No revelo mis reuniones con fuentes. Verme con ellas es parte de mi trabajo, como el de todos los periodistas. Hablamos con gente todo el tiempo, para intentar conseguir información y después poder contar a los lectores lo que pasa. 

No detallo estos encuentros. Pero tampoco me ha pasado nunca lo que me ha ocurrido este jueves. 

Hace apenas unas horas, me he visto con una fuente: la abogada Leticia de la Hoz. Es la responsable del despacho que defendió a Koldo García en el juicio en el Tribunal Supremo por el que fue condenado junto al exministro José Luis Ábalos. Fue una reunión improvisada, que organizó el director adjunto de elDiario.es José Manuel Romero, tras conocerse esta mañana que OkDiario pagó la defensa de Koldo García en el Supremo. Son 200.000 euros más IVA, 242.000 euros en total, que abonó la empresa editora del medio que dirige Eduardo Inda al despacho de abogados de Leticia de la Hoz.

La primera factura, de 150.000 euros, se pagó exactamente el mismo día en que se publicó una entrevista a Koldo García hecha por el propio Eduardo Inda. El concepto de la factura es también bastante claro: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Leticia de la Hoz ha desvelado esas facturas y también los comprobantes de las transferencias dentro de una investigación de la Audiencia Nacional, donde está imputada por supuestamente formar parte de la llamada “cloaca del PSOE”. Entre otras cosas, la acusan de haber cobrado de este partido la defensa de Koldo García. Pidió permiso al juzgado para revelar quién había pagado realmente sus honorarios y resultó que no: que no cobró del PSOE sino del medio de Eduardo Inda. 

Tras saltar esa noticia, que hoy hemos publicado muchos otros medios, en elDiario.es quisimos recabar la versión de Leticia de la Hoz sobre estos hechos. Además de Romero, fui acompañado por otro periodista de la redacción, de la sección de Tribunales. Yo llegué el último, pasadas las 15:00, porque venía de la tele. No fue una reunión clandestina: quedamos a comer el menú del día en un restaurante cercano, que está en un hotel próximo a la redacción. Ni siquiera nos escondimos en un reservado; no había motivo alguno para ocultarnos. 

Nos despedimos en el propio restaurante a las 16:44. Sé la hora exacta porque tengo el ticket de la comida, que pagué justo al salir del restaurante. Leticia de la Hoz se fue al baño y nosotros nos fuimos andando hacia la redacción. Y cuando Romero y yo estábamos paseando por la calle, nos abordó un hombre bastante corpulento, unos dos metros de alto, vestido de traje y con la cabeza rapada. Nos enseñó su móvil, con el logo de OkDiario. Y nos dijo: “Te he estado haciendo fotos para Eduardo Inda”. Se dio la vuelta y se marchó, en dirección otra vez hacia el restaurante. 

José Manuel Romero y yo nos quedamos pasmados, sin entender muy bien a qué venía lo ocurrido. Llamamos a Leticia de la Hoz: mientras hablaba con nosotros por teléfono, esa misma persona hizo con ella exactamente lo mismo. El mismo mensaje, el mismo tipo corpulento. Es esta persona de la foto. Se ve también el logo de Ok Diario en su teléfono.

Unos minutos después, a las 16:58, Eduardo Inda me envió un mensaje de WhatsApp a mi teléfono. Muy breve: “Jojo”.

Leticia de la Hoz nos dice que va a presentar una denuncia por estos hechos, que considera un intento de intimidación. Nosotros lo estamos estudiando con nuestro abogado. Probablemente en las próximas horas OkDiario publicará las fotos de esa comida para intentar presentar como una suerte de conspiración lo que fue una reunión con una fuente, como las que tenemos todos los periodistas.

Y sí, claro que los periodistas de elDiario.es nos reunimos con fuentes. Ya conté en el pasado aquella vez que incluso estuve en casa de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Es parte de nuestro trabajo. La diferencia –entre muchísimas otras– es que en elDiario.es nunca pagamos a las fuentes: ni por información ni por las entrevistas. Ni doscientos mil euros ni doscientos. Tampoco recurrimos a seguimientos por la calle.

Ya os imaginaréis que no es un trago agradable. Esta gente da miedo. 

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9 de la mañana de este lunes. Conexión en directo: un atril vacío en la escalinata exterior del Palacio de La Moncloa. Antes de que arrancara la esperada declaración institucional del presidente del Gobierno, tres personas se cuelan en el plano que a esa hora emiten todas las televisiones de España. Ellos no saben que la cámara ya está encendida y en el aire: aparecen riéndose, salen de la última reunión en el despacho de Pedro Sánchez. Son Félix Bolaños, el ministro de Justicia, Diego Rubio, el jefe de gabinete del presidente, y Lydia del Canto, la secretaria de Estado de Comunicación. El núcleo duro con el que Sánchez ha diseñado el adelanto electoral: un plan que empezó a fraguarse hace menos de cuatro días. 

Pedro Sánchez nunca ha esperado a que se le acabe el reloj. En 2019 convocó tras la foto de Colón y la caída de sus Presupuestos. En 2023, a la mañana siguiente de perder las municipales y autonómicas. En ocho años en La Moncloa no ha agotado una sola legislatura: el botón siempre lo ha pulsado él, y siempre antes de tiempo.

No hay dos sin tres. Y esta legislatura, la más inestable de todas, ha vivido con el adelanto en el aire casi desde el primer día. Las especulaciones han sido constantes: Sánchez iba a convocar cuando imputaron a su mujer, cuando condenaron al fiscal general, cuando chocó con Trump por Irán o cada vez que los Presupuestos se quedaban en el cajón. En todas las ocasiones anteriores, no solo no pasó: es que Sánchez ni siquiera se lo planteó. Hasta el jueves pasado, convocar elecciones antes de 2027 nunca estuvo sobre la mesa.

Tampoco el miércoles de la semana pasada. En la rueda de prensa junto a Emmanuel Macron, una periodista le preguntó si iba a convocar elecciones si el Congreso no aprobaba los decretos de vivienda. “Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios”, respondió Sánchez: “Soy razonablemente optimista con la convalidación”.

No era una evasiva. En ese momento, en La Moncloa, todos daban por hecho que el segundo decreto, el del alquiler indefinido, no se aprobaría. Pero sí confiaban en que el primero, donde estaban la mayoría de las medidas, saldría adelante. Estaba pactado con Junts. O eso creían.

El jueves por la mañana arreciaron los rumores de que Junts iba a tumbar ambos decretos. En esas primeras horas, nadie aún lo veía posible en La Moncloa; tampoco el presidente. Era tanta la confianza en el voto de Junts que incluso el mismo viernes en el Pleno, tras escuchar el discurso de Míriam Nogueras, la ministra de Vivienda seguía incrédula y comentaba a algunos próximos que no había escuchado a Nogueras un “no” rotundo. 

Pero volvamos a la noche del jueves, cuando el partido de Puigdemont comunicó su rechazo. La noticia hizo estallar a Pedro Sánchez. “Se cogió un cabreo enorme, estaba indignado”, explican fuentes del Gobierno. No solo por la falta de lealtad de Carles Puigdemont, a días de que el Tribunal Constitucional despeje su regreso a España. También por la frustración de no poder sacar adelante una sola medida en un Congreso donde pactar es sinónimo de traición: donde el acuerdo resulta imposible incluso ante el principal problema de los españoles.

Esa misma noche del jueves, Pedro Sánchez empezó a barajar el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Hizo algunas llamadas a su equipo más cercano para consultarles su plan. Uno de ellos, un ministro, le respondió: “Es ahora o nunca, presidente”. No recibió una respuesta clara de Pedro Sánchez, que se limitó a escuchar sus argumentos. Pero este ministro sacó la conclusión de que ya entonces lo tenía decidido. Es lo mismo que ahora explican otras fuentes de su equipo en el Gobierno y en el partido. 

“Ha sido como revivir la moción de censura de 2018”, explica este ministro: “Sánchez siempre ve estas jugadas al vuelo”.

El viernes, poco antes de las nueve de la mañana, elDiario.es adelantó la información en exclusiva. Nuestro titular era muy claro: “Sánchez baraja convocar elecciones el próximo 29 de noviembre”. La noticia marcó la votación en el Pleno de ese día. Y la primera interpretación de la derecha no pudo estar más errada. “Es un farol para presionar a Junts”, aseguraban desde el PP. “No se atreverá a convocar porque las tiene perdidas”, decían desde el partido de Puigdemont. 

Las derechas llevan años construyendo la caricatura de que Pedro Sánchez se aferraría al poder a cualquier precio. “Se nos ha colado un dictador”, decía Ayuso hace unos días en una entrevista paranormal con Iker Jiménez: “Sánchez quiere perpetuarse en el poder”.

Víctimas de su propia propaganda, muy pocos en el PP pensaban que el malvado Perro Sanxe renunciara a otros diez meses de sillón por pelear una batalla imposible. No solo el viernes: a lo largo del fin de semana siguieron sin creerse el adelanto electoral. Aunque en público el PP le animaba a convocar. “Pedro, no te lo pienses más”, decía Tellado. Habría sido rara otra postura: la derecha lleva pidiendo elecciones desde el primer día de esta legislatura. 

“Estaban nerviosos y por eso salieron a pedir elecciones”, asegura un ministro: “Lo hicieron porque no les va bien esta convocatoria”.

En privado, a lo largo del fin de semana, los líderes del PP no creían que se atreviera a dar el paso. “No habrá elecciones anticipadas porque Sánchez sabe que las perderá”, aseguraba uno de sus diputados. “La naturaleza de Sánchez es aferrarse al poder a cualquier precio”, decía un referente de Junts este domingo. 

Pero la decisión ya estaba en marcha desde el jueves por la noche. También la fecha. Aunque algunos dirigentes plantearon al presidente que antes tratara de aprobar otra vez los decretos y ganar así algo de tiempo, había un problema de calendario. Si no se convocaba ya mismo, empezaban las Navidades. El siguiente domingo posible caía en puente: el 6 de diciembre. Y el 13 de diciembre –que algunos ministros plantearon– tenía el problema de que ese puente de la Constitución partiría la campaña. 

Había otro factor añadido: la principal razón para convocar era justo aprovechar el momento. Cuanto más tiempo se tarde en votar, más difícil será para la izquierda centrar la campaña electoral en los temas sociales, en los que la derecha está incómoda: la vivienda, la sanidad, la educación… No es compatible una campaña relámpago con retrasar su inicio dos semanas.

“Sí había voces partidarias de dar una última oportunidad a la negociación con Junts”, asegura una fuente del Gobierno, “pero se descartó porque la confianza estaba rota”.

