Yassid Ayad (Valencia, 1980) es “una rara avis” en el IGFAE, el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías de la Universidade de Santiago. En un centro muy ligado al CERN y dedicado sobre todo a la investigación fundamental, a este doctor en Física Nuclear lo que le apasiona es la transferencia de tecnología. En Berkeley trabajó en el desarrollo de vehículos autónomos como los que han bajado a 4.000 metros de profundidad para ofrecer imágenes de algunos de los 220.000 bidones radiactivos arrojados a la Fosa Atlántica entre finales de los 40 y principios de los 90 del siglo pasado.

Atiende a elDiario.es desde el FRIB (Instalación para Haces de Isótopos Raros) de la Michigan State University, la que fue su casa durante siete años y a donde ha vuelto este verano a impartir un ciclo de conferencias.

Después de que las imágenes tomadas por el Proyecto Nodssum confirmasen el avanzado estado de deterioro de parte de los barriles y la presencia de radionucleidos –en un nivel bajo pero mayor del esperado– la primera pregunta que surge es clara: ¿y, ahora, qué?

Desde el IGFAE, liderado por nuestro grupo, teníamos una iniciativa para responder a esa pregunta. Es muy complejo saber cuáles son los siguientes pasos porque hoy es irrealizable limpiar todo ese desaguisado. En realidad, lo que nos están enseñando es la punta de un iceberg. Hay muchos depósitos, porque hasta 1993 estaban permitidos los vertidos e incluso delante de la costa noruega hay un submarino nuclear hundido. Hacer un decomisionado de todo esto es básicamente imposible porque bajar a esas profundidades es un ejercicio tremendo. Es más fácil explorar el espacio que explorar las profundidades del océano, porque en el espacio sólo cambiamos una atmósfera y, aquí, cada diez metros que bajamos, incrementamos otra.

El objetivo de esta expedición era visualizar el estado de los barriles. Eso es un primer paso. Lo siguiente que sería interesante hacer, aunque tiene su complejidad, es un mapeado de la radiactividad para entender por dónde va toda esta radiación y comprobar si hay corrientes que puedan estar afectando a la vida media de los barriles, que es de unos 50 años: una bomba de relojería a sabiendas. El vertido es una gota dentro del océano, pero no significa que no pueda entrar en las cadenas tróficas o tener consecuencias en la vida marítima que pueda haber a esas profundidades.

En el remoto caso de que algún día sí pudiesen recogerse todos esos bidones, tendríamos otro problema: qué hacer con ellos.

Obviamente habría que limpiar, sacar esos residuos y hacer una disposición como se hace hoy en día en sus cementerios, que son los lugares para almacenamiento de residuos radiactivos. Los científicos no estamos parados en ese aspecto. Uno de los proyectos más importantes, junto a redefinir las centrales nucleares, hacer microrreactores... son los que investigan cómo reducir la vida media de esos residuos, a través de técnicas como el bombardeo con haces de partículas, para romperlos en elementos con una vida mucho menor. Incluso existen proyectos que parecen ciencia ficción y que se basan en reutilizar esos desechos para generar cierta energía, aunque no como la de una central: hablamos de baterías beta o alfavoltaicas, que usan la radiactividad para generar una pila de baja potencia.

Lo más difícil es sacar todo el vertido, que está a muchas alturas, a diferentes profundidades. Por cierto, no sólo existen residuos en barriles. Con varios órdenes de magnitud de diferencia, los que más se han acumulado son las pruebas de ensayos nucleares. Lo lógico, por tanto, sería organizar una expedición para bajar de nuevo, tratar de recuperar lo máximo posible y que alguien visualice una manera de contener esos barriles, que tienen una vida media que ya ha pasado hace tiempo.

Cuando los contenedores acaben de descomponerse, lo que como dices es cuestión de tiempo –y cada vez menos–, ¿qué pasará con lo que hay dentro?

Todo está sujeto al flujo y las corrientes oceánicas. En el lecho marítimo hay mucha actividad, un movimiento constante: corrientes muy fuertes y sitios donde existe una conexión con materiales radiactivos que se emiten desde el centro de la tierra. Todo esto va cambiando. Hablamos mucho ahora del cambio en las corrientes y cómo está cambiando el clima, una prueba clara de que es impredecible saber hacia dónde van a ir esos residuos. Están muy diluidos en el agua, que es mucho mayor que el contenido radiactivo, pero eso no quita que puedan llegar a entrar en vías que afecten al día a día de zonas marítimas próximas con actividad pesquera. En pocas palabras, no existe una solución simple.

¿Qué proyecto concreto proponéis desde el IGFAE?

Estamos pensando en equipar estos vehículos con sensores de radiactividad y de mapeado. Yo estuve trabajando durante un tiempo en el laboratorio de Berkeley, en California, donde desarrollábamos sistemas autónomos, en aire o en tierra, para vehículos capaces de guiarse con un mapa geográfico y, a la vez, hacer un mapeado dual de la radiactividad. Desarrollamos unos sensores para tener direccionalidad y marca de tiempo y, mientras el vehículo, se está moviendo, realizar un mapeado total. Esto se hace ya: en Estados Unidos, en cuestiones de protección civil o fronteras, pero también se han emprendido expediciones para mapear centrales nucleares, como en Chernobyl. Así no se expone a ningún trabajador a la radiación y cuentas con un vehículo autónomo que es capaz de mapear y localizar fuentes de radiactividad con muy baja actividad.

El reto es cómo demonios hacer eso debajo del agua, porque es un medio muy denso comparado con el aire, pero si han bajado a tomar las fotos es posible hacer el mapeo. La mayor dificultad es lograr una comunicación de datos eficiente. Una expedición con este objetivo permitiría tomar medidas a través de unas estaciones estáticas a diferentes profundidades que se manden la información del mapeado, conectadas con otras, dinámicas, que se encargarían de elaborarlo. Eso lo hace el proyecto europeo RAMONES (siglas en inglés de Monitoreo de Radioactividad en Ecosistemas Oceánicos). Existe además otra iniciativa enorme para mapear todo el suelo oceánico del planeta. Si eso lo combinas con un registro de radiactividad, tendría más valor aún.

Si lo que hemos visto hasta ahora es sólo la punta del iceberg, ¿qué tipo de sorpresas podemos encontrarnos en el fondo marino? Tanto en los 220.000 bidones arrojados oficialmente al océano como en lo que podemos desconocer...

Sorpresas siempre hay. Si miramos al histórico de barbaridades en cuestión de radiactividad tienes ejemplos como el ciclotrón que hay en la bahía de Tokio porque, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos decidieron que los japoneses no podían tener nada nuclear y lo tiraron directamente al mar. Hay casos documentados de tráfico de materiales radiactivos, en Italia hubo contactos con la mafia para deshacerse de esos barriles en países subdesarrollados... Lo más probable es que el inventario de la IAEA esté obsoleto o incompleto, con vertidos que no se hayan registrado. Tenemos el ejemplo de Palomares donde, por suerte para nosotros, no llegó a pasar nada, pero puede haber accidentes como ese en alguna parte del océano que no se hayan documentado.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Que un piso se dedique al alquiler turístico o al mercado convencional no tiene incidencia en las competencias de administración aeronáutica. Esto, que parece evidente, acaba de plasmarlo por escrito el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para rechazar un recurso de la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la regulación de esta actividad en Santiago de Compostela, el único que quedaba pendiente. Entre sus argumentos, todos refutados por la sentencia, estaba la falta de los informes preceptivos de la Dirección General de Aviación Civil. La resolución del alto tribunal es firme, por lo que la normativa –tres años y medio después de su aprobación por el ayuntamiento compostelano– puede ya volar segura.

El 16 de febrero de 2023, un pleno municipal extraordinario daba luz verde a la modificación del título 3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para prohibir la apertura de pisos turísticos en el Casco Histórico y su entorno –una zona reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad–, además de establecer límites en otros barrios de la ciudad. Aviturga alegó entonces que la decisión se tomó sin solicitar la aprobación de Aviación Civil ni de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo –a la que ha tenido acceso elDiario.es– considera que esos informes “no resultan relevantes” ya que la modificación puntual del PXOM “tiene por objeto simplemente la categorización de nuevos usos”, sin modificar los que ya existían en las ordenanzas urbanísticas. Señala que la memoria justificativa incluye un anexo donde se “advierte que la modificación puntual tampoco altera las actuales determinaciones del plan vigente que afectan al ejercicio de las competencias de la administración aeronáutica”. Tampoco cambian los ámbitos afectados por servidumbres o “afecciones acústicas” ni se tocan “las otras restricciones y condiciones protectoras establecidas en el planeamiento vigente”. En cuanto a la Delegación del Gobierno, los magistrados consideran que “ante la falta de mayor precisión” de los denunciantes “se puede entender irrelevante en atención a la modificación puntual recurrida, ya que no se aclara en qué aspecto pudiera afectar” su falta.

