“¡Tenga un poco de decencia!”. La imagen forma parte ya de la historia política gallega. Xosé Manuel Beiras, en aquel momento, portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), se plantó ante el escaño del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y descargó con fuerza su puño contra la madera mientras le gritaba que no era digno de su cargo. El detonante, la burla de Feijóo a las lágrimas de rabia del histórico nacionalista ante las explicaciones –nulas, según la oposición– de su relación con el narcotraficante Marcial Dorado tras la publicación por el diario El País de las vacaciones que disfrutaron juntos en el mar y la montaña.

Todo había empezado dos semanas antes, el 10 de abril de 2013. Aquel día, Alberto Núñez Feijóo, “cogido por la oreja por los grupos de la oposición” –en palabras del socialista Abel Losada– compareció en el Parlamento gallego para dar su versión sobre unas imágenes que databan del año 1995, cuando ya ocupaba el cargo de secretario general de la Consellería de Sanidade. Desde el estrado, el presidente de la Xunta consideró entonces un error haberse tomado las fotos y aseguró que sus palabras, diciendo “la verdad” acababan con la “infamia”. “No sabía que esa persona acabaría implicada en el narcotráfico. No tengo poderes adivinatorios com parece exigirme la oposición”. Para conocer los negocios de Dorado no hacía falta una bola de cristal: bastaba una hemeroteca. Un lustro antes, el narco ya había acaparado titulares vinculado a la famosa Operación Nécora, instruida por el juez Baltasar Garzón.

Los tres portavoces de la oposición –PSdeG, AGE y BNG– reclamaron la dimisión de Feijóo. Beiras, fiel a su estilo, fue el más contundente. “Usted viene aquí todavía a insultar a la oposición y a los ciudadanos que representamos y a la gente que está ahí arriba –añadió, señalando con vehemencia a las representantes de Madres contra la Droga que asistían al debate desde el público–representando a los que padecieron aquella peste en primera línea de fuego”. El líder de AGE no pudo reprimir las lágrimas. “Me hace usted llorar. De asco. De rabia. De indignación”.

Dos semanas después, los mismos protagonistas volvían a encontrarse en la sesión de control al presidente de la Xunta. En su intervención, Francisco Jorquera, del BNG, le achacó la falta de explicaciones en su anterior comparecencia. A Feijóo, la intervención le pareció “ridícula” y “sobreactuada”. “Sólo le queda hacer dos cosas: o sacarse el zapato o emocionarse tanto, tanto, tanto para ver si imita tanto, tanto, tanto al que no asume estas cuestiones”.

Las alusiones a él, nada veladas, y la supuesta intención de Jorquera de “imitar” al que durante tanto tiempo había sido portavoz del Bloque indignaron a Beiras. La anécdota del zapato databa de 1993, cuando Fraga elevó del 3 al 5% el mínimo de votos necesarios para entrar en la Cámara. Entonces, el diputado nacionalista emuló a Kruschev en la ONU y se lo sacó para golpear el atril como protesta. Años después, cuando Beiras volvió a la política al frente de AGE, sus seguidores lo recibieron en el cierre de campaña zapato en mano, en lo que su amigo y discípulo Martiño Noriega definió como un nuevo ejército zapatista. La otra referencia, a la “emoción”, de apenas quince días antes, estaba demasiado fresca.

Ya durante la segunda ronda de tantos (“tanto, tanto, tanto...”), las cámaras que enfocan a Jorquera muestran a Beiras pasando tras él, camino de cruzar el hemiciclo con las manos en los bolsillos y plantarse ante el escaño donde Feijóo continuaba su intervención. “Señoría, quiero decirle, señoría...”. Feijóo trataba de articular, pero el nacionalista, que acababa de cumplir los 77 años, no se lo permitió. “¡Tenga usted un poco de decencia! ¡No se merece ser el presidente de todos los gallegos!”. Su mano derecha salió del bolsillo para golpear el escaño y, después, señalar al presidente. “¡Tenga usted un poco de decencia!”.

Con las manos de nuevo en el pantalón, Beiras regresó a su escaño bajo la reprimenda de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, hoy senadora por Albacete. En la bancada popular, Feijóo apretaba los labios sin soltar el folio con su intervención. Su vicepresidente y hoy sucesor, Alfonso Rueda, seguía la escena boquiabierto. Desde la fila superior, la viceportavoz Marta Rodríguez, interpelaba a Beiras –“¿Qué pasa? ¿Qué pasa?”–. Horas después, pediría su dimisión.

El líder de AGE, que abandonó momentáneamente el pleno por decisión propia, defendía su actuación, días después, en una conferencia. “Gestos como el mío son gestos de transgresión. De, mire, usted no es nadie, mamarracho. Que lo sepa la gente, que no merece respeto porque es un narcopresidente”. Este jueves, pasadas cinco horas de la muerte de Beiras, Feijóo continuaba sin enviar sus condolencias, algo que sí hicieron–entre muchos otros representantes de la clase política–, Alfonso Rueda o Alberto Pazos, portavoz del PP en el mismo Parlamento donde el histórico nacionalista protagonizó algunos de sus momentos más recordados.

“Un referente de coraje, compromiso y amor por Galiza”; “no dejaba a nadie indiferente”; “una figura política crucial”; “nuestro comandante sin ejército...”. La muerte de Xosé Manuel Beiras a los 90 años ha sacudido la política gallega –y no sólo la gallega– y ha provocado una cascada de reacciones. El que fue, sin duda, el político más importante del nacionalismo gallego desde Castelao, será velado desde mañana viernes a las 12 del mediodía en una sala habilitada para ello en el Museo do Pobo Galego. Allí se celebrará a las cuatro de la tarde un acto público de homenaje abierto a la ciudadanía.

Una de las primeras reacciones públicas ha sido la de Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG, fuerza de la que Beiras fue cofundador y a la que volvió a acercarse tras una sonora ruptura en 2012, escribió en la red social X: “Beiras deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas, entre las que me incluyo. Fue para mí un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia. Tiene un lugar para sempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego”. La líder de la oposición se despide enviando un gran abrazo a sus hijos Ricardo y Daniel, “y a toda la familia”.

Casi una hora después, llegaban las condolencias del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Xosé Manuel Beiras marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. Tras enviar todo su afecto a la familia, señala que “el nacionalismo gallego pierde, sin duda, un referente”.

El último presidente socialista del gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño –alumno de Beiras en la Facultade de Económicas de Santiago: “me puso matrícula”– consideraba “difícil encontrar a alquien que tuviese a Galicia más dentro de sí mismo”. En declaraciones a la TVG lo definió como una figura “transversal, compleja y poliédrica” antes de destacar su “liderazgo intelectual” y su papel como “referente máximo del nacionalismo en los últimos 50 años”.

Minutos antes llegaba la larga despedida del líder del PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro definía a Beiras como “una de las grandes figuras de la política gallega, con una profunda huella en la historia de nuestro país” para concluir: “Un intelectual comprometido, con una voz propia, crítica y siempre inconformista”. El secretario general de los socialistas gallegos recordaba cómo compartieron “reflexiones desde trayectorias y posiciones diferentes” pero siempre los unió “una visión socialista del mundo y la convicción de que no hay progreso para Galicia sin justicia social”. “Me quedo con la suerte de haberte conocido, Xosé Manuel”, concluye.

Entre los más madrugadores estuvo también Pablo Iglesias. El fundador de Podemos descubrió a Beiras en la campaña de las autonómicas de 2012, donde fue asesor de Alternativa Galega de Esquerdas (AGE). Aquella coalición estaba formada por Anova –el partido creado por el histórico nacionalista tras abandonar el Bloque–, la Esquerda Unida de Yolanda Díaz y otras fuerzas menores. Después, los morados se integrarían con todos ellos en En Marea y las distintas candidaturas municipalistas. Para Iglesias, Beiras fue “una figura política crucial en la historia de la izquierda y del nacionalismo de Galicia”.

“Como su querido A. Camus, hizo de la vida ”un acto de rebeldía“. La vicepresidenta Yolanda Díaz –de quien se distanció tras sentirse ”traicionado“– también recordó a Beiras en la red Bluesky. ”Es la lucidez intelectual y el compromiso con todas las causas emancipadoras“. ”Transformó nuestras vidas haciendo brotar la mejor Galicia y la mejor humanidad“, concluía antes de enviar ”todo el cariño para su familia“.

El coordinador de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, también se despidió de Beiras, “un referente histórico ineludible del nacionalismo galego de izquerda y un intelectual comprometido con su pueblo”. “Ha sido un honor conocerte”, aseguró y, tras recordar su último encuentro, hace unos años, se despidió con una frase en galego y euskera: “un abrazo fraterno y solidario en este momento de dolor al pueblo gallego y a sus seres queridos”.

Una de las despedidas más sentidas, sin duda, fue la de Martiño Noriega, su médico, amigo y portavoz nacional de Anova –donde Beiras siguió militando hasta el final–. “Por los caminos de nuestra historia marcha despacio nuestro Comandante sin ejército para una revolución”. Esas fueron las palabras con las que cerró el réquiem que escribió para elDiario.es.

Se llamaba Aurelia y tenía 85 años, pero bien podía haberse llamado Maricarmen. Su caso también se convirtió en un símbolo cuando el bombero al que le encargaron cortar la cadena con la que los activistas de Stop Desahucios habían bloqueado su portal se negó a hacerlo. Hasta que entró de turno, Roberto Rivas había sido una más de las personas que se habían movilizado ante aquel piso del centro de A Coruña y el uniforme y el casco con el que ocultaba su rostro no le hicieron alterar sus principios. Su negativa abrió un debate sobre las competencias del cuerpo en los lanzamientos judiciales. Hoy, trece años después, el desalojo de Maricarmen le hizo revivir aquel gesto que le supuso una multa de 900 euros. Lo hizo “con lástima”, porque tiene la sensación de que “vamos para atrás”.

A sus 52 años, Roberto sigue siendo bombero en el Ayuntamiento de A Coruña, una administración que jamás lo sancionó por su comportamiento –fue la Policía Nacional la que lo denunció por tratar de “alterar” a los manifestantes, algo que siempre defendió como falso– y allí seguirá “hasta que me echen”. Atiende por teléfono a elDiario.es desde su casa en una aldea del municipio de Carballo, a algo más de 30 kilómetros de la ciudad, donde la cobertura va y viene.

¿Cómo estás viviendo todo lo que ha provocado el desahucio de Maricarmen?

Con una perspectiva que me hace pensar, “¡qué lástima!”... Pasaron trece años de aquello, que no olvidaré nunca, con toda la repercusión que tuvo y no sólo estamos en las mismas, sino que parece que vamos hacia atrás. Ahora hemos llegado ante otro punto de inflexión, porque estamos ante otro caso muy dramático, pero no deja de ser un deber mirar más allá, porque desde 2013 hubo cientos, miles de desahucios...

¿Qué recuerdas hoy de aquel momento que se acabó convirtiendo en todo un símbolo?

Que no fue un momento. Yo formaba parte de la plataforma Stop Desahucios. Llevábamos días de guardia ante el portal de Aurelia, esperando a la comisión judicial, exactamente igual que sucedió con Maricarmen. La diferencia fue que conseguimos paralizarlo y alcanzar un acuerdo. Parece que entonces teníamos más fuerza.

