La economía colaborativa está dando mucho que hablar, no solo como debate acerca de esta nueva forma de poner en común a personas para que intercambien productos o servicios, sino también acerca de la legalidad de la actividad que llevan a cabo los diversos actores de este sector y de la aplicabilidad de las normas. Como muestra, el gran revuelo que se ha formado alrededor de las multas que el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto a Airbnb y HomeAway. Si bien en nuestro país el caso más sonado es el de Uber, también han ido pasando por este proceso BlaBlaCar y las citadas 'startup' de alojamiento, entre otras.

Aunque es un tema que nunca ha dejado de estar sobre la mesa, en las últimas semanas se leen muchas noticias al respecto y, más concretamente, sobre las multas que les están imponiendo o que pretenden imponerles las administraciones locales.

No es tan extraño que esto ocurra, ya que las leyes suelen ir un paso por detrás de la realidad y, a menudo, surgen nuevas situaciones y actividades que no se encuentran reguladas y a las que se debe buscar cabida bajo el paraguas legal. En el caso de la economía colaborativa, que se basa en plataformas digitales, además, son varias las normas que, a distintos niveles, aplican: por un lado, aquella normativa que regule la actividad que se lleva a cabo a través de la plataforma, es decir, la que regula sus contenidos como tal, que variará en función del sector en el que se englobe dicha actividad; y por otro lado, la que establece el régimen al que se encuentran sujetos los negocios de internet.

En el caso que inunda las redes estos días, el de Airbnb y HomeAway, nos encontramos con que, además de serles de aplicación la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), a los contenidos que alojan estas plataformas les sería de aplicación, por el sector en el que se engloban, la normativa (autonómica) en materia de turismo.

Esta materia en concreto es competencia de las comunidades autónomas, que pueden aprobar sus propias leyes para regular dicho sector y velar por su cumplimiento, para lo cual tienen potestad sancionadora. En ejercicio de esta potestad están requiriendo (y sancionando) a Airbnb y HomeAway porque los contenidos publicados en estas dos plataformas no cumplen con determinadas obligaciones que impone la Ley de Turismo de Cataluña: en este caso, se ha detectado que algunas de las viviendas ubicadas en Cataluña (en Barcelona, en particular) no incluyen el número de inscripción en el Registro de Turismo autonómico, cuestión que es obligatoria en virtud de esta ley.

Sin embargo, el conflicto radica en el choque que existe entre la norma sectorial y la LSSI, y que plantea la siguiente cuestión: ¿corresponde a Airbnb y HomeAway el cumplimiento de esta norma y, en su caso, la comprobación de que los contenidos que publican sus usuarios se ajustan a la misma?

Revisar el contenido, ¿responsabilidad de Airbnb?

La LSSI, que deriva de una norma europea (Directiva 2000/31/CE), establece un régimen de responsabilidad especial para los prestadores de servicios de la sociedad de la información (los llamados “intermediarios”) que les exime, en principio, de responsabilidad por los contenidos que alojan. Esta exención opera siempre que estos intermediarios sean neutrales, es decir, que no intervengan en la generación de esos contenidos ni participen en ellos en forma alguna. En la medida en que no participan, no son responsables del cumplimiento (o incumplimiento) por parte de los usuarios de la plataforma.

Ahora bien, esta exención opera únicamente cuando los intermediarios no tienen “conocimiento” efectivo de la ilicitud del contenido, que se adquiere mediante una resolución o notificación del órgano competente, pero también cuando la ilicitud sea “patente y evidente por sí sola”, como sostienen los tribunales.

No obstante, lo que ocurre es que las comunidades autónomas encuadran dentro del ámbito de aplicación de sus leyes a estas plataformas, de modo que nos encontramos con una situación en la que tenemos, por un lado, una ley autonómica que en principio les sería de aplicación, y por otro una ley estatal que establece que los “intermediarios”, cuando se limitan a poner los medios técnicos para que los usuarios interactúen entre sí, no son responsables por los contenidos que alojan.

Es decir, se genera un conflicto entre la norma autonómica - por cuyo cumplimiento vela el Gobierno autonómico y, en su caso, los ayuntamientos - y la norma estatal, que deriva a su vez del derecho europeo. En el entendimiento de que estas plataformas entran dentro del ámbito de aplicación de la ley autonómica que regula este sector, las administraciones las requieren para que retiren los contenidos infractores y, además, aporten información acerca de sus usuarios, lo cual también colisionaría con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Si atendemos a la LSSI, en cambio, los verdaderamente obligados a cumplir con esta normativa son los propios usuarios de la plataforma, ya que son ellos quienes publican esos anuncios, sin intervención por parte de Airbnb, que no sería responsable por los contenidos que se limita a alojar.

Es más, Airbnb y HomeAway son intermediarios (cosa que nadie discute) y, como tal, en principio no son responsables hasta que no tengan conocimiento efectivo de la ilicitud, pero resulta que para tener tal “conocimiento efectivo” no basta con una orden genérica de retirada de contenidos presuntamente infractores. Es decir, al requerir a estas plataformas para que retiren los contenidos que no cumplen con la normativa aplicable, deberían serles identificados cuáles son exactamente los contenidos que deben retirar.

Darles una orden genérica solicitando que eliminen los anuncios que no cumplan con determinada obligación supondría imponerles la tarea de realizar búsquedas activas de hechos y de llevar a cabo una supervisión de los contenidos alojados, lo que sería contrario a la Directiva 2000/31 de la que deriva la LSSI, y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que las directivas son de obligado cumplimiento.

Al final, parece que el debate se centrará en decidir si este tipo de plataformas encaja plenamente dentro de la categoría de prestadores de servicios de alojamiento, de modo que se encontrarían sujetas al régimen de responsabilidad previsto - es decir, que no serían responsables y que, por tanto, no podrían ser sancionadas por los contenidos que alojan - o si, por el contrario, deberían tener otra consideración, esté o no regulada en la actualidad.

Lo cierto es que, como es habitual, las leyes no siempre tienen respuesta para estas nuevas situaciones, con el añadido de que en este caso nos encontramos no solo con un conflicto de normas, sino también de intereses.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Open Grid Scheduler / Grid Engine y Jimmy Harris.

Probablemente hayas escuchado alguna vez como respuesta a la pregunta de cuánto duran estos derechos de propiedad tan especiales la ya clásica coletilla de “70 años tras la muerte del autor”, computándose desde el día 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento. Sin embargo, la respuesta no debería ser tan categórica.

Nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual es fruto de numerosas directivas europeas que han armonizado en toda la Unión determinados aspectos de este asunto, como los derechos otorgados a los autores, las obras y prestaciones objeto de protección y la duración de sus derechos.

Precisamente, esta es una de las principales particularidades de los derechos de propiedad intelectual: mientras que quien adquiere la propiedad de una casa lo hace sin límite temporal, quien crea una canción, un libro o un cuadro únicamente podrá explotarla en exclusiva durante un limitado periodo de tiempo. Una vez pase dicho plazo, la obra pasará al dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquiera, debiendo respetar únicamente los derechos morales.

Sin embargo, existe la errónea percepción de que ese plazo de protección exclusivo a favor del autor es siempre “70 años tras la muerte del autor”, porque así lo dice el artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual. La propia Wikipedia expone esta cuestión de forma errónea en su entrada sobre el dominio público, al afirmar que “en España, por ejemplo, 70 años después de la muerte del autor sus obras pasan al dominio público”, citando incluso un documento disponible en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que también es impreciso.

Pero las leyes, como el buen chocolate, hay que disfrutarlas hasta el final. Si vamos a las últimas disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, vemos que hay una serie de normas que regulan qué ocurre con las obras creadas al albor de la antigua ley de 1879, es decir, antes de la aprobación de la de 1987.

Como resultado de este enjambre jurídico, para saber cuándo cae una obra en el dominio público hay que conocer quién fue el autor, en qué régimen fue creada la obra (si es colectiva o en colaboración, según se define en la Ley), cuándo murió su creador, su nacionalidad e incluso las leyes de su país de origen.

Hay algunas controversias más. Por ejemplo, en relación a la fecha de fallecimiento del autor, también a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, los plazos de protección no sólo no se han ampliado en España, sino que, al contrario, se han recortado. En nuestro país, hasta la aprobación de la reciente Ley de Propiedad Intelectual, el plazo de protección general para los autores era de toda su vida y 80 años tras su muerte. Para no perjudicarles, la nueva ley estableció que todos los autores españoles fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 seguirían disfrutando de dicho plazo, y que la nueva fórmula (70 años tras su muerte) se aplicaría para aquellos fallecidos a partir de tal fecha.

La consecuencia es que aún hoy debemos mirar a la vetusta ley de 1879 para hacer las cuentas, y que este año irán cayendo al dominio público obras de autores fallecidos en 1936, y no en 1945 como se podría pensar (antes el cómputo empezaba a contar desde la fecha de fallecimiento; tras 1987, desde el 1 de enero siguiente, para facilitar un poco las cosas).

Así, existe un repositorio de miles de obras que son de libre uso por parte de cualquiera, pudiendo reproducirse, distribuirse, transmitirse o transformarse sin tener que pedir permiso o pagar a nadie. Este año entrarán a formar parte de esta ya enorme lista autores de la talla de Ramón María del Valle-Inclán, muerto el 5 de enero de 1936, o Federico García-Lorca, fusilado a altas horas de la madrugada del 18 de agosto del mismo año.

El dominio público, desgraciadamente, está infrautilizado, ya sea por este complejo sistema o porque los ciudadanos únicamente tenemos interés por las obras más modernas. Sea como fuere, ahí tenemos todas esas obras para cuando no podemos explotar otras cuyo plazo de protección sigue vivo.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Andrea Puggioni y Wikimedia Commons

Hace unos cuantos años (dos décadas casi), cuando muchos comenzábamos a navegar por internet, la web era estática, aunque de vez en cuando encontrábamos pequeños oasis de movilidad en unos gráficos, generalmente horteras, que parecían dar vida a la página. Eran los famosos GIF. Aunque cayeron en desuso durante una década, ahora han vuelto, ya sea en su versión original o en otras un poco más modernas y de mayor calidad.

Inicialmente, los GIF se pensaron para dar movimiento a pequeños y sencillos gráficos creados por ordenador (un globo terráqueo, una arroba girando sobre sí misma…), pero rápidamente se vio su utilidad para publicar de forma sencilla un breve fragmento de vídeo, ya fuese de una película, un acontecimiento deportivo o un programa de televisión. Y, una vez más, cuando utilizamos contenidos creados o generados por otros es cuando toca decir que “con la ley hemos topado”.

Hace un par de semanas, Twitter decidió retirar un GIF animado para luego suspender la cuenta del blog que lo había compartido, Deadspin. Lo hizo porque el tuit contenía material protegido por derechos de propiedad intelectual y había recibido una reclamación de su propietario. Así, cabe hacerse dos preguntas: ¿puede una red social eliminar un GIF que alguien haya compartido y suspender su cuenta? ¿No se pueden utilizar ni tres segundos del vídeo de una película?

Las respuestas son, respectivamente, sí y no. Para empezar, una red social (o cualquier otro servicio de internet) puede y debe eliminar cualquier contenido que infrinja derechos de terceros (de cualquier tipo, incluyendo derechos de autor) y, por tanto, en teoría y en principio, no se puede coger un fragmento de un programa de televisión, un partido de futbol o una película, transformarlo en un GIF animado y subirlo a la Red.

La Ley de Propiedad Intelectual otorga derechos a cualquier autor o productor de una obra original o prestación, aclarando que cualquier utilización total o parcial requiere su autorización. Por tanto, leyendas urbanas como que la ley permite usar 10, 12 o 14 segundos de una canción o de una película son solo eso, meros bulos de internet.

Sin embargo, la realidad no es siempre blanca o negra. Las leyes de derechos de autor de Europa recogen una serie de excepciones a esta regla suprema, como la copia privada, la cita o la parodia. En virtud de estas excepciones, cuando un uso se enmarca en cualquiera de ellas, no hará falta autorización del autor y cualquier persona que cumpla estos requisitos podrá utilizar la obra en cuestión. Esa es la buena noticia. La mala es que, desgraciadamente y desde mi punto de vista, ninguno de los límites que tenemos ahora mismo en la Unión Europea podría amparar el publicar un GIF con fragmentos de películas o compartir en Vine el último gol de Cristiano Ronaldo.

