El premio AENA de narrativa hispanoamericana, cuya primera edición se falla hoy, está dotado con un millón de euros para el ganador, 30.000 para los otros cuatro finalistas, y un considerable apoyo para las editoriales de los premiados, tres grandes grupos multinacionales, en forma de compra de los libros. Por su enfoque y dotación económica esta distinción solo es parangonable con el Premio Gran Libro (Bolshaya Kniga) que otorga un consorcio de magnates rusos y con el Premio Katara a la novela árabe que se entrega en Qatar. Los supera, como un Bernabéu de los premios.

Creo que es bueno poner las cosas en su lugar, y luego ya veremos. Poco o nada se parece a otros premios, como en seguida me ocupo de enseñar.

Las palabras más utilizadas entre sus promotores y partidarios -que tienen motivos genuinos, honestos y comprensibles- a la hora de justificar el premio son “fomentar la lectura”, “encontrar nuevos lectores”, “visibilidad” e incluso “espacio”. Uno esperaría más de los especialistas en el lenguaje.

Por suerte no estamos tan mal en lectura como en viajes espaciales. Los hábitos de lectura son difíciles de medir bien y de forma comparable, pero hay dos hechos claros. El primero es que en esto los españoles han mejorado entre mucho y bastante, en una tendencia creciente observable (con datos irregulares) durante medio siglo. La incidencia de un hábito mínimo de lectura regular y como forma de ocio converge hoy con los datos conocidos de Europa (datos de Eurostat en 2024). Supera el 60% (hace no tanto no llegaba al 50%). El segundo es que ese tercio o así de españoles que no toca un libro debe frecuentar los aeropuertos más o menos como las bibliotecas. Se lee menos cuanto menos se tiene, algo que sucede con la educación en general. Dejando de lado la épica de los amantes de los libros, que la hay, la lectura es más fácil cuanto más arriba se está en la escalera. La política cultural tiene mucho de “efecto Mateo”, tened y se os dará.

Se comprende que los gremios den premios, incluso que lo haga el Estado, por el bien de los autores mismos o de lo intangible que tiene la cultura, pero se puede pensar que para ciertos fines otras políticas son posibles. El problema es que, como sabemos, premiar es mucho más barato que hacer cosas. Desde AENA (empresa con un 51% de capital estatal) dicen que lo que se van a gastar en este premio no es mucho comparado con su presupuesto, no nos vayamos a creer que es un regalo exagerado. No sé. Lo seguro es que no es mucho comparado con el gasto público en educación (71.348,8 millones de euros en 2024 según el INE) pero luce bastante.

Como servicio a nuestros lectores traigo una lista con 46 grandes premios literarios del mundo para poder comparar algunas de sus características. La tabla dice mucho por sí sola, abajo la tienen. He escogido los más conocidos de la mayoría de las literaturas de gran tradición, con un sesgo evidente hacia lo occidental y, dentro de ello, hacia la lengua española. Esto sirve para contextualizar el premio de marras. Con todo, creo que son una muestra bastante representativa de los grandes premios, obtenida usando Google y Wikipedia (no es IA). Los que premian a obras concretas se refieren a novelas siempre que es posible, aunque en algunos casos premian “prosa” o alguna otra denominación más general. He dejado fuera las distinciones a escritores dentro de un tipo (género -sexo, no literario-, origen étnico u otros).

Hay dos tipos principales de premios, con variantes: a un autor o a una obra específica. En la lista hay 30 premios a obra nueva, como el de AENA, más tres a obra inédita y uno a obra traducida; además de 11 premios al autor o autora por el conjunto de su obra. Merecen mención los premios a una obra inédita sobre todo porque el premio más dotado del mundo, el Planeta, es de este género: unos juegos florales a lo bestia. Pero no son frecuentes entre los premios ricos y/o prestigiosos. AENA dice que lo ha empleado de referencia, y lo ha empatado. La comparación no tiene sentido. Como ya he dicho, lo que hace es superar a todos los premios de su clase, en una liga en la que los advenedizos llegan con bolsillos profundos, pero cuyos clásicos son mucho más discretos.

De los 30 premios a una obra publicada, la mediana en cuanto a dotación económica la ocupan el Pulitzer y el Penn/Faulkner, ambos de EEUU, ambos de 15.000 dólares (unos 13.000 euros). La mitad paga eso o más, la mitad paga eso o menos. El mínimo es nada o casi nada; el máximo, el millón de AENA. El AENA son 77 Pulitzer juntos, que, insistamos, es mediano, no pequeño. Solo un 20% de los premios a un libro pagan más que el Booker (Reino Unido), el mejor pagado de la literatura en inglés (50.000 libras, 57.000 euros), y dos suceden en España (el AENA y, más modestamente, el Sant Jordi). El resto de los premios muy altos se ofrecen en Qatar, Rusia, Irlanda y China. Si añadimos premios a un autor (no universal, como el Nobel), el elenco de premios por encima del presupuesto del Booker incluye también a México (dos) y a Portugal/Brasil (Camões). Además de otro en Rusia (Yasnaya Polyana) y el Cervantes. Por si la lista de países les dice algo.

Sobre el efecto parvenu. El Goncourt no actualiza su premio desde su fundación en 1903: sigue pagando 50 francos en valor nominal (que en su día cambió por 10 euros). Cincuenta francos de 1903 hoy serían 22.400 euros. De haberse lanzado cien años después, estaría entre el Premio del Libro de Alemania y el Premio de Novela de Colombia. Les deseamos igual suerte. En general, hay premios prestigiosísimos con dotaciones de diez mil euros o menos, incluyendo algunos otros premios simbólicos. Sobre todo, antiguos; sobre todo, en Francia e Italia (pero también el Naoki, el National Book Award…). Decía Manuel Vicent en su biografía del Duque de Alba que sabes que estás en casa distinguida cuando los canapés están rancios. 

La tradición también puede ser rebelde. El laurel más antiguo de Rusia, el Andrei Bely, es un premio independiente que se asocia con la oposición a la censura. Se entregó por vez primera en 1978. El premio sigue siendo un rublo, una manzana y una botella de vodka.

Solo dos premios de la tabla son completamente internacionales, universales: el Nobel y el Neustadt (que a menudo premia a gente que luego se lleva el Nobel). Ambos son premios al autor. El Princesa de Asturias es universal desde 1999, antes era hispano. Fuera de estos, los premios restringen su dominio a una lengua o grupo de lenguas o, a veces, a la producción editorial de un país o grupo de países. El Nobel lo tiene todo en sus valores máximos: universalidad, antigüedad, dinero y sinergia con otros premios de la misma marca. Además del efecto Suecia. Es inimitable e incomparable.

Un premio moderno es difícil que sea muy modesto (entre treinta y cincuenta mil euros, tal vez). Pero el prestigio depende de algunas cosas que cuestan algo más que dinero: jurados independientes, internacionalizados, alejados de la sombra de los intereses creados, que se arriesguen en el buen sentido (no en el de hacer esas extravagancias que siempre son celebradas). Es ahí y no en el bolsillo donde deberíamos pedir mucho esfuerzo. Los malpensados podrían creer que hay una relación de intercambio entre los dos esfuerzos.

La televisión de Abu Dabi transmite un reality en el que poetas y aspirantes a poetas de todo el mundo árabe compiten en sucesivas eliminatorias hasta alcanzar el premio final de un millón de dirames de UAE (236.000 euros). El programa se conoció como “El poeta del millón” entre 1992 y 2006, después ha sido sustituido por el “Príncipe de los poetas”. Desde el respeto, ojalá un OT de literatura, eso sería visibilidad. De momento, AENA. Algunos temen que la alternativa sea un dandi con boina (lo veo dandi gracias a Montano). Evolucionamos. A estas horas no sé quién ganará. Secretamente, yo tifo por Los ilusionistas y Marcos Giralt como príncipe de los poetas.Suerte.

46 premios literarios: país, dotación y primer año de entrega. En euros salvo que se indique otra cosa.

Premios a una obra literaria (novela)

Obra traducida:

Obra inédita:

Premios al autor o autora:

Premios a un autor universal

Apéndice: quién entrega los premios

Premio Planeta Editorial Planeta

Premio AENA: AENA

Nobel de literatura: Fundación Nobel

Katara Prize for Arabic Novel: Katara Cultural Village, Doha (Qatar)

Premio Gran Libro (Bolshaya Kniga): Centro para el apoyo de la literatura nacional (fundado por empresarios)

Premio Yasnaya Polyana : Museo Tolstoi y Samsung Electronics

Premio Carlos Fuentes: CONACULTA (Gobierno de México)

Premio Cervantes: Ministerio de Cultura/Asociación de academias de la lengua española

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: Universidad de Guadalajara/FCE/CONACULTA

Premio Camões:Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de Portugal, Fundación Biblioteca Nacional de Brasil

Dublin Literary Award: Dublin City Public Libraries and Archive

Premio de Literatura Mao Dun: Asociación de escritores de China

Premi Sant Jordi de novel·la (Joanot Martorell hasta 1959): Enciclopedia catalana/Omnium cultural/Edicions Proa

Booker: Man Group (Inversores)

Booker Internacioonal: Man Group (Inversores)

Premio Nacional de las Letras Españolas: Ministerio de Cultura

Premio Princesa de Asturias de las letras: Fundación Príncipe de Asturias

Georg-Büchner-Preis: Academia alemana de la lengua

Premio Oceanos: Fundación Itaú

Prémio LeYa : Grupo editorial LeYa (PT)

The Neustadt International Prize for Literature: Universidad de Oklahoma

Kirkus Prize (fiction): Kirkus Reviews

Premio de literatura del Consejo Nórdico: Consejo Nórdico (Organización interpalamentaria para la cooperación)

The Writers' Prize: The Folio Society

Premio Nadal: Destino/Planeta

Premio Nacional de Narrativa (España): Ministerio de Cultura

Deutscher Buchpreis: Asociación editores y libreros

Premio Nacional de Novela (Colombia) : Ministerio cultura

Pullitzer (fiction): Universidad de Columbia en NY

PEN/Faulkner Award for Fiction: PEN/Faulkner Foundation

Premio Bagutta:Restaurante Bagutta de Milán y escritores tertulianos

Jnanpith Award: Bharatiya Jnanpith, literary and research organisation

Premio August Asociación editores suecos

Premio Dobloug: Academia sueca (escritores suecos o noruegos)

National Book Award (fiction) :National Book Foundation (librerias, bibliotecas, editores)

Premio Naoki : Sociedad para la Promoción de la Literatura Japonesa

Premio Clarín de Novela: Clarín/Alfaguara

Costa Book Award: Costa Café

Premio Strega : Fundación Bellonci

Premio Campiello: Patronal del Veneto

The National Book Critics Circle Award: National Book Critics Circle

Goncourt : Academia Goncourt (Diez escritores no remunerados que se reúnen en el restaurante Drouant una vez al mes)

Prix Médicis : Donaciones de fundaciones privadas

Prix Renaudot : Periodistas, replican el Goncourt para “reparar sus injusticias”

British Book Awards (the “Nibbies”) : The Bookseller (Magazine)

Premio Andrei Bely : Revista Hours

El debate sobre las denuncias falsas en violencia de género no es tan sencillo porque mezcla dos definiciones distintas: la persecución penal del denunciante (en torno al 0,001% en España) y la denuncia sobre hechos no ocurridos, que en España no se mide. La literatura internacional sobre agresiones sexuales sitúa esta segunda en una franja del 3% al 8%, una proporción minoritaria pero no inexistente. La discusión gana cuando se distingue entre conceptualizar, medir e inferir, en vez de confundir el indicador más restrictivo con la incidencia real del fenómeno.

Si definimos una “denuncia falsa” como aquella en la que la persona denunciante es acusada y procesada por haber denunciado de mala fe hechos falsos, es razonable esperar que su incidencia sea una fracción muy pequeña del total. En materia de violencia de género, en España las autoridades utilizan un criterio operativo muy restrictivo: la Fiscalía retira la acusación por propia iniciativa durante el juicio oral, solicita al juez que deduzca testimonio y persigue de oficio a la denunciante. Con esta definición —y con algunas restricciones adicionales de registro— la medición resultante arroja en torno al 0,001% de todas las denuncias interpuestas desde la aprobación de la ley vigente. Algunos años el valor registrado es cero, y de ahí que a veces se afirme que no existen.

Si, en cambio, definimos “denuncia falsa” como una denuncia interpuesta por hechos que no han ocurrido, con independencia de que exista o no posterior persecución penal de la denunciante, entonces debemos reconocer que en España no sabemos cuántas hay. No existen criterios operativos públicos para medir ese fenómeno. La investigación comparada en otros países sugiere que una medición basada en este segundo concepto podría situarse en torno a varios puntos porcentuales, con estimaciones que a menudo parten del 5%. Seguiría tratándose de una fracción minoritaria del total de denuncias, pero claramente distinta de la anterior. Bajo esta definición más amplia no es correcto afirmar que no existen, y sí lo es afirmar que no están bien medidas.

Parte de la discusión pública nace de mezclar ambos conceptos. Como escribió un fiscal en un blog en este diario (Teniente Kaffee), desde un punto de vista nominal, cuando se debate sobre esto “ambas partes no discuten, ya que no hablan de lo mismo”. Más que una cuestión de nombres, es una cuestión de conceptos y de niveles de definición. En ciencias sociales es habitual distinguir entre el concepto general que se quiere estudiar y la definición operacional que permite medirlo. No es lo mismo definir casos para perseguirlos penalmente que definirlos para estimar la incidencia de un fenómeno o evaluar posibles efectos no deseados de una política pública.

Un ejemplo ayuda a ver la diferencia de usos. En 2020 varios medios informaron sobre una trama organizada de denuncias falsas de violencia de género en Almería vinculada a la obtención fraudulenta de permisos de residencia. Ese mismo año aparecieron titulares institucionales afirmando que no hubo ninguna denuncia falsa. Se referían a que no hubo ninguna denuncia falsa registrada. No hay necesariamente contradicción, pero sí confusión (además de un lenguaje fuerte, pues a veces se habla de bulos): se estaba usando el término con definiciones distintas. En el lenguaje ordinario y periodístico suele emplearse el concepto amplio (hechos no ocurridos); en el registro penal-estadístico se usa el concepto estrecho (casos perseguidos y acreditados judicialmente). Distinguir ambos planos evita confusiones innecesarias.

DENUNCIAS FALSAS DE AGRESIONES SEXUALES: DATOS INTERNACIONALES

No existen datos estrictamente comparables entre países sobre violencia de género, entre otras razones por las diferencias legales y de registro. Sí existen, en cambio, más estudios comparables sobre denuncias falsas de agresiones sexuales. Aunque no son fenómenos idénticos, tienen en común que la credibilidad de la víctima es muy importante como elemento de prueba y que se suscitan movimientos de opinión en torno a la frecuencia de supuestas denuncias falsas. Estos estudios permiten establecer órdenes de magnitud y métodos de medición.

No parece haber evidencia de que las diferencias entre países occidentales en este punto sean extremas. Tampoco hay evidencia clara de que la tasa de denuncias falsas deba ser sistemáticamente menor en violencia de género que en agresiones sexuales. Por prudencia, puede considerarse que las estimaciones en agresiones sexuales ofrecen al menos una referencia mínima para pensar el problema. La forma de discutir estas estimaciones no es remitirse solo al número de denunciantes perseguidos penalmente, sino proponer mediciones alternativas con métodos explícitos y evaluables.

Para resumir la literatura, puede utilizarse la revisión realizada en 2017 por la profesora Dana A. Weiser sobre estudios de falsas denuncias de agresión sexual. Su objetivo era examinar críticamente la evidencia disponible y descartar trabajos metodológicamente débiles, a fin de reforzar la posición que ella describe como feminista en un debate en el que son frecuentes las cifras infladas y especulativas. De los estudios revisados, recomienda tres por su calidad (ver las referencias en la nota final de esta entrada):

Un estudio sobre todas las denuncias de violación registradas en una gran ciudad estadounidense durante un año, con análisis cuantitativo y cualitativo de expedientes y entrevistas policiales, estimó un 4,5% de denuncias falsas.

Un estudio de diez años en una gran universidad de EEUU (136 casos) identificó un 5,9% de denuncias falsas y situó sus resultados dentro de un intervalo coherente con otros trabajos solventes, entre el 2% y el 10%.

Una investigación con datos principalmente del Reino Unido situó la estimación europea en un rango aproximado del 3% al 8%, revisando a la baja cifras anteriores más altas.

A estos trabajos se añaden informes institucionales. Un estudio del Ministerio del Interior británico sobre la tramitación de denuncias de violación clasificó como falsas el 8% de los casos analizados por la policía, aunque las propias autoras advierten de posibles errores de clasificación y discuten que una parte podría corresponder a denuncias verdaderas mal evaluadas. Es relevante que solo una pequeña fracción de esos casos terminó en acusaciones contra denunciantes, lo que muestra de nuevo la diferencia entre la posible clasificación y la persecución penal.

Los datos canadienses ofrecen otra referencia útil. En la Encuesta uniforme de delitos, las agresiones sexuales clasificadas como “infundadas” en 2024 se situaron en torno al 6–7% en los casos menos graves y por debajo de ese valor en los más graves. Canadá dispone de sistemas estadísticos detallados; en comparación, los datos públicos españoles son más limitados.

En conjunto, la literatura internacional revisada con criterios metodológicos tiende a situar la proporción de denuncias falsas o infundadas de agresión sexual en un recorrido aproximado del 3% al 8%, con variaciones según método y definición. No es un fenómeno mayoritario, pero tampoco inexistente.

MUCHAS O POCAS

En debates públicos de otros países es habitual que autores comprometidos con la defensa de las víctimas acepten rangos bajos —por ejemplo, entre el 2% y el 6%— para refutar cifras infladas. El argumento suele ser que se trata de una proporción reducida y comparable a la de otros delitos, y que el problema principal sigue siendo la violencia real. Reconocer la existencia de un fenómeno minoritario no implica restar gravedad al fenómeno mayoritario.

Desde el punto de vista de la evaluación de políticas públicas, incluso porcentajes pequeños pueden ser relevantes dependiendo de las consecuencias asociadas. Las decisiones normativas —por ejemplo, sobre medidas cautelares automáticas— no se resuelven solo con datos descriptivos, pero sí requieren datos claros sobre costes y beneficios. Esa discusión es legítima y no debería bloquearse por ambigüedades conceptuales.

CONCEPTO, MEDICIÓN Y DEBATE PÚBLICO

Conviene distinguir tres niveles: conceptualizar, medir e inferir. Primero se define con claridad qué fenómeno se quiere estudiar. Después se establecen reglas observables para medirlo. Por último, si los datos lo permiten, se formulan inferencias y explicaciones. Confundir el indicador más restrictivo disponible con la incidencia real del fenómeno conduce a conclusiones débiles.

Los indicadores penales estrictos son adecuados para la persecución judicial, pero no necesariamente para estimar la presencia en la sociedad. Algo parecido ocurriría si se intentara medir una enfermedad solo con los casos confirmados por una prueba muy específica, ignorando otros métodos diagnósticos y estimaciones epidemiológicas. El dato sería útil para ciertos fines clínicos, pero insuficiente para describir la incidencia total.

En cuestiones controvertidas, la contribución específica de la ciencia social no es cerrar debates, sino clarificar conceptos, hacer explícitos los métodos de medición y señalar los márgenes de incertidumbre. Sabemos algunas cosas con bastante respaldo empírico; otras no las sabemos bien; y otras probablemente no puedan conocerse con precisión. Distinguir estos niveles mejora la calidad de la conversación pública.

Conceptos claros, indicadores transparentes y métodos discutibles abiertamente no eliminan el desacuerdo, pero permiten que el desacuerdo sea más informado. Ese es, al menos, el estándar al que debería aspirar la discusión basada en datos.

POSTSCRIPTUM SOBRE ESTO NO EXISTE, DE JUAN SOTO IVARS

Este texto está motivado por el debate suscitado en torno al libro de Juan Soto Ivars Esto no existe: las denuncias falsas en violencia de género (Debate, 2025), que he leído con interés. De él tomo la cita del Teniente Kaffee y el ejemplo de la noticia sobre una red de denuncias falsas en 2020, que se repite en años posteriores. La valoración general del libro y del debate que ha generado quedan fuera del alcance de esta entrada.

En mi opinión, la política pública sobre violencia de género en España produce beneficios sustanciales, aunque, como es natural, también plantea costes y cuestiones que merecen evaluación. El libro contribuye a señalar, a través de la polémica, algunos ámbitos en los que la información pública disponible es limitada. Pero estos ámbitos son diversos, por ejemplo, tampoco tenemos estimaciones adecuadas de cuántas verdaderas agresiones no son denunciadas. Su enfoque se centra en los costes, mientras que la evaluación de cualquier política requiere considerar conjuntamente la magnitud del problema que aborda, sus efectos y sus posibles consecuencias no deseadas.

La polémica puede motivar el análisis, pero no lo sustituye. Esta entrada pretende contribuir modestamente a clarificar uno de los aspectos implicados, aunque queda mucho por investigar para alcanzar una comprensión completa del fenómeno.

USO RESPONSABLE DE LA IA

Si esta entrada mejor que otras parece —o, como a mí, lavada con lejía—, fue que quise raspar lo que recrece y confieso que ayudome la IA.

REFERENCIAS (en orden de aparición)

Weiser, D.A. (2017) Confronting Myths About Sexual Assault: A Feminist Analysis of the False Report Literature Family Relations, Vol. 66, No. 1, Special Issue on Feminist Framings of Sexual Violence in College Campuses https://doi.org/10.1111/fare.12235

Spohn, C., White, C., & Tellis, K. (2014). Unfounding sexual assault: Examining the decision to unfound and identifying false reports. Law & Society Review, 48, 161 - 192. https://doi.org/10. 1111/lasr. 12060

Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C., & Cote, A. M. (2010). False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases. Violence Against Women, 16, 1318-1334.https://doi.org/10.1177/10778012103877475,9%

Kelly, L. (2010). The (in)credible words of women: False allegations in European rape research. Violence Against Women, 16, 1345-1355. https://doi.org/10.1 177/1077801210387748

Kelly, L., Lovett, J., & Regan, L. (2005). A Gap or a Chasm? Attrition in Reported Rape Cases. Home Office Research Study 293. Home Office Research, Development and Statistics Directorate.

Statistics Canada/ Statistique Canada Uniform Crime Reporting Survey. https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3302

Un día, cuando éramos estudiantes, e inmediatamente sabrán lo lejos que queda eso, el gran Frans van den Broek Chaves, peruano con estirpe de holandés errante, se mostraba asombrado: “esto en mi país sería imposible, de repente tienen ustedes democracia”. Se refería al comienzo en la investigación de un juez de nombre novelesco y pinta de repelente que leíamos en un diario compartido (entonces compartir era separar hojas). Aquel instruía un caso contra altos cargos del Ministerio del Interior por terrorismo de estado, y ponía en apuros al gobierno en su conjunto. En el bien iluminado ambiente de la cafetería de la facultad de filosofía a mi amigo se le brindaban explicaciones para que no confundiese las cosas, que el felipismo era una de las máscaras del terror burgués capitalista, que caía en su propia trampa, una justica que sirve por otros medios a los mismos intereses, y otras cosas no menos evidentes. Tendría yo veinte años y en eso me excuso por vacilar frente aquellas verdades como puños de los que salen por detrás. Frans, más sazonado, biólogo y poeta, llevaba la conversación hacia el amor y las catecolaminas.

Cuatro décadas más tarde abulta recorrer la lista de presidentes del Perú que en el siglo XXI han sido encausados y enviados a prisión. Alberto Fujimori (por golpismo y terrorismo de estado, 25 años), Alejandro Toledo (condenado a 20 años por corrupción), Alan García (se suicidó antes de ser detenido por orden judicial, por corrupción), Ollanta Humala (15 años por corrupción), Pedro Pablo Kuczynski (la fiscalía pide 35 años, está en arresto domiciliario por corrupción), Martín Vizcarra (piden 15 años por corrupción), y Pedro Castillo (en prisión preventiva, piden 24 años, por abuso de autoridad y rebelión). También en los países vecinos: en Argentina, Cristina Fernández ha sido condenada a seis años e inhabilitación perpetua por corrupta, y se ha ordenado abrir juicio por corrupción contra Alberto Fernández; en Colombia han condenado este mismo verano a Álvaro Uribe a 12 años por interferir con la justicia; y en Brasil espera en estos días Jair Bolsonaro, en arresto domiciliario, una sentencia de hasta 43 años por golpismo.

No puede sorprender que los partidarios de algunos de ellos digan que se trata de lawfare (el suyo sí, el de los otros no, allá cada uno con su sentido del ridículo). Tampoco que los líderes populistas le den zapatazos a la justicia siempre que pueden. Sin salir de América, o de las Américas como dicen los estadounidenses, Trump incluso ha internacionalizado la lucha, hostigando a los jueces brasileños en socorro de su lamentable aliado. Y es difícil encontrar un legado más funesto de López Obrador que la reforma judicial mexicana de 2024. (“Una de las tragedias jurídicas y políticas de nuestro tiempo” dijo Roberto Gargarella, que es a quien hay que leer).