Una norma con “mero interés político”

El recurso de Aviturga cargaba con dureza contra la decisión política de poner coto a las viviendas turísticas (VUTs) con una normativa que, a su entender, “no responde al interés general, sino a un mero interés político y al particular de personas y organizaciones”. Su argumentación consideraba que la modificación suponía “una vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, atenta contra la seguridad jurídica, resulta lesivo para derechos adquiridos con anterioridad al mismo y, además se ha dictado sin respetar el procedimiento administrativo legalmente previsto”.

También esto fue desestimado por la Sala: “Merece ser rechazado por cuanto no concreta qué derecho vulnera” la modificación del PXOM, “, ya que la referencia al derecho de propiedad privada regulado en el artículo 33 es simplemente genérica y, por ello, no puede fundamentar la nulidad que impetra la parte recurrente”.

Quedaba todavía un tercer argumento que los magistrados se encargaron de desmontar: la falta de motivación de un normativa con “criterios de regulación arbitrarios y no adecuados” a las “finalidades confesadas en la tramitación”. La Asociación trata de demostrar que la definición, por parte del ayuntamiento, de la vivienda de uso turístico como actividad de hospedaje “es errónea”. El tribunal, sin embargo, no lo vio así. “El artículo 111 de las normas urbanísticas es claro” y define el uso de hospedaje como “el que no se destina a satisfacer las necesidades de vivienda habitual de las personas residentes, sino que provee necesidades de alojamiento temporal no residencial por turismo de vacaciones u otros motivos laborales”. Por tanto, incluir las VUTs como hospedaje “es adecuado y conforme a la normativa referido a alojamiento temporal que se realiza en viviendas” y, así, afirman que “la modificación puntual en modo alguno puede ser inmotivada, sino que es coherente con el ordenamiento vigente”.

Fueron dos los recursos contra esta medida que llegaron al alto tribunal. El primero, que consideraba que la normativa invadía competencias autonómicas, fue desestimado en febrero. Ahora, esta nueva decisión –anunciada en rueda de prensa por la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao–, supone el cierre del único que continuaba abierto. En su comparecencia, Louzao confirmó que ya había transcurrido el plazo para que Aviturga recurriese en casación ante el Supremo, por lo que la sentencia fue declarada firme, mediante decreto del alto tribunal, el pasado 25 de junio. Y, con ella, también, la regulación de viviendas turísticas de la capital gallega.

La agónica victoria de Argentina contra Cabo Verde —sí, ese Cabo Verde que también por aquí nos tomamos a choteo— nos privó de uno de los mayores espectáculos que el fútbol ofrece fuera del estadio: los insultos de los fans de la albiceleste, disciplina en la que son imbatibles. Aquellos ya clásicos “cementerio de canelones”, “tobogán de piojos” o “termotanque de sida” se hubiesen quedado en nada si Vozinha, Lopes Cabral —¡qué golazo!— y compañía los hubiesen apeado del Mundial. En Qatar, tras perder con Arabia, describían a los saudíes como “hijos de mil putas que se criaron tomando agua del mismo río donde cagó su vecino dos minutos antes” y cuyo deporte nacional era “el lanzamiento de mujeres y granadas”. ¿Qué no hubieran dicho de los tiburones azules, y de su propio equipo, en caso de caer derrotados...? “DENME MAYÚSCULAS MÁS GRANDES”.

Una previa de ese ingenio la dejó el usuario de X @Chapamariano_ en una conversación sobre la envidia que provocaba en Argentina la celebración de las victorias inglesas con música de Oasis. Un hilo que llegó al propio Liam Gallagher. El de Mánchester contestó a un comentario de Chapa en el que recordaba —¡como elogio!— que los hermanos se fundían el subsidio del paro (UB40) “en drogas y alcohol”. “No hay nada malo en eso ¿En qué más lo vamos a gastar?”. Fue entonces cuando llegó la réplica inesperada: “¿Qué onda, pedazo de loro? Te estaba defendiendo, yo hubiera hecho lo mismo con el subsidio. Era una discusión de argentinos. No saltés que no hay charquito”. Chapa se ha puesto como bio de X Walnut whopper, el apelativo que le dedicó el vocalista y cuya traducción aún genera debate en internet.

De pura casualidad, en 2014 me vi la final del Mundial entre Alemania y Argentina en un bar de Menorca rebosante, cómo no, de ingleses. Sobre el papel, ninguno de los dos equipos parecía santo de la devoción de aquella ruidosa parroquia. Por un lado estaba la cicatriz de la Segunda Guerra Mundial pero, por el otro, las más recientes Falklands y, sobre todo, la Mano de Dios. Una rápida encuesta sin valor científico —sumada al posterior disgusto— dejó claro que los hijos de la Pérfida Albión torcían por los de Messi. Dunkerque o el blitzkrieg dejaron heridas profundas y allí no tienen un Feijóo que reduzca estas cosas a una “una pelea de abuelos”. Las Malvinas, por tanto, solo suponen una herida abierta en Argentina. Seguramente, también por aquello que decía el chiste: “Quedamos segundos”. Como la albiceleste en Brasil, aunque esta vez para disgusto de los británicos.

Esta semana, la eliminación, el mismo día, de Japón y Alemania, provocó que se multiplicasen los chistes sobre 1945. ¿Qué sería de un evento como el Mundial sin las referencias políticas? Estados Unidos abrió sus puertas a antiguos enemigos —más complicado lo tuvieron los actuales— y los dos se volvieron a casa tan aprisa que no tuvieron tiempo de volver a atacar Pearl Harbor. La tercera pata del Eje, Italia ni siquiera consiguió clasificarse —le pasó como a España en la IIGM, que cayó en su propia eliminatoria—, y eso “es peor que te cuelguen boca abajo”.

La frase es de Manu Sánchez, uno de los que –fuera del estadio– le están sacando más rendimiento a este Mundial, y que tampoco se resistió a jugar con estos símiles. Lo hizo en un speech en el que volvía a defender la plurinacionalidad de España —la que representa un combinado con Lamine, Nico Williams, Oyarzábal o Borja Iglesias— antes de lanzar su gran propuesta: “Banderas tienen todos; persianas, nada más que nosotros”. Un invento muy útil, ahora “que pretenden de nuevo ponernos cara al sol” y que él atribuye a aquella época en la que el astro rey “no se ponía en nuestro imperio”, como cantaban Los Nikis. De aceptar su propuesta, en la previa contra Portugal, mientras suena el himno, deberían desplegar sobre el césped una veneciana rojigualda. Si los lusos contestan con un estandarte de rizo americano, vamos directos a la prórroga.

Las arengas de Sánchez (Manu) enfadan a la caverna como todo lo que rodea a esta versión de La Roja, un apodo que aún levanta urticaria a ultras como el exbaloncestista Alfonso Reyes. “Están mamando España sanchista muy por encima de sus posibilidades”, resumía Ramón Espinar al compartir el vídeo de Bardem, Pe y Rosalía celebrando la victoria frente a Austria, país natal de cierto aspirante a pintor.

Puede que Espinar no tenga ni idea de lo que es una mariscada, pero aquí dio en el clavo. Hasta el nombre del hermano de Lamine, Keyne, parece elegido para defender una mayor intervención del Estado en la economía –“impuestos y paguitas”–, que siga abasteciendo de cryptobros y streamers a la selección nacional de Andorra.

Keyne —el niño, en singular, no el economista— se convirtió en un meme instantáneo, santo subito, por su celebración del segundo gol de Oyarzábal. En Twitter, al periodista Fran Guillén le molestaba que “la rubia de delante” ocultase la mitad de la celebración. Borja Iglesias, rápido como si estuviese en el área chica, le respondía: “La rubia de delante te ha dado hoy un doblete, amigo”. La mujer era, efectivamente, la amatxu de Mikel.

Se está hablando poco del papel de Borja —y de su inseparable cámara— en este equipo. El Panda, inédito aún sobre el verde —“no me has visto fallar”, respondía con ironía a uno de sus críticos— se encarga en las redes de frenar las internadas por la banda derecha de los extremos de la caverna. En la grada, intercambió camisetas —las de sus clubs— con Alexia, el mismo día en que esta dejó otra imagen para la historia con Pe y con Rosalía.

Al abrazo de los goleadores tampoco le faltaba simbolismo: Borja fue el primero en renunciar a la selección tras el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, antes incluso de que Putellas lanzase el que acabó siendo lema de aquella revuelta histórica: #SeAcabó. Los dos saltaron sin saber si había charquito. Hay elogios que también merecen mayúsculas más grandes.

“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

No han sido pocas las veces que se ha relacionado al Prestige, el petrolero que vertió 77.000 toneladas de fuel ante las costas gallegas a finales de 2002, y al proyecto de macrocelulosa impulsado por la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo). Hasta ahora, esas conexiones apuntaban, sobre todo, a la respuesta ciudadana nucleada en torno a un lema, Altri non, con reminiscencias a Nunca Máis. En su intento por evitar el carpetazo definitivo a la iniciativa, la empresa portuguesa ha hecho público un informe donde asegura que cumple el principio europeo DNSH (“No provocar daño ambiental significativo”). El estudio, contratado por la pastera, que trató de presentarlo como “independiente”, fue redactado por Bureau Veritas, la misma consultora que certificó, en 2001, que el Prestige podía navegar con seguridad un lustro más.

