El curso político arrancó en las Islas con un pleno en el Parlamento dedicado casi en exclusiva a la crisis migratoria que arrecia en las Islas, de obra y también de palabra (y omisión). La sesión dejó claro que el pacto migratorio aún vigente en las Islas, suscrito por todas las fuerzas políticas salvo Vox, se tambalea como víctima retardada de la frustrante votación de julio pasado en el Congreso de los Diputados, esa que supuso la no admisión a trámite de la reforma legal que haría viable la acogida corresponsable de los menores inmigrantes llegados por mar a las Islas entre las comunidades autónomas del Estado. Desde entonces han pasado algunas semanas, un verano tan largo como políticamente improductivo -ya puede hundirse el mundo, pero la pausa de agosto es sagrada-, y en todo caso el estío sirvió para que sus señorías volvieran con las pilas cargadas y las ansias de polarización en perfecto estado de revista. En semejante contexto, el “modo canario” corre serio peligro.

El presidente autonómico fijó el terreno con una primera intervención breve y contundente. Fernando Clavijo pronunció una relación cronológica sobre la crisis migratoria cargada de retranca, en la que era apreciable un giro político respecto a su visión conciliadora de los últimos meses. Optimizó su tiempo en la descripción de los incumplimientos del Gobierno central y obvió cualquier referencia al papel del PP y su voto contrario a la tramitación de una reforma legal precisamente impulsada por Coalición Canaria y el Ejecutivo autonómico, del que el PP también forma parte. Tras meses de laborioso esfuerzo en la construcción de consensos en aras de algo que se antojaba casi imposible en el actual escenario estatal (el entendimiento entre PSOE y PP en un asunto que políticamente es muy explosivo en todo el planeta), se aprecia en Clavijo un hartazgo que le conduce a elegir bando y decantarse por su socio en las Islas.

Quizá el presidente canario fue demasiado optimista en sus propósitos de obtener este acuerdo de Estado en materia migratoria, sobre todo si tenemos en cuenta dos certezas: la primera, que el Gobierno central planteaba la reforma legal al PP como un acto de adhesión, no de negociación; segundo, que ese mismo PP ha convertido al presidente Pedro Sánchez en pieza abatible y no pactará nada con él mientras conserve la esperanza, fundada o no, de forzar elecciones generales en breve, porque además el ejercicio de responsabilidad exigible a sus gobiernos autonómicos no le reporta a Núñez Feijóo beneficio político alguno. Y bajo estas premisas alcanzar un acuerdo amplio se antoja una tarea hercúlea. Clavijo mantiene, aunque sotto voce, el optimismo al respecto, tras el fiasco con el que terminó el curso político pasado. 

Mientras tanto, el líder nacionalista ha optado por endurecer el discurso contra el PSOE, si bien en su segunda intervención recordó que en el pasado ya reprochó al PP sus incumplimientos. Pero ahora una especie de sentido práctico le sugiere orientar la crítica hacia el Gobierno central y el Partido Socialista. Una cosa sí dejó clara el presidente canario: la política migratoria del Gobierno autonómico respecto a la tutela de los menores de edad no ha variado. El argumento del pasado lunes, apuntando a que dicha tarea es competencia estatal porque son Salvamento Marítimo y la Policía quienes acogen en primera instancia, ha durado vivo cuatro días. La solución, por tanto, seguirá en la esfera autonómica, con todas las dificultades que ello conlleva en el actual escenario político. Clavijo cerró su intervención con un dato elocuente: en España hay 16.000 menores inmigrantes, todo en un país con 48 millones de habitantes. La cifra deja muy mal al sistema político español en su conjunto.

El pleno deparó algunos choques de estilo sorprendentes y, como ingrediente añadido, transversales. Porque en ambos bloques políticos hubo quien optó por el tremendismo y quien prefirió abogar por la templanza. Raúl Acosta y Juan Manuel García Casañas, ambos diputados herreños (uno de AHI, el otro del PP) cargaron las tintas en tono y contenido y dio la impresión de que se pasaron de frenada en su defensa de la posición del presidente canario; ya se sabe que a veces los amigos, de tanto querer serlo, te pueden dejar mal. En el extremo contrario se ubicó José Miguel Barragán, que se puso en modo estadista y hasta amonestó al portavoz de su socio de gobierno por la comparación formulada por Casañas respecto a la llegada de inmigrantes con gobiernos del PSOE y del PP. Ojalá gestionar el drama migratorio fuera tan fácil como eso. A Barragán lo secundó Casimiro Curbelo con una intervención también muy ecuánime. Debe ser que la experiencia es un grado y los trienios en política confieren una visión de los asuntos más templada y por ello también certera. Nicasio Galván, por Vox, aprovechó con astucia la oportunidad que este escenario depara a la derecha radical española: al final resulta que ellos tenían razón y que los restantes partidos han copiado su visión de la crisis migratoria.

La máxima expectación correspondía al debate entre el presidente y el portavoz del PSOE, toda vez que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, optó también por las llamadas a la supervivencia de este consenso puesto a prueba por el paso del tiempo y los acontecimientos dramáticos que se viven en el mar canario. El diputado socialista Sebastián Franquis omitió cualquier ejercicio de originalidad y repitió, casi con las mismas palabras pero peor pronunciadas, el relato del ministro Ángel Víctor Torres respecto a lo dicho por Clavijo durante los últimos días: el PSOE no entiende por qué Clavijo les reprocha cosas cuando ellos votaron a favor de la reforma legal que haría posible la acogida corresponsable de los menores inmigrantes; sin embargo el PP votó en contra, pero se va de rositas en el discurso del presidente canario. Franquis olvidó reflexionar sobre por qué el Gobierno socialista le ha puesto tan fácil la negativa al PP cerrándose en banda a todas sus condiciones, tal es así que los populares han agradecido encontrar un modo tan sencillo de desmarcarse. Y de ahí no se moverán salvo un milagro político atribuible a la Virgen del Pino.

La política canaria afronta su primer test de estrés derivado de las manifestaciones ecologistas del 20 de abril. Y lo hace a su manera, bajo el signo del caos. Por un lado, el presidente canario, Fernando Clavijo, sugirió a primera hora en Canarias Radio una subida fiscal para el sector alojativo como medida correctora, sobre todo si no se produce un incremento en la distribución de la riqueza del turismo vía incremento de los salarios a los trabajadores del sector. Este escenario, la subida del IGIC turístico, no es contemplado por el socio de gobierno de Clavijo, el PP, que hizo campaña en las elecciones de 2023 con la promesa estrella de bajar los impuestos y se ve ahora aprisionado por un contexto que convierte ese compromiso en inviable por un lado y extemporáneo por otro. La oposición socialista, por su parte, quiso hurgar en la sesión de control sobre las posibles contradicciones del pacto y puso sobre la mesa la creación de una tasa turística, justo la que el PSOE no puso en marcha cuando tuvo ocasión de hacerlo, esto es, en la pasada legislatura autonómica.

El éxito de la convocatoria ciudadana del 20 de abril ha reformateado el escenario político en las Islas, al menos respecto al turismo y algunas de sus derivadas reales o supuestas, caso de la gestión de los residuos, las colas en las autopistas, la saturación de los espacios naturales y las dificultades para el acceso a la vivienda. Pero si hilamos un poco más fino este nuevo contexto, con muchos elementos heredados del pasado, sí que plantea algunas preguntas concretas que buscarán respuesta en el ámbito institucional a medio plazo. Pero depende del Gobierno y de las fuerzas de la oposición poner las cartas boca arriba mediante decisiones de gestión o propuestas más concretas.

La ecotasa está presente en los debates como medida icónica que simbolizaría una nueva perspectiva respecto a la fiscalidad del turismo y los usos posibles de la recaudación que traería. El presidente Clavijo dijo hace días ser partidario de estudiar la medida, pero su discurso ha evolucionado hacia una opción más sencilla de implementar, como sería un incremento del IGIC en el que el hecho imponible serían las pernoctaciones. Claro que, en este caso, y esto también lo aclaró el jefe del Ejecutivo, la recaudación iría a la caja común de la Comunidad Autónoma (y, de su mano, a cabildos y ayuntamientos) y no a atender objetivos finalistas de carácter ambiental, tal y como ocurriría de implantarse un impuesto turístico específico. Otra cuestión es la coherencia de la medida atendiendo a lo dicho en el pasado, pues el Gobierno de coalición CC-PP llegó al poder supuestamente para bajar los impuestos, no para subirlos. Y los populares, que van claramente a rebufo de CC en la construcción de discurso del Ejecutivo, rechazan ambos escenarios, tasa turística y subida del IGIC.

El PSOE trató de sembrar un poco de cizaña con las preguntas parlamentarias, dirigidas al presidente Clavijo (a través de Sebastián Franquis) y el vicepresidente Manuel Domínguez (por boca de Nira Fierro). Pero todo era munición de fogueo, porque los socialistas tienen un problema de credibilidad con este asunto, en la medida que tuvieron la oportunidad de avanzar con la ecotasa en la pasada legislatura y no quisieron o pudieron (seguramente ambas cosas, pues influyeron mucho la pandemia y también la negativa de Casimiro Curbelo en este tema) implantar esta medida ni darle forma siquiera. Las preguntas fueron, en este sentido, salvas de aviso previas a lo que será, según fuentes de la dirección socialista, el registro de una proposición de ley que proponga de verdad la creación de un impuesto turístico en las Islas, algo que también podría hacer Nueva Canarias rescatando alguna de sus iniciativas pretéritas. Llegado ese momento, por iniciativa del Gobierno o de la oposición, la sociedad canaria, la que se manifestó el sábado pasado y la que no lo hizo, podrá salir de dudas y conocer el punto de vista de cada cual. Y mientras tanto llega ese momento (o no), todo lo que veremos serán simples escaramuzas.

La principal fortaleza de la convocatoria ecologista en las capitales canarias, a la que, vista la respuesta ciudadana, se puede considerar un rotundo éxito (sobre todo en Santa Cruz de Tenerife), consistía en la heterogeneidad de sus propuestas bajo el manto del muy genérico lema de “Canarias tiene un límite”. Esta diversidad de argumentos, unos más conectados con el mensaje principal que otros, suponía asimismo su principal debilidad, al no apuntar a un objetivo concreto, resumible en una medida icónica capaz de resumir el sentir popular y darle sentido. Sin embargo, los manifestantes realizaron un esfuerzo notable de simplificación del mensaje, hasta poner el acento de la marcha en dos preocupaciones muy claras: la escasez de vivienda asequible y la presión sobre el territorio, con particular atención a los espacios naturales del Archipiélago.

Es paradójico: una manifestación crítica con el modelo turístico habló más de vivienda que de turismo. Y, eso sí, se apartó de un modo explícito de todo mensaje asociado con la turismofobia, un temor incubado en los días previos del que nadie tuvo noticia. En la multiplicidad de mensajes propios de toda convocatoria masiva, la manifestación de Santa Cruz de Tenerife exigió “cambios” a una “clase política”, por cierto, muy poco representada en la marcha ciudadana. Pero también les puso tareas: una política de vivienda con mejores resultados, sobre todo en la modalidad de alquiler, y la implantación de una tasa turística. Estos fueron mensajes directos repetidos en todas las islas.

Convocatorias como la del 20-A describen hasta qué punto la crisis habitacional se ha convertido en un asunto totémico. En eso, como en el análisis sobre los límites del turismo, Canarias no es diferente a muchos otros territorios, aunque con la particularidad de nuestro territorio y sus limitaciones físicas, que en todo caso empeoran una realidad endiablada, cuya solución no puede ser encomendada al mercado, pero que al mismo presenta un cumplimiento mediocre por parte de las administraciones públicas, a la espera del milagro en forma de leyes estatales y autonómicas que prometen alquimia, aunque ya se sabe que el camino al infierno está también empedrado de buenas intenciones.

El cronista percibió la letra de la manifestación chicharrera desde una hora antes, en un asiento del tranvía y asistiendo a medio metro de distancia a la charla de dos señoras de edad mediana que comentaban su motivo para acudir a la convocatoria: “Es que no hay modo de encontrar un piso, a mi edificio también ha llegado el alquiler vacacional, es lo que que nunca…”. Los defensores del alquiler vacacional en las Islas tienen, sin duda, serios motivos para estar preocupados por el mensaje dominante en la convocatoria, porque se habló más de ellos (a través de proclamas y carteles acompañadas por muchas banderas canarias con las siete estrellas verdes) que de los hoteleros, a los que se reclamó, con idéntica energía, una moratoria y mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La presencia sindical, no obstante, cedió todo su protagonismo a un mensaje que se presentó como cívico a secas, huidizo respecto a una palabra, política, con la que tendrá que relacionarse si quiere ver cumplidos los objetivos de la marcha. Porque de otro modo será imposible.

La escasez no solo de vivienda social de titularidad pública, sino también de vivienda asequible en el mercado privado, se ha convertido en la principal enfermedad crónica de nuestra sociedad, y eso es algo que quedó muy claro en la convocatoria. Canarias se suma en este aspecto a una realidad ya patente en todo el mundo desarrollado: la concentración de la riqueza hoy se manifiesta a través de la propiedad inmobiliaria. Cada vez hay más personas y familias sin una casa en propiedad; cada vez hay más propietarios de varios inmuebles, y sin embargo cae el número de unidades familiares propietarias de una sola vivienda, el patrón dominante de la clase media tradicional de las últimas décadas. De modo que la crisis de la vivienda es sobre todo una crisis de la clase media, una realidad agudizada tanto por las insuficiencias de la política inmobiliaria en las Islas (a la cola de Europa en porcentaje de viviendas públicas sobre el parque residencial total) como por la pujanza de nuevas tendencias, como el citado alquiler vacacional. Resolver la crisis de la vivienda, o al menos acercarla a la racionalidad, es tarea esencial de los poderes públicos de las Islas, y ese mensaje no pudo quedar más claro en la convocatoria.

El otro gran mensaje del 20-A fue la expresión del hartazgo sobre la saturación de los espacios naturales de las Islas, asociado a su vez a un modelo productivo con claros signos de tentación depredadora. Pero los portavoces de la marcha en Santa Cruz de Tenerife hilaron muy fino con este asunto, en particular Felipe Ravina, portavoz del manifiesto final y una de las voces que han ganado peso y respeto en estos días de exuberancia ecologista. Siempre dejó claro que la manifestación no iba contra el turismo en sí, sino contra sus interacciones negativas, y pronunció acto seguido la otra palabra totémica del 20 de abril: ecotasa. Lo hizo con la virtud de asignarle una finalidad, la regeneración de los espacios naturales de las Islas, algo que, apostilló, iría “en favor del turismo”.

Sin duda, la implantación de algún tipo de impuesto o tasa turística ha subido varios escalones respecto a su verosimilitud. Ha encontrado lo que en teoría de la comunicación se llama ventana de Overton: un asunto de interés público al que hace años se podía definir como minoritario, para algunos incluso impronunciable, ha encontrado acomodo en la mayoría de la población y comienza a romper las barreras que hasta ahora lo constreñían al mundo del ecologismo. A favor cuenta con una opinión ciudadana favorable y al hecho cierto de que su implantación en otros territorios no ha supuesto una merma en la competitividad del destino. ¿En contra? No consta tampoco que la ecotasa o como se le llame haya resuelto ninguno de los problemas que busca solucionar.

Pasadas unas horas, las voces de la calle cedieron el protagonismo a la típica resaca de las convocatorias masivas, en las que se combina la retirada orgullosa con los símbolos en la mano y el muy saludable hábito del fin de fiesta (y más si es sábado) en forma de almuerzo familiar o amistoso propicio además para comentar la jugada y completar el día. La sociedad canaria reunió probablemente a un centenar de miles de personas en sus capitales -algo que, absténgase escépticos, es muchísima gente- y lanzó un mensaje quizá más nítido del que se podía esperar: mejor política de vivienda y contención al desgaste territorial mediante la tasa turística. Ahora corresponde a los poderes públicos mover ficha, en la certeza de que hablamos de conceptos de muy distinta resolución: la ecotasa se podría implantar mañana, revertir la crisis sistémica de la vivienda conllevará mucho tiempo y la adopción de medidas más expeditivas respecto a lo que estamos acostumbrados en esta tierra. El Gobierno canario tendrá que decir algo a partir del lunes próximo. O sea, ya.

