La plataforma Marea Violeta Andalucía hace un llamamiento colectivo a la movilización para este lunes 28, fecha en la que se cumple un año del estallido de la crisis por los fallos en el cribado de cáncer de mama en la comunidad, en siete capitales de provincia. Bajo el lema “Contra el negacionismo, derechos y políticas públicas feministas”, se manifestarán en protesta por lo que consideran “el hundimiento” de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género por parte de la Junta de Andalucía.

En un comunicado, Marea Violeta Sevilla reclama al Gobierno andaluz “políticas públicas con recursos suficientes y una respuesta institucional basada en los derechos de las mujeres”. Además, ponen el foco en que a lo largo de este año ya han sido asesinadas 10 mujeres asesinadas en Andalucía, mientras que en el conjunto del país las víctimas por violencia de género ascienden a 38. A ello, habría que añadir que en la jornada de este domingo se investiga como crimen machista el asesinato de una mujer en la localidad sevillana de La Campana a manos de su pareja.

“Marea Violeta expresa su preocupación por la orientación de determinadas políticas públicas y, especialmente, por la cesión de competencias vinculadas a la respuesta judicial y a la valoración especializada de víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas”, subrayan en referencia a las competencias judiciales transferidas a Vox. Manuel Gavira, vicepresidente segundo y líder andaluz de la ultraderecha, está a cargo de la Consejería de Justicia, una cuestión para la que también el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo expresó su preocupación y pidió explicaciones al presidente Juanma Moreno.

La plataforma considera que “debilitar los servicios de atención y protección supone un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres”, por lo que reclama al Gobierno andaluz “una rectificación respecto a las competencias cedidas a Vox en esta materia y la puesta en marcha de políticas públicas de igualdad que cuenten con recursos humanos y económicos suficientes”. A su vez, critican la postura de la Universidad de Sevilla, que vetó en sus instalaciones un acto para presentar la plataforma Feministas frente al Fascismo el pasado miércoles. “Contra el negacionismo, exigimos políticas públicas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres”.

Marchas en las capitales

En concreto, las marchas se iniciarán en cada provincia, a excepción de Cádiz, a esta hora y en este lugar: Almería, a las 19.30 horas frente a la Delegación del Gobierno, en el Paseo de Almería; mientras que en Córdoba será a las 19.00 horas en la plaza de la Corredera; a la misma hora, en Granada se manifestarán frente a la Delegación del Gobierno en Gran Vía; y en Jaén se hará delante del edificio de la Junta de Andalucía, en el Paseo de la Estación.

En cuanto a Málaga, la concentración será en la Alameda frente a la Delegación del Gobierno a las 19.30 horas. Con respecto a Sevilla, las asociaciones feministas se congregarán un poco más tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de la Contratación. Por su parte, en Huelva el formato cambiará a una asamblea abierta a las 18.00 en el Aula Gertrude Vanderbilt Whittrey de la Universidad de Huelva.

La militancia del PSOE de Andalucía ha elegido este sábado mediante votación en elecciones primarias a sus cabezas de lista para las elecciones municipales de 2027 en ocho municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, mientras que la designación en Córdoba capital se dirimirá en una segunda vuelta el 3 de octubre entre los dos candidatos que mayor porcentaje de voto han obtenido.

La jornada se ha desarrollado con una “notable afluencia de votos” y “plena normalidad ”en todas las agrupaciones locales convocadas, traslada el partido en un comunicado. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, ha valorado de forma “muy positiva” el desarrollo del proceso interno, señalando que “la normalidad democrática ha sido la nota destacada de esta jornada” y agradeciendo expresamente la movilización y el compromiso de los afiliados.

“La militancia en cada una de las ciudades donde hemos celebrado primarias ha hablado, y desde hoy los candidatos y candidatas elegidos cuentan con el total apoyo de la dirección regional y de las direcciones provinciales del partido para volver a recuperar las alcaldías en estos municipios”, ha remarcado.

“Contundente respaldo” en Jaén

Rodríguez ha destacado de manera especial el resultado cosechado en Jaén capital, donde el actual secretario general y alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha obtenido un “contundente respaldo” del 69,94% de los votos. “El compañero Julio sale bastante reforzado, que es lo que él pretendía para encabezar el proyecto socialista en la ciudad”, ha agregado. Contó con un 69,94% (263 votos), frente a Carlos Alberca Martínez, con un 29,52% (111);

Concluido el escrutinio en el conjunto de los municipios donde se ha celebrado la jornada de votación, los resultados obtenidos por las candidaturas han recaído en Fátima Herrera Amate, en Almería, con un 53,51% de los votos (297 votos), frente a Antonio Ruano, con un 46,12% (256); Rafael Torres Parrilla, en Roquetas de Mar, con un 81,81% (144 votos), frente a José Demetrio Rodríguez Martín, con un 18,19% (32); Francisco Javier Perales Fernández, en Linares (Jaén), con un 65,62% (105 votos), ante Ana María Cobo Carmona, con un 34,37% (55).

Por su parte, Yolanda Fernández Moreno se ha impuesto en Baza (Granada), con un 52,75% (67 votos), frente a Alberto Parra Maestra, con un 41,73% (53 votos); María Edelmira Sáez Maldonado, en Motril, con un 76,33% (171 votos) ante María Gádor Domínguez Segura, con un 23,67% (50); Elena Álvarez González, en Fuengirola (Málaga), cin un 59,83% (73 votos), ante Juan Andrés Camacho Fernández, con un 40,16% (49 votos).

En Vélez-Málaga ha salido victorioso Víctor González Fernández, con un 54,79% (183 votos), ante José María Domínguez Pérez, con 43,11% (144 votos).

El caso de Córdoba es único, puesto que requiere de una segunda vuelta para dilucidar el candidato a la Alcaldía. José Antonio Romero Pérez, con 45,24% (190 votos), figura en primer lugar, mientras que Ángel Ortiz Rodríguez, con un 29,52% (124 votos), queda en segunda posición, mientras que María Victoria Fernández Domínguez, ha alcanzado el 25,24% con 106 votos).

En medio del debate sobre las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial, una iniciativa nacida en Córdoba busca acercar la tecnología a la sanidad con un propósito concreto: mejorar la formación de los profesionales y facilitar que los pacientes comprendan mejor su salud. Se trata de PlaySalud, fundada por César Díaz López, cirujano del Hospital Universitario Reina Sofía.

El proyecto es independiente del hospital y surge de su interés por aprovechar las posibilidades de la tecnología en el ámbito sanitario. “PlaySalud nace con una finalidad: pretende contribuir a la transformación digital para que la IA mejore realmente la sanidad, tanto para los profesionales como para los pacientes”, explica el médico.

Para ello, cuenta con dos líneas complementarias: PlayAcademy, orientada a la formación de profesionales, y PlayCare, dirigida a pacientes y cuidadores. La primera propuesta formativa de PlayAcademy es Entender la inteligencia artificial en salud desde cero, un curso dirigido principalmente a sanitarios que se desarrollará hasta diciembre y cuenta con el aval de cinco sociedades científicas. Las aplicaciones de la IA en sanidad son diversas.

“No se trata de sustituir el criterio médico”

Hay herramientas que pueden ayudar a detectar posibles interacciones entre medicamentos; otras permiten anticipar la demanda asistencial o apoyar la planificación de los recursos de hospitales y consultas. Su utilidad depende de que estén adecuadamente evaluadas y se utilicen en el contexto para el que fueron desarrolladas. “La IA puede aportar tiempo, información y capacidad de anticipación a los profesionales; y atención más rápida, personalizada y segura a los pacientes”, expone César Díaz López. “No se trata de enseñar a programar ni de sustituir el criterio médico. Se trata de que los profesionales sepan entender, preguntar, verificar, supervisar y decidir”, añade.

La formación también abordará las limitaciones de estas tecnologías, sus riesgos y las condiciones necesarias para utilizarlas de forma segura y responsable. Entre sus posibles aplicaciones, el cirujano destaca el apoyo a la interpretación de imágenes. Por ejemplo, algunas herramientas pueden señalar un área sospechosa en una radiografía o una mamografía para que el profesional la valore. Otras analizan datos clínicos, como las constantes vitales, los resultados de laboratorio o los antecedentes, para estimar el riesgo de deterioro de un paciente.

La IA también puede contribuir a orientar decisiones terapéuticas y apoyar el seguimiento a distancia mediante dispositivos que registran y transmiten información. Sin embargo, no todos los sistemas de monitorización o de alertas utilizan inteligencia artificial, y sus resultados deben interpretarse dentro de la atención clínica. Otra aplicación es el apoyo a las tareas de documentación: preparar borradores de informes o resumir una historia clínica para su posterior revisión por el profesional. Reducir esta carga podría liberar tiempo para hablar con el paciente, escucharlo y explicarle mejor su situación.

En paralelo, el autor trabaja con informáticos e ingenieros en el desarrollo de PlayCare, una plataforma de contenidos audiovisuales destinada a mejorar la información que reciben pacientes y cuidadores. Su objetivo es explicar de forma accesible las enfermedades, las pruebas, los tratamientos y los cuidados, como complemento a la información proporcionada en consulta.

“El lenguaje médico es muy técnico y muchas veces damos papeles y no lo explicamos suficientemente”, señala. Con esta iniciativa pretende que los pacientes comprendan mejor su enfermedad y puedan participar de manera más informada en las decisiones sobre su atención. “Muchas personas salen de una consulta y buscan después respuestas en internet, donde pueden encontrar información confusa o poco fiable. Nuestra idea es ofrecer contenidos sanitarios claros, visuales, comprensibles y supervisados por profesionales”, expone.

El aval de cinco sociedades científicas

Entre las cinco sociedades científicas que avalan el curso de PlayAcademy figura la Asociación Española de Coloproctología (AECP), que reúne a especialistas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon, el recto y el ano. Su presidente, Antonio Arroyo, destaca la necesidad de incorporar estas tecnologías de forma controlada: “Tenemos que elegir la ayuda, los programas y los asistentes adecuados, con seguridad”.

En este contexto, considera imprescindible la formación. “Sin formación no vamos a saber hacer las cosas bien. En la sanidad ya hay muchos programas sobre IA implementados y que están ayudándonos a mejorar nuestra atención sanitaria. No solo es el futuro; es el presente”, afirma.

De todas maneras, Arroyo insiste en que todavía queda trabajo por hacer para conocer qué herramientas resultan más adecuadas y en qué procesos pueden utilizarse: “Cursos, aprendizaje y saber qué herramientas son más válidas y podemos aplicar a cada uno de los procesos que tenemos”.

