Por primera vez desde que existe memoria, las cinco denominaciones de origen gallegas arrancaron su vendimia a mediados del mes de agosto. La de Monterrei fue la última en incorporarse, el pasado lunes. El jueves anterior lo habían hecho ya Rías Baixas y Valdeorras y, un día antes, Ribeiro y Ribeira Sacra, todas ellas con un adelanto histórico sobre las fechas tradicionales. “Tenemos que empezar a pensar que lo inusual va a ser iniciar la vendimia en septiembre”, reflexionaba el director técnico de la D.O. Valdeorras, Jorge Mazaira, porque “la que manda es la planta”.

Y esa planta –que, según coinciden los diferentes consellos reguladores, esta temporada llega en una situación “óptima, excelente”– madura cada vez antes. “La climatología y el incremento de las temperaturas medias están modificando progresivamente los calendarios tradicionales de la viticultura y obligando al sector a adaptarse a esta nueva realidad”, indica Valdeorras. Voces del sector estiman el adelanto en la recogida en casi un mes tan sólo en la última década, pero eso no parece que vaya a afectar tampoco a la cantidad. Frente a los casi 76 millones de kilos recogidos en 2025, el sindicato Unións Agrarias (UUAA) estima que en esta campaña se superarán los 80 millones.

El Informe de Estimación de Cosecha 2026, presentado a principios de mes por Rías Baixas, analizó este último ciclo vitícola en su zona de influencia, el sur de la costa atlántica gallega. Allí, estuvo marcado por “un invierno cálido y muy húmedo; una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros)” a la que siguió “un mes de junio extremadamente cálido y muy seco”. Esas intensas precipitaciones permitieron que la uva soportase mejor el estrés hídrico del verano.

En Monterrei –suroeste de la provincia de Ourense, hasta la frontera con Portugal– ese ciclo se caracterizó por las “altas temperaturas, la escasez de precipitaciones” y algo de lo que carecen en el litoral, “una notable oscilación térmica entre el día y la noche”. Todo eso, según el consello regulador, “ha favorecido una maduración óptima de la uva, dando como resultado un magnífico equilibrio entre el grado alcohólico y la acidez”.

“El hecho de que el ciclo sea un poco más corto no va a influir en la calidad, porque hemos tenido una cantidad muy importante de agua durante todo el invierno y gran parte de la primavera, y sol cuando tenía que venir”, explicaba Raúl Prada, propietario de Adega Valdesil, la que dio, un año más, el pistoletazo de salida en Valdeorras. Esas precipitaciones, explicaba el consello, “permitieron generar unas importantes reservas hídricas en el suelo, favoreciendo que las plantas afrontasen el ciclo sin sufrir un estrés hídrico significativo”. Por eso, Prada se suma al optimismo generalizado en el sector: “Creo que estamos ante una añada verdaderamente excepcional”. Y no sólo porque, en las cuatro generaciones de la bodega, nunca empezasen la recolección tan pronto.

Contratos sin firmar

Este optimismo de los consellos reguladores contrasta con la preocupación de los sindicatos agrarios, especialmente en la D.O. Rías Baixas, la de mayor producción, y que este año espera recoger sólo ella casi 50 millones de toneladas de uva, un 5% más que en el ejercicio anterior, que ya fue récord histórico. Sin embargo, UU.AA. denuncia que, después de que varios miembros del consello regulador tratasen, sin éxito, de bajar los rendimientos de los viticultores, “hoy amenazan con recoger el 50% de la cosecha o no recoger”.

A eso se suma la preocupación por unos precios que, en Rías Baixas, pueden ser inferiores al año pasado e, incluso, quedar por debajo del coste de producción. Si eso sucede, UU.AA. anuncia que acudirá a los tribunales y reclama a la Xunta que retire sus ayudas a las empresas que realicen esta práctica. El número dos de la central, Félix Porto, no lo entiende. “Si la D.O. va bien, se habla de una cosecha histórica, con una calidad excepcional, ¿cómo es posible que digamos que hay que bajar precios? Aquí falla algo”.

El sindicato cree que los precios se mantendrán en el resto de las denominaciones de origen pero se mueve en el terreno de la estimación porque, pese a haber arrancado ya la vendimia, buena parte de los contratos entre bodegas y viticultores están aún sin firmar. “No parece razonable que se espere a hacerlo el mismo día en que se tiene el tractor en la puerta de la bodega para meter las uvas”, ironiza Porto con una situación que deja a los productores sin margen para negociar. Por eso, insisten en que la Xunta ponga en marcha el observatorio –“como lo hay en Rioja o Ribera del Duero”– que permita conocer cuánto cuesta producir cada kilo de uva en las Rías Baixas. Y que, en base a esa cifra, los contratos se firmen, al menos, un mes antes del inicio de la recogida.

El Sindicato Labrego Galego (SLG) trasladó esas mismas preocupaciones a una decena de alcaldes de la comarca, y reclamó a la Xunta que “ejecute de inmediato el establecimiento del coste de producción oficial” –aprobado por unanimidad en junio en el pleno del Consello Regulador– para que “ningún kilo de uva se pague por debajo de ese valor”.

Este jueves, en una visita a Gargalo, las bodegas propiedad del diseñador Roberto Verino, la conselleira de Medio Rural elevaba a 379 millones de euros el valor económico que representan los diez distintivos vitícolas gallegos –las cinco denominaciones de origen y las cinco indicaciones geográficas protegidas–. Según María José Gómez supone “más de la mitad” de lo que genera en conjunto la “calidad diferenciada” de la comunidad autónoma.

“Los caballos salvajes que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad. Son de los montes de Sabucedo, en Galicia, y las gentes de Sabucedo nos han enseñado a amar la fauna y la flora, a amar los animales de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están proyectando cuatro parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio irreparable para la fauna y la flora. Todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa de los caballos y de sus montes”. Es parte del discurso viral de Rodrigo Sorogoyen tras recoger el Goya a mejor director por As bestas, una de las nueve estatuillas que se llevó su película en 2023. Este viernes, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha confirmado el desestimiento de la impulsora de uno de esos parques, el de Pico Touriñán. Dos informes de las direcciones generales de Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural hicieron “imposible” continuar con el proyecto. La Xunta se niega a mostrarlos porque el expediente ha quedado “archivado”.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes un extracto de la resolución –y no la resolución completa– de la Consellería de Medio Ambiente por la que se revocan las autorizaciones al parque eólico y se acepta el desestimiento de la solicitud y las autorizaciones previas a la línea de alta tensión que lo uniría con el de Monte Festeiros, entre los ayuntamientos de Forcarei y Silleda, paralizado preventivamente desde 2024 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante la existencia de “un riesgo de daño irreparable o de difícil reparación, dado los valores ambientales comprometidos”.

El proyecto nació en el año 2010 de manos de Eólicos Touriñán, una empresa que fue absorbida dos años despues por Enel Green Power, impulsora también del parque de Monte Festeiros y que es quien finalmente desistió de poner en marcha una infraestructura que –pese a las críticas vecinales y ambientalistas– parecía encauzada. En 2017, el Consello de la Xunta declaró proyectos de interés especial tanto a Pico Touriñán como a la línea de alta tensión que lo uniría con la subestación de Tibo (Caldas de Reis). En llegó la declaración de impacto ambiental favorable, un año después se le permitió cambiar los aerogeneradores previstos para aumentar la potencia total de 24 a 26,4 MW y en 2020 se daba luz verde a su conexión con Tibo.

Sin embargo, cinco meses después, Red Eléctrica le concedía los permisos para engancharse pero en otra subestación, la de Silleda. Tras tres años de trámite, en junio de 2023 se sometió a información pública el estudio de impacto sectorial y el proyecto sectorial –calificado de interés autonómico– de línea de alta tension entre Pico Touriñán y Monte Festeiros, que cruzaba los ayuntamientos de Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei y Silleda.

Dos años después, el 10 de julio de 2025, Enel comunicaba a la dirección xeral de Enerxías Renovables “la imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto” de la línea de alta tensión a Monte Festeiros “debido a los informes emitidos por las direccións xerais de Patrimonio Cultural, el 7.5.2025, y de Patrimonio Natural, el 11.6.2025, en relación con su estudio de impacto ambiental”. “A su vez”, añade la resolución del DOG, “le impide el desarrollo del proyecto del parque eólico”.

La resolución de Medio Ambiente, firmada trece meses después de recibir el desestimiento pero conocida tras la publicación en el DOG de este viernes, supone el carpetazo definitivo a uno de los cuatro parques que amenazaban el hábitat de los caballos salvajes de Sabucedo; y no uno cualquiera. “Estos eólicos estaban previstos en la zona central del monte donde están las bestas, en la zona de A Conla, do Caaveiro, dos Aguillóns...”, cuenta un feliz Paulo Vicente, presidente de la Asociación Rapa das Bestas. “Un sitio que está muy cerca del punto donde las reunimos el viernes de la rapa”. Ese día, vecinos y aloitadores suben desde primera hora de la mañana a buscar a los animales para bajarlos al curro donde miles de personas asistirán durante la semana a un espectaculo ancestral. La rapa das bestas fue declarada por la Xunta como Bien de Interés Cultural (BIC) el 30 de junio de 2025, diez días antes de que Enel tirase la toalla.

Si hay relación entre ambos hechos resulta imposible saberlo porque la Xunta mantiene en secreto los motivos que hicieron inviable la línea de alta tensión de Pico Touriñán. Consultada por el informe redactado por Patrimonio Cultural, la Consellería de Cultura remite a la de Medio Ambiente, ya que fue ésta la que emitió la resolución. A traves de correo electrónico, un portavoz de este departamento responde que, desde el momento en el que Enel desistió del proyecto “el expediente, que hasta ese momento era interno, quedó archivado” y “por tanto, no podemos remitirle a su contenido”. Sea cual sea el motivo, tras la suspensión cautelar del parque de Campo das Rosas, en 2023, es la segunda batalla que los caballos salvajes ganan a los molinos de viento.

Los parásitos no son ajenos a los efectos de la globalización y el cambio climático. El anisakis, ese gusano que puede habitar en las vísceras y los músculos de numerosas especies marinas, no es una excepción. El calentamiento global está obligando a este superviviente nato a evolucionar para adaptarse a las nuevas condiciones. En este escenario, un proyecto científico de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) y del Centro Nacional de Análisis Genómica (CNAG) y ha permitido desarrollar marcadores genéticos para diferenciar las distintas poblaciones, sus dinámicas o las especies clave en su alimentación. La aplicación permitirá reforzar los programas de control y reducir el riesgo de que el anisakis llegue a la cadena alimentaria

Los marcadores genéticos actúan como “postes kilométricos a lo largo del genoma que nos permiten obtener información hasta ahora inaccesible”, identificar especies y sus procesos de hibridación. Así lo explica a elDiario.es Paulino Martínez, profesor e investigador de la Facultade de Veterinaria de la USC, ubicada en el Campus de Lugo, y uno de los investigadores principales del proyecto. Estos postes, que marcan el cambio en la secuencia de nucleótidos, se conocen como SNP (pronunciado snip, por las siglas en inglés de poliformismos de nucleótido único).