Alegorías 

La justicia es mejor cuanto mejor es la democracia. Sin verdadera alternancia y dispersión del poder los políticos, expolíticos y personas de su confianza tendrían poco que temer de la justicia. Posiblemente eso sucedía en la América de Frans, que no cambiaba nada ni cuando parecía que iba a hacerlo. (Regalo como tema de trabajo cómo incide el presidencialismo y que en Perú los partidos se hayan desintegrado). El moderno populismo aborrece la alternancia y las servidumbres institucionales porque aborrece la vulnerabilidad del poder ejecutivo (dícese, de la gente). Es signo de los tiempos que se puede hablar de amurallarlo sin carraspear. Otros la toman con el reparto sincrónico, la fragmentación territorial, la ruptura de la unidad de los ciudadanos, y todo aquello. Pero la ley son solo palabras si el poder no se divide. No es que unos poderes moderen a otros, como en esa metáfora de taller de tecnología de los padres de la constitución de Estados Unidos, me parece a mí, sino que solo así la justicia tiene una oportunidad. 

La democracia es mejor cuanto mejor es la justicia. Sabemos que la justicia no es, ay, igual para todos, pero no es por eso por lo que repele a algunos profesionales del poder político. Se me ocurren dos motivos en los que no siempre se piensa lo bastante. El primero es que la justicia tiene un enorme poder ejemplar. El segundo, que tiene una gran capacidad igualadora. La justicia es más insidiosa cuanto más democrática. En definitiva, creo que el cuento es el contrario del que se cuenta. Permítanme abrir la página cultural con dos excursiones a la historia de la teoría política para ilustrarlo; luego vuelvo a lo que nos aflige hoy en España.

Recuerda Tocqueville cómo en Francia, durante el Antiguo Régimen, “los oprimidos” sólo podían “hacerse oír” en la organización judicial, y cómo este poder se mantuvo firme mientras pudo frente al Soberano. “Nos habíamos convertido en un país de gobierno absoluto (...) pero seguíamos siendo un pueblo libre gracias a nuestras instituciones judiciales”. Estas palabras puede que sean un exceso de énfasis, pero importa entender que el autor le asignaba a la justicia un empuje democrático decisivo en el periodo prerrevolucionario: “Los hábitos judiciales se habían convertido en hábitos nacionales. Se había tomado de los tribunales la idea, que se generalizó, de que toda cuestión está sujeta a debate y toda decisión es apelable, al uso de la publicidad y al gusto por las formas, cosas enemigas de la servidumbre”. 

Pensemos un momento. Decisiones razonadas y transparentes, informes independientes, interpelación y debate, personas obligadas a decir la verdad, atribución de responsabilidades por hechos, expresiones particulares y razonadas del disentimiento en las decisiones, revisión de las decisiones. Tiempo para hablar. Todo por escrito, todo registrado, todo abierto a consulta. Si ya las sentencias estuvieran escritas en un lenguaje limpio y ordenado, podría parecer un fragmento de fantasía democrática.

La democracia no es solo esto, hasta la democracia onírica necesita otros motores, pero la democracia no puede ser sin “los hábitos judiciales”. Todo lo que se dice sobre democracia “verdadera” que ignora esto es pueril o peligroso. 

En la antigua Grecia (qué mala señal es empezar así una frase, pero denme algo de crédito) los enemigos de la democracia la definían como el gobierno del poder popular, de la asamblea, de la mayoría frente a la gente selecta (un tipo conocido como el Gran Oligarca o pseudo-Jenofonte, espectaculares los nombres, es el más antiguo que tenemos; Platón, el más célebre). Los mejores amigos de la democracia, de la forma en la que perduró en el tiempo, hilaban más fino y la distinguían por la justicia: régimen en el que el pueblo le había quitado al gobierno el control de la justicia. Así lo subraya Aristóteles, defensor de regímenes moderados. Para demócratas como Demóstenes e Isócrates la democracia era un régimen cívico en el que imperaba la ley y el ciudadano participaba en papeles bien diferenciados, constitucionalizados, de los que la asamblea era solo uno de ellos, y los tribunales, otro. 

La acusación popular era feroz, cualquier ciudadano podía hacerse oír contra cualquier cargo público, denunciarlo y someterlo a un jurado. El ciudadano sólo tenía que temer que la resolución fuera casi unánime en su contra (80% o más), esto es, a la patente y punible falta de fundamento. Los jurados se formaban por cientos de ellos elegidos por sorteo, de modo que eran a la vez representativos e incorruptibles. Eran también jueces, dictaban sentencia. Estaban vinculados por un juramento para decidir conforme a la ley o, si la ley no respondía, a su sentido de la justicia. Las leyes había que interpretarlas, pero los griegos eligieron que los ciudadanos pudieran ser todos jueces, precisamente para garantizar la independencia de la justicia (¿independencia “de sí mismos”?, preguntarán perplejos los fetichistas de la soberanía). Para que imperase la ley y el interés general, no desde luego para que la ley se alineara con la voluntad de la asamblea, un motor necesario de la ciudad (pero que no podía cambiar las leyes), más proclive a ser voluntad de parte, cuando no la de un líder (que en griego se dice demagogo). 

A los del lawfare me gustaría a mí verlos delante de un jurado de quinientos ciudadanos elegidos al azar que hubieran de decidir por mayoría y en conciencia su destino profesional, y puede que penal, después de escuchadas las partes. (Piensa el cuñado que todos están de su lado. De modo que recordemos que esto aplica igual a los de “los jueces fachas” y a los de “las juezas charos”). La justicia también es el vértigo de la igualdad de trato.

Fin

Así como tenemos representantes tenemos tribunales, no nos queda más remedio que delegar. No hay delegación perfecta, las instituciones se perfeccionan por aprendizaje. Pero los resultados son los resultados, y posiblemente los jueces prevaricadores ponen en riesgo su carrera más que los políticos en parecido abuso. Que todos los partidos hayan visto persecuciones políticas cuando la justicia ha intervenido en su contra no me parece que sea nada que merezca comentario. Al final sale a flote una porción relevante de la verdad. No toda, eso es seguro, pero más de la que sabríamos si no fuera por los jueces. Y los ciudadanos toman buena nota de ello, que se lo digan al anterior Presidente del Gobierno. 

“Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia” ha dicho el actual Presidente del Gobierno. No se le puede negar. No esconde que entre los segundos se cuenta él mismo. Dice Tocqueville que malo es cuando se mezclan, pero que cuando la justicia se entromete en la administración de las cosas solo se perjudica a las cosas, mientras que cuando los administradores se entrometen con la justicia se perjudica a la libertad. 

En la Comunidad de Madrid el PSOE no ha ganado al PP, ni la izquierda a la derecha, en unas elecciones generales, en lo que va de siglo. Se ha acercado alguna vez cuando la contienda ha sido autonómica, que es cuando, en general, ha obtenido resultados algo mejores. Se diría que esto es una posible buena razón para no “nacionalizar” las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de la izquierda. Hay un partido que parece saber esto, se llama, no por caso, Más Madrid y ha sido el segundo partido durante las dos últimas elecciones. Es un partido que no solo ha superado al PSOE entre los votantes de izquierda, también entre los votantes de centro. Aunque no por mucho, su anterior candidata (como ministra) tiene todavía hoy mejor valoración entre los votantes de centro que el futuro cabeza de lista del PSOE (como ministro) entre esos mismos votantes. Tiene mala pinta para el PSOE.

Se diría que el PSOE no sabe que nacionalizar la campaña lleva mal camino, pero lo más probable es que no le resulte prioritario. El PSOE ha “nacionalizado” con casi todas sus ganas las dos pasadas campañas electorales en la Comunidad de Madrid, y la selección de candidato no hace pensar en un cambio. Pienso que, tal vez, la razón no es porque en el PSOE falte inteligencia, sino porque la polarización que induce una campaña entre el líder del PSOE y Presidente del Gobierno y la líder del PP madrileño tiene efectos considerados virtuosos (tal vez, por ambas partes).

Uno diría que el PSOE de Madrid necesita un proyecto madrileño propio, con autonomía con respecto al proyecto nacional del PSOE. No lo tiene, es menos posible que antes el que lo tenga, y así no va a remontar.

Se dice que Madrid es muy de derechas (facha, fatxa, etc). Podría ser, pero no sé si eso es lo importante. La reputación política y social de Madrid creo que es importante en la estrategia política del PSOE, pero no la sustancia. Lo que hace el PSOE en Madrid no parece ser una adaptación, ni siquiera una resignación, a una supuesta hegemonía política de la derecha.

Obsérvese a las Comunidades Autónomas que celebraron elecciones autonómicas, junto con Madrid, en 2023 (así son datos comparables). Madrid tiene una media ideológica más a la derecha que la mayoría, pero hay varias más de derechas. Sobre todo, si miramos al porcentaje de personas que están a la izquierda del votante mediano (que siempre está en la posición cinco de la escala ideológica en estos casos): en Madrid hay más votantes de izquierda que en la media de España y que en la mayoría de las Comunidades. Si su media es más “de derechas”, aunque menos que, digamos, Castilla-La Mancha, es porque hay más gente que en otros sitios que es “bastante de derechas”, lo que puede tener su importancia para algunas cosas, pero no tendría por qué afectar al resultado electoral del PSOE, pues su electorado natural es igual o mayor que en otros sitios. No si tuviera una estrategia electoral adaptada a ese electorado.

En 2023 Madrid fue la Comunidad Autónoma más ideológicamente polarizada de todas las que celebraron elecciones, en el sentido de que, según las encuestas del CIS, fue aquella en la que menos izquierdistas votaron a la derecha y menos derechistas votaron a la izquierda. Los bloques estaban netamente definidos. Eso es relativamente raro, pues siempre hay una cantidad no despreciable de gente que se ubica no solo en el centro sino en la derecha y que vota al PSOE (lo contrario seguramente también, pero se observa menos en las encuestas). Como posible consecuencia de la polarización el resultado fue también uno de los peores para el PSOE entre los ciudadanos de centro. Como consecuencia de eso, fue uno de los peores resultados del PSOE en absoluto en las Comunidades en las que competía.  A veces las elecciones tienen espacio para la magia y el talento de campaña, pero también hay bastante de contar habas.

Compárese con Castilla La-Mancha, que fue la comunidad menos polarizada, en el mismo sentido anterior, y fue además el territorio en el que el PSOE obtuvo su mejor resultado. Téngase en cuenta que Madrid era y es una comunidad autónoma algo más izquierdista que Castilla-La Mancha. En cualquiera de los dos indicadores que he mencionado. El 41,5% de sus electores se declaraban de izquierdas en la encuesta preelectoral del CIS, frente al 36,7% de Castilla-La Mancha; y la media ideológica de los ciudadanos de Madrid era de 4,91, ligeramente a la izquierda del 4,96 de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Muchos me dirán: quiere usted un Page para la izquierda y nosotros preferimos que nos atropelle un camión. Francamente, no. Creo que, a la vista está, la estrategia de Page es la correcta para su Comunidad Autónoma y que la del PSOE no es la correcta, pero no que lo uno sea receta para lo otro. En mi opinión se trata de evitar una competición centrífuga y polarizada que, en términos autonómicos, es favorable a la líder del PP en Madrid y que, por encontrarse además “nacionalizada”, posibilita que el PSOE pierda incluso la posición de principal rival desde la izquierda.

Yo les pareceré el tonto del votante de centro, pero en 11 de las 12 comunidades autónomas que celebraron elecciones en 2023 los votantes de centro, según las encuestas preelectorales del CIS, inclinaron la balanza del partido más votado. La única excepción fue Asturias, donde el PSOE, y con él la izquierda, ganó las elecciones pese a que las encuestas mostraban inicialmente una mayoría de centristas persuadidos por la derecha. El PSOE solo dominaba el centro en Castilla-La Mancha, donde ganó. Los mejores resultados del PP se dieron en las Comunidades donde más claramente dominaba el centro, como Murcia y Madrid. Murcia es la Comunidad más conservadora, Madrid no.

Madrid enoja (enoya, en castellano más antiguo, de inodiare, que produce aborrecimiento). Los enojados, hoy decimos haters, se afrentan por todo. Una capital que no es de izquierdas, dónde se ha visto eso. Una capital a más de seiscientos metros de altura. Una capital que no es moderna ni bonita ni con diseño. Un ex poblachón manchego (luego nos extraña). Un capitalismo de palco deportivo. Un foco de corrupción política. Un paraíso neoliberal que hace a la derecha “normal” parecer noble. Un sultanato de rentistas extractivos. Una cueva de centralistas. Una ciudad de chulos y de fachas. Y no sigo. En todo esto habrá algo de cierto, o mucho, no lo sé, pues a poco misántropo que sea uno sabe que escupe y acierta. También hay mucho de flato puro, y de contradictorio y de idiota perdido. Intento no ser misántropo y además es mi ciudad de adopción, así que solo empleo ese clamor, o flato, más o menos como un dato (el clamor, no su referente real).

Hasta cierto punto, y sin forzar mucho el paralelismo, hostigar al conservadurismo-liberalismo (no sé cómo llamarlo por no decir el PP de Madrid o el PP de Ayuso) madrileño es como hostigar al nacionalismo catalán. Da votos en otros sitios. Madrid lo tiene todo para polarizar tanto en el eje territorial como en el eje ideológico, gracias al liderazgo de la susodicha Presidenta, y no se va a perder esa oportunidad.

Casi una prueba en sentido contrario son las razonables palabras de Salvador Illa, diciendo que, si Madrid tiene el mayor PIB per cápita de España ya desde hace un tiempo, igual ha hecho alguna cosa bien. Salvador Illa.

Podría decirse que el hostigamiento entre el Presidente del Gobierno y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, es, en cierto modo, un hostigamiento entre madrileños que saben lo que hacen. Dos políticos muy polarizadores (pocos lo son más) que ganan cada vez que se enfrentan. Me pesa, pero puede sospecharse que ganan los dos.  Y sin tener ganas de enredar ni de malhablar, así, fríamente y ya que ha pasado todo, el relevo del liderazgo en la Comunidad de Madrid solo hace pensar en que se acentuarán las tendencias pasadas.  Madrid enoya, que es primo de annoying pero también de noia y de ennui, de aburrimiento.

*Posible conflicto de intereses: militante del PSOE desde enero de 2012.

No voy a escribir sobre adónde lleva el PSOE a España, sino que me gustaría poner el foco en el rumbo por el que se lleva a sí mismo. Al fin y al cabo, va a haber un congreso. Los congresos podrían ser lugar para la rendición de cuentas por parte de la ejecutiva, y para la discusión en público y en abierto de las grandes cuestiones. No lo son en España, como se sabe, y no solo en el PSOE, pues están controlados por la dirección de los partidos (los tiempos, la agenda y, en buena medida, la participación...). Lo más probable es que funcionen al revés, que se propicie la “rendición de cuentas” de quienes son críticos con la dirección, si los hay.  En su funcionamiento normal no son un parlamento interno, como nos gustaría a muchos, sino un instrumento de poder. No son un lugar para presentar razones en público, sino para articular generalidades en tono aclamatorio. Con todo, el PSOE es un partido bastante democrático (creo que tanto como es posible con las reglas de juego que se usan en España, que lo incentivan poco), y no se debe dar el debate por perdido.

Como es necesario hacer esto en breve, voy a resumirlo todo refiriéndome no a las políticas sino a la posición ideológica como una gradación entre izquierda y derecha. Es una simplificación bestial, pero sirve para empezar. Así que, en breve: las elecciones se han ganado y se siguen ganando cuando se gana en el centro de la escala (que es donde más gente hay, y donde más gente puede cambiar de uno a otro partido). El PSOE, sin embargo, ha renunciado al centro. Según alguna interpretación, se ha visto obligado, pero yo no lo creo. Como consecuencia, lo previsible es que vuelva a perder las elecciones, pero por un margen mayor que en 2023, y ya no tenga forma de armar un gobierno de todos contra PP y Vox (de momento, por poco, primer y tercer partidos del parlamento), ni aun echando mano de medidas costosas como acuerdos extravagantes o renegando de sus posiciones. En el proceso, es posible que la marca se deteriore -la democracia requiere partidos creíbles y lo más valioso que tiene el PSOE es su nombre e historia- y la recuperación del centro quede postergada por largo tiempo, o se deje pasar y se renuncie a apelar a mayorías.

La ambición de ganar en el centro no es la de ser un partido “centrista”, es la de formar una amplia coalición social de intereses (verdaderamente) comunes. Para hacer políticas sociales -como para hacerlas antisociales- hay que ganar elecciones y sin el centro no se ganan. El partido que las encuestas han dado como ganador entre los ciudadanos de centro ha sido siempre el partido más votado y el que, salvo en 2023, ha formado gobierno. La única excepción parcial es 2019, por la existencia de Ciudadanos, que se presentó como partido “de centro” y atrajo a muchos votantes de esa posición (la mayoría relativa).

Las elecciones de 2019 son solo una aparente excepción, como primeras elecciones que dieron lugar a un gobierno bipartito. La izquierda en su conjunto, PSOE y UP, ganaron en el centro, aunque ninguno lo hizo por separado. Si el PSOE y Ciudadanos hubieran formado gobierno, también habría sido un gobierno ganador en el centro, obviamente. No hay que olvidar, en todo caso, que UP obtuvo buenos resultados mientras hubo votantes de centro -habían sido muchos en 2015/6- que confiaban en Podemos. Si Podemos pudo alguna vez pensar en el “sorpasso”, como se solía decir, fue sobre todo por su entrada en el centro, más que por su movilización de la izquierda. Aunque se hiciera otro relato.

El gráfico 1 muestra la distribución de voto de los ciudadanos definidos como de centro entre los bloques de izquierda y derecha (o de izquierda y centro-izquierda y derecha y centro-derecha), excluyendo los partidos de ámbito autonómico (o no estatal, como se suele decir). La serie comienza en 2018, que es cuando los datos comienzan a ser de frecuencia mensual y llega hasta el presente mes de septiembre.

La naciente coalición progresista que había conquistado el centro del espacio político en las elecciones de 2019 lo retuvo hasta, aproximadamente, los decretos del estado de alarma de la pandemia. No lo ha vuelto a recuperar. Desde las victorias electorales de Zapatero la izquierda solo había ganado en el centro, en intención de voto, durante un año, entre verano de 2014 y verano de 2015, coincidiendo con las primeras primarias de Pedro Sánchez, pero lo perdió antes de las inconcluyentes elecciones del mes de diciembre de ese año.

El gráfico 2 es más informativo: muestra la competición en el centro entre el PSOE y el PP. En él se aprecia que en el pasado reciente el PSOE dominaba al PP en el centro mientras concurrían dos factores relacionados entre sí, Ciudadanos mantenía cierta expectativa de voto y Pablo Casado lideraba al Partido Popular. Antes de que Feijoo obtuviese el liderazgo del PP, en marzo de 2022, solo había habido un momento de retroceso socialista en el centro, como resaca de la funesta campaña polarizada (“antifascista”) en las elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid de 2021, que trajeron la victoria holgada de la lista de Ayuso y el descenso del PSOE a la posición de tercera fuerza política.  

Desde 2020 el PSOE no es competitivo en el centro, o lo es solo por incomparecencia del adversario. El equilibrio se sostiene sobre líderes débiles en el PP, algo para lo que la dirección del PSOE parece contar con la colaboración simbiótica de Ayuso, y en la amenaza de Vox. Amenaza para el PP, en primer lugar. Es un equilibrio basado en la polarización como estrategia de competición, más o menos consonante con cierta polarización en la opinión pública, pero bastante autónoma con respecto de ella. Que el PSOE haya ganado al PP hasta ahora en ese juego es una pobre justificación táctica, y una pésima justificación política. El PSOE debería trabajar para que Vox sea un partido muy pequeño y si no es capaz de ganar al PP con un partido extremista pequeño, entonces tiene que cambiar.

A la hora de elegir entre bloques polarizados es probable que la mayoría de la clase media moderada, del centro ideológicamente indiferenciado, tema más al radicalismo de izquierdas que al de derechas. Por eso suele argumentarse que la polarización favorece a la derecha, lo hemos visto en las Comunidades Autónomas. En el conjunto de España, esto se intenta compensar, de momento, con apoyos en el eje territorial, disponibles en el parlamento al margen del eje de izquierda y derecha. Es legítimo intentarlo, pero no se puede gobernar el país sobre ese eje por mucho tiempo; eso lo sabe cualquiera.

El votante que genéricamente conocemos como de centro tiene una identidad ideológica débil y presta atención a cuestiones trasversales, y a la economía. La economía sostiene al gobierno mucho más que sus acrobacias, y cualquiera que conozca las encuestas sabe que Nadia Calviño habría podido ser presidenta del gobierno con una generosa mayoría. El éxito de la socialdemocracia normalmente consiste en incorporar a gran parte esa clase media ideológicamente flexible en su coalición. El centro también representa a muchos trabajadores no organizados ni ideologizados. Se les puede atraer con políticas trasversales y de interés general, como las pensiones, la reforma de los autónomos y la reforma laboral. O con promesas de gestión en cuestiones de interés general: burocracia, vivienda, educación infantil, sanidad… Políticas que en las actuales circunstancias requieren de amplios acuerdos.

Los ciudadanos han querido un parlamento plural y mandan que se llegue a acuerdos entre fuerzas distintas, en eso tiene razón el ministro de la presidencia, pero no sé cuándo han dicho que no se lleguen a acuerdos trasversales con la oposición, más cercana al gobierno en muchas cuestiones de interés general que algunos de los partidos que votaron la investidura. No querremos que nos apliquen esa misma medicina cuando gobiernen. Y los ciudadanos no nos lo van a premiar. Tampoco han dicho que el PSOE no deba intentar rebasar su precaria minoría si quiere gobernar el en futuro. Para ello el PSOE debe volver a buscar los votos del español medio, de esa gente común de la que tanto se habla.

Posible conflicto de intereses: militante del PSOE desde enero de 2012. 

En estos días se ha discutido mucho sobre si los resultados electorales de Cataluña son más bien consecuencia de trasvases entre partidos o de circulación de votantes desde y hacia la abstención. ¿Hay suficiente flexibilidad para cambiar de voto? ¿Tanto como para saltar las líneas de división más importantes? ¿Cuántos votantes de ERC se han ido al PSC y cuántos a la abstención? ¿Cuánto debe el PSC su victoria a la movilización de nuevos votantes y cuanto al cambio de voto? ¿Pesa más la división entre soberanistas y no soberanistas o la división entre la izquierda y la derecha a la hora de cambiar de voto? ¿De dónde viene el voto al nuevo partido de extrema derecha nacionalista en Cataluña?

Para una primera aproximación a estas preguntas proponemos utilizar una herramienta de inferencia ecológica (lphom, detalles más abajo), de libre disposición, que permite estimar las transferencias entre partidos, así como desde la abstención, a partir de los datos de las secciones censales. Este tipo de estimación se ha demostrado eficaz en multitud de circunstancias en las que la ciencia política y la sociología hacen estimaciones de comportamiento individual sin disponer de encuestas, bien por obligación -porque no las hay, como de momento es el caso para Cataluña- o por elección, ya que los resultados son generalmente tanto o más fiables que los de las encuestas postelectorales.

Los gráficos 1 y 2 resumen la información esencial para el conjunto de Cataluña (un análisis más pormenorizado puede hacerse para cualquier subconjunto territorial). La primera tabla (tonos amarillos) representa en cada fila los destinos de los votos de 2021 en los partidos de 2024. Los porcentajes mayores son, por lo general, los de los votantes fieles, el resto de cada fila indica cómo se reparten aquellos que cambian de voto.  La segunda tabla (tonos salmón) representa en cada columna la composición de los electorados en 2024, el origen de los votos en términos de los partidos de 2021. Los porcentajes mayores son el grueso de su electorado, que normalmente corresponde a sus antiguos votantes, es decir, su capacidad de retención; el resto representa en qué medida el partido ha sido capaz de atraer nuevos votantes de distintas opciones, o de la abstención.

Un examen detallado permite comprobar que, si bien los trasvases entre los partidos son importantes, los movimientos desde y hacia la abstención lo son aún más para explicar la estructura fundamental de los resultados. Aunque no para el partido de Puigdemont, que crece sobre todo por arrastre de otras fuerzas soberanistas. También es importante destacar que el peso de la división soberanista frente a no soberanista parece ser bastante mayor que la división entre izquierda y derecha: dentro del bloque soberanista se producen flujos entre izquierda y derecha, pero los cambios entre soberanistas y no soberanistas son menos frecuentes. Fuera del bloque soberanista se producen muy pocos intercambios entre izquierda y derecha. El soberanismo refuerza la división territorial en el conjunto y debilita la división izquierda y derecha entre electores soberanistas.

En cuanto a los partidos concretos, conviene destacar la importancia de la movilización de nuevos votantes en la victoria del PSC (menos del 4% de sus votantes provienen de ERC) y la desmovilización en el caso de ERC, que cede a la abstención casi tanto como cede a otros partidos soberanistas. El nuevo partido de extrema derecha en el Parlament (AC) obtiene un tercio de sus votos de antiguos abstencionistas, pero los otros dos tercios son de votantes soberanistas, casi en igual medida antiguos votantes de la izquierda y de la derecha.

