“El cerebro es el órgano que genera toda la mente humana, todas las capacidades mentales y cognitivas: los pensamientos, las memorias, la imaginación, las emociones, el comportamiento; la inteligencia y la conciencia”. Para Rafael Yuste, neurobiólogo de la Universidad de Columbia, el cerebro es “el santuario de la mente humana”, y como tal hay que defenderlo, blindar sus derechos ante posibles usos que contravengan la integridad de las personas.

“Igual que se hackea un dispositivo electrónico, se puede hackear un cerebro”, apunta la filósofa Ana Noguera, haciendo suyas las palabras de la neurocientífica Divya Chander. Es una de las mentes que ha inspirado a esta doctora en ética, miembro del Consell Valencià de Cultura, para impulsar el reconocimiento de los neuroderechos en la carta de derechos humanos, canalizando la propuesta de la fundación de Yuste, The Neurorights Foundation.

Cuando se cumplen 75 años de la aprobación de la carta de Derechos Humanos, el Consell Valencià de Cultura ha reunido a neurocientíficos, filósofos, investigadores y expertos en derecho para reclamar una actualización del compromiso mundial, adaptándolo a las tecnologías y a las investigaciones en curso. Supone, en palabras de Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, una actualización de derechos humanos ya existentes a un nuevo contexto.

El compromiso es una respuesta ética al desarrollo de las neurotecnologías que permiten registrar y obtener información del cerebro. “Los neuroderechos son nuevos derechos humanos que protejan la actividad cerebral y la información procedente de ella”, define Yuste. “La neurotecnología, que se está empezando a desarrollar de manera muy acelerada, permite registrar la actividad cerebral y cambiarla”. Esto implica que también puede cambiarse la actividad mental: lo que sentimos, lo que percibimos, lo que pensamos. “Es algo que no se ha hecho nunca en la historia de la humanidad y tenemos la tecnología que permite empezar a hacer esto, pensamos que hay que proteger el cerebro como un órgano especial del cuerpo porque es el órgano de la mente humana. Por eso pensamos que hay que añadir nuevos derechos en los tratados para que entremos en este nuevo futuro pisando fuerte”.

El investigador defiende la responsabilidad ética de sus coetáneos para evitar un mal uso de la tecnología. Sucede de forma similar a la energía nuclear, apunta, subrayando que la neutralidad de la tecnología no impide usos moralmente cuestionables. “La neurotecnología todavía no ha llegado a la sociedad, está saliendo de los laboratorios de investigación. Los que estamos en ellos vemos venir el problema, tenemos la obligación de avisar a la sociedad de que esto es muy importante, va a ser una revolución tecnológica y tenemos que estar preparados. Tenemos que hacerlo de una manera inteligente para poder aprovechar los beneficios de esta nueva tecnología, beneficios extraordinarios para pacientes con enfermedades neurológicas o mentales... Es una cosa muy positiva, lo veo como un nuevo renacimiento, pero tenemos que hacerlo de una manera que proteja la esencia del ser humano, con los valores humanísticos por delante”, insiste.

Entre las aplicaciones médicas, el neurobiólogo apunta: “El año pasado se consiguió descifrar el habla de pacientes con síndrome de enclaustramiento, también tetrapléjicos que pueden mover brazos y piernas robóticas [con implantes]; estamos trabajando el prótesis cerebrales para curar la ceguera, que sería como un milagro y se puede hacer”: “Estas aplicaciones médicas van a ser revolucionarias”, sostiene.

Su laboratorio es capaz de introducir imágenes en el cerebro de los ratones ciegos, que estos interpretan como si las hubieran visto realmente; las procesan como algo interno, no externo. La investigación sirve para mapear el cerebro, encontrar zonas oscuras, y tiene impacto en las personas con enfermedades mentales graves o neurodegenerativas, entre otras. “Tenemos la obligación urgente de ayudar a estos pacientes desarrollando métodos para poder entender el cerebro, para poder repararlo, pero los métodos van a ser tan potentes que debemos pensarlo bien. De la mano de estos métodos tiene que haber una protección de la ciudadanía”, sentencia.

A su vez, estas tecnologías van de la mano de la inteligencia artificial y sus algoritmos, sin una gobernanza clara. “Los algoritmos de la IA traen muchas veces sesgos, que con la neurotecnología son incorporados al cerebro. Es una cuestión mucho mas importante que los sesgos informativos, los interpretas como propios, como si fuera lo que piensas. Es una situación en la que tenemos que respetar el santuario de la mente humana, que no entre nada que esté sesgado”, apunta el profesor, que sitúa la defensa contra los sesgos entre los compromisos.

En un congreso organizado en València por el Consell Valencià de Cultura, científicos, filósofos y expertos en derecho defienden la actualización de la carta para introducir esta perspectiva en los derechos humanos. Hacerlo es la forma de que la mayoría de países asuman el compromiso, un imperativo ético que se anticipa al desarrollo tecnológico. En el congreso participaron, además de Yuste, Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València; José Miguel Carmena, neurocientífico de la University of California-Berkeley; Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universitat de València, y Ángel Barco, director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández–CSIC.

València es la primera ciudad europea en impulsar este compromiso, apunta Noguera, aunque hay otros organismos que trabajan en esta cuestión. La Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial ha promovido la carta de derechos digitales, se está estudiando su incorporación en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y se introdujo en la reforma de la Constitución de Chile. “La neurociencia está creando una explosión que va a ser algo asombroso, medicinalmente extraordinario, pero también tiene riesgos. Queríamos elevar este año, en el 75 aniversario de los derechos humanos, este compromiso para proteger la identidad del yo, proteger la manipulación cerebral y que todas las investigaciones médicas vayan en beneficio de la humanidad”, defiende la doctora en ética.

El neurólogo Oliver Sacks, uno de los científicos que más ha contribuido a la divulgación del conocimiento sobre el cerebro, abogaba por la unión de “ciencia y decencia” como receta para un mundo en crisis. Lo dejó negro sobre blanco en La vida sigue, uno de sus últimos textos, escrito cuando su vida se apagaba: “Aunque venero la buena literatura, el arte y la música, me parece que solo la ciencia, ayudada por la decencia humana, el sentido común, la amplitud de miras y la atención a los desfavorecidos y los pobres, supone una esperanza para un mundo sumido en el marasmo moral”.

“El cervell és l’òrgan que genera tot la ment humana, totes les capacitats mentals i cognitives: els pensaments, les memòries, la imaginació, les emocions, el comportament; la intel·ligència i la consciència”. Per a Rafael Yuste, neurobiòleg de la Universitat de Columbia, el cervell és “el santuari de la ment humana”, i consegüentment cal defensar-lo, blindar els seus drets davant possibles usos que contravinguen la integritat de les persones.

“Igual que es fa hacking en un dispositiu electrònic, es pot fer hacking en un cervell”, apunta la filòsofa Ana Noguera, fent seues les paraules de la neurocientífica Divya Chander. És una de les ments que ha inspirat aquesta doctora en ètica, membre del Consell Valencià de Cultura, per a impulsar el reconeixement dels neurodrets en la Carta de Drets Humans, canalitzant la proposta de la fundació de Yuste, The Neurorights Foundation.

Quan es compleixen 75 anys de l’aprovació de la Carta de Drets Humans, el Consell Valencià de Cultura ha reunit neurocientífics, filòsofs, investigadors i experts en dret per reclamar una actualització del compromís mundial, adaptant-lo a les tecnologies i a les investigacions en curs. Suposa, en paraules de Fernando Flores, director de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, una actualització de drets humans ja existents a un context nou.

El compromís és una resposta ètica al desenvolupament de les neurotecnologies que permeten registrar i obtindre informació del cervell. “Els neurodrets són nous drets humans que protegisquen l’activitat cerebral i la informació que en procedeix”, defineix Yuste. “La neurotecnologia, que comença ara a desenvolupar-se de manera molt accelerada, permet registrar l’activitat cerebral i canviar-la”. Això implica que també pot canviar-se l’activitat mental: el que sentim, el que percebem, el que pensem. “És una cosa que no s’ha fet mai en la història de la humanitat i tenim la tecnologia que permet començar a fer-ho, pensem que cal protegir el cervell com un òrgan especial del cos, perquè és l’òrgan de la ment humana. Per això pensem que cal afegir nous drets en els tractats perquè entrem en aquest nou futur xafant fort”.

L’investigador defensa la responsabilitat ètica dels seus coetanis per a evitar un mal ús de la tecnologia. Passa de manera semblant a l’energia nuclear, apunta, i subratlla que la neutralitat de la tecnologia no impedeix usos moralment qüestionables. “La neurotecnologia encara no ha arribat a la societat, està eixint dels laboratoris d’investigació. Els que hi estem veiem vindre el problema, tenim l’obligació d’avisar la societat que això és molt important, serà una revolució tecnològica i hem d’estar-hi preparats. Hem de fer-ho d’una manera intel·ligent per poder aprofitar els beneficis d’aquesta nova tecnologia, beneficis extraordinaris per a pacients amb malalties neurològiques o mentals... És una cosa molt positiva, ho veig com un nou renaixement, però hem de fer-ho d’una manera que protegisca l’essència de l’ésser humà, amb els valors humanístics per davant”, insisteix.

Entre les aplicacions mèdiques, el neurobiòleg apunta: “L’any passat es va aconseguir desxifrar la parla de pacients amb síndrome d’enclaustrament, també tetraplègics que poden moure braços i cames robòtiques [amb implants]; ara treballem en pròtesis cerebrals per a curar la ceguesa, que seria com un miracle i es pot fer”: “Aquestes aplicacions mèdiques seran revolucionàries”, sosté.

El seu laboratori és capaç d’introduir imatges en el cervell dels ratolins cecs, que aquests interpreten com si les hagueren vistes realment; les processen com una cosa interna, no externa. La investigació serveix per a mapar el cervell, trobar-hi zones fosques, i té impacte en les persones amb malalties mentals greus o neurodegeneratives, entre altres. “Tenim l’obligació urgent d’ajudar aquests pacients desenvolupant mètodes per a poder entendre el cervell, per a poder reparar-lo, però els mètodes seran tan potents que hem de pensar-ho bé. De la mà d’aquests mètodes ha d’haver-hi una protecció de la ciutadania”, sentencia.

Al seu torn, aquestes tecnologies van de bracet de la intel·ligència artificial i els seus algorismes, sense una governança clara. “Els algorismes de l’IA porten moltes vegades biaixos, que amb la neurotecnologia són incorporats al cervell. És una qüestió molt mes important que els biaixos informatius, els interpretes com a propis, com si fora el que penses. És una situació en què hem de respectar el santuari de la ment humana, que no hi entre res que estiga esbiaixat”, apunta el professor, que situa la defensa contra els biaixos entre els compromisos.

En un congrés organitzat a València pel Consell Valencià de Cultura, científics, filòsofs i experts en dret defensen l’actualització de la carta per a introduir aquesta perspectiva en els drets humans. Fer-ho és la manera que la major part dels països assumisquen el compromís, un imperatiu ètic que s’anticipa al desenvolupament tecnològic. En el congrés van participar, a més de Yuste, Fernando Flores, director de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València; José Miguel Carmena, neurocientífic de la Universitat de Califòrnia-*Berkeley; Adela Cortina, catedràtica d’ètica de la Universitat de València, i Ángel Barco, director de l’Institut de Neurociència de la Universitat Miguel Hernández-CSIC.

València és la primera ciutat europea a impulsar aquest compromís, apunta Noguera, encara que hi ha altres organismes que treballen en aquesta qüestió. La Secretaria d’Estat d’Intel·ligència Artificial ha promogut la carta de drets digitals, està estudiant-se la incorporació en les Nacions Unides, en el Consell de Drets Humans a Ginebra, i es va introduir en la reforma de la Constitució de Xile. “La neurociència està creant una explosió que serà una cosa sorprenent, medicinalment extraordinària, però també té riscos. Volíem elevar enguany, en el 75 aniversari dels drets humans, aquest compromís per a protegir la identitat del jo, protegir la manipulació cerebral i que totes les investigacions mèdiques vagen en benefici de la humanitat”, defensa la doctora en ètica.