O sea, que tú pasaste, en un abrir y cerrar de ojos, de estar de un lado a verte en el lado opuesto...

Sí, yo era uno más de los que estábamos allí, por eso aunque todo se focalizó en mí, sé que cualquiera de nosotros hubiese reaccionado como yo, al 100%. Creo que como ciudadanos tenemos una fuerza enorme y yo no puedo separar mi actuación como persona de mi actuación como profesional. Por eso de que lo personal es político, ya sabes...

Hoy, de todo aquello, ¿con qué te quedas?

Si estoy orgulloso de algo es de que pusiésemos en cuestión el hecho de participar como bomberos en este tipo de trabajos. Hubo una revisión de nuestras funciones, nos dieron mucha caña y, a raíz de toda aquella controversia, nació la plataforma estatal de Bomberos Contra los Desahucios. Trabajamos a nivel interno, redactamos protocolos sobre qué hacer si nos vemos en esta situación...

Eso quiere decir que no fuiste el único, que hubo compañeros que, como tú, se vieron en un sitio en el que no querían estar.

Conozco casos de compañeros que sí actuaron en desahucios porque no tenían un conocimiento jurídico o que, como yo, acabaron en un proceso jurídico por lo que hicieron. En mi caso me denunciaron por “provocar reacciones en el público que pudiesen alterar la seguridad ciudadana”, cuando lo que alienta no la violencia, pero sí el enfado de la gente, son los propios desahucios.

Seguro que durante todo este tiempo has pensado muchas veces cómo solucionar el problema de la vivienda. ¿Crees que hay alguna fórmula?

Tengo una cosa clara: que hay que politizar la sociedad y con eso no quiero decir ir a votar cada cuatro años. Los partidos que nos representan, la clase política, tienen la menor tasa de credibilidad de nuestra sociedad, uno de cada cinco miembros del Congreso y el Senado son rentistas... ¿Esa es la gente que nos va a solucionar este problema? No, la solución está en la calle, con el Sindicato de Inquilinas, las plataformas de Stop Desahucios...

La propia Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo dicen: la vivienda, una vivienda digna para todos, es la parte más crucial de la vida. Si los bienes inmuebles se dejan a la especulación y al capitalismo salvaje, se produce un desastre. Por eso todo esto tiene que acabar ya: los fondos buitres, la Sareb... hay que gravar los miles de viviendas vacías; las propiedades de la Iglesia, con todas esas casas rectorales que tiene por ahí abandonadas... hay mil posibilidades para que la vivienda deje de ser un lucro y deben hacerse efectivas ya. Los alquileres no pueden subir más. Esta es una burbuja que va a estallar, si no es esta semana será la próxima, pero estallará porque la especulación no tiene fin. Así que toca seguir luchando en la calle y dando credibilidad a esos colectivos que buscan soluciones y no puestos políticos.

¿Qué te parecieron los decretos que presentó el Gobierno y que tumbó el Congreso?

Ya tenía una sensación de que podía ser otra oportunidad perdida, porque esta clase política que tenemos es poco de fiar. Esto es una lucha de clases que, al final, se divide entre los que tienen –que normalmente heredan, porque son siempre las mismas familias– y los que están abajo, dando todo para sobrevivir. Tengo bastante experiencia con muchas personas en exclusión social, antes de estar en estos desahucios, y si no tienes una vivienda no tienes dignidad para sobrevivir y para tener una vida como Dios manda.

Entonces, o se pone esto encima de la mesa y se defiende a capa de espada, o todo es un sinsentido. Contra lo que se tiene que luchar es contra la especulación, nada más. Y hay muchas propuestas: sindicatos de inquilinas, Stop Desahucios, la Plataforma contra la Hipoteca... Incluso algún grupo político. Hace meses propuso ERC el gravamen sobre la vivienda, pero creo que no llegaba ni al 20% del IBI, algo ridículo. A gente que tiene una vivienda, dos, tres, cuatro viviendas, que empezara a pagar muchos más impuestos, hasta llegar a un momento en el que no le compensase tener más de una, o tener una y otra vacacional. Eso sería muy fácil de aplicar. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué las viviendas vacías no van a un registro público de alquiler y que los propietarios tengan que cederlas? Y si no lo hacen, pues que también sean gravadas, a partir de la tercera en un 30, 40, 50, 200%, a medida que vayas teniendo más propiedades. Porque si tienes dinero porque ahorraste –o heredaste, normalmente–pon una empresa, crea empleo pero no compres inmuebles. Debería estar prohibido: una persona, una vivienda, punto; una familia, una vivienda.

Eso va mucho más allá de los decretos...

Mientras no evitemos eso, todo son parches, parches para volver a tropezar pasado mañana. Y claro que las prórrogas de los alquileres y todas estas medidas antidesahucios están de puta madre, pero la lucha no tiene que estar centrada aquí: la gente tiene que pelear para que no lleguemos a este grado de crudeza que es estar desahuciado. Tenemos que conseguir una serie de contratos que limiten los beneficios de los propietarios y que sean equitativos con los ingresos de la gente. Creo que debería ser el momento de convocar una huelga general de inquilinos y a ver por dónde van las cosas. Aceptar lo que consigamos en el parlamento y seguir la lucha.

Un hombre en situación de dependencia lleva más de cinco meses alojado en el hospital de Pontevedra después de recibir el alta a la espera de que la Xunta resolviese su expediente para que pudiese acceder a una residencia por la vía de emergencia social. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) denuncia que éste no es un “hecho aislado” sino una situación que se repite, aunque esta vez haya llegado al extremo. La Consellería de Política Social, que en esta ocasión no ha contestado a las preguntas de elDiario.es, había negado esta realidad anteriormente. Esta vez no lo hace y asegura haber encontrado una solución que permitirá su ingreso la próxima semana.

La denuncia –adelantada por La Voz de Galicia– trascendió tras la carta hecha pública por María José Lozano, trabajadora social en el hospital Montecelo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que el caso del que habla no es el único. “Hay muchos en Galicia en estos momentos, lo sé”. Sin embargo, cree que hay una “diferencia” clara, que fue la que la llevó a dar el paso de contarlo: “la exigencia de papeles imposibles de conseguir” para justificar la emergencia social del paciente y que es la que lo mantiene en un centro hospitalario donde la estancia, según Lozano, “quintuplica” el coste para las arcas públicas frente al de la residencia, algo que “parece no importar a los políticos”.

Para la trabajadora social –e, incluso, para la Fiscalía, con la que dice trabajar “en coordinación”– es palmario que el hombre cumple los criterios para un ingreso no voluntario, ya que no es consciente de su situación. Sin embargo, ante ese objetivo se interpone un requisito, ahora mismo, insuperable: para acceder a la residencia, necesita presentar sus datos bancarios y, para obtenerlos, tiene que desplazarse en persona a la sucursal, algo imposible en su estado actual. Por eso, Lozano habla de “violencia burocrática”. “Lo que me duele es la desconsideración al paciente vulnerable, que no tiene recursos sociales, familiares, económicos y hasta parecería que le quieren quitar la dignidad”, escribe.

En marzo de 2025, el COTS elevaba a doce, sólo en la misma área sanitaria de Pontevedra-Salnés, el número de personas que esperaban por una plaza en una residencia desde una cama de hospital que ya no tenían que ocupar. Contaban entonces que, frente a las 72 horas que marca la Ley de Dependencia, la estancia en ese limbo podía ir de los 25 días a los dos meses. La Consellería de Política Social lo negó en rotundo: “No se están registrando retrasos y mucho menos casos que excedan los 60 días”. Esta vez, ni siquiera respondió a las preguntas de esta redacción.

Sí lo hizo, de nuevo, a La Voz de Galicia, para asegurar primero que el caso era “complejo” porque había “dificultades para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una plaza pública residencial”. Finalmente, este viernes el rotativo recogía que el hombre ya contaba con esa plaza y que, “previsiblemente” ingresará la próxima semana. Fue la FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas) quien recabó toda la documentación del afectado, bajo el amparo de la Fiscalía. Los funcionarios de la Consellería comprobaron que, como afirmaba la trabajadora social, su caso cumplía todos los requisitos de una emergencia social y encontraron el hueco en un centro público autonómico. Si el hombre sigue rechazando la medida, añade Política Social, el traslado deberá realizarse a través de una orden judicial como ingreso no voluntaria.

Urgencias como entrada al sistema

“Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que afecta a un número significativo de personas en Galicia”. David Gontán, coordinador del COTS, es consciente de los problemas que provoca una realidad que la administración se empeña en tapar. El primero, el hospital como “recurso inapropiado para los cuidados de larga duración”, ya que son “entornos diseñados para atender procesos agudos” y no una estancia prolongada “por falta de alternativas habitacionales o de cuidado”. Mantener al paciente ingresado después del alta supone, para Gontán, “una vulneración de sus derechos a recibir atención adecuada en el entorno más idóneo para su recuperación y bienestar”.

Esto supone una prueba del “colapso” y la “lentitud” de la administración. A pesar de que existan mecanismos como la tramitación por emergencia social, los tiempos de respuesta “siguen siendo insuficientes para dar respuesta a las necesidades urgentes que surgen en el momento del alta”. El coordinador del Colegio habla de una “grieta” entre el ritmo de la sanidad y la capacidad de gestión del sistema de atención a la dependencia que genera “un bloqueo institucional”. Los perjudicados, una vez más, “la persona usuaria y sus familias”.

Ante ese colapso, Gontán relata estrategias que, en ocasiones, permiten incluso salvar vidas. Pone el ejemplo de un matrimonio de octogenarios, en la que el hombre padece una enfermedad que le provoca una conducta agresiva a la que su mujer no puede hacer frente. La pareja no puede acceder a una residencia privada ni pagarse una pública. Conoce casos en los que se ha provocado un ingreso por urgencias para que el afectado entre en el sistema hospitalario. Una vez allí, la valoración de los profesionales demostró la emergencia social que justificaba el concederle una plaza como dependiente. Después, ya sólo quedaba esperar a que la burocracia hiciese su trabajo.

Todo esto supone un “desgaste” a las trabajadoras sociales, que se encuentran en una posición de “extrema presión”. “Actúan como puente entre dos sistemas que no se coordinan, asumen la gestión de la frustración de las familias y la falta de recursos disponibles”. Por eso, Gontán reclama de forma “urgente” una “coordinación sociosanitaria real”, con “protocolos de agilidad inmediata”, aumento del cuadro de personal de Trabajo Social e incrementar el catálogo de “recursos intermedios” –centros de media estancia, plazas residenciales de emergencia y refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar– “que eviten que el hospital funcione como recurso residencial”.