En el campo soberanista la competencia es intensa y parece que seguirá siéndolo, con un resultado de desmovilización relativa para ERC, pero no para el conjunto de fuerzas soberanistas. Entre los partidos que no son soberanistas la competencia entre izquierda y derecha está muy demarcada, con pocos trasvases entre ellos, y su fortuna electoral ha dependido, sobre todo, de su capacidad de atraer votantes que se habían abstenido en 2021.

Veámoslo con algo más de detalle.

Soberanismo, no soberanismo y movilización

El voto soberanista en su conjunto no se ha desmovilizado. El saldo de movilización y desmovilización de votantes para estos partidos (Junts, ERC, CUP, PdCat, AC) solo es ligeramente negativo. Aunque más de un cuarto de millón de votantes han pasado de abstenerse a votar a alguno de ellos, un número parecido, algunos más, han pasado de votar a partidos soberanistas a la abstención: su saldo negativo es de aproximadamente 29.000 votantes, un 0,5% del electorado. En conjunto, muy poco.

Por el contrario, los partidos no soberanistas, tomados como un conjunto, han crecido considerablemente gracias a votos de catalanes que en 2021 se abstuvieron. Más de 320.000 votantes desmovilizados en 2021 han votado ahora por algún partido no soberanista. Descontando a quienes ahora se abstienen, el saldo positivo supera el cuarto de millón de votantes (el 4,68% del censo)

La movilización se ha repartido de forma bastante simétrica entre los bloques de partidos de izquierda (soberanistas o no soberanistas) y de derecha (idem), aunque favoreciendo un poco a la derecha. Para esta, el saldo de movilizados menos desmovilizados es de unos 135.000 votantes, mientras que para la izquierda de unos 120.000. (El 2,4 y el 2,05% del censo respectivamente, en nuestra estimación).

Los partidos y la movilización

Visto como lo ven los partidos, los cambios hacia y desde la abstención explican una parte importante de su fortuna. La movilización beneficia al PSOE y a todos los partidos de la derecha, soberanista o no. Los partidos de la izquierda salvo el PSOE pierden más votos con la abstención de los que recuperan con la movilización de abstencionistas. 

El balance del PSC con la abstención tiene un saldo neto de 155.000 votos positivos, un 17% de sus votantes en 2024 y casi la mitad de lo ganado por los partidos no soberanistas. Entre los partidos no soberanistas, en el polo opuesto se encuentra el caso de Podemos (ECP), que deja unos 20.000 votantes, nuevos abstencionistas, que no recupera Comuns-Sumar. Por el lado derecho, Vox extrae un beneficio de la movilización (ganancia menos pérdidas) de cerca de 64.000 votos, y el PP de algo más de 44.000.

En el bloque soberanista, Junts ha logrado atraer más votos desde la abstención de los que pierde, aunque su saldo es modesto: un incremento de su apoyo equivalente a unos 15.000 votos. El partido soberanista que más ha perdido en los trasvases hacia la abstención es ERC: 39.000, o más del 6% de sus antiguos votantes.

Trasvases a través de las líneas divisorias

La línea divisoria entre partidos soberanistas y no soberanistas parece más impermeable que la que divide a izquierda y derecha, que resulta más porosa para los trasvases de votos. Hay un movimiento de votantes de soberanista a no soberanista y de izquierda a derecha, pero se mueven dos veces más votantes entre bloques ideológicos que entre soberanistas y no soberanistas. Hay una interacción, pues la mayor parte del cambio de voto entre izquierda y derecha se produce dentro del bloque soberanista.

Algo más de cien mil votantes del bloque soberanista en 2021 han votado a partidos no soberanistas, y algo más de treinta mil han hecho el viaje inverso. El saldo favorable al bloque no soberanista es de unos 75.000 votos (1,3% del censo).  Si hacemos la partición de bloques entre izquierda y derecha, el flujo es mucho mayor: la derecha ha ganado unos 135.000 votantes a expensas de la izquierda (ha ganado 170.000 y cedido 35.000) 

El partido nuevo: ¿De dónde vienen los votos de AC?

Aproximadamente un 60% provienen de los partidos nacionalistas catalanes y un 30% provienen de la abstención o de votantes en blanco. Los antiguos votantes de ERC y Junts contribuyen prácticamente con los mismos votos al estreno de este partido (entre ambos constituyen la mitad de su electorado) pero también CUP y PdCat (el otro 10%).

El ganador: ¿De dónde vienen los votos del PSC?

El 68% del respaldo obtenido por este partido proviene de sus anteriores votantes y el 18,5% de la abstención. Los trasvases que obtiene de otros partidos derivan sobre todo de su posición en el eje de izquierda y derecha: obtiene un 5% de ERC y un 3,8% de ECP, pero su atracción de votantes de partidos de derecha es muy baja.

El perdedor: ¿A dónde van los votos de ERC?

ERC retiene solo al 56% de sus antiguos votantes. Las mayores pérdidas se dirigen a la abstención (13,3%) a lo que se añade la suma de voto blanco y nulo (2,2%). Los partidos más atractivos para los antiguos votantes de ERC son Junts (el 9,8% de sus votantes se pasan a la lista de Puigdemont), el PSC (7,2% de sus votantes) y Aliança Cat (4,8%). En conjunto, pierde el doble de voto por el eje soberanista que por el eje de izquierda. Apenas hay trasvases hacia otros partidos de izquierda, sea o no soberanista.

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Metodología. Las transferencias de votos entre partidos se han estimado utilizando las funciones del paquete lphom (Pavía y Romero, 2022, 2024) del software estadístico R. Estas funciones emplean modelos de inferencia ecológica para aprender las distribuciones cruzadas de votos entre elecciones. Los modelos estiman las transferencias a partir de los cambios que se producen en los votos registrados entre elecciones en las diferentes unidades espaciales (secciones censales) en que está dividido el electorado.

Los resultados pueden mejorarse cuando haya encuestas postelectorales disponibles, que pueden utilizarse para informar al algoritmo de qué trasvases son más o menos probables, pero los resultados que presentamos, en los que el algoritmo aprende solo a base de observar lo que sucede en cada distrito electoral de Cataluña, sin ningún conocimiento previo, son resultados robustos.

Datos. Para las elecciones de 2024, resultados provisionales (al 99,48% escrutado) disponibles a nivel de mesa electoral en <https://resultats.eleccionsparlament.cat/ca/descargas>. Para las elecciones de 2021, resultados provisionales para las Elecciones al Parlamento de Catalunya 2021 disponibles en GIPEyOP (http://sea.uv.es/gipeyop/sea.html) a nivel de sección censal (Pérez et al., 2021). Las estimaciones están basadas en los resultados de 5.076 secciones censales (99,20%). En el análisis se han omitido 41 secciones censales al no disponerse en esas unidades de los resultados de 2024.

Referencias

Pavía, JM y Romero, R (2022) “Improving estimates accuracy of voter transitions. Two new algorithms for ecological inference based on linear programming”, Sociological Methods and Research. DOI: https://doi.org/10.1177/00491241221092725

Pavía, JM y Romero, R (2024) lphom: Ecological Inference by Linear Programming under Homogeneity. https://CRAN.R-project.org/package=lphom

Pérez, V, Aybar, C y Pavía, JM (2021) “Spanish Electoral Archive. SEA database”, Scientific Data, 8, 1-12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-021-00975-y

El referéndum convocado desde el ejecutivo, en el momento y con la pregunta que a este le interese, fue inventado para subvertir la democracia y consolidar el poder de un líder autoritario. En varias tradiciones políticas un referéndum que se controla desde el Ejecutivo se denomina plebiscito, aunque el nombre no es frecuente en España. En esta entrada queremos presentar algunos resultados de investigación sobre la relación entre las dictaduras y los plebiscitos, a partir de datos todas las dictaduras posteriores a 1945. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué consecuencias tienen? ¿En qué se diferencian de las mejor conocidas y estudiadas elecciones autoritarias?

Los referendos dictatoriales no son una rareza, desde 1945 un 27% de los dictadores han convocado al menos un referéndum. Aunque son menos frecuentes que en democracias, las diferencias no son abismales. Por ejemplo, las dictaduras militares (las más plebiscitarias, frente a las civiles o dinásticas) convocan prácticamente tantos referendos como las democracias parlamentarias (las menos plebiscitarias, frente a las presidencialistas o semi-presidencialistas).

En aquellos casos para los que tenemos datos, el margen de victoria medio de los dictadores es apabullador: 70 puntos porcentuales; y la participación media es del 77%.  Nuestra hipótesis es que son instrumentos de refuerzo del ejecutivo. No redistribuyen el poder, sino que lo reafirman. Bajo el formato de una pregunta, le envían a la sociedad una respuesta sobre quién está al mando. Cuando se convocan es porque funcionan (hay solo dos o tres casos de errores históricos por parte de los dictadores) y tienen consecuencias sustantivas: alargan la vida de la dictadura. Creemos demostrar que reducen la capacidad de la oposición para coordinarse contra el régimen. Las elecciones autoritarias, que se encuentran mejor estudiadas, también añaden años de vida a los autócratas, pero lo hacen por otros caminos.

Un poco de historia.

Cuando Luis Bonaparte, que había sido elegido primer presidente de la II República Francesa, no pudo obtener de la Asamblea una reforma constitucional que le permitiera presentarse a la reelección, dio un golpe de estado, disolvió el parlamento y convocó un plebiscito.  “El pueblo francés quiere el mantenimiento de la autoridad de Luis Napoleón Bonaparte, y le delegan los poderes necesarios para establecer una constitución sobre las bases propuestas en su proclamación (es decir, el golpe) de 2 de diciembre de 1851”. Ganó de calle (92% de síes). Animado, once meses después pidió la corona imperial: “El pueblo quiere restablecer la dignidad imperial en la persona de Luis Napoleón Bonaparte, con la herencia en sus descendientes etc”. Votaron a favor el 96,9%. La participación superó el 80% en los dos casos.

Luis Bonaparte inventó la moderna dictadura electoral, pues también celebraba elecciones representativas que cuidadosamente ganaba. (El destino quiso que su ambición imperial propagase además un neologismo feliz: América Latina). Este tipo de arreglo es algo que la ciencia política estudia hoy con fruición, pues cada vez es más el caso que los tiranos organizan elecciones. Pero hay que subrayar que el invento llegó junto con el uso del voto popular para anular las garantías constitucionales. Si no se puede decir que fuera el primerísimo descubridor de las consultas para controlar el poder es porque tuvo de quién aprender: su tío Napoleón había obtenido el consulado vitalicio (1802) y la corona imperial (1804) en sendas votaciones populares que dizque ganó con más del 99% de los votos. (A su vez, el modelo había sido la consulta constitucional de la Revolución, que también se las traía).

En el contexto de las dictaduras se ha estudiado mucho más a las elecciones de representantes que a este tipo de votaciones “directas”, y muchas veces se ha entendido que son variaciones de lo mismo. La palabra mágica parece ser votar. Nosotros pensamos que tienen diferencias relevantes, incluso en una dictadura.

Su atractivo para el dictador

Por traer un ejemplo más cercano a casa, el 6 de julio de 1947 Franco convocó un referéndum para adjudicarse la jefatura perpetua del Estado. Oficialmente, votaron el 80% de los varones y el 93% dieron el voto afirmativo. La Ley de Referéndum, así llamada, había sido el primero de los Principios Fundamentales del Movimiento. ¿Qué tenía Franco que ganar con ello? No iba a convencer a nadie de que era un demócrata, ni de que el resultado era limpio, ni añadía nada a una ley ya aprobada por su propio procedimiento legislativo. Un historiador franquista (procurador en sus Cortes, de nombre Luis Suárez) lo expuso después con acierto: el referéndum se convocó para demostrar que toda resistencia al régimen era inútil. Franco estaba enviando un mensaje a la sociedad, no recibiéndolo de ella. Además, Franco aprovechó para introducir una cuña (monárquica) entre sus aliados militares y desactivar un frente de posible oposición interna, al establecer que su sucesor sería el nieto de Alfonso XIII.    

Casos como estos lustran las características fundamentales de los plebiscitos dictatoriales: se utilizan para contener la oposición interna y externa al régimen y reafirmar así el poder del dictador. En primer lugar, envían una señal de control del aparato del estado a sus potenciales rivales. Además, el control de la agenda (el contenido y los tiempos) puede utilizarse para desorganizar o dividir a una posible oposición interna, como era la cuestión monárquica en el ejército español de posguerra. Por último, cuando los rivales están protegidos por un organismo constitucional, como le sucedía a Luis Bonaparte, el plebiscito puede utilizarse para anularlo.

En segundo lugar, los plebiscitos contribuyen a desactivar la movilización de la oposición externa al régimen, en la calle. Los extraordinarios recuentos crean incertidumbre sobre quién apoya al dictador y quién no, incluso si se supone que parte del resultado proviene de un voto “insincero” o directamente fraudulento. El plebiscito envía una señal de que cualquiera puede ser un adepto al régimen o estar dispuesto a pasar por uno de ellos, y dificulta la coordinación de quienes se opondrían si pudieran organizarse. Los plebiscitos inducen una falsificación de las verdaderas preferencias en muchos opositores, algo parecido a una espiral de silencio. En el primer plebiscito que hizo Pinochet en Chile (la llamada consulta nacional de 1978) los líderes de la oposición clandestina eran conscientes de esto. Su propaganda decía: “No temas decir lo que piensas”, “No digas SI cuando quieres decir NO”.  Como se temían, pocos dijeron No y Pinochet logró aparecer como el único dueño del país, incluso para los militares que aspiraban compartir el poder de forma colegiada.

Las consecuencias

En uno de nuestros trabajos encontramos que las dictaduras incrementan su esperanza de vida si convocan un plebiscito. También hallamos datos compatibles con las dos hipótesis que planteamos: reducen la manifestación tanto de la oposición interna y como de la oposición externa.

El gráfico 1 muestra la distinta supervivencia de los autoritarismos que utilizan el referéndum (rojo) frente a los que no lo hacen (azul). La mayor supervivencia de los primeros se demuestra significativa sometida a los controles estadísticos habituales, tales como la situación de sus economías.

Además, el gráfico 2 muestra cómo la celebración de un plebiscito reduce el riesgo de que el dictador tenga que enfrentarse a un golpe de estado para destituirlo. El gráfico 3, por su parte, indica cómo se reduce el riesgo de enfrentarse a protestas y manifestaciones en la calle. En ambos casos el efecto desaparece con el tiempo, no es permanente. Pero las consecuencias sí son suficientes para que el régimen autoritario gane años de vida.

Es importante notar una cuestión sobre esta dinámica temporal, porque difiere de la otra forma de votación: las elecciones. Se sabe que las elecciones en las dictaduras vienen acompañadas por un periodo de mayor riesgo de inestabilidad política y de movilización, pero su efecto a largo plazo es estabilizador para el régimen. En el caso de los plebiscitos sucede casi lo contrario. Se reducen los riesgos a corto plazo, pero no cambia la situación de la dictadura a largo plazo, como si lo haría si se volviese “más popular”, si tal cosa puede concebirse, o si al menos ampliara la coalición de poder que la sostiene.

Plebiscitos frente a elecciones

Em un primer trabajo (de 2023) encontrábamos algunas características de los plebiscitos que son compatibles con su conceptualización como instrumentos de afirmación del poder, y que los diferencian de las elecciones incluso en un contexto autoritario, que pueden verse más bien como mecanismos de distribución de poder y de integración de algunos a través de la participación.

Sobre todo, nos parecen importantes dos hechos. El primero es que, a diferencia de las elecciones, los referendos autoritarios son madrugadores. Se tienden a convocar temprano en la vida del régimen, mientras que lo más habitual es que las elecciones se posterguen en las dictaduras. Por otra parte, mientras que las dictaduras civiles son las más proclives a celebrar elecciones, las dictaduras militares son las más proclives a convocar referendos. 

El gráfico 4 muestra ambos fenómenos (manteniendo constantes otros factores predictivos relevantes). A medida que pasan los años de vida del régimen () la probabilidad de convocatoria de un plebiscito disminuye, y los militares son siempre los que más probabilidad tienen de convocarlo, especialmente en los primeros periodos.

Votar se dice de muchas maneras

En resolución, en el contexto de una dictadura las votaciones plebiscitarias son distintas a las elecciones de representantes, por controladas y manipuladas que puedan estar en cualquiera de los casos. Los referendos tienden a ser mecanismos de consolidación del poder ejecutivo frente a la oposición, las elecciones tienden a ser mecanismos para incorporar o apaciguar a una parte de la oposición. El autoritarismo electoral se estudia a veces como una forma “intermedia” entre la dictadura y la democracia, o como una dictadura que muestra al menos alguna tendencia favorable. Nosotros sostenemos, sin embargo, que el autoritarismo plebiscitario es un autoritarismo reforzado, no uno liberalizado. En general, lo que hace que votar sea un avance de libertad suele depender de las reglas que garantizan los procedimientos que acompañan al proceso; lo característico de los plebiscitos, desde el momento cero, es su capacidad para anular las reglas y garantías siguiendo el arbitrio de los gobernantes.

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Pueden leerse más detalles en nuestro “The Effect of Referendums on Autocratic Survival: Running Alone and Not Finishing Second” (Government and Opposition 2024, edición impresa) y  en “Plebisctes, a tool for dictatorship” (European Political Science Review 2022, edición impresa).

La tesis que defiendo es sencilla. En caso de ser Cataluña un estado independiente no podría mantener las políticas lingüísticas que mantiene (y que personalmente, si a alguien le importa, apoyo en sus líneas generales). Tal vez podría hacerlo si se acogiera al grupo de Visegrado, o cosa parecida, donde los argumentos que utilizan algunos políticos nacionalistas para defenderlas tienen su lugar natural. La segunda tesis que defiendo es que lo que tienen de malo las políticas lingüísticas en Cataluña son esos argumentos, no tanto las políticas mismas, pues estas tienen sentido en el contexto de una relación de amistad y dentro de un mismo Estado, compartiendo una misma nación política. Son mejorables, como toda política puede serlo, pero tienen buen sentido.

Una premisa evidente de estas razones es que esas políticas, especialmente la llamada política de inmersión lingüística, que se aprobó por consenso general en 1983, han sido y son apoyadas por motivos muy distintos por personas de distintas ideologías e identidades: para unos es una política de apoyo a una lengua en retroceso, o en peligro de estarlo; para otros, tal vez, una política de integración social, para facilitar la movilidad; para algunos puede que sea un bautismo nacional (inmersión, al fin y al cabo); para otros más es una política de afirmación nacional, “la escuela catalana en catalán” como un asunto, digamos, de derecho natural. Solo lo último es claramente falso, como cuestión de derecho, aunque real como ideología, pero lo importante es que el equilibrio se rompe si no se cultiva cierta complicidad. Los argumentos esencialistas empleados para escandalizarse contra cualquier intento de reforma pueden tener su lugar en el contexto de un diálogo entre conciudadanos, pero serían intolerables emitidos por un gobierno catalán soberano. (No es que sean pasables en un gobierno autonómico, pero imaginen el famoso discursito de las 300 lenguas de Mariàngela Vilallonga, con su mueca al castellano incluida, en una ministra de cultura, en sede parlamentaria de un estado occidental).

Ni Quebec ni Flandes, donde las lenguas vernáculas son las de la inmensa mayoría de la población, y no la de apenas la mitad, tienen un sistema educativo monolingüe. En el caso de Quebec se aplica un principio personal:  los niños de lengua inglesa, aunque no los inmigrantes de otras lenguas, tienen derecho a ir a la escuela en inglés. En Flandes se aplica un principio territorial, pero flexibilizado por las llamadas “facilidades”: en las poblaciones donde hay una minoría significativa de francófonos (30% o más), la administración está obligada a ofrecer servicios esenciales, incluida la educación, en francés. Esto sucede en un número no despreciable de municipios alrededor de Bruselas, capital inserta en ese territorio, pero a la que el nacionalismo flamenco, en general, ha renunciado.

La extensión del catalán como primera lengua en una Cataluña independiente estaría muy alejada de la demografía del francés en Quebec o la del neerlandés en Flandes. Ni siquiera la de Flandes más Bruselas se parece. ¿Se imaginan la aplicación de uno u otro principio en Cataluña? Sería un desastre para el catalán y para los catalanes. Incluso para los nacionalistas, salvo quizás para los más montaraces, pues ni renunciando a Barcelona sería factible un proyecto etno-lingüístico atractivo. En ningún caso parece bueno, ni para la convivencia ni para el futuro de la lengua. Y, sin embargo, esas son las condiciones en las que el nacionalismo lingüístico puede ejercer su poder en un estado democrático. Eso, o el bilingüismo igualitario a todos los efectos; no hay otras. Si la distribución de hablantes de Cataluña se parece a una provincia de Canadá no es a Quebec sino a Nuevo Brunswick, que es plena y oficialmente bilingüe; de parecerse en algo a Bélgica sería más al conjunto de Bélgica que a Flandes.

Alguno podría pensar que si, cuando el país accedió por segunda vez a la independencia, al gobierno de Estonia le permitieron ignorar algunos derechos fundamentales del 30% de sus ciudadanos, los de lengua rusa, no reconociéndoles ni siquiera el derecho a serlo, salvo que pasaran por un test lingüístico riguroso, los nacionalistas catalanes bien podrían olvidarse del reconocimiento de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en su sistema educativo. Sin embargo, como todo el mundo sabe, si se piensa un poco, eso no podría haber sucedido hoy ni siquiera en Estonia. El territorio se estaba separando de una dictadura y lo hacía sin un acuerdo; y desde luego no era un estado miembro de la UE. Aun así, si ese 30% hubieran sido hablantes de danés, les habría ido mejor, y si hubieran sido el 50%, incluso siendo rusos, también. Sería un delirio pensar que Cataluña puede seguir una senda vagamente parecida si no lo hace con botas de hierro.

Si Cataluña se volviera independiente de alguna forma reglada y con reconocimiento internacional tendría que mediar un acuerdo de separación, como el que exige la famosa resolución del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 para la eventual secesión de Quebec, recogida en la Ley de Claridad de ese país, y que casi todo el mundo admite como un modelo democrático. Un acuerdo visado además por la UE, en nuestro caso. Y un acuerdo de separación no puede sino establecer la aplicación de las condiciones de justicia lingüística que se emplean en una democracia moderna con una demografía como la de una Cataluña independiente. Sin ello, Cataluña no podría ser una democracia, como se suele decir, homologada; tendría que inventarse un neo-. A la vista de Twitter no dudo de que haya pensadores profesionales puestos a ello, pero es dudoso que pasen de ser espectros.

Dicho con claridad, para poder mantener algunas de sus políticas lingüísticas en una hipotética Cataluña independiente sería necesario que la secesión fuera unilateral y, por tanto, en algún sentido, “revolucionaria”, y no reconocida por las democracias de su entorno, salvo los sospechosos habituales. Un cuento épico para algunos y trágico para otros, pero un cuento. Una secesión acordada conllevaría una inevitable regulación basada en derechos distintos para hablantes distintos, o de políticas distintas para localidades distintas. Si a esto se une la creación de nuevas fronteras internacionales entre hablantes del idioma, es difícil entender en qué ayuda la independencia al catalán. Sé lo que están pensando, así que repitámoslo: el asimilacionismo solo puede ser autoritario.

La política lingüística de Cataluña es un equilibrio que presupone buen entendimiento entre conciudadanos dentro de una democracia en la que la mayoría, sobre el 80%, tenemos la lengua española como primera lengua y en la que las lenguas del 20% requieren apoyo especial; no es algo a lo que se pueda llegar apelando a los criterios internacionales de justicia aplicados en otras democracias para una situación comparable a la de Cataluña. Como toda amistad, tiene equívocos, problemas, cosas ilógicas y correcciones prácticas por la experiencia y el buen uso; pero si pasamos a escribirla en los papeles de divorcio, no se sostiene (1).

No pretendo adjudicar el mérito relativo de una escuela catalana en la que el catalán se emplee en el 75% o en el 90% de las clases. Lo mejor sería experimentar y ver qué funciona mejor para los fines compartidos. Personalmente, me alegro de que no se hable de un sistema segregado, lo que indica que la locura no se ha extendido tanto como a veces parece. Opino que el catalán debe obtener ese tipo de discriminación positiva, como también debería obtener más apoyo fuera de Cataluña. No hay que ser tacaños y hay que ser prácticos, lo que resulte de esa combinación estará bien; el resto debería consistir en probar y recoger datos. Lo que deseo subrayar es que nada de eso implica aceptar la ideología de la “escuela catalana en catalán”. Quienes esto defienden como una esencia no admiten gradación porque cualquier grado es incompatible con su carácter simbólico. Una escuela casi todo en catalán es como una persona casi honorable o un fraile casi célibe; para los creyentes en el símbolo, es una desgracia entera. El resto de nosotros debemos respetar las creencias más o menos míticas de nuestros conciudadanos, con quienes mantenemos muchos objetivos comunes, pero tampoco estamos obligados a hacerles un Goodbye Lenin. Si se rompe ese mínimo común es inevitable que muchos pasen del código de la amistad cívica al de la justicia y los derechos lingüísticos, y eso solo puede ser la ruta hacia más nacionalismo y hacia menos catalán (y a Visegrado).