Las principales opositoras al proyecto, Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ria de Arousa (PDRA), consideraron “una provocación” la elección de Bureau Veritas para que elaborase un documento “delirante”. Que Altri –impulsora de la factoría a través de su filial Greenfiber– “llame informe de validación independente a un informe encargado y pagado por ella misma es una borma de mal gusto”, aseguraron en un comunicado donde señalaron la “evidente carga de propaganda y de presión sobre la Xunta de Galicia” para tratar de “acelerar” la Autorización Ambiental Integrada (AAI)“.

Ulloa Viva sólo tiene “claro” que el documento “no tiene validez técnica” y recuerda que, hasta ahora, “el único informe independiente sobre el llamado Proyecto Gama fue el emitido por el Consello da Cultura Galega, un estudio que, entonces, fue descalificado tanto por la Xunta como por los medios públicos gallegos. A la plataforma, esto le parece ”lo mismo“ que sucedió con la consultora Afry durante la tramitación de Gama. En 2019, en el proceso judicial por el traslado de la fábrica de Ence de la ría de Pontevedra, emitió un informe en el que ”veía inviable una celulosa en cualquier río de Galicia“. Sin embargo, durante la tramitación de Altri ”validaba la instalación de una macrocelulosa“ en la comarca da Ulloa.

En la nota hecha pública este mismo lunes por Altri, la pastera destaca que el informe siguió la guía DNSH de la Unión Europea para concluir que “es plausible considerar que el proyecto no va a causar un perjuicio significativo sobre los seis objetivos medioambientales establecidos por la normativa europea: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marino, economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas”.

Tras analizar el texto, a Ulloa Viva le siguen “sin salir las cuentas”, recuerda la movilización de “miles” de personas contra la factoría y finalizar con un recado al gobierno gallego: “Las competencias están en la Xunta de Galicia, es (Alfonso) Rueda quien tiene la responsabilidad y también la memoria histórica para evitar repetir errores del pasado. No queremos otro Prestige y es posible evitarlo”.

La TVG sigue sin encontrar un suelo firme que frene su caída de audiencia. La temporada 2025-2026, que se cerró este fin de semana, ha sido la peor en los más de cuarenta años de historia del canal público gallego. Los datos medidos por Fifty5Blue –la antigua Kantar Media– y recopilados por Barlovento Comunicación lo dejan por primera vez por debajo del 8% de share tras perder seis décimas, con las que acumula una caída de 2,9% en tres cursos televisivos. Y todo indica que no será la última mala noticia que reciban esta semana en la sede de San Marcos. Con sólo dos días por contabilizar, junio se perfila como otro hito negativo: nunca antes se había cerrado un mes por debajo de los 7 puntos y la media de los primeros 28 días no supera el 6,7%.

El balance de Barlovento recoge los resultados de los audímetros desde el pasado 1 de septiembre hasta este domingo, 28 de junio. Durante esos diez meses se ha registrado un número de espectadores récord en el conjunto del Estado: el 99% de la población, 47,1 millones de espectadores únicos, ha visto la tele en el algún momento, lo que supone la mejor cifra desde que existen datos. Es en ese contexto –en el que el conjunto de las autonómicas logra un mínimo repunte (+0,1%)–, en el que se encuadra el desplome de una TVG, que resta y sigue. La temporada 23-24 se cerró con un 9,5% de audiencia. La siguiente, tras un bajón de un punto, con un 8,5 que ahora se hunde hasta el 7,9%. Es, también, la primera vez que se sitúa por debajo de la media de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

La que acaba de finalizar es la primera temporada completa de la nueva directora xeral, Concepción Pombo, al frente de la CSAG, la denominación que estrenó la CRTVG debido a la nueva ley que permitió el relevo, tras 16 años en el cargo, de Alfonso Sánchez Izquierdo. Una normativa que acentuaba el control político de los medios públicos al permitir nombrar a la máxima autoridad de la corporación a dedo, sólo con la mayoría absoluta de la que goza el PP en el Parlamento de Galicia.

Este martes, Pombo cierra el curso compareciendo ante la Cámara. El BNG tiene previsto preguntarle por las audiencias de los nuevos formatos con los que ha intentado, sin éxito, levantar cabeza. Los socialistas, por su parte, se interesarán por la condena a la productora de Roberto Vilar –presentador estrella de la casa– por el despido improcedente y el sueldo por debajo de convenio a uno de los guionistas de su programa, pese a que el espacio dispone de un presupuesto millonario.

La tendencia de TVG rompe con la del bloque de cabeza de las televisiones integrantes de la FORTA. La clasificación queda liderada una vez más por TV3 con un 14,5%. El canal catalán sube cuatro décimas, las mismas que gana Aragón TV para alcanzar el 12,5% de share y firmar su mejor temporada histórica. El tercer puesto del podium es para Canal Sur, que iguala el 9,4% del curso pasado, ETB2 sube hasta el 9% tras ganar un 0,7%, prácticamente lo mismo que pierde una TVG amenazada por el 7,6%) de la televisión canaria, tras un salto de dos puntos. La mayor caída tras la gallega es la de A Punt (0,3%). Ninguna de las cadenas con saldo negativo llega al 5% de share.

“Si despiertas a una hora diferente, en un lugar diferente, ¿podrías despertar como una persona diferente?”. La pregunta de Edward Norton en El club de la lucha resonaba en mi cabeza cuando este sábado abrí los ojos muy temprano a 150 kilómetros de casa y en horario GMT+1. Estaba claro que aquella era una persona diferente, un extraño que, a tientas y tratando de no tirar nada en esa habitación desconocida, atrapó el móvil para consultar, antes que ninguna otra cosa, el resultado de la selección. “No eres tú, es el Mundial”, me dije para tranquilizarme.

Esta semana, uno de mis momentos favoritos fuera del estadio sucedió, en realidad, dentro. Edward Norton y Brad Pitt coincidieron en la grada del USA-Turquía –por nacionalidad, torcían por los gringos; por pelaso, por los otomanos– y las redes enloquecieron. “Edward Norton hablando solo”. El vídeo en el que una joven se acerca a ellos con una única bebida y se la da a Ed sólo reforzó la tesis. Considerando que ha pasado más de un cuarto de siglo desde su estreno y que un compañero Gen Z se refirió hace poco a la película como “un clásico” –“WTF?”, responderían las hijas de Zapatero–, me permitiréis el spoiler: Tyler Durden, el icónico personaje de Pitt, no existe: es una creación de la mente del narrador. Sí, por chistes como estos es por lo que pagamos twitter, Teófila.

En 1999, el año de estreno de Fight Club, el dueño de X, Elon Musk, vendía su primera empresa por más de 300 millones de euros. Aún no había fundado SpaceX, por eso se libró de aparecer en otro monólogo que, como tantas cosas en esa cinta, se adelantaba a su tiempo: “Cuando se intensifique la exploración del espacio profundo serán las corporaciones las que le pongan nombre a todo. La galaxia Microsoft. El planeta Starbucks”. Es lo mismo que están haciendo en la tierra, y el Mundial –como el evento sideral que es– se ha convertido en el mejor exponente.

(No, esta semana no hay pausa para hidratación. Ni para recaudación).

La víspera del choque contra Uruguay –visto lo visto, lo fue, con todas las letras– la RFEF publicaba un anuncio con las famosas gafas amarillas de Marcos Llorente. Horas después, en una de esas serendipias que tanto nos gustan, el reputado negacionista regresaba al once titular de España, como si fuese una estrategia para revalorizar el producto.

Llorente siempre me ha recordado un poco a Cara de Ángel, el personaje de Jared Leto al que Norton apaliza porque “quería destrozar algo hermoso”. Sin embargo, en el spot, lo vemos jugando al billar como si fuese Paul Newman en El buscavidas, aunque cuando lo grabó seguramente estuviese pensando más en su secuela, El color del dinero, que no tiene por qué ser necesariamente amarillo... Si él fundase su propio club de las gafas, la primera regla nunca sería mantenerlo en secreto. Así no llegas a ponerle nombre, ni siquiera, a un triste satélite...

Seguramente, la unánime ola de críticas que desató el post –y que incluyó a los periodistas de RTVE que se prestaron a la promoción– fue la causa de que la RFEF lo borrase. Como siempre, demasiado tarde para la velocidad de los internautas, que se preguntaban si el siguiente objetivo recaudatorio de los chicos de Rafael Louzán pasaría por vendernos pulseras magnéticas o advertirnos contra el peligro de los chemtrails. Mi opción favorita serían gorros de papel de aluminio que protejan del control mental al tiempo que permiten envolver el bocata para el descanso. Si es que en los estadios del Mundial dejan pasar comida, claro.

