha sufrido incendios.

“Los incendios destruyeron jardines, quemaron casas, destruyeron gran parte de nuestro territorio, muchos árboles, animales, aves, dañaron nuestra fauna y flora y nuestra seguridad alimentaria. Estamos muy preocupados por nuestros bosques porque de ellos tomamos nuestro sustento, nuestros medicamentos tradicionales. Con los incendios, todo esto se ha visto comprometido. Ya no encontramos muchas de las hierbas que utilizamos para tratar enfermedades y tampoco la palma acuri, que usamos para cubrir casas tradicionales y algunos utensilios, y para hacer chicha, una bebida tradicional. Todo está siendo arrasado”, comenta Alessandra Guató.

La tierra de los guató se encuentra cerca del Parque Estatal Encontro das Águas, uno de los refugios de jaguares más grandes del mundo, que también se ha visto afectado por los incendios: tan solo en agosto y septiembre hubo 456 incendios. Según un reportaje de G1, los incendios destruyeron el 85% del área del parque.

El territorio de los guató es un ejemplo de cómo los focos de incendio pueden comenzar en propiedades privadas y luego llegar a terrenos indígenas y zonas protegidas. A principios de agosto, apenas hubo incendios en el norte de la tierra de Guató. A medida que pasaban los días comenzaron a registrarse incendios en áreas de reservas legales y bosques dentro de propiedades privadas al norte del área indígena. Luego hubo incendios dentro de las tierras indígenas. A finales de agosto ya había brotes en casi todo el territorio indígena y se registraron 36 en solo un día.

Los recortes obstaculizan la lucha contra el fuego

Agência Pública ha hablado con un agente de PrevFogo, del Sistema Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, quien no quiso ser identificado por temor a represalias. Según este trabajador, el seguimiento meteorológico ya apuntaba a la intensificación de los incendios en 2020, con temperaturas por encima y lluvias por debajo de la media.

Según él, la planificación estratégica de la agencia incluía anticipar la contratación de brigadistas para trabajar en la prevención de incendios. Sin embargo, el anuncio del contrato, que suele publicarse a mediados de abril, no se abrió hasta el 23 de junio.

Para el trabajador, el retraso en la contratación ha dificultado las acciones preventivas de la agencia. “Creemos que esto ha afectado gravemente a nuestro trabajo. Nuestra previsión era trabajar en la prevención en el mes de junio y que así la gente pudiese tener una temporada mejor que la que estamos teniendo”, informa.

El 20 de agosto, el presidente Jair Bolsonaro admitió en un comunicado que la situación es grave, pero argumentó que las dificultades impuestas por el tamaño de la región y “cuestiones ideológicas”, como la prohibición del ganado suelto, han empeorado el panorama. “Hacemos lo que podemos, pero la oposición seguirá echándome la culpa del fuego en la Amazonia y el Pantanal. Como si nunca se hubiera incendiado esta región”. El 15 de septiembre, el Ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, dijo que el fuego en el Pantanal “tomó proporciones gigantescas”.

Además de verse afectados por el incendio que avanza en Pantanal, los indígenas forman parte de la fuerza que intenta impedir la destrucción de sus territorios. Según el último decreto del Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) para los brigadistas en Mato Grosso do Sul, de las cinco brigadas en el estado, cuatro son indígenas.

Para Eliane Bakairi, de la Federación de Pueblos Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), el número de brigadas es insuficiente, en especial en los territorios más afectados, como Baía dos Guató y Perigara, en Barão de Melgaço. Además, dice que los recortes presupuestarios en PrevFogo están afectando al trabajo.

Las brigadas forman parte del Programa de Brigadas Federales PrevFogo de IBAMA, que se encarga de controlar, prevenir y combatir los incendios forestales. Sin embargo, según una información de Deutsche Welle, entre 2019 y 2020 el Gobierno federal redujo el presupuesto del centro en un 58%, un recorte de 13.790.000 reales (2.000.000 de euros), lo que afectó de manera negativa a la contratación de brigadistas para prevenir y controlar los incendios forestales.

Cada vez menos sanciones

Con el Gobierno de Bolsonaro, IBAMA ha puesto menos multas en todo Brasil y la situación se extiende también al Pantanal. Según datos recogidos por Agência Pública, en el primer año del mandato presidencial se redujo en un 71% el monto de las multas relacionadas con la flora en el Pantanal, en comparación con el año anterior. Las multas en esta categoría incluyen violaciones de deforestación e incendios ilegales, por ejemplo.

La reducción se mantuvo en 2020. A finales de agosto, se registraron 21 multas en los municipios de el Pantanal, el menor número de multas de la década, comparando los mismos meses. En el año anterior, esa cifra fue más del doble, con 54 multas impuestas en la región entre enero y agosto de 2019.

De los 16 municipios que forman parte de el Pantanal, 10 tuvieron menos multas en 2019 con respecto a 2018. Entre ellos se encuentra Corumbá, la ciudad con mayor número de focos de incendios registrados esta temporada y donde se investiga un posible inicio criminal de los incendios en Mato Grosso do Sul.

“La gente acaba sintiéndose libre de poder cometer delitos ambientales y esto ha sido reforzado por el propio presidente”, denuncia un brigadista de IBAMA que prefiere no revelar su nombre. Según él, la agencia ha tenido dificultades para apoderarse de propiedades y destruir la maquinaria utilizada en infracciones ambientales, lo que compromete la investigación.

En agosto, Agência Pública reveló una situación similar en la Amazonía, donde las multas disminuyeron en regiones con mayor deforestación. IBAMA y la Fundación Nacional del Indio (Funai) no han hecho declaraciones para esta información.

Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública

Kleidson Oliveira Bezerra, de 43 años, caminó casi 40 kilómetros hasta que encontró una carretera. Estaba amaneciendo cuando huyó de una comunidad terapéutica en Minas Gerais, después de que el pastor le obligara a hacer trabajos quitando malezas pese a que se había herido la mano en un accidente antes de su ingreso. Cuando huía se dio cuenta de que estaba a cuatro horas de Belo Horizonte. Unos días antes había entrado en la camioneta de una iglesia –de la que ni siquiera recuerda el nombre–, convencido por los misioneros que abordaban a las personas sin hogar con promesas de que les liberarían de sus problemas con las drogas.

Durante años, después de esta experiencia traumática, Kleidson rechazó cualquier oferta de tratamiento, hasta que se encontró con un Centro de Atención Psicosocial (CAP). En estas unidades, vinculadas al Sistema Único de Salud (SUS), los trastornos relacionados con el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas se tratan sin hospitalización obligatoria, que sí se utiliza en las comunidades terapéuticas. “Me trataron por mi nombre, como persona. Sentí que estaba recuperando mi dignidad”, recuerda.

Kleidson se convirtió en un defensor de los CAP y los derechos de los consumidores de drogas. Es vicepresidente del Colectivo Nacional de Lucha contra los Manicomios e integra el servicio de atención a las personas en situación de calle y el Consejo de Salud de Sobradinho, en el Distrito Federal. “El problema con las comunidades terapéuticas en Brasil es que la mayoría están controladas por grupos religiosos”, dice. “Privan al sujeto de libertad, explotan el trabajo y aprovechan la vulnerabilidad para adoctrinar, transformar a la persona en un producto de la iglesia”.

Según una investigación exclusiva de Agencia Pública, en Brasil las comunidades terapéuticas de orientación cristiana recibieron casi el 70% de los recursos destinados por el Ministerio de Ciudadanía a estas entidades en el primer año del Gobierno de Jair Bolsonaro. De los aproximadamente 29 millones de dólares en transferencias a 487 instituciones contratadas para ofrecer tratamiento a consumidores de drogas en Brasil, al menos ocho millones de dólares fueron destinados a comunidades terapéuticas notoriamente evangélicas y ocho millones y medio a instituciones católicas. La investigación llegó a esa conclusión al cruzar los datos del mapa general de las comunidades terapéuticas, los del propio ministerio e información disponible en los sitios web y los canales oficiales de las entidades.

Más de 60% de las comunidades terapéuticas contratadas por el Ministerio de Ciudadanía en 2019 tienen vínculos directos con grupos religiosos cristianos o están presididos por sacerdotes –curas, misioneros, pastores, entre otros–. En la mayoría de estas entidades, prácticas como leer la Biblia y participar en cultos, misas y oraciones forman parte del tratamiento que se ofrece a los consumidores de drogas.

Los mayores contratos también se cierran con comunidades terapéuticas cristianas. Encabeza la lista el Grupo de Asistencia a la Dependencia Química Nueva Aurora, que recibió unos 311.000 dólares. La institución pertenece a la católica Fazenda Esperança, que cuenta con más de 100 unidades en Brasil y otros centros en el extranjero. En total, las unidades pertenecientes a Fazenda Esperança sumaron más de 800.000 dólares en contratos con el Ministerio de Ciudadanía el año pasado. El segundo mayor volumen de recursos, unos 250.000 dólares, fue a la Escuela de Capacitación Misionera, perteneciente al Grupo Evangélico Desafío Joven. El año pasado, el Ministerio de Ciudadanía pagó unos 2,3 millones de dólares a unidades de Desafío Joven, una organización no gubernamental fundada por pastores de la Asamblea de Dios en Estados Unidos.

El dinero público también ha financiado comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de los derechos humanos, incluida la falta de respeto por la libertad religiosa. Es el caso del Centro de Recuperación de Alcohol y Drogas Desafío Joven Maanaim, de la organización evangélica Desafío Joven, que recibió 194.000 dólares del Ministerio de Ciudadanía para financiar 75 cupos de tratamiento gratuitos en tres unidades.

Los internos de ese centro dijeron que fueron castigados con tareas como lavar los platos cuando se negaron a participar en las ceremonias religiosas. También hay informes de falta de psicólogos o psiquiatras y de fobia a las personas LGTBI. Las quejas se encuentran en un informe de inspección del Ministerio Público Federal con el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y el Consejo Federal de Psicología publicado en 2018.

Con el cambio de gestión en el Ministerio Público Federal, el año pasado los grupos de trabajo que tenían a cargo la inspección de las comunidades terapéuticas se disolvieron, pero el informe sobre violaciones tuvo repercusiones internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado brasileño a no financiar las entidades denunciadas. Los contratos muestran que el Gobierno federal no conoce las comunidades terapéuticas en Brasil, porque no hay inspección”, dice Lúcio Costa, experto del Mecanismo Nacional para la Prevención y la Lucha contra la Tortura.

El informe también menciona a la Asociación de Beneficencia Cueva de Adulam, en el Distrito Federal, que recibió 164.000 dólares (844.000 reales) del Ministerio de Ciudadanía. El documento del Ministerio Público Federal dice que no hubo “atención personalizada” en la comunidad terapéutica, es decir, una atención que considerara las particularidades de cada interno. Creada por el pastor Lúcio Mendonça, la institución evangélica destaca en su sitio web el “acompañamiento técnico y profesional coordinado por teólogos y pastores” como parte del tratamiento. En internet, circulan informes de que esta misma comunidad terapéutica está rechazando a las personas que no presentan un test de COVID-19.

