El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.

Etiquetar a Víctor Aparicio (Tui, 1958) resulta casi imposible. Aunque marcado para siempre con el nombre de la banda que le dio su primera fama, Los Coyotes, limitarlo al liderazgo de aquel combo que pasó del psychobilly a abrazar antes que nadie los ritmos latinos sería quedarse muy corto. Sobre todo porque Los Coyotes se disolvieron en 1992 y, desde entonces, Víctor no ha parado.

No sólo ha continuado su particular carrera musical sino que la ha compatibilízado con sus trabajos como dibujante, diseñador, cineasta o realizador de videoclips. No en vano, él mismo dice de sí mismo que tiene “más vista que oído”. Sus Traballos de película (Trabajos de película) reunidos en una particular exposición son uno de los platos principales de esta edición del Festival de Cans (O Porriño, Pontevedra), donde estrena un cortometraje inédito.

A continuación, con él como guía, repasamos algunos de los carteles, videoclips o storyboards que se pueden visitar hasta el 31 de mayo.

A verdadeira historia de Carmiña Vacaloura e Pepiño Grilo de Maestro Reverendo (Xabarín Club, 1995)

No muy conocida más allá del telón de grelos, Carmiña Vacaloura protagonizó los terrores de toda una generación de niños gallegos enganchados al Xabarín Club, donde descubrieron a Son Goku o Arale. La canción –“muy rara”– fue compuesta por el Maestro Reverendo, compinche durante años del Gran Wyoming, y el líder de Siniestro Total, Julián Hernández. “Había una parte, la pesadilla de Carmiña, un poco psicodélica, como una especie de hipnosis”, admite Coyote a quien muchos de aquellos pequeños –ahora adultos– le han confesado el miedo que les causó el clip. “Creo que es ese tipo de miedo que los niños necesitan de vez en cuando, ese que tiene el morbo de 'no quiero mirar pero miro'”, reflexiona mientras encuentra antecedentes oníricos en la escena de la borrachera de Dumbo, la de los elefantes rosas. “En el Xabarín lo anunciaban como el primer videoclip de animación hecho en Galicia y por gallegos”, recuerda sobre una producción que fue “agónica” porque los plazos de entrega eran “inminentes”.

Milonga del Marinero y el Capitán. Los Rodríguez (1995)

Los Rodríguez no sabían que apenas les quedaba un año juntos y estaban disfrutando de su mayor éxito cuando a Coyote le surgió la oportuindad de encargarse del clip de la Milonga, el tema que abría el disco Palabras más, palabras menos. La banda, que le ofrecía un “importante presupuesto” y la posibilidad de rodar en cine, “no quería un vídeo con un marinero, un capitán y una rubia loca”. Sin embargo, lo que el artista les ofreció fue justo eso: seguir casi al pie de la letra el argumento de la canción, pero pasándola por su filtro particular, en la que él mismo se encargó de diseñar el vestuario y el decorado. El resultado final dejó “una estética un poco esclava de El gabinete del doctor Caligari y el expresionismo alemán, pasado por el humor español –a veces tonto, a veces completamente absurdo– de La Codorniz”.

Cartel de Matías, juez de línea (La Cuadrilla 1996)

Coyote ya había aparecido con un pequeño papel en Justino, un asesino de la tercera edad, antes de encargarse del cartel de Matías. La Cuadrilla o, lo que es lo mismo, Santiago Aguilar y Luis Guridi, eligieron Lugo, “cerca de Viveiro”, para rodar el segundo film de su trilogía Café, copa y puro –el cierre llegaría dos años después con Atilano, presidente–. En el diseño, el artista podía haber optado de nuevo por las influencias de La Codorniz –muy evidentes en el humor negro de Justino– pero la “onda” de esta comedia invitaba a mirar más allá de las fronteras de la península. “Buscábamos un modelo de película un poco antigua, como las cintas inglesas de los años sesenta, pero que también tuviese algo que ver con lo que les gustaba a Santiago y Luis: el cine de Tati, un poco de Tintín...”.

Sábanas Blancas, Cama estrecha. Mastretta (1998)

“Es un videoclip un poco artie, porque Mastretta también es un músico un poco artie”. Coyote se toma un momento de reflexión y va un paso más allá para completar su definición: cool artie. Recuerda el proceso de creación como “bastante libre”, un trabajo en el que pudo combinar una animación de corte más tradicional con imagen real, aunque de nuevo tocaba rizar el rizo: tras grabar a las gimnastas, acabaron “animándolas frame a frame”. “Es un clip interesante y que creo que está muy adecuado a la música, que es de lo que se trata cuando te encargan algo así”. Que se lo digan a Los Rodríguez.

Cartel de Crimen ferpecto (Álex de la Iglesia, 2004)

Desde su estudio madrileño Pocateja, Coyote y su socio fueron derivando su trabajo de las discográficas hacia el mundo del cine, donde lo mismo se encargaban del diseño que del atrezzo. Crimen ferpecto transcurre casi íntegramente en un ficticio centro comercial, Yeyos. Pocateja tuvo que crear todo el grafismo de aquel espacio: “los anuncios de rebajas, los nombres de las secciones... hasta el logotipo de los grandes almacenes”. Finalmente, el director les propuso, también hacerse cargo del cartel de la película. “Álex ya tenía una idea bastante clara de lo que quería, porque es muy solvente en el aspecto gráfico, dibuja mucho, hace muchos stories...”. Todo eso se completó con la edición de un libreto, una revista para los medios y hasta una publicación destinada a la prensa internacional para la proyección en el extranjero.

Storyboard de la documovie Siñor Afranio (2008).

“Yo no tengo formación audiovisual, pero siempre trabajé en el comic”. Para Víctor Coyote, la única diferencia entre el arte secuencial y el cine es que en éste último “hay más fotogramas”. Por eso, él siempre tiró de storyboards para sus vídeos o sus documentales (Traballadores de contrabando, Só concertinas), antes incluso de que esa práctica estuviese extendida. En Siñor Afranio dio un paso más. La historia del político republicano Antonio Alonso Ríos, que sobrevivió a la Guerra Civil haciéndose pasar durante tres años por un mendigo portugués, incluía escenas de ficción, en las que el líder agrarista era interpretado por Luís Tosar. Esa recreación, “bastante espectacular”, exigió “subir el nivel técnico”. “Es uno de los stories más currado de todos los que hice y fue muy importante para el rodaje”, concluye.

Joven de cuello vuelto. Víctor Coyote (2014)

Este videoclip, para un tema propio, necesitaba ir “muy pegado a la línea de la canción” y, por eso, para su autor la “clave” era conseguir a personajes muy adecuados a los protagonistas. Encontró a un “auténtico” joven de cuello vuelto, “uno que había sido mod y había pasado de eso a convertirse en poeta o fan de la poesía”. Lo mismo le sucedió con la actriz Arantxa de Juan, a quien reclutó para el papel de “la mujer madura”. Por el medio, de la trama jugó con los ambientes porque “los clips no pueden ir remarcando demasiado la lectura de la letra” (¿En qué quedamos, Víctor...?).

Cabecera de la serie Poquita Fe (Pepón Montero y Juan Maidagán, 2023)

“Es uno de los trabajos más recientes y de los más satisfactorios a nivel artístico de los últimos años”. Coyote llegó como compositor a una comedia sin música incidental. “Un tema central y punto” para una cabecera de “quince o veinte segundos” que buscaba “ser diferente en cada capítulo y que la gente no se la saltase”. Acabó encargandose él mismo de la animación. “No querían que fuese una alusión directa a la serie –que presentase a los actores o adelantase lo que iba a pasar– sino al ambiente, al mundo de la serie”. Que Poquita fe se convirtiese después en un gran éxito sólo fue la guinda del pastel. “Una maravilla, por la libertad artística, por ponerle a los dibujos la banda sonora que una mismo compuso...”. Una banda sonora que, al igual que la cabecera, también varía. “En la primera temporada, dividida en los meses del año, adecuábamos el ritmo a la época: en agosto, calypso; en otoño, más pausados y melancólicos...”. Para la segunda, que transcurría en cuestión de días, jugaron con la melodía y los ambientes. El músico reivindica además el “costumbrismo” que impregna la serie: “Woody Allen es puro costumbrismo judío neoyorkino. Cuando los americanos ven a un detective en Minnesotta ven al típico... tío de Minnesota”. Por un momento, pareció que iba a mencionar al típico español, pero no era necesario: a ése ya le cantaron Los Coyotes cuando los 80 estaban a punto de despedirse.

Sucedió en directo, en el plató de Tarde piaches, el nuevo programa de las tardes del fin de semana en la TVG, y en pleno Día das Letras Galegas. Mientras la Xunta, que lleva siete meses de retraso en la presentación de su anunciado Pacto pola lingua, culpa de la constante caída de hablantes de gallego a la llegada de inmigrantes, la televisión autonómica optó por montar una tertulia con personas de cinco países que viven en Galicia y hablan su lengua. Una de ellas era la filóloga estadounidense Ali Briere, que fue interrumpida por la presentadora, Silvia Jato, cuando expresaba el “luto” que sentía por “la pérdida de la lengua gallega que está pasando ahora mismo”, un asunto siempre incómodo para la administración Rueda y por el que los medios públicos pasan de puntillas.

“No, pero ¿sabes lo que pasa, Ali?”, intervino apresurada Jato. “Que pienso que para eso estamos todos, ¿no? Estamos todos hablando la lengua gallega, estamos intentando hacer programas que la gente comparrrrrta –improvisaba, remarcando mucho las erres– estas tardes”. “Hoy es el Día das Letras Galegas, los gallegos somos muy fiesteros”, continuó como si en lugar de conmemorar la publicación de Cantares gallegos estuviese leyendo el pregón de alguna celebración gastronómica. “Nos gusta muchísimo poner por encima de todo nuestras tradiciones” –el 17 de mayo se conmemora desde 1963– “y eso de verdad que no se pierde, ¿verdad Masa?”.

Jato intentó introducir en la conversación a Masakasu Shida, otro de los participantes en la tertulia, al que apenas le dio tiempo a articular un tímido “sí, sí...” mientras ella continuaba: “Somos muy apegados a nuestra cultura y, pase lo que pase, la tradición es una de nuestras banderas”. Briere no se arredró por el discurso y aprovechó la pausa de la presentadora. “Pero no sin la lengua, que es por obra y gracia de ella que sois gallegos”, apostilló parafraseando la histórica frase de Castelao en su ensayo Sempre en Galiza, considerado la obra capital del nacionalismo gallego. “Hombre, por supuesto”, recogió Jato. “Somos gallegos de arriba a abajo y si llueve es porque queremos”.

Poco después, la conversación llevó a otro tópico: la morriña. En su turno, la estadounidense afirmó que, si volviese a casa, la pondría “muy triste” no poder hablar la lengua de Galicia, “pero eso también podría pasar aquí si con las nuevas generaciones no creemos en el gallego como lengua social”, insistió. “Ali, Ali, Ali, a ver...”. A Jato cada vez le costaba más disimular, así que citó –en castellano– a Van Gaal. “Hay un entrenador de fútbol que decía, nunca negativo, siempre positivo, o algo así, no sé qué decía Van Gaal. Pero sé positiva, Ali, por favor, que voy a salir de aquí llorando”. “Bueno, las cifras no son muy positivas...” empezó Briere, pero la presentadora ya le había pasado la palabra a otro de los invitados.

La filóloga todavía le daría un disgusto más a la presentadora, justo al final de la entrevista. Jato pidió a los cinco invitados que tradujesen el título del programa a su idioma. Briere prefirió darle la vuelta y optó por un dicho que también tiene base ornitológica. Frente al Tarde piaches (tarde piaste), optó por “the early bird gets the worm” –el equivalente anglosajón al castizo a quien madruga, Dios le ayuda– y le añadió como colofón: “Defende a Galega”, el lema de la plataforma que desde hace 417 venres negros pide el fin de la manipulación informativa en los medios públicos.

Precisamente, este último viernes, Defende centró su reivindicación en la figura de Begoña Caamaño, la protagonista del Día das Letras quien además de escritora, fue periodista de la Radio Galega, donde llegó a presidir su comité interempresas. En la mañana del domingo, en la manifestación de la plataforma Queremos Galego contra la politica lingüística de la Xunta, su coordinadora, Celia Armas aseguró desde el escenario que “Begoña Caamaño estaría hoy aquí con nosotros, porque ya estuvo muchas veces”.

“Rigor, honestidad, lengua, perspectiva de género, compromiso… y, por encima de todo, periodismo como servicio público. Esos son los medios de comunicación que queremos. Los que Begoña Caamaño siempre defendió. ¡Este venres negro va por ti, Begoñísima!”, aseguraba Defende en el mensaje que sus integrantes repicaron en las redes sociales.

En los tiempos dorados de la TVG, cualquier crítica sobre la calidad de su programación o el uso partidista de sus informativos era acallada utilizando dos argumentos: las aplastantes audiencias y la solvencia económica. Hoy, después de que el número de espectadores haya caído hasta mínimos históricos, el Consello de Contas –el órgano fiscalizador de la administración autonómica– ha constatado que, por el contrario, su coste para los gallegos despega casi en la misma proporción.

En menos de dos años y medio, la televisión autonómica ha perdido un tercio de sus espectadores. Finalizó 2023 con un promedio del 11% de share. En abril de 2026, último mes completo auditado por Fifty5Blue –la antigua Kantar Media–, esa cifra había caído un 33%, hasta el 7,4%, la segunda más baja en sus cuarenta años de historia.

