El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

La población de Andalucía ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 8.778.051 habitantes en el segundo trimestre de 2026, frente a los 8.709.437 a 1 de julio de 2025, con un incremento de 8.681 personas respecto al trimestre anterior, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero (9.063 más, hasta un máximo de 1.250.164).

Así lo refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press, que refleja que los nacidos en España bajaron en 382 personas. La población nacida en el extranjero –de 1.250.164 personas– fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 6.675 personas durante el trimestre, hasta un nuevo récord de 986.922 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.006 personas mientras que los nacidos en España descendieron en 382.

Sevilla, la que más crece; Córdoba, la que más pierde

Por provincias, la población creció en seis de las ocho provincias, siendo Córdoba (-983 habitantes, -0,12%) y Huelva (un habitante menos) las que vieron reducida su ciudadanía. Por contra, donde más creció el número de habitantes fue en Sevilla con +2.793 (+0,13%), seguida de Almería con +2.527 (+0,32%); Málaga (+2.085, +0,11%); Granada (+1.407, +0,14%); Jaén (+432, +0,069%) y, finalmente, Cádiz, con 421 habitantes más (+0,03%).

De esta manera, por número total de habitantes encabeza la lista Sevilla, con 2.004.487 de ciudadanos a 1 de julio de 2026, seguida de Málaga, con 1.820.507; Cádiz, con 1.267.916; Granada, con 959.738; Almería, con 788.934; Córdoba, con 772.913; Jaén, con 620.254 y Huelva, con 543.302 habitantes.

Atendiendo a la procedencia de la población, la provincia con mayor número de habitantes nacidos en el extranjero es Almería, con 209.390 residentes (un 26,54% del total de su población); seguida de Málaga, con 461.354 (un 25,34%); Huelva, con 76.730 (un 14,12%); Granada, con 128.732 (un 13,4%); Sevilla, con 181.106 (un 9,03%); Cádiz, con 104.849 (un 8,2%); Jaén, con 40.858 (un 6,5%) y Córdoba, con 47.145 (un 6,09%).

Casi 50 millones de españoles

Por su parte, en el conjunto nacional, la población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero. De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero –de 10.291.807 personas– fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981. En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026, según la estadística recogida por Europa Press.

Colombianos y venezolanos

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). A continuación se hallan la peruana (5.500), rumana (5.300)española (4.000), italiana (3.700), ucraniana (3.200), china y hondureña, ambas con 2.700 salidas.

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).

La decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), de ceder a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género, el mismo que la formación ultraconservadora exigió en su momento “depurar” por su “sesgo ideológico” sigue levantando una enorme polvareda. Tras hacerlo público este periódico, las reacciones en contra se han ido sucediendo hasta llegar ahora al choque institucional: el Gobierno central reclama una “reunión urgente” a Moreno, a la vez que le insta a “rectificar” el paso dado y le recuerda que esto “puede comprometer” los fondos que recibe Andalucía. A todo esto, desde la Junta se ha reaccionado defendido su “firme y claro compromiso” contra la violencia de género y exigiendo “lealtad institucional”.

La postura del Ejecutivo centra la ha dado a conocer la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), en una carta remitida este jueves al presidente andaluz en la que le expresa su “profunda preocupación” al considerar que la decisión “pone en cuestión el compromiso de Andalucía” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso le pide que “reconsidere” una decisión que “transmite falta de compromiso a las víctimas”.

Además, y a juicio de la ministra, trasladar estas competencias a quienes niegan la violencia de género “puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos” vinculados al Pacto de Estado. Esa cuantía económica, recuerda, tiene como finalidad “garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

“Víctimas de segunda”

“Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda”, advierte Redondo, “ni ver debilitadas las políticas públicas” destinadas a garantizar su seguridad, libertad y “derecho a vivir una vida libre de violencia”. De paso, le recuerda que la cuestión es todavía más preocupante porque las cifras de violencia machista son muy “preocupantes” en Andalucía, por lo que insta a Moreno a que “retome la senda de la coherencia institucional”.

La ministra, que en sus redes sociales ya había cuestionado la lealtad del Gobierno andaluz al Pacto de Estado, ha remitido la misiva también a la responsable de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP). Con esta consejera, Redondo también tiene una pugna abierta después de que criticase en redes sociales la designación de un hombre como coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla.

La Junta pide “lealtad institucional”

Por su parte, Loles López ha respondido vía comunicado, en el que ha reivindicado el “firme y claro compromiso” del Gobierno andaluz con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. De paso, ha reclamado “lealtad institucional entre administraciones” y ha pedido actuar “con altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas”, aunque en ningún momento ha respondido si la Junta está dispuesta a mantener la reunión solicitada o no.

A este respecto, ha defendido que “las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan actualmente con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral”, al tiempo que ha asegurado que la Junta “continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares”. “Las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”, ha remarcado.

Después de desgranar todas las medidas que la Junta ha puesto en marcha desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la Presidencia en 2019, la consejera ha defendido “la unidad de toda la sociedad y la lealtad institucional entre Administraciones”. En este punto, ha incluido también “la altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas” para así contar con los “elementos imprescindibles para desterrar esta lacra de la violencia machista que impide a las mujeres ser libres e iguales”.

PSOE: que Gavira vaya al Parlamento

En paralelo a la misiva que el Gobierno central le ha enviado a la Junta, el PSOE andaluz ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo, Manuel Gavira (Vox), para que informe sobre la atención y los recursos para las víctimas de violencia de género que son de su competencia. Los socialistas, asimismo, reclaman medidas “para evitar cualquier retroceso, recorte o desmantelamiento en los recursos públicos” destinados a la protección de las mujeres.

En un comunicado, la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha expresado su “preocupación” y la “indignación” de “las mujeres andaluzas y españolas” por el hecho de que “aquellos que niegan la violencia machista” tengan competencias en esta materia. “Esto es gravísimo”, ha apostillado, ya que está convencida de que esto “va a ser disuasorio en este tipo de denuncias” y de que “se van a minimizar los daños que se ocasionan por la violencia de género, puesto que la niegan en sí misma”.

“Vamos a ser muy exigentes”, garantiza Montero, que le va a pedir al Gobierno andaluz que ninguna actuación por violencia de género “esté en manos de la ultraderecha que la niega”. De paso, ha enmarcado la elección de un hombre para dirigir el IAM en Sevilla en una “declaración de intenciones del PP, que está descuidando de manera muy peligrosa la vigilancia y la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia”.

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance del trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en excedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que hubiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

El Gobierno andaluz ha dejado pasar las horas sin responder oficialmente a la solicitud del reparto de menores migrantes llegados de forma irregular a Ceuta, en la crisis humanitaria provocada por la entrada masiva de 70.000 personas en territorio español.

El presidente Juanma Moreno “está de vacaciones” y ni la Consejería de Presidencia ni la de Política Social e Igualdad, que tiene las competencias sobre menores, han respondido a este periódico si la Junta de Andalucía acogerá a una parte de esos niños -en torno a un millar, según los datos del presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas-, después de que el número dos del PP nacional, Miguel Tellado, anunciase el miércoles que ninguna comunidad gobernada por el PP los aceptaría.

La primera respuesta oficial del Gobierno andaluz a la crisis humanitaria de Ceuta -con 80 fallecidos por el momento- ha sido la del vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, anunciando que Andalucía “se va a oponer” a un futuro reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta. “Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo hemos pactado”, ha escrito en su cuenta de la red social X.

El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local se ha remitido al pacto de Gobierno PP-Vox firmado hace poco más de un mes, que sirvió para investir presidente a Moreno, y que recoge literalmente “No más MENA”, y un rechazo frontal al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, algo que provocó la ruptura de los gobiernos de coalición PP-Vox en 2024.

Entonces, la acogida de niños era voluntaria para los gobiernos regionales, en virtud de un principio de solidaridad que tensionó (y terminó por romper) los ejecutivos de la derecha y la ultraderecha (Aragón, Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valenciana). El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto en la primavera de 2025 haciendo “obligatorio” ese reparto entre comunidades, atendiendo siempre a la capacidad y el volumen de menores que ya gestionaba cada comunidad.

El Ejecutivo ceutí, del PP, apoyó ese Real Decreto e instó a la solidaridad de sus compañeros de partido, presidentes autonómicos. Moreno, entonces con mayoría absoluta, defendió en el Parlamento andaluz el acogimiento de esos niños por razones “humanitarias” y por el cumplimiento de la ley. Las elecciones andaluzas del 17 de mayo le arrebataron esa mayoría absoluta y, poco más de un mes después, selló un pacto de Gobierno con Vox que recogía todas sus cláusulas antiinmigrante, desde la “prioridad nacional” hasta el veto explícito a acoger menores extranjeros.

El punto 12 de ese acuerdo, firmado por Moreno Bonilla y el propio Gavira, recoge el “rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía”. “Se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, añade el documento.

El vicepresidente andaluz considera que lo ocurrido en Ceuta es “una invasión”. “Quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos”, ha escrito Gavira, que ha añadido: “Y, si son menores, con sus padres”.

Por su parte, Alejandro Hernández, exportavoz de Vox en el parlamento andaluz y actual delegado de Justicia del Gobierno en Córdoba, se ha preguntado en un mensaje en redes sociales “qué razones humanitarias nos obligan a hacernos cargo” de los menores. “¿Hay guerra en Marruecos? ¿Hay hambruna en Marruecos? ¿Hay alguna catástrofe natural en Marruecos? ”, ha reiterado Hernández, que igualmente ha acusado a Rabat de no querer asumir su responsabilidad con los menores cuando “se va a gastar 600 millones de euros en construir un estadio de fútbol para albergar la final de un mundial”.

Antes del anuncio de Gavira, los gobiernos de Aragón, Extremadura o Castilla y León –en los que el PP gobierna en coalición con la extrema derecha– ya habían anunciado que se opondrían a ese futuro reparto. Aragón ha anunciado que pondrá “todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos” a su alcance para ello. La vicepresidencia primera de Castilla y León, en manos de Vox, ha asegurado que se opondrá “frontalmente”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que esta es una crisis de “seguridad nacional” y no una cuestión migratoria. Aunque el Partido Popular ha estado defendiendo el no acogimiento de los menores, su vicesecretaria de Coordinación Sectorial ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.