Lo que sí está claro es lo que tienen en común Tyler Durden y la base científica de las gafas de Llorente: que ninguno de los dos existe. Que el partido contra Uruguay acabase convertido en una versión futbolística de El club de la lucha sólo le aporta poesía a todo esto. “Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y estamos, muy, muy cabreados”. Si añadimos a esa lista “ganadores del Mundial”, es fácil entender el enfado de los de Bielsa, el único en toda esta historia al que le han colocado oficialmente la etiqueta de Loco.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

La Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y pide para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación. El ministerio público argumenta que Jácome cobró como regidor un sueldo, con dedicación exclusiva, superior a los 70.000 euros anuales, mientras mantenía unas actividades empresariales “que le generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde” y sin solicitar la compatibilidad “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone”. A traves de su cuenta en la red social X, Jácome aseguró que la acusación es “algo sin base que se quedará en nada”.

En el escrito –al que ha tenido acceso elDiario.es–, el fiscal desgrana los sueldos públicos del alcalde que, desde su toma de posesión el 15 de junio de 2019 hasta noviembre de 2025, rozaron los 470.000 euros. En un período ligeramente menor –entre 2019 y 2024–, sus ingresos por otras actividades fueron casi el doble: 787.687,93 euros.

La práctica totalidad de ese montante procedía de la televisión local Auria TV –sólo en 2020 facturó 218.000 euros–, “de la que es propietario y único responsable, y ello, a sabiendas de la ilegalidad que ello supone, y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar”. El fiscal añade la mercantil Jolper Música SA, una tienda de instrumentos musicales de la que Jácome fue administrador único hasta que cesó su actividad en agosto de 2020 y también 73.260 euros de una operación inmobiliaria del año 2021.

El ministerio público concluye que Jácome “estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad”. Esas ocupaciones “ajenas al cargo” no tenían “carácter de residual, secundario o marginal”. Sin embago, el regidor “nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Concello de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad”.

El 5 de agosto de 2019, menos de dos meses después de tomar posesión, Jácome “solicita formalmente al Concello de Ourense, la declaración de compatibilidad de sus actividades” con las funciones de alcalde “en régimen de dedicación exclusiva”. Sin embaro, tres días despues, el 8 de agosto –víspera de un pleno extraordinario–, “desiste por escrito”, y lo hace, a juicio del fiscal, “porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad”. Dos años después, en diciembre de 2021, el pleno del Concello de Ourense aprobo una moción que instaba al regidor a renunciar a su sueldo por incompatiblidad, “moción a la que el acusado hizo caso omiso”.

Es “el Guernica gallego”, el cuadro “más simbólico de nuestro exilio y represión”. Castelao lo pintó en el exilio como homenaje a Alexandre Bóveda, líder galeguista fusilado por el franquismo tras un juicio farsa y cuya muerte, el 17 de agosto, se conmemora cada año como Día da Galiza Mártir. A derradeira leición do mestre pudo verse por primera vez en Galicia en 2018, en una exposición organizada por la Xunta de Feijóo, quien trató de borrar todo el significado político tras la imagen de los dos niños que lloran a su maestro asesinado. El Museo de Pontevedra –dependiente de la Deputación, gobernada por el PP– volverá a mostrarlo a los gallegos desde este jueves. La hija de Bóveda, Amalia, no estará en la inauguración por “dignidad” y “coherencia”: considera “intolerable” el “blanqueamiento político de aquellos que hoy se autoproclaman galeguistas mientras defienden pactos y acuerdos con partidos de extrema derecha”.

La víspera de la inauguración de la muestra, Amalia Bóveda ha emitido un comunicado en el que argumenta tres motivos para justificar su ausencia en el acto oficial. El primero es la “incoherencia histórica” y el voto en contra da la Deputacion contra el Día da Galiza Mártir. “Resulta de una profunda hipocresía institucional ir ante el cuadro más simbólico de nuestro exilio y represión y votar en contra de institucionalizar el 17 de agosto”, explica. “Es necesario recordar que Castelao pintó esa obra, precisamente, en homenaje a Alexandre Bóveda y a todos los represaliados”, por lo que “no se puede honrar y admirar la obra mientras se desprecia y vota en contra del motivo por el que fue creada”. A esto suma que, desde 2014, “todos los gobiernos” del ente provincial “evitaron deliberadamente” llevar este asunto a pleno.

La causa en la que más se extiende el texto es en los pactos “inaceptables” del PP con la extrema derecha. Para la hija del mártir, ese “intolerable blanqueamiento” supone una “ofensa directa a la memoria de quien dio la vida por la libertad y la democracia en Galicia que se pretenda inaugurar un cuadro contra el fascismo con la mano tendida a los herederos ideológicos y valedores de la dictadura”.

“El galeguismo es, por naturaleza y coherencia, lo contrario al apoyo en la extrema derecha, sin ningún tipo de justificación, máxime con lo ocurrido en este país”. Amalia, que estaba en el vientre de su madre cuando su padre fue asesinado, recuerda que Feijóo “ya compareció ante el cuadro con un discurso y unas disculpas que, a tenor del presente, fueron mero tacticismo y faltaron a la verdad”. De su sucesor, Alfonso Rueda –que estará presente en la inauguración, al igual que el conselleiro de Cultura–, opina que “le llama sentidiño a la carencia del mismo, inventando el 'fascismo de izquierdas' delante de nosotros para poder situarse en una falsa equidistancia”.

Lo que Feijóo no dijo

En 2018, cuando A derradeira leición do mestre se exhibió por primera vez en Galicia, Feijóo lo presentó como “un símbolo” por la mano que lo pintó –la de Castelao– y “por la lección histórica que representa y el homenaje que dedica a los maestros”. “La recuperamos para homenajear la educación a través de los ojos y de los trazos de Castelao” y de su “poderosa carga simbólica” como defensa de la educación frente al fanatismo“ y ”de una enseñanza en libertad“ como ”medio de promoción de los valores democráticos“, afirmó. Incluso añadió en su discurso menciones genéricas a la ”advertencia de lo que jamás debe volver a pasar“ o al alegato contra la ”injusticia“ que contiene la obra. Ni una palabra sobre la represión franquista y sus asesinatos, como el del propio Bóveda, cuyos rasgos dio Castelao al maestro muerto ante sus alumnos.

Ese discurso y su particular “borrado de parte de la historia” fue el punto de partida de Ictus, el último montaje de la compañía teatral Chévere, Premio Nacional de Teatro en 2014. Tal y como relataba a elDiario.es el dramatugo Xesús Ron, “ese cuadro está representando algo suficientemente incómodo como para que no se puedan pronunciar determinados nombres ni recordar determinadas situaciones y hechos históricos”. La obra “nos ofrece un testimonio contemporáneo de una confrontación real que supuso el asesinato de miles de personas”. Eso es lo que la hija de Bóveda no quiere obviar en esta segunda oportunidad.

“La memoria y la lección de mi padre y de Castelao, junto con el legado del galeguismo exiliado y asesinado no son mercancía electoral ni un decorado para el cinismo político”, aseguró. “No puedo acompañar a quien, con sus votos, actos y pactos diarios, niega la realidad histórica a institucional de lo que ese cuadro representa”. Por eso, Amalia exige “coherencia”: “no se puede sostener el pincel del maestro con la mano izquierda mientras, con la derecha, se borra y apaga nuestra memoria y los Derechos Humanos”.

La hija del “motor” del Partido Galeguista agradeció el “excelente trato” de la dirección del Museo de Pontevedra antes de asegurar que sí tiene intención de visitar la muestra, en compañía de su familia, en otras fechas, empezando por el propio 17 de agosto. “La cuestión real y objetiva no debe ser la ausencia de Amalia Bóveda, sino la presencia en la inauguración y en el Día da Galiza mártir de quien niega políticamente los derechos de las víctimas y de sus familias”, subrayó.

Los cuatro concejales del Ayuntamiento de Santiago expulsados del PSOE tras un enfrentamiento con la cúpula local concurrirán con una candidatura propia a las próximas elecciones municipales. Lo han hecho la víspera del segundo aniversario del pleno en el que rompieron la disciplina de voto del partido en una votación sobre los pisos turísticos que partió en dos el grupo municipal.

El proyecto, que se presenta este martes de forma oficial, estará encabezado como candidata por Mercedes Rosón, responsable de Urbanismo y primera tenienta de alcalde durante el último gobierno socialista de Sánchez Bugallo, entre 2019 y 2023. “Hoy nos damos cuenta de que la democracia requiere de nuevas plataformas que rechacen las dinámicas, muchas veces oscuras, de los partidos políticos”, aseguro antes proclamar: “somos más de Santiago que de partido”.

Las Non Adscritas, como todavía se denominan, pretenden contraponer sus propuestas a la “parálisis” de tres años de gobierno del BNG –en coalición con Compostela Aberta– y a la “crispación” de la que culpan a PP y PSOE. El proyecto, según Rosón, nace “libre, riguroso y sin subordinacions” a aparatos políticos externos.

Rosón, junto a sus compañeras Mila Castro, Marta Álvarez y el portavoz municipal, Gonzalo Muíños, fueron expulsados del PSOE después de negarse a acatar la orden del secretario local, Aitor Bouza, de no apoyar la ordenanza que cerraba la normativa de los pisos turísticos en Santiago. Los cuatro ediles decidieron respaldar la iniciativa del bipartito BNG-CA. Lo hicieron por medio de una emocionada Rosón que defendió la medida –que ella misma había impulsado durante el mandato anterior–, como “socialista”.