A finales del mismo mes de abril, el Consello de Contas hacía público el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para el año 2024. En ese ejercicio, la factura de la corporación de medios públicos, la CRTVG –hoy CSAG– se elevaba a los 132,86 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior (119 millones) y un 28,71% por encima de los 103,22 millones del año 2021. 2024 fue el año en el que las audiencias tocaron fondo con un mínimo histórico del 8,6% de share, un récord negativo que sólo duraría doce meses. 2025 se cerró con dos décimas menos.

En 2024, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), existían en Galicia 1.108.583 hogares, con una media de 2,43 habitantes en cada uno de ellos. Con esos datos como referencia, el coste de la CRTVG para los contribuyentes gallegos fue entonces de 119,84 euros al año por hogar, es decir, 9,9 euros al mes. Ese año, Netflix actualizó sus tarifas en España y dejó la suscripción básica, con anuncios, en 5,49 euros, hoy 8,99. Si la comparativa se traslada a la cadena pública de referencia en Europa, la BBC –creadora de franquicias de éxito internacional como Dr. Who o Top Gear–, recibió 159 libras de cada hogar británico durante el mismo período. Al cambio, unos 16 euros al mes.

La corporación de medios públicos de Galicia, según los datos del propio Consello, se nutre de una doble financiación: cubre un 6% de su presupuesto con ingresos publicitarios y ventas mientras que el 94% restante lo asumen los presupuestos de la comunidad autónoma. La fórmula elegida para hacerlo ha sido criticada de forma reiterada por el órgano fiscalizador, ya que la intervención de la Xunta considera los déficits de explotación de la CSAG como activos financieros en lugar de gasto no financiero. Pese a las alegaciones presentadas al informe, Contas se mantuvo firme en su criterio.

La cuestionada externalización de directos

Dos meses antes, en febrero, el Consello de Contas ya había “cuestionado” la eficiencia de la externalizacion del servicio de directos de la CSAG. En su informe, alertaba de los riesgos de “infrautilización” de los recursos propios y de los ajustes de precio. La fiscalización concluyó que “ni los informes de los expedientes ni la documentación posterior remitida por la Corporación” permitieron demostrar adecuadamente la inexistencia de medios propios, un “requisito imprescindible” para justificar esa externalización.

A esto suma la falta de motivación “suficiente” de la elección de los criterios de adjudicación, con formulaciones “abiertas e imprecisas” que “incrementan la discrecionalidad” en la valoración. En los contratos de 2021 y 2023 se concedieron prórrogas extraordinarias “sin respetar los requisitos y plazos establecidos por la Ley de Contratos”: no se publicitaron en el perfil del contratante.

El Consello critica que el abaratamiento de las tecnologías no se notase en el coste del servicio. Si, inicialmente, el 95% de las conexiones se realizaban por satélite, a través de unidades móviles, en 2023 y 2024 la tendencia se invirtió a favor de las mochilas de telefonía móvil, mucho más baratas. Sin embargo, este cambio “no se acompañó de una reducción en el precio de adjudicación ni se tradujo en un incremento de las conexiones en directo”, lo que, al órgano fiscalizador, le genera “dudas” sobre los principios de eficiencia y economía.

Aunque la CSAG afirmó que prestar el servicio con medios propios costaría 2,6 veces más que externalizarlo, Contas duda de esa eficiencia en la contratación por dos factores principales. Uno, el riesgo de infrautilización de recursos propios, ya que no obtuvieron “constancia de la utilización efectiva de los recursos humanos y materiales existentes” que podrían destinarse a este objetivo. El otro, que el precio global del contrato se base en el derecho al uso de dos unidades móviles vía satélite, un método detrimento frente a las económicas mochilas 4G/5G. Preguntada en el Parlamento por este informe, la directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo, respondió que la externalización “se ajustaba a la legalidad”.

La retirada de la bandera de Palestina de un edificio público, los cambios en la imagen corporativa del Ayuntamiento o la supresión de un área específica de promoción de la lengua gallega. Ninguna de las primeras medidas tomadas por la nueva alcaldesa de Lugo, la popular Elena Candia, parecen justificar la urgencia en desalojar del gobierno al bipartito PSdeG-BNG con sólo un año por delante hasta las elecciones. Para esa maniobra se apoyó en María Reigosa, la tránsfuga socialista que, ahora, se sienta a su derecha para presidir los plenos municipales. Ninguna de esas decisiones tendrá tampoco una gran incidencia en la vida de los vecinos, pero todas están dotadas de una gran carga simbólica. Tanto como que su primer discurso como regidora lo diese con los escaños de la oposición vacíos mientras socialistas y nacionalistas eran ovacionados por los cientos de personas que protestaban a las puertas del consistorio.

Los asientos del PSOE seguían vacíos este viernes, ocho días después, cuando Candia decidió empezar sin ellos el fugaz pleno extraordinario en el que se aprobó la organización del ayuntamiento. Llegaban seis minutos tarde porque, como ella misma poco antes, todavía estaban en el pasillo atendiendo a los medios. La sesión se ventiló en unos 200 segundos. El nuevo ejecutivo presume de reducir en un 40% el “gasto político”, es decir, los sueldos de los concejales. La ahora oposición le achaca que sea porque sólo 7 de los trece concejales de gobierno se vayan a dedicar en exclusiva a la ciudad, “casi la mitad” de los que lo hacían hasta ahora.

La única que no podría recibir salario es Reigosa quien, como tránsfuga, tiene vetado mejorar su situación económica a cuenta de las arcas municipales. El cargo que Candia le adjudicó por decreto es el de “supervisora de infraestructuras” sin responsabilidades ejecutivas. Pese a ello, la alcaldesa le ha reservado el asiento de su derecha en la mesa presidencial del salón de sesiones, como si ejerciese la Tenencia de Alcaldia.

Mientras se ahorra en sueldos, la nueva organización recoge un aumento de las asignaciones por acudir a plenos y comisiones. El exalcalde, Miguel Fernández, lo asocia a la presencia de Reigosa e insinúa “quizás” la alcaldesa la impulsó “para pagar favores”, ya que no puede adjudicarle una nómina a la exsocialista. La tránsfuga nunca negó que el desencuentro con sus anteriores compañeros partiese, precisamente, de las diferencias económicas, cuando sólo pudo obtener una dedicación del 70% como integrante del anterior ejecutivo, antes de convertirse en no adscrita. Así es como se la puede encontrar de nuevo en la web del Concello, aunque en los días inmediatos a la moción aparecía, manteniendo la etiqueta, dentro del grupo municipal del PP.

Lo primero, retirar la bandera palestina

Los ediles del BNG acudieron al pleno de este viernes con un pañuelo palestino al cuello. Era su forma de protestar por la que fue la primera decisión visible de Candia: retirar de la fachada de O Vello Cárcere, la antigua prisión reconvertida en centro cultural y símbolo de memoria histórica. Lo hizo apenas unas horas después del pleno en el que se debatió la moción de censura.

El estandarte estaba allí desde enero de 2024, cuando el nacionalista Rubén Arroxo fue alcalde accidental tras la muerte de Paula Alvarellos –la primera de las tres ediles socialistas fallecidas en poco más de un año–. La decisión se tomó en pleno y, aunque inicialmente se colgó en la propia casa consistorial, la normativa obligó a trasladarlo a otro edificio. El pasado sábado, cientos de personas pidieron su recuperación y días después lo hacía también, en el pregón de la Feira do Libro, el escritor Lois Pérez, quien también es portavoz de la plataforma Transfugismo non, democracia si. Para el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la razón de quitar la bandera era el “intento” de Candia de gobernar “para todos”.

Dentro de los cambios simbólicos de Candia merece un lugar particular el de la imagen corporativa de la institución. Casi a la misma velocidad en la que guardaron la bandera palestina, los populares sustituyeron en sus redes el logotipo del concello –una silueta de la Muralla sobre rojo PSOE o celeste BNG, según el área– por el escudo de la ciudad, un movimiento que los internautas no tardaron en señalar como algo habitual en las tomas de poder municipal del PP. Esa misma diligencia no se aplicó todavía a otros ámbitos como la página web, donde todo continúa igual. El último giro fue ver como Cultura y Turismo recuperaba el logo pero esta vez con el azulón corporativo del PP.

El gallego, de desaparecido a transversal

Casi tantos vaivenes son los que ha dado el nuevo gobierno con el área de Promoción da Lingua Galega. Lo hizo justo en la semana que culmina con la celebración del Día das Letras Galegas, dedicado este año a la escritora y periodista Begoña Caamaño. En el anterior ejecutivo, esa responsabilidad recaía, junto a Cultura y Turismo, en la nacionalista Maite Ferreiro. Arroxo denunció su desaparición del actual reparto de competencias. El equipo de Candia respondió primero que se había tratado de un “error” pero, después, optó por defender que, a partir de ahora, se “reforzará” con un “enfoque transversal”.

“Con la nueva organización municipal, estas competencias se distribuyen en dos áreas diferenciadas: Cultura y Educación, por una parte, y Turismo y Museos, por la otra”, asegura en un comunicado. “De esta manera, la promoción de la lengua gallega seguirá impulsándose tanto desde dentro de la propia actividad cultural, educativa y social del Concello como también desde fuera, vinculada a la promoción turística, patrimonial e identitaria de la ciudad”. Estos nuevos argumentos no han convencido a la plataforma Queremos Galego, que este jueves celebró una concentración “urgente” como protesta.

El brevísimo pleno extraordinario de este viernes, el primero de la época Candia, dejó todavía un detalle más. Las jarras con agua del grifo que desde hace años servían para calmar la sed de los miembros de la corporación fueron sustituidas por botellas de plástico con agua mineral. En esta semana en la que ningún gesto careció de intención ni simbolismo, éste, sin duda, tampoco lo hizo.

En Galicia, consultar las esquelas es algo obligatorio para los lectores avezado de periódicos en papel. Como los buscadores de tesoros, saben que cualquier cosa puede aparecer entre el duelo, el horario del entierro o la ubicación del tanatorio. El último hallazgo emergía este lunes en la sección de necrológicas de La Voz de Galicia. Su autor, José Ramón Pose Garrido, de 73 años. Su alegato ha corrido como pólvora por las redes, un espacio todavía poco habitual para estos textos: “No os preocupéis por la herencia, me lo gasté todo en vida”.

Los destinatarios de ese mensaje parecían ser las personas citadas justo antes: sus hijas, Iria, Alba y Lara; sus hijos políticos, Rubén y Abdo; sus nietos, André y Noah; sus hermanos, Tito, Luci y Rosa “y demás familia”.

Justo después, José Manuel dejaba todo el color local en la despedida: “Un saludo desde Montealto con amor, Nenos!”. Monte Alto es un barrio obrero y popular situado en la parte de la península coruñesa que se adentra en el mar y que tiene un espacio propio en el imaginario colectivo, acentuado por bandas como Os Diplomáticos, escritores como Manolo Rivas o su característico entroido (carnaval).

El pasado verano, Inditex –a quien muchos culpan de la reciente gentrificación de Monte Alto– le dedicó una colección de ropa. Sus vecinos presumen de que el centro de la ciudad es, en realidad, las afueras del barrio y, cuando cruzan sus límites, bromean con un “bajamos a A Coruña” al que, seguramente, le añadan ese “neno” que también aparece en la esquela; sin duda, el apelativo más conocido del koruño, el idioma propio de la urbe herculina.

Esa combinación de factores –la retranca aderazada con un sabor genuinamente coruñento– convirtieron la despedida de José Ramón en un fenómeno viral en las redes. Será enterrado en la tarde de este martes en el cementerio de San Amaro, uno de los más hermosos del mundo, según National Geographic. Se levanta sobre el océano Atlantico, sí, en pleno barrio de Monte Alto.

Este lunes, TVG anunció en redes su 'talent show' 12 puntos con el que buscará “llevar el gallego a Eurovisión por primera vez”. Lo hizo menos de 24 horas después de que se desplegase en Viena la 'alfombra turquesa', el pistoletazo de salida a la que ya es conocida como la edición de la vergüenza del festival. En la promoción de su nuevo programa, la televisión gallega utilizó imágenes de la actuación de Tanxugueiras en el Benidorm Fest, donde fueron finalistas, pese a que el trío ha pedido que se vete la participación de Israel por el genocidio al que somete al pueblo palestino, una masacre que ha provocado que cinco países, liderados por España, se hayan negado a concursar en el 70 aniversario del certamen. Lo que no cuenta la publicidad es que, al no formar parte de la Unión Europea de Radiodifusión, TVG no puede concurrir “directamente” en Eurovisión por lo que, en realidad, el espacio busca tan sólo ser “una plataforma de visibilidad” para los artistas gallegos. El comité intercentros cree que esa estrategia publicitaria “carece de la más mínima ética” y se basa en el “oportunismo más mezquino”.

El pasado 24 de abril, el primer vídeo en redes lanzaba el cebo: “El gallego tiene que sonar en Eurovisión y vamos a hacer lo imposible para lograrlo”. Con la maquinaria eurovisiva ya en marcha en Viena, TVG ha resuelto las dudas: “Si te gusta cantar o componer temas en gallego, prepárate porque llegó tu oportunidad. Queremos que el gallego llegue por primera vez a Eurovisión y te necesitamos. ¿Quieres intentarlo?”. El vídeo mezcla temas de artistas como 9Louro, Fillas de Cassandra o Juan Pardo y Xil Ríos antes de mostrar la bandera gallega y el logotipo oficial del certamen sobre la actuación de las Tanxu. A continuación, detalla la forma de participar: mandar un correo electrónico con el nombre completo, número de teléfono, un vídeo con 30 segundos de interpretación a capela para los cantantes y, para los compositores, el tema cantado con su letra. “Apúntate, que queremos darte twelve points”.