Hay un SNP cada 300 nucleótidos lo que supone unos dos millones de marcadores –frente a los diez millones de los humanos, con un genoma veinte veces mayor que el del parásito–. Tomando como referencia el mapa del genoma del anisakis, obtenido por el CNAG, los investigadores desarrollaron una primera herramienta molecular “sencilla” para analizar la “dinámica poblacional” de dos especies de anisakis: el anisakis simplex, propio del Atlántico y el pegreffii, habitual en el Mediterráneo.

“Con el cambio climático, la pegreffii está subiendo océano arriba e hibridando con la simplex”, explica Martínez. Con esa primera herramienta podían distinguir si los ejemplares eran puros o híbridos y si estos últimos podían reproducirse o no. Pero el proyecto dio un paso más: se seleccionaron los diez SNP “más discriminantes entre las dos especies” para crear una nueva aplicación “cuyo coste es muy barato, 3 o 4 euros” y que permitirá distinguir los ejemplares “con gran precisión” y realizar estudios de vigilancia poblacional “mucho más eficaces”.

Llegar a conocer las poblaciones históricas

Esto permitirá conocer los comportamientos de las poblaciones de parásitos a los barcos que pescan en alta mar. Martínez recuerda que la anisakía es una reacción alérgica que puede llegar a provocar un choque anafiláctico en determinadas personas, pero que puede prevenirse con comportamientos tan simples como “cocinar el pescado como se debe o congelarlo a -20º durante cinco días”.

A esto se suman las precauciones que los propios marineros toman a bordo. “Lo normal es eviscerar lo que se pesca porque el anisakis entra en el sistema digestivo y te lo encuentras después en las vísceras”. Su estrategia de supervivencia es “muy sofisticada”. Suele aparecer primero en forma larvaria y desarrollarse en el siguiente eslabón de la cadena alimentaria, alojado en el interior de los cetáceos, los delfines o las focas que comen esos peces.

La duda llega entonces a la hora de deshacerse de las vísceras. “¿Pasa algo si tiras esas larvas al mar? En principio, no se reproducen y lo esperable es que mueran”, se responde Martínez. “La duda es si inertizarlas previamente con amoníaco, que mata todo, pero tiene un coste adicional”. La USC comparte ahora otro experimento con el IIM-CSIC para estudiar qué pasa con esas larvas, si podrían sobrevivir en el mar y, después, ser comidas por otros peces. El IIM-CSIC ya fue el encargado de recoger y caracterizar los más de 2.000 ejemplares que fueron la base del estudio.

“El marcador sirve para el seguimiento de las poblaciones de parásitos que afectan la salud humana y a las especies clave para su alimentación, para mejorar la prevención y el control”. La herramienta genómica permitirá ver con más detalle la demografía del parásito, incluso la histórica“, incide Martínez. ”Podremos llegar a saber cuánta población de anisakis había en las pesquerías hace veinte, treinta o cincuenta años“. Hacia ahí se dirigen ahora los próximos trabajos, todavía sin hipótesis: ”Aún estamos arrancando y empezando a analizar los datos“.

En el penúltimo episodio de la primera temporada de South Park, Robert Smith, salva al mundo de una terrible amenaza: se transforma en una polilla gigante para destruir a Mecha-Streisand, la versión dinosaurio-mecánico-gigante de la protagonista de Hello, Dolly! Por eso no me sorprendió que fuese él quien abriese el fuego contra el show de medio tiempo –la nueva amenaza impulsada por ese kaiju de dos cabezas que forman Trump e Infantino– que pretende convertir la final del Mundial de soccer en una nueva Super Bowl.

Quien con niños se acuesta, meado se levanta, dice el refrán, así que, sinceramente, ¿qué podíamos esperar que pasara llevando el gran evento del fútbol a Estados Unidos, el único lugar del orbe donde aún jugaba en las ligas menores, como el curling o la petanca, esa disciplina de la que no se puede vivir? Pues lo único que podía suceder: que lo americanizasen. Lo hemos visto en millones de películas de sobremesa. Ese (o esa) adolescente con un enorme potencial pero que no deja de ser un loser –otra figura ajena a nuestra cultura pero que ya hemos importado– hasta que se corta el pelo y se quita esas pintas. Eso, ni más ni menos, es lo que le han hecho los republicans a nuestro deporte rey.

Era cuestión de tiempo. Primero, convirtieron de facto los dos tiempos en cuatro cuartos inventándose la pausa de recaudación. Hasta la cuenta oficial de la Euroliga de baloncesto ironizaba con esa especie de apropiación cultural, olvidando que ellos la sufrieron primero porque, hasta el 2000, lo de la canasta –fuera de la NBA–, se jugaba en dos partes de 20 minutos. Primera pista. Luego vimos cómo en el Mundial se lucían tipos que rondaban los 40 tacos, algo que –LeBron aparte– parecía patrimonio exclusivo del béisbol. Ya nos habían colonizado dos de tres, sólo quedaba la invasión del football. Y se quedó con el descanso.

Robert cita a Infantino –al que rebautiza como Infantosser–, para quien el show de medio tiempo “celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trasciende el pitido final”. Esa afirmación da más miedo que el videoclip de Lullaby, porque durante este Mundial –dentro y fuera del estadio– hemos tenido ocasión de comprobar cuáles son esos valores que comparten. Si el premio FIFA de la paz no nos lo había dejado suficientemente claro, el comodín Trump –la nueva tarjeta que debe llevar el referee en su bolsillo junto a la amarilla y la roja– acabó de despejar dudas. “En mi casa jugamos así”, le faltó decir al abusón de Mar-a-lago antes de amenazar con llevarse también el balón. No sirvió de nada. Los belgas bombardearon Seattle y Lukaku bailó como Donald hasta que La Roja se cruzó en su camino.

España contra Argentina era la final soñada por muchos. La mejor selección del mundo contra la mejor de Europa. La última oportunidad de Messi y la primera de Yamal. Si alguno gana por paliza, la metáfora del baño de Leo a Lamine inundará los titulares en todo el mundo. Milei no estará en NUEVAYoL “por superstición” –igual se lo recomendó Conan, su perro muerto–, así que el foco lo compartirán Trump e Infantino por la derecha y Mamdani y Pedro Sánchez por la izquierda. Un dos para dos que puede romper las redes, y más en función del resultado. Lástima que ya no esté Héctor del Mar para narrarlo.

Con lo que pasará sobre la cancha y lo que se cuece en el palco, ¿de verdad creen que necesitamos más espectáculo en el descanso? Total, cualquier cosa que no sea Robert Smith convertido en polilla gigante, enviando al kaiju al espacio exterior, va a ser una decepción...

La condena de nueve años de inhabilitación por cooperar en una prevaricación a David Sánchez remite a otra que le llegó, pasado ya el epílogo de su carrera política, a quien durante décadas ejemplificó el paradigma del clientelismo en los entes provinciales. José Luis Baltar, autodenominado o cacique bo (el cacique bueno), presidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, recibió ya jubilado la misma pena que el hermano de Pedro Sánchez pese al abismo existente entre ambas conductas. A Baltar lo declararon culpable de enchufar en la institución a 104 personas, todas ellas próximas a cargos del partido –y, al contrario que Sánchez, ninguna condenada– para amarrar el nombramiento de su hijo Manuel como sucesor al frente del PP ourensano.

La sentencia condenatoria a Baltar absuelve a los 104 enchufados que aceptaron el empleo a sabiendas del trato de favor. En el caso de David Sánchez, la Audiencia Provincial de Badajoz sí castiga al que supuestamente fue enchufado, aunque no hay pruebas de quién lo ordenó ni por qué. La sentencia censura a Sánchez por haber hecho todos los trámites para conseguir la plaza a sabiendas de que se había creado para él, aunque el tribunal aclara que no puede condenarle por esos hechos porque admite que el delito estaría prescrito.

La Audiencia Provincial de Badajoz sostiene en su sentencia que “el enchufismo, entendido como la práctica de colocar a personas en puestos públicos atendiendo a relaciones personales o de poder en lugar de al mérito y la capacidad, es una lacra para la administración pública”. Y que “la ciudadanía percibe con razón que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, lo que erosiona la confianza en las instituciones”. Sin embargo, la sentencia aclara que el tribunal no tiene ninguna prueba de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para lograr ese puesto de trabajo y tan solo le condena porque, supuestamente, cooperó en el cambio de denominación de su plaza que no comportó un aumento de sueldo.

En Ourense, los hechos atribuidos a José Luis Baltar estaban avalados por indicios sólidos de un tráfico de influencias para colocar a todas esas personas. Su hijo saldría indemne años después de la acusación de ofrecer trabajo, no a cambio de favores políticos sino de sexo. La condena sólo le llegaría tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Su peaje fue renunciar a la Deputación a cambio de convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

El centenar de enchufes confirmados por sentencia judicial es solo la punta del iceberg. Estimaciones –como la de los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena– multiplican esa cifra al menos por diez, algunos tan llamativos como la contratación, en 2009, de 33 porteros para un centro cultural que solo tenía dos accesos. “Parece que la Deputación era una empresa privada”, llega a decir en su sentencia la jueza que condenó a Baltar padre por un delito continuado de prevaricación.

“Esta vez, entre los agraciados estaban, sin ánimo exhaustivo, un hijo del regidor de Muíños –el otro ya había alcanzado antes la plaza–, una sobrina del alcalde de Barbadás es presidente del Inorde [Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico], una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus y el hijo de un ex-edil de la capital”, enumeran Cristina Huete y Primitivo Carbajo en Os Baltar antes de reflexionar: “Llegaban siempre mejor preparados por la estimulación de la boina”. La boina era el distintivo de la facción rural del PP gallego, por contraposición a los birretes urbanitas liderados por Mariano Rajoy y Romay Beccaría, el mentor de Núñez Feijóo.

La de los autores no era una afirmación gratuita. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se “vulneraron principios básicos”, entre ellos, que no se garantizó el anonimato de los participantes. Los cuatro candidatos seleccionados por un tribunal en el que estaba el propio Baltar fueron un hijo de otro barón de la boina –Cacharro Pardo, entonces presidente de la Deputación de Lugo–, los hijos de dos diputados provinciales y una hija de un exalcalde de Ourense por la UCD, formación de la que surgió Centristas de Galicia, la formación coliderada por el cacique bo y que en 1991 se integró en el PP. Cuando el escándalo de aquellas pruebas llegó a la sede de la Xunta, Manuel Fraga, entonces presidente, dejó una justificación para la historia: “Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados”. Tres lustros después, Baltar intentaría descargar en el hijo de Cacharro –ascendido hasta secretario general de la Deputación– su propia responsabilidad penal: lo culpó ante la jueza de no avisarle de que existía una ordenanza que regulaba la provisión de puestos de trabajo y que, entre otras cosas, obligaba a dar publicidad a las convocatorias.