Hay un relato apócrifo sobre la política francesa que cuenta lo siguiente: un político galo contempla una marcha ciudadana de cuyo conocimiento no tenía información y acto seguido afirma: “Ahí va mi gente: preguntaré qué piden para liderarlos”. El cambio de posición del Gobierno de Canarias respecto a la manifestación ecologista del próximo 20 de abril, escenificado por el presidente Fernando Clavijo en la sesión de control del Parlamento autonómico, enlaza con esta visión táctica de la política, los mensajes derivados de la misma y el manejo del ánimo ciudadano en tiempos tumultuosos como los actuales. Se trata, dicho en términos de nuestro deporte vernáculo, de una lucha a la contra que puede o no resultar eficaz en un contexto de ánimos muy encendidos.

Eso explica que en una semana los mensajes del jefe del Ejecutivo hayan pasado de una crítica pragmática, centrada en el posible impacto negativo de los mensajes de rechazo al turismo en nuestros mercados emisores, a una visión benévola sobre una convocatoria que plantea una enmienda a la totalidad del modelo productivo canario con todas sus (algunas) sombras y (bastantes) luces. Sea como fuere, Clavijo muestra su disposición a gobernar al tigre subiéndose a él o al menos acariciándolo de un modo explícito. Con ello, está anticipando el éxito de la convocatoria, algo que en las islas de Tenerife y Lanzarote se da por hecho y que goza de numerosos apoyos precisamente por la diversidad de su propuesta. Hasta los sindicatos del turismo, caso de CCOO, se han sumado a una manifestación que a diez días vista tiene un viento poderoso en sus velas. Lo que ocurra después de la cita ya es otra cuestión.

Se han establecido muchas comparaciones entre la convocatoria del próximo 20 de abril y la histórica manifestación del 22 de noviembre de 2002 en Santa Cruz de Tenerife contra las torres de alta tensión en los montes de Vilaflor. Y en efecto hay algunos puntos en común, pero también claras diferencias. El éxito de aquella cita fue tomado como el momento fundacional del movimiento ecologista como fenómeno masivo en Tenerife, y se caracterizó por la sorpresa de su elevadísima repercusión y por tomar un asunto muy concreto, el trazado de un tendido eléctrico, como locomotora para una serie de mensajes bastante similares a los planteados en la actualidad, relacionados con los límites del crecimiento y los riesgos de la saturación y el consumo excesivo de los recursos naturales. A la hora de la verdad, aquella manifestación solo logró lo que pedía, el cambio del trazado de las torres de alta tensión, que ahora discurren paralelas a la autopista TF-1 a modo de monumento a la fealdad y poco más. Tampoco tuvo incidencia política alguna pese a la, entonces, cercana celebración de los comicios autonómicos y locales de mayo de 2003, en los que el partido destinatario de todas las críticas, Coalición Canaria, obtuvo su mejor resultado histórico con un tinerfeño, Adán Martín, como candidato a presidente.

La convocatoria cívica del 20-A pilla lejísimos de cualquier cita electoral en las Islas, y además no hay un partido que pueda rentabilizarla de un modo eficiente. El PSOE tiene sus propios problemas y además tiene que hacer convivir a sus dos almas en política turística, una más cercana al ecologismo y la otra inequívocamente asociada con el crecimiento turístico en municipios que son parte troncal de su poder municipal. En ningún caso los socialistas van a sacar partido de la manifestación. El ecologismo clásico en las Islas, al igual que la izquierda alternativa, anda políticamente desarticulado y carece ahora mismo de estructuras visibles, aparte de que su cercanía con algunos puntos de vista más radicalizados (las amenazas de huelga de hambre, por ejemplo) despiertan recelo en sectores progresistas más moderados que sí se identifican con los postulados básicos de la convocatoria. Sí quiere entrar en ese espacio Nueva Canarias, como fuerza canarista de izquierda, pero carece de implantación en las islas donde este movimiento está más fuerte, como las citadas Lanzarote y Tenerife, mientras que en Gran Canaria Antonio Morales ha tenido sus más y sus menos con el ecologismo a cuenta del proyecto del Salto de Chira. Como conclusión, las manifestaciones podrán ser un éxito resonante, pero no registrarán un ganador en términos de contabilidad política, algo que en el edificio de Teobaldo Power todos entienden perfectamente, Clavijo incluido.

El otro mensaje del presidente canario, no nuevo porque ya lo dijo hace tres meses en Fitur, tiene que ver con la redistribución del negocio turístico en general y los salarios del sector en particular. Este es siempre un debate de gran envergadura conceptual, la contribución de una actividad económica exitosa a la prosperidad colectiva, y tiene que ver tanto con la variable beneficios-salarios como con el impacto de dicha actividad en los ingresos fiscales de las administraciones públicas. De momento cada interlocutor arrima el ascua a su sardina, como cabía esperar. Clavijo habla de sueldos y los empresarios remiten a los impuestos que paga el sector, sobre todo por vía indirecta a través de un IGIC que alcanza números récord y engrasa con ello las cuentas del sector público en las Islas. De la tasa turística se habla, pero más en el plano filosófico que como una propuesta concreta y cuantificable.

Ese debate tiene recorrido y coincide con otro más asociado con la interacción entre la actividad turística y la gestión de los asuntos públicos, por ejemplo, en la saturación de las infraestructuras de transporte, la gestión de los espacios naturales protegidos (inexistente por el miedo atávico de los poderes públicos a introducir medidas de restricción), la carestía de la vivienda o los déficits en gestión del ciclo del agua y otros recursos esenciales. Todos esos problemas, que tienen carácter estructural, seguirán existiendo aunque se produzca un incremento salarial súbito en el sector turístico. Porque la realidad, terca y compleja a partes iguales, es un tigre mucho más complicado de gobernar.

“Usted ha venido a hablar sobre un asunto sobre el que yo no le he preguntado, así que no voy a entrar al trapo”. El presidente canario, Fernando Clavijo, sacó su lado hipotenso en el primer Debate de la Nacionalidad Canaria de su segundo mandato al frente del Ejecutivo. Por eso eludió entrar en el cuerpo a cuerpo sobre el escándalo de la compra de mascarillas en la pasada legislatura que afecta al PSOE, pese a la peculiar invitación que en este sentido le lanzó el portavoz socialista en la Cámara, Sebastián Franquis, formulada en tono de defensa de los cargos públicos afectados por esta ventolera. Resultó sorprendente que fuera precisamente Franquis el encargado de sacar a colación el asunto de las mascarillas, sin provocación previa de la mayoría gobernante, maniatada por el empeño de Clavijo por exhibir un perfil de corte institucional.

Eso sí, el portavoz socialista quiso demostrar que el PSOE tiene capacidad para hacer daño en su capacidad de oposición, una cuestión importante para los socialistas porque el vacío en política no existe y cualquier oportunidad es buena para marcar territorio. El empeño de Franquis salió regular por varios motivos: el más obvio, que ha pasado demasiado poco tiempo como para pasarle factura a un Gobierno que se presenta a sí mismo como nuevo. Y lo es, en efecto, pero no lo es la presencia de Coalición Canaria al frente del Ejecutivo, en la mayoría de las ocasiones con el propio PSOE como socio.

En todo caso, el diputado grancanario tiró de archivo al recordar la incoherencia entre los mensajes de Clavijo y las asignaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma en 2024, un mensaje de escasa cilindrada y que tiene que ver más con la gestión que con una ruptura radical de las políticas, que no se ha producido con el retorno de los nacionalistas al poder, porque lo correcto sería decir que Ángel Víctor Torres hizo muy poco para modificar el statu quo del sistema político en Canarias. Se juntaron los elementos contrarios (los incendios, la pandemia, el volcán palmero) y al hoy ministro le faltó el tiempo y quizá también las ganas para provocar un vuelco discursivo en las Islas.

El PSOE canario no pierde la oportunidad de criticar los incumplimientos fiscales del Gobierno, que son básicamente dos: la rebaja hasta la insignificancia del Impuesto sobre Sucesiones para los más acaudalados y la no rebaja del IGIC. En ambos casos, tampoco estamos ante munición de grueso calibre. Por un lado, el regalo fiscal a las herencias de los ricos beneficia al 0,3% de la población canaria, pero no está nada claro que ofenda al 99,7% restante, porque así funciona la mente humana cuando se pone a reflexionar sobre impuestos: no los subas, Gobierno (el que sea), por si en el futuro me toca beneficiarme a mí de dicha benignidad tributaria. Y la caída en la recaudación provocada por la rebaja fiscal del pacto CC-PP es irrelevante desde el punto de vista de la asignación presupuestaria, porque los ingresos de la Comunidad Autónoma en el actual escenario permiten alegrías moderadas, o sea, sí una rebaja del Impuesto sobre Sucesiones, pero no una rebaja del IGIC, la otra crítica que la oposición socialista lanza sobre el pacto. Pero este es un incumplimiento que debería complacer a la oposición, que se opuso a ella durante toda la campaña. Se supone que las malas ideas lo son antes y después de las campañas y las elecciones, cabría señalar en este caso concreto.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, optó por interpretar la misma partitura, aunque con el añadido de un par de decibelios más. En su caso, con un especial acento en las cuestiones fiscales y presupuestarias, con las que los nacionalistas de izquierda están más familiarizados por la presencia de Román Rodríguez al frente del área de Hacienda durante el mandato del Pacto de las Flores. Pero se trató, igualmente, de un ataque de limitado alcance, que sí cobró cierto vuelo con su ofensiva contra el decreto-ley de vivienda y las algo fantasiosas presunciones del Gobierno respecto a la flexibilización en los usos del suelo como receta para combatir la dramática escasez habitacional que sufre Canarias. Clavijo, a esas alturas de la tarde, ya había dado por ganado el Debate de la Nacionalidad sin disparar un solo tiro. En 2025, cerca ya del ecuador de la legislatura, no lo debería tener tan fácil.

Un discurso escrito en letra Calibri supone en sí mismo una declaración de intenciones. Como mínimo, revela un estado de ánimo y un afán explicativo. Sin duda el maquetista de la pieza oratoria pronunciada por Fernando Clavijo en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria conectó bien con el momento político del jefe del Ejecutivo, que eludió deliberadamente cualquier tentación sanguínea y optó por un relato templado sobre sus primeros ocho meses al frente del Gobierno. Fue un balance prolijo y algo autocomplaciente, marcado por los mantras de los gobernantes ultramodernos en las democracias actuales: todos son grandes amantes del consenso cuando les toca asumir el poder, porque este clima les ofrece un contexto general mucho más plácido.

El discurso de Clavijo, escaso de propuestas llamativas, aunque algunas hubo, evidenció una curiosa dualidad muy patente en el actual tablero político canario: el presidente autonómico goza de una posición política muy confortable, casi inmejorable, con un socio aquí y otro allá, maniatando a ambos en uno y otro escenario, el canario y el estatal. Esta es la parte buena de su actual trabajo al frente del Ejecutivo, y el líder de CC lo dejó claro con una referencia al “modo canario de hacer política”, varios grados por debajo del que se aprecia en el ámbito estatal. La parte mala del encargo que recibió con su segunda investidura también tuvo un espacio generoso en el discurso del presidente: los problemas de Canarias son muy graves, tienen carácter crónico, llevan mucho tiempo instalados en la sociedad y su solución no resulta nada fácil. Además, nuestras carencias no tienen que ver con la evolución del ciclo económico, porque las Islas hoy no están en crisis, viven un momento de cierta bonanza, y sin embargo a este Gobierno, como al anterior, se le acumulan problemas que no pueden ser resueltos en una sola legislatura. Ni en varias.

Fernando Clavijo citó algunas novedades de implantación cercana a los que atribuyó el rol de ganchos para obtener algunos titulares. Estas se centraron en la política social y sanitaria, dos materias que junto a la vivienda pondrán nota al Gobierno conjunto de CC y PP en el momento procesal oportuno, que aún no ha llegado. La tarjeta digital de discapacidad y el historial médico unificado son elementos propios de un afán modernizador en las políticas públicas, pero son avances que tienen que ver con la gestión, no alcanzan la categoría de hitos estratégicos. En todo caso, con los números de la gestión sanitaria y social resulta prematuro atribuir méritos y culpas a este Gobiernoi. Ese es otro rasgo claro de este Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, que llega tan pronto que solo una actitud deliberada del Gobierno o de la oposición podrían evitar que se convirtiera en una discusión de guante blanco. Fernando Clavijo en su discurso desechó esta opción y lo quiso dejar claro desde el primer minuto, sabedor también de que la tormenta de los contratos de las mascarillas ha dejado a la oposición socialista, con su líder lejos y además algo tocado por las andanzas de Koldo y su pandilla, bastante mermada en potencia de fuego.

Fue en este ámbito, el del balance de los servicios públicos, en el que el presidente canario lanzó algunas miradas selectivas al retrovisor, pero en un tono igualmente calculado y sobre todo comparativo. Esto es un clásico de la comunicación política, cuando no hay grandes diferencias conceptuales son los detalles de la gestión los que marcan la diferencia en un sentido u otro. El discurso de Clavijo pareció el de un presidente que gobierna en solitario, sin concesión alguna a las prioridades políticas de su socio, el PP, que ha quedado sometido en el Parlamento canario a un peso aún inferior al que se podría derivar de su número de escaños. Esto es así porque a CC le está saliendo bien su táctica de jugar una partida en Canarias y otra en Madrid, un privilegio del que podrían disfrutar toda la legislatura y que solo se verá cuestionado en caso de colapso de la precaria mayoría estatal, porque en Canarias las posibilidades de un movimiento tectónico en el pacto parecen nulas. Hasta Vox ha optado en la Cámara autonómica por un discurso tan conciliador que termina por confundirse con el de los socios del pacto y sus aliados gomeros y herreños.

Un elemento novedoso del discurso del presidente canario atendió a su preocupación por las paradojas poblacionales de Canarias, una tierra con menos de 8.000 kilómetros cuadrados en la que conviven tendencias opuestas, desde el despoblamiento en las islas verdes a la saturación de las zonas turísticas, desde la natalidad por los suelos al incremento poblacional derivado de la inmigración alimentada por nuestro modelo económico, basado en los servicios en general y el turismo en particular. “La demografía es destino”, dejó escrito el filósofo positivista francés Auguste Comte hace siglo y medio, y las Islas no van a ser la excepción en el cumplimiento de esta sentencia inexorable. 

Si hay algo seguro es que las contradicciones de la demografía no se resuelven con una viceconsejería específica, ni tampoco con la convocatoria inédita de una Conferencia de Presidentes (del Gobierno y de los siete cabildos), por mucho impacto simbólico que pueda tener esta posibilidad prevista en el nuevo Estatuto de Autonomía. Habrá que poner en común visiones que hoy en día resultan simplemente contradictorias, un esfuerzo que quizá excede a la duración de una legislatura. Clavijo anunció un impulso en dicha reflexión y es de esperar que esto se traduzca en nuevos análisis de expertos y documentos técnicos que tratarán de sostener una posición y la contraria, como ocurre en tantos asuntos de Canarias. Seguro que dichos trabajos estarán también escritos en letra Calibri, la más estándar de la tipografía actual. Y el que quiera emociones más fuertes, que se vaya al circo… o al Congreso de los Diputados.

Estos son días de reuniones en la isla de La Palma. Los borradores del decreto de “recuperación de la normalidad residencial” circulan entre administraciones públicas y colectivos de afectados por la brutal erupción del volcán Tajogaite. Este periódico ya ha ofrecido detalles sobre el contenido del mismo, centrados en la creación de un nuevo organismo, un consorcio público encargado de liderar la reconstrucción del Valle de Aridane, del que formarán parte todas las administraciones implicadas en el proceso de recuperación: los gobiernos central y canario, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. La herramienta por la que aboga el Ejecutivo autonómico, que ha asumido la redacción del documento, es algo que podría ser comparado con la permuta, aunque con matices, porque no se dará una equivalencia exacta entre el valor del suelo donde se levantaban las viviendas destruidas y la compensación vía parcela urbanizada en un suelo no afectado por la erupción. Sí habrá equivalencia, por contra, en la edificabilidad posible para cada afectado, que podrá construir en las parcelas de nueva planta una casa con las mismas dimensiones y tipología que la que el volcán le robó.