La situación es diferente en Estados Unidos, donde esta serie de excepciones no están tan definidas como aquí, confiando la misión de equilibrar los intereses de unos (autores y productores) y otros (la sociedad) en el llamado 'fair use', lo que aporta más flexibilidad y, a la vez, más inseguridad respecto a qué se puede usar y qué no. Por ejemplo, un tribunal americano confirmó hace unas semanas que la actividad de escaneado de Google Books era un “uso justo”, algo difícilmente imaginable en nuestras fronteras.

El ‘fair use’ obliga a valorar en cada caso concreto los siguientes factores:

Por lo tanto, mientras en Europa la publicación de GIF de contenidos protegidos por propiedad intelectual estaría difícilmente justificada (y conllevaría que la red social pudiera eliminar el contenido en cualquier momento), los estadounidenses deben analizar cada caso concreto. Si se cumplen los requisitos del “uso justo”, el GIF permanecerá. No obstante, las redes sociales suelen ceder ante la denuncia del propietario de los derechos y de ahí que Twitter, de cuando en cuando, elimine imágenes en formato GIF y cierre las cuentas de usuarios reincidentes.

En una sociedad con servicios que no parecen entender de fronteras sería idóneo que, en temas como este, la legislación fuese si no idéntica en todos los países, al menos lo más parecida posible y acorde a la realidad social y tecnológica. Mientras tanto, por estos lares habría que solicitar autorización para compartir con tranquilidad un GIF con Yoda repartiendo sabiduría.Ahora bien, un retuit de los GIF compartidos en los perfiles oficiales de la propia película no te hará daño (ni pondrá a Twitter en tu contra).

A primera vista, podría parecer que la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado inválido el acuerdo Safe Harbor (Puerto Seguro) no afecta directamente al usuario medio de internet, pero nada más lejos de la realidad. Nuestros datos son transferidos internacionalmente todos los días, aunque no lo veamos.

A nadie le sorprenderá, ya que muchas de las empresas que prestan servicios a través de la Red tienen su sede principal en Estados Unidos. Los usuarios acceden a su correo electrónico, buscan contenidos, contactan a través de sistemas de mensajería instantánea con sus compañeros, se registran en redes sociales... Y todo ello, muchas veces, sin tener en cuenta a dónde van a viajar los datos que introducen, o las consecuencias que puede tener para sus derechos.

Facebook, Google Apps o Dropbox son solo algunos ejemplos de servicios prestados por empresas con sede en el extranjero que utilizan ciudadanos, administraciones públicas y multitud de empresas europeas en el día a día de su actividad. Los datos que facilitan, una vez introducidos, llegarán hasta los servidores situados en Estados Unidos, donde serán procesados y almacenados. Posteriormente, tal vez llegue a replicarse su contenido en servidores situados en terceros países de los que no tenemos conocimiento.

El usuario suele ser indiferente a este proceso. Lo importante es que el servicio se preste correctamente y sea sencillo de utilizar. Aunque por parte de los poderes públicos se intenta que los usuarios tengan que dar su consentimiento informado, lo cierto es que, en la práctica, la información sobre dónde van a tratarse sus datos y si se van a transferir es directamente ignorada (eso, si llega a estar indicada a la hora de darse de alta en algún servicio). La famosa 'nube' y el almacenamiento redundante en lugares geográficamente separados son circunstancias que hacen que estas transferencias de datos hacia otros países se produzcan cada vez más.

La normativa europea contempla la posibilidad de realizar transferencias internacionales de datos durante la prestación de un servicio de este tipo, pero exige para ello una serie de requisitos que pueden dificultar su realización. Así, la Ley Orgánica de Protección de Datos requiere como norma general la previa autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos, una autorización que puede tardar en conceder alrededor de tres meses.

Afortunadamente para las empresas estadounidenses, se contemplan una serie de excepciones que permiten el movimiento internacional de datos sin necesidad de solicitar y esperar a obtener dicha autorización. Dentro de ellas se incluye la existencia de una declaración de la Comisión de que se garantiza un nivel de protección adecuado, que es el objeto del acuerdo de Puerto Seguro.

¿Qué es el acuerdo Safe Harbor?

El acuerdo Safe Harbor es la solución a la que se llegó para facilitar la transferencia internacional de datos hacia las sedes del gran número de empresas tecnológicas situadas en Estados Unidos. Dada la dificultad de conseguir garantías de protección de datos personales a nivel general, se optó por establecer una serie de principios a los que las empresas interesadas se podían adherir voluntariamente si lo estimaban oportuno. Así, declaraban bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones con las que, se supone, los datos personales se protegían de una forma equivalente a como se hace en Europa.

El problema surge cuando, tal y como señaló el TJUE en esta sentencia, nos damos cuenta de que este acuerdo de Puerto Seguro obliga a las empresas que voluntariamente se acojan a él, pero no a las autoridades estadounidenses. Estas pueden seguir ejerciendo sus competencias en base a las leyes de seguridad nacional con que cuentan en su país, que pueden llegar a arrollar las garantías que los usuarios obtienen teóricamente gracias al Puerto Seguro.

Y llegó Max Schrems

¿Cuánta información almacena Facebook de cada uno de sus usuarios? En el caso de Max Schrems, fueron un total de 1.200 páginas las que recibió tras solicitar acceso a esos datos, que correspondían a su actividad a lo largo de los tres años que llevaba en la red social.

Una recopilación de la gente que había añadido a su lista de amigos, aquellos que había eliminado de dicha lista, sus mensajes personales o incluso los eventos a los que había acudido formaban parte de esa información con la que Facebook podría crear un perfil completo. Lo alarmante de lo almacenado por la red social es que se incluían incluso aquellos mensajes que Schrems había eliminado, que permanecían almacenados y accesibles en los servidores.

Tras las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia masiva llevada a cabo por la NSA, Schrems entendió que esa gran cantidad de información no quedaba protegida de manera eficaz una vez almacenada en los servidores de Estados Unidos. Las leyes de seguridad nacional estadounidenses permiten el acceso a los datos sin que sus titulares pudieran acudir a un procedimiento judicial adecuado en el que se garantizaran sus derechos. Así, Schrems optó por denunciar esta presunta infracción ante la autoridad irlandesa de protección de datos, esperando que el organismo se pronunciara sobre si se garantizaba efectivamente la protección de los datos de una forma más o menos equivalente a la europea.

La sorpresa vino cuando la autoridad de control irlandesa rechazó la petición de Schrems y afirmó que no iba a emprender acción alguna pese a los indicios de posibles vulneraciones por parte de la NSA.

No conforme con esta decisión, Schrems acudió a la vía judicial, consiguiendo que el asunto llegase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente ha declarado inválido el acuerdo de Puerto Seguro.

¿A quién va a afectar?

Al tratar este tema es sencillo pensar que esta sentencia solo afectará a las grandes tecnológicas anteriormente mencionadas, pero la realidad es muy distinta. Existen multitud de empresas que utilizan prestadores de servicios (de alojamiento, de computación en la nube...) fuera del territorio de la Unión Europea, y que una vez declarado inválido el acuerdo de Safe Harbor no cuentan con una excepción que les permita su uso. Y, lo que es más grave, contamos incluso con administraciones públicas que han recurrido a esta opción, y que tal vez todavía desconozcan cómo actuar ante un caso así.

Un precio razonable por suscripción, el gran número de competidores y la falsa apariencia de seguridad de nuestros datos eran circunstancias que hacían atractivo hasta ahora contratar con un prestador de Estados Unidos. Múltiples guías legales recomendaban buscar una empresa adherida al acuerdo de Puerto Seguro, pero estas recomendaciones ya no son válidas. Ahora, tras esta sentencia, las compañías deberán repensar cómo prestar sus servicios y si acudir a empresas de otros territorios es la mejor opción.

¿Cuántas empresas cuentan con un blog alojado en los Estados Unidos? No son pocas las que tienen servidores en exclusiva, almacenando también sus correos electrónicos, calendarios, y multitud de información sobre su actividad. Muchas veces se le da poca importancia por mero desconocimiento, al pensar que no se tratan datos personales.

Es ahí donde los ciudadanos se verán más afectados por este terremoto. Safe Harbor tiene ya poco de seguro y ahora todo es incertidumbre respecto a lo que pasará con la información personal que siguen almacenando los servicios estadounidenses.

Las grandes empresas con base tecnológica como Amazon, Google o Facebook llevan ya un tiempo trabajando en ‘data centers’ situados en territorio europeo, lo cual les permitirá cumplir con las obligaciones relativas al tratamiento de datos personales, al menos sobre el papel. Lo que sí parece es que el usuario no va a notar una interrupción de los servicios más conocidos, como era de esperar.

Los ciudadanos también se verán beneficiados con el refuerzo de las competencias de las autoridades nacionales de protección de datos, ya que la sentencia obliga a la autoridad irlandesa a examinar la reclamación de Schrems y podrá decidir la suspensión de la transferencia de los datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos.

Así, ahora se podrá acudir a la autoridad correspondiente y denunciar los hechos sin que sus potestades queden limitadas por un acuerdo como el anulado. Se abre de manera efectiva una nueva puerta para el ejercicio de estos derechos, dado que podrá denunciarse y pedir la suspensión de la actividad si se sospecha de un cumplimiento defectuoso de los niveles de seguridad que marca la ley.

De esta forma se pone, por fin, un poco de orden en la protección de datos por parte de las compañías de servicios. Las estadounidenses siempre habían jugado con una importante ventaja, al no contar con controles tan férreos como los que soportan los europeos. El mercado europeo es atractivo, pero si se quieren ofrecer servicios a sus ciudadanos debería ser en todo caso cumpliendo las garantías de nuestro ordenamiento.

Dicho esto, el problema es que en la práctica habrá que ver si, por el mero hecho de que se afirme que los datos no son transferidos internacionalmente y son tratados en Europa, se garantizan los derechos de los ciudadanos. A la vista del proceso en que Microsoft se encuentra actualmente inmerso sobre acceso por parte del Gobierno de los Estados Unidos a correos electrónicos que, según la empresa, se encuentran en servidores de Irlanda, no parece que la Administración americana tenga intención de restringir sus actuaciones cuando de empresas con sede en su país se trate.

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Las imágenes son propiedad, por orden de aparición, de Wikimedia Commons (y 2), Intel Free Press, greensefa y Marco Paköeningrat

Aunque el primer informe de la OCDE sobre tecnología en el aula indica que disponer de más ordenadores y hacer un uso más extenso de ellos no mejora automáticamente los resultados escolares (de hecho, al parecer, sucede todo lo contrario), es incuestionable que hoy en día hay mucha tecnología en los colegios, ya sea la que aporta el propio centro o la que lleva de casa el estudiante con su recién estrenado teléfono inteligente.  

El uso de estas herramientas conlleva una serie de interrogantes legales que afectan a los centros educativos, a los alumnos y, sobre todo, a la privacidad de todos ellos.

Obras de teatro y otras celebraciones

Sin lugar a dudas, un colegio celebrará durante el año actos públicos con la participación de los estudiantes para que los familiares asistan. ¿Puede el colegio grabarlos en vídeo para la posteridad? Sí, siempre y cuando cuente con el consentimiento de los padres. No hay que olvidar que la imagen es un dato de carácter personal. En este caso, además, se trata de la imagen de un menor de edad.

Si un padre no quiere que graben a su hijo, aunque el resto no se oponga, estaremos ante una situación compleja en la que el niño en cuestión podría quedar fuera de la participación en la obra. No obstante, debería tenerse muy en cuenta el caso particular, el tipo de obra, su finalidad y el ámbito de difusión, entre otras cosas.

Por otro lado, el curso pasado dio mucho que hablar un caso sobre el uso de YouTube en las aulas. Una profesora de inglés puso como ejercicio a sus alumnos que se grabaran para valorar su pronunciación y subieran luego el vídeo a YouTube, en lugar de entregarlo en el típico formato físico. Por tanto, un dato de carácter personal se estaba compartiendo en un servicio de terceros y con dudas sobre el consentimiento otorgado por los alumnos.

El caso llegó a la Agencia Española de Protección de Datos y ésta indicó que, si bien hay formatos más adecuados para conciliar la protección de datos personales de menores y la tarea académica, la actuación no era sancionable.

Los blogs de los alumnos

Cada día es más habitual que los colegios usen blogs para comunicar a los padres el día a día de sus hijos y las diferentes actividades que realizan. Blogs que incluirán normalmente fotografías de los menores, así que estamos nuevamente ante un dato de carácter personal.

Es algo que puede hacerse, siempre y cuando se disponga del correspondiente consentimiento de las personas afectadas, los padres, y se realice previa identificación del usuario que accede al contenido para personalizar la comunicación. Es decir, no sería ideal que los blogs se publicaran en abierto, para todo el mundo. Se debería acceder a ellos mediante usuario y contraseña, segmentando en todo lo posible la información que se muestra por grupos, cursos o etapas.