También hubo un momento, el viernes por la tarde, en el que parte del equipo de Sánchez dudó de la oportunidad de convocar. Fue por culpa de un bulo, que circuló en esas horas por los medios y las redes sociales: la falsa noticia de que la acampada en la Puerta del Sol se levantaba. Al día siguiente, las protestas masivas del fin de semana despejaron esas dudas y demostraron que hay agua en esa piscina.

El viernes, en el debate parlamentario donde tumbaron los decretos, Sánchez cerró su intervención –que no estaba prevista– con una frase premonitoria: “La historia les juzgará, antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”.

Esa misma mañana del viernes, el presidente se reunió en su despacho en la zona de Gobierno del Congreso con varios de sus ministros, también los de Sumar. Aquellas fueron de las pocas reuniones presenciales. Contra lo mucho que se ha escrito, no hubo ninguna cumbre en La Moncloa durante el fin de semana.

Desde el jueves hasta el domingo, Sánchez ha hablado por teléfono en decenas de ocasiones con su núcleo duro: Félix Bolaños, Diego Rubio y Lydia del Canto. Solo ellos tres, los que se colaron en el plano de la tele, sabían al cien por cien cuál era el plan desde el primer momento. Pero Sánchez también ha hablado por teléfono con los dirigentes a los que más consulta en estos trances: entre otros nombres, los ministros Óscar López y Óscar Puente, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El factor Illa era importante. Es uno de los políticos en los que Sánchez más confía. Sabe que le dice la verdad, incluso si no le gusta: a diferencia de todos los demás, el president de la Generalitat ya no es su subordinado. 

Illa tenía motivos para defender que la legislatura resistiera un poco más: la esperanza de que el regreso de Puigdemont permitiera que Junts apoyara la reforma de la financiación autonómica, que ahora rechaza. Pero el ‘no’ a estos decretos de vivienda le abrió los ojos: no es posible pactar con Junts. Según explican fuentes de su entorno, Illa también fue de los que animaron a Pedro Sánchez a dar este paso.

Ante la Ejecutiva del PSOE de este lunes, Sánchez dio las gracias a “los que me habéis ayudado a tomar esta decisión”. “Y gracias también a los que no os he pedido opinión y me la habéis mandado también”, añadió. Durante el fin de semana, muchos de los dirigentes del PSOE que tienen su teléfono le han escrito. 

Además de estos mensajes y estas conversaciones telefónicas, el presidente del Gobierno también repasó algunas encuestas durante el fin de semana. No solo las que hemos publicado los medios de comunicación –entre otras, la de elDiario.es– sobre el masivo apoyo social a las medidas de los decretos. También los datos de un sondeo diario que paga el PSOE, que detectó un pequeño repunte en la intención de voto de los socialistas desde el viernes.

¿Cuándo se tomó la decisión definitiva? “El presidente estaba por el sí desde el primer momento, pero se acabó de decidir el sábado por la noche”, asegura una persona de su equipo. El domingo remataron el plan completo. Moncloa reservó el satélite para retransmitir al día siguiente la declaración institucional a las televisiones. Y el mismo domingo por la tarde, Pedro Sánchez comunicó al rey su decisión de convocar elecciones. Fue por teléfono: no hubo reunión con el rey en La Zarzuela. 

La convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario, para adelantar las elecciones, no se mandó formalmente hasta que terminó la declaración institucional. De esa gestión se ocupó Félix Bolaños, que quería evitar que esa información confirmase la noticia antes de que la anunciara el presidente. 

El discurso convocando las elecciones lo remató Diego Rubio. Y allí aparecen algunas claves de por dónde quieren llevar la campaña: no solo es la vivienda, es también la privatización de la sanidad, que tan bien simboliza Ayuso. “Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales”, afirmó Sánchez. 

“La agenda social es un tema muy incómodo para la derecha”, asegura una fuente del Gobierno. 

Pedro Sánchez también espera que la agenda internacional pueda jugar a su favor. La campaña electoral española se va a cruzar con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: con la probable derrota de los candidatos de Trump al Congreso y el Senado, que se celebran el 3 de noviembre. El Gobierno confía en que ese debate internacional le pueda favorecer. Más aún si Trump –como parece posible– no acepta los resultados.

Por último, hay otro eje que será clave en la campaña: esa idea de las élites frente al interés general de la ciudadanía. Va de tecnoligarcas, pero también de fondos buitre. Junto al debate de la vivienda, son las únicas banderas que están funcionando en todo el mundo para frenar la ola reaccionaria. 

“De momento el primer día tras la convocatoria ha ido bien”, concluye una persona del núcleo duro de Sánchez. “A Feijóo se le ha visto con un lenguaje corporal muy malo en su primer discurso”, asegura otra fuente del Gobierno. Todos ellos están convencidos de que el auge de Vox puede tener un efecto imprevisto: que el PSOE sea el partido más votado. Un escenario que, por ahora, no aparece en ninguna encuesta. 

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A esta hora, la decisión no está tomada. Tampoco el calendario. Durante el fin de semana, el presidente está escuchando a su equipo más cercano, en La Moncloa y en el partido. El sentir mayoritario es claro: ahora o nunca. Todos saben que van a unas elecciones dificilísimas. Las encuestas –hoy publicamos una en elDiario.es– dan a PP y Vox una mayoría abrumadora. Pero nadie cree que vaya a pasar un tren mejor en los próximos meses. 

Las encuestas también reflejan el error de las derechas: tumbar un escudo antidesahucios que apoya más de la mitad de sus propios votantes. Entre ese portazo y las acampadas se ha abierto una rendija: la oportunidad de dar una batalla que, hasta ahora, parecía perdida.

Pedro Sánchez baraja un adelanto electoral desde el jueves por la noche, cuando Junts confirmó que tumbaría el decreto de vivienda, en contra de lo pactado. Desde entonces, el ánimo en La Moncloa ha ido a rachas. Esa noche estaban muy decididos. El viernes por la mañana, también. Por la tarde se enfriaron un poco, en parte por un bulo: que la acampada de Sol se levantaba (falso). El sábado, las manifestaciones masivas volvieron a empujar hacia las urnas. “Al 70% habrá elecciones anticipadas”, dicen a esta hora fuentes del Gobierno.

Entre quienes hablan con el presidente hay consenso en la estrategia. Otra cosa es la táctica.

Dos inconvenientes pesan en la decisión de convocar este mismo lunes. El primero: los socios del Gobierno no están preparados. El Frente Amplio –antes Sumar– aún no tiene cabeza de cartel. El segundo: muchos inquilinos quedarían desamparados. Con elecciones el 29 de noviembre, si se disuelve el Parlamento este martes, se cierra el margen para negociar un nuevo decreto o aprobar otras medidas que eviten más desahucios.

Se puede explicar con la metáfora del surfista. Sánchez sabe que esta es la mejor ola que va a tener. La clave está en elegir el momento exacto para subirse. Si rema demasiado pronto, la ola le pasa por debajo. Si llega tarde, le revuelca.

En su entorno más cercano hay quien cree que ese pico de la ola aún no ha llegado. Que sería mejor esperar unos días: presentar otra vez un decreto y presionar un poco más a las derechas para que se vuelvan a retratar en el Congreso. Dentro de ese escenario, unos hablan de elecciones en diciembre: el domingo 13 (porque las otras opciones posibles antes de Navidad son solo el 6, que cae en el puente de la Constitución, o el 20, demasiado cerca de la Nochebuena). Otros –los menos– creen que la ola aguantará un poco más y apuestan por principios de año.

En cuanto al primer inconveniente, en La Moncloa estarán muy pendientes de la reunión de hoy a las 12:30 entre los ministros y principales dirigentes de Sumar. Habrá que ver qué sale de ahí: si piden más tiempo, si presionan para un nuevo decreto o si se declaran preparados.

“A nuestro espacio le va bien un poquito de pim pam pum”, dice una fuente de la dirección. La presión de unas elecciones inminentes empujará al Frente Amplio a cerrar filas y candidaturas. 

Entre los socios del Gobierno, quien más se muestra en contra del adelanto electoral es ERC. “En este país hay mucha gente que es de izquierdas y no quiere votar al PSOE. ¿Esta gente a quién vota? No hay nadie”, dice Gabriel Rufián. Su escepticismo tiene otro motivo. Si la legislatura acaba ya y gana la derecha, se hunde la reforma de la financiación autonómica, un asunto clave para ERC. Aunque no saliera adelante –lo más probable–, retratar a Junts votando en contra junto a PP y Vox habría sido una gran baza electoral para Esquerra.

Que esa reforma ni siquiera llegue a votarse también perjudica al PSC. Pero el equipo de Salvador Illa da por hecho que, con Junts en el monte, sus posibilidades eran muy escasas. “Tras el portazo a la vivienda, Illa ya no se hace ilusiones: da por hecho que Junts no aprobará nada”, asegura una fuente cercana al president.

Hay otro factor que empuja hacia diciembre: los sindicatos. Tanto en CCOO como en UGT se debate si sumarse a la huelga general que se coreó ayer en las manifestaciones. Sus direcciones se reúnen este lunes. De una manera u otra, respaldarán las protestas. Pero si las elecciones no se retrasan al menos unas semanas, perderán buena parte de su capacidad de presionar en la calle.

La Moncloa ya prepara una posible comparecencia del presidente para el lunes por la mañana. A primera hora de este domingo contrataron la señal de satélite para transmitir una posible declaración institucional. Aún no es seguro que Sánchez vaya a salir, pero su equipo quiere tener todo listo, por si decide mandar un mensaje.

¿Y si Sánchez espera un poco más? ¿Cuál es el plan? Aguantar la ola hasta diciembre es relativamente fácil. El Gobierno ya estudia qué medidas de las que se tumbaron el viernes (son las menos) podrían aprobarse como reales decretos, sin pasar por el Parlamento. Lo más difícil es explicar por qué habría que esperar hasta 2027, cuando ya es evidente que los Presupuestos son imposibles. ¿Con qué argumento? ¿Para qué?

Parafraseando a Žižek (“es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”): es más fácil imaginar unas elecciones anticipadas que un plan B para agotar la legislatura. 

Esa desigualdad ya existe. La esperanza de vida también va por barrios. En Sevilla, por ejemplo, hay 8,8 años de diferencia entre las calles más ricas y las más pobres. Por países, la foto es aún más clara. En Mónaco ya supera los 87 años. En Nigeria todavía no llega a los 60.

Es un dato cruel, pero conviene ponerlo en perspectiva. Esa brecha se está reduciendo; es de los pocos indicadores de desigualdad que no crece. La reducción de las hambrunas y el aumento de la vacunación están acortando esa distancia. Paradójicamente, el aumento de la longevidad es, por ahora, uno de los mayores logros igualitarios de la humanidad. Ojalá las diferencias de renta o de educación entre países fueran tan estrechas.