Esos doce puntos de su futuro programa son los únicos que está en condiciones de ofrecer la TVG. A preguntas de esta redacción, un portavoz respondió que “la TVG no forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y, por lo tanto, no puede participar directamente en el Festival de Eurovisión”. En el mismo correo electrónico, explica que esta iniciativa “tiene como objetivo reforzar la presencia de la música en gallego en plataformas de gran proyección estatal e internacional, siguiendo el camino abierto en los últimos años por artistas y formaciones gallegas que demostraron la capacidad de nuestra lengua para conectar con públicos amplios”.

En este “nuevo formato musical”, que se emitirá en verano, participarán “bandas e intérpretes con temas originales en gallego”. “La finalidad es ofrecerles una plataforma de visibilidad y apoyo profesional que les permita acceder a espacios como el Benidorm Fest y continuar ampliando la presencia de la música gallega en los grandes escaparates audiovisuales”. “La actuación de la CSAG en este ámbito se centra en la promoción de la cultura gallega, de la creación musical propia y del talento artístico del país”, concluye la respuesta.

“Vender el alma al diablo de la audiencia”

“Es como una broma de muy mal gusto. Desde dentro provoca incluso vergüenza”. La presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), no daba crédito a la utilización de Eurovisión con este telón de fondo. “A medio camino entre el oportunismo más mezquino –que se hable de la TVG aunque sea, otra vez, para mal, y en el contexto del genocidio palestino– y en contraposición con la retirada de TVE, con la que últimamente todo se confronta, desde las audiencias hasta la manipulación”.

Lema cree que, si a la dirección de la CSAG –la antigua CRTVG– le preocupase la lengua gallega “no habrían modificado la ley reguladora de los medios públicos para abrir la puerta a las emisiones en idiomas difererentes”. Tampoco habrían “prácticamente desmantelado” el departamento lingüístico, “donde hace muchos años que no se contrata ni sustituye” ni tampoco “favorecerían el desembarco de una productora andaluza para copiar aquí un programa que lleva años emitiéndose en Canal Sur”. “La música y la lengua gallega merecen otro tratamiento”, reclamó.

“Es venderle el alma al diablo de la audiencia”, añadió, en referencia a los malos datos del canal, que en marzo y abril obtuvo, por dos meses consecutivos, el segundo peor resultado mensual de su historia. “Si Eurovisión es una de las realidades musicales más penosas y lamentables jamás inventadas, meterte en el vagón de cola para intentar que te caiga algo de limosna resulta patético”. Como conclusión, aseguró que “si ese es su concepto de éxito, cuanto más lejos, mejor; y si es una estrategia publicitaria, carece de la más mínima ética”.

En los dos vídeos promocionales, TVG usa imágenes de las Tanxugueiras y subraya que, en 2022, el gallego se quedó “a nada” de llegar a Eurovisión. En aquella ocasión, el trío de cantareiras arrasó en el voto del público, con más del 70%, y sólo la decisión del jurado profesional hizo que la representante de España fuese Chanel Terrero. Su canción, SloMo, finalizó tercera de una edición en la que arrasó Ucrania, recién invadida por una Rusia expulsada del certamen. Entonces no hubo “ningún momento” en el que la organización “dudase” cómo actuar, recordaba hace unos meses Sabela Maneiro, una de las Tanxugueiras. Sin embargo, ahora que Israel “está cometiendo un genocidio” se le permite presentarse. Para ella, eso “es un lavado de cara hacia un país que está masacrando a otro”.

Este mismo lunes, una investigación de The New York Times demostró cómo el gobierno de Netanyahu utiliza el festival como plataforma y que, “al menos desde 2018”, utilizó dinero para influir en el televoto de algunos países. La información, recogida por EFE, se centra en el caso de España donde, según sus conclusiones, “habrían bastado unos pocos cientos de personas para asegurar la victoria en el televoto, lo que lo hace más susceptible a la influencia de campañas gubernamentales que las que los organizadores han reconocido”. En abril de 2025, tres meses antes de que la nombrasen portavoz del PP en el Congreso, la diputada Ester Muñoz escribía en la red social X: “Otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción”. En esa edición, la representante israelí, Yuval Raphael, obtuvo según el Times un tercio exacto del televoto registrado en España, un 33,34 % –unos 47.570 votos– , cinco veces por encima del segundo clasificado, Ucrania, que se quedó en el 6,74 % y 9.620 votos.

Mientras Elena Candia posaba para la prensa con el bastón de mando, aguantando la sonrisa más allá de lo humanamente posible, los gritos que sonaban de fondo no eran de “alcaldesa”, sino de “Alcalde, alcalde”. Miguel Fernández, regidor hasta apenas unos minutos antes, había llegado a la calle y era recibido entre ovaciones por los cientos de personas concentradas ante el ayuntamiento en repulsa a la moción de censura. 

Una de las mejores formas de desposeer de épica un día histórico –para bien o para mal– es cederle la palabra a la secretaria municipal. La de Lugo fue la encargada de explicar cómo se desarrollaría la sesión y, seguramente para evitar momentos de tensión como en el pleno anterior, exhortó a los presentes a comportarse de forma cívica. Aún no sabía que la nutrida presencia de medios de comunicación había impedido el acceso al público al sobrepasar el aforo del salón de plenos.

Lo comprobó poco después la presidenta de la mesa de edad, la popular Flor Rubinos, cuando pidió que se abriesen las puertas para que entrase el público que aún cupiese y nadie atravesó el umbral. La explicación a tanta insistencia llegó con el discurso de Elena Candia, cuando incluyó entre sus agradecimientos a “mi padre y mi padrino… que no pudieron entrar”. 

Ahí podrían haberlo hecho porque, cuando se sustanció la moción –trece votos a favor y doce en contra, todos nominales y por orden alfabético–, los concejales de PSdeG y BNG abandonaron el pleno. Cuando leyó su primer discurso como alcaldesa, sólo estaban los suyos y la tránsfuga María Reigosa. Para no verse sola en su escaño, los populares le hicieron un hueco en su grupo. Mientras Candia repasaba su plan de acción para este escaso año de mandato, sus famosas cincuenta medidas, ella estaba más pendiente del móvil, hasta que acabó por guardarlo en el bolso. O ya se lo sabía o lo que sucedía en su pantalla era mucho más interesante que aquel día histórico. 

La otra forma de quitar épica a un discurso es tratar de leerlo en un salón semivacío mientras desde la calle llega una invitación a través del megáfono de los convocados por la plataforma Transfuguismo non, democracia si: “Sal al balcóoooon, Candia sal al balcóoooooon”. A ese balcón habían salido antes de empezar el pleno, para ser vitoreados, Fernández y su teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo. Candia no lo hizo.

La flamante alcaldesa hizo lo que pudo para tratar de despejar todas las sombras de intereses espurios tras su moción, que Arroxo había calificado de “golpe de estado municipal” y Fernández como un momento “que marca un antes y después en la historia de la ciudad”. Inconscientemente, Candia lo parafraseó para decir que será un día que quede en la memoria… pero en la suya propia.

Reivindicó los “valores y enseñanzas” de su familia “muy humilde pero muy honrada”. “Nunca trapicheé, ni trapicheo ni trapichearé”, afirmó con toda la dificultad que conlleva conjugar ese verbo. Cuando finalizó el aplauso con el que cerro su intervención, la calle volvió a resonar: “Reigosa, traidora”.

“En la oposición importa lo que dices; en el gobierno, lo que haces”. Candia citó esa frase de un libro “que acabo de leer”. Anunció que su primera reunión será con los trabajadores municipales y que afronta su año de mandato –“tiempo para dejar una profunda pegada”– desde la “ilusión” y la “cercanía”.

Con esas dos ideas, la alcaldesa recién nombrada intentó salir de la casa consistorial. Sus partidarios, sin sitio en el salón de plenos, habían cedido la plaza a la plataforma y se hicieron fuertes bajo los soportales. Allí estaban la número dos del PP gallego, Paula Prado, el delegado de la Xunta en la provincia, la líder de Nuevas Generaciones, un par de senadores lucenses y hasta el alcalde de Lalín, Xosé Crespo.

Sin embargo, cuando Candia puso un pie en la calle, los abucheos la hicieron retroceder en dos ocasiones como a la niña que grita “casa” mientras juega a la pilla. En ese momento, la docena de agentes de la UIP desplazados a la zona volvieron a desplegar un perímetro de seguridad en torno a la puerta principal del consistorio, tal y como habían hecho al inicio del pleno. Una forma muy gráfica de visibilizar el cambio de gobierno. Una hora después, cuando los manifestantes se habían cansado de esperar y hasta los antidisturbios habían regresado a la base, Candia abandonó por fin el ayuntamiento, después de organizar la cola de decenas de seguidores que la seguía. Como se oyó decir a una de sus colaboradoras a los pocos segundos de hacerse con el bastón de mando, “moito manda esta muller”.

Elena Candia (Mondoñedo, 1978) ya es la alcaldesa de Lugo, la cuarta de este mandato y la primera del PP en los últimos 27 años. La llave para su gobierno se la ha entregado la tránsfuga socialista María Reigosa, número 11 en la lista del PSdeG, que accedió a su acta de concejala tras la muerte de Pablo Permuy, uno de los tres ediles socialistas –incluida la regidora Paula Alvarellos– fallecidos en el último año. Candia forma parte de la ejecutiva nacional del partido designada a dedo por Feijóo. Tras su nombramiento, deberá dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Tomó el bastón de mando acompañada sólo por los suyos: PSdeG y BNG abandonaron el pleno tras la votación y fueron recibidos con una ovación por los cientos de vecinos concentrados ante el ayuntamiento.

En su intervención para abrir el debate, Candia acusó al bipartito de socialistas y nacionalistas de no gestionar “con eficacia, eficiencia ni transparencia” y enumeró algunas de las razones que, para los trece firmantes de la moción, justifican “que Lugo merece un cambio”, un gobierno “que cuide a sus trabajadores” y pueda poner en marcha “proyectos estratégicos”.

Como había hecho antes a las puertas del ayuntamiento, Fernández lamentó la presentación de una moción basada “en el dolor y la ausencia”, en alusión a las tres muertes en su grupo que permitieron la entrada de Reigosa. “Pretender converitr ese dolor en oportunidad política carece de dignidad”. Todavía sumó dos cimientos más para la maniobra política: la “tragedia” y la “traición”, al sustentarse en un transfuguismo “moralmente inaceptable”.

La tránsfuga debería haber sido la siguiente en intervenir, pero renunció a su turno de palabra entre un murmullo de sorpresa y desaprobación. El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que había definido la moción como un “golpe de estado municipal”, finalizó su intervención con el “venceréis, pero no convenceréis” de Unamuno ante MIllán Astray.

Tras las intervenciones de los portavoces de PSdeG y PP llegó el voto, nominal en orden alfabético. El primero en darle el sí a Candia fue su número dos, Antonio Ameijide. Por 13 votos a 12, la popular se convirtió en alcaldesa.

“Manos arriba, esto es un atraco”

El pleno comenzó a las 12 de la mañana con la constitución de la mesa de edad. Desde una hora antes, cientos de personas convocadas por la plataforma Transfuguismo non, democracia si se concentraban a las puertas del ayuntamiento para mostrar su repulsa a la moción de censura. “Candia, atende, Lugo non se vende” o “Para mafiosa xa temos a Reigosa” fueron algunos de los lemas coreados.

Tanto Fernández como Arroxo –que llegaron a salir al balcón a saludar– fueron ovacionados por los vecinos que tomaron la plaza y cuyos gritos llegaban al salón de sesiones. Durante todo ese tiempo, los representantes del PP –encabezados por la número dos del partido en Galicia, Paula Prado– se mantuvieron con cierta discreción bajo los soportales de la casa consistorial y apenas se vio a alguno de los concejales acercarse a la puerta principal, aunque –con Reigosa– fueron los primeros en acceder al salón de plenos.

Ese espacio permaneció esta vez vedado tanto para opositores como partidarios de la moción. Cuando pretendieron entrar, descubrieron que el enorme número de medios de comunicación acreditados ya había abarrotado la estancia hasta el límite de su aforo.

Este jueves, 7 de mayo, Lugo se levantará con un gobierno municipal de izquierdas pero, por primera vez en 27 años, se acostará con uno de derechas. Lo hará por medio del cambio de chaqueta de una tránsfuga del PSdeG, María Reigosa, la número 11 en la candidatura, que tomó posesión de su acta de concejala en sustitución de uno de los tres ediles socialistas fallecidos en el último año. La moción de censura –la más “despreciable” que nunca ha visto la líder del BNG y de la oposición en Galicia, Ana Pontón– llega a sólo un año para las próximas elecciones municipales, con miles de ciudadanos saliendo a la calle para mostrar su repulsa, con Reigosa victimizándose porque la comparen con Judas y con el PP celebrando el “impulso” que la iniciativa dará a la cuarta ciudad gallega. El todavía alcalde, el socialista Miguel Fernández –el tercero en lo que va de mandato– está convencido de que recuperará el bastón de mando en las urnas, dentro de doce meses.

Las horas previas han estado marcadas por el comunicado de la tránsfuga para despejar cualquier duda sobre su voto final, si es que quedaba alguna tras su primera intervención en el pleno ordinario del pasado día 30. La sesión se había interrumpido después de que un grupo de vecinos corease desde el público el lema de la plataforma creada en rechazo a la moción: “Transfuguismo non, democracia si”. Se hacían eco de lo que cientos de ciudadanos gritaban a esa misma hora en el exterior del edificio. Entre insultos como “traidora”, acompañados del lanzamiento de monedas al suelo frente al escaño de la exsocialista, el alcalde decidió desalojar el salón. Con los ánimos más calmados, Reigosa tomó la palabra para defender la iniciativa del PP de solicitar la declaración de interés turístico nacional para la Semana Santa lucense. “Cuando algo es bueno para Lugo merece la pena apoyarlo, como muchas otras cosas que se van a apoyar en el siguiente pleno”.