La iniciativa aspira a acercar sus propuestas a profesionales, pacientes, sociedades científicas, universidades y otras entidades sanitarias. El planteamiento mantiene un principio común: la inteligencia artificial debe utilizarse con supervisión humana y contribuir a una atención más cercana. Como defienden sus impulsores, “la tecnología debe ayudar a humanizar la sanidad, no alejar al profesional del paciente”.

“Estoy muerta en vida desde noviembre de 2023. Pero con fuerzas de seguir luchando por la verdad y la justicia. Por mí, por las mujeres de mi familia y por todas”. Lo dice Anabel Cano, la primera mujer en abrir la vía judicial contra la Junta de Andalucía por un retraso de un año en el diagnóstico de su cáncer de mama debido a fallos en el programa de detección precoz del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Está a punto de cumplirse un año desde mi mastectomía, pero, para mí, el tiempo no ha borrado nada. Lo que más miedo me da no es que haya pasado casi un año. Es que pueda pasar otro y que todo quede en el silencio”, agrega.

“Sigo inerme. Entre otras cosas, por el letrozol que tengo que tomar por el cáncer, y que llamamos 'destrozol' por cómo nos deja de empanadas, pero también porque no siento rabia, sino asco de que haya personas que avalen las políticas del señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Porque es como aplaudir que esté privatizando y haciendo mal los cribados. Como pasa con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que está maquillando las cifras de las listas de espera en los hospitales”, añade María José Martín, otra de las víctimas de los errores en el sistema de prevención que saltó a la luz hace ahora un año, cuando el 28 de septiembre de 2025 la Cadena SER desveló los fallos.

La Junta de Andalucía ha reconocido 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras su revisión interna. Sin embargo, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama), que estuvo desde el principio detrás de la denuncia pública, eleva a 366 las mujeres que terminaron desarrollando un tumor por estos errores, y a siete las fallecidas. La crisis estuvo a punto de pasarle factura a Juan Manuel Moreno Bonilla, que se vio obligado a poner al frente de las competencias de salud a su hombre más fuerte, Antonio Sanz, quien continúa tras el inicio de la nueva legislatura.

Pero ¿se ha arreglado? Ángela Claverol, presidenta de Amama, opina que no. “Hemos hablado con personal de todos los hospitales y está machacado, doblando turnos en rayos, oncología, cirugía... Porque no se dota de medios suficientes para la pandemia del siglo XXI, que es el cáncer, no solo el de mama. El acto único no se está implementando bien en todos los lugares, y no hablemos de la reconstrucción. Hay mujeres que esperan un año, año y medio, dos años... No ha acabado la crisis. Este verano hemos conocido el caso de dos jóvenes que han sido víctimas del mal funcionamiento del cribado de cáncer de mama y se enteran ahora de que tienen un tumor que ya fue detectado hace meses”.

La exigencia de responsabilidades judiciales ha quedado limitada a la vía administrativa, después de que el pasado mes de agosto se archivaran las dos últimas causas penales que seguían abiertas, con lo que ninguna de las 15 presentadas logró prosperar. En esta línea, Ángela Claverol calcula que unas 300 mujeres van a presentar reclamaciones patrimoniales, gracias a la mediación de Manuel Jiménez, abogado de Amama. “Es cierto que cuando se informó del archivo penal, muchas han desistido pensando que no hay otras vías. El SAS, además, está ralentizando todo el proceso, sin facilitarnos en tiempo y forma los informes de síntesis. Pero seguimos luchando, no por nosotras, sino por las que vengan”, remarca la presidenta de Amama.

Más de 200 reclamaciones presentadas

“El proceso de reclamaciones sigue su curso y se encuentra aún en vía administrativa, a la espera de respuesta por parte del SAS. La vía penal no fue iniciada por nosotros, sino por algunos partidos y otras entidades. Nosotros desde el principio abogamos por las reclamaciones patrimoniales para que resarzan a las mujeres por los daños padecidos, en algunos casos, la muerte”, aclara Manuel Jiménez, para quien “es una lucha muy compleja porque, aunque públicamente reconocieron lo ocurrido, se niegan a indemnizar a las víctimas, sometiéndolas a un calvario judicial al que una gran parte importante de ellas, desgraciadamente, no va a llegar”.

No en vano, los juicios se están señalando para 2030 en Sevilla, y en estos casos es que ni siquiera se han iniciado. “Hay presentadas cerca de 200, y residualmente sigue entrando alguna más. Tenemos todavía por resolver 30 o 40. Las reclamaciones patrimoniales son todas individuales porque cada caso es único. El Parlamento de Andalucía debería zanjar este asunto resarciendo a las mujeres del daño causado, y no despreciarlas haciéndolas ir a un juzgado al que muchas no llegarán”, concluye el abogado.

Un ejemplo de la complejidad de las reclamaciones patrimoniales lo podemos ver con una consulta de los informes del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Hay cuatro dictámenes hasta la fecha, todos desestimatorios. Uno de ellos por estar fuera de plazo la reclamación y los otros tres, por no apreciarse nexo causal. Todos casos de denuncias de retrasos en diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama, si bien son previos a esta crisis.

“No somos números. No somos expedientes. Somos mujeres cuyas vidas han cambiado”, recalca Anabel Cano, víctima de un despropósito que vuelve a relatar con todo lujo de detalles: “En noviembre de 2023 acudí a un cribado. Se solicitaron pruebas complementarias que, según mi experiencia, no llegué a realizar porque no fui avisada. Un año después, en noviembre de 2024, esas pruebas se hicieron y en diciembre me confirmaron que tenía cáncer. Después llegaron meses de tratamientos, miedo y dolor. El 15 de octubre de 2025 me quitaron la mama derecha. Y casi un año después sigo con dolor y una movilidad muy limitada en el brazo, esperando una atención de rehabilitación que fue solicitada con carácter preferente. También sigo esperando respuesta a mi reclamación”.

María José Martín también resume su caso: “En 2023 me llamaron de una clínica privada de Dos Hermanas: ‘Corre, corre, corre, vente que te vamos a hacer una mamografía, y te vamos a llamar para sí o para no, o sea, tengas lo que tengas’. Pero nunca, jamás, llamaron, ni para sí, ni para no, y año y pico más tarde, yo me noto el bulto en el pecho derecho, con el resultado de tres tumores y nueve ganglios afectados. Como todo oncólogo dice, eso no sale de la noche a la mañana, ya estaban en las pruebas, tendrían que haber pedido más, y no se hizo”. En su opinión, no se ha podido seguir adelante con la denuncia por la vía penal, pese a que “todo queda registrado” en relación con los expedientes, “porque han echado tierra por encima”. Pero ella no se va a rendir en su lucha: “Porque a mí me han reducido un pecho, he perdido un 20% de la masa del seno, y esto se lo debo a las políticas de privatización del PP”.

Privatizaciones como las que ya reveló elDiario.es Andalucía, con la derivación de más de 300.000 mamografías a la sanidad privada. Y que seguirán, como recuerdan desde Adelante Andalucía, que ha desvelado una licitación de “más de 13 millones de euros para privatizar mamografías del cribado de cáncer durante los próximos cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga”. Desde el SAS insisten en que únicamente se trata de la contratación de unidades móviles para realizar las exploraciones mamográficas, no la externalización de la interpretación médica de las pruebas.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la “lista de espera de pruebas diagnósticas” en la comunidad autónoma andaluza.

Así se recoge en una resolución firmada por el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez, adelantada por la Cadena SER y consultada por Europa Press, y con fecha del pasado martes, 22 de septiembre, que responde a una reclamación presentada por escrito en septiembre de 2025 por un ciudadano ante dicho organismo “en materia de acceso a la información pública”.

El referido ciudadano acudió al Consejo de Transparencia tras presentar, el 21 de julio de 2025, ante el SAS una solicitud de acceso a información en relación a “la lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”, con los datos puestos al día “a la fecha más actualizada en el momento de responder” a dicha petición.

El mismo ciudadano solicitaba al SAS que, “caso de no existir un informe” con los datos reclamados, le aportara, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el número de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Provincia, tramos de tiempos de respuesta y tiempo medio de respuesta”. Además, solicitaba, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el total de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Especialidad y Tiempo medio de respuesta”.

El SAS, “sin ninguna herramienta”

El SAS contestó a esta petición el 19 de agosto de 2025 señalándole que “no se cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada” en los términos que dicha persona solicitaba sobre la “lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”.

El reclamante de la información reaccionó a dicha respuesta del SAS considerando “sorprendente” esa contestación, “puesto que lo que se solicitaba eran elementos sencillos de un básico sistema de información, que parece absolutamente imposible que no disponga el SAS, puesto que conocer lo que se solicita es absolutamente básico para cualquier planificación del servicio”, añadía el ciudadano.

En su resolución en respuesta a la reclamación del ciudadano, el Consejo de Transparencia aclara que “el Registro de Procedimientos Diagnósticos sobre el que se solicita la información es el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para la realización de una prueba diagnóstica/terapéutica en atención especializada, solicitada por un médico autorizado por el Servicio Andaluz de Salud”.

“Se entiende como prueba diagnóstica aquel procedimiento que sea solicitado por facultativos que desempeñen sus funciones en consultas programadas ambulatorias de un centro de atención primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, aclara también la resolución de Transparencia antes de señalar que “es requisito exigible que el órgano o entidad interpelada realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada”.

“Satisfacer la petición con la información que obre en su poder”

En esa línea, desde el Consejo argumentan que “el esfuerzo referido exige que la entidad ofrezca, cuando sea posible, al menos la información que obre en su poder y que no exija una acción previa de reelaboración, y que permita al menos satisfacer parcialmente la petición”.

“Y este requisito no podemos apreciarlo en la resolución recaída”, advierte la resolución del Consejo de Transparencia, que llama además la atención acerca de que el SAS “no acredita motivos que le imposibiliten para proporcionar los datos de los que sí disponga, aunque no sea organizados o clasificados como requiere el solicitante”.

El Consejo de Transparencia puntualiza que “esta carencia resulta aún más necesaria de justificarse si se analiza el contenido del Real Decreto 605/2003, de 723 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que “obliga a la tenencia y remisión de determinada información sobre las listas de espera”.

El Consejo de Transparencia considera que el SAS “ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc”.

“La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física”, puntualiza también la resolución del Consejo de Transparencia.