La titular del Penal número 1 de Ourense no lo creyó. En su sentencia, describía cómo el cacique bo “procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. “Nadie pone en duda –indica el fallo- que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley”, concluía.

“Chispas relax”

José Luis Baltar recibió la condena a punto de cumplir los 74 años y con el objetivo cumplido: asegurar el mando en plaza para su hijo, Manuel. La sucesión, entendida en Ourense como un proceso natural, se había visto amenazada desde Santiago por un Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta. Hijo del birrete, el sucesor de Fraga no quería en su territorio un virrey que le pudiese organizar una rebelión como la que sufrió –y perdió– su predecesor.

En 2004, meses antes de que el PP perdiese el gobierno gallego, Baltar padre se hartó de los “desaires” que, a su entender, recibía de San Caetano, y que veía impulsados por el sector de los birretes, en concreto, por Rajoy. Así que ordenó a sus cinco diputados en el Parlamento –entre ellos, su propio hijo y el actual presidente de la Cámara, Miguel Santalices– que se encerrasen en un piso en Ourense y no acudiesen al Pazo do Hórreo. Fraga tuvo que dar su brazo a torcer para no perder la mayoría absoluta en el pleno. El propio presidente de la Deputación fue a buscar a los diputados en su coche al piso franco y los llevó de vuelta a Santiago, no sin antes dejar un recado para sus rivales internos: “Don Manuel, dígales que dejen de tocar las pelotas”.

Eso era lo que temía Feijóo, así que, en el congreso provincial del partido, en 2010, presentó a su propio candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, la localidad que competía con O Carballiño por ser el segundo concello más poblado de Ourense. Tras una campaña a cara de perro, O fillo se impuso por un 62% de los votos frente al 37%. Fue la primera derrota orgánica del líder popular en Galicia. Posiblemente, la única. Nunca más presentó batalla en ese feudo. Hasta su caída en desgracia por pisar el acelerador a fondo, Baltar Jr. renovó el cargo en congresos a la búlgara, con apoyos siempre cercanos al 100%.

El mismo año en que el padre fue condenado, la causa contra el hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo llegó a los juzgados. La jueza dio credibilidad a las conversaciones grabadas y los mensajes presentados por la denunciante. El que decía “¿Te gusta el champán? Celebraremos que estaremos muy juntos. Chispas. Relax. Bs” llegó a inspirar una canción del grupo Novedades Carminha. Sin embargo, la causa –que la misma Fiscalía recurrió– fue archivada porque, según la jueza, a la que los Baltar quisieron apartar del caso, “no queda suficientemente justificado” que se diese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”.

El auto de archivo considera acreditado que la denunciante realizó labores de interventora del PP y se encargó de organizar un evento electoral. Pero eso sucedió en 2008, dos años antes de que Baltar hijo mandase en el partido y cuatro de que lo hiciese en la Deputación. Por tanto, no niega que el acusado “solicitase o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”. No obstante, no encuentra “suficientemente justificado” que “se comunicara de forma alguna” con cargos de la Deputación para gestionar ese puesto ni tampoco que su padre, todavía presidente, “diese instrucciones” para cumplir la promesa de su hijo.

Estanislao García no olvidará el fin de año de 2025. Fue el día elegido por el servicio de urología del hospital de Santiago de Compostela (CHUS) para comunicarle que padecía un cáncer de grado dos. Hoy, casi siete meses después de aquel diagnóstico, cuenta con un punto de amargura que, por lo menos, pudieron dejarle tomar las uvas en paz. Lo dice así porque han pasado casi 200 días desde aquella noticia y Estanislao sigue esperando una operación mientras sus peticiones chocan contra el muro de silencio del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Tengo miedo y esta situación me parece una vergüenza”, confiesa.

“La única respuesta es que espere”, narra este periodista televisivo de 62 años, que lleva oficialmente en la lista para una intervención quirúrgica desde el pasado 12 de febrero. Aquel día, en el servicio de admisión, ya le advirtieron de que los 60 días comprometidos por el Sergas para pasar por quirófano “no se cumplían” y, por eso, la daban la opción de derivarse a alguna otra área sanitaria, como Ferrol o, en su caso, Lugo.

Antes de tomar una decisión, Estanislao ejerció su derecho a una segunda opinión. El médico consultado en el hospital de A Coruña (CHUAC) fue contundente: “Me dijo: 'Yo me quedaría'”. Y fue lo que hizo. A diferencia de las alternativas, en Santiago decía tener garantizado el uso quirúrgico del robot Da Vinci para practicarle una prostatectomía radical, “la mejor opción” para un paciente de sus características: una intervención compleja, de unas cuatro horas de duración, y con un postoperatorio complicado. La conversación tuvo lugar en aquel mes de febrero. La previsión del facultativo coruñés era entonces que estaría operado “una o dos semanas después de Semana Santa”.

Pero pasó la Pascua sin recibir noticias, así que se acercó de nuevo por su hospital a recabar información. “Me fueron dando largas. En abril me dijeron que todavía estaban operando a los de enero y me remitieron a finales de junio o mediados de julio”. El 16 de mayo presentó una queja ante el Defensor del Paciente del CHUS, de la que sigue sin saber nada. En poco más de tres semanas, el 11 de agosto, se cumplen los 180 días de espera máxima recogidos por la ley. Lo que más le asusta es no saber cómo ha evolucionado el tumor en todo este tiempo.

“Era un caso grave ,pero sin peligro vital ni una evolución muy rápida. Además, fue detectado muy rápido, que hoy sé que tuve suerte viendo cómo está la lista de primer diagnóstico”. Siete meses después, sin embargo, desconoce lo que ha podido pasar. “Imagina que me van a operar y descubren que ya saltó alguna célula a otro sitio”. Estanislao no lo oculta: “Estoy preocupadísmo y acojonado”

Él lo sobrelleva gracias a la terapia psicooncológica que le ofrece Andrea, la especialista de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Compostela con la que está “encantado”. Mientras, sigue de baja laboral –una de esas largas incapacidades que tanto preocupan a la Xunta y al PP– a la espera de que, algún día, suene por fin el teléfono y pueda poner fin a esta angustia.

Esa angustia se la trasladó por carta al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño –oncólogo radioterápico en el mismo CHUS–. Un escrito en el que, además de las quejas por la “situación insostenible” provocada por la “negligente gestión” sanitaria, le cuenta el “enorme coste personal, emocional y familiar” que le está suponiendo esa espera interminable. Como el resto de sus iniciativas ante el Sergas, esta –al menos, de momento– tampoco ha obtenido respuesta.

Sanidade sí ha contestado a las preguntas de elDiario.es, pero sin entrar en el caso particular de Estanislao. Se limita a decir que la inclusión en las listas de espera “se realiza siempre siguiendo criterios clínicos de prioridad” y “otorgando una atención preferente a las patologías oncológicas urgentes”. “En el Servizo galego de Saúde la categoría de prioridad 1 registar un tiempo medio de espera de 20,2 días”. Ni una palabra sobre el grado 2.

En su respuesta, la Consellería saca pecho con las cifras de urología, “la quinta especialidad con mayor volumen quirúrgico de Galicia” con “más de 20.700 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2025”. “Para garantizar un diagnóstico ágil, Galicia cuenta con nueve vías rápidas de cáncer, entre las que se incluye la de próstata y que en 2025 atendió a 4.457 pacientes, con un plazo medio de citación de 5,6 días”. Este domingo se cumplen 200 días desde que Estanislao conoció su diagnóstico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras decretar que le corresponde hacerlo a la concesionaria. Es la misma decisión que había tomado en 2022 y que, entonces, fue tumbada por el Tribunal Supremo al considerar que existían dudas sobre la “imparcialidad” del juez Luís Villares. “Salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” fue el argumento que utilizó la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, para trasladar a Villares y su compañera Dolores López a la sección cuarta desde una sección tercera donde habían sido duramente criticados por PP y patronal debido a sus sentencias sobre los parques eólicos. El entorno del juez considera esta nueva sentencia, emitida por un tribunal totalmente diferente, una “buena noticia” ya que “disipa las dudas sobre su imparcialidad” pero admiten que “llega tarde”.

Entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala tras otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Cunqueiro poniendo en tela de juicio la “imparcialidad” de Villares, que fue líder de En Marea entre 2012 y 2016. Pese a que la Xunta de Alfonso Rueda lo había convertido en una de sus bestias negras, el juez, en todas sus resoluciones, había admitido los recursos de la Consellería de Sanidade y el Sergas (Servizo Galego de Saúde) frente al fallo de los juzgados de instancia. Tras aceptar los recursos, el alto tribunal ordenó retrotraer las causas al momento anterior a los señalamientos para resolver el fondo de los asuntos previa constitución de una sala que “garantice el derecho a un juez imparcial”. Esa sala es la que acaba de fallar en el mismo sentido que la anterior.

La decisión del Supremo sobre un “caso concreto”, algo que es –según Xuíces e Xuízas para a Democracia– “habitual en la vida normal de los tribunales”, dio a una recién nombrada presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el argumento que necesitaba para “desmantelar” –el término es también de XXpD– la Sección Tercera, que llevaba tiempo en el objetivo de la derecha política y mediática por sus sentencias que llegaron a paralizar, de forma cautelar, más de 60 parques eólicos en Galicia.

Recio y Villares compitieron por la presidencia de la Sala y en el entorno del juez existe el convencimiento de que esa supuesta falta de imparcialidad fue determinante en el apoyo a su rival por parte de los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recio tomó posesión en mayo y en sólo unos días firmaba la resolución que enviaba a Villares y López a la Sección Cuarta. Se amparaba en lo dicho por el Supremo: “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala y, por consecuencia, de la Sección Cuarta”, escribió en una resolución en la que invocaba la “finalidad última” de “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad” con que funciona una sala compuesta por dieciocho magistrados. Villares ha recurrido su traslado forzoso.

Antes, XXpD fue la primera entidad en oponerse. Consideraba que se estaba enviando a la sociedad el mensaje de que el TSXG se “doblaba” ante los intereses de las partes tras unas “inusuales” y “desmedidas” presiones. La asociación de juristas Xustiza e Sociedade pidió al CGPJ que aclarase si se podía entender “desviación de poder” en la decisión de Recio. La CIG, el principal sindicato gallego, junto a la asociación ecologista ADEGA han denunciado a la presidenta de la Sala por una posible prevaricación. Y la Fiscalía Superior de Galicia cree que los traslados adolecen de “falta de motivación” y “ausencia de criterios objetivos y precisos”, lo que puede generar “apariencia de influencia externa indebida” y de “arbitrariedad”.

