La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

En mayo de 2021 comenzó a operar en España Ouigo, la compañía controlada por el Estado francés a través de SCNF, que abrió las puertas a la liberalización ferroviaria. Una apertura a los operadores privados marcada por las exigencias de Bruselas. En estos cinco años también ha entrado a operar otra empresa, Iryo, en este caso, participada por el Estado italiano. Hay tres compañías compitiendo por viajeros, pero no se trata de una liberalización completa, porque solo afecta a algunos corredores de alta velocidad; y tampoco ha estado exenta de problemas. El trágico accidente de Adamuz del pasado mes de enero ha puesto el foco en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ahora, meses después, Renfe está inmersa en una disputa con sus competidoras por la exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ceder el uso de sus talleres a sus dos rivales privados.

“La competencia ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, acrecentando la rentabilidad social de las inversiones y asegurando el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos”, aseguraba solo unos meses después que Ouigo echara a andar la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez. “Sentimos orgullo de haber establecido condiciones transparentes y no discriminatorias para todos los agentes interesados en la liberalización, sin trato de favor”, incidió la entonces ministra. 

Esa bajada de precios es la principal baza que se esgrime a la hora de hablar de los beneficios que ha producido la liberalización de la alta velocidad ferroviaria. A finales del pasado año, la CNMC publicó un informe donde aseguraba que, “entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia” —es decir, los precios— “bajaron un 33%” entre esos dos ejercicios. Un 44% si se ajusta la bajada a la inflación, matizó. “Si en 2023, tras la implementación prácticamente completa del plan de transporte de Iryo, los ingresos medios bajaron un 23% respecto a 2022, en 2024, estabilizada la oferta, la reducción fue más suave”, admitió.

En el siguiente gráfico se ve cómo han evolucionado los precios medios de los trenes en cada uno de los corredores donde operan en alta velocidad Renfe, Ouigo e Iryo. 

El organismo presidido por Cani Fernández también destacó en ese informe que, según un estudio encargado por la Comisión Europea y realizado en 2024, la competencia entre tres operadores y cuatro marcas comerciales en España —incluye Avlo, de Renfe— ha dado lugar a una mayor caída de precios que en otros países donde solo hay dos operadores compitiendo. 

En el siguiente gráfico se resume el porcentaje de subida o bajada de precios en los diferentes corredores de alta velocidad liberalizados y en función de cada operador, con datos desde 2022, los publicados por la CNMC. Hay que tener en cuenta que, en el que une Madrid y Barcelona, Avlo —la oferta de bajo coste de Renfe— dejó de operar a finales del año pasado.

Y, con más detalle, en la siguiente gráfica se resume cómo han cambiado los precios medios de los billetes desde diciembre de 2022, según los citados datos que publica la CNMC. Hay que recordar que Ouigo comenzó a operar entre Barcelona y Madrid antes de esa fecha. Como se ha indicado anteriormente, en mayo de 2021. 

En cuanto a la demanda, Competencia destacaba en ese mismo informe que, al acabar 2024, el número de viajeros en alta velocidad había crecido un 77%, hasta superar los 17 millones de personas. En 2025, el número de pasajeros volvió a crecer, pero mucho menos, un 5% en el cuarto trimestre. Apuntan, por tanto, a una desaceleración en el crecimiento, incluso a una caída en alguno de los grandes corredores. Entre Madrid y Barcelona, la demanda se redujo un 13% interanual en esa recta final del pasado ejercicio, cuando las plazas ofertadas solo disminuyeron un 4,4% tras el cese de la operativa de Avlo. 

El crecimiento de la demanda de viajeros de los trenes de alta velocidad antes y después de la liberalización (incluido el desplome que provocó la pandemia) puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Esa competición vía precios tras la liberalización, para tratar de atraer clientes, también ha pasado factura a las compañías, que siguen atadas a los números rojos, como contamos en este tema. “Desde 2020, Renfe, Iryo y Ouigo han perdido, en conjunto, 1.203,5 millones de euros”, indica la CNMC. “En 2020-2021”, en plena pandemia, “las pérdidas fueron de 751,5 millones”, por el frenazo en seco a la movilidad. Después, “entre 2022 y 2024”, las operadoras perdieron, en junto, 452 millones. Por empresa, Competencia desglosa que, en esos años, las pérdidas acumuladas son de 842 millones en el caso de Renfe; de 170 millones para Iryo y de 191 millones de euros para Ouigo. 

La inversión en infraestructuras

En los últimos meses, sobre todo tras la tragedia de Adamuz, las infraestructuras han estado en el foco. A eso se añade el aumento de las incidencias o los problemas con los trenes Talgo. 

En una de sus comparecencias parlamentarias tras el accidente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que la “liberalización ha traído ventajas y unos cuantos inconvenientes” y que “es el marco en el que estamos”. También, que hay margen de mejora y que la intensidad de circulación de trenes de alta velocidad “es menor que en Italia, Francia y Alemania”. “Otra cosa es si el mantenimiento es el adecuado con las circulaciones que tenemos. Es un debate a tener en cuenta. Estamos abiertos a aumentar el gasto en mantenimiento”, recalcó.

Los datos señalan que se ha invertido más, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, pero a menor ritmo que la demanda que, como se ha visto antes, se ha disparado en más de un 70% desde 2019.

El gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad de la empresa pública Adif AV, su propietaria, ha crecido casi un 40% desde los años previos a la pandemia. Desglosado, se traduce en que, desde 2017, en toda la red —incluida la convencional— se ha pasado de una inversión de 1.747 millones a más de 5.000 millones en 2025. En alta velocidad, se ha duplicado: de 1.300 millones a más de 2.500 millones a cierre de 2025, con una “fuerte subida del gasto en mantenimiento”, que en alta velocidad “se ha incrementado casi un 70%”: de 260 millones en 2017 a 437 millones en 2025.

El gasto en mantenimiento en alta velocidad se puede relacionar con el tamaño de la red gestionada (3.981 kilómetros a cierre de 2024), el número de viajeros y la oferta de plazas (que indica el número de trenes en circulación). De esa forma, si se ajustan las cifras a la inflación, se comprueba que el gasto en mantenimiento por kilómetro se ha mantenido relativamente estable en la última década, pero cae si se compara con el número de viajeros o con las plazas de alta velocidad ofertadas, como se ve en la siguiente gráfica.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha calificado de “bulo” que, pese a ese fuerte aumento, el gasto en mantenimiento haya ido por detrás del boom de viajeros. El departamento de Óscar Puente argumenta que “la infraestructura ferroviaria se desgasta por el paso de trenes, no por el número de viajeros”, y “la necesidad de mantenimiento responde al número y a las características de las circulaciones”.

Según Transportes, “el gasto en mantenimiento ha ido aumentando de forma proporcional o incluso mayor al número de circulaciones (tren-km). Por ello, el gasto en conservación se analiza por tren-kilómetro, lo que refleja el uso real de la infraestructura, y no por viajero. Un indicador ligado a la demanda y a la política comercial no aporta información relevante sobre el mantenimiento”.

Hay que tener en cuenta que el incremento de las labores de mantenimiento, sobre todo en los últimos meses, se ha traducido en cambios en la oferta y en un aumento de los tiempos de viaje. Es el caso de la ruta entre Madrid y Barcelona, donde el trayecto durará durante meses 25 minutos más. 

En el siguiente gráfico se resume cómo se ha invertido en mantenimiento en alta velocidad desde el año 2016, tanto por kilómetro de red, por viajero y por plaza ofertada. 

La disputa por los talleres 

Al margen de la inversión en sí y de la evolución en el número de viajeros y en el precio de los billetes, en las últimas semanas se ha hecho evidente otra derivada de la liberalización: el choque entre Renfe, Iryo y Ouigo por la exigencia de la CNMC al operador público, de que abra sus talleres a los operadores privados para el mantenimiento pesado.

Esta disputa va a acabar dirimiéndose en la Audiencia Nacional, donde Renfe ha recurrido la decisión de Competencia. El operador público calcula que le costaría 60 millones ese uso de los talleres por parte del operador privado y que podría afectar al servicio público, tanto en alta velocidad (entre Barcelona y Madrid), como en los trenes del Eje Atlántico o los Avant a Valladolid.

En cambio, Iryo argumenta que negoció con Renfe durante 18 meses un acuerdo para el alquiler de esos talleres y que solo necesita el 7% de la capacidad de esas instalaciones. Al final, será la Justicia la que resuelva cómo y dónde tiene que llevarse a cabo el mantenimiento de unos trenes que han protagonizado la operativa ferroviaria en los últimos años y que seguirán haciéndolo en el futuro.

No en vano, queda por delante la denominada segunda fase de la liberalización, que abarca las rutas de alta velocidad que unen Madrid con Galicia, Asturias, Cádiz o Huelva y que, en principio, iba a echar a andar en la recta final de este año o en 2027. A partir de 2028, se podría empezar a hablar de la liberalización de los servicios de proximidad, los Cercanías, pero eso, hoy por hoy, no parece estar sobre la mesa.

La historia reciente de España, la que comienza con el fin de la dictadura, abunda en personajes fascinantes. De todos ellos, solo uno se mantiene, al cabo de medio siglo, en la cumbre del poder. Florentino Pérez Rodríguez (Madrid, 1947) es la encarnación de la habilidad política y empresarial. También es el hombre que el pasado lunes, durante su primera conferencia de prensa en 11 años, dejó boquiabiertas a millones de personas. Y no por los mejores motivos.

“Ni me sorprendió ni percibí asomos de senilidad, Florentino es así cuando no se atiene a un guion”, dice una persona que ha trabajado con él durante años. “Simplemente”, añade, “no soporta perder”.

El Florentino Pérez más humano aflora en el fútbol, es decir, en el Real Madrid. La frialdad con que se desempeña como presidente de una de las mayores constructoras del mundo, Actividades de Construcción y Servicios (ACS), suele teñirse de pasión (rara vez pública) cuando se trata del club que lo retrotrae a los sueños de infancia.

Para entender cómo Florentino ha llegado a ser Florentino, sin necesidad de apellidos ni presentación, conviene empezar por el principio. Por el niño de buena familia, sin excesos, que adoraba a Alfredo di Stéfano. Por el joven que se licenció en Ingeniería. Y por el hombre que no logró hacer carrera en la política y, sin embargo, descubrió las claves del poder.

Sus primeros padrinos fueron el ingeniero Juan de Arespacochaga, alcalde franquista de Madrid, y el economista Carlos Bustelo, ministro de Industria bajo la presidencia de Adolfo Suárez y hoy en Vox. Entre 1976 y 1982, Florentino Pérez se encargó de los saneamientos de Madrid, ocupó un alto cargo en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, fue director general de Infraestructuras de Transporte, presidió el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y coordinó el plan de aeropuertos para el Mundial de 1982.

Tiende a olvidarse quién era el jefe de la oposición municipal cuando el socialista Enrique Tierno Galván, el popular “alcalde de la Movida”, ganó en 1979 el Ayuntamiento de Madrid gracias a un pacto con el PCE: era Florentino Pérez.

En 1983, en plena mayoría absolutísima de Felipe González, llegó el fracaso que le abrió las puertas del éxito. Asumió la secretaría general del Partido Reformista Democrático, más conocido como “Operación Roca” porque su inspirador fue el político catalán Miquel Roca, entonces mano derecha de Jordi Pujol. El PRD no logró ninguna concejalía madrileña en las municipales de 1983 (el candidato era Florentino Pérez) y se estrelló de forma estrepitosa en las generales de 1986. Se disolvió acto seguido.

Pero antes del desastre del PRD, en 1982, se había hundido el Grupo Banca Catalana, el brazo financiero de Jordi Pujol, y con él decenas de empresas. Una de ellas era Construcciones Padrós, una empresa catalana relativamente pequeña. Florentino la compró a precio de saldo, a una peseta por acción. En 1986 la fusionó con Obras y Construcciones Industriales (Ocisa), otra empresa catalana, adquirida también a una peseta por acción.

La sociedad resultante, OCP, creció con rapidez, gracias a numerosas obras públicas licitadas por la Generalitat. El Florentino que se abría camino en la construcción, en parte gracias a su amistad con Miquel Roca y su buena relación con Jordi Pujol, pasaba entonces mucho tiempo alojado en el hotel Majestic, el cinco estrellas más clásico de Barcelona. En 1997, con la compra de Construcciones Ginés Navarro, OCP se transformó en ACS.

El Florentino Pérez que aspiró en 1995 a la presidencia del Real Madrid no era aún el de hoy. Ya desplegaba encanto en las distancias cortas, ya tenía buenos contactos, ya era detallista y ya detectaba con precisión los puntos débiles de cualquier interlocutor. Pero le faltaba el aura del poder. Ramón Mendoza le despreció como “gris” y “aburrido” y obtuvo la reelección. Meses después, Mendoza dimitió. Le sucedió Lorenzo Sanz. Hasta las elecciones de 2000.