Dos docenas de personas sonríen a la cámara desde una tarima. Hay jóvenes, mayores, personas racializadas. La mayoría son mujeres: dos cubren la cabeza con velo, una portea un bebé, hay otra que va en silla de ruedas. Casi todos muestran en su mano las llaves de alguno de los 24 pisos de alquiler social que la Xunta acaba de entregarles. Entre quienes no lo hacen están el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. El gobierno autonómico es la única administración presente en el acto, lo que provocó la indignación de la Delegación del Gobierno, que cofinancia a través de los fondos Next Generation tres de las promociones impulsadas en Santiago de Compostela casi 20 años después de la apertura de las últimas viviendas protegidas. Tras ver las imágenes, es posible que hayan agradecido lo que horas antes les parecía una falta de “respeto institucional”. Para las entidades sociales, este tipo de actos “a los que es muy difícil negarse” pueden “fomentar discursos aporofóbicos”.

Los beneficiados –entre los que hay 9 menores de 36 años, para los que se reservaron el 40% de las plazas– salieron del registro oficial de demandantes de vivienda pública. Más de treinta mil personas siguen inscritas en él, unas 2.000 con la capital gallega como prioridad. Un speaker pronunciaba su nombre y el número y el portal de su nueva casa para que recogiera las llaves de manos de Rueda y Allegue. En la primera fila, el portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, sonreía y aplaudía como si fuese uno de ellos.

“Lo único que os pedimos es que seáis conscientes del esfuerzo que hacen todos los gallegos –esto está pagado con impuestos de todos los gallegos– y que las cuidéis como si fuesen vuestras casas porque van a ser vuestras casas”, les solicitó Rueda desde el atril antes de defender que “vivienda pública no es vivienda de mala calidad, es vivienda digna porque es para personas que son dignas”. Lo hizo con tanto ímpetu que acabó enredado en un requiebro rajoyesco en el que poco le faltó para enmendarse a sí mismo: “Dijimos que íbamos a hacer muchas viviendas, pero yo prefiero hacer menos viviendas, si es necesario –que no va a ser, vamos a cumplir lo que dijimos–, y que sean viviendas que desde el primer día hagan honor a las personas que vais a vivir allí”. Y todo porque tienen aerotermia y paneles solares.

No sólo los impuestos de los gallegos han sufragado los 4,6 millones de euros que ha costado esta remesa de pisos. 600.000 euros proceden de Europa, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, los conocidos fondos Next Generation) y fue el gobierno quien decidió dedicarlos a esta promoción dentro del Programa 6 del Plan de Recuperación, que prevé 20.000 viviendas sociales en todo el Estado y 1.169 en la comunidad autónoma. En concreto, el Ejecutivo destina 2,3 millones de euros a tres promociones en Santiago que sumarán un total de 60 pisos.

No “exponer” a los beneficiarios

Xoán Bascuas fue el delegado de la Consellería de Vivenda entre 2005 y 2009, durante el gobierno de PSOE y BNG que separó los 16 años de Fraga de los 17 que ya suman Feijóo y Rueda. Hasta este martes, según recordó, él había sido el último en entregar pisos protegidos en Santiago, en el año 2007. Después de ver la escenificación de la Xunta, escribía en la red social X: “En el maldito bipartito, la entrega de viviendas públicas era un acto privado. No se exponía públicamente a los beneficiarios”.

“Conviene preguntarse hasta qué punto existe verdadera libertad para rechazar una ceremonia de este tipo cuando quien acaba de recibir una vivienda es convocado a un acto encabezado por las máximas autoridades autonómicas”. Es la reflexión que hace Carla Leiras, portavoz de As Ninguéns, el foro socioeducativo vigués contra la pobreza y la exclusión. “Aunque la asistencia no sea jurídicamente obligatoria, existe una evidente asimetría entre la Administración que adjudica la vivienda y la persona que acaba de recibirla”. Por eso reclaman a las instituciones que “extremen la sensibilidad”

“Hay una elevada sobrecomunicación”. El director de EAPN Galicia, Xosé Cuns, se siente claramente incómodo con performances como la de este martes porque “pueden fomentar discursos aporofóbicos”. Critica que en estos actos “se expone a personas que llevan años esperando, intentando hacer publicidad como si fuese una concesión, una gratuidad” cuando lo que se les está concediendo es “un derecho que debería haberse cumplido hace quince años”. “Con el retraso que llevamos, que durante lustros apenas se construyó ninguna vivienda pública, un poco de prudencia y humildad estaría bien; tanta sobreactuación puede ser contraproducente”.

“Transmite una imagen triunfalista de la política de vivienda que no se corresponde con la realidad que viven muchas personas”, coinciden As Ninguéns. “Nos incomoda especialmente el formato elegido: una ceremonia pública, la subida de las personas adjudicatarias a un escenario, presencia de cámaras y una amplia exposición mediática”. Leiras, compara la alegría de los beneficiarios con “una lotería”, lo que para ella prueba la existencia de una “enorme necesidad habitacional”.

Como a ella, más allá de lo criticable del acto, a Cuns también le preocupa el fondo. Dicen haber detectado “no un frenazo, pero sí una desaceleración” en los compromisos de Rueda. “Nos sorprendió mucho que, si se compromete a duplicar el parque público hasta 2028 –de 4.000 a 8.000 viviendas–, lo lógico y lo que esperábamos sería duplicarlo de nuevo hasta 2032, pero sólo anunció 2.000 viviendas más hasta 2030”. A eso suman la falta de “avances” en otro tipo de respuestas que no pasan por la construcción: viviendas de emergencia, alternativas al chabolismo y la infravivienda o medidas inmediatas de acceso a un techo.

Este análisis coincide con el del Sindicato da Vivenda de Compostela, que ha sido quien ha convocado acampadas como la celebrada en la estación intermodal de la ciudad o la que se ha iniciado en la Praza do Obradoiro. Para ellos, “usar como un escaparate político un momento que debería ser privado” resulta “irrespetuoso”. Aún así, del acto se quedan, sobre todo, con dos frases de Rueda que “reflejan su falta de conocimiento de la realidad en la que vivimos muchas personas de alquiler y una ceguera que puede ser accidental o intencionada”, aseguró a elDiario.es Dani González, uno de sus portavoces.

González se refería a las palabras del presidente de la Xunta a los beneficiarios de los alquileres que fueron destacadas por los medios: “Hay dos maneras de afrontar esto [el problema de la vivienda]: teorizar, hablar mucho, dar soluciones que nunca se cumplen o ésta que es la que preferimos nosotros, que es ir construyendo poco a poco hogares y oportunidades para todo el mundo”. Es decir: ninguna solución que no pase por más ladrillo.

“Esta perspectiva de avance progresivo de construcción no nos parece adecuada a la emergencia que estamos viviendo. Sean 24, sean cien o sean mil, la situación no permite medidas tibias y progresivas: necesitamos medidas ya”. Por eso, a Cuns también se le encendieron las alertas cuando no se incluyó a ninguna entidad del tercer sector en el llamado “segundo pacto por la vivienda”. Está convencido de que eso pone en cuestión su carácter social. “Rueda puede decidir mirar para otro lado, pero le va a costar mucho ignorar las demandas sociales de toda la ciudadanía que se está movilizando”, concluye González.

“Impresentable” y “surrealista”. Las diputadas Silvia Longueira (PSOE) y Olalla Rodil (BNG) se quedaban sin palabras para definir lo vivido este martes en la comisión de control parlamentaria a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). Las dos preguntaban a la directora xeral, Concepción Pombo, por qué se había ocultado en los medios públicos la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego por utilizar en la vendimia a migrantes sin papeles. Ambas estaban convencidas –Rodil llegó a repasar las escaletas de los informativos durante los cuatro días siguientes a la exclusiva de elDiario.es– de que no se había informado ni una línea del caso, pero Pombo se guardaba una sorpresa: ocho días después, el informativo matinal le dedicó veinte segundos al final de una crónica. Con esto, consideraba el trabajo hecho. “No hubo silencio ni ocultación”.

“...y ya mañana, en la segunda jornada, en el turno de preguntas al presidente, los grupos de la oposición a buen seguro que aprovecharán esa ocasión para conocer más detalles sobre la situación de una empresa, una pequeña empresa, una bodega de vino que fue multada por no tener en contrato legal a tres trabajadores. ¿La singularidad? Que esa empresa es propiedad de la familia del conselleiro de Emprego”. Así finalizaba el martes 22 de septiembre su crónica el corresponsal parlamentario de la TVG, una crónica en la que, antes, había glosado la nueva ley de Educación Digital o de la comparecencia del conselleiro de Presidencia para hablar del transporte por carretera. La conexión se emitió a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del informativo matinal Bos Días.

Aquel día, ninguna de las preguntas de los portavoces de la oposición a Alfonso Rueda trataban sobre la empresa del conselleiro, así que lo sucedido en aquella vendimia ni se mencionó durante una sesión de control centrada en la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, la inclusión con calzador de esa alusión a un caso que una semana antes sí había copado portadas y titulares dio a Pombo la coartada que necesitaba: el asunto, efectivamente, para desesperación de una oposición que no daba crédito a la respuesta, sí se había mencionado en antena.

No faltaron las comparaciones con el seguimiento, “con minuto y resultado” de los casos que acosan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno y que, en los medios públicos gallegos aparecen “hasta en la sopa”. “Pueden discutir la extensión, el momento y el enfoque. Y es legítimo que lo hagan. Lo que no es legítimo es afirmar que no se informó lo más mínimo cuando la información se emitió”, insistió la directora xeral en su turno de réplica, con el convencimiento de quien se ha guardado un as para matar el tres. Hay que reconocer que lo tenía fácil, simplemente, por una cuestion de tiempo.

Seis días después de las preguntas parlamentarias

Nacionalistas y socialistas registraron sus preguntas sobre el tratamiento informativo del escándalo el 16 de septiembre, dos días después de que saliese a la luz y cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, todavía guardaba silencio. No así el conselleiro, José González, quien desde el primer momento salió a responder a las preguntas, desentendiéndose de una empresa con la que dijo haber roto en 2018, cuando entró en el gobierno gallego.

Rodil mostró en la comisión titulares de aquellas jornadas procedentes de una decena de medios, incluidos varios de los editados en Madrid y con línea abiertamente conservadora, “esos con los que abren ustedes [sus informativos]”. En aquellos momentos, tanto la TVG como la Radio Galega guardaban un absoluto silencio. No fue hasta el día 22, cuando la crisis empezaba a apagarse, cuando realizó su única mención, tan desapercibida que, en palabras de Longueira, “no está en el conocimiento del mundo ni de la gente”.

“Cualquier sanción por contratación con irregularidades puede llegar a ser un hecho noticiable, pero no todas trascienden a los medios. En este caso, el hecho de que estuviese vinculada con la familia del conselleiro fue lo que la convirtió en noticiable”, argumentó Pombo, siguiendo la misma línea que la crónica televisiva. “Lo fue, sobre todo, en el ámbito político y parlamentario, y por eso fue ahí donde se trató el tema”.

“Es fascinante. Esta comisión es maravillosa y el mérito es todo suyo”, respondió una incrédula Longueira. “Tiene una capacidad inimaginable para tirar el balón fuera. No sé ni qué decirle”. Un minuto después sí lo supo y fue cuando utilizó el término “impresentable” para dirigirse a Pombo, la misma a la que, apenas unos minutos antes, la presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, se había referido como “profesional independiente de trayectoria intachable” para contraponerla al presidente de RTVE, José Pablo López, “amigo de Pedro Sánchez”.

