Atención a estos números: según datos de encuesta, el 53% de los españoles creen que la sociedad necesita reformas profundas y el 12% cree que necesita reformas radicales. El 60% declara estar insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en España y el 37% piensa que la democracia puede funcionar sin partidos. Aunque el 92% de los encuestados está de acuerdo con que la democracia -a pesar de tener problemas- es el mejor sistema de gobierno, al 21% no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas; el 15% apoyaría un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático si las cosas se ponen difíciles; y un 10% cree que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, o que les da lo mismo. A esta fotografía se le suma otro dato curioso: prácticamente la mitad de los españoles (48%) piensa que un gobierno con mano dura conseguiría dar solución a nuestros problemas.

Todos estos datos son de septiembre de este año, 2024, y provienen del XVI Latinobarómetro, una encuesta anual de opinión pública que se realiza en varios países de América Latina para medir la percepción ciudadana sobre temas políticos, económicos y sociales, en la que España participa -de manera irregular- desde 1996 a través del Centro de Investigaciones Sociológicas.

En un mundo de blancos y negros estos datos son muy preocupantes. En un mundo de grises también, pero no como para entrar en pánico. Por un lado, no todas las cifras señaladas son alarmantes o apuntan en la misma dirección, es decir, muchas de las cifras son difíciles de interpretar como apoyos a sistemas de gobierno no democráticos. Por ejemplo, los niveles declarados de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en ocasiones reflejan el descontento con el gobierno de turno. Algunos de los insatisfechos hoy, no lo estaban ayer o no lo estarán mañana. Y viceversa. Por otro lado, la actual animadversión a los partidos políticos, o la necesidad de implementar reformas profundas en la sociedad, no tiene por qué estar reñida con el sistema democrático y puede que estén relacionados con un ambiente de polarización.

Dicho esto, sí que hay algunas cifras que llaman la atención, que son poco ambivalentes respecto a su significado antidemocrático y que podrían estar alineadas con lo que el politólogo Vicente Valentim denomina “la normalización de la extrema derecha”, esto es, cómo la presencia política, institucional y mediática de partidos y figuras de extrema derecha en nuestra sociedad contribuye a que posturas antidemocráticas pierdan el estigma que antes las marginaba y que, por tanto, se manifiesten ahora abiertamente.

El propósito de este post es, primero, identificar qué preguntas de la encuesta capturan información, sin ambages, sobre preferencias, opiniones o actitudes de los españoles favorables a opciones de gobierno no democráticas para, segundo, explorar su asociación con características sociodemográficas y políticas.

Para el primer objetivo he realizado un análisis de componentes principales con todas las preguntas de encuestas del Latinobarómetro que abordan, de una manera u otra, la percepción de los encuestados sobre el sistema democrático. Este método estadístico es útil para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos -especialmente cuando trabajamos con muchas variables interrelacionadas- y queremos identificar y simplificar patrones sin perder detalles importantes. En nuestro caso, tras dicho análisis, encontramos que 4 preguntas de Latinobarómetro están particularmente interrelacionadas y pueden ser compactadas en una sola dimensión, en un solo componente, al que -dada las características de las preguntas- llamaremos “preferencia por gobiernos no democráticos”. Estas preguntas son:

En lo que sigue, primero, mostraremos la distribución de las respuestas a estas 4 preguntas por separado en función de cuatro características: recuerdo de voto, ideología, edad y nivel educativo. Luego, utilizando el componente común que comparten las 4 preguntas, exploraremos cómo cada una de estas características (y otras) están asociadas en una análisis de regresión.

Empecemos. El gráfico 1 muestra diferentes manifestaciones de apoyo a opciones de gobiernos no democráticas en relación al recuerdo de voto de los españoles en las elecciones generales de julio de 2023. El contraste de los votantes de Vox con otros de los principales partidos es evidente: 1 de cada 5 votantes de Vox está en desacuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobierno; a la mitad no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder; la mayoría de ellos, 6 de cada 10, cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático (o son indiferentes), y 1 de cada 3 -aproximadamente- apoyaría un gobierno militar si las cosas se pusieran difíciles. Se trata, sin lugar a duda, de un perfil caracterizado por pulsiones antidemocráticas bien definidas. Por otro lado, aunque en menor magnitud, destaca que entre los votantes del PP en julio de 2023, a cerca del 20% no le importaría la llegada al poder de un gobierno no democrático; o que también, 1 de cada 5 prefiere un gobierno autoritario a uno democrático. Sin tener claro si se trata de una causa o una consecuencia, las preferencias antidemocráticas de una buena parte de los votantes del PP podrían explicar la estrategia política de los populares, al mantener posiciones muy duras o menos centradas, cercanas a Vox.

El gráfico 2 dibuja la composición ideológica del apoyo a opciones de gobierno no democráticas. Para ello, hacemos uso de la pregunta de autoposicionamiento ideológico que va del 0 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha) y, en aras de no cometer errores gruesos en términos de inferencia por falta de representatividad en cada uno de los 11 puntos de la escala, agrupamos a la misma en 3 grupos ideológicos: izquierda (0-4), Centro (5); y Derecha (6-10). Cada uno de estos grupos representan el 41%, 26% y 33% de la muestra respectivamente. Como era de esperar, el nivel de apoyo a gobiernos no democráticos mengua cuando agrupamos a todos los encuestados de la derecha (en comparación con lo que veíamos entre los votantes de Vox), pero algunas cifras no dejan de ser llamativas. Prácticamente, a un tercio de los españoles que se definen de derechas no le importaría la llegada al poder de un gobierno no democrático o manifiesta que lo prefiere (o le da igual) ante uno democrático; y cerca del 15%, en circunstancias difíciles, apoyaría un gobierno militar. Dicho esto, quizás aún más llamativo sea que entre los votantes de centro encontremos niveles de apoyo como el que se ve en la barra roja del gráfico 2: 1 de cada 4 votantes de centro también serían indulgentes con la llegada al poder de un gobierno no democrático. Asimismo, entre un 10% y un 15% del electorado de centro ve con buenos ojos opciones de gobierno no democráticas (resto de barras). El contraste entre el electorado de centro y el de izquierdas en este respecto es remarcable. Los porcentajes de apoyo a gobierno no democráticos en la izquierda caen más de la mitad en comparación con el centro, y en términos porcentuales son, en tres de cuatro de las preguntas, marginales.

El siguiente cruce de interés lo es con una variable sociodemográfica: la edad. Organizando a los encuestados por 4 grupos de edad (18-34, 35-54, 55-75, y mayores de 75), emerge un contraste impactante: los más jóvenes manifiestan en mayor magnitud posiciones antidemocráticas que el resto de la población. Casi el 15% de los españoles entre 18 y 34 años de edad está en desacuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobierno; al 30% no le importaría tener un gobierno no democrático; prácticamente el 25% cree que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, o le da igual; y casi un 20% apoyaría un gobierno liderado por los militares. Dichas cifras son, como mínimo, 10 puntos porcentuales menos que en los otros grupos de edad, en donde -con alguna excepción- si bien el nivel de apoyo a gobiernos no democráticos es bajo, no es nulo. Por ejemplo, en término medio, la tolerancia con un posible gobierno no democrático en el poder (barra roja) se mantiene en torno al 20%. A 1 de cada 5 españoles no le importaría.

Una posible explicación sobre el contraste de posturas antidemocráticas de los jóvenes con el resto puede estar ligada a la educación. Miremos, pues, dos gráficos más. En el primero descomponemos el grupo de jóvenes entre aquellos que aún pueden estar en períodos formativos (18-24), y los que, en general, ya lo han atravesado (25-34) (gráfico 4). Si bien en ambos grupos los valores, en términos comparados (con los otros grupos de edad), siguen siendo altos, los más jóvenes entre los jóvenes -los españoles entre 18 y 24- destacan por su apoyo a opciones de gobierno no democráticas. Entre estos últimos 4 de cada 10 afirma que no le importa que un gobierno no sea democrático; 1 de cada 3 lo prefiere o le da igual y casi 1 de cada 4 apoyaría un gobierno militar. Si antes decía que los datos arrojados por esta encuesta no son en general para entrar en pánico, un análisis de este subconjunto de la población quizás sí que lo sea.

El siguiente conjunto de datos (gráfico 5), lógicamente ligado a las características de los más jóvenes, pero no solo, es el que muestra los diferentes niveles de apoyo a opciones de gobierno no democráticas por niveles educativos. Este apunta en la misma dirección, pues de él se deduce que existe una correlación negativa entre educación y apoyo a gobierno no democráticos. Los individuos que han alcanzado estudios superiores tienen índices de apoyo medios significativamente más bajos que aquellos con estudios de menor nivel, aunque en este caso la representatividad de los grupos en la muestra sea algo deficiente.

Una vez atravesado el análisis más descriptivo, nos movemos ahora a un análisis de regresión múltiple en donde la variación a explicar es la del componente común que comparten las 4 preguntas del Latinobarómetro, al que hemos llamado “”preferencia por gobiernos no democráticos“. Con este método podemos evaluar cómo afectan características sociodemográficas y políticas sobre la misma, controlando el impacto de otras variables. No obstante, en este caso, no tiene ningún sentido interpretar numéricamente la magnitud de los coeficientes de regresión más allá de su signo y de su fuerza relativa, pues el componente en sí no tiene una traducción sustantiva. Por eso, a continuación, nos interesa ver si cada una de las variables que presentamos como posibles factores explicativos de dicho componente tienen un impacto positivo o negativo y si su relación con las preferencias por gobierno no democráticos es estadísticamente significativa, es decir que su efecto es poco probable que sea por una cuestión de azar.

Para resumir todos los efectos de las variables especificadas en el modelo presento el gráfico 6. De ahí vemos que: no existen diferencias relevantes entre hombres (categoría de referencia) y mujeres a la hora de explicar las preferencias por gobierno no democráticos; tomando como grupo de referencia a los jóvenes-más-jóvenes, la edad correlaciona negativa y estadísticamente con estas preferencias antidemocráticas; ser de centro o de derechas está asociado a una mayor propensión a manifestarse en contra de gobiernos democráticos, en comparación con ser de izquierdas; por eso, en la misma línea, haber votado al PP o a Vox (en comparación con haber votado al PSOE) está asociado positivamente con actitudes antidemocráticas. Por otra parte, niveles bajos de ingresos del hogar (1.800 euros o menos mensuales) -en comparación con los más ricos (más de 5.000 euros al mes)- están correlacionados de manera positiva con la preferencia por gobiernos no democráticos, así como el nivel educativo, siendo los individuos con estudios superiores los que sí encuentran una asociación estadísticamente significativa si los comparamos con los individuos con niveles educativos más bajos (sin educación o sólo estudios de primaria). En contra, ni el tamaño del municipio en el que viven los encuestados ni su nivel de religiosidad, ni la clase social subjetiva (la que cada individuo se autoasigna) ejercen algún tipo de efecto estadísticamente significativo sobre la preferencia por opciones autoritarias.

En conclusión, los datos presentados dejan claro que las actitudes favorables a los gobiernos no democráticos no son meras anomalías en el panorama político, sino reflejos de factores sociales, económicos y políticos ciertamente enraizados. La relevancia de los jóvenes, los votantes de centro y, en particular, los del PP como grupos clave en este fenómeno, abre la puerta a interrogantes esenciales sobre el futuro de la democracia y las narrativas que la sustentan. Entender estos matices no solo nos permite interpretar el presente con mayor precisión, sino también anticipar los desafíos que podrían poner a prueba los valores democráticos en las próximas décadas.

Hace unos días, el asunto de las puertas giratorias ha vuelto a saltar a la palestra a raíz del intento fallido de Alberto Garzón de pasar por una de ellas. Si bien el exministro de Consumo había aceptado la oferta laboral de la consultora Acento -dirigida por Pepe Blanco-, tras recibir numerosas críticas desde su propio espacio político decidió dar marcha atrás, renunciando a la oferta de trabajo y publicando un texto explicando su decisión.

Parte del debate que se suscitó a continuación en las redes sociales y en varios artículos de prensa rondaba en torno a si el fichaje de Garzón por Acento se trataba en efecto o no de otro caso más de puertas giratorias en España. Ahí surgieron comparaciones con casos más flagrantes, discusiones sobre las bondades y miserias de los políticos, llamadas a la regulación (¡más estricta!; ¡más laxa!), y hasta muestras de empatía con los políticos que siguen necesitando ganarse el pan después de dejar la política institucional.

No vengo aquí a resolver dicho debate, ni mucho menos. Pero sí a intentar aportar cierta claridad conceptual, a revisar las principales explicaciones sobre por qué las puertas giratorias generan tanto recelo y, si me lo permiten, a compartir unos datos preliminares de un proyecto de investigación propio.

En primer lugar, aunque pueda parecer obvio, vale la pena recordar que cuando hablamos de puertas giratorias no sólo hablamos de movimientos de expolíticos hacia la empresa privada, sino también de movimientos desde el sector privado a la política. El primero, lógicamente, tiene más morbo y suele ser el que atrae mayor atención mediática. (Por cierto, dejadme que os recomiende el seguimiento minucioso que hace en esta casa el periodista Antonio M. Vélez sobre las relaciones entre el poder político y el poder económico). Pero el segundo movimiento, el de empresarios aterrizando en órganos de representación política o en altos cargos de la administración, no es menor y, como mencionaré más adelante, también tiene implicaciones relevantes.

Cabe aclarar también que el tránsito por las puertas giratorias de una persona no necesariamente acaba con el primer giro, sino que existen numerosos casos en donde los movimientos son de ida y vuelta (de la política a la empresa y de vuelta a la política, o de la empresa a la política y de vuelta a la empresa), y que, en ocasiones, el término puertas giratorias también se utiliza para describir movimientos de personas dentro de la misma administración pública, como fue el caso de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, hasta hace poco Fiscal General de Estado.

En la literatura especializada en el estudio de este fenómeno, el término suele estar reservado para el tránsito entre el sector público y privado -en ambas direcciones-, pero no siempre es sencillo identificar cuándo un movimiento puede ser clasificado como puerta giratoria. Sólo por poner un ejemplo que podría generar dudas: ¿deberíamos hablar de puerta giratoria si un exministro se incorpora al consejo de administración de una gran empresa 8 años después de abandonar el cargo?

La pregunta apunta al meollo de la cuestión: las puertas giratorias suscitan interés -y recelo- porque son una de las vías a través de la cual el poder económico puede ejercer cierta influencia sobre el poder político. Por supuesto que existen muchísimos canales a través del cual los empresarios pueden tener injerencia en la elaboración de políticas o sobre la regulación en determinadas materias (desde conversaciones en el palco del Bernabéu hasta a través de vínculos familiares), pero ésta, la de personas casi simultáneamente con un pie en el sector público y en el privado, apunta a un tipo de interacción muy concreta y muy directa a través de la cual las empresas pueden influir en la toma de decisiones políticas.

En este sentido, la conceptualización del término puertas giratorias nos interesa en tanto y en cuanto captura los movimientos entre sector público y privado que impliquen capacidad de influencia del dinero en la política.

Sin duda, conocer y entender este fenómeno es del todo relevante, pues a fin de cuentas se trata de identificar y prevenir aquellos mecanismos que distorsionan, de manera privilegiada, las funciones de la representación política. Dicha distorsión puede operar, al menos, a través de tres mecanismos. En primer lugar, por medio de expolíticos influenciando a políticos actuales gracias a sus contactos en el sector público, a su agenda, a su cercanía con el poder político (el más reconocido por todos). En segundo lugar,  a través de la creación de incentivos por parte de las empresas para que políticos actuales legislen a su favor, prometiendo -explícita o implícitamente- futuros premios en forma de asientos en los consejos de administración de sus empresas. Y, por último -ahora concentrándonos en el movimiento inverso, del sector privado al sector público- las estrategias no comerciales de las empresas para influir en las políticas públicas y la regulación enviando personas del mundo empresarial a la política.

En un debate entre adultos, nadie puede negar que las empresas, sean del sector económico que sean, siempre pueden tener incentivos para estar vinculadas políticamente. Obtener un trato preferente en materia de regulación, contención de la presión fiscal, obtener ventajas en la competencia por contrato públicos, o beneficiarse de garantías implícitas en caso de dificultades financieras, entre otras cosas, son ejemplos que nos ayudan a entender las motivaciones por las cual las empresas desean establecer y desarrollar conexiones con las élites políticas. De hecho, existe un buen número de trabajos empíricos que ofrecen amplia evidencia sobre cómo las conexiones políticas afectan positivamente al valor de las empresas (Acemoglu et al., 2016); a su acceso a recursos financieros a bajo precio (Khwaja y Mian, 2005); a su capacidad para conseguir contratos públicos (Goldman, Rocholl y So, 2013); o a la probabilidad de ser rescatadas por el gobierno en momentos de vulnerabilidad financiera (Faccio, 2006). Sin embargo, también hay pruebas de algunos efectos negativos que podrían contrarrestar los beneficios de las conexiones políticas; estas pruebas incluyen un peor rendimiento contable (Faccio, 2010), niveles más bajos de inversión, innovación y, por tanto, productividad y rentabilidad que las empresas no conectadas (Bertrand, 2018); mayores costes sociales por la mala asignación de contratos públicos (Schoenherr, 2019) o menor provisión de bienes públicos (Cingano y Pinotti, 2013), entre otros.

Ahora bien, existe también el argumento de que las puertas giratorias pueden estar motivadas no por la capacidad de influencia de las empresas sobre la política, sino para atraer capital humano de alta calidad a sus consejos de administración. Es cierto que los políticos, particularmente aquellos que pasan por ministerios o agencias reguladoras, adquieren a lo largo de su carrera conocimientos especializados que pueden interesar a las empresas que buscan mejorar sus servicios y, por tanto, su capacidad de obtener beneficios en mercados altamente competitivos.

La tarea más difícil que tenemos los científicos sociales es desentrañar las verdaderas causas que motivan el tránsito a través de las puertas giratorias. Pongamos un ejemplo. Si un grupo de legisladores promueven un cambio regulatorio que posiciona a la actividad económica de un conjunto de empresas como “sector estratégico” y, punto seguido, algunas de esas empresas fichan a algunos de esos mismos legisladores para que formen parte de sus consejos de administración ¿podríamos decir que el cambio regulatorio es una causa del movimiento de las puertas giratorias? Una posible respuesta es que sí, pues a los ojos de las empresas, a partir de ahora aquellos expolíticos poseen un capital humano más valioso que antes dado su conocimiento experto en la regulación del sector. Otra posible explicación es que debido al nuevo marco legislativo, estos expolíticos serían ahora más atractivos que antes por la capacidad de influencia que acumulan entre sus antiguos colegas (ministros, diputados, reguladores), sobre todo en cuestiones relacionadas con el sector económico en cuestión. Pero, por otro lado, la verdadera causa de la contratación podría ser también una especie de “pago” o “premio” de las empresas a los legisladores por haber promovido la nueva regulación que los sitúa como “sector estratégico”. En definitiva, separar una causa de otros potenciales factores explicativos es una de las tareas más importantes y difíciles en el diseño y la prueba empírica de estos fenómenos.

En el marco de una investigación en curso sobre las puertas giratorias en España durante el último siglo, el profesor e investigador Guillermo Rosas de la Universidad de Washington St. Louis y un servidor, hemos realizado un análisis preliminar, concentrándonos sólo en el sector financiero (bancos), para obtener una primera prueba que al menos nos permita separar, aún de manera rudimentaria, la hipótesis del capital humano de la hipótesis de las conexiones política. Para ello, hemos recopilado los nombres y apellidos de las personas que alguna vez hayan ocupado un asiento en un consejo de administración de los principales bancos de España desde 1920 hasta 2020, y hemos cruzado dicha información con una base de datos de élites políticas en donde recopilamos los nombres y apellidos de todas las personas que han dirigido un ministerio durante el mismo período de estudio.

La lógica del contraste que presento más abajo es la siguiente: si las empresas que fichan a expolíticos lo hacen buscando ventajas competitivas en términos de capital humano, deberíamos esperar que el reclutamiento de exministros por parte de los bancos se concentre en aquellos que ocuparon carteras relacionadas con asuntos económicos (Economía, Hacienda, Industria, Trabajo, etc.) y menos en personas al frente de ministerios políticos o con otro tipo de competencias. En la Tabla 1 mostramos cuál es el número y el porcentaje de banqueros con experiencia ministerial previa para el período en cuestión. Para ello organizamos todos los tipos de ministerios en tres categorías: 1) Ministerios económicos, 2) Ministerios políticos, 3) Otros ministerios. Los datos reflejados indican de manera inequívoca que el reclutamiento de exministros por parte de los bancos en el último siglo no se ha concentrado en aquellas personas con un conocimiento técnico (know-how) propio del sector, sino más bien que ha estado distribuido de manera bastante equitativa sobre los diferentes tipos de ministerios. Dicha evidencia apoyaría la tesis de las conexiones políticas, de la agenda de contactos, aunque, como decía antes, de manera rudimentaria y preliminar.

Volviendo a Garzón, es entendible que hayan surgido tantas críticas a su posible fichaje por una empresa dedicada al lobby. Independientemente de las bondades de la actividad a la que se hubiera dedicado y a sus posibles contribuciones en materia de economía, ecología o de asesoría política, es difícil separar la intencionalidad detrás de la contratación. Al margen de las consideraciones políticas, esto es una tarea que le correspondía a la Oficina de Conflicto de Intereses, al evaluar si se cumplía o no con las exigencias de la normativa sobre incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado. Por cierto, dicho sea de paso, una entidad que lleva con retraso avanzar en términos de transparencia, también a la espera de la prometida ley de lobbies por el actual gobierno.

Hoy no escribo como politólogo, analista, académico o como demonios queráis clasificarme. Hoy escribo como padre de tres niñas desesperado, agotado, indignado, que, con las pocas energías que a uno le quedan después de trabajar, de recoger a las niñas del cole, de llevarlas a extraescolares, de darles la merienda, de bañarlas, de echarles crema, de prepararles cena, de leerles un cuento y de regañarles para que se duerman, busca desahogo tecleando con rabia un documento de Word en blanco.