La sentencia

La nueva sentencia del TSXG anula la emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, en la que se condenaba a la Xunta a reembolsar a la concesionaria del Cunqueiro el IBI correspondiente a 2019 por un importe cercano al millón de euros. Según la Sección Tercera, la documentación del contrato “no permitiría deducir racionalmente a un licitador medio” que los derechos y obligaciones que adquiría “resultarían distintos a los previstos en dicha documentación”. Particularmente, destaca “que en el caso de que el Ayuntamiento de VIgo eliminase la exención del IBI –como sucedió–, el Sergas debía garantizar la indemnidad del futuro concesionario”.

Los jueces explican así que rechazan “una interpretación al abrigo de la documentación complementaris que suponga generar una obligación” frente a “cualquier vicisitud surgida durante la ejecución del contrato por la que esta última dejase de disfrutar del beneficio fiscal previamente existente”.

En un tono que suena a reproche, la Sala destaca que, “ante la claridad de los términos del contrato”, la regla interpretativa del Código Civil “impide acudir a alambicadas interpretaciones extraídas de documentos que carecen de naturaleza contractual para constituir nuevas obligaciones no expresamente previstas y que contradicen de forma radical su clausulado”.

El fallo de la Sección Tercera no es firme y cabe presentar, una vez más, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, cree que “no hay ninguna incoherencia” entre la reclamación histórica de su partido de que el Gobierno asuma el 50% del gasto en dependencia y el hecho de que el PP votase en contra de la medida en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso.

“Ojalá que el gobierno aporte ese 50%, porque eso es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo”, aseguró en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. “Y ya no es que lo aporte desde ahora: es que le pague los 2.500 millones que le debe a Galicia desde que tenía la obligación” de hacerlo “y no lo está haciendo”.

Rueda criticó que el ejecutivo “siga poniendo obligaciones, deberes sobre deberes, que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte”, al tiempo que mantiene “paralizado” con un recurso en el Tribunal Constitucional el “plan de choque para agilizar la dependencia” aprobado por la Xunta.

“Cuando concreten todo será cuando habrá que fiarse del Gobierno y apoyarlo”. El presidente gallego recordó que desde Derechos Sociales ya se dijo “muchas veces” que aportaría la mitad del coste del servicio pero “en cuanto empiezas a discutir con los ministerios afectados, te dan unas cuentas que no son ciertas”.

“Por lo tanto, claridad y una propuesta que se pueda aprobar, no como la que presentaron” a la comisión del Congreso y que, pese al voto en contra de PP y Vox, continúa su trámite. Rueda no dejó pasar que la medida llegue por parte de un gobierno “que ni siquiera tiene presupuestos” y que, sin ellos, “ahor resulta que puede pagar todo lo que no fue capaz de pagar estos años”.

“Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Esta vez, la frase no la ha dicho tu cuñado el que vota a Vox, ni ese compañero de curro que repite palabra por palabra los sermones mañaneros de Federico —puede ser un tópico, pero estos ejemplos nunca me salen con mujeres—. No: esto no ha sido fruto de un calentón. Lo ha escrito —o, al menos, lo ha firmado— un expresidente de España: Mariano Rajoy.

Para la historia, Rajoy ha quedado como un tipo bastante más moderado que José María Aznar. Sus lapsus, su forma de hablar, su tono campechano han ayudado a crear una imagen que oculta el hondo calado retrógrado de las políticas que impulsó desde Moncloa. Lo hizo siempre a su manera. Por ejemplo, no derogó la Ley de Memoria Histórica, pero se aseguró de que, durante su mandato, el presupuesto destinado a ella fuese de cero euros “de media”, como explicaba, fiel a sí mismo. “Y tampoco ha generado una gran polémica”, añadía.

Protegido por esa coraza, Rajoy, el del alcalde y los vecinos, el de la cerámica de Talavera, el del “cuanto peor, mejor para todos” sigue siendo un referente para su partido y se puede permitir sumarse al carro de que Zapatero sea el primer expresidente imputado después de haber liderado un partido condenado en firme por corrupción y de que hayamos conocido que, al investigador principal de la Kitchen le ordenaban borrar su nombre de los informes. Como sintentiza habitualmente en X Jorge Dioni, “Si tienes a los jueces y a la poli, no hace falta ser Maquiavelo”. Me gusta pensar en esta frase mientras veo cómo el expresidente se pelea —y pierde— con el tapón de la botella de agua. Pero, entonces, recuerdo que el PP votó a favor de la directiva europea sobre plásticos y me doy cuenta de que yo también estoy cayendo en la trampa...

Hace dos años, en la Eurocopa, España y Francia ya cruzaron sus caminos. Entonces ganó La Roja —color que tampoco le gusta a Mariano— y Vito Quiles, todavía estrella emergente del fascismo, tuiteó una foto de Lamine y Nico, preguntándose: “¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto”. El agitador, hijo de italiano, la borraba poco después, pero las capturas todavía hoy siguen moviéndose por la red. Ese racismo no impidió que el PP lo contratase años después para cerrar campañas. El mismo PP que abraza abiertamente postulados como la prioridad nacional. El PP que aún presume de Mariano Rajoy. A lo mejor, nos están dando una pista de cómo interpretar sus bandazos con la ley de nietos.

Rajoy siempre consideró su ideología —la dominante, la retrógrada— como “sentido común”. Fue ese sentido común el que los llevó a recurrir al Constitucional un matrimonio homosexual que, ahora, parecen haber inventado. Por eso, uno tiende a ver con escepticismo los logros de la selección. También parece sentido común poner pantallas en todas partes para que el pueblo pueda disfrutar en comunidad de los éxitos de su equipo. Sin embargo, uno, que ya tiene una edad, recuerda la cruzada de Albert Rivera e Inés Arrimadas —¿alguien más sabe de quién hablo?— para politizar su instalación como si fuesen Tellado con el incendio de Almería.

Lo mismo sucede con las rojigualdas que cuelgan de balcones y terrazas y que, durante un mes, simulan ser más transversales y menos sospechosas que las que lucen las muñecas de nostálgicos y constitucionalistas de extremo centro. Un amigo siempre recuerda que el gol de Iniesta, además de provocar un baby boom, también abrió la puerta a Ciudadanos —ver párrafo anterior—, el fascismo cuqui que necesitábamos para, subiendo poco a poco la temperatura del agua, ir llegando hasta Vox. Y Alvise.

Ese escepticismo, en esta ocasión, estaba rebajado por la alineación de una Roja capaz de indignar a Quiles. Aunque no estamos libres de que Rodri vuelva a entonar un “Gibraltar, español”, de momento Carvajal sigue cuadrándose cuando suena el himno... pero ante la tele. La imagen de esta selección siguen siendo un catalán hijo de guineana y marroquí; un navarro cuyo hermano juega con Ghana; vascos, catalanes o un andaluz al que le ponen subtítulos. Y, fuera del campo, los focos son para un gallego woke que celebra victorias con Pe y Bardem, los anticristos de la caverna. Si esa selección acabase ganando el Mundial, alguien podría escribir: “Tienen una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin españoles”. Y no lo firmaría Marine Le Pen, sino Mariano Rajoy.

Yassid Ayad (Valencia, 1980) es “una rara avis” en el IGFAE, el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías de la Universidade de Santiago. En un centro muy ligado al CERN y dedicado sobre todo a la investigación fundamental, a este doctor en Física Nuclear lo que le apasiona es la transferencia de tecnología. En Berkeley trabajó en el desarrollo de vehículos autónomos como los que han bajado a 4.000 metros de profundidad para ofrecer imágenes de algunos de los 220.000 bidones radiactivos arrojados a la Fosa Atlántica entre finales de los 40 y principios de los 90 del siglo pasado.

Atiende a elDiario.es desde el FRIB (Instalación para Haces de Isótopos Raros) de la Michigan State University, la que fue su casa durante siete años y a donde ha vuelto este verano a impartir un ciclo de conferencias.

Después de que las imágenes tomadas por el Proyecto Nodssum confirmasen el avanzado estado de deterioro de parte de los barriles y la presencia de radionucleidos –en un nivel bajo pero mayor del esperado– la primera pregunta que surge es clara: ¿y, ahora, qué?

Desde el IGFAE, liderado por nuestro grupo, teníamos una iniciativa para responder a esa pregunta. Es muy complejo saber cuáles son los siguientes pasos porque hoy es irrealizable limpiar todo ese desaguisado. En realidad, lo que nos están enseñando es la punta de un iceberg. Hay muchos depósitos, porque hasta 1993 estaban permitidos los vertidos e incluso delante de la costa noruega hay un submarino nuclear hundido. Hacer un decomisionado de todo esto es básicamente imposible porque bajar a esas profundidades es un ejercicio tremendo. Es más fácil explorar el espacio que explorar las profundidades del océano, porque en el espacio sólo cambiamos una atmósfera y, aquí, cada diez metros que bajamos, incrementamos otra.

El objetivo de esta expedición era visualizar el estado de los barriles. Eso es un primer paso. Lo siguiente que sería interesante hacer, aunque tiene su complejidad, es un mapeado de la radiactividad para entender por dónde va toda esta radiación y comprobar si hay corrientes que puedan estar afectando a la vida media de los barriles, que es de unos 50 años: una bomba de relojería a sabiendas. El vertido es una gota dentro del océano, pero no significa que no pueda entrar en las cadenas tróficas o tener consecuencias en la vida marítima que pueda haber a esas profundidades.

En el remoto caso de que algún día sí pudiesen recogerse todos esos bidones, tendríamos otro problema: qué hacer con ellos.

Obviamente habría que limpiar, sacar esos residuos y hacer una disposición como se hace hoy en día en sus cementerios, que son los lugares para almacenamiento de residuos radiactivos. Los científicos no estamos parados en ese aspecto. Uno de los proyectos más importantes, junto a redefinir las centrales nucleares, hacer microrreactores... son los que investigan cómo reducir la vida media de esos residuos, a través de técnicas como el bombardeo con haces de partículas, para romperlos en elementos con una vida mucho menor. Incluso existen proyectos que parecen ciencia ficción y que se basan en reutilizar esos desechos para generar cierta energía, aunque no como la de una central: hablamos de baterías beta o alfavoltaicas, que usan la radiactividad para generar una pila de baja potencia.