El objetivo, plausible pero complejo, es que cada afectado por la erupción reconstruya su hogar (que es tanto como decir parte de su vida) en un espacio lo más próximo posible a su domicilio anterior. Por contra, la ordenación propuesta por la empresa pública Gesplan descarta que los vecinos puedan reconstruir viviendas sobre las coladas de la erupción, una opción que es considerada inviable técnicamente y poco recomendable en el plano urbanístico. Esto es lo más complicado de explicar y una fuente de tensión en el proceso de diálogo ya iniciado con los vecinos afectados. La dispersión residencial, vía ocupación del suelo rústico con edificaciones sin licencia, es una tradición tan canaria como la folía, y tiene en el Valle de Aridane a uno de sus ejemplos más diáfanos. Esta práctica explica también el carácter dañino del manto de lava para tantos residentes de la vertiente occidental de La Palma, dominada por tres clases de tipología edificatoria: la construcción adosada (por lo general acorde con el crecimiento de las familias), la vivienda unifamiliar y el apartamento de alquiler vacacional. Dicho en términos cinéfilos, el urbanismo (o mejor dicho, el no urbanismo) en el Valle se ha parecido mucho al título de la película que encabeza el ranking de candidaturas a los próximos premios Oscar: todo a la vez en todas partes. Esto el decreto del Gobierno canario tratará de evitarlo, sin entrar en colisión con los múltiples intereses particulares en juego (todos legítimos) y el alto componente emocional de las reivindicaciones cívicas.

El trabajo de los arquitectos de Gesplan basa la reconstrucción en la definición de dos nuevas áreas de expansión, ubicadas al norte y el sur de las coladas. Al norte, el sector La Asomada-La Laguna; al sur, Las Norias-La Majada. Los responsables de la planificación manejan aquí un concepto bastante peculiar: el “territorio sentido”. ¿Qué presupone esto? Que los vecinos del Valle querrán construir sus nuevas casas lo más cerca posible de su residencia anterior. Por tanto, los afectados de Todoque tendrán la opción de recibir una parcela en las inmediaciones del vecino barrio de La Laguna, que por cierto fue parcialmente destruido por el volcán. Los que fueron residentes en Las Manchas y vieron cómo sus hogares eran devorados por la lava, dispondrán de una opción en Las Norias-La Majada, o sea, en la vertiente sur del volcán. Y sobre estos dos polos de urbanización futura se cimentará el proceso de recuperación de viviendas.

Hay otra fórmula ya en vigor para que los palmeros afectados por el volcán puedan empezar de nuevo. Es el decreto que permite, excepcionalmente y durante 18 meses, construir viviendas unifamiliares en suelo rústico a personas que perdieron su casa durante la erupción. De acuerdo a esta norma han sido concedidas 152 licencias en el Valle de Aridane: 111 en Los Llanos, 35 en El Paso y seis en Tazacorte. El Gobierno prevé la concesión de un centenar de licencias más durante su periodo de vigencia, lo cual tiene su relevancia, porque cada vivienda nueva amparada según este método será una menos a construir en las nuevas áreas urbanizadas de los dos sectores citados anteriormente, que desde la entrada en vigor del decreto aplicarán suspensión de licencias, para mantenerlos disponibles hasta que en efecto se produzca la urbanización de los mismos. Sin duda un encaje de bolillos difícil de cuadrar.

Los planes de Gobierno y Cabildo para el futuro del Valle de Aridane atienden también algunos casos particulares. Por ejemplo, contemplan la ampliación del cementerio comarcal de Las Manchas en parcelas colindantes con el actual recinto, parcialmente sepultado por el volcán en uno de sus últimos y fatídicos estertores de fuego. Por otro lado, se prevé reconectar los caseríos de Cabrejas y El Paradiso, pequeños enclaves del municipio de Tazacorte que quedaron aislados pero sobrevivieron a los ríos de lava. Para el suelo rústico el propósito es muy claro: hay que recuperar el mismo número de hectáreas anterior a la erupción, y eso supone prohibir la edificación en los suelos más cercanos a la costa, idóneos para el cultivo del plátano. Y un último apunte relacionado con el suelo industrial, que será definido mediante un decreto aparte que buscará la reconstrucción del polígono del Callejón de la Gata, una de las primeras víctimas de la erupción. El futuro del Valle de Aridane toma forma sobre el papel, pero aún verterá ríos que ya no serán de lava, pero sí de tinta.

Un DANA barrió Santa Cruz de Tenerife con particular dureza durante las últimas semanas, agitando el escenario político y cultural hasta producir un epílogo quizá inesperado, sin duda efectista, que deja damnificados por todas partes. Se podría considerar que la tormenta tropical Rodin ha sido como una DANA, porque responde con precisión a las siglas que definen a este fenómeno meteorológico adverso: ha sido una depresión, por el nivel de enconamiento que ha llegado a alcanzar el debate sobre el finalmente no nato museo capitalino; ha sido aislada, porque se ha limitado a discurrir entre los interlocutores políticos, culturales y mediáticos de la capital tinerfeña, sin trascender jamás hacia un verdadero debate cívico; y se ha movido, como una DANA, en niveles altos, a modo de recreación ficticia sobre lo que debería ser una verdadera conversación colectiva sobre la política museística de una ciudad de mediano tamaño, su diagnóstico actual, los objetivos plausibles para el futuro cercano y su interacción con la economía local. Y a partir de ese molde, lo que ha resultado es un debate que no es original ni tampoco falso, en alegórica semejanza con las obras salidas de los bronces primigenios de Auguste Rodin, que ya no vendrán a Santa Cruz de Tenerife. Vamos a recapitular, pues, el paisaje que resulta tras esta ventolera.

El grupo de gobierno no lo vio venir. Los primeros pronunciamientos sobre la llegada de una franquicia del Museo Rodin de París a Santa Cruz de Tenerife fueron claramente incruentos. Nos remontamos a octubre de 2021, cuando se hizo público el acuerdo para la adquisición por la capital de hasta un centenar de obras del genial artista francés, y cuya confirmación por el grupo de gobierno municipal fue recibida sin entusiasmo, también sin reproche alguno, salvedad hecha de alguna crítica procedente de círculos muy especializados. En aquellas fechas el expediente Rodin tenía un impulsor, el alcalde José Manuel Bermúdez, y una multitud de indiferentes, bien por desconocimiento, cautela o precaución. Entonces se sabía que el museo estaría ubicado en el Parque Viera y Clavijo, una idea excelente para recuperar un contenedor cultural olvidado durante décadas, y se dejó claro que el acuerdo con la institución parisina se basaría en la adquisición de obras de arte, no en el préstamo de las mismas, por un precio que habría de ser evaluado por peritos independientes tras, no es un detalle baladí, una selección inicial (con precio incluido) del propio museo original. En aquellas semanas era imposible predecir que la tormenta se desataría un año después.

El peso del “sector cultural”. La cúpula de Coalición Canaria y el entramado de gestores culturales de la isla de Tenerife se miran con recelo desde hace años, décadas incluso, en un ejercicio de cohabitación necesaria (para ambos), que conoció en el pasado algunos episodios de desencuentro, sobre todo a partir de la apertura del TEA (Tenerife Espacio de las Artes), la gran infraestructura cultural de la capital y el edificio con el que los gestores de CC ya gastaron la bala de lo que podría ser denominado efecto Guggenheim, con desiguales resultados por cierto. Lo que ha ocurrido con el expediente Rodin tampoco es nuevo, lo que varía en este caso es la intensidad del conflicto y la trascendencia que ha adquirido con el paso de las semanas. Pero más que la crítica, que ha estado muy identificada con personas concretas (el artista y docente Claudio Marrero, el arquitecto Federico García Barba, personas respetables con las que se puede discrepar, pero a las que no cabe etiquetar como sicarios de la oposición), lo que sorprende de este asunto es el fracaso clamoroso a la hora de recabar apoyos al expediente Rodin. El alcalde de Santa Cruz nombró portavoz del proyecto a su concejal de Hacienda, una decisión correcta desde el punto de vista táctico que el designado, Juan José Martínez, asumió con solvencia y brío. No ha servido de nada, porque hay causas que es imposible sostener en solitario, necesitan del respaldo de ciertos prescriptores capaces de visualizar un éxito futuro y resultar creíbles en el empeño. Y CC lo que se ha encontrado con este asunto es lo siguiente: algunas voces críticas con un discurso claro y, sobre todo, un elocuente silencio de los posibles aliados, algo que en este caso no era posible compensar con respaldo mediático. Primero, porque los periodistas no somos fuente de autoridad en asuntos culturales (¿lo somos en alguno?, cabría preguntarse acto seguido). Segundo, porque la pieza más completa sobre el asunto Rodin fue acaso la más dura, firmada por la crítica de arte Elena Vozmediano en El Cultural.

Razones para el sí, razones para el no. Llegados a este punto, el grupo de gobierno en el Ayuntamiento alcanzó la conclusión de que no habría un solo gestor cultural que pusiera su nombre en defensa de la creación del Museo Rodin en Santa Cruz. Al revés, se sumaban voces opositoras, como la de la Facultad de Bellas Artes, en una cacofonía que comenzaba a torcer los pronósticos triunfalistas de los meses precedentes. Y hablando de pronósticos, tampoco ayudaba una proyección de visitantes y rendimiento económico del propio museo que, por la magnitud de las cifras, siempre ha parecido estar fuera de la realidad, con estimaciones que excedían con mucho las cifras modestas del ya citado TEA e incluso eran comparables con las de la casa de Auguste Rodin en París. Esto recordaba a los miles de puestos de trabajo que iba a crear el puerto de Granadilla, que ahí sigue esperando el atraque de un barco muchos años y 300 millones de euros después. En respuesta al escepticismo del sector cultural isleño, el grupo de gobierno argumentó que otros proyectos comparables, como el propio Guggenheim de Bilbao, habían sufrido críticas similares en su fase de lanzamiento. Algo que, por cierto, es verdad: una potente plataforma, liderada por el artista plástico Jorge Oteiza (nada menos), lideró el rechazo al gran museo bilbaíno-estadounidense allá por 1991. Pero este argumento, aun siendo válido, seguía siendo insuficiente, porque resulta complejo explicar que tomas una decisión cultural de relevancia sin contar con cierta complicidad del propio sector cultural local, algo que resultaría inconcebible en otros ámbitos de la gestión pública. Aquí empezó a perder la batalla el grupo de gobierno: en un lado estaban los nacionalistas canarios, erigidos en compradores de obras de arte de un egregio artista extranjero (la fascinación que el producto foráneo produce en la cúpula de CC daría para un ejercicio de psicoanálisis), y por otro unos gestores culturales y la oposición municipal haciendo suya la bandera de la defensa del ecosistema creativo local. La historia de David contra Goliat… ¿quién la ganó?

El mensaje defensivo y la carta del Museo Rodin. Hubo un momento, hace un par de semanas, en el que el alcalde de Santa Cruz optó por cambiar de libreto. Y el nuevo pasaba por envolver el proyecto Rodin en un propósito más ambicioso para rescatar las infraestructuras culturales y el patrimonio histórico de la capital tinerfeña, abandonado durante décadas. Y a partir de ahí el nuevo museo franquicia ya no vendría solo, sino acompañado por la rehabilitación de inmuebles y la habilitación de espacios para los creadores locales (que los hay, para eso se hizo también el TEA, recordemos que no se puede disparar el mismo cohete dos veces). Este mensaje, puramente defensivo, ha cedido con el inicio de año, momento en el que se ha producido el desplome final del proyecto Rodin a través de la carta remitida por la directora del museo parisino, de cuya lectura se deducen dos conclusiones: la primera, que la señora Simier conoce al detalle el argumentario del grupo de gobierno, porque lo recoge literalmente en su misiva, con una precisión que invita al escepticismo y produce hasta ternura. El alcalde, preguntado en Canarias Radio sobre este aspecto, negó conocer previamente el contenido de la carta ni haber participado en su redacción. La segunda conclusión es que en París también conocen el significado de la palabra victimismo: la directora del Museo Rodin atribuye al modesto entramado cultural chicharrero una malévola intención: el “cuestionamiento de Rodin como artista universal, de la originalidad de sus obras y de las motivaciones de una institución pública nacional como la nuestra”. La directora del museo olvida que ella misma es la promotora de la comercialización capitalista de la obra del genio, cosa que ha dejado por escrito. El Museo Rodin sería buena o mala idea, pero desde luego en este asunto los gestores franceses no ejercían de mecenas, sino de vendedores. No pueden indignarse ahora porque se les haya tratado como tales.

¿Y ahora? Reacciones y una humilde propuesta. Las reacciones al anuncio de que ya no habrá Museo Rodin en Santa Cruz de Tenerife se ajustan al manual de estilo de cada cual. El PP hace días que se puso de perfil, porque no tenía ni tiene nada que ganar en este asunto. Coalición Canaria lamenta “la oportunidad perdida” y promete abrir, ahora sí, un proceso de diálogo con el sector cultural de la isla, ya con la intención de contener los daños de lo que es sin duda una derrota política, aunque de repercusiones muy acotadas en el micromundo artístico chicharrero. El PSOE ha olido la sangre y se regodea con el fracaso del proyecto, aunque no ha dicho una sola palabra sobre qué haría con esos 16 millones que ya no irán a las arcas de la institución francesa; y para gobernar no basta con criticar, hay que ofrecer una visión alternativa. El concejal de Izquierda Unida Ramón Trujillo se precia de haber frenado “un chiringuito” y sobre ese argumento construye el discurso mejor estructurado que ha salido de la oposición municipal. En este punto están las cosas, la verdad es que todo es bastante previsible. Y quizá fuera bueno renunciar también a la originalidad en el desarrollo de las acciones futuras. Santa Cruz tiene una historia de éxito que contar en su relación con la escultura. Fue la exposición internacional de arte en la calle de 1973, articulada en tiempos difíciles, y no desde el poder, sino desde la sociedad, a cargo de personas ilustres que pusieron su conocimiento, talento y contactos al servicio de una idea colectiva en beneficio de Santa Cruz de Tenerife y su espacio urbano. ¿Por qué no aprender de aquello para reincidir en esa visión generosa, por qué no extender la marca artística de la ciudad a los barrios, por qué no pensar más en los paseantes y menos en los turistas? Será más barato, y exigirá más trabajo. Una primera acción sería cuidar mejor el propio legado del ya lejano 73, porque algunas obras de la Rambla están en estado lamentable y nos recuerdan que, antes de proyectar futuros idílicos de incierta materialización, los gestores públicos deben atender sobre todo a la ciudad que ya existe.

Paulino Rivero vuelve a ser presidente. No del Gobierno de Canarias, cargo que ostentó durante ocho años entre 2007 y 2015, el más longevo de la historia autonómica del Archipiélago. Tampoco de su partido, Coalición Canaria, que lideró durante 13 años en dos etapas diferentes, como parte de una trayectoria en la que fue, desde responsabilidades diversas, testigo y protagonista de la consolidación del nacionalismo canario como una fuerza hegemónica en el panorama político canario. Paulino Rivero es desde hace unos días presidente del Club Deportivo Tenerife, la sociedad anónima deportiva que compite en la Segunda División del fútbol español, y que, también desde hace pocas fechas, cuenta por primera vez en su historia con un accionista mayoritario no nacido en las Islas. El acceso de Rivero a la presidencia de un club de fútbol reúne algunas paradojas. La primera ha sido citada: un líder nacionalista de larga trayectoria aliado con un inversor foráneo. La segunda: su acceso al lugar más privilegiado del palco coincide con la actual situación política del partido que lideró, ubicado en la oposición tanto en el Cabildo de Tenerife como en el Gobierno de Canarias. Una formación, Coalición Canaria, con la que Rivero mantiene ahora mismo unas relaciones distantes, y que en el pasado reciente llegaron a ser realmente traumáticas, de ruptura prácticamente irreconciliable.