Era la primera vez que hablaba desde que compareció en una rueda de prensa con la futura alcaldesa, Elena Candia, y todo el grupo popular, tras registrar la moción. La segunda desde que, 48 horas antes, en una entrevista en La Voz de Galicia, respaldase abiertamente un cambio de gobierno que, apenas un mes atrás, parecía descartar. Fue cuando abandonó el grupo municipal socialista, a finales de marzo, una ruptura tras la que todavía aseguraba que su “intención” era que Fernández pudiese finalizar su mandato como regidor.

“El motivo último de que hayan presentado en este momento la moción, a un año vista de finalizar el mandato, es que las encuestas le son desfavorables y [Elena Candia] lo sabe. Tiene encuestas propias, como las nuestras, que dicen que bajan y nosotros subimos. Por eso la presenta”, aseguró el todavía alcalde en una entrevista en elDiario.es. A partir de ahí, los socialistas insistieron en que Candia llevaba tiempo “tocando” concejales. “Utilizó los tanatorios para tantear a compañeros e intentar persuadir a algún tránsfuga”, aseguró en el Parlamento Lara Méndez. “Llegó Reigosa y puso precio”.

Méndez, número dos del partido en Galicia, empezó el mandato repitiendo como alcaldesa de Lugo tras renovar su pacto de gobierno con el BNG. Meses después, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro –exconcejal y expresidente de la diputación lucense– se la llevó con él al Parlamento. A Méndez la sustituyó su compañera Paula Alvarellos, quien falleció repentinamente tras https://www.eldiario.es/galicia/fallece-alcaldesa-lugo-paula-alvarellos-infarto_1_12095210.html Fue la primera víctima mortal del grupo socialista en menos de trece meses. Tras ella, murió Pablo Permuy –sustituido por Reigosa– y, a principios de abril, Olga López Rocamonde. Su relevo tomó posesión en el mismo pleno en el que los vecinos tiraron monedas ante la tránsfuga, un gesto que ella consideró “una agresión” y que anunció que denunciaría.

El precio

Reigosa insiste en que sólo la mueve la necesidad de dar “un cambio” al gobierno de Lugo y por eso se suma a lo que la número dos del PP gallego, Paula Prado, ha bautizado como “moción de impulso”. Prado siente especial predilección por poner nombre a las operaciones políticas. Ella, o alguno de sus asesores, fueron los recientes creadores del término “pacto guarro” para referirse al acuerdo entre socialistas y nacionalistas que les permitió conservar la Deputación de Lugo tras apartar de la presidencia a José Tomé, acusado de acoso sexual. No es difícil averiguar cuál goza de sus simpatías y cuál no.

Pese a sus esfuerzos, ni PSdeG ni BNG se creen los argumentos altruistas de una y otra. Las dos fuerzas ven la mano de la Xunta –y también su dinero– tras un movimiento que, según recuerdan, contradice los propios estatutos del PP, algo que ejemplificó con teatralidad Besteiro arrojándolos a la papelera como colofón a una pregunta al presidente gallego, Alfonso Rueda. En esos folios que se fueron a la basura podía leerse cómo los populares consideran que utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas” supone “una infracción muy grave” de sus normas. La sesión de control se adelantó a este martes porque Rueda estará en Bruselas cuando se debata una moción. La presentación lo pilló aún más lejos: en China, como dándoles la razón a quienes afirmaban que, en realidad, este movimiento no acababa de gustarle.

Los socialistas hablan de los fondos de la Axencia de Turismo de Galicia para “comprar voluntades” y de su convencimiento de que Reigosa acabará sacando tajada de su voto, “vía caja A o caja B”. La víspera de la presentación de la moción, la Xunta convocaba una plaza como Jefa de Servicio del Litoral de Lugo que encajaba como un guante con el perfil de la tránsfuga. La conselleira de Medio Ambiente aseguró que se hacía porque el titular había dimitido, pero el Bloque aseguró que no era cierto y que el funcionario seguía en su cargo. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, Medio Ambiente se negó a informar sobre ellas alegando la protección de datos de quienes optan a un “proceso ordinario”. Tras levantarse la liebre, Reigosa afirmó –en su comparecencia con Candia– que no pensaba optar a la plaza. Cuando a Rueda le preguntaron si el PP la incluiría en las listas de 2027, se lavó las manos: “Esa es una decisión que no me corresponde a mí y, por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no”.

Desde que la presentación de la moción dejó de ser un rumor, las direcciones gallegas de PSdeG y BNG se han volcado con Lugo. Ana Pontón visitó en dos ocasiones a su hombre en la ciudad, el teniente de alcalde Rubén Arroxo. Los socialistas desplegaron toda su presencia institucional. Besteiro se hizo casi omnipresente, pero no fue el único. Por la ciudad de las murallas se acercó también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y hasta Abel Caballero abandonó su feudo vigués para solidarizarse con Fernández. Inés Rey, la alcaldesa socialista de la otra gran ciudad gallega, A Coruña, fue una de las que sujetaron la pancarta en la primera de las concentraciones convocadas por Transfuguismo non, democracia si, a la que asistieron nacionalistas como la regidora compostelana Goretti Sanmartín o la viceportavoz en la Cámara, Olalla Rodil. La plataforma volverá a salir a la calle este jueves a las 11, una hora antes de que comience el pleno que cambiará de manos el gobierno de Lugo.

“Eso sí que es una caverna. Una caverna sanchista”. Así definió la diputada del PP Carmen Pomar a RTVE durante una comisión de control parlamentario a la CSAG –la antigua CRTVG– que, de nuevo, tuvo como protagonista la crisis de audiencias del canal autonómico. La corporación de medios públicos sigue culpando de ese desplome a mínimos históricos a las “desviaciones” de los audímetros, hasta el punto de que su directora xeral, Concepción Pombo, aseguró que “no pueden ser una herramienta principal de gestión”. “Nuestra guía no es Kantar”, insistió frente a un BNG que culpaba de la fuga de espectadores al “sectarismo” y la “falta de pluralidad” de los informativos, combinado con un entretenimiento que ha convertido el prime time en un “repositorio de chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su momento”.

Este jueves, PP y BNG coincidieron en preguntar por las audiencias, aunque desde puntos de vista opuestos. Los populares querían escuchar, una vez más, cómo la CSAG sancionó a Kantar Media –ahora Fifty5Blue– durante 20 de los 24 meses de los años 2024 y 2025, los de menor número de espectadores en las cuatro décadas de vida del canal. Como contraposición, esgrimían los datos de la primera oleada del EGM, que investía a TVG como el canal más visto en la comunidad, con un 20,1% de cuota de pantalla de lunes a viernes, a más de ocho puntos de Antena 3 y TVE, algo que en su opinión “constata el declarado liderazgo social” de la televisión gallega.

Pomar –exconselleira de Educación, decapitada tras la gestión de la COVID– siguió a continuación el manual de su jefe de filas, Alfonso Rueda, cuando se le pregunta por alguna de sus áreas de gestión y desvió el tiro para atacar al Gobierno central. Si, para Rueda, el enemigo es Pedro Sánchez, el rival de la diputada es el presidente de RTVE, José Pablo López, “portavoz del sanchismo”. Con un argumento que no es nuevo, la parlamentaria consideró “sospechoso” que López “arremeta” contra quienes piden explicaciones sobre el sistema de audímetros menos de un lustro después de que la propia corporación estudiase “un nuevo modelo” ya que el actual “estaba perfilado de forma que favorecía a las privadas”.

La popular acusó a la oposición de orquestar “campañas contra los medios públicos gallegos basadas en bulos e infundios” para acusar de falta de neutralidad a su cúpula mientras apoyan el nombramiento de López, responsable de las opiniones que han convertido a RTVE en una “caverna sanchista”. Lo acusó de provocar “el enfrentamiento más grave de la historia” de la corporación tras las denuncias del Consejo de Informativos referidas a la “malas praxis” y los “sesgos ideolóxicos” de determinados programas y de responder a esas críticas con un “ataque furibundo” contra los profesionales. “Eso sí son represalias, eso sí son coacciones, eso sí que es persecución”, afirmó tras recordar que los trabajadores votaron “masivamente” contra esos espacios y decidieron inicar acciones de protesta.

Habrá que ver si, con el tiempo, esas protestas llegan a los 415 venres negros que la plantilla de la CSAG cumplirá este 1 de mayo movilizándose contra la manipulación informativa y a los que Pomar no hizo ninguna mención. También obvió el hecho de que en la TVG no existe la posibilidad de que un consejo de informativos critique una decisión de la dirección general: en la ley aprobada en solitario por el PP el pasado año se aseguraron de eliminar la existencia de un órgano cuya creación habían paralizado antes durante más de una década.

“Acusan de manipulación a la CSAG cuando no hay ningún pronunciamiento de la justicia ni de la Valedora do Pobo que condenase a la corporación por esa supuesta censura” mientras “callan” con sentencias como la que condenó a Mañaneros 360 a corregir un rótulo referido a Isabel Díaz Ayuso por “tendencioso y no ajustado a la verdad”; algo que, según Pomar, “va a traer cola”.

“¿Quién va a ver esto?”

“Condena tiene la CRTVG, en firme, por mentir burdamente sobre el BNG y no le escuché la mínima reflexión al PP sobre esas difamaciones”, arrancó su turno la nacionalista Olalla Rodil. La diputada del Bloque pudo ir más allá y recordar sentencias como la que condenó a la corporación por represaliar a una periodista crítica y que la CSAG ha recurrido en el Tribunal Supremo.

“TVG tiene cada día menos audiencia. Es una realidad y usted es quien mejor lo sabe”, interpeló Rodil a Pombo antes de recordar que, en lo que va de año, sólo en dos días se superó el 10% de share. Tras cerrar marzo con un 7,5% de cuota de pantalla –segundo peor dato de su historia–, a falta sólo del dato del día 30, abril podría quedar todavía ligeramente por debajo. La directora xeral, por cierto, no mencionó ninguna desviación ni sanción a Fifty5Blue en este 2026.

La parlamentaria del BNG rechazó el argumento del EGM utilizando como “fuente” a la propia Xunta ya que, cuando licita contratos marco para campañas televisivas, se basa exclusivamente en los datos de los audímetros. “Seguir intentando tapar el sol con el dedo no nos va a sacar de esta situación”, insistió tras criticar que la CSAG se compare permanentemente con los canales de RTVE que –tanto en la tele como en la radio– sólo ofrecen desconexiones territoriales. En cuanto a la Radio Galega, medio para el que EGM sí es referencia, obtuvo sus peores resultados desde 2008, con menos de 100.000 oyentes, practicamente la cuarta parte de la emisora líder, la Cadena SER. Sin embargo, la corporación lo vende como un logro: “la primera emisora pública en número de oyentes”. “Felicidades, primera de dos, no hay ni para hacer un podium”, ironizaba minutos antes otro diputado nacionalista, Iago Suárez.

“Usted lleva un año en el cargo y tiene el mérito de acumular los peores datos tras 40 años y ocho direcciones generales”, señaló Rodil a Pombo, algo que “no pasa porque sí”. Los nacionalistas consideran que los espectadores “apagan la TVG” por dos grandes motivos. El primero, el “sectarismo” y la “falta de pluralidad” tanto en los informativos donde “cada día se entrevista a un conselleiro” como en los espacios de opinión. “Ni queriendo encuentras en la calle a cuatro personas que se den la razón en todo”, ironizó sobre las tertulias del matinal radiofónico Galicia por Diante. Asuntos como la moción de censura en Lugo, que centra desde hace semanas la actualidad gallega, pasa desapercibida en la parrilla y pese a una concentración de repulsa que reunió a miles de personas, la única voz de los vecinos que se escuchó fue la de una entidad recién creada y próxima al PP.

A esto, Rodil suma la transformación de un entretenimiento que fue “referencia” cuando era liderado por series propias de ficción –Mareas Vivas, Padre Casares...– en refugio de “chatarra televisiva de lo que fue Tele5 en su buen momento”, y que es la baza de TVG para luchar por un prime time con una “competencia voraz”. Rodil enumeró algunos de los invitados del formato A miña gran cidade. Corazón galego: “Bertín Osborne por O Salnés, Esperanza Aguirre con programa doble, Carmen Lomana buscando un collar de lujo, Al Bano –el de Romina– bebiendo vino, María José Campanario –¿quién se acuerda de ella?– buscándole una vaca a Jesulín y el Cordobés negociando la compra de un tractor... ¿Quién va a ver esto?”, se preguntaba antes de enumerar datos que tocaron techo con el 6,8% de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, una emisión acompañada “de todo el bombo” y el contrato de vallas publicitarias. “¿Cuánto le cuesta a los gallegos esto? ¿Cuánto pagamos por traer a esta gente?”, cuestiones que adelantó que presentarán por escrito y a la que todavía sumó otra: “¿Qué más le falta, un reality de curas?”. La pregunta no era inocente. Según ha sabido elDiario.es, ese es uno de los proyectos en los que trabaja el canal autonómico para tratar de remontar la audiencia.

“Divergencias significativas”

En su respuesta –leída, “para no equivocarse improvisando”, como había explicado anteriormente a una diputada socialista–, la directora xeral no dio respuesta a ninguna de esas cuestiones y volvió a poner el foco en las “divergencias significativas”, los resultados “extrañamente distintos” que ofrecen los audímetros y las encuestas, algo que, en su opinión, “requiere una explicación técnica”. Pombo admitió verse condicionada por unos datos que no le ofrecen “certezas”, algo que, dice, les hace ser “extremadamente prudentes en las decisiones de programación”, aunque los cambios en la parrilla no cesan.