Las autoridades ceutíes calculan que hay un millar de menores extranjeros que necesitarán atención, aunque se prevé que la cifra aumente, puesto que muchos todavía estaban “en barriadas y calles” y no se han incorporado al sistema de protección.

Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.

No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas –que los afectados llamaron “caza de brujas”– apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.

La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestión todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales –psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales– que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.

Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.

Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.

Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición –PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negacionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.

“Aquí, las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”.

Al equipo del presidente Moreno, esta tormenta política de verano le ha pillado prácticamente de vacaciones, fuera del curso político, con escalonadas reapariciones de sus consejeros y dirigentes del PP andaluz para condenar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, también ha acusado a Moreno de “entregarse al negacionismo de su socio ultra”. “No todo vale para gobernar ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!”, ha escrito. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, denuncia que dejar en manos de Vox estos servicios públicos es “poner en riesgo la protección de las víctimas”. “Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir”.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que van a “fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas: lo haremos en el Parlamento, en las calles y, si hace falta, en los tribunales”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, abunda en que “el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda”.

Consultado por esta cuestión, desde la Consejería de Igualdad del Gobierno de Moreno han rehusado hacer ninguna valoración.

Un servicio “pionero” en Andalucía

La Junta de Andalucía es “pionera” en el desarrollo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, unos servicios médico-forenses encargados de estudiar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia, para luego redactar informes integrales, siempre que lo solicite el juez para usarlo, junto al atestado policial y su propia valoración, a la hora de decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando la mujer denuncia. También sirven a las administraciones para la concesión de ayudas públicas.

Estos equipos especializados formados por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y gestionados en Andalucía por la Consejería de Justicia, están previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004; y posteriormente desarrollados en la ley andaluza del mismo nombre, que fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos (excepto IU) en 2018, cinco meses antes de la irrupción de Vox en la Cámara y de la constitución del primer Gobierno de Juanma Moreno.

Desde entonces, ya va para ocho años, el partido de Santiago Abascal ha impedido el consenso unánime necesario en el Parlamento andaluz para aprobar una declaración institucional de condena por las mujeres asesinadas por sus parejas (nueve en Andalucía, en lo que va de año).

De aquella primera legislatura de Vox, siendo el partido que sustentaba al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, hoy quedan algunas de las exigencias que impusieron a Moreno a cambio de apoyarle la investidura. Los populares, ya con mayoría absoluta, conservan el teléfono de violencia intrafamiliar -término con el que la ultraderecha niega que haya asesinatos de mujeres por razón de género-; el nombre de una consejería de Familia; y un puñado de medidas “en favor de la vida del embrión”, eufemismo de antiabortistas.

Ahora Vox forma parte de otro Gobierno de coalición con el PP. Moreno ha delegado en su socio la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un macrodepartamento “más técnico que político”, confiando en poder “amortiguar el despliegue ideológico”de la ultraderecha en las políticas públicas, sobre todo aquellas donde ha proyectado sus guerras culturales: rechazo, cuando no criminalización, de los inmigrantes; negación de la violencia de género y negación del cambio climático.

La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”, es decir, se encarga exclusivamente de proveer y mantener los medios materiales, económicos y personales (edificios, equipos, personal funcionario no judicial), pero en ningún caso puede intervenir en la función jurisdiccional ni dar órdenes a los jueces o a los funcionarios de Justicia.

En 2019, en su primera iniciativa parlamentaria, Vox reclamó por escrito a la Cámara una relación de nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan en las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, exigiendo “depurar” a aquellos que emitían informes “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”.

Poco después, y ya al calor de la polémica suscitada, la formación ultraderechista amplió su solicitud y exigió también la lista de trabajadores de otros estamentos de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista: de una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y de una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas, también contratada por Igualdad.

La formación ultra pidió los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los empleados públicos, subcontratados o subvencionados por el Gobierno andaluz para luchar contra la violencia de género, con ánimo declarado de desmontar “chiringuitos ideológicos”.

El PP: “El margen de gestión de Vox es muy estrecho”

Este periódico ha consultado a Vox y al equipo de su líder regional, el vicepresidente segundo de la Junta y nuevo responsable de Justicia, Manuel Gavira, si prevén modificar, alterar o suprimir esas unidades de valoración de víctimas de la violencia machista que cuestionaban duramente desde la oposición. No ha habido respuesta.

Fuentes próximas al presidente Moreno ven “inviable” que Vox pueda “legalmente” cargarse estos servicios, que realizan un papel “fundamental” para jueces y policías, e insisten en que el margen de gestión de su socio de Gobierno en el departamento de Justicia “es muy estrecho, casi nulo”.

No obstante, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no ocultan que Vox tiene ahora un “altavoz” muy potente para instalar sus consignas ideológicas en el debate público, desde la vicepresidencia de una institución tan mastodóntica como la Junta de Andalucía, y sospechan que en Justicia podrán hacer más “fuegos de artificio” que medidas con consecuencias directas para la ciudadanía. “Se van a chocar con la realidad y con la legislación vigente”, repiten los populares como un mantra. “A lo sumo, le cambiarán el nombre, pero seguirán desempeñando las mismas funciones”, bromea un consejero.

En 2024, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por PP y Vox, cambió el nombre de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local para “eliminar cualquier término ideológico de género”, y centrarse así en “todo tipo de víctimas de violencia”. El partido de Santiago Abascal niega que los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas (33 en lo que va de año) tengan un componente de género y cuestiona todas las leyes y políticas públicas encaminadas a combatir esta lacra social.

En Andalucía hay ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal en cada provincia. El pasado mes de abril, el Gobierno de Moreno decidió reforzar a los equipos que la conforman con la creación e incorporación del “puesto de coordinador, un médico forense”, no sólo para la organización del “ingente volumen de trabajo”, sino para supervisarlas y dirigirlas.

Vox peleó duro en la negociación con el PP para quedarse la consejería de Agricultura, como ha logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y para gestionar políticas sociales y de familia. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, logró cortocircuitar esas expectativas, aunque a cambio ha firmado un acuerdo de gobierno, con 150 medidas, atravesado por todas las obsesiones xenófobas, negacionistas y ultracatólicas de Vox.

El Gobierno andaluz ha celebrado el archivo judicial de todas las denuncias relacionadas con el cribado de cáncer de mama, que provocó un importante escándalo político y social el pasado otoño con la salida incluso de la por entonces consejera de Salud. Ahora, el que tomó su relevo, el hoy vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, o ha desaprovechado para cargar contra los partidos de la oposición, a los que ha exigido que “dejen de atacar” a los profesionales sanitarios.

“Una vez más, la oposición ha pinchado en hueso, quienes siempre han querido usar la sanidad pública andaluza para atacar al Gobierno y sacar rédito político”, ha señalado el vicepresidente este martes en un audio remitido a los medios de comunicación.

En este sentido, ha defendido que la Fiscalía “ha confirmado lo que desde el minuto uno ha dicho la Junta” y ha asegurado que se avisó “a todas y cada una de las mujeres”. “En dos meses todas tenían realizada la prueba correspondiente”, ha reafirmado.

“Acoso y derribo de la sanidad pública”

Asimismo, ha destacado una inversión de más de 100 millones de euros en reforzar los cribados en la comunidad y la contratación del 90% de los 705 a los que se comprometió el ejecutivo autonómico.

“La prevención del cáncer de mama ha sido y será una prioridad para este Gobierno y seguimos avanzando para ampliar el tramo de edad, para incorporar la inteligencia artificial a lectura de diagnósticos, como vamos a hacer en todas las unidades de cáncer de mamá y vamos a seguir humanizando un proceso que salva vidas”, ha subrayado.

Ante esta situación, Sanz ha reiterado a la oposición que “cese su estrategia electoralista de acoso y derribo de la sanidad pública andaluz” y ha asegurado que “han fracasado en su estrategia de ataque político y jurídico”.

El PSOE asegura que “no va a dejar de pelear”

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, ha defendido que pese al archivo, “no acaba la negligencia política y responsabilidad sanitaria” del Ejecutivo andaluz al respecto.

“Seguimos sin saber si esas mujeres están siendo a día de hoy atendidas”, ha señalado Férriz en una nota de prensa remitida por el partido a la par que ha indicado que “no hay informes médicos, no hay absolutamente nada, se niegan a una comisión de investigación en el Parlamento”.

“No vamos a dejar de pelear porque se sepa la verdad, porque de no haber sido por esa denuncia muchas mujeres a día de hoy en Andalucía estarían desarrollando un cáncer que se podía haber evitado”, ha subrayado.

Goteo de denuncias archivadas

Las fiscalias provinciales han ido archivando en los últimos meses denuncias presentadas en su día por presuntos fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía al no haberse hallado indicios de delito.

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

La denuncias remitidas a las distintas fiscalías provinciales se referían a presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes o ”dudosos“, falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

La Administración sanitaria acotó a 2.317 mujeres afectadas por la polémica por los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama en Andalucía.

Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.

En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.

El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.

Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.

Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.

La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].

En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.

Chocarse con la realidad y con la legislación vigente

El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera polémica en torno al recién formado Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox. El partido de Abascal trataba de demostrar que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.

“Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, escribió entonces Serrano en su cuenta de X (antes Twitter). El juez, que pasó de candidato estrella de Vox a ser repudiado por Abascal, había llegado a la política tras ser inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre.

El Ejecutivo andaluz no llegó a entregarle a Vox la lista de funcionarios que pedía, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero, siete años después, Vox no sólo tiene en la mano los nombres de esos empleados públicos, sino las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscritas a la Consejería de Justicia, que Moreno ha entregado al líder de la formación ultraderechista, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno, por tercera vez, contiene el reparto de consejerías entre ambos socios de Gobierno. La ultraderecha gestiona una sola consejería, que aglutina competencias muy dispares: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero hasta el jueves pasado, el Consejo de Gobierno no aprobó los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada departamento.