El neuròleg Oliver Sacks, un dels científics que més ha contribuït a la divulgació del coneixement sobre el cervell, advocava per la unió de “ciència i decència” com a recepta per a un món en crisi. Ho va deixar negre sobre blanc en La vida sigue, un dels seus últims textos, escrit quan la seua vida s’apagava: “Encara que venere la bona literatura, l’art i la música, em sembla que només la ciència, ajudada per la decència humana, el sentit comú, l’amplitud de mires i l’atenció als desfavorits i els pobres, suposa una esperança per a un món sumit en el marasme moral”.

El codi postal és un determinant per al futur socioeconòmic de les persones. Condiciona l’educació, la renda, la salut, l’accés a serveis bàsics. Condiciona el desenvolupament de la vida i el benestar. “Hui la principal variable espacial que explica les desigualtats és la segregació residencial i és un factor determinant en la seua reproducció”, apunta Oriol Nel·lo, geògraf especialitzat en estudis urbans i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

El fenomen és “estructural, creixent i d’àmbit metropolità”. Els grups amb característiques similars tendeixen a concentrar-se en l’espai, amb el preu de l’habitatge com a principal condicionant. La gent tria on viu per diverses raons, però els que acumulen més poder adquisitiu tenen més capacitat d’elecció. Ho fan per dalt i ho fan per baix; barris rics, barris pobres. Als països occidentals està produint-se un procés de polarització espacial, que té generalment caràcter urbanometropolità, però que també afecta municipis sencers.

La relació entre segregació i desigualtat està mitjançada per diversos aspectes, apunta el geògraf, que va ser secretari autonòmic de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya. Entre aquests, que “l’augment de la segregació no es plasma immediatament sobre la desigualtat, n’hi ha un retard de quasi una dècada”. O que “si es donen processos de gentrificació en què grups acomodats entren en àrees vulnerables, durant un temps conviuen, fins que l’augment de preus els expulsa”. I a més, les polítiques urbanes, que no sempre redueixen la segregació, com en el cas de França (que en construir els grans barris d’habitatge assequible han concentrat la població amb menys capacitat adquisitiva), recalca el professor.

Nel·lo coordina el treball Efecto Barrio, publicat per Tirant lo Blanch, un volum que analitza com la segregació residencial incideix en la desigualtat de la ciutadania en diversos àmbits i com contribueix a reproduir-la i acréixer-la. Amb Ismael Blanco, director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de Catalunya i Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, tots dos autors de diverses publicacions en la mateixa editorial, analitzen els efectes de la segregació espacial i plantegen polítiques públiques per a mitigar-les, en un seminari organitzat per la Facultat de Geografia de la Universitat de València i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local.

La tendència que observen els tres experts és autodestructiva, el peix que es mossega la cua: els espais que concentren la població amb més necessitats tenen menys capacitat de resposta. Les dades indiquen que la població vulnerable resideix en municipis que tenen ingressos per capita més baixos: tenen menys recursos perquè la seua base fiscal és més reduïda. La secessió dels rics no sols implica que les classes riques visquen en entorns aïllats de la pobresa, amb serveis millors, sinó que porten amb si els seus recursos, que són necessaris per a mitigar la desigualtat. Els que tenen capacitat per a pagar més impostos no resideixen en els llocs on aquesta recaptació fa més falta.

Fins i tot és desigual la distribució de les infraestructures socials, apunta Blanco, prenent el terme d’Eric Klinenberg, que defineix els espais en què teixir relacions socials i comunitàries (una biblioteca, un parc, un centre cívic). Aquests espais són rellevants per a teixir aliances ciutadanes, moviments socials i pràctiques col·lectives de denúncia, que condicionen la capacitat de resposta dels barris, influenciada per la identitat, els vincles socials, la cooperació o la inversió pública. És a dir: un lloc en què els veïns no es coneixen, ni tenen arrelament, ni llocs en què conéixer-se, veu reduïts els seus moviments de resistència ciutadana davant la vulneració de drets. “La segregació delimita les polítiques d’igualtat, afebleix els llaços socials, residualitza els serveis públics i l’acció col·lectiva”, afig Gomà, que advoca per unes polítiques públiques de “mixtura igualitària”, un contracte social vinculat a noves realitats.

Per això, els tres autors coincideixen en l’aplicació de polítiques que superen el municipi com a àmbit, actuant a escala metropolitana, i insisteixen en les polítiques predistributives, atés que la relació entre estat del benestar i desigualtats “no és simple ni senzilla”, les polítiques redistributives “no actuen sobre les relacions de poder” i impliquen més correcció que previsió. Per a mitigar els mecanismes de segregació urbana, els tres experts coincideixen que cal reforçar la política d’habitatge social i la regulació de preus, però també actuar a una escala supramunicipal. “Cal un pla estatal de barris vulnerables que dote comunitats autònomes i ajuntaments de recursos i els inste a actuar”, subratllen, mentre recalquen la necessitat d’“estendre les polítiques de rehabilitació i les d’habitatge a tots els barris”, combinades amb serveis i infraestructures públiques de qualitat, des d’educació infantil universalitzada fins a reforç dels vincles socials.

El código postal es un determinante para el futuro socioeconómico de las personas. Condiciona la educación, la renta, la salud, el acceso a servicios básicos. Condiciona el desarrollo de la vida y el bienestar. “Hoy la principal variable espacial que explica las desigualdades es la segregación residencial y es un factor determinante en su reproducción”, apunta Oriol Nel·lo, geógrafo especializado en estudios urbanos y miembro del Institut d'Estudis Catalans.

El fenómeno es “estructural, creciente y de ámbito metropolitano”. Los grupos con características similares tienden a concentrarse en el espacio, con el precio de la vivienda como principal condicionante. La gente elige dónde vive por diversas razones, pero quienes acumulan mayor poder adquisitivo tienen mayor capacidad de elección. Lo hacen por arriba y lo hacen por abajo; barrios ricos, barrios pobres. En los países occidentales se está produciendo un proceso de polarización espacial, que tiene generalmente carácter urbano-metropolitano, pero que también está afectando a municipios enteros.

La relación entre segregación y desigualdad está mediada por diversos aspectos, apunta el geógrafo, que fue secretario autonómico de Planificación Territorial de la Generalitat de Catalunya. Entre ellos, que “el aumento de la segregación no se plasma de inmediato sobre la desigualdad, hay un retraso de casi una década”. O que “si se dan procesos de gentrificación en los que grupos acomodados entran en áreas vulnerables, durante un tiempo conviven, hasta que el aumento de precios los expulsa”. Y además, las políticas urbanas, que no siempre reducen la segregación, como en el caso de Francia (que al construir los grandes barrios de vivienda asequible han concentrado a la población con menor capacidad adquisitiva), recalca el profesor.

Nel·lo coordina el trabajo Efecto Barrio, publicado por Tirant Lo Blanch, un volumen que analiza cómo la segregación residencial incide en la desigualdad de la ciudadanía en diversos ámbitos y cómo contribuye a reproducirla y acrecentarla. Junto a Ismael Blanco, director del Institut de Govern i Polítiques Públiques de Catalunya y Ricard Gomà, director del Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ambos autores de varias publicaciones en la misma editorial, analizan los efectos de la segregación espacial y plantean políticas públicas para mitigarlas, en un seminario organizado por la Facultad de Geografía de la Universitat de València y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

La tendencia que aprecian los tres expertos es autodestructiva, el pez que se muerde la cola: los espacios que concentran la población con más necesidades tienen menos capacidad de respuesta. Los datos indican que la población vulnerable reside en municipios que cuentan con ingresos per cápita más bajos: tienen menos recursos porque su base fiscal es más reducida. La secesión de los ricos no solo implica que las clases pudientes vivan en entornos aislados de la pobreza, con mejores servicios, sino que llevan consigo sus recursos, que son necesarios para mitigar la desigualdad. Quienes tienen capacidad para pagar más impuestos no residen en los lugares donde esa recaudación hace más falta.

Incluso es desigual la distribución de las infraestructuras sociales, apunta Blanco, tomando el término de Eric Klinenberg que define los espacios en los que tejer relaciones sociales y comunitarias (una biblioteca, un parque, un centro cívico). Estos espacios son relevantes para tejer alianzas ciudadanas, movimientos sociales y prácticas colectivas de denuncia, que condicionan la capacidad de respuesta de los barrios, influenciada por la identidad, los vínculos sociales, la cooperación o la inversión pública. Es decir: un lugar en el que los vecinos no se conocen, ni tienen arraigo, ni lugares en los que conocerse, ve reducidos sus movimientos de resistencia ciudadana ante la vulneración de derechos. “La segregación delimita las políticas de igualdad, debilita los lazos sociales, residualiza los servicios públicos y la acción colectiva”, añade Gomà, que aboga por unas políticas públicas de “mixtura igualitaria”, un contrato social vinculado a nuevas realidades.

Por ello, los tres autores coinciden en la aplicación de políticas que superen el municipio como ámbito, actuando a escala metropolitana, e insisten en las políticas predistributivas, dado que la relación entre Estado de Bienestar y desigualdades “no es simple ni sencilla”, las políticas redistributivas “no actúan sobre las relaciones de poder” e implican más corrección que previsión. Para mitigar los mecanismos de segregación urbana los tres expertos coinciden en que es necesario reforzar la política de vivienda social y la regulación de precios, pero también actuar a una escala supramunicipal. “Es necesario un plan estatal de de barrios vulnerables que dote a comunidades autónomas y ayuntamientos de recursos y les inste a actuar”, subrayan, mientras recalcan la necesidad de “extender las políticas de rehabilitación y las de vivienda a todos los barrios”, combinadas con servicios e infraestructuras públicas de calidad, desde educación infantil universalizada hasta refuerzo de los vínculos sociales.

Se estima que en 2050 la población urbana alcance el 75% del global, un proceso de concentración que resulta útil para la planificación económica, la innovación y la difusión de conocimiento, pero que plantea numerosos retos sociales: cómo afrontar el cambio climático, el acceso a la vivienda, la provisión de servicios básicos, la soberanía alimentaria, la salud, la seguridad, la educación, la desigualdad. Concentrar a la población implica a su vez concentrar los esfuerzos para mitigar los daños que produce la existencia de la propia civilización.

Sobre esta base, el Gobierno valenciano impulsa un modelo para las ciudades de las próximas décadas, un documento estratégico para las políticas públicas. La conselleria de Política Territorial acaba de sacar exposición pública el proyecto de Agenda Urbana Valenciana, un documento que surge de un proceso participativo para sentar las bases de la ordenación territorial con los criterios de la Agenda 2030, enfocada en conseguir una ciudad sostenible, saludable, inclusiva y habitable. El documento, que se puede consultar en la web de la Conselleria de Política Territorial o en el enlace sobre estas líneas, emana de un proceso participativo y aportaciones de la Universitat de València, impulsado por la Conselleria de Política Territorial y coordinado con la vicepresidencia segunda del Consell, responsable de las políticas de vivienda públicas. El plazo de participación pública es de dos meses.

La agenda incorpora diversos análisis sobre el punto de partida y las posibilidades de transformación, una serie de objetivos e indicadores asociados y todos los instrumentos legislativos aprobados en relación con los objetivos, para ser una suerte de guía práctica. Será la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico y los gobiernos locales para la próxima década, si estos deciden alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible.

El documento se estructura en diversos ejes, arrancando con la meta económica, en la que sitúa el objetivo de adaptar la actividad productiva al territorio valenciano “como un espacio vertebrador de una economía dinámica y sostenible capaz de generar empleo y bienestar para la ciudadanía”. Enmarca en este eje las políticas de empleo, desarrolo local ético, colaboración entre agentes sociales, fomento de la economía circular y la gestión de residuos.