Lo más difícil es sacar todo el vertido, que está a muchas alturas, a diferentes profundidades. Por cierto, no sólo existen residuos en barriles. Con varios órdenes de magnitud de diferencia, los que más se han acumulado son las pruebas de ensayos nucleares. Lo lógico, por tanto, sería organizar una expedición para bajar de nuevo, tratar de recuperar lo máximo posible y que alguien visualice una manera de contener esos barriles, que tienen una vida media que ya ha pasado hace tiempo.

Cuando los contenedores acaben de descomponerse, lo que como dices es cuestión de tiempo –y cada vez menos–, ¿qué pasará con lo que hay dentro?

Todo está sujeto al flujo y las corrientes oceánicas. En el lecho marítimo hay mucha actividad, un movimiento constante: corrientes muy fuertes y sitios donde existe una conexión con materiales radiactivos que se emiten desde el centro de la tierra. Todo esto va cambiando. Hablamos mucho ahora del cambio en las corrientes y cómo está cambiando el clima, una prueba clara de que es impredecible saber hacia dónde van a ir esos residuos. Están muy diluidos en el agua, que es mucho mayor que el contenido radiactivo, pero eso no quita que puedan llegar a entrar en vías que afecten al día a día de zonas marítimas próximas con actividad pesquera. En pocas palabras, no existe una solución simple.

¿Qué proyecto concreto proponéis desde el IGFAE?

Estamos pensando en equipar estos vehículos con sensores de radiactividad y de mapeado. Yo estuve trabajando durante un tiempo en el laboratorio de Berkeley, en California, donde desarrollábamos sistemas autónomos, en aire o en tierra, para vehículos capaces de guiarse con un mapa geográfico y, a la vez, hacer un mapeado dual de la radiactividad. Desarrollamos unos sensores para tener direccionalidad y marca de tiempo y, mientras el vehículo, se está moviendo, realizar un mapeado total. Esto se hace ya: en Estados Unidos, en cuestiones de protección civil o fronteras, pero también se han emprendido expediciones para mapear centrales nucleares, como en Chernobyl. Así no se expone a ningún trabajador a la radiación y cuentas con un vehículo autónomo que es capaz de mapear y localizar fuentes de radiactividad con muy baja actividad.

El reto es cómo demonios hacer eso debajo del agua, porque es un medio muy denso comparado con el aire, pero si han bajado a tomar las fotos es posible hacer el mapeo. La mayor dificultad es lograr una comunicación de datos eficiente. Una expedición con este objetivo permitiría tomar medidas a través de unas estaciones estáticas a diferentes profundidades que se manden la información del mapeado, conectadas con otras, dinámicas, que se encargarían de elaborarlo. Eso lo hace el proyecto europeo RAMONES (siglas en inglés de Monitoreo de Radioactividad en Ecosistemas Oceánicos). Existe además otra iniciativa enorme para mapear todo el suelo oceánico del planeta. Si eso lo combinas con un registro de radiactividad, tendría más valor aún.

Si lo que hemos visto hasta ahora es sólo la punta del iceberg, ¿qué tipo de sorpresas podemos encontrarnos en el fondo marino? Tanto en los 220.000 bidones arrojados oficialmente al océano como en lo que podemos desconocer...

Sorpresas siempre hay. Si miramos al histórico de barbaridades en cuestión de radiactividad tienes ejemplos como el ciclotrón que hay en la bahía de Tokio porque, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos decidieron que los japoneses no podían tener nada nuclear y lo tiraron directamente al mar. Hay casos documentados de tráfico de materiales radiactivos, en Italia hubo contactos con la mafia para deshacerse de esos barriles en países subdesarrollados... Lo más probable es que el inventario de la IAEA esté obsoleto o incompleto, con vertidos que no se hayan registrado. Tenemos el ejemplo de Palomares donde, por suerte para nosotros, no llegó a pasar nada, pero puede haber accidentes como ese en alguna parte del océano que no se hayan documentado.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Que un piso se dedique al alquiler turístico o al mercado convencional no tiene incidencia en las competencias de administración aeronáutica. Esto, que parece evidente, acaba de plasmarlo por escrito el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para rechazar un recurso de la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra la regulación de esta actividad en Santiago de Compostela, el único que quedaba pendiente. Entre sus argumentos, todos refutados por la sentencia, estaba la falta de los informes preceptivos de la Dirección General de Aviación Civil. La resolución del alto tribunal es firme, por lo que la normativa –tres años y medio después de su aprobación por el ayuntamiento compostelano– puede ya volar segura.

El 16 de febrero de 2023, un pleno municipal extraordinario daba luz verde a la modificación del título 3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para prohibir la apertura de pisos turísticos en el Casco Histórico y su entorno –una zona reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad–, además de establecer límites en otros barrios de la ciudad. Aviturga alegó entonces que la decisión se tomó sin solicitar la aprobación de Aviación Civil ni de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo –a la que ha tenido acceso elDiario.es– considera que esos informes “no resultan relevantes” ya que la modificación puntual del PXOM “tiene por objeto simplemente la categorización de nuevos usos”, sin modificar los que ya existían en las ordenanzas urbanísticas. Señala que la memoria justificativa incluye un anexo donde se “advierte que la modificación puntual tampoco altera las actuales determinaciones del plan vigente que afectan al ejercicio de las competencias de la administración aeronáutica”. Tampoco cambian los ámbitos afectados por servidumbres o “afecciones acústicas” ni se tocan “las otras restricciones y condiciones protectoras establecidas en el planeamiento vigente”. En cuanto a la Delegación del Gobierno, los magistrados consideran que “ante la falta de mayor precisión” de los denunciantes “se puede entender irrelevante en atención a la modificación puntual recurrida, ya que no se aclara en qué aspecto pudiera afectar” su falta.

Una norma con “mero interés político”

El recurso de Aviturga cargaba con dureza contra la decisión política de poner coto a las viviendas turísticas (VUTs) con una normativa que, a su entender, “no responde al interés general, sino a un mero interés político y al particular de personas y organizaciones”. Su argumentación consideraba que la modificación suponía “una vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, atenta contra la seguridad jurídica, resulta lesivo para derechos adquiridos con anterioridad al mismo y, además se ha dictado sin respetar el procedimiento administrativo legalmente previsto”.

También esto fue desestimado por la Sala: “Merece ser rechazado por cuanto no concreta qué derecho vulnera” la modificación del PXOM, “, ya que la referencia al derecho de propiedad privada regulado en el artículo 33 es simplemente genérica y, por ello, no puede fundamentar la nulidad que impetra la parte recurrente”.

Quedaba todavía un tercer argumento que los magistrados se encargaron de desmontar: la falta de motivación de un normativa con “criterios de regulación arbitrarios y no adecuados” a las “finalidades confesadas en la tramitación”. La Asociación trata de demostrar que la definición, por parte del ayuntamiento, de la vivienda de uso turístico como actividad de hospedaje “es errónea”. El tribunal, sin embargo, no lo vio así. “El artículo 111 de las normas urbanísticas es claro” y define el uso de hospedaje como “el que no se destina a satisfacer las necesidades de vivienda habitual de las personas residentes, sino que provee necesidades de alojamiento temporal no residencial por turismo de vacaciones u otros motivos laborales”. Por tanto, incluir las VUTs como hospedaje “es adecuado y conforme a la normativa referido a alojamiento temporal que se realiza en viviendas” y, así, afirman que “la modificación puntual en modo alguno puede ser inmotivada, sino que es coherente con el ordenamiento vigente”.

Fueron dos los recursos contra esta medida que llegaron al alto tribunal. El primero, que consideraba que la normativa invadía competencias autonómicas, fue desestimado en febrero. Ahora, esta nueva decisión –anunciada en rueda de prensa por la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao–, supone el cierre del único que continuaba abierto. En su comparecencia, Louzao confirmó que ya había transcurrido el plazo para que Aviturga recurriese en casación ante el Supremo, por lo que la sentencia fue declarada firme, mediante decreto del alto tribunal, el pasado 25 de junio. Y, con ella, también, la regulación de viviendas turísticas de la capital gallega.

La agónica victoria de Argentina contra Cabo Verde —sí, ese Cabo Verde que también por aquí nos tomamos a choteo— nos privó de uno de los mayores espectáculos que el fútbol ofrece fuera del estadio: los insultos de los fans de la albiceleste, disciplina en la que son imbatibles. Aquellos ya clásicos “cementerio de canelones”, “tobogán de piojos” o “termotanque de sida” se hubiesen quedado en nada si Vozinha, Lopes Cabral —¡qué golazo!— y compañía los hubiesen apeado del Mundial. En Qatar, tras perder con Arabia, describían a los saudíes como “hijos de mil putas que se criaron tomando agua del mismo río donde cagó su vecino dos minutos antes” y cuyo deporte nacional era “el lanzamiento de mujeres y granadas”. ¿Qué no hubieran dicho de los tiburones azules, y de su propio equipo, en caso de caer derrotados...? “DENME MAYÚSCULAS MÁS GRANDES”.

Una previa de ese ingenio la dejó el usuario de X @Chapamariano_ en una conversación sobre la envidia que provocaba en Argentina la celebración de las victorias inglesas con música de Oasis. Un hilo que llegó al propio Liam Gallagher. El de Mánchester contestó a un comentario de Chapa en el que recordaba —¡como elogio!— que los hermanos se fundían el subsidio del paro (UB40) “en drogas y alcohol”. “No hay nada malo en eso ¿En qué más lo vamos a gastar?”. Fue entonces cuando llegó la réplica inesperada: “¿Qué onda, pedazo de loro? Te estaba defendiendo, yo hubiera hecho lo mismo con el subsidio. Era una discusión de argentinos. No saltés que no hay charquito”. Chapa se ha puesto como bio de X Walnut whopper, el apelativo que le dedicó el vocalista y cuya traducción aún genera debate en internet.

De pura casualidad, en 2014 me vi la final del Mundial entre Alemania y Argentina en un bar de Menorca rebosante, cómo no, de ingleses. Sobre el papel, ninguno de los dos equipos parecía santo de la devoción de aquella ruidosa parroquia. Por un lado estaba la cicatriz de la Segunda Guerra Mundial pero, por el otro, las más recientes Falklands y, sobre todo, la Mano de Dios. Una rápida encuesta sin valor científico —sumada al posterior disgusto— dejó claro que los hijos de la Pérfida Albión torcían por los de Messi. Dunkerque o el blitzkrieg dejaron heridas profundas y allí no tienen un Feijóo que reduzca estas cosas a una “una pelea de abuelos”. Las Malvinas, por tanto, solo suponen una herida abierta en Argentina. Seguramente, también por aquello que decía el chiste: “Quedamos segundos”. Como la albiceleste en Brasil, aunque esta vez para disgusto de los británicos.