La ruptura del grupo dejó al PSOE con sólo dos ediles en el Pazo de Raxoi, Gumersindo Guinarte y Marta Abal. El partido aún no ha elegido a su cabeza de lista para las elecciones pero ya ha planteado una encuesta interna. En ella aparecen los nombres de la exconcejala y número dos de la agrupación, Marta Álvarez Santullano; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el propio Bouza –hoy diputado– y su compañera en el Parlamento, Patricia Iglesias y el exministro José Miñones, actual presidente de Mercasa.

Este domingo, a las 10:42, decimos adiós a la segunda primavera más cálida de la serie histórica, sólo por detrás de la de 2023. Y lo hacemos con el termómetro por todo lo alto. Desde el sábado se esperan ya los primeros efectos de la ola de calor sahariano que azotará Galicia y el Cantábrico ese mismo domingo antes de extenderse al resto de la Península. Estas subidas repentinas de temperatura –cada vez más frecuentes, según los expertos– acompañadas de caídas en la humedad, resecan la vegetación y la convierten en un combustible ideal para la expansión de los incendios forestales. Con los datos en la mano, la relación entre las condiciones de la atmósfera y el comportamiento del fuego parece cada vez más evidente.

Juan Picos es profesor en la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra. Desde el primer gran incendio forestal (GIF) del año en Galicia, no deja de revisar los indicadores del déficit de presión de vapor (DPV), la conocida como “sed del aire”, que indica la diferencia entre la cantidad de humedad que contiene y la cantidad máxima que puede retener a esa misma temperatura; en palabras de Picos, “la fuerza con la que la atmosfera seca la vegetación”.

Aquel fuego se declaró en abril y, en poco más de nueve horas, arrasó 750 hectáreas. La humareda, visible desde al aeropuerto de Vigo, arrancó en Ponteareas para extenderse a los concellos vecinos de Mos y Pazos de Borbén, donde llegó a declararse la situación 2 por su proximidad a los núcleos habitados. En Carballo (A Coruña), otro foco calcinaba 150 hectáreas más.

La estación de Meteogalicia de Pazos de Borbén es la elegida por Picos para estudiar la evolución del DPV durante este año. La gráfica está atravesada por una línea de puntos roja que marca una presión de 1,5 kilopascales. Por encima de ese nivel, en agricultura se considera que la vegetación empieza a marchitarse. El 6 de abril, el día en que se inició el fuego en Ponteareas, el DPV doblaba ese límite. Pese a ligeras subidas puntuales durante ese mes y el siguiente, la gráfica mantuvo una cierta estabilidad hasta que se disparó el viernes 12 de junio. Ese día, se inició el incendio de Padrón, a 90 kilómetros de allí.

Igual que sucedió en Ponteareas, la fatalidad parece estar detrás de la ignición. En la localidad pontevedresa se investiga si el origen estuvo en la chispa de un tractor que recogía leña. En la coruñesa, los vecinos hablan de un posible fallo en la línea eléctrica que cruza Herbón, la parroquia donde nacen los pimientos que dan fama a todo el municipio. Serán las investigaciones en curso las que tengan que determinarlo pero, en ambos casos, aquella primera llama se encontró con un terreno propicio para extenderse: la vegetación, que había crecido con fuerza durante el invierno, resecada por la presión de la atmósfera.

El fuego de Padrón afectó a un área que no había ardido en veinte años, desde la gran ola de incendios de 2006. Arrasó un total de 350 hectáreas después de reavivarse en la mañana del sábado, ayudado por el calor, el viento y los focos secundarios. Controlado desde primera hora del miércoles, Medio Rural aún no ha confirmado su extinción. Sí lo hizo con el de Boborás (Ourense), iniciado el domingo por un rayo y que quemó casi 280 hectáreas. En Xermade (Lugo), el lunes otro foco calcinaba 36 más.

Picos sintetiza el diagnóstico en una confluencia: inviernos “menos duros” –con más crecimiento de la vegetación–; primaveras “más cortas” –en las que la vegetación se “resiente” antes y está “más disponible” para el fuego–, a lo que hay que sumar “varios años de anomalía” que permitieron “acumular en el territorio” parte de “lo que ya secó”.

A estos tres se suman situaciones meteorológicas “que antes eran anómales pero ahora se van haciendo más frecuentes”, como las danas sobre el Atlántico, responsables de estas olas de calor “con componentes ligeros de sur, bajas humedades y noches tropicales en lugar de componentes de nordés y entradas de brisas húmedas marinas al atardecer”. También, la mayor frecuencia de las tormentas eléctricas secas, sin lluvia y unos “factores estructurales” que ya existían “incluso en 2024, el mejor año de toda la serie histórica” –previo al desastroso verano de 2025–: la presencia de abundante vegetación en los montes, zonas agrarias e interfaces urbano forestales, las zonas donde las áreas urbanas se mezclan con el monte.

Este es el escenario sobre el que se registran unas “altas frecuencias de ignición” que tienen causas múltiples. El investigador las resume en cuatro: dolo, descuido, negligencia o accidentes. Sobre este terreno abonado, cualquiera de ellas puede provocar el próximo gran incendio forestal.

Aviso a lectores despistados: no busquéis –todavía– una interpretación futbolística del título. No parece que el juego desplegado hasta el momento por la selección española esté causando ningún tipo de pánico entre los rivales. Otra cosa, claro, es la selección de los alegres protagonistas de la foto. Pero aquí nos toca mirar lo que pasa fuera del campo y, en esta babel futbolística, los idiomas –uno, en concreto, el que siempre pide casito, el que compartimos tanto con Messi como con Javier Aguirre– también han tenido que pasar por el VAR.

En el tiempo en el que Inglaterra goleó 4-2 a Croacia, un bar de Dallas sirvió 45.000 cervezas y Feijóo acudió a divertirse –dentro de sus posibilidades– a El Hormiguero. Casi lo primero que hizo fue mirar a la cámara equivocada para mandarle un abrazo a Ilio Topuria. Menos mal que lo traía preparado.

Topuria venía de recibir una paliza en la Casa Blanca en una especie de actualización del circo romano pasado por el filtro de Idiocracia, una comedia infravalorada en su momento y que va camino de convertirse en profética. En el artículo inaugural de esta sección, Gonzo dijo que estaba a punto de empezar el Mundial de Calígula. Podía parecer una exageración hasta que vimos, justo entre un Brasil-Marruecos y un Haití-Escocia, el sangriento combate de gladiadores en la residencia presidencial

Tengo la sensación de que si Topuria hubiese ganado, Trump hubiese llamado al ICE para que lo solucionase. Seguro que lo de hispano-georgiano le sonó a latino-residente en Atlanta, la ciudad de la Coca Cola, la CNN y los partidos de la selección española. Una selección que, por cierto, siempre pudo atender a los medios en su idioma. La alerta roja se encendió en la previa de aquel Brasil-Marruecos.

La prohibición, primero a Achraf Hakimi –criado en Getafe– y después a Vinicius, de responder a los periodistas en español, despertó ese orgullo patrio que siempre está latente ante cualquier agravio llegado desde la pérfida Albión o alguna de sus antiguas colonias. Hoy, Hakimi tiene problemas más serios –va a ser juzgado por violación– mientras Vini Jr, con dos goles en otros tantos partidos, se va librando de aprender a traducir beach ball.

La explicación de la FIF... ¡Ups! Pausa para hidratación. Ahora vuelvo.

¿Por dónde iba? Ah, sí: La explicación de la FIFA a su “no spanish, english please” fue más técnica que ideológica: sólo tenían previstas cinco traducciones. Eran la del idioma de la sede –inglés–, las de los equipos –portugués, árabe y francés– y la del entrenador de la canarinha, Carlo Ancelotti: el italiano. Al final, como en el Congreso, todo era un problema de pinganillos. Pero, por lo que fuese, en esta ocasión no importaba su coste.

La anécdota dio munición a quienes llevan décadas viviendo esta situación desde el otro lado: los hablantes de lenguas oficiales –galego, catalán, euskera– a los que tantas veces se discrimina, y no precisamente en un choque entre dos selecciones extranjeras a 6.000 kilómetros de distancia, sino en su propia casa.

Ya una semana antes, el tuitero BorxaGz, creador de la web Orgullo Galego, se anticipaba al debate cuando otro usuario de X se preguntaba por qué en la camiseta de La Roja ponía Spain en lugar de España. “Pues porque es un torneo mundial y el inglés el idioma internacional que nos comunica en todo el planeta”, respondía. “El castellano está muy bien para Morata de Tajuña, Fuentesauco de Fuentidueña o para Medellín, pero no nos mueve por el mundo”. Como le ha sucedido históricamente a otros Balones de Oro del mundo de la retranca, fueron mayoría los que no lo entendieron. Y esta vez no fue por la lengua utilizada.