“Hoy en día, los datos de Kantar Media no pueden ser una herramienta principal de gestión. Si nuestra guía fuese Kantar, estaríamos tomando decisiones que irían en contra de los intereses del sector audiovisual gallego” al obligarles a “penalizar contenidos estratégicos, cultura e identidad”. Los audímetros no se “entusiasman” con las series de referencia, el cine gallego “multipremiado” o los “derbis deportivos entre ciudades”. Tampoco le gustó la definición de “repositorio de chatarra” tras el premio Circom a Land Rober, “el mejor programa de prime time hecho en Europa”, aunque técnicamente su horario (21:40-22:40 h) se ajuste más a un access previo al horario de máxima audiencia.

Por todo ello, no puede ser “la hoja de ruta de la corporación” lo que definió como una “herramienta más” que “reconoce sus propias limitaciones”. Así lo hizo en 2023, “antes de cambiar de propiedad”, un portavoz de Kantar que “presentó la necesidad de evolucionar a modelos híbridos para mejorar la cobertura y la granularidad del sistema”. Tecnicismos que TVG tendrá que volver a enarbolar cuando se confirmen los malos datos de abril.

Durante la catástrofe del Prestige, el petrolero que vertió decenas de miles de litros de crudo al mar, la TVG prohibió a sus periodistas utilizar la expresión “marea negra”. En las playas sólo había manchas o galletas de fuel. De la misma manera, para los redactores y presentadores de los informativos de la televisión autonómica, en la moción de censura de Lugo no hay una tránsfuga. Como mucho, la persona que entregará la alcaldía al PP 27 años después es una “edila no adscrita”, una concejala “que formaba parte hace poco del grupo socialista” y que ahora tiene “la llave” del gobierno. Una clase magistral sobre el uso de eufemismos.

Como es habitual cuando la polémica política salpica al PP, en San Marcos –sede de la CSAG, antigua CRTVG– imponen el perfil bajo. La frase podría simplificarse aún más: cualquier cuestión política –siempre que no permita algún tipo de ataque contra Pedro Sánchez o cualquier administración gobernada por PSOE o BNG– pasará lo más desapercibida posible en la escaleta. Sucedió en las últimas elecciones autonómicas, cuando tardaron 70 minutos en informar de su convocatoria e hicieron todo lo posible por reducir la duración de los bloques electorales, algo que frenó la justicia. Con esta moción, que ha indignado a buena parte de la opinión pública gallega, no iba a ser menos.

Más allá de afectar a la cuarta ciudad de Galicia, la censura de Lugo tiene condicionantes que no existían en las otras trece consumadas en este mandato. “Unas circunstancias absolutamente anómalas que no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio”, en palabras del todavía alcalde, el socialista Miguel Fernández, el tercero en ejercer el cargo desde las elecciones. Y esas circunstancias pasan, principalmente, por la muerte en poco más de un año de tres integrantes del grupo municipal del PSdeG; la última, Olga López Rocamonde, hace menos de un mes. La tránsfuga, María Reigosa, la número 11 de la lista, entró en la corporación pasado el ecuador del mandato para sustituir a uno de ellos, Pablo Permuy.

Ninguna de estas “circunstancias” aparece en las escasas informaciones sobre una moción que, pese a marcar la agenda política en Galicia, sólo abrió los telexornais el miércoles 22, el día en que, tras registrarse, se presentó en rueda de prensa con la futura alcaldesa, la popular Elena Candia, acompañada de la tránsfuga Reigosa y de todo el grupo del PP. Fue, también, la única vez en la que se le dedicó un vídeo y no simples pasos a declaraciones desde plató.

“Finaliza la incertidumbre sobre el cambio de gobierno en Lugo” fueron ese día las primeras palabras de la presentadora, la subdirectora de Informativos, Marta Darriba. Minutos después, su brusca transición para pasar de la explicación del gráfico con el reparto de escaños en la corporación a la siguiente noticia –la habitual crítica al ejecutivo central– no pasó desapercibida para los internautas. El texto, sin cambio de plano, era así: “La llave, por lo tanto, está en la edil no adscrita que esta mañana firmó la moción de censura con el Parido Popular. Junts presiona a Sánchez. Le pide que adelante las elecciones generales. Los de Puigdemont consuman su ruptura con el Gobierno...”.

Desde ese momento, la moción se convirtió para los informativos en un toma y daca sin contexto dentro del cruce de declaraciones de los líderes políticos gallegos, ese trámite que la TVG debe cumplir por cuota de representatividad y que ejecuta sin pasión, como un ejercicio rutinario. Así habían colado la víspera, el martes 21, la primera referencia a “la situación del concello de Lugo” dentro de una pieza sobre la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantada por su viaje a China.

El jueves, tras casi 15 minutos de informativo, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticaba a los populares y rechazaba la comparación con Noia, donde “los socialistas se apoyaron en un concejal del PP”. La número dos de los conservadores, Paula Prado, “acusa a los socialistas de hipócritas”. A continuación, la vuelta “a los focos” de Mariano Rajoy en su declaración como testigo en la Operación Kitchen. Por la tarde, se sumaba otro cruce de insertos: primero, la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, anunciando que acudiría a la concentración convocada para este viernes por la plataforma Transfuguismo non, democracia si. Otro total de Prado la criticaba por poner buses para la manifestación y recordaba su “condena” por integrar en el gobierno herculina a una exconcelleira de Ciudadanos.

“Alguna de las asociaciones vecinales...”

Tras las políticas, llega la primera gran innovación informativa de esta crisis. “Precisamente, a raíz de la moción, alguna de las asociaciones vecinales reclaman medidas que liberen a la ciudad de lo que llaman abandono. En un comunicado, la plataforma Salvemos Lugo traslada un decálogo de mejoras entre las que figura un mejor cuidado de las infraestructuras o una reducción de la burocracia para realizar trámites en el ayuntamiento”. Tras las colas, vemos a Alberto Rodríguez, portavoz de dicha plataforma, quien asegura: “Nuestra intención es salvar esta ciudad del estado de estancamiento en el que se encuentra, por varios razonamientos: desde el estado en el que se encuentran las calles a las pistas rurales, que están en estado de abandono con muchos baches”.

Si alguna de las asociaciones vecinales respalda la moción es lógico pensar que alguna otra no lo hace. Incluso que son muchas, ya que el propio adjetivo utilizado indica, según la RAE, “un número no elevado o no relevante de las personas o cosas designadas por el sustantivo”. ¿Por qué TVG entonces se hace eco de lo que opina Salvemos Lugo mientras silencia al resto de entidades y no dedica ni un segundo a la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que la víspera se presentó en un acto público con más de un centenar de asistentes?

Una de las cosas que no se cuenta a la audiencia es que Salvemos Lugo se había constituido ese mismo día. “Esta plataforma vecinal no va de siglas políticas ni ideologías. Va de salvar una ciudad que agoniza por la falta de gestión”, rezaba su comunicado de presentación. Sus portavoces, Cecilia Vázquez García, presidenta de la Federación de Vecinos Lugo Rural Importa y el propio Alberto Rodríguez, presidente de la asociación Xuntos por Lugo, “colectivo próximo al PP”, tal y como lo describía en octubre pasado el diario local El Progreso, a raíz de una disputa entre entidades que, vista hoy, sirve para ubicar a algunos personajes secundarios.

Todo empezó doce meses antes, en 2024, cuando la federación vecinal Lucus Augusti decidió premiar al ministro Óscar Puente en la celebración del Día do Veciño, una fiesta popular con miles de asistentes a la que el PP dio plantón. Poco después, la federación se rompió y los críticos montaron su propia entidad, Lugo Rural Importa. En esas fechas nace también la asociación Xuntos por Lugo que no tardará en contraprogramar a Lucus Augusti: coincidiendo con el Día do Veciño de 2025, organizarán su propia fiesta, a apenas 200 metros, con el respaldo de la Xunta pero del que Candia hizo todo lo posible por desvincular al PP. La federación primigenia llevó a la Valedora do Pobo una queja contra el gobierno gallego, al que acusaba de intentar “asfixiarlos” mientras subvencionaba a las nuevas entidades por “amiguismo”. Llegaron a denunciar que se les amenazaba con la retirada de ayudas si no acudían al acto de Xuntos, eventos en los que los organizadores visten chalecos de un color azulón muy similar al del PP –y al del propio gobierno gallego–. La mascota del colectivo es una vaca, de nombre Xuntiña, con la que la futura alcaldesa ya ha compartido baile en alguna ocasión.

Abonando el terreno

El viernes a mediodía, el Telexornal volvió a hablar desde Santiago de Lugo, una ciudad en la que “la tensión política va en aumento”. Esta vez sí se cuenta que en la ciudad “ya surgieron dos plataformas” alrededor de la moción. Sin dar ningún dato más sobre ellas –¿están a favor? ¿en contra? ¿mediopensionistas?–, toca encender las alarmas. “El PP advierte de que pedirán responsabilidades si hay incidentes” –como si, en lugar de plataformas fuesen pandillas que pelean por el control de las calles– mientras “los socialistas defienden el derecho de los ciudadanos a movilizarse. ”Creo que si el ambiente está enrarecido es por culpa de quien lo enrareció“, decía a continuación el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado. ”Si la crispación cristaliza en actos violentos, espero que nadie incurra después en la indecencia de intentar eludir su responsabilidad“, respondía en tono casi apocalíptico el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago, que remataba: ”Yo sí lo responsabilizo“.

Esa advertencia contra lo que pareciera kale borroka –no es una exageración: el PP gallego ha equiparado con ella el derecho constitucional a manifestarse– no era inocente. Se emitía cuatro horas antes de la concentración convocada ante el ayuntamiento lucense por una de esas dos plataformas: no era Xuntos por Lugo sino Transfuguismo non, democracia si, la que todavía no había tenido su minuto de gloria en el informativo. Y eso que un centenar de conocidos lucenses habían suscrito el manifiesto contra la moción de censura impulsado por el escritor y docente Lois Pérez y la artista Luz Darriba.

Allí, entre la multitud, estuvieron el líder del PSdeG, Gómez Besteiro; la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil –Ana Pontón está en Brasil–; las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey (PSdeG) o Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ninguno de ellos sospechoso de cristalizar violencias. Con tanto político, TVG no podía faltar, aunque fuese para vincular la movilización a las fuerzas de la oposición y no a la ciudadanía, a la que no dieron voz. Así también, fieles a sí mismos, evitaron mencionar el nombre de los convocantes, no fuese a escapárseles un transfuguismo justo en el rótulo.

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

Miguel Fernández (Ribeira de Piquín, Lugo, 1955) fue el número 2 del PSdeG en las municipales y el tercer alcalde de este mandato, tras la marcha de Lara Méndez al Parlamento y el fallecimiento de Paula Alvarellos, la primera de las tres muertes que ha sufrido el grupo socialista.

El 7 de mayo, unos días antes de cumplir 14 meses en el cargo, la moción pactada por el PP y la tránsfuga María Reigosa le arrebatará el bastón de mando para dárselo a la popular Elena Candia. Él está convencido de que lo recuperará tras las próximas elecciones y que lo hará “con el apoyo de los vecinos, no con triquiñuelas y felonías”.

¿De dónde parte ese convencimiento?

De que el motivo último de que hayan presentado en este momento la moción, a un año vista de finalizar el mandato, es que las encuestas le son desfavorables y ella [Elena Candia] lo sabe. Tiene encuestas propias, como las nuestras, que dicen que bajan y nosotros subimos. Por eso la presenta, sin importarle las consecuencias que va a tener para Lugo. Durante este año que tiene por delante va a seguir haciendo lo que hizo en el poco tiempo que lleva en el ayuntamiento: comprar voluntades, en este caso, a través de la Xunta. Es una huida hacia adelante para tratar de remontar una situación que sabe que no va a poder. Y no va a poder porque la ciudadanía de Lugo está indignada. Hay un clamor de gente de todas las ideologías: tres muertos, una tránsfuga, a un año de las elecciones, con presupuestos aprobados y muchos proyectos avanzados... Busca llegar a la alcaldía como trampolín para su verdadero objetivo, que es llegar a la Deputación y montar un feudo autoritario, propio del siglo XIX, y ahí mandar y dirigir. Ése es el argumento.

Localidades como Ribeira (A Coruña 27.000 habitantes) vieron cómo proyectos que estaban parados se desbloqueaban en cuestión de días después de mociones de censura como ésta. ¿Cree que en Lugo también va a pasar?

Alguno de los dirigentes políticos, cuando trataba de argumentar la necesidad de la moción, ya que decía que si salía adelante la Xunta se iba a volcar. Hombre, eso es tanto como admitir la discriminación de la Xunta hacia los vecinos de Lugo durante tantos años, con compromisos de obras, inversiones e infraestructuras que no cumplió, que año tras año no se concretaban. Este grupo municipal va a ser suficientemente leal para apoyar cualquier proyecto beneficioso de la ciudad; eso sí, les destaparemos las vergüenzas. Porque si durante veinte años no aporta un duro para el Museo de la Romanización, para rehabilitar el edificio, y ahora lo hace de repente, evidentemente se estará moviendo por criterios partidistas, por estrategia y no por apoyar los intereses de unos vecinos que son muy inteligentes y saben perfectamente cuál es la motivación de esta moción.