De esta manera, dicho organismo ha resuelto que el SAS “deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado” al respecto de la ocultación de datos personales, “en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución”.

“La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona solicitante la información de que disponga y que se pueda obtener mediante un uso informatizado de uso corriente y que responda al menos con el contenido y nivel de desagregación lo más cercano posible al que la información ha sido solicitada”, precisa también la resolución del Consejo de Transparencia, contra la que cabe interponer contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación“.

PSOE-A critica la “opacidad” del SAS

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha aludido este viernes a esta resolución en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha subrayado que “la salud es lo más importante que tenemos todos en nuestras casas”, y hay “una opacidad tremenda” en el ámbito de la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera.

En esa línea, la dirigente socialista ha subrayado que es “importante” tener acceso a dicha información teniendo en cuenta que hay gente que “lleva meses, años, esperando una cita con el traumatólogo”, o “para poder operarse” o tener los “resultados de una biopsia”.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) carece del seguro de responsabilidad civil profesional para proteger jurídicamente a sus empleados públicos –arquitectos técnicos, aparejadores– ante cualquier litigio penal como consecuencia de accidentes laborales en las promociones de obra pública que mantiene activas en toda la comunidad.

El Gobierno andaluz prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA, para meterles bajo el paraguas de un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta. Pero un informe ad hoc de la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, reveló el pasado mayo que esa póliza no protege a los técnicos de AVRA, obligados a asumir su propia defensa legal en caso de verse envueltos en un proceso penal.

Esa “desprotección jurídica”, denunciada al unísono por todos los sindicatos de AVRA, sorprendió al colectivo y a la propia dirección de la Agencia de Vivienda hace un año, a raíz de un accidente mortal que ha derivado en la investigación judicial en curso por un supuesto delito de homicidio por imprudencia.

El pasado 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de viviendas públicas de Sevilla, propiedad de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. La directora de esa obra (aparejadora) y personal laboral de AVRA, está imputada, y la responsable de su ejecución, está citada como testigo, confirman fuentes del ente público.

En el juicio, previsto para principios de noviembre, la empleada pública de la Junta se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Cuando la Fiscalía o los tribunales investigan a funcionarios o trabajadores públicos, es el seguro de responsabilidad civil de la Junta de Andalucía el que se encarga de su representación jurídica y le asigna abogados. Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la especificidad de su oficio, tienen una póliza especial para defenderse de denuncias por posibles negligencias médicas, que son muy comunes.

Los sindicatos de AVRA sostienen que sus técnicos y responsables de obra tenían un seguro profesional similar, “obligatorio”, según el artículo 66 de su Convenio Colectivo, pero la Junta prescindió de esta póliza específica, “alegando recortes de gastos superfluos”, y les incluyó en el aseguramiento general para el resto de funcionarios.

La Consejería de Vivienda no ha aclarado en qué momento prescindió de la póliza de responsabilidad profesional para los técnicos de AVRA, aunque fuentes de la Agencia señalan 2016 como el año en el que se adhieren al seguro único de la Junta. Una resolución de la dirección de AVRA, de 31 de julio de 2014, recoge que, en ese momento, todo su personal sí estaba cubierto jurídicamente por el aseguramiento de la Administración ante posibles litigios penales. “Los terceros perjudicados [en obras públicas] deben dirigirse obligatoriamente contra la Administración y nunca pueden ejercer la acción de responsabilidad civil ante la jurisdicción civil contra el empleado público por actos derivados de su actividad profesional”, dice la orden, que los sindicatos consideran “plenamente vigente”

“La resolución de 2014 reconoce de forma expresa la 'situación de precariedad no deseable' en la que el proceso penal sitúa a los empleados y mandata a AVRA a asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica (abogados, peritos, procuradores) en causas penales por razón del servicio, salvo sentencia condenatoria firme por dolo o culpa grave”, esgrimen los sindicatos de la Agencia, que han adjuntado esta resolución a la denuncia registrada ante la Inspección de Trabajo.

La imputación de una empleada de la Consejería de Vivienda por el accidente mortal en una promoción pública ha destapado una situación anómala que tiene tensionado a todo el personal técnico de la agencia desde hace meses. La dirección de AVRA admite el problema pero circunscribe su afectación a “69 personas, incluyendo los jefes técnicos”.

Los sindicatos, en cambio, denuncian que la “desprotección jurídica” afecta a “muchos más, no sólo entre el personal en activo, sino de los que ya están jubilados o incluso han muerto, porque el seguro profesional cubría a los técnicos hasta diez años después de entregada la obra”. “Al eliminar esa póliza, hay extrabajadores de AVRA que quedan desprotegidos y expuestos a un litigio penal en caso de denuncias por negligencias”, explican.

“El seguro de responsabilidad civil no sólo es para la dirección de obra en sí, también existe responsabilidad en la emisión de informes técnicos, o incluso en valoraciones, en trabajos de oficina. En realidad todos los trabajadores de AVRA tenemos responsabilidad en nuestras tareas, aunque las más graves, evidentemente, son las relacionadas con los accidentes en obra”, explican desde CSIF, que sostienen que el cálculo de trabajadores afectados por la falta de seguro profesional “se queda corto”.

En una respuesta por escrito a este periódico, la Consejería de Vivienda defiende que todo su personal “está cubierto por el seguro de responsabilidad civil contratado por la Junta de Andalucía y vigente en la actualidad”. Pero, acto seguido, reconoce que “la Agencia está manteniendo reuniones con los representantes sindicales y el personal técnico sobre este asunto y está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz subraya que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La falta de acuerdo entre los trabajadores de AVRA y la dirección hizo que el pasado mes de julio el comité intercentros de la empresa pública, con la firma de todos sus sindicatos, registrase una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de AVRA, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía.

La Junta admite que su póliza “excluye” ciertas responsabilidades

La imputación de la directora de obra en la promoción de viviendas de Sevilla donde falleció un operario, en marzo del año pasado, reveló la “desprotección jurídica y patrimonial” de todos los técnicos de AVRA que, en consecuencia, debían “asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica en causas penales”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antes de denunciarlo a las autoridades laborales, la plantilla de AVRA había trasladado su preocupación a la dirección de la Agencia. La dirección de la Agencia confirmó que el seguro obligatorio específico ya no existía, pero trató de tranquilizar a la plantilla asegurándoles que el personal técnico “estaba integrado” bajo el paraguas de protección jurídica de la Junta de Andalucía, que tiene un seguro más amplio. Pero eso no convenció a la plantilla, convencida de que la póliza generalista no cubría los riesgos inherentes a su profesión.

Los trabajadores denuncian que se está incumpliendo el artículo 66 de su Convenio Colectivo, “que exige expresamente el aseguramiento de las responsabilidades derivadas de la dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y demás actividades análogas, garantizando obligatoriamente la defensa jurídica del personal y la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la vía penal, civil (tanto la de carácter leve como la grave) y la responsabilidad de carácter profesional”.

La dirección de AVRA admitió ante los representantes sindicales de la empresa que existían “dudas jurídicas” y, para resolver el conflicto interno, elevó una consulta por escrito da la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”.

El pasado 25 de mayo, el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, confirmó por escrito los peores temores del personal técnico de AVRA respecto a su actual inseguridad jurídica: el actual seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía no ofrece una protección jurídica válida a los directores de obra pública, porque el pliego de condiciones contiene “exclusiones técnicas” que les afectan de lleno.

El informe de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

El conflicto interno ha conciliado a todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda –CCOO, UGT, CSIF y UITA– que firman la denuncia ante la Inspección de Trabajo y adjuntan el oficio de la Dirección General de Patrimonio para subrayar la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía, como reconoce el citado informe.

La denuncia, que firma el presidente del comité intercentros de AVRA, plantea el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos estos trabajadores –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”.

El escrito solicita a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación “de manera urgente” para constatar el “flagrante incumplimiento del Convenio Colectivo” de AVRA y las “graves deficiencias reconocidas oficialmente por la Dirección General de Patrimonio, requiriendo a la empresa la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas” y procediendo al “acta de infracción”.

La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

La directora de la obra donde tuvo lugar el accidente mortal, personal laboral de AVRA, se encuentra “muy afectada” y ha rehusado valorar su situación judicial. Este periódico se ha puesto en contacto también con su abogado, que tampoco ha aclarado si sus honorarios los paga su representada o si, como sostienen trabajadores de la Agencia, se ha hecho cargo la dirección hasta que se resuelva el conflicto sobre la falta de póliza de seguro profesional.

La próxima campaña de vacunación, que empieza el 1 de octubre, incorporará la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial -causante de la bronquiolitis- a adultos, concretamente, a mayores que viven en residencias y a personas con estados de inmunodepresión grave.

Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias este jueves en comisión parlamentaria. Además, se administrará la vacuna antigripal de alta carga antigénica a partir de los 75 años, en vez de a los 80, y se utilizará la vacuna española Bimervax contra la covid en residencias de mayores y centros de discapacidad, así como en determinados pacientes con inmunodepresión grave de 12 años o más.

“Fortalecer la salud pública significa precisamente eso: anticiparnos a los riesgos, prevenir la enfermedad y proteger a la población antes de que necesite atención sanitaria, y hacerlo, además, ante nuevos desafíos vinculados al cambio climático, las enfermedades emergentes o la seguridad alimentaria”, ha explicado el consejero de Sanidad.

Tramos de acceso

Los primeros en acceder a la vacunación serán los niños de entre 6 meses y casi 5 años, y su personal docente; los niños de entre 5 y 17 años con patologías y situaciones de riesgo, y las embarazadas. Este año también, como novedad, las personas de residencias de mayores y centros de discapacidad, junto a los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario, podrán vacunarse también desde el 1 de octubre.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se realizará en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal. También podrán vacunarse los profesores de estos menores y las personas que conviven habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid incorporará a partir del 7 de octubre a los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas a partir de 70 años, y para los adultos menores de 60 años con patologías y situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales. Asimismo, los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal podrán ir recibiéndola al mismo tiempo que los grupos diana con los que conviven, conforme se vayan incorporando al calendario programado.

“Lo importante es protegerse”

Antonio Sanz ha animado a los andaluces que forman parte de los grupos recomendados a vacunarse y hacerlo cuanto antes, recordando que la vacunación constituye “una herramienta fundamental” para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables. “Lo importante es protegerse y proteger a los demás, porque la vacunación es prevención y los datos de nuestras campañas y de nuestras investigaciones nos permiten seguir mejorando y tomando decisiones para proteger a los andaluces”, ha concluido.