Como en toda estadística, la esperanza de vida es un dato que condensa muchas catástrofes: la mortalidad infantil, la salubridad del agua, la existencia de una mínima red sanitaria. Solo en España, en apenas 50 años, ha pasado de los 73 a los 84 años. Si se mira un siglo atrás, el salto es aún más increíble. En 1926, la esperanza de vida en nuestro país rondaba los 40 años.

El gran aumento de la longevidad que trajo el siglo XX no llegó gracias a ninguna pastilla milagrosa. Fue un éxito de las políticas públicas: agua potable, vacunas, antibióticos, sistemas sanitarios universales, dar a luz en hospitales. Vivimos más porque decidimos colectivamente que nadie debía morir por beber agua contaminada o por una infección tratable. La longevidad fue, sobre todo, una conquista social.

El siglo XX elevó la esperanza de vida del ser humano al límite natural de los materiales. Vivimos más, de media, porque casi todos llegamos a ancianos. Pero el salto que se otea en el siglo XXI, lo que algunos desarrollos científicos ya prometen, va mucho más allá. Ya no se trata de agotar el límite biológico de la vida, sino de ampliarlo. Es un terreno resbaladizo, donde conviven investigaciones serias con vendehumos y charlatanes. Pero probablemente ocurrirá lo que siempre pasa cuando la ciencia es lo bastante avanzada como para resultar indistinguible de la magia. Lo mismo que está pasando con la IA o que antes ocurrió con Internet. A corto plazo, los pronósticos fallan por exceso de optimismo. A largo plazo, se suelen quedar cortos.

La promesa de la longevidad más allá de lo natural —algunos sueñan con la inmortalidad— es un horizonte que la ciencia ya no descarta. No está tan claro el cuándo. Tampoco el cómo: trasplantes, terapias genéticas, fármacos que intervienen en el metabolismo o que eliminan las células envejecidas… Las inversiones son millonarias porque la recompensa para quien lo consiga también será muy alta.

La pregunta no es si existirán tratamientos para retrasar el envejecimiento. La gran duda es si serán un derecho o un lujo. Si llegarán a casi todos, como el agua potable o los antibióticos, o quedarán reservados para unos pocos.

Quienes más están invirtiendo en alcanzar ese milagro son, precisamente, los que ya lo tienen todo: los tecnoligarcas, que acumulan una riqueza sin precedentes en la historia. Las implicaciones de una transformación así son tan inquietantes como ver a dos de los hombres más poderosos del planeta —Vladímir Putin y Xi Jinping— soñando en voz alta con la inmortalidad. Porque la muerte es lo que iguala a todos los seres humanos. Al menos por ahora.

Con este artículo, iniciamos la publicación en la web de elDiario.es del contenido de la revista 'El sueño de la vida eterna'. Hazte socia o socio para recibir en casa esta y el resto de nuestras revistas trimestrales.

Julio Iglesias nos ha llevado a los tribunales. No con una demanda civil, como las que cada día se presentan contra muchos medios de comunicación. Lo ha hecho con una querella, por lo penal, contra cinco periodistas de elDiario.es: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y también contra mí como director.

Nos acusa de tres delitos que suponen penas de prisión: injurias, calumnias e incluso un delito contra su integridad moral. Y para hacerlo, su abogado sostiene algo que es sencillamente falso. Dice que las mujeres que aparecen en nuestros vídeos son “actrices profesionales”, “personajes figurados”; que nos inventamos sus testimonios, que sus palabras son “ficciones”, que se trata de “un montaje”.

Simplemente, no es verdad. Estas mujeres de los vídeos son las dos extrabajadoras de sus mansiones que también denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Una denuncia que la Fiscalía archivó porque consideró que no era competente para investigar algo ocurrido fuera de España, no porque concluyera que esas mujeres no existieran o que sus testimonios fueran inventados.

Lo único que hicimos fue doblar sus voces para proteger su identidad. No cambiamos una sola palabra de lo que dijeron. Ni una coma. Tampoco añadimos más emoción o dramatismo a sus testimonios. Tenemos los vídeos originales y horas de entrevistas grabadas con ellas. Podemos demostrar que no manipulamos sus palabras.

Tampoco ocultamos que la voz era doblada. Lo explicamos desde el primer día, tanto en los vídeos como en los reportajes.

Doblar la voz de una fuente para proteger su identidad no es un invento de elDiario.es. Es una práctica cada vez más habitual en el periodismo de investigación internacional; hay decenas de ejemplos previos, como este premiado reportaje de ProPublica sobre civiles asesinados por comandos de la CIA en Afganistán, que después se convirtió en este documental junto a The New Yorker. O en decenas de informaciones de la BBC, o de la radio pública estadounidense NPR, o de la televisión pública francesa.

La BBC –el estándar del rigor en Europa– tiene una guía sobre buenas prácticas periodísticas, que es de obligado cumplimiento para sus redactores y también un referente en la profesión. Incluye un apartado sobre cómo proteger el anonimato de una fuente. Y allí recomienda justo lo que hicimos: doblar la voz, en vez de distorsionarla –como se hacía antes– precisamente porque la tecnología ahora permite revertir una voz distorsionada para descubrir la voz real. Con la IA, estas herramientas son hoy aún más accesibles.

La querella también nos acusa de publicar de forma apresurada, sin contrastar. El delito de calumnias, según el Código Penal, requiere “un temerario desprecio hacia la verdad”; que los periodistas de elDiario.es publicáramos estas informaciones “con conocimiento de su falsedad”. Es exactamente lo opuesto a lo que hicimos.

Esta investigación llevó tres años y, junto a los periodistas de Univision Noticias –incluyendo a un coganador del premio Pulitzer, Gerardo Reyes–, aplicamos los mejores estándares internacionales en periodismo de investigación. En este artículo de María Ramírez –otra de nuestras periodistas querelladas– explicamos cómo fue este meticuloso trabajo. Tenemos documentados con fecha y hora 80 contactos o intentos de contacto con Julio Iglesias o personas de su entorno para tratar de recabar su versión desde once días antes de publicar: correos, llamadas o incluso la entrega de una carta en persona en su casa.

Recientemente, la Fundación Gabo nominó esta cobertura a sus prestigiosos premios de periodismo, entre los diez mejores trabajos publicados en español en el último año.

No es la primera vez que intentan llevarnos por la vía penal por publicar una investigación incómoda. Ya ocurrió antes, cuando destapamos el máster fraudulento de Cristina Cifuentes. Raquel Ejerique y yo pasamos dos años y medio imputados, pero la Justicia acabó dándonos la razón.

Esta querella busca algo más que discutir la veracidad de una información. Busca intimidar a quienes investigamos y contamos hechos de interés público; hoy contra los periodistas de elDiario.es, mañana contra cualquier otro. Por eso utiliza la vía penal.

La FAPE –Federación de Asociaciones de Periodistas de España– ha salido en nuestra defensa (gracias, compañeros). Asegura que esta querella “atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información”; “una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo, silenciar al medio y a sus periodistas y coartar el derecho de la sociedad a estar informada”.

Como también recuerda la FAPE, “la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional establece que prevalece el derecho a la libertad de expresión y a la información sobre otros derechos cuando la noticia es veraz, está diligentemente contrastada y es de interés general”.

Vamos a demostrar el rigor y la veracidad de nuestras informaciones en el juzgado; tenemos pruebas que respaldan todo lo publicado. Las mujeres de estos vídeos existen, sus testimonios son reales y su historia merece ser contada. Eso es lo que hicimos. Y lo volveríamos a hacer.

Se suponía que aquí se juzgaba un enchufe, un caso de tráfico de influencias. Esta causa judicial nació para averiguar si el hermano del presidente del Gobierno había conseguido un puesto de trabajo gracias a su apellido. En teoría, ahí estaba el escándalo. Ese fue el motivo que permitió que este asunto llenara las portadas durante dos largos años.

Ahora resulta que la sentencia nos dice que no, que no hay pruebas de que tal delito ocurriera.

No hay pruebas de que David Sánchez utilizara la influencia de su hermano. O de que Pedro Sánchez moviera un dedo para favorecerle. No hay pruebas de que nadie influyera para que el hermano del líder socialista accediera a ese trabajo. No hay pruebas, pero aun así hay una condena.

Los tres jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz que firman esta sentencia han cambiado el centro de gravedad de este caso. No han podido probar el delito de tráfico de influencias y han acabado condenando por otro delito distinto: la prevaricación. Al expresidente de la Diputación de Badajoz, por haber creado una plaza “innecesaria” y “a la medida de David Sánchez”. A nueve personas más de esta misma administración pública, por participar en este mismo delito. Y a David Sánchez Pérez-Castejón, como cooperador necesario.

Condenados por prevaricación. Absueltos por tráfico de influencias.

Hay solo un problema. Para que los hechos probados de esta sentencia cuadren con una hipótesis mínimamente racional, hace falta que la Diputación de Badajoz tenga al menos uno de estos dos artefactos mágicos: una bola de cristal o una máquina del tiempo.

La sentencia distingue tres etapas en la prevaricación. La primera, la creación del puesto. La segunda, cuando cambia de funciones y nomenclatura. La tercera, cuando la Diputación contrata a un amigo de David Sánchez, Luis Carrero, dentro de ese mismo departamento –hubo un concurso y fue el único que se presentó–.

Pero la clave está en el arranque: en el momento en el que el presidente de la Diputación decide crear esa plaza que los jueces consideran amañada. Es una etapa que el tribunal considera ya prescrita, pero donde comienza este “plan delictivo”.

Según los hechos probados, ese delito de prevaricación empezó “entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 en la localidad de Valdivia”. Fue justo en esos días cuando el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y dos altos cargos de este mismo organismo decidieron crear un nuevo puesto de trabajo –el de coordinador de las actividades de los conservatorios– “con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez”.

Era, dice la sentencia, un puesto innecesario, a pesar de que con anterioridad lo había ocupado otra persona hasta su jubilación. Un puesto creado a la medida del hermano de Pedro Sánchez, por “razones espurias”.

¿Y por qué habrían hecho tal cosa? ¿Por qué crearon esta plaza a medida ¿Qué les movió a cometer este delito?

Lo único que se parece a una respuesta a estas preguntas aparece en otro apartado de la sentencia, donde los tres jueces explican por qué deciden no condenar por tráfico de influencias. “Podríamos mantener, como contra hipótesis” –especulan– “que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer” a la familia de quien “sería reelegido secretario general del partido y con el tiempo presidente del Gobierno”.

Pero es que las fechas no cuadran. Ni de lejos. El 11 de octubre de 2016, Pedro Sánchez no era siquiera candidato a las primarias. Tampoco secretario general. Pocos días antes, el 1 de octubre, el Comité Federal del PSOE había forzado su dimisión y le había echado del partido por la ventana.