“Exigen un examen caro”, se queja Kleidson Oliveira. Muestra un vídeo, recibido en WhatsApp, en el que una persona mayor denuncia que rechazaron su admisión por no tener el test, pese a no tener síntomas. El requisito de examen no es parte del folleto que guía el funcionamiento de las comunidades terapéuticas durante la pandemia.

Hasta la publicación de este reportaje, Cueva de Adulam y Joven Maanaim no enviaron ninguna respuesta a las consultas planteadas y el Ministerio de Ciudadanía no respondió acerca de la financiación de las comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de derechos humanos.

Las comunidades terapéuticas ganan fuerza en el Gobierno de Bolsonaro

Las comunidades terapéuticas son centrales en la política nacional contra las drogas del Gobierno de Bolsonaro, que apunta a la abstinencia como la única solución viable. Según el propio Ministerio de Ciudadanía, el número de plazas financiadas por el Gobierno federal en estas entidades aumentó de 2.900 en 2018 a aproximadamente 11.000 en 2019.

Se preveía que el número llegara a 20.000 este año, lo que representaría unos 58 millones de dólares en contratos. Es casi el doble de los 29,25 millones contratados el año pasado, aunque la cantidad anunciadq inicialmente, de 29,8 millones, no se ha alcanzado debido a cancelaciones y rescisiones de contratos, según informó el Ministerio de Ciudadanía, que no detalló los acuerdos alcanzados ni la razón de las cancelaciones. La cantidad prevista para 2020 también excede el presupuesto anual de los Centros de Atención Psicosocial –30,705 millones de dólares–, que trabajan con la perspectiva de reducción de daños (una estrategia centrada en disminuir los riesgos para la salud del consumidor que no se centra en la abstinencia) y con equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos y médicos.

“Los recursos públicos está centrados en las comunidades terapéuticas cuando lo ideal es el tratamiento intersectorial, en libertad y en el territorio de residencia del paciente”, dice Luciano Costa, del Mecanismo Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura. “Existe un movimiento para reforzar las comunidades terapéuticas, incluida la reciente regulación de la recepción de adolescentes en estos hogares, por parte del Consejo Nacional de Políticas de Drogas”, reafirma Marisa Helena Alves, del Consejo Federal de Psicología y coordinadora de la Comisión Intersectorial de Salud Mental.

Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado debido a la pandemia, la convocatoria emitida en diciembre se prorrogó a junio. Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones registradas en 2019, lo que sería, según informan personas vinculadas con el sector, un primer paso para ganar el contrato.

Esta lista anterior mantiene el patrón de contratación de entidades religiosas. Con la información disponible mediante los canales oficiales de estas instituciones, Agencia Pública averiguó que casi el 60% de esas entidades están vinculadas a iglesias u organizaciones cristianas. Al menos el 40% de las entidades se declaran evangélicas, tienen relaciones directas con iglesias o con otras organizaciones evangélicas o son administradas por pastores. Los católicos son casi el 20%.

Los tratamientos combinan espiritualidad y 'laborterapia'

Según las estimaciones, Brasil tiene aproximadamente 2.000 comunidades terapéuticas en funcionamiento. Muchas trabajan en el sector informal, lejos de las inspecciones.

La convergencia con grupos religiosos ha existido desde la creación de las comunidades terapéuticas, que surgen de hermandades anónimas (como Alcohólicos Anónimos) e iglesias. En Brasil, “el 82% de las entidades están vinculadas a iglesias y organizaciones religiosas, en particular las de origen cristiano”, según el perfil de las comunidades terapéuticas elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) en 2018. El cultivo de la espiritualidad y la 'laborterapia' –tratamiento a través del trabajo– son comunes en más del 90% de las entidades.

“Incluso las instituciones no religiosas hacen una mezcla de métodos espirituales y técnicos”, observa la coordinadora de investigación del IPEA, Maria Paula Gomes. Para ella, la agenda religiosa es peligrosa porque hace de la entidad “una empresa moral, que obstruye una discusión sobre la política de drogas”.

El fortalecimiento de las comunidades terapéuticas vinculadas con grupos cristianos conservadores continúa, según Gomes, a partir de que estos grupos emergieron en la política brasileña. Ella recuerda que la primera oportunidad de financiación para las comunidades terapéuticas con el Gobierno federal se generó en 2010, mediante el programa “Crack, es posible vencer”. Y agrega que desde entonces la concesión de préstamos sólo ha crecido, dejando de lado otros enfoques.

“Ningún método es efectivo por sí solo y lo que se ha defendido es un método terapéutico único con métodos complementarios”, dice Maria Paula. “Uno de los mayores problemas con la política actual de drogas es el enfoque en la abstinencia. Y que, a menudo, en las comunidades terapéuticas el éxito del tratamiento se mide por la conversión espiritual del individuo. Además, sin el tratamiento adecuado, las personas no están preparadas para enfrentar la realidad fuera de la institución y, por lo tanto, muchos regresan al abuso de drogas después de abandonar los centros de recuperación”.

Este artículo fue publicado originalmente por Agencia Pública, y contó con la colaboración de Raphaela Ribeiro

João Cezar de Castro Rocha, profesor de literatura comparada de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), se ha dedicado a estudiar lo que califica como la guerra cultural bolsonarista. Su investigación se ha publicado en un libro titulado Guerra cultural y retórica del odio: crónicas de Brasil. En una entrevista con Agência Pública enumera los elementos fundamentales que alimentan la mentalidad de la militancia bolsonarista y advierte sobre la posibilidad de radicalización de estos grupos ante el colapso del Gobierno.

Usted sostiene que existe una guerra cultural específicamente bolsonarista y que difiere de un concepto más amplio de guerras culturales ¿En qué se basa esta guerra cultural bolsonarista?

¿Cuál es el pilar de la guerra cultural bolsonarista? ¿Qué ha marcado la mentalidad de Jair Messias Bolsonaro y su clan? Bolsonaro, más que un político, es una franquicia. Hay una franquicia de políticos con el estilo de Bolsonaro. La mentalidad de Jair Messias Bolsonaro fue formada por el Ejército brasileño, pero moldeada siguiendo una línea muy particular del Ejército que está marcada por el resentimiento surgido por la repercusión de un destacado libro lanzado en 1985 y titulado Brasil: nunca más.

Este es un libro particularmente importante porque denunció las torturas, arbitrariedades y desaparición de cuerpos durante la dictadura militar [1964-1985] de una forma indiscutible. El libro recoge varios testimonios de jóvenes de 20 años tomados de los procesos de Justicia Militar y todos informan exactamente lo mismo. Algunos dicen que fueron utilizados como conejillo de indias en las clases de tortura. Es impresionante, un libro negro de la dictadura militar.

El libro fue un éxito absoluto. Se vendieron más de 100.000 copias y tuvo grandes repercusiones en el extranjero. Ayudó a consagrar, en el período de redemocratización (un período de transición que hubo al terminar el régimen militar), una imagen de las Fuerzas Armadas asociadas con la represión, la tortura y la muerte. Esto marcó a una generación del Ejército brasileño que siempre tuvo como consecuencia un proyecto revanchista, basado en un proceso revisionista. Por tal motivo, la mentalidad bolsonarista niega la existencia de la tortura. La mentalidad bolsonarista no solo niega la COVID-19, también niega las torturas de la dictadura militar.

De esta manera, se forma una mentalidad revisionista y revanchista en el Ejército porque considera que los militares ganaron la batalla en el golpe de 1964, pero perdieron la guerra con la opinión pública. ¿Qué hizo el ejército? Decidió pagar con la misma moneda. De 1986 a 1989, los militares reunieron documentos, principalmente de un cuerpo de represión, el CIE (Centro de Información del Ejército), privilegiando lo que consideraron crímenes de la lucha armada contra la dictadura en Brasil. De hecho, la lucha armada de la izquierda en Brasil mató a inocentes. Posteriormente, los militares crearon el proyecto Orvil, que significa libro al revés (en portugués). Literalmente es 'Brasil: nunca más', pero al revés. Ya no se trata de los crímenes de la dictadura, sino de los crímenes de la lucha armada. Es una larga lista de grupos armados, el desmantelamiento de estos grupos y los crímenes que los militares consideran que han cometido.

En una reunión ministerial el pasado 22 de abril, en un momento inesperado, Bolsonaro pronuncia la siguiente frase: “Si hubieran ganado en 1964, hoy tendrías suerte si estuvieses cortando caña y ganando 20 reales al mes”. Parece una frase absolutamente loca: estamos en 2020, han pasado 56 años desde 1964. En ese momento, ya se habían reportado en Brasil casi 50.000 casos y 3 mil muertes por COVID-19. ¿Qué significa esta frase durante una reunión llevada a cabo para discutir la recuperación económica después de la pandemia? 

Es la retórica de Orvil, una retórica que prepara un golpe de Estado. En la introducción de Orvil, ellos (los militares) dicen que desde 1922 la historia republicana brasileña está marcada por un intento constante de los comunistas para tomar el poder para crear en Brasil una dictadura del proletariado que, dadas las dimensiones continentales, haría que Brasil fuese una China tropical. El intento más peligroso, afirman, es la infiltración de las instituciones, en especial de cultura, para dar forma a una mentalidad que conduzca al advenimiento del comunismo a través de las elecciones y no de la lucha armada ¿Es o no es el discurso completo del Gobierno? Si usted acepta esta narrativa, lo que sigue es un segundo punto: la doctrina de la seguridad nacional.

¿Se refiere a la idea adoptada por la dictadura de llevar al ámbito interno del país la lógica de la guerra para eliminar al enemigo?

Exactamente. En la narrativa de Orvil no hubo un solo día en que el movimiento comunista internacional no intentara imponer una dictadura del proletariado con el objetivo de transformar a Brasil en una China tropical. Si desde 1922 hasta hoy han intentado tomar el poder debe existir una contraparte para la defensa y esta es la doctrina de seguridad nacional.

Esta doctrina no es un invento de la dictadura militar brasileña, pues se desarrolló dentro del marco de la Guerra Fría y existe en otros países. Proporciona condiciones específicas para defender la integridad de la nación cuando es atacada por un enemigo externo. El derecho público internacional establece que, si una nación es atacada por otra con el propósito de ser subyugada, la nación atacada tiene todo el derecho de usar los medios necesarios para repeler la agresión, incluso si deben eliminar al enemigo externo para hacerlo. La Doctrina de Seguridad Nacional adaptó esta idea al ámbito interno para eliminar al enemigo, que es el subversivo comunista. Como el subversivo comunista en la narrativa de Orvil está al servicio del movimiento comunista internacional, es en cierta medida externo y, por lo tanto, una vez identificado, ¿qué hacer con él? Eliminarlo. Punto.

¿Esta idea de eliminación se daría en el plano físico o en el plano moral destruyendo reputaciones?