En el caso de los blogs creados por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), es interesante lo que dictaminó en 2013 la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) en cuanto a su responsabilidad en la gestión de sus blogs relativos a los diferentes jardines de infancia de un municipio. Según el organismo, la responsabilidad es del AMPA, no del ayuntamiento o la concesionaria.

Un correo electrónico para cada niño

Digamos que el colegio, en el marco de un programa para promover el uso de las nuevas tecnologías, crea un correo electrónico para cada uno de los usuarios menores de edad. ¿Haría falta el consentimiento de los padres? Si estamos antes menores de 14 años y el correo electrónico se puede utilizar con finalidades que van más allá de la puramente académica, sí es necesario.

En el caso de usuarios menores de 14 años que crean una cuenta de correo electrónico en el marco de la actividad docente y específicamente para esa finalidad, el día a día del colegio, en principio no haría falta.

El correo electrónico en el ámbito educativo da bastante juego. Por ejemplo, cabría preguntarse si se puede proporcionar la dirección de correo electrónico del docente a los padres que lo soliciten. Obviamente, se puede, y además no es necesario el consentimiento del profesor (siempre pensando que se pide para conocer la evolución del alumno).

En cuanto a la situación inversa, la del docente que le pide al alumno menor de edad la dirección de correo electrónico de sus padres, lo cierto es que sería necesario el consentimiento de los progenitores. Con una excepción: que la dirección de 'email' resulte necesaria para completar la capacidad del menor de edad. De ahí que se requiera el correo electrónico de los padres para solicitar ese consentimiento.

En este ámbito, la Guía Básica de Protección de Datos para los Centros Educativos de la APDCAT procura despejar la mayoría de las dudas.

Trabajo en equipo

No hay mejor herramienta para hacer buen trabajo en equipo, entre los propios alumnos y entre profesores y estudiantes, que una intranet: una red privada a la que se accede mediante usuario y contraseña y cuyo contenido no es visible para el resto del mundo.

El problema aquí radica en que, dado el coste de montar una intranet propia, en general, se recurre a servicios de terceros que, a cambio de una suscripción mensual, facilitan servicios de gran calidad y a un precio razonable. Servicios como Google Apps para Educación, Edmodo, Schoology o Edoome, entre muchos otros.

Un punto importante a este respecto es la ubicación de los datos personales que se incorporan al servicio. Si no tenemos en cuenta lo establecido en los términos y condiciones, es posible que sin darnos cuenta estemos abriendo un canal por el que estudiantes y profesores estén proporcionando su información personal mucho más allá del territorio español. La llamada “transferencia internacional de datos”, técnicamente hablando. Algo que puede ser muy problemático si el servicio que recopila esos datos y el país en que los almacena no proporcionan un nivel de garantías equivalente al europeo en materia de protección de datos.

Por curiosidad, ¿dónde alojan los servicios comentados los datos que recopilan? Google Apps en Estados Unidos, si bien es cierto que la multinacional está adherida al Acuerdo de Puerto Seguro, un pacto entre la Unión Europea y la potencia norteamericana que en principio garantiza su cumplimiento en materia de protección de datos de acuerdo a la normativa del Viejo Continente. Edmodo también los almacena en EE.UU. y también está adherido al Acuerdo de Puerto Seguro. Lo mismo sucede con Schoology o CourseSites. En Edoome resulta imposible descubrirlo, ya que el enlace a sus Términos y Condiciones está roto.  

En todo caso, existen alternativas nacionales que en principio no deberían presentar este inconveniente, como por ejemplo RedAlumnos.

Un móvil en cada bolsillo

He aquí un tema peliagudo, y cada día más presente, relativo a si puede el director o el profesor de un colegio revisar el contenido del móvil de un alumno. La regla general es que no, que requiere el consentimiento de sus padres en el caso de un menor de edad o el consentimiento del propio alumno si es mayor de 14 años. Sin embargo, como no hay derecho absoluto, y el derecho a la protección de datos no es ilimitado, debe valorarse en cada caso concreto qué derechos están colisionando.

De ese análisis podría entenderse que un centro escolar sí puede acceder al teléfono del menor sin consentimiento de sus padres. Sería, por ejemplo, el caso que llegó no hace mucho hasta la Audiencia Nacional, que estimó correcta la actuación del director del colegio porque los derechos de los otros menores se anteponían a la protección de datos del menor cuyo móvil había sido revisado.

Con móvil o sin él, en la función navideña o a través del blog del profesor, lo cierto es que la tecnología ha entrado en los colegios y lo ha hecho para quedarse. En estos primeros momentos, habrá que andarse con pies de plomo para hacer un uso intensivo, eficiente y legal de las nuevas tecnologías en el entorno educativo.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de Startup Stock Photos, USAG, Steve Jonhson e Intel Free Press

A estas alturas, a nadie le extraña escuchar a algún conocido contando su experiencia con ‘apps’ de citas del tipo Tinder o Grindr o que los medios de comunicación traten con normalidad estos temas. Un claro ejemplo de ello es el eco que tuvo la reciente filtración de datos de los usuarios de la conocida plataforma de ‘dating’ Ashley Madison. El ligue ‘online’ es tan habitual que para las nuevas generaciones empieza a ser lo más común.

El hecho de que el primer contacto con un posible ligue se dé a través de estas plataformas puede dar pie a que alguna de las partes engañe a la otra escudándose en el anonimato inicial que ofrece una pantalla de ordenador, teléfono o tableta.

Puede llegar a darse el caso de que un usuario mienta respecto a su edad y alguien termine manteniendo relaciones sexuales con un menor. Si la persona engañada no tenía conocimiento de la edad, ¿estaría cometiendo un delito? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de la aplicación ‘online’ por permitir que los menores utilicen su plataforma?

En Estados Unidos, por ejemplo, se han dado varios casos de este tipo. El sentido común nos puede llevar a pensar que, como había mediado engaño en la edad, nadie debería ser considerado culpable. Sin embargo, lo cierto es que los tribunales estadounidenses han fallado justo en el sentido contrario en al menos un par de casos.

Así le ha sucedido, por ejemplo, a un joven de 19 años de Indiana que conoció a través de la ‘app’ Hot or Not a una chica que decía tener 17 años, pero que en realidad tenía 14, y con la que mantuvo relaciones sexuales. Pues bien, incluso habiendo declarado la chica en el juicio que había engañado con su edad al joven y que la relación había sido consentida, este fue declarado culpable. Entre las penas impuestas, la de cárcel y la de ser incluido en el registro de delincuentes sexuales, que es público y en el que debería permanecer durante 25 años.

Otro caso reciente es el de un profesor que conoció a un joven a través de Grindr. Esta aplicación establece como edad mínima para ser utilizada 18 años, por lo tanto, al contactar con alguien a través de la misma se presupone que la otra persona ha de ser mayor de edad. El profesor también fue declarado culpable por mantener relaciones sexuales con el menor (en realidad tenía 15 años), a pesar de que, como puso de manifiesto la propia jueza, fue el joven el que incitó a mantener dichas relaciones aprovechando su excepcional altura para aparentar la mayoría de edad.

¿Qué sucedería en España?

En cuanto a lo que supondría uno de estos casos en nuestro país, hay que tener en cuenta que en la última reforma del Código Penal se elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. Esto quiere decir que, a priori, cualquier persona que mantenga una relación sexual con un menor de 16 años será responsable de un delito de abuso sexual que lleva aparejada una pena de prisión de dos a seis años.

Por lo tanto, el principal problema lo encontramos cuando el menor miente sobre su edad y resulta estar por debajo de los 16, ya que automáticamente se está cometiendo un delito. Si tiene 16 o 17 años, a pesar de ser menor, la relación no sería delictiva siempre y cuando medie consentimiento.

No obstante, no podemos perder de vista que la finalidad de esta norma penal es defender a un menor de edad ante un abuso sexual, es decir, proteger a quien no está completamente desarrollado ni física ni psicológicamente de alguien que quiere abusar de él sirviéndose de cualquier argucia.

Pero, ¿y si realmente no ha existido intención de abuso, existía consentimiento por ambas partes y se desconocía que se estaba ante un menor de 16 años porque había indicado una edad distinta a la real? ¿Sigue siendo delictivo?

Para responder a esto habría que analizar el caso concreto, puesto que toda circunstancia, por pequeña que pueda parecer, puede matizar la responsabilidad. No obstante, será la valoración por parte de expertos de varios aspectos del menor, como su desarrollo antropológico – su aspecto, altura, anchura del esqueleto -, su desarrollo intelectual y su desarrollo psicológico, lo que determinará si realmente era difícil sospechar que su edad era inferior a la indicada.

¿Y la aplicación?

Más allá de la responsabilidad del mayor de edad engañado, cabría preguntarse si la plataforma en cuestión tendría parte de culpa al permitir que los menores de edad accedan a la ‘app’.

Sin ir más lejos, Tinder establece como edad mínima para su utilización los 13 años, aunque lo cierto es que se remite a las leyes del lugar donde se vaya a utilizar la aplicación cuando se accede desde fuera de Estados Unidos. Además, para hacer uso de la plataforma, el usuario tiene que asegurar que nunca ha sido condenado por un delito grave y que no consta en ninguno de los registros de delincuentes sexuales.

Asimismo, el usuario garantiza con el simple hecho de darse de alta que toda la información proporcionada para la creación de la cuenta, incluida la de Facebook, es exacta y veraz, y que en caso de que alguno de los datos proporcionados quedara obsoleto, se compromete a su actualización.

No obstante, en repetidas ocasiones y en diversos apartados de los términos de uso, la empresa hace expresamente un descargo de responsabilidades de todo tipo de acto que se lleve a cabo desde su plataforma o que tenga origen en la misma.

Por lo tanto, debido a que cada una de estas 'apps' impone sus propias normas y condiciones de uso, habría que acudir a sus términos para saber qué es lo que está permitido y lo que no, y así conocer hasta dónde alcanza su responsabilidad y dónde empieza la del usuario, haya leído o no las condiciones del contrato que firmó al darse de alta en el servicio.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Denis Bocquet, Hot or Not y Tinder

El cambio de color de la copa de Liturgo nos ha fascinado durante generaciones. ¿Cómo puede ser que este objeto, que tiene 1600 años, se vea de color verde con luz reflejada y de color rojo rubí con luz transmitida? Este efecto óptico se debe a la presencia en el cristal de minúsculas partículas de una aleación de oro y plata. No está claro si los romanos fueron capaces de pulverizar partículas de 50 nanómetros de esos metales preciosos para fundirlas con el vidrio, inaugurando así lo que actualmente se conoce como nanotecnología, o si fue una simple casualidad.

Lo que sí sabemos es que la materia, cuando está por debajo de determinado tamaño, cambia sus propiedades (magnéticas, eléctricas, ópticas...) y puede ser manipulada para crear nuevos materiales. El oro, por ejemplo, al interactuar con la luz y en función del tamaño de las partículas, pasa de ser un elemento inerte, inflexible y amarillo a ser líquido y rojizo.

El físico Richard Feynman, que recibió el premio Nobel en 1965 por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, fue el primero en hacer referencia a las enormes posibilidades de la nanotecnología en el célebre discurso que pronunció en Caltech en diciembre de 1959, titulado 'There’s plenty of room at the bottom. An invitation to enter a new field of physics' (“Hay mucho espacio al fondo. Una invitación a adentrarse en un nuevo campo de la física”).

Las ideas de Feynman no se pudieron en práctica hasta que se inventó en 1981 el microscopio de efecto túnel, que permitía observar materiales a escala atómica sin llegar a tocarlos (mediante el movimiento de una aguja que deja escapar electrones y reproduce así su topografía), abriendo con ello también la posibilidad de ver y manipular átomos y moléculas.

La nanotecnología es multidisciplinar y comprende áreas como biología, química, física, ciencia de materiales o ingeniería. Tiene una importancia creciente en campos como la electroinformática (nanotubos y nanocinturones para la fabricación de chips), la cosmética (nanopartículas para la producción de bloqueadores solares u otros productos), la agricultura (nanosensores para la detección de patógenos o contaminantes), la medicina (desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico o tratamientos terapéuticos más efectivos dirigidos específicamente a tejidos y órganos dañados) o el sector textil (ropa que repele las manchas y la suciedad).