Pero, por si todo esto en realidad no fuese un problema de logística, sino otra estrategia de Calígula y su cruzada contra la lengua de Cervantes –tras borrar las cuentas en castellano de la Casa Blanca o examinar de idiomas a los conductores inmigrantes–, la Vieja España, la de Hernán Cortés y los tercios de Flandes, ha encontrado a su paladín. Y, sí, también es gallego.

En el mismo programa en el que empezó hablando de Ilio Touria, Pablo Motos preguntó a Feijóo cómo llevaba su inglés: “Mal”, respondió rotundo. “No lo toco”. ¡Ja! Empate.

Empate. Sí, como con Cabo Verde. A ver qué pasa contra Arabia Saudí. Y no, no lo digo por las joyas de Zapatero...

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Hispanic causing panic (1990) es el título del debut discográfico del pionero del rap chicano Kid Frost. Cuentan que Frost corrió para que bandas como Cypress Hill pudiesen volar. Con su segundo single, “Ya estuvo (That's it)”, se pasó por el legendario Plastic de TVE. La letra de aquella canción incluía un verso –“yo digo positivo, no nunca negativo”– que años después sería reinterpretado libremente por Louis Van Gaal.

Alberto Núñez Feijóo eligió ir a divertirse a El hormiguero el mismo día en el que Zapatero comparecía ante el juez Calama, así que las preguntas sobre el caso y, en concreto, la parte más llamativa –las joyas–, se daban por supuestas. “El exministro Miguel Sebastián ha dicho que todos los ministros y presidentes reciben regalos”, arrancó Pablo Motos. “¿A usted le regalaron algo cuando era presidente de la Xunta y se lo quedó?”. Feijóo bajó la mirada, destapó el bolígrafo y trazó una línea sobre el folio mientras contestaba: “Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Xunta es regular eso. En la Xunta nadie puede aceptar un regalo por encima de 90 euros”. De un plumazo, el líder del PP había borrado cinco años de historia. Feijóo ganó sus primeras elecciones en 2009. El código ético al que se refiere se aprobó en el verano de 2014.

Aquel momento no fue casual. Un año después de la publicación de sus fotos con el narco Marcial Dorado, la escena política gallega estaba marcada por la explosión de la Operación Pokémon, una investigación por corrupción que salpicaba a las cuatro provincias gallegas desde 2012. Sin embargo, no fue hasta poco antes cuando empezaron a trascender los sumarios. De aquella época quedó, en el imaginario colectivo, una frase de la que era portavoz del PP en el Parlamento y hoy es número dos del partido en Galicia, Paula Prado: “Los regalos que hace Vendex [una de las empresas investigadas] tú ya los sabes. Sin hacer nada hace un regalo de la hostia. Una pluma Mont Blanc o un bolso de no sé cuanto”.

Como casi todos los señalados por las escuchas y las investigaciones, Prado saldría absuelta tiempo después. Pero, en aquel momento, Feijóo necesitaba marcar distancias frente a esos comportamientos. El 24 de julio, víspera del Día Nacional de Galicia, un mes después de que las palabras de la portavoz llegasen a los titulares de La Voz de Galicia –El País ya las había publicado en febrero–, la Xunta aprobaba su código ético institucional.

Dos años más tarde se conocieron algunas de las cosas que habían pasado durante aquel lustro. El caso Cóndor, que tenía como eje de sus investigaciones al propietario de Monbus, Raúl López, permitió conocer los regalos del empresario del transporte al presidente de la Xunta. Según Vigilancia Aduanera, entre 2010 y 2013, Feijóo recibió cada navidad botellas de Vega Sicilia por un valor total de 2.300 euros. Era uno más en una lista de políticos a los que López agasajaba y en la que también destacaba el nombre del exministro socialista José Blanco o el del sucesor de Feijóo, entonces vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda.

Todos estos son asuntos que los internautas –especialmente, los gallegos– conocen bien, y por eso no han dejado pasar en las redes sociales la amnesia del líder popular.

El cuestionado traslado de los jueces Luís Villares y Dolores López, después de haber sido señalados por Xunta y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos, no deja de sumar críticas. La última, y muy contundente, la de la Fiscalía Superior de Galicia, que alega “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos” en la decisión de la presidenta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Azucena Recio. Ese movimiento, escriben, “puede generar una apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad” que afectan “a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial”.

El Ministerio Público se manifiesta con esta claridad en su dictamen –al que ha tenido acceso elDiario.es– sobre un recurso presentado por el sindicato CIG contra el relevo de López como relatora de una causa de la que fue apartada tras su cambio a otra sección de la Sala. Fiscalía recoge y amplifica la demanda planteada por la central nacionalista, la de mayor representación en Galicia. Considera que la medida contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio tratado de la Unión. Llega a pedir a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG que desobedezca la providencia de su presidente, Juan Carlos Fernández, y mantenga a López al frente del caso, una denuncia por la supuesta vulneración de derechos fundamentales en la huelga contra el genocidio de Palestina.

Recio accedió al cargo de presidenta de la Sala a principios de marzo, tras competir por el cargo con el propio Villares. Apenas unos días después, en la que fue su primera decisión de calado, trasladaba a los dos magistrados de la sección tercera a la cuarta. Los retiraba así de atender recursos sobre expropiaciones forzosas, minería o proyectos industriales para destinarlos juzgar reclamaciones sobre tributos y catastros. La oposición gallega, entidades progresistas del ámbito de la Justicia, sindicatos y ecologistas vieron una relación directa entre ese movimiento y las acusaciones del PP, el gobierno gallego y la patronal eólica, que no ocultaron su contrariedad por las paralizaciones de parques decididas por el conjunto de la sección y que ejemplificaron en Villares por su pasado como portavoz de En Marea entre 2016 y 2020. Las sospechas de que el movimiento buscaba un cambio de criterio se plasmaron en la denuncia por prevaricación presentada por la Coordinadora Eólica Así Non –formada por una veintena de entidades– que la Fiscalía Superior derivó a la del Tribunal Supremo.

Aquella decisión inicial de Recio provocó una providencia del presidente de la sección tercera, Fernández, en la que asumía los cambios y “redistribuía” el trabajo. “Habida cuenta de que la actual ponente ha dejado de formar parte de esta Sección, se redistribuye el presente asunto, a tales efectos a la nueva Magistrada Ponente, la Ilma. Sra Dª Rosa Agraso Barbeito, a quien corresponde por número, conforme el turno de ponencias de la Sección”.

Esa fue la providencia que la CIG consideró “contraria a derecho” por “vulneración del derecho al tribunal predeterminado por la ley”. El sindicato recurrió con unos argumentos que, en su mayoría, han sido recogidos por la Fiscalía. Al tratarse de una causa que puede afectar a derechos fundamentales, el ministerio público actúa como parte en el proceso. En el escrito que envía a la sección tercera , Fiscalía rechaza la posibilidad de impugnar “directamente” el traslado, un “acuerdo gubernativo de la presidenta de Sala” pero considera que “sí se puede inaplicar a este procedimiento por ser contrario al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como exige el principo de primacía del Derecho de la Unión y la sentencia invocada”.

Pese a no impugnar la decisión de Recio, la Fiscalía sí la ataca en el “encuadramiento jurídico” de su dictamen. Considera que careció de “criterios objetivos y precisos” pese a que la presidenta “apeló a 'razones organizativas' y a la necesidad de 'preservar tanto la aparencia como la realidad de la imparcialidad'. Tampoco encuentra ”motivación suficiente“ y afirma que fue ”genérica y no individualizada, sin explicar por qué el traslado forzoso era necesario para preservar la imparcialidad del tribunal en todos los asuntos“, más allá de los ”tres casos concretos“ en que habían sido recusados.

El ministerio público recuerda que, para el Tribunal Constitucional, un cambio en los miembros del tribunal “sólo constituye una violación” del derecho “si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcilidad e independencia”.“En este caso”, argumenta, “la alteración de la composición fue sustancial (dos de cuatro magistrados)”. A ello suma las carencias de motivación y la ausencia de criterios objetivos ya apuntadas para afirmar que “pueden generar una apariencia de influencia externa indebida sobre la modificación de la composición y de arbitrariedad que afectan a la imagen de imparcialidad y a la confianza legítima de la ciudadanía en el sistema judicial, en contra del principio de seguridad jurídica”.

Por eso, “en estas circunstancias, la mera invocación de una comunicación gubernativa interna no puede considerarse suficiente para satisfacer las exigencias de transparencia inherentes al derecho fundamental al juez legalmente predeterminado”, continúa para concluir: “En consecuencia, procede revocar la providencia de 19 de mayo de 2026. Esto implicaría que la magistrada relatora originaria debe seguir conociendo del asunto hasta su conclusión, excepto que concurra una causa justa de abstención o recusación”.