El asunto que me subleva es bien conocido por las familias con niños y niñas en edad escolar en colegios públicos de España y, en particular, en la Comunidad de Madrid. Se trata de la dichosa jornada escolar. O para ser más preciso, del repetitivo, tenaz, inagotable, infatigable intento de propiciar el cambio de jornada escolar en los colegios públicos cada bendito año del Señor. Así como el turrón llega con la Navidad, el debate sobre jornada partida vs. jornada continua aterriza en nuestras vidas junto a la cuesta de enero y las semanas más frías del invierno. Justo cuando nos autoengañamos con los propósitos del año nuevo, el llamamiento a volver a discutir –otra vez– el asunto de la jornada nos asesta un golpe de realidad que dan ganas de echarse a llorar.

Os pongo en contexto, mi contexto, que es de la Comunidad de Madrid, pero que un poco más un poco menos vale para otras latitudes (ya os he dicho que no vengo con el traje de académico riguroso, sino a desahogarme). Menos de la mitad de los colegios públicos aún tienen lo que se llama una jornada partida. Los niños entran a las 9.00 de la mañana y acaban el primer tramo de clases –con un recreo de 30 minutos incluido– a las 12.30. Luego tienen comedor y patio, para luego retomar las clases a las 14.00 hasta las 16.00, la hora de salida. La jornada continua, en cambio, concentra todas las clases desde las 9.00 hasta las 14.00, con recreo y pequeños descansos entre clase y clase. Los niños que se quedan a comedor empiezan a comer a las 14.00 o a las 14.30. Los que no, para casa.

Pues bien, desde hace años, existe una permanente y creciente presión para que los colegios públicos con jornada partida cambien a la continua. Normalmente es el colectivo de profesores el que demanda dicho cambio. En este tipo de jornada, se argumenta, el profesorado no trabajaría menos, pero podría mejorar su propia conciliación familiar o dedicar más tiempo a cuestiones organizativas o formativas. Mi opinión, sin rodeos, es que se trata más de una reivindicación laboral, una mejora de sus condiciones de trabajo, que de una convicción acerca de las bondades de la jornada continua sobre la partida en lo que respecta a la educación o el mejor desempeño de nuestros niños en el cole. Mi opinión no deja de ser una especulación, lo admito, pero no me resisto a que el científico social que llevo dentro, y del que no me puedo separar del todo, os recuerde que la investigación académica sobre esta cuestión no encuentra evidencia favorable a la jornada continua en comparación con la partida. Más bien lo contrario. Tanto si hablamos de rendimiento, agotamiento, alimentación, sueño, salud emocional, socialización o calidad de la vida familiar. De hecho, en los últimos años, hemos tenido la suerte de que este debate se paseara bastante por los medios de comunicación y casi todos hemos oído hablar del informe del Esade o del reporte de la OCDE (palabras mayores) desalentando la implantación de la jornada continua. No se trata de la opinión de Pepe o Antonia, los padres de Luisito o Maripe, sino de estudios con muestras muy grandes y con análisis de datos sistemáticos señalando que, en términos generales, la jornada partida es mejor que la continua para nuestros hijos.

Con estos mimbres, muchas familias se han visto en la situación de tener que votar cada año por medio, o todos los años, sobre el tipo de jornada. A mí me gusta la democracia, y me parece bien que las familias expresen sus preferencias, pero no hace falta estar consultándoles de manera tan recurrente. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque este debate tensiona, levanta ampollas, genera fricciones innecesarias de manera permanente en la comunidad educativa. Fundamentalmente entre familias y profesores. Pero también entre profesores y la Dirección del centro. Entre los propios profesores. En las AMPAS. Entre las propias familias a favor o en contra de un tipo u otro de jornada. Y (ajajá) dentro del propio seno familiar. Es un desastre. (Por cierto: ¿por qué demonios la decisión de determinar el tipo de jornada se ha trasladado a los centros? Aquí estamos que nos tiramos de los pelos). Abrir cada año el melón sobre el posible cambio de jornada es como hincar sistemáticamente un puñal en una herida que nunca acaba de cicatrizar. Luego, pasado el trámite –independientemente de su resultado– la tensión amaina, pero el recuerdo del dolor persiste. Y las miradas por el rabillo del ojo lo confirman.

El segundo motivo por el que encuentro un sinsentido votar cada año es la distorsión que genera sobre las expectativas de las familias. No es deseable ni operativo convivir con la idea de que de un año para otro la organización de los horarios escolares cambie. Como si esto no tuviese consecuencias sobre la propia planificación, conciliación, presupuestos y demás vicisitudes de nuestra vida familiar. Cuando unos padres eligen un colegio con determinadas características esperan cierta estabilidad. Es demencial coexistir en armonía con semejante incertidumbre.

De mi experiencia os puedo contar que una de las vías que muchas familias han encontrado para moderar este desenfrenado gusto por votar cada año ha sido la de presentarse como representantes de madres y padres en el Consejo Escolar (vía elecciones, viva la democracia) y bloquear, desde ahí, que la decisión del cambio de jornada se traslade sistemáticamente a todas las familias del colegio. De acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid la cosa funciona así: cada año la Dirección del centro tiene que comunicar a la Consejería de Educación cuál será el tipo de jornada escolar el próximo curso lectivo; por tanto, por estas fechas, la Dirección, reunida en Consejo Escolar, pregunta si hay algún miembro del mismo que quiera iniciar el proceso para el cambio de jornada, lo que implicaría que todas las familias del cole voten. Con que solo un miembro –¡un solo miembro!– levante la mano y manifieste dicha voluntad, el Consejo está obligado a votar si se activa o no el proceso. No es necesario motivar, al menos, los factores que animan a querer impulsar semejante cambio –y cuando se suele argumentar las explicaciones no brillan–.

Para que se inicie el proceso de cambio de jornada, pues, se necesita el voto mayoritario y favorable de todos los sectores representados en el consejo. Es decir, que haya una mayoría de profesores, una mayoría de padres y madres, etc. etc. En la práctica –y aquí comienza el lío– todos los años un miembro de los representantes del profesorado levanta la mano y fuerza la votación. Ya estamos. Porque si se bloquea por parte de los representantes de padres y madres, te cuelgan el sambenito de anti demócrata, pues el proceso de cambio de jornada no se activaría y las familias de todo el colegio no serían consultadas. Tensión. Si no se bloquea, se inicia el proceso y se ponen las urnas para que las familias decidan. En ese caso, las quejas y cuchicheos a la entrada y salida del cole vienen por parte de las familias. Movida. “Otra vez votando sobre el mismo asunto”. “¿Es que esta gente no trabaja?”. “Ya es hora de que cambiemos de jornada”. “Claro, porque tú no trabajas por las tardes, guapa”. Ya estaría.

Le experiencia es un peine que te regalan cuando te has quedado calvo, me enseñó mi padre. Pero como esta situación ya la he vivido durante varios años y aún me queda algún pelo –¡y muchos años de escolarización por delante!–, creo que hay margen para encontrar una solución estable. No implica una reforma normativa (que seguramente es lo que necesitemos: una discusión profunda sobre cómo estamos gestionando nuestra educación infantil y primaria), pero puede ser un parche que nos ayude a navegar a todos los miembros de la comunidad educativa, con menos tensión, hasta que ello ocurra. La dejo aquí como quien escribe una carta a los reyes magos.

Lo primero de todo es reconocer que existen diferentes intereses en juego en toda esta historia. Y es legítimo que así sea. Tener intereses corporativos no está mal. Ya está bien. El profesorado en la escuela pública tiene derecho y merece mejoras laborales. No me corresponde a mí delinearlas aquí. Pero las familias debemos apoyarles. Por ellos y por nuestros niños. La defensa de la educación pública va de esto. 

Lo segundo es también reconocer que no existe una base sólida para que las administraciones tengan una apuesta tan clara a favor de la jornada continua. No es un tema trivial. Hasta donde sabemos, incluso puede ser muy perjudicial, sobre todo en entornos con altas desigualdades. Aunque no he escrito este texto para defender abiertamente a la partida, no puedo dejar de señalar que, entre muchas otras cosas, la consecuencia inmediata de la implementación de la continua es un deterioro de los servicios de comedor y de la oferta de extraescolares. Al abandonar la jornada partida, a muchas familias les deja de compensar que sus hijos se queden en el comedor o que vuelvan a las actividades extraescolares. La demanda cae, la calidad de la oferta también: de comedor a servicio de catering; de extraescolares de judo, patinaje, vóley, inglés o zumba a patio creativo con dos monitores a cargo (Es el mercado, amigo). Los niños con menos posibilidades de tener mejores cuidados en los hogares fuera del horario lectivo acaban generalmente con una peor alimentación y empantallados. Esto es así.

El tercer y más importante punto es llegar a un acuerdo entre profesores y familias, de la mano de la Dirección de los centros. Es lógico y deseable que todas las familias de los colegios puedan expresar sus preferencias en relación a la jornada escolar. Pero también es lógico y deseable que las familias tengan cierta certidumbre y estabilidad sobre cómo organizar sus vidas. Por lo tanto, y al margen de qué tipo de jornada es la mejor, sería razonable acordar que las votaciones sobre el cambio de jornada se produzcan con el apoyo de ambos sectores en los Consejos Escolares cada 3 o 4 años. Sin bloqueos y sin reiteradas insistencias. Democracia y estabilidad. Y todos contentos.

Salga adelante o no el cambio de jornada, dicha dinámica debería permanecer. Y aunque el acuerdo sería tácito –no estando sujeto a ninguna normativa– sería la base para una buena convivencia en la comunidad educativa. Dado que no habría nadie capaz de obligar al cumplimiento de dicho acuerdo, la Dirección podría jugar un papel mediador, que de credibilidad y estabilidad al mismo, independientemente de las personas que ocupen un cargo en el Consejo Escolar.

Yo lo intentaré en el colegio de mis hijas. Quizás tenga que volver a llorar el próximo enero. Pero que no quede por intentarlo.

El pasado 13 de agosto se celebraron en Argentina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (más conocidas por sus siglas, PASO), previas a la elección presidencial del próximo 22 de octubre. En estas primarias, el candidato más excéntrico, más radical, más outsider y más antiestablishment consiguió el primer puesto con un tercio del voto de los argentinos. Uno de cada tres electores que cumplieron con la obligación de ir a votar lo hicieron por Javier Milei, “el loco”, “el peluca”, “el león”, candidato por el partido La Libertad Avanza (LLA), una alianza entre conservadores, liberales, libertarios y varias manifestaciones de la derecha y de la extrema derecha argentina.

A pesar de que Javier Milei lleva años disfrutando de una importante presencia mediática y siendo uno de los principales actores de la política argentina, su resultado en las PASO fue una verdadera sorpresa.

Lo sorprendente: las encuestas, el contraste y los tres tercios.

Ninguna de las encuestas colocaba a Javier Milei en el primer puesto. La mayoría de ellas le daba una intención de voto en torno al 15-17%. La sorpresa fue mayúscula. Detrás de la incapacidad de las encuestas para detectar el movimiento de placas tectónicas en el electorado argentino puede que estén un alto porcentaje de voto oculto -gente no dispuesta a declarar que apoyaría a Milei-, y la creciente caída en la tasa de respuesta en las encuestas, presumiblemente por el hartazgo político y económico en el que llevan sumidos los argentinos desde hace muchos años.

Otro motivo que explica la sorpresa del resultado de LLA en las PASO es la mala performance de los candidatos apoyados por Milei en las elecciones provinciales (regionales), anteriores a las primarias presidenciales. La falta de despegue a nivel nacional de la fuerza política liderada por Milei invitaba a pensar que, a pesar de la popularidad de “el león”, su escasa fuerza organizativa podría hacer menguar el proyecto libertario. Pero llegadas las PASO Milei gana, queda primero, por encima del candidato oficial –Sergio Massa– y la candidata de la coalición opositora –Patricia Bullrich– en 16 de las 24 provincias argentinas, cosechando en algunos casos unos resultados sorprendentes.

Así, los resultados de LLA supusieron el fin de la polarización “bicoalicional”.  Piénsese que prácticamente desde 2007 nueve de cada diez votos en Argentina se repartían entre dos fuerzas, el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo. Tras las PASO, nueve de cada diez votos en Argentina se reparten entre tres. La sorpresa, la novedad, es el nuevo escenario de los tres tercios. Un tercio para el peronismo, otro tercio para la oposición -la coalición Juntos por el Cambio-, y otro tercio para Milei.

Lo normal: la crisis económica, el fracaso de la alternancia y la batalla cultural.

Como ha pasado con la victoria de Trump en EEUU, de Bolsonaro en Brasil o del Brexit en Reino Unido, lo sorprendente resulta tener algo ordinario. Que Milei haya cosechado más de 7,3 millones de votos de 35,4 millones de electores no puede ser el resultado de una locura colectiva, sino más bien una manifestación de un cambio social más profundo.

Teniendo en cuenta otras experiencias en donde partidos populistas, de extrema derecha o de la izquierda radical han encontrado un caldo de cultivo para surgir y crecer, podríamos identificar algunos factores estructurales que nos ayudan a comprender lo ordinario, lo normal, lo no sorpresivo en el voto a Milei.

El primer factor es el contexto económico de la Argentina. Desbordaría este espacio realizar una descripción detallada sobre el deterioro macro y microeconómico del país en las últimas décadas. Pero para muestra un botón. Aproximadamente, en los últimos 10 años, entre el 2012 y el 2022, el PIB creció en promedio sólo un 0.3%, la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza pasó del 29% al 44%, el salario real (privado) cayó un 18%, y la inflación acumulada durante casi una década fue de un 560%. Quinientos sesenta por ciento. El 2023 lleva una inflación anual acumulada de 140 puntos. Un país en donde, según la OIT, la economía informal alcanza a más del 40% de la población ocupada, esto es, sin derechos laborales ni protección social. La situación económica, pues, se ha convertido en la variable más destacada para explicar un voto anti-gobierno (Massa es el actual Ministro de Economía) pero también anti-oposición, puesto que la administración de Mauricio Macri (líder de Juntos por el Cambio), entre 2015 y 2019, no cumplió con las expectativas de revertir la situación económica -en particular el problema estructural de la inflación- e incrementó de manera significativa el endeudamiento exterior gracias a un acuerdo con el FMI envuelto en presuntas prácticas corruptas (véase FMIgate).

La segunda corriente de fondo que nos ayuda a comprender el aluvión de apoyo electoral a un candidato antiestablisment y outsider como es el caso de Milei reside en un factor político: el fracaso de la alternancia. Desde el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el conflicto con el campo en el 2008, gran parte de la política argentina se entiende por una dinámica de polarización, por el binomio kirchnerismo-antikirchnerismo. De hecho, en las últimas décadas los proyectos entorno al kirchnerismo y a su oposición han cristalizado como las únicas alternativas de gobierno viables. Tanto es así que el país vivió con normalidad democrática la alternancia de gobiernos de diferente signo. Los de Cristina Fernández de Kirchner, primero, el de Mauricio Macri después, y, finalmente, el de Alberto Fernández, perteneciente al espacio del kirchnerismo.

No obstante, la alternancia entre las dos principales corrientes políticas no ha conseguido proporcionar soluciones duraderas a los problemas estructurales del país. Y aún más, cada una de estas administraciones, no ha sido capaz de mostrarse inmune a la corrupción que engrasa gran parte del sistema político y económico del país. Por tanto, a pesar de los avances que cada gobierno pueda presentar como activos ante la ciudadanía, es normal, entra dentro de lo ordinario, que buena parte del electorado no quiera apoyar a ninguna de las dos coaliciones y busque alternativas fuera de ellas.

Como sucedió en España en 2014-2015 con Pablo Iglesias, Milei, en Argentina, se erigió como el portavoz de la lucha contra la casta, contra la clase política, contra los partidos tradicionales. Como en España, el suelo era fértil para que la semilla de la indignación creciese y par que, rápidamente, Milei saltará de los platós televisivos a la política institucional. Con el contexto de crisis económica permanente y el ahogamiento de las alternativas políticas, no es descabellado pensar que Milei haya representado en las PASO el estado de ánimo de muchos ciudadanos argentinos. Hay que recordar que su apoyo electoral proviene de diferentes sectores sociales. Ricos, pobres y clase media escogieron la papeleta de LLA. En las PASO el voto a Milei fue transversal.

Pero Milei no es sólo un grito contra la clase política de los últimos 20 años, sino también una amalgama de propuestas extravagantes, políticamente inviables y con una clara orientación ideológica de extrema derecha. Que su candidatura haya conseguido tantos votos, pues, también se explica por algo que ya ha dejado de ser extraordinario: el crecimiento y la normalización de los discursos de extrema derecha.

Así, el tercer factor estructural que nos permite comprender lo ordinario de los resultados de las PASO es la batalla cultural, que también se libra en la Argentina. Milei se subió al barco de la alt-right con discursos en contra del feminismo, del cambio climático y de la izquierda woke que, en clave local, lo llevaron a posiciones negacionistas sobre los desaparecidos de la última dictadura militar. Durante la crisis del COVID-19 se enfrentó a las restricciones sanitarias y aprovechó el incumplimiento de las mismas por el propio Presidente de la Nación para ahondar en su discurso contra los privilegios de los políticos. Algunos datos parecen indicar que este discurso reaccionario ha encontrado apoyo particularmente en el electorado más joven, generaciones a la que la estela setentista del kirchnerismo o la épica de Néstor Kirchner tras la crisis del “que se vayan todos” en el 2001 les queda muy lejos, o no los moviliza. Hoy el 50% del electorado argentino tiene entre 16 y 35 años y “el peluca” es el político con mayor presencia en las redes sociales. Es viral en todos los sentidos.

Lo estrafalario

Javier Mieli es sin duda un político raro. Por el fondo y por la forma. Su programa –el fondo– está repleto de propuestas políticamente inviables. La eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía, un drástico achicamiento del Estado, la eliminación de gran parte de la política asistencial, etc. No hay suficiente espacio para detallar la compleja maraña de alianzas y apoyos necesarios para cambiar radicalmente el statu quo, sobre todo sin una considerable fuerza propia en el Congreso. Algunas de estas propuestas han sido y están siendo debatidas durante la campaña electoral, pero es posible que eso ya no tenga mucha importancia, puesto que el electorado ya descuenta las locuras del “loco”. El apoyo de Milei, especulo, no viene por sus ideas, sino por ser el candidato en contra de los de siempre. El candidatos indignado y enfurecido, como la mayoría de los argentinos.

En las formas, Milei ha encontrado gran parte de su tirón electoral. Es irreverente, políticamente incorrecto, grita, utiliza palabrotas en sus intervenciones, va despeinado (él dice que lo peina la mano invisible del mercado), defiende ideas poco convencionales, y, según se puede derivar de muchos relatos periodísticos, es una persona mentalmente inestable. Su biografía está llena de historias grotescas que van desde que habla con Dios (Maradona no, el otro), que se comunica a través de una médium con su perro muerto (al que clonó y se trajo 10 copias desde EEUU), o que su hermana, inseparable compañera, es una especie de Moisés. Pero lo importante aquí es su estilo emocional con el que puede que una parte importante de la sociedad argentina haya conectado. No sería la primera vez que el carisma moviliza masas, ni en Argentina ni en otras latitudes.

El próximo domingo veremos en qué medida se confirman gran parte de estas especulaciones. Puede que las PASO hayan sido una mera advertencia, un mensaje hacia la clase política tradicional; o puede que las PASO hayan sido un verdadero termómetro que, hace sólo dos meses, registraron un nivel de calentamiento muy cercano del estallido. Pronto saldremos de dudas.

En pocos días se celebrarán las elecciones municipales en toda España. Más de ocho mil ayuntamientos renovarán a sus representantes políticos locales tras conocer el veredicto de las urnas. En Piedras de papel siempre hemos querido acercar algunos de los debates, hallazgos o hipótesis del mundo académico a las cuestiones de actualidad, y esta es una excelente oportunidad para volver a hablar del fenómeno de los ciclos económicos políticos (political business cycles en inglés).

En pocas palabras, estos ciclos reflejan un patrón de comportamiento por parte de los gobiernos en términos de impuestos, gasto, endeudamiento u otras muchas políticas que acomodan su aplicación a los tiempos del ciclo electoral. Por ejemplo, una rebaja fiscal, un aumento de subvenciones, un incremento de plazas de funcionarios públicos, la puesta en marcha o inauguración de obras (parques, carreteras, colegios), todas en un período cerca a la cita electoral. Como es lógico, este comportamiento estratégico tiene como objetivo maximizar la probabilidad de ganar elecciones a cualquier nivel de gobierno (sea local, regional/autonómico o estatal) intentando manipular la sensación de bienestar social y económico en el contexto que se produce.

En lo que respecta a los gobiernos locales, intuitivamente podemos pensar en actuaciones de importante calado, como la inauguración de grandes obras públicas, pero también en acciones con menos brillo, como la inauguración de una rotonda. Lo cierto es que existe una extensa literatura que ofrece evidencia sobre cómo los gobiernos locales en España y en el resto del mundo hacen un claro uso estratégico de los tiempos en sus políticas para maximizar la reelección. Sólo mencionaré dos referencias para los más curiosos. La primera es el trabajo de Bastida, Beyaert y Benito (2013) en donde, utilizando datos de 238 municipios españoles entre 1992 y 2005, muestran que el nivel de endeudamiento aumenta a medida que se aceran las elecciones locales, particularmente en los ayuntamientos más ricos y en las entidades locales sin mayoría absoluta. La segunda, en un post en este mismo blog, firmado por Pablo Fernández Vázquez, en el que muestra, con datos para el conjunto de los más de ocho mil municipios de nuestro territorio entre 1999 y 2014, cómo los gobiernos municipales actúan sobre la política fiscal para intentar asegurarse su supervivencia en el cargo.