Ahí sí exhibió poderío: prometió que si era presidente ficharía a Luis Figo, estrella del FC Barcelona y reciente Balón de Oro. Dicho y hecho. Florentino ganó las elecciones y pagó al Barcelona la cláusula de rescisión de Figo: 10.000 millones de pesetas, el fichaje más caro de la historia.

El dineral pudo pagarse gracias al apoyo financiero de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid. Y al respaldo de Sandro Rosell, futuro presidente del FC Barcelona, entonces directivo de Nike y patrocinador del futbolista.

Como presidente del Real Madrid, Florentino Pérez se empeñó en profesionalizar el club dirigiéndolo como una empresa. Dejó en manos de Jorge Valdano el área deportiva y de José Ángel Sánchez el área comercial. Él se reservó la misión decisiva: la recalificación urbanística de los campos de entrenamiento de la Castellana madrileña.

Gracias a sus contactos y a su capacidad de seducción la consiguió en 2001, con el apoyo casi completo (rezongó el PSOE) de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. La venta de los terrenos, donde ahora se alzan los cuatro rascacielos que caracterizan el nuevo perfil de la ciudad, le proporcionó al Real Madrid casi 500 millones de euros, con los que se saldaron deudas (282 millones), se construyó la Ciudad Deportiva de Valdebebas y se ficharon futbolistas “galácticos”.

¿Por qué dimitió Florentino en 2006? Entonces dijo que por la falta de éxitos deportivos (tres años sin títulos) y porque había “malcriado” a sus galácticos. Ahora dice que por otras preocupaciones empresariales. Posiblemente, por todo ello: ACS estaba digiriendo la absorción de la gigantesca Dragados y Construcciones (financiada de nuevo por Blesa y Caja Madrid) y preparando el asalto a la eléctrica Iberdrola, finalmente fallido. También estaba disputándose el control de ACS con dos grupos que le habían amparado desde el inicio de su carrera: el de la familia March y el de “los Albertos”, Cortina y Alcocer.

Volvió en 2009, ganando las elecciones como único candidato. Y gastó 264 millones en fichajes, entre ellos los de Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso y Benzema. ¿Quién financió ese gasto? Otra vez Miguel Blesa y Caja Madrid.

Desde aquel retorno, el Real Madrid ha vivido una época de grandes éxitos deportivos: seis Champions, tres de ellas consecutivas. Por el camino desapareció Miguel Blesa, que se suicidó en 2017 tras ser condenado ese mismo año a prisión por apropiación indebida. Por el camino apareció el banquero Anas Laghrari, su actual “gurú” financiero, que le ayudó a reestructurar la deuda acumulada por ACS en el fallido asalto a Iberdrola y modeló el proyecto, por el momento fracasado, de la Superliga europea.

Florentino Pérez mantiene una red de relaciones incomparable. Su viejo amigo Miquel Roca, hoy un abogado tan discreto como influyente, sigue teniendo un puesto bien retribuido en el consejo de administración de ACS. Hubo que ampliar el palco del Bernabéu para dar cabida a todos los políticos, empresarios, jueces, periodistas y aspirantes a hacer contactos que componen la corte de Florentino: el palco “es el equivalente actual de las cacerías de Franco, hay que estar ahí”, dice alguien que conoce desde hace mucho al presidente del Real Madrid.

El éxito y la gloria no han matizado la desconfianza de Florentino Pérez hacia los periodistas, que distingue entre “buenos” (los que ensalzan al Real Madrid pase lo que pase y no publican informaciones perjudiciales para ACS) y “malos” (todos los demás). En ese ámbito, la perspectiva de Florentino Pérez, presidente del mayor club de fútbol y de una de las mayores constructoras del mundo, resulta curiosamente restringida.

The New York Times, el periódico internacional más leído e influyente, lleva días publicando informaciones muy críticas con el Real Madrid, con titulares que hablan de “caos” y “violencia”. Pero a Florentino eso parece darle igual y solo le obsesionan los de siempre: Alfredo Relaño, Santiago Segurola, los que lee en su diario de siempre, “ABC”, e incluso el ya retirado José María García.

Cuando se trata de periodistas, la mezquindad de Florentino Pérez resulta casi incomprensible. Sería engorroso enumerar en su totalidad los casos en que ha impuesto, gracias a su poder, el despido o apartamiento de periodistas que, en su opinión, estaban en el bando “malo”: desde los ya citados Relaño y Segurola hasta Óscar Campillo (primero como director de “Marca” y luego como director de “Relevo”, un diario deportivo digital del grupo Vocento que cerró el pasado año), pasando por el crítico cinematográfico Carlos Boyero.

Resulta curioso. El empresario que sabe mantenerse por encima de los detalles operativos para mantener lo que llaman “deniability”, o “negación creíble”, por lo que directivos secundarios cargan con la responsabilidad penal en los múltiples casos de corrupción político-económica que forman parte del día a día de una gran constructora, se convierte en un presidente incapaz de delegar y obsesionado por minucias cuando se trata del Real Madrid.

Florentino Pérez es así. Hay quien dice que la muerte de su esposa, María Ángeles, más conocida como Pitina, en 2012, le privó de un sólido anclaje en la realidad. Hay quien percibe síntomas de envejecimiento. Todas las personas consultadas coinciden, sin embargo, en que no se aprecian grandes cambios: el hombre muy conservador, el gran empresario astuto y despiadado y el dirigente deportivo de mayor éxito convergen a veces en un personaje que parece imitar a Antonio Ozores y se enreda en monólogos absurdos.

Otra coincidencia: nadie espera que abandone la presidencia del Real Madrid. Como dice él, no le echarán “ni a tiros”. Su modelo, Santiago Bernabéu, murió de cáncer en 1978 tras un largo año de agonía. Seguía como presidente y pidió a sus directivos que le encontraran un sustituto. Nadie se atrevió a relevarle.

El G-7 se encuentra ante una de esas encrucijadas de la que no suele salir bien parado. O, para ser más precisos, de la que le cuesta emerger. Los selectos socios de este club, otrora el más rico del planeta, no se sienten nada cómodos cuando sus coyunturas se debilitan sincronizadamente. Sus recesiones colectivas de 2009 tras el colapso crediticio --primera de su historia-- o de la Gran Pandemia --segunda y última, hasta el momento-- se superaron con recetas aisladas y sin un ritmo sostenido en sus ciclos de negocios. Tampoco por casualidad, tres de ellos (Japón, Alemania y Reino Unido) han sido diagnosticados como enfermos económicos en los últimos decenios.

Ahora, las potencias industrializadas se enfrentan a uno de sus peores enemigos: la estanflación. Fenómeno que, por razones bien fundadas, atenaza a sus bancos centrales. Subir tipos de interés para contener repuntes drásticos de precios choca con la predisposición de sus autoridades a empujar el crecimiento y estimular el empleo. Es como una dicotomía existencial. El objetivo de control inflacionista --quizás, el prioritario en su escalafón estatutario-- entra en colisión con sus otros dos principios sacrosantos: el dinamismo productivo y del mercado laboral, que reclaman un precio del dinero barato para proyectar prosperidad.    

Ante esta tesitura, la Reserva Federal es la que afronta un escenario más delicado. No solo por el alza de su IPC, que ha saltado al 3,8% en abril --cota máxima del último trienio--, sino porque la Administración Trump ha invocado el fantasma de la injerencia monetaria y ha provocado un conflicto bélico en Oriente Próximo que ha ocasionado la parálisis del Estrecho de Ormuz, el colapso de los flujos de crudo y gas y, por efecto contagio, de fertilizantes y bienes alimenticios. A lo que se unen las perspectivas pesimistas sobre una tregua garantizada con el régimen iraní, que no invitan a pensar en un inminente control de los precios por debajo del 2%, sino, más bien a presenciar futuros intentos del líder republicano para que la Fed baje tipos.

Detrás de esta estratagema está el nombramiento de Kevin Warsh como relevo en la presidencia de la Fed de Jerome Powell, a quien ha perseguido política y judicialmente en los últimos meses.

Los cambios nunca suelen ser una garantía irrebatible de estabilidad en los bancos centrales. Y menos cuando la gasolina se ha disparado más del 50% desde el inicio de la guerra en Irán en un país en el que la inflación despierta descontento en el subconsciente colectivo. Como sabe el propio Donald Trump, que supo tocar su tecla en campaña presidencial hasta situar al IPC --por encima del 2%, pero en descenso tras el shock energético de la guerra de Ucrania-- en el centro del debate económico. Ahora, con el indicador espoleado por otra contienda bélica, el mercado descarta cualquier atisbo de recorte de tipos en EEUU este año.

La Fed se enreda en su laberinto

Warsh no lo tendrá fácil. La coyuntura no incita a decretar un dinero barato. Pese a lo cual, desde la Casa Blanca se siguen reclamando rebajas urgentes. Y su nombramiento le exige una narrativa que preserve la credibilidad de la Fed frente a las embestidas dialécticas contra su soberanía del inquilino del Despacho Oval. “Está entrando en una situación imposible” aduce David Wilcox, ex economista de la Fed y analista del Peterson Institute, sobre Warsh y las renovadas presiones a las que será sometido con una inflación rampante.

Mary Daly, responsable de la Reserva Federal de San Francisco, añade más leña al fuego a esta transición presidencial al avisar de que las cadenas de suministro “siguen atascadas” y podrían mantener la inflación por encima del 2% durante bastante tiempo. Al igual que Austan Goolsbee, su homólogo de Chicago, que rechaza la idea de que la eclosión de la IA vaya a permitir descenso de tipos por el supuesto efecto deflacionista de sus inversiones. Otro mantra que se ha instalado en el clima bursátil. El nuevo ciclo tecnológico –manifiesta sin tapujos Goolsbee-- “también está elevando costes y tensiones de inversión”.

Pero hay más. Goldman Sachs, en una nota a clientes, califica el panorama actual de Wall Street de “episodio de espuma especulativa”, insiste en un cóctel de valoraciones elevadas, optimismo inversor casi unánime y una complacencia excesiva hacia los riesgos geopolítico y sistémicos. Sus expertos enfatizan que cuando el S&P 500 superó la barrera de los 7.100 “hicimos disparar las alarmas de un colapso bursátil […] quizás no inminente, pero que debería entenderse como un aviso a navegantes”.

Las últimas crisis financieras --la punto.com, en 2000, y el colapso crediticio de 2008-- se saldaron con recesión del PIB americano. Pero los meses precedentes se emitieron signos de peligro con récords de capitalización, aducen en Goldman Sachs, desde donde recuerdan que es el inversor particular el que sale peor parado de las burbujas especulativas con secuelas inflacionistas.

El Nobel Paul Krugman también se ha apuntado a esta oleada de críticas. “EEUU empieza a oler a estanflación”, con un petróleo disparado, una economía y un empleo en resiliencia activa, pero con malos augurios a medio plazo, y una Fed atrapada y sin margen para rebajar tipos sin avivar más los precios. Powell rechaza el paralelismo con los años setenta, en los que la reacción tardía de la Reserva Federal encareció aún más los precios. Sin embargo, Krugman atisba “demasiadas señales similares”. Desde una inflación persistente previa al colapso energético, hasta un voltaje geopolítica intenso y un dinamismo que pierde vigor. Antes de señalar a los aranceles recíprocos y al excesivo coste de la vivienda como “aceleradores silenciosos” de esta compleja coyuntura.

BCE, BoE, BoJ, la otra sopa de letras del G-7

En Europa tampoco hay mucho espacio para la complacencia. Ni para movimientos bruscos en su estrategia monetaria. Aunque la economía de la eurozona parte de una posición más frágil, con pulso productivo anémico y aminoramiento de la demanda interna, el cierre de Ormuz ha elevado el nivel de amenaza de la estanflación. Justo cuando el BCE confiaba en iniciar un ciclo de relajación monetaria más profundo en 2027 para espolear la economía del euro. Hay quien, incluso, no descarta, desde el mercado, que Fráncfort otorgue mayor trascendencia al impulso del PIB y del empleo que a la inflación. Sobre todo, si el futuro depara a corto plazo el final de las hostilidades en Oriente Próximo.

Aun así, el consenso se inclina por una subida del 0,25% en junio y otra similar en septiembre.

En paralelo, el BCE también ha comenzado la batalla por la sucesión de Christine Lagarde, cuyo mandato expira en un año y a la que ya se le atribuye el sillón presidencial del World Economic Forum (WEF), entidad gestora de las cumbres de Davos. En esta carrera, gana posiciones Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y una figura respetada tanto en Fráncfort como en los mercados globales por su perfil técnico. Todo ello añade dosis de incertidumbre a la estrategia de la autoridad monetaria, en cuyo consejo de gobierno son habituales las luchas entre halcones y palomas; entre ortodoxos --escrupulosos con el mandato inflacionista, de perfil neoliberal-- y keynesianos, más partidarios de potenciar la economía y el empleo.