Entre ellas, se encuentra la organización de “los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores”; la organización, a través de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las “unidades de valoración integral de violencia de género”; y el impulso de la elaboración de “protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Son las atribuciones naturales de la Consejería de Justicia, pero ahora están en manos de una formación política que ha cuestionado severamente estos servicios públicos -tildándolos de “chiringuitos ideológicos”-, así como las políticas de igualdad de género en las que se enmarcan.

En la oposición, Vox ha sido muy crítico y muy duro con la gestión de algunas atribuciones de la Consejería de Justicia, que ahora gestionan. Sin embargo, en la práctica este departamento tiene un margen de gestión muy acotado, porque se trata de una “administración prestacional”, que se limitase a sufragar y mantener los medios materiales y humanos de la Justicia, pero con poco poder de decisión sobre unos poderes que competen al Ministerio del ramo.

Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto. Tampoco, por ejemplo, puede pedir los informes forenses para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, que la consejería elabora sólo a petición de la Fiscalía de Menores. Vox ha logrado colar en su acuerdo de Gobierno con Moreno el rechazo “frontal” a los niños inmigrantes -“No más MENAS”, reza el texto-, y también plantea medidas para verificar mejor la edad de esos menores, pero no está en su mano emitir los informes forenses, ni siquiera desde el departamento de Justicia.

La consejería de Gavira también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, que le servirá a Vox para comprobar que la mayoría de internos por Violencia Juvenil son españoles, y que los extranjeros que hay no son exclusivamente magrebíes ni musulmanes, como suelen denunciar falsamente en sus comparecencias públicas.

Fuentes del PP andaluz explican que la cesión de la Consejería de Justicia a Vox -un departamento que nunca reclamaron, al menos, públicamente- restringe mucho el “despliegue ideológico” de la ultraderecha en las políticas públicas, al tratarse de competencias exclusivas del Estado, con estrecho margen de maniobra para la Junta.

No obstante, Gavira sí podría modificar los protocolos de las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género -reguladas en un decreto andaluz- o recortarles el presupuesto para suprimir los refuerzos de personal, aunque entraría en conflicto con los sindicatos del sector, que representan a sus trabajadores, y probablemente, también chocaría con su socio de Gobierno. En ningún caso podría eliminar este servicio, dado que está blindado en una ley estatal.

Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para estas unidades de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder.

“Revisar y derogar las leyes ideológicas”

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que no aparecen identificadas en el documento, aunque la ultraderecha lleva usando cuatro años este mismo término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas y mecanismos públicos para la igualdad de género.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse. Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración, hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas.

Las fiscalías provinciales de Andalucía han dado carpetazo a las 15 causas abiertas por las denuncias interpuestas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, que provocaron la mayor crisis política del Gobierno de Juanma Moreno y forzaron el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula.

El archivo de las dos últimas causas vivas por parte del Ministerio Público, adelantado por el diario Ideal, fueron promovidas como el resto por la asociación El Defensor del Paciente, junto con 16 particulares (mujeres afectadas), y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía. El coordinador federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha restado importancia a esta decisión, y reiterado que su formación exigió -y lo sigue haciendo- “responsabilidades políticas” al Gobierno de Moreno por unos fallos que afectaron a más de 2.000 mujeres con diagnósticos tardíos de cáncer, según cálculos de la Junta.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía ya anunció el cierre de las investigaciones abiertas por la crisis de los cribados en Granada, Jaén, Sevilla, Almería y Málaga (nueve en total) a raíz de sendas denuncias.

En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había desestimado también tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

En diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos. Esta denuncia fue interpuesta por la Asociación de Mujeres Víctimas de Cáncer de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo.

La Fiscalía del TSJA llegó a reclamar en un escrito a la Consejería de Sanidad un informe sobre los “errores” que reconoció la propia Junta, y que se cobraron la dimisión de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández. El fiscal pedía a la Junta que informase con detalle de las “medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas” y para la prevención de hechos futuros similares.

Tras estallar el escándalo, el Ejecutivo de Moreno precipitó el cese de la consejera y todo su equipo y anunció un cambio en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama, un sobregasto sanitario de 100 millones y ha ofrecido distintas cifras de aumento de plantilla de sanitarios -119 contratos la primera semana; 700 la segunda y 4.300 la tercera- aunque ha admitido que no hay bolsa para fichar más radiólogos, el servicio más deficitario en esta crisis de cribados.

Las denuncias que ahora se archivan, registradas por IU y Adelante, culpabilizaban de la crisis directamente a cargos políticos aforados, como la ya dimitida consejera de Salud, su predecesora en el cargo y luego responsable de Medio Ambiente, Catalina García, la exviceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, que también fue imputada en otra causa judicial por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024.

La denuncia del grupo Adelante Andalucía fue la más dura de todas, ya que imputaba delitos de “homicidio imprudente” a los responsables públicos que gestionaban la sanidad pública cuando estalla la crisis de los cribados o que lo siguen haciendo. El partido de Teresa Rodríguez acusó a miembros del Gobierno de Moreno de delitos de lesiones por imprudencia grave y dejación de funciones del servicio público, omisión del deber de prestar serivicos sanitarios.

Presidente de la Fundación Blas Infante desde abril de 2024, una tarea que hasta entonces había desarrollado su madre María de los Ángeles, Javier Delmás Infante es el tercer nieto que tuvo el que desde 1983 es reconocido como padre de la patria andaluza.

Como máximo responsable de la institución encargada de preservar el legado histórico y político de su abuelo, reivindica la vigencia de su figura, no quiere entrar en qué le parece la presencia de Vox en el Gobierno andaluz y no se atreve a imaginar qué diría si viese el actual panorama político en Andalucía.

Se cumplen 90 años del fusilamiento de Blas Infante, ¿estamos en un momento en el que hay que defender más que nunca su legado?

Yo creo que sí, todo lo que sea ampliar el mensaje y sobre todo el legado en general de Blas Infante en sus diversos ámbitos me parece fundamental, sobre todo porque creo que no ha llegado a calar en la inmensa mayoría de las capas de la población andaluza. Tanto él como su mensaje siguen siendo más bien desconocidos para la inmensa mayoría del pueblo andaluz.

¿Y por qué cree que no ha llegado a calar?

No digo que no haya llegado a calar, digo que se desconoce ampliamente, entre otras cosas porque desde que se rescata su figura allá por los años de la Transición, Blas Infante es una persona que pasa de largo en la educación de los niños andaluces. No quiero decir que se le trate con poco respeto, no es eso, sino que en lo que ha sido la obra y el mensaje de Blas Infante no se ha profundizado nunca para que llegue a calar en esos diversos ámbitos de la población.

En su intervención hace un mes en el acto en el Parlamento andaluz por el 141 aniversario de su nacimiento, defendió que el pensamiento de Blas Infante es un bálsamo frente a extremismos y exclusiones, ¿ese mensaje iba destinado a algún partido en concreto?

Con eso quería decir que Blas Infante fue sobre todo una persona regeneracionista, integradora y solidaria con el resto de los pueblos de España. Su mensaje es de solidaridad y respeto hacia sus propios antagonistas, algo absolutamente fundamental para él. Quería que, por encima de todo, Andalucía fuese solidaria, no excluyente y muy respetuosa, como era él incluso con quien no estuviese de acuerdo.

La verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia la obra y la persona de Blas Infante

Lo digo porque parecía un dardo dirigido a Vox...

Mire, yo soy muy respetuoso con los que estén en las antípodas de ese pensamiento tan integrador y tan solidario de Blas Infante, terriblemente respetuoso. Yo solamente pido que se le respete a él, porque se presume que somos todos demócratas, ¿no? Estamos hablando de una persona a la que fusilan con 51 años y que deja cuatro niños huérfanos, al menos se le debe un respeto. En las componendas entre las diversas fuerzas políticas para hacer viable esta legislatura no voy a entrar, porque no tengo ningún vínculo político con ningún partido ni nada. Y tengo que decir que no es el primer año que Vox no aparece en ningún homenaje a Blas Infante, ni se deja ver en un acto de respeto hacia su figura. Yo, como tercer nieto por edad de los ocho que tuvo Blas Infante y que nací en su propia casa, lo que puedo decir es que mi familia ha sufrido muchísimo, y la verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia su obra y hacia su persona.

En ese mismo discurso, usted recordó que Infante rechazó cualquier forma de racismo, de superioridad o de desprecio al diferente, ¿cree que Infante estaría en contra del concepto de prioridad nacional que defiende Vox?

Ya le digo yo que sí, que mi abuelo habría estado en contra y no habría entrado nunca dentro de sus prioridades políticas, eso es seguro. El objetivo de mi abuelo, por encima de todo, era la recuperación de Andalucía y potenciar las ansias de autonomismo, no olvidemos que fue impulsor del primer anteproyecto de autonomía que se pensaba validar en septiembre de 1936, que por el golpe de Estado del 18 de julio y toda la ilegalización del proyecto andalucista evidentemente no se pudo llevar a cabo, además de por su propio asesinato. En ese proyecto autonomista veía la solución para salvaguardar los poderes de Andalucía y potenciar su autogestión. Él consideraba que, desde su autonomía, Andalucía estaría mucho más capacitada y preparada para resolver sus propios problemas, porque no ha sido precisamente de las regiones españolas que han sido más favorecidas desde los gobiernos centrales desde tiempo inmemorial.

Vox ha vuelto a faltar al homenaje a Blas Infante, pero esta vez no ha lanzado mensajes ridiculizando su figura...

Cuando hablo de la falta de respeto a su figura lo hago desde el sentimiento que yo tengo como nieto y efectivamente eso me duele. Si ellos de alguna manera le quieren hacer daño a algún miembro de la familia de Blas Infante, pues ya lo tienen, evidentemente lo consiguen. Hombre, le tildan de separatista, cuando siempre mantuvo que Andalucía no se podría separar nunca de España porque era la esencia de España. Y después que si era musulmán, cuando mi abuelo es que era profundamente respetuoso con cualquier opción religiosa, eso no quiere decir que fuera islamista ni muchísimo menos. ¡Pero si hasta era protector de las monjas de clausura del convento Santa María de los Reyes de Sevilla! Si quieren atacar y decir que Blas Infante lo que quería era poco menos que convertir a Andalucía en una parte más del islam, pues se equivocan rotundamente.