En el marco territorial, subraya la necesidad de hacer frente a los efectos del cambio climático, fortaleciendo un sistema territorial equilibrado que preserve el patrimonio natural y paisajístico, y transite hacia un escenario de mayor sostenibilidad en materias como la energía, el agua, los residuos o la reducción de la contaminación. Incorpora también la transición energética, la cohesión de los servicios públicos y las formas innovadoras de gobernar para afrontar los retos de los espacios urbanos locales en el marco de la globalización y de la Unión Europea. Como herramientas, propone, entre otras, diseñar un plan de anticipación frente a riesgos extremos (inundaciones, sequías, temporales marítimos, incendios, olas de calor) y un plan para la gestión eficiente de los recursos hídricos, considerando el agua como un factor limitante de futuro.

En el marco de la gobernanza, el texto aboga por el impulso de los procesos participativos: desarrollar fórmulas para la gestión compartida de los fondos económicos, garantizar los recursos y medios necesarios para una participación efectiva, fvorecer el desarrollo de un enfoque comunitario con una mirada territorial y promover una interpretación transversal e integrada, realizando estos procesos con una perspectiva inclusiva. Incluye como acciones las de desarrollar una participación horizontal y cambios en la administración pública, así como mejorar la gobernanza en las áreas metropolitanas y fomentar los niveles subregionales para las iniciativas territoriales, además de fomentar el asociacionismo y mejorar la rendición de cuentas públicas.

En el marco de la ciudad saludable se establece el modelo de 'ciudad de los 15 minutos', adaptar los ámbitos urbanos a las distintas etapas del ciclo vital. Traducido en políticas públicas, implica tener una red de servicios -escuelas, centros de salud y centros sociales- a un cuarto de hora andando desde casa. El documento incide en la importancia de la planificación urbana con los criterios de salud y adaptación al cambio climático (por ejemplo, aumento de las temperaturas y la contaminación) y aboga por realizar políticas de salud basadas en la prevención y en el fomento de hábitos de vida saludable de carácter comunitario. El modelo, defiende la estrategia, “contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ya que le posibilita tener más tiempo libre al disminuir el tiempo invertido en desplazamientos, contribuyendo a su vez a reducir el uso del vehículo privada, generar más espacios de uso para los ciudadanos, y le otorga más importancia a las actividades económicas de proximidad”.

Respecto al derecho al hábitat, aboga por el aumento del parque de vivienda pública, ya sea mediante la compra de activos ya construidos o la ejecución de nuevas promociones de vivienda, con especial atención en la integración de ese tejido residencial en los barrios; la regeneración y rehabilitación urbana; el fomento del alquiler social para evitar la exclusión de grupos vulnerables -entre ellos, los jóvenes, y la planificación de la nueva vivienda social evitando los procesos de segregación y estigmatización asociados.  

En el marco de la ciudad conectada, la estrategia plantea reestructurar el sistema de transporte público para la optimitzación de su funcionamiento y su equidad territorial, promover el despliegue de las infraestructuras en todo el territorio y reducir la brecha digital. Es decir: más líneas de transporte público, más frecuencias, más conexiones entre municipios, desarrollar redes peatonales y ciclistas y la red de cobertura de teléfono e internet, con procesos de formaicón para colectivos con mayor dificultad de acceso.

El proceso, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, destaca la necesidad de “generar auténticas infraestructuras de confianza entre todos los actores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana para que la Agenda sea un proceso cooperativo y codiseñado desde la base”. Con todo, para el Consell sigue pendiente la aprobación de la ley de áreas metropolitanas, anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en 2020.

S’estima que el 2050 la població urbana arribe al 75% del global, un procés de concentració que resulta útil per a la planificació econòmica, la innovació i la difusió de coneixement, però que planteja nombrosos reptes socials: com afrontar el canvi climàtic, l’accés a l’habitatge, la provisió de serveis bàsics, la sobirania alimentària, la salut, la seguretat, l’educació, la desigualtat. Concentrar la població implica al seu torn concentrar els esforços per a mitigar els danys que produeix l’existència de la civilització mateixa.

Sobre aquesta base, el Govern valencià impulsa un model per a les ciutats de les pròximes dècades, un document estratègic per a les polítiques públiques. La conselleria de Política Territorial acaba de traure exposició pública el projecte d’Agenda Urbana Valenciana, un document que sorgeix d’un procés participatiu per a establir les bases de l’ordenació territorial amb els criteris de l’Agenda 2030, enfocada a aconseguir una ciutat sostenible, saludable, inclusiva i habitable. El document, que es pot consultar en el web de la Conselleria de Política Territorial o en l’enllaç sobre aquestes línies, emana d’un procés participatiu i aportacions de la Universitat de València, impulsat per la Conselleria de Política Territorial i coordinat amb la vicepresidència segona del Consell, responsable de les polítiques d’habitatge públiques. El termini de participació pública és de dos mesos.

L’agenda incorpora diverses anàlisis sobre el punt de partida i les possibilitats de transformació, una sèrie d’objectius i d’indicadors associats i tots els instruments legislatius aprovats amb relació als objectius, per a ser una mena de guia pràctica. Serà el full de ruta de l’executiu autonòmic i els governs locals per a la dècada vinent, si aquests decideixen alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible.

El document s’estructura en diversos eixos, arrancant amb la meta econòmica, en què situa l’objectiu d’adaptar l’activitat productiva al territori valencià “com un espai vertebrador d’una economia dinàmica i sostenible capaç de generar ocupació i benestar per a la ciutadania”. Emmarca en aquest eix les polítiques d’ocupació, desenvolupament local ètic, col·laboració entre agents socials, foment de l’economia circular i la gestió de residus.

En el marc territorial, subratlla la necessitat de fer front a l’efecte del canvi climàtic, enfortint un sistema territorial equilibrat que preserve el patrimoni natural i paisatgístic, i transite cap a un escenari de més sostenibilitat en matèries com l’energia, l’aigua, els residus o la reducció de la contaminació. Incorpora també la transició energètica, la cohesió dels serveis públics i les maneres innovadores de governar per afrontar els reptes dels espais urbans locals en el marc de la globalització i de la Unió Europea. Com a eines, proposa, entre altres, dissenyar un pla d’anticipació davant de riscos extrems (inundacions, sequeres, temporals marítims, incendis, onades de calor) i un pla per a la gestió eficient dels recursos hídrics, considerant l’aigua com un factor limitant de futur.

En el marc de la governança, el text advoca per l’impuls dels processos participatius: desenvolupar fórmules per a la gestió compartida dels fons econòmics, garantir els recursos i els mitjans necessaris per a una participació efectiva, afavorir el desenvolupament d’un enfocament comunitari amb una mirada territorial i promoure una interpretació transversal i integrada, fent aquests processos amb una perspectiva inclusiva. Inclou com a accions les de desenvolupar una participació horitzontal i canvis en l’Administració pública, així com millorar la governança en les àrees metropolitanes i fomentar els nivells subregionals per a les iniciatives territorials, a més de fomentar l’associacionisme i millorar la rendició de comptes públics.

En el marc de la ciutat saludable s’estableix el model de ‘ciutat dels 15 minuts’, adaptar els àmbits urbans a les diferents etapes del cicle vital. Traduït en polítiques públiques, implica tindre una xarxa de serveis –escoles, centres de salut i centres socials– a un quart d’hora caminant des de casa. El document incideix en la importància de la planificació urbana amb els criteris de salut i adaptació al canvi climàtic (per exemple, augment de les temperatures i la contaminació) i advoca per dur a terme polítiques de salut basades en la prevenció i en el foment d’hàbits de vida saludable de caràcter comunitari. El model, defensa l’estratègia, “contribueix a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, ja que li possibilita tindre més temps lliure en disminuir el temps invertit en desplaçaments, contribuint al seu torn a reduir l’ús del vehicle privat, generar més espais d’ús per als ciutadans, i atorga més importància a les activitats econòmiques de proximitat”.

Pel que fa al dret a l’habitatge, advoca per l’augment del parc d’habitatge públic, siga mitjançant la compra d’actius ja construïts o l’execució de noves promocions d’habitatge, amb atenció especial en la integració d’aquest teixit residencial en els barris; la regeneració i la rehabilitació urbana; el foment del lloguer social per a evitar l’exclusió de grups vulnerables –entre els quals, els joves–, i la planificació del nou habitatge social evitant els processos de segregació i estigmatització associats.

En el marc de la ciutat connectada, l’estratègia planteja reestructurar el sistema de transport públic per a l’optimització del seu funcionament i la seua equitat territorial, promoure el desplegament de les infraestructures en tot el territori i reduir la bretxa digital. És a dir: més línies de transport públic, més freqüències, més connexions entre municipis, desenvolupar xarxes per als vianants i ciclistes i la xarxa de cobertura de telèfon i Internet, amb processos de formació per a col·lectius amb més dificultat d’accés.

El procés, segons la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, destaca la necessitat de “generar autèntiques infraestructures de confiança entre tots els actors econòmics i socials de la Comunitat Valenciana perquè l’Agenda siga un procés cooperatiu i codissenyat des de la base”. Tot i això, per al Consell continua pendent l’aprovació de la llei d’àrees metropolitanes, anunciada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, el 2020.

El Govern valencià publica una guia perquè totes les entitats subjectes a la llei de transparència complisquen les seues obligacions. La norma, actualitzada el 2022 per adequar-se al marc europeu, estableix que s’ha de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació de les activitats el coneixement de les quals siga rellevant per a garantir el control de l’activitat pública.

La norma estableix diferents nivells d’aplicació en funció dels organismes, i incorpora el sector públic instrumental, les empreses privades que reben més de 50.000 euros en subvencions públiques i les entitats adjudicatàries en la contractació. És a dir, allà on l’Administració contribueix amb finançament, estableix els drets públics com a contraprestació.

Per facilitar que els organismes subjectes a la norma la complisquen, ateses les dificultats i la complexitat de crear portals de transparència i ordenar la informació, cada vegada més gran, més complexa i atomitzada, la Conselleria de Transparència ha elaborat un document que serveix com a eix. La guia s’ha presentat divendres en les jornades de Transparència i dades obertes en el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana, a càrrec del departament que dirigeix Rosa Pérez Garijo.

La guia, disponible en el web, recorda que la informació ha de ser identificable i accessible i ha d’indicar la seua procedència per poder ser comprovada. Les empreses públiques han d’indicar la composició de la seua plantilla, les ofertes d’ocupació, borses de treball temporals i el personal que les integra, mentre que les adjudicatàries han d’aportar la relació dels llocs de treball i la categoria professional del personal, el règim de dedicació, el règim retributiu i les tasques dutes a terme. En matèria de compromisos ètics, han d’aportar els codis de conducta o de bon govern aprovats, així com els estàndards de bones pràctiques i responsabilitat social que s’apliquen

En el cas dels serveis públics, aquests han de publicar informació sobre les llistes d’espera d’accés (en el cas de la sanitat, l’educació i els serveis socials), incloent-hi el temps mitjà d’espera per servei. També les convocatòries i l’adjudicació d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública i el resultat d’aquestes, sense que es puga identificar les persones vulnerables. Les empreses públiques o ens del sector públic instrumental també hauran d’aportar els estudis i els informes d’avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels serveis públics, amb atenció especial als que tinguen més impacte en la ciutadania.

Per als alts càrrecs, la guia estableix obligacions molt similars a les de les conselleries. Es publicarà la informació relativa en les funcions atribuïdes per raó del càrrec o la funció, així com el perfil i trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits acadèmics i el seu currículum, així com els obsequis rebuts per raó del càrrec amb indicació de descripció, persona o entitat que el fa, la data i la destinació que se li dona.

Hauran d’informar dels viatges i els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets en l’exercici de la seua funció, amb indicació de l’objecte, la destinació, el mitjà de transport, la data, el nombre d’acompanyants i el cost total detallat, incloent-hi dietes i la resta de les despeses, així com les agendes de treball i les declaracions d’activitats, béns, drets i obligacions patrimonials presentades en el nomenament i al cessament.