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 (1)   La confusión de la amistad (para unos) con los derechos nacionales (para otros) se puede ilustrar con algo tan cotidiano como la toponimia y la cartelería pública. Hoy se tiene cuidado de no ofender empleando el castellano para referirnos a la toponimia mayor de Cataluña (como sería natural hacer) aunque el catalán sí que adapta la toponimia mayor con toda normalidad y sin que eso, como es lógico, moleste a nadie (es decir, que se puede decir Saragossa, pero es delicado decir Lérida); y eso es lo que refleja, absurdamente desde el punto de vista de la igualdad, la cartelería. En Flandes los carteles de las carreteras son generalmente bilingües, en Quebec tienen que incluir el nombre inglés de los sitios, aunque puede hacerse en letras de un molde más pequeño que el francés. A los canadienses británicos se les debe de suponer una vista más aguda. Pero supongo que algunos usuarios de cierta edad de algunos espacios públicos en Cataluña agradecerían encontrar indicaciones en castellano, más allá de las amistosas, aunque se tuvieran que poner las gafas.

Víctor Lapuente ha escrito un libro muy especial. El libro no necesita recomendación -además, sería la de un amigo- por lo que voy a evitar los halagos corteses. Cuando un científico social (y de primera, me permitirán que lo diga) escribe un libro así -y no un filósofo, un sacerdote o un friqui, que son aquellos de quienes normalmente lo esperamos, o esquivamos- creo que lo natural es prestar atención, y es para alegrarse mucho que esté siendo un libro muy leído. No hay nada en él sobre lo que no valga la pena discutir, y hay mucho sobre lo que debería ser obligado hacerlo. Que los problemas morales son también sociales y políticos es -nos parece a todos- un hecho, y sin embargo prácticamente nadie es capaz de recorrer las tres esquinas con sobriedad analítica y verdadero conocimiento. El libro es una guía que señala puntos de encuentro y hace apuestas muy honestas y atrevidas, algo que resulta una simple bendición en un mundo en el que se llama radicalismo a arrojarse en la cama de plumas de los tuyos, y ser crítico a tapar las carencias con arrogancia y verbosidad. Es un libro imaginativo y bien escrito, que dice lo que quiere decir. Más que sobrarle palabras, antes diría que le faltan.

En cada capítulo, una secuencia de pequeños dibujos argumentales, con muchos resultados de investigación en ciencias sociales y del comportamiento, así como observaciones propias, sirven de apoyo a una recomendación moral y esta, a su vez, da una luz distinta a los juicios y hechos que se presentan. En la interacción entre las dos tramas, analítica y ética, claramente señaladas por el autor, reside el valor y originalidad del texto. Cuando una parte del libro se me haya olvidado, seguiré recordando, por ejemplo, lo que me ha hecho pensar sobre la ingratitud y sobre la excesiva disposición a la empatía (en lugar de a la comprensión racional), y pensaré que son ideas mías. Sin embargo, lo que más quisiera discutir no es ni el decálogo moral ni los análisis que lo sostienen, sino algunas de las opciones tácitas que se adoptan a lo largo de todo el libro, en una “tercera trama”, sobre la sociedad contemporánea y el papel de la ética, que deja caminos abiertos que sus razones no recorren. Los argumentos implícitos avanzan con gran beneficio de elegancia y amenidad, pues cuánto tedio filosófico no impone la discusión de los lugares a los que no se quiere ir. Sin embargo, me temo que allí debe asomarse el crítico.

El recorrido comienza con un diagnóstico: el endiosamiento colectivo de nuestro tiempo. Este se expone en tres capítulos sobre la decadencia moral, el narcisismo y la falta de gratitud por lo que somos. Al acabarlos el lector ya está pensando en que el narcisismo bien puede ser el nombre que explica muchas cosas que le preocupan. Tras ello, el cuarto capítulo establece la necesidad de “un dios”, algo trascendente, para orientar la acción moral en un sentido no narcisista. Un dios con minúscula porque cabe hablar de una religión civil. Consciente el autor de que la recomendación puede ser peligrosa, hasta explosiva, los dos capítulos siguientes nos advierten sobre los falsos dioses -en particular, el fundamentalismo y el nacionalismo; frente a la religión tolerante y la patria cívica- y de la necesidad de separar la trascendencia de la política, por si acaso. Es entonces cuando se invocan las virtudes, una lista que forma parte de una tradición concreta, pero a la que (paradójicamente, por anticipar mi opinión) debemos llegar por nosotros mismos. Son estas, recordemos, la fe, la esperanza y la caridad o amor (agapé), las virtudes reveladas que mi catecismo llamaba teologales; más la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, las virtudes griegas clásicas asimiladas por el cristianismo como virtudes cardinales.

Tras esta invocación, las reflexiones se van dirigiendo desde la ética cristiana occidental a una más concreta formulación estoica de la moral, lo que para mis inclinaciones personales es la parte más atractiva del libro: una crítica de los excesos de la empatía, una crítica del victimismo y un encomio de lo que llamamos estoicismo en sentido lato, la serenidad racional ante la fortuna. La plegaria de la serenidad ante las pruebas de Dios, ahora con mayúscula, cierra el volumen. Dios que puede ser Fortuna o Pachamama, según Lapuente, quien parece querer convocar aquí a un ecuménico concilio de todos los perplejos.

Es un viaje imponente para 267 páginas. Me fijaré en esto: en la parte diagnóstica a veces Lapuente me parece una pizca poco liberal; en la parte propositiva, una pizca demasiado. Hay una teoría implícita, pero no desarrollada, del vicio y de la virtud que recorre el libro, y es una teoría que uno querría ver expuesta para poder discutir con ella.

Se han escrito muy pocos libros laicos sobre los vicios. El libro de Judith Shklar Vicios ordinarios (1986. Trad. FCE 2007) es bastante singular en la teoría política. Sería maravilloso contar con un libro sobre el narcisismo y que lo escribiese Lapuente. Un libro (otro libro) que ofreciese una discusión sistemática de las fuentes en psicología, en sociología y en teoría moral podría ayudar a construir un concepto útil pero no demasiado elástico, y con sus luces además de sus sombras, y matizar lo que se propone en esta obra. No todos los vicios son absolutos, al igual que Shklar defendió la necesidad de la hipocresía, el narcisismo también tiene sus ambigüedades. El impulso narcisista en el arte, en la escena, en la música, es innegable; y no digamos en la investigación científica o académica. También en la política. Que un ganador del título de Mr. Universo llegase a ser elegido gobernador de California me parece que ilustra que ese tipo de motivación es legítimo en la vida pública. Tal vez esta sería insoportable si todos los políticos fueran Narcisos puros, como si todos fueran frailunos, mercaderes, ideólogos o simples en cualquier otra dirección. Pero nada está excluido.

Lapuente renuncia a concretar una definición del fenómeno. Estamos en un ensayo. El narcisismo se vincula con una forma extrema de individualismo (egocentrismo) y, en cierto modo, con el hedonismo. Desde el punto de vista psicológico existen escalas de narcisismo y existe un trastorno más o menos definido, pero, aunque lo traiga a colación, no es la tesis del autor que estemos realmente trastornados, sino señalar que entre nosotros cunde una especie de individualismo siempre oportunista, en el que las relaciones son condicionales, no se coopera, faltan amigos, falta cultura del esfuerzo, sobra ingratitud, se tiene la piel muy fina frente a la crítica y se carece de sentido de comunidad (todos estos rasgos aparecen en distintos lugares del libro). Asusta más que las escalas clínicas. Reunir las características de este síndrome con un mismo hilo y sugerir su condición social y política me parece un descubrimiento.

Uno sospecha que del narcisismo (y voy a seguir a Lapuente en usarlo de forma flexible) nos preocupa ahora su democratización. Cuando se diagnostica que ese rasgo se extiende en nuestra sociedad, no es como si se hubiera originado en una mutación, sino porque deja de ser un rasgo elitista. Difusión que tiene algo de risible, es cierto, porque parece funcionar como un Ponzi. Como la jerarquía de seguidores en las redes sociales. Lo malo, se diría, no es un Oscar Wilde, sino que el mundo se llene de ellos, pero con mucho menos talento – eso es una necesidad estadística- y se pasen el día compitiendo en ocurrencias. Y lo mismo vale para las bellezas de Instagram, que también salen en el libro. Pero si miramos al narcisismo de frente a lo mejor descubrimos que cierta forma de narcisismo puede tener momentos liberadores. Y que el dolor, y proezas como escribir como si el dolor no existiese -lo que asombra de Wilde a quienes entienden- pueden acompañar al narcisismo de forma íntima.

La relación del narcisismo con el hedonismo también es compleja. En algún lugar Shklar, por seguir con ella, observa que, para fundamentar las instituciones, entre la felicidad y el miedo el liberalismo normalmente elige el miedo, pues lo contrario abre un camino hacia al despotismo paternalista. Lapuente trae oportunamente el caso de China a su libro, que materializa ese peligro. Pero si bien debemos aceptar la presciencia de algunos viejos liberales, lo cierto es que esto debe ponerse en una dimensión histórica. Me parece que la búsqueda de la felicidad y del placer ha sido y puede ser liberadora. Que una tiranía contemporánea aprenda a sostenerse sobre el contento “consumista” no quita que la sociedad de consumo sea una liberación frente a otros despotismos más tradicionales. Por ejemplo, los que tienen improntas religiosas: en el Irán de hoy como en la España de los 70. Pensemos en lo que sentimos mirando a una vieja fotografía de mujeres afganas con minifalda paseando por Kabul. Pensémoslo bien porque creo que no es obvio. Funciona como un posible test sobre lo que realmente sentimos, frente a lo que a veces decimos.

A propósito de historicidad, un paso del argumento implícito del libro es la afirmación (explícita) de que vivimos en un tiempo de decadencia. Yo no puedo estar de acuerdo, pero no voy a reñir por eso. Para mí la pregunta más interesante es por qué en un momento tan brillante de la historia, en muchos sentidos el mejor para la mayor fracción de humanos que hemos conocido, se suscita tanta sensación de decaer. Que a juzgar por los libros que se publican, no solo este, es innegable. Tal vez deberíamos redirigir los esfuerzos a preguntarnos por qué no disfrutamos todo lo que podríamos disfrutar en un mundo que sigue expandiendo nuestras posibilidades. En realidad, creo que eso podría encajar bien con el espíritu de este libro. Pero este decálogo, tal y como yo lo leo, se debate entre una celebración del mundo, de la sociedad que nos ha traído a cada uno hasta aquí, de la comunidad y las familias a las que debemos estar agradecidos, y una vía de salida individual, estoica, que busca el sentido de la vida en la trascendencia. No es que sean incompatibles, pero sin el decadentismo podría haber más gente a la que solo le interesara la primera parte.

(Esto es solo una hipótesis, pero si existe un público natural para esto, que podría explicar el renacer del estoicismo en la cultura contemporánea, puede tener algo que ver con la falta de crecimiento relativo de nuestra clase media con respecto a los muy ricos y, sobre todo, los pobres del planeta global; que, además, se traduce en muchos casos en un empeoramiento con respecto a nuestros mayores, a esa familia a la que deberíamos estar agradecidos)

En la parte propositiva del libro, Lapuente quiere mantenerse dentro del individualismo liberal, pero obtener algunos bienes de la moral comunitaria a través de la religión y la nación civil, que son sus dos ejemplos de trascendencia. En mi opinión esto necesita una “infraestructura” que el autor se resiste a proponer, una teoría sobre la relación entre una buena sociedad y una vida buena. Un espacio en el que quepan las preguntas que incordian al buen ciudadano. Sobre qué se debe tolerar, sobre cómo confrontar los dilemas íntimos entre valores, sobre cómo educar… No digo que sea la única salida, pero tomarse en serio la teoría de las virtudes, y los vicios, es una posible forma de colmar ese espacio.

La ausencia de una estructura que medie entre el individuo y la trascendencia tiene dos consecuencias emparentadas en este libro. Una es la enorme lejanía entre lo que lo que da sentido a la vida, un amor por algo que nos trasciende, y lo político. Lapuente afirma, casi obliga a que aceptemos, que la política es algo estrictamente pragmático. Se lleva tan lejos el sentido de la vida que no sabría cómo traerlo de vuelta a la comunidad, y no le queda otro remedio que aislarla del mismo. Ama a un dios, nos dice, pero ojo con los falsos dioses, que corrompen la vecindad; y ojo sobre todo con ponerlos en la plaza pública, aunque sean verdaderos.

La segunda consecuencia, pareja de la anterior, es que el buen ciudadano tiene que hacerse a sí mismo. Esto resulta intrigante, al menos, desde el punto de vista de las primeras virtudes que el autor nos recomienda, pues pertenecen claramente a una tradición. Una tradición que, además de un contenido concreto -como son las siete virtudes- enseña que estas son disposiciones adquiridas, como si dijéramos, en el entorno adecuado. A través del ejemplo, la enseñanza, la práctica y la meditación, no solo haciendo lo último. Por ello, para esa misma tradición, no puede separarse demasiado la buena vida de la buena sociedad. No es solo la tradición cristiana, es también la de Aristóteles, la corriente principal del pensamiento moral anterior a la consolidación del liberalismo individualista. (La que se describe y estudia en el clásico Tras la virtud de Alasdair MacIntyre: 1981, trad. Crítica 1987).

Al señalar esto no recomiendo ni la tradición ni la comunidad como respuestas naturales o privilegiadas al tipo de malestar moral que diagnostica el libro. Antes me quedaría con el liberalismo pelado, si es que mi opinión importa. Pero se debe subrayar el peso de la cuestión, que el libro solo bordea, de cómo se hacen y dónde viven los buenos ciudadanos. Entiendo a Lapuente, de verdad: quiere un mundo plenamente liberal en el que los ciudadanos se porten como si los hubiesen criado en las mejores tradiciones y más virtuosas disposiciones, que además ejercen con respeto. Yo también. Pero el liberalismo no los produce espontáneamente y la mayoría de las tradiciones que conocemos son poco liberales.

Por ejemplo, no es que Lapuente no perciba la necesidad de las vías indirectas para empaparse de las virtudes, frente a la autodeterminación moral, pero acude a ejemplos de la ficción y del cine y no habla de educación. Ser un consumidor inteligente de productos culturales no soluciona el problema para la inmensa mayoría, en mi opinión, si es que realmente lo hace para alguien sin ayuda de un sustrato más profundo.

Algo sobre la buena sociedad se apunta necesariamente en este libro al hablar de la inmigración. Es un asunto polémico en el que no me quiero meter, pero lo señalo como otro ejemplo de que el autor a veces no tiene más remedio que pisar sobre “el concepto de sociedad” aunque quiera alumbrar hacia otro lado. Algo necesitaría haber apuntado, también, cuando habla del orgullo de pertenecer a una nación. Que el orgullo pueda ser una virtud es algo que a uno le parece más bien sospechoso -qué buena ocasión habría sido esta para hablar de la gratitud, en su lugar- pero si lo ha escrito seguro que es porque imagina la patria de una forma particular. El problema es que no comparte esa imagen con nosotros.

Un último ejemplo más: en la pequeña discusión que se ofrece sobre el coraje y la prudencia veo el germen de lo que podría ser un apreciado estudio lapuentino sobre el carácter personal en la democracia liberal, en una buena sociedad que lleve ese nombre. Un pequeño boceto de cómo ir colmando el hueco social entre el individuo abstracto y el buen ciudadano; una admisión de que la democracia liberal no funciona solo como un marco pragmático en el que cada uno busca una trascendencia que le inspire. Pues incluso para conservar y disfrutar de ese mínimo se requiere algo más de nosotros que puro pragmatismo (coraje, sacrificio…), exactamente como nos advierte el libro, pero algo que se aprende en sociedad, no simplemente se elige.

El pragmatismo hace que los problemas del pluralismo también estén ausentes del libro, cubiertos por la tolerancia. Se confía, me parece, en que mientras no se adore a falsos dioses (intolerancia religiosa o nacionalista) no hay que esperar problemas de este lado. El modelo de la tolerancia religiosa siempre ha sido un arquetipo para el pluralismo de los liberales, pero ¿qué pasa con esa segunda opción de “dios” que es la patria? El uso del concepto de patria (civil) emparejado con el de religión (abierta) es intrigante en este libro. No existe una traducción del aparato conceptual de la libertad religiosa para la libertad de patria, educación patriótica, respeto a los sentimientos patrióticos…. Y que la política deba ser laica con respecto a la patria, no menos que con respecto a dios, aunque los ciudadanos deban amarla ¿cómo sucede?

De igual modo esquiva la fragmentación del valor, no dentro de una sociedad sino en las cavilaciones morales de cada uno. Precisamente porque hay muchas formas de dar sentido ético a los actos que no residen en solo “un dios”, y que Lapuente no desconoce, pero tampoco explora, el problema moral a menudo consiste en equilibrar las razones contendientes. Ama a un dios, nos exhorta Lapuente. Pero la cuestión es que amamos a más de uno. Somos todos un poco “politeístas”, incluso los buenos ciudadanos. No es raro encontrar dilemas para los que no nos dan la misma respuesta la guía de la autorrealización, la amistad, el deber profesional, la piedad filial, el perfeccionamiento artístico, científico o incluso religioso, el bien común, el amor terreno, el honor de la promesa y muchas otras fuentes de valor cuyo peso sentimos en las sociedades libres. Apelar a un ente trascendental que las ponga en orden creo que sería un retroceso. La educación moral, la investigación sobre la buena vida en una sociedad abierta, la práctica de la virtud, en suma, sí podrían ser un progreso.

La ética de la virtud es una posible respuesta a estas dificultades porque propone una especie de renuncia a la soberanía moral absoluta, mediante la adquisición, digamos, de “un buen fondo”. En este decálogo se recomiendan virtudes, pero el paso está omitido, o al menos no se ilumina, creo, para el conjunto de ciudadanos. ¿Es su público, acaso, como el de los viejos estoicos, solo un segmento de personas bien educadas?

La defensa de la educación en las virtudes en una sociedad tradicional “bien ordenada”, basada en ideales que trascienden al individuo, era una cuestión trivial, su consecuencia natural. No había que pedirle a nadie que las descubriese. En una sociedad liberal requiere un trabajo, y eso es bueno. Especialmente si uno no abraza una religión digamos, de toda la vida, donde las preguntas y respuestas están mucho mejor ordenadas, y prefiere una religión civil. En el primer caso la religión ofrece tanto una forma de entender la buena sociedad como una forma de organizar los dilemas, en el segundo está todo bastante por hacer, y debe rehacerse siempre.

Retener algunas de las virtudes de la sociedad tradicional en el marco de la sociedad liberal es uno de los unicornios, como creo que se dice ahora, de la ciencia social (y que siempre hay quien cree haber encontrado en su lugar favorito del mundo). Lapuente expone algo realmente importante, la corrosión narcisista del liberalismo y la obligación moral de defenderlo con algo más que autointerés y pragmatismo, pero, por usar una idea que él mismo emplea en otro contexto, no explica quién pone el puente. Así como una sociedad no puede decidir volverse democrática, pues antes necesita infraestructuras y una burocracia medianamente eficaz, tampoco sus ciudadanos pueden decidir volverse virtuosos, con una organización social que solo ofrezca tolerancia y pragmatismo. No vamos a pedirle a Lapuente que solucione cosas que un siglo de ciencia social no ha terminado de revelar (no a tiempo completo, también hay que decirlo), pero, como en el caso de la democracia, no creo que se puede esperar sustituir el conocimiento con voluntad. 

No se me entienda mal. El libro es un decálogo, las exhortaciones no son un plan para salvar al mundo ni lo pretenden. Si hay que leerlo es porque ofrece decenas de cuestiones para la reflexión y nos convence en muchas de ellas. Aquí, de una forma demasiado extensa ya, he intentado leer y criticar una teoría implícita sobre el punto de vista colectivo, sobre la relación entre moral, ética y sociedad. Pero el libro está dirigido a usted, lector, individualmente.

Sabemos, pero en tiempos de polarización nos quieren hacer olvidar, que algo que bien puede llamarse tercera España siempre ha sido la mayoría. Las oscilaciones hacia los polos en la primera experiencia ibérica con la democracia, en las elecciones para el Congreso durante la Segunda República, fueron un artefacto del sistema electoral, y es posible que la gente que prefería el terreno medio fuese la mayoría incluso en lo peor de la refriega, durante la Guerra Civil: todavía podemos encontrar su eco en una encuesta que hizo el CIS en 2008. Entre los entonces mayores de 65 años, con una memoria de primera mano, solo la mitad asignaban un bando a su familia (y a partes iguales, por cierto), mientras que la otra mitad decía que ambos, que ninguno, que no sabía o que no quería contestar. Y eso que para entonces muchos habían tenido que tomar partido habiendo preferido no hacerlo.

La tercera España fue generalmente republicana, porque era demócrata antes que nada, aunque los hubiera también conservadores y monárquicos. Algunos evitaron escoger bando durante la guerra, huyendo de ella, pero la mayoría, de nuevo, estuvo con la República, es decir, con la democracia, mientras eso fue posible. Algunos lo pagaron caro. Todos repudiaron sin excepción la barbarie de los extremistas, de ambos bandos. Quizá eso sea lo que los una, más que ninguna otra cosa. La democracia antes que las ideas; los derechos, la vida, antes que todo.

Hoy es común hacer chanzas con la tercera España, como lo es reivindicarla de forma un poco paradójica, partidista. Hoy la tercera España creo que somos (casi) todos y tal vez nos convendría rendirle cierto tributo. Estoy a favor de evitar la historia en la política, salvo en dosis medicinales, pero si hay que ir al baúl de los recuerdos, es mejor que sea para esto. Pintar un país de bloques polarizados, además de que necesita una brocha muy gruesa, tiene unos efectos muy poco deseables.

Recupero aquí una pequeña colección de personajes que creo que nos han legado cosas mucho más importantes para nosotros que las gestas de algunos de sus contemporáneos mejor recordados, para bien o para mal. La educación, el voto, la igualdad de derechos, la subordinación de las armas a la ley, el respeto a la vida y, por qué no decirlo, la libertad del espíritu. No son una muestra representativa, pero espero que se explique a sí misma.

José Castillejo (Ciudad Real, 1877 – Londres, 1945). Abogado y pedagogo, discípulo de Giner de los Ríos, liberal con resabios krausistas, fue, entre otras cosas, el secretario (y animador) de la Junta para la Ampliación de Estudios (desde 1907), presidida de forma más bien honorífica por Cajal y el impulsor del Instituto Escuela (1918). En tiempo de germanófilos (o francófilos) admiró la política y las instituciones educativas británicas (se casó con una escritora inglesa). La guerra civil le sorprende en Suiza, de donde regresa inmediatamente. En Madrid a duras penas, y gracias a ciertas amistades, logra salvarse de que lo “pasearan”. Al parecer fue literalmente paseado una madrugada, y devuelto a casa. Solo “para asustar”. Asustado, puso a salvo a su familia en Londres, adonde huyó él mismo en cuanto pudo. Entre otras muchas cosas, en el exilio escribió un libro muy notable Democracias destronadas, en inglés, que no apareció en español hasta el año 2008, y que es un precursor de la ciencia política de un cuarto de siglo posterior. Fue un intenso agitador contra los totalitarismos, y sus alocuciones en español La Voz de Londres sobre el nazismo parece que eran notables.

De acuerdo con sus contemporáneos, hizo un colosal esfuerzo para organizar la ciencia española y para atender “a los austeros trabajos de la reforma universitaria” (Jiménez Fraud). Desde 2004  hay unas becas de movilidad de profesores que llevan su nombre. Este manchego tiene una discreta pero linda plaza circular en la colonia del Cruz del Rayo, en Madrid.

Domingo Batet i Mestres (Tarragona, 1872 – Burgos, 1937). Veterano de Cuba y de África (fue juez en el caso del expediente Picasso, en el que muchos africanistas y el propio Rey salían mal parados), juzgado por conspirar contra Primo de Rivera (pero absuelto) y Capitán General de Cataluña durante buena parte del periodo republicano. Fue un hombre prudente que supo respetar las instituciones autonómicas y relajar las tensiones que esto suscitaba en el ejército. Cuando la Generalitat se rebeló en 1934, su Presidente le pidió que se pusiera a sus órdenes, pero Batet se puso a disposición de Lerroux, Jefe del Gobierno legal. Con la mínima fuerza y la mínima destrucción posibles, empleada solo después de haber ofrecido el diálogo, desbarató la sublevación. Compárese con la simultánea escabechina de Asturias, con más de un millar de muertos, para entender la importancia de esto. Era jefe de la VI división cuando se preparaba el “alzamiento”, lo que intentó impedir obteniendo garantías de sus subordinados, como Mola, de no participar en él. Fue traicionado, arrestado y fusilado, por pura ferocidad, por Franco en Burgos. Al otro lado de la línea, su familia fue perseguida durante la “revolución” subsiguiente, salvándose y escapando a Francia, al parecer, gracias a la amistad de Josep Tarradellas.