¿Cómo trasladas esta doctrina de seguridad nacional a tiempos democráticos? Tengo dos hipótesis. Usted ya mencionó una: la militancia virtual bolsonarista destruye reputaciones con una violencia y virulencia sin precedentes en Brasil. Destruir reputaciones no es nuevo, es algo que siempre ha acompañado a la política. Pero la forma en que la guerra cultural bolsonarista inventa sistemáticamente a los enemigos en serie y realiza rituales expiatorios es algo impresionante. De una hora a la siguiente, se invierte por completo la descripción de la persona y esta sufre una destrucción simbólica equivalente a una eliminación desde el punto de vista simbólico e individual. 

En la narrativa de Orvil, el cuarto intento de tomar el poder por parte del comunismo provino del intento de infiltrarse en las instituciones, en especial, en las de cultura: la prensa, el arte y la universidad. Todas las acciones del Gobierno de Bolsonaro están destinadas a destruir las instituciones que Orvil identifica como aquellas que tienen la intención de imponer el comunismo en Brasil. Cuando hablan de la prensa extrema (como el bolsonarismo llama a la prensa), la matriz narrativa está en Orvil.

Esta inesperada aparición de la doctrina de la seguridad nacional se correlaciona con la destrucción sistemática de las instituciones. ¿Qué sucede cuando entregas la Fundación Zumbi dos Palmares (institución pública para la promoción y preservación de los valores culturales, históricos, sociales y económicos resultantes de la influencia negra en la formación de la sociedad brasileña) a una persona que niega la existencia del racismo en Brasil? ¿Se destruye o no la Fundación de esta manera? ¿Qué sucede cuando entregas el IPHAN (Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico), uno de los organismos más antiguos y longevos de la precaria estructura de la cultura en Brasil, a una bloguera que se define a sí misma como “turismóloga” o eliminas 6.000 becas de posgrado de la noche a la mañana? El CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) anunció un decreto de iniciación científica en el que elimina el área de humanidades. Esto nunca ha sucedido en ninguna parte del mundo. Es impactante, pero sigue la narrativa de Orvil.

No pueden, por el momento, eliminar físicamente a los enemigos. Yo no puedo ser eliminado físicamente. Pero pueden destruir la universidad para la que trabajo. Si lo hacen, me están eliminando desde un punto de vista profesional. Si un Gobierno puede usar todas las instituciones estatales a su favor, no hay necesidad de dar un golpe, el golpe ya está hecho.

Usted argumenta que hay tres pilares fundamentales: además de la narrativa de Orvil y la doctrina de la seguridad nacional, se está popularizando una retórica de odio que proviene en gran parte del escritor Olavo de Carvalho. ¿Cómo funciona este tercer elemento?

Una trampa en la que no caeré es discutir la filosofía de Olavo de Carvalho. Para mí, él no tiene filosofía en absoluto. Lo que me interesa señalar es que en una prédica de casi dos décadas, el autor ha creado lo que yo llamo el sistema de creencias de Olavo de Carvalho. Este sistema de creencias es una especie de punto de fuga que maximiza los elementos de Orvil y la doctrina de la seguridad nacional. Él desarrolló muy hábilmente una retórica de odio.

Lo que digo es que la retórica de odio se traslada a la doctrina de la seguridad nacional para usarse en el lenguaje mediático de las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de Olavo de Carvalho, un hombre de más de 70 años, para tomarse la molestia de cambiar el nombre de una persona cuando algo no le gusta? Cuando modifico el nombre de una persona para ridiculizarla, ¿acaso no estoy haciendo una descalificación que anula a esa persona? ¿El propósito de una descalificación no es la de eliminar al otro?

Además, hay otra base en esta retórica de odio de Olavo de Carvalho que llamo la exageración descalificadora. Funciona así, Olavo dice: “Nunca antes en la historia humana ha habido un ataque contra un filósofo como el que yo he recibido. En mi contra, ya se han escrito 100 mil páginas en 15 idiomas”. Es una hipérbole descalificadora porque es obvio que no hay posibilidad de que haya 100 mil páginas en la faz de la tierra contra Olavo de Carvalho, mucho menos en 15 idiomas. Pero ¿qué efecto tiene esta hipérbole? Anula el pensamiento, ya que estás de acuerdo o estás en contra, no hay otro pensamiento posible. Solo se piensa cuando hay mediación.

Entonces, convergen los tres elementos: la doctrina de la seguridad nacional, Orvil y la retórica de Olavo de Carvalho. Esta última hace que se propaguen los otros dos. Una parte considerable de lo que Olavo propone en su trabajo, desde la infiltración gramsciana hasta la toma del poder, está en Orvil. Es una combinación muy poderosa.

La guerra cultural bolsonarista es, desde el punto de vista de movilización de masas, en especial en la era digital, un fenómeno sin precedentes en la historia política brasileña reciente. Esta guerra cultural se basa en los sentimientos más arcaicos de la cultura humana. El más arcaico de todos, que es la violencia, está en la superficie de la guerra cultural bolsonarista. Nada es más primitivo que la invención constante de enemigos y la promoción del linchamiento. La capacidad que esto tiene para movilizar la estamos viendo, es una fuerza que combina la violencia y el odio.

Ahora, aquí encontramos una paradoja. Sin guerra cultural, no existe el bolsonarismo. Pero con la guerra cultural, no puede existir el Gobierno de Bolsonaro. No puedes crear enemigos constantemente si tomas en cuenta datos objetivos y si no tomas en cuenta datos objetivos, no puede haber gobierno.

Nos acercamos al momento más grave de la vida brasileña desde la redemocratización. Tendremos una recesión económica y la recuperación aún no se ve en el horizonte y el colapso del Gobierno de Bolsonaro es inevitable. Mientras mayor sea el colapso, más violenta será la guerra cultural y se hace más probable que esta guerra virtual se derrame en las calles. Este colapso acelerará el proceso de violencia, las redes sociales se volverán cada vez más violentas, los bolsonaristas serán cada vez menos y más agresivos, porque solo permanecerán los fanáticos que optarán por la violencia inesperada y fuera de control.

El bolsonarismo solo tendrá dos alternativas: aceptar el fracaso melancólico de un gobierno que ni siquiera existía o emprender la aventura del golpe autoritario. Creo que se aventurarán por lo segundo. Hay intentos de armar a los ciudadanos en todo el país, usar la policía militar en algunos estados brasileños, literalmente existe el “acuartelamiento” del gobierno: hay más soldados en el gobierno de Bolsonaro que en todos los gobiernos de la dictadura militar en 20 años. Hoy estamos viviendo una situación grave, existe un gran riesgo de golpe autoritario, que será más violento que la dictadura militar porque este deseo de eliminar las instituciones no formaba parte de la dictadura militar. La dictadura militar quería crear instituciones a su imagen y semejanza. Solo podremos detener este proceso si entendemos la lógica perversa que domina este Gobierno. Necesitamos reaccionar para preservar la democracia. Si las Fuerzas Armadas se embarcan en la aventura golpista de Bolsonaro, la situación será grave. Las instituciones están tardando demasiado en reaccionar.

Traducido por Mary Gómez

Artículo publicado originalmente en Agência Pública.

En dos semanas, el número de personas negras que ha muerto por COVID-19 en Brasil se ha multiplicado por cinco. Del 11 al 26 de abril, las muertes de pacientes negros confirmados por el Gobierno Federal pasaron de ser alrededor de 180 a más de 930. Además, el número de brasileños negros hospitalizados por síndrome respiratorio causado por el coronavirus fue 5,5 veces mayor.

En cambio, el aumento de muertes en pacientes blancos fue mucho menor: en las mismas dos semanas, el número aumentó un poco más del triple, una subida similar en pacientes blancos hospitalizados. El gran aumento de casos de ciudadanos negros hospitalizados o fallecidos por COVID-19 ha evidenciado las desigualdades raciales en Brasil: en la población negra, muere uno de cada tres hospitalizados por SARS causado por el coronavirus; mientras que en la población blanca muere uno de cada 4,4 hospitalizados.

Estos datos son el resultado de un análisis realizado por Agência Pública, basado en boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud que contienen información sobre datos raciales en las hospitalizaciones y muertes por coronavirus. El Gobierno Federal publicó cifras actualizadas solo hasta el 26 de abril, por lo que el análisis comprende del 11 al 26 de abril.

Por cada muerte en Moema, cuatro en Brasilândia

São Paulo, la ciudad más grande del país y que tiene la mayor cantidad de muertes por COVID-19, presenta el mayor número de fallecimiento por la enfermedad en los barrios donde la población negra está más concentrada. Según Agencia Pública, de los diez barrios con el mayor número absoluto de muertes causadas por el coronavirus, en ocho de ellos viven más ciudadanos negros que el promedio de São Paulo.

El barrio con el mayor número absoluto de muertes es Brasilândia, con 103 casos. La población en esa región es de alrededor 50 % negra (el promedio en São Paulo es del 37 %). En el extremo opuesto, el barrio con menos población negra de la ciudad, Moema, tuvo 26 muertes. El número promedio de negros en esa región es inferior al 6 %.

Incluso si ajustamos las muertes al número de habitantes, los dos barrios tienen realidades diferentes: en comparación con el número de habitantes en Moema, Brasilândia tiene aproximadamente un 25 % más de muertes. Agencia Pública ha utilizado los datos del último Censo (2010) para calcular la población y el perfil racial de sus habitantes.

En los barrios suburbanos con más habitantes negros que el promedio en São Paulo se ha disparado los casos de COVID-19, y con ellos, las muertes. En Jardim Ângela, el barrio con el mayor porcentaje de negros en toda la ciudad, los fallecimientos por coronavirus casi se triplicaron en aproximadamente dos semanas. En los barrios con una mayoría de población negra, como Grajaú, Parelheiros, Itaim Paulista, Jardim Helena, Capão Redondo y Pedreira, se duplicaron con creces las muertes con COVID-19 durante el mismo período.

El avance del coronavirus en los suburbios de São Paulo ha acortado la distancia de muertes entre los barrios más ricos, donde aparecieron los primeros casos de COVID-19. El 17 de abril, los vecindarios con menos población negra que el promedio de la ciudad tuvieron un 13 % más de muertes que las regiones donde viven más negros. Dos semanas después, esa diferencia cayó al 3 %. Si la tendencia continúa, los barrios donde viven más negros que el promedio en la ciudad deberían superar a los barrios donde viven menos negros.

Los lugares con más población negra son precisamente aquellos con el Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) más bajo. Los diez barrios con el peor IDHM en São Paulo tienen más habitantes negros que el promedio de la ciudad. Los diez con el mejor IDHM tienen menos habitantes negros que el promedio. En los diez barrios con el mayor número absoluto de muertes, ocho tienen un IDHM considerado promedio, por debajo de 0,8. Es precisamente en estos ocho barrios donde la media de habitantes negros está por encima de la media de la ciudad.