En este post, contribuiremos a añadir algo de evidencia extendiendo los datos a la cita electoral que nos espera a la vuelta de la esquina, concentrándonos en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, utilizando datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el período 2010-2022, contrastaremos el Gasto Total presupuestado de las Entidades Locales en los años preelectorales vs. los años no preelectorales. Analizaremos el gasto presupuestado en vez del liquidado para, justamente, poder extender el análisis al último año preelectoral, es decir, 2022, para el cuál aún no hay datos de liquidaciones. Asimismo, exploraremos las diferencias entre partidos políticos a la hora de hacer uso del ciclo electoral presupuestario. Para ello dividiremos las entidades locales entre las gobernadas por el PP (57%), el PSOE (23%), IU/Podemos (o candidaturas afines como Ahora Madrid, por ejemplo) (3%), Ciudadanos (2%) y candidaturas independientes (15%). Cuando un municipio ha tenido más de un alcalde/alcaldesa de diferentes partidos en una misma legislatura nos hemos quedado con el partido que ha gobernado durante el año preelectoral. Y para controlar los posibles efectos del tamaño de los municipios dividiremos el gasto total por su número de habitantes, resultando ser la variable objeto de estudio el gasto total de euros per cápita, aunque nos referiremos a esta medida como gasto en euros.

Para hacernos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, es útil saber que el gasto medio en nuestra base de datos es aproximadamente 1.400 euros por habitante, con una amplia desviación estándar (1.250 euros), y que un ayuntamiento en la mediana de la distribución gasta 1.000 euros. El primer signo de que existe un mayor nivel de gasto cuando se acerca el momento de votar a nuestros representantes locales lo vemos comparando la media del gasto en los años preelectorales de los municipios madrileños (2010, 2014, 2018 y 2022) con los años no preelectorales (2012, 2013, 2016, 2017, 2020 y 2021; aquí no se incluyen los años electorales). Para los primeros, el gasto medio per cápita es de 1.455 euros, mientras que para los otros es de 1.355 euros, es decir, 100 euros por habitante menos. Esto supone un 10% del gasto medio.

Como podemos ver en el gráfico 1, algunos partidos ya exhiben, en términos de media, algunas diferencias de gasto en relación al ciclo electoral. Casi todos los partidos gastan más en años preelectorales que en años no preelectorales. El PP y el PSOE no muestran grandes diferencias entre estos dos períodos (el primero sólo gasta de media 23 euros más, mientras que el segundo 81 euros más), pero sí los ayuntamientos bajo el mando de candidaturas independientes (435 euros más el año anterior a las elecciones) y las gobernadas por los partidos a la izquierda del PSOE (203 euros más). La excepción son los ayuntamientos gobernados por Ciudadanos que, en contra, gastan 200 euros per cápita menos el año anterior a las elecciones. No obstante, este contraste de medias no deja de ser una prueba estadística de trazo grueso y sólo refleja diferencias estadísticamente significativas para el caso de las candidaturas independientes tras realizar un test de medias. Para explorar con más cuidado el efecto de los ciclos electorales y sus diferencias por partidos, realizaremos un análisis de regresión en donde podemos controlar la potencial influencia de las particularidades de cada municipio (efectos fijos) y de las tendencias temporales.

Dicho análisis muestra, en primer lugar, que los años preelectorales, en contraste con los años no preelectorales, tienen un efecto en el gasto total de 114 euros por habitante (algo superior a nuestro mero test de medias). El gráfico 2 muestra el efecto del año preelectoral cuando lo interactuamos con los diferentes partidos en el gobierno local. Explorando la variación dentro de cada municipio y controlando por el factor tiempo asociado a los diferentes contextos de la economía española, ahora podemos ver que, de nuevo, todos los partidos -con la excepción de Ciudadanos- aumentan el gasto de las entidades locales el año anterior a las elecciones. El PP gasta aproximadamente 100 euros más, el PSOE 70 euros más, las candidaturas independientes 260 euros más y los gobiernos de Izquierda Unida/Podemos 190 euros más. Los ayuntamientos gobernados por Ciudadanos, a contracorriente, gastan 180 euros por habitante menos en los años previos a las elecciones municipales. Estas diferencias, no obstante, son particularmente significativas desde el punto de vista estadístico sólo para el PP y para las candidaturas independientes. En el caso de los gobiernos de IU/Podemos y Ciudadanos puede que no encontremos significatividad estadística debido al bajo número de observaciones (conjuntamente sólo representan el 5% de los gobiernos municipales).

Sobre la base de estos resultados podemos realizar tres apuntes acerca del ciclo electoral del gasto en los municipios de la Comunidad de Madrid. El primero, y más obvio, es que incrementar el gasto en años preelectorales es una práctica extendida prácticamente sin distinción partidista. Gobernar y manipular los tiempos de la acción política parece natural al propio ejercicio del poder. Esta cuestión -como lo ha venido haciendo la literatura de los ciclos económicos del crédito- abre el debate sobre la conveniencia de algún tipo de regulación cuando este ejercicio de oportunismo presupuestario menoscaba la solvencia de nuestras cuentas públicas. Se trata algo complejo de dilucidar, pero, no por nada, existe la prohibición de actos de inauguración, así como de campañas institucionales una vez que se convocan las elecciones. El segundo apunte es que en contra de los discursos en torno a las políticas de gasto público que solemos asumir de los partidos conservadores y progresistas -y en concreto de las dos principales formaciones de nuestro sistema de partidos- encontramos que el partido de la derecha con mayor representación en la Comunidad de Madrid, el PP, no gasta menos que el PSOE, y que además abre especialmente el grifo de las arcas municipales los años previos a las elecciones. En tercer lugar, las candidaturas independientes -generalmente centradas en plataformas locales, con un discurso anti-partidos tradicionales- no escapan a las dinámicas oportunistas del ejercicio del poder. Este resultado es bastante interesante puesto que es sorprendente como con un relativo bajo número de observaciones podemos capturar un efecto positivo, de magnitud relevante y estadísticamente significativo cuando contrastamos su patrón de gasto en años preelectorales con otros años. Sin ser conocedor de este mundo -seguramente- heterogéneo de candidaturas independientes, solo puedo aportar una serie de preguntas a modo de hipótesis. ¿Son aquellas formaciones sin una marca fuerte -partidos reconocibles- las que más necesitan utilizar el instrumento del gasto para ser competitivas en las contiendas electorales? ¿Son más proclives al ciclo electoral del gasto debido a que se tratan de candidaturas más clientelares o con liderazgos más personalistas? Ideas para reflexionar.

En España la gente adora a los expertos. Es un hecho que en todas las encuestas en las que se les pregunta a los españoles sobre el papel de los expertos en política, estos últimos siempre salen muy favorecidos en la foto. Junto a otros colegas, hemos documentado en diferentes investigaciones altos índices de actitudes tecnocráticas en España, en términos comparados (aquí), en el contexto de la pandemia (aquí), o incluso cuando se trata de expertos con afiliación partidista (aquí). No obstante, esta visión positiva sobre los expertos no siempre implica que la gente prefiera que dejen de gobernarnos los políticos, sino una mayor presencia de personas con conocimiento técnico en la elaboración e implementación de políticas, aunque subordinadas al poder representativo (véase Ernesto Ganuza y otros para el caso de España (aquí) o Eri Bertsou para evidencia comparada (aquí)).

La semana pasada, este amor de los españoles por los expertos chocó frontalmente con la renuncia de Antonio Cabrales, reconocido experto y catedrático en economía, como consejero del Banco de España, solo unas horas después de haber asumido el cargo a propuesta del Partido Popular. Cabrales, sin afiliación partidista y repleto de méritos para ocupar el puesto en cuestión, decidió dar un paso al costado al ser cuestionada su valía como consejero por haber suscrito con su firma mensajes de apoyo a Clara Ponsatí y Andreu Mas-Colell en relación a sus implicaciones con el referéndum de independencia en Cataluña en octubre de 2017. Según fuentes periodísticas, las presiones para revertir el nombramiento de Cabrales parecen haber venido del propio Partido Popular, que, a través de Núñez Feijóo, valoró como “correcta” dicha renuncia al ser las manifestaciones de Cabrales “incompatibles con formar parte de un organismo del Estado”.

El objetivo de esta entrada no es discutir, desde un punto de vista normativo, si aquellas manifestaciones de apoyo son realmente incompatibles con un buen desempeño del cargo de consejero del Banco de España. Ya han aparecido varias editoriales y columnas reflexionando sobre esta cuestión y no creo que mi opinión aporte algo nuevo. No obstante, sí quiero recoger uno de los argumentos que se han esgrimido para explicar lo que ha sucedido en el “caso Cabrales”, esto es, la polarización política. La idea central es que un perfil tan prestigioso y adecuado desde un punto de vista técnico, como el del catedrático de la Carlos III, ha sido desechado debido al clima de tensión política en el que está sumida España. En este sentido, es curioso que el foco haya estado puesto más en el nombramiento de Cabrales que en el de la consejera propuesta por el PSOE, Judith Arenal, quien a pesar de también contar con reconocibles méritos sí podría ser considerado como un nombramiento más politizado, dado que Arnal fue exjefa de gabinete de Nadia Calviño en el Ministerio de Asuntos Económicos. Mi intención es analizar de manera descriptiva si existe dicha polarización sobre el papel de los expertos desde el lado de la demanda, es decir desde la opinión de los ciudadanos.

Aprovechando la generación de datos de encuesta^[1] sobre actitudes tecnocráticas en España como parte del proyecto CSO2017-89847-P del Plan Nacional de I+D+i, describiré, diferenciando por ideología^[2], 1) en qué profesiones piensan los españoles cuando se les pregunta sobre expertos, 2) en qué áreas creen que debería haber más presencia de expertos, y 3) si creen que éstos toman o no decisiones ideológicas cuando no tienen una afiliación partidista.

En relación a la primera cuestión, el gráfico 1 muestra las respuestas de los encuestados cuando se les pregunta con qué profesiones asocian la idea de “expertos” de una lista de posibles oficios. La altura de las barras indica el porcentaje de encuestados que señalan a cada una de las profesiones como oficios asociados a expertos. Los economistas, científicos y médicos son en general las profesiones más marcadas por los encuestados. Coinciden los tres grupos ideológicos en la frecuencia en la que se apunta a los economistas, aproximadamente un 50%; pero hay diferencias entre el centro y la derecha en relación a la izquierda en cuanto a los científicos y a los médicos. Los dos primeros grupos ideológicos apuntan estos dos oficios como referentes de “expertos” en un 65% y 47% de los casos respectivamente, mientras los encuestados de izquierdas lo hacen en mayor medida, un 75% para el caso de los científicos y 54% para el caso de los médicos. En lo que se refiere a las otras profesiones, las respuestas de los ciudadanos de centro y de izquierdas se parecen más entre sí, y existen algunas diferencias destacables con los encuestados de derechas. Por ejemplo, mientras que un 26% de los conservadores indican que piensan en empresarios cuando hablamos de expertos, en el caso de los encuestados de izquierdas este porcentaje solo llega al 12%. En la derecha, sólo un 32% considera como expertos a los profesores universitarios, mientras que en la izquierda son casi 10 puntos porcentuales más, un 42%. Un último contraste relevante aparece en relación a las personas del mundo de la cultura: mientras que sólo un 13% de los encuestados de derechas piensan en éstas como expertos, en la izquierda el porcentaje es de 21%. Algunas de estas diferencias son más llamativas que otras, sobre todo si las enfrentamos a la intuición. Que la derecha asocie la idea de expertos algo más a los empresarios y los de izquierdas al mundo de la cultura o profesores universitarios no es del todo sorprendente. Pero que el porcentaje de encuestados de izquierda señale en mayor medida a científicos y a médicos sí lo es. También el que no haya diferencias reseñables respecto a los economistas, un colectivo en ocasiones visto con cierta suspicacia en el ámbito de la izquierda.

El gráfico 2 describe cuáles son las áreas en donde los encuestados consideran que debería haber una mayor presencia de expertos, independientemente de su valoración sobre el papel que deben tener éstos en política. En términos generales, en la mayoría de áreas se ve con buenos ojos el aumento de la participación de actores con conocimiento experto, aunque los porcentajes por áreas muestran cierta variación. En media, sanidad (60%), educación (52%), economía y empresa junto a justicia (50%) son las áreas en donde se identifica una mayor demanda de expertos por parte de los encuestados. Si nos concentramos en las diferencias entre los dos polos ideológicos, izquierda y derecha, podemos identificar un buen número de divergencias. En las áreas de educación, sanidad y ciencia la diferencia porcentual entre la izquierda y la derecha está en torno a los 10 puntos porcentuales. Una mayor proporción de encuestados de izquierdas cree que sería deseable contar con una mayor presencia de saber técnico en estas áreas en comparación con los ciudadanos que se autoposicionan en la derecha de la escala ideológica. Estás diferencias son aún mayores, cerca de 15 puntos porcentuales, para las áreas de cultura, políticas sociales y medio ambiente. De nuevo, estos descriptivos llaman la atención en algunos aspectos más que en otros, pues en algunos casos éstos pueden simplemente reflejar la importancia que cada grupo de encuestados les da a unas áreas frente a otras.

La siguiente cuestión a explorar es la valoración que hacen los encuestados sobre el sesgo ideológico de los expertos. En concreto se les ha pedido que piensen en expertos sin afiliación partidista involucrados en la toma de decisiones políticas para, a continuación, evaluar en una escala de 0 a 10 su potencial sesgo ideológico, siendo 0 que toman las decisiones con absoluta neutralidad ideológica y 10 que toman decisiones totalmente gobernadas por su ideología. La media de esta pregunta, para toda la muestra, es de 5.4. Es decir, que, en término medio, los españoles consideran que los expertos independientes están a medio camino de ser absolutamente neutrales y absolutamente ideológicos. El gráfico 3 muestra, sin embargo, la desviación de la media en función de los tres grupos ideológicos (barras naranjas). Aquí vemos que, aunque la magnitud de las desviaciones no es muy larga, la izquierda tiende a creer que los expertos toman decisiones un poco más cerca a la neutralidad que la derecha o, dicho de otro modo, que la derecha cree que los expertos sin afiliación partidista toman decisiones orientadas en mayor medida por su ideología. Este resultado sí que es llamativo, o al menos va en contra de la intuición. En primer lugar, podríamos haber especulado que tanto los encuestados de izquierdas y de derechas, en un clima de polarización política, considerarían a los expertos actores ideologizados. En segundo lugar, y en línea con los hallazgos de los estudios sobre actitudes tecnocráticas, podríamos haber esperado que son los encuestados de derechas (que normalmente muestran una mayor propensión a la participación de expertos en política) los que tienen una mayor concepción de neutralidad ideológica sobre los profesionales con saber técnico y especializado. Pero, como reflejan al menos estos datos, no es el caso. Las barras verdes que aparecen también en el gráfico 3 muestran la desviación de la media de lo que podríamos llamar un índice de “demanda de expertos” construido a partir de cinco preguntas sobre la idoneidad de la participación de expertos en política.^[3] Como señalaba un poco más arriba, efectivamente los ciudadanos de derecha prefieren por encima de la media a los expertos en comparación con los ciudadanos de izquierdas.

Por tanto, vemos aquí un resultado algo llamativo: a pesar de que los españoles partimos de altos niveles de apoyo hacia los expertos, en la izquierda este apoyo es menor que en la derecha, pero la derecha considera que los expertos son más ideológicos que el resto. Para comprobar si estas diferencias son significativas o mero ruido estadístico, he realizado un análisis de regresión multivariable para estimar la asociación entre ideología con, por un lado, la evaluación del sesgo ideológico de los expertos y, por otro, la demanda de expertos, controlando por el posible efecto de otras variables como el género, la edad, el nivel educativo, la situación laboral, la evaluación de la situación económica personal y general, el nivel de confianza hacia los partidos y el nivel de satisfacción con la democracia de los encuestados. El gráfico 4 muestra los coeficientes de asociación para la variable de nuestro interés (ideología), indicando si sus diferentes valores tienen un efecto positivo o negativo (a la derecha o izquierda del 0) y si tienen o no una asociación estadísticamente significativa (este es el caso si los intervalos de confianza –las líneas a los costados de los puntos– no tocan el 0). En el podemos ver que ser de izquierdas, en relación con ser de centro, está asociado negativamente con considerar a los expertos como actores que toman decisiones políticas orientadas fundamentalmente por su ideología. La magnitud de este efecto, a pesar de ser estadísticamente significativa, no es considerable: la diferencia entre ser de izquierdas con ser de centro implica una disminución media del índice de sesgo ideológico de 0.2 puntos (en una escala, recordemos, que va de 0 a 10). Por otro lado, ser de derechas, en relación a los encuestados de centro, está asociado a tener una concepción de los expertos como actores más sesgados ideológicamente. Aquí la magnitud del efecto es algo más relevante: la diferencia entre ser de derechas con ser de centro implica un incremento medio del índice de sesgo ideológico de 0.4 puntos. Sin embargo, como veíamos en el gráfico anterior, son los encuestados de derechas los que se muestran más favorables a la participación de expertos en política (índice de demanda por expertos) si los comparamos con los encuestados de centro; y los de izquierdas algo menos favorables, aunque este último resultado no encuentra apoyo estadístico.

En definitiva, explorando algunas preguntas de encuestas sobre qué noción tienen los ciudadanos sobre los expertos vemos que las diferencias entre grupos ideológicos son moderadamente llamativas. En cuanto a las profesiones con la que los encuestados asocian la idea de expertos hemos encontrado que algunas acompañan a nuestra intuición sobre lo que esperaríamos escuchar de votantes de izquierdas y de derechas, pero otras no. Por otro lado, la demanda de expertos por sectores sí dibuja diferencias entre grupos ideológicos. De nuevo, algunas encajan con nuestros prejuicios, pero otras, como la sanidad y la ciencia, en donde la demanda de expertos sería mayor en la izquierda que en la derecha, no tanto. Finalmente, hemos encontrado evidencia que apunta a una paradoja o, al menos, a un hecho contraintuitivo. La derecha siempre exhibe actitudes y prefiere, por encima de la media, una mayor presencia de expertos en política. Pero, por otro lado, manifiesta una mayor desconfianza, en términos de neutralidad ideológica, sobre los mismos. La izquierda, por contra, a pesar de tener altos niveles de apoyo hacia los expertos en política, normalmente quiere menos expertos que la media, y, a su vez, manifiesta una concepción de éstos como actores más neutrales desde un punto de vista ideológico en comparación con el resto de encuestados. Seguramente, con todos estos datos descriptivos es difícil sacar conclusiones contundentes, pero sí que es más fácil empezar a hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo: ¿Nos gustan los expertos o nos gustan “nuestros” expertos?

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^[1] Las fechas del campo de la encuesta han sido entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 2021. La muestra se compone de 2000 encuestados con cuotas de región, nivel educativo, edad y género.

^[2] Para simplificar la exposición e interpretación de los datos he generado tres grupos ideológicos en función de la autoubicación ideológica de los encuestados en una escala de 0 a 10 donde 0 es izquierda y 10 derecha. Estos grupos son: Izquierda (0-4), Centro (5) y Derecha (6-10). La distribución porcentual de estos grupos ideológicos es: 44%, 25% y 30% respectivamente.

[3] Las preguntas sobre las preferencias por expertos son las siguientes: 1) Los políticos deben ser como gerentes y arreglar lo que no funciona en la sociedad, 2) Los líderes políticos deben tener mayor nivel educativo y estar más capacitados que los/as ciudadanos/as comunes, 3) Los problemas sociales deben abordarse teniendo en cuenta la evidencia científica, no las preferencias ideológicas, 4) Los problemas que enfrenta el país requieren de expertos/as para resolverlos, y 5) Las mejores decisiones políticas son las tomadas por expertos/as que no son políticos.

Hay dos posibles formas de entender la apelación de SUMAR a sumar. Una es como un proyecto político en forma de paraguas para aglutinar todo lo que haya a la izquierda del PSOE, y otra como proyecto político transversal. Como he argumentado en otra entrada en este mismo blog, el perfil de la vicepresidenta segunda de Gobierno, junto a lo que vamos conociendo sobre su plataforma política, parece apuntar más a lo segundo que a lo primero. No obstante, debemos recordar que la búsqueda de cierta transversalidad política siempre estará limitada por cuestiones estructurales, determinantes de la competición electoral. Dicho en plata, dado el escenario de polarización política, la transversalidad a la que puede estar aspirando SUMAR difícilmente puede ir más allá del centro-izquierda o centro.

A pesar de estas limitaciones, no deja de ser interesante explorar qué apoyos podría sumar Yolanda Díaz. Pero responder a esta pregunta con datos no es algo sencillo, pues ni Yolanda Díaz ni la marca SUMAR aparecen en las encuestas disponibles cuando se pregunta sobre las próximas elecciones.

Para intentar aproximar una respuesta, utilizaré dos preguntas formuladas en los barómetros del CIS que pueden hacer parte del trabajo. En primer lugar, utilizaré los datos sobre preferencias de posibles presidentes/as de Gobierno. En concreto, el CIS pregunta: “De los principales líderes políticos/as, ¿quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momentos?” Aquí el CIS no ofrece opciones, sino que permite que el encuestado responda de manera espontánea. Fusionando los datos de los barómetros de abril, mayo, junio y julio (N=5126) vemos que el 21% de los encuestados prefiere a Pedro Sánchez; el 19%, a Alberto Núñez Feijóo y el 10%, a Yolanda Díaz. Ninguno de los otros líderes políticos alcanza el 5%. Asimismo, el 25% de los encuestados responde que no prefiere a ninguno como presidente/a y el 11% no sabe o no contesta.

Esta pregunta, pues, nos permite identificar a los españoles que apoyan a Yolanda Díaz y a su proyecto político. Por lo pronto, cerca de un 10%. Por cuestiones prácticas los llamaré yolandistas. No obstante, el interrogante que motiva este post continúa sin respuesta. ¿A quién más podría sumar SUMAR?

Para ello utilizaré otra pregunta del CIS, la de valoración de líderes, donde los encuestados tienen que puntuar del 1 al 10 a los políticos, sabiendo que el 1 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien. Para identificar a los potenciales votantes de Yolanda Díaz, solo me quedaré con aquellos encuestados que tienen una valoración muy alta de la líder de SUMAR, es decir, aquellos que le dan una puntuación de entre un 8 y un 10.