Cuando se le echa en cara, el PP cita el caso de Noia, donde el PSOE les arrebató la alcaldía tras un pacto de tres partidos con el apoyo de un tránsfuga popular. ¿Por qué este caso es distinto?

Desconozco sinceramente el caso de Noia, pero lo que está claro es que aquí se aprovechan unas circunstancias absolutamente anómalas que, seguro, no tienen parangón en ningún ayuntamiento de todo el territorio: que tengamos tres personas muertas en el plazo de un año, la última hace escasamente un mes, y que aun así el ayuntamiento funciona, los proyectos salen, Lugo está extraordinariamente cuidado, acabamos de pasar la barrera de los cien mil habitantes... La única razón es el ansia de poder de una persona que utiliza a otra para sus fines.

Por todo ese reguero de circunstancias, ¿llegó a pensar que la moción no se sustanciaría?

Hasta que se presentó físicamente, yo era de esos a los que les costaba creerlo, porque me parecía una medida muy inoportuna, absolutamente injusta –porque traslada una imagen de la ciudad que no es real– y porque estaba centrado en mi trabajo diario y en la agenda intensa que tenemos. Hoy mismo inauguramos una obra de la que estamos muy satisfechos, la unión de dos parques fluviales que llevaba muchos años demandándose. Cuando se celebre el pleno y los concelleiros y concelleiras decidan, estaremos en otro escenario. Entonces, tomaremos las decisiones oportunas, pero es un tema que ni me preocupó ni me preocupa más allá de seguir trabajando y desenmascarando una situación que está sorprendiendo a propios y extraños. Tiene a la ciudadanía de Lugo absolutamente soliviantada porque alguna de las desgracias que tuvimos están muy recientes y en el aspecto humano de la vida tiene que haber límites, algo que no se demostró durante estos años, sin límite ni escrúpulos.

Esa “otra persona” de la que hablaba es la tránsfuga María Reigosa. Hace un mes, cuando dejó el grupo socialista y se convirtió en concejala no adscrita, afirmó que su intención era que usted finalizase el mandato como alcalde.

También me dijo hace escasamente dos días: “Alcalde, tú vas a ser el primero que sepa la decisión que tome”. Fue en una conversación que tuvimos sobre otro asunto y en la que le comenté el runrún de la moción. La siguiente noticia la recibí a través de los medios de comunicación, en una rueda de prensa con Candia presentando la moción. Ese es un dato objetivo. Lo que sé es que tenemos la conciencia absolutamente tranquila porque hicimos todo lo humanamente posible para tratar de integrar a esta persona –que llegó pasado el ecuador del mandato– en un gobierno que tenía sus áreas ya en marcha, una planificación muy avanzada y estaba trabajando con muy buenos resultados, como se puede ver. No se puede desmantelar la estructura de gobierno de una ciudad de más de cien mil habitantes para adaptarla a las exigencias de nadie. Empezando por mí.

¿Qué le ha dado entonces el PP a Reigosa que no le dio el PSdeG?

Lo desconozco. La primera vez que vino a hablar con nosotros, y quiero ser respetuoso, no transmitía vocación de servicio público. Ahora dice que quiere hacer proyectos, a sabiendas–si no la manipularon una vez más– de que, en su condición de tránsfuga, no puede participar en el gobierno. Sin llegar a ocupar su despacho, dice que el motivo [de su apoyo a la moción] era la mala gestión de este gobierno. Pues bueno... yo le digo que no venía con vocación de servicio público. Lo que me trasladaba eran otras inquietudes...

¿Qué inquietudes?

Me hablaba de salarios, de condiciones, de visibilidad en los medios... en fin, de cargos, no directamente, no es que me los pidiese, pero no había una preocupación concreta por proyectos que mejorasen la ciudad.

Este miércoles, en la presentación de la moción, Reigosa dijo que no optaría a la plaza de Jefa de Servizio de Costas que tanto ustedes como el Bloque vieron hecha a su medida. ¿Creen que pueden haber frenando este movimiento al poner el foco sobre él?

Ese tema lo desconozco. Sé que es la opinión generalizada y lo que se comenta insistentemente en los mentideros de la ciudad, pero habría que utilizar el calificativo de presuntamente. Es verdad que se convocó la plaza y curiosamente coincidió en estas fechas, pero es un tema que a mí me desagrada y me va a permitir que no me manifieste más.

¿Va a intentar recuperar el bastón de mando?

Rotundamente sí. Siento el apoyo unánime del partido, de los compañeros, de los concelleiros... Seré el candidato para continuar otros cuatro años más avanzando en un proyecto muy ilusionante que está mejorando objetiva y claramente esta ciudad. Y espero hacerlo con el apoyo y la confianza de los vecinos, no con triquiñuelas ni felonías.

Veintisiete años después, el PP volverá a gobernar Lugo y lo hará gracias al voto de una tránsfuga del PSdeG. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando casi de la misma forma en la que se convirtió en fugaz presidenta de la Deputación: por el descontento de una socialista que aspiraba a más. Su socia, María Reigosa, entró de rebote en un grupo municipal que, en el mismo mandato, vio a la alcaldesa partir rumbo al Parlamento y sufrió el golpe del fallecimiento de su sucesora y de otros dos ediles.

Con Lugo cae, a menos de un año para las próximas elecciones municipales, una de las plazas más codiciadas por los populares de Alfonso Rueda. Estas son algunas de las claves de una maniobra que, con poca originalidad, se justifica por “la debilidad de un gobierno inmovilista y a la deriva”.

La ciudad

Tras superar la barrera de los 100.000 habitantes en 2025, Lugo prácticamente empata con Santiago de Compostela como cuarta ciudad más poblada de Galicia. Desde 1999 no cuenta con un alcalde del PP, un partido al que, pese a su hegemonía en la Xunta –ha gobernado Galicia durante 37 de los 44 años de la autonomía–, se le sigue resistiendo el voto urbano. En las últimas elecciones del grupo de siete grandes urbes gallegas, sólo logró gobernar la más pequeña, Ferrol (64.000 habitantes). En Lugo se quedó a un edil de la mayoría absoluta –12 frente a la suma del bipartito PSdeG (8) y BNG (5)–, pero la ciudad de las murallas será, ahora, el símbolo de su poder local y un bastión desde el que tratar de asaltar la Deputación. En enero, el ente provincial nombró como presidenta a la socialista Carmela López, tras la dimisión de José Tomé, quien continúa como alcalde de Monforte, por las denuncias de acoso sexual en el canal interno del partido.

Las muertes

Paula Alvarellos estaba a punto de cumplir un año como alcaldesa de Lugo cuando falleció, tras asistir al pregón del Entroido de 2025. Había sustituido a Lara Méndez, regidora desde 2015, que ocho meses después de renovar el cargo decidió presentarse al Parlamento como número dos por la provincia –hoy lo es también del PSdeG–. La sucedió Miguel Fernández, quien ya había aspirado a ser el relevo de Méndez. Seis meses después, muere Pablo Permuy, uno de los pilares del gobierno de Alvarellos, que lo había puesto al frente del área de personal. Fernández se ve obligado a reestructurar el gobierno. En lugar de Permuy entra María Reigosa, que cinco meses después ya habrá abandonado un grupo al que todavía le faltaba sumar un nuevo luto, hace apenas dos semanas: el de Olga López Rocamonde. La concejala de Bienestar había llegado a abandonar el hospital para dar su apoyo a los presupuestos municipales.

La tránsfuga

La edil número 13 del futuro gobierno fue la número 11 en la lista del PSdeG. Esta funcionaria de Costas –que ya ha dicho que no se presentará a la plaza de jefa de servicio que socialistas y nacionalistas veían hecha a su medida– llevaba en el partido desde 2019 hasta que se dio de baja en enero. En 2021 formó parte de la ejecutiva de Valentín González Formoso, predecesor del actual líder socialista, el también lucense José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Deputación y antiguo concejal de Urbanismo de la ciudad. Antes, estuvo cerca de ser presidenta de la Confederación Hidrográfíca Miño-Sil, en una batalla en la que ella se vio como un “arma arrojadiza” pero sus compañeros –especialmente, tras su apoyo a la moción– lo consideran el primer síntoma de su ambición, que también apuntó a la subdelegación del Gobierno. “Yo entré en el ayuntamiento para trabajar y, a pesar de que la persona a la que sustituí tenía una dedicación del 100 %, a mí solo me ofrecieron el 70 % porque el 30 % restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”, se quejó este lunes en la entrevista en La Voz de Galicia que daba el pistoletazo de salida a la censura. Fuesen económicas u organizativas, sus diferencias con el resto del grupo y su proximidad al PP resultaron palpables desde el primer día. Cuando se convirtió en no adscrita, a finales de marzo, aseguraba que su “intención” era que Fernández acabase el mandato como alcalde. Le duró menos de un mes.

La futura alcaldesa

Hasta su comparecencia de este miércoles con María Reigosa, Elena Candia (Mondoñedo, 1978) había guardado un silencio absoluto sobre la moción. La próxima regidora lucense tendrá que dejar su puesto como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, que compatibilizaba con el de concejala y, según el sector, también con el de conselleira de Medio Rural en la sombra. Su poder va más allá de la provincia: Feijóo le adjudicó uno de los cinco puestos de libre designación de los que dispone en el comité ejecutivo del PP sin consultarlo siquiera a la dirección gallega. Candia es reincidente en lo de gobernar gracias al resentimiento de un socialista. Lo hizo en 2015, tras alcanzar la alcaldía de su localidad natal, cuando la enésima crisis interna en el PSdeG provincial hizo que el alcalde de Becerreá, que aspiraba al puesto, se votase a sí mismo en lugar de al candidato de su partido. Cuando las aguas volvieron a su cauce, cuatro meses después, una moción de censura la envió a la oposición. En la campaña por la alcaldía de Lugo de 2023, el PP admitió que Candia fue, una década antes, quien envió a la fiscalía los anónimos que acabarían provocando la imputación de Besteiro en dos causas judiciales que lo tuvieron apartado de la vida política durante seis años.

El presidente ausente

El anuncio oficial de la moción que, desde hace días, era un secreto a voces, ha cogido a Alfonso Rueda en un avión rumbo a China. El presidente de la Xunta y del PP gallego –que quiso marcar diferencias con el viaje de Pedro Sánchez al país asiático asegurando que el suyo no tiene “intencionalidad política”– dejó la operación bendecida antes de despegar. El lunes, tras la reunión semanal de su gobierno, defendió que su partido tiene “todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”.

La indignación de la oposición

El viaje del presidente adelantó al martes la sesión de control parlamentario y ahí la moción reclamó ya su parte de protagonismo. “¿Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y piensa 'esta es mi oportunidad'?”, le preguntó Besteiro antes de advertirle de que “quien no tiene límites para acceder al poder no tiene límites para gobernar”. Para la portavoz nacional del BNG, que acudió este mismo miércoles a Lugo, a reunirse con su grupo municipal, la moción es un acto “indecente y sin escrúpulos”.

La respuesta ciudadana

“Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático”. Así arranca el manifiesto de la plataforma Transfuguismo non, democracia si, que se presentó en la tarde del miércoles, apenas tres horas después de que Candia, Reigosa y el resto de ediles del PP hiciesen público su acuerdo. Un acuerdo que, para el centenar de firmantes del manifiesto, “pretende alterar la voluntad expresada en las urnas” para traer un proyecto de ciudad diferente: “coches que volverían al centro, plantas de biogás en el entorno de la ciudad, el desmantelamiento de la programación cultural...”. La plataforma pretendía expresar su descontento en la calle este viernes pero, tras acelerarse todo el proceso, buscan una fórmula para adelantar su protesta.

El BNG asegura que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “tendrá que rendir cuentas ante la Justicia” si se confirma la creación de una plaza de alto cargo en la administración autonómica para María Reigosa, la tránsfuga del PSdeG que dará la alcaldía de Lugo al PP a través de la moción de censura que se presentará esta tarde. Socialistas y nacionalistas han alertado de que la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, un puesto que puede solicitarse hasta el próximo día 27, parece hecho “a medida” de Reigosa.

Desde la puerta del ayuntamiento, donde se reunió con el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, la líder del BNG, Ana Pontón, definió la moción de censura –que llega tras el fallecimiento de la alcaldesa y otros dos ediles socialistas– como “un escándalo democrático de una envergadura como no se recuerda en esta ciudad”.

Pontón fue más allá y afirmó que la iniciativa “no sólo es algo reprobable desde el punto de vista político”, sino que, si Reigosa acaba accediendo a esa plaza, será “una ilegalidad y los responsables de esa ilegalidad, empezando por el señor Rueda, que es el máximo responsable de la Xunta de Galicia, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia, porque no todo vale en política”.

Alfonso Rueda, de viaje oficial en China, avaló este lunes la moción, al considerar que su partido “tiene todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”. Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez –de quien depende la jefatura de servicio que está en el centro de la polémica–, inscribió la convocatoria de la plaza dentro de la “absoluta normalidad” a la hora de cubrir puestos “que son complicados”, como sucedió con éste que “quedó desierto tres veces consecutivas”.

También esta tarde se presenta la plataforma Transfuguismo non, democracia si, impulsada por el escritor Lois Pérez y la artista Luz Darriba y secundada por más de un centenar de conocidos lucenses. Han convocado una concentración contra la moción para la tarde de este viernes.

Nova Escola Galega (NEG) nació en 1983 como un movimiento de renovación pedagógica centrado en construir un sistema educativo gallego, público, democrático y feminista. Desde hace 40 años organiza un encuentro de educadores por la paz de Galicia y Portugal. El de este año, el que iba a conmemorar un aniversario redondo, lleva por lema “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio” (“Palestina y más allá. Educar en la vida en tiempos de genocidio”). Por primera vez en la historia de la entidad, la Consellería de Educación se negó a homologar esta actividad. El motivo argumentado: que no cumple el principio de neutralidad ideológica. Tras la denuncia de NEG, que lo considera “censura” y “control ideológico”, Educación pasó a citar un informe técnico-jurídico –que no estaba en la respuesta inicial– y que asegura que la propuesta no cumple la normativa.