Nanotecnología y propiedad intelectual

Se prevé que las industrias relacionadas con la nanotecnología alcancen una facturación global de más de 75.000 millones de dólares en cinco años, y algunos materiales como el grafeno están generando grandes expectativas por sus casi 'milagrosas' cualidades (alta conductividad eléctrica y térmica, transparencia, ligereza, flexibilidad y resistencia).

Entrando en los asuntos jurídicos, lo primero que cabe plantearse es si se puede patentar un desarrollo relacionado con la nanotecnología. Como se explica en este artículo publicado en de la web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la situación es compleja. La regla general es que el tamaño por sí solo no es una condición suficiente para establecer la novedad de un invento, aunque existen excepciones cuando las invenciones a nanoescala presentan propiedades que, en cierta medida, son diferentes de las que se encuentran a escala mayor en el estado de la técnica.

Además de demostrar la novedad, una solicitud de patente de nanotecnología debe superar la prueba de la no evidencia. Una invención se considerará evidente si miniaturiza elementos conocidos, cumple la misma función y no aporta más de lo que cabría esperar por la reducción de tamaño. Por el contrario, se considera que una tecnología no es evidente cuando produce resultados nuevos e inesperados o cumple funciones anteriormente no reconocidas que resuelven un problema técnico relacionado con el estado de la técnica.

Otra opción sería intentar utilizar la normativa de 'copyright' para proteger estos avances. Según nuestra ley pueden ser “objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. Para cumplir con dichos requisitos tendríamos que fijar un trabajo con un cierto grado de originalidad en un nanosoporte y que este fuera considerado una obra literaria (¿un programa de ordenador?) o artística (¿una escultura o trabajo arquitectónico?)

Cuestiones de salud y ética

Los principales riesgos para la salud que presenta la nanotecnología son, por un lado, que los efectos adversos de estos desarrollos no se ven inmediatamente sino pasados unos años; y, por otro, que la mayoría de pruebas de toxicidad se realiza en animales y no en humanos. Desde una perspectiva legal, en España se exonera de responsabilidad civil al fabricante que ignora las consecuencias negativas de su producto cuando lo saca al mercado, siempre que pueda acreditar que, conforme al avance de la ciencia, en aquel momento no era posible conocer los riesgos asociados.

Existen también interrogantes éticos, como los que se plantean en torno a los usos militares de la nanotecnología o los problemas morales que se pueden presentar cuando la utilización de nanoimplantes en el cerebro afecte a la identidad de las personas o sirva para aumentar sus capacidades cognitivas por encima de lo que se podrían considerar niveles normales o más allá de lo que requiere su uso médico para sanar deficiencias (como proponen el transhumanismo y otras corrientes).

¿Debemos entonces aprobar una legislación específica para la nanotecnología? Coincidiendo con la tesis que defiende Adam Thierer en uno de sus libros, creo que actualmente no es necesaria una normativa 'ad hoc' para regular esta materia. Es muy difícil que esta norma se pudiera adaptar adecuadamente a una realidad tan novedosa. Parece más sensato recurrir a una regulación específica solo cuando sea necesaria, siempre después de evaluar otras alternativas y el impacto que tendría dicha legislación.

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Las imágenes que aparecen en este artículo, por orden de aparición, son propiedad de EFE y Wikipedia (y 2)

La propiedad intelectual es tan compleja que a veces puede llevar a situaciones esperpénticas, como la polémica que protagonizó el verano pasado el 'selfie' de un mono o “la piratería más pequeña de la historia” que nos sorprendió a principios de este año.

Los casos estrambóticos no cesan en esta materia. La obra de Richard Prince, un artista plástico norteamericano, es célebre por intentar llevar al extremo las leyes de derechos de autor. Sus trabajos suelen plantear cuestiones en materia de autoría, como la reciente exposición 'New Portraits', para la que tomó imágenes de usuarios de Instagram y las reprodujo en gran formato, añadiendo determinada información (el nombre del usuario, su foto de perfil, número de 'likes' y comentarios de otros usuarios y del propio Prince). El autor considera que esta utilización se ajusta a los límites del 'fair use', una doctrina anglosajona (inexistente en nuestra ley) que permite la explotación de obras ajenas si se cumplen determinados requisitos.

Cada una de estas fotografías salió a la venta por 90.000 dólares (algo más de 80.000 euros), lo que provocó la indignación de algunos de los retratados, como Selena Mooney, que decidió vender la misma obra - básicamente, una foto suya con unas cuantas adiciones - por 90 dólares (unos 82 euros).

En este caso parece haber de todo. El artista utiliza imágenes ajenas para crear su obra (aunque podría estar legitimado por el 'fair use') y la protagonista de una de las piezas se rebela plagiando a Prince, de tal forma que parece vulnerar sus derechos de autor. Curiosa paradoja: la foto original es de la chica, pero es ella quien podría estar contraviniendo las leyes. Tanto intercambio sin autorización deja en el aire una pregunta: ¿puede alguien infringir sus propios derechos de propiedad intelectual?

¿Legal o ilegal?

Los autores de obras originales y creativas tienen, en principio, todos los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas. Ostentan, por una parte, derechos morales (derecho de paternidad, integridad, etc.); y por otra, derechos de explotación (de contenido patrimonial, para controlar cualquier reproducción, distribución, etc.). Estos últimos son susceptibles de cesión, al contrario de lo que sucede con los primeros. Así, al ceder estos derechos, el autor de una obra puede perder la posibilidad de explotarla.

En el caso de Richard Prince intervienen varios factores. En primer lugar, el artista debe utilizar las fotografías de los usuarios de Instagram con su autorización (al menos en nuestro país), ya sea expresa o porque las hayan publicado en internet con alguna licencia libre. En Estados Unidos, el 'fair use' cambia las cosas.

Por otra parte, habría que determinar si la obra de este autor es original o no (la ley solo protege las obras originales), algo que resulta dudoso porque únicamente le ha añadido algunos elementos y comentarios y la ha reproducido en gran formato. Si consideramos que no es original, simplemente estaría desprotegida y cualquiera podría explotarla, incluida la chica de la foto.

¿Hay plagio?

Curiosamente, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual no aparece ni una sola vez la palabra “plagio” (aunque sí en el Código Penal), si bien el Tribunal Supremo se ha encargado de definir este concepto, concluyendo que “por plagio hay que entender todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial”. Por tanto, si para plagiar hay que copiar creaciones de otros, parece que no es posible plagiarse a uno mismo.

Pero, ¿puedo infringir derechos de propiedad intelectual al explotar mi propia obra? Eso sí, y sería relativamente frecuente si cedes los derechos de tu obra (un libro, un guion, una canción…) a un tercero (generalmente, a cambio de dinero), y posteriormente utilizas de nuevo tu creación sin su permiso. En ese caso estarías infringiendo los derechos de explotación de tu propia obra, de los cuales ya no eres titular. Solo te corresponden sus derechos morales.

Aunque las preguntas parecían similares, las respuestas han resultado ser contrarias. Al final, lo único que está realmente claro es que la propiedad intelectual es tan compleja como la propia creación artística.

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Las imágenes de este artículo son propiedad Richard Prince.

“Di poco y dilo bien”. Así reza un popular proverbio irlandés, y sin embargo, no es precisamente una de las virtudes de los términos y condiciones, que tienen la mala costumbre de decir mucho y pocas veces de la forma más clara.

Esta historia tiene a varias docenas de esos términos y condiciones como protagonistas, pero también a cientos de millones de datos personales. El escenario es una isla (no tan) remota cuyo antiguo nombre, Ériu, evoca relatos de fantasía. Ahora, en pleno siglo XXI, es identificada como una de las mayores guardianas del oro de nuestros tiempos. Hablamos de Irlanda y de la información personal.  

Irlanda está repleta de delegaciones de multinacionales estadounidenses, en especial las relacionadas con la tecnología y los grandes volúmenes de datos. Día sí y día también, el nuevo servicio de moda en internet abre allí oficina o cambia sus condiciones legales para hacer que sus usuarios no residentes en Estados Unidos contraten con la delegación irlandesa. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene Irlanda, sobre todo legalmente, que resulta tan atractiva para esas compañías? La respuesta incluye tres factores: personal cualificado, grandes ventajas fiscales y suaves exigencias en materia de protección de datos.

Irlanda dispone de mucho personal cualificado. Tantos años con empresas de alto perfil tecnológico crearon necesidades en recursos humanos que poco a poco se fueron cubriendo, y hoy en día, eso ha dado lugar a un 'pool' de talento profesional muy considerable y apreciado.

En relación a la vertiente fiscal, el origen debe buscarse a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, el gobierno irlandés quería reverdecer el país. Por ello reinvirtió parte de los fondos proporcionados por EE.UU. como ayuda, contratando a un grupo de consultores norteamericanos que analizaron la situación económica. Aquel informe comenzaba con una frase que, hoy en día, es bastante famosa: “En la economía irlandesa, el ganado es el rey”.

Una de las propuestas del informe fue que Irlanda, siguiendo el ejemplo de Puerto Rico, redujera los impuestos aplicables a sociedades para atraer a las multinacionales. El gobierno irlandés vio en ello una reforma interesante y, poco a poco, se puso manos a la obra.

Con el tiempo, esa idea comienza a coger forma y a atraer a grandes empresas. Por ejemplo, Apple crea allí su subsidiaria en 1980. Sin embargo, no sería hasta finales de los 90 cuando Irlanda se convirtió en el (casi) paraíso fiscal que conocemoscasi. Fue entonces cuando su impuesto de sociedades pasó del 40% de 1990 a un muy escaso 12,5% en 2003 (y así hasta hoy). Un descenso continuado que ha ido a más en casos particulares, lo que ha llevado al inicio de investigaciones y varios cambios normativos. Con todo, la situación fiscal de Irlanda sigue siendo uno de sus mayores atractivos.

Finalmente, Irlanda tiene el reclamo de su (escasa) protección de datos. Solo este año, empresas como Etsy, Twitter, Dropbox o Zynga han cambiado sus términos y condiciones para indicar que los usuarios no residentes en Estados Unidos contratan con su (nueva) delegación en Irlanda. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Algunos argumentan que se trata de alejar a dichos usuarios del control que pueda ejercer la NSA, pero también podría ser un intento por mejorar la adecuación a la normativa europea y protegerse ante una eventual suspensión del Acuerdo de Puerto Seguro. No es ilógico. Sin embargo, es probable que la verdadera causa sea un poco más compleja.

Históricamente, la agencia de protección de datos irlandesa ha sido acusada de ser poco estricta. Aplica su normativa, pero lo hace de una forma muy suave. Tanto, de hecho, que no sanciona, ya que no tiene potestad para ello. Su labor se limita a investigar el supuesto, advertir al infractor, sugerir mejoras y hacer un seguimiento de su aplicación. Poco más. La agencia irlandesa explica que ellos tienen otra forma de hacer las cosas, una más dialogante.    

Uno de los casos más famosos de abuso de esta debilidad es el relativo a la base de datos de la policía irlandesa, PULSE. Creada con la finalidad de monitorizar cualquier incidente en el que participara un agente, acabó usándose, entre otras cosas, para controlar a los novios de las hijas de los policías. La agencia irlandesa abrio una investigación sobre el asunto, tras haber colaborado en su puesta en marcha, pero acabó en nada.   

Otro caso polémico afectó durante 2011 y 2012 a Facebook. En aquella ocasión, la actitud de la agencia frente a la red social también fue tibia.

Sin noticias de Bruselas

Desde 2012, Europa intenta aprobar su nueva normativa en materia de protección de datos. Esta vez en forma de reglamento y no de directiva, lo que debería garantizar una interpretación y aplicación común de la norma (algo que no sucede en la actualidad). Dada la importancia de la materia y el interés económico sobre la cuestión (recordemos: los datos personales son el nuevo petróleo), la norma acumula considerables retrasos y más de 4.000 enmiendas 4.000 enmiendas(la que más en la historia de la Unión Europea).

De acuerdo a documentos filtrados sobre las negociaciones en Bruselas para aprobar el nuevo reglamento, Irlanda ha sido el tercer país que más enmiendas ha presentado para rebajar el nivel de exigencia actual en materia de protección de datos, justo por detrás de Reino Unido y Alemania. Por ejemplo, una de las demandas de Irlanda pretende facilitar la conservación de datos cuando el usuario es menor de edad.