Uno de cada cinco españoles (el 20%) le da a la vicepresidenta segunda de Gobierno una nota entre 8 y 10. Entre estos el 41% prefiere a Pedro Sánchez como presidente, el 36% a la propia Yolanda Díaz, el 11% a ninguno de los actuales líderes, o no sabe o no contesta, y el 4% a Núñez Feijóo (las preferencias por otros líderes representan fracciones irrelevantes). Para hacer una radiografía de los potenciales apoyos que podría sumar Yolanda Díaz analizaremos a estos ciudadanos, que la valoran muy bien pero que no la señalan como su primera preferencia para ocupar la presidencia del Gobierno. Como es de esperar, este grupo de potenciales votantes de Díaz, a los que llamaré simpatizantes, estará compuesto principalmente por votantes socialistas, de Unidas Podemos, abstencionistas e indecisos. Compararlos con los apoyos con los que ya cuenta Díaz (yolandistas) será útil para conocer el margen de maniobra que tiene la vicepresidenta para sumar.

Comenzamos con dos datos sociodemográficos: edad y sexo. La edad media de los simpatizantes de Díaz es de 55 años, mientras la de los yolandistas es de 48 años. La distribución de las edades en ambos grupos (gráfico 1) indica que los simpatizantes son efectivamente algo mayores y que concentran la mitad de sus miembros entre los 43 y 67 años (percentiles 25 y 75); mientras que los yolandistas lo hacen entre los 37 y 59 años. En lo que se refiere a la composición de hombres y mujeres en ambos grupos, encontramos que la proporción de mujeres es mayor entre los simpatizantes que entre los yolandistas, 57% vs. 44% respectivamente.

En lo que respecta al nivel de estudios, las creencias religiosas, el estado civil y la situación laboral de ambos grupos, las diferencias no son muy marcadas y están en coherencia con las diferencias de edad (véase gráfico 2): Los simpatizantes de Díaz, en comparación con los yolandistas, cuentan con un porcentaje menor de personas con estudios superiores (40% vs. 55%), mayor de católicos (49% vs. 23%) y menor de ateos (19% vs. 40%). Los simpatizantes tienen un porcentaje menor de solteros/as (29% vs. 40% de los yolandistas) y de personas trabajando (49% vs. 65%). Como es lógico, lo contrario pasa para la fracción de jubilados y pensionistas (41% vs. 37).

La evaluación de la situación económica general de España y de la personal que hacen ambos grupos es muy similar. En el margen, los simpatizantes son un poco más pesimistas que los yolandistas (gráfico 3).

 En lo que respecta a la ideología, los datos nos indican que, en término medio, los simpatizantes están un punto a la derecha que los yolandistas. La media del auto-posicionamiento ideológico (en una escala de 1 a 10) es de 3.9 para los primeros y 2.9 para los segundos. El gráfico 4 muestra la distribución ideológica en toda la escala. Vemos que aproximadamente la mitad de los encuestados que valoran muy bien a Yolanda Díaz pero que no la tienen como primera opción para ocupar el cargo de presidente se colocan entre el 1 y el 3; mientras que entre los yolandistas estos son dos tercios. En los puntos 4 y 5 la proporción es mayor de simpatizantes; y los yolandistas casi desaparecen más allá del centro, cosa que no pasa con los simpatizantes. Efectivamente el electorado simpatizante está más derechizado que el yolandista, pero no tanto. 

La exploración de estos dos grupos con estos datos no nos dice mucho, pero nos dice algo. En primer lugar, hemos aprendido que los potenciales apoyos a SUMAR -aquellos que podrían estar en la frontera entre la abstención, la indecisión o un voto a Sánchez- y los que apoyan a Díaz se parecen bastante. El grupo de simpatizantes está algo más feminizado, y este conjunto de ciudadanos es en términos agregados más mayor, pero no mucho como para hablar de generaciones totalmente diferentes. Las similitudes asociadas a la edad están más presentes que las diferencias, contrastadas estas últimas en el nivel de estudios superiores, las creencias religiosas, el estado civil o la situación laboral. La evaluación de la economía que hacen los simpatizantes no dista mucho de la que tienen los propios yolandistas, y aunque en términos ideológicos estén un poco más a la derecha, un parte importante de los que componen a los simpatizantes se ubican en el espacio de la izquierda-izquierda.

Todos estos datos podrían tomarse con cierto optimismo para el objetivo de SUMAR. Existe una confluencia con parte del espacio socialista que podría, al margen del comportamiento estratégico de partidos y votantes, atraer a muchos nuevos apoyos. Cómo hacerlo ya es harina de otro costal.

Este post tiene dos objetivos. El primero es pedir disculpas por emplear semejante palabro en el título: “tecnopopulismo”; y el segundo, explicar a qué nos referimos con este concepto y por qué puede ser útil aplicarlo como un marco de análisis para entender el proyecto político que poco a poco va dibujando Yolanda Díaz.

Tecnopopulismo es un concepto que se ha empezado a utilizar recientemente -aunque aún de manera marginal- en la literatura de partidos políticos y de actitudes políticas para caracterizar la coincidencia de dos retóricas aparentemente opuestas: la retórica populista y la retórica tecnocrática. En este mismo blog se ha analizado en varias entradas cómo el populismo y la tecnocracia podían presentarse como reacciones, alternativas, frente a la crisis de los partidos, es decir, frente a la crisis de la democracia representativa, particularmente a raíz, o en correlación, a la Gran Recesión (véase aquí, aquí o aquí). El populismo y la tecnocracia comparten la desafección política como motor de sus propuestas, el rechazo a los partidos como agentes de intermediación entre representantes y representados, así como una visión poco pluralista de la sociedad. Respecto a esto último, desde un plano teórico, ambos discursos defienden que existe algo así como un bien común o interés general que podemos poner como meta y alcanzar sea siguiendo la voluntad del pueblo o aplicando las políticas basadas en el saber experto, en el conocimiento científico, para optimizar el bien social. Ambas posturas, en el fondo, niegan el conflicto de intereses, la pluralidad de preferencias y, por tanto, la simple idea de que cuando se elige una política en vez de otra siempre habrá ganadores y perdedores.

Las diferencias entre una visión populista y una tecnocrática de la política son evidentes. En primer lugar, el populismo coloca al pueblo, a la gente, como actor central en la toma de decisiones; la tecnocracia, al saber experto, a una élite con formación específica sobre cada uno de los asuntos; el populismo opera con una lógica de responsiveness o de sensibilidad a las demandas de los ciudadanos; la tecnocracia con la idea de responsibility o de tomar buenas decisiones teniendo en cuenta el largo plazo, evitando el cortoplacismo electoral e incorporando los intereses de actores más allá de los votantes (por ejemplo, los mercados). La legitimidad política del populismo, entendido como una especie de correa de transmisión entre pueblo y políticas, descansa en el principio de soberanía popular: la política, sea la que sea, es buena si es que emana de la voluntad del pueblo. La legitimidad de la retórica tecnocrática, en cambio, es una legitimidad de resultados: no es necesario atender a las preferencias de la gente si la política que se aplica es la mejor de las posibles.

La combinación de estas dos retóricas puede a priori resultar extraña. Pero varias experiencias nos indican que no lo es tanto. Hay dos formas de aproximarnos al estudio sobre la concurrencia de estos dos discursos: desde el punto de vista de los partidos (desde la oferta política) y desde el punto de las preferencias de los votantes (desde la demanda). En relación a lo primero, existen pocos trabajos al respecto. Sin embargo cabe destacar el reciente libro de Bickerton e Invernizzi en donde analizan el New Labour de Tony Blair, el Movimento 5 Stelle en Italia y el caso de En Marche! en Francia como diferentes casos de tecnopopulismo; así como una edición especial de trabajos publicados en la revista Politics and Governance en donde se estudia la concurrencia de populismo y tecnocracia como un subtipo de populismo enfatizando la supuesta generación de buenas políticas públicas.

Por el lado de la demanda, tampoco existe mucha investigación. Pero lo que hay es sobradamente interesante. Eri Bertsou y Daniele Caramani han analizado nueve democracias avanzadas y reportan que un 17% de su muestra combinan actitudes populistas con posiciones favorables al papel de los expertos en el proceso de decisiones políticas, y negativas hacia el papel de intermediación de los partidos. Por otro lado, para el caso de Países Bajos, Akkerman y otros encuentran que los simpatizantes del Partido por la Libertad (PVV) y del Partido Socialista (SP), partidos de derecha y de izquierda radicales respectivamente, puntúan alto en una escala de actitudes populistas, pero también en una escala de elitismo. Para el caso español, en un artículo recientemente publicado junto a Pablo Fernández-Vázquez y Luis Ramiro, encontramos que en una encuesta realizada en junio de 2020 la proporción de ciudadanos con actitudes tecnopopulistas (es decir, que puntúan por encima de la media en la batería de preguntas de actitudes populistas a la vez que en la de actitudes tecnocráticas) es ni más ni menos que de un tercio.

Este último dato nos invita a reflexionar sobre nuestro escenario político actual y en concreto sobre el perfil político que está desarrollando Yolanda Díaz, pues puede que sea el que mejor encaja con estas actitudes y que por tanto cuente con los mimbres suficientes para desarrollar una retórica tecnopopulista.

Aunque aún navega en la indefinición respecto a muchos temas, podría decirse que el discurso de Díaz combina algunas dimensiones del populismo con algunas dimensiones de la tecnocracia, junto con un discurso que enfatiza temas clásicos de los partidos a la izquierda de la socialdemocracia. Por un lado, mediante las políticas que ha liderado desde el Gobierno Díaz siempre ha mantenido a la gente, al pueblo, a los trabajadores, a “la mayoría social”, como el principal receptor de sus beneficios (la reforma laboral, la subida del salario mínimo o los ERTE como respuesta a la pandemia). En este aspecto, Díaz continúa con la estela dibujada por Podemos, aunque desde una perspectiva menos beligerante, menos identitaria y más técnica, subrayando su especialización profesional en el campo del derecho y de las relaciones laborales. Asimismo, en los últimos meses, Díaz ha subrayado la necesidad de trascender a los partidos políticos como fórmula para volver a conectar con la sociedad, reuniéndose con sectores profesionales como economistas, ingenieros, expertos de distintos ámbitos durante su “proceso de escucha”. Como es lógico, su motivación puede ser puramente coyuntural y por tanto estratégica, pero el énfasis en la dilución de la intermediación también la coloca en las coordenadas de la retórica populista. No obstante, el anti elitismo, como otra dimensión propia del populismo que explota marcos maniqueos -de buenos vs. malos, de gente vs. casta, o de los de arriba vs. los de abajo-, está menos presente en su mensaje político.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno despliega claramente en su estrategia de comunicación una retórica tecnocrática. Su perfil más técnico, muy pegada al conocimiento, al detalle, de las políticas públicas con las que trabaja, transmite solvencia, eficacia y eficiencia. No es exagerado afirmar que este aspecto es el que más ha labrado estando a cargo del Ministerio de Trabajo, así como en sus intervenciones parlamentarias, marcando una enorme distancia con el perfil más político del anterior líder de Unidas Podemos. Dicha característica entronca también con un perfil menos partidista, que de alguna forma rehúye el conflicto y que presenta sus posiciones políticas como fórmulas asépticas a problemas concretos para resultar atractiva a ciudadanos con diferentes posiciones políticas.

En definitiva, el marco tecnopopulista, dado los datos mencionados más arriba sobre el electorado en España, sumado al perfil que poco a poco va desarrollando Yolanda Díaz invitan a pensar que podría existir un espacio discursivo para conseguir lo impensable en tiempos de polarización: atraer a ciudadanos de distintas posiciones políticas o, al menos, a abstencionistas bajo un mismo paraguas, algo más amplio de lo que permite la actual batalla electoral, es decir, conseguir cierta transversalidad. No obstante, todo sea dicho, ningún discurso puede hacer magia, y las condiciones estructurales son las que son. Por tanto, de ser útil la estrategia tecnopopulista lo será seguramente en los márgenes de la competición política.

El pasado lunes se anunciaba que el Premio Nobel de Economía de este año se otorgaba a David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. El Comité destacaba en los tres casos sus contribuciones empíricas y sus avances en el estudio de la causalidad y, en concreto, en el uso de experimentos naturales en ciencias sociales. Este es un premio que va mucho más allá de la ciencia económica. La preocupación por la causalidad es hoy común a todas las ciencias sociales y todos los que nos la tomamos en serio desde otros campos estamos también muy satisfechos con este premio.

¿Pero qué es un experimento natural y por qué son tan útiles en las ciencias sociales? Empecemos por el principio. Cuando estudiamos cualquier fenómeno social, uno de los objetivos que normalmente tenemos es saber cuáles son sus causas. En el plano teórico la tarea consiste en proponer un argumento y, con ello, una explicación causal que vincule un factor con otro. El problema fundamental de la causalidad en las ciencias sociales aparece cuando queremos poner a prueba de forma empírica esos argumentos. Dicho problema reside en que los fenómenos económicos, políticos o sociales que queremos comprender son complejos y, por tanto, el resultado de muchos factores, no sólo de uno. Son fenómenos multicausales. 

Imaginemos que queremos saber cómo diferentes niveles de proporcionalidad en un sistema electoral pueden aumentar o reducir la participación en las elecciones. Esta será una pregunta muy relevante si, por ejemplo, se está discutiendo la conveniencia o no de reformar el sistema electoral. El problema es que si queremos investigar cuál es el efecto de algo necesitamos controlar el efecto que a su vez ejercen otras cuestiones sobre nuestro objeto de estudio. Volviendo a nuestro ejemplo, si quisiéramos saber, y cuantificar, el efecto del sistema electoral en la participación deberíamos aislar dicha relación de los efectos que podrían explicar por qué en algunos países se vota más como, por ejemplo, la diversidad de preferencias y los grupos sociales que ya de por sí existen en la sociedad (y que, además, muchas veces son las que inicialmente explican por qué se adopta un sistema electoral más o menos proporcional). La clave para entender el problema de la causalidad es comprender, siguiendo con nuestro ejemplo, que es muy difícil, cercano a lo imposible -por utilizar una expresión de Adam Przeworski-, separar el efecto del sistema electoral del efecto del entorno social. Ambas pueden estar relacionadas con la participación y ambas pueden ir de la mano. 

¿Cómo podemos desvincular el efecto de estos dos factores para conocer el verdadero efecto causal del sistema electoral? Aquí es donde entra la revolución experimental en las ciencias sociales y de donde se derivan los premios Nobel a Card, Angrist e Imbens, pero también a los laureados en 2019, Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer. Para lograr identificar empíricamente la relación causal de un factor sobre otro necesitamos comparar dos grupos con características idénticas salvo por el factor del que queremos investigar su efecto. Utilizando la jerga académica, necesitamos un grupo de tratamiento y un grupo de control. En nuestro ejemplo, el primero sería una sociedad con determinadas características (entre las que se incluye una determinada configuración de la sociedad) a la que se le aplica una reforma electoral que hace al sistema más proporcional. El segundo grupo sería una sociedad con las mismas características pero al cual no se le aplica la reforma. Dado que la única diferencia entre ambos grupos es el tratamiento (la reforma proporcional del sistema electoral) si observásemos diferencias en los niveles de participación éstas sólo pueden deberse al efecto del tratamiento. Habríamos aislado e identificado, pues, el efecto causal del sistema electoral sobre la participación.

¿Es posible realizar este tipo de ejercicios experimentales en ciencias sociales? A diferencia de lo que sucede en un laboratorio en las ciencias naturales, la capacidad de manipular, de intervenir en la realidad de los economistas, los politólogos o los sociólogos para poner a prueba determinadas hipótesis es bastante limitada. Sí existen muchas preguntas relevantes a las que se han encontrado respuestas aplicando trabajos de campo experimental en donde los investigadores diseñan explícitamente grupos de tratamiento y control (véase el estudio clásico de Gerber and Green, 2000). Pero muchas otras preguntas importantes no pueden ser abordadas desde esta perspectiva puesto que no es posible manipular la realidad. En ciencias sociales trabajamos con el mundo que observamos -es decir con el hecho real de que tal o cuál país tiene determinado sistema electoral- y a la hora de estudiar la causas de un fenómeno no es sencillo encontrar en ese mismo mundo su contrafactual para poder comparar la presencia de un tratamiento frente la ausencia de un tratamiento. Tampoco podemos llamar a Pedro Sánchez por teléfono para pedirle que aplique un sistema electoral en determinadas Comunidades Autónomas y no en otras para que así podamos estudiar sus diferencias.

Lo que sí podemos hacer es aprovecharnos de todas aquellas circunstancias en donde de forma natural, sin intervención del investigador, la historia ha producido escenarios cuasi-experimentales. Es decir, en donde un accidente histórico o un evento inesperado ha cambiado determinados factores en algunas áreas mientras que éstos han permanecido invariables en otras y ambas áreas son suficientemente comparables. De esta forma se habrían generado un grupo de tratamiento y otro de control de manera natural, puesto que la asignación del tratamiento es como si fuese aleatoria. Es por todo esto que los experimentos naturales son tan útiles y por qué su uso no es exclusivo de la economía. Tanto en la ciencia política como en la sociología hemos intentado aplicarlos para poder establecer relaciones causales sobre fenómenos que nos interesan.

Un ejemplo bien conocido es el trabajo de Kern y Hainmueller (2009) en el que se preguntan si la exposición a medios de comunicación extranjeros puede contribuir a desestabilizar a los regímenes autocráticos. Además de abordar una pregunta interesante desde el punto de vista teórico lo que destaca de esta investigación es una estrategia de identificación empírica muy inteligente. Gracias al hecho de que la señal televisiva de Alemania Occidental llegaba a muchas, pero no a todas las partes de Alemania del Este debido a la variación topográfica, aprovechan esta exposición cuasi-aleatoria para comprobar si el acceso a una mayor pluralidad informativa se relaciona con diferentes formas de apoyo al régimen comunista. En contra de lo esperado de acuerdo a las teorías sobre el papel de los medios de comunicación, los autores encuentran que aquellas poblaciones expuestas a la televisión occidental (simplemente porque geográficamente tenían más acceso a esta) habían aumentado su apoyo al régimen autocrático. Los autores ofrecen una interpretación a dichos resultados, esto es, que la televisión occidental podría funcionar como una especie de entretenimiento y escape de las presiones diarias bajo el régimen comunista, haciendo la vida algo más llevadera y, por tanto, descomprimiendo las tensiones con el propio régimen. Al margen de que esta interpretación sea discutible, lo interesante del estudio es que informa al debate teórico sobre el papel de los medios y la estabilidad de los regímenes autocráticos, continuando y mejorando la conversación académica al respecto.

Otro ejemplo es el estudio publicado por Adam Glynn y Maya Sen, en el que intentan aislar el efecto de la empatía en las decisiones que toman los jueces. Estudiar algo tan etéreo (y que correlaciona con tantos rasgos de la personalidad) como la empatía supone un reto metodológico. Para resolverlo, Glynn y Sen buscan un experimento natural en que un acontecimiento totalmente externo a los jueces suponga un “shock” de empatía en algunas decisiones judiciales. Su solución es estudiar el impacto que tiene tener una hija, en vez de un hijo, en los votos de los jueces del Tribunal Supremo norteamericano en asuntos de género. Podemos esperar que tener hijos sea una decisión más o menos voluntaria que puede estar relacionada con muchas cuestiones. En cambio, que esta descendencia después sea en forma de hija o hijo es un elemento totalmente aleatorio que, según los autores, condicionará la manera en que los jueces mirarán el mundo y empatizarán con algunas cuestiones judiciales. Sus resultados muestran que aquellos jueces que tienen hijas adoptan posiciones más progresistas y alineadas con la agenda feminista en asuntos como el aborto, discriminación laboral por cuestiones de género, o igualdad de oportunidades en la educación, entre otros.

Los experimentos naturales nos permiten también evaluar algunos acontecimientos relevantes de nuestra historia política reciente. García-Montalvo, por ejemplo, estudia aquí qué impacto tuvieron en las elecciones generales de 2004 los atentados del 11M y la gestión que el gobierno de Aznar hizo de aquellas crisis. Las encuestas venían dando una victoria de Mariano Rajoy como un resultado más probable, pero, a priori, parecería casi imposible determinar cuánto fue el efecto final del atentado en el resultado electoral. De hecho, las encuestas postelectorales nos daban respuestas inciertas porque, después de las elecciones, los ciudadanos racionalizan su voto y dan razones para explicar por qué finalmente se movilizaron o votaron por un partido que no necesariamente se corresponden con lo que habría pasado si el atentado no hubiese ocurrido. La solución que adopta García-Montalvo es utilizar el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero como experimento natural. Como el voto en el extranjero tiene restricciones temporales, estos votantes tenían que votar antes de los atentados. El plazo para el CERA para votar en persona en los consulados o por correo certificado era el 7 de marzo. Esto permite asumir que los votantes en el extranjero no conocían el atentado del 11M a la hora de votar mientras que los votantes que residían en España si lo conocían. El plazo para votar desde el extranjero supone un experimento natural que nos permite comparar ambos grupos. La conclusión de García-Montalvo, observando que el PP lo hizo relativamente mejor en el voto del CERA comparado con el voto de los residentes, es que Rajoy podría haber obtenido entre 5 y 6,7 puntos más en las elecciones del 14 de marzo de 2004 si el 11M y su gestión posterior nunca hubiese ocurrido.

Otro ejemplo que nos cae cerca es el trabajo de Carlos Sanz sobre los efectos del tipo de lista electoral (abierta o cerrada) sobre la participación. En esta ocasión, el autor explota una particularidad poco conocida del sistema electoral español para la celebración de las elecciones municipales. La ley electoral establece una discontinuidad en la forma de elegir a los representantes a nivel local en función del número de habitantes de los municipios: las poblaciones con menos de 250 habitantes utilizan un sistema de lista abiertas (los votantes pueden elegir de manera selectiva a candidatos de un mismo partido así como de otros); mientras que las localidades con más de 250 habitantes utilizan el sistema de listas cerradas. Estudiando el comportamiento electoral de los municipios alrededor de este umbral arbitrario (establecido por una ley estatal) es posible separar el efecto del tipo de listas del de otros factores que podrían correlacionar con el establecimiento endógeno de las mismas, y por lo tanto con los niveles de participación electoral. En otras palabras, dado que la comparación no es entre urbes como Madrid y Barcelona con pueblos con menos de 250 habitantes, sino entre municipios pequeños pero con características muy similares, exceptuando la regla electoral, es fácil pensar en que este accidente histórico ha conformado un grupo de tratamiento y otro control de manera casi aleatoria. Sanz encuentra que las listas abiertas incentivan la participación en un orden de entre un 1% y 2%.