En Río, los barrios con más negros tienen más muertes

En la capital carioca, Río de Janeiro, los barrios con más habitantes negros que el promedio de la ciudad ya tienen más muertes en números absolutos que los barrios con menos habitantes negros.

El aumento de casos en los suburbios y favelas ha llevado a estas zonas a registrar cada vez más muertes. Actualmente, Campo Grande, con más del 50 % de habitantes negros, es el barrio con más muertes. La región superó a Copacabana, que anteriormente era el lugar con el mayor número absoluto de muertes por COVID-19. Después de Copacabana, Bangu y Realengo, dos barrios con mayoría de población negra, ocupan el tercer y cuarto lugar con más muertes en la ciudad.

En Rocinha, la favela más grande de la ciudad, ya hay al menos nueve muertes según los datos oficiales. Los médicos que prestan servicio en esa comunidad cuestionan el número y señalan que en realidad habría al menos 22 muertes en la favela.

La relación entre el número de casos confirmados y las muertes también son bastantes diferentes entre los barrios ricos y pobres de Río de Janeiro, lo que puede indicar dificultades para que los residentes de las favelas y los suburbios se sometan a exámenes. En Rocinha, por ejemplo, hay más del doble de muertes en relación con casos confirmados que en Leblon. Los barrios con más casos confirmados son Copacabana y Barra da Tijuca.

En el Amazonas, los blancos sobreviven más 

En el Amazonas, donde el sistema de salud pública ya se ha derrumbado, las muertes de ciudadanos negros son más frecuentes que las de blancos entre quienes desarrollan condiciones severas de COVID-19. Según los datos recabados por Agencia Pública, muere un negro por cada 2,4 casos en estado grave y, entre los blancos, se registra una muerte por cada 3,2 pacientes gravemente enfermos.

El estado, que fue el primero en tener la capacidad máxima de unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19, ha registrado un aumento más significativo entre los negros en estado grave que entre los blancos. A finales de abril, en menos de una semana, el número de pacientes negros gravemente enfermos se duplicó.

La mayoría absoluta de muertes en Amazonas recae en personas negras: más de 13 ciudadanos negros murieron por cada muerte blanca. El departamento de salud ya ha registrado a unos 850 pacientes negros en estado grave y más de 340 muertes. Entre los blancos, hubo 81 casos graves y 25 muertes, según los datos disponibles hasta el pasado 29 de abril.

A pesar de que los datos muestran que hubo un mayor aumento de muertes en la población negra y se registraron más muertes entre los pacientes hospitalizados, el Gobierno Federal no revela detalles sobre esta información. Por ejemplo, no hay información sobre cuántos casos fueron confirmados por raza/color ni sobre el número de pruebas en negros, blancos y otros grupos.

La ausencia de datos oficiales sobre población racializada es histórica en el país, dice el abogado Daniel Teixeira, director del Centro para Estudios de Relaciones y Desigualdades Laborales (Ceert), una organización no gubernamental centrada en promover la igualdad racial y de género.

“Hay varios factores que pueden explicar esta alta letalidad de la COVID-19 entre la población negra. Precisamente, tener más información significa que incluso podemos confirmar o excluir la importancia o relevancia de cada uno de estos factores, según sea el caso. Allí es donde radica la importancia de los datos”, defiende Teixeira.

El investigador considera que la brecha no se produce solo en el área de salud, sino que es extrapolable a todo el país. “La ausencia de este tipo de  estudios puede impedir que las personas cuenten con políticas públicas que consideren esta situación que, históricamente, ignora las dimensiones de las desigualdades estructurales en Brasil”, concluye Teixeira.

Artículo publicado originalmente en Agência Pública.publicado originalmente en Agência Pública

Traducción de Mary Gómez

Sergio Moro, quien fuera juez del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, abandonó este 24 de abril su cargo al frente del Ministerio de Justicia clamando por la independencia de la Policía Federal. Pero un análisis de sus 16 meses en el Ministerio muestra una inclinación muy diferente con respecto a la influencia del FBI en la Policía brasileña.

Varios meses de investigación de Agência Pública en documentos oficiales han revelado que, al asumir su responsabilidad como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Moro y el exdirector de la Policía Federal firmaron acuerdos con el FBI que amplían la influencia estadounidense en diferentes áreas de la lucha contra el delito, incluyendo la presencia de agentes extranjeros en un centro de inteligencia en la frontera, investigaciones sobre corrupción y acceso a datos biométricos brasileños.

A fines de 2019, la oficina del FBI en Brasil solicitó más recursos al gobierno estadounidense para ampliar su equipo y atender más solicitudes de cooperación internacional en investigaciones en el país. En teoría, el FBI tiene prohibido hacer investigaciones en territorios extranjeros, incluido Brasil, porque la Policía estadounidense no tiene jurisdicción en el país.

Sin embargo, la presencia del FBI fue revelada en 2004, cuando el exdirector del FBI en el país, Carlos Costa, en una declaración ante el Ministerio Público Federal, afirmó que el FBI dirigía y financiaba las operaciones de la Policía Federal, lo que establecía una relación de “subordinación a las autoridades estadounidenses”.

En los años venideros, los gobiernos de Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff buscaron una postura más independiente en relación con las investigaciones federales, mejorando la estructura de la Policía Federal brasileña. Sin embargo, durante el mandato de Bolsonaro, las acciones de Sergio Moro implican un nuevo acercamiento con el FBI, hasta ahora desconocido para la opinión pública.

Investigando en Brasil

Aunque las dos investigaciones más importantes sobre Lava Jato por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ya finalizaron, con los acuerdos de Odebrecht y Petrobras, el FBI aún tiene mucho que hacer para investigar la corrupción en Brasil, en palabras del jefe del FBI en el país, David Brassanini, durante una conferencia en el 7° Congreso Internacional de Procedimientos, en mayo de 2019, en São Paulo.

Brassino elogió la alianza  con la Policía Federal en las investigaciones de la operación Lava Jato. Fue a partir de entonces que la relación entre los agentes se intensificó. Un reportaje conjunto de The Intercept Brasil y Agência Pública reveló que desde 2015 agentes del FBI han estado en Curitiba para interrogar a los delatores que estaban cerrando tratos con los fiscales brasileños.

El FBI actúa para investigar la corrupción transnacional gracias a la FCPA (Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero), una ley que permite al gobierno estadounidense investigar y sancionar, en Estados Unidos, los actos de corrupción que involucren a autoridades extranjeras cometidos por empresas y personas extranjeras. No es necesario que los crímenes hayan tenido lugar en suelo estadounidense: basta, por ejemplo, que haya una transferencia de dinero mediante un banco estadounidense o que las empresas involucradas vendan acciones en la bolsa de valores estadounidense. En el marco de esta ley, el gobierno estadounidense castigó con multas millonarias a las empresas brasileñas que fueron blanco de la operación Lava Jato, entre ellas Petrobras y Odebrecht.

Brassanini también relató, durante la Conferencia de 2019, que los agentes del FBI vienen a São Paulo “cada semana para tratar diferentes casos relacionados con la FCPA y el lavado de dinero”. Aseguró que la colaboración con la Policía Federal ya ha cristalizado con la obtención de mucha información para los próximos años.

Desde agosto de 2017, David Brassanini es el jefe del FBI para Brasil, pero desde 2006 ha trabajado en sus oficinas viviendo en el país. Actualmente gestiona el trabajo del FBI en la embajada en Brasilia y en los consulados de São Paulo, Río de Janeiro, Recife, Belo Horizonte y Porto Alegre –incluida la cooperación con la Lava Jato–, un equipo de 20 personas, según la publicación especializada Global Investigative Review.

Fue el organizador principal de una postura más “altiva” de la Policía estadounidense en el ministerio dirigido por Moro. Además de reunirse con el propio ministro al comienzo de su mandato, Brassanini mantuvo encuentros con secretarios y llegó a tener una reunión con el controvertido asesor especial del presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, en julio de 2019. El joven ultraderechista es uno de los nombres influyen en la política exterior del gobierno, junto con Eduardo Bolsonaro.

El FBI accede a datos biométricos de “sospechosos”

Mientras que en 2018, durante el gobierno de Michel Temer, Brassanini solo hizo una “visita de cortesía” al entonces secretario de Justicia Nacional, Rogério Galloro, en 2019 hubo al menos cuatro citas oficiales. Además, hubo otras cinco reuniones de miembros del Ministerio de Justicia con agregados de la embajada estadounidense.

La primera visita tuvo lugar poco después de que Bolsonaro llegara al poder. En enero de 2019, el ministro Moro recibió a una delegación de las autoridades estadounidenses para analizar maneras de profundizar la cooperación legal de Brasil con Estados Unidos, según la web del Ministerio de Justicia. Las reuniones mantenidas en agosto de 2019  giraron en torno a dos proyectos de cooperación: “Discusiones sobre el proyecto de biometría y la creación del centro de fusión”, según los registros oficiales.

La información biométrica es el tema principal de un acuerdo firmado el 18 de marzo de 2019, cuando Moro y el exdirector general de la Policía Federal acompañaron a Jair Bolsonaro en su primera visita oficial a Washington. Moro se reunió con la entonces secretaria de Seguridad Nacional y el director del FBI, Christopher A. Wray.

El acuerdo firmado, obtenido para este artículo mediante la Ley de Acceso a la Información, tiene como objetivo el intercambio de información sobre grupos criminales y terroristas, partiendo de compartir huellas dactilares de ciudadanos de ambos países a los fines de investigaciones criminales.

Cualquiera de las dos policías puede solicitar huellas digitales y otros datos de identificación, como el nombre, el número de seguro social, el número de identidad y el lugar y la fecha de nacimiento en casos que involucren a “una persona sobre la cual exista una sospecha razonable de que sea terrorista” o “personas sospechosas de haber cometido delitos graves o actividades delictivas transnacionales”. Los delitos graves, según el acuerdo, son todos aquellos que se castiguen con más de un año de prisión.

El documento indica que El FBI incorporará las huellas digitales en las bases de datos nacionales estadounidenses, a las cuales otras agencias del gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades estatales tienen acceso.

En octubre del año pasado, Bolsonaro firmó un decreto que establece una base de datos única, el Registro Básico del Ciudadano, que vinculará diferentes bases de datos sobre ciudadanos brasileños, incluyendo números de registros y documentos, datos biográficos y biométricos, como “palma de la mano, huellas digitales, de la retina o el iris de los ojos, la forma de la cara, la voz y la forma de caminar”. El decreto se puso en marcha al mismo tiempo que avanzaba la recopilación de datos biométricos de la población, como, por ejemplo, la biometría para las elecciones, que alcanzó a 120 millones de votantes este año.

“Los datos biométricos, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos, son datos sensibles. Que se compartan para formar este Registro Básico Ciudadano permite que se utilicen más datos, sensibles o no, para extrapolar los fines para los que fueron recolectados”, asevera Joana Varon, directora de la organización Coding Rights, que defiende la privacidad de los datos. Varon afirma que el acuerdo firmado por Valeixo puede conducir a abusos, ya que la definición de lo que sería un “sospechoso” es bastante amplia.