En este sentido, ¿qué le parece que su propio hermano afirme que tiene un Corán de vuestro abuelo que presenta como prueba de que se habría convertido al islam?

Pues mire, para empezar yo soy tremendamente respetuoso con lo que cada miembro de la familia Infante pueda pensar de él. Yo asumo lo que mi abuelo planteaba sobre la época de Al-Ándalus, donde están los vestigios más importantes de la brillantez de Andalucía y ahí ha quedado el deslumbramiento de la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. Mientras que en Andalucía se cultivaban las tierras, había bibliotecas y se fomentaba el ámbito cultural, en otras partes del Estado español estaban todavía al margen de estas manifestaciones culturales. Y además, simplemente digo que el aspecto islamista de Blas Infante no es lo que más define su figura, como ocurre con la cuestión masónica.

¿En qué sentido?

Pues en que se han registrado los propios archivos masones y no hay constancia de ningún tipo de que Blas Infante perteneciera a la masonería. Pues hay algún miembro de la familia Infante que es que parece ser que la cuestión fundamental de Blas Infante es que era masón. Mire usted, no, no era masón, estoy dispuesto afirmarlo con toda la rotundidad posible: que vengan y que me demuestren lo contrario. Pues en la misma línea pasa con la cuestión islámica, con todos mis respetos para el islam y los musulmanes Blas Infante no era musulmán, ya se lo puedo asegurar.

Muchas de estas controversias sobre la figura de Infante las ha alimentado precisamente Vox, que también niega el Estatuto de Autonomía y hasta la propia autonomía en sí. ¿Qué sensación le genera como presidente de la Fundación Blas Infante que ahora forme parte del Gobierno de Andalucía?

Pues me parece contradictorio, pero vuelvo a repetir que estoy muy al margen de los pactos entre fuerzas políticas. La Fundación Blas Infante nace en 1983 por iniciativa del presidente Rafael Escuredo, de mi madre, María Ángeles, y algún que otro patrono destacado, que ven la conveniencia de constituirla con carácter privado para la difusión de la vida y obra de Infante y para fomentar la cultura andaluza. Por eso, debido a su carácter privado y no político, desde la Fundación no podemos entrar en los arreglos entre las fuerzas políticas que han pactado esta legislatura.

Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto

¿Y a nivel personal tampoco se pronuncia?

No, no, es algo que he aprendido en los 40 años que he estado junto a mi madre. Y además quiero recordar que poco antes del 18 de julio a mi abuelo le plantaron por delante un manifiesto para ilegalizar Falange Española y se negó a firmarlo. Pues lo mismo le digo: yo no tengo ninguna cercanía hacia ninguna fuerza política ni nada, lo único que pido es que se respete en lo posible la figura y obra de Blas Infante. Si se va a opinar, hay que tener un conocimiento profundo de lo que se dice antes de hacerlo público, porque por ejemplo andar por ahí pregonando sobre la islamización de Infante es un absoluto infundio.

Continuando en el terreno político, y tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en las pasadas elecciones, ¿cree que el andalucismo vive un buen momento?

Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí, el andalucismo tiene tres momentos muy decisivos. El primero es bajo el impulso del propio Blas Infante, allá por el primer tercio del siglo XX, y luego hay un segundo impulso en los años de la Transición, cuando se recupera su figura y gran parte del pueblo tiene conocimiento, entre otras cosas, de los símbolos andaluces, por cierto, impulsados por Blas Infante. Finalmente, ahora parece que de nuevo resurge. Pero el andalucismo no es solamente querer a la verde y blanca y tener conocimiento de en qué consiste el escudo de Andalucía o saber cantar el himno. Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto.

Desde ese punto de vista, ¿le han alegrado los resultados de Adelante Andalucía como señal de una cierta revitalización del andalucismo?

Pues le voy a ser muy claro: me ha alegrado, me ha parecido bien, y eso que yo no les he votado.

¿El andalucismo tiene que ser político por encima de todo?

Si se entiende como potenciar todas las posibilidades que parten de esta tierra, que están más bien adormecidas, y darle prioridad a la identificación de las propias cuestiones singulares de Andalucía, evidentemente que sí.

Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía

Al margen de Vox, ¿ahora todos los partidos políticos reivindican la figura de Blas Infante y se declaran más andalucistas que nadie?

La figura de Blas Infante sigue siendo en parte desconocida, pero a medida que se conoce se ve que tanto su mensaje como su obra es sumamente actual porque, entre otras cosas, fue un adelantado a su tiempo. La figura de Blas Infante engancha, lo que pasa es que hay que conocerla y a medida que se va conociendo va resultando más atractiva. Por eso no me extraña en absoluto que la reivindiquen varias fuerzas políticas, y aprovecho para darle las gracias a todas las que muestran ese respeto permanente.

¿Considera entonces que su figura encajaría bien en el panorama político actual?

En diversos aspectos, sí, como evidentemente en todo lo que sea apoyarse en el Estatuto de Autonomía para el avance permanentemente de Andalucía. Pero su figura hay que contextualizarla en el momento en que deja escrita su obra, esa Andalucía del primer tercio del siglo XX que, por fortuna para los andaluces, poco tiene que ver con la de hoy, empezando por las asistencias sociales y educativas, por ejemplo. Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía, porque si un día un padre de familia no trabajaba, ese día su familia sencillamente no tenía ni siquiera para comer, y a eso se unía el analfabetismo que había.

¿Y qué diría Blas Infante del panorama político actual?

Me va a perdonar, pero eso sí que no lo sé. Yo soy profundamente respetuoso con la figura de mi abuelo y no me atrevo a plantearme no solamente qué diría del panorama político actual, sino de la gestión de Andalucía y del estado en general de Andalucía. Sinceramente, no me atrevo, porque además familiarmente la figura de mi abuelo se me viene muy encima y ni tengo su capacidad intelectual ni soy lo generoso que era, soy incapaz de realizar mínimamente lo que mi abuelo se empeñó en llevar a cabo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto una segunda investigación contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur, imputado en otra causa judicial por agresión y acoso sexual a una reportera, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave de dicha causa, acusándole de “amenazas y coacciones”, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la corte penal internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

En un auto, la magistrada ha citado a declarar a la denunciante a finales de octubre en su juzgado para que “ratifique” la demanda que interpuso ante la Policía Nacional contra el ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión.

El procedimiento judicial abierto se encuentra en fase embrionaria, aunque la denunciante ya ha presentado un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en ADM. La jueza Contreras, que instruye el caso, estuvo más de 20 años trabajando como jueza de violencia de género.

Gustavo Fuentes y quien fuera su número dos en la productora asociada a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA) estaban citados a declarar el pasado 11 de mayo en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, él como imputado por delitos sexuales contra una reportera; y ella como testigo clave propuesta por la acusación. La declaración se suspendió en el último momento -aplazada hasta el 20 de julio- porque el ex CEO de la compañía cambió de abogado cuatro días antes.

Esa misma tarde, la exdirectiva de ADM y testigo “fundamental” en la causa contra Gustavo Fuentes recibió un mensaje privado desde la cuenta de Instagram del acusado: la notificación recibida dirigía al enlace de una entrevista en vídeo en la que se hacen comentarios violentos como estos: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “Un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La víctima acudió de inmediato a una comisaría de Policía para manifestar su temor ante estas “amenazas” por parte de Gustavo Fuentes y dijo sentirse “coaccionada” en su condición de testigo en una causa contra su exjefe por delitos sexuales a una empleada, en la que debía haber declarado ante el juez ese mismo día. Al interponer la denuncia presentó una captura de pantalla de la notificación recibida desde la cuenta personal de Fuentes en Instagram y otra del vídeo recibido, confirman fuentes de la Policía Nacional.

El delito de coacciones se considera más grave que el de amenazas en el Código Penal. El primero se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo puede ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año. Aquí, sin embargo, confluye el agravante de que el sujeto pasivo (la víctima) es testigo en un procedimiento penal, por lo que se consideraría una “amenaza cualificada” y el castigo sería mayor, explican fuentes jurídicas.

Dos causas judiciales relacionadas, pero con procedimientos distintos

Ésta sería la segunda investigación judicial que pesa sobre el ex CEO de una productora semipública, con participación mayoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, y un papel capital en el sector audiovisual andaluz. Sin embargo, el juez de violencia de género que instruye la causa principal contra Gustavo Fuentes ha rechazado, de momento, vincular ambos procedimientos. El magistrado Francisco José de Córdoba recibió un mes antes una copia de la denuncia por coacciones que la testigo interpuso ante la Policía -al entender que existe una relación directa con su papel en esta causa-, pero el juez decidió no tomarla en consideración.

Desde el pasado mes de marzo, el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla investiga los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex director general de la principal productora de Canal Sur a una de sus empleadas. De momento, ha orillado el delito de acoso laboral que también le imputaba la víctima -por considerarlo fuera de las competencias de su tribunal- y tampoco ha integrado en la causa la denuncia de la testigo “fundamental” por las supuestas amenazas recibidas desde el móvil del acusado.

La denuncia de la testigo contra Gustavo Fuentes es una derivada de la causa principal en la que está imputado, que se ha visto enrarecida por una circunstancia fuera de lo común: el ex CEO de la productora se enteró antes de que se lo notificaran oficialmente por una llamada del presidente de la compañía y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas-, lo que le permitió agilizar una estrategia de defensa y llevársela al juez antes de que éste tuviera conocimiento de la denuncia de la testigo, según ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El mismo día que recibió el aviso del alto cargo del Gobierno andaluz, Gustavo Fuentes también acudió a la Policía para denunciar que le habían “hackeado” su cuenta de Instagram desde donde se envió el vídeo amenazante a la testigo. Acto seguido, el exCEO de ADM remitió una copia de esta denuncia al juzgado que le investiga por agresión y acoso sexual a una reportera, junto a un escrito negando haber sido él quien lo hizo, explicando que varios trabajadores de diferentes departamentos de su empresa pudieron tener acceso a sus cuentas personales, y presentando un certificado firmado por el director técnico de la productora señalando a esas personas con nombres y apellidos.