Entre su capital humano, las ventajas fiscales y su benevolencia respecto al tratamiento de la información personal, no es raro que tantas multinacionales norteamericanas quieran dar el salto a la isla Esmeralda y que el ganado haya dejado de ser el rey en la economía irlandesa.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Paul, Giuseppe Milo y Jorge Morell

Aunque solo sea por curiosidad, es muy probable que alguien que conozcas haya realizado alguna búsqueda en internet sobre temas de cuestionable legalidad. De forma totalmente inocente, claro. Lo que resulta menos probable es que, antes de hacerlo, se hayan preguntado si por esa acción se les podría imputar algún delito: ¿podemos ser perseguidos por haber realizado una consulta a Google?por haber realizado una consulta a Google

La realidad es que, a priori, no. Una mera búsqueda no supone por sí sola la comisión de un delito. La explicación es sencilla: para cometer un delito habría que llevar a cabo la acción correspondiente descrita en nuestro Código Penal, y una inocente consulta en internet no se encuentra entre esas acciones tipificadas por mucho que pudiera aportar información sobre cómo llevar a cabo un delito.

Como siempre, hay matices. Esa búsqueda en Google - o cualquier otro buscador - no sería delito si todo se queda ahí. Lo cierto es que nuestro Código Penal prevé que serán condenables “el delito consumado y la tentativa de delito”, esto es, tanto el delito en sí como la realización de las acciones previas necesarias, aunque finalmente el resultado no se produzca por circunstancias ajenas a la voluntad del proyecto de delincuente.

Es decir, si indagásemos en Google sobre cómo secuestrar a alguien o buscásemos la forma de saltarnos ciertas medidas de seguridad no estaríamos cometiendo un delito, siempre y cuando todo quedase en una forma de saciar la curiosidad o en una fantasía del internauta. Distinto será el caso si mediante una búsqueda a través de internet se llega a ir más allá.

¿Dónde empieza el delito?

La línea que separa una búsqueda inocente de una que pueda ser considerada delictiva es realmente fina. Buen ejemplo de ello es la pornografía infantil. El hecho de buscarla - aunque los motivos sean más que cuestionables - no es delito. A pesar de ello, en determinados países (como Argentina) Google advierte a los internautas que se adentran en esa oscura cara de internet de que, mediante la consulta realizada, se puede llegar a obtener material ilegal.

De la misma forma, Google advierte a los internautas españoles que buscan servicios sexuales en la Red de que podrían estar contribuyendo a un delito de trata. Buscar no es delito (como no lo es recurrir a los servicios de una prostituta en España), pero sí se podría terminar colaborando con la trata de blancas.

En pricipio, el internauta que busca no sería responsable. En el caso concreto de la pornografía infantil, lo sería quien la ha creado, producido y/o distribuido. Sin embargo, si al acceder a este material el usuario lo descargase en su ordenador, su búsqueda sí habría desembocado en un delito tipificado en el Código Penal.

Lo mismo sucede con cualquier otra búsqueda sospechosa. Preguntarle a Google qué hay que hacer para secuestrar a una persona o cómo reventar una caja fuerte no es delito. A partir de ahí, todo dependerá de lo que el usuario decida hacer con la información obtenida. La diferencia entre dejarlo ahí o dar un paso y llevarlo más allá (o intentarlo) es la clave para determinar si una búsqueda es o no delito (o forma parte de una tentativa).

Conspiración y proposición

También hay que tener en cuenta que hay ciertas conductas penadas que podrían tener que ver, y mucho, con una búsqueda. Son la conspiración, la proposición y la provocación.

Con la primera, dos o más personas acuerdan (con intención) cometer un delito. El segundo caso tiene lugar cuando alguien que tiene intención de cometer un delito invita a otra persona a participar. Por su parte, la provocación supone incitar a otros a cometer un delito.

Así, el problema de la búsqueda en internet volvería a ser exactamente el mismo. Si a través de Google entramos en algún rincón sospechoso de internet y no hacemos nada que esté penado, no habría problema. Sin embargo, si a través de esa búsqueda nos ponemos en contacto con otras personas y acordamos o les proponemos cometer un delito, sí podríamos estar ante una de esas conductas recogidas en nuestro Código Penal.

En cualquier caso, una búsqueda continuada sobre un tema determinado puede levantar sospechas, dar indicios de la intención de cometer un delito próximamente o incluso de que se ha cometido y se pretende ocultar. Es lo que le pasó a una familia en Reino Unido que, ansiosa por cobrar la herencia del abuelo, decidió acabar con él. Como no sabían cuál sería la forma más efectiva de hacerlo, buscaron en Google cosas tales como “cómo matar a una persona”, “diez maneras de matar a alguien sin dejar rastro”, “¿puedes matar a alguien con un puñetazo?” o “la forma más sencilla de matar a una persona mayor”. Tras varios intentos fallidos, decidieron atacarle, pero el anciano, de 89 años, sobrevivió.

Sus lesiones hicieron que la policía sospechara después de tener claro que no había sido un accidente. La investigación posterior incluyó un análisis de los ordenadores de todos los miembros de la familia, cuyos historiales de búsqueda terminaron por delatarles: finalmente, la familia fue acusada de conspiración.

Está claro que siempre es mejor no preguntarle a Siri dónde esconder el cuerpo.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Global Panorama, Cuerpo Nacional de Policía y Dean (leu)

La mayoría de nosotros actúa en internet de la misma forma que en el mundo físico, y muchas veces compartimos contenidos o nos expresamos sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener que en la Red todo quede registrado y el alcance de un público potencialmente masivo. Lo que uno dice en un bar suele quedarse en el bar. Lo que uno escribe en Twitter o sube a YouTube puede ser visto por millones de personas con independencia del momento y el lugar del mundo en que se encuentren.

Además, con más frecuencia de lo que parece, comportamientos que son habituales en las redes sociales pueden llegar a ser delictivos. Nos podemos meter en algún que otro problema con la justicia sin ser plenamente conscientes de lo que supone.

Puede parecer divertido y, además, no parece que le hagamos daño a nadie, ¿verdad? Cogemos las fotos de un perfil de Facebook o Instagram y creamos una nueva cuenta en cualquier red social haciéndonos pasar por esa persona. Lo que en principio parece inocente, en realidad puede tener repercusión legal. Cuando esta suplantación de identidad se alarga en el tiempo y se llega a asumir como propia la identidad robada, haciendo creer al resto de los usuarios que el suplantador es la persona por la que se está haciendo pasar, tienes un problema: estás cometiendo un delito recogido en el Código Penal castigado con una pena de prisión durante hasta tres años.

¿Todo vale?

Al igual que fuera de internet, en la libertad de expresión no cabe el insulto, ni las afirmaciones falsas, ni mucho menos las acusaciones de delitos (más aún si se formulan sabiendo de su falsedad para dañar la imagen de alguien), aunque se haga todo para protestar por una injusticia porque, en ese caso, podría ser el justiciero quien acabe cometiendo un delito.

La víctima de una situación injusta convertida en delincuente sin saberlo. ¿Por qué? Por realizar un comentario que puede perjudicar la imagen de otra persona. Si el objetivo de su ira es su expareja, los problemas son mayores y la condena puede tener más peso.

Es lo mismo que ocurre con los comentarios vejatorios o denigrantes, aunque con un pequeño matiz que se incluirá muy pronto en nuestras leyes: a partir del 1 de julio, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se despenaliza esta conducta salvo en los casos en los que dichos comentarios se viertan como venganza contra la expareja.

Acusar a otro de haber cometido un delito - por ejemplo, decir que es un estafador o que maltrata a su mujer -, sabiendo que es mentira o sin estar del todo seguro, también puede traerte problemas: podrías estar cometiendo un delito de calumnias penado con hasta dos años de prisión en el caso de que se viertan con publicidad (y no podemos pasar por alto que las redes sociales contribuyen bastante a ello).

Difundiendo lo privado

En cuanto a la difusión de imágenes o grabaciones íntimas, hasta ahora solo se cometía un delito cuando eran obtenidas sin el consentimiento de la víctima. Exactamente lo que sucedió hace unos meses cuando unos ciberdelincuentes se hicieron con las fotos íntimas de varias actrices de Hollywood, accediendo ilícitamente a su almacenamiento en la nube, para publicarlas en la Red.

Sin embargo, con la nueva reforma del código penal también pasará a ser delito la llamada 'porn revenge' o difusión por venganza (o cualquier otro motivo) de las imágenes íntimas intercambiadas en lo que se conoce como 'sexting'.

Esto significa que a partir de ahora, aunque la otra persona comparta una grabación o fotografía íntima por WhatsApp con pleno conocimiento de lo que está haciendo, su difusión sin el consentimiento de esa persona es delito. Además, si es de tu expareja, el Código Penal se reserva un castigo algo más duro para ti.

Barra libre de contraseñas

Por último, la duda más frecuente de los amantes celosos tiene que ver con las contraseñas de las cuentas de sus parejas en las redes sociales. ¿Es delito si obtengo sus claves con un programa? Si se deja abierta la sesión, ¿es ilegal si entro?

Lo que nos dice el Código Penal es que acceder a un sistema de información - en este caso una red social - sin estar autorizado, y vulnerando para ello las medidas de seguridad establecidas para impedirlo (básicamente, la contraseña), podrá ser castigado con una pena de prisión de hasta dos años.

Si entras a una cuenta ajena porque el propietario se la ha dejado abierta, el delito es similar. Aunque no hayas recurrido a ningún 'software' para obtener la clave, has accedido sin el consentimiento del usuario: estás en esa cuenta en contra de la voluntad de su titular.

En definitiva, cuidado con lo que haces, dices o publicas en la Red si no quieres tener problemas. Aunque parezca que nada tiene repercusión, lo cierto es que, cada vez más, la gente empieza a ser consciente de los derechos que tiene - que son los mismos que en el mundo real - y de las acciones judiciales que puede iniciar para hacerlos valer.

Las leyes, que siempre van siempre un paso por detrás, empiezan a adecuarse a este nuevo entorno al tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado persiguen con mayor eficacia este tipo de delitos telemáticos.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Rosaura Ochoa, Miriam García y Peter Petrus

Somos realmente contradictorios: mientras concienciamos a nuestros menores sobre la importancia de proteger su intimidad y su imagen, intentando educarles para que conozcan las preferencias de privacidad en las redes sociales y no publiquen en abierto toda su información y sus fotografías, nuestros perfiles se llenan de fotos, vídeos y recuerdos de nuestros hijos e hijas.

Podemos rastrear la vida de un menor practicamente entera, desde la primera ecografía que felizmente han publicado sus progenitores hasta el nacimiento, sus primeros días de vida y un largo etcétera. En esa etapa los padres están emocionados, y quieren mostrar al mundo lo guapo que es su vástago y las maravillas que hace con pocos meses de vida.

Hace unos años, cuando no existía esta forma de difusión, las carteras de nuestros padres se llenaban de fotografías que sacaban en cuanto podían y mostraban a cualquiera, sin olvidarnos de aquella temible pregunta que suele formularse tras cenar en casa de unos amigos: “¿Os apetece ver el video de nuestra boda?”. No solo son las imágenes del enlace, claro: siempre se acababan viendo fotos y vídeos de los cumpleaños de los hijos.

Hoy, esta temible pregunta quizá ya sea cosa del pasado. Tal vez la hayamos sustituido por un temible mensaje que llega a nuestros correos electrónicos: la solicitud de amistad en una red social. A partir del momento en que pulses “aceptar”, tu perfil se llenará de risas, vacaciones, bodas, banquetes, comidas y, por supuesto, niños y niñas.

Estas situaciones idílicas normalmente están bien vistas. Quizá a uno de los cónyuges no le parezca del todo bien eso de compartir en la Red imágenes de su hijo, pero se pueden soportar. En todo caso, lo recomendable es hablarlo en el seno de la pareja y llegar a un acuerdo sobre cómo actuar, tanto si se opta no publicar nada como si se decide hacerlo de forma cerrada, restringida o donde pueda verlo todo el mundo.

Pero ¿qué sucede cuando la pareja se rompe? Cuando todo aquello que otrora eran alegrías se convierte en auténticas molestias, ¿qué pasa si uno de los progenitores está publicando fotos de los hijos en las redes sociales y el otro no lo ve con buenos ojos?

En consenso o ante un juez

La respuesta no debiera ser diferente antes o después de la ruptura. No debemos olvidar, cómo establece el Código Civil en su artículo 156, que “la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”.

En otras palabras, el hecho de compartir o no imágenes de un menor en las redes sociales debe ser consecuencia de un acuerdo entre los progenitores. Se trata de una decisión conjunta en la que ambos deben dar su consentimiento para, por ejemplo, publicar las fotos de los hijos menores de 14 años. Ese es el límite de edad establecido por la normativa de protección de datos para que los menores puedan tomar sus propias decisiones en materia de privacidad.