De acuerdo con Varon, el tratado puede tener más peso en un contexto de amenaza institucional a la Policía Federal. “Estos límites son aún más importantes si consideramos que el Gobierno de Bolsonaro lleva a cabo una política de sumisión total al Gobierno estadounidense, así como si tenemos en cuenta que vivimos en momentos de crisis democrática y amenazas de injerencia política en la Policía Federal”, concluye.

“Fusion Center” en la Triple Frontera

El “Fusion Center” –o Centro Integrado de Operaciones en la Frontera (CIOF)– es una oficina de inteligencia en la triple frontera de Foz de Iguazú (una localidad de Brasil ubicada en el extremo oeste del estado de Paraná, que linda con Argentina y Paraguay) que se propone reunir a agentes de 16 instituciones y unificar bases de datos. El modelo está inspirado en el centro dirigido por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en la frontera con México, que Moro visitó en junio del año pasado.

El CIOF es el proyecto soñado de la Embajada estadounidense, que durante al menos diez años ha estado presionando al Gobierno brasileño para que investigue las sospechas de actividades terroristas en la región, una postura que encontró la resistencia de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, según revelaron los documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks.

Finalmente, el centro fue inaugurado el 16 de diciembre de 2019 en el Parque Tecnológico de la represa de Itaipú, en Foz de Iguazú. Un mes antes, el exministro de Justicia llevó a una pequeña comitiva estadounidense para presentar el proyecto, entre ellos Brassini. Un día después de esa visita, Moro anunció la firma de un acuerdo con Paraguay, Uruguay y Argentina que permite a los policías cruzar la frontera para actuar en los países vecinos durante una persecución.

El centro administrará bases de datos unificadas de la actuación conjunta de miembros de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Receita Federal (que administra los impuestos federales), la Policía Militar, la Policía Civil y la Policía Científica para combatir el crimen organizado en la Triple Frontera, en Foz de Iguazú. También estarán presentes “agregados policiales de otros países”, dijo Moro al periódico local Tarobá News.

Esa misma semana, el FBI creó un equipo especializado en temas como terrorismo y narcotráfico para operar en Paraguay, de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press.

Anuncios opacos que buscan “investigador de seguridad”

El FBI y la embajada se niegan a detallar públicamente lo que hacen exactamente sus agentes en Brasil. Sin embargo, un documento de la propia embajada revela cómo funciona este trabajo. Es un anuncio del 19 de octubre de 2019 en busca de un “investigador de seguridad” que trabaje en el equipo del agregado legal y pase el 70% del tiempo haciendo investigaciones. “Estas investigaciones suelen ser muy controvertidas y pueden tener importantes implicaciones sociales y políticas”, dice el texto del anuncio, escrito en inglés.

Entre las tareas enumeradas se encuentra la “asistencia en la investigación de violaciones de la legislación de los Estados Unidos” a los agentes de seguridad pública, incluidos el Departamento de Justicia, la Policía Federal, Civil y Militar, y la Procuraduría General de la República (PGR). “El puesto requiere la capacidad de interactuar a nivel profesional con los agentes de seguridad a un alto nivel y a nivel operacional en cuestiones operacionales y relaciones”, dice el anuncio.

El profesional debe “asistir con el equipo legal reuniones con miembros de alto rango del gobierno brasileño”, seguir la prensa brasileña y mantener “bases de datos de investigación y capacitación relacionadas con contactos de enlace, conferencias, temas, oradores, fotos y materiales a los que se pueda acceder fácilmente para recopilar evaluaciones según sea necesario”.

El anuncio dice que el oficial tendrá que viajar en coche, barco, tren o avión hasta un periodo de 30 días. “Se requerirán viajes a zonas fronterizas remotas y a todas las regiones del Brasil”. El salario no está estipulado.

Consultada para este reportaje, la Embajada de Estados Unidos en Brasilia no ha respondido hasta el momento a las preguntas enviadas. El exministro Moro no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Este artículo fue publicado originalmente por Agência Pública.fue publicado originalmente por Agência Pública

Traducción de la.diaria

En los suburbios, favelas, cerros y zonas pobres de Brasil, donde viven casi 14 millones de personas, las instrucciones de prevención del Ministerio de Salud no son fáciles de cumplir. En estos territorios clasificados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística como “aglomeraciones irregulares”, los denominados comunicadores populares son esenciales.

Ante la ausencia de medidas del Gobierno Federal dirigidas hacia las favelas, y mientras el presidente Bolsonaro ha respondido con un “¿y qué? ¿qué quieren que haga?” al alarmante repunte de muertes, hablamos con “comunicadores populares” en cinco capitales del país: Belém, Salvador, Pernambuco, São Paulo y Río de Janeiro, que se organizan para luchar contra la pandemia.

Un podcast en las zonas pobres de São Paulo

“La comunicación en los suburbios de Brasil es un tema muy complejo”, señala Ronaldo Mattos, comunicador y miembro del proyecto Desenrola e Não Me Enrola, que reúne a comunicadores de los suburbios de São Paulo, la ciudad que es el epicentro de la Covid-19 en el país. “Si pensamos en los habitantes de São Paulo, pensamos en grupos poblaciones, distritos, aglomeraciones. Cuando hablamos de las favelas de Río, se trata de otro grupo demográfico. Si hablamos del noreste, es un lugar aún más distinto. Los comunicadores, nos enfrentamos a las complejidades de los territorios al organizarnos nacionalmente”.

Para combatir las noticias falsas, dar consejos de prevención y actualizar las medidas gubernamentales, Mattos se unió a la periodista Gisele Brito y al comunicador Tony Marlon de los proyectos Periferia em Movimento y Alma Preta. Juntos, comenzaron a producir el podcast Pandemia Sem Neurose (pandemia sin neurosis).

“Pensamos en un podcast corto, de 2 a 3 minutos, al que las personas no tuvieran que dedicar mucho tiempo, que se cargara rápido en el teléfono, no ocupara espacio en la memoria del dispositivo y se pudiera reproducir a mayor escala”, explica Ronaldo. “Ha tenido mucho éxito. Hemos recibido comentarios de personas mayores, de personas que viven en regiones completamente diferentes. Desde la zona sur hasta el extremo norte”, asegura.

Hablar a los suburbios y no sobre los suburbios representa para Ronaldo un “problema de estructuración”.  “De no ser así, informar en las aglomeraciones irregulares se convierte en un producto puramente periodístico”, afirma. “Independientemente de si vives en una zona popular o no, vas a producir contenido sobre esos territorios y es algo que tiene un gran valor. Pero, si esa información no termina en manos de quienes la necesitan, ¿cuál es el valor público de ese reportaje? ¿De ese contenido periodístico? ”, se pregunta.

“La información debe poder usarse para que debatan los ancianos,  los jóvenes que van a fiestas porque todavía no entienden la gravedad del virus y las posibilidades de contagio. Entonces, la gente prestará atención a todo esto”, explica.

En São Paulo, se están llevando a cabo otras acciones en las dos favelas más grandes del estado. En Heliópolis, União de Núcleos y Asociaciones de Residentes (UNAS) han estado promoviendo campañas para recolectar alimentos y productos de higiene. También se hizo recientemente una encuesta on-line sin precedentes sobre el impacto del coronavirus en las favelas. De los 653 formularios respondidos, sobresalen los datos relativos a la situación económica: “el 68 % de las familias de Heliópolis ya han experimentado pérdidas en sus ingresos mensuales desde que se adoptaron las medidas de aislamiento, y dentro de estas el 19 % dice no tener más ingresos”.

En Paraisópolis, União dos Moradores creó comités con líderes vecinales. Según el presidente de la asociación, Gilson Rodrigues, “identificamos 420 líderes que se ofrecieron como voluntarios y supervisarán una media 50 hogares. La idea es cubrir 21.000 hogares y llegar a la población de 100.000 habitantes que viven en las favelas”, explica.

Desmontando noticias falsas en los suburbios de Belém

“Se tomó la decisión de cerrar las calles para reclamar el derecho al agua. ¿Por qué no está llegando agua? Cuando llega el agua, es muy amarilla”, dice un residente del barrio Terra Firme, en las afueras de Belém, Pará, que cuenta con 60.000 habitantes.

Una estudiante, Izabela Chaves, de 25 años, residente local y comunicadora popular graba la escena. El brote de coronavirus fue el desencadenante de una protesta el 18 de marzo, en la que se cerró una avenida con barracones hechos con palos, muebles muebles y neumáticos. “Les preocupaba ir a trabajar, bañarse y hacer lo básico”, dice Izabela. La joven estudiante de cine y audiovisuales forma parte del colectivo Tela Firme, que se centra en la producción audiovisual y la formación de jóvenes de las afueras de Belém.

El colectivo se unió al Laboratorio de Jóvenes Comunicadores de la periferia de Belém, que se formó a contrarreloj el 22 de marzo, con el objetivo de supervisar los contenidos oficiales y  mostrar pautas y denuncias de los suburbios durante pandemia. Principalmente, desmienten las noticias falsas e informan sobre la realidad local.

La profesora Lilia Melo, coordinadora del proyecto Cine Clube TF (parte de la coalición), destaca la importancia quienes informan en los suburbios durante la pandemia. “Con el tema del coronavirus, aprovechamos nuestra red para poder brindar orientación sobre cómo prevenir y combatir el virus utilizando un lenguaje para el público joven. Nos dimos cuenta de que aquí en el barrio, hay algunos jóvenes que todavía no están conscientes de la gravedad del asunto. Dentro de su realidad y las dificultades que enfrentan, terminan ridiculizando algunas recomendaciones del gobierno federal y estatal, ya que no se ajustan a la realidad de los suburbios”, señala Lilia.

Adecuar el lenguaje también es clave para la cineasta de los suburbios Yane Mendes, quien decidió adaptar la información proporcionada por el Ministerio de Salud y dirigirla a los aproximadamente 2.500 residentes del barrio marginal de Totó, en Recife, Pernambuco. Ella misma fue a buscar los carteles que informaban de las medidas para prevenir el coronavirus, molesta con la dejadez de los organismos municipales.

Sin embargo, en vista de que su contenido era técnico, institucional y protocolario, Yane redactó su propio comunicado y comenzó a pegarlo junto a los carteles creados por el Departamento de Salud, haciendo una especie de traducción del mensaje institucional. “La idea es transmitir el mensaje de forma directa, con pocas palabras, incluso de manera sencilla”, explica.

Yane afirma que la acción de pegar los carteles valió la pena, ya que algunos residentes que no la conocían comenzaron a buscarla para conocer las próximas intervenciones. También contactó con personas de otras comunidades para solicitar el material, enfatizando la importancia de usar un lenguaje directo para la población. Yane incluso ha creado un grupo de Whatsapp  personas interesadas en construir formas de comunicarse adcuadas al contexto donde viven.

