Tras un análisis preliminar de la gran relevancia de la selva amazónica, su terrible situación actual y posibles causas que han conducido a que los incendios este año hayan aumentado de forma pavorosa con respecto a anteriores, llegamos a la conclusión de que la raíz del problema es el incremento e intensificación de la deforestación, lo cual nos conduce a la siguiente cuestión.
¿Cuál es la causa del aumento actual de la deforestación? ¿Qué ha cambiado desde el 1 de enero de este año 2019?
El 1 de enero, Jair Bolsonaro, juró como presidente. Durante su campaña prometió entre otras maravillosas medidas medioambientales reducir el Consejo Nacional de Medioambiente, eliminar el Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad, abrir territorios indígenas a la explotación, construir una autopista que atravesaría la Amazonía, regularizar las áreas ocupadas ilegalmente, debilitar las protecciones ambientales, reducir la legislación que protege la selva y abrir la misma al desarrollo económico.
Bolsonaro llegó al poder respaldado por empresas agrícolas y pequeños agricultores que creen que es muy grande el área protegida, que el personal de medioambiente tiene demasiada influencia y que la red de áreas protegidas de selva es demasiado restrictiva para un país en desarrollo que necesita crear empleos.
Desde su cargo como presidente, Bolsonaro ha transferido al Ministerio de Agricultura la demarcación de tierras indígenas y el Servicio Forestal brasileño ha suprimido la Agencia Nacional de Aguas y la Secretaría de Cambio Climático, se han debilitado las acciones de fiscalización, los órganos de control y reducido las multas, se han desactivado las políticas de prevención contra la deforestación y favorecido los hechos actuales al debilitarse los sistemas de protección tanto del bosque como de sus habitantes.
Además, han tenido lugar nefastos hechos como son la reciente privatización de territorio amazónico, recortes en el presupuesto de instituciones medioambientales, ralentización en el proceso de demarcación de tierras indígenas y aprobación de una ley que regulariza el status de tierras ocupadas ilegalmente y amnistía a los que provocan talas e incendios ilegales. Todo lo referido hace que cada vez sea más fácil talar árboles o iniciar incendios ilegalmente y más difícil para una agencia ambiental operar frente a la violencia y la ilegalidad, alentándose así la deforestación y el cultivo ilegales.
Uno de los primeros actos oficiales de Bolsonaro a principios de 2019 fue transferir la agencia encargada de apoyar a los pueblos indígenas, FUNAI, al Ministerio de Agricultura, debilitando así la capacidad de la agencia para proteger los territorios indígenas y sugiriendo que estos podrían abrirse para la agricultura. Según un informe reciente de las Naciones Unidas esto es terrible ya que los territorios indígenas, al estar protegidos y dotados de derechos para sus comunidades, ayudan a mantener el bosque ya que frenan la invasión de granjeros, mineros y madereros.
Ahora todo esto está en riesgo y estos lugares en la primera línea de la deforestación son, cada vez más, puntos de violencia por confrontaciones resultantes de incursiones en estas tierras, según reportan las comunidades indígenas y tradicionales.
Estos hechos provocaron que el pasado 8 de agosto, los ocho ex ministros de Medioambiente del Brasil, de diferentes ideologías políticas, aunaran sus fuerzas y acusaran a Bolsonaro de “poner en marcha una política sistemática, constante y deliberada para desmantelar las políticas medioambientales”. Actualmente estos ex ministros están proponiendo al Congreso la formación de una comisión especial para establecer medidas de combate a la deforestación y recuperar las políticas ambientales.
Por otra parte, el presidente ha sido acusado por varios críticos de envalentonar a mineros y madereros que deliberadamente inician incendios con el fin de deforestar ilegalmente tierras, por haber tenido lugar un fuerte descenso en las multas por violaciones ambientales y “dar luz verde” a la destrucción de la Amazonía con su retórica anti-ambiental y falta de acción sobre la deforestación ilegal.
A este respecto, según el periódico “Folha de Sau Paulo”, IBAMA este año ha emitido solo un tercio de las multas que emitió en el mismo período del año pasado debido a la reducción de su presupuesto en abril de un 24%. Al recortar estos presupuestos se ha socavado el poder de la policía ambiental.
Un ejemplo es el hecho de que cuando los agentes de IBAMA patrullan el campo en busca de tala ilegal la policía militar los acompaña para garantizar su seguridad pero ahora dicha policía se ha eliminado lo cual ha derivado en una reducción de esos barridos, hecho que se puede entender como un permiso tácito parar violar la ley.
Numerosas declaraciones y hechos avalan esta teoría de culpabilidad indirecta de Bolsonaro. Políticos y activistas atribuyen los incendios a sus políticas al considerar que no ha condenado la deforestación y que, por el contrario, ha apoyado la limpieza de la Amazonía para incentivar la agricultura, la ganadería y la minería.