Además, el hecho de que uno de ellos tenga la custodia no significa que el progenitor que no la tiene pierda todas sus funciones y su patria potestad, así que, como en casi todas las demás facetas de la vida, aunque se encuentre la pareja separada, serán ambos los que se tengan que poner de acuerdo y consentir sobre la publicación de fotografías, vídeos o datos personales de los hijos menores de 14 años. 

En el caso de que este acuerdo no llegue a producirse, deberá ser el juez, tal y como recuerda el Código Civil, quien tome una decisión: “Después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre”.

En cualquier caso, debemos tomar conciencia de estas situaciones, tanto en pareja como tras la ruptura, para decidir conjuntamente cómo debemos o queremos proteger la imagen, intimidad y privacidad de nuestros hijos, al menos hasta que vayan moldeando su propia personalidad y decidan qué postura adoptar en la faceta electrónica de su vida.

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Este artículo ha sido realizado en colaboración con José Iriarte Sánchez. Las imágenes son propiedad de vastateparksstaff y Pedro Ribeiro

Érase una vez una ambulancia perseguida por un abogado.

En el sector jurídico, especialmente en el anglosajón, se habla de 'ambulance chasers' o cazadores de ambulancias en referencia a los abogados que solían perseguirlas hasta la misma puerta de urgencias, a la busca y captura de potenciales clientes. Es una práctica ya casi extinta, aunque atendiendo a la actualidad, parece que todavía se da puntualmente.

Lo cierto es que algunos abogados se han hecho famosos, aparentemente, empleando este tipo de artimañas. Uno que frecuentemente es acusado por ello es John Edwards, que estuvo a punto de ser vicepresidente de los Estados Unidos hace unos años y recientemente se reincorporó al ámbito legal. Otro no menos ilustre cazador de ambulancias es Lionel Hutz, el desafortunado abogado de la serie 'Los Simpson', que durante años desempeñó su tarea desde un centro comercial en una oficina llamada “No puedo creer que sea un despacho de abogados”.

Por suerte, este tipo de prácticas son excepcionales hoy en día y están claramente prohibidas en el Estatuto General de la AbogacíaEstatuto General de la Abogacía, concretamente en su artículo 25.2 C), que impide ofrecer servicios legales a víctimas de accidentes en el momento en que carecen “de plena y serena libertad” para elegir a un abogado por encontrarse sufriendo una reciente desgracia personal.

Sin embargo, internet y sus nuevos métodos de comunicación, desde un foro hasta una red social o una 'app' de mensajería, abren la puerta al retorno de este tipo de prácticas, pero a la inversa: ahora estos clásicos picapleitos acuden raudos a la llamada de auxilio que los potenciales clientes realizan a través de la Red.

¿Quién no ha visto algún tuit del tipo “necesito abogado especializado en…”, “busco abogado en la zona de…” o “alguien conoce un abogado para…”? Hablamos de personas que buscan asesoramiento legal a través de un nuevo canal de comunicación, en este caso Twitter, y se trata en principio de solicitudes serias, con potencial incluso para convertirse en clientes. Ahora bien, ¿sería legal darles respuesta?

En principio, no hay norma en materia de publicidad o competencia desleal que impida responder a ese tipo de solicitud, en la que expresa y voluntariamente se requiere la prestación de un servicio profesional. Obviamente, la respuesta deberá ajustarse a las exigencias de la buena fe y no incurrir en ningún tipo de acoso, coacción o influencia indebida que pretendan afectar la libertad de elección del destinatario, tal y como establece la Ley de Competencia Desleal en su artículo 8.1. Más allá de eso, no parece existir limitación alguna.

Con la ayuda del analista de datos Óscar Moya Mesa y a modo de experimento, hemos monitorizado durante cuatro semanas, a través de la API de Twitter y siempre de acuerdo a lo establecido en sus términos y condiciones, tuits públicos que contenían alguna de estas ocho combinaciones de palabras: “quiero abogado”, “necesito abogado”, “contacto abogado”, “algún abogado”, “contactar abogado”, “abogado urgente”, “busco abogado” y “alguien conoce abogado”.

Detectamos 2.032 tuits aparentemente útiles. Tras revisar y limpiar los datos, obtenemos 383 tuits con potencial de ser auténticas solicitudes de servicios profesionales (algo más del 18% del total). La combinación de palabras con mayor porcentaje de utilidad resulta ser “alguien conoce abogado” (87%), mientras que el resto se mueven entre el 20 y el 30% de utilidad.

No obstante, la calidad no se corresponde con la cantidad en todos los casos: hay búsquedas como “alguien conoce abogado” que generan pocos resultados pero casi todos potencialmente útiles, y hay otros términos más voluminosos que, si bien pueden llegar a ser más productivos, requieren más trabajo.

Por materias, excluyendo las consultas indeterminadas, las grandes protagonistas son las consultas sobre derecho laboral (50), seguidas por las de derecho de familia. El resto están bastante repartidas entre ramas como administrativo, penal o mercantil. Hay incluso 4 relativas al derecho tecnológico y otras 4 concretas sobre propiedad intelectual.

En cuanto a la procedencia, dejando al margen las muchas desconocidas, destaca Latinoamérica, con Chile (51) y Argentina (41) a la cabeza. España queda en un meritorio tercer puesto, con 30 tuits que a priori están buscando un abogado o asesoramiento en materia legal. Colombia (28), Venezuela (23) y México (19) ocupan las otras tres posiciones.

Nuestro país está en tercera posición gracias a consultas concretas (“busco abogado”, “necesito abogado” y “algún abogado”), mientras que combinaciones como “abogado urgente” funcionan mucho mejor en Argentina o Chile.

Salta a la vista que la proporción de tuits útiles es bastante baja, pero existe una oportunidad de llevar el negocio a Twitter por dos motivos: por una parte, este canal para encontrar clientes está completamente inexplorado, por tanto, aunque el número sea escaso, está todo por ganar; por otra parte, dado el tipo de potencial cliente (que usa un canal atípico como Twitter para solicitar tal servicio), es posible que un número respetable de consultas pueda resolverse a distancia, lo que podría solventar el problema frecuente de la barrera geográfica (aunque no así el de la barrera normativa).

Cuando este tipo de prácticas comience a ser habitual, también será interesante comprobar si la satisfacción de los clientes contactados de este modo hace que otros se animen a usar el mismo canal en busca de este tipo de servicios.

En definitiva, la gente usa los nuevos canales de comunicación para buscar ayuda profesional, y el sector legal no es (ni debe ser) ajeno a ello. Monitorizar esas búsquedas y ofrecer de forma adecuada ese posible asesoramiento no parece una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, con los datos aquí expuestos, estamos hablando de 30 potenciales clientes al mes únicamente en España.

Dejemos de perseguir a la ambulancia y empecemos (quizá) a perseguir el tuit.

1) ¿Puede el miembro de una mesa electoral publicar los resultados en Twitter a medida que avanza el escrutinio?los resultados en Twitter

Aunque nos pueda sorprender, nuestra ley electoral no estaba pensando en Twitter cuando fue promulgada. En cualquier caso, sí establece en su artículo 98 la forma en que los resultados de la votación se hacen públicos, disponiendo que la mesa electoral hará públicos los resultados inmediatamente, una vez escrutados por medio de un acta de escrutinio que contenga el resultado final, el número de electores censados, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.

Lo anterior invita a pensar que un miembro de la mesa electoral que haga públicos los resultados de manera distinta estará contraviniendo la normativa electoral.

2) ¿Utiliza la Audiencia Nacional el derecho al olvido para limpiar historiales delictivos?para limpiar historiales delictivos

El criterio de la Audiencia Nacional, proveniente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se consolida sobre la confrontación de dos derechos: la libertad de los buscadores de informar y el derecho de los ciudadanos a solicitar la desindexación de información personal irrelevante u obsoleta. El derecho al olvido no debería servir como herramienta para la censura, pero sí para permitir que los individuos exijan la retirada de información obsoleta, no pertinente y que, de algún modo, pueda servir únicamente para alimentar el morbo.

3) Un pueblo inglés pierde su milenario nombre contra un hotel local.pierde su milenario nombre contra un hotel local

En realidad, no se pretende impedir a un pueblo la utilización de su nombre, sino la utilización del mismo como nombre de dominio. A mi juicio esta pretensión carece de fundamento porque la recuperación de un nombre de dominio solo es procedente si se da, entre otros requisitos, la existencia de derechos previos por parte de quien lo reclama. En este caso un derecho de marca posterior no puede servir de base para tal exigencia. Es lo que en el argot se conoce como “secuestro inverso” de nombres de dominio, esto es, el registro de una marca para intentar recuperar un dominio registrado legítimamente por un tercero.

4) Si despido a un empleado y me roba las contraseñas de Twitter y Facebook, ¿qué puedo hacer?

No será ni el primero ni el último de los casos en los que un empleado de una empresa sale de ésta llevándose consigo información relevante, por ejemplo las claves de las cuentas corporativas en redes sociales. De nuevo, nuestra legislación no contempla esto de manera específica, pero nada impide concluir que quien se apropia de un bien (intangible) o información de la empresa para la que trabaja está cometiendo un ilícito. En función de cuáles sean las circunstancias concretas, las acciones a ejercitar serán distintas: bien la vía laboral, la civil (por competencia desleal) o incluso la penal.

5) Si alegas daños psicológicos en un juicio, ¿pueden utilizar tus redes sociales para desmentirlo? ¿pueden utilizar tus redes sociales para desmentirlo?

Las redes sociales no son fuentes accesibles al público, por lo que la utilización de los datos personales de un tercero contenidos en las mismas con una finalidad distinta a la que fueron publicadas no estaría a priori permitida. Dicho esto, en la medida en que la información fuese aportada en un procedimiento judicial, y siempre que su aportación no supusiese evadir medidas de seguridad, su uso podría quedar legitimado sobre la base del interés legítimo.

6) ¿Puede Movistar empezar a cobrar a sus antiguos clientes por el exceso de datos?empezar a cobrar a sus antiguos clientes por el exceso de datos

Sin conocer en detalle las condiciones generales del servicio que puedan resultar de aplicación, la realidad es que el Código Civil establece que el cumplimiento de las obligaciones no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. Igualmente no puede ser modificado un contrato salvo que exista voluntad de todas las partes para su modificación. Dicho esto, habría que analizar si la modificación ha sido unilateral y, en su caso, si se justifica por alguna causa extraordinaria.

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Las imágenes son propiedad, por orden de aparición, de Wikimedia Commons y Copthorne Village

En las últimas semanas se han puesto muy de moda aplicaciones como Meerkat o Periscope (recientemente adquirida por Twitter), que permiten a sus usuarios realizar retransmisiones en vivo a través de internet, usando para ello únicamente su teléfono móvil. Estas aplicaciones se pueden utilizar para contar a toda la Red qué está pasando a tu alrededor en ese momento (como el derrumbe de un edificio en Nueva York) o para retransmitir un concierto, una película o partido de fútbol o baloncesto.

Hace unos días, con el estreno de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', Twitter se apresuró a advertir que todos aquellos usuarios que infringiesen sus términos de uso (donde se prohíbe la retransmisión de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual), podrían ver su cuenta clausurada de forma permanente.

La difusión de este tipo de contenido no solo está prohibida por Twitter, sino también por la Ley de Propiedad Intelectual, que concede derechos exclusivos al propietario de una canción, serie de televisión o película y que le permite actuar contra quien, sin su autorización, redifunda las mismas por internet (o por cualquier otro medio), con o sin ánimo de lucro. Lo mismo ocurre con un concierto de música, ya que la misma ley otorga derechos exclusivos a sus intérpretes, por lo que cualquier retransmisión de este tipo deberá ser expresamente autorizada por los titulares de derechos afectados.

Más compleja es la retransmisión de eventos deportivos, ya que en nuestro país no existe ninguna norma que determine quién tiene los derechos sobre una competición deportiva y sobre los partidos que se desarrollan dentro de ella. La mayoría de los países de la Unión Europea han considerado que los derechos sobre un partido corresponden a cada uno de los clubes que forman parte de una competición con respecto a los partidos que se disputen en su estadio. Incluso teniendo en cuenta este criterio, algunas ligas se han organizado para vender de forma conjunta los derechos televisivos, como el sonado caso inglés.