En la periferia de Salvador se combate contra el pánico

La difusión de noticias falsas sobre el coronavirus también preocupa a Jefferson Borges, publicista, activista y fundador del portal NORDESTeuSOU. Borges vive en las afueras de Salvador de Bahía, en el barrio noreste de Amaralina. Las noticias falsas crean miedo entre los residentes, que no saben qué creer. “Hay muchas cadenas con mensajes y, a veces, informan de muertes Así que tenemos que verificar para no asustar a la comunidad”, relata.

En un intento por mitigar los impactos de estas noticias, el colectivo ha adoptado estrategias informativas para que los residentes conozcan la situación real.  Los miembros del proyecto comenzaron a distribuir folletos en algunos puntos muy transitados. El contenido, centrado en medidas preventivas, también se distribuye por mensajería instantánea y SMS. Además, un vehículo con altavoz circula proporcionando información durante 5 horas al día.

Informar sobre el coronavirus en Ciudad de Dios

Una comunidad en la que los comunicadores no tuvieron tiempo de combatir las noticias falsas fue Ciudad de Dios, una de las favelas más grandes del oeste de Río de Janeiro. El 22 de marzo, el Departamento de Salud Municipal confirmó el primer caso de contagio local. Para Ricardo Fernandes, actor y residente, “después del primer caso confirmado, la gente se dio cuenta de que realmente se trataba de algo grave, y lo que había en Europa, también estaba aquí. Y se evidenció un cambio en el comportamiento de los residentes”.

Ricardo forma parte de Frente CCD, una iniciativa de que une residentes, activistas, profesionales de la salud, colectivos e individuos y que surgió de la necesidad de reducir los efectos del coronavirus en la comunidad. “Ya había dos colectivos del CDD haciendo una campaña de donación de alimentos. Y luego creamos el Frente para expandir la campaña, para ir más allá de la donación y crear conciencia entre los residentes”, explica.

“Pero el objetivo final del Frente es reducir el impacto general del coronavirus. Ya no solo tenemos los problemas diarios comunes por ser un barrio marginal en Río de Janeiro: violencia, falta de saneamiento básico, falta de clases, falta de agua. Todos estos problemas siempre han estado en nuestra vida diaria. Con el coronavirus, todos ellos se han potencializado”, denuncia el comunicador y activista.

En otra comunidad, en el Complexo do Alemão, los comunicadores se organizaron para llevar a cabo su propia campaña de sensibilización. Crearon pancartas y boletines que pegaron en los postes, distribuyeron panfletos y tuvieron conversaciones frente a frente en las calles, llamando la atención sobre la importancia de tratar de evitar el coronavirus.

Sus acciones están teniendo impacto. El 26 de marzo, la Fundación Oswaldo Cruz, una institución pública y estratégica vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, convocó una conferencia de prensa a través de YouTube solo para comunicadores populares de las favelas de Río de Janeiro. Sin embargo, otros estados estuvieron representados. Más de 100 personas participaron en la conferencia enviando preguntas.

Traducido por Mary Gómez

Brasil tiene las condiciones para lidiar con la crisis del coronavirus y proteger a la población. Sin embargo, el país no puede enfrentarse a la pandemia con Jair Bolsonaro como presidente del país. Es lo que cree Vladimir Safatle, profesor de la Universidad de Sao Paulo, para quien el presidente “promueve la crisis” cuando no activa ni articula las medidas necesarias para combatir la epidemia y proteger a las personas, lo que debería motivar a la mayoría de la población a movilizarse “horizontalmente” e impulsar un impeachment.

Saflate se ha adherido a una propuesta de destitución impulsada por tres diputados del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que obtuvo más de un millón de firmas, aunque fue criticada públicamente por la dirección del partido. El filósofo habla con Agência Pública de esta y otras cuestiones relacionadas con la crisis del coronavirus en Brasil.

Hemos visto diferencias dentro del Gobierno sobre la gravedad de la epidemia y la forma correcta de abordarla, como el conflicto entre Bolsonaro y el ministro de Sanidad, al que fulminó esta semana. Muchos analistas atribuyen a los militares la “domesticación” parcial del discurso del presidente. ¿Estas diferencias internas pueden favorecer un impeachment?al que fulminó esta semana.impeachment

Es difícil saberlo, algunas rupturas son más evidentes, como las del sector un poco más técnico y el centro ideológico del Gobierno. Ahora, entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, es difícil saber si existe algún tipo de tensión. Una de las apuestas de Bolsonaro es que cree que tiene la capacidad de ocultar los cuerpos. Su ADN de torturador, del sótano de la dictadura militar, admirador de Ustra [Carlos Alberto Brilhante Ustra, general del ejército brasileño que fue jefe de uno de los órganos activos en la represión política durante la dictadura militar en Brasil], le hace creer que puede hacer lo que normalmente se hace en Brasil: hacer desaparecer los cuerpos, ocultar muertes, conseguir que esta pandemia pase más o menos sin consecuencias. Quiero decir, él piensa que puede hacerlo. Veremos si es posible o no.

Además, cuando llegue la crisis económica, dirá que es responsabilidad de los gobernadores de los estados del país y que había insistido en no hacerlo (en referencia a la política de aislamiento social), o intentará minimizarla de inmediato y escuchará al sector empresarial que lo apoya, un sector genocida, no hay otro nombre que lo describa.

Diría incluso que los miembros de este sector son suicidas en el sentido de los imperativos económicos que dicen defender. Basta con un razonamiento simple: si suspendemos el confinamiento, cómo será la situación en cinco meses. Tendremos montañas de muertos en todas partes, el Gobierno intentará esconderlos, habrá censura para evitar difundir las muertes, pero la opinión pública internacional no es tonta, lo sabrá. ¿Y qué harán? Con todos los países saliendo del encierro después de una experiencia dramática, lo primero que van a hacer es poner un cordón sanitario a Brasil. ¿Quién va a querer comprar carne brasileña en un país totalmente contaminado?

Es completamente básico, demuestra la increíble estupidez de la comunidad empresarial nacional. Solo se justifica por un pensamiento esclavista que nunca se ha superado. Piensan como alguien que dirige un engenho de esclavos [instalaciones con máquinas y recursos necesarios para refinar el azúcar de la caña de azúcar] . ¿Van a morir dos o tres esclavos? El molino no se va a detener por eso. Por lo general, esta lógica se utilizaba para someter a una parte de la población, a la clase trabajadora vulnerable vinculada a la raza negra. Ahora la diferencia es que están sometiendo a esta lógica de esclavitud a toda la población.

¿Eso incluye a los otros miembros de la élite?

El contagio es democrático, no entiende de clases, por eso digo que la lógica del Estado brasileño es completamente suicida. Si he entendido correctamente, el sector que posee los medios de producción apoya a Bolsonaro debido al ADN esclavista que nunca abandonarán y que ha pasado de generación en generación. Ahora, parece que incluso en la clase alta ha habido diferencias, ¿no? Estaba viendo una encuesta y el 55% de los entrevistados que ganaba más de 10 salarios mínimos, que representaba la base de apoyo de Bolsonaro, está en contra de las medidas que está tomando. Esto tiene sus efectos.

Tenemos una situación perfecta para destituir al Gobierno y salvar a la población brasileña, para crear una política efectiva que combata esta pandemia y permita a la clase trabajadora quedarse en casa sin trabajar durante tres meses, porque los empleos y salarios estén garantizados. Todo eso sería posible, incluso que que parte de la población que vive en zonas de alta densidad pueda alojarse en un hotel. El Estado brasileño está en condiciones de hacerlo siempre que persiga a quién realmente puede contribuir. En principio, el cálculo del impuesto solo para grandes fortunas es de al menos 80.000 millones de reales (unos 14.000 millones de euros) . Pero esto ni siquiera se piensa. Tuvimos un gobierno de izquierdas durante 13 años y no se planteó esta cuestión, por lo que la gente ni siquiera recuerda que es posible.

Trump cambió su actitud después de enfrentarse a la gravedad y el alcance de la epidemia en EEUU. ¿Por qué es tan difícil para Bolsonaro dejar de lado la lucha ideológica y asumir la responsabilidad de combatir la enfermedad y apoyar a la población con políticas sociales de emergencia?

Son personas que provienen de horizontes completamente diferentes. Trump es un hombre de negocios, una persona de marketing, y sabe que no puede ocultar los cuerpos. Así no es como se ha manejado la guerra históricamente en Estados Unidos. Además, tiene elecciones en noviembre, así que sabe que tiene que hacer algo.

Bolsonaro proviene de los sótanos de la dictadura militar. Está conectado a sectores de tortura, a milicias, a un poder paralelo. Es un dictador fascista, no tiene otro nombre, proviene de las cloacas del Ejército. Tiene esa formación, trae esta lógica de que es posible utilizar una estructura para desacreditar y descalificar la información. No le interesa gobernar nada, nunca quiso gobernar Brasil, ya dice que Brasil es ingobernable. Se centra en crear un proceso continuo de movilización, hace el siguiente cálculo: ¿qué debo hacer para movilizar? Aunque eso traiga montones de cadáveres. Para él, no hay ninguna diferencia. Para una persona que dijo que debieron haber matado a 30.000 personas en la dictadura, que mataron muy pocas, no le importa si mueren 40 o 50.000.

¿Recuerda cuál fue la reacción de Bolsonaro cuando se rompió la presa de Brumadinho? Cualquier estudiante de semiótica se da cuenta. Su reacción inicial fue: “no es responsabilidad del Gobierno”. Punto. No tuvo ni esa hipocresía clásica de la clase política de mostrarse afectado por las muertes, ni siquiera lloró con los familiares de los muertos. Imaginar que una persona así entenderá lo que significa una pandemia es completamente absurdo.

Usted ha abogado por la destitución del presidente Bolsonaro ante la aceleración de la pandemia. ¿Estamos en condiciones de vivir un proceso como este en un momento en que estamos encerrados en casa y el Congreso está trabajando de forma remota, ocupado con medidas contra el virus?

Creo que lo único sensato que se puede hacer en esta situación es luchar por la destitución porque se ha hecho evidente que Brasil no está en condiciones de gestionar dos crisis al mismo tiempo, y Bolsonaro es una crisis andante. Bloquea y desarticula todas las medidas, moviliza a sectores de la población para eludir las medidas necesarias para una contención mínima y aprovecha esta situación para crear un sistema que destruye cualquier posibilidad de garantías para la clase trabajadora, la clase más desfavorecida.

La Medida Provisional 936 [publicada el miércoles 1 de abril que establece el Programa de Emergencia para Mantener el Empleo y los Ingresos] permite la flexibilización de los despidos en una situación como esta, a los trabajadores se les ha reducido sus salarios hasta un 70 %... todo evidencia cómo Bolsonaro multiplica la crisis. Brasil no está en condiciones de soportar esta situación durante más tiempo.