El nuevo presidente del Tenerife pisa territorio conocido. En varios sentidos, además. Su trayectoria política ha conocido diversos puntos de encuentro con las vicisitudes de una entidad deportiva empeñada en ocupar un lugar estable en la aristocracia del fútbol español, con desigual fortuna. En conversación con este diario, Rivero lo define como “el desarrollo de una película, que es lo que he vivido durante los últimos meses de reflexión”. En esa mirada retrospectiva, recuerda la ampliación del Estadio Rodríguez López, gestada a partir de 1987, cuando Rivero ocupó su primer cargo de relevancia insular, consejero de Deportes del Cabildo (también fue alcalde de El Sauzal, su pueblo natal, entre 1979 y 2007). Desde entonces se convirtió en interlocutor destacado de una entidad que, amparada en la potente sinergia con las administraciones públicas y la entidad financiera total, la extinta CajaCanarias, vivió una etapa dorada en lo deportivo allá por la década de los noventa del pasado siglo. Y esa condición de mediador vocacional la llevó al extremo en 2006, cuando articuló un acuerdo de empresarios para salvar al CD Tenerife de la desaparición (la deuda de la entidad ascendía a 54 millones de euros) y propiciar una serie que operaciones urbanísticas vinculadas al suelo donde hoy se levanta la Ciudad Deportiva del club. Eran los tiempos de extraña concurrencia entre el fútbol, el urbanismo y el poder local, una mescolanza que ha dejado alguna que otra resaca judicial en la isla de Tenerife, siempre con el Cabildo como protagonista.

Rivero ha sido un valedor convencido del poder del deporte profesional como herramienta de imagen exterior para un territorio. Lo aplicó también en sus dos legislaturas como presidente del Gobierno de Canarias (una en pacto con el PP, la otra con el PSOE), cuando impulsó los convenios plurianuales con los clubes profesionales canarios de fútbol y baloncesto, concebidos en este caso como instrumentos para la promoción turística de las Islas. Y fue este el argumento utilizado por su sucesor en el cargo y actual líder de CC, el hoy senador Fernando Clavijo, para bloquear su acceso a la presidencia del club de fútbol de sus amores en 2015, una vez abandonado el primer plano de la política tras su derrota interna en la elección del candidato presidencial de los nacionalistas. Fue aquella una batalla a sangre y fuego en las entrañas de una formación más proclive al reparto y la componenda en el reparto de cargos y candidaturas.

Paulino Rivero, desgastado por las medidas impopulares derivadas de la Gran Recesión, y a las que se vio obligado en su condición de presidente del Gobierno canario, fue derrotado por Clavijo en la elección interna, y aquel combate dejó heridas aún pendientes de cicatrizar. Pero supuraban más en aquel otoño de 2015 en el que Rivero vio al CD Tenerife como un destino apetecible y Clavijo lo vetó apelando a la incompatibilidad entre esta ambición y las medidas de apoyo al club adoptadas por Rivero durante sus ocho años de mandato autonómico. La relación entre ambos se mantiene gélida desde entonces, y por medio pasaron años en los que Coalición Canaria perpetró un destierro en toda regla de quien fuera su máximo líder, una tarea que se llevaba a la práctica cuando en los mítines del partido el nombre de Rivero era omitido en el relato nominativo de los líderes que se han sucedido al frente del nacionalismo canario. Era aquel un ejercicio de amnesia entre cruel y cómico, pues muchos de sus intérpretes habían sido promovidos por el propio Rivero.

En estos años de aislamiento involuntario, Paulino Rivero ha sabido aplicar su propio manual de resistencia y ha encontrado sus apoyos, tanto empresariales como mediáticos. Ocupa la dirección de relaciones institucionales de Naviera Armas, una de las dos empresas que cubren las rutas de transporte marítimo interinsular, y mantiene una colaboración semanal con el diario grancanario Canarias 7 en la que, sin faltar una semana, comparte reflexiones sobre la situación política canaria y su papel en el ámbito estatal. Su acceso a la presidencia del club de fútbol no lo apartará de ninguna de estas tareas, afirma, porque este Paulino Rivero resucitado para el primer plano pretende, en sus propias palabras, “defender mis ideas, que siguen intactas, y conservar las buenas relaciones que tengo con todos los partidos de Canarias, porque la política es una buena escuela y mi experiencia ayudará al crecimiento del club”.

Lo de sus capacidades relacionales en el ámbito político es cierto. Rivero lo demostró en catorce largos años como portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, con presidentes del Gobierno del PP y del PSOE, tiempos en los que cultivó con astucia una posición equidistante en asuntos de Estado, caso de la investigación parlamentaria tras los atentados terroristas de Madrid en 2004, cuya comisión presidió por ser digno de confianza tanto para el entonces inquilino de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, como para el líder de la oposición y a la postre también presidente, Mariano Rajoy. La agenda de contactos de Rivero engordó notablemente en esos años, incluso más allá de la política y, acaso en un guiño premonitorio, también en el deporte. Rivero, colchonero confeso, mantiene una sólida amistad con el presidente del Atlético de Madrid, el productor cinematográfico Enrique Cerezo.

La oportunidad de Rivero para demostrar que la experiencia en política cualifica para la gestión deportiva se producirá en un contexto insospechado hasta hace poco en la sociedad y la estructura de poder en la isla de Tenerife. Porque el cambio en la presidencia coincide a su vez con un cambio accionarial de relieve. Miguel Concepción, constructor nacido en La Palma con el que Rivero siempre mantuvo óptimas relaciones, ha vendido sus acciones en el club al inversor madrileño José Miguel Garrido Cristo (es sobrino, por cierto, del mítico domador de circo del mismo apellido), que se ha convertido en el nuevo primer accionista de la entidad y el hombre que ha configurado un equipo directivo formado por hombres de su confianza. La presidencia de Rivero es, en este sentido, una presidencia con asterisco, porque hay dudas sobre su margen real de maniobra en la gestión del club. Pero, según afirma, no le supondrá ningún problema manejarse en esa extraña cohabitación, un propietario foráneo aliado con un ex político nacionalista de pura cepa. “Al contrario, me ilusiona promover ese equilibrio entre la participación de capital externo y el respeto a las señas de identidad de un club que tiene 34.000 accionistas y representa a Tenerife y Canarias; y mi trayectoria en política demuestra que soy una persona capaz de unir, de cohesionar”, sentencia. Tendrá la necesidad de demostrarlo.

La comunidad autónoma de Canarias es una de las que aún no ha remitido al Gobierno central su propuesta sobre el ahorro energético solicitado por este y de aplicación a partir del próximo otoño, ante la perspectiva de una situación energética global que asoma como un desafío estratégico para toda la Unión Europea. No es una buena noticia que las Islas vayan a la cola en la definición de tales objetivos y los medios para obtenerlos. Ojalá la espera valga la pena, pero hasta el momento la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo canario solo ha anunciado la aprobación de ayudas para la adaptación de comercios a los nuevos requisitos sobre límites de climatización fijados por el departamento homólogo del Gobierno central, una medida valiosa para los eventuales beneficiarios pero insuficiente como estrategia para auspiciar el ahorro energético sin afectar al crecimiento económico, que ese es en realidad el reto pendiente.

En este asunto, está más que demostrado que la vicepresidenta Teresa Ribera marca la pauta y las comunidades autónomas básicamente se limitan a arrastrar los pies, en un nuevo ejemplo de ese ejercicio de doble personalidad tan propio de nuestro sistema autonómico. Los presidentes regionales españoles son fieros defensores del autogobierno cuando se habla de repartos financieros, presupuestos, medidas de gasto y transferencia de competencias (en este caso, unas más que otras, la verdad). Cuando toca asumir cierta corresponsabilidad en la aplicación de medidas difíciles o impopulares, el entusiasmo descentralizador decae de un modo notorio y las conferencias sectoriales son un escenario propicio para el escaqueo previo y la crítica posterior. En el caso de Canarias, gozamos de la ventaja de nuestra singularidad geográfica, que en ciertas circunstancias funciona como una ventaja comparativa. Básicamente, porque el recurso más sencillo al que puede recurrir el Gobierno canario -cualquier Gobierno canario, de cualquier signo político- es recurrir a la regla de la excepcionalidad. Basta con pedir que no se aplique tal y cual medida por resultar incompatible con nuestra condición insular, tan diferente a la realidad del territorio continental común. Y es que somos buenísimos utilizando este argumento para casi cualquier cuestión, hay que admitir que hemos convertido esta estrategia en un arte sofisticado.

En el caso de la política energética, hay un argumento muy poderoso que ha sido puesto encima de la mesa desde el primer momento: en Canarias no utilizamos el gas natural, ni para abastecer a la industria ni para generar electricidad, y el plan de ahorro promovido por el Gobierno central tiene que ver sobre todo con el ahorro de gas, no porque España pueda sufrir problemas de suministro en el próximo invierno, sino porque el rol que asume nuestro país en esta especie de guerra mundial energética es el de suministrador de excedentes al resto de socios europeos, amparados como estamos por un suministro diversificado -EEUU, Argelia, Catar, etcétera- y por una capacidad de regasificación sin parangón en el continente. Pero nada de esto tiene que ver con Canarias, que no ha llegado a iniciar las obras de las plantas de regasificación que un día ya bastante lejano fueron programadas para abastecer a las centrales de ciclo combinado en Gran Canaria y Tenerife. Es harto improbable que vayan a ser construidas alguna vez, aunque sus promotores en las Islas mantienen el empeño, sobre todo en Tenerife, con escasas posibilidades de éxito por la condición aislada de nuestro sistema energético. De las Islas no sale ningún gasoducto que pueda abastecer a Europa, que es la ventaja comparativa de la que sí disfruta la Península y lo que ha puesto en valor a las plantas regasificadoras ahora en funcionamiento.

De modo que, si no tenemos gas del que abastecernos, la primera mirada a este asunto nos llevaría a una simple conclusión: no tenemos que ajustarnos a este plan de ahorro, porque no tiene nada que ver con Canarias. De entrada suena lógico. Pero es una reflexión conformista que nos conduce a un marco mental al que las Islas han llegado a acostumbrarse: la percepción de que las normas aplicables para otros no lo son para nosotros, porque “somos diferentes”. En este caso, lo sería para darnos el lujo de no hacer nada (una vez más, se podría añadir), lo que en política energética es tanto como hacer las cosas peor, cosa que por cierto tampoco sería la primera vez que ocurriese. La alternativa es tomar el camino opuesto y definir que la excepción canaria al plan de ahorro pasa por desbrozar nuestra propia senda hacia la eficiencia energética. No es una tarea fácil, pero igual precisamente por eso vale la pena ponernos a trabajar en ella.

Una de las virtudes en la labor del Ejecutivo central en lo tocante a la política energética aplicable en la Unión Europea es precisamente su capacidad, que se puede atribuir sobre todo a Pedro Sánchez y Teresa Ribera, para tener ideas y exponerlas. La llamada excepción ibérica, el tope en el precio del gas a efectos de su impacto en el cómputo de la tarifa eléctrica, no es ni mucho menos una panacea, pero ha servido para tener ahora mismo en España unos precios de la luz más bajos que los de nuestros homólogos del Viejo Continente. Estos precios han subido y están en registros máximos, de acuerdo, pero serían un 18% más elevados sin la introducción de dicha medida, ridiculizada primero en nuestro propio país, admitida a regañadientes por el Consejo Europeo y en la actualidad una de las ideas de referencia a la hora de diseñar la reforma del mercado eléctrico que la UE necesita con urgencia. El Gobierno español tuvo, pues, la capacidad para producir una idea, pelearla y finalmente conseguir su aplicación.

Hay una cosa que tenemos que asumir para no dejarnos engañar por el utopismo. El ahorro energético en nuestro país, y eso incluye a Canarias, puede resultar muy dañino para la economía nacional a corto plazo. Esto es así porque en España la curva del crecimiento económico va pareja a la de la intensidad en el consumo energético. Así lo acredita un formidable informe elaborado por los economistas de Fedea Luis Puch, Antonia Díaz y Gustavo Marrero, este último profesor de la Universidad de La Laguna. Este trabajo académico revela que en España los crecimientos en el PIB per cápita de los ciudadanos van parejos a un incremento similar en sus emisiones de CO2. Por decirlo claro, España no sabe crecer económicamente sin consumir más energía fósil (la que ahora escasea y está carísima) y elevar por tanto sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es lo que dichos economistas llaman “intensidad energética”, a la que consideran la antítesis de la “eficiencia energética”, una senda en la que sí ha avanzado de un modo notorio la tan criticada Alemania, que hace años que ha comenzado a revertir este paralelismo mortal, hasta el punto de reducir sus emisiones per cápita sin dañar el crecimiento de una economía industrializada.

Por cierto, tampoco es la primera vez que los alemanes lo hacen; en los años setenta del siglo pasado, sometidos por la dureza de la crisis del petróleo y sus precios disparados, los sucesivos gobiernos germanos lograron reducir el consumo de hidrocarburos un 30% con medidas de ahorro y eficiencia no muy alejadas de las que ahora están comenzando a implantarse. Como demuestran los hechos una y otra vez, la Historia no se repite, pero rima. Esto es importante reseñarlo para dejar claro que el incentivo al consumo es una pésima idea cuando hablamos de energía fósil, por mucho que algunos ciudadanos puedan pagar facturas abultadas y consideren las restricciones en ciernes como un ataque a su “libertad”. Libertad para fastidiar a todos: al medio ambiente, al país y a sus conciudadanos, debe ser. De modo que aquí ya podríamos tener un objetivo plausible para ese aún ignoto plan de ahorro energético a presentar por el Ejecutivo canario: pobreza energética no, despilfarro tampoco. Austeridad sí, porque austeridad es eficiencia, como dejó escrito el mismísimo Enrico Berlinguer, que como es sabido no era precisamente un tiburón del capitalismo.

Con menos urgencias que otros, pero con idéntica ambición y, muy importante, con ideas propias -¿qué es el autogobierno sino la expresión de las propias convicciones y propuestas-, los canarios estamos en condiciones de emular a los estudiantes checos de la Revolución de Terciopelo, en 1989, cuando propiciaron el camino de su país hacia la democracia, justo lo mismo que ahora ambiciona Ucrania y Putin trata de frenar con el chantaje energético. Aquellos jóvenes se echaron a la calle y asumieron riesgos bajo la siguiente leyenda: “¿Quién, si no lo hacemos nosotros?; ¿y cuándo, si no es ahora”. Sin el dramatismo de aquellos tiempos, pero con desafíos similares en el horizonte, quizá Canarias puede formular preguntas similares y arremangarse para encontrar respuestas propias. Lo cual sería, por añadir un último argumento, toda una lección de europeísmo bien entendido como lo que es y debe ser: una calle de doble dirección o, lo que es lo mismo, una comunidad de derechos y deberes asumidos por todos. 

Quedan apenas dos semanas hasta la entrada en vigor de las medidas para abaratar el transporte público colectivo en España, con sus diversos formatos y categorías, adaptados tanto a los sistemas de movilidad como a los territorios en los que estos se despliegan. Sobreviven sin embargo las incógnitas sobre el resultado de tales medidas en lo tocante a los motivos por los cuales el Gobierno de Pedro Sánchez se embarcó en este ambicioso programa de subvenciones. ¿Contribuirá este esfuerzo financiado con recursos públicos al ahorro energético necesario en los meses de otoño e invierno? ¿Supondrá un incremento en el uso del transporte público en detrimento del desplazamiento privado? Apenas se habla sobre ello, absortos como estamos en una discusión pueril sobre uno de los aspectos del plan: la gratuidad de algunos trayectos ferroviarios, los de cercanías y media distancia, para aquellos pasajeros que acrediten utilizar dichos servicios de modo frecuente. Y como en Canarias no tenemos trenes, se ha abierto la posibilidad de plantear un nuevo agravio, que es algo así como el corpus doctrinal de la política canaria en las últimas décadas. Y visto lo visto la tendencia solo amenaza con empeorar.