Aliança de govern obert

Aquesta mateixa setmana la Conselleria de Transparència ha presentat el primer pla d’acció de govern obert, un document que conté les línies de treball i accions en matèria de bon govern, participació i transparència. En la presentació, Pérez Garijo va expressar que aquestes accions “pretenen continuar amb el canvi de cultura en la manera en què les institucions es relacionen amb la ciutadania, basada en més proximitat i un reforç dels valors públics”.

Els compromisos del pla plantegen la creació d’un cercador de l’activitat dels grups d’interés, la millora de la informació sobre els alts càrrecs de la Generalitat i la millora i l’avaluació de l’ús i l’accessibilitat als portals de transparència i dades obertes, a fi d’avançar “cap a una societat més oberta, innovadora, transparent i inclusiva”.

El Gobierno valenciano publica una guía para que todas las entidades sujetas a la ley de transparencia cumplan con sus obligaciones. La norma, actualizada en 2022 para adecuarse al marco europeo, establece que se debe publicar de forma periódica y actualizada la información de las actividades cuyo conocimiento sea relevante para garantizar el control de la actividad pública.

La norma establece distintos niveles de aplicación en función de los organismos, incorporando al sector público instrumental, a las empresas privadas que reciben más de 50.000 euros en subvenciones públicas y a las entidades adjudicatarias en la contratación. Es decir, allá donde la Administración contribuye con financiación, establece los derechos públicos como contraprestación.

Para facilitar que los organismos sujetos a la norma la cumplan, dadas las dificultades y la complejidad de crear portales de transparencia y ordenar la información, cada vez mayor, más compleja y atomizada, la Conselleria de Transparencia ha elaborado un documento que sirve como eje. La guía se ha presentado este viernes en las jornadas de Transparència i Dades Obertes en el sector públic instrumental de la Generalitat valenciana, a cargo del departamento que dirige Rosa Pérez Garijo.

La guía, disponible en la web, recuerda que la información debe ser identificable y accesible y debe indicar su procedencia para poder ser comprobada. Las empresas públicas deben indicar la composición de su plantilla, las ofertas de empleo, bolsas de trabajo temporales y el personal que las integra, mientras que las adjudicatarias deben aportar la relación de los puestos de trabajo y la categoría profesional del personal, el régimen de dedicación, el régimen retributivo y las tareas realizadas. En materia de compromisos éticos, deben aportar los códigos de conducta o de buen gobierno aprobados, así como los estándares de buenas prácticas y responsabilidad social que se aplican

En el caso de los servicios públicos, estos deben publicar información sobre las listas de espera de acceso (en el caso de la sanidad, la educación y los servicios sociales), incluyendo el tiempo medio de espera por servicio. También las convocatorias y la adjudicación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y el resultado de estas, sin que se pueda identificar a las personas vulnerables. Las empresas públicas o entes del sector público instrumental también deberán aportar los estudios e informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos, con especial atención a aquellos que tengan más impacto en la ciudadanía.

Para los altos cargos, la guía establece obligaciones muy similares a las de las consellerias. Se publicará la información relativa en las funciones atribuidas por razón del cargo o función, así como su perfil y trayectoria profesional, incluyendo la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos académicos y su currículum, así como los obsequios recibidos por razón del cargo indicando descripción, persona o entidad que lo realiza, fecha y el destino que se le da.

Deberán informar de los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana realizados en el ejercicio de su función, indicando el objeto, destino, medio de transporte, fecha, número de acompañantes y coste total detallado, incluyendo dietas y el resto de los gastos, así como las agendas de trabajo y las declaraciones de actividades, bienes, derechos y obligaciones patrimoniales presentadas en el nombramiento y al cese.

Alianza de Gobierno abierto

Esta misma semana la Conselleria de Transparencia ha presentado el primer plan de acción de Gobierno abierto, un documento que contiene las líneas de trabajo y accione en materia de buen gobierno, participación y transparencia. En su presentación, Pérez Garijo expresó que estas acciones “pretenden continuar con el cambio de cultura en la manera en que las instituciones se relacionan con la ciudadanía, basada en una mayor proximidad y un refuerzo de los valores públicos”.

Los compromisos del plan plantean la creación de un buscador de la actividad de los grupos de interés, la mejora de la información sobre los altos cargos de la Generalitat y la mejora y evaluación del uso y accesibilidad a los portales de transparencia y datos abiertos, en aras de avanzar “hacia una sociedad más abierta, innovadora, transparente e inclusiva”.

Que una democracia no se sostiene sin paridad en los espacios de poder y representación es uno de los consensos que la teoría feminista ha introducido en el espacio público. Pero, a medida que estos espacios se transforman y aparecen unos nuevos, el consenso teórico se desdibuja al pasar a la práctica. En los campos atravesados por la tecnología, o en aquellos que ya son puramente virtuales; es decir, en los nuevos espacios públicos, los sesgos de género y la discriminación a la diversidad vuelven a reproducirse como si se reiniciara un círculo.

La escasa presencia de las mujeres en las carreras tecnológicas es una denuncia constante de los colectivos de investigadoras, no solo por cuestiones que afianzan estereotipos, sino porque alejar a las mujeres de espacios que ya son decisivos supone una nueva forma de apartarlas de los espacios en los que se toman decisiones, una exclusión moderna. Dicho de otra manera: sin mujeres en el diseño de las nuevas estructuras, estas son más proclives a reproducir los sesgos. Si el algoritmo lo diseña un hombre occidental de clase media, probablemente el algoritmo opere con esta mirada. Lo mismo sucede con las etnias, con la diversidad funcional o la clase social; una mayor diversidad en los equipos es una vacuna que minimiza las posibilidades discriminatorias. La suma de las miradas amplía la mirada global.

Con el objetivo de incorporar a mujeres a las carreras tecnológicas y crear una red de colaboración y difusión del conocimiento nació el programa Atenea en la Universitat Politécnica de València. Liderado por la catedrática Nuria Lloret, es un espacio de encuentro y colaboración para y entre mujeres de las siete artes y de las ramas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) de carácter transversal, interdisciplinar y colaborativo.

Atenea comenzó mapeando las profesionales de estas ramas en activo, creando una especie de agenda para que pudieran intercambiar trabajos. Pronto sus profesionales vieron un descenso de la presencia femenina en las ramas vinculadas a la tecnología, que atribuyen especialmente a una cuestión vocacional, con caminos que empiezan a dividirse desde la educación primaria. Cuando comenzaron a realizar congresos, constataron la inseguridad de muchas mujeres en las ramas cientificotécnicas, por lo que comenzaron también un programa de mentorías. En sus cinco congresos han tratado de vincular la vocación con cuestiones de actualidad, como las tecnologías digitales apoyadas en la sostenibilidad, el upcycling, los NFT, y, en esta ocasión, el papel creativo en el metaverso.

“Si las mujeres no nos involucramos en la tecnología, dejamos vía libre a los sesgos de género y a los prejuicios”, apunta Lloret en conversación con elDiario.es. La catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática aboga por abordar las cuestiones éticas que acompañan a la tecnología, por mantener presente una visión humanista en las herramientas que gestionan el presente y dibujan el futuro. “Es fundamental que el humanismo digital exista, recalcar que la tecnología está a servicio de las personas”, insiste

Lloret trabaja en un grupo de investigación sobre la inmersividad en red desde la perspectiva de la diversidad. “Está todo tan estereotipado en lo analógico que también es en lo digital”, expone, describiendo los avatares hipersexualizados o los sesgos algorítmicos. “Todo se diseña desde un punto de vista heteropatriarcal: son hombres los que diseñan y desarrollan. Pero si el metaverso es algo de todo el mundo, la personalidad digital tiene que ser diversa”, señala.

Los sesgos, apunta, se reproducen en todas las ramas. “Los algoritmos están desarrollados por personas, pero la Inteligencia Artificial también está dirigida. Si no tenemos gente que esté pensando en diversidad, se reproduce la discriminación”, indica. La cuestión de la identidad digital está poco trabajada en general, reflexiona Lloret, que aboga por intensificar los estudios. “Las redes son una identidad digital, enseñas lo que quieras enseñar. La privacidad es una cuestión importante, pero hay que ver qué derechos y obligaciones tenemos, qué repercusión tiene el acoso”

Las dinámicas se repiten porque en el universo digital la cuota de poder sigue siendo masculina. “Quienes lideran son los mismos, cuesta perder la parte de poder. Son grandes corporaciones, lideradas por hombres. Solo con equipos diversos consigues no reproducir esas dinámicas. Pero para tener equipos diversos, tienes que tener gente formada”, señala, recalcando la importancia de la formación.

Que una democràcia no se sosté sense paritat en els espais de poder i representació és un dels consensos que la teoria feminista ha introduït en l’espai públic. Però, a mesura que aquests espais es transformen i n’apareixen uns de nous, el consens teòric es desdibuixa en passar a la pràctica. En els camps travessats per la tecnologia, o en els que ja són purament virtuals, és a dir, en els nous espais públics, els biaixos de gènere i la discriminació a la diversitat tornen a reproduir-se com si es reiniciara un cercle.

L’escassa presència de les dones en les carreres tecnològiques és una denúncia constant dels col·lectius d’investigadores, no sols per qüestions que afermen estereotips, sinó perquè allunyar les dones d’espais que ja són decisius suposa una nova manera d’apartar-les dels espais en què es prenen decisions, una exclusió moderna. Dit d’una altra manera: sense dones en el disseny de les noves estructures, aquestes són més proclius a reproduir els biaixos. Si l’algorisme el dissenya un home occidental de classe mitjana, probablement l’algorisme opera amb aquesta mirada. Passa el mateix amb les ètnies, amb la diversitat funcional o la classe social; més diversitat en els equips és una vacuna que minimitza les possibilitats discriminatòries. La suma de les mirades amplia la mirada global.

Amb l’objectiu d’incorporar dones a les carreres tecnològiques i crear una xarxa de col·laboració i difusió del coneixement va nàixer el programa Atenea en la Universitat Politècnica de València. Liderat per la catedràtica Nuria Lloret, és un espai de trobada i col·laboració per a dones i entre dones de les set arts i de les branques STEM (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques) de caràcter transversal, interdisciplinari i col·laboratiu.

Atenea va començar mapant les professionals d’aquestes branques en actiu, creant una mena d’agenda perquè pogueren intercanviar treballs. Prompte els seus professionals van veure un descens de la presència femenina en les branques vinculades a la tecnologia, que atribueixen especialment a una qüestió vocacional, amb camins que comencen a dividir-se des de l’educació primària. Quan van començar a fer congressos, van constatar la inseguretat de moltes dones en les branques cientificotècniques, per la qual cosa van començar també un programa de mentories. En els seus cinc congressos han tractat de vincular la vocació amb qüestions d’actualitat, com les tecnologies digitals recolzades en la sostenibilitat, l’upcycling, els NFT, i, en aquesta ocasió, el paper creatiu en el metavers.

“Si les dones no ens involucrem en la tecnologia, deixem via lliure als biaixos de gènere i als prejudicis”, apunta Lloret en conversa amb elDiario.es. La catedràtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica advoca per abordar les qüestions ètiques que acompanyen la tecnologia, per mantindre present una visió humanista en les eines que gestionen el present i dibuixen el futur. “És fonamental que l’humanisme digital existisca, cal recalcar que la tecnologia està a servei de les persones”, insisteix

Lloret treballa en un grup d’investigació sobre la immersivitat en xarxa des de la perspectiva de la diversitat. “Està tot tan estereotipat en l’analògic que també ho és en el digital”, exposa, descrivint els avatars hipersexualitzats o els biaixos algorítmics. “Tot es dissenya des d’un punt de vista heteropatriarcal: són homes els que dissenyen i desenvolupen. Però si el metavers és alguna cosa de tot el món, la personalitat digital ha de ser diversa”, assenyala.