Clara Campoamor (Madrid 1988-Lausana 1972). Lejos de estar mal recordada, todo el mundo sabe que esta admirable abogada y política fue la principal protagonista del debate, frente a Victoria Kent, que logró la introducción del sufragio universal en España. Pobre de familia, se había matriculado en la secundaria a los 32 años, y en la universidad a los 34. A pesar de la opinión contraria de muchos periodistas y de una exministra de igualdad, no fue nunca socialista ni diputada socialista, sino liberal y de centro. (“Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal”). Fue parte del núcleo fundador de la Acción Republicana de Azaña, pasando después al Partido Radical, cuando fue imposible que se construyera un único partido liberal republicano. Abandonó a los radicales cuando se fueron hacia la derecha (tras Asturias) pero le negaron el ingreso en Izquierda Republicana (donde sí fue elegida, en el 36, Victoria Kent). Además del voto femenino, que primero intentó que fuera un derecho constitucional, sin éxito, como vocal de la comisión constitucional introdujo la no discriminación por razón de sexo, la igualdad de derechos dentro y fuera del matrimonio (también para los hijos) y el derecho al divorcio. Se marchó del país apenas comenzó la guerra.

Por cierto que la mala en el debate del sufragio, la krausista Victoria Kent, originalmente del partido radical-socialista, fue Directora General de Prisiones hasta 1934 (ojalá lo hubiera sido mucho más tiempo) donde, entre otras cosas, erradicó los grilletes y las cadenas, que mandó fundir, según se cuenta, para construir una estatua a Concepción Arenal.

Melchor Rodríguez (Sevilla 1893- Madrid 1972). Nacido en Triana, huérfano de un obrero muerto en un accidente, fue monaguillo en el hospicio, calderero y novillero. En el Madrid de los años 20 fue chapista, se afilió a la CNT y a la FAI. Su militancia se centraba en asistir a los presos políticos. Fue arrestado 34 veces en su vida; cuando le hicieron delegado de prisiones se pudo decir que conocía su trabajo como su casa. Hombre de pésima pluma (“torpe, sí, porque es la pluma de un explotado”) escribió malos artículos y peores versos. (“Vida, nobleza, bondad/ satisfacción, alegría/ todo esto es Anarquía”). Se recuerda una frase blanda que describe bien a este tolstoiano andaluz: “Se puede morir por los ideales, pero no matar”.

Es conocido por haber detenido los fusilamientos de presos de Madrid en Paracuellos y alrededores, que comenzaron el 7 de noviembre del 36. Tras confirmar sus poderes con el gobierno de Valencia, a comienzos de diciembre, hizo cesar las sacas y ejecuciones. Puede que salvara miles de vidas (se le atribuye haber impedido con una acción personal decidida el linchamiento de presos en Alcalá, donde había 1400 detenidos). En marzo fue destituido por Negrín, presionado por los comunistas (algunos siguieron diciendo hasta la Transición que fue un quintacolumnista) y pasó a ocuparse de la dirección de cementerios. Concejal por la FAI de Madrid, no quiso huir, y se quedó con Besteiro. Un tribunal franquista le condenó a seis años, cumplió año y medio. Algunos mandamases del nuevo régimen le debían su vida y testificaron en su defensa. Según sus compañeros de militancia rehusó cualquier ayuda del régimen y trabajó como agente de seguros el resto de su vida. Murió como anarquista. Varias fuentes aseguran que su entierro reunió a muchas personas de los dos bandos, y que en el cementerio de la Almudena el ministro Martín Artajo rezó un padrenuestro, tras lo cual los compañeros de Melchor cantaron “A las barricadas”. Hay que imaginar el imponente son de La Varsoviana, en 1972, escuchado en silencio por las autoridades.

Rafael Cansinos Assens (Sevilla 1882- Madrid 1964). Escritor y erudito a quien una generación de autores, la mayoría de los vanguardistas, llamaban simplemente “maestro”, incluyendo a Jorge Luis Borges, uno de sus innumerables corresponsales, y peregrinos a su piso de la Morería, frente al Viaducto de Madrid. Fue poeta, novelista, crítico y memorialista. Entre otras cosas, fue el gran animador del interés por el mundo judío sefardí, y editor él mismo de unas “Bellezas del Talmud”. Tenía el don de lenguas. Para practicar, sus diarios personales los redactaba normalmente en inglés, pero también en francés, alemán y hasta árabe aljamiado. Padre inverosímil del ultraísmo, fue libre, irónico y sabio por encima de todo. Republicano convencido, la brutalidad de la política lo intimidaba o divertía, según el caso. Comunistas y fascistas reciben por igual sus burlas e ironías, pero aceptaba con curiosidad la amistad de todo el que se la brindaba. Era muy simpático. Mantenía correspondencia con personas de todo el mundo, pero jamás salió de Madrid, adonde llegó con 15 años. Nunca vio el mar, ni otro horizonte que la sierra desde el viaducto. Nunca fue a la universidad ni recibió educación reglada. Nunca le dieron un premio, ni un dinero que no fuera fatigoso de ganar. Cuando el franquismo le ofreció colaborar en una publicación oficial, simplemente rehusó. Vivió olvidado, traduciendo para su amigo Aguilar: el Corán, las Mil y una noches, casi todo Goethe, Schiller, Dostoyevski, Balzac… Un auténtico prodigio. Aunque siempre vivió con su hermana “y un montón de pájaros”, conoció el amor y la paternidad siendo ya bastante mayor. A su hijo estaban dedicados algunos de sus últimos poemas. Borges dijo de él que solo había conocido a tres auténticos genios en su vida, uno de ellos Cansinos Assens. No dijo quiénes eran los otros dos, tal vez dispuestos para evitar la hipérbole.

*Esta entrada recupera algunos fragmentos de textos aparecidos aquí y aquí

Los premios de ciencias sociales dan una indicación del lugar que ocupa la sociología, que debe asumir la doble necesidad de relevancia pública y rigor científico.

Aprovechando que le han dado el premio Princesa de Asturias a Dani Rodrik -saben que se llama así, no es como decir Dick o Sue para señalar que cenas con la literatura- y cierta triste controversia a propósito de un documento remitido al Congreso de los Diputados sobre la evaluación de políticas públicas, vale la pena pararse a pensar en los premios a las ciencias sociales y en ciertas dificultades para resultar premiadas, sobre todo alguna, como la sociología, que a duras penas designa ya una única cosa y que parece querer renunciar tanto a la ciencia como a la influencia. Como el Trilema de Rodrick lo cita hasta el Hípster en la España Vacía de Daniel (Dani, si preferís) Gascón , de su premio tengo poco nuevo que decir, salvo alegrarme. He leído en una entrevista que su libro de economía favorito es Micromotivos y macroconducta de Th. Schelling, y solo por eso ya me cae bien.

Pongamos el asunto en el contexto de otros premios internacionales a las ciencias sociales. El premio Nobel en Economía se entrega desde 1969 y está dotado con unos 950.000 euros. Desde 1995 incorpora a dos no economistas en el jurado. Lo han obtenido dos doctores en ciencia política (entre ellos, la primera mujer, Elinor Ostrom) y un psicólogo [1]. El premio más prestigioso de la ciencia política también es sueco, el premio Johan Skytte (Uppsala); se entrega desde 1995 y está dotado con cerca de 50.000 euros (o 19 veces menos que el Nobel). No existe nada ni remotamente parecido en la sociología. Lo Asociación Internacional de Sociología (ISA) confiere cada cuatro años, y solo desde 2013, un “Galardón a la excelencia en la investigación y en la práctica” de esta disciplina. Se concede una placa, un billete en clase turista para la ceremonia de entrega y matrícula gratis en el congreso internacional en el que se lleva a cabo.

La mayoría de los premios específicamente de sociología son nacionales o circunscritos a alguna especialidad, o reservados para los miembros de un grupo, o todo a la vez; y son casi siempre galardones simbólicos, dotados, si acaso, con cantidades bastante modestas. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. El hecho es que mientras que la economía o la ciencia política se dividen más bien por subdisciplinas, la sociología se divide sobre todo por escuelas. Mientras que las subdisciplinas suelen respetarse y hasta aceptar cierta jerarquización, las escuelas sociológicas tienden a desacreditarse mutuamente. Dar premios ecuménicos es muy difícil. Mientras que la lista de premios Skytte le infundirá respeto a cualquier estudiante de ciencia política, no digamos el Nobel para los economistas, de los dos galardones ISA yo he tenido que buscar en Google a uno de ellos. La balcanización es así.

Existe una lista de premios académicos del observatorio IREG publicada en 2019 que los ordena de acuerdo con una encuesta de reputación hecha entre expertos. En la sección de premios internacionales de ciencias sociales incluye cinco de economía, cuatro de ciencia política y cuatro de criminología. No digo que la pre-selección haya sido la mejor, pero se pueden entender las razones por las que no incluyen premios en sociología, e incluso se puede entender la razón por las que, desgraciadamente, no incluyen el Príncipe de Asturias ni siquiera entre sus premios multidisciplinares.

Veamos cuáles son los premios evaluados que se refieren a economía y ciencia política (con perdón de la criminología). Aunque el IREG no menciona en ningún caso el dinero que se entrega, añado esa información, en la medida en la que he sido capaz de encontrarla, en la tabla que sigue.

Se ve que son todos premios más bien recientes, pero la antigüedad marca diferencias (manteniendo lo demás constante, una lista de nombres larga contiene a más genios que una corta). La diversidad en la dotación económica es muy grande y resulta muy importante para el prestigio, pero para infortunio de la Fundación BBVA lo que podemos llamar el Aura del Norte parece ser aún más decisiva. Cuatro en países nórdicos, más un quinto en Alemania, frente a uno en EEUU y otro en España, además de dos premios con sede variable. Lo de la Fundación BBVA, visto así, tiene mucho mérito, aunque su dinero le cuesta. Hay un premio específicamente circunscrito a menores de 45 años, el Yrjö Jahnsson y otro que, en la práctica, lo está, el Stein Rokkan.

Para ponerles caras familiares: Juan Linz obtuvo tanto el Skytte como el Karl Deutsch (solo dos politólogos tienen ambos premios al conjunto de sus carreras); Eva Anduiza y Abel Escribá-Folch tienen el Stein Rokkan; y Jordi Gali el Yrjö Jahnsson. Uno en Yale y tres en Barcelona. Además, Juan Linz obtuvo el Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales y el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. por lo que debe de ser el más laureado después de Ostrom, Tengo entendido que cuando le preguntaban por qué no había regresado a España decía que porque nadie le había ofrecido trabajo.

El premio Príncipe o Princesa de Asturias de Ciencias Sociales se entrega desde 1981, aunque no se puede considerar un premio internacional hasta principios de este siglo. Su dotación es de 50.000 euros; al cambio, un poco más que el Skytte. Está abierto a las tres disciplinas que ya he mencionado y a casi cualquier materia que pueda emparentarse con las ciencias sociales, o al menos hacerse amiga. El reglamento dice “la historia, el derecho, la lingüística, la pedagogía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la ética, la filosofía, la geografía, la economía, la demografía y la antropología”. Para la Sociología es, desde luego, el premio más generoso que existe, y es posible que también sea el mejor dotado al que pueden aspirar la mayoría de los científicos sociales, salvo los economistas.

El premio Príncipe de Asturias comenzó como un premio nacional de hecho. Otros premios de ámbito deliberadamente hispano han ido apareciendo después, con generosidad. Supongo que el impulso por repartir los premios “en casa” puede ser el síntoma de un país en vías de desarrollo científico, aunque en esto, como en la vida, habrá quien piense que la modernización solo llega a través de la internacionalización, mientras que otros dirán lo contrario, incluso lo repudiarán como neoliberalismo, y entenderán la protección local como una forma saludable de ganar impulso o de justa gratitud con nuestros mayores. Yo estoy dispuesto a contemporizar con ambos. Si un país con pocos recursos científicos se dedica solo a dar premios internacionales más bien estará buscando darse prestigio a sí mismo que repartirlo, pero si se quiere alcanzar prestigio, hay que terminar internacionalizando. Esto es lo que ha hecho el Príncipe de Asturias en el siglo XXI.

Su trayectoria inicial, tan localista, y su indefinición científica con respecto a las ciencias sociales convencionales (que me perdonen los juristas, pero se lo han dado hasta a seis catedráticos españoles de derecho) hacen que el premio no haya terminado de asentarse. Con todo, en mi opinión, está adquiriendo su estilo. Lo que caracteriza al Princesa de Asturias es una cierta debilidad por aquellos científicos sociales (o asimilados) que mejor comunican, que sus contribuciones son más accesibles y que pueden oficiar como intelectuales públicos. Científicos que no solo discuten con sus pares (a no confundir con los que no discuten con sus pares). Entiéndase, me gustaría que hubiera un gran premio a la sociología puramente científica, pero me temo que sea tan ilusorio como un CIS financiado e independiente. Es como un destino trágico que a lo mejor hay que asumir.

Equilibrar prestigio científico y relevancia social es un asunto delicado, pero si el jurado lo hace bien podría llegar a darle un perfil propio interesante. El problema es que si el valor científico ya es discutible, la reputación que va más allá de lo científicamente tangible fácilmente llega a ser controvertida. No hay que ser ruin con los ya premiados, pero los hay cuñados [2].

Los diez últimos premios nos dan una idea de sus fortalezas y debilidades, algunos son científicos de gran importancia (Duflo recibió el Nobel después de este), y otros son más bien conocidos como intelectuales públicos, pero muchos son las dos cosas, que es lo más interesante. Ordenados por su impacto científico, son estos: Alejandro Portes (Sociólogo, más de 20.000 citas en la Web of Science, índice h igual a 55); Esther Duflo (Economista 11.500+ h45); Dani Rodrik (Economista 2100+ h37); Howard Gardner (Psicólogo 3900+ h32); Martha Nussbaum (Filósofa 4700+ h30); Saskia Sassen (Socióloga 3400+ h25); Mary Beard (Historiadora 1045 h 13); Michael Sandel (Filósofo 600 h7); Joseph Pérez (Historiador e hispanista, no consta en la Web of Science); Karen Armstrong (Ensayista, experta en religión, no consta en la Web of Science). Por si se lo preguntan, el índice h es el número de publicaciones científicas que reciben un número de citas igual o mayor a sí mismo. [3]

Hay que decir que la sociología aquí se ha portado bastante bien, y el riesgo era grande [4]. Los sociólogos están bien emplazados en lo que no es un mal registro de autores que escriben de forma interesante y analítica (unos más que otros) sobre cosas que nos preocupan. Para bien o para mal, no es un premio a los más grandes científicos sociales en cuanto personas que resuelven preguntas sobre las sociedades humanas usando métodos científicos, sino, en mi opinión, al efecto multiplicador de esa destreza con la relevancia de sus asuntos y la capacidad de influencia intelectual sobre los debates en los que se ocupan. Se valora una vertiente más científica o esotérica y otra más pública o exotérica. El resultado parece casi razonable, teniendo en cuenta que ambas cosas no caminan de la mano. (Si supiera cómo medir el número de citas en la prensa española, el orden sería muy distinto al de su impacto científico).

La sociología es, posiblemente, el eslabón más débil de las ciencias sociales. Si se toma cualquier lista de los sociólogos y sociólogas más citados o más prestigiosos -y existen varias como esta, de distinta inspiración pues, al fin y al cabo, la sociología del conocimiento es sociología- lo que uno encuentra son autores que ni siquiera se entienden si se leen entre ellos, cosa que raramente hacen, salvo para poner el grito en el cielo. El documento que ha provocado el pequeño Methodenstreit tuitero, que si las técnicas cuantitativas y experimentales nos deshumanizan y que si hay que leer más a economistas como Sampedro, es un reflejo de esto. (Me juego una cena a que fue un sociólogo, en la ciencia política ese debate es ya un poco residual y en economía no llega a marginal).

Si se pudiera pedir sin límite yo pediría que la sociología se hiciera más principesca. Con esto quiero decir que no solo debe ganarse el respeto de alguien más que de los sociólogos afines y quedarse en tostón con consenso interno. (la maldición del mínimo común denominador). Ser capaz de convencer al “Príncipe” además de a tus pares, sea este una persona, un Congreso de Diputados, o la opinión pública, de que lo que dices lo dices con buenas razones, que no es arbitrario, que es generalizable, que no es trivial… Alejandro Portes fue por eso una buena elección como sociólogo, como ahora lo es la de Rodrik como economista. Carecemos un método claro para establecer la relevancia, pero no hay que renunciar [5]. La ciencia social, y la sociología más que ninguna, suspira por un Leibnitz que fuera capaz de descubrir el cálculo diferencial y de escribir filosofía para princesas

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[1] Los otros son Herbert Simon (1978) y Daniel Khaneman (2002).

[2] Un error lo tiene cualquiera, y sociólogos pasando el hisopo sobre un tirano nunca han faltado, pero no conviene olvidar, por si acaso se confunde con lo principesco, y ya siento meterme con él, que Giddens (premio en 2002) fue capaz de escribir esto tras charlar con Gadaffi en 2007. Lo malo ahí fue lo cuñado, pensar que eres capaz de determinar que un dictador es popular (ya vimos luego lo popular que era)

[3] Es convencional utilizarlo, aunque no siempre funcione bien. Por ejemplo, el sociólogo con el artículo más citado de la historia, Mark Granovetter, tiene un índice h de 17, muy bajo para ser quien es, puesto que solo con sus dos primeros artículos suma más de 25000 citas.

[4] A Zygmut Bauman se lo dieron en la sección de “comunicación y humanidades”. Creo que honra al jurado haber esquivado ese escollo.

[5] No quiero decir que no haya prioridad entre las dimensiones. Solo sobre la base de ciencia en la que podamos creer son los científicos sociales interesantes como intelectuales públicos.

Cuando es posible que uno haya actuado estúpidamente debe siempre preguntarse por qué. Creo que una de las pocas contribuciones que podremos hacer los no epidemiólogos es intentar encontrar esa respuesta, y opino que se debe buscar sin hacer juicios políticos innecesarios, que pueden oscurecer algunas causas que tal vez no sean ni partidistas ni específicas de España (1).

Hay razones para pensar que esto es una cuestión de ignorancia como Estado, de falta de aprendizaje. Cuatro de los cinco lugares que estuvieron más afectados por el SARS entre 2002 y 2003, aparte de China, fueron Hong Kong, Taiwán, Singapur y Vietnam (el otro fue Canadá). En el resto de los países de Asia , incluyendo a Corea y a Japón, la epidemia fue tan ajena como en Europa. Estos son también los países que han tenido más éxito en la contención del Covid-19, con gran diferencia, dado su nivel de exposición. De hecho, el éxito parece haber sido prácticamente total. (Corea, que si estuvo afectada por el MERS en 2015 -el segundo después de Arabia Saudí- actuó más tarde pero ahora se pone como ejemplo de contención en una fase más avanzada). Entiendo que armar un argumento sobre estados buenos y malos parece no mejorar mucho al de gobiernos buenos y malos, pero hay hechos por ahora ineludibles. Me parece que desdeñar implícitamente cada uno de estos casos como excepciones explicables por peculiaridades suyas y no por su reacción es empecinarse en el mismo tipo de sesgo de decisión que ha sido el pensar que Italia podría ser un caso particular, o que a nosotros nos ayudará el clima o cualquier otra cosa especial. Un sesgo posiblemente agravado por cierto eurocentrismo, o racismo, o como se quiera describir. Un sesgo que en el contexto donde esperaríamos una actitud muy conservadora -la incertidumbre- parece que ha justificado cierta ilusión de control.

Algunas de las explicaciones que es posible escuchar para desatender la relevancia de los casos de éxito mencionados parecen paradójicas y precipitadas: islas, lugares pequeños, etc. Taiwán tiene 25 millones de habitantes y más de un millón viven permanentemente o por razones de trabajo en China continental. Su grado de conexión es colosal. Hong Kong es uno de los lugares con más densidad de población del planeta, adyacente a la segunda provincia más afectada de China; tres de cada cuatro de los 5,6 millones de habitantes de Singapur se consideran étnicamente chinos y unos 20.000 viven en China; Vietnam tiene 1200 Km de frontera con China, y una relación también muy intensa, aunque casi siempre poco cordial, con quienes les dominaron durante un milenio.

Tres de ellos están muy desarrollados, pero también Corea, donde la epidemia avanzó inicialmente con fuerza, o Japón; mientras que Vietnam es mucho menos rico. Tres son autoritarios o semi-autoritarios, pero Taiwán es una democracia plena. Taiwán tiene una de las mejores sanidades públicas del mundo (está en el ranquin de Bloomberg pero no en la OMS, de la que está excluida), pero la sanidad de Hong Kong es privada y la de Vietnam es mucho más deficiente.

La explicación tiene que ser el aprendizaje a partir de la epidemia del SARS, acuciado tal vez, en algunos casos, por las especiales relaciones con China. En el caso de Taiwan parece evidente: la OMS, o más bien China, les dejó fuera del canal de información en el caso de la epidemia del SARS -Taiwan no es miembro de la OMS porque no es reconocido por China como estado, etc,- y se produjeron muchos contagios, especialmente entre el personal médico, que los taiwaneses consideraron innecesarios. Aprendieron.

El mismo día 31 de diciembre de 2018, cuando China dio la primera información, en Taiwan actuaron en los aeropuertos y se pusieron a buscar viajeros y a preguntarles sus síntomas; y enviaron a sus especialistas al terreno para confirmar la información porque no se fiaban. Desde el comienzo basaron su estrategia en modelos estadísticos, usando big data, que dieran con los individuos de riesgo: uniendo la base de datos de sus patrones de movilidad con la del sistema sanitario, cosa que al parecer lograron hacer en un solo día. A los usuarios de la red de móviles locales los controlaron por el teléfono. Hicieron confinamientos controlados de la población de riesgo, cerraron los colegios, fijaron los precios de las mascarillas, aseguraron su provisión y crearon una campaña cívica contra acaparadores. De todo esto ha hablado la prensa internacional, pero a mediados de febrero ya se podía leer un informe en una revista médica A día de hoy sus pocos casos son gente que ha traído el virus de Europa. Con nosotros no contaban.

Sobre Vietnam no se escribe tanto, y no he encontrado un informe profesional, pero es igualmente sorprendente. Además, porque ya fue el primer país seriamente afectado por contagio local en la epidemia del SARS que logró contenerlo y el primero en librarse. Ante el nuevo coronavirus, su sistema sanitario se puso en marcha con el primer contagio, con una búsqueda activa de personas infectadas. Cuando tenían 13 casos ya habían desarrollado un sistema de detección rápida (del que están bien orgullosos ) que hacía la prueba en 70 minutos y a un tercio del coste de la prueba estándar. Al encontrar un primer foco local lo aislaron drásticamente. Es verdad que no fue una población grande, pero hablamos de aislar una localidad por tener a solo dos o tres enfermos. También cerraron los colegios desde el inicio, prepararon al personal sanitario y empezaron una campaña cívica fuerte, cambio de hábitos, teletrabajo, etc. Todo cuando apenas había casos; y sigue sin haberlos.

Cuando estas cosas sucedían los occidentales nos deleitábamos mirando a un tropel de máquinas rodantes practicar la excavación sincronizada en Wuhan mientras se organizaba una expedición para “rescatar” a nuestros nacionales, rompiendo su cuarentena. Aquella inmoralidad, aquella estupidez -en términos de riesgos y de costes, cuanto menos- nos puede dar alguna pista sobre nuestro desdén hacia lo que hacen y lo que saben hacer en Asia oriental. Ni siquiera podríamos concebir una operación de rescate vietnamita o taiwanesa a Milán o Madrid, y no creo que sea porque los consideramos demasiado inteligentes como para hacer esa tontería.

Hablando sobre esta cuestión entre los miembros de Piedras de Papel (que no es que estén de acuerdo conmigo), cierto racismo se ha apuntado como una posibilidad. Otra ha sido la sombra de las prácticas científicas en la política. La evidencia que respalda algunas de las medidas tomadas por estos países (y, al final, por nosotros) como el cierre de escuelas, no alcanza los niveles de solidez que se aceptan normalmente en la ciencia. “Esto es mucho más complicado de lo que se creen algunos” es el pensamiento natural de un científico, lo primero que dirían al intervenir en debates políticos que les conciernen; y algunos parece casi lo único que saben decir. De hecho, puede que más cuanto más saben y cuantos menos sesgos tienen. Pero nadie dijo que los científicos sean mejores que otros tomando decisiones, y menos cuando faltan datos. Igual -no lo sé- se necesitan más perfiles técnicos que académicos, o simplemente más políticos que les hagan a todos las preguntas correctas y decidan sin escurrir el bulto.