Una iniciativa de tres diputados del PSOL, completamente minoritarios, pudo recoger un millón de firmas que la diputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) entregó al presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Maia. La última investigación que tenemos del mapa político muestra que el 47% está a favor de la destitución, aún sin haberse movilizado.

¿Se imagina qué pasaría si todos los sectores de la oposición o, al menos todos los sectores de la izquierda se movilizaran de forma continua? Este grupo a favor del impeachment aumentaría significativamente mostrando, por un lado, que tiene una fuerza muy clara. Y, por otro lado, aunque es posible que no se pueda sacar a la gente en la calle, existen otros mecanismos para presionar al Gobierno, para mostrarle que ya no tiene legitimidad para gobernar. Huelga general, rechazos a colaborar en diferentes niveles, desobediencia civil. El problema es que la izquierda ya no tiene un discurso de lucha.

“Quienes dicen que es muy pronto para solicitar un impeachment, que es necesario reunir con calma todas las fuerzas, dirán que esto nunca sucederá. La izquierda brasileña ya ha demostrado que está en una situación de parálisis y esquizofrenia”, dice en un artículo en El País. Hemos visto las peleas dentro del propio PSOL sobre este tema y no se progresa en la idea de una de izquierda amplia. ¿Quién lideraría entonces el movimiento en el juicio político?impeachment dice en un artículo en El País

De hecho, este es un punto central. Sin embargo, ya no diría que la izquierda brasileña está paralizada, diría que ha muerto. La política brasileña se reduce a una lucha entre la derecha y la extrema derecha. Simplemente, ya no queda otra cosa. Creo que el problema del coronavirus lo ha demostrado de una manera pedagógica. La izquierda es completamente irrelevante.

Lo que sucedió en el PSOL también lo ejemplifica claramente. Un partido que acude a la prensa para rechazar a los diputados que toman una iniciativa de impeachment que tiene apoyo popular, está firmando un certificado de defunción de la izquierda en el sentido más estricto del término. Por tanto, este es el problema más grave: no se trata solo de quién va a liderar la acusación, sino de qué hacer con la oposición en el futuro.

La izquierda se ha quedado atrás en todas las decisiones, no ha tenido la capacidad de presionar en ningún proceso, de marcar una agenda o algo por el estilo, y creo que hay cuestiones mucho más profundas, ¿verdad? Porque de esta experiencia de lucha colectiva contra la pandemia podría nacer un afecto político fundamental de solidaridad general. Una solidaridad que demuestre muy claramente: “Mi vida depende de personas que ni siquiera conozco”. Personas que no se parecen a mí, no pertenecen a mi grupo, no tienen mi identidad, pero son fundamentales. Tenemos un destino colectivo.

La izquierda, sin embargo, está tan atrapada en otro tipo de agenda que no logra convertirse en un altavoz de solidaridad general y universal. Tiene miedo de decir algo de ese estilo. Por tanto, al menos en Brasil, la izquierda tiene muy poca capacidad para reorientar los debates hacia la experiencia colectiva ante algo como esta epidemia.

“El fascismo brasileño y su representante, Bolsonaro, finalmente encontraron una catástrofe para hacerla suya”, escribe en otro artículo. ¿Cómo puede favorecer una pandemia a un gobernante? ¿Qué tiene de positivo?

Primero, la posibilidad de movilizar continuamente a sus partidarios. Segundo, esa es una tesis que proviene de algunos teóricos sobre el fascismo, como Hannah Arendt o Adorno, de que existe un deseo de catástrofe en el fascismo. Porque no es un Gobierno, es un movimiento continuo. Por ejemplo, una guerra fascista no es una guerra de conquista, es una guerra hecha por la guerra, que no puede detenerse en ninguna circunstancia. Desde el punto de vista de la lógica de la conquista, es una guerra irracional porque es una movilización de la población para la guerra, no una guerra como una forma de lograr algo.

Entonces, atrapas a una parte de la población en una dinámica donde este movimiento puede incluso volverse contra las personas, hacia la autodestrucción. Hannah Arendt tiene una posición interesante, cuando dice que incluso cuando el movimiento nazi fue en contra de sus partidarios, esos partidarios no pararon de apoyarlo.

¿Cree que, si no hay un movimiento fuerte para la acusación el impeachment, el Gobierno de Bolsonaro puede sobrevivir a la pandemia? ¿O incluso hacerse más fuerte?impeachment

Parte de la población que entra en esa lógica no la abandona. No tiene cómo salir. El sector que llegó con él hasta este punto, no lo abandonará. Morirá con él, pero no lo abandonará. No en vano, varios de estos eruditos, cuando hablaron de fascismo, tendieron a caracterizarlo como una lógica paranoica. Y no fue una metáfora, la analogía es fructífera porque se obtiene la movilización gracias a una ilusión de grandeza, persecución, y se tiene una certeza delirante de que es imposible de modificar con la experiencia. No hay nada en la experiencia que pueda hacerla tambalear.

Con este sector no hay posibilidad de diálogo. Cualquier intento de crear diálogo es un suicidio para el resto. Y no hay una estructura para movilizar al resto, que es lo que se necesita. Esa es la mayoría. Nosotros somos la verdadera mayoría. A la gente le cuesta entenderlo.

¿Y cree que esta mayoría puede movilizarse incluso sin el liderazgo de un partido?

Tendrá que aprender a hacerlo porque ahora es una cuestión de vida o muerte. Y, por cierto, esto sería saludable porque las estructuras partidarias brasileñas no han estado a la altura de los desafíos del país. No solo en este momento.

Es fundamental que aparezca un tipo de estructura horizontal. Por ejemplo, en este momento está sucediendo de todo, estoy en una región donde ha habido cacerolazos [para protestar por la gestión de Bolsonaro] durante diez u once días, totalmente espontáneos, sin una organización detrás. Esto muestra muy claramente que hay una sociedad en resistencia contra el Gobierno, sin que nadie pueda darle voz. Tal vez no somos conscientes del nivel de calamidad al que se ha enfrentado el país. Hoy los únicos países que tienen este tipo de situación son Brasil, Bielorrusia y Turkmenistán. ¡Mire adónde hemos ido a parar!

Traducción de Mary Gomez

A pesar de las reiteradas recomendaciones de los organismos de salud brasileños sobre evitar el contacto social y las aglomeraciones de multitudes para impedir la propagación del coronavirus, algunas iglesias evangélicas y también las 'megaiglesias' como La Universal del Reino de Dios de Edir Macedo, la Asamblea de la Victoria de Dios en Cristo de Silas Malafaia y La Iglesia Mundial del Poder de Dios de Valdemiro Santiago, todas con miles de templos en todo el país, y cuyas sedes tienen capacidad para 10.000, 6.000 y 15.000 personas, respectivamente, permanecen abiertas y con algunos servicios completos.

Contra las recomendaciones de su propio Ministerio de Salud de suspender los cultos y las misas para evitar la aglomeración de personas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro modificó el pasado jueves un decreto e incluyó tales eventos en la lista de actividades esenciales durante el estado de calamidad pública. En São Paulo, la ciudad más afectada por la pandemia, la justicia había prohibido la realización de cualquier acto religioso que involucra la reunión de creyentes. Sin embargo, unos días después, el 25, el Presidente de la Corte de Justicia de São Paulo revocó el mandato, en respuesta a las solicitudes del ayuntamiento y del gobierno estatal.

Como primera línea para resistirse al aislamiento, el pastor y líder de la Asamblea Pentecostal de la Victoria de Dios en Cristo, Silas Malafaia, quien tiene más de 1,4 millones seguidores en Twitter, ha hablado con frecuencia a través de sus redes sociales diciendo que no cerrará sus iglesias a menos que lo ordene un tribunal. Malafaia ha criticado a los pastores que han optado por cerrar sus puertas debido a la pandemia y ha alentado a sus fieles a “no tener miedo”. El martes pasado, en la concurrida sede de su Iglesia en Río de Janeiro, también llamó a los líderes evangélicos que critican su resistencia a las recomendaciones del Ministerio de Salud como los “profetas del caos”.

Otras grandes iglesias evangélicas, como Sana Nuestra Tierra, Renacer en Cristo y la Cuadrangular del Poder de Dios, recomendaron a los fieles que asistieran a los servicios en línea, pero continúan con sus puertas abiertas. Un empleado del Mundo del Poder de Dios, cuya sede se llama “Ciudad de los Sueños del Mundo de Dios”, dijo por teléfono que la iglesia seguía con su programación normal y que “cualquier persona que tenga fe en Dios está protegida”.

Coronavirus versus Coronafe

“La Iglesia Universal permanece abierta”, anunció el portavoz de la institución, el obispo Renato Cardoso, en un comunicado oficial titulado: “La iglesia Universal y el coronavirus”, publicado el pasado 17 de marzo en redes sociales. La iglesia dirigida por el obispo Edir Macedo advirtió que no suspenderá los servicios y que abrirá los templos para orar durante todo el día con los pastores de guardia.

“Desde las nueve en punto de la mañana, desde la primera reunión hasta la última reunión en la noche y todos los horarios intermedios, estaremos abiertos para que puedan entrar, decir sus oraciones, ir al altar, dar su ofrenda, su voto, el diezmo, sus oraciones, sus plegarias, sus peticiones para los miembros de su familia y si quieren hablar con el pastor, los pastores estarán disponibles para ayudar, explicó Renato Cardoso en el vídeo publicado, quien es yerno de Edir Macedo. ”No solo aquí en el Templo de Salomón, sino en todos los templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios en todo Brasil“, dijo. 

El pasado 13 de marzo, el gobernador de São Paulo decretó la suspensión de eventos con más de 500 personas. El domingo, sin embargo, estaba lleno el servicio de las 9:30 en el Templo de Salomón, que tiene la capacidad de albergar a casi 10.000 personas.

La Iglesia Universal anunció tres días después las medidas que tomaría para evitar el contagio con el coronavirus en sus templos: “antes de ingresar al culto, se ofrece a los visitantes alcohol en gel o agua y jabón para lavarse las manos; dentro de los templos se les dice a las personas que se sienten lejos una de la otra, manteniendo al menos una o dos sillas vacías entre ellas; se evitarán las oraciones en las que deben cogerse de las manos. También recomendamos que las personas mayores con problemas de salud permanezcan en sus casas”.

A pesar de ese discurso, la realidad es diferente. El miércoles 18 de marzo por la mañana, Agência Pública llamó de forma anónima al Templo de Salomón para un reportaje, preguntando si estaban limitando el número de personas que asistían a los servicios. “Hoy está normal”, respondió el pastor Rodrigo. “Si se llegó a publicar [el comunicado de la iglesia], yo no supe, pero creo que esta semana, Dios pondrá las manos sobre nuestro Brasil, pero no solo en Brasil, sino en todo el mundo”, predicó por el teléfono. Según él, los fieles se lavan las manos antes de ingresar a las reuniones, reciben el alcohol en gel y se les indica que mantengan distancia entre las sillas.