Els biaixos, apunta, es reprodueixen en totes les branques. “Els algorismes estan desenvolupats per persones, però la intel·ligència artificial també està dirigida. Si no tenim gent que estiga pensant en diversitat, es reprodueix la discriminació”, indica. La qüestió de la identitat digital està poc treballada en general, reflexiona Lloret, que advoca per intensificar els estudis. “Les xarxes són una identitat digital, ensenyes el que vulgues ensenyar. La privacitat és una qüestió important, però cal veure quins drets i quines obligacions tenim, quina repercussió té l’assetjament”

Les dinàmiques es repeteixen perquè en l’univers digital la quota de poder continua sent masculina. “Els que lideren són els mateixos, costa perdre la part de poder. Són grans corporacions, liderades per homes. Només amb equips diversos aconsegueixes no reproduir aquestes dinàmiques. Però per a tindre equips diversos, has de tindre gent formada”, assenyala, remarcant la importància de la formació.

Las Administraciones Públicas caminan hacia un escenario en el que las fórmulas automatizadas hagan más eficiente su trabajo. La Agencia Tributaria, la Policía Nacional, el sistema de protección a las víctimas de violencia machista (Viogen), Sanidad o la Seguridad Social utilizan sistemas automatizados, inteligencia artificial o fórmulas algorítmicas que influyen en la toma de decisiones públicas, pero muchos no son conocidos.

Pero la tecnología, como toda herramienta diseñada por la mano humana, tiene sus riesgos, sus sesgos, sus errores. Y en el caso de las Administraciones Públicas, que prestan un servicio a las personas, con el componente de imprevisibilidad y el coste humano, no puede permitirse delegar por completo las decisiones en una fórmula matemática, a menudo plenamente opaca. En los últimos años crecen las voces que claman por los derechos digitales ante la inteligencia artificial y por una tecnología ética, asumiendo las vertientes negativas que puede tener una tecnología sin control. El filosofo Daniel Inneranity, que acaba de crear la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia, aboga por no asimilar la inteligencia artificial a la humana y propone un diálogo en el que se planteen escenarios compatibles entre humanos y máquinas.

En el caso de los algoritmos que emplean los gobiernos de todas las escalas, entra además en juego el principio de transparencia: ¿Si un ciudadano puede acceder a un decreto que regula subvenciones, por qué no puede conocer la fórmula que decide cómo se reparten? En esta línea, el Gobierno Valenciano ha modificado su ley de Transparencia para obligar a la Administración a mostrar sus algoritmos.

La norma, modificada el pasado abril, establece la obligación de publicar “la relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos con la descripción de manera comprensible de su diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que poder dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad”.

“Es la primera ley en la que se incluye como una obligación directa publicar estos sistemas” recalca Andrés Gomis, director general de Transparencia del Gobierno valenciano. Su departamento trabaja con la Cátedra Pagoda de Gobierno Abierto de la Universitat de València para poner en marcha este punto de la norma, que la convierte en una de las más avanzadas en Europa, y tener un registro público de algoritmos durante 2023. La filosofía es que si hay una Administración que se rige por unas reglas que son públicas, también deben serlo los sistemas que funcionan de forma equivalente, en aras de mantener el principio de rendición de cuentas que defiende el departamento dirigido por Rosa Pérez Garijo.

El desarrollo normativo sigue la estela de la carta de derechos digitales, pero se topa con algunas complicaciones, como encontrar una fórmula garantista con la privacidad y la protección de datos. Muchos de estos sistemas los desarrollan terceros y afectan a información personal, recuerda Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho y parte del grupo que trabaja con la Conselleria de Transparencia. “La mayoría de los sistemas no los conocemos”, señala el catedrático, que enfatiza la necesidad de que la población tenga información sobre el desarrollo de las políticas públicas. Si estas se desarrollan por sistemas más o menos automatizados, aunque requieran la validación de un trabajador, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son los criterios, a recurrir o enmendar posibles errores y a tener información sobre los sesgos.

El trabajo de desarrollo normativo, apunta Cotino, consistirá en determinar qué es el impacto sobre la política pública y obtener información para, de manera comprensible, saber cómo opera la fórmula y a quién dirigirse. Qué fórmula se emplea, de dónde sale -si la creación es pública o de terceros- y cómo se ha interpretado, insiste. La modificación legal incorpora un texto lo suficientemente amplio para que quepan todas las definiciones de procesos automatizados que intervienen en la administración, tengan capacidad de autoaprendizaje y autonomía en la toma de decisiones o requieran la validación de un operador público.

La desinformació, tant per falta de fonts com per excés, és un dels principals factors de la desafecció política i de la crisi de confiança en les institucions. Des de fa dues dècades organitzacions internacionals i administracions públiques han posat la transparència en el focus de les polítiques públiques i hi han confiat per superar algunes resistències ciutadanes, des de la desconfiança fins a la passivitat. Però en l’esdevenir d’un segle convuls, la mera possibilitat d’accedir a les dades no dota els gestors d’allò públic de més credibilitat.

Per tractar de reduir la bretxa entre governants i governats, el laboratori d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques de Les Naus, a València, impulsa aquest curs el programa Polis, un projecte pilot en tres instituts perquè l’alumnat sàpia què són i per a què serveixen les polítiques públiques. El programa, que es du a terme juntament amb la Conselleria de Transparència, consta d’una unitat didàctica amb recursos audiovisuals creats ex professo perquè l’alumnat siga capaç de valorar críticament per a què serveix allò públic i si es dona una gestió adequada dels recursos.

Segons explica Empar Soriano, coordinadora del programa, la idea és dotar els joves d’eines per a poder fer una anàlisi crítica, mitjançant l’ús de dades obertes i d’acord amb els seus valors personals. El programa sorgeix com un intent de respondre al desinterés dels joves en la participació pública i política, com s’observa en alguns estudis que alerten sobre la desafecció.

L’experiència es desenvolupa en els instituts de secundària La Garrigosa de Meliana, Jordi de Sant Jordi de València i Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos, amb tres o quatre sessions en cadascun, adaptades a la matèria que haja triat l’equip docent. La primera fase consta d’una explicació a tall d’introducció sobre com es gestiona un estat, els diferents nivells de l’Administració, què són els impostos o com es dissenyen les polítiques públiques.

A partir d’ací, els alumnes trien un exemple que els afecte –la polèmica sobre la tributació dels youtubers a Andorra n’és un– i fan un treball de recerca per argumentar l’impacte que té una decisió sobre la vida col·lectiva. L’última fase és la defensa i exposició del treball, amb les dades i els arguments esgrimits per a cada cas. Així doncs, mitjançant l’ús d’eines pedagògiques, es tracta de fer-los partícips d’allò públic, d’allò col·lectiu, com una escola de ciutadania.

La desinformación, tanto por falta como por exceso de fuentes, es uno de los principales factores de la desafección política y de la crisis de confianza en las instituciones. Desde hace dos décadas organizaciones internacionales y administraciones públicas han puesto la transparencia en el foco de las políticas públicas y han confiado en la misma para superar algunas resistencias ciudadanas, desde la desconfianza hasta la pasividad. Pero en el devenir de un siglo convulso la mera posibilidad de acceder a los datos no dota a los gestores de lo público de mayor credibilidad.

Para tratar de reducir la brecha entre gobernantes y gobernados, el laboratorio de análisis y evaluación de políticas públicas de Las Naves, en València, impulsa este curso el programa Polis, un proyecto piloto en tres institutos para que el alumnado conozca qué son y para qué sirven las políticas públicas. El programa, que se lleva a cabo junto con la Conselleria de Transparencia, consta de una unidad didáctica con recursos audiovisuales creados ex profeso para que el alumnado sea capaz de valorar críticamente para qué sirve lo público y si se da una gestión adecuada de los recursos.

Según explica Empar Soriano, coordinadora del programa, la idea es dotar a los jóvenes de herramientas para poder hacer un análisis crítico, mediante el uso de datos abiertos y acorde con sus valores personales. El programa surge como un intento de responder al desinterés de los jóvenes en la participación pública y política, como se observa en algunos estudios que alertan sobre la desafección.

La experiencia se desarrolla en los institutos de secundaria La Garrigosa de Meliana, Jordi de Sant Jordi de València y Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata de Gorgos, con tres o cuatro sesiones en cada uno, adaptadas a la materia que haya escogido el equipo docente. La primera fase consta de una explicación a modo de introducción sobre cómo se gestiona un Estado, los distintos niveles de la Administración, qué son los impuestos o cómo se diseñan las políticas públicas.

A partir de ahí, los alumnos escogen un ejemplo que les afecte -la polémica sobre la tributación de los youtubers en Andorra es uno de ellos- y realizan un trabajo de investigación para argumentar el impacto que tiene una decisión sobre la vida colectiva. La última fase es la defensa y exposición del trabajo, con los datos y los argumentos esgrimidos para cada caso. Así, mediante el uso de herramientas pedagógicas, se trata de hacerles partícipes de lo público, de lo colectivo, como una escuela de ciudadanía.

L’abril passat, la direcció del New York Times va recomanar als seus periodistes que reduïren el seu temps en Twitter. La capçalera nord-americana recordava que la presència en les xarxes socials no és una obligació i apuntava que els professionals “poden estar massa enfocats en com reaccionarà Twitter” als seus articles. D’una banda, la crida de la direcció alertava els periodistes de la vinculació entre la coneguda marca personal i la capçalera per a la qual treballen; de l’altra, llançava una iniciativa de suport als treballadors que pateixen assetjament a conseqüència de les publicacions del periòdic en la xarxa.

En una entrevista recent, publicada pels diaris del grup Vocento, el seu nou director, Joe Kahn, apuntava que “la polarització política suposa un gran repte per al periodisme” en les democràcies occidentals i recalcava la necessitat de reforçar la qualitat de la informació i de la independència. El directiu nord-americà insistia que l’audiència és més “àmplia i rica” que el que mostra la xarxa social, i reiterava: “Twitter genera debats molt tòxics i no hauríem d’utilitzar-lo com una mena de baròmetre del que és bo i el que no”.

La recomanació del rotatiu, una esmena a les pràctiques periodístiques en xarxa i al model de negoci de l’última dècada, va servir com a crida per no prendre’s tan seriosament l’activitat pública en Internet, per a emfatitzar que les xarxes socials no són un reflex fidel de l’opinió pública, del món real, de tot el món real. Si de cas, en mostren una part. Comença a agafar força la idea que en l’última dècada hem conferit a les xarxes socials massa poder, quasi fins al punt de confondre-les amb una esfera pública, un fòrum per al debat i l’intercanvi d’idees, ignorant que responen a la lògica del mercat i que la seua subsistència es nodreix de les nostres dades.

Els canvis tecnològics han alterat les dinàmiques en els mitjans de comunicació, el discurs polític i la construcció de l’esfera de l’opinió pública. També la pròpia experiència, amb una línia entre allò vivencial i allò virtual cada vegada més difusa. L’activitat en xarxes socials, encara sense arribar als models immersius que planteja el metavers, esdevé part de l’activitat diària i sovint ocasiona una mena d’efecte bambolla, realimentant una visió del món concorde als valors de l’individu que s’hi submergeix.

Les xarxes són ja agents que interfereixen en aquest procés de mediació entre política i ciutadania, un paper de filtre delegat en els mitjans de comunicació en els dos últims segles. I aquestes han imposat el seu model, el seu marc físic i conceptual, tant als mitjans com als actors polítics, en el model de negoci i en la determinació de l’impacte de les informacions. Com apunta Beatriz Gallardo Paúls, catedràtica de lingüística a la Universitat de València i autora de mitja desena de llibres sobre llengua i discurs polític, la informació es torna un estímul més en un context d’atenció dispersa. Gallardo es mostra molt crítica amb un model que s’ha dedicat a “satisfer” xarxes socials com Facebook, adaptant els seus continguts als formats que prioritza la xarxa: l’audiovisual, allò cridaner i allò declaratiu enfront d’informació menys espectacular.

El periodisme declaratiu converteix en protagonistes els emissors i reforça els personalismes, apunta la lingüista, experta en anàlisi discursiva pública, que considera que aquesta dinàmica, emmarcada en la necessitat de proporcionar continguts constants, alimenta la retòrica conflictiva.