En la campaña del año pasado un total de 1.939.424 andaluces se vacunaron frente a la gripe, una cifra que, según ha destacado el consejero, se sitúa “por encima del récord histórico”. Asimismo, 778.824 personas recibieron la vacuna frente al Covid-19, mientras que 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.

Primero se filtraron los temarios, las bases y la convocatoria de las oposiciones en Canal Sur, luego la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) difundió los documentos en la intranet de su plantilla (y horas después en el portal de transparencia de la cadena), y 48 horas después la primera oferta de empleo público para periodistas en 20 años ha aterrizado, este jueves, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las bases de la convocatoria de oposiciones a Canal Sur Radio y Televisión para cubrir 228 plazas se han oficializado, al menos dos semanas después de haberse filtrado los temarios, en posesión de trabajadores sin plaza, periodistas de otros medios e incluso academias de formación de opositores, según ha podido saber este periódico. Esa polémica ha enfrentado a la dirección de la cadena con los sindicatos, que han reclamado una “investigación interna” y alertan del riesgo de que se impugne un proceso que llevan “muchos años demandando”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en una nota de prensa que se trata de “una convocatoria histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA que permitirá dar estabilidad y mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo”, al mismo tiempo que ha destacado que “este hito supone también un paso decisivo para la organización que permitirá reforzar los objetivos de esta empresa pública, de la mano de todos sus profesionales, que cada día son un ejemplo de vocación y servicio público y que realizan un trabajo excepcional para llevar la información de nuestra tierra a todos los andaluces”. El comunicado no hace referencia a la filtración de los temarios, adelantada por elDiario.es hace unos días, ni a la polémica que este asunto ha generado entre los sindicatos de trabajadores.

A finales de julio, la mesa de contratación acordó las bases del proceso para la cobertura de esas 228 plazas de personal laboral fijo, al igual que lo temarios correspondientes a los distintos puestos de trabajo. Esta convocatoria, permitirá dar estabilidad y fijeza a 228 plazas; facilitar el retorno de personas en situación de excedencia; ofrecer oportunidades de traslado definitivo al personal fijo; impulsar la promoción interna; abrir posteriormente el proceso de concurso-oposición libre; y generar nuevas bolsas de trabajo vinculadas a la promoción interna y a las oposiciones.

Las plazas corresponden principalmente a las bajas producidas durante varios ejercicios anteriores. Además, el proceso anticipa la cobertura de 38 plazas asociadas a futuras bajas, cuya formalización definitiva en la fase de concurso posición libre se producirá tras la obtención de las autorizaciones correspondientes. El procedimiento se desarrollará de forma sucesiva en cuatro fases, como está previsto en el convenio colectivo: reingreso de excedencias; concurso de traslados definitivos; promoción interna; y concurso-oposición libre.

Después de la aprobación de las bases por el Consejo de Administración, el miércoles 9 de septiembre y la publicación en el BOJA, se inicia la fase de reingreso de excedencias. Las plazas disponibles para la siguiente se actualizarán una vez concluida cada etapa. La culminación de este proceso constituirá “un hito para RTVA y Canal Sur, no sólo por su impacto en la estabilidad y el desarrollo profesional de la plantilla, sino también porque contribuirá a reforzar la actividad de la organización y a avanzar en la consecución de sus objetivos empresariales de servicio público”.

Los sindicatos de la RTVA no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria de oposiciones en el Portal de Transparencia de Canal Sur, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

El director general de Canal Sur Radio y Televisión-RTVA, Juande Mellado, considera que se logra un hito para seguir avanzando en el futuro de Canal Sur y valoró que esta histórica convocatoria nace del consenso con todos los sindicatos. La convocatoria completa se puede consultar en el enlace https://juntadeandalucia.es/boja/2026/186/22 Asimismo, RTVA Canal Sur ha habilitado un espacio para informar sobre todo al que se puede acceder en el enlace https://www.canalsur.es/rtva/transparencia/oposiciones-canal-sur/.

“Este es un acto político”. Unas palabras contundentes frente al veto de la Universidad de Sevilla (US), que rechazó prestar sus instalaciones para que se celebrara el acto de presentación de la plataforma Feministas frente al Fascismo este jueves por su “connotación política”. Lejos de amilanarse, prendió la mecha del espíritu de las organizadoras, que encontraron en CCOO una rápida respuesta. El espacio, estrenado en Sevilla con más de 200 mujeres, traza sus líneas de actuación frente al auge del negacionismo machista y el fascismo, poniendo especial foco en el tratamiento de la igualdad en Andalucía desde los espacios sanitarios, jurídicos y en la política.

Teresa Alba, presidenta de la Asociación Páginas Violeta y ponente inaugural de la jornada en sustitución de Mercedes Arriaga, directora de la Unidad para la Igualdad de la US, tras la cancelación del evento en la institución académica, sonrió ante sus compañeras que, rápidamente, llenaron el salón de la sede del sindicato y se colocaron en los bancos que se trajeron a la sala o se sentaron en el suelo espontáneamente para escuchar durante la tarde a las expertas en género y diversos ámbitos para tratar el estado de la democracia y en el ámbito de los derechos humanos. Entre aplausos y con nuevos ánimos, Alba tomó las reflexiones de Hannah Arendt para recordar que “el poder no es individual, sino poder de grupo, por eso tenemos que empoderarnos colectivamente”.

La plataforma dio sus primeros pasos en febrero de este año en una cita a la que acudieron 70 personas de distintas índoles, desde los campos sociales, políticos, económicos y sindicales. Un encuentro en el que, sostuvo Alba, se manifestó la inquietud común: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de la mujer se pongan en cuestión”, citando a la filósofa feminista Simone de Beauvoir.

Los tres estandartes del colectivo son la diversidad, la pluralidad y la intergeneracionalidad, como un movimiento en el que la polaridad “está excluida” para evitar “que la violencia siga tiñendo la sociedad”. “Estamos juntas y muy revueltas”, advirtió frente a las amenazas de los grupos ultra, como Vox, que tachan el articulamiento feminista de “chiringuitos”, aunque, como añadió, “la autogestión” es el pan de cada día para aquellas pequeñas asociaciones que intentan ampliar y mejorar sus acciones en el entorno: “Necesitamos el compromiso del activismo feminista para construir una muralla para detener al fascismo, la amenaza más grande a la que se enfrenta nuestra democracia”.

Recortes en materia de igualdad y banalización del lenguaje

Poniendo el foco en la región, la ponencia marco de la periodista y escritora Mercedes de Pablos Candón y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Vanessa Casado Caballero, situó la controversia política constante en el marco de Andalucía como laboratorio político: la normalización de la extrema derecha. Pero, antes de comenzar, De Pablos tuvo unas palabras para la vecina madrileña de 87 años desahuciada hoy: “Mi nombre hoy es Maricarmen. Las mujeres siempre vamos a estar al lado de quien nos necesita, y recordemos con nombre propio a aquellos que no votan en el Congreso de los Diputados por las medidas para intervenir el mercado sin que se rompa el eje de la Tierra”.

¿Qué ocurre en Andalucía? Al fin y al cabo, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la esfera internacional y nacional, donde los grupos ultraconservadores o la manosfera se hacen hueco en el discurso mediático y en la deriva democrática hacia estas opciones que, entre otras cuestiones, niegan la violencia machista o asumen el binarismo sexual y de género como la única via posible. “Desde posiciones aparetenemente no reaccionarias consentimos prácticas fascistas que rompen la costra de nuestra convivencia, y hemos dejado que se devalúe la palabra política o ideología”, declaró la periodista, “cuando habíamos conseguido incluir la igualdad dentro de la cartera de los derechos humanos, esta se rompió, y ahora se firman documentos donde a los niños y niñas se les llama menas, se les pone una estrella amarilla en la solapa, sin que esto sea rechazado por el resto de la sociedad”.

A lo que hacía alusión era al acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el PP en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas donde el pacto se ha dado aunque sea con estos principios xenófobos en los que se enmarca la prioridad nacional. “Acusar a quienes ponían los derechos por delante como buenistas fue el primer paso para perder la realidad nombrada, la palabra”, añadió, para lo que situó al feminismo como “el movimiento más radical de emancipación” y la “solución para salvar a la democracia”.

Entrando en materia, la representante de CCOO señaló varias prácticas cuestionables dentro de la administración pública, concretamente, en el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de que la Oficina antiaborto cumple su segunda legislatura tras la cesión del PP a las peticiones de Vox o que haya una reducción de centros dedicados al diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) mientras que se rechaza la reincorporación de los manuales de educación afectivosexual en los centros educativos de la capital hispalense.

Todo ello, afirmó, en un momento en el que se mantiene la financiación de grupos antiabortistas, como Red Madre, y “se lleva a la irrelevancia al Consejo Municipal de la Mujer y, también, al de LGTBI”. “Sevilla es un buen ejemplo del laboratorio político que, en lo micro, va en consonancia con la estrategia macro del fascismo”, aseveró. En este punto, su compañera de mesa reafirmó que, cuando se recorta en el apoyo al asociacionismo local, “se está dando un paso para aislar a las posibles víctimas de violencia de género, ya que el asociacionismo saca a estas mujeres de las casas y evita que el maltratador las aísle de su entorno”.

El derecho al aborto en Jaén y el sistema jurídico

Una de las grandes preocupaciones desde lo sanitario es la falta de cobertura para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Jaén. La filósofa y portavoz de Mareas Blancas Sevilla, Rocío Martín, hizo hincapié en que el deterioro del sistema público se evidencia cuando lo recogido en la ley no implica que su cumplimiento se vaya a ejercer. “Las mujeres en Jaén están desesperadas: tienen que desplazarse sí o sí, y los únicos tres casos que se han practicado en el hospital universitario fueron aquellos en los que la vida de la mujer corría peligro y, por tanto, era un problema médico, pero, en ningún caso, fue por una decisión libre tomada en las primeras 14 semanas de embarazo”.

Esta controversia, para la que el Defensor del Pueblo Andaluz también ha pedido explicaciones, deriva en un empobrecimiento tanto de las afectadas como de su red, además de la “vergüenza” a la que se ven sometidas. “Si existe una ley que reconoce y garantiza este derecho, ¿por qué las mujeres de Jaén no pueden ejercerla en las mismas condiciones de igualdad que el resto de mujeres?”, zanjó, en un momento en el que, también, la sanidad ha golpeado fuertemente a las mujeres, como ocurrió ahora hace casi un año con la crisis de cribado de cáncer de mama.