En nuestro país se ha optado por la autorregulación, así que cada sector ha determinado si negociar de forma conjunta estos derechos (como es el caso de la liga de baloncesto ACB), o hacerlo de forma individual (como la liga de fútbol LFP). Por eso, en nuestras fronteras, esta cuestión se regula principalmente por el derecho de admisión, por el cual quien tiene el control sobre el acceso a un determinado recinto deportivo podrá prohibir o permitir la entrada a determinadas personas, o la realización de determinados actos en el interior del mismo como, por ejemplo, utilizar dispositivos para retransmitir lo que allí ocurre.

De hecho, es una práctica habitual que, al adquirir una entrada para un evento deportivo, el comprador se someta a unos términos y condiciones en los que se suele incluir la prohibición de grabar y retransmitir el partido.

Por tanto, la clave estará en comprobar si el organizador del evento deportivo ha establecido limitaciones para la utilización de dispositivos tecnológicos y para la retransmisión del propio evento al acceder al mismo. En el caso de la Final Four de la Euroleague de baloncesto, vemos que el organizador permite la entrada de cámaras de hasta 10 megapíxeles para uso personal, pero se reserva el derecho de pedir información a quien introduzca dispositivos de vídeo de mayor resolución. Además, de forma clara, prohíbe la grabación, reproducción y/o transmisión del evento (incluyendo los momentos anteriores y posteriores al mismo y los descansos), incluso de forma parcial, con una mención específica a la prohibición de difundir el partido través de internet y de teléfono móviles.

Mientras que en los eventos a puerta cerrada el organizador podrá limitar este tipo de actos, será mucho más difícil prohibirlos en aquellas competiciones deportivas que se desarrollen en un espacio público, como la Vuelta Ciclista a España o el recientemente celebrado Maratón de Madrid. Al desarrollarse estas competiciones en la vía pública, los organizadores no podrán ejercer dicho derecho de admisión, y únicamente podrán tener cierto control sobre ciertas zonas exclusivas a las que no puede acceder el público en general, en las que podrá limitar la retransmisión de la carrera.

Así, a la pregunta de si puede un aficionado retransmitir un partido desde la grada, la respuesta es un incierto “depende”. Dependerá, como hemos visto, de si el evento se desarrolla en un espacio público o privado y de si el organizador ha decidido limitar (o directamente prohibir) la retransmisión, generalmente advirtiendo a la hora de comprar la entrada y en el reverso de la misma.

Aplicaciones como Meerkat o Periscope pueden verse como nuevas vías de explotación de imágenes de competiciones deportivas, así que más que centrarnos en cómo eludir las normas ya existentes, lo interesante es que descubramos qué nuevas formas de explotación se pueden desarrollar que sean beneficiosas para los usuarios de estas apps, los organizadores de las competiciones deportivas y los internautas.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Anthony Quintano, Periscope y Meerkat App

Recibes un correo electrónico. El asunto parece interesante: “Oferta de trabajo”. ¡Genial! La búsqueda por fin ha dado sus frutos.

Lo abres. “Estimado Candidato”, dice. En aproximadamente folio y medio de documento de texto en un (casi) perfecto español se detalla la oferta. Te cuentan a qué se dedica la empresa y te explican lo que necesitan de ti. Es esto:

En resumen, te piden que realices diversas transacciones de pagos de clientes y te especifican cuáles podrían ser. Por si te diera por sospechar algo, te aseguran que “todas nuestras transacciones son complemente dentro del marco de la ley”. Si ellos lo dicen…

Por otro lado, las condiciones laborales parecen de ensueño:

¿Pocas horas y salario fijo mensual de 1.550 euros por controlar pedidos, comunicarse con algunos clientes y realizar transacciones? Vaya... Y además recibes una comisión de un 2% por cada transacción realizada con éxito. ¡Un chollo!

La verdad es que todo suena demasiado bien, y por desgracia, ofertas tan redondas no son muy habituales. Recurriendo a nuestro refranero, “nadie da duros a cuatro pesetas”.

En realidad, los autores de esta estafa buscan pobres incautos para utilizarlos como 'muleros bancarios', acción que puede llegar a ser calificada como un delito de blanqueo de capitales normalmente en su modalidad imprudente, un delito de receptación o un delito de estafa informática en condición de cooperador necesario.

El supuesto trabajador, víctima de este engaño, actúa sin saberlo como intermediario: se le realizan ingresos en su cuenta bancaria y él se encarga de transferir ese dinero a un tercero - normalmente por algún medio de difícil rastreo - descontándose el 2% acordado en sus “condiciones de trabajo”.

El problema es el origen de este dinero. Normalmente procede de actividades ilegales, y lo que se pretende con estas transferencias entre cuentas es blanquear el dinero ilícitamente obtenido, conducta que se considera en el actual Código Penal como delictiva. Todo a pesar de que la víctima no es plenamente consciente de lo que realmente está ocurriendo.

A pesar de que nuestro Código Penal establece que no hay pena sin dolo o imprudencia, lo cierto es que los tribunales españoles tienden a aplicar ante esta conducta del intermediario o 'mulero bancario' la tesis de la ignorancia deliberada, que viene a decir que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”.

Ante una oferta de trabajo en la que se paga mucho a cambio de trabajar muy poco, uno debe sospechar que hay algo ilícito detrás. Si aun así acepta colaborar, ha de asumir todas las consecuencias. Consecuencias que pueden llegar a ser de varios años de cárcel para el pobre incauto, más la correspondiente multa, si procediera.

Por este motivo, a veces es mejor dejarse aconsejar por la intuición e investigar un poco antes de lanzarse rápidamente a aceptar ofertas de empleo que pueden convertirte en el protagonista de una auténtica película de terror.

¿Y qué hacer si ya hemos caído? Primero, contar con alguien que pueda asesorarnos correctamente en el caso concreto; pero, por lo general, se aconseja devolver el dinero, avisar al banco para que bloquee la cuenta y formular la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de David Goehring y Images Money

1) ¿Para qué serviría un organismo regulador europeo de la privacidad?un organismo regulador europeo de la privacidad

En la medida en que todos los europeos nos regimos en materia de privacidad por normas inspiradas por las mismas directivas, cobra sentido que exista un ente supranacional que ponga coherencia entre las resoluciones que se dicten por parte de las disitntas autoridades de control en materia de protección de datos. ¿Qué sentido tiene que una IP tenga la consideración de dato de carácter personal en España pero no en Alemania cuando la norma es idéntica a esos efectos?

2) ¿Qué pueden hacer las marcas si alguien compra el dominio '.sucks' con su nombre?el dominio '.sucks'

Cualquier titular de una marca registrada tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento alternativo de resolución de disputas y exigir la cancelación o transmisión del dominio si concurren una serie de causas para ello, principalmente, la existencia de derechos previos, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio por el tercero y la falta de interés legítimo de ese tercero en el uso del dominio.

Lo que ocurre es que, dependiendo del uso concreto que ese tercero realice sobre el dominio y del entendimiento que el experto que vaya a resolver el caso tenga de la libertad de expresión, la demanda será estimada o no. Es muy significativo el caso del dominio alitaliasucks.com, en el que se entendió que un sitio web alojado bajo ese dominio para criticar a la marca estaba amparado por la libertad de expresión y era, por lo tanto, legítimo. Me temo que en España una decisión similar correría suerte distinta.

3) ¿Es imparcial un juez si le ha dado a 'Me gusta'?un juez si le ha dado a 'Me gusta'

La Ley Orgánica del Poder judicial dispone que será causa de recusación de un juez o magistrado, entre otras, la existencia de “amistad íntima o enemistad manifiesta” del juez o magistrado con cualquiera de las partes. Así las cosas, parece que en la resolución de la que hemos tenido conocimiento recientemente se ha entendido que un simple 'Me Gusta' en una red social no cubre ese requisito de vínculo de “amistad íntima” que requiere nuestro ordenamiento jurídico para “excluir” al juzgador del procedimiento, en tanto que no se ve privado éste de su imparcialidad para resolver.

4) ¿Pueden usar los datos que recogen tus dispositivos móviles y 'wearables' como prueba contra ti en un juicio?los datos que recogen tus dispositivos móviles y 'wearables' como prueba contra ti en un juicio

No es una cuestión sencilla. Desde el punto de vista de derecho procesal la aportación podría parecer, en principio, legítima. Sin embargo, desde el punto de vista de la privacidad del individuo, la cuestión sería más complicada. Yo, como sujeto privado, puedo publicar en redes sociales cierta información utilizando este tipo de dispositivos. Sin embargo, las redes sociales no tienen la consideración de fuentes accesibles al público, por lo que el tratamiento de los datos con finalidad distinta a la consentida por el autor haría que dicho tratamiento fuese ilícito.

Para el correcto tratamiento de los datos personales son fundamentales los conceptos de deber de información, consentimiento y finalidad. En otro ámbito, por ejemplo, existen precedentes en procedimientos judiciales, en los que, por ejemplo, no ha sido admitida como prueba una imagen de videovigilancia, al no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

5) ¿Detenidos por catalonofobia? El caso de los tuits contra los fallecidos en el accidente de los Alpes.El caso de los tuits contra los fallecidos

El Código Penal castiga a quienes provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos por ciertas circunstancias y, entre ellas, por el origen.

Dicho lo anterior, la polémica viene servida por la legitimación activa de la demanda, es decir, por quién puede reclamar en nombre de los catalanes cuando no hay una identificación concreta con nombres y apellidos. En este sentido, y aunque no es una cuestión pacífica, la Generalitat parece que sí podría iniciar un procedimiento frente a quien ataque al pueblo catalán en su conjunto.

6) Robo de identidad extremo: cuando alguien construye un personaje de éxito a partir de tus fotos y tu vida.alguien construye un personaje de éxito a partir de tus fotos y tu vida

El de la suplantación de identidad en internet es un tema no resuelto a fecha de hoy por nuestro ordenamiento jurídico. En la actualidad, estas conductas quedan muchas veces al margen de la aplicación del artículo 401 del Código Penal, relativo a la usurpación del estado civil, y por tanto, quedan impunes. Se suele estimar que no se dan los elementos del tipo penal, ya que únicamente se acredita (en la mayoría de los casos) un uso concreto y determinado de la identidad ajena para alguna finalidad muy específica.

De hecho, la jurisprudencia exige, para que exista delito, que se opere una total suplantación de la identidad de la otra persona o al menos que se realicen actos de cierta continuidad y trascendencia a esos efectos, lo que deja fuera de castigo a muchas conductas de suplantación en internet y redes sociales.

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La imagen principal de este artículo es propiedad de rick

Si hay una máxima jurídica ampliamente conocida en el sector legal (y más allá) es la famosa “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, recogida en el artículo 6.1 del Código Civil.

Tal regla lleva mucho tiempo entre nosotros. Es lógica e incluso relativamente fácil de entender. Ahora bien, puede que un ciudadano no ignore la ley, sepa que existe, pero ¿y si no la entiende? No sería raro. Al fin y al cabo, en el sector jurídico hablamos muchas veces en 'legalés', un idioma propio que en ocasiones ni tan siquiera los juristas comprendemos.

“Si no la entiende, consulte con un profesional”, responderán muchos. Cierto, y en numerosas ocasiones será la mejor opción, pero ¿siempre? No nos engañemos: la grandísima mayoría de las normas jurídicas está fuera del alcance del ciudadano de a pie, por contenido, estructura y localización.

Partiendo de ahí, ¿pueden hacerse leyes más simples, útiles, comprensibles y agradables que las actuales? Hay iniciativas muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo Clarity, una asociación internacional que promueve el lenguaje jurídico sencillo; o Legal Information Design Network, que propugna el “diseño legal” como una necesidad del legislador actual. El objetivo es conseguir una 'beautiful law' (una ley hermosa) mediante la aplicación del diseño (nuevo lenguaje, visualizaciones, diagramas o un reenfoque de la sistemática) al desarrollo normativo.

Leyes visuales

Casi el 90% de la información transmitida a nuestro cerebro llega por vía visual. De hecho, podemos procesar información visual 60.000 veces más rápido que la textual. Sin embargo, el derecho es texto y punto. Además, no cualquier texto.

Usando una herramienta sencilla como Textalyser, que permite medir la complejidad, densidad y legibilidad de un texto, podemos comprobar como en una escala de 0 a 100 (siendo 100 un texto con legibilidad sencilla, 0 muy difícil), la Constitución Española saca una nota negativa de -9,9. Igual ocurre con la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las AAPP y el procedimiento administrativo común, que obtiene una nota negativa de -13,4. Es decir, dos normas importantes usan únicamente el texto como medio para transmitir la información y además no son especialmente legibles para el ciudadano medio. Por tanto, aunque sepan que existen esas normas, no las pueden comprender ni a un mínimo nivel por sí mismos.