La Xunta consagró el famoso principio de neutralidad ideológica –un eufemismo empleado en todo Occidente por las corrientes de ultraderecha– en las instrucciones publicadas en junio del pasado año, orientadas al desarrollo de las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato durante este curso. Venía acompañada de otra novedad: la obligación de incluir todas las actividades extraescolares previstas en la programación anual que se presentaba en septiembre.

Sindicatos educativos, asociaciones de madres y padres y la oposición política encendieron las alarmas: entendían que Educación pretendía aplicar una censura previa y un control ideológico para expulsar de las aulas temas que le resultaban incómodos. Como ejemplo, siempre se ponían tres: el rechazo al proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) –al que el gobierno gallego ha acabado dando carpetazo–, la política lingüística del PP –acusada de la constante caída del número de galegofalantes– y, precisamente, el genocidio de Israel en Palestina.

“Parece que cuando se toca Palestina y la realidad del genocidio –reconocido por las instancias internacionales más autorizadas en la defensa de los derechos humamos– se encienden las alarmas de la administración educativa y conviene emplear cualquier estrategia de cancelación o disuasión para que el profesorado evite implicarse”, afirma NEG en un comunicado.

Eso fue lo que comprobaron cuando recibieron la negativa de la consellería a la homologación previa y provisional del encuentro. El documento, firmado por el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, sólo daba un motivo para el rechazo: que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica establecido en la resolución” de junio pasado.

Consultada por elDiario.es tras la denuncia pública de NEG, la argumentación cambia. Educación atribuye a “un conjunto de causas, y no una única” que se invalide la homologación. A través de correo electrónico, se remite ahora a un informe técnico-jurídico emitido tras analizar la solicitud y que concluyó que la propuesta “no cumple las condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que “la temática no está alineada con las líneas estrategicas del Plan de Formación do Profesorado” y que, “además, es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. Para la presidenta de Nova Escola Galega, Mariló Candedo, la Xunta está tratando de “enmendar la chapuza inicial” y lo hace “buscando encaje jurídico a lo que era una decisión ideológica”.

En la web de la entidad se presenta la actividad como un encuentro con el “cometido de desafiar el avance de una cultura global cada vez más permeada por la violencia cultural y estructural, siendo el cerco a Palestina el ejemplo más visible, sino el más cruento”. Pretenden, además, impulsar la creación de un espacio de “alternativas educativas que fomenten la noviolencia y la paz, para parar la ocupación colonial, la destrucción, el destierro, la privación de los derechos humanos más básicos y, en definitiva, el genocidio producto de la ideología de la supremacía cultural presente no sólo en el proyecto sionista para Palestina sino en el Norte Global en general”.

Situación “inédita” y “muy grave”

La noticia ha trascendido cuando falta justo una semana para una nueva jornada de huelga en la educación gallega, la sexta de este curso –una cifra sólo comparable a las movilizaciones de los años 80– y cuando aún no se han apagado los ecos por el nombramiento como jefe provincial de la Consellería en A Coruña de Santiago Freire, el exalcalde de Noia que gastó 30.000 euros del ayuntamiento en copas y cenas. En esa provincia, la neutralidad ideológica está en manos de alguien que alababa el golpe de Estado de Franco o que consideraba, en pleno 8M, que la mujer “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”.

“Se trata de una circunstancia inédita para nosotros”, continúa el comunicado de NEG. “Una decisión que consideramos muy grave, y que nunca se había dado en la trayectoria de los Encontros da Paz ni en ninguna otra actividad programada desde Nova Escola Galega”. Recuerdan que, prácticamente desde su fundación, vienen ofreciendo al profesorado actividades de formación permanente que “se someten a los sucesivos requerimientos de los procesos de homologación previstos por la administración educativa desde que se pusieron en marcha”.

La entidad considera que la Xunta está extendiendo a las actividades de formación permanente del profesorado “la aplicación de un principio contenido en una normativa que no resulta de aplicación en este ámbito”, ya que se refiere al desarrollo de la enseñanza al alumnado dentro de las aulas. “Se está restringiendo la autonomía del profesorado y su libertad académica a la hora de decidir sobre cómo quiere orientar su propia actualización docente”.

“Salvaguardar el presunto derecho a la ignorancia”

La entidad recuerda que ya en junio pasado, cuando se conocieron las “polémicas” instrucciones en las que se basa la negativa de la Xunta, hicieron público un comunicado con reflexiones que, ahora, “cobran una relevancia especial”. Señalan que ya entonces afirmaron que “en una sociedad que reclama respuestas educativas” a problemas como las distintas formas de violencia, el calentamiento global, la desigualdad o el uso de las tecnologías “no es posible ser neutral, ni es tampoco responsable”.

“La neutralidad entendida como evitación, equidistancia ideológica, omisión en el abordaje de la complejidad, implica optar por un peligroso relativismo moral, salvaguardando un presunto derecho a la ignorancia, que coloca a la institución educativa como cómplice de la involución social por incompetencia o desasistencia”. Ahí quiere colocarla, aseguraban, quien “desde la acción política quiere tener la exclusiva para ideologizar partidariamente al alumnado”.

Por su parte, el sindicato educativo STEG tiró de ironía para explicar lo que la Xunta entiende por neutralidad. Lo hizo citando un reciente post del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red X tras los insultos racistas a Delcy Rodríguez: “No estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”. “En su cabeza era un genialidad”, se burla la central, que considera que la postura de Educación sólo puede entenderse “desde la ignorancia, la mala fe y el sectarismo político”.

Homologado o no, el encuentro sigue adelante, ya que la Xunta “no impide su celebración”. Lo hará este fin de semana, entre los días 24 y 26 de abril en Panxón (Nigrán, concello limítrofe con Vigo), el mismo escenario que acogió la primera de estas citas en 1986. NEG hace un llamamiento a la comunidad educativa para “mantener sus compromisos con el desarrollo de una ciudadanía crítica y responsable” y ya anuncia que “no va a renunciar” ni a esta ni a otras actividades “concebidas desde el compromiso ético como una ventana abierta a la esperanza en un mundo mejor.”

Hace ya unos días que los turistas y peregrinos que llegan a la Praza do Obradoiro tienen un nuevo foco de atención. Los ojos y las cámaras ya no sólo se elevan para buscar las torres de la Catedral de Santiago. Desde los tejados del Hostal dos Reis Católicos, una polémica obra compite, y no para bien, con los tradicionales atractivos arquitectónicos de la meta del Camino. A las gárgolas que funcionaban como aliviadero desde hace siglos les han acoplado tubos de metal para alejar el agua de los muros. Las figuras ahora parecen haber sufrido un empalamiento mientras el hotel, el más antiguo de España, semeja vestir una corona de espinas. El proyecto, impulsado por Turismo de España, pasó por el ayuntamiento tras ser aprobado por la Xunta, pero sólo encendió las alarmas tras su ejecución.

“Es un atentado al patrimonio”, aseguró indignado Roberto Almuíña, presidente de Fonseca, asociación de vecinos del casco histórico compostelano. Para Apatrigal (Asociación Galega en Defensa do Patrimonio Histórico) se trata de una “extravagancia” innecesaria porque hoy existen fórmulas, como canalones ocultos, para evitar la caída de pluviales y proteger así el foco del problema, el balcón barroco del primer piso sobre el que caían los chorros y desde el que la humedad se extendía por la fachada y los pavimentos.

Esa fue la explicación del concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, quien recordó que esa misma solución fue la que se empleó en la propia Catedral o en la fachada de la Inmaculada, en la propia ciudad. Sin embargo, Lestegás puso el acento en que la responsabilidad sobre la obra recae en la Xunta, en concreto sobre la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico, ya que el Hostal –un edificio del siglo XVI– está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Y a esa dirección se ha dirigido ya el gobierno de la capital gallega para que aclare si los tubos metálicos formaban parte, como “solución específica”, del proyecto de restauración autorizado por el ejecutivo autonómico.

“La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó el proyecto básico de ejecución de la intervención de las fachadas del Hostal, el Ayuntamiento dio licencia, de acuerdo con esa autorización de la Dirección Xeral, y en esa resolución, de abril de 2024, dice que la colocación de esos elementos es necesaria por esta problemática de las humedades, pero también dice que la forma de colocación específica de esos elementos tendrá que estar recogida en un proyecto de restauración, que también autoriza la Dirección Xeral”, expuso en rueda de prensa, recogida por Europa Press. La licencia municipal estaba “condicionada a que se presentase ese proyecto de restauración en la Xunta y que se autorizase por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”.

A la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, tampoco le gustan las lanzas. “Desde un punto de vista estético, desde un punto de vista personal, puedo reconocer que no me parece la solución más satisfactoria, pero esto no va de opiniones personales”, afirmó antes de insistir en que la solución es competencia de la Xunta y debe estar “respaldado por una posición técnica”.

Informe condicionado

En marzo de 2024, el subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Manuel Chaín, firmó el informe de Patrimonio que otorgó a Turismo de España la autorización de la obra. Un permiso que estaba condicionado a cumplir una serie de criterios en la fase de ejecución.

El documento aclara la duda de Lestegás, ya que no determina cómo se colocarán las lanzas metálicas, un aspecto que –dice– tendría que ser estudiado “de forma específica”, demanda que contó con la evaluación favorable de la Comisión Asesora del Casco Histórico, en la que están representados todos los grupos del Concello de Santiago. La elección final debería tener en cuenta varios aspectos, empezando por garantizar que “la solución constructiva fuese compatible con la conservación pétrea original de las esculturas”.

El informe incide en la importancia de tener en cuenta su composición, desde la perspectiva estética y de interpretación del elemento escultórico. Es decir, cómo se incorpora la lanza a la propia figura esculpida, prestando “especial atención” a aquellas que presentan diseños antropomórficos o zoomorfos. También incluye que se debería de buscar que estas lanzas no alterasen “de forma crítica” la lectura o interpretación de las formas esculpidas. Apatrigal coincide en que cumple las normas de diferenciarse como un elemento nuevo que no imita a lo anterior.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Xunta consideró que la restauración era “compatible” con los criterios de intervención sobre los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Galicia y que “no existían inconvenientes técnicos ni conceptuales” para su autorización. El Gobierno gallego, también a consultas de Europa Press, aseguró que la actuación propuesta fue la “más adecuada”, teniendo en cuenta los criterios técnicos, para evitar los daños causados por la caída del agua. Aún así, anunciaron que la dirección xeral de Patrimonio tiene previsto contactar con Turismo de España y con el arquitecto responsable del diseño para valorar posibles alternativas. Dado el revuelo organizado, es posible que esas lanzas metálicas duren más en las memorias de los teléfonos que insertadas en la piedra de las gárgolas.

La primera decisión de María Azucena Recio tras llegar a la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue trasladar por la fuerza a los jueces Luís Villares y María Dolores López de la Sección Tercera –la que estudia los casos de los parques eólicos– a la Cuarta. Una medida que ha encendido todas las alarmas porque Villares había sido señalado reiteradamente por el PP y la patronal eólica, contrariados por unas sentencias que no tomaba en solitario, sino como miembro de una Sección que, según Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), queda ahora “desmantelada”. Dos años antes, la Xunta ya había tratado de evitar a esos mismos magistrados. Para ello, cambió su estructura de gobierno, y traspasó las atribuciones sobre la instalación de aerogeneradores de la Consellería de Economía e Industria a la de Medio Ambiente. Según el reparto del TSXG, los asuntos ambientales recaen en la Sección Segunda que, en aquel momento, estaba presidida por la propia Recio. Entonces no funcionó, pero esta semana, Recio ha firmado un acuerdo gubernativo para asegurarse de que sea la Segunda la que decida en un procedimiento sobre una línea de alta tensión que une tres parques paralizados por la Tercera.

Tras la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en febrero de 2024, el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de abril publicó el decreto que fijaba la estructura de las consellerías de la Xunta. Entre los cambios que se hacían oficiales, destacaba el traspaso de las competencias en “materia de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables” de Industria a Medio Ambiente. “En particular”, citaba el texto, al departamento que dirige Ángeles Vázquez le tocaría, en adelante, la “autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos y de sus instalaciones de conexión, así como la declaración de su utilidad pública”. Lo hacía, dijo Rueda en su discurso de investidura, para “centralizar y reforzar” toda la tramitación normativa.

Cinco días antes, un post del PP gallego en la red social X acusaba a uno de los miembros de la Sección Tercera, Luís Villares, de ser “juez y parte”. Los populares acusaban a Villares, líder de En Marea entre 2016 y 2020 de haber “intentado paralizar todos los proyectos industriales de Galicia” durante esa etapa. En marzo de 2026, Villares y su compañera María Dolores López fueron trasladados forzosamente a la Sección Cuarta por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, María Azucena Recio, que había tomado posesión una semana antes tras competir por el cargo con Villares. XXpD alertó de que se trasladaba la imagen de que el Poder Judicial “se doblaba a los intereses de algunas de las partes”. La asociación progresista Xustiza e Sociedade pidió al Consejo General del Poder Judicial que aclarase si existió desviación de poder en esa decisión.