Esta semana, la eliminación, el mismo día, de Japón y Alemania, provocó que se multiplicasen los chistes sobre 1945. ¿Qué sería de un evento como el Mundial sin las referencias políticas? Estados Unidos abrió sus puertas a antiguos enemigos —más complicado lo tuvieron los actuales— y los dos se volvieron a casa tan aprisa que no tuvieron tiempo de volver a atacar Pearl Harbor. La tercera pata del Eje, Italia ni siquiera consiguió clasificarse —le pasó como a España en la IIGM, que cayó en su propia eliminatoria—, y eso “es peor que te cuelguen boca abajo”.

La frase es de Manu Sánchez, uno de los que –fuera del estadio– le están sacando más rendimiento a este Mundial, y que tampoco se resistió a jugar con estos símiles. Lo hizo en un speech en el que volvía a defender la plurinacionalidad de España —la que representa un combinado con Lamine, Nico Williams, Oyarzábal o Borja Iglesias— antes de lanzar su gran propuesta: “Banderas tienen todos; persianas, nada más que nosotros”. Un invento muy útil, ahora “que pretenden de nuevo ponernos cara al sol” y que él atribuye a aquella época en la que el astro rey “no se ponía en nuestro imperio”, como cantaban Los Nikis. De aceptar su propuesta, en la previa contra Portugal, mientras suena el himno, deberían desplegar sobre el césped una veneciana rojigualda. Si los lusos contestan con un estandarte de rizo americano, vamos directos a la prórroga.

Las arengas de Sánchez (Manu) enfadan a la caverna como todo lo que rodea a esta versión de La Roja, un apodo que aún levanta urticaria a ultras como el exbaloncestista Alfonso Reyes. “Están mamando España sanchista muy por encima de sus posibilidades”, resumía Ramón Espinar al compartir el vídeo de Bardem, Pe y Rosalía celebrando la victoria frente a Austria, país natal de cierto aspirante a pintor.

Puede que Espinar no tenga ni idea de lo que es una mariscada, pero aquí dio en el clavo. Hasta el nombre del hermano de Lamine, Keyne, parece elegido para defender una mayor intervención del Estado en la economía –“impuestos y paguitas”–, que siga abasteciendo de cryptobros y streamers a la selección nacional de Andorra.

Keyne —el niño, en singular, no el economista— se convirtió en un meme instantáneo, santo subito, por su celebración del segundo gol de Oyarzábal. En Twitter, al periodista Fran Guillén le molestaba que “la rubia de delante” ocultase la mitad de la celebración. Borja Iglesias, rápido como si estuviese en el área chica, le respondía: “La rubia de delante te ha dado hoy un doblete, amigo”. La mujer era, efectivamente, la amatxu de Mikel.

Se está hablando poco del papel de Borja —y de su inseparable cámara— en este equipo. El Panda, inédito aún sobre el verde —“no me has visto fallar”, respondía con ironía a uno de sus críticos— se encarga en las redes de frenar las internadas por la banda derecha de los extremos de la caverna. En la grada, intercambió camisetas —las de sus clubs— con Alexia, el mismo día en que esta dejó otra imagen para la historia con Pe y con Rosalía.

Al abrazo de los goleadores tampoco le faltaba simbolismo: Borja fue el primero en renunciar a la selección tras el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, antes incluso de que Putellas lanzase el que acabó siendo lema de aquella revuelta histórica: #SeAcabó. Los dos saltaron sin saber si había charquito. Hay elogios que también merecen mayúsculas más grandes.

“Te pagaban 50 dólares para ir a votar y todos fuimos a votar a Fraga”. La anécdota la relató en la radio en 2020 el pianista Juan Carlos Cambas, hijo de la emigración gallega en Argentina. El suyo es uno de tantos testimonios que atestiguan la importancia que, históricamente, ha tenido para el PP de Galicia el voto de la diáspora. Por su volumen –casi 500.000 votantes en las últimas autonómicas, más que en las provincias de Ourense o Lugo– puede mover escaños y, en un escenario ajustado, cambiar gobiernos. Una lección que Alberto Núñez Feijóo no tardó en aprender de su predecesor al frente del partido, por eso, desde que se hizo con los mandos, nunca descuidó a la parroquia del otro lado del mar.

Feijóo sucedió a Fraga en enero 2006 al frente del PPdeG y pronto comenzó a trabajar en rehacer los lazos con una emigración. “No tiene sentido que un nieto de españoles tenga menos derechos que un inmigrante”, decía ese mismo mayo desde el Hogar Español de Ancianos en Montevideo (Uruguay). “Hoy por hoy, España se lo puede permitir”, así que pidió “un esfuerzo”.

Junto con las romerías, los actos festivos y, más recientemente, las becas y las ayudas al retorno, la atención sanitaria siempre fue uno de los puntales de la presencia de Galicia en la diáspora. El hospital del Centro Gallego de Buenos Aires es, quizá, el más simbólico, también por su recorrido: después de que la Xunta saliese de su gestión en 2011 –ya con Feijóo al frente–, fue adquirido por el grupo Basa y, hace casi una década, vendido a Ribera Salud.

“El tema de la emigración no es político”, aseguraba entonces, en una visita en la que lo acompañaban varios cargos del PP, entre los que destacaba el presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presidente de la RFEF. En un momento en el que en España arreciaba el debate territorial, Feijóo destacaba que “la ideología de los emigrantes es ser gallego y español”.

“Nos podemos jugar que un partido gobierne Galicia”

Feijóo temía que una comunidad tan dependiente de las ayudas institucionales pudiera dejarse influir por el color de los gobiernos socialistas de Madrid y Santiago. “La colectividad es de centro y no socialista”, porfiaba en febrero de 2008, cuando viajó a Argentina a hacer campaña por un Mariano Rajoy que volvería a perder frente a Rodríguez Zapatero. Y eso que su hombre en Galicia prometió que, si ganaba, “equilibrará las pensiones de los emigrados, brindará asistencia sanitaria, ampliará la posibilidad de ciudadanía y dignificará el voto de los residentes extranjeros”.

A final de ese año, Feijóo regresó, pero ya en nombre propio. Era su primer asalto a la Xunta, sólo un lustro después de dejar la presidencia de Correos, pero ya empezaba a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. “En la transparencia del voto en Argentina nos podemos jugar la mayoría absoluta, nos podemos jugar que un partido –el PPdeG– o una coalición –socialistas y nacionalistas– gobiernen en Galicia”, afirmó tras reunirse con el que era ministro de Interior, Florencio Randazzo. De esa campaña data su promesa de un voto en urna que permitiese “al diez por ciento de la población gallega”, los residentes en el exterior, votar “con las mismas garantías y fiabilidad” que el 90 por ciento restante. Tras ganar, le trasladó esa demanda a Zapatero en su primera reunión institucional.

Feijóo retomó esa antorcha en su primer viaje como presidente a América Latina, apenas unos meses después de tomar posesión. Un periplo que lo llevó a tres países clave: Brasil, Uruguay y Argentina. Tan pronto como puso un pie en tierra, Feijóo insistió en “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto” para que pudiesen ejercerlo en “urna de cristal”, un “voto occidental”, que es lo propio de una “democracia como la gallega”.

Las sospechas sobre la limpieza del voto emigrante no desaparecieron. A compras masivas, como la que relataba Cambas, aderezadas con cientos de kilos de pulpo o churrasco, se sumaban las denuncias sobre suplantación de identidad, lo que permitía en ocasiones ejercer el derecho después de fallecer. “Los muertos no votan”, se había esforzado en intentar negarlo Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces también ministro de Interior, en una comparecencia en Compostela. Para aumentar las garantías, PP y PSOE –con el apoyo de CiU– decidieron implantar el voto rogado, es decir, la obligación de solicitar que le sea concedido.

La Guerra Civil, “pelea de abuelos”

Como consecuencia, la participación se desplomó a mínimos históricos y los colectivos de la diáspora pusieron el grito en el cielo. En 2015, Feijóo –de nuevo desde el Cono Sur– exigía la reforma del sistema electoral para eliminarlo y garantizar que los emigrantes pudiesen tomar decisiones “en las mismas condiciones que el resto de los españoles”. Lo hacía en la precampaña de las andaluzas para apoyar a Moreno Bonilla –“hay 200.000 andaluces viviendo fuera de España”, aseguraba el secretario ejecutivo del PP en el exterior– y reclamando “consenso” al PSOE porque la ley “siempre ha sido consensuada entre los dos grandes partidos”.

El fin del voto rogado llegaría, finalmente, en 2022, tras un acuerdo, sí, pero entre PSOE y Podemos. En octubre de ese mismo año entró en vigor la ley de nietos y, apenas unos días después, Feijóo –ya líder del PP estatal– viajó a Argentina, se reunió con la junta directiva de su partido en el país y participó en eventos como Buenos Aires celebra a España y Portugal. Allí, criticó la medida del Gobierno y se comprometió a impulsar otra norma “específica” para que los descendientes de españoles recuperasen la nacionalidad, ya que consideraba “un grave error” incluir un “derecho civil” dentro de una legislación “ideológica”.

“Tenemos que hacer una ley limpia en la que la nacionalidad no puede depender del plazo en el que el antecesor estuvo fuera de España ni tampoco de la causa”. Era la época en la que se refería a la Guerra Civil como el tiempo en que “nuestros abuelos se pelearon”.

Hoy resulta imposible imaginar cómo asistiría a estas contradicciones el predecesor de Feijóo, un Fraga que se despidió de la Xunta tal y como había llegado dieciséis años antes: pendiente de las papeletas de la emigración. En 2005, después de arrebatarle la mayoría absoluta en las urnas gallegas por un único escaño, la izquierda no ocultaba su preocupación por un hipotético voto conservador de la diáspora que diese al anciano presidente una legislatura más; pero no sucedió.

Fue justo lo contrario de lo que pudo haber ocurrido en 1989 cuando el León de Vilalba decidió abandonar el tablero estatal para competir en la política autonómica. La impresión que quedó de aquel proceso fue que Felipe González le puso un puente de plata. No sólo evitó todo lo que pudo apoyar a su candidato, Fernando González Laxe; meses después, con Fraga ya en la Xunta, “aparecieron unas sacas de correos con los votos de la emigración que le habrían dado el poder” al socialista. “Y no pasó nada”. Así lo cuenta el escritor Alfredo Conde, conselleiro de Cultura en aquel tripartito, en su libro A propósito de lo político.

No han sido pocas las veces que se ha relacionado al Prestige, el petrolero que vertió 77.000 toneladas de fuel ante las costas gallegas a finales de 2002, y al proyecto de macrocelulosa impulsado por la empresa Altri en Palas de Rei (Lugo). Hasta ahora, esas conexiones apuntaban, sobre todo, a la respuesta ciudadana nucleada en torno a un lema, Altri non, con reminiscencias a Nunca Máis. En su intento por evitar el carpetazo definitivo a la iniciativa, la empresa portuguesa ha hecho público un informe donde asegura que cumple el principio europeo DNSH (“No provocar daño ambiental significativo”). El estudio, contratado por la pastera, que trató de presentarlo como “independiente”, fue redactado por Bureau Veritas, la misma consultora que certificó, en 2001, que el Prestige podía navegar con seguridad un lustro más.