En este dilema, unos y otros velan armas antes de enterrar sus políticas de wait and see de los últimos meses. Desde el inicio del conflicto en Irán. Con la inflación armonizada en el 3% en abril --por debajo de las predicciones--, pero con un augurio de crecimiento de apenas 8 décimas para 2026. Y en retroceso por los daños colaterales de la guerra. De modo que las espadas monetarias están en alto en Fráncfort. Isabel Schnabel, miembro de su ejecutiva, ha dejado claro que el BCE “tendrá que encarecer el dinero” si la escalada energética se traslada a la inflación subyacente. Mientras su colega Boris Vujcic insiste en que “el riesgo se está moviendo hacia la estanflación con nitidez”, aunque matiza que “subir tipos muy rápido amenaza con asfixiar” a una economía exhausta, con inflación elevada, dinamismo débil y margen político muy limitado.

Casi el mismo dilema se reproduce en el Banco de Inglaterra (BoE). Londres se mantiene en ese compás de espera. Con un IPC de marzo revisado al alza, hasta el 3,4%, unos tipos en el 3,75% y una crisis abierta contra el aún premier, Keir Starmer, que podría adquirir una dimensión de calado financiero y fiscal. La rentabilidad de los bonos a 30 años se ha disparado a máximos en casi tres decenios y la losa de una pérdida de valor de la libra en los mercados cambiarios como la que se llevó a la conservadora Liz Truss en 2022 ha vuelto a la arena política. Aunque de momento los economistas no aprecian retoques en el BoE, pese al temor de estanflación y las vulnerabilidades en productividad, ingresos tributarios y gestión de la deuda. O las nuevas tierras movedizas en el 10 de Downing Street.

Japón representa, quizás, el cambio más simbólico. Tras décadas de deflación y tipos negativos, el BoJ se ha visto forzado a normalizar su política monetaria precisamente por un shock externo que amenaza con desanclar las expectativas de inflación. La autoridad monetaria japonesa dejó los tipos en el 0,75% en su última cita, pero 3 de los 9 miembros del consejo votaron ya a favor de una subida inmediata. Kazuo Ueda, su gobernador, reconoce que la institución deberá actuar si la energía genera una segunda ronda alcista de salarios y precios. La OCDE prevé que Japón eleve tipos hasta el 2% antes de 2027 tras décadas luchando contra la deflación.

Horizontes lejanos con cumbres borrascosas

Las tensiones coyunturales actuales, sin embargo, no deberían impedir ver un futuro a largo más complejo. El propio Hernández de Cos, desde su posición ejecutiva en el Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés) viene advirtiendo de que los bancos centrales afrontan un cambio de régimen. De Cos lo achaca a los múltiples efectos de una deuda soberana desbordada, un comercio fragmentado, la financiación de la transición climática o la puesta en liza de divisas digitales. Si los gobiernos usan estímulos fiscales permanentes para diluir tensiones energéticas o episodios de descontento social --alerta-- los bancos centrales aplicarán estrategias de tipos de interés elevados durante periodos más prolongados.

El BCE, por ejemplo, se opone a las stablecoins que empiezan a forjar las bigtechs y los poderosos bancos de inversión estadounidenses. Es una de las bazas que tendrán que jugar las autoridades monetarias más allá del precio del petróleo.

De hecho, Lagarde acaba de rechazar el modelo regulatorio estadounidense de las stablecoins. A pesar de que estos activos ya superan los 300.000 millones de dólares, por estar vinculados al dólar. Europa teme una pérdida de soberanía monetaria y peligros latentes en la fijación futura de tipos fuera de la esfera de influencia del billete verde. Hernández de Cos alerta, por su parte, de que pueden desestructurar el sistema financiero si no se someten a supervisión bancaria.

Mientras todos ellos --la Fed, el BCE, el BoJ y el BoE-- llevan varios ejercicios incorporando el riesgo climático a sus estrategias tras certificar unas pérdidas aseguradoras de 140.000 millones en 2025. Funcas advierte de que el cambio climático puede consolidar una inflación más persistente y volátil, encareciendo la energía, los alimentos y los seguros y estrechando la capacidad de los bancos centrales para hacer maniobrar sus estrategias monetarias.

Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el cierre presupuestario de 2024, amplificado por la derecha política y mediática ha provocado su particular efecto mariposa. De titulares y redes sociales en España, en plena campaña electoral en Andalucía con la exministra de Hacienda como candidata, dio el salto a la política alemana, con sus conservadores ansiosos de hincar el diente a la exitosa racha económica de España.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas publicó el pasado 5 de mayo, al filo de las 13:30 horas, su dictamen sobre la Cuenta General del Estado 2024, un informe que elabora la Intervención General del Estado (IGAE, dependiente de Hacienda) y al que el organismo dio su aprobado “con opinión favorable”, pero presentó ciertas salvedades.

Entre ellas, que el Gobierno autorizó dos modificaciones presupuestarias de créditos [partidas presupuestarias] “sobrantes” asociadas al Plan de Recuperación (es decir, financiadas con fondos europeos) por valor de 2.389,4 millones de euros “para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas”.

Suficiente para dar pie a titulares en medios, editoriales en televisión, y mensajes en redes de habituales usuarios críticos de los impuestos, miembros de presuntos ‘think-tanks’ liberales y, también, políticos del PP. 

Uno de sus portavoces económicos en el Congreso, Jaime de Olano, escribió lo siguiente: “Ni Sánchez ni Carlos Cuerpo comparecen para rendir cuentas por el desvío de fondos europeos a gasto corriente (pensiones, IMV…). Pero nos tenemos que tragar a Albares hablando de una flotilla de vividores que se fueron de crucero por el Mediterráneo. ¡Son una banda!”. También la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo tachó de “ingeniería financiera” y “chapuzas para sobrevivir”.

Esta semana, su portavoz en el Senado, Alicia García, intentó poner contra las cuerdas al vicepresidente Carlos Cuerpo con una intervención en la que hiló todos los tópicos habituales: desde el caso Ábalos al hantavirus, pasando por los fondos europeos. En ello insistió también el senador Gerardo Camps: “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”.

Créditos “sobrantes” en la prórroga presupuestaria

La controversia no es más que otra de las consecuencias de la prórroga presupuestaria en aquel año y, como detalló el Ministerio de Hacienda, el empleo de unos créditos “sobrantes” a la hora de adaptar las cuentas de 2023 a 2024. Y lo que afeó el Tribunal de Cuentas no es tanto que la liquidez procediera de Europa, como de unas partidas del Presupuesto cuyos retoques “se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2023 una cláusula que le permitía efectuar modificaciones presupuestarias con un simple acuerdo de Consejo de Ministros y sin necesidad del aval del Congreso. Era una herencia del periodo pandémico, lo que le otorgaba flexibilidad suficiente para adaptar las cuentas en caso de un rebrote de la enfermedad. Y es lo que ha permitido a La Moncloa pasar dos ejercicios completos, y parte de un tercero, sin unos Presupuestos actualizados.

El vicepresidente Cuerpo justificó en el Senado la legalidad de la medida, recordando que las modificaciones presupuestarias son un “instrumento ordinario”. “Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, subrayó.

Ya Hacienda explicó, en las alegaciones al documento del Tribunal de Cuentas, que el Plan de Recuperación es “novedoso” ya que los desembolsos por parte de la UE se producen por el cumplimiento de una serie de hitos y objetivos en base a un calendario pactado con la Comisión. “Existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”, detalla el documento, que va más allá y dice que las partidas para el Plan de Recuperación incluidas en el Presupuesto (en el capítulo 50) “se financian con todos los ingresos estimados en el presupuesto, tributarios y no tributarios, y con el endeudamiento previsto”. 

“Los créditos necesarios que en cada ejercicio debieran figurar en el servicio 50 no tienen por qué ser iguales. Lo normal es que sean distintos porque van a depender del ritmo de ejecución para alcanzar los hitos y objetivos que hayan sido previstos para la anualidad correspondiente”, detalló Hacienda, lo que justificó que, al adaptar las cuentas de 2023 a las de 2024, pudieran bloquearse unos créditos sobrantes que después se utilizaran para dar liquidez a otras necesidades.

Aval de la Comisión Europea

La marejada política que la utilización de los fondos europeos para pagar pensiones ha provocado en España se diluyó rápidamente cuando el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, avaló este miércoles la legalidad de la medida del Ejecutivo del Pedro Sánchez. “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, comentó el comisario europeo.

En el informe del Tribunal de Cuentas de España que ha originado la polémica se recalca que “esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio”, lo que podría provocar ciertas dudas sobre la idoneidad legal de la medida.

Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión tumbó las dudas legales al asegurar que “este tipo de operaciones de gestión de tesorería por parte de los Estados miembros son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE. La Comisión comprueba claramente los sistemas nacionales de control y puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”.

Un extremo que ha provocado que el PP baje la presión, tras varios días inflando la polémica. Este mismo jueves, tanto Gamarra como el jefe económico de los populares, Alberto Nadal, prefirieron poner el foco en las prórrogas presupuestarias y no en ese “desvío” de fondos.

“La cuestión que ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas, y esa es la esencial, es que renglones presupuestarios que estaban pensados para políticas completamente distintas se han utilizado para financiar el incremento del gasto en pensiones de clases pasivas”, dijo Nadal, que habló de “dictadura presupuestaria” por parte de Pedro Sánchez.

Aunque el asunto sobre la licitud de la medida ya está zanjado, Fitto insistió en apuntar que “la Comisión es consciente del asunto y está revisando el informe del tribunal español sobre esta investigación relativa al uso de los fondos Next Generation EU”. La precaución del vicepresidente de la institución europea tiene que ver con la polémica orquestada por Alemania y Países Bajos sobre la utilización de instrumentos de deuda europea.

Un debate contra la deuda conjunta 

Al igual que el PP en España utiliza esta falsa polémica para desgastar al Gobierno de Sánchez, en Europa los defensores de la austeridad se agarran a cualquier desavenencia en la contabilidad pública de los países del Sur europeo para impulsar su ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta en la UE. El momento es clave. Ya ha empezado la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, con una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. 

Mientras que un grupo de países –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia o Suecia– aspiran a recuperar la austeridad como fórmula presupuestaria, otros estados miembros –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia– quieren aumentar el gasto y hacer uso de la deuda. Por eso no es extraño que en esta guerra dialéctica haya entrado en juego el eurodiputado del PP europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, el alemán Andreas Schwab, que ha pedido la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España en un intento de alargar políticamente la polémica.

Alemania y Países Bajos lideran la ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta y han encontrado en los párrafos del Tribunal de Cuentas el asidero para relanzar sus ataques. Dirk Gotink, europarlamentario neerlandés también del PP europeo, declaró a Politico que la medida del Gobierno español “subraya que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es, en la práctica, apoyo presupuestario. Lo que antes hacíamos con países en desarrollo ahora lo estamos haciendo con países de la UE”.

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el fondo de la UE para la recuperación tras la pandemia en el que se marcaban algunas “lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto” ha alimentado el debate, aunque ya había un posicionamiento inicial por parte de los auditores en contra de la fórmula elegida para estos fondos europeos porque se trata de una financiación no vinculada a los costes. Incluso los auditores mencionan que “sus críticas llegan en un momento en que los legisladores de la UE negocian el próximo presupuesto de siete años de la Unión”, añadiendo un singular componente político.

Paradójicamente, entre las críticas a la trazabilidad que recoge el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, España está en la misma posición que Países Bajos entre los países cuyos “sistemas recopilan todos los datos de forma regular, excepto los costes reales”, mientras que Alemania “no recopila los datos en un sistema central y solo se pueden obtener solicitándolos a las entidades que implementan las medidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.

El carácter político de esta polémica de apuntes contables tiene su claro reflejo en Alemania, donde la derecha del CDU y la ultraderecha de AfD se dedican a pelear por ver quién defiende mejor las contribuciones alemanas al presupuesto europeo frente al supuesto despilfarro de los países de la Europa del Sur, en una contienda de tintes populistas que oculta la debilidad económica de la que fue la locomotora europea.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que se mantendrán las ayudas puestas en funcionamiento para minimizar el impacto de la guerra de Irán en los combustibles, la agricultura y el transporte, pero que decaerá la rebaja del IVA en la luz y gas al haberse normalizado sus precios.