En el momento en que se crea esa plaza en la Diputación de Badajoz, Sánchez era un cadáver político. Y en aquella guerra interna del PSOE, Miguel Ángel Gallardo iba con Susana Díaz. No era precisamente un aliado del defenestrado Pedro Sánchez.

¿Acaso Miguel Ángel Gallardo pudo predecir el futuro? ¿O es que viajó al pasado tras la victoria de Sánchez en las primarias?

No es la única rareza de esta sentencia.

La prevaricación sin ser funcionario

El delito de prevaricación administrativa está definido en el artículo 404 del Código Penal. Es un texto muy claro y conciso:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

La clave está en el sujeto: “autoridad o funcionario público”. David Sánchez Pérez-Castejón no es ninguna de las dos cosas. La sentencia le condena como “cooperador necesario”. El argumento: se benefició de esa prevaricación. No de su contratación, que se considera prescrita, sino del cambio posterior en su puesto de trabajo. Es decir: cuando a David Sánchez, “llevado por sus inquietudes”, se le ocurrió traer un programa de ópera a Badajoz. Habrase visto.

Hay precedentes de condenados como cómplices de una prevaricación que no son funcionarios. Pero se suele tratar de casos donde ha habido algo más que el beneficio de esa decisión arbitraria: cuando la prevaricación ha respondido a presiones o sobornos.

Aplicado a este caso concreto, ¿cómo se puede ser cómplice de una prevaricación cuando la propia sentencia reconoce que no hay pruebas del tráfico de influencias?

“A sabiendas de su injusticia”

La prevaricación también exige que la ilegalidad sea dolosa, consciente, grosera. No basta con que un funcionario tome una decisión arbitraria: tiene que hacerlo “a sabiendas de su injusticia”. En la práctica, esto se aplica solo en casos extremos de infracción administrativa: cuando los alcaldes adjudican plazas a dedo, sin oposición. O cuando se adjudica el puesto sin tener competencias.

Es algo que, en este caso, no ha ocurrido. Con David Sánchez sí hubo un procedimiento que se siguió de principio a fin, a través de los órganos competentes: desde que se crea el presupuesto de la plaza hasta que se adjudica. Hubo una convocatoria abierta, a la que se presentaron varios candidatos. A David Sánchez se le contrata “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo”, recoge textualmente la sentencia, que cita este currículum como si fuera irrelevante.

No era tampoco una plaza de funcionario, un puesto de trabajo permanente: David Sánchez estaba contratado en un puesto de alta dirección, donde podía ser despedido en cualquier momento: simplemente con el argumento de pérdida de confianza.

En casos así, cuando aparecen irregularidades como las que detalla la sentencia, la jurisprudencia suele aplicar la nulidad administrativa: se anula la plaza. Pero ni se juzga ni se condena como un delito a los responsables (como expliqué en este otro artículo).

Es más extraño aún que se condene a la persona beneficiada, a David Sánchez. En toda la jurisprudencia española, no hay ningún precedente mínimamente comparable. También es la primera vez que se condena al hermano de un presidente del Gobierno en ejercicio. Ambos datos no parecen casualidades.

Hay una última cuestión muy discutible en la sentencia: cuando los jueces aseguran de forma taxativa que “la plaza no era necesaria”, o que el programa de Ópera Joven –que dirigía David Sánchez– no era acorde con el “interés general”. ¿Bajo qué criterios? ¿Deben ser los jueces quienes decidan cuáles son las necesidades culturales de una provincia? ¿Con qué legitimidad democrática?

¿Acaso era necesaria esa “oficina del español” que se inventó Isabel Díaz Ayuso para colocar a Toni Cantó? ¿O esa fundación pública irrelevante donde Esperanza Aguirre colocó a Santiago Abascal cuando no tenía trabajo? ¿O tantos otros puestos de libre disposición de cualquier administración pública?

De fondo, lo de siempre. Lo mismo que ocurre con el anómalo proceso contra Begoña Gómez: la pringosa sensación de que esta justicia no es igual para todos.

Hay una historia poco conocida sobre el origen de la Fundación Gabo. Es la historia de un periódico que nunca llegó a existir.

A comienzos de los años ochenta, Gabriel García Márquez sintió que tenía una deuda con Colombia. Había conquistado el mundo con sus novelas, con unos libros que beben del sustrato de esa cultura y esa tierra. Y Gabo sentía que debía devolver a su país algo de todo lo que le había dado.

Su primera idea fue fundar un nuevo periódico para Colombia. Pero no un periódico cualquiera. Quería hacer el mejor periódico del mundo. Ya tenía incluso un nombre: El Otro.

No soñaba con un gran negocio ni con un nuevo altavoz para su prestigio, ya entonces mundial. Soñaba con un periódico obsesionado con la verdad, con el rigor y con la buena escritura. Con una redacción de periodistas jóvenes, que aprendieran de unos pocos maestros.

Un periódico donde estarían prohibidas las fotos de dos presidentes posando para una imagen de protocolo, salvo que uno de los dos estuviera haciendo un gesto contra el otro.

El periódico con el que soñaba Gabo tampoco tendría páginas de opinión. Solo habría editorial en los momentos excepcionales y saldría publicado en portada.

Quería un periódico donde lo más importante fueran las mejores historias. Y que no estuviera obsesionado con “la chiva”, que es la palabra con la que la prensa colombiana se refiere a “la primicia”.

Lo importante para Gabo no era contarlo el primero. Era contarlo bien. Como dijo en su famoso discurso sobre “el mejor oficio del mundo”: “La mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor”.

Aquel periódico nunca llegó a nacer. Uno de sus amigos, el periodista y después político argentino Rodolfo Terragno, le escribió una carta que cambió esa historia. En ella le decía: “Aun aceptando que tuvieras un débito (y no un crédito) en tu cuenta con Colombia, creo que el diario no sería el único modo de saldar. Otras iniciativas (e incluyo entre las posibles la del taller de periodismo) supondrían menos sacrificios innecesarios”.

Y así fue como de aquel proyecto frustrado del mejor periódico del mundo nació la que para mí es la mejor escuela práctica de periodismo del mundo. La Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación Gabo.

Visto con varias décadas de perspectiva, es evidente que el consejo que le dio Terragno a Gabo fue acertado.

Primero, porque no había deuda con Colombia. Como mucho un crédito, que Gabo ya había devuelto con creces en esos años. Segundo, porque el impacto que ha tenido esta fundación en el periodismo iberoamericano ha sido muy superior a la que podría haber supuesto cualquier diario. Y sin correr por ello riesgos innecesarios. En los 80, en la era del papel, un periódico era una industria de riesgo, una industria pesada y cara: necesitaba muchísima inversión, que normalmente se perdía.

Un gran diario podría haber cambiado a una generación de lectores. Y habría sido un gran legado para Colombia. Sin duda. Pero la gran escuela que es la Fundación Gabo ha cambiado a muchas generaciones de periodistas. En Colombia y en todo el mundo.

Durante más de treinta años, la Fundación Gabo ha reunido a los mejores maestros del periodismo iberoamericano con miles de reporteros jóvenes. No para impartir lecciones desde un atril, sino para sentarse alrededor de una mesa a discutir un texto, corregir un titular, preguntarse si un dato estaba contrastado o cómo contar mejor una historia.

Sus talleres no solo sirven para escribir mejor. Sirven para pensar mejor. Para tener siempre presente la ética de nuestra profesión. Como defendía el propio Gabo, “En la carrera en que andan los periodistas debe haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la enorme responsabilidad que tienen”.

Para García Márquez, un buen periodista se compone de tres cosas: “Una base cultural importante, mucha práctica y también mucha ética”. “Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias se las inventan”, se lamentaba Gabo también.

Cultura. Práctica. Ética. Tres palabras.

Son los tres requisitos fundamentales para ejercer este oficio. Es lo que promueve la Fundación Gabo, con sus talleres y sus premios. Es un proyecto que solo pudo nacer por el impulso del genial García Márquez. Pero que solo ha podido llegar hasta aquí por la cultura, la práctica y la ética de su director general y cofundador, Jaime Abello Banfi.

Su cultura, porque no he encontrado a nadie con una mirada sobre el periodismo iberoamericano tan amplia y profunda como la de mi amigo Jaime. Tampoco hay muchos con su excelente conversación.

Su práctica, porque Jaime no solo se ocupa de la poesía. La Fundación Gabo es una casa que tiene techo, los mejores ideales periodísticos. Pero también suelo: la gestión del día a día para que una institución así sea posible. El techo lo puso Gabo. El suelo lo ha construido Jaime.

Y sobre todo, Jaime destaca por su ética. Hay otra anécdota sobre los primeros años de la Fundación que lo resume bien. Gabo le dijo a Jaime, medio en broma medio en serio: “Puedes usar mi nombre, pero nunca te equivoques”.

Era un mandato imposible. Todos nos equivocamos. Pero también era una forma de recordarle que el prestigio nunca puede sustituir al rigor. Treinta años después, creo que todos podemos decir que Jaime ha honrado aquella confianza.

Las grandes ideas nunca sobreviven solas. Necesitan alguien que las cuide. Que las adapte a los cambios del mundo sin traicionar su esencia. Porque fundar una escuela de periodismo es difícil. Mantenerla viva durante más de tres décadas lo es aún más.

Hay una última razón por la que este premio me parece especialmente justo. Porque lleva el nombre del gran Manu Leguineche.

Manuel Leguineche y Gabriel García Márquez fueron periodistas muy distintos. Venían de países distintos, reporteaban de maneras distintas y recorrieron caminos muy diferentes. Pero compartían una misma convicción: que el periodismo no consiste en llegar antes que nadie, sino en comprender mejor que nadie la realidad para poder contarla. Que este oficio exige curiosidad, cultura, rigor y, sobre todo, una enorme honestidad.

Ese es también el legado de la Fundación Gabo. Un legado pensado para durar muchas generaciones.

Me quedo con la frase con la que Gabo abrió el primer taller del nuevo periodismo iberoamericano, en Cartagena de Indias, el 18 de marzo de 1995.

“Bienvenidos a este taller del nuevo periodismo iberoamericano, que hoy inicia con la bendición de ustedes su primer siglo de labores”.

Treinta años después, ese primer siglo ya no parece una exageración. Es un compromiso.

Enhorabuena a la Fundación Gabo por este premio. Enhorabuena a ti, amigo Jaime, por mantener el rumbo de este proyecto.

Y ojalá dentro de otras siete décadas, el 18 de marzo de 2095, se celebre en Cartagena de Indias otro taller de periodismo.

Víctor de Aldama no solo se libra de entrar en prisión. También se queda con la mayor parte del botín.