Además, para esta legislatura hay un cambio sumamente significativo: Justicia queda en manos de Vox y, tras la polémica suscitada por su nombramiento, las unidades de valoración de género serán examinadas por el líder andaluz del partido Manuel Gavira, consejero del ramo y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía. Mientras el Ministerio de Igualdad pedía explicaciones al presidente andaluz Juanma Moreno por esta decisión que deja a la ultraderecha un organismo indispensable para la evaluación de las víctimas de violencia machista, desde el encuentro de Feministas frente al Fascismo, Amparo Díaz, abogada experta en la materia, ponía el dedo en la llaga.

“Hemos pasado en diez años de un sistema que se esforzaba en llevar a cabo una justicia igualitaria a una situación actual en la que, si se esfuerza alguien, le hacemos la ola”, manifestó. Desde los turnos de oficio, “infrafinanciados y con un personal sobresaturado”, aludió al mal presente en los tribunales andaluces: “Tenemos a médicos forenses negacionistas en las unidades de valoración, al igual que a jueces o juezas que niegan la violencia de género o a abogados que son maltratadores”, señaló.

“La falta de dotación, capacidad, interés, y el uso reiterado de procedimientos judiciales para maltratar a las víctimas” son los fallos más acuciantes a resolver, ya que, como indicó, “los maltratadores ya lo saben y, en este maltrato institucional, no podemos exigir a las víctimas que denuncien, sino que tenemos que organizarnos desde fuera”.

Llamando a la acción colectiva, Díaz invitó a las participantes a hacer uso de diversas herramientas, como la Ley de Transparencia, para fiscalizar y examinar la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, a no darse por vencidas. Como ocurre con María Jesús Correa, abogada feminista y expresidenta de la Asociación Derecho y Democracia, cuyo trabajo conjunto con otras 17 letradas ha llevado a que el Tribunal Supremo admita el recurso que interpuso para que se dirima si el uso del nombre Colegio de Abogados de Sevilla, en vez de Abogacía, es o no discriminatorio. Un hito para este grupo, que lleva ya una década pleiteando este caso. Marcadas por “el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”, Feministas frente al Fascismo abanderó la esperanza como un acto de resistencia desde Sevilla.

Controversia por el veto de la US

La crítica hacia la gestión de la Universidad de Sevilla marcó el curso de la jornada. Todas y cada una de las ponentes de Feministas frente al Fascismo señalaron la decisión del equipo de gobierno y a su rectora Carmen Vargas. “La rectora representa a la US, pero ni es suya, ni de los profesores, solo y únicamente, sino de toda la comunidad. Por lo tanto, como dijo Unamuno, ni convence, ni espero que convenza nunca”, lanzó Mercedes de Pablos.

A raíz de lo ocurrido, Casado, como secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, explicó en declaraciones a este medio que la acogida por parte del sindicato se dio con tanta celeridad como respuesta para “siempre y cueste lo que cueste, promover aquellas iniciativas que quieran proteger la democracia”. “Este es un acto esencial en el que se habla de la erosión de los sistemas democráticos y de cómo enfrentarse a ellos desde el feminismo, y nos ha sorprendido la actitud de la Universidad de Sevilla, es grave y muy preocupante, pero creemos que es sintomática de los tiempos a los que nos enfrentamos”, enfatizó.

Al respecto, no ha habido explicaciones por este cambio de parecer en el último momento y aclara que, aún siendo un acto político, no se trata de un “acto partidista”. “Entendemos que un acto dedicado a hacer apología del terrorismo o a promover el machismo o una propuesta xenófoba no encaja dentro del marco institucional, pero son legítimos el feminismo y la posición contra el fascismo”, remarcó. “No quisiéramos llegar a pensar que la equidistancia sea la manera en que la US tenga que, quizá, protegerse de los problemas graves que tiene ahora”, en referencia a la infradotación presupuestaria que afronta el sistema público universitario, en el que la US ha hecho sus reclamaciones y cuyo interlocutor es ahora PP y Vox.

“Entre la universidad pública y la privada no solamente hay una diferencia en que tu hija se lo pueda pagar, sino una diferencia del concepto del espacio”, planteó Casado, “la universidad pública sirve para defender los derechos, la conciencia crítica y las posiciones democráticas, es algo a lo que no puede renunciar”.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago.

En declaraciones a Europa Press, Chaves ha explicado que la tarifa fue aprobada en la última junta directiva de la SGAE y que se calculará sobre la cantidad que la entidad organizadora abone a la formación musical.

La obligación de pago corresponderá a quien contrate la música para el cortejo, por lo que puede tratarse de una hermandad pero también de un ayuntamiento o de otra entidad organizadora, según cómo se gestione cada procesión. La banda, ha precisado, es únicamente la encargada de interpretar las composiciones.

“La banda es un ejecutante”, ha señalado Chaves para distinguir entre el pago por la actuación de los músicos y los derechos de quienes han compuesto las obras que interpretan. A su juicio, son conceptos diferentes que deben quedar reflejados cuando se contrata acompañamiento musical para una procesión.

También en pueblos pequeños

Así, la tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. Chaves ha indicado que el criterio será la utilización de obras cuyos derechos de autor continúen vigentes, con independencia del tamaño de la localidad o de la entidad que organice el acto.

En este sentido, ha sostenido que gran parte de las marchas que se escuchan actualmente durante la Semana Santa siguen sujetas a derechos de autor. También ha defendido que remunerar a sus compositores favorece la creación de nuevas piezas, frente a la posibilidad de que las formaciones recurran únicamente a obras que ya se encuentran libres de derechos.

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. Chaves ha señalado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro (Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional), con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores. “Lo interesante de esto es que protege a los autores y compositores, porque si nos limitamos solamente a tocar a aquellos que están libres de derechos, no estamos dándole cabida a los nuevos autores jóvenes que están componiendo”, ha asegurado.

Unas tarifas con ajustes

Tras ese proceso la SGAE ha incorporado la nueva tarifa a su libro oficial. Ahora, la entidad trabaja en explicar cómo se aplicará y en establecer la colaboración necesaria con hermandades, bandas, ayuntamientos y otros organizadores para conocer qué composiciones se interpretan y poder repartir los derechos entre sus autores.

Chaves ha afirmado que ya están manteniendo contactos con distintos consejos de hermandades y con otros colectivos afectados. La SGAE desarrolla, además, encuentros divulgativos en distintos puntos de España para informar sobre la medida, que tendrá alcance nacional.

En cuanto a si el porcentaje aprobado admite modificaciones o si se contemplarán condiciones específicas para las hermandades con menos recursos, el director territorial ha señalado que esas situaciones deberán estudiarse durante las conversaciones. Ha explicado que existen ajustes en otras tarifas de la entidad, aunque ha insistido en que, en este caso, el punto de partida es el 7%.

Sin fecha para el primer cobro

Sobre la situación de las formaciones musicales que no emiten facturas o no tienen regularizada su actividad, Chaves ha precisado que la SGAE no les impone por esta tarifa una nueva obligación administrativa. Ha reconocido, no obstante, que su aplicación puede poner de manifiesto la situación en la que opera alguna banda, mientras que otras ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

Aunque la tarifa está aprobada, Chaves ha diferenciado ese hecho de su puesta en práctica generalizada. Según ha explicado, la entidad se encuentra ahora en una fase de “pedagogía”, reuniones y diálogo, por lo que el cobro se implantará de forma paulatina y “no de la noche a la mañana”.

Así, pese a que la previsión de la SGAE es aplicar la tarifa durante la Semana Santa de 2027, su director territorial ha confirmado que aún no se sabe cuándo se reclamará el primer pago. También ha evitado concretar si se exigirá ya en las procesiones extraordinarias que puedan celebrarse antes de esa fecha, al señalar que la implantación requiere trabajar previamente con las entidades afectadas.

Los Premios T son unos galardones de ámbito nacional que entrega la Asociación Trans de Andalucía - Sylvia Rivera y constituyen el máximo reconocimiento que se otorga en el Estado Español a las personas, entidades e instituciones que con sus acciones favorecen la defensa de la dignidad y el avance en derechos para las personas trans. El evento tendrá lugar el día 2 de octubre a las 18 horas, en la sala Antiquiarium de Sevilla, entrada gratuita hasta completar aforo.

Las personas y entidades galardonadas en esta edición son:

Iván Gelibter, periodista y director de Revista SIX, utiliza la comunicación para visibilizar la realidad LGTBIQ+, reivindicar derechos y preservar la memoria del colectivo.

Satín Greco, ganadora de la quinta temporada de Drag Race España, referente del transformismo con más de 20 años de trayectoria, defensora de la visibilidad y los derechos de la comunidad trans y drag.

Imperio Reina, artista cordobesa, cantante y transformista, destaca por una trayectoria que combina copla, espectáculo y denuncia social para visibilizar la diversidad y reivindicar la libertad de expresión.

Falete, referente de la copla y el flamenco, destaca por su autenticidad y valentía al defender la libertad de ser y expresarse sin etiquetas.

María Peláe, cantautora malagueña, utiliza su música para reivindicar la diversidad y los derechos LGTBIQ+, combatir los estereotipos y defender la libertad y la memoria.

Alba Flores, actriz y referente de diversidad, reivindica la libertad, la visibilidad y la autenticidad, dando voz a la realidad LGTBIQ+ y a sus raíces gitanas.

Transexualia, fundada en 1987, fue la primera asociación trans de España y un referente pionero en la defensa de los derechos, la dignidad y la inclusión de la comunidad trans.

El FAGC, fundado en 1975, organización histórica del movimiento LGTBIQ+ en España, pionera en la lucha contra la persecución y por la libertad, la igualdad y los derechos del colectivo.

Isla Mágica, empresa que apuesta por la diversidad y la inclusión LGTBIQ+ mediante iniciativas de visibilidad y un convenio que facilita la inserción laboral de personas trans.

Alba Pérez, mujer trans, emprendedora y empresaria, destaca en la alta costura con MR Tocados, rompiendo estereotipos y promoviendo la visibilidad trans.

La gala estará amenizada con las actuaciones de Imperio Reina y presentada por Ángeles Ortega “La Kiska” y Sergio Morante. Al finalizar el acto se ofrecerá a las personas asistentes un servicio de catering.