“En el nostre context de política mediatitzada, i enmig de l’enorme crisi provocada en el negoci dels mitjans per la digitalització, l’enunciació política ha sigut magnificada d’una manera tan exagerada que a vegades sembla que l’actualitat dels assumptes públics es redueix a una simultaneïtat de veus, pròxima sovint a l’algaravia”, apunta en la seua última publicació.

L’autora assenyala un reduccionisme “que pretén equiparar la política amb el discurs polític” i el vincula amb la crisi dels mitjans de comunicació i la polarització social, un còctel corrosiu per als principis de les democràcies occidentals. En conversa amb elDiario.es, Gallardo assenyala que “la fragmentació és una eina de manipulació”, que “sempre és més rendible en termes de negativitat”, en l’acció per oposició.

“Reduir la política al que es diu sobre ella, o al que diuen els seus actors visibles amb més o menys vehemència –incloent-hi els mitjans de comunicació i, més recentment, les plataformes de xarxes socials–, contribueix a la separació entre representants i representats, a la desafecció política, i, en suma, a la crisi de la democràcia”, descriu en Signos rotos. Fracturas de lenguaje en la esfera pública (Editorial Tirant).

En política, la batalla per l’atenció es tradueix en un augment dels exabruptes i de les accions valoratives, l’oposició i refutació –aquesta última, cada vegada menys freqüent– i l’abús de la hipèrbole. La construcció d’afinitats i divergències, enuncia, ha derivat en un esquema maniqueu de “bons i roïns”, que construeixen així el seu discurs. “Els extremismes són els que ixen beneficiats en aquest context comunicatiu refractari al matís i el detall”, alerta Gallardo.

Ruptura de consensos

L’autora emmarca aquestes idees en una anàlisi més àmplia sobre els “cismes semiòtics” en aquest últim treball, on apunta causes i conseqüències de la ruptura del pacte bàsic del llenguatge i la gramàtica. Gallardo critica la magnificació dels aspectes formals del llenguatge, que no obstant això, evoluciona fins a distorsionar els registres formals –amb el llenguatge inclusiu, la incorporació de signes o l’abús de la metonímia en el discurs públic– i centrar la comunicació en la forma, no en el fons. Dit d’una altra manera: el que un diu sembla tindre més valor públic que el que un fa.

Desbancats els mitjans com a actors hegemònics en la intermediació i amb un model de negoci en crisi, se’n suma una altra a l’equació: la pèrdua de legitimitat. Tant el discurs cientificoacadèmic, com el jurídic i el mediàtic “es caracteritzen per haver instituït pactes de lectura entorn de les garanties de veracitat: la verificació de fonts en els mitjans, el mètode hipoteticodeductiu en la ciència, els fonaments de dret en l’àmbit jurídic”, indica Gallardo en el llibre, principis que en l’actualitat estan en qüestió.

En un marc que alguns autors denominen de “postveritat”, que se suma a l’escepticisme, s’assumeix que els fets són interpretacions, i, en el marc mediàtic i periodístic, que el que passa és el que els mitjans et conten.

Aquest esquema de ruptura de consensos i d’atracció pel soroll és combustible per als populismes, alimentats en èpoques de crisi econòmica i incertesa. Els dirigents populistes s’erigeixen com a guardians de la veritat davant uns mitjans que, deslegitimats en l’última dècada i presos del model del clic, perden l’autoritat de determinar què és veritat. Així doncs, al mateix temps que proliferen els portals de boles i els fact checks, manipulacions interessades cada vegada més sofisticades, ho fan també les acusacions de notícies falsejades davant fets que són molestos per als seus protagonistes.

La responsabilitat dels mitjans de comunicació com a agents institucionals

Recuperar la confiança dels lectors resulta fonamental per a resoldre en la crisi, com planteja el diari novaiorqués en les seues noves directrius, però no serà per se una resposta eficaç. El model de negoci està en la base d’aquesta crisi, defensa la catedràtica de lingüística a la Universitat de València, que considera que “els mitjans de comunicació han de marcar estàndards de qualitat clars”, en les informacions i incorporant els models de pagament per subscripció, com es fa amb els productes culturals.

Els mitjans, recalca Gallardo, “no poden continuar eludint la seua responsabilitat com a institució democràtica”, però això requereix que la resta de les institucions, que l’Estat, coopere amb el seu finançament. “L’era de la postveritat es veu condicionada per un ecosistema mediàtic que reflecteix una fallada de mercat, un grau de concentració empresarial que pot considerar-se com a amenaça directa a la pluralitat informativa i la llibertat de circulació de les idees”, destaca l’autora, que defensa un model d’inversió pública en mitjans per a garantir-ne l’estabilitat sense condicionament polític.

En paral·lel, els agents de l’esfera pública han de replantejar-se el seu paper i les posicions que assumeixen.“ Per què sotmetem a opinió coses que són veritats inqüestionables?”, planteja, i apunta que la introducció de determinats debats desplaça la línia dels consensos. “Omplir l’esfera pública d’exabruptes desplaça el que considerem moral” i és combustible per a l’extrema dreta, recalca.

Per a la catedràtica, resulta fonamental una regulació de l’ecosistema mediàtic i de les tecnològiques, al mateix temps que una reflexió profunda, en termes democràtics, sobre quin poder donem a Internet. Amb el metavers hem d’abordar com Internet defineix la realitat. Alhora, regular empreses que sota l’aparença de l’entreteniment i la falsa idea de l’algorisme com a ens neutre condicionen quins missatges rep l’audiència, amb la imposició del model Tiktok en les xarxes. Com va resumir Marshall McLuhan: el mitjà és el missatge.

El pasado abril, la dirección del New York Times recomendó a sus periodistas que redujeran su tiempo en Twitter. La cabecera estadounidense recordaba que la presencia en las redes sociales no es una obligación y apuntaba que los profesionales “pueden estar demasiado enfocados en cómo reaccionará Twitter” a sus artículos. De un lado, la llamada de la dirección alertaba a los periodistas de la vinculación entre la conocida marca personal y la cabecera para la que trabajan; de otro, lanzaba una iniciativa de apoyo a los trabajadores que sufren acoso como consecuencia de las publicaciones del periódico en la red.

En una entrevista reciente, publicada por los diarios del grupo Vocento, su nuevo director, Joe Kahn, apuntaba que “la polarización política supone un gran desafío para el periodismo” en las democracias occidentales y recalcaba la necesidad de reforzar la calidad de la información y de la independencia. El directivo norteamericano insistía en que la audiencia es más “amplia y rica” que lo que muestra la red social, y reiteraba: “Twitter genera debates muy tóxicos y no deberíamos utilizarlo como una especie de barómetro de lo que es bueno y lo que no”.

La recomendación del rotativo, una enmienda a las prácticas periodísticas en red y al modelo de negocio de la última década, sirvió como llamada para no tomarse tan en serio la actividad pública en internet, para enfatizar que las redes sociales no son un fiel reflejo de la opinión pública, del mundo real, de todo el mundo real. Si acaso, muestran una parte. Empieza a tomar fuerza la idea de que en la última década hemos conferido a las redes sociales demasiado poder, casi hasta el punto de confundirlas con una esfera pública, un foro para el debate y el intercambio de ideas, ignorando que responden a la lógica del mercado y que su subsistencia se nutre de nuestros datos.

Los cambios tecnológicos han alterado las dinámicas en los medios de comunicación, el discurso político y la construcción de la esfera de la opinión pública. También la propia experiencia, con una línea entre lo vivencial y lo virtual cada vez más difusa. La actividad en redes sociales, aún sin llegar a los modelos inmersivos que plantea el metaverso, se torna parte de la actividad diaria y a menudo ocasiona una especie de efecto burbuja, retroalimentando una visión del mundo acorde a los valores del individuo que se sumerge.

Las redes son ya agentes que interfieren en ese proceso de mediación entre política y ciudadanía, un papel de filtro delegado en los medios de comunicación en los dos últimos siglos. Y estas han impuesto su modelo, su marco físico y conceptual, tanto a los medios como a los actores políticos, en el modelo de negocio y en la determinación del impacto de las informaciones. Como apunta Beatriz Gallardo Paúls, catedrática de Lingüística en la Universitat de València y autora de media decena de libros sobre lengua y discurso político, la información se vuelve un estímulo más en un contexto de atención dispersa. Gallardo se muestra muy crítica con un modelo que se ha dedicado a “satisfacer” a redes sociales como Facebook, adaptando sus contenidos a los formatos que prioriza la red: lo audiovisual, lo llamativo y lo declarativo frente a información menos espectacular.

El periodismo declarativo convierte en protagonistas a los emisores y refuerza los personalismos, apunta la lingüista, experta en análisis discursivo público, que considera que está dinámica, enmarcada en la necesidad de proporcionar contenidos constantes, alimenta la retórica conflictiva.

“En nuestro contexto de política mediatizada, y en medio de la enorme crisis provocada en el negocio de los medios por la digitalización, la enunciación política ha sido magnificada de un modo tan exagerado que a veces parece que la actualidad de los asuntos públicos se reduce a una simultaneidad de voces, cercana con frecuencia a la algarabía”, apunta en su última publicación.

La autora señala un reduccionismo “que pretende equiparar la política con el discurso político” y lo vincula con la crisis de los medios de comunicación y la polarización social, un cocktail corrosivo para los principios de las democracias occidentales. En conversación con elDiario.es, Gallardo señala que “la fragmentación es una herramienta de manipulación”, que “siempre es más rentable en términos de negatividad”, en la acción por oposición.

“Reducir la política a lo que se dice sobre ella, o a lo que dicen sus actores visibles con más o menos vehemencia –incluyendo los medios de comunicación y, más recientemente, las plataformas de redes sociales–, contribuye a la separación entre representantes y representados, a la desafección política, y, en suma, a la crisis de la democracia”, describe en Signos rotos. Fracturas de lenguaje en la esfera pública (Editorial Tirant).

En política, la batalla por la atención se traduce en un aumento de los exabruptos y de las acciones valorativas, la oposición y refutación -esta última, cada vez menos frecuente- y el abuso de la hipérbole. La construcción de afinidades y divergencias, enuncia, ha derivado en un esquema maniqueísta de “buenos y malos”, que construyen así su discurso. “Los extremismos son los que salen beneficiados en este contexto comunicativo refractario al matiz y el detalle”, alerta Gallardo.

Ruptura de consensos

La autora enmarca estas ideas en un análisis más amplio sobre los “cismas semióticos” en este último trabajo, donde apunta causas y consecuencias de la ruptura del pacto básico del lenguaje y la gramática. Gallardo critica la magnificación de los aspectos formales del lenguaje, que sin embargo, evoluciona hasta distorsionar los registros formales -con el lenguaje inclusivo, la incorporación de signos o el abuso de la metonimia en el discurso público- y centrar la comunicación en la forma, no en el fondo. Dicho de otra manera: lo que uno dice parece tener más valor público que lo que uno hace.

Desbancados los medios como actores hegemónicos en la intermediación y con un modelo de negocio en crisis, se suma otra a la ecuación: la pérdida de legitimidad. Tanto el discurso científico-académico, como el jurídico y el mediático “se caracterizan por haber instituido pactos de lectura en torno a las garantías de veracidad: la verificación de fuentes en los medios, el método hipotético-deductivo en la ciencia, los fundamentos de derecho en el ámbito jurídico”, indica Gallardo en el libro, principios que en la actualidad están en cuestión.

En un marco que algunos autores denominan de “posverdad”, que se suma al escepticismo, se asume que los hechos son interpretaciones, y, en el marco mediático y periodístico, que lo que sucede es lo que los medios te cuentan.

Este esquema de ruptura de consensos y de atracción por el ruido es combustible para los populismos, alimentados en épocas de crisis económica e incertidumbre. Los dirigentes populistas se erigen como guardianes de la verdad ante unos medios que, deslegitimados en la última década y presos del modelo del click, pierden la autoridad de determinar qué es verdad. Así, al tiempo que proliferan los portales de bulos y los fact checks, manipulaciones interesadas cada vez más sofisticadas, lo hacen también las acusaciones de “fake news” ante hechos que son molestos para sus protagonistas.