Los hechos probados de la sentencia del Supremo dan por cierto que Aldama cobró 3,7 millones de euros de comisión en la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, se llevó 6,6 millones de euros. 

De todo ese dinero, Aldama apenas entregó una propina a sus compinches, José Luis Ábalos y Koldo García: 430.298 euros en total, entre el alquiler del piso para la novia de Ábalos, unos meses de chalet en Marbella para el ministro y los sobres de 10.000 euros al mes que recogió Koldo durante casi tres años. 

Ábalos se pudrirá en prisión. Le han caído 24 años de cárcel. Por ponerlo en contexto: es más que la sentencia a los violadores de la Manada (15 años) y algo menos que la del corrupto Luis Bárcenas (29 años) o el golpista Tejero (30 años).

Con Koldo tampoco ha habido piedad: le caen 19,5 años de cárcel.

¿Y Aldama? Formalmente son 4 años y medio. Pero el Supremo suspende su entrada en prisión por su “colaboración con la Justicia”. En cuanto al dinero, según establece la sentencia, solo tendrá que pagar un tercio de los 430.298 que repartió con Ábalos y Koldo (los otros dos tercios los pagarán el exministro y su asesor). Poco más de 143.000 euros. 

La cuenta es fácil: Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros. Es increíble, pero es así.

Es inédito que un corrupto de esta dimensión acabe pillado, sentenciado, pero que se quede con el botín. Es enorme el contraste entre la durísima condena contra Ábalos y Koldo y la impunidad para su corruptor. 

Es inédito, porque esta colaboración de la Justicia fue a posteriori. Ya les habían pillado. La confesión de Aldama solo llegó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y la mayor parte de las pruebas contra Koldo y Ábalos ya estaban en manos de la UCO, como confirmó el propio teniente coronel Antonio Balas durante el juicio. Aldama confesó para salir de prisión –en otra causa, además, la de hidrocarburos– y cuando ya no tenía escapatoria.

Es inédito, porque está acreditado que Aldama miente: que buena parte de las cosas que ha dicho en su “colaboración con la Justicia” –como esas cuentas en República Dominicana que se supone tiene Begoña Gómez– son una pura ficción. Incluso esta sentencia del Supremo no da plena credibilidad a sus palabras. Aldama dice que pagó dos millones de euros a Ábalos y otro medio millón a Koldo por el pelotazo de las mascarillas, pero la sentencia no lo asume como cierto.

Y es inédito porque no hay precedentes en el Supremo de un premio así por colaborar con la Justicia en un caso de corrupción. Especialmente en estas circunstancias: cuando el delito ya estaba bajo investigación. 

En el caso Gürtel sí hubo una persona que colaboró con la justicia de forma contraria a sus intereses y desde el primer momento: José Luis Peñas. Conocimos ese gravísimo caso de corrupción gracias a sus grabaciones de Francisco Correa, unas pruebas que entregó a la Justicia cuando aún no había ninguna investigación en marcha.

A pesar de esa colaboración, Peñas fue condenado a una pena incluso mayor que la de Aldama: 4 años y 9 meses de cárcel. No entró en prisión y fue después indultado por el Gobierno. 

En ese mismo caso de corrupción, la persona más parecida a Aldama era otra: el propio Francisco Correa. Él también intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión cuando la causa estaba ya en marcha. Con menos éxito.

Para lograr ese acuerdo, Correa entregó un documento por escrito a la Fiscalía, una confesión que desvelamos en elDiario.es. Allí aseguraba que el origen de su fortuna eran las comisiones del 3% por la obra pública del Gobierno de Aznar y se ofrecía a tirar de la manta. La Fiscalía despreció esa oferta y no quiso pactar ninguna rebaja de condena para él.

Eran otros tiempos, al parecer.

La noche electoral es ese día donde se rompen las expectativas. Este domingo, la demoscopia ha acertado en el trazo gordo: la victoria de Juanma Moreno Bonilla ha sido abultada, como apuntaban todas las encuestas. No ha salido tan bien el retrato en el trazo fino. El PP pierde su mayoría absoluta, el bloque de la derecha retrocede cuatro escaños sobre las últimas autonómicas y el éxito de Adelante Andalucía rompe las previsiones, y también el tablero.

Es la sorpresa de la noche: el partido que fundó Teresa Rodríguez, la versión andaluza de esa Izquierda Anticapitalista que antes fue clave en el nacimiento de Podemos. Adelante Andalucía soñaba con alcanzar los cinco escaños necesarios para crear un grupo parlamentario propio y casi roza el 10%. Multiplica sus escaños por cuatro y –más importante aún– logra que la izquierda en su conjunto remonte frente al bloque conservador por primera vez en muchas noches electorales. Desde hoy, en el Parlamento andaluz la derecha tiene cuatro escaños menos. 

Hay muchas razones que explican este buen resultado. Un buen candidato, José Ignacio García, que ha interpretado una acertada versión gaditana del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. Adelante Andalucía ha conectado con el voto joven, ha sacado de la abstención a una parte de la izquierda y se ha convertido en un refugio para muchos votantes progresistas desencantados. 

Muy pocas encuestas pronosticaban un ‘sorpasso’ de Adelante Andalucía frente a Por Andalucía. La coalición de IU, Sumar y Podemos, que lideraba Antonio Maíllo, no ha tenido un buen resultado. Mantiene sus cinco escaños, pero no logra beneficiarse de la nueva caída del PSOE. No ayudó nada que la confluencia con Podemos empezara con reproches desde el primer día. 

La campaña del PSOE no fue buena. La candidata, tampoco. María Jesús Montero fue la elegida porque era la líder socialista con mayor porcentaje de conocimiento entre los votantes –un atributo que suele ser determinante en un cartel electoral–. Hoy, muchos en el PSOE andaluz lamentan no haber apostado por alguien más desconocido pero también con más recorrido, como María Márquez. Montero ha logrado el peor resultado en porcentaje de voto del PSOE en Andalucía en todas las elecciones de la historia.

El PP volverá a gobernar: con Vox. Ambos partidos siguen teniendo una mayoría muy holgada. Juanma Moreno Bonilla fue muy hábil en su campaña, que arrancó con un acto público junto a Felipe González, que se prestó a ello. Repasando los datos, municipio a municipio, Moreno Bonilla ha logrado ganar incluso en feudos socialistas históricos, como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira. 

Desde el primer día en que logró la presidencia de carambola, sin ser el más votado, Moreno Bonilla entendió que gobernaba en un territorio de izquierdas. Es la versión contraria a Emiliano García Page: un líder que juega a contracorriente de sus siglas, en un terreno complicado para su partido. Le funcionó en 2022, con su histórica mayoría absoluta del PP. Este domingo se ha quedado a solo dos escaños de repetirla. Sigue teniendo más del 40% de los votos, pero una investidura complicada por delante. Y tendrá muy difícil mantener su perfil moderado si tiene que hacer concesiones a Vox para lograr su investidura.

La estrategia de Alberto Núñez Feijóo con este redoble de elecciones autonómicas no ha funcionado. Su plan era claro: programar una elección tras otra, un mes tras otro, para debilitar al PSOE y a Pedro Sánchez: presionar para un adelanto de las elecciones generales, consolidar al PP como la única alternativa y distanciarse de Vox. No le salió en Extremadura. Tampoco en Aragón. Tampoco en Castilla y León. Tampoco en Andalucía. Feijóo cierra este ciclo electoral más débil que antes. Hoy el PP depende de la extrema derecha en todos y cada uno de los parlamentos donde se ha votado. También en Andalucía. 

Tras la enorme victoria del PP en las autonómicas de 2022 y 2023, Feijóo fracasó en las generales. En aquella inesperada victoria de Pedro Sánchez el resultado andaluz fue una de las claves: el PP se quedó muy lejos del resultado logrado en las autonómicas andaluzas. Si esto pasó en 2023, nada indica que no pueda volver a pasar en 2027. 

Hay una manera eficaz para evaluar los cambios en la vida. Recordar el pasado, pero no de año en año, sino de lustro en lustro. Dónde estabas hace cinco años, hace diez, hace quince, hace veinte... Cómo era entonces tu familia, tu trabajo, tu casa, tu vida. Quién eras entonces. Quién eres hoy.

Cuando recuerdas en lustros, y no en meses o en años, el paso del tiempo se comprende mejor. Es inevitable caer en la nostalgia, en la idealización del pasado. Pero los cambios profundos se distinguen bien.

Con los países, la escala cambia, pero el procedimiento es válido también. En vez de cinco años, cincuenta. Una medida que demuestra a las claras el éxito o el fracaso de una nación.

En el caso de España, los datos objetivos son los que son. Hay que irse a ejemplos como Taiwán o Corea del Sur para encontrar una historia de éxito tan enorme como el último medio siglo español. España era un país pobre, inculto y atrasado. Subdesarrollado para los estándares europeos. Secuestrado por una dictadura y por la moral católica. Era un convento y un cuartel.

Hoy España es uno de los países más prósperos y libres del mundo. La esperanza de vida supera los 83 años –una de las más altas del planeta–, y el nivel de desarrollo humano la sitúa entre el diez por ciento de naciones con mejores condiciones de vida. Es una democracia plural y europeísta. Tiene sanidad universal, educación pública y libertades civiles que hace medio siglo parecían inalcanzables. La renta per cápita más que duplica la media mundial y es casi 20 veces más alta que medio siglo atrás. Es un país donde las mujeres votan, deciden, gobiernan. Uno de los lugares del mundo donde amar a quien quieras o decir lo que piensas no te cuesta la cárcel.

Medio siglo ha dado para mucho. Me resulta sencillo ponerme en esa escala porque es la medida de mi vida. Nací el 20 de diciembre de 1975. Justo un mes después de la muerte de Franco. Cuando esta revista llegue a nuestros socios y socias, yo también cumpliré 50 años.

Veo las fotos de mi infancia, en un pequeño pueblo de Burgos, y me parece estar viendo otro país. Las calles de tierra, los hombres con boina, las mujeres con el negro del eterno luto. Recuerdo a mi tío Álvaro y sus historias de cuando era emigrante en Suiza. La casa de mis abuelos, con las vacas en el establo y sus madrugones todos los días del año para ordeñar y sacar el estiércol. El baño de la casa donde vivía con mis padres, que estaba en un antiguo balcón; en invierno, había que dejar el grifo levemente abierto para que las tuberías no explotaran por congelación y, algunas mañanas, allí amanecía un pequeño carámbano de hielo. Recuerdo el Citroën 2CV que compró mi madre a plazos, y su cara de felicidad cuando lo estrenó.

No ha habido, en la historia de España, una transformación mayor que la vivida en este medio siglo. No hay, en ningún momento del pasado, una etapa de mayor prosperidad. Nunca hubo un periodo mejor que celebrar. Tampoco el imperio español, salvo para quienes confunden el poder de los Austrias con el bienestar del pueblo español.