Me van a permitir que les plantee un ejemplo personal. Es el mío, seguramente el único sobre el que puedo argumentar con cierta autoridad. Soy usuario diario de los sistemas de transporte colectivo, básicamente en la isla de Tenerife y, con mucha menor frecuencia, en Gran Canaria. No es el mío lo que se dice un acto de sensibilización ni mucho menos de heroísmo energético-climático. Mi viejo Seat León me dejó tirado semanas después del confinamiento derivado de la pandemia y, ante lo costoso de su reparación, opté por darle una merecida jubilación camino de la chatarra. Ocurre que, si bien quiero aclarar de entrada que me encanta conducir, mis circunstancias personales actuales me permiten prescindir del vehículo privado (y de su coste en adquisición, mantenimiento, seguros y combustible): mis hijas ya son mayores y por tanto autónomas, lo que me libera de esa condición de chófer que acompaña a la paternidad en estos tiempos. De modo que mi trato con el coche privado está relacionado con los fines de semana o momentos de ocio, y para eso suelo tomar prestado el vehículo de mi hermano (José Joaquín, soy un caradura, espero que nunca leas este artículo). Y como quiera que buena parte de mi actividad profesional se desarrolla en la vecina isla de Gran Canaria, mi trayecto más frecuente tiene como destino el aeropuerto Tenerife Norte, que dispone de un servicio de Titsa razonablemente eficiente. Para todo lo demás, tengo las guaguas urbanas de la misma compañía y el servicio del tranvía metropolitano, cuestiones ambas que justifican de sobra la adquisición del bono mensual que por 38 euros me permite disponer de todo el abanico de transporte colectivo en la isla. Por cierto, es el bono residente canario más caro de los siete ahora en circulación, pero aun así siempre consideré que dicho coste (subvencionado por el Gobierno de Canarias, conviene recordarlo) es bastante asumible para mi bolsillo. A partir del 1 de septiembre, ya no serán 38 euros sino 19, en aplicación de la rebaja financiada por el Ejecutivo central, y que en las Islas alcanzará el 50% de los bonos de transporte público en guagua más el tranvía en el caso de la isla de Tenerife.

La cuestión que me planteo, y que atañe a mi caso, es la siguiente: la rebaja a la mitad de la factura del transporte público, ¿incentivará mi ánimo para recurrir al mismo? Con toda seguridad, no, porque los trayectos que haré serán básicamente los mismos. Lo que ocurre es que me saldrá más barato, cuestión que por supuesto agradezco. Aquí entramos, por tanto, en el primer aspecto vidrioso de la medida, y tiene que ver con la equidad. ¿Rebajas para todos o para quienes más necesitan del transporte público y más problemas tienen para costearlo? Es un asunto controvertido, aparte de difícil de resolver en la práctica por lo engorroso de su plasmación práctica en el plano burocrático. Pero sirve para suscitar una segunda pregunta relacionada con el objeto de la polémica política durante las últimas semanas en Canarias: y si la tarifa plana de la guagua me saliera no por 38 euros ni por 19, sino gratis, ¿haría mayor uso de ella? Probablemente tampoco, pero podría ser así para otros muchos usuarios, cuestión sobre la que apenas se ha hablado en Canarias, atontados como estamos en el dilema sobre si es procedente exigir a Sánchez que nos ponga algún servicio gratuito para compensar que en las Islas aún no tenemos trenes (y ojalá no los tengamos, me atrevería a añadir, pero ese ya es otro debate).

Un interesante reportaje firmado en este diario por el periodista Toni Ferrera ha intentado poner luz donde todo ha permanecido hasta ahora bajo la niebla derivada de las medidas de Sánchez y su presunto agravio hacia las Islas, que sin duda no será el último. El presidente del Gobierno central ha optado por sumarse al coro sobre la conveniencia de ofrecer cierta gratuidad en los servicios de transporte público, pero lo único que ha conseguido hasta la fecha es despertar los espíritus animales (en definición de John Maynard Keynes) de administraciones locales y autonómicas, que se miran de reojo como los escolares en un reparto de bocadillos en el recreo, planteando una cuestión cargada de simbolismo, pero también de puerilidad: ¿y a mí qué me das gratis? Esto al parecer nadie lo vio venir en el Ejecutivo central y tampoco en el canario, desde donde se argumenta ahora un planteamiento difícil de objetar, pero limitado en el plano emocional que domina la política en estos tiempos: la subvención del 50% a todas las guaguas (urbanas e interurbanas, es un matiz relevante) es mejor negocio para Canarias que el 30% en los autobuses y el tren gratis para el resto de España. Es lo que dicen los números con toda su certeza y frialdad. Pero… ¿qué pasa, que para nosotros no hay nada gratis?

El reportaje de Ferrera incide en algunas conclusiones de valor derivadas de la experiencia en aquellos territorios donde se ha aplicado la gratuidad en el transporte colectivo. Con la mayor intensidad, en la capital de Estonia, Tallin. Primero: el transporte gratuito incrementa el número de usuarios con carácter general, pero en un porcentaje bajo, porque aquellos que ya cogían la guagua mantienen su pauta de conducta, pero sin coste para su bolsillo, mientras se suman los usuarios oportunistas que (esto en el tranvía de Tenerife podría ser clamoroso) optan por usar el transporte público para realizar trayectos cortos que en condiciones normales realizan a pie. De modo que, oh paradoja, con el transporte gratuito no se reducen coches en las ciudades y carreteras, sino peatones en entornos urbanos. Tiene toda la lógica del mundo: veo que llega la guagua y me subo a ella para bajarme en la parada siguiente, que así me ahorro la caminata y más con este calor de justicia que amenaza con acompañarnos durante el otoño. Por cierto, para reducir coches en las ciudades no basta con potenciar el transporte público, también hay que imponer restricciones al vehículo privado, porque, como ocurre en muchos aspectos, la zanahoria solo funciona con un poco de palo añadido. La condición humana, que dejó escrito Malraux. 

¿Hay excepciones a esta pauta dominante de conducta? Las hay, como revelan los estudios disponibles. Aparecen en aquellas zonas residenciales donde los ingresos medios son muy bajos, que es donde la factura del transporte público adquiere cierta relevancia para el bolsillo. El transporte gratuito sí animaría a estas capas de nuestra población (a muchos de nuestros conciudadanos canarios, no lo olvidemos) a salir del aislamiento provocado por la escasez material que sufren, con efectos beneficiosos en los planos laboral y hasta anímico. Son los mismos ciudadanos para los que la ya muy tensionada factura eléctrica supone un porcentaje elevado de su renta disponible. Eso por no hablar del coste del carrito del supermercado, la vivienda, el butano, etcétera.

 Por tanto, quizá es sobre este segmento de población sobre el que deberíamos mantener un debate adulto para ir luego a Sánchez con nuestras reclamaciones. ¿Qué líneas de guagua son susceptibles de recibir una subvención que suponga la gratuidad para los ciudadanos con ingresos bajos? Desde luego no las que comunican con los aeropuertos, porque el traslado en avión ya presupone cierta capacidad económica. Quizá los corredores de la GC-1 y GC-2, y los de la TF-1 y TF-5, es decir, las grandes autopistas que comunican las áreas metropolitanas, pueblos y zonas turísticas intensivas en empleo, así como sus homólogas en Lanzarote, Fuerteventura y quizá La Palma. Es una suposición, porque esta cuestión deberían aclararla los expertos en movilidad, que permanecen en silencio en medio de toda la hojarasca inútil del agravio. Desde luego sería más útil que seguir inmersos en esta batalla dialéctica sobre la gratuidad de las guaguas, a la que resulta muy fácil sumarse, pero que en realidad aporta poco. Un ejemplo más de hasta qué punto en Canarias somos capaces de encontrar argumentos para discusiones improductivas. Ya sean, como en este caso, en dirección a Madrid como entre nosotros mismos, como está ocurriendo con la estrambótica pelea por acoger sedes de organismos estatales y europeos que aún no hemos conseguido o ni existen aún. Eso es materia para otro artículo.

Pero por mucho que nos pongamos estupendos, la realidad es tozuda y nos enseña que la respuesta a la inflación desbocada en el sector energético no se resuelve con medidas que el en mejor de los casos alivian de un modo precario los sinsabores de esta espiral de precios al alza. Es que, peor aún, muchas de las decisiones adoptadas o sugeridas caminan justo en la dirección opuesta a la que marca el interés general de la sociedad y la razón de Estado de los países miembros de la UE. La bajada de impuestos al combustible es una de estas decisiones disparatadas que, sin embargo, sigue gozando de buena reputación.

No hay que estar en contra de las bajadas de impuestos por principio. Sí hay que estar en contra de las bajadas de impuestos estúpidas. El planeta afronta una crisis de precios de los combustibles originada en la escasez de oferta derivada de la pandemia, que ha estrangulado las líneas de aprovisionamiento en este y otros ámbitos de la economía. La demanda, por el contrario, vuelve a registros anteriores a la Covid-19, por la recuperación de la industria, del turismo y de los hábitos de consumo para quienes mantuvieron su nivel de ingresos durante los dos largos años de encierro, retorno y parón. La sucesión de medidas de gasto público adoptadas en todo el planeta han alimentado esta demanda global de bienes y servicios vinculados al consumo voraz de los hidrocarburos. Así que tenemos un producto escaso y una demanda potente, y la consecuencia evidente de esta ecuación es el incremento de los precios. Y dicho esto, que lo entiende cualquiera, ¿qué resultado tendría una rebaja de los impuestos al carburante en España? Pues su consecuencia resulta obvia: más inflación provocada por el estímulo de la demanda provocado por esa rebaja fiscal. Por tanto, no hablamos de una medida ineficaz, sino contraproducente. La ortodoxia económica es ferozmente sincera en este aspecto, por mucho que nos pueda irritar esa desagradable idea de mirar a los ojos de la dura realidad.

Hay una palabra que tenemos que ir sacando del baúl de argumentos inservibles por su mal uso durante años: austeridad. Durante la última década, la izquierda política ha abominado del vocablo, al asociarlo a las curas de caballo derivadas de la Gran Recesión. Los lectores lo recordarán perfectamente, porque recuerdan los años del “austericidio” que cargó sobre la economía productiva los excesos pretéritos de la economía financiera. Y desde entonces, apelar a la austeridad supone tanto como mencionar al Maligno.

El problema es que la austeridad no es eso. La austeridad no es lo opuesto a la inversión pública selectiva e inteligente. La austeridad es lo opuesto al despilfarro, como nos dejó escrito ese sabio de la socialdemocracia y la Historia del Viejo Continente, Tony Judt, en el primer capítulo de ese testimonio imprescindible, El refugio de la memoria. La austeridad, para otro viejo referente de la izquierda europea, el líder comunista italiano Enrico Berlinguer, significaba lo siguiente: “La austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas son el derroche y el desaprovechamiento, la exaltación de los particularismos y de los individualismos más exacerbados, del consumismo más desenfrenado. Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años”. Estas palabras son del año 1977, cuando Europa se recuperaba de una crisis de precios del petróleo con bastantes puntos en común con los acontecimientos de estas semanas. Pero parecen actuales, aplicables al presente. Porque sí, la austeridad significa eficiencia, es decir, ahorro, no estímulos irresponsables al consumo, que pregonan igualdad pero en realidad caminan en la dirección opuesta. Valga un ejemplo: el subsidio al carburante en España le costará 500 millones de euros al Gobierno central, en tres meses de aplicación. El 10% más rico del país recibirá el 25% de estos recursos públicos, porque la ayuda de 20 céntimos ayuda más a quienes más hidrocarburos consumen. ¿Es una medida justa?

Puestos a buscar palabras que nos sirvan de referencia, y que signifiquen cosas de verdad -la manipulación del lenguaje, esto ya lo dejó escrito George Orwell, es una de las mayores amenazas para una democracia-, podemos tomar como referencia un ejemplo cercano resumido en un vocablo singular: Setsuden. Así es definida la reacción de la sociedad japonesa para promover el ahorro energético en 2011 tras el accidente nuclear de Fukushima, un evento sistémico para el país del Sol Naciente, del mismo modo que para Europa lo es hoy la guerra de Ucrania y su derivada, la necesidad de dejar atrás lo antes posible la dependencia del petróleo y el gas procedentes de la envalentonada Rusia. Es urgente que los gobiernos europeos, todos los gobiernos, desde Laponia a El Hierro, hagan suyo este mensaje de austeridad bien entendida en defensa de nuestra capacidad económica y el sostenimiento de la democracia liberal tal y como la hemos entendido y disfrutado a un bajo coste hasta el momento.

Hay herramientas, en todos los sectores económicos, para promover la eficiencia sin producir un daño severo en el crecimiento a la salida de la pandemia. Estudios recientes, desde los hechos públicos por la Universidad de Bonn hasta los del reputado académico Kenneth Rogoff, apuntan a un deterioro más leve de lo pregonado por algunas industrias intensivas en el consumo de gas natural. Eso sí, tenemos que hacerlo todos, no podemos caer en el error pueril de considerar que esto es cosa de los alemanes. Porque esos alemanes son los que llenarán nuestros hoteles si finalmente la UE es capaz de lidiar con esta crisis que no es solo de precios, sino también de escasez. Bajar impuestos supone tanto como alimentar nuestra propia espiral de precios hasta producir una profecía autocumplida: más inflación, más cabreo y más pensamiento mágico en manos de los populistas sin escrúpulos de todo signo ideológico. Vuelve la austeridad, nos guste o no, y ojalá que vuelva ahora, cuando toca.

El Discurso sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria es, por su condición importada en imitación de otros a escala estatal e incluso internacional, un artefacto de difícil inserción en el año político de las Islas. Ya lo era en la vieja normalidad, cuando pasaba desapercibido en la mayoría de las ocasiones, y lo sigue siendo tras estos dos años traumáticos en los que todos hemos conocido, relatado o sufrido acontecimientos sin precedentes. Asistimos a un mundo en cambio acelerado pero la política va por detrás, renuente a aceptar un contexto líquido en el que la solidez de los proyectos se ve expuesta a una tensión permanente. Este Debate de la Nacionalidad fue sin embargo presentado como puesta de largo de la nueva normalidad, por el hecho de contar en el hemiciclo con los setenta diputados de la Cámara. En realidad, el principal aliciente del debate residía y reside en el calendario, porque enfilamos un año preelectoral y esta certeza se percibe ya en los discursos. Así lo entendió el presidente canario, cuyo discurso fue algo así como el pistoletazo de salida para la campaña de los comicios autonómicos, insulares y locales convocados para mayo de 2023.

Ángel Víctor Torres renunció a la sorpresa a la hora de pronunciar una pieza dialéctica correcta, fiel a su estilo, de duración moderada, unos 80 minutos de balance y reivindicación de su gestión, marcada por lo imprevisible de lo ocurrido en esta legislatura con pandemia global, erupción volcánica en La Palma y ahora guerra en Europa. Transitando el delicado camino entre el optimismo y la autocomplacencia, el líder del PSOE canario subrayó que las Islas están mejor ahora que en 2019 a pesar de los contratiempos, y lo explicó a través de una relación bastante detallada de hitos laborales, económicos, sociales, todos ellos ciertos, demostrables, aunque también amparados por el colosal incremento del gasto público que ha venido detrás de la pandemia de Covid-19, en particular.

El presidente Torres subrayó la elevada ejecución del Presupuesto autonómico como argumento para defender su gestión, lo cual es un logro relativo, en la medida que el gasto público es un instrumento para mejorar las cosas (o evitar que empeoren), pero no un fin en sí mismo. El objetivo de este balance era evidente, sentar las bases de un combate electoral que se prevé duro a partir de ahora, y el mensaje de Torres en este aspecto fue claro más allá de la relación de hitos: está preparado para la pelea y casi ansioso por medir la ejecutoria del Pacto de las Flores ante una oposición que ya hoy mostró una réplica desabrida y endurecerá notablemente su discurso en el tramo final de la legislatura.

El presidente canario incorporó en este aspecto una referencia nada inocente al “cordón democrático” que pretende aplicar a la ultraderecha en el más que probable caso de verla presente en el Parlamento tras los próximos comicios. Pero a estas alturas ya debería estar más claro que al populismo reaccionario se lo combate con coraje, mejores ideas y buenos resultados. La criminalización de Vox, porque de eso estamos hablando, no funciona, y menos desde que el PP ha decidido que el blanqueamiento a su derecha ya no es algo rechazable, sino asumible o incluso, lo hemos visto en Castilla y León, incluso imprescindible.

El catálogo de propuestas y anuncios del presidente canario se quedó algo corto. No por su intensidad ni la trascendencia de los asuntos tratados (más camas sanitarias, viviendas sociales, plazas de educación infantil, cultura, carreteras…), sino porque ninguna de ellas es una medida de impacto inmediato. Y vivimos tiempos agonísticos, marcados por la inmediatez, en los que se reclaman rebajas fiscales aunque solo sirvan para inflar burbujas como la del carburante, que reducen ingresos públicos sin beneficiar al presunto destinario, el ciudadano. 