Así lo ha trasladado España en la rueda de prensa previa a la firma del convenio entre su cartera, Loterías y Apuestas del Estado y Cruz Roja en la sede de esta última en Alicante.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reclamado por su parte este viernes al Gobierno que mantenga la rebaja del IVA de la luz al 10 % y no regrese al 21 % en junio por el impacto que tendrá en la economía de las familias “ahora que empieza el calor” y se incrementa el gasto energético.

“Es verdad que hemos visto que la evolución de los precios del gas y la electricidad está bajando respecto a hace un año”, ha argumentado España a preguntas de los periodistas sobre el fin de las ayudas para amortiguar el impacto de la guerra, por lo que “esas medidas se desactivan”.

Sin embargo, el titular de Hacienda ha afirmado que se mantendrán “la bajada del IVA para los combustibles” y “las ayudas a la agricultura y a los transportistas”, a la vez que ha declarado: “continuaremos trabajando con todos los sectores afectados y viendo las medidas adicionales que son necesarias a tomar en función de cómo evolucione la situación y la coyuntura de los precios”.

Arcadi España, al ser preguntado por si el Ejecutivo va a presentar un proyecto de presupuestos para 2027, ha afirmado que los habrá, pero que el Gobierno “está centrado en minimizar el impacto de la guerra”.

El ministro ha destacado las cifras macroeconómicas, como el dato del IPC que se publicó este jueves y que para España enseña “varias cosas”, como que las medidas “tienen efecto” y que se está controlando la subida de los precios.

Por ello, ha insistido en que el objetivo es apoyar a familias, empresas y autónomos y que esa es la prioridad. 

ERC ha reclamado al Gobierno una reforma legal que proteja a las personas afectadas por la venta de hipotecas y créditos a fondos de inversión y empresas de recobro.

Con este objetivo, la formación liderada por Oriol Junqueras ha registrado de manera coordinada una proposición no de ley (PNL) en el Congreso y una proposición en el Ayuntamiento de Barcelona.

“Queremos plantar cara a la especulación con las hipotecas y garantizar derechos efectivos para las familias afectadas”, señalan los republicanos en un comunicado este viernes, donde han explicado que esta iniciativa responde a una “realidad que ha afectado a miles de familias, la transferencia de carteras hipotecarias con importantes descuentos a terceros, sin que las personas deudoras puedan extinguir su deuda en las mismas condiciones”.

Transparencia en cesiones de crédito

Así, ERC ha apuntado que esta situación ha generado “opacidad, indefensión y vulneración de derechos, especialmente en familias vulnerables, personas mayores, avalistas y herederos”. La diputada en el Congreso Etna Estrems ha calificado de “socialmente injustificable que los fondos de inversión compren hipotecas con grandes descuentos mientras las familias no tienen ninguna opción real de cancelar su deuda en las mismas condiciones”.

Por su parte, la concejala del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Baró, ha denunciado que muchas familias “ni siquiera saben quién es el titular real de su deuda ni con quién pueden negociar”, algo que considera “incompatible con el derecho a la vivienda”. La PNL registrada en el Congreso por el Grupo Republicano insta al Gobierno a reformar el Código Civil, la normativa hipotecaria y la legislación de consumo para reconocer un derecho efectivo de tanteo, retracto y redención cuando los créditos hipotecarios sean cedidos a terceros.

Entre las principales medidas, Esquerra plantea garantizar la transparencia total en las cesiones de crédito, con información clara sobre el nuevo titular, el gestor de la deuda y el precio de transmisión; establecer un plazo mínimo de 60 días hábiles para ejercer derechos de redención; e impedir que las ventas masivas de carteras vacíen de contenido los derechos de las personas consumidoras.

Asimismo, se propone que ninguna ejecución hipotecaria pueda continuar si la persona deudora no ha sido correctamente informada de la cesión del crédito y que, en caso de incumplimiento, la deuda pueda extinguirse por el mismo precio de adquisición más los gastos acreditados y los intereses legales. Al mismo tiempo, se defiende reforzar la protección de los deudores hipotecarios vulnerables y crear un registro público de cesiones de crédito que garantice la transparencia y la trazabilidad de las deudas.

En paralelo, el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado también una proposición en la comisión de urbanismo de este mes de mayo para apoyar esta reforma y trasladarla al conjunto de instituciones competentes, desde el Gobierno hasta el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a las entidades municipalistas y a las plataformas de defensa del derecho a la vivienda.

Durante años, la industria de defensa fue poco menos que un tabú en Catalunya. Sin grandes fabricantes militares en el territorio, sin ninguna apuesta estratégica del Govern y con una opinión pública históricamente contraria al negocio, el sector apenas tenía presencia en la conversación pública. Esa realidad forma ya parte del pasado.

El nuevo ciclo inversor europeo en seguridad y defensa impulsado por la guerra en Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado profundamente el tablero. Ahora Gobierno, Generalitat, patronal y grandes compañías quieren situar a Catalunya en el mapa europeo de las tecnologías de doble uso, es decir, aquellas aplicaciones civiles que también pueden tener salida en el ámbito militar.

La ofensiva se está produciendo en varios frentes y con un objetivo común: aprovechar la potente base industrial y tecnológica catalana para captar parte de los miles de millones que Europa y el Estado prevén movilizar en los próximos años.

El pastel no es pequeño. El Gobierno ha desplegado un plan en el que prevé destinar unos 10.000 millones al sector (el 2% del PIB) y, según la patronal Foment, las compañías catalanas quieren arañar hasta el 20% de esos fondos. La Unión Europea (UE), a su vez, prevé aportar durante el próximo lustro 800.000 millones de euros entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos.

“Hay que aprovechar la ola inversora y los recursos que habrá durante este ciclo, que no será corto”, apunta en conversación telefónica Roger Torrent, expresidente del Parlament, ex conseller de Empresa con ERC y una de las nuevas voces destacadas de la apuesta catalana por el sector de la defensa.

Torrent ha fundado recientemente una consultora para asesorar a empresas que quieran entrar en el negocio y, a su vez, ha ejercido de responsable técnico de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona que reivindica el potencial de la industria catalana en este sector.

La apuesta la resumió el pasado 4 de mayo José Vicente de los Mozos, el actual consejero delegado de Indra (participada en un 28% por el Estado). “Hay que cambiar la mentalidad del mundo del automóvil al mundo de la defensa”, afirmó en un acto en Sant Cugat del Vallès ante la presencia del conseller de empresa catalán, Miquel Sàmper. 

Sàmper fue más allá. Citó los expedientes de regulación de empleo en grandes centros de trabajo como Nestlé, Ficosa o Nissan y dibujó a la industria de defensa como una de las mejores opciones para “generar una transformación del mercado laboral actual” en Catalunya. 

Las escenas que muestran el cambio se suceden. Esta semana, Indra reunió en los Tinglados del Puerto de la capital catalana a más de 200 empresas del ecosistema catalán de defensa, seguridad y espacio para presentar su plan de expansión en Catalunya.

El grupo, presidido por Ángel Simón, anunció que prevé crear 1.500 empleos y elevar su facturación en el territorio hasta los 550 millones de euros en 2027. Actualmente, emplea a 3.500 personas en Catalunya y factura 366 millones de euros.

“Europa necesita una capacidad industrial sólida para garantizar la soberanía del continente, e Indra quiere ser líder”, aseguró Simón durante el acto. La empresa también avanzó nuevos centros de actividad en Catalunya y defendió el papel del territorio como futuro hub industrial vinculado a la defensa, la ciberseguridad y el espacio.

Apuesta estratégica de la Generalitat

El Govern es otro de los actores que rema a favor de esta apuesta y lleva meses preparando el terreno. A través de Acció, la agencia pública de promoción económica, la Generalitat ha empezado a formar a empresas catalanas interesadas en acceder a este mercado. 

El foco está puesto en sectores industriales ya consolidados —automoción, espacio, metalurgia, telecomunicaciones o software— que puedan desarrollar tecnologías de “uso dual”.

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, respaldó públicamente esta estrategia en el acto de Indra. “Hay que explicar a la sociedad la importancia de la seguridad colectiva”, afirmó. Illa defendió, además, que la seguridad es “necesaria” para que exista el estado del bienestar y reivindicó el refuerzo de la “autonomía” de Europa “ante un mundo cada vez más polarizado”.

Según el mencionado informe de la Cámara de Comercio, las empresas catalanas con potencial en este ámbito ya generan unos 1.600 millones de euros anuales, pero podrían incrementar esa cifra en 1.000 millones y crear 10.000 empleos durante los próximos cinco años. El estudio identifica hasta 800 compañías con capacidad para integrarse en la llamada “cadena de valor de la defensa europea”.

Otro informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) elaborado por PwC, apunta que la contribución económica de las empresas vinculadas a defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aumentó en 2024 un 13% y el empleo un 20% respecto al año anterior.

La industria del automóvil, en el punto de mira

Tal y como recomendó el consejero delegado de Indra, el automóvil aparece como uno de los sectores llamados a jugar un papel clave en esta reconversión.

Indra ya se ha aliado con Ficosa para desarrollar sistemas de visión y vigilancia para vehículos militares, mientras Seat ha iniciado conversaciones sobre la posible fabricación de vehículos militares ligeros en la planta de Martorell (Barcelona). 

“Es evidente que el know-how del sector de la automoción es muy interesante desde el punto de vista de la defensa”, abunda Torrent. “La combinación entre una industria competitiva y madura y esta capacidad tecnológica hacen de Catalunya un lugar donde puede haber mucho crecimiento”.

La patronal también se ha sumado abiertamente a la operación. Foment del Treball anunció en noviembre la creación de un nodo catalán de empresas estratégicas de defensa y seguridad con el objetivo de integrar a las pymes catalanas en los programas europeos de defensa. 

Foment, de hecho, trabaja ya junto al gigante español de la defensa Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics para asesorar a pequeñas y medianas empresas catalanas interesadas en convertirse en proveedoras del sector. Según explicó la compañía, más de un centenar de empresas catalanas forman actualmente parte de su cadena de suministro.

“Catalunya puede aportar pymes, industria, investigación y talento a las cadenas europeas de seguridad, con retorno en innovación, empleo cualificado y soberanía tecnológica”, afirman desde esta entidad.

Detrás de este movimiento hay también una carrera por no quedar rezagados frente a otras comunidades autónomas. Madrid, Andalucía y País Vasco concentran actualmente el grueso de la industria española de defensa, y Catalunya aspira a hacerse un hueco como polo tecnológico especializado en usos duales.

Un sector polémico y poco rentable a nivel laboral

El debate político y social sobre esta reconversión está servido en Catalunya, donde la sociedad sigue dividida ante el aumento del gasto militar. Según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de 2025, un 26% de los catalanes considera que los países de la UE deben aumentar el gasto en defensa, un 36% cree que debería mantenerse y un 34% apuesta por reducirlo. 

La estrategia catalana evita, al menos por ahora, entrar de pleno en la fabricación de armamento pesado o munición a gran escala. La apuesta pasa más bien por áreas menos polémicas y con aplicaciones civiles claras: satélites, drones, ciberseguridad, comunicaciones, inteligencia artificial, sensores…

Según la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Tica Font, el aumento en el gasto en defensa irá acompañado de recortes en otras partidas que jugarán en detrimento del Estado del Bienestar.

“Si haces ajustes presupuestarios debes sacar dinero de otros ministerios”, explica, y recuerda que el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, propuso disminuir el gasto en pensiones, sanidad y prestaciones sociales para lograr aumentar el gasto en defensa.

Font recuerda, además, que los puestos de trabajo que puede generar el sector por cada euro invertido son muchos menos que cuando se invierte en otros ámbitos. Recuerda que, según la Universidad de Brown (EEUU) y Greenpeace, un millón de euros en el sector de la defensa genera 6,9 puestos de trabajo, mientras que en la Sanidad supondría 19,2 empleos o 14,3 si se invirtiera en educación. 

La investigadora en comercio de armas destaca también la fuerte dependencia que tiene este sector de la administración pública. “Es una industria deficitaria del Estado”, señala por teléfono. “Solo produce e investiga bajo contrato con la administración, esto no ocurre con ninguna industria civil”, remacha.

Cualquiera que haya utilizado YouTube entiende cómo funciona su algoritmo de recomendación. Ves un vídeo, termina, y el sistema ofrece otros “relacionados”. En 2018 varias investigaciones revelaron que un comportamiento totalmente neutral por parte del usuario le llevaba en cuestión de unos pocos vídeos hacia contenidos extremos. Después llegó la pandemia, con YouTube volviendo a quedar señalado como uno de los grandes focos de desinformación sobre el virus, las vacunas o los intereses oscuros que promovían los confinamientos.

Investigaciones posteriores han intentado profundizar mucho más en las consecuencias de esta una espiral de radicalización, que terminó conociéndose como “el agujero de conejo” algorítmico. El problema es que no han podido.