Estos son sólo algunos ejemplos, pero podríamos haber traído muchos más. La revolución causal en las ciencias sociales, más allá de la economía, es un hecho. Su contribución no es sólo hacernos un poco más sabios sobre algunos fenómenos sociales, políticos y económicos, y establecer explicaciones más precisas (que nos permiten, por ejemplo, evaluar mejor el impacto que una política pública), sino que también nos permiten discutir, poner en tela de juicio y cuestionar algunas de las teorías que creíamos más asentadas. 

No es por malmeter, pero analizar la fidelidad del voto a Ciudadanos es una tarea difícil, fundamentalmente porque son muy pocos. No son 4, pero sí 68. Esta cifra es la que registra el último barómetro del CIS de mayo, 2021, y representa el 1.8% del total de la muestra. Con un número tan bajo de observaciones nos queda poco margen para comparar submuestras o explorar interacciones, por poner un ejemplo.

Una posible solución es apilar barómetros, y eso es justamente lo que ha hecho el CIS con los de enero, febrero y marzo (Ficha 66010321; N=11551). Utilizaré estos datos para analizar los factores asociados a la fidelidad en el voto a Ciudadanos o, según qué cara de la moneda se mire, los cuernos que le han puesto sus ex votantes. Aunque puede que se trate de una separación en toda regla.

Eludiré apilar los barómetros subsiguientes por un motivo bien claro. Me interesa conocer la lealtad en el voto a la formación naranja antes de que se activase la coordinación de votantes y dirigentes en torno al Partido Popular. Es decir, antes de que las elecciones autonómicas en Madrid arrasase con las expectativas políticas y electorales de los de Arrimadas y que el PP se empezase a nutrir de dichas fugas. Es cierto que el proceso comenzó ya en febrero de 2021 con los malos resultados en las elecciones catalanas, así como que se aceleró con la fallida moción de censura en Murcia, pero el golpe madrileño, en marzo de 2021, aún no había llegado.

Conocer el perfil de los votantes que se mantenían fieles a Ciudadanos puede que nos ayude a analizar si existe un margen para la remontada. Es decir, si el electorado naranja mantiene algunas características particulares que lo puede ayudar a marcar un perfil propio para evitar ser del todo engullido por sus adversarios.

Empecemos por lo más básico. Definiré a un votante fiel a Ciudadanos si en la misma encuesta declara haber votado al partido naranja en las elecciones de noviembre de 2019 y, a su vez, indica que tiene intención de votarle en unas hipotéticas próximas elecciones generales. El porcentaje de fieles en los tres barómetros analizados es de 4.4% de toda la muestra, 509 encuestados que mantienen su matrimonio con los de Arrimadas. Estos 509 votantes suponen un 44% entre los que votaron a Ciudadanos el 10N, lo que hace un 54% de infieles. De este 54% de desleales, el 25% confiesan que han saltado a las filas del PP, casi 8% a Vox, 3.5% al PSOE y el resto se reparte entre los que han viajado a otros partidos, no votarían, harían un voto nulo o declaran en la encuesta que no saben o, directamente, no contestan.

Para conocer cuáles son los factores que explican la fidelidad del voto naranja, he realizado un análisis de regresión en donde exploro el efecto de las variables sexo, edad, situación económica personal, nivel de estudios, ideología (medida como distancia del centro), religiosidad, la valoración de Sánchez, la valoración de la líder del partido, Arrimadas, el tamaño del municipio en donde viven los encuestados, si viven o no en una comunidad autónoma en donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, controlando además por la fecha en el que se realiza la encuesta. Los resultados presentados en el gráfico 1 han sido contrastados con diferentes especificaciones de los modelos, diferentes formas de codificar a las variables y atendiendo otros problemas en la estimación. Ninguna de estas cuestiones cambia de manera sustancial lo que se describe a continuación. 

Gráfico 1. Factores explicativos de la fidelidad en el voto a Ciudadanos

Hay cinco factores que cumplen con los criterios convencionales de significatividad estadística y que, por tanto, aparecen claramente asociados a la fidelidad en Ciudadanos. Estos son el sexo del entrevistado, su edad, su ideología, su valoración sobre Arrimadas y el momento en el que fue entrevistado. Las mujeres que han votado a Ciudadanos se han mantenido en término medio más leales a su partido. Ser mujer en contra de ser hombre implica una mayor probabilidad de fidelidad (en torno a 10%). En lo que respecta a la edad, a pesar de verse en el gráfico un coeficiente pequeño, estimamos que a medida que la edad aumenta disminuye la probabilidad de ser fiel al partido naranja. Simulando la predicción de fidelidad, vemos que la probabilidad pasa de porcentajes cercanos al 50% a estar por debajo del 40% si comparamos encuestados entre 18 y 35 años con mayores de 65 (gráfico 2). De hecho, si en vez de introducir la variable edad como una variable continua en el modelo estadístico la incorporamos como categorías de edad, ser mayor de 65 años (en comparación con jóvenes de 18-24) indica claramente una relación negativa y significativa con la lealtad a Ciudadanos.

 Gráfico 2. Efecto de la edad en la fidelidad del voto a Ciudadanos

El tercer factor es la ideología. Sabemos que los de Arrimadas siempre han defendido en su discurso que Ciudadanos es un partido de centro. No obstante, el partido se movió hacia posiciones más conservadoras (al menos desde la perspectiva de los votantes) y acabó apostando (con malos resultados) a reemplazar al PP en el espacio de la derecha. Con la salida de Rivera, Arrimadas dio algunos pasos para recuperar esa posición centrista. Los datos analizados indican justamente que, entre los que siguen apoyando a los naranjas, prima una posición ideológica de centro. En el gráfico 1 vemos que a medida que los votantes se alejan del centro político, la fidelidad cae. El gráfico 3 ayuda a hacernos con una interpretación más sustantiva. La probabilidad de ser leal a las filas de Ciudadanos es del 50% si los ex votantes del partido se auto posicionan en el 5 de la escala ideológica. Pero a medida que se alejan, esa probabilidad se reduce hasta 5 puntos porcentuales si la distancia del centro es de 1 punto, más de 10% si la distancia es de 2, y casi 20% si la distancia es de 3.

 Gráfico 3. Efecto de la distancia ideológica del centro en la fidelidad del voto a Ciudadanos

Las otras dos variables asociadas a la lealtad cosechadas por Ciudadanos son bastante obvias. En primer lugar vemos que la valoración que hacen los encuestados de Arrimadas tiene una relación positiva con seguir votando por el mismo partido. Un incremento marginal de la valoración (en sentido favorable) implica un aumento del 10% en la probabilidad de ser fiel. Por otro lado, los encuestados en el mes de marzo tienen de manera estructural una mayor propensión a la infidelidad. Esto se debe, seguramente, a que durante el campo del barómetro (entre el 1 y el 11 de marzo) los entrevistados ya contaban con información relativa al triste camino que comenzaba a transitar la formación de Arrimadas, es decir, acumulaban ya en sus sienes los varapalos de las elecciones catalanas y, algunos pocos, el registro de la moción de censura junto al PSOE en Murcia.

 El apartado de no resultados es particularmente llamativo, es decir, de aquellas variables que podrían aportar alguna información relevante en cuanto al potencial atractivo de Ciudadanos vemos que no hay fuerza alguna. Ni el nivel educativo de los encuestados, ni su situación económica, ni sus creencias religiosas, ni su anti-sanchismo, ni el tamaño de municipio en el que viven, y ni siquiera el hecho de tener representantes del partido naranja en el gobierno autonómico, por aquello de la experiencia de gobierno, dan pistas para vislumbrar un hilo del que tirar.

Constatamos, pues, que el perfil de los que quedan (por usar la analogía errejoniana de “los que faltan”, cuando Podemos aspiraba, con su estrategia hegemónica-subliminal, a atraer a una mayor fracción del electorado socialista y quizás naranja por aquello del regeneracionismo) está marcado por las mujeres, por los no mayores, por el centrismo y por el liderazgo de Arrimadas. Salvo el carácter centrista, no parece que estas características sean un buen activo para diferenciar al partido de otros competidores. Y el centro, en tiempos de polarización, es tan sensato como arriesgado.

A raíz de la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad y de la necesidad de reemplazarlo en el contexto de la pandemia, el debate público ha vuelto a poner su mirada sobre la idoneidad de los perfiles de los ministros y ministras para ocupar un cargo en el Ejecutivo. Es decir, sobre si su formación y experiencia son las más adecuadas para dirigir una cartera de gobierno.

¿Debería el Ministerio de Sanidad estar pilotado por un médico de reconocido prestigio? ¿Un exitoso empresario del campo sería un buen Ministro de Agricultura? ¿La cartera de Economía debería recaer en manos de algún reputado economista? Es frecuente que este tipo de preguntas emerjan ante la formación o remodelación de un nuevo gobierno. Dicho planteamiento puede analizarse en dos planos diferentes, uno atendiendo a la reacción inmediata, intuitiva, aunque cargada de argumentos rudimentarios (¡quién si no va a saber más que un médico sobre salud pública!), y otro prestando atención a la corrientes de fondo en las que navega. Transitemos de momento por esta segunda vía.

El debate sobre qué tipo de perfil debería tener un miembro del Gobierno, o en nuestro caso concreto, quién debería ocupar la cartera de Sanidad en medio de una pandemia, entronca con una discusión profunda que va más allá del contexto del COVID-19 y que versa sobre la crisis de las democracias representativas. El debate apunta a cuál debería ser el papel de los expertos en la democracia de partidos, pues estos últimos, independientemente de color que sean, decepcionan con mucha frecuencia al no poder conjugar del todo su función de representación (atender a las demandas de los votantes) con la de responsabilidad (conseguir buenos resultados en el largo plazo en base a los intereses de los votantes pero articulándolos con demandas de otros actores –mercados, organismos internacionales, etc.-), todo esto en contextos de híper-interdependencia global y alta incertidumbre.

La respuesta tecnocrática (el gobierno de los expertos) se ha defendido como una de las posibles alternativas al papel de los partidos. ¿Deberían los expertos tener capacidad ejecutiva por encima de los ministros o estar subordinados a estos informándoles en el diseño de políticas públicas y apoyándolos en la toma de decisiones? Sobre este asunto hemos reflexionado hace poco en este mismo blog (véase aquí).

Dejando al margen la cuestión central, pero sin abandonar un aspecto importante del debate, en este post queremos compartir unos resultados producto de una reciente encuesta experimental realizada dentro de un proyecto más amplio sobre el estudio de las preferencias y las actitudes de los españoles hacia los expertos (financiada por el proyecto CSO2017-89847-P del Plan Nacional de I+D+i). En la encuesta empleamos un diseño llamado “conjoint experiment” en donde básicamente presentamos a una muestra de 2000 personas en España dos perfiles de candidatos para ocupar el Mando Único en caso de declaración del estado de alarma. Como sabemos, este órgano es el encargado de liderar la respuesta a la pandemia y de coordinar las actuaciones entre diferentes niveles de gobiernos. A los encuestados se les proporciona información sobre el género, la edad, el lugar de nacimiento, el tipo (si es político o experto), el partido político al que pertenece en caso de ser político, y el área de trabajo en la que los candidatos han realizado su profesión (en nuestro experimento solo ofrecemos dos opciones: sanidad o economía). El orden y el valor que adoptan todos estos atributos (si es hombre o mujer, por ejemplo) se presentan de manera aleatoria, generando varios perfiles diferentes entre los cuales los participantes eligen uno de los dos candidatos en una serie de cinco votaciones. La generación de datos en base a la aleatorización de los atributos nos permite evaluar a posteriori de forma rigurosa qué atributos han tenido más peso en la elección del Mando Único.

El principal resultado de este ejercicio es que ser experto es la característica que más condiciona la elección del candidato. Cuando el candidato para ocupar el Mando Único es experto en vez de político la probabilidad de que este sea elegido aumenta considerablemente (cerca del 40%).[1] Pero (¡atención!), este resultado se da independientemente del tipo de trabajo en el que el experto desarrolle su trabajo, puesto que cuando analizamos la interacción de los atributos, el área de trabajo del experto no ejerce una influencia estadísticamente significativa sobre la elección del candidato.

Para ahondar en este último aspecto, es decir, para comprender cómo condiciona el tipo de experiencia profesional en la influencia que tiene la cualidad de ser experto frente a ser político, hemos complementado el ejercicio anterior con un experimento de viñeta o experimento de marco (framing experiment). Este consiste en analizar cómo diferentes formas de presentar la crisis del COVID-19 (si como una crisis exclusivamente sanitaria o como una crisis sanitaria pero con importantísimas consecuencias económicas) puede desencadenar diferentes opiniones entre los encuestados acerca de la idoneidad de los perfiles de los candidatos para ocupar el cargo de Mando Único. Este condicionante, como es lógico, se introduce antes de pedirles a los encuestados que elijan entre los diferentes perfiles y la asignación de marco o frame para cada uno de ellos (el que enfatiza la crisis sanitaria, el que enfatiza la crisis económica o el grupo de control) se realiza de manera aleatoria.

De forma resumida, los resultados encontrados nos dicen los siguiente: como antes, los expertos siguen siendo preferidos a los políticos, pero cuando presentamos la crisis de la COVID-19 subrayando exclusivamente sus aspectos sanitarios los ciudadanos prefieren con claridad expertos en salud pública que a expertos en economía. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido es de 76% frente a un 58% en el caso de un perfil de experto-economista. Este resultado parece casi una obviedad y seguramente se ajuste a lo intuido por muchos lectores. A fin de cuentas el coronavirus representa una crisis sanitaria de primer orden. No obstante, resulta sorprendente la debilidad de dicha preferencia (la de sanitarios sobre economistas) en el momento que analizamos lo que sucede cuando la crisis de la COVID-19 se presenta como una crisis también económica. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido para dirigir la respuesta a la pandemia es prácticamente igual a la del perfil de un experto-economista. De hecho, la del segundo es mayor que la del primero (66% y 69% respectivamente), lo cual significa que el tipo de experto pasa a ser irrelevante desde el punto de vista estadístico.

Estas evidencias señalan tres cuestiones. La primera, la considerable extensión de la preferencia por expertos en cargos ejecutivos, como se ha señalado en anteriores investigaciones. La segunda, que la preferencia por el tipo específico de experto es manipulable. La tercera, y relacionada con esta última, que esa maleabilidad de la preferencia por expertos está muy condicionada por cómo se presente ante los ciudadanos la cuestión política a gestionar. En este último terreno creemos conveniente que quienes proponen ciertos debates públicos sean conscientes de las implicaciones de usar argumentos potencialmente populares pero excesivamente rudimentarios. Ese uso de un argumento tecnocrático, elitista, antipartidista, antipolítico, puede generar sin duda simpatías pero también dinámicas que debiliten la democracia representativa. 

[1] Este hallazgo es coherente con otro resultado que también hemos presentado en este mismo blog sobre preferencias tecnocráticas durante la pandemia (véase aquí).

Hace aproximadamente un año llegaban las primeras noticias de un brote de una extraña neumonía en Wuhan, una provincia china de la que pocos habíamos oído hablar. Según pasaron las semanas, las noticias cada vez eran más preocupantes: confinamiento estricto en China, casos en aumento y en expansión global. En este contexto de alarma, sabíamos muy poco sobre la amenaza a la que nos enfrentábamos. Todo eran incógnitas: ¿Cómo se transmite el virus? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuándo habrá una vacuna? En la búsqueda apremiante por obtener respuestas, el mundo acudió a los expertos: virólogas, epidemiólogas, médicos de salud pública. Ante nuestro desconocimiento, quisimos que su saber especializado, acumulado por décadas de formación, pudiera guiarnos como sociedades.

La necesidad de expertos era particularmente evidente ante los dilemas a los que se enfrentaban los gobiernos. ¿Qué tipo de medidas tomar para frenar el avance del virus? ¿Es necesario adoptar un confinamiento estricto? ¿Cómo conjugar el combate del virus con la protección de la economía? En estas primeras semanas los expertos al frente de las comisiones de asesoramiento a los gobiernos se convirtieron en nombres familiares. Anthony Fauci en Estados Unidos, Neil Ferguson en el Reino Unido, o Fernando Simón en España. Eso sí, sus recomendaciones no eran unánimes. Mientras que en China, Italia, o España los científicos proponían frenar la curva de manera vigorosa. En Suecia o en el Reino Unido entendían que la mejor opción era no establecer grandes restricciones y así avanzar hacia la inmunidad de rebaño. Según se empezaron a notar los terribles efectos de la pandemia sobre la actividad económica, al debate se incorporaron también economistas. En resumen, en tiempos de incertidumbre, el saber experto parecería ser un atributo en alza.

Sin embargo, es precisamente en este contexto cuando las teorías de la conspiración han tenido un mayor eco. Su principal elemento en común es un cuestionamiento de los mensajes de los profesionales especializados: (a) se ha sostenido que el virus había sido manufacturado por un laboratorio chino, (b) se ha dicho que Bill Gates está detrás del virus para hacerse rico con las vacunas, o (c) se ha cuestionado la utilidad de las mascarillas. Al éxito de estas teorías ha contribuido el amparo político que han recibido desde dirigentes y partidos muy importantes a nivel global como Trump o Bolsonaro.

En este contexto que combina dependencia del saber experto con cuestionamiento sin precedentes de ese mismo conocimiento, los autores de este post hemos estudiado cómo ha afectado la pandemia en la percepción sobre el rol de los expertos. Para ello, hemos realizado dos encuestas, una antes de la pandemia -marzo 2019- y otra en pleno desarrollo de la misma -mayo de 2020-. Las mismas 1.200 personas respondieron a las dos encuestas (financiadas por el proyecto de I+D+i CSO2017-89847-P del Plan Nacional de Investigación), con lo cual podemos comparar cómo han evolucionado sus opiniones. En ambos cuestionarios incluimos una batería completa de preguntas sobre actitudes tecnocráticas. Estas preguntas están tomadas prestadas de la publicación reciente de Eri Bertsou y Daniele Caramani.

Cada una de las 10 preguntas de la batería se presenta como una afirmación ante la cual el entrevistado debe indicar su grado de acuerdo, donde el mayor desacuerdo se mide como un 0 y el mayor acuerdo como un 10. Esta batería busca capturar las tres dimensiones de la preferencia a que los expertos tomen decisiones: elitismo, apoyo a decisiones basadas en el conocimiento y el anti-partidismo. La batería de preguntas es la siguiente:

Elitismo

Apoyo a decisiones basadas en el conocimiento

Anti-partidismo

Para analizar el cambio de opiniones producido por la pandemia, hemos tomado la diferencia entre las opiniones dadas en mayo de 2020 y las opiniones emitidas un año antes. El gráfico siguiente muestra la media de estas diferencias para cada una de las preguntas de la batería.

Como podemos ver, con la pandemia ha aumentado en términos generales el grado de apoyo al rol de los expertos. La mayor parte de las diferencias son positivas, es decir, hay mayor apoyo a las afirmaciones de corte tecnocrático en mayo de 2020 que en marzo de 2019. En los casos en los que la media de apoyo ha bajado, lo ha hecho en muy pequeña medida y podemos decir que estadísticamente esa bajada no es significativa.

En concreto, del conjunto de preguntas, ¿Cuáles son las actitudes que más se han reforzado con la pandemia? Como podemos ver, son las preguntas 4-7. Esas cuatro afirmaciones reflejan la dimensión de apoyo a que las decisiones estén basadas en el conocimiento (expertise en inglés). El grado de apoyo a esas afirmaciones ha aumentado notablemente y de manera estadísticamente significativa. La magnitud de ese aumento es de 0.4, 0.7, 0.3, y 0.4, respectivamente. Pueden parecer cambios menores, pero reflejan el 17%, 29%, 17% y 18% de la desviación estándar de la respuesta en cada caso. Por lo tanto, podemos decir que con la pandemia se ha acentuado la preferencia de los ciudadanos por que los expertos estén involucrados en la toma de decisiones.

En conclusión, en un contexto que conjuga dependencia del saber profesional y experto con cuestionamiento de los argumentos científicos sin precedentes en los tiempos recientes, vemos que el resultado neto en la opinión pública española es muy claro: Los ciudadanos han redoblado su confianza en que las decisiones se basen en el conocimiento de los expertos.

Recientemente han aparecido en nuestro país declaraciones y pronunciamientos favorables a conceder a los expertos, a los científicos, a los investigadores, un papel más relevante en los procesos de toma de decisiones políticas. La discusión sobre la gestión de la pandemia, de manera muy destacada, y la administración de los fondos europeos para la recuperación, de manera incipiente, son dos de los temas en los que esta reivindicación del papel de los expertos ha sido evidente.

Que se produzcan este tipo de demandas es lo esperable dada la situación del país. En un momento en que se agolpan los problemas que han de resolverse de manera urgente es usual encontrar estos llamamientos. En una situación de crisis y de riesgos gravísimos en que los estados, las administraciones y los responsables políticos encuentran crecientes dificultades para asegurar objetivos centrales como la vida y un bienestar económico básico, no resulta extraño que se reclame un mayor peso del conocimiento experto en el diseño de políticas y en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, algunos de esos requerimientos parecen deslizarse hacia una reivindicación de una gestión política tecnocrática. Las recientes declaraciones de Luis Garicano, profesor de Economía, diputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos y vicepresidente del grupo Renew Europe, sobre cómo gestionar los fondos europeos para la reconstrucción se sitúan en esta aproximación tecnocrática. Garicano declaraba en Radio Nacional de España:

“Lo que yo sugiero es una oficina independiente con poderes por encima de todos los ministerios que realmente consiga llevar a cabo las reformas necesarias, fiscalizar este dinero, asegurar que se gasta bien, asegurar que hacemos lo que tenemos que hacer, en una oportunidad histórica. Si perdemos esta oportunidad, seguramente no vamos a tener otra”.