Para la nacionalista Olalla Rodil, la respuesta de la directora xeral fue, sin embargo, la “mejor prueba” de la intención de la TVG: “tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid pero que no sepan que a la familia del conselleiro de Emprego lo sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados”.

En pleno huracán provocado por el desahucio de Maricarmen y el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprueba los dos decretos de vivienda, la Xunta de Galicia entrega en Santiago de Compostela 24 pisos de promoción pública a sus nuevos inquilinos. Quizá porque son los primeros que se inauguran en la capital gallega en 19 años, el gobierno gallego ha querido reservarse el protagonismo en solitario: no invitó al delegado del Gobierno y éste –candidato a la alcaldía de la ciudad– ha puesto el grito en el cielo, ya que más de un millón de euros de la promoción procedían de los fondos Next Generation. El ejecutivo de Alfonso Rueda considera que son fondos europeos, aunque los tramite el Ministerio, y por eso Pedro Blanco no se merecía un lugar en la foto. Tampoco lo tuvo la regidora de la ciudad, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Fuentes municipales citadas por Europa Press han confirmado que Sanmartín no recibió convite, al tiempo que declinaban profundizar más en el asunto. Sin embargo, el delegado y candidato socialista, Pedro Blanco, ha enviado un comunicado en el que carga con dureza contra la Xunta. A su entender, llueve sobre mojado.

“Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas en Santiago que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno”, ha reprochado, consciente de que “lo importante es construir vivienda y facilitar su acceso a las familias que lo necesitan”, pero también, ha agregado, “trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran en la solución de este problema”, para lo que “la actitud de la Xunta no es mejor”.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, trataba de despejar balones fuera. Para ella, este martes no era “un día para disputas políticas”, sino para celebrar que 24 familias tendrán acceso a estos inmuebles. “Eso es lo importante”.

Acto seguido, reivindicó –“no hay ninguna duda”– que la Xunta “siempre mantuvo la lealtad” y el decoro “institucional” al invitar a representantes de otras administraciones para que sean “partícipes” de sus actos. Sin embargo, en el caso concreto de estas viviendas, en el barrio de Lamas de Abade, replicó que “no hay ninguna aportación económica” por parte del Ejecutivo estatal.

La conselleira consideró “rotundamente falso” lo asegurado por Blanco ya que “la financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central”, a pesar de que éste es quien los gestiona. El lío está servido.

Martínez Allegue explicó por qué también dejó fuera de la entrega al gobierno local. “No ha participado en esta promoción, por eso no fueron invitados”. Sin embargo, cuando se entregue otra promoción en marcha, en una parcela cedida por el ayuntamiento, “por supuesto, se invitará” a la alcaldesa. La actual fue traspasada a la Xunta a traves de una permuta cuando era alcalde el socialista Sánchez Bugallo.

“El presidente invitó a los portavoces de la oposición”.

Para el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo –de facto, el número dos del ejecutivo– la entrega de llaves es un acto de la Xunta en el que “quien tiene que estar” es el presidente Alfonso Rueda y no ha olvidado que en ocasiones son otras administraciones las que organizan eventos en los que “no cuentan” con representantes del Ejecutivo gallego.

Calvo echó un poco de sal a la herida y recordó que, en la sesión de control del pasado miércoles, cuando anunció la entrega de los pisos en una respuesta a la líder del BNG, Ana Pontón, Rueda “invitó a los portavoces de los grupos” a acudir al acto. “Supongo que no irán, pero si van, serán bienvenidos”, ha zanjado.

“El Gobierno financia con más de un millón de euros”

Nada de esto ha convencido al delegado del Gobierno, quien ha insistido en que el Ejecutivo estatal “financia con más de un millón de euros este grupo de viviendas en Lamas de Abade, a través del Plan de Recuperación”. Por ello, ve “lógico” que esté presente en este acto y “que tenga la oportunidad de manifestar el compromiso del Gobierno con la vivienda en Galicia, que se traduce en una inversión global durante los últimos años que supera los 500 millones de euros”.

Con todo, se ha quejado de que la Xunta no invite al Gobierno a este acto con el fin, entiende, “de presumir de un proyecto conjunto” que “demuestra que es posible colaborar entre administraciones, enviando a la sociedad un mensaje erróneo y poco esperanzador”.

Así, ha expresado su “malestar”, antes de remarcar que confía en que el presidente de la Xunta “reconduzca su actitud”, toda vez que, concluye, “resulta necesario trasladar a la ciudadanía un mensaje de colaboración institucional y trabajo conjunto de las administraciones para resolver el problema de la vivienda”.

24 viviendas... en 20 años

Al margen de ese cruce de declaraciones, la teniente de alcaldesa en Santiago, María Rozas –de Compostela Aberta, marea municipalista que gobierna con el BNG–, que este martes comparecía ante los medios, prefirió centrarse en el objeto de la disputa: los pisos. “Estos días escuchábamos a la Xunta presumir en cierta forma de esas 24 viviendas. Son 24 viviendas en 20 años, una vivienda por año creo que es claramente insuficiente en la situación de emergencia social que estamos viviendo”, concluyó.

La guerra de la Xunta contra lo que considera “absentismo laboral” –una etiqueta bajo la que engloba tanto las ausencias injustificadas como las incapacidades temporales– ha encontrado un nuevo objetivo. En este arranque de curso escolar, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha puesto al profesorado bajo el foco. Meses después de verse envuelto en la polémica por acusar a este colectivo de “trabajar poco”, Rodríguez se escudó en un elevado número de bajas, “1.400”, para justificar las vacantes que permanecían sin cubrir al inicio de las clases. Una estrategia que la Xunta ya utilizó durante la oleada de incendios de agosto de 2025, la peor desde que existen registros, para justificar por qué había motobombas paradas mientras reclamaba más medios al Gobierno central. Entonces, los cuadrantes de los parques de bomberos demostraron que no era así. Hoy, los sindicatos educativos esgrimen las propias cifras oficiales para desmontar ese mismo argumento.

El domingo 20 de septiembre, después de ocho días lectivos, Rodríguez lanzaba en la Cadena SER un mensaje que, para la oposición, “criminalizaba” a los docentes. A esa hora, la aplicación de la Consellería de Educación mostraba todavía 176 vacantes sin cubrir, 142 en secundaria. De estas, sólo 58 eran bajas médicas. El resto, cerca del centenar, correspondían a motivos muy diferentes: permisos de maternidad o lactancia, excedencias por cuidado de familiares, reducciones de jornada, interinidades sin adjudicar... Causas que no son precisamente inesperadas como sí sucede con una enfermedad o un accidente laboral.

Doce días antes, la víspera del comienzo de curso, CIG-Ensino –el primer sindicato del sector en Galicia– recopilaba 1.148 vacantes en la aplicación de la Xunta, más de la mitad en secundaria. Otras 817 habían sido ya cubiertas. “Esto hay que explicarlo muy bien para desmontar ese bulo”, respondía en su entrevista radiofónica el conselleiro. “Las vacantes son cuando hay bajas. Desde el 1 de septiembre hasta el 15 hubo 1.400 [1.393, afinaría después]. Desde que entra la petición hasta que se cubren pasan dos o tres días, pero utilizar ese dato para intentar decir que no hay profesores es un poco desesperado”.

Oficialmente, el sistema público gallego alcanza este curso los 32.712 docentes, 956 más, una cifra que la CIG –con el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales (CADP) en la mano– rebajó a 396. Rodríguez aseguró que, como “media”, cada día hay 3.000 profesionales de baja. “Ese es el dato y por eso es tan necesario un plan para que aquellas personas que sí, por circunstancias obvias, tienen que estar de baja pues la tengan, y evaluar a aquellos que non están en condiciones para hacerlo”.

Las palabras del titular de Educación no sólo indignaron a la oposición. Esta vez, incluso CCOO –líder del grupo de sindicatos minoritarios que han firmado un “acuerdo de mejoras” con la Xunta– dio un tímido paso al frente al hablar de “enfoque desacertado”. En un comunicado, rechazó que se pusiese “bajo sospecha” al personal de baja y pidió a la Consellería “rigor” en los datos.

La CIG fue más allá y su secretaria nacional compareció para responder a las acusaciones de Rodríguez. “Él es quien manipula las cifras”, aseguro Laura Arroxo. “Dijo que la media diaria de bajas es de 3.000 cuando, en marzo, dio el dato de que había 2.354 docentes de baja, con un porcentaje sobre el total del 7,2%, inferior a la media gallega que está en un 7,4%”. “Da la sensación de que hay una intencionalidad de criminalizar al profesorado con estas afirmaciones”, concluyó Arroxo.

Recordó que las casi 1.150 vacantes sin cubrir en el inicio del curso “eran conocidas desde el 1 de septiembre o incluso antes” por lo que “no es cierto que se cubran dos o tres días después de su comunicación por los centros” y volviendo a las 176 que seguían sin cubrir el domingo 20, subrayó: “Lo que sí es relevante es que a estas alturas aún haya alumnado sin esos 176 docentes en las aulas”.

El precedente de los incendios de Ourense

No es la primera vez que la Xunta culpa a las bajas de la escasez de medios humanos. En agosto de 2025, Galicia sufrió la peor oleada de incendios forestales desde que existen registros, unos fuegos gigantescos que se cebaron especialmente con la provincia de Ourense. Con toda la provincia en situación de alerta 2, el presidente gallego, Alfonso Rueda –al frente del operativo con su barba de varios días y su chaleco rojo–, insistía en reclamar medios al gobierno central. Entre ellos, 30 motobombas con sus conductores.

elDiario.es pudo demostrar en medio de aquella crisis como, mientras Rueda repetía cada día sus demandas, los parques comarcales de la provincia más afectada carecían de personal para sacarle todo el provecho a sus propias motobombas. El cuadrante mensual del distrito forestal XIII, el de Valdeorras-Trives –donde se registró el mayor incendio de la historia gallega– demostraba cómo, con el personal asignado, solo cuatro de los ocho vehículos podían funcionar a pleno rendimiento.

Rueda había intentado frenar esas acusaciones matando al mensajero y, también, achacándolas a bulos: “Se están diciendo muchas cosas que no son verdad”. Los sindicatos CCOO y CIG venían denunciado desde el principio del operativo la falta de 200 trabajadores para cubrir las necesidades del servicio, 80 de ellos en la provincia de Ourense. Cuando el 15 de agosto –tres días después de declarar la situación 2 en la provincia y con 40.000 hectáreas ya arrasadas–, Medio Rural lanzó dos nuevos llamamientos para ocupar los puestos vacantes, Rueda negó que fuese debido a esa carencia estructural y aseguró que se hacía “para cubrir las bajas que se han ido produciendo” a lo largo de las labores de extinción. Cambiando el monte por los centros educativos, es el mismo argumento que ahora usa Rodríguez.

Sin embargo, quince días después de aquel llamamiento, con la crisis ya superada y Rueda de vuelta al traje, corbata y el apurado diario, el presidente gallego ofreció una nueva versión de lo sucedido. Aquellas motobombas ya no estaban en el garaje sólo porque sus conductores estuviesen –supuestamente– de baja, sino porque el servicio de extinción carecía de trabajadores suficientes para darles relevo. “No hubo otras motobombas paradas que aquellas que se derivaban del descanso” de un personal que “no podía trabajar 24 horas”. Como tampoco pueden los profesores.