“Mi padre se moría dos veces al año y dos veces al año, resucitaba”. La relación de Javier Peña (A Coruña, 1979) con su progenitor, un marino mercante que pasaba meses embarcado, ha marcado toda su vida. Su último libro, Tinta invisible, fue una carta de amor hacia él, escrita a través de los únicos elementos que, en los últimos tiempos, les permitían comunicarse: las historias. Durante el proceso de escritura, Peña comprendió que su carácter ciclotímico procede de aquel carrusel de sentimientos que padeció de niño. Y volvió a mirar al mar, un elemento tan importante para él como lo fue para la historia del mundo y de la literatura. Todo eso es lo que está detrás de Es necesario navegar, el monólogo que inicia su gira por España pero que también llegará al otro lado de ese océano, a Latinoamérica, donde su podcast literario, Grandes infelices, vive todo un fenómeno fan.

“Mi padre se iba cuatro meses, luego pasaba dos en casa, marchaba otros cuatro, volvía dos más...”, recuerda Peña en un café compostelano, su espacio natural de trabajo. “Para un niño de siete u ocho años, cuatro meses es toda la vida”. Por eso, él está convencido de que esa “montaña rusa” de su infancia explica cómo es. “Mi carácter, que pasa de eufórico a depresivo, se representa en esa idea de mi padre yéndose, mi padre volviendo...”. Y todo por culpa del mismo mar que él veía desde pequeño, en su piso sobre la playa de San Amaro, desde el que se divisó el accidente del petrolero Urquiola. Él entonces aún no había nacido, pero sí recuerda cómo, en 1992 , lo mandaron a casa, junto a todos sus compañeros de colegio, porque se temía que la nube de humo provocada por el petrolero Mar Egeo, encallado a los pies de la Torre de Hércules, pudiese ser tóxica.

“Mi vida estaba ligada al mar pero, en los últimos años –con la separación de mi padre y mi vida en Santiago, tierra adentro– había perdido esa conexión. Tinta invisible me permitió regresar al mar y ver cómo él me trajo algunas de las historias que más me gustan: las de Conrad, Poe, Melville...”, relata. Ahora, de alguna manera, se lo devuelve. A ambos.

El espectáculo, que toma como título una frase de Pompeyo –“Navegar es necesario, vivir no lo es”– arranca con La Odisea o el arca de Noé, “que viene del Poema de Gilgamesh”. “Es decir, que las primeras obras de ficción están relacionadas con el mar. Esa idea de que la literatura nació en torno a él me hizo crear esta obra en la que, durante algo más de una hora, repasamos muchas de las cosas que nos dio: los seguros, las apuestas, el ecologismo...”. El escritor reivindica la enorme importancia que el mar sigue teniendo para una sociedad que, más pendiente de la tecnología, a menudo le da la espalda. Hasta que un carguero gigante se queda atascado en el Canal de Suez y afecta a todo el comercio mundial. O hasta que se cierra el Estrecho de Ormuz.

Millones de oyentes desde el salón de casa

El viaje escénico está inspirado en la ruta que más veces recorrió su padre: la que va de Rotterdam, el mayor puerto de Europa, a Richards Bay, en Sudáfrica, un antiguo poblado de pescadores, hoy convertido en una de las principales terminales de carbón del mundo. Una travesía que permite a Peña ir realizando escalas escogidas para narrar esas historias de la literatura y de los escritores que apasionan a los oyentes de su podcast.

Grandes infelices nació casi como un divertimento. “Quería hacer algo distinto; me gusta contar historias, pero también me gusta rebuscar cómo contarlas, contarlas de otra manera...”. El autor había publicado ya sus dos primeras novelas, Infelices y Agnes –como toda su obra, con Blackie Books– y pensó que esos “diez, doce mil ejemplares vendidos” le garantizaban, al menos, un número similar de “oyentes potenciales”. “Pero llevamos millones”, confirma aún sorprendido tras conocer que el número de suscriptores en Spotify ha superado los 100.000.

“Tampoco es que me esté haciendo rico, pero en ese sentido sí que siento que se me fue de las manos, porque nunca imaginé algo así. Ten en cuenta que el podcast lo sigo haciendo en el salón de mi casa, con mi mujer –esa voz femenina que ahora le preguntan ”si es inteligencia artificial“– y un micrófono de 50 euros”. De lo que más orgulloso parece sentirse es de la “comunidad” que se ha creado y que ha ido creciendo al igual que el propio formato. Peña no deja de interactuar con sus oyentes y, de hecho, “hay una temporada en la que, de los cinco escritores protagonistas, cuatro los seleccionó la gente”.

Desde el martes 9 está subido el capítulo número 34, el dedicado a Ernest Hemingway. El anterior, centrado en la chilena María Luisa Bombal, provocó una de esas situaciones que a Peña le sirven como termómetro. “Los libros de Bombal estaban agotados en la Feria del Libro de Madrid y dos personas desconocidas se encontraron en la misma caseta, buscándolos. Inmediatamente, se preguntaron: '¿Tú también escuchaste el podcast...?'”.

El mar en una maleta

Historias como esta le llegan continuamente, sobre todo desde Latinoamérica, donde lo conocieron primero como podcaster y después como escritor. “Allí sólo llegó Tinta invisible, y porque la gente que ya me escuchaba lo pedía”. Fascinado por lo que sucede al otro lado de ese mar con el que se ha reconciliado, trata de buscarle explicación. “Supongo que es porque les gustan mucho las historias de escritores que no son los que están de moda... pero no lo sé. Para mí es alucinante, me abrió unas puertas que no imaginaba. Nunca pensé que el grueso de mi carrera iba a estar en Latinoamérica”.

Tras estrenarse el pasado 29 de abril en Barcelona –“una de las mejores experiencias de mi vida”–, Es necesario navegar afronta la próxima semana un doble pase en Medellín, los días 18 y 20. “El primero se agotó y hubo que buscar una nueva fecha”. Después, Peña actuará en casa, en la Sala Capitol de Santiago, el 2 de julio. Las siguientes paradas serán Lima, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y Madrid.

Si la Piquer tenía su baúl, Peña sólo necesita una maleta para transportar todo su espectáculo. Eso es lo que le permite afrontar sin grandes gastos una gira de ese calibre. Lo único necesario para Navegar por el escenario es una silla y una mesa. El resto, lo pone él. Lo principal, el mapa que se extiende sobre la mesa. “Es el lienzo sobre el que trabajamos”. El tablero de juego. Una cámara web lo proyecta a espaldas del escritor y ahí es donde se muestran la ruta, los textos, los autores... mientras él va contando historias. Un apoyo audiovisual que trasciende los límites sonoros que impone el podcast.

Esa economía de medios para adaptarse al recinto garantiza que no habrá dos escenografías iguales. “En Barcelona me colocaron un archivador, libros, una foto enmarcada de mi padre y mía... Usaron cosas que ayudaron, algo que va a depender de la disponibilidad de cada sala, pero al final son elementos accesorios: la esencia es una silla y una mesa”. Y la lámpara. “Sí, la lámpara va conmigo en la maleta, es una lámpara muy de escritorio, como de Bartleby, el escribiente”, con algo muy importante: “Tiene una cadenita de la que tirar, para encender y apagar la luz, que es como empieza y acaba la obra. No sería el mismo efecto hacerlo así que apretando un botón”.

Mientras se explica, Peña simula el gesto con los dedos. En unos días, volverá a hacerlo de verdad, con la cadena de la lámpara entre ellos. Será, de nuevo, frente a un auditorio deseoso de cruzar un océano de historias, rumbo a Richards Bay. La misma ruta que recorría su padre, dos veces al año, siempre antes de resucitar.

Vosotros sois muy jóvenes para recordarlo, pero la semana pasada, el mejor árbitro de África fue enviado de vuelta a casa tan pronto como puso un pie en Estados Unidos. Omar Artan es de Somalia, un país que vive en riesgo constante de hambruna, lo que lo lleva a aparecer con cierta periodicidad en los informativos. Es por eso que todos sabemos ubicarlo (sí, justo ahí, en el cuerno de África). De lo que seguimos sin tener ni idea es de dónde cojones está Curazao.

Perdonadme por meter un exabrupto para acabar el primer párrafo como si fuese un aprendiz de Pérez-Reverte, pero es que ese el soniquete de la canción que el podcast Línea de cal nos ha metido a todos en la cabeza. Podía haber sido peor: poco antes estuvieron cayetanizando futbolistas chonis con la ayuda de todo un Willy Bárcenas.

Total, que fuera de los estadios se ha hablado mucho de lo de Artan y de lo de Irán, que tendrá que entrenar en Tijuana y cruzar la frontera para jugar los partidos y regresar a México. Vamos, lo que hacían los chiricahuas de Gerónimo, a los que también perseguía el gobierno de la Unión.

Sus aficionados lo tienen aún peor, ya que directamente les han impedido entrar en la tierra de la libertad –en Madrid, no, en la otra, la de las barras y estrellas–. Y uno se pregunta para qué está la ONU cuando hace falta, que una cosa es que los bombardeen y otra muy distinta que no les dejen ir al campo de fútbol.