Para los que no somos ni políticos ni epidemiólogos las preguntas son otras. ¿Por qué no somos capaces de aprender, si es que lo hacemos, si no es en carne propia? ¿Por qué la incertidumbre justifica la inacción y no el prudente criterio de intentar mejorar los peores escenarios posibles? ¿Por qué estos sesgos de acentuar lo excepcional de cada caso en lugar de los precedentes y los modelos? ¿Es necesario que el aprendizaje se produzca en lugares del estado no visibles o más aislados, como el antiterrorismo? ¿Bastaría con un reclutamiento más eficaz de especialistas, o dotarlos de más independencia para que no se encojan de hombros si les preguntan por una manifestación en plena epidemia? ¿Cómo, en definitiva, aprende un estado?

Me gusta vivir en una democracia en la que las preguntas de “esto quién lo paga” y “esto quién tiene derecho a mandarlo” están siempre en la mesa. Soy consciente de que tres de los cuatro casos de éxito mencionados son autoritarios, pero aun así me gustaría una democracia con más inteligencia colectiva (2). Eso, por cierto, es responsabilidad de todos, porque cuando la verdad puede estar ahí fuera, avasallar o dejarse avasallar en eso que llamamos los debates polarizados hará que el Leviatán, más que obesa serpiente con portes de tirano, nos quede con forma de borrico.

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(1) No hace falta tener el engreimiento de creer que uno habría actuado mejor que los responsables políticos y profesionales que han tomado (o dejado de tomar) algunas decisiones a lo largo de las pasadas semanas, ni conviene asumir que algún otro partido o líder lo habría hecho mejor en España. (Ojalá pudiéramos creer en eso). La exigencia de responsabilidades es algo que esperemos que hagan los ciudadanos o sus representantes a su debido tiempo. Y esperemos que haya transparencia en la rendición de cuentas. Personalmente, estaría dispuesto a dejarme convencer de que las decisiones han sido aceptablemente buenas a la tenue luz de la información disponible, tanto como de pedirle al gobierno que dimita.

(2) No estoy seguro que valga la réplica de que “ahora somos todos muy listos”. Si se mira un lugar con tan escasa inteligencia colectiva, en apariencia, como Twitter, durante el fin de semana 7-8 y solo buscando opiniones sobre la oportunidad de celebrar el 8 de marzo, tengo la impresión de que cualquier persona que citaba información -cualquier tipo de información que no fueran solo otras opiniones- y que no tuviera responsabilidad directa de gestión, decía que era algo como mínimo imprudente. Espero que un análisis intente confirmar este tipo de cosas, cosa que a mí me excede, por el valor de prueba que pueden tener.

En cierto modo, hay que reconocer que su dirección politizada y hasta los rifirrafes en los que se mete a veces son el precio que pagamos los ciudadanos, y los investigadores en particular, para tener sus datos. De dónde iba a sacar la investigación social y de opinión pública el presupuesto que tiene el CIS si esta se emprendiera solo por motivos estrictamente científicos. Miren a su alrededor, a la financiación de la ciencia en España. Pero todo tiene un límite. Igual que si el CIS se volviera puramente científico se quedaría, por desgracia, sin combustible en su primer viaje, un CIS que descuide su maquinaria y fuerce su rumbo por donde no debe dejará de ser creíble y dejará de ser útil para nadie, Vicepresidencia del gobierno incluida.

Aclaremos que el CIS es una institución muy particular, con dos almas que no tienen otro remedio que guardar un equilibrio. De una parte, es un organismo autónomo que tiene encomendado el estudio de la opinión pública y de las tendencias sociales y políticas en España, así como el ayudar a formular políticas al gobierno a partir de ese estudio. Al mismo tiempo, es una dirección general dependiente del Ministerio de la Presidencia, en el mismo centro político del ejecutivo, lo que, como es fama, le hace funcionar con una autonomía que a veces es moderada y que a veces es perceptible solo para ojos muy entrenados en la oscuridad, pero que le dota de amplios recursos y de capacidad de influencia.

El equilibro, hay que decirlo, nunca ha sido el que podríamos considerar óptimo para los intereses de la sociedad española, incluso los intereses del buen gobierno considerado en su conjunto. El interés a corto plazo casi siempre pesa más de lo debido. De este modo, el CIS se ha resistido, por ejemplo, a planificar sus series de datos comprometiéndose con hacer preguntas regulares periódicamente (los barómetros forman parte del plan estadístico nacional, pero son de tema libre, el plan es que no hay plan); tampoco los estudios temáticos -inmigración, valores sociales, educación, religiosidad, desigualdades, hábitos de vida…- tienen un hueco asegurado -dependen de la voluntad de los directores- salvo las encuestas sobre temas electorales y de política partidista, que esas los gobiernos, y parece que vamos más, se ve que se las desayunan, meriendan y cenan sin aburrirse del plato; muchas veces, por último, los temas de interés coyuntural en los que el CIS podría hacer una contribución al debate público se saltan o se estudian pobremente, en la creencia -equivocada o no- de que la mejor manera de “ayudar a formular” una política es no remover el asunto con preguntas.

Desde 2008 ya vamos por cinco presidentes, siete directores de investigación, cinco directores de banco de datos, tres de publicaciones y cinco secretarios generales. Es peor que el ciclo político, que ya sería bastante malo. Con ese nivel de rotación es lógico que uno confunda el estudio de la sociedad española con seguir la sombra de los ministros. Una institución científica que investiga datos que solo pueden medirse con precisión si se estudian de manera continuada o mediante estudios monográficos muy planificados no puede tener siete directores de investigación distintos en doce años. El actual presidente lleva dos en año y medio. Es imposible, sin más.

Sumo desde 2008, si se me permite contar mi vida, porque entonces empecé a trabajar en el CIS, del que tengo un estupendo recuerdo: de su personal, profesionales muy capaces y rigurosos, que son constantemente mareados y desmoralizados por sucesivas olas de equipos directivos. Mi empleo duró dos años y cuatro meses, hasta que la presidente que me había contratado como consejero técnico fue cesada, según los indicios que entonces se publicaron, por empeñarse en mostrar una indispensable autonomía técnica frente a algunos deseos de la vicepresidente, tales como hacer incumplir el calendario ya publicado de estudios para detener alguno que de pronto se juzgaba inoportuno. Si le hacen la mitad de la mitad a una presidente del INE a España la expulsan del Eurostat sin contemplaciones.

El CIS estaba necesitando un impulso en la autonomía de funcionamiento, en la dirección profesional y en la modernización científica, pues la investigación por encuestas está cambiando mucho más deprisa que el CIS. Da la impresión de que obtiene lo contrario, y no creo que sean cosas mías, de egresado resentido; dejen esto aquí si quieren y lean este estupendo hilo de la profesora Eva Anduiza sobre el asunto, que es mucho más amable pero tiene más autoridad.

Yo diría que la dirección del CIS ha tomado en los últimos tiempos unos rumbos muy difíciles de explicar. Al público general le puede llamar la atención que fuera una de las encuestas que peor predijeron los resultados en las últimas elecciones, pese a los (comparativamente) fabulosos medios invertidos, pero eso, siendo un problema para su reputación, no es fatal porque se puede explicar si se quiere (y no, el extenso documento en idioma sociolingo que acompañaba a la predicción que se hizo no cuenta). Lo que es difícil de explicar es que se hagan desaparecer los paneles electorales, que se minimice la investigación de asuntos que no estén inmediatamente relacionados con el gobierno y las elecciones en una medida nunca vista, que se incrementen los tamaños de muestra para los estudios electorales sin una justificación técnica y con un coste económico tal que es difícil que haya recursos para nada más, que se cambie de criterio sobre qué datos son los que la dirección del CIS da por buenos como pronóstico electoral según su sentido de la oportunidad política, o que -ya puestos- se dejen ver rasgos de impericia inexcusable como preguntas con una redacción imposible y poco profesional, o hasta que se varíe la puntuación de una escala de valoración de líderes rompiendo series de datos incluso cuando se mantienen... Eso por no hablar de los proyectos internacionales, que solo son de interés científico. Como se sabe, la fundamental Encuesta Social Europea se ha terminado de salvar gracias a que el Ministerio de Ciencia ha pagado la cuota; otros proyectos de colaboración internacional menos conocidos puede que estén en el alero.

El CIS necesita mejorar para evitar la obsolescencia científica y política, y tiene la capacidad profesional para hacerlo. Necesita ser útil en un país descentralizado, que es para lo que se necesitan macro-encuestas, y no para publicar pronósticos electorales detallados provincia por provincia, que sirven para intentar influir en el clima de campaña de cada pueblo de España y poco más. Necesita investigar las cuestiones sustantivas importantes: ¿cuándo se ha interesado el CIS, por ejemplo, por la educación pública? Hay temas centrales que solo se tratan ocasionalmente o, con suerte, a impulsos [1]. Necesita ser constante para que un día podamos entender cuándo y por qué las actitudes cambiaron sobre asuntos de interés, y no tengamos que imaginarlo -como en el caso anecdótico de la monarquía- porque se ha dejado de preguntar, o tengamos que reconstruirlo con parches basados en varias preguntas distintas ideadas por equipos de dirección diferentes, en el caso de que se acordaran del tema (intenten averiguar lo que piensan o han pensado los españoles sobre el aborto según el CIS y verán la que les espera). Necesita hacer encuestas homologables con las que se hacen en otros países. Para una cosa en la que se especializa, las encuestas electorales, es inexplicable que no se hagan paneles (entrevistas a las mismas personas a lo largo del tiempo, como antes y después de las elecciones), pues no hay lugar en el mundo donde no se hagan y lo que estábamos necesitando eran paneles con más olas. Es un despropósito el no haber hecho encuestas panel en estas elecciones. Necesita, además, adaptarse a las técnicas de investigación modernas, como los paneles online. Y así podríamos hacer la lista de asuntos en los que pienso que casi cualquier persona que haya trabajado en el CIS diría: es lo que intentaríamos hacer, si se pudiera.

En definitiva, el mayor problema no es que el CIS se meta en política. Todos estamos de acuerdo en que es un poco marciano que el gobierno publique, a través de esta Dirección General, pronósticos con marchamo científico sobre quién va a ganar las elecciones a la vez que compite en ellas; y es jupiterino cuando el presidente de la institución cierra el círculo y recomienda por escrito el voto al partido del gobierno, del que a regañadientes abandonó la ejecutiva para ocupar este cargo. Pero hasta eso tendría un bochornoso pasar si fuéramos mejorando las cosas que hay que mejorar, en lugar de ir en sentido contrario. El CIS y la comunidad investigadora han ido aguantando que se consuma parte de su reputación a cambio de obtener recursos y medios técnicos que le permitieran compensarlo con buen hacer científico, pero si el plan fuera gastarla como una tea porque la legislatura se presenta fea, ese pacto tácito se rompería. En mi opinión el gobierno debería ser el primer interesado en no romperlo si quiere seguir contando con un CIS realmente útil a medio plazo.

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[1]

El ejemplo de la educación es relevante e ilustrativo. La última vez que se preguntó, de forma muy, muy somera (dos simples preguntas) sobre la escuela pública frente a la privada o concertada fue en 2012, y no me consta que en este siglo se haya hecho un estudio extenso sobre el núcleo de la educación obligatoria (si alguien lo encuentra, le agradezco la información). Los españoles preferían la escuela pública en proporción casi de tres a uno. Sobre la forma de financiar la educación de cero a tres años se hizo una única y tímida pregunta en 2009, cuando el gobierno lanzaba la iniciativa. La mayoría querían que fuera pública, seguido de convenios en los centros de trabajo, seguidos de ayudas a las familias, seguido de conciertos con los centros privados, lo menos preferido, pero la opción elegida. Nunca se ha vuelto a tocar el tema. Para encontrar alguna pregunta sobre universidades hay que ir aún más atrás en el tiempo. Por cierto, la mayoría de los españoles se mostraban favorables a una financiación competitiva basada en indicadores de calidad.

Sobre un asunto como la valoración de la educación debería haber datos continuados y apenas se puede decir que los haya ocasionales, pero es que incluso en cuestiones donde se ha trabajado bien se ha hecho a rachas. Un ejemplo de muchos es la inmigración, que dejó de ser parte de los intereses del CIS justo en los años en los que la inmigración crecía a pasos de gigante.

El espacio político de Más País existe en todas partes, de forma más o menos holgada, dependiendo un poco de lo que permita el sistema electoral, y en casi toda Europa está poblado por algún miembro del Partido Verde Europeo (que no siempre se llama verde). Ese espacio está claramente diferenciado del resto de la izquierda, es un espacio que desborda la categoría “verde”, bastante trasversal dentro de la izquierda, con una afinidad relativa importante hacia ciertos partidos de ámbito regional o subestatal y con una clara tendencia a convertirse en partidos de gobierno, pese a sus raíces en movimientos sociales y a ser partidos de minorías. En realidad, se parece poco o nada a la idea que durante años ha defendido Errejón de trasversalidad y de conquista de la mayoría, y que él mismo ha identificado como populista, pero nadie dice que las derrotas no enseñen. Sobre todo, cuando la lección – que se es una minoría que quiere influir en una sociedad compleja- necesita poco más que un vistazo.

Como los partidos se juntan entre sí de la forma que mejor les parece a ellos, nos facilitan mucho las cosas y limitan los debates bizantinos sobre quién es de verdad qué. El panorama organizativo de la izquierda en Europa es este: Los partidos que los politólogos, sin otro fin que clasificar, llaman de “izquierda radical” se unen entre sí en tres partidos, Ahora el Pueblo (al que pertenece Podemos), el Partido de la Izquierda Europea (IU) e Izquierda Anticapitalista Europea (idem en España). Todos ellos se reúnen en un solo grupo parlamentario en Estrasburgo: Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica. Los socialdemócratas, como el PSOE, forman el Partido Socialista Europeo. Los partidos nacionalistas y regionalistas que se dicen progresistas forman la Alianza Libre de Europa. Los partidos de tipo “radical” (a sí mismo llamados, esta vez) o liberales progresistas, se sitúan fuera de todo esto y muchos no tienen organización internacional. Y después están los verdes.

El Partido Verde Europeo aúna a la mayoría de los partidos derivados del movimiento ecologista, pero no incluye a algunos que utilizan la etiqueta verde o ecosocialista (como los partidos rojo-verdes nórdicos) y sí a algunos que no se identifican por el color. En al menos cuatro países, el partido miembro del PVE no se llama así; el partido que impulsa Errejón podría ser el quinto. Un caso importante, porque ha gobernado en coalición en 2011-14, es el Partido Socialista Popular de Dinamarca (7,7% del voto en 2019) que es miembro del Partido Verde Europeo desde 2014 (informalmente asociado desde 2004). Otros miembros no identificados con esa etiqueta son “La política puede ser diferente” de Hungría (7,1% del voto en 2018) y dos pequeños partidos en Macedonia y Malta.

Se diría que es un espacio sin barreras muy rígidas. Sería una simplificación decir que ocupan el hueco entre la socialdemocracia y la izquierda más radical: aunque eso puede resumir la posición de algunos de ellos, en realidad, son partidos generalmente muy transversales en el eje tradicional izquierda-derecha, y con una posición dominante que a veces puede ser tan moderada como la de la socialdemocracia o más. Lo que les diferencia son cuestiones de derechos individuales, feminismo, participación democrática y, por supuesto, el medio ambiente. Son también muy mayoritariamente europeístas, aunque algunos siguen divididos sobre eso.

En los bancos de Estrasburgo, el Partido Verde Europeo forma un grupo coligado con la Alianza Libre de Europa. Algunos de los partidos regionales también se sitúan, al menos en parte, en ese espacio verde. En ese grupo parlamentario están Catalunya en Comú (ICV y EQUO son del Partido Verde Europeo), Compromís, que está por doble vía (Bloc Nacionalista Valencià pertenece a la ALE y EQUO al PVE) además de ERC (de la ALE). Esta afinidad en Europa ya apunta en España en el Senado, donde Más Madrid está con los “comunes” y con Compromís. Y, por supuesto, en la búsqueda de aliados.

Los partidos del espacio verde son de tamaño pequeño, pero son partidos de gobierno, al menos en el siglo XXI. Los miembros del Partido Verde Europeo tienen hoy en torno al 9-10% de los escaños (por orden descendente) en Finlandia, Luxemburgo, Alemania y Holanda; en torno al 6-8% en Dinamarca, Suecia, Bélgica y Letonia y el 4-5% en Hungría. En el resto, su representación es menos influyente, aunque siempre tienen mejores resultados en el Parlamento Europeo, en los parlamentos regionales y, en Austria, han ganado la presidencia de la república. Menos en Holanda y en Hungría, en todos los casos mencionados tienen experiencia de participación en el ejecutivo. Teniendo en cuenta que son partidos con una fuerte base en movimientos sociales, de donde provienen casi todos ellos, es una característica notable.

Si podemos juzgar a partir del perfil de los pasados votantes de Más Madrid que ofrece la encuesta postelectoral del CIS (3253) de las elecciones autonómicas de 2019, estos son prácticamente iguales a los de UP en el eje izquierda-derecha (levemente más a la derecha: de media 3 frente a 2.9, y con la misma dispersión) pero se diferencian en cómo esa posición se interpreta cualitativamente, y que hace pensar en una mayor trasversalidad y una identidad de izquierda “clásica” menos rígida.

Más Madrid es el partido con más votantes que se reclaman “progresistas” como su primera identidad, y donde esa identificación genérica predomina claramente sobre la más específica de “socialista” (cerca de 2 a 1), a diferencia de Unidas Podemos, donde están muy a la par y del PSOE, donde la etiqueta “progresista” es minoritaria. En concreto, en MM los identificados como Progresistas y como Socialistas son el 35% y el 18% respectivamente, mientras que en UP son el 26 y el 28% y en el PSOE son el 15,5 y el 41,5%.

Más Madrid es también el partido con más votantes identificados como feministas como apelativo ideológico principal: el 17% (por un 9% de Podemos o un 3% del PSOE). Por último, aunque la etiqueta “ecologista” es muy minoritaria como primera elección entre los votantes de todos los partidos (el 4% de Unidas Podemos es el máximo) sí aparece como segunda opción de muchos votantes de MM: el 25%, algo más incluso que los de UP (21%).

Errejón se ha pasado años intentando convencer a quien le escuchara de que la estrategia populista era la estrategia trasversal adecuada (la llamada Hipótesis Podemos) para reorganizar los ejes de la confrontación política y ganar la mayoría. La experiencia parece demostrar que la trasversalidad que funciona es la de los partidos verdes, no la de una jerga Laclau-Mouffé que es difícil que cale fuera de ciertos conventículos. Los partidos verdes son, de hecho, una de las mejores esperanzas contra el populismo -véase Alemania, véase Austria en las presidenciales- mientras que está más que por ver, digamos, en Francia, qué buen antídoto es insistir en que el populismo puede ser de izquierdas o en que se deba superar esta última categoría. La estrategia verde tampoco se proyecta como mayoría: nace y permanece como opción de avanzadilla en una sociedad plural y desarrollada a la que busca convencer más que conquistar. En el caso de España puede tal vez movilizar o retener en la política a una fracción importante del electorado, y ofrecerles un instrumento para influir en algunas cosas que les importan.

El asunto que hoy puede ser más delicado, desde el punto de vista de la estrategia, es que en España quienes con más éxito -con diferencia- han ocupado el “espacio verde”, entendido en sentido amplio, han sido proyectos políticos en el ámbito de las Comunidades Autónomas, combinados con proyectos regionalistas o nacionalistas. Hay cierta lógica en esto. En ausencia de una espina dorsal dura, como pudo ser la del PCE en su día, tener poder territorial y no tener poder en el ejecutivo central es una fuerza disgregadora bastante potente. Que se lo digan a Iglesias. Pero parece haber también una lógica ideológica o cultural, una complementariedad en la que aparentan estar relativamente cómodos dos familias de partidos que buscan votos en una segunda dimensión, pero dentro del espacio de la izquierda. Y hay también una lógica de políticas públicas: los gobiernos subnacionales (o subestatales, lo que más guste) suelen tener competencias en aquellos asuntos de los que los partidos verdes hacen bandera (a diferencia de la izquierda radical, por ejemplo) por lo que el interés por colaborar con fuerzas políticas de base local tal vez sea especialmente importante. Más País no tiene más remedio que nacer como confederación de partidos locales progresistas y más o menos no alineados.

Si tiene éxito, lo normal es que se convirtiese, a la segunda, en el representante político de mucho de lo que fue transversal en el 15M. Pero que el espacio exista no significa que la organización o el liderazgo lo vaya a ocupar con éxito a corto plazo. El punto de arranque es todavía el de una escisión, y la clorofila viene con bilis. “Verde que te quiero verde,/ verde viento, verdes ramas./ Los dos compadres subieron./ El largo viento dejaba/ en la boca un raro gusto/ de hiel, de menta y de albahaca.” A ver qué viento trae noviembre.

Cuando el poeta romano Marcial acusó a su rival Fidentino de robar sus versos lo llamó “secuestrador”; en latín, plagiarius. Es la primera vez, que se sepa, que se empleó la palabra en ese sentido, en unos epigramas satíricos. Se puede añadir que en latín plagio se refería al secuestro de esclavos, y que se necesitó un poeta para usarlo de manera metafórica, que es como nos ha llegado. Tal vez un poeta que supiera griego y recordara el sentido original de plagios (oblicuo). La palabra está relacionada con una raíz indoerupea “plak” presente en playa, pleito o placer, todo cosas vastas. Igual hasta con Platón, el filósofo de las espaldas anchas. Pero es algo moderno. El término se introduce en inglés en 1601, resucitado por Ben Jonson -el rival de Shakespeare, por si acaso. En francés es posterior. En castellano está atestiguado con esa acepción desde el Diccionario de Esteban de Terreros y Pando, en el año 1788.

El párrafo anterior tal vez pasara la prueba del Turnitin (uno de los programas detectores de plagio más conocidos), pero tiene mucho de pastiche, un refrito de cosas que he leído en varios sitios. Lo de Platón es ocurrencia mía, así que a lo mejor es un original falso y no un falso original. De lo demás, creo que solo coletillas como “todo cosas vastas” y algún otro adorno quedarían sin marcar por un omnisciente anti robo. La primera frase la he copiado tal cual de The Perfectly Acceptable Practice of Literary Theft, del profesor Jack Lynch, que está disponible en la red. La he traducido, literalmente, y eso disimula y despista. Una de esas copias en las que un autor piensa que, venga, no hay tantas formas de decir una cosa simple y así acabamos antes. El párrafo tiene un contenido alto en plagio incluso si no me he puesto a copia-copiar, pero es casi todo reescritura sin créditos. En principio, la cura sería citar las fuentes, pero claro, uno no quiere citar la Wikipedia, un foro de internet, o un compendio del que ha sacado varias morcillas que le hacen quedar bien, un libro que ya se ha citado demasiado, o que da vergüenza haber leído, o cosas que se supone que podría saber, o tal vez debería saber…. En fin, que las ocasiones son muchas para simplemente seguir haciendo embutido y, en el mejor de los casos, citar luego alguna fuente aceptable [1].

Cada vez se publican más libros, periódicos, blogs y múltiples contenidos online… y la cultura de la reutilización y el reciclaje se ha impuesto en esta pujante industria sin necesidad de campañas. Párrafos de segunda y tercera mano se pasa uno la vida leyéndolos; más en unos sitios que en otros, aún hay jerarquías, pero no son excepciones.

Aunque no conozco datos o investigaciones sobre esto, estoy bastante seguro de que la escritura académica de tipo científico sufre menos el plagio que el resto, pues tiene un procedimiento bastante estandarizado para evaluar los textos, que han que pasar por varias censuras previas, lo que tiene la virtud de promover la autocensura. Académicos que no se someten a este procedimiento y prefieren escribir por libre -y por libros- hay muchos, y yo comparto sus sentimientos, pero se debe reconocer que la ciencia es lo que es porque, entre otras cosas, idea controles para nuestros vicios intelectuales.

No es que no haya efectos secundarios, en la también próspera industria de los artículos académicos lo que se observa es que uno intenta tener una idea, una idea que no esté mal, aunque sea la variación sobre una idea que tuvo un belga, y la estira hasta que le salen cuatro o cinco porciones. En los ágapes de los científicos sociales, que son los que mejor conozco, rara vez te encuentras más de una loncha en cada sándwich. Hay que vivir y hay que llegar, es comprensible. El problema es definir qué es una contribución. Como yo escribo poco, pienso que se escribe demasiado; pero reconozco que sin una exigencia mensurable de producción el retroceso a la cultura ágrafa, que los antropólogos documentan como forma de defensa de algunos pueblos frente a sus dominadores, sería la respuesta natural de bastantes tribus académicas.

Si se plagia, lo normal es que se haga en formato de libro o de artículo de estilo libre. No puedo demostrar que en España se plagie más que en otros sitios. Tengo sospecha de que sí, desde luego, al menos, en el ámbito de la Universidad, que lo conozco. Refreír, parafrasear abusivamente, semicopiar perezosamente, tomar por creación el alternar un par de fuentes en unas mismas líneas… todo eso también es plagio. Y es el estilo de escritura que traen de serie muchos estudiantes. En algunos casos, en la Universidad hay que explicar que no basta con poner la lista de los sitios de donde has plagiado. Faltan medios para educar, pero ojo, no vamos a peor, sino a mucho mejor. Cuando yo era estudiante se hacía de todo. En mis primeros años hice trampas al menos dos veces, me avergüenzo de ello (en Filosofía Medieval y en Teodicea, por si sirve de atenuante).

