Hace unos días se filtró a algunos medios que el Ministerio de Defensa tiene algunas reservas sobre la construcción en Ferrol (Galicia) de una planta de vehículos eléctricos de la compañía china SAIC, pues argumenta que corre el riesgo de convertirse en un enclave de espionaje por parte del gobierno del Partido Comunista de China. No obstante, pocas horas después el propio Ministerio aclaró que permitiría el proyecto, que además cuenta con el apoyo entusiasta del gobierno tanto nacional (PSOE-Sumar) como autonómico (PP). Sin embargo, lo realmente importante en este caso tiene que ver con la disputa económica entre la Unión Europea y China, y que también alcanza a Estados Unidos.

Mientras la UE es escéptica ante la inversión extranjera china, promoviendo medidas regulatorias para influir en ella, y España muestra claro interés en atraerla, Estados Unidos es mucho más hostil y teme una alineación de los intereses europeos con los chinos. Ese es el fondo geopolítico. Y, ahora mismo, España es uno de los principales terrenos de juego donde se despliega esa redefinición de la política industrial occidental en el contexto de clara superioridad de la industria china del automóvil. Como argumentaré en este análisis, el caso de Ferrol es solo un episodio dentro de una batalla más grande que está reorganizando tanto el sector del automóvil como de la economía mundial en su conjunto.

España es una fábrica de automóviles

España no es una de las piezas principales del tablero por casualidad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la industria del automóvil ha sido un pilar de la economía española desde hace muchas décadas. Con precursores como la compañía Hispano-Suiza, que permitió el desarrollo en Cataluña de un importante tejido empresarial de producción de componentes, España intentó durante la Segunda República impulsar la producción de vehículos nacionales. La guerra civil frustró el proyecto, que solo se retomó parcialmente en los años cincuenta cuando, bajo el franquismo, se creó la compañía Seat con capital mayoritario español (aunque con participación de Fiat, que ponía la tecnología). En aquellos años también entraron en el país las multinacionales estadounidenses, y en 1971 España ya exportaba más vehículos de los que importaba, convirtiéndose en un nodo importante del sector automovilístico internacional.

A lo largo de las siguientes décadas España firmó acuerdos para liberalizar su economía, lo que convirtió a nuestro país en un lugar atractivo para multinacionales que buscaban aprovechar los bajos salarios españoles a fin de convertir el país en una plataforma de exportación de vehículos. Los años ochenta fueron un tiempo de reestructuración que favoreció a las nuevas multinacionales y perjudicó a las que ya estaban asentadas (por ejemplo, Seat fue vendida a la alemana Volkswagen). Tras el proceso, España reforzó su importancia en el sector automovilístico internacional, pero asumiendo un rol secundario y a cambio de renunciar a empresas de capital nacional o incluso públicas.

Pero solo de los segmentos con menos valor

En realidad, ninguna empresa o país fabrica enteramente un vehículo. La razón es que la producción moderna está mucho más fragmentada que hace un siglo, y la reducción de los costes de transporte y de comunicación ha facilitado la expansión de las cadenas globales de valor también en el sector de los vehículos. Lo que comienza en las oficinas de investigación y desarrollo y diseño del producto, sigue en las minas y refinerías con la extracción y procesamiento de recursos naturales necesarios para todas sus partes —desde la chapa hasta la electrónica—, continúa con el ensamblado y termina en las tareas de transporte, distribución, venta y posventa. El objetivo de las empresas es insertarse en los segmentos de mayor valor de esa cadena, que resultan ser los que están al principio (I+D, diseño, etc.) y al final (venta, financiación, postventa, etc.). En economía del desarrollo está asentado que los países que quieren ascender en la escalera del desarrollo deben esforzarse para que sus empresas capturen las tareas de mayor valor y dejen de especializarse en aquellas otras que sólo lo capturan residualmente; un proceso que, en la terminología técnica, suele llamarse upgrading (véase por ejemplo todo el trabajo de Gary Gereffi).

Ese reparto de diferentes tareas dentro de una larga cadena de producción permite hablar de una jerarquía, según la cual algunas empresas (y países) se encargan de las tareas que capturan mayor valor y proporcionan más beneficios a sus economías mientras otras asumen tareas más ingratas o que ofrecen menos rendimiento económico y social. Otra forma habitual de referirse a esta jerarquía es mediante las nociones de centro y periferia (y semiperiferia). En el sector del automóvil, por ejemplo, eso ha sido ampliamente estudiado entre otros por Petr Pavlínek. En su último libro, Pavlínek ha mostrado que esta industria está configurada en Europa de forma que Alemania ostenta una clara posición central, reservándose las tareas que capturan más valor, seguida por Francia e Italia.

Por otro lado, y a pesar de que el sector del automóvil representa en torno al 8% de todo el peso industrial y que la exportación de vehículos y partes de vehículos supuso en el año 2024 el 9,73% de las exportaciones brutas, España entraría en la categoría de semiperiferia, debido principalmente a su escaso control sobre el proceso productivo y su dedicación principal a tareas de ensamblaje. Finalmente, la periferia estaría reservada para los países del Este, que en las últimas décadas han atraído grandes inversiones de capital buscando aprovechar sus bajos salarios y proximidad a los centros alemanes.