Por lo visto, tamaña crueldad no sólo tiene como víctimas a los persas: las puertas del imperio están cerradas, además, para los ciudadanos de Senegal, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Haití. Como si Trump se empeñase en emular el meme de Peter Griffin (el de las “cosas nazis”, no; ese otro en el que la entrada en el país depende de tu pantone). A los creadores de la prioridad nacional, que seguramente se vean gobernando en 2030, se les caerá la baba ante la posibilidad de aplicar las recetas de su líder naranja en el mundial compartido con Portugal y (oh!) Marruecos.

Preguntado por todo esto, el capo de la FIFA, Gianni Infantino –un nombre que varios miembros de la lista Epstein googlearon ansiosos, por lo que fuese– actuó tal y como se podía esperar del tipo que se inventó un premio de consolación para Donald Trump dos meses después de que éste viese cómo se le escapaba el Nobel de la Paz. “Chill, relax”, respondió Infantino en rueda de prensa. “Relájense y confíen en la FIFA”, una versión futbolística del “ferro a fondo e fe en Dios” que ha dejado tantos ramos de flores jalonando las carreteras gallegas.

Al margen de que todos conozcamos casos de gente que ha salido de chill para volver a casa dos días después, con la ropa del revés, un único zapato y el último billete enrollado en la nariz, la FIFA que ahora se lava las manos es la misma que en 2014 forzó a Brasil a cambiar varias leyes internas si quería albergar el Mundial. Entre ellas, una que obligaba a flexibilizar la entrada y la salida de patrocinadores y turistas. Esta vez se ve que sólo se han preocupado por facilitarles la salida...

Por cosas como ésta, los aficionados al fútbol, que ya miran con reservas al balompié moderno –cuando no lo odian eternamente–, no ocultan su antipatía por la organización. Tras la ceremonia de inauguración a la que no quiso asistir ni la presidenta mexicana (¿Os imagináis a Rajoy dándole su entrada a un niño? ¿Ni siquiera al suyo? Yo tampoco) un tuitero compartió dos imágenes de Salma Hayek, convertida –les guste o no– en algo así como la máxima autoridad del país en el Estadio Azteca.

La primera foto es de hace tres décadas, cuando la actriz se grabó para siempre en nuestra retina bailando con una pitón en Abierto hasta el amanecer. En la segunda, aplaude a Infantino mientras éste muestra la Copa del Mundo. “Treinta años después, Salma Hayek sigue viéndose bien posando con una serpiente”, escribió Ryan Cummings. La publicación supera el millón de visualizaciones y los 46.000 likes.

Mientras eso pasaba dentro, fuera del estadio –bastante fuera, porque un muro de policías les impidió acercarse– sonaban los gritos de las protestas sociales. Las principales, las de los maestros, algo que podía haber hecho que nuestra selección se sintiese como en casa. Pero también otra que hunde sus raíces en vergüenzas históricas blanqueadas por mundiales de fútbol: la de los desaparecidos, más de 130.000 según los registros oficiales. Imposible no acordarse del 78, de Videla, de los “derechos y humanos” o de Mario Alberto Kempes, décadas antes de que fuese inmortalizado por Joaquín Reyes.

Hablando de crímenes contra la humanidad: los Maná –que ya sembraban de reclutadores sus conciertos cuando Bad Bunny no era ni Benito– versionaron hace un cuarto de siglo Desapariciones de Rubén Blades. Hubiese sido un buen guiño que lo eligiesen para su número musical en el césped del Azteca. “Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' fuera”. Ellos tampoco lo hicieron: fueron a lo fácil y apostaron por Oye mi amor.

Cuando el balón empezó a rodar, TVE rotuló Méjico así, con jota, para regocijo de Díaz Ayuso y el futuro Instituto del Mestizaje. También escribió Suráfrica, pero de ese colonialismo sólo nos trajimos el gol de Iniesta-de-mi-vida, así que ahí habrá que buscar causas más relacionadas con la ortografía que con la política. Cuando juegue Curazao, veremos cómo rayos lo escriben. Y, ya de paso, a ver si nos enteramos de dónde cojines está.

(Gracias, autocorrector).

El Consello de Contas ha encontrado una correlación entre la fijeza de los interventores municipales y la rigurosidad de sus controles. Según el último informe del órgano fiscalizador, el número de expedientes que no encuentran inconvenientes al pasar por las manos de los habilitados nacionales con nombramiento definitivo apenas llega al 40% del total (39,7%). Sin embargo, la media de quienes ejercen el puesto por motivos diferentes–de forma interina o acumulando funciones– se eleva en diez puntos y llega casi hasta 16 cuando es otro funcionario del ayuntamiento quien debe ocupar el cargo de manera accidental: en este caso los asuntos sin reparos alcanzan el 55,5%.

Es una de las principales conclusiones del Informe de fiscalización de la provisión de los puestos de intervención y secretaría-intervención y la cobertura de sus funciones sobre el año 2023 y que se ha hecho público este jueves, una semana después de su aprobación por el pleno del Consello. En ese año, el porcentaje de interventores en precario, sin plaza definitiva, era del 46%. Dos años después, en 2025, esa cifra caía un par de puntos y los puestos cubiertos por concurso subían hasta el 56%.

Según los datos expuestos por Contas, los supuestos en los que, durante 2023, el órgano interventor no efectuó ningún reparo a expedientes de gasto, expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa o sin que se rindiese información obligatoria pasaban del 39.7% de aquellos que contaban con una plaza ganada por concurso a un 50% de media en los otros tres casos: aquellos en los que se acumulan las funciones de secretario e interventor (43.4%), los que cuentan con un nombramiento interino (51.2%) o el nombramiento accidental de un funcionario de la propia entidad municipal (55.5%).

No es el único toque de atención que se desprende de un informe que también hace referencia al polémico anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia, un documento que esta misma semana provocaba un choque institucional entre la Xunta del PP y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el socialista Alberto Varela. Contas señala que el gobierno gallego no le remitió el texto, a pesar de que la norma que regula el órgano indica que deben someterse a su informe “las proposiciones de ley y los anteproyectos que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones”.

En 2014, la ley de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establecía en su disposición adicional primera que la Xunta “presentará al Parlamento, dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales, un proyecto de reforma de la Ley de Administración local de Galicia, para la actualización y adaptación de la normativa autonómica vigente de régimen local”. Doce años después, ese anteproyecto acaba de iniciar su tramitación. Por eso, el informe recomienda a las entidades locales que requieran de la Xunta “la urgente adaptación de la normativa autonómica” a la normativa básica del Estado para “facilitar el adecuado desarrollo de competencias que le corresponden y su aplicación (...) en relación con la efectividad del control interno local”. Algo similar sucede con los interventores municipales: la normativa autonómica que regula esa figura sigue siendo la del año 2009 cuando casi una década después, en 2018, se aprobó una nueva normativa básica estatal.

Las fuerzas de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, coinciden en afirmar que la Xunta debe denegar los permisos para la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) tras el informe de Icomos, el órgano asesor de la UNESCO que pide su anulación. El documento –desvelado en exclusiva por elDiario.es– asegura que la tramitación del proyecto incumplió las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial al no hacer una consulta previa sobre los posibles impactos de la explotación sobre el Camino de Santiago.

La diputada nacionalista Iria Carreira recuerda que su grupo “viene manteniendo una postura de oposición clara” a la reapertura que se basa en “los efectos profundamente lesivos” que tendría la “política de expolio que practica el PP desde la Xunta”

Carreira enumera tres tipos de efectos: los medioambientales, “como los que hay a día de hoy por la antigua mina sobre el río Ulla”; económicos, sobre el tejido agroganadero, “el pilar fundamental de la comarca”, o patrimoniales y culturales sobre el Camino de Santiago.

“Todos estos efectos fueron denunciados tanto por el BNG como por la plataforma Mina Touro-O Pino Non y, ahora, el informe de Icomos viene a ratificar esa denuncia”, subraya la parlamentaria: “Que la Xunta no está velando por los intereses” de Galicia y que el PP “promueve proyectos industriales –y los declara estratégicos– sin atender a las necesidade del país, sólo cuidando las de las grandes empresas”.

“¿Todos los informes favorables? Ya no”

“La conselleira de Economía dijo hace poco que la declaración de impacto ambiental de la mina de Touro-O Pino podía estar lista en verano y que todos los informes eran favorables. Pues bien, ya no lo son”. Para la diputada socialista Patricia Iglesias, sólo con la respuesta de Icomos ya “debería denegarse el proyecto”.

Iglesias recuerda que, en 2020, Explotaciones Gallegas –la empresa propietaria de una concesión que aspira a explotar Cobre San Rafael– sufrió ya una declaración ambiental negativa. Además, sus administradores están procesados penalmente por un supuesto delito medioambiental y cuentan con “un montón” de sanciones de Augas de Galicia. “Con estos antecedentes, estaremos muy vigilantes”, asegura la parlamentaria.

“Desde el primer momento hemos dicho que no queremos megaproyectos. Lo que pedimos es mineria sí, pero no así y restaurar antes de explotar”. En el caso de Touro, todavía no se han reparado los daños medioambientales causados durante la actividad previa de la mina, y que afectaron principalmente a los acuíferos.