Son unas declaraciones muy interesantes que ponen sobre la mesa qué papel deben jugar los expertos y el saber experto en política, qué papel juegan la administración, los responsables políticos y los políticos, en general. Y proponen una respuesta tecnocrática a la cuestión de cómo gestionar, en este caso, unos fondos europeos. Es una propuesta que puede ser sin duda atractiva, pero sobre la que, si se nos permite la ironía, precisamente el conocimiento previo, el saber acumulado, nos avisa de que contiene también problemas potencialmente graves.

¿Por qué la propuesta de Luis Garicano es una propuesta tecnocrática? La tecnocracia, en una definición mínima, supone la implicación de expertos (individuos dotados de ciertas credenciales académicas de especialización) en el proceso de toma de decisiones políticas. En cierta medida esa implicación se puede entender como un continuo en que la intervención de los expertos es más o menos intensa, en que su protagonismo es mayor o menor en la definición y diseño de los problemas y de sus soluciones. En el extremo de mayor implicación y mayor protagonismo de los expertos encontraríamos las propuestas tecnocráticas. Éstas suponen delegar en los expertos la identificación de los problemas, la definición de los objetivos, el diseño de las soluciones. Asociada a la propuesta tecnocrática está la asunción de que sólo el saber experto y sólo la delegación de autoridad política en los expertos pueden lograr la identificación de una especie de interés general óptimo —que se gaste bien— así como las políticas públicas más eficaces para conseguirlo. En cambio, los arreglos institucionales habituales de la democracia representativa, los partidos, tendrían menor capacidad para conseguir dichos propósitos. Una élite de técnicos, independientes, ajenos a los imperativos de la competición electoral, a las presiones de la opinión pública, dotados de un saber experto objetivo, neutral, apolítico, pueden perseguir el bien común y el beneficio general mejor que los representantes públicos. En las declaraciones de Luis Garicano resuenan obviamente varios de estos elementos tecnocráticos.

La propuesta tecnocrática puede resultar sugerente por varios motivos. ¿Quién puede negar la bondad de políticas públicas que se sitúen por encima de particularismos, por encima de clientelismos varios, que persigan un bien común que todos compartimos? Es comprensible que, en momentos de descontento, de crisis, de reclamaciones de regeneración, las propuestas tecnocráticas abunden y sean vistas favorablemente por muchos.

De hecho, como ya hemos documentado en un estudio (aquí), en el caso español estas propuestas pueden ser bien acogidas porque los españoles mostramos, en términos comparados, una visión muy positiva de la implicación de expertos en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, paradójicamente, las propuestas tecnocráticas parecen pasar por alto la evidencia empírica que señala que los ciudadanos, teniendo una visión positiva de los expertos, no se muestran favorables a que dispongan de una autoridad política autónoma, independiente del poder político representativo y democrático. Esta cuestión está documentada por los trabajos de Joan Font y Ernesto Ganuza para el caso de España (aquí y aquí), por Dommet y Temple para el Reino Unido (aquí) y por Eri Bertsou con evidencia comparada para siete democracias europeas (aquí).

Las propuestas tecnocráticas tampoco parecen tener en cuenta algunas de las enseñanzas y evidencias procedentes del análisis de la gestión de la Gran Recesión de 2008, cuando políticas impulsadas por instituciones ajenas a los gobiernos democráticamente elegidos de varios países europeos fueron acogidas muy negativamente por la ciudadanía, resultando esto en una crisis del apoyo a la democracia en esos países (véase aquí) y, en algunos casos, quizás un trampolín para las opciones populistas (véase aquí y la conclusión de este reciente estudio publicado en una de las más prestigiosas revistas de Ciencia Política, aquí).

Las propuestas tecnocráticas parecen sobrestimar la posibilidad de identificar áreas en las que un consenso amplio sobre los objetivos permita que expertos independientes, a resguardo de la rendición de cuentas democrática, puedan centrarse en diseñar aspectos meramente técnicos que no impliquen diferentes valores, preferencias e intereses políticos. Estas propuestas parecen también sobrestimar la existencia de un conocimiento científico consensuado y consolidado de modo que permita un debate técnico ajeno a sus implicaciones políticas. Qué es saber experto y quiénes son los expertos son cuestiones problemáticas, disputadas, que los favorables a soluciones tecnocráticas tienden a abordar de modo despreocupado.

En una medida no despreciable las soluciones tecnocráticas tienden a generar una reacción contraria en la opinión pública, confían en una concepción excesivamente simplificada del saber experto o científico y no parecen considerar adecuadamente su probable contribución al debilitamiento de nuestras democracias. Contraponer la autoridad política de representantes democráticamente elegidos —supuestamente ineficaces y tendentes al clientelismo— al conocimiento experto, como finalmente hacen los partidarios de arreglos tecnocráticos, no parece el camino más seguro para lograr el bienvenido objetivo de que la administración y los políticos se apoyen más en la investigación, en la ciencia y en los expertos durante los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Hay otras posibilidades. En ese continuo de implicación de los expertos en el proceso de toma de decisiones que mencionábamos antes hay otras opciones menos extremas que la tecnocracia que pueden aprovechar el saber experto, buscar su adecuada inserción en el entramado político, burocrático y administrativo de un país y, además, ser mejor recibidas por la opinión pública.

Los expertos, dentro y fuera de los partidos, en la administración, en agencias, departamentos de investigación, participan habitualmente en la elaboración de políticas públicas. Un tipo de expertos, los conocidos en el lenguaje académico como technopols (expertos académicos, científicos, que son afiliados de un partido y que aceptan puestos de responsabilidad política) son una figura frecuente en muchos gobiernos. Su combinación de rasgos (disposición de un conocimiento experto e inserción en el entramado político representativo) es particularmente bien valorada por los ciudadanos como nosotros mismos hemos mostrado en una investigación reciente junto a Pablo Fernández-Vázquez (aquí).

Conseguir que la administración, que los gobiernos, aprovechen el conocimiento científico no es fácil. Hay campos en los que la transferencia de conocimiento se ha demostrado repetidamente difícil; hay organizaciones más tendentes que otras al uso del conocimiento científico de un modo simbólico, estratégico, a modo de legitimación o como respaldo de posiciones políticas previas; hay organizaciones que a pesar de su buena predisposición no consiguen aprovechar el conocimiento científico por falta de recursos o capacidad. En definitiva, dirigir el saber experto hacia la solución de problemas sociales es extraordinariamente complejo. Pero las propuestas tecnocráticas no es probable que resuelvan esas dificultades, límites y complejidades sin generar problemas adicionales graves.

Al comienzo de este artículo decíamos que es habitual encontrar propuestas tecnocráticas en el debate público en momentos de crisis. Las propuestas tecnocráticas se han sugerido desde hace años como soluciones a los desafíos crecientemente complejos a los que se enfrentan los gobiernos democráticos. Curiosamente, como recordaba precisamente un reconocido experto en el análisis político, el profesor Peter Mair, en su libro póstumo Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental, no es inusual encontrar políticos de diversos partidos que, favoreciendo soluciones tecnocráticas, tienden a descalificar su propia labor, políticos que menosprecian precisamente la actividad política, representantes políticos que defienden opciones tecnocráticas como soluciones eficaces ante la inoperancia de las instituciones representativas a las que pertenecen. Pero estas propuestas tienden a olvidar que, como también sugería Mair, la retórica tecnocrática supone una retirada de las élites políticas del ámbito político democrático, ahonda la crisis de representación política y, con ello, constituye un elemento más de la crisis de nuestras democracias.

España se enfrenta a desafíos muy graves; en esa situación es sin duda necesario mejorar la conexión entre las decisiones políticas y la investigación científica, es necesario eliminar las lagunas de información y conocimiento en algunas áreas clave, es necesario mejorar la transferencia de conocimiento. No resulta evidente que para enfrentarse a estos desafíos el mejor camino sea instaurar instituciones y soluciones tecnocráticas.

El bipartidismo español ha muerto. El 10 de noviembre de 2019 quedará marcado en los libros de Historia como la fecha oficial de defunción. O eso debería. Pues si bien hemos estado hablando del fin del bipartidismo desde mayo de 2014 –tras el ascenso de Ciudadanos y Podemos en las elecciones europeas– o, con más celo, desde la nueva y variada composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones generales de 2015, la Parca –aunque ya dejaba ver su silueta en el horizonte– no había asestado aún su golpe mortal. Pero con el 10N todo acabó, ya no hubo forma de burlar a la guadaña.

Esta idea va en contra de los hechos, argumentaréis enseguida. Y es cierto, pues si nos atenemos a los números y a la aritmética parlamentaria para la formación de gobierno, el multipartidismo lleva ya años asentado en la arena política nacional. No obstante, permítanme que replique, el bipartidismo no había muerto del todo, pues hasta ahora seguía funcionando como la lente que transformaba la manera de ver (y entender a) la política por parte de los partidos y los votantes. En este breve post me centraré en los primeros –los partidos– y argumentaré que a pesar de la fragmentación partidista y las dificultades para la formación de gobiernos los líderes políticos seguían operando con una lógica política propia del bipartidismo. Pondré el ejemplo de PSOE, Podemos y Ciudadanos, los últimos tres partidos que podrían haber dejado de razonar en términos bipartidistas para alcanzar el poder y no lo hicieron.

Desde mi punto de vista el caso más claro es el del Partido Socialista, quien en dos ocasiones tuvo la oportunidad de formar gobierno asumiendo el coste de compartir –de una forma u otra– el poder con otras fuerzas políticas, principalmente Podemos. Tras las elecciones de diciembre de 2015, una alianza con los morados y los nacionalistas hubiese enterrado el bipartidismo a la primera; en abril de 2019 el pacto con Unidas Podemos también se quedó, para sorpresa de muchos, en el camino. En ninguna de las dos ocasiones el PSOE interpretó la fragmentación que arrojaban los resultados electorales como una señal inequívoca y definitiva de cambio de ciclo. De lo contrario, a pesar de los incentivos a corto plazo, se habría aventurado a formar una coalición progresistas con un programa conjunto de transformación de largo recorrido. Intuyo, perdonen ustedes, que aún sobrevivía la idea de que era posible recuperar una posición política en la izquierda que no dependiera de otros grupos políticos. Es cierto que en ambas ocasiones entraron en juego otros factores que dificultaron que el PSOE terminase por soltar amarras, pero en ambos casos –especulo– los incentivos a intentar recuperar el espacio electoral perdido seguían gobernando la toma de decisiones en Ferraz.

Sin dudas la apuesta por repetir las elecciones en 2019 ilustra de la mejor manera mi argumento. Después de las elecciones de abril, el PSOE vislumbró la posibilidad de empujar a UPs a una posición casi marginal, obligando a los de Iglesias a tener que apoyar desde fuera a un gobierno monocolor. Los datos coyunturales –se ha argumentado– incentivaban dicha apuesta, pero la atractiva idea de laminar al competidor y volver a reinar sin dificultades en su espacio electoral en realidad estaba distorsionaba por la lógica bipartidista, que no dejaba ver con claridad el cambio estructural que ya habían sufrido las preferencias políticas de los españoles. Reconozco que esta interpretación asume que las negociaciones entre el PSOE y UPs previas a la repetición –a pesar de haber avanzado bastante– no reflejaban la intención de Pedro Sánchez de pactar un gobierno de coalición. Desde mi punto de vista existen varios indicios para creer esto, pero esto es una tema aparte. Abrazad el supuesto conmigo o juzgadme con severidad.

Por otro lado, es esperable que sean los partidos tradicionales los que normalmente operen con una lógica bipartidista en su toma de decisiones, y que por tanto sean los que se encuentren con mayores dificultades para cortocircuitar la fuerza de inercia. Pero lo llamativo es que los líderes de los nuevos partidos también hayan seguido utilizando las gafas bipartidistas hasta hace bien poco. Tanto en el caso de Podemos como de Ciudadanos las consecuencias de dicha distorsión se han visto en sus correspondientes apuestas por un sorpaso a sus competidores. En diciembre de 2015, tras conseguir unos muy buen resultados en las urnas, Pablo Iglesias dejó caer en la mismísima noche electoral que a él no le importaba si se repetían elecciones, pues se habían quedado muy cerca de quitarle el primer puesto en la izquierda al PSOE. En su cabeza –especulo– estaba no sólo la posibilidad de ganar unas elecciones a los socialistas, sino de arrollar prácticamente por completo su espacio electoral, convirtiéndose en el nuevo PSOE y reemplazándolo en la competición bipartidista. Ese –confiesan muchos– era el objetivo original de Podemos. Tras la repetición electoral nada de eso sucedió.

El caso de Ciudadanos es bastante más reciente y con un final bastante más trágico. De cara a las elecciones de abril de 2019, la formación naranja decidió dar un brusco giro a la derecha imponiendo de antemano un veto a la formación de gobierno con Pedro Sánchez. Justamente la formación que había llegado a la política para ocupar una posición pragmática, de partido bisagra, desde donde promover –según defendían en sus comienzos– reformas estructurales y de regeneración democrática. Pero lo más probable es que el veto naranja estuviese diseñado para ganar la particular batalla de Rivera al PP. En contra de la progresión electoral del partido y de los indicios demoscópicos (ninguna encuesta para entonces lo acercaba a un escenario de sorpaso), Ciudadanos habría visto en el horizonte –especulo de nuevo– la posibilidad de ganar la primer posición en la derecha y, con el tiempo, convertirse en el punto focal para la coordinación del voto liberal y conservador. Pero esa visión seguramente estaba desenfocada por la lente del mundo bipartidista. Seguía operando en las élites de los naranjas la idea de que acabarían siendo el reemplazo del PP. En las elecciones del 28A, como Podemos en 2015, Ciudadanos se quedó cerca del sorpaso y, en consecuencia, redobló su apuesta. En la repetición griparon el motor, perdieron la mitad del voto y el sistema electoral los pasó por la trituradora.

La especulación tiene un límite, lo reconozco, pero quizás otra hubiese sido la historia de Ciudadanos si hubiese comprendido que su objetivo principal no pasaba por ganarle el primer puesto en la derecha al PP, sino comprender que el bipartidismo aritmético era cosa ya del pasado y que en aras de promover y ejecutar una agenda política lo más lógico era encontrar una posición sólida y privilegiada en el centro, capaz de conseguir concesiones de unos y de otros. Esa podría haber sido un espacio más pequeño pero mucho más fructífero para los de Rivera.

En definitiva, las elecciones del 10N han sido las cuartas en las que los votantes pintan un Congreso de los Diputados multicolor y multidimensional, es decir, heterogéneo y complejo para gobernar. Por tanto, no parecería sensato que los partidos continúen insistiendo en planear sus estrategias políticas pensando en que la política española, tarde o temprano, seguirá siendo una cosa de dos. En los próximos días, de salir adelante el primer gobierno de coalición (a nivel estatal) desde la vuelta de la democracia, la muerte del bipartidismo quedaría certificada. No sería mala idea, a modo de advertencia, colocar en su lápida el mismo epitafio que aparece en la tumba del profeta Nostradamus: “No envidiéis la paz de los muertos”.

Este martes se publicó el último barómetro del CIS antes de las elecciones. Los titulares probablemente ya los conozcan. Los resultados del barómetro dan al PSOE como partido más votado, aunque necesitaría pactos para gobernar, mientras que la suma de PP, Ciudadanos y Vox no llega a la mayoría absoluta. Más allá de estos titulares, queremos destacar aquí algunas otras claves que nos permiten conocer mejor cómo llegamos a las elecciones del 28A.

La participación

En lo que respecta a la participación electoral, un 76.3% de los encuestados afirman que irán a votar con toda seguridad el 28A. Este dato siempre tiene un componente de deseabilidad social (nos gusta responder que vamos a ir a votar), aunque el modelo de estimación que utiliza el CIS lo reduce solo mínimamente a una participación del 74,8%, lo que estaría por encima de la registrada en las elecciones generales de los últimos años.

En la respuesta a la pregunta sobre participación, no existen diferencias relevantes si analizamos el dato por partidos (gráfico 1). Cruzando la intención de ir a votar por el recuerdo de voto, vemos que apenas hay variaciones. La participación no tiene color partidista. Podemos ver lo mismo si consideramos la pregunta que hace el CIS sobre la probabilidad de votar en las próximas elecciones del 28A en vez de la pregunta directa sobre si el encuestado irá o no a votar. La probabilidad media de todos los encuestados está en torno 80.5%. La probabilidad media entre los principales partidos se mueve muy poco, en torno al 90%. Poco que destacar aquí.

Gráfico 1. Probabilidad de participar el 28A

Más interesante resulta que entre los que piensan ir a votar, cerca del 58% ya tiene decidido su voto, mientras que el 41.6% aun no lo tiene claro. Este dato representa al 36% del total de la muestra y es idéntico al registrado en la preelectoral de las elecciones de diciembre de 2015 (41.6%) y mayor –con bastante sentido– que el de las de junio de 2016 (32.4%). Aquí sí surge un dato relevante, y es el que se refiere a la diferencia por partidos.

Si miramos el porcentaje de indecisos por antiguos votantes de cada partido, vemos que destaca el caso de Ciudadanos (gráfico 2). Aquellos que optaron por la formación de Rivera en 2016 hoy están divididos a partes igual entres los que tienen decidido el voto y los que no. El dato contrasta con los que presentan los antiguos votantes de otras formaciones: sólo el 37% de ex votantes del PP aún no sabe a quién votar el 28A, el 31% de ex votantes del PSOE y casi el 38% de ex votantes de Unidas Podemos. La indecisión en este periodo preelectoral tiene un leve sesgo naranja.

Gráfico 2. Indecisión según voto en 2016

Más sobre la indecisión y las bajas lealtades

Lo anterior podría explicarse por la situación en la que han quedado muchos antiguos votantes de Ciudadanos (quizás los más moderados y liberales), quienes se enfrentan al dilema de convivir con Vox en caso de que, junto al PP, sumen para formar gobierno. Un producto, en cierta medida, de la campaña anti-Sánchez/anti-PSOE dibujada por la ejecutiva de Ciudadanos. ¿Pero entre qué partidos dudan los indecisos naranjas?

El gráfico 3 muestra que entre los antiguos votantes de Ciudadanos que aún no tienen decidido el voto para las próximas elecciones generales, un 10% duda entre Ciudadanos y Vox, un 18% entre Ciudadanos y PP, mientras que entre el grupo de indecisos (ex) naranjas un 21% duda entre volver a votar a Rivera o votar a Pedro Sánchez. Se trata de unos datos que explican la difícil posición en la que se encuentra el partido naranja a la hora de atraer a los indecisos (en medio de la izquierda y la derecha), así como el riesgo asumido por los de Rivera al haber puesto sobre la mesa el veto a los de Sánchez.

Gráfico 3. Dudas de los votantes de Cs

Otro aspecto que destaca sobre la indecisión es que, aunque la fragmentación política haya hecho que, en general, más votantes que en el pasado no hayan decidido todavía su voto, esa indecisión está particularmente concentrada en la derecha, especialmente si la comparamos con la que teníamos justo antes de las elecciones de 2016. Este resultado es plenamente consistente con la feroz batalla electoral que se vive en esa parte del espectro ideológico.

Gráfico 4. Indecisión según ideología (2019 y 2016)

La alta indecisión también se explica por la baja fidelidad de los votantes. El partido que más está consiguiendo movilizar a sus votantes en 2019 es el PSOE[1], con una lealtad de más del 75%. Las otras tres fuerzas más votadas en 2016 solo retienen, de momento, a alrededor de un 55,5% de sus votantes. Esto indica claramente que llegamos al 28A en un escenario de alta volatilidad.

Gráfico 5. Lealtad de voto en 2019

La España vacía

La España vacía, entendida como las provincias donde se reparten cinco o menos escaños, será una de las claves del 28A. Estas provincias se corresponden con los distritos donde la traducción de votos a escaños es menos proporcional, además de ser circunscripciones donde la derecha tradicionalmente ha obtenido buenos resultados. Son, por tanto, las provincias donde a priori podría haber mayor penalización del sistema electoral a la fragmentación de la derecha. No obstante, cabe destacar que, a pesar de que tienen penalizaciones, Vox y, sobre todo, Ciudadanos avanzan notablemente en estos territorios.

Vox podría obtener de 6 a 9 escaños en estas provincias, mientras que la horquilla de Ciudadanos se mueve entre 10 y 14. Este es un buen resultado teniendo en cuenta que los naranjas vienen de tener solo tres escaños en la España vacía en la actual legislatura. La cruz sería para Unidas Podemos, que solo obtendría cuatro escaños en la España vacía según las proyecciones del CIS, cayendo desde los trece escaños que tiene en la actualidad (contando los de sus confluencias).

Gráfico 6: Escaños en la España vacía

Penalizaciones y premios del sistema electoral

Otro elemento que cabe destacar es que en el reparto final de escaños no se aprecian penalizaciones importantes del sistema electoral al conjunto de la derecha por su mayor fragmentación. Esta ha sido una cuestión bastante debatida en las últimas semanas: la medida en que el sesgo mayoritario del sistema electoral podía restar a un bloque de derecha más fragmentado por la irrupción de Vox. En realidad, el efecto principal es que los beneficios que tradicionalmente obtenía el PP por el sistema electoral se han reducido. Sin embargo, el PP sigue obteniendo una prima por el sistema electoral, mientras el conjunto de la derecha no “pierde” representación.

En la siguiente tabla mostramos las estimaciones del CIS y el porcentaje de escaños que cada partido obtendría. Para ello, hemos considerado que el valor central de la horquilla es el número de escaños para cada partido.

Tabla 1. Estimación de voto y proporción de escaños

Como se puede observar, la derecha obtendría un porcentaje de escaños prácticamente idéntico a su porcentaje de voto. Es la suma de la izquierda la que sí obtiene una sobrerrepresentación de acuerdo a su porcentaje de voto, pero fundamentalmente porque el PSOE obtendría un beneficio por el sistema electoral. El mayor perdedor potencial sería Unidas Podemos. Al verse superado por Ciudadanos y/o Vox en muchos de los distritos de cuatro y cinco escaños, quedaría fuera del reparto por ser la fuerza más pequeña.