“Lo que es realmente interesante es que demostramos que YouTube no recomendó contenido más extremo a nuestros perfiles de prueba. Sabemos que anteriormente era uno de los peores en cuanto a sus motores de recomendación. Aunque no podemos probarlo de forma absoluta, otros estudios muestran lo mismo, lo que sugiere que empezaron a ajustar sus algoritmos cuando quedó expuesto que estaban conduciendo al extremismo”, explica Yaël Eisenstat.

Eisenstat es ex jefa de integridad electoral de Facebook, ex analista de la CIA y coautora de uno de esos estudios sobre YouTube. Actualmente, es una de las voces más reconocidas contra los incentivos algorítmicos perversos de las redes sociales. Este miércoles fue la primera en tomar la palabra en el I Encuentro por los Derechos Digitales que se ha celebrado en Barcelona.

La elección del ejemplo de YouTube no fue casual. Eisenstat intentaba mandar un mensaje que han compartido el más de un centenar de expertos que han subido al escenario tras ella. Sí, las redes y los gigantes digitales están rompiendo la democracia. Pero no todo está perdido: se las puede obligar a cambiar y lo harán si reciben la presión adecuada.

Todas las recetas de la esperanza

Las principales voces que han acudido a Barcelona para hablar de los derechos digitales llevan años diagnosticando los problemas de las redes. Quizá por ello, todas se han esforzado en que las soluciones sean una parte muy importante de su discurso en este evento. Ha habido propuestas técnicas, políticas, sociales, geopolíticas y filosóficas para defender la revolución contra el statu quo digital.

La ponente que ha arrancado más aplausos entre los 3.000 asistentes es la que ha atacado el problema desde el este último campo, la filósofa Carissa Véliz. “El ingrediente fundamental del tirano es crear desconfianza entre los ciudadanos. No hay que dejar que eso pase”, ha expresado sobre la creciente polarización: “Para tener confianza hay que cultivar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de comunidad de amistad ciudadana”. En la era de las pantallas, la conversación cara a cara es revolucionaria, ha defendido.

La autora mexicana acaba de publicar su segundo libro, Profecía. Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción, desde los antiguos oráculos hasta la IA (Debate), en el que explica las amplias conexiones conceptuales entre los adivinos de la corte que susurraban al oído de caciques, monarcas y emperadores, con los actuales sistemas de predicción de la inteligencia artificial.

“Es muy revelador volver al pasado y preguntarnos cómo se ha utilizado antes la predicción”, ha explicado Véliz, profesora en la Universidad de Oxford. “Te darás cuenta de que, por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval. Un rol que se está oscureciendo con esta tecnología, disfrazándose de conversación tecnológica cuando en realidad es una conversación política y social”.

Por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval

Carissa Véliz — profesora de Filosofía de la Universidad de Oxford

Por eso para la autora es tan importante analizar críticamente esas predicciones. “Parte del desafío cuando preguntamos cuál es el futuro de la democracia no es tratar de predecirlo como si hubiera ya un guion escrito que hay que descubrir. No, la pregunta es qué guion vamos a escribir nosotros, porque la democracia está en la mano de la ciudadanía, en parte”.

“La tecnología es poder”

“La tecnología es poder” ha sido una de las ideas fuerza repetidas por muchos de los ponentes, incluido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ha compartido una charla con Véliz. Su Ministerio y la organización Mobile World Capital Barcelona han sido los organizadores principales del Encuentro.

Para hacer valer los derechos digitales no vale presionar a las multinacionales tecnologías. Es necesario poder en todos los sentidos, incluido el más clásico de todos: el poder geopolítico, la capacidad de obligar a otras naciones a tomar determinados caminos. “Si nos fijamos en los tres imperios digitales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, vemos grandes diferencias”, explica Anu Bradford, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia (EEUU). “Por eso los llamo imperios, porque ninguno de sus modelos regulatorios se limita a sus propias jurisdicciones, sino que todos exploran proactivamente extenderlo a otras zonas”.

Sí, también la UE lo ostenta. Bradford, finlandesa, es la autora del término “efecto Bruselas”, que explica cómo muchas de las leyes de los 27 terminan aplicándose a nivel global porque las multinacionales prefieren adoptar un mismo estándar normativo en todo el mundo, aunque sea el más estricto, antes que cambiar su operativa en función de múltiples contextos diferentes.

Economías de escala y eficacia juegan aquí en favor de muchos países que consiguen la protección legal europea sin la capacidad de presión de su potente mercado interior, de 450 millones de personas. Por ello, la profesora ha recalcado en Barcelona que la UE no debe dejarse llevar por los discursos que aseguran que su modelo basado en derechos la lleva al desastre en la carrera de la IA con EEUU y China.

“Los europeos deberían tomar el camino [...] de cómo hacer que la IA mejore nuestras vidas. Que aumente nuestra riqueza, nuestra productividad, las oportunidades para nuestros individuos, sociedades y empresas”, ha defendido Bradford: “Aprovechar el potencial en la vida diaria para muchas de nuestras industrias: atención médica, educación, etc. Y ahí es donde realmente no hay una desventaja inherente”.

Pero, para que eso funcione “no basta con multar”, sino que hacen falta “reguladores que estén dispuestos a desplegar los poderes que tienen”. Tanto para “exigir cambios en los modelos de negocio” de los gigantes tecnológicos extranjeros como para potenciar la capacidad de innovación europea.

Sobre esto último, la profesora también ofrece una hoja de ruta: desplegar un mercado único digital real, que permita a las empresas competir en toda Europa desde un único país; facilitarles el acceso a capital y desestigmatizar el fracaso con una ley de quiebras europea que no hunda a los que lo intentan y no lo consiguen.

Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global. Ahora se están alejando de eso y es una oportunidad tremenda para los europeos

Anu Bradford — profesora de Derecho en la Universidad de Columbia

Todo esto tendría como consecuencia otro de los puntos que la experta menciona como claves: la atracción de talento extranjero que quiera emprender en Europa. “Pensemos solo en los nombres tan conocidos de los fundadores de empresas tecnológicas... Elon Musk, el fundador de Tesla, nació en Sudáfrica. Sergey Brin, el cofundador de Google, en Rusia. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, es brasileño. Jensen Huang, el cofundador de Nvidia, nació en Taiwán”, ha enumerado.

“Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global”, ha recordado, “pero ahora se están alejando de esos rasgos tradicionales del país. Esto es una oportunidad tremenda para los europeos”.

Mientras, ¿qué hacemos con este Internet roto?

Hubo un tiempo en que Internet era “un directorio de cosas maravillosas”, ha recordado la periodista y escritora Marta Peirano, una de las expertas de referencia en el contexto español sobre tecnología y poder. Ese era también el lema de Boing Boing, pionero de la blogosfera digital.

Su director era Cory Doctorow, el activista que mejor ha mapeado cómo y por qué la red se ha estropeado desde entonces, a través de su concepto de “mierdificación”. “En veinte años todos nuestros problemas estarán relacionados con Internet”, decía en 2015 en una entrevista con elDiario.es. La velocidad a la que ha ocurrido todo ha terminado sorprendiendo hasta a los más críticos.

Como entonces, Doctorow ha exculpado a los usuarios en su conversación con Peirano en Barcelona. Si Internet se ha convertido en “un enorme montón de mierda” es porque se transformó “en un entorno político donde las peores decisiones de las peores personas generan la mayor cantidad de dinero”. “Entonces llegamos a la pregunta más importante: ¿qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política”, ha acusado.

¿Qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política

Cory Doctorow — activista y autor de 'Mierdificación'

La tesis de Doctorow es que “todos estos productos digitales que todos usamos son obviamente defectuosos. Nos espían, se quedan con nuestro dinero, nos manipulan”. “Lo último que cualquiera de nosotros debería hacer es permitir que nuestra vida social sea controlada por un multimillonario, y mucho menos por alguien que nos está espiando”, ha enfatizado durante el evento.

Para arreglarlo, el autor pide un nuevo Internet, pero rechaza la utopía de una red perfecta. “Lo que queremos es un sistema nervioso digital que nos ayude a adaptarnos al cambio. Un sistema nervioso que nos ayudará a sobrevivir al genocidio, la emergencia climática y el creciente fascismo. Tendrá que ser dinámico, porque tendrá que ser receptivo a las necesidades de los usuarios”. Es lo que el autor denomina “el Internet post-americano”, una red que pueda escapar de las lógicas mercantilistas que este ha impuesto.

Tocándoles la cartera

Frances Haugen, casi cogiendo el testigo de Doctorow, ha puesto encima de la mesa un método para forzar a los gigantes digitales a adoptar prácticas más éticas. Se basa en tocarles la cartera. Sin boicots, solo con una fórmula que apunte a su punto débil.

La ingeniera sabe cómo diseñarlo. Haugen expuso en 2021 las prácticas internas de Facebook ante el Senado de Estados Unidos, filtrando documentos de la compañía que probaron que está priorizaba sus propios beneficios a la seguridad de sus usuarios, incluidos niños y adolescentes. Sus revelaciones han terminado desembocando en las recientes sentencias que condenan a las redes sociales de Meta a pagar los daños que han causado a sus usuarios.

La ingeniera propone obligar a las grandes marcas que se anuncian en plataformas como Facebook e Instagram a destinar el 10% de su gasto en publicidad digital a plataformas dispuestas a publicar cinco métricas concretas sobre su impacto en los menores: cuántos niños reciben mensajes sexuales no deseados; la calidad de su sueño; el rendimiento escolar; la capacidad del usuario para detener el uso de la aplicación a voluntad y si la herramienta fomenta realmente las conexiones en el mundo físico.

¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?

Frances Haugen — Filtradora de Facebook

“¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?”, se ha preguntado Haugen en Barcelona.

Es una más de las múltiples propuestas que el centenar de voces internacionales han arrojado a la política y la sociedad civil en el I Encuentro por los Derechos Digitales, que nace con la voluntad de que haya muchos más. El diagnóstico lleva años sobre la mesa. Lo que Barcelona ha demostrado esta semana es que las recetas también existen: ¿habrá voluntad para aplicarlas?

¿Podrá Kevin Warsh (Nueva York, 1970) aguantar la presión de Donald Trump para bajar los tipos de interés? De momento, lo que se sabe del nuevo presidente de la Reserva Federal, confirmado este miércoles por el Senado de EEUU, es que fue incapaz de desmarcarse de una de las mayores teorías falsas del presidente de EEUU: que Joe Biden le arrebató la Casa Blanca en 2020 gracias a que las elecciones fueron robadas.

“¿Perdió Donald Trump las elecciones de 2020?”, le preguntó la senadora demócrata Elizabeth Warren hace un mes en el Capitolio. Y Warsh respondió sin contestar: “Intentaremos mantener la política, si me confirman, fuera de la Reserva Federal”.

“Solo estoy haciendo una pregunta objetiva. Necesito saberlo. Necesito evaluar su independencia y su valentía”, insistió Warren.

“Creo que este organismo certificó esas elecciones hace muchos años”, replicó Warsh de nuevo sin contestar, ante lo que terció Warren: “Esa no es la pregunta que estoy haciendo. Lo que pregunto es: ¿perdió Donald Trump en 2020? Y le sugiero que respalde esas elecciones”.

A partir de ese día, Warsh fue bautizado por los representantes demócratas como “marioneta” de Trump, por su incapacidad para decir en público que no hubo pucherazo en las elecciones de 2020. Y ese detalle es un aviso relevante sobre su incapacidad para hacer frente a la Casa Blanca.

Pero no es el único aviso. Warsh, que en su día fue partidario del libre comercio, ha defendido los aranceles de Trump en los últimos meses, argumentando en entrevistas televisivas que es poco probable que provoquen inflación. En paralelo, se ha alineado con los llamamientos de Trump a bajar los tipos de interés.

“El presidente tiene razón al sentirse frustrado con Jay Powell y la Reserva Federal”, dijo Warsh en una entrevista en Fox News durante el verano. Warsh, además, ha respaldado algunas de las críticas de la Administración Trump al banco central, entre ellas que el tamaño de la Fed y el alcance de su labor han sobrepasado el mandato del Congreso.

Así, Warsh no se atreve a desautorizar a quien le debe un puesto que ha ambicionado desde que se convirtió en el miembro más joven en pertenecer a la junta de gobernadores de la Reserva Federal, con 35 años. Era 2006, le colocó allí George W. Bush y quedaban un par de años para que se produjera la gran crisis mundial de deuda que se llevó por delante muchas empresas, economías y conquistas sociales.

