Cuando la lava comenzó a destruir viviendas, La Palma recordó cuál es su gran déficit urbanístico (que no es vivir bajo volcanes)

Mientras la colada de lava del volcán de La Palma arrasaba con las primeras plataneras del municipio de Los Llanos de Aridane, Francis cerró su finca, amenazada por el río de magma, creyendo que quizá, en unos días, volvería a ella. El deseo no estaba solo en lo económico, pues era su principal fuente de ingresos, sino también en lo residencial; Francis había construido una pequeña vivienda en la esquina del terreno, sin haberla registrado ni legalizado. Al realizar una imagen aérea de la zona, su casa tampoco se ve. El invernadero la cubre. O la cubría, porque ya no está.

“No es que tú quieras saltarte la ley, es que no hay más remedio”, dice este agricultor, de voz ronca y cuerpo endeble, que lleva afincado toda su vida en la isla y es el reflejo de cómo viven cientos de palmeros, tan vinculados al cultivo que hasta duermen sobre él. Para levantar un domicilio en plena finca agraria hay que solicitar, en primer lugar, la construcción de un cuarto de herramientas de un máximo de 25 metros cuadrados. Después, algunos deciden ir más allá, expandiéndolo, añadiendo baños y habitaciones, pasando de los 25 a los 80 m2, por ejemplo.

Tras cuatro años desde la finalización de la obra, la infracción urbanística prescribe, según la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Lo que sigue figurando en una escritura del registro de la propiedad es la caseta de aperos; el apartamento no, pero ya no se puede demoler.

Según el programa Copernicus de satélites de observación de la Unión Europea, ya son 1.817 las construcciones trituradas por el material expulsado por el volcán de Cumbre Vieja. Según el catastro, el número de viviendas destruidas es de 992, prácticamente la mitad. “No hay mejor dato que ese para indicarte cómo se han hecho las cosas aquí”, agrega Juan Carlos, amigo de Francis que de momento ha salido airoso de la ruleta rusa de las coladas, obstinadas últimamente a bifurcarse y enterrar nuevas extensiones de tierra palmera.

Roberto, también agricultor, no ha corrido la misma suerte. Este jueves fue a la Casa Massieu, donde se encuentra la oficina de atención a los damnificados por la erupción. Perdió su casa, pero solo tiene para demostrar su titularidad una factura de la luz. Al heredar la vivienda de su padre, nunca llevó la documentación al catastro. No entraba en sus planes desembolsar entre 600 y 1.000 euros por los gastos registrales. Tampoco se imaginaba que un volcán iba a estallar a medio kilómetro de su hogar.

“Esto es un problema que se lleva arrastrando muchísimo tiempo”, señala la abogada del Turno de Oficio de Los Llanos de Aridane Dulce García. “Coges el terreno que has heredado y, aunque sea suelo rústico, cimentas ahí. Haces un cuarto, otro, otro. Y hasta que no te denuncien, no pasa nada. Si no tienes unos vecinos tocapelotas, escapas”, asegura Juan Carlos.

Hasta ahora, construir en este contexto de cierto liberalismo urbano implicaba más bien poco, salvo alguna campaña de busca y captura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). De hecho, es una práctica normalizada y justificada (entre la población) en La Palma debido a la falta de suelo urbanizable. Según el concejal de Urbanismo de Los Llanos de Aridane, Manuel Perera Carreras, el 86% de la superficie del municipio es de suelo rústico común, sobre el que no se puede erigir ningún domicilio. “Si no hay suelo, la gente tiene que vivir en algún sitio. ¿A qué se le obliga? A rehabilitar el trozo que heredó de su padre y volver a lo mismo. Pero porque no le ha quedado otra. El 90% de la gente que tiene las cosas mal es porque no ha tenido la oportunidad de tenerlo bien. No es que las personas aquí sean más frescas”, defiende García.

Esta cuestión, que ya era un dolor de cabeza para los vecinos y políticos locales de La Palma, ha pasado de ser un contratiempo a una disyuntiva “compleja y delicada”, como apunta Perera Carreras. En Los Llanos es inviable modificar las hectáreas de suelo rústico común porque su Plan General de Ordenación (PGO) no se lo permite, ya que, al ser de 1987, anterior a la Ley de Suelo Rústico en Canarias, no puede reclasificar el suelo para asentamientos poblaciones. Entonces, si no es encima de la lava, no hay forma de refundar Todoque ni ningún otro pueblo que pretenda rehacerse.