Un directivo arropado por el Gobierno de Moreno

Hasta el pasado 10 de junio, Gustavo Fuentes era un directivo de referencia y con mucho poder en sector audiovisual andaluz, muy bien relacionado con la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno y con la dirección de la RTVA, su principal cliente.

ADM es una compañía semipública, participada por la Junta de Andalucía al 47,8% y principal proveedor de contenidos para Canal Sur, de modo que el escándalo sexual en el que se vio envuelto sacudió el panorama político y empresarial andaluz, pero no le dejó caer hasta que este periódico lo hizo público.

Fue destituido el pasado 10 de junio después de que elDiario.es revelase que un juez de Violencia de Género de Sevilla le había citado a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos sexuales contra una reportera. Estaba denunciado desde el mes de enero, investigado por un juzgado desde febrero e imputado desde el 25 de marzo, citado a declarar inicialmente el 11 de mayo, pocos días antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas, tardó 18 horas en aprobar su “cese temporal de funciones”, que horas después se convertiría en “definitivo e irrevocable”. Gustavo Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de Presidencia y actual vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia contra el CEO de ADM por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testimonios de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El pasado 20 de julio, Gustavo Fuentes declaró ante el juez de violencia de género durante casi una hora, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a la reportera denunciante, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre consentido”.

Media hora antes, dos testigos propuestos por la denunciante habían ratificado ante el mismo juez la “obsesión” que Gustavo Fuentes sentía hacia la víctima, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial.

La Sala Especial de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la recusación del juez Manuel Piñar contra cuatro magistrados de la Audiencia de Granada en relación a la causa que se sigue contra él por un presunto delito de odio.

El magistrado ya jubilado, conocido por su vinculación con el 'caso Juana Rivas', está procesado por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas realizados a través de Facebook. La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha fijado para el 1 de octubre la audiencia preliminar por este caso, que surgió a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas y en el que la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional.

La causa estaba pendiente de que se resolviera la recusación que Piñar hizo contra cuatro magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Granada a los que acusó de tener un “interés directo” en este caso; así como una “enemistad” manifiesta hacia él.

No obstante, la Sala de Recusaciones del TSJA --integrada por el presidente, Lorenzo del Río, y trece magistrados-- lo ha desestimado en un auto fechado el 22 de julio al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso. Junto a ello, la Sala ordena devolver el conocimiento de la causa a la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

No es la primera vez que Manuel Piñar ejerce acciones contra magistrados de la Audiencia granadina. El año pasado presentó una querella contra tres de la Sección Segunda que ordenaron reabrir la investigación contra él por delito de odio --el que está ahora pendiente de juicio--. No obstante, el TSJA lo archivó por entender que la denuncia era “inconsistente jurídicamente”. Tampoco prosperó la queja que elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora, la Sala de Recusaciones descarta la existencia de una enemistad manifiesta de los magistrados de la Sección Primera frente a lo que considera “meras conjeturas” de Piñar, que también aludió en este contexto a los lazos matrimoniales de dos magistrados de la Sección Primera y Segunda que han conocido la causa.

Así las cosas, está previsto que el 1 de octubre se celebre la audiencia preliminar por este caso contra el magistrado, que negó en su momento en sede judicial la autoría de las publicaciones en Facebook, enmarcando esta denuncia en una “persecución” hacia su persona. La acusación particular solicita que sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros, según consta en su escrito de acusación, consultado por Europa Press.

El caso se archivó en un principio y fue reabierto en 2023 por la Audiencia de Granada que, tras revisar el contenido de las publicaciones que se recogen en la denuncia, sostuvo que algunas de ellas contienen “epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países, los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos”.

De forma paralela, esta causa dio lugar a otras actuaciones judiciales relacionadas con el uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, vinculados al grupo de Whatsapp que el despacho Aránguez Abogados mantiene con más de un centenar de periodistas y que amplió el marco del enfrentamiento judicial entre el abogado y el magistrado, que se jubiló de forma voluntaria en 2024.

Juan Manuel Moreno ha empezado a ensayar esta semana su estrategia para “encapsular” su pacto de Gobierno con Vox tomando distancias de la polémica generada por el proyecto para construir una mezquita en Sevilla, avalado por el Ayuntamiento.

El presidente andaluz ha dejado solo al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, frente a las duras críticas de la ultraderecha, que estos días le acusa de permitir la “islamización” de los barrios de la ciudad y ha difundido imágenes suyas vestido con un turbante en la cabeza y la chilaba marroquí, generadas por inteligencia artificial.

PP y Vox, que gobiernan juntos Andalucía desde hace apenas un mes y son socios en el Ayuntamiento hispalense desde hace dos años (con dos pactos presupuestarios), hacen equilibrios para no arañar el reciente acuerdo que hizo presidente a Moreno, mientras toman posiciones para confrontar y disputarse el mismo banco de votos a nueve meses vista de la campaña para las elecciones municipales, y con el embrollo del templo musulmán como telón de fondo.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, ha “sorprendido” y “preocupa” la virulencia que han usado sus socios en este asunto, por mucho que se hayan cuidado de no salpicar la entente política que acaban de firmar con ellos. Lo que está pasando en Sevilla en torno a la futura mezquita del Polígono Sur, una iniciativa empresarial privada en suelo privado, sólo se entiende desde el metalenguaje político de PP y Vox y su estrategia de “encapsulamiento”.

El acierto terminológico, que se estrenó con éxito en el primer Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por la ultraderecha, permite que en un mismo recipiente quepa el abrazo de Vox a Moreno y el insulto a Sanz. Desde dentro, funciona, porque tanto desde la dirección regional del PP como desde el grupo parlamentario ultraderechista han declarado públicamente que este tema no afecta a las “buenas relaciones” entre ambos socios de Gobierno.

Es, además, lo que ha mandatado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo desde Madrid, explican fuentes próximas al presidente Moreno. “Las relaciones entre ambos partidos, después de muchos encontronazos, pasan por su mejor momento”, tras consolidarse cuatro acuerdos de gobierno consecutivos en menos de seis meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Todos con un patrón común --el sintagma antiinmigrante de la “prioridad nacional”-- y un acercamiento ideológico a los planteamientos de la ultraderecha en materias clave, como el negacionismo climático y el retroceso en políticas medioambientales; la desregulación administrativa como palanca de una economía neoliberal; las rebajas fiscales; el recorte de subvenciones a sindicatos, ONGs y ayudas al desarrollo; la eliminación de las políticas memorialistas y otras “leyes ideológicas”, sobre todo en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista y, de manera transversal a todas las políticas públicas, la identificación del extranjero como una suerte de parásito del Estado de bienestar español y una amenaza para la seguridad ciudadana.

La “hoja de ruta” hacia la Moncloa

Los pactos de gobierno PP-Vox en las cuatro comunidades son la “hoja de ruta” hacia la Moncloa, en las elecciones legislativas previstas para el primer semestre de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo de no adelantarlas. La convivencia pacífica de ambos partidos en estas latitudes es, por tanto, “fundamental” para no dañar las buenas expectativas de las derechas para expulsar del poder a las izquierdas, que arrojan ahora casi todas las encuestas.

“Es obvio que peleamos por el mismo espacio político”, dice un dirigente del PP nacional, pero se trata de “no encender” la chispa, arrojando la imagen de un Gobierno de coalición en discordia y con problemas de cohabitabilidad, como ocurrió en 2024, cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos y retiró su apoyo al PP por acoger en sus territorios el cupo de migrantes menores no acompañados que estableció el Ejecutivo central. Los nuevos pactos de gobierno contienen una cláusula específica para evitar que se repita este escenario: “No más MENAS”.

El martes pasado, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde definitivamente al proyecto de la gran mezquita, que se ubicará en una parcela del distrito más deprimido de la capital andaluza --el Polígono Sur, a unos metros de las Tres Mil Viviendas--. De inmediato, Vox convocó a la prensa para anunciar que dejaba en suspenso su alianza municipal con el PP --y con ella, los últimos presupuestos de la legislatura-- y que recurriría a los tribunales para frenar la construcción del templo musulmán.

Por mucho que se apele al “encapsulamiento” del Gobierno de Moreno, en esa comparecencia estaba el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado Javier Cortés, que minutos antes había publicado en la red social X la imagen falsa del alcalde con la chilaba.

Y la primera rueda de prensa en el Parlamento andaluz que dio Manuel Gavira, ya con su condición de vicepresidente de la Junta in pectore, fue un ataque frontal a la mezquita y la supuesta “islamización” de los barrios de Sevilla. “Prioridad musulmana” lo llamó el líder andaluz de Vox, para reivindicar el término de “prioridad nacional” que aparecía en el pacto de Gobierno firmado junto a Moreno horas antes.

La bronca entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía habría tenido más resonancia en la política nacional de no haber coincidido con los incendios devastadores que estaban arrasando España, y con el agotamiento de un curso político muy intenso. El proyecto de la mezquita, sobre el papel, es difícilmente achacable al Gobierno municipal del PP.

El alcalde ha respondido que no autorizar la construcción, estando todos los requisitos en regla, sería como “prevaricar”. “No cruzaré la línea de violar la ley”, dijo Sanz. También el pacto de Gobierno en Andalucía, con 150 medidas, está trufado de constantes alusiones a la “legalidad vigente”, como queriendo perimetrar las promesas antiinmigrante de Vox que recoge el acuerdo al marco de la legislación. “Lo que no permite la ley y no se puede hacer, no se hará”, anticipaban fuentes próximas al presidente andaluz.

Pero Vox no ha enmarcado esta polémica en el terreno de la legalidad ni de la iniciativa empresarial privada (que tanto reivindica en su discurso económico), sino en el marco mental que considera más rentable en términos políticos y electorales: el discurso del miedo, el odio y el rechazo al inmigrante. “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, ha respondido Sanz a los envites de sus socios en el Ayuntamiento.

El propio Abascal, que ha intervenido a través de sus redes en la polémica, ha visto a su partido sustentar al Gobierno de Sevilla tras aprobar la licencia de obras para construir un Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, con una inversión estimada de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno para el rezo musulmán y el otro para las actividades socioculturales.