La valoración de Abascal

Por último, una de las novedades de este CIS es que por primera vez se pregunta por la valoración de Santiago Abascal como líder. Abascal obtiene una valoración media de 2,6 sobre 10, siendo la más baja de los cinco líderes de las fuerzas políticas estatales. Sánchez es el mejor valorado con un 4,1. No obstante, cuando segmentamos la valoración por voto, y a pesar de que hay una parte del electorado que aún no lo conoce (como nota curiosa, podemos decir que es más conocido por los ciudadanos de izquierdas que por los de derechas), comprobamos cuál es la popularidad de Abascal entre su grupo de potenciales votantes.

En el siguiente gráfico mostramos la valoración de Abascal según el voto en 2016. Los votantes del PP de 2016 valoran a Abascal con un 5,1. Por poner una referencia, la valoración de Rivera por parte de estos votantes es de un 5,3. Es decir, entre los votantes del PP de 2016, el líder de Vox está prácticamente igual de valorado que el líder de Ciudadanos. En segundo lugar, destaca que los votantes de Ciudadanos en 2016 conceden a Abascal un 3,6. De nuevo, por poner una referencia, Pedro Sánchez obtiene un 3,3. El votante naranja de las últimas elecciones tiene preferencias parecidas entre Abascal y Sánchez (ligeramente favorables al primero) lo cual, como decíamos antes, explica la estrategia llevada a cabo por Rivera en esta precampaña, pero también sus riesgos.

Gráfico 7. Valoración de Santiago Abascal

[1] Utilizamos como variable de voto el VOTO+SIMPATÍA de las encuestas del CIS

La lealtad partidista es una valor a la baja. El 40% de los españoles están dispuestos a cambiar el color de su voto dependiendo de las circunstancias

Las principales características individuales asociadas a la promiscuidad en el voto son la edad, el nivel de estudios, la ideología y la preferencia política por nuevos partidos

Su infidelidad resulta ser una herramienta útil para disciplinar la acción de gobierno así como para fortalecer la función de representación

La lealtad partidista es una valor a la baja. Ya desde la ruptura del bipartidismo hemos visto cada vez con más frecuencia una mayor predisposición de los votantes a cambiar de partido político elección tras elección. Es cierto que con la llegada de Podemos y Ciudadanos en 2014 la deslealtad a los partidos tradicionales no tenía un significado que fuese más allá de ser el mero reflejo de aquella crisis política, es decir, una consecuencia del cambio en el sistema de partidos. Pero hoy, una vez hemos atravesado un cierto período de estabilidad (ni Podemos ni Ciudadanos acabaron siendo un suflé), el significado de la deslealtad –o promiscuidad– partidista no sólo refleja la existencia de una demanda de representación de intereses diversos, difíciles de articular bajo unas mismas siglas, sino también de una intensa competición entre diferentes organizaciones para concitar el apoyo de los electores y para hacerse con un espacio político propio. Hoy el votante promiscuo es un personaje común en el bestiario de nuestro sistema político.

La forma de definir a un votante promiscuo es bien sencilla: se trata de aquel que decide no casarse con un solo partido, sino más bien votar a uno hoy y a otro mañana. Sí existen varias formas de operacionalizar la existencia o no de un votante de este tipo, básicamente basta con fijar dos elecciones consecutivas en el tiempo para confirmar si el votante se ha mantenido o no fiel a una misma formación. Los problemas aparecen en cuanto hay que decidir qué tipos de elecciones consideramos, por ejemplo, si se tratan o no de elecciones del mismo nivel –local, autonómica, nacional, europeas–; o si, en el uso de encuestas, se considera como una infidelidad prácticamente consumada una intención directa de voto a un partido diferente al que se declara haber votado en el pasado.

En ocasiones las encuestas nos permiten explorar con preguntas sencillas y directas el mismo fenómeno. Este es el caso de los últimos barómetros del CIS en los que se pregunta si el encuestado vota siempre o por lo general al mismo partido, o si por el contrario es de las personas que dependiendo de la conveniencia de cada momento vota por un partido u otro, o directamente no vota.[1] Con estos datos presentaré una breve radiografía del votante promiscuos a pocas semanas de las próximas elecciones generales.[2]

Los datos del CIS indican que dos de cada cinco votantes en España son promiscuos: el 40% de los españoles están dispuestos a cambiar el color de su voto dependiendo de las circunstancias. Esto, como cabe esperar, pone en alerta a las maquinarias electorales de los partidos, pues no se pueden fiar de que su electorado será siempre fiel y, al mismo tiempo, les indica el camino para intentar atraer nuevos votantes.

Gracias a un análisis multivariable sabemos que las principales características individuales asociadas a la promiscuidad en el voto son la edad, el nivel de estudios, la ideología y la preferencia política por nuevos partidos; mientras que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la infidelidad partidista y el sexo, el estatus socioeconómico, el tamaño del municipio del lugar de residencia o tener una preferencia política por los partidos tradicionales. El gráfico 1 resume el efecto de cada una de estas variables, indicando si tienen un efecto positivo o negativo (a la derecha o izquierda del 0) y si tienen o no una asociación estadísticamente significativa con la promiscuidad en el voto (este es el caso si los intervalos de confianza –las líneas a los costados de los puntos– no tocan el 0).

Si tomamos como referencia a las personas mayores de 65 años, vemos que los españoles en un tramo de edad entre 25 y 44 años tienen una mayor probabilidad a ser promiscuos, es decir, a decidir sin ataduras a qué partido votar en función de las circunstancia que plantean cada unas de las elecciones. Algo que no sucede entre los muy jóvenes (votantes entre 18 y 25 años) y entre los mayores de 45. La promiscuidad, pues, se concentra en una población que, en gran medida, está entrando al mercado laboral e intentando consolidar su proyecto de vida.

Por otro lado, el análisis de datos indica que existe una especie de de relación lineal entre la infidelidad del voto y los estudios conseguidos. Tomando como referencia a los encuestados sin estudios, vemos que una progresión en el nivel de estudios está asociada a una efecto cada vez mayor sobre la infidelidad del voto. Esta relación (con la excepción del nivel de estudios primarios, que no se diferencia de aquellos que no tienen estudios) es relevante desde el punto estadístico.

Respecto a la ideología, hemos tomado como categoría de referencia el centro, es decir, el 5 de la escala ideológica. Comparando el centro con el resto de segmentos de la escala vemos que existe una relación negativa de todo ellos con la probabilidad de ser un votante promiscuo, lo cual nos indica que aquellos electores que se posicionan a sí mismos en el centro tienen una mayor propensión a ser infieles en las urnas. Por otro lado, si evaluamos la intención directa de voto de los encuestados, observamos que –tomando como referencia a los votantes del Partido Popular– sólo los que declaran una intención de votar a Podemos, Ciudadanos o Vox en las próximas elecciones generales tienen una asociación positiva y estadísticamente significativa con la promiscuidad electoral. La magnitud del efecto es mayor en caso de los votantes de la formación naranja, seguida de los que apoyarán al nuevo partido de extrema derecha y, por último, los votantes de Unidas Podemos. Los votantes del PSOE no se diferencia a los del PP en este sentido, pero sí a los encuestados que podemos catalogar como BAI (lo que dicen que votarán en blanco, se abstendrán o que aún son indecisos).[3]

El gráfico 2 pinta la probabilidad predicha de ser un votante promiscuo para cada uno de los valores de las variables anteriormente mencionadas, con el intervalo de confianza del 95% para cada probabilidad predicha. Vemos que la probabilidad de decidir el voto sin lealtades partidistas es de entre un 40% y 50% para los votantes de entre 25 y 44 años, mientras que apenas ronda el 30% para los muy jóvenes (18-24 años) y los más mayores (>65 años). También vemos que el nivel de estudios a partir de la secundaria implica una probabilidad de ser promiscuo de un 40%, aumentando hasta casi el 50% para aquellos que consiguen estudios superiores. En lo que respecta a la ideología, es el votante de centro el que tiene una probabilidad predicha similar (50%) en contraste con otros segmentos ideológicos; aunque en lo que se refiere a las variable políticas es la intención de voto a Ciudadanos la que mejor predice la promiscuidad electoral. Los que dicen en la encuesta del CIS que votarán a los de Rivera en las próximas elecciones tienen una probabilidad predicha de ser votantes infieles de un 65%. Aunque la promiscuidad, en menor medida, es predecible entre los votantes de Podemos y Vox (cerca del 50% y 60% respectivamente), así como de los BAI.

En definitiva, una parte importante del electorado declara ser infiel en las urnas, pero existe un perfil de votante que reúne una serie de características que hacen de la deslealtad casi un sello de identidad. Se trata de personas en una edad que coincide con su entrada y consolidación en el mercado laboral, con estudios superiores, moderados ideológicamente y que se inclinan por apoyar a nuevos partidos. Su infidelidad, aunque suponga un dolor de cabeza para algunos, resulta ser una herramienta útil para disciplinar la acción de gobierno así como para fortalecer la función de representación. La promiscuidad electoral puede funcionar como un incentivo para que los partidos mejoren su sensibilidad a las demandas del electorado. Bienvenidos sean.

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[1] En el barómetro de febrero de 2019 del CIS, la pregunta (P.38) es concretamente así: “Pensando en las elecciones generales, ¿Ud. es de las personas que votan siempre por el mismo partido, que por lo general suelen votar por el mismo partido o, según lo que más les convenza en ese momento, votan por un partido u otro, o no votan?”

[2] Codificaré como votante promiscuo a los encuestados que en la pregunta del CIS optan por la respuesta votan “según les convenga en cada elección, por un partido u otro, o que no votan”.

[3] No se ha encontrado ningún efecto del sentimiento nacionalista o de la situación económica personal de los entrevistados sobre la probabilidad de ser votante promiscuo (modelo no reportado).

La contundencia con la que se presentó el veto a los de Sánchez no coincide con datos contundentes a favor de dicha estrategia.

Si bien hay elementos para comprender el movimiento de Ciudadanos desde un punto de vista electoral, siguen existiendo muchas dudas respecto a que dicha apuesta sea la más conveniente para los de Rivera.

Con los microdatos más recientes liberados por el CIS caracterizo la apuesta de Ciudadanos como arriesgada: por la baja fidelidad del votante naranja; porque las fugas hacia VOX ya no parecen peligrosas y podrían ser mayores hacia el PSOE; y porque la apuesta por una competición electoral de bloques podría perjudicar la capacidad de los de Rivera para pescar en el caladero de votantes indecisos.

Desde el mismo momento en el que Ciudadanos anunció su negativa a pactar con el PSOE tras las elecciones generales del 28A, gran parte de la discusión pública se ha centrado en el veto naranja. Una decisión que –según cuenta Elsa García de Blas en EL PAÍS– habría estado sustentada en análisis demoscópicos del electorado de derechas y que también aquí, en este mismo blog, Pepe Fernández-Albertos caracterizó como racional explorando datos de encuesta del CIS.

No obstante, la contundencia con la que se presentó el veto a los de Sánchez no coincide con datos contundentes a favor de dicha estrategia. Si bien hay elementos para comprender el movimiento de Ciudadanos desde un punto de vista electoral, siguen existiendo muchas dudas respecto a que dicha apuesta sea la más conveniente para los de Rivera. En este post utilizaré los microdatos más recientes liberados por el CIS (barómetro enero 2019) para presentar algunas cuestiones que invitan a caracterizar la apuesta de Ciudadanos como arriesgada. En primer lugar, por la baja fidelidad del votante naranja; en segundo lugar, porque las fugas hacia VOX ya no parecen peligrosas y podrían ser mayores hacia el PSOE; y en tercer lugar, porque la apuesta por una competición electoral de bloques podría perjudicar la capacidad de los de Rivera para pescar en el caladero de votantes indecisos.

Uno de los argumentos que han circulado sobre los determinantes del veto naranja ha sido que la formación de Rivera estaba sufriendo una sangría de votos hacia el partido liderado por Santiago Abascal. Al apostar por descartar al PSOE como socio de gobierno, Ciudadanos aspira a frenar esa sangría de votos así como recuperar los ya perdidos. Si bien existe una elevada incertidumbre sobre si dicho movimiento produciría los resultados esperados, lo que es totalmente certero es que el veto de Ciudadanos implica asumir un riesgo muy importante: el propiciar la fuga de votos al presentar una competición electoral entre dos bloques (derecha vs. izquierda+nacionalistas). Normalmente, el principal dique de contención con el que cuenta un partido para evitar la perdida de votantes es la identificación partidista, es decir, la fidelidad de los suyos. En el caso de Ciudadanos, desde su creación, así como desde su salto a la arena nacional, sabemos que es un partido lleno de votantes promiscuos, esto es, de votantes dispuestos a cambiar de partido de una elección a otra. Dado su perfil ideológico y sociodemográfico, se ha constatado en varias ocasiones que la identificación partidistas del votante naranja es por lo general más débil que la de votantes de otros partidos y en la actualidad esto ha cambiado bastante poco.

El gráfico 1 compara a votantes de Ciudadanos (intención directa de voto, desde ahora IDV) con el resto de votantes. Vemos que solo 1 de cada 3 votantes de Ciudadanos se autodefinen como votantes fieles (“votan siempre o por lo general al mismo partido”), mientras que el 60% declara estar dispuesto a votar según le convenga en el momento de la elección.

Sumado a esto, la potencial infidelidad del votante naranja se ve reflejada en el gráfico 2, donde se analiza cuán amarrado está el voto a los de Rivera en la actualidad. Cruzando dos preguntas de la encuesta del CIS (la IDV y la probabilidad de votar a Ciudadanos) podemos evaluar cuán fuerte es la decisión de los actuales votantes naranja de votar a Ciudadanos (véase el diagrama de caja naranja). Para poner en perspectiva esta debilidad, los datos se presentan junto a la IDV de otros partidos y la probabilidad de voto a estos mismo por parte de sus propios votantes. El diagrama de caja nos permite ver cómo se distribuyen, por ejemplo para el caso de Ciudadanos, la probabilidad de voto a los de Rivera entre los que declaran una IDV a Ciudadanos. La línea que parte a la caja representa la mediana de la distribución, es decir, aquel punto en el que el conjunto de votantes de Ciudadanos se divide en dos mitades iguales. Así, vemos que la mitad de ellos votarían a Ciudadanos con una probabilidad igual o mayor al 70% (el equivalente a 7 en la escala de la pregunta del CIS) mientras que la otra mitad con una probabilidad menor o igual al 70%.

Los límites inferior y superior de la caja indican cuando la distribución alcanza el primer y tercer cuartil respectivamente. Vemos pues que un cuarto de los votantes de Ciudadanos lo harían con una probabilidad igual o inferior al 50%, mientras que solo un cuarto de los votantes naranjas elegirían a Rivera en las elecciones generales con una probabilidad igual o mayor al 80%. Este dibujo de la probabilidad de votar a Ciudadanos por parte de sus propios votantes contrasta con lo que sucede en otros partidos. Tanto los votantes del PP, PSOE y Podemos están más amarrados si los evaluamos a través de los lentes de la pregunta de probabilidad de voto. Solo por poner un ejemplo, en el PP (aunque hayan caído en fidelidad de votos en relación con las elecciones anteriores) la mitad de los que declaran una IDV por ellos lo harían con una probabilidad igual o mayor al 80%, del mismo modo que tienen muy bien amarrados a un cuarto de su votantes: estos se ubican en el 10 de la escala (lo votarán con toda seguridad, siempre). Se trata de una muestra más de que Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, tiene que medir y calibrar con bastante más cuidado cada uno de sus movimientos, pues la posibilidad de que parte de los suyos reaccionen saltando a otras formaciones o a la abstención es considerable.

Sondeos internos de Ciudadanos señalaban una fuga en torno al 10% de su electorado hacia la extrema derecha. En este sentido, la promoción de la manifestación de Colón y el veto a pactar con el PSOE se podrían interpretar como una estrategia electoral para frenar dicha fuga, como una apuesta por la dimensión territorial para dar la batalla en el espectro ideológico de la derecha y, posiblemente, como la imposición dentro del partido de las preferencias ideológicas a la que Víctor Lapuente llamó en un artículo el alma nacional (frente a la liberal) de Ciudadanos. En lo que respecta a la posible fuga de votos veamos el gráfico 3, en donde se pinta la probabilidad de votar a VOX y al PSOE entre aquellos encuestado con una IDV a Ciudadanos.

El primer dato que destaca es que el 64% de los votantes de Ciudadanos dicen que nunca votarían por VOX. Es cierto que esto no nos informa directamente sobre las preferencias sobre una coalición con la formación de Abascal, pero sí es un claro síntoma de incomodidad con la extrema derecha entre su electorado. El rechazo a votar al PSOE es 25 puntos porcentuales menor, lo que denota en términos generales un margen significativo de mayor comodidad de los votantes naranjas con los socialistas. Al margen de esto, lo que interesa aquí es prestar atención al segmento de la escala de probabilidad del CIS que va desde el 5 al 10, es decir qué proporción de votantes de Ciudadanos votarían a VOX o al PSOE con una probabilidad igual o mayor al 50%.

Mientras que un 15% de los votantes naranjas elegirían una papeleta de Vox con una probabilidad igual o mayor al 50%, un 22% lo haría por una del PSOE. Se tratan de cifras a contracorriente con el veto de Rivera a Sánchez. Pero aún lo son más si prestamos particular atención a aquellos votantes de Ciudadanos que son “dudosos” (aquellos que tienen una IDV a Ciudadanos y que indican que votarían a la formación naranja con una probabilidad igual o menor al 50%). El gráfico 4 ilustra dicho ejercicio.

Entre los votantes naranjas menos amarrados (panel derecho), el rechazo a VOX escala al 75% y solo 7.5% estaría dispuesto a cambiar a Rivera por Abascal con una probabilidad igual o mayor al 50%. En cambio, para los dudosos, las potenciales fugas hacia el PSOE se mantienen en torno al 21% de los votantes naranjas. Con estos datos, la estrategia de bloques lanzada con el veto al PSOE parece del todo arriesgada.

Una forma más sustantiva de ilustrar el riesgo asumido por el veto naranja es evaluando si la apuesta de la competición de bloques primando la dimensión territorial está alineada con la capacidad de Ciudadanos de retener votos. El gráfico 5 aporta indicios de que esto no es así. Si volvemos a dividir a aquellos con un IDV a Ciudadanos entre votantes “dudosos” y “seguros” vemos que la estrategia sobre cómo abordar el conflicto catalán (el haber apostado por una posición más dura junto a VOX y PP en Colón y en una posible coalición de gobierno) tampoco parece la más acertada.

El apoyo a una estrategia política de mano dura en Cataluña solo es apoyada por 24% de los votantes dudosos de Ciudadanos, casi 10 puntos porcentuales por debajo de los votantes seguros. Sumado a esto casi dos tercios de los primeros y la mitad de los segundo prefieren la combinación de diálogo con el cumplimiento de la ley. Pero diálogo al fin.

Por último, si parte de la estrategia de los de Rivera con el veto al PSOE era enfatizar su agenda anti-independentista (o nacionalista española) para atraer votantes indecisos (el 18% según el barómetro), puede que yerren el tiro. El gráfico 6 muestra que, en contraste con los votantes propios, cerca del 60% del electorado indeciso declara que la influencia de la situación en Cataluña sobre su voto es poca o ninguna. Si no se trata de la cuestión territorial, pues, entre ese importante porcentaje de indecisos puede que la clave sea la ideológica, y es en esa dimensión en la que Ciudadanos se ha colocado en una posición de competición más débil.

Ciudadanos ha sido uno de los grandes vencedores de las elecciones autonómicas en Andalucía. En un contexto de baja participación, ha sumado cerca de 290 mil papeletas en relación a las elecciones anteriores, ha doblado la proporción de votos válidos (de 9.2% a 18.5%) y cosechado 21 de los 109 escaños del Parlamento andaluz, doce más que en 2015. Se trata de un éxito sin paliativos.

Tan o aun más importante es que el nuevo reparto de escaños ha dejado a la formación naranja en una situación privilegiada para la formación de gobierno, ya que todas las coaliciones (ideológicamente posibles) para una investidura necesitan de su consentimiento. No obstante, dicha circunstancia, aunque privilegiada, es también endiablada. Eligiendo entre las posibles opciones para formar gobierno, Ciudadanos tendrá que asumir unos costes nada despreciables.

Independientemente de cuál sea el partido que presida la Junta de Andalucía, sabemos que una investidura exitosa solo puede ser el resultado de una votación coordinada (con apoyos activos o pasivos) entre PP-Cs-Vox, PSOE-PP-Cs o PSOE-Cs-AA. No se me ocurre otro tipo de alternativa que no caiga en lo estrambótico. Dadas estas opciones, pues, Ciudadanos se enfrenta a un trilema de difícil solución. Se trata de una trilema no porque existen solo tres tipos de combinaciones, sino porque con su decisión Ciudadanos intentará atender a tres objetivos que –como argumentaré más adelante– son incompatibles de alcanzar a la vez. De hecho, cada una de las posibles fórmulas para investir a un gobierno solo cumpliría con dos de los tres objetivos. El dilema recae en elegir cuáles dos merecen una mayor prioridad.

Los tres objetivos a los que me refiero son de vital importancia en la estrategia política de los de Rivera. Estos son: 1) propiciar la alternancia política en Andalucía tras 36 años de gobierno socialista; 2) evitar naturalizar al partido naranja como la muleta política de su principal rival, el PP, en un momento en el que la competición en la derecha está en plena ebullición; y 3) contribuir a frenar a la extrema derecha, una seria amenaza a los principios liberales en los que el partido dice reconocerse.