En ese sentido, Ángel Víctor Torres, que sí ha empleado con frecuencia ese mantra político de “no dejar a nadie atrás”, ignoró un nuevo marco mental que hace fortuna en la España de hoy, ese “dinero en el bolsillo” que tan bien ha funcionado en La Palma con la erupción volcánica y que supone una revisión conceptual del discurso político en beneficio de posiciones más conservadoras. Porque dinero en el bolsillo hay, pero demasiado concentrado en muy pocos bolsillos, y no porque los impuestos sean demasiado altos, precisamente. El presidente Torres apeló, finalmente, a un futuro superador de tantos sobresaltos, en el que, afirmó, sea posible redistribuir la riqueza para eliminar la pobreza. Fue el rasgo más claramente socialdemócrata de su discurso, pero cabe preguntarse si el pensamiento progresista de hoy es capaz de resultar atractivo si actúa con efectos retardados. El presidente canario, metido ya en la piel de presidente-candidato, dispone de un año para convencer que su diagnóstico es el acertado.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno español y el Reino de Marruecos, y resuelto a través de una carta con la firma del presidente Sánchez hecha pública por el régimen alauí, ha logrado lo que parecía imposible: relegar a un segundo plano los horrores de la guerra de Ucrania. Y es que, por su trascendencia, en particular para territorios como Canarias, el asunto tiene una envergadura histórica. ¿Para bien, para mal, o para nada? Bueno, eso lo dirá el tiempo, porque en este tema hay tantas interpretaciones presentes como opciones futuras. Hay algunas cosas que ya sabemos sobre el acuerdo y otras que están por venir. Vamos con ellas. 

¿Es un acuerdo pragmático? Sí. De hecho es todo un ejercicio de realpolitik, vaya usted a saber lo que significa eso. “Es un giro en toda regla de la política exterior española”, me dijo un reputado profesor de Relaciones Internacionales tras escuchar la comparecencia, el viernes pasado, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. España se aparta de un camino que era un callejón sin salida, el del referéndum pactado entre Marruecos y el Frente Polisario, y se abre a una solución que: a) tiene más consenso entre las grandes potencias, como EEUU, Francia y desde hace poco también Alemania, y b) es la que más conviene a Marruecos. La diplomacia española da un paso histórico hacia el desbloqueo de un conflicto enquistado durante cuarenta años, pero lo hace dando toda la razón a una de las partes. La gran virtud de esta apuesta, al afán por superar un conflicto casi irresoluble, es asimismo su principal debilidad.

¿Es un acuerdo justo? No. El respeto a la legalidad internacional, esa otra cosa de la que hablamos tanto en abstracto y a la que resulta complicado dar forma en términos concretos, sale perdiendo con esta apuesta española. Porque el contencioso del Sáhara es, por encima de todo, un proceso de descolonización inconcluso, hábilmente aprovechado por Marruecos en los estertores del régimen de Franco. Porque fue el franquismo el que, en su debilidad terminal, entregó la colonia a Marruecos. Y aunque en las últimas horas se haya aludido a la carta de Sánchez como un documento que, en lo referente al Sáhara Occidental, requiere el consenso con el Frente Polisario, resulta obvio que es el brazo político de la comunidad saharaui el gran perdedor de este nuevo episodio. Así lo interpretan ellos. Ellos y también Argelia, sobre la que hablaremos un poco más adelante.

¿Es una propuesta audaz? Sí. Lo que no se le puede negar a Sánchez, ni a su muñidor diplomático, el ministro Albares, es su ambición estratégica. En medio de un conflicto que amenaza con derivar en conflagración mundial, reanudan un diálogo con Marruecos que, a cambio de ciertas concesiones (de eso hablaremos también más tarde), plantea un nuevo horizonte en la relación bilateral tormentosa entre España y Marruecos. Incluso va algo más allá, al intentar sentar las bases de un trato renovado entre el Magreb y el sur de Europa, basado en el intercambio de tecnología y la provisión energética. Primero a través del gas argelino, con España como base gracias a sus infraestructuras gasísticas, y más adelante en la transición hacia las energías renovables, en la que África tiene que ser un actor fundamental. Sobre el papel, esto pinta bastante bien, pero ya se sabe que el diablo está en los detalles y el infierno es un camino empedrado por las buenas intenciones. Pero en cuanto a audacia, pocos compiten con Sánchez.

¿Es una propuesta pactada? Claramente no. No ha sido acordada ni con el socio de Gobierno, Unidas Podemos, ni con la oposición, el PP, ni con los gobiernos autonómicos y ciudades autónomas que podrían verse implicadas en la misma. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, se enteró el mismo viernes por la tarde y luego recibió una llamada del ministro Albares tan lógica como inquietante (luego diremos por qué). El PP ha montado en cólera por no haber sido informado ni consultado, algo que en el secreto de las negociaciones Pedro Sánchez difícilmente podía hacer, y menos en el actual clima de desconfianza que preside la política española (y del que Marruecos se aprovecha siempre). Llama la atención que el primer partido de la oposición ponga el acento más en el método que en el contenido del acuerdo. El PP, que arriesga lo mínimo en las relaciones con Marruecos (y cuando lo hizo, fue para mostrar firmeza, en la crisis del islote Perejil, óptimamente resuelta por el tándem José María Aznar-Ana Palacio), se ha especializado en aprovechar a medio plazo todos los avances que han protagonizado gobiernos del PSOE en la relación bilateral con el vecino del sur. En cuanto al Frente Polisario, ha sido totalmente ignorado en este proceso. ¿Y Argelia sabía algo? Esa es una de las grandes preguntas aún sin respuesta. Su primera reacción indica que no estaban en el ajo, pero es difícil creer que un diplomático tan experimentado como Albares no tuviera en cuenta ese flanco.

¿Y esto dará resultados? Nadie lo sabe. Tampoco Pedro Sánchez. Porque los resultados dependen de la voluntad de muchos actores. Depende de la capacidad de influencia de la UE, sobre todo de Francia y Alemania, para definir ese nuevo ecosistema de colaboración estratégica en el Mediterráneo, algo así como el Plan B a Rusia en el suministro de gas natural, algo que ahora parece no solo adecuado, sino incluso urgente. Se dan todas las condiciones para esa alianza energética, pero nada está garantizado. Depende de la voluntad de Marruecos, un régimen especializado en legitimarse a sí mismo mediante la reivindicación permanente. La sola mención a la voluntad común de resolver la crisis migratoria resulta estomagante, pues supone dar por hecho que Marruecos tiene una llave de paso por la que abre y eventualmente puede cerrar las vías de acceso a la costa española (a la canaria, en particular) de embarcaciones ocupadas por sus propios ciudadanos, muchos de ellos niños, así como por subsaharianos que huyen de la miseria y la guerra. Y en ese viaje siniestro, claro está, en muchas ocasiones el destino no es la costa, sino la muerte. Un socio así, la verdad, no parece muy de fiar. Y el éxito de este giro político radical depende finalmente de Argelia, un Estado que vive casi en su totalidad de la exportación de hidrocarburos, y que tiene ante sí una oportunidad que al mismo tiempo la obliga a revisar algunos tabús de su relación con el vecino Marruecos, que le cerró el acceso al gasoducto del Estrecho de Gibraltar, un conducto que beneficiaba sobre todo a España. ¿Serán capaces de entenderse Argelia y Marruecos, enemigos ancestrales, en esta ocasión guiados por un posible beneficio recíproco? ¿Y cómo quedaría entonces la posición, ya muy debilitada, del Frente Polisario? Al final, la carta de Pedro Sánchez propicia muchas preguntas todavía sin respuesta.

Una referencia inquietante. Y Canarias, ¿cómo queda en todo este asunto? Lo primero es aclarar lo que hay de verdad en este titular que abre una crónica de El Periódico de España en la que se analiza la propuesta del Gobierno central: “El acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. Dicha crónica fue retuiteada acto seguido por el ministro Miquel Iceta, y el pantallazo de dicha acción ministerial en redes sociales circuló generosamente el sábado por la noche entre políticos, periodistas y otros observadores de las Islas. ¿Por qué va España a contemplar siquiera que Marruecos renuncie a reclamar Canarias? Y si lo hiciera, ¿no supondría asumir que al reino alauí le corresponde algún tipo de derecho sobre un Archipiélago que nunca ha tenido nada que ver con el vecino, más allá de la cercanía geográfica, que no la continuidad que sí tienen las plazas de Ceuta y Melilla? Esto es como si Francia se sienta a dialogar con España sobre la base de que España renuncia a reclamar la soberanía sobre Córcega. Así de absurdo. Más allá de la increíble impericia de Iceta, que hace pensar sobre quién puede llegar a ser ministro en este país, este detalle es preciso aclararlo lo antes posible. El ministro Albares, que el viernes llamó por teléfono al presidente canario -la llamada, ¿es un ejemplo de cortesía institucional o supone un indicio alarmante?-, tiene que desmentir lo antes posible la referencia a Canarias en esa carta con la firma del presidente Sánchez. Y tiene que aclarar que la soberanía de las Islas no ha sido citada en esas conversaciones ni como mera hipótesis. Porque si así fuera, se habría abierto un precedente muy peligroso y Ángel Víctor Torres tendría que lidiar con un gravísimo problema no provocado por él, pero que le afecta directamente. A él y a todos nosotros.

Hay pecados más graves que los señalados por el obispo de Tenerife en sus esperpénticas declaraciones recientes en el BTC de Televisión Canaria. Algunos de ellos tienen que ver con el modo en el que una sociedad aborda cuestiones trascendentes para entender la diferencia entre democracia y dictadura, entre libertad y represión, entre reconocimiento de los hechos históricos o negación de los mismos. La controversia sobre la presencia de símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la Comunidad Autónoma de Canarias, 46 años después de la muerte del dictador, ha regresado para enseñarnos que en los asuntos públicos lo mejor es siempre afrontar esas asignaturas pendientes que al final regresan para dejarnos en mal lugar, a los ciudadanos y sobre todo a quienes tienen la potestad de tomar decisiones en defensa no sólo de la ley, sino también del consenso mínimo entre demócratas. Sobre los hitos citados en el borrador de catálogo de símbolos franquistas hecho público esta semana por el Gobierno canario se ha hablado mucho, pero no se ha hecho apenas nada. ¿Reparación necesaria o estigmatización oportunista? Algunas consideraciones.

La ley canaria de memoria histórica. Nuestra comunidad autónoma tiene, desde diciembre de 2019, una ley específica para regular los principios y procedimientos relacionados con la memoria histórica en las Islas, que incluye, claro está, el método para proceder con los símbolos procedentes de la dictadura franquista. Es importante recordar que no estamos ante una ley promovida por el actual Gobierno, ni tampoco por el anterior (el trámite parlamentario comenzó en 2017, es decir, en la legislatura precedente): fue una proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara autonómica en pie de igualdad. Por tanto, se puede afirmar que todo el arco político representado en las instituciones de la autonomía canaria fue suscriptor de una norma que además fue aprobada por unanimidad del Parlamento. Y si se está de acuerdo con la ley, se supone que se está de acuerdo con su cumplimiento. No solo porque las leyes existen para ser ejecutadas, sino por el mandato solemne que recoge esta norma en sus primeras palabras: “La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista y su reconocimiento y reparación representan un deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”. O tenemos claro que estamos ante la reparación de una injusticia o es que no entendemos nada.

El catálogo que promueve el Gobierno. Los artículos 11, 12 y 13 de la ley canaria de memoria histórica son fundamentales. El primero de ellos recoge la creación, composición y método de trabajo de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica; el segundo, ojo con él, regula el procedimiento para la elaboración del “catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias”, con el añadido muy citado en estos días de que dicho documento deberá referirse al “ámbito territorial canario”. El artículo 13 regula la retirada de la simbología franquista tomando como base el citado catálogo de elementos que de un modo u otro recuerdan en sentido elogioso los hechos y tiempos de la dictadura franquista. La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias ha optado por iniciar la redacción de dicho catálogo con Santa Cruz de Tenerife, bajo al argumento, cierto pero muy discutible respecto a la pulcritud del procedimiento, de que estamos ante la localidad canaria con mayor número de símbolos franquistas en su territorio. La verdad es que para acometer dicha tarea el Gobierno se ha encontrado con un trabajo previamente hecho, el prolijo documento que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña contrató a la Universidad de La Laguna bajo la coordinación de María Isabel Navarro, catedrática de Historia del Arte. Esa y no otra es la razón que ha hecho posible la aprobación de una propuesta que ya puede ser trasladada a la Comisión de la Memoria Histórica. Las interpretaciones sobre todo este modo de proceder son subjetivas y libres, desde el “intento de estigmatización” que plantea el alcalde chicharrero a la constatación, recordada por el viceconsejero Juan Márquez, de que es lógico empezar por donde el rastro franquista es más visible en las calles y plazas. Y en este aspecto Santa Cruz gana por goleada, porque la retirada de la simbología franquista es una asignatura pendiente. Pero este hecho no oculta la percepción de que el Gobierno ha iniciado la aplicación de la ley canaria con un ejercicio notable de torpeza e improvisación.

La posición del alcalde. José Manuel Bermúdez está en una posición política incómoda. El alcalde nacionalista no es en absoluto un nostálgico del franquismo, pero es un gobernante alérgico a ciertos riesgos, entre ellos el de tomar decisiones que puedan tener una respuesta adversa para él entre la parte más conservadora de su electorado. Esta dualidad la vive intensamente CC en la isla de Tenerife desde hace décadas, con Santa Cruz como epicentro. Y ahora las cosas pueden ponerse peor, desde la aparición de Vox y su presumible presencia en las instituciones canarias tras las elecciones autonómicas y locales de 2023. Sea como fuere, Bermúdez queda mal ubicado en este conflicto, porque una cosa es tener razones y otra tener razón. El alcalde se queja por el señalamiento de la ciudad como parque temático de la nostalgia franquista en Canarias, y argumenta acto seguido que sin la aprobación del catálogo regional no es posible retirar iconos de la dictadura hoy presentes en el espacio público. Para ello alude al artículo 13.2 de la ley canaria, que dice lo siguiente: “La retirada a que se refiere el apartado anterior se hará efectiva una vez sea certificado por el órgano competente que el correspondiente objeto o mención de simbología franquista se encuentra incorporado al catálogo a que se refiere el artículo 12 de la presente ley”. ¿Impide la ley de memoria histórica de Canarias retirar el monumento a Franco sin su previa inclusión en el catálogo de símbolos franquistas? Que hablen los juristas, pero parece una afirmación muy cogida por los pelos. Es cierto que la ley no puede obligar a Bermúdez a mover ficha en este asunto sin el procedimiento reglado, pero en modo alguno le impide tomar decisiones en el ámbito de sus competencias como alcalde; retirar una estatua, por ejemplo.

Una verdad incómoda. La propuesta de catálogo que impulsa el Gobierno, basado a su vez en el informe de los expertos de la ULL, da respuesta a una pregunta que seguramente nunca se han formulado miles de ciudadanos de Santa Cruz: ¿es la capital tinerfeña un lugar en el que el franquismo se empeñó con particular denuedo en dejar señales físicas de su triunfo, glorificar a sus líderes y humillar a los vencidos? La respuesta es sí, y no es un hecho inocuo. Los chicharreros hemos interiorizado con asombrosa normalidad que calles, plazas, puentes e incluso barrios enteros llevaran el nombre de militares golpistas y colaboradores directos del dictador. Ha faltado, esto no es de ahora, coraje para afrontar la oscuridad de un pasado muy asociado con el hecho de que la isla de Tenerife fuera la primera estación de la sublevación de 1936. El franquismo actuó con determinación para dejarlo claro, y los políticos de la democracia no han actuado con la misma diligencia para reparar la injusticia.