Las principales opositoras al proyecto, Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ria de Arousa (PDRA), consideraron “una provocación” la elección de Bureau Veritas para que elaborase un documento “delirante”. Que Altri –impulsora de la factoría a través de su filial Greenfiber– “llame informe de validación independente a un informe encargado y pagado por ella misma es una borma de mal gusto”, aseguraron en un comunicado donde señalaron la “evidente carga de propaganda y de presión sobre la Xunta de Galicia” para tratar de “acelerar” la Autorización Ambiental Integrada (AAI)“.

Ulloa Viva sólo tiene “claro” que el documento “no tiene validez técnica” y recuerda que, hasta ahora, “el único informe independiente sobre el llamado Proyecto Gama fue el emitido por el Consello da Cultura Galega, un estudio que, entonces, fue descalificado tanto por la Xunta como por los medios públicos gallegos. A la plataforma, esto le parece ”lo mismo“ que sucedió con la consultora Afry durante la tramitación de Gama. En 2019, en el proceso judicial por el traslado de la fábrica de Ence de la ría de Pontevedra, emitió un informe en el que ”veía inviable una celulosa en cualquier río de Galicia“. Sin embargo, durante la tramitación de Altri ”validaba la instalación de una macrocelulosa“ en la comarca da Ulloa.

En la nota hecha pública este mismo lunes por Altri, la pastera destaca que el informe siguió la guía DNSH de la Unión Europea para concluir que “es plausible considerar que el proyecto no va a causar un perjuicio significativo sobre los seis objetivos medioambientales establecidos por la normativa europea: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marino, economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas”.

Tras analizar el texto, a Ulloa Viva le siguen “sin salir las cuentas”, recuerda la movilización de “miles” de personas contra la factoría y finalizar con un recado al gobierno gallego: “Las competencias están en la Xunta de Galicia, es (Alfonso) Rueda quien tiene la responsabilidad y también la memoria histórica para evitar repetir errores del pasado. No queremos otro Prestige y es posible evitarlo”.

La TVG sigue sin encontrar un suelo firme que frene su caída de audiencia. La temporada 2025-2026, que se cerró este fin de semana, ha sido la peor en los más de cuarenta años de historia del canal público gallego. Los datos medidos por Fifty5Blue –la antigua Kantar Media– y recopilados por Barlovento Comunicación lo dejan por primera vez por debajo del 8% de share tras perder seis décimas, con las que acumula una caída de 2,9% en tres cursos televisivos. Y todo indica que no será la última mala noticia que reciban esta semana en la sede de San Marcos. Con sólo dos días por contabilizar, junio se perfila como otro hito negativo: nunca antes se había cerrado un mes por debajo de los 7 puntos y la media de los primeros 28 días no supera el 6,7%.

El balance de Barlovento recoge los resultados de los audímetros desde el pasado 1 de septiembre hasta este domingo, 28 de junio. Durante esos diez meses se ha registrado un número de espectadores récord en el conjunto del Estado: el 99% de la población, 47,1 millones de espectadores únicos, ha visto la tele en el algún momento, lo que supone la mejor cifra desde que existen datos. Es en ese contexto –en el que el conjunto de las autonómicas logra un mínimo repunte (+0,1%)–, en el que se encuadra el desplome de una TVG, que resta y sigue. La temporada 23-24 se cerró con un 9,5% de audiencia. La siguiente, tras un bajón de un punto, con un 8,5 que ahora se hunde hasta el 7,9%. Es, también, la primera vez que se sitúa por debajo de la media de la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).

La que acaba de finalizar es la primera temporada completa de la nueva directora xeral, Concepción Pombo, al frente de la CSAG, la denominación que estrenó la CRTVG debido a la nueva ley que permitió el relevo, tras 16 años en el cargo, de Alfonso Sánchez Izquierdo. Una normativa que acentuaba el control político de los medios públicos al permitir nombrar a la máxima autoridad de la corporación a dedo, sólo con la mayoría absoluta de la que goza el PP en el Parlamento de Galicia.

Este martes, Pombo cierra el curso compareciendo ante la Cámara. El BNG tiene previsto preguntarle por las audiencias de los nuevos formatos con los que ha intentado, sin éxito, levantar cabeza. Los socialistas, por su parte, se interesarán por la condena a la productora de Roberto Vilar –presentador estrella de la casa– por el despido improcedente y el sueldo por debajo de convenio a uno de los guionistas de su programa, pese a que el espacio dispone de un presupuesto millonario.

La tendencia de TVG rompe con la del bloque de cabeza de las televisiones integrantes de la FORTA. La clasificación queda liderada una vez más por TV3 con un 14,5%. El canal catalán sube cuatro décimas, las mismas que gana Aragón TV para alcanzar el 12,5% de share y firmar su mejor temporada histórica. El tercer puesto del podium es para Canal Sur, que iguala el 9,4% del curso pasado, ETB2 sube hasta el 9% tras ganar un 0,7%, prácticamente lo mismo que pierde una TVG amenazada por el 7,6%) de la televisión canaria, tras un salto de dos puntos. La mayor caída tras la gallega es la de A Punt (0,3%). Ninguna de las cadenas con saldo negativo llega al 5% de share.

“Si despiertas a una hora diferente, en un lugar diferente, ¿podrías despertar como una persona diferente?”. La pregunta de Edward Norton en El club de la lucha resonaba en mi cabeza cuando este sábado abrí los ojos muy temprano a 150 kilómetros de casa y en horario GMT+1. Estaba claro que aquella era una persona diferente, un extraño que, a tientas y tratando de no tirar nada en esa habitación desconocida, atrapó el móvil para consultar, antes que ninguna otra cosa, el resultado de la selección. “No eres tú, es el Mundial”, me dije para tranquilizarme.

Esta semana, uno de mis momentos favoritos fuera del estadio sucedió, en realidad, dentro. Edward Norton y Brad Pitt coincidieron en la grada del USA-Turquía –por nacionalidad, torcían por los gringos; por pelaso, por los otomanos– y las redes enloquecieron. “Edward Norton hablando solo”. El vídeo en el que una joven se acerca a ellos con una única bebida y se la da a Ed sólo reforzó la tesis. Considerando que ha pasado más de un cuarto de siglo desde su estreno y que un compañero Gen Z se refirió hace poco a la película como “un clásico” –“WTF?”, responderían las hijas de Zapatero–, me permitiréis el spoiler: Tyler Durden, el icónico personaje de Pitt, no existe: es una creación de la mente del narrador. Sí, por chistes como estos es por lo que pagamos twitter, Teófila.

En 1999, el año de estreno de Fight Club, el dueño de X, Elon Musk, vendía su primera empresa por más de 300 millones de euros. Aún no había fundado SpaceX, por eso se libró de aparecer en otro monólogo que, como tantas cosas en esa cinta, se adelantaba a su tiempo: “Cuando se intensifique la exploración del espacio profundo serán las corporaciones las que le pongan nombre a todo. La galaxia Microsoft. El planeta Starbucks”. Es lo mismo que están haciendo en la tierra, y el Mundial –como el evento sideral que es– se ha convertido en el mejor exponente.

(No, esta semana no hay pausa para hidratación. Ni para recaudación).

La víspera del choque contra Uruguay –visto lo visto, lo fue, con todas las letras– la RFEF publicaba un anuncio con las famosas gafas amarillas de Marcos Llorente. Horas después, en una de esas serendipias que tanto nos gustan, el reputado negacionista regresaba al once titular de España, como si fuese una estrategia para revalorizar el producto.

Llorente siempre me ha recordado un poco a Cara de Ángel, el personaje de Jared Leto al que Norton apaliza porque “quería destrozar algo hermoso”. Sin embargo, en el spot, lo vemos jugando al billar como si fuese Paul Newman en El buscavidas, aunque cuando lo grabó seguramente estuviese pensando más en su secuela, El color del dinero, que no tiene por qué ser necesariamente amarillo... Si él fundase su propio club de las gafas, la primera regla nunca sería mantenerlo en secreto. Así no llegas a ponerle nombre, ni siquiera, a un triste satélite...

Seguramente, la unánime ola de críticas que desató el post –y que incluyó a los periodistas de RTVE que se prestaron a la promoción– fue la causa de que la RFEF lo borrase. Como siempre, demasiado tarde para la velocidad de los internautas, que se preguntaban si el siguiente objetivo recaudatorio de los chicos de Rafael Louzán pasaría por vendernos pulseras magnéticas o advertirnos contra el peligro de los chemtrails. Mi opción favorita serían gorros de papel de aluminio que protejan del control mental al tiempo que permiten envolver el bocata para el descanso. Si es que en los estadios del Mundial dejan pasar comida, claro.

Lo que sí está claro es lo que tienen en común Tyler Durden y la base científica de las gafas de Llorente: que ninguno de los dos existe. Que el partido contra Uruguay acabase convertido en una versión futbolística de El club de la lucha sólo le aporta poesía a todo esto. “Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y estamos, muy, muy cabreados”. Si añadimos a esa lista “ganadores del Mundial”, es fácil entender el enfado de los de Bielsa, el único en toda esta historia al que le han colocado oficialmente la etiqueta de Loco.

La propuesta del Gobierno de reducir las ratios en Educación Infantil se ha recibido como un ataque en Galicia, donde la Xunta ha hecho bandera de la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años con un modelo que prima a las empresas privadas. Tanto es así que, en 2024, llegó a devolver al ejecutivo 22 millones de euros destinados a crear 3.200 plazas públicas más porque consideraba que en la comunidad ya estaban cubiertas. Ahora teme por el futuro de este diseño y, junto a la patronal del sector, ha encontrado un nuevo frente de oposición a Madrid. 

Poco antes de dejar su despacho de la Xunta para convertirse en presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo dejaba comprometida una gratuidad que le tocó inaugurar ya a su sucesor, Alfonso Rueda. En octubre de 2024, ya en Génova, Feijóo se sacó de la manga una Ley de Conciliación que proponía la extensión a todo el Estado de su modelo, una propuesta a la que vuelve cada cierto tiempo. Dos meses más tarde, el PSOE gallego denunciaba la devolución de aquellos 22 millones de fondos europeos. 

Este miércoles, después de que trascendiesen los planes del Ministerio, la patronal Acade emitía un comunicado en el que advertía de que la medida podría suponer el cierre del 100% de las escuelas infantiles privadas de España. A la conselleira de Política Social, Fabiola García –en Galicia, este tramo educativo no depende de Educación–, le faltó tiempo para recoger el guante y este mismo viernes recibía a los representantes del sector. 