No diré que todo sea perfecto. Sin duda no lo es. Hay muchísimo por mejorar y algunos asuntos –como el acceso a la vivienda– donde hemos ido claramente para atrás. Las libertades, tan duramente conseguidas, están hoy en cuestión. Nuestra democracia es mejorable y corre el riesgo de una involución autoritaria. La prosperidad económica no ha alcanzado a todos los barrios por igual. El ascensor social sigue roto, aunque casi todos los jóvenes hoy llegan a la universidad. La memoria sigue siendo otra de las asignaturas pendientes. En parte explica por qué ofende tanto la celebración del último medio siglo en algunos sectores de la derecha: les molesta que se recuerde lo nefasta que fue la dictadura, el pésimo periodo anterior.

Nuestro presente es muy mejorable. Pero, si miras medio siglo atrás, simplemente no hay color. A ojos de un extranjero –lean, en esta misma revista, el fantástico artículo de Martín Caparrós– la transformación de España es siempre vista con admiración. Algo que cambia cuando la mirada es la propia. ¿Por qué nos cuesta tanto a los españoles reconocer los méritos de nuestro propio país? ¿Por qué tenemos la autoestima tan baja?

Como todos los traumas, para entenderlo hay que mirar al pasado; a la muy deficiente construcción nacional española. El historiador José Álvarez Junco lo explicó como nadie en una obra imprescindible: ‘Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX’. En ese ensayo, explica cómo se torció en nuestro país ese concepto progresista: la nación. Una idea revolucionaria, nacida del 1789 francés, y que transformaba al pueblo en soberano, a los súbditos en ciudadanos. De esa nación progresista –que aquí se despreció como “afrancesada”– surgió en España una mutación reaccionaria: el nacionalcatolicismo. Su idea más estúpida viene del propio hito fundacional, el 2 de mayo de 1808. Como fue el pueblo más bruto, y no los ilustrados, quien se rebeló en Madrid contra el francés, llegaron a la nefasta conclusión de que el español cuanto más analfabeto más patriota. La ignorancia, y una ensalada de falsos mitos sobre Numancia, la reconquista y el Cid, sustituyeron a un verdadero proyecto nacional con una idea de futuro para el país.

En el resto de Europa, la nación se construyó con escuelas públicas. Aquí no. El nacionalcatolicismo entregó la educación a la Iglesia, que nunca tuvo interés en educar a ciudadanos, sino a cristianos.

Miremos la historia, de cincuenta en cincuenta años, para entender cómo hemos llegado hasta aquí. En los últimos dos siglos, España perdió las colonias, vivió cuatro guerras civiles, sufrió varias dictaduras y se convirtió en la caricatura del hidalgo, del Quijote, alguien con sueños de una gloria pasada que más bien son delirios. Y así llegó España a 1975, con la nación de los ciudadanos –que no súbditos– por construir. Una patria donde quienes la celebran piensan en desfiles militares, en vez de en hospitales públicos. Para algunos de estos supuestos patriotas, es coherente llevar una pulserita rojigualda y esconder su dinero en Panamá.

En la derecha, se instaló una idea de España enfrentada a medio país –a la que de nuevo se vuelve a tachar de “antiespaña”–. Y en la izquierda, esa España excluyente provocó una reacción, un complejo, una desilusión. El modelo autonómico ha sido parte del éxito. Y al mismo tiempo, ha provocado una respuesta furibunda de quienes confunden federalismo con debilidad de la nación. Esos que tanto dicen querer España, y de apretarla tan fuerte, un día se la van a cargar.

Por eso nos cuesta tanto querernos como país. Porque durante demasiado tiempo el patriotismo fue monopolio de los reaccionarios y el rechazo a la bandera, la respuesta natural de quienes defendían la libertad. En España, el amor a la patria se confundió con el amor a la dictadura, y a la democracia le ha costado construir un relato propio. El resultado es esta paradoja: un país que ha vivido su mejor época y, sin embargo, no se la cree.

Superar esa contradicción no exige olvidar el pasado –como plantea la derecha– sino comprenderlo. Mirarlo de frente, sin miedo ni indulgencia. Recordar de dónde venimos es la única manera de saber quiénes somos. La historia de España no es solo la de sus reyes ni de sus guerras, sino también la de quienes lucharon por la libertad, la ciencia, la cultura, la justicia y la igualdad; la de las Misiones Pedagógicas, la de Ramón y Cajal, la de Rosalía de Castro, Clara Campoamor, María Moliner, Miguel Hernández y Concepción Arenal, la de Lorca, Buñuel, Machado, Pardo Bazán o Pérez Galdós. En ellos, entre otros nombres, está la verdadera herencia nacional que deberíamos reivindicar.

Medio siglo después de la muerte de Franco, este país tiene motivos de sobra para recuperar su autoestima. No la altanería hueca del nacionalismo, sino el orgullo tranquilo de quienes saben de dónde vienen y adónde quieren ir. Ese, y no otro, debería ser el verdadero patriotismo español.

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Odia al pecado, pero compadece al pecador. Con un matiz: solo cuando ese pecador sea un instrumento útil para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez (la caridad cristiana no aplica para nadie más).

El juicio de las mascarillas ha desnudado la hipocresía del PP frente a la corrupción. Es intolerable, si se trata de Ábalos y de Koldo. Es perdonable, si hablamos de Víctor de Aldama: el empresario corrupto que cobró millones gracias al ministro y su asesor. Solo por los contratos de mascarillas que están siendo juzgados se llevó 5,5 millones de euros.

Como adelanté en mi carta del sábado, el PP ha decidido rebajar su petición de pena para Aldama al mínimo posible. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo está presente en este juicio como acusación popular y ha decidido compadecerse del “jefe real” –así lo llama la UCO– de esta trama de corrupción.

El PP solicita para Aldama una rebaja de dos grados en su condena; a su juicio, ni uno solo de los delitos que cometió merece más de un año y dos meses de cárcel. Si esta rebaja se aplicara, Víctor de Aldama podría librarse de entrar en prisión.

El motivo de la generosidad del PP está a la vista de todos. Nadie lo oculta. Según el PP, Aldama debería seguir en libertad por su “colaboración con la justicia”, por su “confesión muy cualificada”. En la práctica, es la recompensa por esas mentiras groseras que soltó durante su declaración de hace unos días. Entre otras, acusar a Pedro Sánchez de ser el “número 1” de esta organización criminal, o asegurar que recaudó dinero para el PSOE. Afirmaciones para las que solo aporta su palabra, y nada más. 

Es una relación simbiótica. Las mentiras de Aldama son gasolina para la campaña de la derecha contra el Gobierno. Y esas acusaciones sin pruebas tienen una recompensa para Aldama. 

Es también un incentivo perverso. No se premia la verdad, se premia la utilidad política de la acusación. Es tan poco fiable la “confesión” que se obtiene al recompensar esta delación sin pruebas como las que conseguía la Inquisición.

Las peticiones de condena son muy relevantes en un proceso penal. La decisión última corresponde al tribunal, pero los jueces no pueden sentenciar a penas mayores que las que pidan las propias acusaciones. Y en este juicio, las acusaciones presentes solo son dos: la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que coordina el PP y donde están otras seis organizaciones más (las habituales en estos casos, como Manos Limpias, Hazte Oír o Vox).

A Víctor de Aldama la jugada le ha salido regular. El plan de su abogado era que la Fiscalía Anticorrupción también rebajara la petición de cárcel. Esa parece que era también la intención del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. De haberlo logrado, Aldama se habría ido a la cama con la seguridad de que su condena sería mínima.

Este lunes, varios medios cercanos a la derecha publicaron que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón había planteado esa rebaja a su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Pero que ésta se había negado y le habría obligado a mantener la pena de siete años que solicitó en su escrito de acusación. En su exposición final, durante el juicio, Luzón ha mantenido la petición de pena de siete años.

Alejandro Luzón ya había tomado antes otras dos decisiones polémicas y muy favorables para Aldama. 

La primera fue el 21 de noviembre de 2024: cuando le puso en libertad tras una declaración donde acusó a medio Gobierno de corrupción. Aldama estaba en prisión preventiva por otro caso, el fraude de los hidrocarburos, pero Anticorrupción le liberó por lo que contó en el caso mascarillas. Fue un cambalache muy poco habitual: que confieses en un caso y te liberen en otro. Y en aquella ocasión, Luzón ocultó esta decisión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su superior jerárquico se enteró de la noticia por la prensa.

El segundo favor a Aldama fue el 19 de noviembre de 2025. La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón consideró esa confesión de Aldama como un atenuante y le rebajó de forma considerable la petición de pena. Siete años para el corruptor, frente a los 19 años para Koldo, o los 24 años para Ábalos. Luzón tampoco consultó esa generosa rebaja con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tomó la decisión aprovechando el vacío de poder que había en ese momento en la Fiscalía. Justo al día siguiente, el 20 de noviembre, se confirmó la condena del Supremo contra García Ortiz. 

El tercer favor a Aldama –otra rebaja de pena tras el juicio que fuentes jurídicas daban por hecho– finalmente no ha podido ser. Pero no todo está perdido para este empresario corrupto. Depende ahora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su mano está aplicar esa petición de pena que ha planteado el PP para que la corrupción quede impune y Aldama no entre en prisión.

Sería un escándalo. Otro más.

“Habría que remontarse al reinado de Fernando VII”, afirma el juez Juan Carlos Peinado. Esto es “más propio de regímenes absolutistas”, escribe también. No lo hace en un artículo de opinión: se supone que son argumentos jurídicos, están en el punto segundo de sus “fundamentos de derecho”. Son parte de su obra magna, la cumbre de su carrera: el auto de 39 páginas con el que coloca a un paso del banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Han sido dos años de instrucción anómalos como pocos. No solo por la más de una decena de ocasiones en las que otros tribunales –el Supremo y la Audiencia de Madrid– han corregido o desacreditado las decisiones de este juez. También por las conclusiones a las que llega Peinado tras su ardua investigación. Estamos ante un supuesto caso de corrupción que es la definición perfecta de un oxímoron. La contradicción en los términos en su máxima expresión. 

Peinado acusa de cuatro delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación. Lo hace contra el criterio de la Fiscalía, que lleva tiempo pidiendo el archivo, y con el único apoyo de las acusaciones populares de la ultraderecha. 

Cada uno de estos delitos es un imposible en sí mismo. Son el asesinato sin muerto, el soborno sin mordida o el robo sin botín. La versión más creativa del derecho penal que se ha visto en mucho tiempo en los tribunales españoles. Y eso que hay un nivel de competición. 

1. La corrupción sin negocio

Según el juez Peinado, Begoña Gómez se dedicaba a conseguir dinero de empresas para enriquecerse. Es la base del primero de los supuestos delitos: la corrupción en los negocios.