La parcela de la futura mezquita se encuentra en un barrio con carencias históricas en materia de sanidad, educación, seguridad, transporte y políticas sociales. El Polígono Sur arrastra daños estructurales por falta de empleo, absentismo y fracaso escolar, delincuencia, narcotráfico, pobreza. Es un enclave en el extrarradio de la capital andaluza donde se constituyó, hace años, una autoridad única que concentra las tres administraciones del Estado implicadas en sacar estos barrios del pozo: el Comisionado para el Polígono Sur: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Es una zona donde las carencias endémicas de la población son también un aliciente para el discurso populista de la ultraderecha, que ha sabido permear en zonas rurales y barrios obreros, a base de demonizar a otros colectivos, igualmente pobres, igualmente excluidos, pero de otro color, de otro país, de otra raza y de otra religión.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en todos los barrios del Polígono Sur y las izquierdas sumaron más votos que las derechas, aunque el nivel de abstención en estos barrios fue del 47,6%. Vox fue la segunda fuerza con más apoyos en muchas calles de este distrito municipal, muy por encima del PP, que cuenta con un respaldo residual.

El calor extremo y la disminución de horas que se pasan en la calle convierten al verano en una de las épocas más difíciles para las personas mayores. Someterse a las altas temperaturas hace que muchos de ellos opten por no salir de casa, causando una situación de soledad no deseada que ya forma parte de su día a día pero que aumenta durante estos meses.

Frente a esta situación, asociaciones y voluntarios intentan llenar un vacío que, para muchos, se repite cada verano. Una de esas ONG es es Solidarios, que durante todo el año tiene un programa de acompañamiento de personas mayores, donde voluntarios hacen una visita a la semana para sacar a estas personas de casa o, simplemente, estar un rato charlando con ellos.

Actualmente, hay 60 voluntarios que acompañan a personas mayores en Sevilla, aunque su objetivo es llegar a los 100. Remedios Cano, responsable del programa de mayores de Solidarios en Sevilla, explica que “los voluntarios ejercen como enlaces para que la persona vuelva a retomar su vida en comunidad”. Para ello, se les hace una formación previa que les ayuda a tratar y a mejorar la nueva relación con la persona a la que acompañan.

Del voluntariado a la amistad

María Ángeles y David son una de las parejas que forman parte de este programa de acompañamiento. David, con seis años de experiencia como voluntario en Solidarios, ha estado con varias personas anteriormente. Sin embargo, para María Ángeles es su primera experiencia. Normalmente, se ven diariamente desde las 11.00 hasta la hora de comer, aunque en verano aprovechan cada vez que David viene de la playa para verse.

María Ángeles no salía de casa, y la única toma de contacto que tenía con el exterior era con su hermana y con su vecino de arriba, al que le recogía los paquetes que le llegaban a casa. En el centro de salud fue donde le recomendaron esta asociación para que no estuviese sola, y ahora reconoce que le ha venido bien.

Por su parte, David conoció a Solidarios hace más de seis años a través de un amigo. Pese a que su primera idea era entrar en el programa de personas en prisión, decidió decantarse por el voluntariado de personas mayores debido a la falta de gente. Anteriormente, sólo había acompañado a hombres, y ahora con María Ángeles ha tenido un cambio de aires con el que está muy contento.

Tras más de un año juntos, han visitado exposiciones, museos y han ido de compras o a la peluquería, incluso sufrieron juntos la incertidumbre del apagón sufrido el pasado año en España. Además, han cogido el tranvía y el autobús, algo impensable para María Ángeles hace unos años. “Le agradezco enormemente a los sitios a los que me lleva porque no voy nunca, ni iría si no fuese con él. Para mí ha supuesto una alegría”, indica María Ángeles mientras David sonríe.

El verano: “la época más dura”

Con la llegada del verano, muchos voluntarios se marchan a las playas para aprovechar las vacaciones, lo que hace que “sea una de las épocas más duras para la soledad”, afirma la responsable del programa de Solidarios. Además, el calor impide que salgan a la calle y se tengan más conversaciones en casa, por lo que las visitas disminuyen y el contacto telefónico aumenta, como es el caso de María Ángeles y David.

“A mí me gusta meterme un poquito con él, y a él le gusta meterse conmigo. Nos soportamos mutuamente y estoy muy contenta”, indica María Ángeles con tono de broma, mientras David ríe y asiente a su lado. David acepta su rol y entiende que “aunque sea muy impaciente en mi día a día, aquí tengo que adoptar otro rol”.

Ríen, hablan, tienen sus discrepancias y sus puntos en común. “Al final la relación que se crea es muy familiar”, reconoce Cano, que está pendiente de todos los voluntarios de personas mayores y anima a que más gente ayude a paliar la soledad de las personas mayores.

El 1 de agosto de 1976 se conformó en Antequera la comisión que preparó la asamblea constituyente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), poco después en Morón de la Frontera. “Fue en un convento, porque en aquellos tiempos hacíamos las reuniones en torno a la iglesia, no había otro sitio, y siempre con medidas de seguridad”, rememora Paco Casero, primer secretario general de la organización, que presidiría entonces Gonzalo Sánchez.

Junto a ellos, otros nombres impulsaron el que fue el primer sindicato en legalizarse en Andalucía. Figuras como el cura obrero Diamantino García, Diego Cañamero e incluso una mujer, Pepi Conde. Medio siglo después, los que todavía viven echan la mirada atrás con orgullo, pero también conscientes de la fragilidad de algunas conquistas.

El SOC va a celebrar este 50 aniversario los días 28 y 29 de agosto en Marinaleda, evento en el que espera participar Paco Casero, quien hoy preside la fundación Savia. Está convencido de que “la historia reciente de Andalucía no se puede escribir sin la presencia del SOC porque no sólo supuso una lucha por la dignidad y los derechos de los hombres y mujeres del campo, sino también en la reivindicación del autogobierno”. Recuerda en este sentido que siempre estuvo la bandera andaluza en sus marchas y movilizaciones, igual que apoyaron la huelga de hambre de Rafael Escudero.

De esos primeros años destaca especialmente el protagonismo de un pueblo, Lebrija, como “bastión de ruptura y a cuya gente tenemos mucho que agradecerle”. Se fueron sumando luego otros muchos municipios, pero insiste en ese papel de los lebrijanos en la construcción de este proyecto, que se extendió por la Sierra Sur de Sevilla, la Campiña, la Sierra de Cádiz…

Por eso lamenta la falta de reconocimiento por parte de las instituciones: “La realidad va por un lado y las instituciones por otro. Tienen una deuda con el campo, el de antes y el de ahora, donde por ejemplo Andalucía es referente europeo en agricultura ecológica. Pero nunca ha existido ese reconocimiento, por ejemplo con las Medallas de Andalucía. Puedo contar que a mí me la han ofrecido dos veces y las dos las he rechazado precisamente por esto, por el olvido de esa lucha del SOC”.

Menos conocido quizá es el papel que jugó entonces una mujer, en un entorno dominado por el machismo, pero donde sus compañeros no dudan en señalarla como una de las referentes. Pepi Conde recuerda a sus 78 años que sólo tenía 11 cuando empezó a trabajar en el campo. Era la mayor de cinco hermanos en una aldea de Almonte, Huelva, “y no quedaba otra porque con los jornales de mi padre no daba para toda la familia”.

Una mujer en la primera ejecutiva

Ese año de la fundación se convertiría en un miembro más de la primera ejecutiva del SOC, como también lo había sido de la coordinadora de su embrión, las Comisiones Jornaleras: “Yo era muy inquieta desde niña y tenía claro que quería algo más, no el papel tradicional reservado para las mujeres en aquella época. Por eso poco a poco me fui interesando por la política, el movimiento sindical”. En los estertores del franquismo era una vocación peligrosa: “La Guardia Civil me llevaba a cuartel casi a diario y yo era todavía menor de edad”.

Como estuvo trabajando en la aceituna y en la primera empresa de la fresa que abrió en Huelva fue llevando la movilización por todos los pueblos de la provincia: Chucena, Hinojos, Bollullos del Condado… Más tarde se trasladó a Sevilla, ya con 18 años, e hizo lo mismo. Recuerda que uno de los primeros logros fue la cartilla agrícola: “Las mujeres no teníamos, ten en cuenta que muchas estaban poco tiempo trabajando en el campo, cuando juntaban para el ajuar lo dejaban, pero era un derecho y peleamos por ello. Casi 300 mujeres nos pusimos en huelga”.

En un mundo de hombres, su vocación era complicada también por otras cuestiones: “Lo más doloroso para mí era la presión de las mujeres, que lo entiendo, porque yo estaba rompiendo con lo establecido. Pero recibía muchos insultos de vuelta a casa, desde detrás de las ventanas, me miraban y decían ‘ahí viene la puta’. Y por otra parte estaban también los hombres esperándome en la esquina para preguntarme que cuánto llevaba por acostarme con ellos”.

Su lucha la llevó a invadir otros espacios reservados para los hombres, como las tabernas, adonde iba a dar los mítines. Pero prefiere recordar otras cosas, como el compañerismo que encontró entre otros hombres: “Pese a que había machismo, no lo voy a negar, me respetaban por mi acción sindical y yo intervenía como una más. Di, por ejemplo, una primera ponencia sobre la mujer en el campo en la creación del sindicato”.

De su familia, cuenta que recibió mucho apoyo: “De mi madre, que era muy comprensiva; de mi padre, que era muy rojo; y bueno, por el contrario, mi abuelo era falangista y lo primero que hacía cuando salía yo por la puerta era informar a la Guardia Civil”. Pero ríe: “Imagínate, mi abuelo, ¡que me había criado!”.

El cambio en el perfil del trabajador

Diego Cañamero relata que todavía no tenía 18 cuando empezó a movilizarse para mejorar por la realidad de los jornaleros. “Entonces esto era prácticamente monocultivo: trigo, pipa, olivar y algo de remolacha. Por lo que había largos periodos de paro, con las plazas llenas de gente a ver si pasaba un manijero y te contrataba para algún jornal. Todo eso fue alimentando un sentimiento de rebeldía, también porque estábamos en los últimos coletazos del franquismo y empezaba la transición”, expone.