El Gobierno de Canarias ya ha anunciado su intención de reclasificar el suelo rústico de Los Llanos para reubicar a las familias afectadas. La Consejería de Transición Ecológica también ha garantizado que no habrá límites legales para la reconstrucción de la isla. Pero Perera, a pesar de los cantos de sirena, prefiere refugiarse en el escepticismo. Él propone, además de lo que ha asegurado el Ejecutivo regional, una aprobación exprés del PGO (lo normal es que sin urgencias de por medio suelan tardar entre seis y siete años para obtener el visto bueno), que se acordó en 2010 pero fue tumbado en 2016 por el Tribunal Supremo al entender que había algunas lagunas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

“No tenemos suelo y el que había desapareció”, sentencia el concejal. Juan Carlos y Francis, que continúan enfrente de la Casa Massieu, destapan otro debate que se ha acentuado tras la erupción, si La Palma cuenta o no con demasiado terreno protegido. Según la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, un 35% de la isla o alberga una reserva natural o es un parque preservado o un lugar de interés científico. “Como somos Reserva Mundial de la Bioesfera te lo tragas”, exclama Juan Carlos, poco conforme con que el Gobierno de España haya resuelto destinar 15 millones de euros en subvenciones para La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Bioesfera La Palma, encargada de, entre otras cosas, restaurar los ecosistemas degradados de la isla y las infraestructuras para la conservación de los recursos. “¿Y para las plataneras? ¿Cuánto?”, pregunta en modo desafiante.

“Aquí no se ha edificado nada porque no hay suelo. No tienes capacidad de acceder a ningún sitio”, subraya Juan Carlos, quien recuerda la especulación con los precios de los alquileres que hubo al principio del proceso eruptivo, cuando los evacuados estaban desesperados por encontrar un piso. “Está todo vinculado al Plan General de Ordenación. Sin eso, estamos condenados. Todo el mundo te va a decir lo mismo, que construye en su finca porque no le queda otra”.

La indignación es doble cuando los palmeros miran a su alrededor y ven cientos de viviendas de alquiler vacacional, auspiciadas por la Ley de Islas Verdes que permite a estos enormes chalés de dos o tres plantas colonizar municipios enteros, incluso sobre suelo rústico. Solo entre Los Llanos y El Paso hay 814. “Siento vergüenza ajena al ver que una persona que ha heredado un pajero de su padre y lo ha rehabilitado para poder vivir porque no tiene otro sitio, pase todos los días por delante de un hotel con una licencia extraordinaria en Canarias, donde hay muchísimos. Porque es así. El doble rasero es gigantesco”, asevera la abogada García.

El concejal de Obras de El Paso, Eloy Barreto, sostiene que no sería utópico pensar que el 80% de las casas del municipio no tuvieran registrados los metros exactos de la vivienda. En un intento de explicar por qué ocurre algo así, Barreto viaja al pasado y rescata el ejemplo de un señor mayor y su pajero de siempre en manos, ahora, de su nieta. Quizá en el comienzo, esa pequeña edificación era de 25 metros cuadrados, pero en estos momentos es de 80 y no está registrada esa actualización. “Para ello necesitas un certificado de estabilidad estructural, hablar con el notario, meter la casa en el catastro, en el registro de la propiedad…. Mucha gente lo va alargando mientras dice: bueno, lo haré mañana”, reflexiona sobre ello José Henry, arquitecto y vecino de Todoque que perdió su domicilio una semana después de comenzar la erupción. “Pasados cuatro años, si nadie denuncia, el delito prescribe. La vivienda no está legalizada, pero puedes pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el agua, la luz, la basura…”.

“Tú imagínate que tienes tu vivienda aquí”, insiste Barreto, “y luego tu hijo está pegado a tu casa, y tu otro hijo también, en distintas edificaciones. Pero solo tienes registrada la primera en tu finca. El tema es que la gente tiene terreno, pero no la dejan construir y claro, se tiene que buscar la vida”.

Incertidumbre sobre las ayudas

Los palmeros habían vivido así porque tampoco habían sufrido grandes reveses al respecto. Un incendio en Garafía el pasado año dejó al descubierto un variopinto catálogo de construcciones ilegales, como viviendas con techos cubiertos de picón para no ser visibles y otras de madera escondidas debajo de los pinos. Pero esta catástrofe es mucho peor.

Cuántas ayudas recibirán los afectados en circunstancias similares, con dificultades para presentar textos probatorios, es una pregunta a la que no puede responder con certeza nadie. Todo dependerá, señala García, en cómo se bareme esa particularidad de la documentación, si determinará quién recibirá más o menos recursos. Así que como aún no hay nada firmado, Francis se lanza a pedir que se haga la vista gorda con las edificaciones que no están registradas. El concejal de El Paso, Barreto, cree que se debería obviar el papeleo y acudir a las imágenes aéreas para localizar todas las casas. Y a Henry, por su parte, esto le generan dudas: “Esa idea está bien, pero claro, ¿eso era un almacén? ¿O una vivienda?”, cuestiona él, escenificando una discusión futura entre dos hipotéticos propietarios tratando de identificar sus domicilios.