Si se me permite especular, creo que hay dos fuentes sociales-espirituales del plagio. Una de ellas es una combinación del cinismo con respecto a las normas -porque se incumplen, porque son absurdas… (recuerdo que un amigo muy gracioso ideó un chotis que empezaba “la teodicea, me la menea”) y la creencia de que muchas de las personas que ocupan posiciones y dignidades a las que aspiramos no las merecen realmente. Si a esto se añade que el meritorio siempre cree estar de paso entre sus semejantes, tenemos los ingredientes anímicos de los plagiadores en dirección ascendente, en el tramo juvenil de sus carreras.

Luego está el plagio con autoridad, el del creador poco creativo, el del profesor aburrido, el de los bolos… Creo que aquí simplemente sucede que pagamos el precio de una cultura científica e intelectual más atrasada que otras, a un tiempo aislada -con un sistema universitario proteccionista- y muy deudora de lo que se crea en otros lugares. De tanto interpretar las melodías ajenas termina sucediendo lo inevitable, que pasas arreglos por composiciones. El ingrediente espiritual es que cierto estilo de profesor español maduro muchas veces no escribe para sus colegas, aquellos que pueden criticarlo, a los que a menudo desprecia, y no pocas veces con muchas razones, sino para una combinación de amigos y de público secretamente considerado inferior. (Por si acaso, creo que de esto también cada vez hay menos).

El contraste con las tradiciones académicas en lengua inglesa, que son la alternativa mejor conocida y algo así como una meta, es muy notable. La probidad es un valor intelectual que se insufla con mucha más insistencia que aquí en todas las fases de la educación. Además, la escritura se entrena y se corrige muy seriamente, a veces dando lugar a un efecto de estandarización que la vuelve muy insípida y tediosa, pero mira, mejor eso que la morcilla. Por último, los libros se escriben pensando en un público que sabe tanto o más que el autor de casi todo. Más allá de la ética académica, para quien escribe en inglés, eso suele ser cierto.

En España hay más de 40.000 profesores titulares y catedráticos. Cada uno de ellos ha escrito una “memoria” para sus ejercicios de oposición. En la mayoría, me mojo en esto, se ha refrito sin misericordia el contenido de múltiples creadores. (A ver, 40.000 ideas originales...) En muchísimas se toma, además, de otras memorias cedidas por colegas o por las personas que le han cooptado para sacar la plaza. El tráfico de materiales es como el de un vertedero de áridos. Algunas de esas memorias, pasadas por una depuración somera, han acabado siendo trataditos y manuales publicados sin mucho criterio inteligible que no sea el recuento de ese público cautivo que son los estudiantes. Díganme que podemos esperar de un país en el que esto ha sido lo normal. También aquí vamos a mejor, pero lentamente.

Contra el plagio académico, pues, internacionalización de la cultura. Contra el literario (o periodístico) eso es más difícil. Plagiadores en serie siempre ha habido, en todas las latitudes, incluso en algunos espíritus muy creativos, que parece que toman impulso haciéndolo. Benjamin Franklin, ejemplo famoso, fue padre de la patria, sale en los billetes, inventó mil cosas, y copiaba a saco. Hasta el bueno de Valle Inclán, que no es que le faltase ingenio, cuando un perseguidor le pilló algunos robos innegables, dijo la lindeza de que “el sino de los intelectuales españoles es idéntico al de los gitanos: vivir perseguidos por la Guardia civil” (está en la Wikipedia). Lo de “esto es una persecución” no se ha inventado ahora, desde luego. Para sacudirnos el plagio solo queda leer más y mejor (en España se lee bastante menos que en países de semejante desarrollo) y poner las condiciones para que nos respetemos todos, de palabra y obra. Reformas “estructurales”, en definitiva, que hagan que el plagio se vuelva un vicio menos frecuente, más que combatirlo como si fuera una plaga. Como todos los vicios, seguirá con nosotros, pero el progreso moral existe. El progreso literario está menos claro. Los escándalos de plagio de nuestro tiempo afectan a los Arturo Pérez Reverte, Ana Rosa Quintana o Lucía Etxebarría, que nadie querrá comparar con Valle.

Epílogo: política y periodismo con comillas

No se puede acabar esta ya larga entrada sin referirse al plagio de los políticos porque sería como esconderse. En el primer aniversario de la ofensiva informativa de cierta parte de la prensa sobre los supuestos plagios de Pedro Sánchez en su tesis doctoral, el caso parece querer reanimarse con otras acusaciones más menudas de plagio a Manuel Cruz (presidente del Senado) y, escarbando, a Pau Mari Klose (diputado socialista y Alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil). Estos casos son bastante distintos entre sí, pero no está mal que usemos el jaleo para intentar aprender algo.

Aunque sea sospechoso de simpatizar con estos más que con otros, soy también partidario de que cada quien se defienda como le parezca oportuno y no me quiero meter a hacer ese trabajo. Es innegable, no obstante, que Klose ha dado una respuesta completa y detallada a una acusación que sería infamante si no se pudiera esconder como ignorancia. El Gobierno, por su parte, dio en su día unas explicaciones algo confusas -tampoco era fácil- pese a que nadie que no esté impelido por la furia de unos intereses evidentemente no universitarios haya encontrado algún ilícito académico, ni probado ni probable, en el asunto de la tesis de Pedro Sánchez, sino una elaboración ramplona que habla de lo que cuenta hoy como doctorado, y que es lo que nos debería preocupar. Manuel Cruz es patente que no se ha explicado muy bien. Sus razones tendrá, si a uno le llaman genocida por haber aplastado un hormiguero igual se lo tiene que pensar a la hora de reconocer el descuido, la impericia o la debilidad, porque sabemos cómo lo van a titular, los hunos y los otrosotros, pero está claro que lo que se le reprocha no se justifica solo.

El papel de la prensa es fundamental. Se recordará el ahínco con el que la prensa que más duro muerde hoy este hueso persiguió los casos de este pequeño prontuario de plagiadores con diversos cargos públicos y que estarán para siempre en la memoria de sus lectores: 1)Pablo Casado, 2)Federico Trillo,3)Francisco Camps, 4)Luis Alberto de Cuenca( Secretario de Estado de Cultura 2000-2004, tras haber sido Director de la Biblioteca Nacional) 5)Luis Racionero (Director Bibiloteca Nacional 2001-2004), o 6)José Antonio Martínez Álvarez(director del Instituto de Estudios Fiscales nombrado por Cristóbal Montoro).

Este rosario de nombres, si conseguimos superar el sesgo ideológico, corrobora que la costumbre de plagiar está muy extendida. Cuando buscas, parece que es fácil encontrar. No es que los políticos o los académicos que se asoman a la cosa pública sean de una variedad mucho peor de escritores, parece que solo sucede que están más observados. Casi todos se sienten perseguidos. Casi todos han intentado negarlo. Los más cultos, cuando han dado explicaciones, han sido abracadabrantes, como aquella celebración de la “intertextualidad” de, entre todos los hombres y mujeres, el Secretario de Estado de Cultura.

Creo que de todo esto aprendemos, al menos, que lo de las escuelas de doctorado es algo que se debe revisar, que lo que cuenta como contribución académica, posiblemente, también y, en general, que se escriben muchos tostones; que el fariseísmo de alguna prensa a veces sorprende hasta al lector más preparado, pero que no podemos hacer esto sin ellos; y que esto no es una infección de nuestra siempre criticada “clase política” sino un síntoma de cierto atraso cultural, mal que nos pese.

Le preguntaron al detective Plinio -su creador, García Pavón, nació el día 20 de septiembre hace cien años- que en qué profesión había más gilipollas. En todas por igual, respondió, pero entre los políticos, los escritores y los periodistas es donde más se nota ('El vendimiario de Plinio'). Yo diría que la sabiduría popular lo sigue entendiendo así.

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[1] Uno siempre usa fuentes finas, como http://etimologias.dechile.net/, que leyéndolo bien enseña muchísimo. Hubiera querido copiar de vertederos para este ejercicio, pero luego he sido incapaz. He tomado información de diccionarios, la wikipedia y “El plagio literario” de Angélica Gutiérrez, en la revista Derecho y cambio social.

¿Por qué es tan difícil -al punto de ser ya improbable- un pacto entre el PSOE y Podemos? Conviene pensar en las razones, quizá más especialmente si se desea, pues no lo vuelve más sencillo el tomarlo por natural, atribuyendo su fracaso a la mala uva, la falta o exceso de cualidades como el sentido de la responsabilidad, la confianza, las químicas personales o incluso la simple ambición (que no es que esté ausente, pero es algo que, como explica todo, no explica nada en particular). Cuando no la cultura de pactos y otros especímenes de argumentos low cost. El paso previo de todo esto siempre es gesticular con el sonsonete de “pero si es fácil”, “pero si en Libertonia esto es lo más normal”, “qué país”, “y se dicen de izquierdas”...

Es una coalición muy difícil y por eso no es nada aventurado predecir que no va a llevarse a cabo. Creo que basta para ese pronóstico la observación de que no se están produciendo ni mucho menos los esfuerzos y cautelas necesarias para poder afrontar algo tan extraordinario, salvo que esté negociando gente que no conozcamos o lo hayan externalizado a una empresa de recursos humanos. La coalición de la Comunidad de Madrid era mucho más fácil y ha llevado bastante más tiempo del que se dispone o se ha dispuesto, además de reuniones, documentos, una teatralización mucho más discreta de las desavenencias, exigencias y concesiones, y una mucho más clara ausencia de alternativas, reales o contempladas, por parte de los actores. Y, con todo, la oposición lo considera un gobierno roto y débil desde su primer día y parece apostar por su incapacidad y su ruptura.

¿Por qué decimos que la dificultad es extraordinaria? En primer lugar, porque es una coalición atípica. En otras ocasiones (en este blog y aquí) he defendido que no existe precedente en Europa para un gobierno de coalición entre la izquierda, digamos, radical y la socialdemocracia, esto es, de las fuerzas más a la izquierda del parlamento con la socialdemocracia como su costado derecho, sin que intervengan fuerzas moderadoras a su derecha. Hay algunos gobiernos que se le parecen, pero si se mira con un poco de cuidado se da uno cuenta de que se le parecen poco, y quisiera comenzar por insistir en ello.

La objeción más frecuente al enunciado de la singularidad de la coalición PSOE-UP consiste en mencionar dos casos sucedidos en Francia: los gobiernos de coalición de izquierda bajo la presidencia de Mitterrand y el gobierno de Jospin. Sin embargo, las diferencias son en verdad abrumadoras, y nos ayudan a entender lo que falta. En primer lugar, en aquellos gobiernos había ministros de partidos a la derecha del socialismo. Incluso de centro-derecha en el primer caso (el gaullista Jobert). Se podría considerar que el partido radical, presente en ambos casos, es un “apéndice del socialismo”, pero si tal apéndice estuviera disponible entre nosotros (por no hablar de los verdes, que también apoyaron a Jospin) el gobierno de coalición sería más probable.

La segunda y crucial diferencia es que con ese apéndice formaban mayoría absoluta, no eran gobiernos de minoría. En tercer lugar, el “programa común” de socialistas y comunistas con Mitterrand y la “izquierda plural” de Jospin fueron coaliciones electorales con todo lo que ello implicaba: los acuerdos se habían alcanzado ya antes de que se produjeran las elecciones y los votantes sabían cuáles serían las líneas generales de ese gobierno cuando votaban a los diputados que ya estaban comprometidos a apoyarlo. En cuarto lugar, se trataba de gobiernos formados bajo la jefatura del Estado de un presidente con poderes muy considerables, entre ellos los de nombrar al primer ministro y nombrar y cesar a los ministros de acuerdo con este. Si fallaban, como sucedió en el caso de Mitterrand, el presidente los cambiaba y su liderazgo permanecía. La cohabitación con un presidente conservador (Chirac) ejercía también de contrapeso añadido en el caso del gobierno de izquierda de Jospin. Denme al menos una de estas circunstancias favorables y les diría que el gobierno del PSOE con UP está dentro de lo posible.

La izquierda de la izquierda ha sido socio menor de importantes coaliciones de gobierno en Noruega, en Finlandia, en Islandia y, en menor medida, en Dinamarca. Siempre con partidos del centro, entre otros, nunca solamente con partidos de izquierda. También han participado en Italia, pero allí la presencia ha sido más episódica y estaba aún más diluida, en coaliciones de múltiples partidos llegando hasta demócratas-cristianos.

También han ganado una vez las elecciones en Chipre y otra en Grecia pero hasta en esos casos -difícilmente comparables, pues Podemos es el cuarto partido- han requerido partidos de la derecha para completar sus mayorías. En el resto de Europa nada, nunca, salvo algún episodio de gran coalición de posguerra antes de la escalada en la Guerra Fría, o las más antiguas experiencias de los frentes populares de entreguerras (que también fueron coaliciones amplias, pre-electorales y mayoritarias, cuando funcionaron).

Un colega (Fernando Casal Bertoa, gracias) me hace notar que la República de San Marino tuvo un gobierno de coalición socialistas-comunistas que llegó hasta 1951. El hecho de que sea un Estado mucho menor que una Región de Italia, donde este tipo de gobiernos si se producen, como en otras regiones de Europa, indica bien dónde está su techo, por el momento. [1]

Así pues, los gobiernos con participación de la izquierda de la izquierda son infrecuentes, y en el formato en el que se plantea la coalición PSOE-UP, desconocidos. ¿Por qué sucede esto? La principal respuesta es que el gobierno de mayorías es una fuerza moderadora muy considerable. Una coalición mayoritaria tiene que representar bien al votante mediano, que es un señor o señora poco interesado en aventuras y que normalmente tiene otras opciones. Los partidos de la izquierda radical suelen construir su identidad sobre cuestiones que el votante mediano ve con suspicacia. Por eso mismo, los partidos de la izquierda de la izquierda están, a veces, poco interesados en participar en un gobierno con un programa aceptable para esos votantes. Escuchen si no a los sectores más a la izquierda de UP. Otras veces pueden intentar educar a sus votantes en la diferencia entre el programa que ellos defienden y lo que se puede conseguir en una coalición donde son otros los que llevan la batuta, pero hay que reconocer que eso a veces los votantes no lo ponen fácil, ni cuando los representantes están dispuestos al esfuerzo, que ya digo que no me parece que sea siempre.

El hecho de que estos gobiernos existan a escala regional a veces produce cierta sensación de posibilidad, pero seguramente sea equivocada. A escala más pequeña, de región como de ciudad, muchas de las cosas que pueden ser señales de identidad de la izquierda de la izquierda, como la forma de la jefatura del Estado, la organización territorial, la política de defensa, la política migratoria, la política exterior, la UE, los parámetros fundamentales de la política fiscal, etc., no son parte de las competencias, no vienen al caso salvo como cuestiones más bien simbólicas o relacionadas con la construcción de identidades ideológicas. De este modo, ni el votante mediano tiene por qué sentirse inquieto -aparte de que localmente puede ser muy de izquierdas- ni el partido de la izquierda tiene que experimentar renuncia alguna.

El caso que nos ocupa, España 2019, está lleno de particularidades. No era imposible que el PSOE hubiera llegado a un acuerdo con Podemos como el que en el pasado negoció con Ciudadanos. No era fácil tampoco. Curiosamente, creo que lo mismo que podemos contar como un factor facilitador de la coalición, produce también su retroceso.. Dadas, entre otras cosas, la coyuntura de gran competitividad y un sistema electoral muy destructor, el cálculo de ambiciones, tanto del líder de Podemos como el de Ciudadanos, ha creado una situación atípica, en el que la izquierda de la izquierda quiere gobernar y el hasta ahora centro no quiere saber nada, por no decir que apoya la idea. Pedro Sánchez, en ese juego, prefiere elecciones si no puede gobernar en minoría. Posiblemente necesitamos unas reglas que cambien los incentivos, porque con al ambición de los políticos y su cálculo estratégico podemos contar siempre. Creo que fue Gonzalo Rivero quien dijo en Twitter (@griverorz) que habrá elecciones y será un triunfo de la ciencia política. Entendida esta como “ciencia sombría” como la que más, claro está.

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[1] Hay quien considera que el espejo en el que fijarse es la coalición entre socialdemócratas y verdes en Alemania entre 1998 y 2005, pero tampoco nos sirve. El partido verde alemán, el belga o el sueco, son partidos moderados, que no están aliados con la izquierda radical internacionalmente, no forman parte de las mismas organizaciones ni del mismo grupo parlamentario en Estrasburgo, que actualmente abriga a la colección de organizaciones poscomunistas y de izquierda socialista la izquierda roja-verde nórdica y la izquierda populista de “Ahora el pueblo”. Cuando el gobierno alemán perdió la mayoría en 2005 la izquierda radical (Die Linke) no hizo ningún esfuerzo para entrar en el mismo y salvarlo -planteó exigencias destinadas a marcar su terreno más bien que a llegar a acuerdos- y posiblemente los socialdemócratas se alegraron. Los números dicen que la izquierda podría estar gobernando ahora en Alemania si los socialdemócratas y “La izquierda” pudieran entenderse, pero eso de momento no parece concebible en el gobierno federal.

La ley de Gamson expresa una constante empírica para los gobiernos de coalición: el reparto de carteras tiende a ser proporcional al número de escaños -ojo,no de votos- de las partes

Tanto la pretensión de ir más allá como el rechazo a llegar allí parecen indicar perspectivas poco realistas, o quizá que simplemente no se está pensando en serio en una coalición

Según se cuenta en los medios, Podemos ha pedido una entrada en el gobierno con un número de carteras proporcional a sus votos, aproximadamente 1 por cada 2 de los socialistas. La vicepresidenta en funciones ha respondido que el reparto proporcional de carteras no es la “fórmula de la democracia”; y ha hecho notar que los dos partidos no suman mayoría absoluta para pensar en tales repartos.

No quisiera yo recomendar lo que deben hacer, pero es interesante saber que cierto reparto proporcional sí es la fórmula habitual de distribución de los ministerios, aunque no proporcional a los votos, sino a los escaños. Lo regular, en este caso, sería más bien un ministro de Podemos por cada tres o cuatro socialistas (1), no uno por cada dos. Al menos si formaran mayoría. Tiene razón la vicepresidenta en hacer notar que una coalición que todavía tiene que sumar otros apoyos no puede repartirse cargos como si no los necesitara.

La regularidad del reparto proporcional de carteras con respecto a los escaños ha sido descrita como “la ley empírica no trivial más fuerte de las ciencias sociales” por Michael Laver, un especialista en coaliciones. Se conoce normalmente como “ley de Gamson” por ser el sociólogo William Gamson quien la detectó y formuló por primera vez en 1961. Ha sido comprobada una y otra vez y, aunque no tiene un apoyo teórico claro, sigue siendo robusta.

Normalmente se suelen considerar los lotes de ministerios ponderados por su importancia, de manera que el ajuste es aún mayor, pero el siguiente gráfico con los datos crudos de los repartos de coaliciones en 14 países de Europa occidental da una idea de su fuerza: la cantidad de carteras es directamente proporcional a la cantidad de escaños que se aporta para apoyar al gobierno.

Es más, esto no es solo cosa de europeos. Resulta que también se constata en España, en los gobiernos autonómicos, que es donde tenemos experiencias de coaliciones. Observen estos reveladores gráficos de Albert Falcó:

El primero muestra los datos sin ponderar, el segundo da un peso especial al presidente con respecto al resto de las carteras a la hora de calcular las fracciones. En cualquiera de los casos, la fuerza de la ley es bastante impresionante. Al formarse los gobiernos de coalición, lo que predice el peso en el ejecutivo es el peso que se tiene en el parlamento.

Así pues, en el juego de coaliciones, una expectativa razonable es un reparto de carteras proporcional a la contribución en escaños de cada parte. No es una expectativa normativa, no es lo que debe suceder, es lo que pasa. No es una predicción exacta, muchas factores añadidos modulan el reparto. No es eso lo que pide Podemos, que pide mucho más, y no está claro que eso se pueda cerrar sin antes contentar a otros posibles apoyos. Sin embargo, la contundencia del rechazo mostrado a la “proporcionalidad” como principio de reparto parece que indica con toda claridad que el plan del gobierno no es una coalición. Por si claridad faltaba, quiero decir.

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Como coda, hay que decir que los grupos de extrema derecha parecen obtener, por lo general, más carteras todavía de las predichas por la Ley de Gamson. Al menos, es lo que se constata y explica en este artículo , que estudia 11 democracias parlamentarias europeas entre 1990 y 2015. Me permito incluir este gráfico, donde se ven los puntitos negros -la extrema derecha- con muchos más carteras que de lo que justificarían sus escaños, por si fuera de interés para los grupos de whatsapp Vox/PP de Ortega Smith.

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(1) En una versión anterior estaba escrito “cuatro”, que es el cálculo mínimo sin contar con los Comunes. Algunos lectores se quejaron con distinto nivel de amabilidad acerca de esta cuestión, que no es esencial para el argumento.

La candidatura de Más Madrid en la Comunidad podría, según las encuestas, restar votos del PSOE tanto o más que votos de Podemos

La permisividad del sistema electoral deja entrever lo que podría suceder si el sistema electoral para el Congreso de los Diputados se proporcionalizara. Lo primero que podría pasar es que una tercera izquierda, tal vez semejante a los partidos verdes de otros países, se implantara de forma viable y duradera

La comunidad de Madrid se encamina a un sistema de seis partidos. Para ser una Comunidad Autónoma donde no hay particularidades nacionales, ni culturales, ni lingüísticas no está mal. (Aunque la cuestión identitaria tiene su papel, y no por el madrileñismo, sino porque en Madrid el nacionalismo desmoñado, en este caso el centralista, también divide). La oportunidad la brinda el sistema electoral con distrito único (129 escaños), atemperado por un umbral de entrada del 5%, pasado el cual los partidos obtienen representación más o menos proporcional a sus votos.

Como caber, los partidos caben. En el supuesto extraterrestre de que todos tuvieran idéntico número de votos cabrían hasta 20; en condiciones realistas deben de caber como diez (son viables los partidos que tengan una expectativa racional de superar el 5% -teniendo en cuenta un margen de incertidumbre- y cuando esto pueda ser creído por los votantes, que también descuentan el margen de error). Lo que pasa es que diferenciar diez partidos solo con el eje izquierda-derecha tiene su miga. Quiero decir, de toda la vida, en la extrema izquierda encuentran trivial el juego de buscar las diferencias, y en pocos centímetros de la escala algunos pueden detectar divergencias que parecen ser casi de vida o muerte. Pero luego entre la gente (incluso entre “la gente”) todo eso no se entiende. Cosas del sistema.

Lluis Orriols escribió el miércoles un artículo aquí en la que constataba el dato sorprendente de que a los votantes y simpatizantes de la izquierda en la Comunidad de Madrid no parecía haberles desconcertado, molestado o desmoralizado la separación entre Más Madrid y Unidas Podemos. Si esto se confirma con los votos, tendremos un indicio curioso. Como pensamiento íntimo de muchos militantes, “mejor sin ellos” se predica siempre con naturalidad de bastantes compañeros; pero como motor de acción en los electores es otra cosa. Si lo ponemos en perspectiva, dado que las fusiones y coaliciones no parece que logren nunca sumar votos (1), sino que en general los pierden, encontrar un caso de división que resulte en suma plantea alguna pregunta interesante sobre el potencial de fragmentación y recombinación de los ciudadanos, y sobre el tipo de sistema de partidos al que podemos encaminarnos.

Para completar la reflexión de Lluis Orriols me gustaría notar sobre todo cómo afecta esto al PSOE. Como es lógico, lo que unos ganan lo pierden otros, pues el juego de fisiones y fusiones es de suma constante. Cada evento produce una onda en su entorno próximo con efectos que se van apagando a medida que se alejan. Lo de Más Madrid redistribuye el voto de la izquierda, restando del PSOE, a juzgar por las encuestas, incluso más que de Podemos.

Gráfico 1. Voto más simpatía en la Comunidad de Madrid según proyección del CIS para las elecciones autonómicas de mayo.

Gráfico 2. Voto más simpatía en la Comunidad de Madrid según proyección del CIS para las elecciones generales de abril.

Los gráficos 1 y 2 comparan la proyección del “voto más simpatía” de la encuesta del CIS para las elecciones generales de abril en la Comunidad de Madrid con esa misma proyección para las elecciones al parlamento regional de la Comunidad el próximo domingo. En ambos casos se representan las frecuencias sobre el total del electorado y se hace de forma apilada sobre el eje izquierda- derecha. Las formas de la distribución cambian porque el número de identificados con las distintas posiciones del eje izquierda-derecha no es el mismo en las dos encuestas. En ambos casos, en el centro (el cinco) hay algunos ciudadanos políticamente más bien indiferenciados, que tienen menos claro que otros tanto su opción de voto como la mera intención de ir a votar.