En la Catedral Mundial de la Fe, sede de la iglesia Universal en Río de Janeiro, el segundo estado con más casos confirmados de coronavirus, la conversación fue la misma. Según el pastor Ronaldo, también todo sigue estando “normal”. “Se debe tener la protección de Dios. Pongámoslo de esta manera, si usted debe trabajar con dinero y recibe un billete, y no tiene la protección de Dios, incluso en ese billete entrará el virus”, señaló. “Entonces, usted debe tener la protección de Dios. Usted entra, pone su mano en la barandilla, y luego tendrá que creer en Dios”, agregó.

Antonieta dos Santos, de 55 años, de São Paulo, asiste todas las semanas al Templo de Salomón y vive con sus hijos, esposo y madre de 90 años, dice que está tomando algunas precauciones, como lavarse las manos y lavar la ropa cuando llega antes de acercarse a la madre anciana, por lo que no cree que sea tan peligroso si continua con esa rutina. “En la iglesia, son cautelosos. Fue una gran sorpresa para mí que tuvieran recipientes gigantes, como si fueran una copa de champán gigante, para lavarte las manos en uno y en otro vierten agua en nuestras manos, luego hay otra persona delante de nosotros con alcohol en gel”, señaló.

Antonieta dice que es consciente del riesgo, en especial porque es diabética y sufre de hipertensión, pero dice que, si la iglesia permanece abierta, ella asistirá a los servicios. Su hija, Tainá Campos, de 19 años, por lo general no asiste al Templo, pero como no tiene clases, fue con su madre. Dice que el pastor comenzó a predicar diciendo una oración para terminar con el coronavirus. “Dijo que debemos ser cuidadosos y precavidos, pero para que no perdamos la fe y no dejemos de ir a la iglesia, no habló de ninguna medida preventiva”.

Medidas insuficientes

Para el epidemiólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de São Paulo, Expedito Luna, no es suficiente restringir los servicios a menos personas ni crear un programa de turnos. Explica que la enfermedad se puede transmitir tanto por contacto con personas infectadas como por contacto con superficies que tienen el virus, es decir, tocar lo que una persona infectada ha tocado.

Luna señala que las investigaciones muestran que el coronavirus puede sobrevivir durante algunas horas en algunas superficies, como el plástico y el metal, por ejemplo. “El virus permanece en las superficies, por lo que es necesario desinfectar a cada persona en los lugares públicos, como lo están haciendo en los hospitales”.

En el hospital, las personas enfermas con coronavirus u otra enfermedad, no pueden evitar tener que estar allí, por lo que se utiliza este tipo de medida. Creo que las iglesias no deberían ser tratadas de manera diferente a un cine o a una escuela. ¿Cuál es la diferencia?“, pregunta el epidemiólogo. ”Son aglomeraciones innecesarias de personas que podrían evitarse“, añade.

Coronadudas

El obispo Edir Macedo ha estado predicando a sus seguidores que el coronavirus solo afecta a aquellos que no tienen fe. “Mira, todos están hablando del coronavirus y el mundo entero está arrodillado ante esta maldición, esta plaga llamada coronavirus. Muchas personas están hospitalizadas, muchas personas están en cuarentena y, la mayoría de las personas (porque en el planeta hay 7.500 millones de personas y unos pocos miles de personas han muerto a causa de esta plaga), pero lo peor de todo es que la mayoría de las personas no sabe que la mayor plaga no es el coronavirus, es la coronaduda, y para usted poder enfrentar el coronavirus, lo que es el coronavirus, usted que no ha sido afectado por el coronavirus, debe tener el antídoto que se llama coronafe”, dijo el líder universal en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Coronafe, explica, “es esa confianza, esa certeza de que Dios está con usted y que nunca, nunca, nunca le fallará a aquellas personas que han creído en él, que han depositado su fe en él. La coronafe es solo para aquellos que creen con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con todo su pensamiento, en lo que está escrito en la Palabra de Dios”.

El líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios también ha llegado a publicar un vídeo en el que dice que el coronavirus no es más que una estrategia de Satanás y los medios de comunicación para inducir el pánico en la gente. “Amigo mío, amiga mía, no te preocupes por el coronavirus. Porque esta es la táctica de Satanás, o una táctica más de Satanás. Satanás trabaja con el miedo, el terror. Trabaja con las dudas. Y cuando la gente está aterrorizada, asustada, con dudas, la gente se vuelve débil, frágil y susceptible. Cualquier viento que sople será una neumonía para ellos”, señalaba en el vídeo. El obispo eliminó la publicación después de que el patólogo Ben Schmidt eliminara una declaración que había publicado en Youtube. Edir Macedo había utilizado el testimonio del experto para aliviar la gravedad de la pandemia.

El propio presidente, Jair Bolsonaro, quien en varias ocasiones ha minimizado la gravedad de la pandemia, instigado por un grupo de evangélicos que lo esperaban en el Palacio de Planalto el 17 de marzo, “profetizó contra el coronavirus”. En el vídeo, Bolsonaro le pide a un pastor que ore para que la gente “no entre en pánico porque este problema pasará”. Entonces todos cantaron: “Ven con Josué a pelear en Jericó y las paredes se derrumbarán” y al final, todos, incluido Bolsonaro, dicen juntos: “Profetizamos la extinción del coronavirus en Brasil”.

En colaboración con Mariama Correia.

Traducido por Mary Gómez

Miguel Pereira es un municipio del estado de Río de Janeiro con 25.000 habitantes, conocido por ser un destino vacacional con un clima templado y ríos de agua cristalina. Fue aquí donde el estado registró su primera muerte por coronavirus SARS-CoV-2. La paciente que falleció tenía 63 años y era una entre las cientos de personas que recorren todos los días 100 kilómetros que separan el municipio de la ciudad de Río para trabajar. Dejó un hijo de 39 años que vivía con ella y otros familiares en un barrio humilde de la localidad.

“Era una mujer trabajadora. Muy querida por todos y una buena madre”, cuenta una de sus hermanas a Agência Pública. Durante 20 años, trabajó como empleada doméstica en Leblon, el barrio de Río con el metro cuadrado más caro del país. “La jefa no le dijo que pensaba que estaba enferma”, asegura su hermano de 56 años. Vivía con ella y otros tres miembros de la familia en la misma casa de cemento de dos pisos. Una vivienda que está pegada al cementerio donde fue enterrada el 18 de marzo, un día después de su muerte.

En febrero, cuenta el hermano de la fallecida, la jefa fue a pasar el carnaval en Italia mientras el coronavirus se expandía por el país europeo. Cuando regresó de vacaciones, su hermana se incorporó al trabajo como siempre y no le advirtieron del riesgo de contagio. Ante la ausencia de una orientación clara por parte del Gobierno brasileño, sigue habiendo muchos casos similares, en los que las trabajadoras del hogar continúan obligadas a trabajar en casas y exponiéndose a contraer la enfermedad.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), actualmente más de seis millones de personas trabajan como empleadas domésticas en el país. En Brasil, es común contratar a personas de manera informal para tareas del hogar tales como limpieza, cocina y cuidado de niños. A menudo, viven en las casas de sus empleadores, una práctica heredada del sistema esclavista que permaneció en el territorio hasta el siglo XIX.

Brasil es, además, un país profundamente desigual. Según la base de datos de Desigualdad Mundial, el 10% de la población brasileña concentra aproximadamente el 55% de los ingresos totales del país. Hasta el momento, las autoridades brasileñas han notificado 1.980 casos de COVID-19 y 34 muertes asociadas a la enfermedad. 

Falta de información sobre la exposición al virus

Sebastião Barbosa, director del Hospital Municipal Luiz Gonzaga que trató a la fallecida, explica que “la jefa ya estaba en cuarentena, pero no sabemos cuándo supo el resultado de la prueba”. Barbosa señala que la paciente se quejó del malestar desde el viernes 13 y no tenía ninguna información a 16 de marzo, día de su ingreso en el hospital.

Como tenía diabetes e hipertensión, al principio los médicos le hicieron exámenes rutinarios. En un primer momento, solo detectaron una infección en el tracto urinario. “De hecho, si la información hubiera llegado antes, tal vez hubiésemos podido cambiar el historial clínico”, dice el médico.

El protocolo para un paciente con sospecha de coronavirus es remitirlo directamente a una intubación inmediata. El paciente es aislado, sedado y se le introduce un ventilador mecánico para suministrar oxígeno al pulmón. Barbosa apunta que, debido a la falta de información, la mujer no fue intubada hasta el martes 17, el día de su muerte. Aquel mismo día, relata el doctor, la Secretaría de Salud confirmó que la muestra de la jefa dio positivo.

Un funeral sin los seres queridos

El día 18, enterraron su cuerpo sin vida cerca de la casa familiar. La calle estaba vacía y silenciosa, excepto por la presencia de un vecino. Vestido con camisa negra y vaqueros, el primo de la paciente, un carpintero de 56 años, levantaba el polvo al caminar por un sendero de tierra. “Pasé poco tiempo con ella, pero quería ir al funeral. Solo había siete personas allí”, explica. Los familiares que tuvieron contacto directo con ella no pudieron salir de la casa porque estaban en cuarentena.

“Siento muchísimo su pérdida”, lamenta por teléfono una de sus hermanas, de 42 años, comercial de productos de depilación. Continúa aislada en la misma casa donde vivían juntas, ella en su pequeño anexo en la planta de arriba. “Le gustaba recibir visitas, preparar comida. Era muy acogedora y trataba a todo el mundo como a su familia”, recuerda. Son en total nueve hermanos y la mayoría ha vivido siempre en esa misma calle.

La paciente habitaba la planta de abajo con su hermano de 56 años y su sobrino. Ahora toda la familia está en cuarentena y comienza a notar los prejuicios de los vecinos. Una pequeño tienda local se negó a atenderlos. “Llamamos para pedirles el servicio de domicilio porque no podemos salir de casa por la cuarentena y se negaron a hacer la entrega”, denuncia la hermana.

Además de los familiares de la víctima, también están en cuarentena y bajo observación otras nueve personas sospechosas de haberse contagiado con el coronavirus en Miguel Pereira. El alcalde del municipio, André Português, comunicó en las redes sociales las medidas adoptadas en la ciudad para combatir el coronavirus, entre ellas, una obra que ya estaba en marcha para habilitar diez camas más en el Hospital Municipal Luiz Gonzaga. Sin embargo, no estará lista hasta dentro de 30 días.

La pequeña ciudad imita las actuaciones a nivel federal. “He creado un gabinete para atender la crisis”, escribió el alcalde. “He creado una sección en el hospital que trabaja las 24 horas del día para quienes que quieran venir, he organizado un equipo para atender solamente a las personas con probabilidad e haber contraído coronavirus. Todo lo que yo pueda hacer como alcalde para preservar cada una de sus vidas, lo haré”. “Pero tenemos medios limitados”, concluyó.

Traducido por Mary Gomez