En ese contexto de crisis económica global, Warsh no acabó su mandato y dejó la silla de la Fed en 2011 con críticas hacia políticas monetarias como la compra de bonos para aliviar la deuda pública, marcando un claro perfil de halcón reacio al intervencionismo de lo público en la economía. Por eso, hay quien piensa que no casa tanto con Warsh bajar tipos y menos al ritmo que reclama el presidente de EEUU, en tanto que históricamente le ha importado más controlar la inflación, que ahora está en máximos desde 2023, en el 3,8%.

En efecto, Warsh defendió que las compras de activos a gran escala y fijar tipos de interés cerca de cero pueden, a su juicio, distorsionar los mercados y socavar la estabilidad de precios a largo plazo. Warsh acabó oponiéndose a la segunda ronda de compra de bonos de la Reserva Federal, un programa conocido como quantitative easing –flexibilización cuantitativa–.

Pero Warsh sabe que en una entrevista en la CNBC se le preguntó a Trump si se sentiría decepcionado si Warsh no bajara los tipos de interés de inmediato y el presidente de EEUU respondió: “Sí”. Pronto saldrán de dudas los estadounidenses y la Administración Trump: Warsh tomará posesión este viernes y la primera reunión de política monetaria bajo su presidencia se producirá en un mes, el 16 y 17 de junio próximos.

Trump ha sido capaz de insultar un día sí y otro también a Jerome Powell para que la Fed bajara los tipos, a pesar del cúmulo de incertidumbres económicas provocadas por el propio presidente de EEUU con sus guerras arancelarias y los bombardeos sobre Irán lanzados el 28 de febrero –con el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz–. Y a pesar, también, de que la inflación siempre se ha situado por encima del objetivo del 2% desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y de que el empleo no ha dado síntomas de robustez –el paro está en el 4,3%–, si bien el crecimiento del PIB se ha mantenido a buen ritmo en 2025 –2,1%–, impulsado por las empresas de Inteligencia Artificial.

Y con todos estos elementos tendrá que lidiar Warsh, de 55 años, quien se crio en el norte del estado de Nueva York, donde cursó sus estudios secundarios en un instituto público antes de licenciarse en Políticas Públicas en la Universidad de Stanford, donde se graduó en 1992. Después, Warsh se licenció en Derecho en la Universidad de Harvard.

Tras siete años como banquero en Wall Street en Morgan Stanley, Warsh se unió al círculo íntimo de asesores de política económica de George W. Bush en 2002. Ese mismo año, se casó con Jane Lauder, ejecutiva de Estée Lauder y heredera de una de las familias más ricas de Estados Unidos. El suegro de Warsh, Ronald Lauder, es un importante donante republicano, recuerda WSJ.

En 2006, Bush nombró a Warsh para formar parte de la Reserva Federal como gobernador, convirtiéndose en la persona más joven en incorporarse a la Fed en la historia del banco central. Una vez dejó la junta directiva de la Reserva Federal, Warsh ha ejercido como profesor en el think tank conservador Hoover Institution, de la Escuela de Negocios de Stanford, y como asesor del inversor multimillonario Stanley Druckenmiller, además de formar parte del consejo de administración de UPS.

Poco después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de 2016, Warsh fue incluido en un grupo externo de líderes empresariales convocado para asesorar a la Casa Blanca. En aquel entonces, Trump pudo haber nombrado a Warsh presidente de la Fed, pero se inclinó por Jerome Powell, a quien ahora odia de forma furibunda. Diez años después, Trump ha elegido a Warsh. El tiempo dirá si en el nuevo presidente de la Fed pesa más la lealtad a la institución o a quien le ha nombrado después de una campaña de acoso y derribo durante meses contra su predecesor, Jerome Powell.

Dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que “de aquellos barros, estos lodos”, sobre cómo “la alfombra roja a los fondos” para comprar casas y la desaparición de la vivienda pública desde la crisis de 2008 contribuyeron a la actual emergencia residencial. En un diálogo organizado por elDiario.es con motivo del 15 aniversario del 15M con Lucía Delgado, que fue portavoz y fundadora de la Plataforma de Afectados en 2009 y una de las ideólogas del Sindicat de Llogateres en 2017, ambas reconocen la influencia de esas protestas en el actual movimiento de la vivienda. “El mayor legado de la PAH para el Sindicato es poner el cuerpo contra los desahucios”, dice Del Río.

En aquel 15M de 2011 que sacó a miles de personas a las calles contra la forma en que se estaba gestionando la crisis surgida de la burbuja de 2008, Lucía Delgado estaba “haciendo trabajo de hormiguita, de organizar a las personas que no podían pagar la hipoteca y visibilizando la injusticia de la crisis inmobiliaria”. Alicia del Río estudiaba Bachillerato en Valladolid y asistía sola a las manifestaciones de su ciudad porque “nadie” de su entorno “estaba metido”. Se quedó “flipando” con la movilización, “pensando que estaba ante un momento histórico”.

15 años después, Del Río es portavoz del Sindicato de Inquilinas en Madrid y cree que “no se podría entender sin el legado que construyó la PAH, tanto por el espíritu de desobediencia como porque cambiaron el sentido de lo que se entendía como normal, que se rescatara al sector inmobiliario y financiero con millones de euros mientras a las personas se las dejaba tiradas y se las expulsaba de sus casas”.

“Vivíamos una crisis inmobiliaria y ya se estaba orquestando la siguiente crisis del alquiler”, reflexiona Delgado, ahora en el Observatori DESCA, plataforma que investiga y visibiliza cuestiones que afectan a los derechos sociales y ecológicos. “El parque de vivienda de las ejecuciones hipotecarias se tendría que haber convertido en vivienda pública y no, como se hizo, vender con alfombra roja a los fondos de inversión y a los bancos sin ninguna prestación”, denuncia.

Durante el debate, Delgado y Del Río critican la falta de contundencia del actual Gobierno, que no consigue revertir la crisis de la vivienda y “mantiene a las socimis con muy bajos impuestos” y los desahucios que aún se dan en pisos de Sareb antes del traspaso a la nueva empresa pública Casa 47, mientras que resaltan que el gran legado de los movimientos sociales “está en la calle y no en las instituciones”, por mucho que algunos de quienes lideraron la PAH, con Ada Colau como máxima exponente, dieran el salto a la vida política y la gestión pública.

Por los pasillos del Círculo de Bellas Artes que frecuentaron Ramón del Valle Inclán o Pablo Picasso a principios del siglo XX, donde los principales intelectuales confrontan sus visiones, se habla ahora de vivienda. ¿Dónde no se habla de vivienda? Ante la gran crisis de precios del alquiler que asfixia la economía de las familias y enriquece a caseros, especuladores y fondos de inversión (se puede ser una cosa, dos o las tres a la vez) y con la compra también disparada, se enfrentaban en este escenario dos recetas contrapuestas, o tal vez no tanto: la de Jorge Galindo, director de Esadeecpol, que aboga por acelerar la construcción privada, y la de Javier Gil, del CSIC, que defiende la regulación de precios y tiene una propuesta estrella: un superfondo público de 120.000 millones para “expulsar” a los fondos privados mediante la compra.

El debate del miércoles por la tarde, bajo el engañoso título 'Vivienda, ¿más regulación o más construcción?' (engañoso porque Javier Gil no es contrario a la construcción y tampoco Galindo es vehemente contra la regulación) venía precedido de un acalorado debate en redes. Galindo tomó los datos usados recientemente por Gil y el CSIC para apuntar que los multipropietarios, fondos y caseros han aumentado su peso en la propiedad inmobiliaria en España mientras crecen los inquilinos, para relativizar su importancia.

Mientras que Gil señalaba y recordaba durante el debate que la inversión de fondos extranjeros ha pasado de 2.500 a 7.000 millones en los últimos años y que gran parte de la subida de precios tiene que ver con “la demanda especulativa”, Galindo cuestionaba “el peso” que estas propiedades tienen sobre el mercado. Según sus cálculos, las viviendas de fondos y socimis suponen tan solo el 1% del mercado, mientras que “el desencaje” de la oferta y la demanda tiene que ver más con que ante una creación de 1,2 millones de hogares desde 2021 tan solo se han construido 465.000 viviendas. Ni la vivienda vacía ni la turística, alerta Galindo, sería ni muy de lejos suficiente para cubrir las carencias.

Si Gil, en su reciente informe para el Ministerio de Consumo, señalaba que quienes poseen entre 4 y 10 inmuebles pasaron de tener 827.000 inmuebles a 2,3 millones y los de más de 10 saltaron de 138.000 a 626.000, pero los hogares con un solo inmueble cayeron de los 10 millones a menos de 7,9, Galindo muestra en su gráfico cómo todavía quienes tienen una y dos viviendas suman (46,6% + 21,9%) aun un 68% del stock.

Pero Gil advertía que “no es importante solo el dinero que invierten estos fondos, sino también las expectativas que generan”. “No solo es dinero, hay un respaldo político, llegaron con alfombra roja de España y de las instituciones europeas, detrás de Blackstone estaba uno de los asesores de Trump. No hace falta que controlen todo el mercado para ser arquitectos de la nueva situación”, reflexionaba.

Galindo insistía en que “es difícil demostrar el efecto real de la financiarización de la vivienda en el precio” y en que lo que dispara los precios es más bien “la escasez”. 

Gil se mostraba partícipe de construir, pero defendía que “lo último es construir” y no de cualquier manera. Apuntaba a los precios de nueva vivienda en barrios empobrecidos como Villaverde, con pisos de dos habitaciones a más de 400.000 euros, “con esta oferta no vas a bajar los precios”.

Ante eso, la necesidad de que “la vivienda no se utilice para obtener beneficios sino para dar respuesta a una necesidad”, como sucede con la sanidad o la educación, es su modelo, tomando como referencia ciudades como Viena o países como Suecia donde “el mercado no lo decide todo”.

Y antes que construir, Gil defiende una movilización de vivienda en manos de socimis, fondos y empresas, vivienda vacía y alquiler turístico con la creación de un superfondo público que se convierta en un actor relevante en vivienda para poner precios asequibles y “expulsar a los fondos” del mercado comprando sus bienes con el derecho de tanteo y retracto. Gil habla de un fondo de 125.000 millones con los que se podrían construir justo tres millones de viviendas, que es como se titula el libro de Galindo en defensa de la construcción.

Con un fondo de estas características, España podría haber comprado las 5.000 viviendas de Blackstone, que Brookfield adquirió hace mes y medio por 1.000 millones, muchas de ellas compradas a la administración pública en 2013 por precios tres veces menores. 

“No acabo de ver cómo se financia un fondo de tal tamaño. Cualquier aumento de inversión pública de grandes magnitudes requiere decisiones complicadas en términos presupuestarios para sacarlo de otras partidas sociales. Y no solo tenemos déficit de vivienda, sino también de inversión en infraestructuras, en educación, en cercanías…”, apunta receloso Galindo, que apunta que cabría ver también esos 150.000 millones en cuántos años se desplegarían.

Desde su punto de vista, “si la gente hace negocio con la vivienda y la compra para después venderla, es por la escasez” y, por tanto, “la forma de que no se haga negocio, es hacerla abundante”. Sí que se muestra partidario de invertir mucho más dinero en vivienda pública. Concretamente, de doblar el parque público y pasar de 10.000 viviendas entregadas anualmente a 30.000, lo que costaría unos 4.500 millones al año en diez años. Con la incorporación del sector privado con orientación social, el esfuerzo público podría reducirse.

Sí que considera que el Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones en los próximos diez años es “totalmente insuficiente” y que además, “habría que dedicar el 90% y no el 40% de todo ello a construcción”. 

Y en cualquier caso, para acometer esta revolución de la construcción, sobre todo pública, pero también privada, hay que revertir “una regulación que ralentiza la construcción” e incluso la pública, que hace que haya “incluso terrenos públicos paralizados”. “El estado se ha puesto palos a sus propias ruedas”, asegura. 

Las verdades de Galindo y Gil parecen en ocasiones más complementarias que contrapuestas, más diferenciadas en magnitudes que en esencia. La receta es distinta: Gil quiere acabar con la especulación de vivienda mediante el control público (regulatorio pero también control de propiedad) y Galindo mediante la construcción tanto pública como privada. 

Pero ambas visiones pueden encontrarse en algunos puntos. Sin una mayor agilización de la construcción y de los visados y sin el peso de la inversión privada, resulta imposible imaginar una aceleración de la oferta que dé respuesta a la creación de hogares. Sin una vigilancia sobre los precios y un mayor peso del estado a la hora de movilizar esa vivienda, resulta complicado que ese incremento de la oferta tenga precios accesibles para las familias.

Un ciberataque ha tumbado este jueves la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El portal ha estado temporalmente y durante hace varias horas fuera de servicio “debido a la recepción irregular de miles de accesos simultáneos”, explicaron fuentes del organismo que preside Cani Fernández.