Algunos ejemplos son las declaraciones de Richard Black, director de la Unidad de Energía e Inteligencia Climática, según el cual los tres estados con los peores focos de fuego están gobernados por los aliados de Bolsonaro. Danicley Aguiar de Greenpeace Brasil ha declarado que “quienes destruyen el Amazonas y dejan que la deforestación continúe sin cesar se sienten alentados por las acciones y políticas del gobierno de Bolsonaro”.
Por otra parte, OpenDemocracy ha filtrado documentos que muestran que el gobierno tiene la intención de prevenir estratégicamente proyectos de conservación en la Amazonía. Según el científico Artaxo, el aumento de la deforestación y consecuentemente de los incendios son debidos a las políticas forestales laxas y a la retórica agresiva de Bolsonaro. También Fabiano López Da Silva, jefe de la organización ambiental “Fundación Vitoria Amazónica” dice que la retórica de Bolsonaro estimula la deforestación ilegal ya que, al no haber ningún tipo de aplicación fiscal, supervisión o multas, los agricultores y madereros ilegales pueden seguir adelante con los incendios.
Bolsonaro, por otra parte, alienta con su actitud estas opiniones. Así, el pasado 2 de agosto, hizo que el director del INPE, Ricardo Galvao, fuera despedido tras defender éste los datos que mostraron que la deforestación fue un 88,4% más alta en este mes de junio que hace un año. Bolsonaro, tras calificar dichos datos como “una mentira”, movió los hilos para su cese.
Por si todo lo referido fuera poco, hay indicios de que los fuegos se iniciaron provocados por sindicalistas, agricultores y comerciantes con el fin de mostrar a Bolsonaro que apoyan sus ideas de “aflojar” la supervisión del IBAM. Prueba de esto son los varios incendios que estallaron el pasado 10 de agosto y que rápidamente se extendieron a los estados de Rondonia, Acre, Amapá, Mato Grosso, Amazonas y Pará al mismo tiempo y que, según la revista 'Globo rural', fueron provocados y coordinados en un grupo de Whatsapp en el que se declaró el 'Día del fuego'. Pues bien, a pesar de la gravedad de estos hechos, no ha habido arrestos.
Esta terrible situación actual está teniendo nefastas consecuencias y una gran repercusión a nivel internacional.
Algunos hechos así lo atestiguan, tal es el caso de Noruega y Alemania que han suspendido sus contribuciones al 'Fondo Amazonas' que apoya proyectos de conservación y desarrollo sostenible en la región, bloqueando una partida de 33 y 35 millones de euros respectivamente.
Este fondo se creó en 2008 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el fin de recaudar donaciones para prevenir, monitorear y combatir la deforestación así como para apoyar actividades económicas sostenibles y a las comunidades indígenas y tradicionales, desarrollar políticas de preservación de la selva y fortalecer la gobernanza ambiental. Ahora Bolsonaro ha comunicado que se utilizarán para regularizar áreas ilegalmente invadidas y deforestadas. Por otra parte, el Ministro de Finanzas de Finlandia ha pedido a la UE que considere prohibir las importaciones de carne de res brasileña.
El pasado 26 de agosto, el líder indígena Raoni Etuktire, jefe del pueblo Kayapo de Mato Grosso y Pará, se reunió con el presidente francés Macron para pedirle ayuda, tras esto, los países del G-7 ofrecieron 20 millones de dólares para ayudar a combatir los incendios en el Amazonas pero el jefe de gabinete del presidente, Onyx Lorenzoni, rechazó la oferta.
Bolsonaro, lejos de frenar o revertir esta situación, ha reafirmado recientemente la necesidad de brindar oportunidades económicas a la población de la región amazónica y ha dado apoyo para expandir las operaciones mineras y la agricultura a gran escala.
La situación actual es, sin duda alguna, una tragedia que nos afecta a todos por el crucial papel del ecosistema amazónico en frenar los efectos del cambio climático.
Los incendios actuales tendrán un enorme impacto con terribles consecuencias a nivel global, por lo que hay que revertir la tendencia actual de manera urgente, promocionando una gestión sostenible, mayor titularidad de la tierra para las comunidades indígenas, la lucha contra la especulación con la tierra, realizando una persecución efectiva de actividades ilegales, luchando contra las invasiones, protegiendo las áreas y deteniendo la deforestación ilegal.
Esto ha de ser una parte esencial de cualquier estrategia global de lucha contra el cambio climático y de preservación de la biodiversidad, por lo que hay que focalizar las políticas internacionales realizando los cambios estructurales imprescindibles para hacer posibles las actuaciones necesarias así como la obtención de fondos para llevar a cabo dichas medidas. Esto es crucial para preservar la vida y los derechos de la Amazonía y sus habitantes así como para frenar el cambio climático.