Si como se especula en los burladeros de la villa, Ciudadanos estuviera dispuesto a votar a favor a la investidura del PP junto a los apoyos de Vox, los de Rivera estarían cumpliendo solo con el primer objetivo (desalojar al PSOE del poder), pero se retratarían como actores secundarios en su propio espacio electoral, a la vez que cargarían con la loza de investir a un presidente de la mano de la extrema derecha. Si en cambio, como contrapartida del apoyo a la investidura de Moreno Bonilla consiguiesen la vicepresidencia de la Junta y un número suficiente de carteras para denotar un reparto de poder equilibrado, Ciudadanos podría cumplir no solo con el primer objetivo sino también con el segundo. Así, los de Rivera cogobernarían Andalucía, no se retratarían como una mera muleta del PP, aunque, claro, con el connivencia de la extrema derecha.

Que la formación de gobierno sea el resultado de un acuerdo entre PSOE, PP y Cs sería la opción preferida por el partido naranja siempre y cuando Juan Marín fuese quien presida la Junta. Si esto sucediese, Ciudadanos cumpliría con los tres objetivos anunciados: por un lado, acabaría con el gobierno del PSOE, por el otro, ganaría cuartos en su particular batalla con el PP y a su vez evitaría cualquier tipo de influencia de Vox en la política de gobierno. Tres pájaros de un solo tiro. Pero es inconcebible contemplar la posibilidad de que el PP invistiese a Marín, por los mismo motivos que ya se han apuntado antes: el PP y Ciudadanos están en plena competición por el espacio de la derecha.

¿Estarían los de Rivera dispuestos a apoyar la investidura de Moreno Bonilla si el PSOE también se mostrase a favor? Este escenario también es muy poco probable, pues el PSOE se estaría entregando a los leones. Pero de ser así, el apoyo de Ciudadanos, a pesar de propiciar la salida del PSOE y la contención de la influencia de la extrema derecha, daría alas al PP. Algo no deseable para los naranjas.

¿Y si los socialistas hiciesen más atractiva esta coordinación entre PSOE-PP-Cs, por ejemplo, proponiendo una candidatura diferente a Susana Díaz para presidir la Junta? Este escenario es bastante inverosímil. Requeriría, ante todo, un PP más preocupado por la gobernabilidad que por el avance de la extrema derecha. Pero si fuese el caso y Ciudadanos comulgase con esta opción, el partido naranja cumpliría solo con el segundo y el tercer objetivo (no permitiría que el PP le sacase una ventaja considerable gobernando la comunidad autónoma más poblada de España y mantendría al margen a la extrema derecha), pero no con el primero. El PSOE, aunque con una cara nueva, seguiría gobernando Andalucía. Camino, ya, a los 40 años.

La posibilidad de que el PSOE eliminase de la ecuación a Díaz también aparece como un alternativa si analizamos una potencial coordinación para la investidura entre PSOE-Cs-AA. Ante una jugada de este calibre –probablemente teledirigida desde Ferraz– los apoyos de AA estarían prácticamente asegurados (solo la amenaza de una alternativa con Vox debería movilizar su abstención en una segunda votación a la investidura) pero ¿qué haría Ciudadanos? Si apoyase la formación de gobierno, cumpliría –de nuevo– solo con dos de los tres objetivos: no permitiría el desmarque del PP y marginaría a Vox, pero no desalojaría al PSOE del poder.

Este último tipo de coordinación para la investidura (PSOE-Cs-AA) también podría ser analizado con Marín como jefe del ejecutivo. Un pacto à la Borgen. Si fuese así, los de Rivera sí conseguirían la cuadratura del círculo. Pero lo cierto es que el PSOE difícilmente soltará cuerda en este tira y afloja, sobre todo habiéndole sacado diez puntos de diferencia a Ciudadanos. Aunque la amenaza de Vox al mando de alguna Consejería podría propiciar un cogobierno rojo-naranja.

Planteado así, el trilema de Ciudadanos nos permite sacar algunas conclusiones útiles para el análisis de la situación actual en Andalucía. En primer lugar, si Ciudadanos opta por propiciar la formación de un nuevo gobierno, sea como sea, acabará asumiendo un coste significativo: no permitir la alternancia, fortalecer a su principal rival electoral o entrar en una fuerte contradicción con sus principios liberales. En segundo lugar, de permitir una investidura, los de Rivera seguramente acabarán por elegir entre dos males: un cogobierno muy equilibrado junto al PP, presidido Moreno Bonilla y en donde Marín debería ocupar la Vicepresidencia, pero asumiendo los costes del apoyo implícito de Vox, o un cogobierno con un PSOE sin Susana Díaz, desechando la posibilidad de propiciar por primera vez la alternancia. De estas dos opciones la primera da prioridad a la competición política regional, pone en riesgo la batalla en la derecha a nivel nacional y le saca las vergüenzas a Ciudadanos en Europa. La segunda, al evitar la coordinación con Vox, despejaría las dudas sobre la convicción liberal del partido naranja y sobrepondría la lógica de la competición estatal al interés regional, aunque una alianza con el PSOE sea también difícil de explicar. Dependiendo de cómo se valoren los costes de una y otra alternativa, tendremos una u otra predicción.

La última conclusión es que otro bloqueo institucional (esta vez en Andalucía) es muy probable. A pesar de que horas después de la noche electoral algunas alianzas se contemplaban como naturales, con algo de perspectiva, y algunas variables más sobre la mesa, los acuerdos entre tres fuerzas políticas dispares y en plena competición –no olvidemos el ciclo electoral que va asomando en el horizonte (municipales, autonómicas, europeas… ¿y generales?)– no se antojan ni fáciles ni inmediatos.

En política división es una palabra maldita normalmente asociada a la izquierda. Pero desde el fin del bipartidismo en España –y como parte del proceso de europeización de nuestro sistema de partidos– es evidente que la fragmentación ya campa a sus anchas también al otro lado del espectro político: el voto de derechas está fragmentado. En 2014 la irrupción de Ciudadanos en la arena nacional marcó un punto de inflexión. Hoy el partido naranja ya le disputa casi de igual a igual el espacio de centro derecha al PP, y los movimientos demoscópicos entorno a Vox podrían ser no más que otro síntoma del mismo fenómeno.

Justamente debido a la novedad que han supuesto éstos últimos, se ha convertido en algo frecuente ver pasear por tertulias y columnas la labor de José María Aznar como artífice de la unificación de la derecha en España. Si bien antes de la llegada de Aznar la antigua Alianza Popular ya se había presentado a varias elecciones en coalición con otros partidos de derechas (junto al Partido Demócrata Popular en 1982, y junto a este y al Partido Liberal –antigua Unión Liberal– en 1986), no es hasta su refundación en el IX Congreso de 1989 cuando se produce bajo su liderazgo la integración de los sectores liberales, conservadores y democristianos en torno a la nueva marca, el PP.

En la actualidad, en un nuevo y diferente escenario de fragmentación, el principal partido de la derecha vuelve a estar obligado a perseguir el mismo objetivo. Pablo Casado, como entonces Aznar, aspira a reunificar el voto de derechas. Por tanto, dejando al margen las características individuales de ambos líderes, merece la pena analizar si el contexto político en el que se encuentra el actual líder del PP es más o menos favorable para la unificar la derecha que aquel al que se enfrentó Aznar. A continuación presentaré tres argumentos que dibujan un panorama sombrío a este respecto.

1. El tipo de competición política no ayuda.

En primer lugar cabe señalar que, como un especie de condicionante macro para las democracias occidentales, los temas que estructuran la competición política hoy dificultan más la unificación de las derechas en comparación con las que lo hacían en los noventa. Entonces, la dimensión económica (esto es, el conflicto entorno al papel del Estado en la economía de mercado) configuraba las coordenadas políticas de manera predominante. Ni el problema en torno a la identidad nacional, ni otras cuestiones potencialmente divisivas para el voto de derechas, como la regulación del aborto o el papel de la mujer en nuestra sociedad, tenían suficiente fuerza propia para diluir los incentivos para la unificación. Hoy, por el contrario, la batalla política en torno a la identidad –no solo como consecuencia de nuestro particular conflicto territorial sino también de los cambios económicos y sociales producto de la globalización– introduce una nueva dimensión de competición en base al eje cosmopolitismo-nativismo o, como lo describió Donald Trump, de globalizadores vs. nacionalistas. Las diferencias en la derecha reflejan y probablemente reflejarán aun más en el futuro los incentivos creados por estas nuevas fracturas. Encontrar un discurso político que vuele sin turbulencias sobre ellas es, sin dudas, una tarea tremendamente difícil.

En lo que respecta al problema entorno de la identidad en España, la crisis territorial ha hecho que Cataluña sea el punto central del discurso de los tres partidos que aspiran a representar a la derecha. Esto jugaría a favor de los incentivos para unificar el voto, pues facilitaría que el competidor más grande absorba o fagocite a los más pequeños (más fácil con Vox, más difícil con el Ciudadanos). Pero también es posible que la intensidad de este tema, el catalán, aunque no desaparezca, disminuya, y que por tanto no sea el motor de la unión del voto de derechas. Asimismo, resulta lógico que los partidos compitiendo en este espacio, conscientes de la preeminencia del conflicto catalán, tengan incentivos para activar otros en los que podrían ser más exitosos, por ejemplo, la inmigración para Vox, o la corrupción para Ciudadanos. Esta diferenciación sí jugaría en contra de las posibilidades de unir el voto de derechas.

2. La moderación no une.

Al inicio de su mandato como nuevo líder del PP, Aznar tenía el objetivo de unificar el voto de derechas moderando ideológicamente al partido, pues, entonces, ganar el centro significaba ganar las elecciones. Hoy, ni el PP está centrado ni ganar el centro garantiza llegar al gobierno. La actual fragmentación y la escaza transferencia de votos entre bloques (ya casi no hay permeabilidad entre las dos fuerzas más identificadas con posiciones de centro, PSOE y Ciudadanos) desincentiva que la moderación sea el motor de la unificación. Más bien lo contrario, la competición interbloques obliga a las formaciones de derechas a competir política y discursivamente en espacios alejados del centro político, provocando en ocasiones una carrera hacia el extremismo, jaleándose unos a otros, por ejemplo, por ver quién es más duro con los independentistas catalanes o con la inmigración. Todo esto, como es lógico, está asociado a los condicionantes contextuales mencionados anteriormente. En el momento que la competición política está más segmentada, los incentivos a hacerse con un nicho, y desde ahí pelear para liderar el bloque, aumentan.

3. El ‘voto útil’ ya no asusta tanto.

Cuando la competición electoral se reducía prácticamente a la lucha entre el PP y el PSOE, los llamamientos al voto útil en periodo electoral eran como los turrones a la navidad. No pasaba un día en las campañas electorales sin que los dos grandes partidos esgrimiesen el argumento de evitar desperdiciar el voto. Sobre todo en la izquierda –allí donde había fragmentación– el PSOE advertía que un voto a IU era potencialmente un voto a la basura dado el sesgo mayoritario de nuestro sistema electoral. Aunque la lógica era tramposa en términos de representación política, era aplastante en cuanto a la formación de gobierno se refiere. Aplastante y eficaz: desde las primeras elecciones generales en 1977 hasta las últimas del bipartidismo, en 2011, la concentración del voto y de los escaños en los dos grandes partidos de ámbito nacional se mantuvo siempre por encima del 70% (votos) y del 80% (escaños). No hacer de nuestro voto un ‘voto útil’ asustaba.

En el mismo sentido, la dinámica de la competición electoral desanimaba el lanzamiento de nuevos partidos e invitaban a los grandes a integrar bajo su paraguas a nuevas iniciativas que potencialmente pudieran hacerles sombra.

En la actualidad, los llamamientos al ‘voto útil’ ya no asustan tanto. La transformación del sistema de partidos ha permitido que los votantes hayan experimentado la política nacional en un escenario de fragmentación. A pesar de las dificultades que ello conlleva (para la formación de gobierno, por ejemplo) la estabilidad en el voto a los nuevos partidos invitan a pensar que los votantes han aprendido y están dispuestos a compensar los costes de la perdida de gobernabilidad con beneficios por el lado de la representatividad. Ahora sí existen incentivos para que más de dos partidos se lancen a ganar un trozo del pastel. Por tanto, si la fragmentación partidista y los gobiernos de coalición son el futuro, la unión de las derechas se torna más difícil.

En resumidas cuentas, el contexto político al que se enfrenta Pablo Casado para conseguir unificar el voto de derechas es uno plagado de obstáculos. A diferencia del desafío que tenía por delante Aznar, Casado va a contracorriente. Por un lado, las grandes fuerzas que estructuran la competición política en nuestro tiempo dificultan la creación de plataformas políticas capaces de cubrir de manera extensiva y coherente las demandas políticas producto de los retos que emanan de la globalización. Por otro lado, la distribución de preferencias política en bloques eliminan el arma de la moderación ideológica como motor para unificar a la derecha. Y, finalmente, el nuevo y estable multipartidismo en España ha hecho que los votantes experimenten las ventajas y desventajas de la fragmentación, convirtiendo los llamamientos al ‘voto útil’ en algo ahora más parecido al ‘¡que viene el coco!’... pero entre adultos.

El PSOE y Unidos Podemos compiten fundamentalmente en el espacio ideológico que va entre el 3 y el 4 de la escala (1-10). Ahí se auto-posicionan un poco más de un cuarto de todos los encuestados (26.5%), y entre ellos aquellos que se declaran votantes de PSOE o UP representan cerca del 60%

La competición, de momento, es favorable al PSOE, tanto por la foto actual como por su evolución desde enero 2016

No obstante, el margen de incertidumbre sigue siendo elevado como para apostar por una ganador: más de un tercio de los votantes del 3 y el 4 no son "leales" a un partido; y la división en la izquierda debido al conflicto territorial podría perjudicar particularmente al PSOE

La relación entre el PSOE y Unidos Podemos atraviesa un momento dulce. Desde la moción de censura ambas formaciones han bajado la intensidad de su particular batalla, habiéndose permitido establecer un diálogo más fluido así como ganar algo de confianza. Curiosamente, en las últimas semanas ha sido frecuente escuchar a líderes o personas cercanas al mundo de Podemos defendiendo la acción de gobierno de Sánchez con más ahínco y profusión que muchos otros socialistas.

Este remanso de paz en la izquierda puede que responda a un cambio estructural en las estrategias de PSOE y Podemos o a condiciones bastante más coyunturales. Respecto a la primera posibilidad podría argumentarse que ambas fuerzas políticas – sobre todo Podemos– habrían asumido la tesis de Errejón sobre la necesidad de impulsar una “competición virtuosa” en la izquierda, esto es, una competición de guante blanco que, marcando la agenda política, no solo no erosionaría los apoyos propios sino que contribuiría a aumentarlos moviendo las preferencias de los españoles hacia su terreno. A pesar de ser una idea interesante, todavía no tenemos datos suficientes para poner a prueba esta hipótesis. De momento solo vemos que la evolución del porcentaje de españoles que se ubican en posiciones de izquierdas en el eje ideológico no ha variado de manera significativa.

Desde un prisma más coyuntural, la debilidad parlamentaria del PSOE y la necesidad de Podemos por mostrarse no solo como un partido-protesta sino como un partido de gobierno puede que hayan contribuido a que veamos las espadas enfundadas. De hecho, la negociación de los presupuestos se presenta en este sentido como un traje a medida para la cooperación: el PSOE necesita de manera vital el apoyo de Unidos Podemos y éstos necesitan un escenario como el actual para desplegar su discurso de políticas (no de política).

Pero si la calma que reina en la izquierda respondiese más al momento político que a una cuestión estructural, ésta tendría fecha de caducidad: el inicio del próximo ciclo electoral. Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, las municipales, autonómicas y europeas en mayo del próximo año y el posible adelantamiento electoral de las catalanas y de las Generales amagando a entrar en escena, nos encontraríamos en un contexto en donde los incentivos para batallar podrían volver a activarse pronto. En ese caso cabe preguntarnos sobre el estado actual de la batalla electoral en la izquierda. Repasemos algunos datos.

Definamos, primero, el campo de batalla: el PSOE y Unidos Podemos compiten fundamentalmente en el espacio ideológico que va entre el 3 y el 4 de la escala (1-10), al que llamaré “la izquierda”. Si graficamos cómo se distribuye la posición ideológica de los españoles hoy y destacamos quienes expresan su intención de votar al PSOE o a Unidos Podemos veremos que en este segmento es en donde están fundamentalmente los votantes propios y potenciales (gráfico 1). En el espacio de 3-4 de la escala ideológica se auto-posicionan un poco más de uno de cada cuatro de todos los encuestados (26.5%), y aquellos que se declaran votantes de PSOE o UP representan cerca del 60% de la izquierda y 15% del total de votantes. Aquí se dirime la batalla.

La foto actual es claramente favorable al PSOE, pues de aquellos que se ubican en el 3 el 42% votaría a los socialistas y un 16% a UP, mientras que entre aquellos que se posicionan en el 4 el 47% votaría PSOE y cerca de un 7% UP. Se trata de una distancia muy significativa. ¿Ha sido siempre así?

A continuación se presenta la evolución de la batalla en la izquierda desde enero de 2016 hasta el último barómetro en septiembre de 2018. Es decir, cogemos las barritas del 3 y el 4 de la distribución ideológica de los últimos 12 barómetros del CIS y las presentamos en términos relativos, sabiendo que el porcentaje de españoles que se ubican en el 3-4 prácticamente no ha variado. Se observa así que en los dos últimos barómetros (julio y septiembre) los apoyos del PSOE han aumentado de manera significativa en estos dos puntos de la escala, mientras que UP pierde terreno en el 3 y algo menos en el 4.

Es particularmente llamativa la evolución que ha experimentado la composición partidista de la parte izquierda de este espacio, es decir, del 3 (gráfico 2). Durante el 2016, PSOE y UP se repartían a apartes igual la intención de voto, casi un 50-50, registrándose en enero de 2017 una situación favorable a los morados. Para entonces un 25% de los auto-ubicados en el 3 se declaraba votante de UP, mientras que solo cerca de un 20% lo hacía por el PSOE. Unidos Podemos se había convertido en la primera fuerza política en este espacio. Tras la dimisión forzada de Pedro Sánchez de la Secretaría General del partido el PSOE transitaba su peor momento. No obstante, en los barómetros subsiguientes (de abril de 2017 a abril de 2018) la competición en el 3 volvió a dar un giro: antes de la moción de censura (en mayo de 2018) el PSOE consiguió acaparar entorno al 27% de los votantes de este espacio mientras que UP caía algo menos de 10 puntos, quedándose con el 12-15% de este electorado.

La variación que dibujan los datos en el espacio del 4 luce menos (gráfico 3). La fuerza del PSOE aquí siempre se ha movido en torno a un tercio de los votantes. No obstante, se puede apreciar como “la derecha de la izquierda” ha retraído su apoyo a los socialistas tras la crisis de octubre de 2016 (probablemente yéndose a la abstención), recuperado tras la vuelta de Sánchez a la Secretaría General (mayo de 2017), volviendo a debilitarse hasta la moción de censura, y escalando hasta más del 50% tras el nombramiento de Sánchez como Presidente del Gobierno.

Unidos Podemos, a pesar de ser identificado como una formación política particularmente escorada a la izquierda, mantenía un fuerza bastante destacable en el 4. Entre enero de 2016 y abril se movía en una horquilla del 10-15%. No obstante, a partir de octubre de 2017 el CIS registra una disminución significativa de los apoyos que, desde entonces, estarían en una horquilla del 5-7%. Unos datos que podrían estar asociados a la vuelta de Sánchez a los mandos del PSOE más que del PSOE al Gobierno.

Tanto la evolución como el estado actual de la batalla en la izquierda indican que el PSOE le ha sacado una buena ventaja a UP. No obstante, el margen de incertidumbre sigue siendo elevado como para apostar por una ganador. Al menos por tres datos relevantes.

En primer lugar, hemos visto en los dos gráficos anteriores que el porcentaje de encuestados en el espacio de 3-4 que votarían a otros partidos o que son indecisos (NS/NC) es muy alto. Al menos, en intención directa de voto, se registran niveles en torno al 50%, lo cual indica que siempre hay margen para atraer nuevos votantes. En segundo lugar, como se puede apreciar en el gráfico 4, en torno al 37% de los españoles que se ubican en el 3 o el 4 declaran que no tienen lealtad a un partido político en concreto. Es decir, que existe también un amplio margen para que –en la batalla– los soldados cambien de bando. La promiscuidad no es monopolio del votante de centro.

Finalmente, el dato que podría arrojar más dudas sobre la ventaja del PSOE en cuanto se recrudezca la batalla electoral es el relativo al conflicto territorial. Como ya se ha mostrado en varios sitios, el electorado del 3 y el 4 expresan diferencias significativas en sus preferencias sobre el tipo de organización territorial del Estado. La izquierda de la izquierda está más dispuesta que la derecha de la izquierda a mover el statu quo (gráfico 5). En torno al 40% de los votantes que se posicionan en el 4 de la escala prefiere que nada cambie. Esta cifra para los que se ubican en el 3 es casi 10 puntos menor. Solo uno de cada tres prefiere que el Estado de la Autonomías se quede tal cual está. En la misma línea, algo más del 43% de los votantes que se ubican en el 3 prefieren que el estado de la autonomías avance hacia mayores niveles de descentralización, mientras que los del 4 solo suman cerca del 27%.(*)

El conflicto territorial pues se presta a ser divisivo en la izquierda, y esta cuestión precisamente perjudica al PSOE quien, desde el gobierno, tendrá que hacer equilibrios para contentar a los dos votantes que componen principalmente su electorado sin que, en el camino, en la batalla, Unidos Podemos recupere territorio.

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(*) El martes 9 de octubre este artículo fue publicado con un gráfico que por error del autor comparaba los valores de los votantes que se auto-posicionan en el 2 y el 3 de la escala ideológica, en vez del 3 y el 4. La interpretación de esos datos sobredimensionaba las diferencias que se querían analizar (la discrepancia en la izquierda sobre la cuestión territorial). En la versión actual (modificada el día 10 de octubre) se presenta un nuevo gráfico con los datos que corresponden y se modifica el texto de su interpretación. A pesar del error, el mensaje -aunque menos contundente- sigue siendo el mismo. Agradezco a Juan Carmona por haberme señalado el error. Vayan mis disculpas a todos los lectores.