A simple vista se ve en el gráfico 1 que la división de cada grupo de votantes de la izquierda parece ahora mayor que la de la derecha. La vieja tendencia, pero todo más roto. En las posiciones de la derecha hay dos contendientes principales que se turnan y el resto es casi marginal: el 6 y el 7 son PP y C’s, el 9 y el 10 son PP y Vox. En el 8 el PP es hegemónico, pero sí que tiene dos rivales. En las posiciones de la izquierda hay tres contendientes serios al menos en las posiciones 1-3, y hasta en la posición 4 Unidas Podemos sigue obteniendo algunos nada despreciables votos (tantos como Vox en los que se supone que son sus caladeros), donde hay muchos votantes.

Comparando los gráficos 1 y 2 se observa que la lista encabezada por Errejón no restará solo a Unidas Podemos sino tanto o más al PSOE, y que el PSOE no parece compensarlo. De otro modo, que si Más Madrid y Podemos por separado suman más que Podemos solo, eso es porque, lógicamente, resta del PSOE.

Para precisar un poco, según el CIS Más Madrid podría ser votado por aproximadamente el 9%, solo contando a los votantes que se sitúan en la izquierda o en el centro (del uno al cinco de la escala), y teniendo en cuenta que muchos aún estarían por definirse. De esos, algo más de la mitad suponen un descenso para el PSOE en ese espacio (unos cinco puntos), mientras que algo menos de la mitad (unos cuatro puntos) representan una pérdida para Unidas Podemos. El PSOE no logra compensarlo con ganancias con respecto a los partidos hacia su derecha, pues gana algo en el ámbito del centro-izquierda pero lo pierde entre otros votantes. Según las encuestas del CIS, el indicador de voto más simpatía para estas elecciones en el PSOE en la Comunidad de Madrid desciende algo más de cinco puntos, los que le gana Más Madrid en la izquierda y el centro. El total de los tres partidos entre la izquierda y el centro se mantiene constante.

Gráfico 3

El gráfico 3 amplifica el lado izquierdo y lo pasa a frecuencias relativas a cada segmento de la escala de ideología para visualizar mejor cómo la candidatura de Errejón corta de ambos bloques de votantes, llevándose algo más del PSOE (téngase en cuenta que el cinco es la posición más poblada).

Creo que podemos descartar que en el crecimiento de Más Madrid se pueda explicar por un éxito de movilización de nuevos votantes. Los datos del CIS no pueden ofrecernos información sobre trasvases entre abril y la intención de voto el próximo domingo, solo los posibles trasvases con respecto a hace cuatro años, pero en estos no hay rastro o señal de alguna ventaja relativa del nuevo partido. (El CIS hizo su macroencuesta para el 26 de mayo antes de que se produjese la votación de las elecciones generales: el campo terminó el 23 de abril. Quieran los cielos que alguien esté gastando dinero público -que estaría muy bien empleado- en hacer una encuesta panel que cubra todo este ciclo electoral).

No es un crecimiento ayudado por abstencionistas de 2015 que vayan a participar ahora. Según la encuesta, Más Madrid es una opción poco atractiva en el grupo de votantes que reconocen haberse abstenido entonces y que tienen inclinación hacia alguno de los partidos. Es algo mejor que Podemos, pero la diferencia es pequeña y ninguno de los dos les tienta mucho. (Podemos es el partido menos atractivo de los seis para este grupo). Según el CIS, de los abstencionistas de hace cuatro años que ahora tal vez voten el 11,8 lo haría por Más Madrid y el 8,7% por Podemos; en ambos casos muy por detrás del PSOE, que atraería al 34,6% de estos votantes, o incluso de Ciudadanos (16,9%). Con razón en el PSOE no paran de recordar que hay que ir a votar.

Tampoco es un crecimiento ayudado por la llegada de jóvenes primerizos. En este caso tanto Podemos (18%) como el PSOE (22%) tienen más tirón entre los nuevos del censo que Más Madrid (13%). Ciudadanos (22,9%) es, por poco, la opción que más se lleva.

Si sumar no suma y dividir no resta, un distrito como la Comunidad de Madrid, donde el sistema electoral deja bastante libertad, podría ser un laboratorio del potencial de cambio del sistema de partidos. Los incentivos para contener la fragmentación provienen de la integración de los distintos niveles de gobierno, como es lógico. Pero hace tiempo que está en el aire la pregunta de por qué no una fuerza “verde”, que en Alemania ahora mismo está segunda en las encuestas. Es bastante improbable que haya una reforma electoral en la legislatura, pero está claro que, si se moviese el dique de la ley electoral para el Congreso, la ruptura podría ser considerable. De momento, Más Madrid ha elegido el verde agua para su imagen.

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(1). Los intentos de coalición electoral nunca han sumado votos: ni Unidos Podemos en 2015, ni la Entesa Catalana de Progrés para el Senado en el año 2000, ni la alianza en esa misma cámara y año entre el PSOE e IU, ni Coalición Popular en las elecciones generales de 1986, ni Izquierda Unida, que ese mismo año solo era una coalición de partidos, ni el PSOE y el PSP en 1979… lograron una suma mayor que las partes. Otra cosa es que sirvieran en su momento para frenar un probable retroceso -hay una selección de los casos por esa circunstancia- o que lograran un objetivo concreto, como la Entesa, que ganó los tres senadores de mayoría en los cuatro distritos catalanes, aunque perdiendo algunos votos, que pare eso le sobraban. Los casos de escisiones están aún más sometidos a una selección adversa: normalmente se producen porque hay problemas, y solo los sujetos más problemáticos de un partido se suelen marchar, a menudo marcados por algún estigma de radicalismo o de oportunismo; es decir, el tipo de persona que luego tiene más dificultad para gustar a los votantes.

(2) La fórmula D’Hondt ayuda un poco a embridar el número, pero poco, pues aunque promete que nadie ganará escaños por el solo hecho de dividirse, ni los perderá por unirse (y es la única que lo promete), en un distrito único estamos hablando de la posibilidad de un escaño más a medias.

La participación vuelve al nivel de 1977. La socialdemocracia resiste el avance de los populistas de extrema derecha. A pesar de su mal resultado, hay dos aspectos en los que Unidas Podemos puede salir reforzado. El 'bloque de derechas', con PP, Ciudadanos y VOX, acaba con una pérdida de 22 escaños, unas 200.000 papeletas menos y más de tres puntos porcentuales de retroceso respecto a 2016. Uno de los resultados más llamativos es el aumento de las fuerzas soberanistas en Catalunya y País Vasco.

La victoria del PSOE: Asterix en Iberia

Los nacionalpopulistas han invadido Europa. Incapaces de recoger el voto de los descontentos con la automatización y la globalización, la izquierda tradicional se ha derrumbado en todo el continente. Pero, en las esquinas, tanto en la península escandinava como, sobre todo, en la península ibérica, así como en la ínsula británica, los viejos partidos socialdemócratas, resisten el avance de los populistas de extrema derecha, como versiones modernas de Astérix y Obélix. En los últimos meses, el SAP en Suecia y SDP en Finlandia se han consolidado en el poder; y, en los próximos meses, se pueden consolidar el PS en Portugal y el PSOE en España. Y, cuando haya elecciones en el Reino Unido, los laboristas podrían volver a Downing Street. ¿Por qué? ¿Cuál es la poción mágica de esta neo-socialdemocracia?

La crisis económica y las políticas de austeridad pueden explicar la victoria de los socialistas portugueses y españoles. Pero no es suficiente. Otros países del sur de Europa, como Italia o Grecia, han padecido una crisis tan o más notable y, sin embargo, sus partidos socialdemócratas fueron barridos hace tiempo. Mientras, ni en el Reino Unido ni en los países nórdicos han experimentado un severo apretón del cinturón, y, sin embargo, también parecen resistir, aunque desgastados, los socialdemócratas.

Hay que buscar la razón en que los socialistas en algunas partes de Europa, sobre todo en la zona Atlántica, están siendo capaces de superar el dilema que parecía que les enterraría, el dilema entre, por un lado, defender los intereses de los trabajadores en el eje económico y, por otro, defender los valores cosmopolitas. Estos partidos han cultivado un tipo de sentimiento colectivo que se está abriendo paso entre el patriotismo de golpes en el pecho promovido por los movimientos nacional populistas. Los socialdemócratas están promocionando un patriotismo progresivo basado en un delicado equilibrio entre sus banderas nacionales y la bandera de la UE, entre un credo europeísta y una retórica anti-austeridad, entre cumplir los objetivos fiscales de la UE y reducir los recortes de gastos.

Unidas podemos: ¿perdedores?

Unidas Podemos es uno de los perdedores de la noche. Pierde más de un tercio de los diputados. Además, desaparece casi completamente de la España vacía, en la que consiguió un importante avance en 2016, a pesar de las dificultades que podía ponerle el sistema electoral.

Paradójicamente, hay dos aspectos en los que el partido puede salir reforzado. Por un lado, será clave para la formación del gobierno. Y esta vez podrá hacer valer su influencia desde el principio. Si en la moción de censura tuvo que aceptar la Presidencia de Sánchez sin poder negociar un gobierno, en esta ocasión podrá poner sobre la mesa la exigencia de entrar en la coalición. Por otro lado, probablemente el único aspecto en el que aparece reforzado Unidas Podemos es en su articulación territorial. En aquellos lugares donde concurría con confluencias en 2016 y que ahora se habían roto, Galicia y Comunitat Valenciana, los morados lo han hecho notablemente mejor que En Marea y Compromís. Esto significa que la marca de Unidas Podemos puede tener la fuerza suficiente para caminar sola y permitir una mejor articulación del partido. 

La derecha a tres: pesadilla para el PP, pinchazo de VOX y victoria moral para Ciudadanos

Una de las grandes incógnitas de estos comicios era calibrar hasta qué punto se iba a fragmentar el voto conservador y cuál iba a ser el impacto en términos de gobernabilidad. Por primera vez en la democracia, tres candidaturas de derecha concurrían de forma competitiva a unos comicios generales. El PP ya no sólo se enfrentaba, como en las comicios de 2015 y 2016, a Ciudadanos como un serio competidor. También tenía enfrente a un VOX renacido, que partía de la marca de menos de 60.000 votos logrados (0,2% del voto) en 2015 y 2016.

Los sondeos ya dibujaban un panorama poco halagüeño para el nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Este partido podía ver reducida su fuerza parlamentaria a la mitad. Ciudadanos amenazaba a los populares con el sorpasso. Y sus antiguos compañeros de filas, con una marca de VOX pujante y desafiante, podían 'robarles' muchos escaños. Pero los populares podían albergar la esperanza de sumar, en esa fragmentación de la 'derecha a tres', más escaños que el bloque de izquierda liderado por el PSOE.

Pero, tras el recuento de votos, las cuentas no les han salido, ni en conjunto, ni individualmente. Primero, la 'derecha a tres' acaba con un rotundo fracaso en su pugna con la el bloque de la izquierda. Mientras PP, Ciudadanos y VOX han sumado 147 escaños, PSOE y Unidas Podemos han llegado a los 165. Un saldo negativo de 18 escaños para el bloque conservador. Y aún más desfavorable si tenemos en cuenta que el balance en las generales de 2016 para el PP y Ciudadanos fue la suma de 169 escaños y una saldo positivo de 13 escaños sobre el cómputo PSOE-Unidos Podemos.

El 'bloque de derechas', con PP, Ciudadanos y VOX, acaba con una pérdida de 22 escaños, unas 200.000 papeletas menos y más de tres puntos porcentuales de retroceso respecto a 2016. 2016.  Además, su porcentaje de voto final no llega al 43%, cuando muchas encuestas situaban al bloque por encima del 46%. 

El principal 'socio' perdedor del bloque es el PP. Tras dejarse más de 3,5 millones de votos y 71 escaños, el único consuelo para los casadistas es haber evitado ser adelantados por Ciudadanos, aunque por una diferencia muy pequeña de apenas 9 escaños y menos de un punto porcentual en voto. La deserción en masa de los votantes del PP parece haber ido a las filas de VOX (con unas ganancias de más de 2,5 millones de votos) y de Ciudadanos (que ha sumado casi un millón más de papeletas que hace tres años).

En la sede naranja es donde la noche ha tenido un mejor final. El resultado está por debajo de las expectativas de hace un año, pero se sitúan en la franja alta de la horquilla que pronosticaban los sondeos (57 escaños, 25 escaños más que en 2016). La parte negativa es que no han logrado el sorpasso al PP ni están en condiciones de aplicar la fórmula andaluza para gobernar. Y ello pese a haber realizado una importante apuesta estratégica por posicionarse claramente en el bloque de la derecha y bajo la sombra de VOX.  En el peor momento del PP, la suma de voto es mucho menor de lo que se podía llegar a esperar. No obstante, se colocan en posición inmejorable para terminar encabezando el centro- derecha. Ciudadanos ya supera al PP en lugares como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Aragón

De 0 a 24 escaños, y de apenas contar con el respaldo de 47.000 votos en 2016 a lograr más de 2,5 millones es un gran resultado. Pero VOX competía con las expectativas creadas: las de los sondeos y las alentadas, en forma de reconquista, por ellos mismos. Todo podía ocurrir. Pero el 'ciclón VOX', al final, ha llegado, frenado por el sistema electoral, como 'tormenta electoral tropical', esto es, irrumpiendo en el Congreso como quinta fuerza política y con menos escaños de lo que muchos esperaban. En todo caso, la ultraderecha tendrá por primera vez grupo parlamentario propio en la próxima legislatura, y seguro que dará mucho que hablar dentro y fuera de España.

Los nacionalistas, al alza

Uno de los resultados más llamativos es el aumento de las fuerzas soberanistas en Catalunya y País Vasco. En el País Vasco, los nacionalistas suben casi diez puntos, sobre todo como consecuencia de la caída de Podemos, que fue primera fuerza hace tres años. En Catalunya, con un fortísimo aumento de la participación, los soberanistas suben más de un 7 puntos y alcanzan el 39,4% (también facilitado por la caída de En Comú Podem). La alta movilización, que de nuevo ha vuelto a favorecer a la izquierda en el conjunto del país, ha servido en estas comunidades autónomas para hacer crecer los apoyos de los partidos nacionalistas.

Además, PP, Ciudadanos y Vox, que han adoptado una agenda más recentralizadora durante esta campaña, han caído más en estas comunidades autónomas que en el conjunto del país. En el País Vasco han pasado del 16,5 al 12,7 por ciento de los votos, y la fragmentación y el pequeño tamaño de los distritos han provocado que no obtengan ni un solo escaño. En Catalunya caen del 24,3 al 20 por ciento de los votos, y de 11 a 7 escaños. Ciudadanos, que fue el primer partido en las últimas elecciones al Parlament de 2017, obtiene el 11,6% de los votos y es la quinta fuerza de Catalunya en estas elecciones. 

El #28A, en perspectiva: el otro 82

29/4/1982. Tras la ruptura algo dramática pero pacífica de la UCD, el gran partido de la transición, que nos ha abocado a nuevas elecciones anticipadas, sus votos se han dividido a partes casi iguales entre sus dos herederos rivales en el espacio del centro-derecha y ambos han perdido las elecciones, pese a sus promesas de que separados iban a sumar más Las ha ganado el PSOE, aunque en realidad no aumenta sus votos sino que apenas los mantiene, cayendo ligeramente, por debajo de su nivel de 1979, lo que algunos analistas interpretan como el mínimo precio a partir de que en su Congreso Extraordinario terminara en tablas, con unas convulsas maniobras de dimisión y readmisión pactada de su secretario general, lo que parece beneficiar a la izquierda radical, que sigue incrementando poco a poco sus apoyos. También se refuerza el grupo más a la derecha de la cámara, que mejora el resultado del partido de Fraga en 1977 y absorbe los votos de los franquistas indisimulados. La participación ha rozado el 77% y, tras el bajón de 1979, se vuelve a acercar al de nuestras primeras elecciones democráticas (78,83.%) . 

El sistema electoral aprobado por las Cortes y sancionado por la Constitución penaliza, como esperaban los conocedores de  D'Hondt, la división del gran partido del centro-derecha, que pierde el impulso que este le dio hasta su escisión entre moderados y conservadores,  y acompaña el impulso de los partidos extremos, premiando sus ascensos con unos grupos parlamentarios que ahora son mucho más relevantes.

El reparto de escaños y la competición por la herencia de UCD hará complicada la formación de un gobierno. Si los llamados moderados favoreciesen un gobierno socialista es posible que la España conservadora le dé la espalda en el futuro. La paradoja es que los socialistas se acomodarán en la izquierda, con el concurso necesario, activo o pasivo, de las minorías nacionalistas. Precisamente aquello que se pretendía evitar.  El futuro de la transición sigue siendo incierto. 

Las encuestas

No se suele decir, pero esta vez las encuestas han estado muy acertadas. Incluso el CIS, que además tenía un trabajo de campo realizado en marzo. El escenario central era que la izquierda necesitaría de fuerzas nacionalistas, pero también el independentismo, para formar una mayoría. Las encuestas han sido tozudas proyectando esa predicción. El resultado final lo ha confirmado.

A la vista de las encuestas y de lo que pasó en las últimas elecciones, el sistema electoral es ahora más proporcional de cuanto solía, su umbral de rentabilidad ha descendido y sus primas de sobrerrepresentación son más modestas

Esto augura una más larga vida a los terceros (o cuartos…) partidos, que no solían superar dos fracasos seguidos

Pero sigue mordiendo. Los partidos se encuentran en una región en la que un resbalón cuesta muchos escaños, sobre todo para los "nuevos"

Y sigue estando sesgado. Sigue favoreciendo a los votantes del interior despoblado frente a la periferia o a Madrid, y eso no es políticamente neutral

En tiempos de bipartidismo (imperfecto) el sistema electoral parecía encauzar el comportamiento de los votantes (y de los líderes de los partidos y de los potenciales startups electorales) de una manera bastante efectiva. Aparte del nutrido contingente de minorías territoriales, los llamados “panes”, o partidos de implantación no estatal, de los que hoy no vamos a ocuparnos, en estas lides solo había dos tipos de peces, los grandes y los muy pequeños. Antes de 2015 nadie había sacado más que el PCE en 1979 (10,8%) pero menos que AP en 1986 (26%). De hecho, por debajo de cierto nivel ningún partido había aguantado más de dos guantazos electorales -salvo el PCE/IU, naturalmente- y todos desaparecían del mapa (PSP, UN, UCD, CDS, UPyD…) a la tercera como mucho; y salvo AP, que a la tercera saltó el umbral de rentabilidad. Pasado ese umbral uno cambiaba de liga: entraba en la de gobernar, y esa era cosa de dos. [1]

El gráfico 1 presenta el perfil de proporcionalidad del sistema electoral entre 1977 y 2011. El eje vertical es la ratio entre la fracción de escaños y de votos o “tasa de ventaja” de cada partido. La línea de ventaja igual a uno indica la proporcionalidad perfecta, por encima hay ventaja y por debajo desventaja. Una métrica interesante, pero difícil de obtener, de un sistema electoral es su “umbral de rentabilidad”, mencionado más arriba (breakeven point en el inglés de los autores que idearon estos gráficos) [2] En los sistemas proporcionales el umbral de rentabilidad es bajo (puede ser el 5% o menos) y pasado ese umbral el perfil es plano, los partidos apenas obtienen ventajas por encima de la unidad. En los sistemas mayoritarios el umbral es alto (puede ser del 25% o más) y pasado ese umbral la ventaja normalmente se eleva bien claramente por encima de la unidad. La línea discontinua es solo una aproximación, una ayuda visual. Aunque no había datos para corroborarlo, antes de 2015 la distribución de los resultados en España hacía esperar que el umbral de rentabilidad estuviera más allá del 20% de los votos.

Gráfico 1. Perfil de proporcionalidad del sistema electoral 1977-2016

En 2015 y en 2016 empezaron a gotear resultados en ese tramo antes desconocido de partidos medianos y, según las encuestas, en 2019 continuará moteándose el mapa por esa parte. Ahora empezamos a saber qué aspecto tiene la tierra media. El gráfico 2 representa los resultados de las cuatro o cinco candidaturas nacionales (agrupando a Podemos con sus confluencias) en 2015 y 2016, además de los pronósticos de escaños según cinco encuestas publicadas ayer (Metroscopia, 40db, Gad3, Sigma2 y Celeste Tel). Para la asignación de escaños a partir de esas encuestas no me he servido de la ofrecida por los encuestadores mismos -cada uno lo hace a su manera, y no la conocemos- sino que la he llevado a cabo en todos los casos por un mismo método, utilizando una estupenda herramienta pública: el simulador de Politbot que está hecho de una forma bastante confiable y transparente [3]

Gráfico 2. Perfil de proporcionalidad: 2015. 2016 y cinco sondeos para el 2019 (ver texto)

No sabemos cuál será el resultado en votos y en escaños de cada partido, pero hay cuatro hechos que conviene destacar, dos nuevos y dos viejos.

Lo primero es que el umbral de rentabilidad se ha reducido, o tal vez siempre fue menor de lo que parecía. En promedio parece que un partido podría saltarlo con menos del 20% de los votos. El sistema electoral parece ser así más proporcional ahora que antes.

Lo segundo es que dos partidos más van a aguantar al menos los tres guantazos (aunque dos fueron muy seguidos y tal vez cuenten como uno). Tanto Ciudadanos como Unidas Podemos quedarán por debajo del umbral de rentabilidad por tercera vez y tendrán que seguir bregando. Han estado más cerca que nadie, y soñar con el rebase es inevitable. UP lo rozó en 2015/6 y C’s parece que lo va a rozar ahora.

En tercer lugar, aunque más proporcional que antaño, el sistema electoral sigue poniéndoselo muy empinado a los terceros, cuartos o quintos. Lo malo para estos es que se encuentran en una pendiente escurridiza, de las que si no te agarras la caída en escaños puede ser acelerada. Creo que esto contribuye bastante a que se pelee muy duramente por el voto en esa región del electorado.

Por último, aunque más proporcional que antes, el sistema sigue sesgado hacia la derecha. No es igual de sencillo obtener ventaja para unos partidos que para otros, con independencia del tamaño. Si los cinco partidos empatasen en votos, la distribución de escaños según el simulador de Politbot sería UP: 57; PSOE: 65 C’s: 60 PP: 71; VOX: 66. El sesgo tiene un sentido claro. Si se toman dos partidos y se comparan con dos partidos cualesquiera a su derecha, la coalición de la derecha tiene más escaños, con el mismo número de votos. Si se comparan los partidos de uno en uno, de 10 emparejamientos posibles el que está a la derecha gana en ocho (salvo PSOE>C’s y PP>VOX) con los mismos votos. El más beneficiado es el PP y el más perjudicado es UP, que obtendría 13 escaños menos con los mismos votos. Este sesgo no es desproporcionalidad ni efecto bipartidista, sino favorecer a unos votantes (sobre todo, los del interior menos poblado) frente a otros (sobre todo, los de la periferia y los de Madrid).

Gráfico 3. Perfil de proporcionalidad del sistema electoral español 1977-2016 más sondeos para 2019.

El gráfico 3 presenta la combinación. Es como si el goteo hiciera ver la estructura antes oculta del sistema electoral. De momento solo tenemos encuestas, cuando vayamos teniendo resultados podremos completar finalmente esa imagen de cómo se trasladan votos en escaños en España, para los partidos de implantación nacional, con mucha competencia en la zona media. El mapa parece indicar que hay bastante incertidumbre, que el método de reparto no es muy determinista, pues con los mismos resultados unos partidos obtienen ventajas mayores que otros.

Pero el gráfico oculta una historia, y es que esas diferencias son sistemáticas, tienen naturaleza territorial y color político. Es por eso, y no porque sea poco proporcional o favorezca la agregación de minorías, que bien puede verse como virtud, por lo que cabe esperar que, tras el guantazo, la reforma electoral vuelva a la mesa. Pero no para implantar ocurrencias como cambiar la fórmula o segar ramas periféricas del Congreso inventando una cláusula de exclusión parlamentaria (que, contra lo que dicen algunos, no se conoce en Europa sin una salvaguarda para las minorías territoriales, precisamente a las que se quiere desalojar del hemiciclo de la representación nacional). Se deberá revisar para nivelar el tablero. Y no sigo, porque ya sería hablar solo de mi libro.

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[1] En este blog y al final de aquellos tiempos a esto ya lo habíamos llamado destrucción creadora y nos preguntábamos cómo funcionaría el sistema de reparto en el futuro .

[2] Taagepera y Shugart. 1989. Seats and Votes.

[3] Aplican en cada circunscripción un “trasvase proporcional” en función de cuál fue el resultado agregado pasado, cuál es el predicho por la encuesta (o por el dato que supongamos que va a resultar en las elecciones) y cuál es la relación entre el total y el parcial de la circunscripción. Para el caso de Vox suponen un trasvase de todos los partidos de los que se alimenta, ponderado de acuerdo con lo que reflejan las encuestas.