El monumento a Franco. Es el gran icono del momento, sin duda alguna, porque es una estatua en honor al dictador Francisco Franco, como recogieron sobradamente las crónicas de la época desde su inauguración en 1960, No-Do incluido. Y parece claro que sólo la aplicación de la norma hasta sus últimas consecuencias forzará su desaparición, en la medida que estamos ante un elemento simplemente imposible de resignificar. ¿Qué hacemos, convertirlo en un homenaje al Carnaval o a Franco Battiato? La obra de Juan de Ávalos Taborda, el escultor del Valle de los Caídos, no es una estatua de Franco, es una estatua de homenaje a Franco, y esto debería ser razón suficiente para su retirada en el menor plazo posible. Algunas propuestas exóticas, como la de su catalogación como bien de interés artístico, no han sido formuladas en negro sobre blanco jamás. Ni lo serán, porque cualquier iniciativa en este sentido parecería un ardid para salvar el monumento por el tortuoso camino de incluirlo en la excepción recogida por las leyes estatal y canaria de memoria histórica. Lo parecería porque lo sería, tampoco vamos a engañarnos. El monumento languidece para enfado de no pocos nostálgicos y como prueba fehaciente de que la determinación no es el punto fuerte de los gobiernos chicharreros a la hora de mitigar la exuberante presencia del imaginario franquista en la ciudad.

La torre de los caídos. Este espacio tiene algunos episodios curiosos en el historial. Divertidos incluso. Pero lo primero es aclarar que la propuesta del catálogo promovido por el Gobierno, y del informe que lo sustenta, plantea objetivos ciertamente modestos. Modestos y sensatos. Alude expresamente a la resignificación del complejo en una línea similar a la aplicada en el Valle de los Caídos, porque la torre de la Plaza de España no puede seguir siendo un memorial propagandístico de la victoria franquista. Por tanto, no contempla su demolición, supuesto que ha planteado el alcalde Bermúdez en declaraciones de estos días. Podríamos recordar que un predecesor suyo, el hoy encarcelado Miguel Zerolo, sí planteó seriamente la retirada de la torre bajo un argumento tan original… como falso. Zerolo sorprendió un domingo de hace casi dos décadas con una entrevista en el diario La Opinión para afirmar que la cruz de los caídos tenía aluminosis y era necesaria su retirada por razones de seguridad pública. Hay que entender aquello en el contexto de un proceso de remodelación de la Plaza de España en el que los arquitectos suizos Herzog y De Meuron mostraban un nulo entusiasmo por la conservación de este ejemplo de arquitectura fascista en medio de su costoso y finalmente inconcluso (y también fallido) proyecto. Los nostálgicos del régimen, gente muy conservadora pero también instruida, detectaron de inmediato el truco zeroliano y recordaron al alcalde la imposibilidad de su argumento, pues el cemento aluminoso, protagonista de no pocos quebraderos de cabeza en edificios públicos y privados de Tenerife, no llegó a las Islas hasta bastantes años más tarde. Nadie dijo una palabra más sobre la presunta patología estructural de la torre, que espera nuevas decisiones ya derivadas de la normativa de memoria histórica.

Una pregunta final. ¿Consideramos aceptable tener símbolos de una dictadura en nuestras calles, sí o no? Es una pregunta muy poco retórica que tienen que responder los 27 concejales de la corporación chicharrera, y no tiene nada que ver con las opiniones diversas de los vecinos de la capital, ni tampoco con quién puede salir beneficiado o perjudicado por la respuesta. Quizá una tarea propia de héroes, diría Max Weber, pero se supone que eso es la política.

El Gobierno canario, de acuerdo con el Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos afectados por la erupción volcánica, abrirá notablemente la mano en los requisitos para construir viviendas destinadas a reponer la destrucción de inmuebles residenciales provocada por el suceso magmático en el macizo de Cumbre Vieja. El borrador del decreto-ley elaborado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, al que ha tenido acceso este diario, señala textualmente que la reconstrucción de viviendas análogas a las destruidas por el volcán “podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística, con independencia de las determinaciones aplicables a dicha parcela en la ordenación de los recursos naturales y del territorio y en la ordenación urbanística”. Hay que recordar que la normativa urbanística de las Islas prohíbe conceptualmente el uso residencial en suelo rústico, salvo en la categoría específica de asentamiento rural, y con limitaciones en este caso.

Con esta propuesta, el Ejecutivo homologa la posibilidad de construir viviendas de reposición con la opción que ya recoge la Ley 14/2019 de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, la popularmente conocida como Ley de Islas Verdes, que permite la construcción en suelo rústico, pero reservada en este caso a los inmuebles de naturaleza turística. Para la sustitución de viviendas destruidas por el volcán de Cumbre Vieja quedan excluidos los suelos categorizados como “espacios naturales protegidos, los incluidos en la Red Natura 2000, las parcelas destinadas a dominio público y las que puedan resultar afectadas por riesgos de cualquier naturaleza según el Plan Insular de Ordenación o el Plan de Gestión de Inundaciones”, se puede leer en el borrador. Esta limitación también afecta, curiosamente, al suelo urbanizable, al considerar el Ejecutivo que “no es objeto de esta norma, en cuanto la reconstrucción de una vivienda o establecimiento en una parcela incluida en los sectores de esta clase de suelo puede hipotecar la futura ordenación en los instrumentos de planeamiento”.

Como máximo, la edificabilidad del inmueble sustituido

De acuerdo al articulado del decreto-ley que prepara el Gobierno, que será válido para los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, “los propietarios y titulares de viviendas habituales, en situación legal o asimilada a la misma, destruidas o afectadas estructuralmente por la erupción volcánica acaecida a partir del 19 de septiembre de 2021, podrán solicitar licencia para la construcción y reconstrucción hasta un máximo equivalente a la edificabilidad del inmueble sustituido, con el mismo uso que se desarrollaba en la misma, y adaptándose a la tipología del entorno en que se encuentre la parcela”, señala el artículo 4 del documento, que a su vez recoge la posibilidad de reconstruir las viviendas “en la misma parcela en que se ubiquen, si resulta materialmente posible”, aunque se prohíbe la edificación sobre las coladas del volcán. A partir de ahí, el texto incide en las opciones citadas más arriba, que permiten la reposición de las viviendas en diferentes categorías de suelo rústico, aunque con la salvedad de utilizar para ello “la zona menos fértil” de dichos terrenos.

En el caso de aquellas edificaciones que en el momento de ser destruidas por el volcán se encontraban en situación legal de fuera de ordenación (la propia, por otro lado, de la edificación residencial en suelo rústico), la altura máxima del inmueble de sustitución en suelo urbano y rústico de asentamiento “será de dos plantas, sin que pueda superarse la que tuviera la vivienda afectada, en caso de ser menor”. En el resto de categorías de suelo rústico, la altura máxima será de una planta, si bien el borrador matiza que “dichos parámetros podrán alterarse para el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de habitabilidad”. 

La construcción de nuevas viviendas en sustitución de las destruidas podrá realizarse en cualquier parcela no incluida en las coladas de la erupción volcánica respecto de la que los vecinos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte acrediten ser titulares de cualquier derecho subjetivo, incluido obviamente el de propiedad. Incluso ofrece la opción de obtener suelos a afectados que no sean propietarios de suelos rústicos disponibles, mediante la fórmula siguiente: “Podrán solicitar la permuta de bienes inmuebles patrimoniales o del patrimonio público del suelo de titularidad de los correspondientes ayuntamientos con las parcelas donde se ubicaran las viviendas”. A estos efectos, “la necesidad de la permuta consiste en la rentabilidad social de ayuda a los afectados por las erupciones volcánicas”, según recoge el borrador del decreto-ley del Gobierno. 

El procedimiento de obtención de licencia para reponer las viviendas destruidas será asimismo ágil, atendiendo a lo recogido en el borrador del decreto-ley. El trámite se iniciará “mediante solicitud del promotor de la obra acompañada de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos establecidos por la normativa técnica y sectorial aplicable y de los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente sobre la parcela correspondiente”, es decir, un procedimiento estándar en materia de obtención de licencias de edificación, si bien introduce el elemento diferenciado de reservar la decisión final sobre la concesión de la licencia al pleno del Ayuntamiento en un plazo de dos meses desde la presentación de la misma, con silencio administrativo negativo en estos casos.

El documento legal en borrador atribuye a los promotores el desembolso de los costes de urbanización propios de la edificación residencial, y así el artículo 7.1 recoge que “el promotor deberá asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demande la edificación a realizar”. En particular, y hasta tanto se produzca su conexión con las correspondientes redes generales, “la viviendas deberán disponer de depuradoras, o fosas sépticas individuales, quedando prohibidos los pozos negros”, sentencia el borrador de un decreto-ley que el Ejecutivo aprobará en Consejo de Gobierno en los próximos días o semanas. Los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte y el Cabildo Insular han urgido al Gobierno a sacar adelante esta norma excepcional para La Palma.

Lo dijo con claridad y sencillez, en la televisión pública autonómica, el profesor de Periodismo Samuel Toledano unos minutos antes de arrancar la sesión vespertina del Debate sobre la Nacionalidad Canaria: “Este debate es aburrido porque se repiten los mismos mensajes a cargo de las mismas personas. Por eso hay que cambiarlo”. Una periodista cuya opinión siempre tengo en cuenta me rebate minutos más tarde, justo cuando el portavoz de CC se encamina hacia la tribuna: “¿Los cambiamos para el debate? ¿Ponemos a otros diputados y hablamos de otra cosa? Entonces será otra cosa”. Concluyo, diletante como soy, que el Debate de la Nacionalidad Canaria de la pandemia se parece muchísimo a todos los que he contemplado y seguido durante las dos últimas décadas, lo cual es una prueba de resistencia extraordinaria. Porque la pandemia, que lo ha cambiado todo en nuestras vidas, no ha logrado cambiar el Debate sobre la Nacionalidad Canaria, que sigue tan previsible como solía, mostrando, en ese aspecto, una salud formidable, a prueba de virus asesinos.

Echando la vista atrás, que es la regla ecuménica de la política, resulta casi imposible rememorar un discurso de la Nacionalidad Canaria capaz de dejar un recuerdo potente en la sociedad o incluso en la opinión pública de las Islas. La pieza oratoria pronunciada por Ángel Víctor Torres no romperá esa tradición, pues el presidente canario optó por una intervención descriptiva y defensiva. Descriptiva, porque constituyó un resumen de otras muchas comparecencias públicas e intervenciones parlamentarias a lo largo de los últimos meses, centradas en la lucha contra el infortunio que acompaña al actual Ejecutivo en media legislatura de pesadilla, con la pandemia de coronavirus como ejemplo totémico al respecto. Defensiva, porque Torres, que tiene mucho oficio político, tuvo claro en todo momento que solo hay un error más grave que no hacer autocrítica en un discurso importante, y es precisamente hacer autocrítica, es decir, conceder credibilidad a la acusación que con toda seguridad iba a caerle por parte de los portavoces de la oposición. Un discurso marcado por ambas reglas no está pensando para sorprender a nadie, sino para blindar al conferenciante de unas críticas que también vienen prefijadas. El resultado es un guión que respeta al milímetro el libreto de la política canaria en los últimos meses, lo cual, comparado con los estruendos y giros narrativos que se producen en otros escenarios -polarización ideológica, traiciones, histrionismo dialéctico, hiperpersonalización, etcétera-, tiene muy poco gancho. Quizá el aburrimiento sea una virtud en estos tiempos políticos, el hecho de que ni Torres ni sus adversarios tengan vocación de sumarse a la Liga de la Justicia.

El presidente autonómico intentó extraer un punto de emotividad en las palabras finales de su discurso, en una alusión a la dificultad del momento y la necesidad de aplicar nuestra particular versión del “sangre, sudor y lágrimas” (Torres es un lector ávido de Churchill, sus milagros e incoherencias). El problema es que no hay un enemigo enfrente por más que atribuyamos ese rol a un microorganismo: el SARS-CoV-2 no es la Alemania nazi, es un virus al que es imposible humanizar por más que lo intentemos, de modo que la única medición posible al respecto resulta brutalmente fría y tiene que ver no con lo que hace “el enemigo”, sino con cómo lo hacen otros gobiernos y sociedades en nuestra situación. Ahí Ángel Víctor Torres tenía algunos buenos argumentos que exponer, y lo hizo con tono descriptivo, sin aportar anuncio relevante alguno más allá de los conocidos propósitos sobre la vacunación colectiva, que ahora se demoran hasta el final del verano porque el suministro es el que es. Si lo pensamos bien, todo esto de la pandemia se ha simplificado una barbaridad: la vacunación es la gran medida sanitaria, económica y política, porque salva vidas, rescata empresas y, dicen en Israel, también gana elecciones. El ARN mensajero como nuevo remedio universal. El único remedio, hay que asumirlo.

La oposición se puso de acuerdo en algo: el ataque a la “falta de humildad” del presidente. Era una jugada audaz, destinada a socavar una fortaleza de Torres, su condición de hombre de la calle, de gobernante cercano, de alcalde de Canarias, precisamente la credencial que ha acompañado a sus predecesores en el cargo aunque fueran de otro partido. La intervención del nacionalista José Miguel Barragán resultó particularmente astuta, lo cual a su vez extrajo los mejores momentos de réplica de Torres, que como orador también se siente más cómodo en la refriega (otro tic de alcalde). Resulta curiosa la posición política de Coalición Canaria, cuya fortaleza argumental, la experiencia de gobierno durante largo tiempo en las Islas, es asimismo su principal debilidad. El presidente lo aprovechó tirando de manual, es decir, de retrovisor. Fue, el de Barragán vs Torres, un ejercicio de experiencia, una esgrima con movimientos correctamente ejecutados pero muy previsibles, el propio de adversarios que piensan si quizá en el futuro serán socios. Otra vez la esclavitud de un libreto al que se quiso sumar Australia Navarro, aunque en su caso con dos puntos más de agresividad, la herramienta a través de la cual la líder del PP canario busca hacerse visible en el bando de la oposición parlamentaria, con piezas bien escritas de indisimulado aroma ayusista, aunque en este discurso de crítica frontal (el populismo es probablemente el único camino posible para el PP canario en la política canaria actual, y eso Australia Navarro lo tiene clarísimo), tuvo el detalle de no obligarnos a elegir entre socialismo y libertad. Torres le replicó, estaba cantado, con el espejo de la ejecutoria de los populares en otros territorios, además de verbalizar una oportuna réplica sobre la criminalización de las ideologías, esa bobería que ha cobrado peligrosa vida en la vida española y la clase de agente político infeccioso que aún carece de antídoto fiable.

Parece que fue un político francés del siglo XIX el que acuñó la afirmación siguiente: “Todo está previsto, salvo lo que va a pasar”. La referencia la tomo de un reciente artículo del filósofo (francés, también) Pascal Bruckner sobre el corrosivo impacto sociológico provocado por la pandemia de COVID-19 en todo el planeta. En efecto, nadie estaba preparado para esto, y el mismo desgaste que atemoriza a la sociedad en el epílogo de este verano distópico es apreciable en gobiernos de todo pelaje ideológico. Canarias no es una excepción (nunca lo es, para bien o para mal), y la fatiga es tan lógica como apreciable en los centros de mando autonómicos e insulares. Y como si el desafío de los próximos meses no fuera suficiente, aparecen asuntos de orden menor (porque, comparado con la pandemia, todo es menor) capaces de producir convulsiones evitables en el seno de un Ejecutivo cuatripartito que se mide con la peor crisis de la historia autonómica. El último, por ahora, es el nombramiento de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud.

La polarización del personaje. No hay precedentes conocidos de lo que ocurre con el nuevo director del SCS, un técnico bien cualificado pero sin una especial adscripción ideológica ni ganas de ocupar el primer plano de la actualidad. Pero la notoriedad alcanzada por Conrado Domínguez suscita una polarización llamativa, impropia de su escaso relieve político. Sus detractores, en Podemos y en una parte del PSOE canario vinculada a la defensa a ultranza de la sanidad pública (loable aspiración, por otro lado), le atribuyen estrecha cercanía al sector sanitario privado por su presencia destacada, con el mismo cargo que acaba de recuperar, en el equipo que lideró el consejero José Manuel Baltar entre enero de 2017 y julio de 2019. En efecto, Domínguez era el encargado de resolver los contratos de servicios sanitarios concertados con las clínicas privadas convocados por la Administración autonómica, en los que Baltar no tomaba parte por abstención debido a su anterior condición de directivo en Hospitales San Roque.