En torno a las 17.00 horas, la CNMC ha publicado una escueta nota en su web en la que señala que “la página web de la CNMC funciona con normalidad, aunque el buscador puede experimentar incidencias puntuales o no estar operativo temporalmente debido a problemas técnicos. Los equipos técnicos están trabajando para restablecer su funcionamiento ordinario lo antes posible”.

Previamente, un portavoz del organismo informó de que a lo largo de la mañana de este jueves, 14 de mayo, “el sistema está experimentando incidencias que imposibilitan su funcionamiento ordinario”. “Los equipos técnicos están trabajando desde el primer momento para contener el ataque, garantizar la seguridad de los sistemas y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”.

La “CNMC lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los usuarios. Se informará de cualquier novedad relevante a través de los canales habituales en cuanto sea posible”, explicó ese portavoz.

El organismo es clave para la vigilancia del buen funcionamiento de los mercados en España. Se ocupa de regular los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte o postal, entre otros, y supervisa el buen funcionamiento de la libre competencia.

El procedimiento más importante que tiene entre manos el denominado súperregulador en la actualidad es la investigación del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, por el que ha abierto por ahora cerca de sesenta expedientes sancionadores a compañías como Red Eléctrica de España (REE), Iberdrola, Endesa o Naturgy, entre otras.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha pronosticado este jueves que “en las próximas semanas y meses” va “a haber periodos digamos de complejidad de suministro” de productos petrolíferos en Europa como consecuencia de la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán. Pero ha afirmado que en España “estamos mejor pertrechados” gracias a la potente red de refinerías del país.

En la junta de accionistas de Repsol, el primer ejecutivo de la mayor petrolera española ha explicado que el recorte de suministro global en volúmenes y en porcentaje, de unos 11-12 millones de barriles diarios de petróleo (en torno al 11% del total), es algo “inédito”, ni siquiera comparable a la crisis de 1973.

Imaz ha subrayado la “responsabilidad” y el “firme compromiso de Repsol con el suministro de la energía que España y Portugal necesitan”. Ha recordado que antes de la crisis existía “cierto déficit” de queroseno en España: el país consumía unos 156.000 barriles diarios y producía unos 120.000. Pero desde “el primer día” y sin preguntar “a nadie”, Repsol ha invertido “más de 1.500 millones de euros desde el 1 de marzo” para traer “el queroseno que necesita la economía española”, y ahora tiene un excedente de un 20% respecto a las necesidades del país.

Según Imaz, aun “si mañana hubiese un acuerdo” para reabrir Ormuz de forma “inmediata”, llevaría “dos-tres meses” normalizar los flujos sin conocer aún los daños en las infraestructuras. En los últimos dos meses y medio la compañía ha “invertido fuertemente” para reforzar sus inventarios y afrontar las necesidades “que van a venir”. “Hemos hecho los deberes”, ha dicho el ejecutivo, que ha confiado en que “Europa aprenda la lección” y tenga una mentalidad “abierta a todas las energías” tras esta crisis energética.

El ejecutivo vasco ha dicho que la exposición de Repsol a Venezuela “puede ser una oportunidad” y que ahora “no es el momento” de empezar a recuperar la millonaria deuda de ese país con la petrolera española. Ha avanzado que el proyecto Pikka en Alaska (Estados Unidos) va a empezar a producir “en los próximos días”. Y ha recordado que entre 2008 y 2010, cuando las refinerías en Europa “estaban cerrando” [“Italia pasó de 14 a ocho”], el entonces primer ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, hizo una “apuesta personal” para realizar una inversión multimillonaria en la refinería de Cartagena.

Sistema “modélico”

Durante su discurso a los accionistas, el presidente no ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, ha explicado que en esta crisis España está “mejor que la media de Europa”, como “modelo” en desarrollo de renovables y en infraestructuras de gas natural, gracias a su privilegiada red de regasificadoras, y un sistema de refino “modélico” en el que Repsol ha invertido más de 15.000 millones en los últimos 15 años “sin apoyo público” y “sin reconocimiento público”, que “puede producir queroseno cuando Europa no puede”.

Brufau ha subrayado que en ese periodo se han cerrado 35 refinerías, con una reducción de capacidad del 20%. “Hay voces que se congratulan” de la fortaleza del refino español y “esta casa es la artífice”. “Aunque sea tarde”, este reconocimiento “bienvenido sea”.

Ha señalado que la crisis de Ormuz “pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades”, al retirar el 11% de la oferta de crudo y poner en tensión la balanza entre oferta y demanda. Si en la crisis de 1973 Europa se lanzó a desarrollar la nuclear, promover la exploración de hidrocarburos en el Mar del Norte y desarrollar la eficiencia energética, ahora “lo que oigo” es que “la solución” es “sustituir” petróleo por renovables. “¿Esta gente sabe lo que dice?”, ha dicho: equivale a “sustituir una energía que ya está asentada” por otra que “necesita todavía mucho desarrollo”.

El ejecutivo catalán ha arremetido contra el “dislate” de prohibir el fracking en una Europa que ha dejado a su industria “fuera de competitividad”. Ha señalado que “sería feliz” si la regulación europea sobre la transición energética “no se plantease como una confrontación de energías”, de renovables “en contra del resto”, porque “el planeta las necesita todas”, en un contexto en el que las emisiones en el planeta “van a seguir creciendo”.

Brufau ha pedido “relanzar los lazos trasatlánticos” y ha repasado un contexto geopolítico en el que “han saltado por los aires” las normas del multilateralismo. La lucha entre EEUU y China por el liderazgo mundial va “a marcar el camino a Europa”, que “no está en esta competencia” y ve cómo es “crítica” la seguridad energética, la defensa o el acceso a las materias primas, y paga la energía 2,5 veces más cara que esos dos bloques.

Mientras, han “perdido protagonismo” los objetivos climáticos, de los que Europa “pretende ser el adalid”, pese a ser “irrelevante” para las emisiones globales. Brufau ha reprochado a la UE la “poca inteligencia” de no haber diversificado sus fuentes de suministro de petróleo, el informe Drahi es “un gran diagnóstico pero nos falta estrategia”. Mientras, EEUU está “haciendo su trabajo” en la reducción de emisiones sin recurrir a imposiciones y confiándolo a sus empresas y ciudadanos, ha explicado. El ejecutivo de Mollerusa ha recordado que el 81% de la matriz energética global sigue dependiendo de los combustibles fósiles “a pesar de todos los apoyos que ha tenido” de los reguladores. Y la electrificación ha ganado un peso “irrelevante” desde 2017.

El Banco de España ha señalado el conflicto en Oriente Próximo de Estados Unidos e Israel contra Irán como el principal riesgo para la estabilidad financiera, al tiempo que ha avisado de la vulnerabilidad que supone el elevado nivel de deuda pública, que excede el 100% del producto interior bruto (PIB).

“Las tensiones geopolíticas globales se han intensificado de manera significativa, situándose el conflicto en Oriente Medio como el principal foco de riesgo. El estallido de la guerra en febrero ha provocado un aumento sustancial de la incertidumbre económica global, que ya se encontraba en niveles elevados”, recoge la edición de primavera del Informe de Estabilidad Financiera, publicado por el Banco de España este jueves.

El impacto geopolítico se ha traducido, sobre todo en los mercados energéticos, donde ha sido “especialmente intenso”, por el impacto sobre el estrecho de Ormuz.

En condiciones normales, por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y de las exportaciones globales de gas natural licuado, mientras que la producción de petróleo del conjunto de la región del golfo Pérsico representa cerca del 30% del total mundial, según indica Banco de España.

El 10% de la oferta de crudo

El conflicto ha llegado a frenar aproximadamente la producción de 10 millones de barriles de petróleo diarios, en torno al 10% de la oferta mundial previa a la guerra, una proporción superior a la observada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y “de más difícil sustitución”.

Este proceso puede generar efectos persistentes sobre la oferta energética, ya que la reanudación de la producción requiere tiempo y, en algunos casos, la interrupción prolongada de la extracción puede reducir de forma permanente el volumen recuperable de los yacimientos. Asimismo, los daños que el conflicto bélico ha ocasionado en las infraestructuras energéticas, y los adicionales que se puedan producir, acentuarían estos efectos persistentes, enumera el Banco de España en su informe.

Además, la guerra también plantea “riesgos más amplios” para las cadenas globales de valor. Por el estrecho de Ormuz circula una “parte sustancial” del comercio mundial de fertilizantes, así como suministros críticos de helio y neón, esenciales para la fabricación de semiconductores. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la alteración de rutas marítimas estratégicas y del encarecimiento del combustible, que podrían elevar los costes de transporte y producción de numerosos sectores a escala global.

Para afrontar este contexto, los hogares, empresas y bancos españoles parten de una situación financiera “relativamente favorable”, mientras que el elevado endeudamiento público representa un factor de cierta vulnerabilidad, ha explicado el supervisor.

Así, ha detallado que la evolución de las rentas de los hogares y de los beneficios empresariales fue positiva en la segunda mitad de 2025, aunque con una moderación de su ritmo de crecimiento. No obstante, reconoce el Banco de España, hay algunos focos de mayor fragilidad en los hogares de menor renta que necesitan dedicar un porcentaje elevado de esta a cubrir gastos esenciales.

Respecto al nivel de deuda pública, Banco de España ha avisado de que la situación “se ve agravada por la persistencia de déficits públicos relativamente elevados” por la situación cíclica de la economía, las necesidades crecientes de gasto y la falta de concreción de medidas para cumplir con los compromisos fiscales europeos.

Asimismo, aunque el coste de la deuda se mantiene “contenido” por las condiciones favorables de los mercados financieros, esta situación “podría revertirse si hay un deterioro de las condiciones globales o por contagio ante la posición fiscal ”desfavorable“ de economías sistémicas como Estados Unidos o Francia.

“Las presiones de gasto a medio y largo plazo no son equilibradas mediante medidas compensatorias, el consiguiente empeoramiento del déficit y el endeudamiento público españoles también podrían elevar los rendimientos requeridos por los inversores”, ha apostillado el Banco de España.

Analizando la composición del sector bancario, el supervisor ha destacado su posición “favorable”, tanto en términos de rentabilidad como de solvencia y calidad crediticia. El Banco de España ha indicado que sus relaciones con el sector financiero no bancario son reducidas y que la exposición al crédito privado es marginal respecto al total de volumen de crédito.

“En España y en el conjunto del área del euro, el crédito privado representa un peso limitado pero creciente de la financiación a empresas, sin que se detecte un perfil de riesgo significativamente más elevado de aquellas que recurren a él”, ha dicho el organismo en el documento que se ha publicado este jueves.

No ve burbuja inmobiliaria

Respecto a la vivienda, el Banco de España ha avisado de que los incrementos reales de los precios de la vivienda “siguen siendo altos”, aunque ha vuelto a descartar que se esté produciendo una burbuja inmobiliaria.

“No estamos observando ni tensionamiento de la situación financiera de los hogares ni una actividad desmedida desde el punto de vista de originación de crédito”, ha dicho el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Daniel Pérez Cid.

Así, el organismo considera que los niveles de riesgo de la vivienda está en niveles cercanos a 2002 o 2004, por lo que se encuentran “contenidos”. A su juicio, el precio de los inmuebles se debe a un crecimiento de la demanda frente a una oferta “inelástica”.

El rey Felipe VI y el vicepresidente Carlos Cuerpo pondrán rumbo la semana que viene a Canadá, en un viaje de tres días con el objetivo de amarrar inversiones de aquel país y abrir puertas a las empresas españolas en un momento clave para la geopolítica mundial, con Ottawa buscando reducir las dependencias de Estados Unidos y dejándose querer por la Unión Europea.

El Ejecutivo busca dar un impulso a las relaciones comerciales entre ambos países, que entre las mercancías y los servicios suponen unos intercambios de 7.000 millones de euros y 16.000 millones de inversión, apenas cinco meses después de que el primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, causara sensación en Davos con su apuesta por una coalición de “potencias medias” en un momento donde Estados Unidos, China o Rusia se miran cada vez más de reojo.

Carney, en cuyo liderazgo fue clave la figura de Donald Trump y, sobre todo, sus andanadas sobre una potencial anexión de Canadá a los Estados Unidos –se refirió a ellos como el estado 51, ahora lo hace con Venezuela– lleva meses acercándose a la Unión Europea. Cada vez más canadienses sueñan con unirse al proyecto (cerca del 60%, según una encuesta reciente), aunque el océano Atlántico de por medio hace difícil su adhesión. El primer ministro sí participó a principios de mes en la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), impulsada por Francia y a la que también acude Reino Unido, lo que muestra a las claras el paso al frente del político canadiense.