“Corre riesgo la gratuidad de la educación infantil”; “se van a perder puestos de trabajo de muchas mujeres” o “van a cerrar muchas escuelas infantiles que llevan toda una vida dando el callo, cuidando, mimando y acompañando a muchas familias” fueron algunos de sus alarmantes mensajes.

Después, llegó el momento de sacar pecho: “Galicia tiene la mayor ratio de atención a todos los niños de 0 a 3 a nivel mundial” aseguró antes de erigir a la comunidad en “referencia en estos momentos a nivel europeo y nacional”. García tiene “muy claro que lo que pretende el Gobierno es acabar” con el modelo gallego, que llama a “replicar” en el resto de comunidades, financiado al 50% desde el Ministerio. 

Detrás de ese récord mundial estaba a finales de 2024 la argumentación para rechazar unos fondos europeos que, ahora, podrían estar evitando estos riesgos. Tres años antes, la Xunta recibió 34,8 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a crear 3.417 nuevas plazas públicas de Infantil. Supondría aumentar en más de un diez por ciento la oferta total de la comunidad, que en aquel curso 2024-25 fue de 32.000 matrículas, incluidas las más de 13.000 ofertadas por centros privados.

Un estudio realizado entonces por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) elevaba la subvención media del gobierno gallego a las guarderías privadas por cada alumno hasta los 309,90 euros. Mientras, lo que recibían los matriculados en las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos –sumando escolarización y mantenimiento– se quedaba en sólo 92,90. 

La Xunta utilizó un tercio de aquel presupuesto y sólo implementó 205 plazas. “Se penaliza a los líderes”, decía entonces Política Social, que intentó “insistentemente” que el Gobierno dejase que utilizasen la partida para “la mejora de las escuelas infantiles o la financiación de la gratuidad”, que cuesta al ejecutivo autonómico 65 millones al año que afronta “en solitario”.

La tasa de escolarización infantil en Galicia está “por encima del 60% y supera en 12 puntos la media española”, por eso “la necesidad de creación de nuevas plazas era inferior” a la de otras comunidades. Sin embargo, si se hubiesen creado esas plazas en lugar de apostar por un modelo “concertado” –el término es del PSdeG–, la situación hoy, ante esta “potente” reducción de ratios sería muy diferente.

Quien pone ese adjetivo al plan del Gobierno es Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –el primer sindicato en Galicia–, quien respalda la iniciativa y las ratios propuestas por el Ministerio: bajar de ocho a cuatro bebés por docente en 0 años, de trece a seis en 1 y de veinte a ocho en 2 años. A Arroxo le gusta que se tome como referencia el profesional “y no el aula”. Eso permitiría crear grupos de ocho, doce o 16 alumnos atendidos por una pareja educativa, una antigua demanda de los profesionales.

La sindicalista ironiza por la alerta de la Xunta, contraponiéndola con la costumbre del PP de “el Gobierno invita y las comunidades pagan”. “Aquí se promueve un sistema privado, del que se están lucrando empresas, mientras se devuelve el dinero con el que se podría crear un sistema público de cuidados”. 

“Lo que trajo el sistema de la Xunta, el ‘todo pagado’, fue mucha más precariedad laboral” y falta de controles: “En las públicas, si el niño no va, te pueden quitar la plaza. En las privadas no se vigila y, si hay menos alumnado del que se matricula, se producen despidos o recortes de jornada”. Y concluye: “lo que se necesitan son más profesionales”.

La Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y pide para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación. El ministerio público argumenta que Jácome cobró como regidor un sueldo, con dedicación exclusiva, superior a los 70.000 euros anuales, mientras mantenía unas actividades empresariales “que le generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde” y sin solicitar la compatibilidad “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone”. A traves de su cuenta en la red social X, Jácome aseguró que la acusación es “algo sin base que se quedará en nada”.

En el escrito –al que ha tenido acceso elDiario.es–, el fiscal desgrana los sueldos públicos del alcalde que, desde su toma de posesión el 15 de junio de 2019 hasta noviembre de 2025, rozaron los 470.000 euros. En un período ligeramente menor –entre 2019 y 2024–, sus ingresos por otras actividades fueron casi el doble: 787.687,93 euros.

La práctica totalidad de ese montante procedía de la televisión local Auria TV –sólo en 2020 facturó 218.000 euros–, “de la que es propietario y único responsable, y ello, a sabiendas de la ilegalidad que ello supone, y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar”. El fiscal añade la mercantil Jolper Música SA, una tienda de instrumentos musicales de la que Jácome fue administrador único hasta que cesó su actividad en agosto de 2020 y también 73.260 euros de una operación inmobiliaria del año 2021.

El ministerio público concluye que Jácome “estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad”. Esas ocupaciones “ajenas al cargo” no tenían “carácter de residual, secundario o marginal”. Sin embago, el regidor “nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Concello de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad”.

El 5 de agosto de 2019, menos de dos meses después de tomar posesión, Jácome “solicita formalmente al Concello de Ourense, la declaración de compatibilidad de sus actividades” con las funciones de alcalde “en régimen de dedicación exclusiva”. Sin embaro, tres días despues, el 8 de agosto –víspera de un pleno extraordinario–, “desiste por escrito”, y lo hace, a juicio del fiscal, “porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad”. Dos años después, en diciembre de 2021, el pleno del Concello de Ourense aprobo una moción que instaba al regidor a renunciar a su sueldo por incompatiblidad, “moción a la que el acusado hizo caso omiso”.

Es “el Guernica gallego”, el cuadro “más simbólico de nuestro exilio y represión”. Castelao lo pintó en el exilio como homenaje a Alexandre Bóveda, líder galeguista fusilado por el franquismo tras un juicio farsa y cuya muerte, el 17 de agosto, se conmemora cada año como Día da Galiza Mártir. A derradeira leición do mestre pudo verse por primera vez en Galicia en 2018, en una exposición organizada por la Xunta de Feijóo, quien trató de borrar todo el significado político tras la imagen de los dos niños que lloran a su maestro asesinado. El Museo de Pontevedra –dependiente de la Deputación, gobernada por el PP– volverá a mostrarlo a los gallegos desde este jueves. La hija de Bóveda, Amalia, no estará en la inauguración por “dignidad” y “coherencia”: considera “intolerable” el “blanqueamiento político de aquellos que hoy se autoproclaman galeguistas mientras defienden pactos y acuerdos con partidos de extrema derecha”.

La víspera de la inauguración de la muestra, Amalia Bóveda ha emitido un comunicado en el que argumenta tres motivos para justificar su ausencia en el acto oficial. El primero es la “incoherencia histórica” y el voto en contra da la Deputacion contra el Día da Galiza Mártir. “Resulta de una profunda hipocresía institucional ir ante el cuadro más simbólico de nuestro exilio y represión y votar en contra de institucionalizar el 17 de agosto”, explica. “Es necesario recordar que Castelao pintó esa obra, precisamente, en homenaje a Alexandre Bóveda y a todos los represaliados”, por lo que “no se puede honrar y admirar la obra mientras se desprecia y vota en contra del motivo por el que fue creada”. A esto suma que, desde 2014, “todos los gobiernos” del ente provincial “evitaron deliberadamente” llevar este asunto a pleno.

La causa en la que más se extiende el texto es en los pactos “inaceptables” del PP con la extrema derecha. Para la hija del mártir, ese “intolerable blanqueamiento” supone una “ofensa directa a la memoria de quien dio la vida por la libertad y la democracia en Galicia que se pretenda inaugurar un cuadro contra el fascismo con la mano tendida a los herederos ideológicos y valedores de la dictadura”.

“El galeguismo es, por naturaleza y coherencia, lo contrario al apoyo en la extrema derecha, sin ningún tipo de justificación, máxime con lo ocurrido en este país”. Amalia, que estaba en el vientre de su madre cuando su padre fue asesinado, recuerda que Feijóo “ya compareció ante el cuadro con un discurso y unas disculpas que, a tenor del presente, fueron mero tacticismo y faltaron a la verdad”. De su sucesor, Alfonso Rueda –que estará presente en la inauguración, al igual que el conselleiro de Cultura–, opina que “le llama sentidiño a la carencia del mismo, inventando el 'fascismo de izquierdas' delante de nosotros para poder situarse en una falsa equidistancia”.

Lo que Feijóo no dijo

En 2018, cuando A derradeira leición do mestre se exhibió por primera vez en Galicia, Feijóo lo presentó como “un símbolo” por la mano que lo pintó –la de Castelao– y “por la lección histórica que representa y el homenaje que dedica a los maestros”. “La recuperamos para homenajear la educación a través de los ojos y de los trazos de Castelao” y de su “poderosa carga simbólica” como defensa de la educación frente al fanatismo“ y ”de una enseñanza en libertad“ como ”medio de promoción de los valores democráticos“, afirmó. Incluso añadió en su discurso menciones genéricas a la ”advertencia de lo que jamás debe volver a pasar“ o al alegato contra la ”injusticia“ que contiene la obra. Ni una palabra sobre la represión franquista y sus asesinatos, como el del propio Bóveda, cuyos rasgos dio Castelao al maestro muerto ante sus alumnos.

Ese discurso y su particular “borrado de parte de la historia” fue el punto de partida de Ictus, el último montaje de la compañía teatral Chévere, Premio Nacional de Teatro en 2014. Tal y como relataba a elDiario.es el dramatugo Xesús Ron, “ese cuadro está representando algo suficientemente incómodo como para que no se puedan pronunciar determinados nombres ni recordar determinadas situaciones y hechos históricos”. La obra “nos ofrece un testimonio contemporáneo de una confrontación real que supuso el asesinato de miles de personas”. Eso es lo que la hija de Bóveda no quiere obviar en esta segunda oportunidad.

“La memoria y la lección de mi padre y de Castelao, junto con el legado del galeguismo exiliado y asesinado no son mercancía electoral ni un decorado para el cinismo político”, aseguró. “No puedo acompañar a quien, con sus votos, actos y pactos diarios, niega la realidad histórica a institucional de lo que ese cuadro representa”. Por eso, Amalia exige “coherencia”: “no se puede sostener el pincel del maestro con la mano izquierda mientras, con la derecha, se borra y apaga nuestra memoria y los Derechos Humanos”.

La hija del “motor” del Partido Galeguista agradeció el “excelente trato” de la dirección del Museo de Pontevedra antes de asegurar que sí tiene intención de visitar la muestra, en compañía de su familia, en otras fechas, empezando por el propio 17 de agosto. “La cuestión real y objetiva no debe ser la ausencia de Amalia Bóveda, sino la presencia en la inauguración y en el Día da Galiza mártir de quien niega políticamente los derechos de las víctimas y de sus familias”, subrayó.