De hecho, que el lenguaje jurídico es complejo lo sabe el Ministerio de Justicia, que a finales de 2009 constituyó una comisión para la modernización del lenguaje jurídicocomisión para la modernización del lenguaje jurídico. Por ahora, no da la sensación de que su informe se haya tenido en especial consideración. También el gobierno del Reino Unido está interesado en la materia. De ahí que el año pasado publicara un estudio sobre cuál es el mejor modelo de desarrollo y presentación de una norma pensando en el lector. Es decir, los tests A/B aplicados a una ley.

¿Un ejemplo de otra forma de hacer las cosas? Esta visualización de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías (comparen con la versión 'normal'). Con el texto imprescindible, mucho más clara y visual, además de estructurarse desde el punto de vista de preguntas sencillas del interesado (para quién es la ley, cuáles son las obligaciones del vendedor o cómo se crea un contrato) y no sobre cuestiones en ocasiones demasiados abstractas (como “la conformidad de los bienes”).

Nadie dice que este formato deba reemplazar por sistema a la norma clásica (aunque sería interesante redactar una norma únicamente así), pero sí que sea el complemento que necesariamente acompañe a la versión detallada para profesionales del sector. Un complemento que permita al usuario medio, si quiere, conocer de forma sencilla de qué va esa ley y cómo le afecta.

Por otro lado, ¿puede visualizarse una ley? De hecho, ¿sirve para algo? Que se lo pregunten a Jaques Verrier, que creó una visualización interactiva de la evolución del Código Civil francés desde 1804 a 2012. Con ella, por ejemplo, pudo ver cómo en la segunda mitad de siglo se había producido un mayor desarrollo del derecho de familia, justo en la misma época en que los movimientos sociales por la igualdad de género surgieron con más fuerza.

Otro ejemplo interesante de 'open data' legal es la región de Piemonte (Italia), que de forma muy visual informa de la evolución normativa de la región, el efecto de las enmiendas, su número o interrelación, entre otros aspectos.

También hay quien no se conforma con eso de crear una ley más “bella”, como es el caso de la jurista Margaret Hagan y su Law Dojo, una web que trata de explicar las leyes a los no iniciados a través de metáforas y analogías visuales o incluso aplicando la 'gamificación' al mundo normativo.

Un ámbito legal en el que pueden apreciarse ciertos esfuerzos por simplificar es, aunque parezca mentira, el de los términos y condiciones. Hay considerables e interesantes ejemplos: Facebook y su reciente política de privacidad, Google y su privacidad anotada, Pinterest y su política de uso aceptable visualizada o LinkedIn y su política de privacidad en vídeo.

En conclusión, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimento, pero la complejidad de la misma tampoco debería excusar de un esfuerzo por hacerla comprensible para el común de los mortales. Hoy por hoy, estamos en esa fase.

¿Quiero eso decir que veremos algún día leyes con 'emojis'? Quién sabe. Tampoco sería una locura que la traducción de una norma desde el 'legalés' a algo más comprensible los incluyera, ¿verdad?

Grabación de recuerdos, telepatía, vídeos de nuestros sueños, control de la mente, avatares y telequinesia. Parece ciencia ficción, pero todo ello no solo es posible, sino que ya existe, según explica el físico americano Michio Kaku en su nuevo libro 'El futuro de nuestra mente'. Todo forma parte del 'brain decoding', la técnica que permite conocer y trasladar a un ordenador en forma de simulaciones nuestras ideas y pensamientos, tal y como explica el propio Kaku en el siguiente vídeo:

Nuestros cerebros están constantemente clasificando y almacenando información y respondiendo a estímulos. Los avances actuales en imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés), junto con otras tecnologías, permiten que un 'software' descodificador pueda reconstruir con bastante fiabilidad lo que una persona está viendo, pensando o incluso soñando.

Jack Gallant, uno de los mayores expertos en 'brain decoding' a nivel mundial, lleva años realizando experimentos de este tipo en su laboratorio de Berkeley (California). Afirma que la fiabilidad supera ahora mismo el 80% y que en breve seremos capaces de reconstruir con mucha precisión todo lo que pasa por la cabeza de cualquier persona.

Las técnicas de fMRI pueden identificar las partes del cerebro que están activas, basándose en el aumento de oxígeno en la sangre, ayudando así a los investigadores a determinar exactamente cómo y dónde codifica el cerebro la información e incluso, en un futuro, a extraer información sensible como la contraseña de cifrado de un archivo o la combinación de una caja fuerte.

Ahora bien, ¿se podrían utilizar estas técnicas para detectar mentiras en un juicio?para detectar mentiras en un juicio Al fin y al cabo, permitirían acceder a pensamientos de un presunto delincuente o saber si ha estado o no en la escena del crimen. La última conferencia anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia ha reunido en San Jose (California) a destacados profesores y neurocientíficos para debatir, entre otros asuntos, sobre los nuevos avances relativos al funcionamiento de la memoria y el impacto que pueden tener en los procesos penales.

Desde el punto de vista legal, parece claro que no se podría someter a un sospecho a un fMRI contra su voluntad sin mediar una orden judicial. Una de las participantes en la conferencia mencionada, la profesora de la universidad de Duke Nita Farahany, ha estado monitorizando los primeros intentos de llevar a los tribunales americanos la detección de mentiras a través de técnicas fMRI. Parece que hasta el momento ningún juez lo ha admitido como prueba, puesto que no hay consenso sobre su fiabilidad como para considerarlo una evidencia científica.

¿Cuál es la situación en España? Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal consagra el sistema de libre valoración probatoria por parte del juez, lo que implica que los requisitos de aceptación de una determinada prueba no están tasados en la normativa. Eso no implica que el juez tenga total libertad para actuar, sino que debe aplicar razonamientos lógicos y principios generales de la experiencia, así como explicar detalladamente el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, llega a la convicción de la existencia del hecho delictivo. Si no procediera de este modo, la prueba practicada podría declararse nula por vulnerar el principio de presunción de inocencia.

Aunque el profesor Manuel Richard González considera que estas técnicas todavía no son suficientemente fiables como para ser determinantes en un juicio penal, en los últimos meses, varios jueces han autorizado la realización de pruebas neurológicas en España. La primera vez fue en diciembre de 2013, en el conocido como caso Ricla, y generó una gran polémica en el ámbito jurídico, con voces autorizadas que argumentaban que entrar en el cerebro del acusado sin su consentimiento vulneraría sus derechos fundamentales, entre ellos el de no declarar contra sí mismo.

Hace un año se sometió a dicha prueba a Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, que había dado nueve versiones de los hechos y afirmado que el cuerpo de la niña se encontraba en cuatro lugares diferentes, volviendo locos a familiares, cuerpos policiales y jueces durante varios años.

En definitiva, la jurisprudencia española está abriendo la posibilidad a este tipo de pruebas neurológicas, que podrían ser especialmente útiles cuando los hechos no se puedan esclarecer de otra forma que entrando en la mente del presunto criminal. Sin embargo, la valoración que se le otorgue a la información descubierta a través del 'brain decoding' corresponderá finalmente a cada juez.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Dan Vogel, Wikimedia Commons y Image Editor

Cuando la compañía australiana de televisión de pago Foxtel adquirió los derechos para ser proveedor en exclusiva de Juego de Tronos en Australia, probablemente pensó que no encontraría obstáculos a la hora de promocionar la nueva temporada de la serie. Sin embargo, hace apenas unas semanas la sorpresa llegó a través de YouTube: el tráiler de la quinta temporada fue bloqueado por la plataforma en base a una reclamación de la propia HBO, titular de los derechos, a través de su filial en Asia. Todo parecía deberse a motivos geográficos.

En realidad, dicha reclamación probablemente tenía su origen en la utilización por parte de HBO del servicio Content ID de YouTube, que compara los vídeos subidos por usuarios de la plataforma con los que se encuentran en su base de datos, cuyos derechos de propiedad intelectual han sido previamente reivindicados por sus titulares.

No deja de resultar curioso que el licenciante (en este caso, HBO) deje sin contenidos a su propio licenciatario (Foxtel), teniendo éste los derechos de la serie en Australia y, por tanto, estando plenamente facultado para explotarlo en ese medio. También sorprende que YouTube reconozca a HBO Asia como propietaria y bloquee el vídeo en Australia, cuando el tráiler es un 'clip' con imágenes de la serie y es la propia productora la que ha cedido los derechos sobre ella.

¿Por qué se establecen estas restricciones geográficas?

Ciñéndonos a lo que disponen la legislación española y la europea, el titular de los derechos sobre cualquier obra puede decidir en qué términos permite que la utilicen otros. Es decir, determina los ámbitos territorial y temporal de la licencia, así como los medios en los que el licenciatario podrá explotarla. De este modo, el titular originario de los derechos puede decidir ceder un mismo contenido a diversas personas o empresas de distintos países, y cada una de ellas podrá usar ese contenido solamente en el país para el que se le haya concedido la licencia y en las condiciones que le hayan sido indicadas.

Así, volviendo al ejemplo inicial, Foxtel ha obtenido los derechos para emitir Juego de Tronos únicamente en Australia, de modo que el contenido podrá estar disponible en ese país, pero tendrá que ser 'geobloqueado' para que no puedan acceder usuarios de cualquier otro lugar del mundo, ya que Foxtel no tiene los derechos para explotar la serie en cualquier otro territorio que no sea Australia.

El problema se presenta a la hora de dar difusión a un contenido en un medio tan amplio como internet, ya que si se cuenta con los derechos para un territorio determinado, se tendrá que limitar el acceso a ese contenido para no incumplir los términos de la licencia otorgada. Entonces nos encontramos con situaciones como la que se ha dado ahora con Juego de Tronos: hay dos titulares legítimos de derechos que, al pretender hacerlos valer en este escenario, acaban limitando la explotación.

En realidad, todo depende de la popularidad de la plataforma en la que se encuentre el vídeo, de la difusión que se le dé, de la pericia del usuario que sube el vídeo a la hora de sortear los medios técnicos que utiliza la plataforma para identificar contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual de terceros y, en general, del interés que pueda tener el titular legítimo a la hora de solicitar la retirada de un vídeo publicado sin su autorización.

Es esta facultad de cesión de los derechos de explotación la que permite a su titular perseguir a quienes vulneran sus derechos, razón por la cual es difícil encontrar contenidos de determinadas cadenas de televisión y productoras que, en muchos casos, cuentan con sus propias plataformas de vídeo 'online' y persiguen estas prácticas. Todo dependerá del celo con que protejan sus derechos y del interés que puedan tener en contar con una difusión amplia, si bien no autorizada, de sus contenidos.

Es lo que sucede en España con algunas series. Por ejemplo, es muy difícil, si no prácticamente imposible, encontrar en YouTube episodios de Los Simpson en su versión en castellano; sin embargo, basta una simple búsqueda para acceder a los vídeos de la serie con doblaje latino.

En cada país hay un titular de los derechos, que los ha obtenido de la productora correspondiente (en este caso, FOX). Así, tanto la productora como el poseedor de los derechos (Antena 3 en este caso), tendrían potestad para perseguir a los infractores. Que no sea fácil encontrar vídeos en castellano, y sí con otros doblajes, puede deberse a dos razones: que FOX no persigue a los infractores de sus derechos en América Latina con la misma intensidad que en otros lugares, o que es la cadena española la que impide que el contenido para el que tiene los derechos esté en YouTube.

El caso de Netflix

Dicho esto, no es extraño que aparezcan métodos para sortear las barreras geográficas de plataformas de 'streaming' que bloquean sus contenidos a territorios determinados. Sucede sobre todo con las de pago, como Netflix. Aunque se pueda tener la falsa impresión de que, como se está pagando por dichos contenidos, se está accediendo a ellos legalmente, la situación es bien distinta.

La realidad es que en ambos casos, tanto en plataformas gratuitas como en plataformas de pago, no solo entrarían en juego los derechos de propiedad intelectual de los titulares de los vídeos, sino también las normas de uso de la propia plataforma, que el usuario acepta al entrar y en las cuales se establece que los contenidos se encuentran disponibles únicamente para unos territorios determinados.

Así, el usuario que entra en la versión estadounidense de Netflix desde España, y mediante cualquier procedimiento o medio técnico logra sortear la barrera geográfica, suscribiéndose al servicio y pagando la cuota correspondiente, podría enfrentarse a una sanción por incumplimiento de las reglas de la plataforma (y, por tanto, de los términos del contrato que ha firmado al registrarse).

Curiosamente, en este caso, pagar por un contenido no implica estar consumiéndolo de forma legal.