“Los datos oficiales siempre llegan con retraso y, desgraciadamente, mientras analizamos esas estadísticas seguimos sumando nombres a nuestro contador. A día de hoy hablamos ya de 94 personas que han salido a trabajar y han perdido la vida. No podemos acostumbrarnos a esta realidad ni asumirla como inevitable”, ha señalado el secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas este miércoles en rueda de prensa.

Sánchez Villegas ha advertido además de que el ritmo al que se están produciendo los accidentes mortales permite realizar una preocupante proyección para los próximos meses. “Hace unos meses decíamos que cada tres días moría una persona trabajadora en Andalucía. Hoy hablamos ya de una muerte cada dos días y medio. Si continúa este ritmo, Andalucía podría sumar al menos otras 30 muertes antes de que termine el año. No podemos esperar a que esas previsiones se cumplan para actuar”.

Según el análisis elaborado por UGT Andalucía a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, durante los siete primeros meses del año se produjeron 61.118 accidentes de trabajo con baja, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 556 fueron graves, lo que supone que más de uno de cada cinco accidentes graves registrados en España se produce en Andalucía.

En cuanto a la mortalidad, los datos oficiales hasta julio contabilizan 83 fallecimientos, nueve más que un año antes, lo que representa un incremento del 12,16%. De ellos, 68 se produjeron durante la jornada laboral y otros 15 fueron accidentes in itinere. Pero UGT Andalucía advierte de que el balance real a fecha de hoy es ya más grave, al elevarse a 94 víctimas mortales según los datos recopilados por el propio sindicato.

“Llevamos demasiado tiempo viendo cómo las cifras aumentan mientras las causas de los accidentes se repiten. No basta con lamentar cada muerte cuando se produce. Tenemos que actuar antes. La prevención tiene que hacerse en los centros de trabajo todos los días y no quedarse en un papel para cumplir un expediente”, ha reclamado Sánchez Villegas.

Andalucía concentra el 19,21% de la mortalidad laboral de España

Los datos oficiales hasta julio sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor mortalidad laboral, concentrando el 19,21% del total nacional, pese a que la población asalariada andaluza representa el 15,95% del conjunto de España. En cuanto al número total de accidentes laborales, Andalucía se sitúa únicamente por detrás de Cataluña.

La evolución de los últimos años refuerza la preocupación del sindicato. Frente a los 88 fallecimientos registrados durante todo 2014 o los 93 de 2015, Andalucía cerró 2023 con 122 muertes, 2024 con 133 y 2025 con 125. Los 83 fallecimientos oficiales acumulados hasta julio de 2026 constituyen ya la tercera cifra más elevada de la serie de los últimos doce años para ese mismo periodo.

Por sectores, de los 61.118 accidentes registrados hasta julio, 36.884 se produjeron en Servicios, 9.603 en Construcción, 9.262 en Industria y 5.369 en Agricultura. Servicios presenta también el mayor número de fallecimientos, con 39, mientras que Construcción acumula 22.

Territorialmente, los datos oficiales sitúan a Sevilla como la provincia con mayor mortalidad laboral hasta julio, con 24 fallecidos, seguida de Málaga, con 17, y Almería, con 15.

Una de cada tres muertes se debe a patologías no traumáticas

UGT Andalucía ha llamado también la atención sobre el peso de las denominadas patologías no traumáticas en la mortalidad laboral. Según ha explicado Sánchez Villegas, aproximadamente una de cada tres muertes que se producen durante el trabajo en Andalucía está relacionada con infartos, ictus y otras patologías cardiovasculares o cerebrovasculares.

“Tenemos que empezar a hablar también de esta realidad. Existe evidencia científica sobre la relación que pueden tener determinados factores psicosociales, como el estrés y la ansiedad, con este tipo de patologías. Y el estrés y la ansiedad también pueden estar vinculados a las condiciones y a los entornos de trabajo”, ha señalado.

Para UGT Andalucía, estos datos refuerzan la necesidad de adaptar la prevención a los nuevos riesgos laborales y prestar una atención específica a los riesgos psicosociales y a la organización del trabajo.

Más vigilancia y control en las empresas

Para UGT Andalucía, la evolución de la siniestralidad demuestra que es necesario reforzar el cumplimiento efectivo de la normativa preventiva. Hasta mayo de este año se habían impuesto en Andalucía 1.356 sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, frente a las 2.385 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 45,14%.

“¿Significa esto que hay menos incumplimientos? Para nosotros, no. Lo que demuestra es que necesitamos más vigilancia y más control”, ha señalado Sánchez Villegas.

Además, según los últimos datos oficiales consolidados, correspondientes a 2025, el 47,6% del total de accidentes de trabajo graves y el 36% de los mortales se produjeron sin tener realizada una evaluación de riesgos obligatoria.

“No podemos hablar de prevención mientras haya centros de trabajo en los que ni siquiera se están evaluando correctamente los riesgos. Las empresas tienen la obligación de proteger la seguridad y la salud de sus plantillas y las administraciones deben garantizar que esa obligación se cumple”, ha subrayado.

UGT Andalucía reclama, por ello, más recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y para la Fiscalía de Salud Laboral, de manera que puedan intensificar el control del cumplimiento de la normativa e investigar y depurar las posibles responsabilidades derivadas de los accidentes graves y mortales.

Asimismo, el sindicato vuelve a reivindicar la creación de una figura similar al Delegado o Delegada Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente para mejorar la prevención en las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y muchas de las cuales carecen de representación sindical.

UGT cuestiona la ausencia de la siniestralidad laboral entre las prioridades del pacto de Gobierno

Sánchez Villegas ha cuestionado también el lugar que ocupa la seguridad y la salud laboral entre las prioridades del nuevo Gobierno andaluz y se ha referido al acuerdo de Gobierno suscrito por PP y Vox y sus 150 medidas.

“Hemos buscado cuántas menciones hay en ese acuerdo a la siniestralidad laboral y cuántas medidas se plantean específicamente para reducirla. Ninguna. No encontramos una sola medida destinada a evitar que las personas trabajadoras pierdan la vida en sus puestos de trabajo”, ha denunciado.

El responsable sindical ha contrapuesto esta ausencia con otras materias que sí aparecen recogidas en el acuerdo. “Se habla de tauromaquia, de sustituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia, de prohibir el burka y el niqab o de repatriación de menores, pero no encontramos una sola línea sobre cómo reducir la siniestralidad laboral ni una sola mención a reforzar la Inspección de Trabajo”.

“Se habla de ayudar a las familias, pero no de garantizar la seguridad laboral de las personas que sostienen esas familias. Se habla de cultura de la vida, pero no encontramos una sola medida para proteger la vida de las personas trabajadoras”, ha añadido.

Para Sánchez Villegas, ante unas cifras que sitúan a Andalucía como la comunidad con mayor mortalidad laboral de España, “la seguridad y la salud de las personas trabajadoras tienen que convertirse en una prioridad política real, con medidas y recursos concretos”.

En este sentido, UGT Andalucía ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple ya treinta años y se encuentra inmersa en un proceso de actualización, por lo que Sánchez Villegas ha reclamado el compromiso de todas las fuerzas políticas: “Esperamos que todos los grupos parlamentarios entiendan que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”.

Las enfermedades profesionales, otra realidad oculta

UGT Andalucía pone también el foco en la infradeclaración de las enfermedades profesionales. Hasta agosto se habían comunicado 1.470 partes de enfermedades profesionales en Andalucía, pese a contar la comunidad con más de 3,1 millones de personas asalariadas.

Andalucía concentra el 15,95% de las personas asalariadas de España, pero únicamente representa el 6,51% de los partes de enfermedades profesionales declarados en el conjunto del país.

“¿Significa esto que en Andalucía hay muchas menos enfermedades profesionales? Evidentemente, no. Lo que significa es que muchas enfermedades profesionales no se están declarando como tales”, ha advertido Sánchez Villegas.

Especialmente significativo resulta el cáncer de origen laboral: solo se han declarado dos partes correspondientes al grupo 6 de enfermedades profesionales, relacionado con agentes carcinógenos.

“Tenemos también una parte de la siniestralidad que permanece invisible. Si una enfermedad causada por el trabajo no se reconoce como profesional, desaparece de las estadísticas y se dificulta enormemente actuar sobre sus causas. Necesitamos que aflore esa realidad para poder prevenirla”, ha explicado.

“La prevención tiene que llegar antes que el accidente”

UGT Andalucía insiste en que los accidentes laborales son evitables y reclama que la prevención ocupe un lugar central en la organización del trabajo, junto con una actualización de la normativa que permita responder a los nuevos riesgos laborales.

El sindicato considera necesario avanzar en cuestiones como los riesgos psicosociales, la desconexión digital, el ciberacoso, la protección frente a fenómenos meteorológicos adversos derivados del cambio climático y la incorporación de la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos.

“Hoy hablamos de 94 personas fallecidas. No queremos que mañana sean 95. La prevención tiene que llegar antes que el accidente. Necesitamos empresas que cumplan, más vigilancia y unas administraciones con recursos suficientes para garantizar ese cumplimiento. Ir a trabajar no puede costarle la vida a nadie”, ha concluido Pablo Sánchez Villegas.

El pasado noviembre, todos los partidos de la oposición al Gobierno votaron en el Parlamento a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política que más ha zarandeado a Juanma Moreno desde que es presidente. La mayoría absoluta del PP tumbó la iniciativa.

Diez meses después, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero cuenta con un socio de Gobierno, Vox, que este miércoles ha confirmado que votará en contra de la misma iniciativa que entonces apoyó. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado hoy en el Parlamento la misma propuesta para crear esa comisión de investigación sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, que afectaron a más de 2.000 mujeres (según cifras de la Junta) y se cobró el cese de la consejera de Salud y todo su equipo.

La iniciativa conjunta de las izquierdas nace de una petición expresa de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla que destapó el escándalo, y que pidió a todos los grupos que fueran de la mano. Su presidenta, Ángela Claverol, ha acompañado esta mañana hasta la puerta del registro de la Cámara a la portavoz socialista, María Márquez, el líder de Adelante, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Pero, a la vez que entraba en registro la propuesta de creación de una comisión de investigación por la crisis de los cribados, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Rodrigo Alonso, dejaba claro el viraje de 180 grados que ha dado su partido tras entrar en el Gobierno de coalición con el PP. En la negociación entre ambos partidos, Moreno llegó a ofrecer a la ultraderecha la creación de una comisión de investigación sobre los cribados si consentían en ser un socio externo y quedarse fuera del Consejo de Gobierno.