El que luego sería también alcalde de El Coronil comenta que hoy el SOC es la base del medio rural en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), donde se integró, “pero sigue existiendo, claro que sí”. La lucha ha cambiado porque ahora atienden sobre todo a los miles de trabajadores que vienen de otros países. “No porque la gente de aquí no quiera trabajar, como dicen tantas veces. Lo que pasa es que no pueden querer tener disponibles de un día para otro 50.000 personas, y que dejen a lo mejor su ocupación en ese momento en la construcción o con la atención a la dependencia. Hoy atendemos a toda esa fuerza, que se concentra en Almería y en Huelva, en los invernaderos, y que tiene que ver cómo todavía no se cumplen los convenios colectivos. Y es que en el campo es donde peores condiciones laborales hay: si te jubilas, te queda un 50% menos; si estás de baja, un 60% menos… Ya me dirás”, reflexiona. Pero básicamente, resume, “el SOC surgió de una necesidad porque había dos realidades: mucho paro y que el 50% de la tierra estaba en manos de un 2%” de terratenientes. “Con toda esa tierra tan rica y sin cultivar… Porque ahora sí se ha dado una diversificación y eso permite que haya trabajo todo el año, pero entonces no era así”, asevera.

“Se está jornalerizando todo”

Óscar Reina, portavoz del SAT, explica que el SOC sigue siendo “una fuente esencial” en la lucha de la organización. “Es muy importante que el SOC siga teniendo vida porque el sistema capitalista sigue avanzando y sigue generando injusticia”. Entiende que hoy “no sólo hay jornaleros en el campo, sino en la sanidad, en la educación, en la hostelería, en la atención a la dependencia… Con contratos por días, por horas. Se está jornalerizando todo”.

Sugiere por ello que “de las viejas luchas hay que aprender y hacer las nuevas conquistas por la dignidad de la clase trabajadora”. Por ello, defiende: “Es muy necesario que sigamos estando tajo a tajo, llegando donde prácticamente nadie llega y dando voz a los sin voz, como son los migrantes, los últimos, a los desposeídos de este sistema”. Porque la precariedad continúa marcando la vida de miles de trabajadores, como coinciden quienes impulsaron una organización que forma parte de la memoria colectiva de Andalucía.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha criticado este viernes la firma del acuerdo bilateral entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico Andaluz, al margen de la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el único órgano legalmente constituido para negociar las condiciones laborales del personal del SAS.

Para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, la decisión del Gobierno andaluz supone, además de una “deslealtad institucional”, “un ataque brutal” a la negociación colectiva y volver a tiempos pasados con gran conflictividad social donde predominaba “un desprecio absoluto” hacia la representación legítima de los más de 120.000 profesionales del SAS.

Esta organización sindical no cuestiona las “justas reivindicaciones” de los diferentes colectivos para mejorar sus condiciones laborales y retributivas, pero “lo que resulta inaceptable es que esas mejoras se negocien excluyendo a la mayoría de organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial y olvidando al conjunto de profesionales que sostienen cada día la sanidad pública andaluza”, según sostiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

“La FSS-CCOO Andalucía no entendía las movilizaciones del Sindicato Médico de Andalucía (SMA) contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco ni las intervenciones del consejero de Sanidad sobre ellas”, señala el sindicato en un comunicado. La escenificación de la firma de “un acuerdo vacío” entre la Consejería de Sanidad y el SMA solo responde, para esta federación, “al pago por la convocatoria de una huelga política” contra el Ministerio de Sanidad porque han renunciado a las líneas rojas de la huelga (estatuto marco propio, eliminación de las guardias de 24 horas, cobro de la hora de guardia como hora extraordinaria, cotización de las guardias, etc.), a cambio de nada.

“Acabar con una huelga o no participar en las movilizaciones del cribado del cáncer de mama por una fotografía firmando un acuerdo sin contenido es traicionar la voluntad de miles de médicos que ha secundado una huelga legítima y es reírse de unos ciudadanos que ha sufrido las consecuencias (anulación de quirófanos, citas, pruebas diagnósticas, etc.)”, añade el dirigente sindical.

Este sindicato considera que la Junta de Andalucía ha hecho pagar a la ciudadanía un precio muy alto “por esta farsa de huelga política porque ha sido cómplice de la misma” y podía haberla atajado mucho antes, ya que se ha demostrado su influencia sobre los colegios profesionales y el SMA.

La FSS-CCOO Andalucía seguirá denunciando esta “deslealtad institucional” de la Junta y estudiará jurídicamente actuaciones porque saltarse el órgano de negociación que constituye la Mesa Sectorial “supone vaciar de contenido” el principal espacio de diálogo social del SAS y romper las reglas básicas de la negociación colectiva.

“Seguiremos reivindicando que la Mesa Sectorial es el único ámbito de negociación legítimo y que la nucleación en partes de la negociación colectiva es un grave error que lo pagará, por desgracia, la sanidad pública y la ciudadanía”, asevera José-Pelayo Galindo.

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consultados remiten a algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que recogen supuestos en los que la ley también afectaría a empresas con un porcentaje inferior, si se demuestra que la Administración pública tiene el “control” de la empresa, por ejemplo, “si dispone de la mayoría de los derechos de voto o ha designado a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, o puede disponer de la mayoría de los votos en virtud de acuerdos con terceros”.

En 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España presentó un “criterio interpretativo” para clarificar el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia. Inicialmente la norma se refería sólo a sociedades mercantiles donde la Administración podía ostentar una participación superior al 50% del capital social, pero el nuevo criterio amplió la definición para adaptarla a una legislación posterior, que considera que existe “control” sobre esa empresa cuando una o varias entidades públicas pueden ejercer una “influencia dominante”.

El aviso del 14 de mayo, tres días antes de las andaluzas

De acuerdo a la documentación que Gustavo Fuentes ha remitido al juez que le investiga, el presidente de la productora ADM y alto cargo del Gobierno andaluz le llamó el pasado 14 de mayo, tres días antes de las elecciones andaluzas, para avisarle de que la testigo clave en la causa acababa de denunciarle ante la Policía por “coacciones y amenazas”, como adelantó elDiario.es.

Tres días antes, el 11 de mayo, el CEO de la productora y esa misma testigo -que había sido su número dos en la empresa- estaban citados a declarar ante el juez: él como investigado y ella como testimonio propuesto por la víctima de agresiones sexuales.

La declaración se anuló en el último momento y, ya por la tarde, la testigo recibió un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”, se escuchaba en el vídeo. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía por coacciones contra su antiguo jefe, y remitió una copia al juzgado que le estaba investigando por agresión sexual a su excompañera.

El ex CEO de la principal productora de Canal Sur se enteró de todo esto tres días después, por una llamada del alto cargo del Gobierno andaluz, que le avisó de la segunda denuncia contra él antes de que se lo notificase la Policía o un juez. Esto permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa y, ese mismo día, denunció también que su móvil había sido “hackeado” y que no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que se había enterado por Gómez Rojas.

El director gerente de Sandetel ha eludido responder a este periódico varias preguntas, entre ellas: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género, y si contribuyó a la defensa de Gustavo Fuentes con aquella llamada del 14 de mayo, avisándole de que la testigo clave del caso le había denunciado por coacciones.

Cronología de los hechos: de enero a junio

Una reportera de la productora ADM, copropiedad de la Junta y asociada a la RTVA, denunció a Gustavo Fuentes por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” el pasado enero. En febrero un juez de violencia de género de Sevilla abrió diligencias.

El 25 de marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, citó a declarar a su jefe como imputado para el día 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero logró aplazarla tras cambiar de abogado en el último momento. El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, “llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según varios trabajadores presentes. Ni Sanz ni ningún portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado ni desmentido este encuentro.

Dos meses después, la mañana del martes 9 de junio, elDiario.es reveló que un juez de violencia de género investigaba a Gustavo Fuentes por delitos sexuales contra una reportera y estaba citado a declarar como imputado. La dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se reunió de urgencia y, después de muchas horas, emitió un comunicado a las 21.30 horas descartando la dimisión de Fuentes y advirtiendo de que tampoco podía activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por Gómez Rojas, estuvo reunido en secreto y de manera “extraordinaria” durante 18 horas. Próximo a la medianoche, difundió un comunicado anunciando el “cese temporal de las funciones” del CEO de la empresa hasta que se resolviera su situación judicial. A la mañana siguiente, los directivos de la compañía anunciaron que el cese de Gustavo Fuentes era “definitivo e irrevocable”.

El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP y Vox ha aprobado en su reunión de este jueves, 30 de julio, los decretos de estructura de sus 13 consejerías, el mismo número con el que terminó la legislatura anterior aunque durante más de un año hubo hasta 14 departamentos. Pese a ello, se ha incrementado en 13 el número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A, lo que se ha justificado con que es necesario para la administración autonómica “funcione como un reloj” y adaptarse mejor al nuevo organigrama del Gobierno.

El primer Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) como presidente, entre 2019 y 2022 y en coalición con Ciudadanos, contó con 11 consejerías, lo que en su momento se vendió como un ejercicio de ahorro y austeridad, aunque progresivamente fue aumentando el número de altos cargos. En la pasada legislatura esta cifra se elevó durante más de un año hasta 14 departamentos, volviendo a 13 cuando tras la crisis de los cribados de cáncer de mama asumió la Consejería de Sanidad el ya consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP) ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que señalado que la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías es “para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica”.

Carolina España ha remarcado que lo que pretende el primer Gobierno andaluz conformado por PP y Vox tras las elecciones del 17 de mayo es “poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj”, con el “objetivo prioritario” de “sacar adelante en tiempo y forma los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

“Razonable” que haya más cargos

A preguntas de los periodistas sobre si se ha producido un aumento en el número de altos cargos respecto al Gobierno anterior, que también presidía Juan Manuel Moreno y que era del PP en solitario, la consejera portavoz ha indicado que se han creado “13 nuevos centros directivos entre direcciones y secretarías generales”, lo que se traduce en “13 nuevos altos cargos”.

Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 que llegó a tener en la segunda mitad de la legislatura anterior, concretamente entre julio de 2024 y octubre de 2025. En este contexto, ha defendido que “es razonable que haya más cargos intermedios”.