Del DOG al TSXG

La Xunta no tardó de tratar de trasladar su nueva estructura a la acción judicial. Poco después de la aprobación del nuevo diseño, probó suerte en las alegaciones previas a la demanda contra la construcción del parque eólico de Seselle, en el entorno del Monte do Gato, en el concello coruñés de Oza Cesuras. Los vecinos, en pie de guerra, alegaban que había 16 viviendas a menos de 500 metros de la instalación, además de bienes patrimoniales y naturales. El parque era uno de los seis que formaban parte del macrocomplejo eólico promovido por Greenalia –donde ocupaba un alto cargo la exconselleira del ramo, Beatriz Mato– y Galenergy. En enero de 2023 había recibido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable.

En el escrito enviado a la Sección Tercera, el gobierno gallego consideraba que la impugnación de esa decisión tenía “carácter ambiental” y “dado que el reparto de asuntos aprobado por la Sala de Gobierno atribuye a la Sección Segunda de la Sala el conocimiento de los asuntos en materia ambiental, es a esa Sección y no a la Tercera a la que le corresponde el conocimiento del presente procedimiento”. La presidenta de la Sección Segunda era, por aquel entonces, María Azucena Recio.

El intento cayó en saco roto. En su respuesta, la Sección Tercera acusa a la Xunta de tratar de cometer un “fraude procesual prohibido” al pretender “hacer pasar una norma de reparto entre secciones como una cuestión de competencia”. Pero, además, le señala que el litigio “no versa sobre una resolución dictada en materia ambiental”, sino sobre la autorización de la construcción de un parque eólico, “es decir, una instalación industrial, materia que es propia de la industria e innovación tecnológica, cuyo conocimiento le corresponde a esta Sección Tercera”.

Las alegaciones del gobierno gallego fueron rechazadas en marzo de 2025 por los cinco magistrados de la sección. Dos meses después, el tribunal decidía suspender cautelarmente la autorización del parque eólico de Seselle. Lo basó en su cercanía a las viviendas pero, también, en el hecho de que los vecinos consiguieron “acreditar indiciariamente la existencia de elementos ambientales altamente sensibles, bien por estar catalogados, bien por tratarse directamente de especies con distinto grado de protección o peligro”. La instalación, concluía la sentencia, amenazaba con “causar un grave daño a valores ambientales sensibles”. La Xunta no volvió a ensayar esa estrategia.

Una nueva “vuelta de tuerca”

Sin embargo, el ascenso de Recio a presidenta de la Sala ha venido acompañado de novedades también en este sentido. La primera –adelantada por La Voz de Galicia– se conoció a principios de mes: fue la decisión de desestimar la suspensión de la línea de alta tensión diseñada para evacuar la energía de los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural (A Coruña), todos ellos impulsados por Greenalia y paralizados por la Sección Tercera del TSXG. En este caso, el cambio de criterio vino acompañado de un cambio de sección: la desestimación fue obra de la Sección Segunda.

Los denunciantes, la asociación ecologista Petón do Lobo, presentaron entonces un escrito solicitando que el asunto pasase, como venía siendo habitual, a la Sección Tercera. Recio respondió esta misma semana. Emitió un acuerdo gubernativo en el que explica que ese procedimiento, “de acuerdo con las normas de reparto vigentes desde 2023, es competencia de la Segunda, pues es sobre una cuestión medioambiental”, según explica una portavoz del TSXG. Por ese mismo motivo, añade, “no admite discusión”, algo que sí tendría, pone como ejemplo, “una cuestión de competencia entre diferentes órganos judiciales”.

Desde el alto tribunal se insiste en que no ha habido “ningún cambio de criterio” desde la publicación de las competencias de cada sección en el Boletín Oficial del Estado del 27 de diciembre de 2023. “La Segunda es competente en medio ambiente; y la Tercera, en industria y minas. Otra cosa es que la tercera, a la hora de resolver asuntos que le llegan por industria o minas, pueda aludir a cuestiones medioambientales”, aseguran. Ese reparto lo realiza el funcionariado de la Oficina de Registro y no magistrados del TSXG. Estos sí tienen “potestad” para “remitir el procedimiento a otra sección si desde la oficina se lo reparten, por ejemplo, a la Segunda por medioambiente y ven que el fondo del asunto trata sobre industria o expropiaciones, por lo que lo derivarían a la Tercera”, concluye.

Por su parte, XXpD mostraron su “preocupación” por la que definen como “sorpresiva reinterpretación” de las normas de reparto. En un comunicado emitido este mismo viernes destacan que, en un “cambio radical” se hayan retirado de la Sección Tercera “las autorizaciones administrativas industriales”, como las de los parques eólicos, lo que va “en contra del criterio aplicado en los últimos años”.

Esto, recuerdan, sucede “tras años de reiteradas presiones mediáticas, políticas y empresariales por las suspensiones cautelares” de instalaciones que dictaminó el órgano “y después del también sorpresivo cambio forzoso de Sección” de parte de sus integrantes. La asociación enmarca esta “vuelta de tuerca” en la “batería de medidas gubernativas” que, desde la toma de posesión de Recio, “afectan, sin que advirtamos una explicación razonable, a la imagen de imparcialidad y neutralidad de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG”. “Una situación”, finalizan, “que no podemos contemplar en silencio”.

“Que no te cuenten cuentos”. Así arranca la promo de la TVG tras la encuesta del Estudio General de Medios (EGM) que la “confirma” como la televisión más vista en Galicia y la de mayor audiencia entre las autonómicas. Datos que contradicen las mediciones diarias de los audímetros de Fifty5Blue –antes, Kantar Media–, en los que se hundió a los niveles más bajos de su historia en 2024 y 2025 (8,6% y 8,4% de share, respectivamente). En el primer trimestre de 2026, el que coincide con esta oleada, esas cifras han seguido cayendo hasta cerrar marzo en el 7,5% y con el canal como cuarta opción para los espectadores. En su comunicado de celebración, la CSAG (antigua CRTVG) carga contra el medidor, al que insiste en acusar de constantes “desviaciones”, mientras saca pecho de los resultados de un estudio que tanto grandes cadenas como anunciantes ignoran y que sólo las emisoras radiofónicas toman como referencia. La Radio Galega, por cierto, se ha desplomado en esta oleada por debajo de los 100.000 oyentes, su peor dato desde 2008. Eso no ha impedido que la CSAG presuma de que es “la emisora pública más escuchada” en la comunidad.

“La TVG consolida su liderazgo absoluto en el ámbito audiovisual gallego, un liderazgo que se refleja en todos los días de la semana y en todas las franjas horarias”, asegura triunfante el comunicado de la corporación. “La TVG alcanza un 20,1% de cuota de lunes a domingo, superando en 8,4 puntos al siguiente competidor, Antena 3 (11,7%) y La 1 (11,3%)”, añade antes de comenzar su diatriba contra el medidor, abundando en argumentos que tanto la actual directora de la CSAG, Concepción Pombo, como su predecesor, Sánchez Izquierdo, ya esgrimieron en el Parlamento.

Ambos lo hicieron como defensa numantina ante una pérdida de espectadores por la que el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegó a mandarles una advertencia: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. Una postura que contrastaba con la de los portavoces populares en la cámara, más ocupados en lanzarse al cuello de Kantar ante el constante crecimiento de TVE. Curiosamente, tras el EGM, los medios conservadores que llevan dos años ignorando la constante caída de audiencias del canal autonómico compraron sin matices los titulares grandilocuentes y los ataques a los audímetros que salían de la sede de San Marcos.

“Esta oleada incide en la brecha entre las mediciones del EGM y las que ofrece Kantar Media para la TVG, en un contexto en el que Kantar Media fue penalizada por la Corporación por desviaciones en los resultados de sus mediciones en 20 de 24 meses entre 2024 y 2025”. La CSAG habla de “incumplimientos en los parámetros básicos de medición, relativos a la mengua muestral y la eficiencia del panel” lo que le llevó a sancionar al medidor “por primera vez” en su historia.

En 2024, según los datos oficiales, TVG perdió uno de cada cinco espectadores –cayó del 11% al 8,6% de share– y terminó el ejercicio como tercera autonómica más vista. Kantar fue “penalizada” por el canal en 11 de aquellos 12 meses. Al año siguiente, con una pérdida de dos décimas, la penalización se aplicó en 9 meses. La “mayor oscilación” fue en octubre, con un descenso del 9% al 7,7%: ese fue el desplome que provocó el recado de Rueda. El ejercicio se cerró con TVG cayendo al cuarto lugar de la FORTA. La CSAG no dice nada de las mediciones de 2026 y eso que en marzo, tras el segundo peor mes de su historia, ya había descendido hasta el sexto puesto. “TVG es consistentemente el canal generalista de España –público o privado– en el que se registra la mayor diferencia, en negativo, entre los dos medidores”, concluye la CSAG. A la hora de cerrar esta información, Fifty5Blue no había respondido a la solicitud de elDiario.es para que ofreciese su versión.

El estudio invisible

La encuesta del EGM es el medio de emisoras de radio y anunciantes utilizan para como guía de las audiencias. Cada una de sus oleadas resitúa al sector –con escasas variaciones, dado el prolongado liderazgo de la Cadena SER– y genera una cascada de noticias en medios tanto generalistas como especializados sobre quién sube, quién cae y quién se mantiene. En los titulares derivados de este primer estudio del año se multiplicaban los nombres de Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina o Jordi Basté. No había ni rastro, sin embargo, de Pablo Motos, David Broncano, Vicente Vallés o Silvia Intxaurrondo. El motivo es bien sencillo: las grandes cadenas de televisión, los grupos empresariales, los anunciantes, las productoras... todos utilizan como referencia los audímetros. Incluso con las críticas históricas a la escasez de la muestra –y algún reciente intento de politizar el auge de La 1–, nadie rompe la baraja. Un vistazo a las redes oficiales de canales generalistas como Antena 3 o TVE permiten comprobar que no realizaron ni una mención al EGM. Tampoco lo hicieron medios especializados como verTele –portal integrado en elDiario.es–, en donde sí aparecen puntualmente las audiencias de cada día basadas en los resultados de Fifty5Blue. También en esto la TVG va por libre.

“Si bien el éxito de las emisoras y ofertas radiofónicas se mide a través del Estudio General de Medios (EGM), las audiencias televisivas en España son territorio de Kantar Media, ahora llamada Fifty5Blue. La empresa se encarga de medir las audiencias televisivas desde 1993 y sobre sus datos se cimenta el sector televisivo”, explica Laura Pérez, directora de verTele. “Todas las cadenas, nacionales y autonómicas, se rigen por estas cifras de cuota y espectadores. Los dos grandes interesados en el negocio audiovisual, grupos o canales y anunciantes, aceptan desde hace más de 30 años este estándar para determinar cuáles son los programas más vistos y así establecer el precio de la publicidad. Los datos no son absolutos pero sí fiables para el sector, que aprueba la red de audímetros que Kantar Media tiene desplegado por el territorio español como muestra representativa de toda la sociedad”.

En la actual temporada 2025-2026, la muestra está compuesta por 5.920 audímetros, que manejan 14.282 individuos teóricos. Como ya explicó verTele en este artículo de 2024, esos dispositivos y esos individuos son los que miden la audiencia de toda España, representando a 47.563.053 españoles, y a 19.626.799 hogares. “Pese a que los números totales están muy alejados de la cantidad de audímetros e individuos, lo cierto es que el panel de medición de audiencia de Kantar en España es uno de los mayores de toda la televisión en Europa”, añade Pérez. Dentro de ese panel, Galicia –con una representación de 460 audímetros y 1.002 individuos– se encuentra en el tercer escalón de comunidades con mayor representación, sólo por detrás de Andalucía, Catalunya y Comunidad de Madrid. Hay 176 audímetros en A Coruña, 146 en Pontevedra, 51 en Lugo y 46 en Ourense.

“Retorcer” los audímetros

Pero, para TVG, los audímetros no siempre son tan malos. Todavía la víspera de la publicación de los datos del EGM, TVG hacía gala de los resultados de audiencia del lunes 13. Eso sí, según Defende a Galega –el colectivo de trabajadores que lucha contra la manipulación en los medios públicos desde hace más de 400 semanas–, con trampa. En el Telexornal Mediodía, la subdirectora de informativos Marta Darriba, agradecía a los espectadores el liderazgo de audiencia durante “varias franjas del día”.

“Por la mañana, (TVG) lideró con un share del 15,1%”, afirmó Darriba. En la red X, Defende a Galega respondió con los datos oficiales: el liderazgo de la franja matinal fue para La 1, con un 15,4%. TVG se quedaba a más de cuatro puntos, en el 11,1%“. Según la plataforma, el canal autonómico sí fue lo más visto entre las 11:45 y las 12:00 y de 13:00 a 13:30. Lo mismo sucedió por la tarde: frente al 21,7% mostrado por Darriba, los audímetros registraron un 16,2%. La franja fue para Antena 3 con un 19,4%. Y ya por la noche, en el prime time, TVG no alcanzó el 11,5% anunciado. Se quedó a dos puntos de ese registro (9,4%) y a tres de Antena 3, que con un 12,5% fue la más vista en el período de máxima audiencia.

Esta particular lectura de los datos encaja con la parte de la promo del EGM en la que TVG consideraba un valor contar las noticias ao noso xeito“ (”a nuestra manera“), por lo que ”nadie se las quiere perder“. Según Fifty5Blue, esto tampoco es verdad. Los telexornais–especialmente, los de primera hora de la tarde–, líderes de audiencia durante años pese a la constante sombra de la manipulación, fueron en marzo los quintos de la FORTA (11,1%) tras caer a mínimos históricos en 2025. Pocas veces consiguen ya colar alguna de sus emisiones entre los cinco informativos más vistos de la jornada en Galicia, un ranking que cada día ofrece la cuenta de X de Defende a Galega.