Pero Vox exigió entrar y ahora, con su líder como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, han desistido de fiscalizar la gestión de la crisis de los cribados de cáncer que tanto denunciaron desde la oposición. “Nosotros no somos muy de comisiones de investigación”, ha explicado Alonso en rueda de prensa, tras asegurar que “ya sabemos lo que pasó” y que su partido no se prestará “al postureo” de los partidos de izquierdas.

“Vox siempre ha exigido que haya transparencia, que se diga cuál fue el fallo. Pero los partidos de la izquierda van a manosear todo lo posible este tema para sacar rédito político, y no nos vamos a prestar a eso. En diez meses ya se ha descubierto dónde estaban los fallos y ya se han puesto sobre la mesa las respuestas. En su día tenía sentido, ahora ya no”, ha abundado Alonso. Preguntado por qué, entonces, su grupo seguía exigiendo a Moreno explicaciones sobre la crisis de los cribados hace tres meses, en campaña electoral, el diputado almeriense ha aclarado que la fórmula en la que estaban pensando en ese momento no era ya una comisión de investigación parlamentaria.

La próxima semana se cumple un año desde que estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha golpeado al Gobierno de Moreno, con cientos de mujeres en las calles, mostrando sus pechos cortados, y gritando “Bonilla dimisión”. El presidente de la Junta cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a todo su equipo, y perimetró la crisis en una sola unidad del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía.

Las izquierdas también han presentado una propuesta de declaración institucional en solidaridad de las víctimas de la crisis de los cribados, frente al PP, que propuso antes un mismo posicionamiento político del Parlamento sobre la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, ha criticado al PSOE por volver a traer “el manoseado cribado de cáncer de mama”. Martín ha recordado que los socialistas centraron toda su campaña electoral en este asunto y el resultado fue “el mínimo histórico” para este artido. “Han manoseado a mujeres con cáncer de mama y han hecho mucho daño a una asociación, instrumentalizando este asunto”, concluye.

La dirección de la RTVA se ha comprometido este martes a abrir un expediente para investigar el origen de la filtración de las bases y el temario de las oposiciones de Canal Sur, según han trasladado a este periódico representantes sindicales presentes en la reunión de la mesa de contratación celebrada entre los miembros del Consejo de Administración de RTVA y los sindicatos.

La investigación era precisamente la principal reivindicación con las que los sindicatos acudieron a la reunión de este martes, después de que elDiario.es Andalucía revelara que la documentación de la convocatoria había circulado dentro y fuera de la empresa desde, al menos, comienzos de septiembre, semanas antes de su publicación oficial.

Según las fuentes sindicales consultadas, la dirección compartía esa misma propuesta y también la ha puesto sobre la mesa para tratar de esclarecer de dónde partió la filtración y cómo pudo salir de los ámbitos que tenían acceso a la documentación durante la tramitación de las bases. La empresa, sin embargo, no ha informado públicamente por el momento de la apertura del expediente ni de los términos en los que se desarrollará la investigación.

Los sindicatos reclamaban esclarecer el origen de la filtración

La petición de investigar el origen de la filtración ya había sido planteada por las organizaciones sindicales antes de la reunión de este martes. Los representantes de los trabajadores habían reclamado explicaciones a la dirección después de conocer que las bases y los anexos relativos al temario y los requisitos llevaban semanas en posesión de los trabajadores que se van a presentar a las oposiciones.

La preocupación de los sindicatos se centra en las condiciones de confidencialidad con las que se negociaron las bases. La documentación había sido manejada durante su tramitación por los miembros del Consejo de Administración y por las organizaciones sindicales que participaban en la negociación, según había trasladado previamente la Consejería de Presidencia.

Las organizaciones sindicales han defendido durante los últimos días que la investigación debe permitir determinar quién tuvo acceso a la documentación, en qué momento salió de los ámbitos de negociación y cómo llegó a trabajadores y personas ajenas a la empresa antes de que la convocatoria fuera publicada oficialmente.

La apertura de esta investigación se produce después de que la dirección de RTVA difundiera este lunes las bases ya firmadas a través de la intranet de la empresa y del Portal de Transparencia, adelantándose a la publicación prescriptiva en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El documento coincide sustancialmente con el que llevaba semanas circulando y solo incorpora, respecto a la versión a la que tuvo acceso este periódico, la fecha de la resolución y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años contemplan 228 plazas y han generado una gran expectación entre los trabajadores y profesionales del sector audiovisual andaluz. La filtración de las bases y el temario antes de su publicación oficial ha provocado dudas y malestar entre la plantilla y las organizaciones sindicales, que lo han calificado de “escándalo”.

Ahora, con el compromiso de abrir una investigación, los sindicatos esperan que la dirección determine el origen de la filtración y aclare si se produjo una difusión de documentación desde alguno de los ámbitos que tuvieron acceso a las bases durante su elaboración y aprobación.

La Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la Mesa Negociadora han alcanzado un preacuerdo para renovar el VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración andaluza, que componen cerca de 21.000 profesionales, y que abre una nueva etapa para este colectivo regido hasta ahora por un convenio firmado hace 24 años. El nuevo marco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.

Según el Gobierno andaluz, el acuerdo permite avanzar en uno de los “objetivos ineludibles” de esta legislatura, como es la renovación del convenio firmado en 2002 y prorrogado desde 2008. En la negociación han participado UGT, CCOO, CSIF y Ustea.

Tras el acuerdo, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), José Antonio Nieto, ha destacado el valor del diálogo social para hacer posible este acuerdo y ha subrayado que la culminación del convenio era un compromiso de legislatura.

Entre las principales novedades del preacuerdo se encuentran la implantación de una carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño, la reclasificación de categorías y funciones, el avance en la funcionarización voluntaria y con garantías y una mejora del reconocimiento del trabajo en turnos, noches, festivos y jornadas especiales.

El nuevo marco contempla además un concurso abierto y permanente para facilitar la movilidad y cobertura definitiva de puestos, una bolsa única para la contratación temporal y un mayor protagonismo de las Subcomisiones de cada Consejería. El preacuerdo deberá completar ahora su tramitación con el correspondiente informe de Hacienda antes de su aprobación definitiva.

UGT SP Andalucía ha valorado “como un éxito” el nuevo convenio, haciendo hincapié en la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, que conllevan “nuevos complementos retributivos”. El sindicato destaca también la clasificación profesional y reclasificaciones, donde el nuevo diseño de un sistema de grupos y subgrupos, así como las mejoras retributivas y garantías salariales, con una reordenación de las retribuciones fijas y variables que revisa el complemento de puesto por factores como peligrosidad, penosidad o toxicidad y actualizando el pago por festivos y fines de semana; conciliación y nuevos derechos, entre otras.

Por su parte, desde CSIF han señalado que la rúbrica supone “un paso decisivo para actualizar las condiciones laborales del personal laboral y dar respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo”, tal y como ha afirmado la presidenta de CSIF AGJA Andalucía, Isabel Pacheco. En materia de movilidad, se mejoran condiciones para solicitar la permuta, que podrá plantearse siempre que resten al menos tres años para la jubilación; asimismo, se incorpora la implantación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, junto con nuevas modalidades de excedencias.

CCOO-A destaca que el acuerdo pone fin a casi 24 años de vigencia del VI Convenio, tras un largo proceso impulsado por el sindicato desde principios de 2025, momento en que trasladó a la administración la necesidad “inexcusable” de renovar la norma. Para la coordinadora del Área Pública de CCOO de Andalucía, Marina Vega “la mejora salarial asociada a la carrera horizontal, la recuperación de la jubilación parcial, la reclasificación de categorías profesionales con subidas retributivas y otros derechos sociales son avances importantes que ya eran urgentes”.

“El proceso de negociación ha sido duro, por el inmovilismo de algunas partes y por la negativa de la administración a determinadas reivindicaciones planteadas por CCOO que, sin duda, seguiremos luchando para conseguir en el futuro”, ha concluido.

La Junta de Andalucía ha confirmado que ha acogido en uno de sus centros al menor migrante que llegó desde Ceuta a Jerez de la Frontera (Cádiz) en los bajos del autobús del Real Valladolid, al que se subió después de que el equipo pucelano jugara el domingo en la ciudad autónoma, en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad han explicado a EFE que el joven se encuentra en un centro de la comunidad andaluza, aunque han declinado dar más detalles al tratarse de un menor de edad.

El joven, que se subió a los bajos del autobús en Ceuta, viajó en este espacio los 45 minutos que dura el trayecto del ferry entre la ciudad autónoma y la península, así como la hora que se tarda en ir desde el puerto hasta la ciudad de Jerez de la Frontera.

No fue hasta que el menor vio que se quedaba sin fuerza para seguir, tras casi dos horas, cuando pidió ayuda a gritos que escuchó el centrocampista del Valladolid Iván Alejo, quien alertó a sus compañeros de que había alguien en el eje de las ruedas del autobús.

El vehículo paró entonces en una gasolinera y los miembros del equipo sacaron al menor de los bajos, dándole comida, bebida y ropa mientras llegaba la Guardia Civil, que tramitó los procedimientos pertinentes que han llevado a la acogida del menor en un centro de la Junta de Andalucía.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, señaló a EFE que la actuación de sus jugadores le hizo sentir “orgulloso” por su actitud “humana y solidaria” que hizo posible salvar una vida.

El PSOE andaluz está desplegando una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus “obligaciones y compromisos” con la ciudad autónoma de Ceuta, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes desde hace mes y medio.

Una de esas propuestas es la presentación de una queja formal contra la Junta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la Infancia, anunciada este martes por la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, para que “investigue el incumplimiento” del convenio suscrito con el Gobierno ceutí para “agilizar” el traslado de menores migrantes a Andalucía en caso de “contingencia migratoria”, como la que está viviendo la ciudada autónoma.

El convenio bilateral se firmó en 2021, fue renovado en enero de 2024, es un compromiso “estable en el tiempo” y está “vigente” hasta 2028. Ambas administraciones firmaron un marco de colaboración para el acogimiento y la integración de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, con el objeto de descongestionar los servicios asistenciales de la ciudad autónoma en caso de llegadas masivas, como la que se produjo en 2021 con la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes (1.500 niños).