La responsabilidad de los medios de comunicación como agentes institucionales

Recuperar la confianza de los lectores resulta fundamental para resolver en la crisis, como plantea el diario neoyorkino en sus nuevas directrices, pero no será per sé una respuesta eficaz. El modelo de negocio está en la base de esta crisis, defiende la catedrática de lingüística en la Universitat de València, que considera que “los medios de comunicación deben marcar estándares de calidad claros”, en las informaciones e incorporando los modelos de pago por suscripción, como se hace con los productos culturales.

Los medios, recalca Gallardo, “no pueden seguir eludiendo su responsabilidad como institución democrática”, pero ello requiere que el resto de instituciones, que el Estado, coopere con su financiación. “La era de la posverdad se ve condicionada por un ecosistema mediático que refleja un fallo de mercado, un grado de concentración empresarial que puede considerarse como amenaza directa a la pluralidad informativa y la libertad de circulación de las ideas”, destaca la autora, que defiende un modelo de inversión pública en medios para garantizar su estabilidad sin condicionamiento político.

En paralelo, los agentes de la esfera pública deben replantearse su papel y las posiciones que asumen.“ ¿Por qué sometemos a opinión cosas que son verdades incuestionables?”, plantea, apuntando que la introducción de determinados debates desplaza la línea de los consensos. “Llenar la esfera pública de exabruptos desplaza lo que consideramos moral” y es combustible para la extrema derecha, recalca.

Para la catedrática, resulta fundamental una regulación del ecosistema mediático y de las tecnológicas, al tiempo que una reflexión profunda, en términos democráticos, sobre qué poder le damos a internet. Con el metaverso tenemos que abordar cómo internet define la realidad. Al tiempo, regular empresas que bajo la apariencia del entretenimiento y la falsa idea del algoritmo como ente neutro condicionan qué mensajes recibe la audiencia, con la imposición del modelo Tiktok en las redes. Como resumió Marshall McLuhan: el medio es el mensaje.

Els ciutadans de la Comunitat Valenciana viuen millor que fa 40 anys. Almenys, segons els indicadors econòmics. És una de les conclusions de l’informe d’impacte econòmic de l’autogovern valencià, un document elaborat pel Laboratori de Polítiques Públiques de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), en col·laboració amb Presidència de la Generalitat, amb motiu de l’efemèride de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia valencià.

En l’informe L’economia valenciana 40 anys després de l’Estatut d’Autonomia, coordinat per Francisco Pérez, s’examina com ha canviat l’ecosistema econòmic postfranquista fins a arribar a l’actual i se n’exposen les fortaleses, febleses i reptes futurs. Des de l’aprovació de l’Estatut, el 1982, han augmentat el producte interior brut, la renda per capita i l’ocupació, però també la bretxa amb altres territoris. L’autonomia sempre ha estat per davall de la mitjana nacional, però, mentre que el 1982 la renda per capita era del 99% respecte de la mitjana estatal, el 2021 queia al 88,5%. La distància s’engrandeix en la primera dècada dels 2000, paradoxalment la de més creixement econòmic, i obeeix a múltiples factors, com l’augment de població a la Comunitat Valenciana, però també al seu ecosistema productiu. En el mateix període, Madrid, de la seua banda, ha passat de superar la mitjana espanyola en un 25% a fer-ho en un 37%. Hi ha hagut descentralització de les competències, però no desconcentració del poder, ni finançament d’acord amb aquestes.

En el període autonòmic la població ha passat de 3,7 milions als 5 actuals, els empleats, d’1,1 milions a 2,2 i mentre el PIB es duplica, però el PIB per capita només creix un 60%, i a menys ritme que el de la mitjana nacional. Hi ha més dones treballant que en els huitanta –quasi el doble– i es quintupliquen els treballadors amb estudis superiors, però, apunta l’informe, l’economia s’ha especialitzat en sectors de baixa productivitat (turisme, comerç i construcció) i poc capaces de crear valor afegit. L’escàs marge financer, derivat del sistema de repartiment de recursos de l’Estat, dificulta les polítiques públiques amb efecte econòmic tractor.

Malgrat les mancances, el document sosté que el desenvolupament de les competències de l’estat del benestar, que assumeixen les comunitats autònomes des de l’aprovació del seu marc normatiu propi, ha resultat fonamental per a reduir les desigualtats i mitigar l’impacte de les grans crisis de les últimes dècades. Des de l’aprovació de l’Estatut, la Generalitat Valenciana ha anat desplegant serveis i prestacions que enguany freguen el 20% del PIB i que han servit per a frenar la destrucció d’ocupació i la pèrdua de poder adquisitiu de les llars en les crisis successives. El 2019 la Generalitat Valenciana aconsegueix equiparar-se en despesa pública a la mitjana en educació, sanitat i serveis socials, malgrat l’infrafinançament autonòmic.

Els serveis i les prestacions públiques són “un component dels recursos reals de les famílies valencianes, especialment per a igualar les oportunitats de les més desfavorides”. Segons l’anàlisi, “la desigualtat després del conjunt de les intervencions públiques és la meitat que l’anterior a aquestes”, en casos com el de la crisi econòmica iniciada el 2008. L’informe fa èmfasi en la necessitat de polítiques predistributives i redistributives i indica que “el pagament d’impostos directes i les transferències en espècie aconsegueixen una reducció notable de la desigualtat”.

Les comunitats autònomes “han coprotagonitzat el desenvolupament de l’estat del benestar a Espanya”, responsables dels serveis públics i l’expansió de drets. “L’expansió de la despesa en salut, educació i serveis socials ha permés una ampliació clara de la quantitat i la qualitat d’aquests serveis i l’accés a aquests ha corregit part de la desigualtat de les rendes generades en els mercats”, sostenen els economistes que signen el treball.

Educació i mobilitat social

La millora dels nivells educatius de la població és un dels resultats més importants des que es va aprovar l’Estatut, consideren els economistes, que assenyalen dues conseqüències: garanteix una oferta de recursos humans que possibilita la transformació del sistema productiu i és una “gran palanca de mobilitat social”, un concepte actualment en discussió, en paral·lel al de la meritocràcia, i que en l’informe reconeix les seues limitacions.

L’informe planteja si, en paral·lel a la intervenció directa, hi ha mobilitat social en la comunitat autònoma i si l’educació, que és la política de mobilitat social per antonomàsia, és efectiva. En tots dos casos el document respon afirmativament i apunta: “La mobilitat social és limitada, però n’hi ha, pel fet de mostrar que l’estrat social d’origen condiciona clarament la qualitat de l’ocupació”. L’educació –sobretot la superior― “opera com un ascensor social potent que fa molt més rellevants els estudis completats que l’origen social per a aconseguir les ocupacions altes”, assegura el text, i indica que una persona d’un estrat baix i sense estudis superiors és molt poc probable que exercisca una ocupació alta, però si té educació superior ho aconseguirà en el 53% dels casos. No obstant això, l’estudi recalca que “la probabilitat de cursar aqueixos estudis no és la mateixa per a les persones amb diferents estrats socials de partida: els fills de famílies d’entorns socioeconòmics favorables estan sobrerepresentats en les universitats valencianes i els d’entorns desfavorables infrarepresentats”. Per això, el document insta a continuar avançant en polítiques predistributives i redistributives.

El llast de l’infrafinançament i la infrainversió

El creixement econòmic no ha seguit un procés lineal, sinó que ha experimentat “interrupcions importants” des dels anys setanta i la primera meitat dels huitanta, també a principis dels noranta i, ja en el segle XXI, amb la crisi economicofinancera del 2008, la pandèmia i la guerra d’Ucraïna, apunta el document. Les sacsejades econòmiques han impactat en les rendes familiars, així com en el teixit productiu, i la intervenció pública de les administracions ha resultat clau. “Aquestes funcions estabilitzadores del sector públic no eliminen els problemes, però els mitiguen”, recalca el text, que indica que l’acumulació de xocs “exigeix respostes noves i potents, que reforcen la confiança col·lectiva sobre les possibilitats valencianes de continuar prosperant i fer-ho sense que ningú quede arrere. Per fer-ho cal partir de diagnòstics realistes i aconseguir la cooperació social que facilita l’acció col·lectiva”, assenyala l’informe.

El document destaca la intervenció d’allò públic per a pal·liar les conseqüències de les crisis cada dècada, però apunta que, amb l’estat de les arques, pot generar-se una situació problemàtica. Per a finançar les actuacions públiques que han exercit com a matalaf davant una patacada econòmica s’ha recorregut sovint a l’endeutament “amb una intensitat que fa perillar la sostenibilitat de les polítiques de benestar a mitjà termini. En el cas valencià aquest problema s’ha agreujat per l’infrafinançament patit per la Generalitat”, alerta el document.

Malgrat tindre menys recursos, la Comunitat Valenciana s’equipara a la mitjana en despesa pública per habitant, però per fer-ho fa un esforç més gran que té conseqüències: es reflecteix en la despesa més baixa en la resta de les funcions, entre les quals hi ha les de foment del desenvolupament econòmic, així com en més endeutament, reitera l’informe. A més, el suport públic a les activitats productives valencianes és més baix, però pot corregir-se amb actuacions com els fons europeus, apunta el document coordinat per Pérez.

Els reptes de l’autogovern

El document apunta tres reptes fonamentals de l’economia per a les pròximes dècades: un teixit productiu i un sector públic que es recolzen en el coneixement i la innovació, un desenvolupament econòmic inclusiu i un ecosistema de creixement sostenible mediambientalment. L’informe de l’IVIE coincideix en el seu plantejament amb el d’un acte de la Fundació Nexe, la fàbrica d’idees d’una branca del valencianisme polític. En un acte celebrat el 13 de juliol passat, la fundació va reunir diverses entitats per plantejar reptes de l’autogovern a incorporar en la reforma estatutària. Entre aquests: el finançament autonòmic i l’autonomia fiscal, la federalització de l’Estat “com a eina per a aprofundir en una societat més democràtica i participativa”, la protecció de la llengua i dels espais comunicatius propis, la protecció del dret a les cures i la protecció del territori.

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana viven mejor que hace 40 años. Al menos, según los indicadores económicos. Es una de las conclusiones del informe de impacto económico del autogobierno valenciano, un documento elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en colaboración con Presidencia de la Generalitat, con motivo de la efeméride de la aprobación del Estatut d'Autonomía valenciano.

En el informe La economía valenciana 40 años después del Estatut d'Autonomia, coordinado por Francisco Pérez, se examina cómo ha cambiado el ecosistema económico posfranquista hasta llegar al actual y se exponen sus fortalezas, debilidades y retos futuros. Desde la aprobación del Estatut, en 1982, han aumentado el Producto Interior Bruto, la renta per cápita y el empleo, pero también la brecha con otros territorios. La autonomía siempre ha estado por debajo de la media nacional, pero, mientras que en 1982 la renta per cápita era del 99% respecto a la media estatal, en 2021 caía al 88,5%. La distancia se agranda en la primera década de los 2000, paradójicamente la de mayor crecimiento económico, y obedece a múltiples factores, como el aumento de población en la Comunitat Valenciana, pero también a su ecosistema productivo. En el mismo periodo, Madrid, por su parte, ha pasado de superar la media española en un 25% a hacerlo en un 37%. Ha habido descentralización de las competencias, pero no desconcentración del poder, ni financiación acorde a las mismas.

En el periodo autonómico la población ha pasado de 3,7 millones a los 5 actuales, los empleados de 1,1 millones a 2,2 y mientras el PIB se duplica, pero el PIB per cápita solo crece un 60%, y a menor ritmo que el de la media nacional. Hay más mujeres trabajando que en los ochenta -casi el doble- y se quintuplican los trabajadores con estudios superiores, pero, apunta el informe, la economía se ha especializado en sectores de baja productividad (turismo, comercio y construcción) y poco capaces de crear valor añadido. El escaso margen financiero, derivado del sistema de reparto de recursos del Estado, dificulta las políticas públicas con efecto económico tractor.