 “La investigada fue la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal”, pone por escrito el juez. 

Es falso. Y los datos salen de la propia instrucción. 

Ese dinero de empresas privadas que conseguía Begoña Gómez iba destinado a la Universidad Complutense de Madrid. A un proyecto educativo sin ánimo de lucro: financiar una cátedra universitaria y el desarrollo de un software gratuito en apoyo a las pequeñas empresas.

Begoña Gómez no se llevaba ninguna comisión de esos ingresos. Tampoco recibió un solo euro por dirigir esa cátedra. Solo cobraba por dar clases en varios másteres, con las tarifas miserables que paga la arruinada universidad madrileña.

En una década de colaboración con la Complutense –entre 2012 y 2022– Begoña Gómez ingresó 34.314 euros en total. Ni en su mejor año llegó siquiera al Salario Mínimo Interprofesional. La Guardia Civil investigó sus cuentas bancarias de manera exhaustiva. No encontró ningún pago irregular. El fiscal fue categórico en uno de sus últimos escritos: “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado.”

Es un plan sin fisuras: usar tu enorme influencia como mujer del presidente del Gobierno para acabar dando clases por 500 euros al mes. 

2. El robo sin botín

El segundo delito es apropiación indebida. El juez Peinado calcula lo robado en más de 300.000 euros. Es el coste que tuvieron las aportaciones de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software del que Begoña Gómez se apropió, según el juez.

Es un extraño robo. Uno que no se produjo y donde no había nada de valor.

El software en cuestión era un proyecto sin ánimo de lucro. Era una herramienta digital que ayudaba a las pequeñas empresas a medir su impacto social y medioambiental para después poder acceder a ayudas públicas. Las empresas que lo usaban –llegó a estar operativo– respondían a un cuestionario interactivo y obtenían un informe con recomendaciones. 

Este software era gratuito, abierto a cualquiera que lo quisiera usar. Nunca generó un solo euro, ni tampoco había plan alguno para cobrar. 

¿Alguien sabe explicar para qué sirve robar un software así? ¿Dónde está el negocio? Peinado tampoco lo sabe. Lo habría puesto por escrito alguna vez.

Pero es que también es falsa la acusación principal: que Begoña Gómez lo tratara de robar. Nunca registró ese software a su nombre, como le acusa Peinado. Hubo un trámite inconcluso en marcha, pero fue para registrar ese desarrollo informático a nombre de la propia Universidad.

Lo que sí hizo Begoña Gómez fue registrar el nombre como marca comercial –antes siquiera de que se lanzara la cátedra–, constituir una empresa con esa denominación y poner a su nombre el dominio de la web: transformatsc.org.

Ese registro de la web costó 25 euros. Lo hizo personalmente Begoña Gómez por indicación expresa –y por escrito– de la propia universidad.

Es un robo peculiar: el botín, por ahora, va en una pérdida de 25 euros y un juicio por lo penal.

3. El tráfico sin influencia

El tercer delito –tráfico de influencias– se basa en unas cartas de recomendación. Unos escritos que Begoña Gómez firmó como directora de su cátedra, y que el empresario Carlos Barrabés presentó para lograr la adjudicación de dos contratos con la empresa pública Red.es.

Para el juez, esta es la pistola humeante –en dos años, no ha encontrado nada mejor– para demostrar una red de intercambio de ventajas donde la mujer del presidente utilizaba su influencia para beneficiarse económicamente. 

El primer problema ya lo hemos explicado: no hay beneficio económico. El dinero iba a una universidad pública.

El segundo es que tampoco hay influencia relevante. Junto a Begoña Gómez, otras 31 personas e instituciones firmaron cartas de recomendación idénticas a favor de Barrabés. Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular. 

Peinado no ha imputado al Ayuntamiento de Madrid por tráfico de influencias. Tampoco a ningún otro de los que firmaron estos documentos. Pero eso sería investigar el presunto delito, y no a la presunta culpable, como este juez parece hacer.

Hay un dato que el auto de Peinado omite: la Guardia Civil elaboró un informe al inicio de la causa que descartaba expresamente el tráfico de influencias. El juez lo ignoró. 

Además, este asunto ya ni siquiera le concierne: las adjudicaciones de Red.es a Barrabés están siendo investigadas por la Fiscalía Europea Anticorrupción, que no ha encontrado prueba alguna de que Begoña Gómez influyera en nada. Allí no está imputada: solo ha sido citada a declarar como testigo.

4. La malversación sin malversador

Aunque a Peinado le resulte increíble, no hay que irse a la mujer de Fernando VII para encontrar a una primera dama con asistentes pagados con dinero público. Absolutamente todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno han tenido uno o varios. Es una práctica consolidada en democracia.

La persona que ayudaba a Begoña Gómez se llama Cristina Álvarez. Sus funciones incluían el acompañamiento en desplazamientos y la coordinación con los equipos de protocolo y seguridad. Era un puesto de disponibilidad total, a jornada completa.

De esos siete años, la instrucción ha logrado acreditar esta dedicación a la cátedra: 21 correos en tres años, asistencia a diez actos en ocho años, y una reunión de una hora. Según los cálculos de la defensa: unas cuatro horas al año. 

Cuatro horas, de una jornada anual de 1.642 horas.

Pero el problema no solo está en si pueden ser delictivas estas gestiones para el “negocio” de ayudar a una universidad pública en proyectos sin ánimo de lucro. También a quién se acusa. 

La malversación de caudales públicos es un delito que solo puede cometer quien decide sobre ese dinero. No quien lo disfruta. Hay jurisprudencia previa que exime incluso a los funcionarios que han cobrado por un puesto que no debería existir, siempre que realmente fueran a trabajar.

¿Quién decidió que Begoña Gómez tuviera un asistente? Por esta vía, el juez Peinado intentó imputar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se contrató a esta persona. El Tribunal Supremo se negó.

A falta de malversador, Peinado ha construido una malversación circular. Begoña Gómez es responsable de un delito que no puede cometer porque no es funcionaria. Y Cristina Álvarez es cómplice de un delito que tampoco puede cometer porque no decidió el destino de su propio trabajo. Cada una es colaboradora del delito de la otra. Ninguna es autora.

Lo lógico es que Peinado hubiera archivado toda esta parte de la malversación cuando el Supremo se negó a juzgar a Bolaños. Si no hay autor material del delito, ¿cómo puede haber cómplices? Pero la lógica en el juzgado de Peinado nunca acaba de funcionar.

Al menos en este auto, el juez Peinado ha archivado el quinto delito que estaba investigando: el de “intrusismo profesional”. Acusaba a Begoña Gómez de haber firmado sin la cualificación adecuada unos pliegos técnicos para el desarrollo del famoso software, algo que hizo porque así se lo pidió expresamente la Universidad Complutense. 

Peinado archiva este delito, pero lo hace a regañadientes. Deslizando que aún así estuvo mal. Lo hace con un latinajo: “Corruptio optimi pessima”. Se traduce como “la corrupción de lo mejor es lo peor”. En este contexto: es más grave cuando quien está obligado a los más altos principios lo hace mal.

Un juez de instrucción, por ejemplo. 

La foto general no admite dudas. La derecha ha vuelto a ganar las elecciones en Castilla y León. El PP seguirá gobernando, como ocurre en esta comunidad desde hace 39 años. Lo hará con dos escaños más. Mañueco sube cuatro puntos: en gran medida, a costa de los votos huérfanos de Ciudadanos, que en 2022 aún sacó un 4,6% antes de su extinción.

Es una buena noche para el PP, pero insuficiente para gobernar en solitario: volverá a necesitar a la ultraderecha. Como ha confirmado el propio Mañueco en su primera declaración tras el escrutinio, no piensa pactar con nadie más.

En el bloque de la derecha, la sorpresa es el frenazo en el crecimiento de Vox. La ultraderecha apenas sube un punto y un escaño, por debajo de las encuestas y de sus expectativas. Se entiende mejor el parón cuando se compara este resultado con los estirones vividos en Extremadura, donde Vox había doblado sus votos, o en Aragón, donde crecieron siete escaños sobre 2023.

Hay dos razones que explican por qué Vox ha dejado de crecer: las purgas internas y la guerra de Irán. Con la expulsión de Javier Ortega Smith, ya no queda ninguna de las caras históricas del partido salvo Santiago Abascal. Y tampoco parece haberles ayudado la grave crisis internacional provocada por su gran referente, Donald Trump.

Con todo, Vox será gobierno. El PSOE será el primer partido de la oposición. Y con un dato mejor del que obtuvo en 2022: dos escaños más. Sube, en gran medida, porque se come a toda su izquierda, que se queda sin representación.

El buen resultado del PSOE en Castilla y León contrasta con el de Extremadura y el de Aragón. Por primera vez, desde las catalanas que ganó Salvador Illa, un candidato autonómico socialista mejora los datos del ciclo anterior.

Hay varios factores que explican este cambio de tendencia. Un mejor candidato: el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha dejado en las raspas al localista Soria Ya!. También un contexto más favorable para el PSOE: el ‘no a la guerra’ de Pedro Sánchez le está ayudando a reconectar con el electorado progresista. Es mejor este marco de debate que el que acompañó a los socialistas en las elecciones de Extremadura y Aragón, donde solo se habló de corrupción.

El PSOE también se ha beneficiado en estas elecciones de la inexistencia de una candidatura competitiva a su izquierda. Sí la había en Aragón, con la Chunta. Sí la había en Extremadura, con la unidad de todos esos partidos que se repelen en Madrid. No la hubo en Castilla y León.

En 2022, la lista conjunta de Podemos e IU logró el 5,1% de los votos y un solo escaño. Aquello ya fue una derrota: venían de 10 escaños en 2015, de dos en 2019. Ahora se quedan sin representación: apenas suman un 3% entre las dos.

Dentro del naufragio de los cero escaños, la lista más votada de quienes antes se presentaban en coalición volvió a ser la de IU y Sumar: un 2,24%. Mientras que Podemos apenas alcanza el 0,75%. Es la mitad de los votos que ha logrado la candidatura friki de Alvise Pérez.

La proporción entre IU y Podemos es muy similar a la que se vivió en Aragón: IU-Sumar vuelven a triplicar a los morados. Por separado, en los territorios, Podemos está muy lejos de aspirar a mantener una mínima representación. Y aunque IU mantiene mejor tono, sin Podemos en sus listas, pagan el alto precio de la división.