El petróleo y el gas, en el foco

Más allá de abrir nuevas oportunidades a las empresas españolas, el objetivo del viaje por parte del Ejecutivo es claro, según han detallado fuentes del Ministerio de Economía: el territorio canadiense es rico en hidrocarburos y también en materias primas críticas. No es solo que España carezca de ellas, sino que en los últimos años ha aumentado la dependencia de Estados Unidos como proveedor de productos energéticos –gas natural licuado, fundamentalmente–, un papel que se ha reforzado a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Cuerpo viajará por tercera vez a Canadá, esta vez al máximo nivel acompañado por el rey Felipe VI. Allí ambos protagonizarán un encuentro con empresarios en el MaRS Discovery Centre –al menos 170, entre canadienses y españoles, han mostrado interés en acudir– donde la tecnología tendrá un componente fundamental. El vicepresidente se reunirá con el ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, y está prevista la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre ambos países para colaborar en estas infraestructuras tecnológicas.

Según el Ejecutivo, en Canadá se abren oportunidades muy relevantes para el sector español de la descarbonización. En cuanto a las relaciones comerciales, el saldo comercial es deficitario (es decir, importamos más que exportamos) debido a las compras de hidrocarburos y materias primas. Sin embargo, las exportaciones españolas a aquel país son de alto valor añadido, destacando los bienes de equipo y los productos farmacéuticos.

Además, Canadá forma parte del mecanismo SAFE impulsado por la Unión Europea para desarrollar la industria de Defensa sin depender de un Estados Unidos cada vez más agresivo en sus relaciones con los socios tradicionales. Actores nacionales como Indra estarán presentes en el encuentro con empresarios. 

Otro ámbito en el que habrá reuniones bilaterales será en el turístico, con un encuentro entre aerolíneas españolas y canadienses con el objetivo de ampliar las rutas existentes entre ambos países. Las conexiones son complejas y no hay línea directa entre España y Ottawa, la capital. Sí con Toronto o Montreal. Una circunstancia que también afecta a las relaciones económicas entre ambos Estados.

El Partido Popular va a forzar un debate sobre el uso de las prórrogas presupuestarias por parte del Gobierno, aprovechando su mayoría en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Así, ha solicitado a la Mesa de este organismo parlamentario, en la que tienen mayoría, que se incorpore al próximo orden del día un debate sobre la Cuenta General del Estado 2024, al hilo del dictamen emitido por el fiscalizador.

La iniciativa ha sido presentada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el jefe económico de los populares, Alberto Nadal, que han tachado de “dictadura presupuestaria” las sucesivas prórrogas de las Cuentas de 2023, las últimas en vigor. Para Gamarra, esta será la primera oportunidad que tendrá el legislativo en este mandato para valorar la política presupuestaria del Ejecutivo.

“Llega el momento de que el Parlamento sí pueda pronunciarse, por primera vez en esta legislatura, en relación al Presupuesto. La anomalía democrática en la que nos tiene sumiso el sanchismo nos lleva a que lo tengamos que hacer en el cierre del ciclo presupuestario, es decir, viendo cómo ha terminado la foto porque no pudimos pronunciarmos en el momento inicial, porque no se presentó un Presupuesto”, ha dicho la dirigente popular.

Los populares quieren que el debate tenga lugar en la primera reunión de la Comisión, el próximo 21 de mayo, y reconocen la “relevancia política” de este movimiento, ya que sería la primera vez que un dictamen sobre la Cuenta General del Estado pueda ser tumbada en ambas Cámaras. Y, sobre todo, forzaría a Junts a posicionarse en cuanto a su apoyo a estas prácticas por parte del Ejecutivo.

El dictamen de la Comisión Mixta tendrá que ser elevado al Pleno del Congreso y también al del Senado. Puede darse la situación de que se apruebe en una cámara sí y en otra no. En ese caso, sería la votación por mayoría absoluta del Congreso la que sería determinante.

Si Gamarra ha hablado de “degeneración presupuestaria”, Nadal ha ido más allá y ha hablado de “dictadura presupuestaria”. Esto es así porque, aprovechando una flexibilidad presupuestaria incluida en el Presupuesto de 2023 a la salida de la pandemia, el Gobierno puede modificar las asignaciones de las distintas partidas presupuestarias con un acuerdo de Consejo de Ministros y sin que sea necesario pasar por el Congreso. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, ha deplorado.

El informe del Tribunal de Cuentas ya ha sido polémico, ya que puso de manifiesto que el Ejecutivo había empleado 2.389,4 millones de euros sobrantes de lo adjudicado al Plan de Recuperación (es decir, procedentes de fondos europeos) para el pago de pensiones de las clases pasivas. En el Gobierno y en la Comisión defienden que es legal, pero en el PP lo rechazan, aunque en un tono más bajo que el de los últimos días.

“La cuestión que ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas, y esa es la esencial, es que renglones presupuestarios que estaban pensados para políticas completamente distintas se han utilizado para financiar el incremento del gasto en pensiones de clases pasivas”, ha subrayado.

UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida a partir del 8 de junio en el transporte de mercancías y viajeros por carretera en protesta por el retraso del Gobierno en tramitar la petición de jubilación anticipada por penosidad y peligrosidad en este sector. El Ministerio de la Seguridad Social está elaborando un informe al respecto, por lo que CCOO no apoya el paro, ya que el proceso está aún en tramitación.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Ministerio de la Seguridad Social la consideración de la actividad como especialmente penosa, para poder aplicar así coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada sin penalizaciones.

Según han explicado en una rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Antonio Oviedo, y el responsable del sector de carreteras del sindicato, Diego Buenestado, si no reciben contestación a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Seguridad Social, seguirán adelante con su convocatoria de huelga, recoge la agencia EFE.

La convocatoria todavía no se ha presentado formalmente (debería hacerse la última semana de mayo), pero UGT espera que se sumen todas las organizaciones sindicales e incluso las patronales.

Los sindicalistas de UGT han afirmado que, dado que ha pasado el plazo establecido inicialmente para que el Ministerio de Seguridad Social emita el preceptivo informe sobre la penosidad de la profesión, de seis meses, considern que “actúa el silencio administrativo” y, por tanto, entienden denegada la petición.

Sin embargo, esta solicitud no se ha denegado. El Ministerio de la Seguridad Social está gestionado aún la petición, elaborando un informe al respecto, recuerdan en el departamento de Elma Saiz, del que tienen constancia tanto los agentes sociales como la prensa, ya que ha trascendido en múltiples informaciones.

CCOO no apoya el paro

CCOO, que también ha protestado por esta demora en el expediente de jubilación anticipada y ha advertido de la amenaza de huega, no considera que se cumplan las condiciones para hacer un paro.

El responsable del sector de Transporte por Carretera de CCOO, Francisco Vegas, aseguró ayer en declaraciones a EFE que el anuncio es “precipitado” porque el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en el informe que da respaldo a esa petición por lo que entiende que lo razonable es dar un margen al Gobierno para que remate ese documento.

Para Vegas, este llamamiento tiene “poco fundamento” porque se trata de una huelga contra las empresas, que, en este caso, no tienen capacidad para resolver el problema.

Las patronales también lo rechazan

Por otro lado, los empresarios agrupados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) –la más representativa en mercancías–, defienden que se trata de un conflicto con el Gobierno pero que a quien perjudica realmente es a las empresas, según ha explicado a EFE un portavoz.

Señalan además que los transportistas están ahora recuperándose del impacto de la subida de los carburantes tras la invasión de Irán por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, por lo que entienden que UGT elige un momento poco adecuado.

Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la mayor asociación del transporte de viajeros por carretera, ha dicho a EFE que el objeto de esta hipotética huelga sería, en todo caso, la Administración y no las empresas, por lo que sugiere “que hagan una cacerolada o una manifestación” pero que “no vayan contra las empresas”.

Las empresas y los ciudadanos serán “rehenes” de una decisión que debería ir contra la Administración, añade Barbadillo, que considera que lo “sensato” es esperar al pronunciamiento de la Administración.

También Fenadismer ha considerado “incomprensible” el anuncio de UGT y reclama trasladar las protestas ante el Ministerio de Seguridad Social, que es el que debe aprobar la declaración de la actividad como especialmente penosa, para que luego se puedan aplicar los coeficientes reductores que permitirán a los transportistas jubilarse anticipadamente.

Glovo y los representantes sindicales de la plantilla han acordado reducir a 436 el número de personas afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la plataforma de reparto a domicilio pretende ejecutar, lo que supone unas 300 menos de lo previsto inicialmente.

Según ha adelantado El País, con fuentes de CCOO, de los 436 despidos, 68 podrían no llegar a materializarse si el trabajador acepta ser reasignado a un municipio de más población situado a unos 19 kilómetros de su base de operaciones original.

En lo relativo a las indemnizaciones, Glovo y los sindicatos han pactado que, por lo general, se abonen 37 días por año trabajado, cuatro más que el máximo fijado en el Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente. No obstante, la cifra será de 42 días en aquellos territorios sin posibilidad de recolocación.

Para el cálculo de las cifras a desembolsar computará el periodo que los empleados hayan figurado como autónomos, y, asimismo, se revisará el régimen disciplinario con el que Glovo ha realizado muchos de los despidos de los últimos meses.

Algunas ciudades salen del ERE

La propuesta inicial del ERE contemplaba la salida de 766 repartidores y la afectación de servicios en las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Guipúzcoa, además de Ceuta y Melilla.

“Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la 'app' de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, afirmó en marzo un portavoz de Glovo durante el anuncio del ERE.

La negociación ha permitido “salvar” nueve “ciudades enteras” que iban a quedar sin servicio de reparto, han señalado a EFE fuentes sindicales, como Santander (Cantabria), Cullera (València) y Telde (Las Palmas), entre otras. Esas ciudades, en las que se iba a despedir a todos los trabajadores, han quedado finalmente sin afectación por el ERE.

Al mismo tiempo se ha acordado la recolocación de repartidores cuando exista una ciudad colindante a menos de 20 kilómetros de la suya. En esos casos, Glovo hará un pago único para compensar por los desplazamientos de ida y vuelta durante un año, han señalado esas fuentes.

La caída de los precios de la luz y el gas natural experimentada en el mes de abril ha activado la cláusula de desactivación de algunas de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la guerra. Los datos de la inflación difundidos este jueves por el INE confirman un abaratamiento tanto de la electricidad (4,3% menos) como del gas (9,6% menos) en relación con abril del año pasado, por lo que a partir del 1 de junio se reactivará el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA de la electricidad y el gas natural, briquetas, pellets y leña pasará del 10% al 21%.

El Gobierno incluyó en el Real Decreto-Ley de respuesta a la guerra en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo, varios mecanismos de desactivación automática de las medidas fiscales aprobadas. Estas herramientas estaban pensadas en el caso de que el conflicto acabara antes de lo previsto, cosa que no ha sucedido, o en el supuesto de que los precios de la energía no estallaran, como sí sucedió al hilo de la invasión rusa de Ucrania, en 2022.

Y, en cierta forma, han muerto de éxito. El mecanismo fijaba que si el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la electricidad, de los combustibles o del gas natural avanzaban menos de un 15% en abril, comparados con el mismo mes del año pasado, las rebajas fiscales desaparecerían desde el 1 de junio. El Gobierno apostó por este dato, apuntaron entonces fuentes del Ejecutivo, dado que los datos definitivos del mes de abril no se conocerían hasta entrado mayo (como es el caso) y permitirían al menos dos meses de precios contenidos.

Según los datos publicados por el INE, ese umbral del 15% sí se supera en el caso de los combustibles para vehículos personales, donde se hallan el gasóleo y la gasolina, disparados por los precios del petróleo a escala internacional, por lo que las medidas fiscales en este ámbito —tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional— seguirán en marcha hasta el 30 de junio. También el resto de medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores, transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico —42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos—.

La inflación se moderó en abril hasta el 3,2%, dos décimas por debajo de la cifra registrada en marzo con el estallido de la guerra, gracias a la bajada del precio de la electricidad y al efecto de las medidas fiscales que aprobó el Ejecutivo. El IPC subyacente —que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos— se moderó una décima, hasta el 2,8%.

En términos mensuales, los precios crecieron un 0,4% en abril, comparados con los de marzo. Sobre todo estuvieron impulsados por la subida de los precios del alojamiento y de la categoría de vestido y calzado, ante la nueva temporada primavera-verano.

Por comunidades, en Madrid se dispararon los precios un 3,8%, con seis comunidades con una inflación por encima de la media nacional. En Melilla el IPC avanzó un 2,5% y otras 8 comunidades registraron tasas inferiores al promedio de España.

En el Gobierno están satisfechos por el efecto del Plan de Respuesta a la guerra, que calculan que ha restado un punto porcentual al dato de inflación, y, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía señala que seguirán monitorizando la evolución de los precios. “España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra en Irán, tanto económica, como fiscal y energéticamente”, apuntan desde el departamento que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.