Pese a las carencias, el documento sostiene que el desarrollo de las competencias del Estado de Bienestar, que asumen las comunidades autónomas desde la aprobación de su marco normativo propio, ha resultado fundamental para reducir las desigualdades y mitigar el impacto de las grandes crisis de las últimas décadas. Desde la aprobación del Estatut, la Generalitat Valenciana ha ido desplegando servicios y prestaciones que este año rozan el 20% del PIB y que han servido para frenar la destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares en las sucesivas crisis. En 2019 la Generalitat Valenciana consigue equipararse en gasto público a la media en educación, sanidad y servicios sociales, pese a la infrafinanciación autonómica.

Los servicios y prestaciones públicas son “un componente de los recursos reales de las familias valencianas, en especial para igualar las oportunidades de las más desfavorecidas”. Según el análisis, “la desigualdad tras el conjunto de las intervenciones públicas es la mitad que la anterior a las mismas”, en casos como el de la crisis económica iniciada en 2008. El informe hace énfasis en la necesidad de políticas predistributivas y redistributivas e indica que “el pago de impuestos directos y las transferencias en especie logran una notable reducción de la desigualdad”.

Las comunidades autónomas “han coprotagonizado el desarrollo del estado de bienestar en España”, responsables de los servicios públicos y la expansión de derechos. “La expansión del gasto en salud, educación y servicios sociales ha permitido una clara ampliación de la cantidad y la calidad de estos servicios y el acceso a los mismos ha corregido parte de la desigualdad de las rentas generadas en los mercados”, sostienen los economistas que firman el trabajo.

Educación y movilidad social

La mejora de los niveles educativos de la población es uno de los resultados más importantes desde que se aprobó el Estatut, consideran los economistas, que señalan dos consecuencias: garantiza una oferta de recursos humanos que posibilita la transformación del sistema productivo y es una “gran palanca de movilidad social”, un concepto actualmente en discusión, en paralelo al de la meritocracia, y que en el informe reconoce sus limitaciones.

El informe plantea si, en paralelo a la intervención directa, existe movilidad social en la comunidad autónoma y si la educación, que es la política de movilidad social por antonomasia, es efectiva. En ambos casos el documento responde afirmativamente y apunta: “La movilidad social es limitada pero existe, al mostrar que el estrato social de origen condiciona claramente la calidad del empleo”. La educación ―sobre todo la superior― “opera como un potente ascensor social que hace mucho más relevantes los estudios completados que el origen social para alcanzar las ocupaciones altas”, asegura el texto, indicando que una persona de un estrato bajo y sin estudios superiores es muy poco probable que desempeñe una ocupación alta, pero si posee educación superior lo conseguirá en el 53% de los casos. No obstante, el estudio recalca que “la probabilidad de cursar esos estudios no es la misma para las personas con distintos estratos sociales de partida: los hijos de familias de entornos socioeconómicos favorables están sobrerrepresentados en las universidades valencianas y los de entornos desfavorables infrarrepresentados”. Por ello, el documento insta a seguir avanzando en políticas predistributivas y redistributivas.

El lastre de la infrafinanciación y la infrainversión

El crecimiento económico no ha seguido un proceso lineal, sino que ha padecido “importantes interrupciones” desde los años setenta y la primera mitad de los ochenta, también a principios de los noventa y, ya en el siglo XXI, con la crisis económico-financiera de 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania, apunta el documento. Las sacudidas económicas han impactado en las rentas familiares, así como en el tejido productivo, y la intervención pública de las administraciones ha resultado clave. “Esas funciones estabilizadoras del sector público no eliminan los problemas, pero los mitigan”, recalca el texto, que indica que la acumulación de shocks “exige nuevas y potentes respuestas, que refuercen la confianza colectiva sobre las posibilidades valencianas de seguir prosperando y hacerlo sin que nadie quede atrás. Para ello es necesario partir de diagnósticos realistas y lograr la cooperación social que facilita la acción colectiva”, señala el informe.

El documento destaca la intervención de lo público para paliar las consecuencias de las crisis cada década, pero apunta que, con el estado de las arcas, puede generarse una situación problemática. Para financiar las actuaciones públicas que han ejercido como colchón ante un batacazo económico se ha recurrido con frecuencia al endeudamiento “con una intensidad que hace peligrar la sostenibilidad de las políticas de bienestar a medio plazo. En el caso valenciano este problema se ha agravado por la infrafinanciación padecida por la Generalitat”, alerta el documento.

Pese a tener menos recursos, la Comunitat Valenciana se equipara a la media en gasto público por habitante, pero para ello hace un mayor esfuerzo que tiene consecuencias: se refleja en el menor gasto en el resto de funciones, entre las que se encuentran las de fomento del desarrollo económico, así como en un mayor endeudamiento, reitera el informe. Además, el apoyo público a las actividades productivas valencianas es menor, pero puede corregirse con actuaciones como los fondos europeos, apunta el documento coordinado por Pérez.

Los retos del autogobierno

El documento apunta tres retos fundamentales de la economía para las próximas décadas: un tejido productivo y un sector público que se apoyen en el conocimiento y la innovación, un desarrollo económico inclusivo y un ecosistema de crecimiento sostenible medioambientalmente. El informe del IVIE coincide en su planteamiento con el de un acto de la Fundación Nexe, el think tank de una rama del valencianismo político. En un acto celebrado el pasado 13 de julio, la fundación reunió a diversas entidades para plantear retos del autogobierno que incorporar en la reforma estatutaria. Entre ellos: la financiación autonómica y la autonomía fiscal, la federalización del Estado “como herramienta para profundizar en una sociedad más democrática y participativa”, la protección de la lengua y de los espacios comunicativos propios, la protección del derecho a los cuidados y la protección del territorio.

Una democracia es más sana cuando los que participan en ella tienen acceso a una información veraz, cuando sus ciudadanos saben distinguir los filtros por los que pasa la información que les llega. En la última década han proliferado los portales web de noticias falsas, las manipulaciones fotográficas, los bots que replican contenido propagandístico que se hace pasar por real e incluso la información que se recoge en medios de comunicación es más sesgada. La propaganda y la sobreinformación afectan al pensamiento crítico -anulándolo por exceso- o deformándolo hasta un escepticismo que roza la paranoia, creando un clima que dificulta cualquier debate o reflexión.

Con la irrupción de la pandemia, valores y principios que se creían aceptados han quedado relegados a opiniones o posicionamientos políticos. Muestra de ello es el planteamiento del coronavirus como estafa de las grandes potencias o el escepticismo ante las vacunas, pasando por acciones descontextualizadas que se viralizan para fomentar el odio contra algunos grupos étnicos. Las acciones de cuestionamiento no son nuevas. La pandemia de sida también fue objeto de negacionismo y estigma y las teorías de la conspiración con acontecimientos históricos se suceden durante décadas después de que estos se produjeran.

En un contexto en el que la información y la atención son una mercancía, las crisis son grandes oportunidades para confundir y monetizar el caos. “La concentración de atención durante un acontecimiento de este tipo crea a la vez tanto el incentivo de generar desinformación como la necesidad vital de refutarla”, afirman Carl T. Bergstrom y Jevin D. West, autores de Bullshit, traducido y editado al español por Capitán Swing. El concepto, que tiene difícil encaje en el vocabulario castellano, recoge desde las manipulaciones hasta las chorradas pasando por la persuasión o el engatusamiento, y hace referencia a aquello que se disfraza de información para crear un clima de confusión. “La estrategia de desinformación continua está diseñada para dejar a la audiencia desorientada y desesperada, sin que pueda separar lo verdadero de lo falso”, indican los autores, que señalan que “no estamos preparados para cuestionar la información que llega de forma cuantitativa”, en forma de datos.

Los analistas citan un estudio que en 2018 halló que el 2,6% de los artículos informativos publicados en Estados Unidos eran falsos. Traducido a personas, significa que si cada ciudadano hubiera leído un artículo al día, más de ocho millones de personas habrían leído una noticia falsa. A ello se añade una estimación: la mitad de perfiles en redes sociales son falsos y se dedican a replicar el contenido, cifra que tiene un gran efecto multiplicador: un bulo llega infinitamente más lejos que su desmentido.

A la proliferación de información sobre un tema concreto se le ha dado el nombre de Infodemia, aludiendo al término epidemiológico y, según cada vez más expertos en comunicación, es un fenómeno que no parece coyuntural. Es el caso de Alexandre López Borrull, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, que aboga por intensificar la alfabetización desde lo público.

El investigador apunta que las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel importante en las crisis contra la desinformación, partiendo de la experiencia con la pandemia. “El tratamiento informativo de la COVID-19 nos ha permitido comprobar que la desinformación tiene muchas aristas y, sobre todo, que no existe una única solución ni un único actor responsable de su eliminación. Por tanto, resultan prioritarias la coordinación de actores y las múltiples aproximaciones hacia la desinformación para disponer de una mayor capacidad de solución”, reflexiona en un artículo reciente. López Borrull plantea que las bibliotecas incorporen contenido veraz a sus estantes y, ante episodios que puedan generar confusión, organicen talleres y actividades sobre el tema a tratar, “aportando contenido contrastado, con un valor añadido y de calidad”.

“Las bibliotecas deben convertirse en un agente activo para la promoción y el consumo de una dieta informativa rica y plural, pero eso implica que existan fondos y prensa que la fomenten”, detalla López Borrull, que recalca el papel de las bibliotecas para ayudar a la ciudadanía a entender y a utilizar mejor las redes sociales y las herramientas digitales y poder identificar los bulos.

Estos centros públicos son, además de un lugar para democratizar la palabra escrita, un centro social, un lugar para crear lazos entre vecinos, construir comunidad a fuerza de ir encontrándose con la misma gente periódicamente. La definición procede de lo que el norteamericano Eric Klinenberg, denomina una “infraestructura social”, un espacio público o privado en el que tejer relaciones con independencia de si se consume o no. El autor de Palacios del Pueblo, (Capitán Swing) sostiene que las infraestructuras son invisibles por definición y es fácil que no las tengamos en cuenta hasta que no dejan de existir, pero determinan las formas de relacionarnos.

El sociólogo defiende que, además de facilitar a todo el mundo acceso gratuito a material cultural, investigador o de entretenimiento, garantizando el derecho a la información, estas son lugares de encuentro de comunidades diversas; ofrecen un espacio social fuera de las relaciones habituales, que influyen en aspectos como la percepción de la realidad y la tolerancia.

Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre personas, desplazando el acercamiento físico; ha cambiado la forma en la que investigamos y aprendemos, interactuamos o pensamos y en ello influyen la economía de la atención o el valor económico de las noticias en la red. La mayor parte de desinformadores, indican los autores de Bullshit, no pretenden alterar el voto del lector, solo obtener dinero a base de los clicks en sus espacios, a los que atraen con la promesa de una emoción: “Esto es lo que pasó cuando...” o “Lo que vas a leer te sorprenderá”, son los futuribles empleados para dedicar unos segundos de tiempo al contenido, pero implican una contaminación difícilmente resoluble.

Cada salto tecnológico lleva pareja la idea de crisis y cada tecnología nueva parece desbancar a la anterior. Con la imprenta, recuerdan, se alertó de la devaluación del pensamiento del libro impreso porque la copia, la decisión sobre qué era merecedor de ser compartido y divulgado, se reservaba a la élite. Existe una constante en el pensamiento por la que la democratización de algo le resta valor, lo vulgariza en su sentido más peyorativo. Quizá el error pase por pensar que rebajar las barreras económicas de acceso implica per sé una democratización, sin incluir al análisis que esta requiere que se rebajen también las barreras formativas, acercar su uso. Internet no democratiza la información si no aprendemos a leerla, sin herramientas para distinguir realidad y ficción, información de entretenimiento, hechos de interpretación; sin conocer los sesgos, los intereses, o identificar una mentira. Democratizar el acceso a la información implica blindar la estructuras, que, además, se convierten en espacios para preservar lo público.