A diferencia de Extremadura, de Aragón, estas autonómicas no fueron consecuencia de un adelanto electoral. Simplemente tocaba votar. El PP quiso que cada una de las cuatro citas previstas –aún faltan las andaluzas– fueran por separado. Podía haberlas agrupado en un solo domingo y decidieron que no. Con este menú de cuatro platos, buscaban forzar la derrota del ‘sanchismo’ y también desgastar a Vox. Un plan genial de Alberto Núñez Feijóo que, por ahora, sigue sin carburar. Al menos en esta ocasión el PP no se ha llevado el gran chasco de Extremadura y Aragón.

En unos meses tendremos la foto final de esa estrategia electoral: unas elecciones autonómicas donde el PP puede perder una de las pocas mayorías absolutas que mantiene, la de Andalucía. Con un Vox rozando el 19% –aunque sea su techo– esa mayoría sigue estando en riesgo.

No es una sorpresa. Sabíamos que podía suceder, como pasa casi siempre con las grandes exclusivas de investigación. Cuanto más incómoda es una noticia para alguien con poder, más probable es que acabemos siendo los periodistas quienes tengamos que responder ante un tribunal.

Esta semana, el abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar después una querella penal por injurias y calumnias que sus abogados ya anuncian. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es.

Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar.

El archivo de las investigaciones preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, a pesar de que Iglesias es español, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España. 

La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, en enero de 2023, cuando nos llegó la primera pista sobre esta información. No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias, y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y también le dimos al afectado el tiempo suficiente para ofrecernos su versión. Contactamos con Julio Iglesias once días antes de publicar la primera información: ni él ni sus abogados quisieron responder. Posteriormente el cantante ha negado las acusaciones, que ahora califica de “montaje”.

Toda nuestra información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle. Volvieron a entrevistar a las mujeres, esta vez en vídeo, y aportaron nuevas fuentes. 

La demanda de conciliación de Iglesias incluye varias afirmaciones que son falsas. No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas. Tampoco es verdad, como se afirma en la demanda, que los testimonios en vídeo que difundimos correspondan a “personajes figurados” o “un montaje con actrices profesionales”. Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad. Es algo que en elDiario.es y Univision nunca ocultamos: está contado desde el primer día y así aparece también en cada vídeo. 

Julio Iglesias no solo da el primer paso para presentar una querella por lo penal contra varios de nuestros periodistas: estoy como “futuro querellado” –así se nos califica– junto a Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. También pide una indemnización económica que no detalla en la demanda. Según han publicado distintos medios, sus abogados aseguran que reclamarán 200 millones de euros por los daños y perjuicios. Esta cifra supondría el cierre por quiebra de elDiario.es. 

No es fácil enfrentarse a un proceso judicial así, por mucho que supiera que podría ocurrir, por mucho que hayamos hecho las cosas bien. No es la primera ocasión, no será la última, pero nunca te acostumbras a esta forma de presión. 

Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir. 

Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento en absoluto de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación.

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Ahora se entiende mejor el cierre de campaña del PP: con Los Meconios, Vito Quiles y ese Alberto Núñez Feijóo que no había venido a la política para insultar. 

El Partido Popular adelantó más de un año las elecciones autonómicas de Aragón para depender un poco menos de Vox. Animados con las primeras encuestas, en el PP llegaron a soñar con los 32 diputados; con un resultado tan bueno como para poder gobernar sin la extrema derecha, con los partidos minoritarios: Teruel Existe o el PAR. Otra vez más, no será así. 

Jorge Azcón hoy tiene en las Cortes 26 escaños, dos diputados menos de los que tenía antes de convocar. Vox duplica su tamaño y vuelve a tener la llave del Gobierno de Aragón. 

Hay un segundo objetivo que al PP sí le ha salido bien. Porque todo este rosario de elecciones autonómicas anticipadas también busca desnudar la debilidad del ‘sanchismo’ y de la izquierda en general. Entre el PSOE, Chunta Aragonesista e IU-Sumar tendrán solo 25 de 67 escaños. Es el mínimo histórico de la izquierda en las Cortes de Aragón. Nunca antes la derecha y la extrema derecha han sido tan fuertes en este parlamento autonómico.

Entre las tres listas a la izquierda del PSOE hay un claro ganador, Chunta Aragonesista, que dobla escaños. Otra que salva los muebles: el escaño que repite IU-Sumar. Y una tercera candidatura, la de Podemos, que no alcanza ni el 1%. En votos, siendo ambos extraparlamentarios, el partido de Alvise ha sacado casi tres veces más. 

La tendencia general se repite una vez más, igual que antes pasó en Extremadura y probablemente pasará en Andalucía o en Castilla y León. El Partido Popular está siendo extremadamente eficaz a la hora de desmovilizar a la izquierda; también está logrando un claro giro a la derecha en toda la sociedad. Pero quien más rentabiliza ese discurso catastrofista y antisistema es la extrema derecha: no Alberto Núñez Feijóo.

Hace no tanto, habría sido inimaginable que un agitador ultra como Vito Quiles fuese la gran estrella invitada del PP para cerrar una campaña electoral. Fue una jugada desesperada para pescar votos en la extrema derecha, una apuesta que se entiende mejor viendo los resultados de hoy. 

“Ha ganado el cabreo”, dicen en el PP, que en su estrategia de oposición siguen cautivos de la misma contradicción. Es el PP quien aplica los mismos criterios éticos y morales de Donald Trump, quien está crispando la vida pública, normalizando el machismo, la xenofobia y los discursos de odio. 

Para sorpresa de nadie, el principal beneficiado es Vox.

Hay investigaciones periodísticas que duran semanas. O meses. Esta nos ha llevado tres años. Es una gran exclusiva: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales.

Nunca contamos las cosas a la ligera. Y con asuntos así, menos aún. Hemos hablado directamente con estas mujeres. Las hemos entrevistado durante meses. Hemos viajado a Punta Cana, a Nassau, a Miami… para localizarlas y contrastar sus testimonios.

Dos de ellas han accedido a hablar directamente ante la cámara sobre las penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales de las que acusan a Julio Iglesias. Pero no es solo su palabra. Sus testimonios son consistentes y coinciden con otros relatos a los que hemos accedido en esta investigación. No nos hemos limitado a recoger sus acusaciones. Hemos contactado con más de una docena de extrabajadores de Julio Iglesias. Y hemos accedido a documentación, pruebas médicas y otras evidencias que respaldan los testimonios de estas mujeres.

“Me usaba casi todas las noches”, dice una de ellas. “Me sentía como un objeto, como una esclava”. Describen un ambiente de trabajo de acoso y control continuo. Y también las presiones para mantener encuentros sexuales con el cantante, su jefe, contra su voluntad. 

Hemos intentado recabar la versión de Julio Iglesias. Tiene nuestras preguntas desde hace diez días. No hay respuesta. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

No es una vieja historia del siglo pasado. Es de 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años. Son mujeres que trabajan a su servicio en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. 

No es vida privada. Hablamos de mujeres que han sufrido después secuelas por lo ocurrido. Que cuentan esto para que no vuelva a suceder. Que relatan una serie de agresiones y abusos intolerables, que distan mucho de una relación laboral normal. 

Todas ellas responden a un patrón común: son muy jóvenes, de barrios muy precarios. Mujeres vulnerables que trabajaban como internas, de sol a sol, y a las que seleccionaban por su aspecto: lo primero que pedían a quienes respondían a los anuncios de trabajo eran cinco fotografías. En el tiempo en que estaban en la mansión tenían prohibido tener novio. Durante largas temporadas ni siquiera podían salir.

El primer indicio de esta historia nos llegó en enero de 2023. Una fuente cercana a una de estas mujeres contactó con elDiario.es. Esa persona conocía nuestro trabajo. Confiaba en él. 

Nuestra redactora jefa de Cultura, Elena Cabrera, respondió a esa llamada. Y en esa primera conversación, le relató buena parte de la historia que hoy publicamos. 

Elena Cabrera me puso al corriente del testimonio de esa primera fuente poco después. Le animé a seguir esa pista, aunque confieso que en aquel momento pensaba que nunca lo podríamos publicar. Que era otra más de esas historias increíbles que todo periodista se lleva a la tumba porque no la puede contrastar. 

En 2023 solo teníamos un testimonio indirecto, de alguien que ni siquiera había trabajado allí. Era una historia tan dura que íbamos a necesitar muchísimas evidencias más. Solo encontrar a esas mujeres, de países como República Dominicana, Venezuela, Bahamas, Brasil o Colombia, iba a ser muy difícil. Y esa era solo la primera parte del trabajo. Después necesitábamos ganarnos su confianza y encontrar otras pruebas que reforzaran la solidez de sus testimonios. 

Pero Elena Cabrera tiró del hilo y lo logró. Consiguió localizar a varias de esas chicas, hablar con ellas, que confiaran en su palabra y en su honestidad. Lo que era solo una pista fue creciendo. Así que movilizamos a más periodistas de la redacción: Ana Requena, María Ramírez, Izaskun Pérez, Raquel Ejerique y Natalia Chientaroli. Y en 2025 implicamos también a un medio estadounidense, Univision Noticias, que ha colaborado con nosotros en esta investigación. 

Hemos llevado esta exclusiva con tanto secreto que buena parte de los periodistas de elDiario.es ni siquiera sabía de su existencia. Algunos días que necesitábamos grabar en la redacción mandábamos al resto de los compañeros a teletrabajar desde casa, con la excusa de que había un corte de agua. 

Han pasado tres años y hoy, al fin, estamos listos para publicar. En este tiempo hemos localizado a varias de esas mujeres. Las hemos entrevistado en numerosas ocasiones a lo largo de un año y hemos comprobado que su testimonio era consistente: que no cambiaba con el tiempo. Hemos hablado también con otras personas cercanas a estas mujeres y a las que confiaron lo sucedido en un primer momento. Sus relatos coinciden con los de otros extrabajadores de Julio Iglesias a los que hemos entrevistado y que estuvieron en esas mansiones a lo largo de las últimas décadas. Sus testimonios son coherentes, a pesar de que algunas de esas personas ni siquiera se conocen entre sí. 

Julio Iglesias es uno de los españoles más famosos en todo el mundo. Alguien con mucho dinero, con muchos contactos, con mucho poder. Detrás de una historia así no solo hay un trabajo metódico y riguroso de nuestras periodistas y los de Univision: Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. También el de dos equipos de abogados, en España y en Estados Unidos. Durante meses hemos revisado cada dato, cada palabra, cada coma. 

Nos jugamos mucho con esta exclusiva. Todo el prestigio de elDiario.es y algo más. Sabemos que nos enfrentamos a alguien que nos podría arrollar con demandas judiciales e indemnizaciones millonarias. No hemos dado este paso sin estar muy seguros de que podemos defender nuestra información. 

No es solo una cuestión de valentía, o de trabajo, o de paciencia. Podemos investigar temas así porque contamos con el apoyo de más de 115.000 socios y socias. 

Gracias por estar ahí.