La paradoja está servida. De las 317 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en todo el Estado, sólo dos están en una comunidad gobernada por el PP. Son las ciudades de A Coruña y Santiago, en Galicia. La Xunta las aprobó a regañadientes, cumpliendo una Ley de Vivienda que, al igual que otras autonomías populares, recurrió sin éxito ante el Constitucional y poniendo —según los afectados— numerosas trabas a ambos procesos. Ahora, mientras los candidatos conservadores a esas alcaldías atacan los efectos de la medida, sobre todo sobre el alquiler, al gobierno gallego le acaba de caer una sustanciosa pedrea: 5,1 millones de euros de los 90 que el Ministerio destina a los territorios que han implantado el tope de precios. Las regidoras de Coruña y Compostela quieren gestionar ese dinero, pero Alfonso Rueda les ha dicho que no y que será él quien decida en qué se invierten en cada urbe. La tensión en la zona está servida.

A finales de mayo de 2025, A Coruña (251.000 habitantes, 38 km²) se convertía en la primera ciudad gallega en recibir la luz verde para convertirse en zona tensionada. La Xunta, sin muchas ganas, dijo hacerlo “en cumplimiento de la ley”. Y así era: la urbe herculina cumplía los dos requisitos exigidos: que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superasen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de esa compra o ese alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento de tres puntos por encima del IPC. La declaración se consumó dos meses después, en julio. En la nota informativa sobre su decisión, la Consellería de Vivenda no ahorraba críticas a la medida: “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” porque los “agravó” en los lugares donde se había implantado.

A Santiago (100.000 habitantes, 220 km²), que había iniciado el proceso antes, le costó casi un año más finalizarlo. Tuvo incluso que volver a la casilla de salida después de que los técnicos de la administración autonómica tumbasen su primera propuesta. El anuncio del visto bueno de la Xunta da pistas de cómo fue todo: primero, el portavoz local del PP, Borja Verea, lo dio a entender; después, la prensa lo publicó y sólo entonces, la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) recibió un telefonazo de la conselleira, María Martínez Allegue. “Agradezco su llamada pero, como la decisión, llega tarde”, declaró después.

Desde entonces, los populares no han dejado de lanzar dardos sobre las consecuencias de la zona tensionada. Lo han hecho Verea y su homólogo coruñés, Miguel Lorenzo —que aspira a arrebatar en mayo el bastón de mando a la socialista Inés Rey—, pero también el gobierno autonómico. Ya a finales de 2024, Rueda tiraba de argumentario en una sesión de control en el Parlamento para asegurar que “la gente tiene miedo de alquilar sus pisos” por culpa de la Ley de Vivienda. Este miércoles, ha querido refrendarlo con los datos de la caída en el número de contratos de alquiler en A Coruña, un 52% de julio a julio –de 734 a 349–, y ha vaticinado que en Santiago pasará lo mismo. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, le achacó que no hablase de otras ciudades: “¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto...?”.

Lo que Rueda no mencionó fueron los otros efectos de la zona tensionada en A Coruña, los que sí está teniendo sobre el precio. En 2025, el coste de los alquileres se incrementó un 2,6%, frente a la subida del 16,29% en 2024 y del 13,65% en 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, en junio de 2025 –justo antes de la declaración–, el precio medio de los arrendamientos en la ciudad era de 771 euros; en febrero había caído por debajo de los 704. El diario La Opinión, citando también al Observatorio, publicó que en junio habían vuelto a remontar parcialmente y rondaban los 735 euros.

Repartir los fondos más allá de A Coruña y Santiago

Con estas posiciones enconadas, estaba claro que, en Galicia, la decisión del Ministerio de Vivienda de entregar las subvenciones a las comunidades autónomas y no a las ciudades, iba a suponer una declaración de guerra. Una situación que no se daba en el resto de comunidades donde se está aplicando la ley estatal: Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, gobernadas o cogobernadas por el PSOE y en las que, en conjunto, suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas frente a los dos gallegos.

“Si la Xunta renunció a hacer directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hiciesen los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento”, reaccionó Sanmartín al anuncio de la ministra Isabel Rodríguez. La conselleira no tardó en darle réplica: “En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta”. Y eso, añadió, quería decir que no tendrían que destinarse solamente a las ciudades que obtuvieron la declaración de zona tensionada.

Rueda salió a corregirla, pero el daño ya estaba hecho. Esa quiebra del espíritu del decreto no sólo hizo poner el grito en el cielo a la regidora compostelana, que amenazó con acciones legales. También provocó una carta de la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, a su homólogo gallego: “Conviene aclarar que la cuantía prevista para Galicia, por importe máximo de 5.112.304 euros, no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda”. “La subvención se prevé a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero está específicamente vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago de Compostela”, plasmaba negro sobre blanco.

Una vez fijado el ámbito, llega el choque por el uso. El presidente gallego, que insiste en el “fracaso” de ambas ciudades, quiere utilizar los fondos para su propio plan, ese que ha erigido en bandera desde que se convirtió en un ferviente creyente en la vivienda pública. Sucedió en la primavera de 2023, durante su presidencia interina tras la marcha de Feijóo a liderar el PP estatal. Fue entonces cuando Rueda anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos de alquiler social, una cifra que después duplicaría y que ahora triplica en el horizonte de 2030. En aquel momento llevaba catorce años en el gobierno autonómico, la práctica totalidad como vicepresidente, un período en el que la promoción de vivienda pública fue casi inexistente.

Aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.500 pisos –nuevos o rehabilitados– entregados por la Xunta desde 2009, la realidad es que la gran mayoría se pusieron en el mercado en los primeros años de mandato, es decir, cuando finalizaron las promociones impulsadas por el gobierno bipartito (2005-2009). A partir de ahí, las cifras decaen hasta casi desaparecer: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en ese 2023 en el que Rueda cayó del caballo inmobiliario. Preguntado por ese brusco cambio, afirmó que, hasta ese momento, no habían detectado que existiese esa necesidad. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizaba este miércoles Pontón antes de recordarle que, de las 1.800 viviendas comprometidas para este 2026, se han entregado 98. Aún así, cada lunes, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, el presidente anuncia alguna nueva licitación.

Mientras, las alcaldesas han solicitado al Ministerio que el real decreto deje claro, de forma “rigurosa”, cómo se transferirán los fondos a las comunidades y que controle su entrega “inmediata” a los ayuntamientos. Sanmartín y Rey se reunieron en Santiago el pasado viernes para fijar un frente común. “El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto”, resumía la regidora herculina. Como su colega, defendió “los frutos” de las zonas tensionadas. Y eso que, según sus palabras “son muchos menos de los que nos gustaría por el boicot permanente de la Xunta”.

Un bombero del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de Ourense ha demandado a la entidad –cogestionada por la Deputación y la Xunta de Galicia– por no tutelar sus derechos fundamentales durante la oleada de fuegos de agosto de 2025, la peor desde que existen registros en la comunidad. En aquella crisis, en la que ardieron en la provincia unas 100.000 de las 120.000 hectáreas arrasadas en la comunidad durante todo el año, se le convocó para siete turnos de 24 horas en doce días, incluso tras recibir un golpe durante las tareas de extinción. Como referencia, la disponibilidad máxima en una emergencia de ese nivel para los bomberos forestales –dependientes de la Consellería de Medio Rural– es exactamente la mitad: doce horas de cada 48. Esta demanda pionera tiene ya fecha de juicio, este mismo otoño.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla cómo el trabajador tenía señaladas en el cuadrante correspondiente a agosto ocho guardias de 24 horas –de las nueve de la mañana a las nueve del día siguiente–, que sumaban un total de 192 horas, frente a las seis jornadas de promedio del conjunto del año. Durante ese mes, es habitual que el número de turnos aumente para cubrir las vacaciones de los compañeros.

A esas ausencias previstas se sumó después la baja de otro de los integrantes del parque, lo que provocó que al denunciante lo convocasen a otras tres guardias más. A una de ellas, incluso, tras manifestar su oposición por estar recuperándose de un golpe recibido durante las labores de extinción. En total, los requerimientos sumaban 264 horas en el mes de agosto, 168 en un período de doce días en los que debía trabajar turnos de 24 horas cada 48.

Como referencia, en una emergencia de nivel 2 –la que se activa cuando están en peligro personas o bienes y que fue la que se mantuvo en toda la provincia de Ourense durante dos semanas– los bomberos forestales de la Xunta sólo pueden prestar, como máximo un servicio de 12 horas cada 48; es decir, la mitad de los que le fueron requeridos al denunciante. No es la única comparación en la que duplica los promedios: en agosto fue convocado a trabajar 11 días frente a los 6 de media mensual que recoge el convenio colectivo de los parques comarcales.

Entre los argumentos de la demanda se considera que, con esos turnos, el Consorcio vulneró el derecho fundamental a la integridad física y mental del bombero. Además, esa acumulación de guardias para sustituir a compañeros de vacaciones y de baja –esto último, según subrayan, explícitamente prohibido por el convenio colectivo– se sumaba a una jornada anual ya excesiva porque los cuadrantes de trabajo de 2025 no se adaptaron a las nuevas condiciones marcadas por el convenio.

El documento, aprobado en febrero y publicado en marzo de 2025, fijaba para todo el año en curso –de forma retroactiva desde el 1 de enero–, una jornada de 1.608 horas anuales –divididas en 67 guardias de 24 horas–. Sin embargo, el cuadrante mantuvo inalterados los 73 turnos previstos desde finales del año anterior.

Tras meses negándose a hacerlo, en junio, el Consorcio aceptó al fin pagar esas seis guardias de diferencia como horas extraordinarias, pero no completas: lo haría restándoles las bajas, los permisos o las horas sindicales. Ese recorte ha provocado que, de forma individual, la práctica totalidad de los más de 70 bomberos que integran los cuatro parques comarcales de la provincia, hayan recurrido a los tribunales para reclamar ese dinero.

La estampa presentaba tintes berlanguianos. Una docena de representantes de Vox atravesaba, a ritmo de procesión, un pasillo policial. Seguían al eurodiputado Jorge Buxadé, quien cantaba a través de un megáfono envuelto en una bandera rojigualda: “Lololololololoooo, que vivaaa Españaaaa!”. Aunque trataban de dotarla de épica, era una retirada en toda regla. Una hora y cuarto después de la hora prevista para su inicio, los ultras tiraban la toalla y renunciaban a celebrar su acto en el Centro Sociocultural del barrio de Santa Marta, en Santiago de Compostela, donde horas antes se había encerrado medio centenar de antifascistas. Al otro lado de las barreras de antidisturbios –que acabaron cargando contra la multitud–, un millar de personas abucheaba a los representantes de la formación de extrema derecha. Las protestas se impusieron a los esfuerzos de Buxadé que, sin dejar de andar, insistía, ya sólo para los suyos: “Yo soy español, español, español...”.