¿Es Domínguez un privatizador compulsivo? ¿Veremos un tsunami de externalizaciones a partir de ahora en Canarias? Seguramente esta última es una pregunta más para el Gobierno, para el consejero Blas Trujillo, que para Domínguez, pues no corresponde al director del Servicio Canario de Salud definir la política sanitaria del Gobierno, sino ejecutarla con la mayor eficiencia posible, y más en circunstancias tan adversas como las actuales. No olvidemos una cosa: Conrado Domínguez ya formaba parte de este Gobierno de Canarias, como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas. En cuanto a los defensores de Domínguez, que también son legión, lo presentan prácticamente como la diferencia entre el éxito y el fracaso, como la única persona capaz de enderezar el rumbo del SCS en medio de esta desastrosa pandemia que amenaza con llevarse todo por delante. No sé si el afectado estará de acuerdo con tales perspectivas. Porque atendiendo a algunos comentarios recientes, si hay una próxima película de Los Vengadores los convocados a salvar el mundo serán Thor, Hulk, el Capitán América y Conrado Domínguez. ¿Villano o superhéroe? Es lo que tienen las etiquetas, que te las cuelgan de la chaqueta y no hay forma de quitarlas jamás.

Cuando cuatro son multitud. Cuatro directores en un departamento con rango de viceconsejería son, en efecto, demasiados para poco más de un año de legislatura. Además, devorados por la crisis del coronavirus, cuyos efectos se dejan sentir en la estabilidad de los equipos directivos, y no solo en Canarias, que fue pionera en los relevos (el cese de la consejera Teresa Cruz), pero que se ha visto secundada por cambios en la dirección sanitaria de varias comunidades autónomas. La pandemia se cobra su peaje y es preciso acertar en los nombramientos. Y aquí está la razón fundamental del nombramiento de Conrado Domínguez, en que Ángel Víctor Torres, tras la destitución de Blanca Méndez en el mismo proceso de relevo de la consejera Cruz, el interregno de Antonio Olivera y la experiencia fallida de Alberto Pazos, carece ya de margen de error. De modo que son los precedentes los que definen el escenario actual, que sugiere a Domínguez como favorito porque, para empezar, ya forma parte del comité de expertos que asesora al presidente del Gobierno en la pelea contra la COVID-19.

¿Y por qué ha fallado Pazos? Porque los hechos se lo han llevado por delante. Fue nombrado tras la llegada de Blas Trujillo a la Consejería, hace poco más de dos meses (aunque parece que fue hace un siglo, la pandemia es también capaz de distorsionar el tiempo), cuando la situación epidemiológica de Canarias era muy distinta y los casos activos de COVID-19 se podían contar con los dedos de las manos. ¿Es Pazos un incapaz? En absoluto, es un técnico experimentado y trabajador, pero su perfil reposado no encaja bien con estas circunstancias dramáticas y la necesidad de respuestas ágiles, incluso audaces. En tales circunstancias, el presidente Torres no podía permitirse nuevas aventuras en la selección de personal, lo que situaba a Domínguez como el mejor ubicado para el relevo, mal que le pesara a sus detractores. Y es que la política de recursos humanos se guía por reglas así.

Los incompatibles se van. Hay algunos directivos de la Consejería de Sanidad que abandonarán la misma por considerarse incompatibles con el recién designado. No es una buena noticia para el sistema sanitario canario, y esta salida voluntaria tendrán que explicarla muy bien, no tanto por el qué sino por el cuándo, porque Canarias se mide a un desafío sanitario sin precedentes, en el que todas las buenas cabezas son necesarias, con independencia de sus desencuentros pretéritos o de sus convicciones programáticas. El más visible de todos es Jesús Morera, reputado neurocirujano, exconsejero de Sanidad entre julio 2015 y diciembre 2016 y actual gerente del Hospital Doctor Negrín. Morera ha dejado claro al consejero Blas Trujillo que no está dispuesto a trabajar ni un minuto a las órdenes de Conrado Domínguez, pues corresponde al director del SCS la coordinación de las gerencias hospitalarias, la división acorazada del sistema en la pelea contra la COVID-19. De modo que esta incompatibilidad radical sólo puede resolverse con el adiós de Morera, que por cierto ha hecho un excelente trabajo al frente del Negrín. Con su salida, quizá Morera se sienta a salvo con su conciencia, pero habrá obviado otra regla elemental de la actividad pública acuñada en Francia, por boca en este caso de Nicolás Sarkozy: en la política no existe el vacío, cuando dejas un hueco alguien llega y lo ocupa, y ese alguien puede no gustarte tampoco. Dicho todo esto, suerte al recién designado, a Conrado Domínguez, porque la va a necesitar. Él y todos.

Agilizar el trámite de las actuaciones en instalaciones turísticas como herramienta para permitir a las mismas afrontar las necesidades de espacio derivadas de la pandemia de COVID-19. Es una de las medidas contempladas en el borrador de decreto-ley que el Gobierno de Canarias maneja como herramienta para dinamizar la economía en plena crisis sanitaria y, como reza en su exposición de motivos, “establecer medidas urgentes de simplificación y agilización administrativas con la finalidad de reactivar la actividad económica en sectores estratégicos que se han visto especialmente afectados por la paralización de actividades derivada de la pandemia (turismo, construcción), y en otros sectores que, aun habiendo resistido el choque inicial, se consideran también fundamentales para impulsar la recuperación (sector primario y sector energético)”. La redacción de este documento, al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, ha sido coordinado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo autonómico, que dirige el consejero José Antonio Valbuena, y contempla también la agilización de trámites en el ámbito turístico, sustituyendo la licencia por la declaración responsable del promotor.

Uno de los puntos estrella del documento en fase de borrador elaborado por el Gobierno de Canarias atiende a las actuaciones de renovación y modernización turística, asunto controvertido en las Islas y regulado en la actualidad tanto por la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias como por la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias. En este sentido, el borrador del decreto-ley aboga por sustituir la licencia como instrumento base para autorizar actuaciones, siendo sustituida por la declaración responsable a cargo del promotor de la obra, un método en teoría más ágil al no requerir de la actuación administrativa previa que conlleva la concesión de autorización o licencia. En concreto, el texto avala la utilización de dicha declaración responsable en “las actuaciones de renovación y modernización turística, incluyendo aquellas que aumenten categoría o cambien de modalidad o tipología turística, que no tengan por objeto la materialización de nuevas plazas de alojamiento en el establecimiento objeto de renovación”, según señala el artículo 18.1 del borrador.

El siguiente epígrafe del mismo precepto va más allá aún al establecer una dispensa de la licencia en aquellas actuaciones relacionadas directamente con la adaptación de las instalaciones hoteleras a las nuevas necesidades surgidas a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Así, el punto 2 del mismo artículo 18 establece que “tendrán tal consideración en todo caso las obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de espacios comunes e instalaciones de uso general en los establecimientos de alojamiento turístico, que no supongan obra nueva y tengan por objeto implantar medidas de distanciamiento social entre usuarios requeridas por la protección sanitaria o, en su caso, la implantación de espacios y servicios de atención sanitaria propia y complementaria del establecimiento turístico”. Todas estas actuaciones quedarían, por tanto, sujetas al principio de comunicación previa citado más arriba.

El texto del decreto alude expresamente a la necesidad de incentivar la adopción de medidas sanitarias en los hoteles del Archipiélago para dar respuesta a las exigencias de la pandemia. Incluso, así lo establece el borrador, admitiendo la ampliación de las instalaciones comunes de un hotel (por ejemplo, un comedor en el que sea preciso incrementar la distancia entre los clientes) más allá de lo permitido por el planeamiento vigente con un porcentaje máximo tasado, el 20%.

De este modo, y durante un plazo de dos años, “se permitirán actuaciones con destino a ampliar los servicios complementarios de los establecimientos turísticos alojativos por razones de seguridad sanitaria o distanciamiento social”.

En concreto, y a partir de la aún incierta entrada en vigor del decreto-ley, “los establecimientos de alojamiento turístico podrán incrementar su ocupación edificatoria un 20% respecto a la establecida en el planeamiento vigente o sobre la permitida en el título habilitante otorgado conforme a planeamiento”. “Dicha ampliación de los servicios complementarios”, matiza la norma aún en borrador, “podrá conllevar una modificación de los parámetros edificatorios, pero en ningún caso se podrá superar la altura máxima permitida”. Sin embargo, sí autoriza la utilización de las azoteas de los edificios para acoger servicios complementarios, también con un incremento máximo del 20% respecto al máximo autorizado. Por cierto, para garantizar el acceso a estas zonas comunes sobrevenidas, el decreto autoriza instalaciones como escaleras y ascensores suplementarios, que “no computarán como incremento de aprovechamiento o de cualquier otro parámetro urbanístico”, incluso cuando ocupen espacios libres de la propia parcela hotelera.

Como medida de cautela ante la autorización genérica para construir nuevas instalaciones comunes fuera de planeamiento en los hoteles de Canarias, el epígrafe 2 del artículo 19 del borrador establece que “los incrementos de ocupación edificatoria y las ampliaciones de servicios complementarios no podrán ocupar parcela independiente de la ocupada por el establecimiento turístico objeto de ampliación y en el que se prestan los servicios (…). Igualmente, los aumentos de ocupación de las zonas comunes y, en especial, de los comedores del establecimiento turístico, serán proporcionados al resultado de aplicar las medidas de distanciamiento social al número de plazas máximas autorizadas, lo que deberá justificarse de forma expresa. No serán admisibles aumentos de ocupación desproporcionados o carentes de justificación”. La norma en trámite resalta que estos incrementos de ocupación serán aprobados por declaración responsable cuando “no conlleven obra nueva ni cerramiento o cubrición de edificaciones con estructuras o instalaciones permanentes”, y requerirán licencia en los supuestos citados, es decir, cuando la ampliación de zonas comunes suponga, como parece altamente probable, la ampliación de espacios a través de obras de nueva planta.

Este capítulo 3 del borrador del decreto, reservado a las actuaciones en el ámbito turístico, introduce una disposición que puede resultar controvertida en la práctica. Se trata del artículo 19.4, según el cual “las obras e instalaciones que se legitimen con arreglo al apartado 1 [recordemos, la ampliación de zonas comunes por razones sanitarias hasta el límite del 20%] en virtud de los correspondientes títulos habilitantes, se consideran directamente integradas en el planeamiento urbanístico e incorporadas al patrimonio de su titular, aun transcurrido el plazo de dos años”. La lectura de este precepto sugiere la modificación de facto del planeamiento como consecuencia directa esta clase de actuaciones, pero no mientras dure la pandemia de coronavirus, sino con carácter indefinido.

La cumbre europea de Bruselas, una de las más largas de entre las celebradas por el club europeo en décadas, ha terminado con un saldo insospechadamente bueno para España, y también para Europa, que también es importante destacarlo. Al final pudieron más el mutuo interés de los socios, el impulso decidido de Francia y Alemania (Macron y sobre todo Merkel se jugaban su autoridad entre las bambalinas de la reunión bruselense) y la certeza sobre la urgencia del momento, con una pandemia que amenaza con colapsar el mercado único comunitario, que los cálculos electorales de los socios frugales, que también obtuvieron su contrapartida en forma de cheque de descuento que reduce su aportación neta. ¿Y Canarias? Pues si entendemos que lo que es bueno para España en Europa es óptimo para las Islas, se puede afirmar que sale muy bien librada. Pero es que además el Archipiélago ha logrado defender el perímetro de sus intereses específicos, integrados en esa condición RUP que se ha convertido en nuestro mantra europeo, y que se resume en: somos pocos, estamos lejos, no molestamos a nadie, contentarnos sale relativamente barato. Porque es cierto: nuestro enfoque modesto es una excelente estrategia cuando se toman grandes decisiones. La cumbre de Bruselas no ha sido una excepción, a tenor de los resultados. Vamos a explicarlo con más detalle.

Singularidad: mejora en todos los frentes

El mantenimiento del estatus de las regiones ultraperiféricas era la baza fundamental de la agenda canaria en la cumbre histórica de Bruselas, con un riesgo contenido en el fuero, pero no en el huevo, porque vivimos tiempos de cicatería generalizada y además la salida del Reino Unido obliga a un reajuste obligatorio por su condición de contribuyente neto. Pero el resultado ha sido justo el contrario: las cuentas son muy favorables para los intereses de Canarias, que en el caso de los fondos estructurales (los que financian infraestructuras, para entendernos) reciben un impulso a través de la regla de los 40 euros por habitante (hasta ahora eran 30). Esta modificación al alza supone unos 160 millones más para las Islas en los próximos siete años, y a ello hay que añadir un nuevo instrumento vinculado al llamado Fondo Social Europeo Plus, que pondrá sobre la mesa 400 millones de euros en siete años para financiar políticas de empleo y, otra novedad, medidas contra la pobreza y la exclusión. La cuarta parte de este fondo de nuevo cuño vendrá para Canarias: cien millones más en siete años.

Confinanciación: defender la posición

El objetivo canario respecto a la participación propia en los programas europeos era mantener la regla habitual. Para entendernos: cada obra que se acomete en Canarias pagada con fondos europeos tiene el presupuesto cubierto en un 85%; el resto lo tiene que poner otra administración, ya sea el Gobierno central o la Comunidad Autónoma. La propuesta de la Comisión hasta hace una semana pasaba por rebajar la cofinanciación al 80% en el caso de los dos territorios RUP que tienen una renta per cápita por encima del 75% de la media de la UE, que son Martinica y Canarias, de largo la región más potente del ecosistema ultraperiférico. Por cierto, en las semanas precedentes la propuesta era aún más timorata, de un 70% de cofinanciación. Sea por la pandemia, que ha hecho revisar muchos puntos de vista en cuestiones de trascendencia, sea porque los negociadores españoles recogieron el guante que les lanzaron los técnicos de la Consejería de Hacienda y sus jefes directos, al final las cosas quedan como están. La cofinanciación es uno de esos ejemplos en los que, aludiendo al símil deportivo, el empate sabe a victoria. De hecho, ha sido el aspecto más subrayado por Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez en sus reacciones a la cumbre.

Programa operativo 2021-2027: todo muy abierto

El partido del presupuesto comunitario y el pedazo de la tarta que le tocará a Canarias aún hay que jugarlo en unas negociaciones que se desarrollarán durante los próximos meses. En este caso el pronóstico es incierto y parte de una base preocupante: ya no están los británicos, habrá menos dinero sobre la mesa. El punto de partida lo definen los 4.500 millones de euros que ha recibido el Archipiélago durante los últimos siete años como resultado de todos los instrumentos procedentes de la Unión Europea. Es una cantidad importante que, atendiendo al horizonte de la nueva etapa que arranca en 2021, es preciso utilizar bien, so pena que acrecentar esos recelos sobre la eficiencia meridional que se han instalado en las cancillerías del norte de Europa, y que amenazan con arreciar en un contexto de prevalencia del interés nacional por encima de la solidaridad. Ejemplos hay unos cuantos: el puerto de Granadilla ha consumido ya 300 millones procedentes en su mayoría de fondos estructurales de la UE, y faltarían otros tantos para hacerlo operativo en 2023. ¿Lo veremos, justificará el puerto sureño esa gigantesca aportación pública? Es una duda razonable.

El Poseican: fundamental para el campo

De los 4.500 millones de euros que Canarias recibe en un septenio, un 40% van destinados a financiar la versión isleña de la controvertida Política Agraria Común (PAC), esa creación tan cuestionada en los despachos como indestructible en la práctica. El binomio Poseican-REA obtiene 268 millones de euros cada año, más de la mitad de los cuales abonan la factura que sostiene al sector platanero en Canarias en un contexto de competencia imposible con la banana latinoamericana. En el ámbito comunitario, la PAC se lleva asimismo más de un tercio del presupuesto total de la Comisión Europea, que ya ha superado el umbral del billón de euros. ¿La factura agraria de la UE va a bajar? Sí, pero la decisión queda pospuesta hasta 2023, porque ahora hay al fuego calderos más urgentes por atender. Y todo ello en un contexto reformista que tratará de vincular agricultura y sostenibilidad, así como establecer cierta reciprocidad entre Europa y los países terceros en materia de fitosanitarios, fertilizantes, agricultura ecológica, etcétera. Canarias tendrá que estar atenta y exprimir las nuevas posibilidades que el nuevo acuerdo verde europeo ofrece para el sector primario insular.