Tras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones –Extremadura, Aragón y Castilla y León– sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera ha explicado que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas, como la de Vivienda y la de Inteligencia Artificial. Por ello, “hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los 13 altos cargos” que se han introducido en el nuevo Gobierno.

Vox recupera a Alejandro Hernández

Por lo que respecta al departamento que gestiona Manuel Gavira, responsable de Vox en Andalucía, la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local contará con 11 altos cargos. En concreto, son el viceconsejero (el catedrático Rafael Sánchez Saus, que a finales de los 80 aspiró a ser el líder nacional de Falange Española) cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

Contará además con ocho delegaciones territoriales de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, de los que ya han sido nombrados cinco, los de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Para el puesto de Córdoba, Vox ha recuperado para la política al que fuera su portavoz parlamentario andaluz Alejandro Hernández, diputado por esta provincia en las dos primeras legislaturas de Moreno como presidente.

Por su parte, la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige Antonio Sanz (PP), que va a contar con dos viceconsejeros, de Presidencia y de Sanidad. A ellos hay que sumar que la nueva directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, tendrá rango de viceconsejera.

El exalcalde de Jaén, a Andalucía Global

Al departamento que dirige Sanz llega también el que fuera alcalde de Jaén entre 2023 y 2025 y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González Romo, tras ser nombrado nuevo director general de Andalucía Global. Esto conllevará su salida del Consistorio jiennense, donde se mantenía como concejal tras haber sido desalojado en enero de 2025 por una moción de censura suscrita por PSOE y Jaén Merece Más

Por lo que respecta a otras consejerías, Loles López mantiene como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía competencias en materia de violencia de género y de menores migrantes no acompañados. Asimismo, contará con la que fuera parlamentaria del PP-A por Almería Rosalía Espinosa como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), órgano adscrito a su departamento.

En lo que respecta a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que ha asumido Jorge Paradela, contará con una dirección general específica para la financiación, infraestructuras y recursos universitarios. Igualmente, adscrito a la Secretaría General de Industria y Energía, incorpora a un Comisionado para la Electrificación de Andalucía “con la encomienda de acelerar el desarrollo de las infraestructuras eléctricas que exige el crecimiento económico que experimenta Andalucía”.

El hackeo de Séneca, el sistema informático que contiene los datos de alumnos y profesores de Andalucía, tuvo su origen en el descuido de un usuario. Mientras concluye la investigación, el Gobierno andaluz reconoce que “realmente no sabemos cuál es el alcance” de este incidente de seguridad.

Así lo ha apuntado este miércoles en Málaga el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, que ha asegurado que toda la información “muy exhaustiva” que ha desarrollado el Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN) apunta a “un descuido a través de una entrada en un ordenador personal de un usuario de esa red Séneca”. El incidente de seguridad detectado hace unos días podría haber comprometido la confidencialidad de ciertos datos de usuarios del sistema.

Según ha indicado, “muchas veces un descuido sin mala intención de un profesional le abre una brecha en la seguridad y hace que estas personas que se dedican profesionalmente a atacar a la Administración pública en especial, pero también a las empresas, pues encuentran esa brecha y la aprovechan para hacer daño”.

Mejorar la formación

Por eso, ha incidido en “la formación, en desarrollar capacidades de autodefensa en todos los usuarios”, ya que “el no tener un descuido no se puede garantizar, pero pedir la máxima atención sí es nuestra obligación y lo queremos hacer en este momento”. “En un dispositivo no segurizado, en el que no está dentro de la red de garantía que tiene la Agencia Digital de Andalucía (ADA), es mucho más fácil para quienes quieran hacernos daño entrar a través de cualquier tipo de dispositivo o de malware que puede hacer daño, hacer vulnerable el sistema y que esa brecha le permita obtener determinados datos que perjudican a un colectivo mucho más amplio”, ha señalado.

Nieto ha asegurado que se está trabajando en este caso, ya se han puesto en marcha distintas acciones, en coordinación con la Policía Nacional y con el Centro Criptológico Nacional (CCN), “y confiamos, como siempre, en que cuando se cometa un delito, si se puede, no solo se detecte, sino que se detenga, que en la medida de lo posible aprendamos de ese ataque y seamos capaces de evitarlo en el futuro”.

Seguir las medidas de seguridad

Y, además, ha instado a crear “conciencia en todo el colectivo para que nos demos cuenta de que alguna acción tan simple como bajar un correo o entrar para ver si nos han dejado alguna información, si no lo hacemos de la forma adecuada y con la garantía adecuada, nos puede crear un problema no sólo a ese usuario, sino a un colectivo mucho más amplio”.

Nieto ha indicado que le corresponde a la Policía Nacional perseguir el delito y la identificación de los autores, aunque ha asegurado que sí se ha pedido a todos los usuarios que cambien la contraseña, que refuercen su seguridad y que intenten seguir las medidas que le ha aconsejado la ADA ahora “para evitar mayor alcance, pero sobre todo en el futuro para evitar que haya otros ataques que puedan hacer daño”.

El Gobierno andaluz se ha garantizado la paz sindical con los médicos, que se han comprometido a no llevar a cabo huelgas en Andalucía tras lograr mejoras salariales y cambios en las guardias, entre otros aspectos. En concreto, y mientras se desarrolla este acuerdo “desde la buena fe y la corresponsabilidad”, los facultativos evitarán la convocatoria de movilizaciones de ámbito autonómico “mientras se avance en el cumplimiento de las medidas pactadas de forma satisfactoria para ambas partes”.

Así lo han refrendado este miércoles el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, que han rubricado un acuerdo que incluye aspectos como la incorporación de una gratificación económica específica para los profesionales en puestos de difícil cobertura. Asimismo, se contempla la implantación de un complemento retributivo específico de carácter mensual para la actividad de tutorización de los residentes.

También se introducen medidas como la reforma del modelo de guardia y jornada complementaria para implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia. A esto se une un sistema de atención a las urgencias y emergencias alternativo que no esté basado exclusivamente en un modelo de guardias obligatorias.

El acuerdo rubricado recoge, en general, la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público de Andalucía. Una hoja de ruta, ha dicho el consejero, que representa una “respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias”.

“Difícil” convocar una huelga general

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, “es un acuerdo realista y ambicioso para mejorar las condiciones profesionales, reconocer el esfuerzo de nuestros médicos y facultativos, atraer y fidelizar talento y reforzar la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público”, ha indicado. Las medidas, que se desarrollarán en esta legislatura, “arrancan una nueva etapa que da continuidad a esa senda de diálogo” que en marzo llevó a un pacto sindical para el desarrollo de un nuevo modelo de carrera profesional.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico ha recalcado que “es un buen acuerdo y hubiera sido un error no suscribirlo, entre otras cosas porque representa una oportunidad de avanzar a través del diálogo”. De esta manera se conseguirá “mejorar la situación de la sanidad pública y así mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, que es el objetivo último de lo que hacemos”.

En cuanto a las movilizaciones, Ojeda ha recordado que su sindicato mantiene el “conflicto abierto” con el Ministerio de Sanidad en relación al Estatuto Marco que éste ha planteado. Eso sí, reconoce que resulta “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía tras el verano en este contexto ante el “espacio de diálogo” que ha abierto con la Junta. De hecho, el SMA se ha comprometido a que cualquier actuación futura derivada del conflicto nacional con el Ministerio preserve el contenido del acuerdo y se desarrolle “de manera que no repercuta negativamente en la asistencia sanitaria a la población andaluza, mientras se desarrollen las medidas del acuerdo”.

Productividad fija en primaria

Para el vicepresidente primero, el pacto incluye “medidas de calado y concretas y que van a suponer un impacto organizativo, normativo y presupuestario sin precedentes en nuestro sistema público de salud”. Al respecto, ha detallado que el acuerdo incluye un cambio en el modelo retributivo del personal médico y facultativo para reforzar el peso de las percepciones de carácter fijo o la incorporación de una productividad fija para los médicos de primaria de pago semestral para armonizar la paga adicional.

Además, se recupera también la regulación de la reducción de jornada por interés personal como una medida destinada a “favorecer una mayor flexibilidad y conciliación”. Con este fin, se establecerá una implantación progresiva que permita ampliar el alcance de esta modalidad hasta alcanzar un máximo del 50% de reducción de jornada en el plazo de un año, “garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y de prestación del servicio”.

Otro compromiso es la equiparación de las retribuciones fijas de los médicos del trabajo con las del resto de facultativos especialistas de área del sistema sanitario público de Andalucía. También se revisará el decreto regulador del Cuerpo A.1.4 –farmacéuticos y veterinarios–, con el objetivo “de adecuarlo a las necesidades actuales de su función son otras de las demandas históricas a las que da respuesta este acuerdo”.

El documento contempla igualmente la aplicación de medidas para “reforzar la conciliación, la igualdad y la protección retributiva en situaciones de maternidad, embarazo, nacimiento, cuidado de mayores dependientes, lactancia y contingencias profesionales”, evitando que el ejercicio de estos derechos “produzca pérdidas económicas”.

Los médicos, en el centro

Como ha explicado el titular de Sanidad, este acuerdo “nos permite ordenar prioridades, realizar los análisis previos necesarios y promover la implantación gradual de las medidas, garantizando su viabilidad, la adecuada cobertura asistencial y la sostenibilidad del sistema”. Un calendario de actuaciones que, ha dicho, “abordaremos desde la colaboración, el compromiso compartido y el diálogo constante”.

Para este fin, la Junta ha anunciado que se creará una comisión de seguimiento, con participación de ambas partes, en las que se evaluará periódicamente el grado de ejecución de los compromisos asumidos y en la que se podrán proponer las adaptaciones o ajustes o mejoras que resulten necesarios.

En suma, el vicepresidente ha mostrado, por último, su reconocimiento al Sindicato Médico Andaluz por su “voluntad para emprender junto al Gobierno andaluz un camino fundamental para reforzar la confianza en el sistema sanitario público de Andalucía, situando a los médicos en el centro y consolidando un modelo sanitario más sólido, atractivo y sostenible”.