Así finalizaba en la tarde de este lunes lo que pretendía ser el pistoletazo de salida al curso político de Vox en Galicia, la única comunidad en la que los de Abascal siguen sin tener un solo cargo público. En las elecciones municipales de 2023 consiguieron una única concejala en el municipio ourensano de Avión (1.700 habitantes), pero esa pica en Flandes les duró muy poco: dos años después, la edila dejaba el partido y se convertía en no adscrita.

Vox quiere romper un maleficio del que Buxadé culpaba horas antes, en una entrevista en El Correo Gallego, al “férreo control del PP en esta región desde hace décadas”. Pero no fueron quienes los acogen como socios preferentes los que les dieron con la puerta en las narices en Santa Marta, sino un veintena de colectivos antifascistas. “Orgullo inmenso de la actitud de firmeza democrática e antifascista de la juventud gallega, que ayer en Santiago de Compostela dio ejemplo confrontando a los traficantes de odio”, escribía este martes el diputado del BNG, Néstor Rego.

Desde la otra orilla, la primera en defender a Vox fue la número dos de los populares gallegos, Paula Prado. “Lo que sucedió hoy en Santiago es un sabotaje a la libertad de expresión. Independientemente de las ideas, desde el PPdeG defenderemos siempre la democracia. Mientras, el BNG sigue mostrando su cara más radical y también la más verdadera”.

En un solo post, Prado echaba un capote a su aliado natural al tiempo que atacaba a su bestia negra: el nacionalismo, encarnado en la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a la que tanto ella como Buxadé culparon de lo sucedido, ya que el local de Santa Marta es municipal. “Esto es el fin de la democracia en Galicia, el fin de la democracia en España”, aseguró el ultra a los medios presentes mientras trataba de acercarse al centro sociocultural.

Fuentes del ejecutivo local de Compostela aseguran a elDiario.es que cedieron el Centro Sociocultural porque recibieron la solicitud de “una organización que es legal y, por tanto, según las normas, tiene derecho a usarlo”. “El gobierno municipal respeta la democracia y también a quien se manifiesta”, añadieron. “Quien no la respeta es Vox, con un acto que tenía intención de crispar y generar odio en un contexto complicado”.

A la llegada de Buxadé, además de los militantes que se habian encerrado dentro, cientos de personas bloqueaban la entrada del recinto entonando lemas como “Galiza ceibe, poder popular”, “aquí non pasa Vox”, “aquí están as antifacistas” o “ningunha persoa é ilegal”. Ante la retirada de los representantes de Vox –entre los que también estaba la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz y los presidentes provinciales del partido–, esos lemas cambiaron a “Ganamos nosotros” o “el pueblo unido, jamás será vencido”. En el momento en el que la concentración se dispersaba, se produjo una carga policial que dejó a algunos manifestantes heridos.

Prólogo: Cangas

El constante rechazo que Vox recibe en Galicia no es una novedad y, esta vez, tuvo un adelanto apenas unas horas antes, en Cangas. “No se les ocurrió otro sitio a donde ir”, ironizaban los internautas cuando se conoció la respuesta que recibió la carpa de los ultras en el reivindicativo municipio de O Morrazo (26.700 habitantes), al otro lado de la ría de Vigo y que, al igual que Santiago, está gobernado por una alcaldesa nacionalista.

“O Morrazo é antifascista”. Medio centenar de vecinos rodearon de forma pacífica al puñado de militantes de extrema derecha que levantaron este sábado un punto informativo al lado de la plaza de abastos de la localidad. Los manifestantes extendieron frente al toldo, sobre el suelo, una bandera palestina y una estreleira (la enseña gallega con la estrella roja). Como Buxadé con el megáfono, insistian en las redes sociales: “España también es Cangas”.

Retrasos en pruebas diagnósticas de un año y medio y, en las situaciones más “escandalosas”, superior a los 24 meses, sin que los afectados conozcan los motivos. Son los casos extremos que denuncia la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Compostela) derivados de una práctica que, “con carácter general”, según afirman, lleva a cabo el Servicio de Radiodiagnóstico: alterar las prioridades marcadas por los médicos sin informarlos, ni a ellos ni a quienes esperan la prueba. La gerencia del CHUS defiende que los especialistas tienen “la formación y las competencias” para tomar ese tipo de decisiones y que, cuando lo hacen, es basado en “evidencias clínicas”. Los pacientes, sin embargo, creen que la escasez de medios, tanto humanos como materiales, es lo que ha provocado que haya más de 20.000 pacientes esperando una de esas consultas. Son casi tres veces más que antes de la pandemia.

“Llevamos muchos años denunciando esta forma de organizar el servicio”, cuenta a elDiario.es el presidente de la Asociación de Pacientes, Fernando Abraldes, una queja que ahora resuena al hilo de lo sucedido en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, según desveló El País, 57 personas vieron cómo su prioridad pasaba de nivel 2 a 3, con lo que el plazo para poder operarlas crecía de 90 a 180 días. En este caso, según el médico denunciante, se hacía para maquillar la lista de espera quirúrgica. En el de Santiago, la gerencia asegura que se hace con “criterios clínicos” y “siguiendo el protocolo”.

Abraldes lo ve de forma muy diferente. Considera que esta “reclasificación sistemática” permite a Radiología actuar como “muro de contención” de una multitud de pruebas diagnósticas que carecen de “capacidad” para afrontar. Respalda sus afirmaciones con números. El 31 de diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, la lista de espera para este tipo de consultas en el área sanitaria de Santiago y Barbanza —450.000 personas, la tercera de Galicia tras Vigo y A Coruña— era de 8.720 personas, de las que 568 aguardaban ya más de seis meses. Los datos actualizados de los que dispone la Asociación elevan esa cifra a 20.789 pacientes; 5.011 llevan inscritos en ella más de medio año.

“Esos son los datos oficiales, así que conviene ponerlos entre paréntesis”. Al igual que la oposición política o los sindicatos, la asociación tampoco se cree que el balance de la Xunta refleje una realidad que, como denunciaba el PSdeG esta misma semana, “es todavía peor”. Abraldes lo demuestra con un ejemplo: en la última publicación de la situación del hospital compostelano, no existía ningún caso que superase los 12 meses de demora; sin embargo, en su entidad sí los conocían. “Desaparecieron de las listas”.

Prioridades “orientativas”

“Los especialistas en radiodiagnóstico también son médicos, profesionales capacitados y competentes para dos cosas: la indicación y la priorización de la prueba”. Así lo afirma Jorge Aboal, director de Procesos de Soporte del área sanitaria de Santiago y Barbanza. En una entrevista en la Cadena SER —el medio que adelantó la denuncia—, Aboal lo explicaba con un ejemplo: “A lo mejor en casos en que el clínico solicita un TAC o una resonancia, el experto en el diagnóstico por imagen considera que, para ese caso concreto, con las guías clínicas actualizadas por evidencia científica, en vez de un TAC es una resonancia o en vez de una resonancia es una ecografía”. Lo mismo sucede con una prioridad que, para él, “es orientativa”, ya que una vez conocido cada caso, los radiólogos cambian “lo que ellos consideran, dentro de su conocimiento y formación, que tiene que modificarse”; una decisión “muy variable, como la práctica clínica”.

Para Abraldes, lo más grave de todo ello es que se haga sin informar al médico que marcó la prioridad de la prueba ni, especialmente, al propio paciente. Según subraya, ese comportamiento incumple la Lei de Saúde de Galicia. “Esa ley recoge el derecho del paciente a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible”. Un derecho que le están hurtando ya que el radiólogo no contacta con el prescriptor y éste no puede trasladar lo sucedido al afectado que, en la mayoría de las ocasiones, sólo descubre lo que ha pasado al preguntar por el retraso en su cita. Otros lo comprobaron al llegar a la fecha de la siguiente consulta sin que la prueba se hubiese realizado “y, mucho menos, informado”.

Aboal negó que esta forma de actuar —“la de la inmensa mayoría de servicios de radiodiagnóstico en el sistema nacional de salud y fuera de él”— se aplique “de forma arbitraria” ni tampoco “supeditada a los recursos existentes, ni muchísimo menos”, sino basándose “en las guías que se van actualizando a nivel mundial basadas en la evidencia clínica”. El director de Procesos también trató de contextualizar la lista de espera para las pruebas, respondiendo a las 20.000 personas que aguardan con otra “cifra de referencia”, la de la “actividad normal” en el área sanitaria: unos 9.500 diagnósticos con imagen a la semana.

Abraldes deposita parte de la responsabilidad de la situación en el Servicio de Admisión del CHUS ya que, según la normativa, las consultas externas deben fijarse “en función de la carga de trabajo”. Por eso, “por un principio de confianza mutua entre médico y paciente”, da por hecho que si el facultativo marca una prioridad para una prueba es porque nadie desde Admisión le ha advertido de que es imposible realizarla en ese plazo. El presidente de la Asociación de Pacientes cree que la forma de actuar de Radiología no responde “a criterios éticos ni profesionales” y asegura que así se lo ha trasladado en más de una ocasión al propio jefe del Servicio. “Discrepamos, él tiene su punto de vista, pero al final es a nosotros a quien nos toca pagar el pato”.

La respuesta del jefe de Servicio

Tras la publicación de la noticia, el jefe de Servicio de Radiologia, Roberto García, se puso en contacto con elDiario.es para trasladar los argumentos que, según confirmaron ambos, ya había intercambiado con Abraldes. No negó las demoras en la atención pero admitió sentirse “ofendido profesionalmente” por las acusaciones del presidente de la Asociación: “Nunca he participado en ninguna operación de encubrimiento ni de maquillaje de las listas de espera”. Con un punto de ironía, añadía que, vistas las cifras, si esa fuese la intención, “no está saliendo bien”.

García habla de cambios puntuales y no sistemáticos en los plazos de atención. Asegura que hay profesionales que asignan por norma preferencia a todos sus pacientes y que es al radiólogo al que le toca fijar la prioridad real. “Se le cambia a quien indica preferente a lo que no es –que los hay– y se le da –sin pedirla– a lo que es serio”, y lo explica con un ejemplo: “No podemos hacer antes una dudosa hernia inguinal que un posible cáncer solo porque el primero ponga preferente. Y esto pasa”. Sí admite que no tiene posibilidad de informar a los pacientes cuando se producen estos cambios.

El jefe de Servicio reconoce falta de medios para atender la demanda: “Tengo muchas máquinas pero pocos profesionales, porque no los hay”, una situación que le lleva, incluso, a suspender turnos. “Ojalá pudiese culpar a la gerencia del hospital, pero no sería cierto: es necesario distinguir entre querer contratar y poder hacerlo”. 

Si tienes información de este caso u otros similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

Diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han formulado voto particular contra el acuerdo del Pleno de 16 de septiembre que inadmitió, por falta de legitimación, el recurso de Jueces y Juezas para la Democracia frente a la modificación de la composición de dos secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y que supuso el traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López. Los firmantes sostienen que la asociación judicial sí ostenta un interés legítimo y que el Pleno debió examinar el fondo del recurso y estimarlo.

Esa misma proporción —once contra diez, contando con el voto de la presidenta— fue la que avaló en julio el traslado de ambos magistrados. Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido señalado con frecuencia por el PP y los empresarios debido a las sentencias de la Sección Tercera relacionadas especialmente con la paralización de parques eólicos, por lo que su cambio forzoso de destino se interpretó desde el principio en clave política. Curiosamente, desde el paso de los dos jueces a la Sección Cuarta, sus sustitutos en la Tercera han mantenido la doctrina en varios fallos.