El Gobierno de Moreno se ha apeado de ese convenio, que es un acuerdo de voluntad política con Ceuta, por varias razones: primero, porque el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no lo ha invocado para aliviar la presión migratoria que está sufriendo su ciudad (con 2.000 menores filiados y en torno a mil deambulando por las calles, según la estimación del Ministerio de Infancia); segundo, porque Moreno cree que acoger a esos niños en Andalucía, aunque fuera de forma provisional, provocaría un “efecto llamada” que perjudicaría a Ceuta, “que vería llegar a 200.000 menores más”. Y tercero, porque “la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los inmigrantes pisasen suelo continental”, un argumento que Moreno dio en sede parlamentaria, pero que no es exacto (no hay ninguna directriz europea que sostenga esta tesis, aunque sí ha habido presiones políticas de Bruselas y otros países miembros que han acusado a España de provocar un “efecto llamada” con su procedimiento de regularización masiva de inmigrantes).

Así las cosas, a Montero le han preguntado este martes en el Parlamento cómo valora que el presidente Vivas, el principal interesado en descongestionar la presión migratoria que sufre su ciudad, no haya invocado el convenio bilateral que tiene suscrito con Andalucía, una región que acoge ahora a 1.800 menores -a 31 de agosto- y con una capacidad ordinaria de acogida de 3.009 plazas.

“Yo conozco muy bien a Vivas, he negociado con él y, ¿quién le ha visto y quién le ve? Vivas está más al servicio de Génova [sede nacional del PP] que de la ciudadanía ceutí. El problema migratorio golpea a Ceuta, el primer impulsor del cambio legal [la reforma de la Ley de Extranjería] fue Vivas, porque sabía que tenía que hacer uso de ese artículo. Hemos visto una mutación en él, de colaboración a confrontación. No salgo de mi asombro, no le pega al Gobierno de Ceuta confrontar con el Gobierno de España por el simple interés partidista, y tarde o temprano lo pagará el gobierno de Ceuta, no se puede alimentar el odio, la confrontación y el racismo”, ha dicho Montero.

Las plazas que tiene Andalucía y las que debería tener

La capacidad ordinaria de acogida es una fórmula que estableció el Gobierno en un Real Decreto para reubicar solidariamente a los niños extranjeros entre las comunidades autónomas en función de su población. Es decir, no son las plazas disponibles que tiene Andalucía, sino las que “debería tener” en función de esa fórmula.

Según ese cálculo, Andalucía aún podría acoger a 1.200 menores más, pero la Junta rechaza esa fórmula de reparto (aunque también se niega a confirmar el número de menores que tiene acogidos y el número de plazas reales de las que dispone).

La consejera de Igualdad, Dolores López, ha reiterado este martes que “Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos reventó el sistema”, pero ha eludido dar el número actualizado de menores acogidos y las plazas con las que cuenta su red de acogida.

Juanma Moreno firmó hace tres meses un acuerdo de Gobierno con Vox que recoge explícitamente el rechazo a acoger más niños extranjeros: “No más MENAS”, dice el texto, aunque acto seguido subraya que la Junta siempre cumplirá la “legalidad vigente”. La Ley de Extranjería, tras la reforma del artículo 35 el año pasado, obliga a las comunidades a un acogimiento proporcional de niños inmigrantes. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso contra esa reforma, pero ha venido cumpliendo con la ley y Moreno ha asegurado que lo seguirá haciendo, porque su acuerdo de Gobierno con Vox así lo establece.

Sin embargo, los menores no acompañados que están deambulando por Ceuta no entran ahora mismo en ese escenario, porque aún no se han tramitado sus expedientes: para conocer su situación personal, ver si es posible el reagrupamiento familiar en Marruecos o garantizar un traslado con todos sus derechos a la península, en caso de no ser viable el regreso con sus padres.

Estos niños se encuentran en una situación provisional, para la cual, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha invocado los convenios bilaterales de Ceuta con otras comunidades, como Andalucía, o con ONGs especializadas en este asunto. Una fórmula para descongestionar los ya muy tensados servicios públicos de la ciudad autónoma, pero que ha encontrado un rechazo en bloque de todas las regiones del PP (Sólo Navarra, gobernada por el PSOE, se ha ofrecido).

En el PSOE andaluz son conscientes que la crisis migratoria de Ceuta, dilatada en el tiempo, está achicharrando al Gobierno de España, más que a otras administraciones. Montero, como en el entorno del presidente Pedro Sánchez, acusan al PP y a sus gobiernos regionales de querer “cronificar” el problema. En las encuestas -la última el CIS- el Ejecutivo central es el gran damnificado político de esta crisis, pero el principal beneficiario no es el PP, sino Vox.

“Han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja para hacer populismo, mimetizan el discurso con Vox. No se puede actuar con la situación de esta manera, si fuera por ellos, aquí sin cumplimiento legal, lo que proponen es meter a todos en algún sitio sin ningún derecho internacional, y el Gobierno trabaja para que retornen a su lugar de origen, pero con todas las garantías”, ha zanjado Montero.

Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital ha fallecido finalmente este lunes.

El agresor se quitó la vida y la víctima fue trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital hasta que ha fallecido cinco días después.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18:00 horas del pasado miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima, de 35 años, ni el agresor, de 39 años, constaban en el sistema VioGén.

El pasado 31 de agosto, un mes después de la entrada ilegal de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde Marruecos, Andalucía contabilizaba 1.800 menores extranjeros en sus casas de acogida.

La cifra es inferior a la que había registrado ocho meses antes, el 31 de agosto de 2025, cuando la Junta enumeró a 1.954 niños migrantes (154 menos), según los datos oficiales que maneja la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La presión migratoria en Andalucía -principalmente en pateras que cruzan el Estrecho- es fluctuante, pero en el último medio año ha experimentado un leve retroceso.

Esos 1.800 menores extranjeros atendidos en Andalucía -un dato que la Junta ha evitado hacer público- revelan que la capacidad ordinaria de acogida de esta comunidad está al 59,8%, esto es, con margen aún para atender a otros 1.200 niños migrantes de los más de 2.000 filiados en Ceuta. El Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado el pasado junio, estableció una fórmula para reordenar el reparto desigual la presión migratoria por comunidades.

La capacidad ordinaria es un término clave porque calcular cuántos niños debe acoger cada región en función de su población y sus recursos, es decir, la fórmula sirve para detectar dónde era más deficitaria la solidaridad, y cuáles estaban más saturadas y podían reclamar más financiación al Estado. En ese cálculo, a Andalucía le correspondía -por volumen de población- disponer de 3.009 plazas para menores migrantes.

De ahí que el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, considere que esa comunidad tiene aún margen para aliviar la presión en Ceuta y acoger a más niños de forma provisional mientras se tramitan sus expedientes. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, Andalucía tiene ocupada casi el 60% de su capacidad ordinaria de acogida y aún podría recibir a unos 1.200 menores más.

Hasta ahora, la Junta había evitado hacer públicos los datos de niños extranjeros atendidos por sus Servicios Sociales, porque su rechazo no tiene tanto que ver con números y capacidad como con una estrategia conjunta de todas las comunidades del PP (incluida Ceuta) que pasa por concentrar toda la presión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta, que firmó hace tres meses un pacto de Gobierno con Vox rechazando explícitamente la acogida de niños migrantes (“No más MENAS”), ha explicado esta semana su negativa a cooperar con Ceuta con diversos argumentos: primero, que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no ha invocado el convenio bilateral suscrito con Andalucía para “agilizar” el traslado de niños a esta comunidad en caso de “contingencia migratoria” (vigente desde 2024).

Segundo, que recibir a esos niños en la península provocaría un “efecto llamada” en la propia ciudad autónoma, con “200.000 menores más”. Tercero, que “la Comisión Europea ha advertido que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si lo hacen, se desactiva automáticamente el espacio Schengen”.

Esto último ha sido desmentido por las autoridades europeas. No hay ninguna directriz comunitaria que desactive el espacio Schengen en caso de entrada de inmigrantes, aunque políticamente la situación de Ceuta sí ha puesto a España en contra de la mayoría de países miembros, y ha generado tensiones especialmente con Italia y Dinamarca, que acusan a Sánchez de incentivar la inmigración irregular con su proceso de regularización masiva.

La oposición de izquierdas en bloque está presionando a Moreno sobre este flanco, recordándole que la acogida de menores no acompañados es competencia de Ceuta y de Andalucía, y que está en manos de ambos barones del PP aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma hasta que se resuelvan los expedientes individuales de cada niño.

El jueves, el presidente andaluz ofreció un nuevo argumento durante una entrevista en Onda Cero: “¿Usted aceptaría acoger a menores que ahora mismo están en Ceuta sin un refugio?”, le preguntaron. Moreno respondió lo siguiente: “El Gobierno de España tiene la capacidad legal de trasladar menores a la península. Ya lo ha hecho, y Andalucía tiene un recurso presentado cuando hizo aquel primer reparto, nos dijeron que teníamos que asumir 600 menores, pero a Cataluña y al País Vasco, cero. En Andalucía estamos por encima del 100% [de capacidad], porque nosotros seguimos acogiendo a menores no acompañados, los que van llegando en las pateras”.

En efecto, el reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sirvió precisamente para eso: que la reubicación de menores migrantes no dependiera de la voluntad solidaria de las comunidades, sino que esa solidaridad fuera obligatoria. Es el Gobierno quien puede, ahora con la nueva ley, forzar a las comunidades a acoger un número X de niños extranjeros, en función de su capacidad ordinaria.

Pero no puede mover a esas personas sin tramitar primero sus expedientes y garantizar sus derechos. Es en ese impasse en el que la ministra Rego propuso a las comunidades acuerdos bilaterales para repartir la presión migratoria de Ceuta entre todos, de forma temporal. Es a eso a lo que se ha cerrado en banda Moreno (Navarra sí ha ofrecido esa ayuda), a pesar de tener un convenio suscrito con la ciudad autónoma, desde 2024, que ambos territorios han usado en el pasado sin que se desate la polémica.

Al ser preguntado si es el pacto PP-Vox en Andalucía y el rechazo taxativo al acogimiento de menores lo que tiene maniatado al presidente de la Junta, Moreno explicó que “el acuerdo dice que voluntariamente no sumamos más menores no acompañados, pero la ley la cumplimos”. “Los que llegan a través de pateras tenemos la obligación de acogerlos, y lo hemos hecho. Esta misma semana, la pasada y la anterior”, ha subrayado, que defiende que Ceuta no se apoyo en Andalucía para aliviar su carga migratoria, porque “en que esas personas pongan un pie en la península, que es su objetivo, Ceuta se convierte en el punto de entrada a Europa. Y eso puede atraer un efecto llamada y otra invasión”.