El más relevante, el que sirvió como detonante para la decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio: la decisión de a eximir a la Xunta de pagar el IBI del hospital de Vigo, inicialmente tumbada por el Supremo alegando dudas sobre la falta de imparcialidad por parte de Villares. El alto tribunal retornó la causa al TSXG que, con un nuevo grupo de jueces, dictaminó en el mismo sentido.

En el voto particular, al que ha tenido acceso elDiario.es, los vocales aseguran que la decisión de Recio —que utilizó como excusa la intención de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” tras la decisión del Supremo— no se atuvo a los “criterios objetivos” que establece cada año la Sala de Gobierno. “Si admitiéramos que las presidencias de Sala pueden recomponer sus secciones sin atenerse” a estos criterios “estaríamos convalidando que estas medidas puedan ejecutarse sin control alguno por cualquier otra presidencia de Sala”, lo que promovería “un modelo autoritario y no democrático del ejercicio de las presidencias”.

Por eso, consideran que “la actuación controvertida no afectó únicamente a los componentes de las Secciones afectadas”, sino que presenta “una dimensión colectiva, que afecta directamente al estatuto judicial, así como a los intereses de todos los juece/as y magistrado/as” y, consecuentemente, “es claro que la asociación recurrente está legitimada para la impugnación de las medidas”. “Por todo ello, este Consejo General debió reconocer que la asociación recurrente ostenta un interés legítimo suficiente para promover el presente recurso y obtener un pronunciamiento”, concluye el voto particular.

“Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”. En declaraciones a elDiario.es, el conselleiro de Emprego, José González, pasaba este miércoles la pelota a la bodega de su familia, Casal de Armán, para que fuera ella la que aclarase las dudas que todavía planean sobre las circunstancias de la multa impuesta por Inspección de Trabajo a una de sus filiales, Viña Campinas, después de descubrir a migrantes sin papeles trabajando en la vendimia. Esa misma tarde, actuando de forma coordinada, el gerente de Casal de Armán colgaba un vídeo en Instagram para dar su versión de los hechos. “En estos tiempos de bulos y relatos interesados quisimos que tuvieras de primera mano toda la información”, asegura Nolo Giráldez. En la grabación desveló que los irregulares descubiertos por la Inspección fueron tres y no dos como se pensaba hasta ahora pero mantuvo oculto uno de los datos fundamentales de todo este escándalo: el nombre de la empresa de trabajo temporal a la que señalan como responsable de la contratación de los temporeros.

“Puede que en las últimas horas hayas escuchado hablar de nosotros. Quédate un minuto conmigo y te doy todos los datos”. Como si fuese un creador de contenidos profesional, Giráldez lanza el cebo. El rótulo lo identifica como gerente de Viña Campinas, cuando en realidad lo es de toda la bodega y no sólo de la filial encargada de gestionar los viñedos. “En la vendimia de 2025 tuvimos que incorporar trabajdores temporales, una práctica habitual en nuestro sector para atender las demandas de la campaña. Para ello, recurrimos a ETT y empresas especializadas en trabajos agrícolas. Como siempre, solicitamos el listado nominal de los trabajadores que iban a prestar los servicios en nuestros viñedos. También la documentación que acreditaba su contratación y alta en la seguridad social”.

Tras el contexto, Giráldez llega a la parte central de los hechos: “Una inspección de trabajo hecha el 9 de septiembre del año 2025 comprobó que la identidad de tres de las personas contratadas a través de la ETT no coincidía con el listado facilitado previamente por ésta”. Insiste en que, “desde que fuimos conocedores de esta circunstancia pusimos una denuncia ante la Guardia Civil por presunta suplantación de identidad” y, como el propio conselleiro, trata de quitar hierro a lo que González definiese como “desgraciado incidente”: “La Inspección consideró que Viña Campinas incurrió en responsabilidad por la presencia de estos trabajadores en el viñedo. Por eso, aplicó una sanción administrativa en el grado mínimo y en la cuantía legal más baja. También hizo constar expresamente que no concurrían agravantes”.

El gerente de la empresa afirma que, tras pagar la multa, introdujeron “mejoras” en los protocolos para este tipo de contrataciones: “Incorporamos un contraste presencial de las identidades de los trabajadores para cotejar con el listado previamente enviado por la ETT”. Dicho en otras palabras, reconoce que han empezado a controlar que la documentación aportada por sus temporeros corresponda con su identidad real, tal y como les obliga la ley.

“Hasta aquí las explicaciones”, finaliza Giráldez antes de afirmar que quisieron ofrecer “de primera mano toda la información” como respuesta a tiempos de bulos y relatos interesados“. Mientras, elDiario.es sigue a la espera de respuesta a las preguntas enviadas a Casal de Armán después de que el conselleiro remitiese a la bodega ”cualquier aclaración“. La bodega sigue sin desvelar la identidad de la ETT que les surte de operarios ni muestra la denuncia que dicen haber presentado ante la Guardia Civil en el momento en el que la inspección de trabajo les pilló con trabajadores de origen africano desprovistos de la documentación y permisos que les permitan ejercer su labor y disfrutar el amparo a sus derechos.

De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...

¿Quién es el conselleiro de Emprego?

José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.

Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.

¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?

Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.

Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.

¿Por qué se denunció a los migrantes?

Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.

¿Se esconde Alfonso Rueda?

Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.

El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.

¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?

Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.

¿Qué otros frentes abiertos tiene González?

La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.

“No pienso en dimisiones”. El conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, no se plantea abandonar el cargo después de que la Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia, Casal de Armán, por haber contratado para la vendimia del pasado año, a través de una ETT, a dos inmigrantes sin papeles. González admite que ha hablado del asunto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no aclara si éste le ha dado su apoyo: “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. Rueda todavía no ha hablado en público de lo que la oposición ya califica como “escándalo”.

González realizó estas declaraciones a elDiario.es en Moraña (Pontevedra), antes del acto de entrega de los premios de responsabilidad empresarial, organizados por la Secretaría Xeral de Emprego, dependiente de su Consellería, donde destacó la necesidad de “poner a las personas en el centro”. No quiso entrar en la casualidad de que este evento se celebrase justo después de que se conociese el “desgraciado incidente” –las comillas son suyas– protagonizado por la empresa de su familia. “Hoy hay que destacar a los premiados por este reconocimiento, es su día”.

“Me va a permitir, está suficientemente contestado”, despejó una cuestión sobre si había hablado de lo sucedido con Rueda. “Hablo con el presidente constantemente”. ¿Sobre este asunto también? “También sobre este asunto” ¿Y él le ha dado su respaldo? “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. El BNG y la CIG, el principal sindicato gallego, han pedido su dimisión. “No estoy pensando en dimisiones, sino en entregar estos premios”. Y sobre la comparecencia en el Parlamento que solicita el PSdeG: “Si me llaman, claro, no tendré inconveniente en dar explicaciones donde me las pidan”.

Que lo aclare la empresa

Antes, el conselleiro pasó la pelota a la bodega familiar a la hora de añadir nuevas explicaciones a las aportadas por él este martes: “Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”.

Cuestionado por el hecho de que Casal de Armán presentase una denuncia por lo sucedido, pero no contra la ETT sino contra los dos inmigrantes irregulares, acusados de usurpar la identidad de personas que sí tendrían los papeles en regla, González respondió que no conocía el contenido de la querella y que lo que sabía era lo que le habían trasladado en el “ámbito familiar”.

“Para precisar: yo hablé de una denuncia de usurpación de identidad, de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que determinaran qué es lo que había pasado. Simplemente transmití lo que en su momento me transmitió a mí mi familia. No sé exactamente el contenido de esa denuncia”, aclaró. Pese a que esta redacción se lo solicitó, Casal de Armán se negó a mostrar una copia de la demanda.

Para finalizar, preguntado por su opinión sobre los hechos como representante del gobierno gallego, y no como hermano de los propietarios de la bodega sancionada, respondió con tono rotundo: “Yo, como conselleiro de Emprego –y quiero ser muy claro–, evidentemente, cualquier empresa tiene que respetar sus obligaciones, por supuesto, también en materia de seguridad social”.

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este martes la “honorabilidad” de Casal de Armán, la bodega de su familia, tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles trabajando en la vendimia, tal y como adelantó elDiario.es. González culpó de la situación a la empresa de trabajo temporal con la que trabajan habitualmente, pese a que la multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen sus hermanos y que él mismo abandonó en 2018 para tomar posesión de su cargo en el gobierno gallego.

En una visita al parque empresarial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el conselleiro consideró que ese “desgraciado incidente” se debe al “error” de “confiar en que las personas contratadas, o puestas a disposición, a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente tengan los papeles en regla”.

“Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”, habían explicado a elDiario.es los responsables de Casal de Armán, quienes llegaron a asegurar que, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades, presentaron una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se negaron a proporcionar una copia del documento a esta redacción. Este martes, González ha explicado que la denuncia, por “usurpación de la identidad” se interpuso contra los temporeros, “no contra la ETT”. Para él, esa querella “acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación”.

Sin embargo, en su respuesta oficial, la Xunta no se suma a esa estrategia de desviar el foco. A través de un portavoz, afirmó por escrito a las preguntas de elDiario.es que el ejecutivo autonómico “como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia”. Añadió que “cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

A preguntas de los periodistas, González también argumentó que Trabajo impuso la sanción “en su grado mínimo” y “en la cantidad legalmente mínima” ya que “no apreciaba circunstancias agravantes”. “Quiero defender la honorabilidad de la empresa y, por supuesto, también de mi familia”, manifestó el conselleiro, tras insistir en que él ya no tiene vinculación con Casal de Armán, el grupo que los tres hermanos heredaron de su padre. “No soy socio, es de mi familia, no participo en la gestión, ni por supuesto en la organización ni en la contratacion de los trabajadores”.

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha comparecido este lunes con los datos oficiales de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para denunciar el “récord histórico” alcanzado por el gobierno de Alfonso Rueda. 378.749 personas esperaban una cita médica a finales de diciembre, cuando la Consellería de Sanidade publicó la última actualización de los datos. Más allá del mal registro oficial, Torrado afirma que la realidad “es aún peor”.

Las cifras, colgadas en la web del Sergas, son 20.591 persona más que un año antes y 18.299 por encima de los seis meses anteriores. Por eso, el diputado socialista insistía: “No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte”. Su crítica no acaba ahí: asegura que no sólo espera más gente, sino también más tiempo en las tres grandes categorías.

Así, la media para una prueba diagnóstica se eleva a 97,8 días –10,5 más que a final de 2024–; para una operación son 72,8 días –casi seis más– y para la primera consulta con el especialista, 62,6 días. Torrado llevó la comparación también a 2019, último año prepandemia. Entonces, confronto, en la lista quirúrgica esperaban 32.750 personas “y hoy son cerca de 50.000”.

“Y, aún así, los datos reales son peores”. Para el portavoz socialista, la cifra oficial se queda corta. “Si a usted, o a alguien de su casa, le dicen en un hospital gallego 'ya lo llamaremos', usted está esperando, pero no entra en la estadística hasta que tiene una fecha puesta”. En ese limbo “pueden pasar semanas o meses, por eso todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor”.

“Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del gobierno de Rueda, que inaugura máquinas como quein toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera máis tiempo”, censuró. “Eso es inasumible”.

Falta de transparencia

Torrado criticó la falta de transparencia del gobierno popular. Recordó que los datos de las listas de espera se presentan dos veces al año. Sin embargo, “estamos a mediados de septiembre y aún no se conocen los del primer trimestre”. Recordó que los socialistas llevan tiempo proponiendo cambios en el cómputo para que refleje “lo que pasa de verdad y se puedan evaluar las políticas públicas con criterio”, algo que “siempre chocó con la negativa del PP y la Xunta”.

El diputado socialista se dirigió directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate: “Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez”. “Así no se puede debatir, concluyó”.

La práctica totalidad de los 72 bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense han presentado demandas individuales contra la decisión del organismo –conformado por la Deputación y la Xunta– de restarles del cómputo de horas extraordinarias los permisos por hospitalización, asuntos propios, bajas e incluso horas sindicales del año 2025, el ejercicio en el que Galicia sufrió la peor ola de incendios de su historia, con Ourense como epicentro. El Consorcio trata así de ahorrarse en todos los casos que pueda el abono de las 144 horas anuales de trabajo que no redujo tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Los bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense –A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo– iniciaron 2025 con 1.776 horas en su cuadrante anual o, lo que es lo mismo, 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de ese año, después de una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial que, entre otras mejoras, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sin embargo, ese recorte de horas no se aplicó y los cuadrantes permanecieron sin cambios. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó entonces la propuesta de los sindicatos para modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni tampoco que se definiese cuáles de esos servicios se considerarían horas extras. Finalizado el año –durante el que se quemaron 90.000 hectáreas en Ourense, el 80% de todo lo que ardió en Galicia–, esos seis turnos de diferencia seguían sin pagarse.

La “sorpresa” llegó meses después, cuando, a 30 de junio de 2026, el Consorcio emitió una resolución en la que aceptaba abonar el exceso de jornada pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”. Ese recorte afecta también, según denuncian los afectados, a las horas sindicales, calculadas en función de la jornada de 73 turnos y no de la 67.

En el caso de las bajas, la exclusión “expresa e indudable de la compensación por el exceso de guardias realizadas”, supone –para el sindicato CUT– la “equiparación” a las ausencias injustificadas. Una postura que recuerda al discurso de la Xunta en el que se habla en los mismos términos del absentismo y de las incapacidades temporales. La central considera esta postura una “discriminación por razón de salud” y recuerda que la ley “sanciona el trato desigual en las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la igualdad retributiva”. Por eso, en la demanda de su representado, además del pago proporcional de las horas extra, incluye la solicitud de una indemnización por daños morales al trabajador.

No es el único sindicato incapaz de entender la postura del organismo. “No, no lo comprendemos”, asegura Ismael Vázquez, representante sindical de la CIG en el parque de Verín. “Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes...”. Pero, ante la falta de respuesta, finalmente optaron por acudir a los tribunales. “No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos”. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La conflictividad a la que se refiere Vázquez es recurrente en Ourense, donde ya el pasado abril retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor, en contraposición a otros entes provinciales, aplicaba los acuerdos del convenio. El principal, la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques. La fase de oposición arrancó este verano.

“Sinceramente, espero que no se den más problemas de este tipo”. En su reaparición al frente del Consello de la Xunta el primer día de septiembre, el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, no restaba importancia a la crisis de su partido en la localidad ourensana de Verín, donde los cuatro concejales abandonaron en bloque el ayuntamiento: “No se lo voy a negar, fue una situación complicada”. Una situación que alcaldes veteranos achacan en parte a “las formas” con las que el presidente provincial, Luis Menor —hombre de Rueda en la provincia tras décadas de baltarismo—, está llevando a cabo la renovación del partido apostando por la “imposición” frente al “diálogo”, una actitud que no deja de agitar el eterno fantasma de una escisión en una demarcación con personalidad política propia desde la Transición. El objetivo final, que el “granero de votos del PP” vuelva a teñirse de azul en las próximas elecciones municipales. Lejos quedan los tiempos en los que casi ocho de cada diez alcaldes de Ourense eran populares. Y lo que es aún más grave para sus intereses: hoy, el dominio que aún mantiene entre los pequeños concellos no llega a las grandes villas.

Al mismo tiempo que Rueda hablaba en Santiago, Menor, desde la Deputación que preside gracias al apoyo de la populista Democracia Ourensana, tampoco ponía tiritas: “El partido está lejos de su mejor momento, a 18 alcaldías del que fue el techo del PP ourensano, que eran 72. Eso es un dato objetivo”. Pero el problema no es sólo el número total: también el tamaño de los lugares donde gobiernan. La provincia tiene 306.000 habitantes de los que más de un tercio (105.000) viven en la capital, que no tiene un regidor popular desde 2019. Sólo hay otros ocho concellos por encima de los 5.000 habitantes y, prácticamente ninguno es de color azul.

“Yo soy el alcalde con más votos que tiene el PP en la provincia de Ourense. Me gustaría no serlo, porque significa que no ganamos en las villas importantes”. Sus palabras en público demuestran que el propio Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar (6.500 habitantes, séptimo de la provincia) es una excepción. La otra, de facto, se encuentra en O Carballiño (14.000 habitantes, segundo municipio más poblado). Allí, en una situación inédita, el PSOE —tras perder la mayoría absoluta— selló un pacto con el PP que incluía la cesión del bastón de mando durante el último año de gobierno. Un traspaso que ha necesitado hacerse oficial, ya que la baja del regidor socialista ha convertido desde hace meses al popular José Castro en regidor de la localidad.

El resto del mapa deja alcaldes del PSOE en Verín y O Barco de Valdeorras; en Barbadás –donde al PP se le han ido dos concejales al grupo de no adscritos–, a un exsocialista, apartado del partido por denuncias de acoso, que se deja querer por Democracia Ourensana. También son independientes los regidores de Xinzo –en coalición con el PP– y de Celanova –gracias a los socialistas–. Allariz, por su parte, se mantiene como feudo del BNG desde 1991.

“Algunos no aceptan no pasar de los 300 votos”

Mención especial merece la capital provincial, donde un PP estancado en los 7 de ediles vio como hace tres años el alcalde, el populista Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), rentabilizaba su acuerdo de gobierno para alcanzar los 10. El candidato, el que fuera regidor Manuel Cabezas, se negó a reeditar un pacto que concedía a los populares la diputación a cambio del bastón de mando y renunció a su acta. Su sustituta, Ana Méndez, ha sido confirmada como próxima cabeza de lista en un movimiento que dejó numerosos descontentos entre la militancia de la ciudad. Antes que ella, sonó con fuerza otra Ana, Ana Vázquez, la diputada, muy conocida por su estilo bronco y sus frecuentes lapsus lingüísticos. Jácome –que recibió la posibilidad en redes con un rotundo “¡Ojalá!”– se quedó con las ganas de lo que hubiera sido un duelo en la cumbre del trumpismo galaico.

Menor descarta cualquier duda sobre la fidelidad de la militancia. “Están completamente equivocados los que dicen lo contrario” y, después de tratar de ceñir la crisis de Verín a lo personal –“aunque podía haber alguna cuestión política”–, insiste en la necesidad de actuar, sobre todo, donde no gobiernan. Allí no lo hacen desde 2015, pero su movimiento de ficha se complicó más de lo que esperaban. Tras la marcha de los cuatro ediles se produjeron siete renuncias en el grupo municipal, alguna después de anunciarse que recogería el acta. Eso obligó a llegar hasta el puesto número 15 –de 17– para encontrarles relevo. Unos días después, trataban de zanjar la crisis confirmando al candidato a la alcaldía, el diputado Víctor Baladrón. “Creo que fue la manera de actuar que la gente esperaba”, diagnosticó Rueda. Pese a su deseo de que no se produzcan nuevas crisis, avanzó que “si se dan, intentaremos solucionarlo de la manera más rápida y eficaz posible”.

“Algunas personas en un momento determinado no aceptan decir: no consigo pasar de los 300 votos y nos hacen falta 500 o 600 para gobernar”, insistía Menor. En esa situación, añadía, a la dirección le quedan dos opciones: “O no me meto en líos y dejo que sigamos perdiendo como siempre o intento hacer algo diferente”. Él eligió la segunda y, en ocasiones, tensando demasiado la cuerda.

“No se puede obligar a nadie a marcharse, hay que negociar”

“Después de tantos años de gobierno, hay un desgaste, sobre todo en las vilas. En los municipios pequeños todo es más fácil pero, en las ciudades, los equipos están cansados y cuando aparecen otros nuevos se producen las discrepancias”. Todo esto lo ve ya de retirada –“estoy en la salida de la autopista”– el alcalde de Muíños (1.400 habitantes), Plácido Álvarez. Centrista en los primeros 90 como la práctica totalidad de los veteranos del PP ourensano, el actual vicepresidente tercero de la Deputación fue la mano derecha de Baltar padre en su última etapa al frente del ente provincial. Aún se le nota. En conversación telefónica con elDiario.es, apenas tarda un par de minutos en citar al autodenominado cacique bueno para asegurar que el partido volverá a apretar las filas cuando toque: “Hay dificultades, pero cuando llega el momento, todos nos ponemos las pilas”.

A sus 68 años, Álvarez no se presentará a la reelección. En abril pasó el testigo a Israel León, un sucesor, elegido “unánimemente” como presidente local y al que tiene intención de ceder también el bastón de mando antes de la cita con las urnas. “Hay que saber estar y hay que saber marchar”, aconseja tras criticar a la actual dirección por “las formas” con las que está pilotando otras renovaciones locales.

“Ya no se lleva eso de decir 'aquí estoy yo', no se puede obligar a nadie a marcharse, hay que negociar”. Para él, el diálogo es “fundamental” porque de las “imposiciones” salen los descontentos y “las candidaturas independientes”, el gran temor de los populares, sobre todo, pensando en conservar la Deputación. Pero no le parece algo nuevo: “Eso siempre pasó” y no cree que haya nada “insalvable” ni que el riesgo de ruptura sea hoy peor que en otros tiempos. “Lo malo siempre se magnifica”, zanja en referencia al caso de Verín.

Habilitado nacional durante los últimos años, Álvarez tuvo su plaza de secretario e interventor municipal en Pereiro de Aguiar, justo donde Luis Menor es alcalde: “Él siempre lo dice, algo tuve que ver en su vuelta desde Santiago”. Por eso, asegura que estas mismas cosas se las dice en persona al presidente provincial: “Lo que le recomiendo es que escuche a todo el mundo, no sólo a un grupo, a los mismos de siempre, los que hasta le ríen los chistes”. Y, después de Baltar, cita a Jordi Pujol –de quien sí señala que “no acabó bien”– para concluir que, tras oír a todos, un presidente toma las decisiones “en soledad”. “Y ahí él hará lo que considere, no se lo voy a decir yo”.