Históricamente, los países del centro han hecho importantes esfuerzos para preservar el control de las empresas por parte de capital nacional o, incluso, para mantenerlas directamente bajo control público. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, Alemania es el país de la UE donde más alta es la propiedad nacional en el sector (79%), mientras que en España es del 29% (definida como control superior al 50% del capital accionarial). Este dato es precisamente uno de los elementos que la literatura señala como distintivo entre países del centro y de la periferia, ya que permite a los primeros el control sobre las decisiones de las empresas. Y no es un rasgo general de la economía española, sino una característica específica del sector, porque el control nacional es del 73% en el conjunto de la industria y solo del 29% en automoción.

Otro dato relevante es que Alemania invierte en I+D en el sector dos veces y media más que Francia, Italia y España juntas, lo que se explica porque se ha reservado para sí los segmentos de mayor valor añadido mientras ha deslocalizado y externalizado otros. Ambos datos abundan en la idea de que existe una jerarquía dentro de la cadena que sitúa a España en un lugar subordinado al centro (y por lo tanto, a sus intereses).

La irrupción reciente de China

La aparición del vehículo eléctrico ha cambiado no sólo la composición de las cadenas de valor (donde antes había un motor de combustión, ahora hay baterías y otros productos con distintos requerimientos tecnológicos y de recursos naturales), sino también la geografía económica internacional. El desplazamiento de la economía mundial hacia Asia tiene un vector principal aquí. China inició su upgrading tecnológico en el vehículo eléctrico a principios de siglo al incluirlo bajo el famoso programa 863 sobre alta tecnología. El nuevo objetivo era desarrollar y controlar toda la cadena de valor de la industria del coche eléctrico y sus componentes críticos, tales como las baterías y la electrónica.

Como consecuencia de aquellas decisiones, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, actualmente China controla el proceso de refino de hasta el 91% del grafito, el 85% de la separación de tierras raras, el 75% del cobalto, el 70% del litio y hasta el 49% del cobre. Se trata en todos los casos de recursos naturales críticos porque son indispensables para la producción de los vehículos eléctricos (aunque también se requieren para otros productos electrónicos, tales como portátiles o smartphones). Además, China produce el 80% de las baterías mundiales, y tal es la capacidad instalada que existe peligro real de sobreproducción.

Por otro lado, este casi monopolio ha convertido a los países occidentales en altamente dependientes de la producción china, hasta el punto de que la producción en Europa de baterías cubre sólo el 43% de la demanda y el resto se tiene que importar desde China —aunque se espera que ese porcentaje crezca precisamente por las nuevas inversiones chinas anunciadas para Europa—. Estas empresas dominan el mercado mundial con gran diferencia (en 2025, CATL tenía el 39,2%, BYD el 16,4%, CALB el 5,3%, Gotion el 4,5%, y EVE el 2,6%) y claramente por encima de las surcoreanas y las japonesas. Por su parte, las empresas europeas se encuentran, según un reciente artículo de investigación, unos 10 a 20 años por detrás en capacidad tecnológica en el mercado de las baterías.

El dominio sobre las baterías se extiende también al de los vehículos eléctricos en su conjunto. Detrás de este éxito está la política industrial del gobierno chino, aprovechando las economías de escala (con un mercado interno gigantesco), los ecosistemas tecnológicos y los recursos dedicados a investigación y desarrollo. La mayoría de las empresas líderes en baterías son privadas, como BYD y CATL, pero otras empresas de vehículos eléctricos como SAIC —la de Ferrol—, o Chery son de propiedad pública. Aunque la Comisión Europea critique ahora el papel de los subsidios chinos y acuse de competencia desleal a sus competidores, lo cierto es que las décadas de neoliberalismo europeo son, en este sentido, décadas perdidas frente a la mucho más eficaz política industrial de China.

Los datos de producción mundial hablan por sí solos. Según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2025 se produjeron un total de 22 millones de vehículos eléctricos, de los cuales el 72% se crearon en China. Y aunque la Unión Europea es la segunda región productora, su cuota global fue solo del 14,6%.

Además, de manera creciente los consumidores europeos están comprando vehículos chinos, ya que los fabricantes chinos están logrando precios relativamente bajos con su rápida innovación en baterías, electrónica y software. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad el principal proveedor de vehículos a la UE es China, y con mucha diferencia sobre los siguientes, como Turquía, Japón y Marruecos. Se trata de un panorama radicalmente distinto al de hace solo cinco años. No obstante, hay también diferencias cualitativas, ya que la mayoría de vehículos importados desde China y Japón son eléctricos (más del 70%), mientras que en Turquía o Marruecos son de combustión interna.

El papel de países como Marruecos y Turquía debe destacarse aquí porque su crecimiento como países de exportación desvela la creación de nuevas periferias por parte de las multinacionales del automóvil. En la búsqueda de reducción de costes, estos países ofrecen atractivos fiscales, laborales y económicos con los que competir internacionalmente. En este sentido, hasta donde sabemos la transición al vehículo eléctrico no ha implicado cambios en la configuración centro-periferia dentro de la Unión Europea: un reciente estudio de los economistas Manuel Gracia, María J. Paz y Mario Rísquez ha demostrado que Alemania está logrando reforzar su papel dominante en Europa, frente al papel subordinado de países como Reino Unido, España e Italia y a pesar de la creciente importancia de Hungría y Polonia en la producción de las baterías. Sin embargo, el crecimiento de China como gran potencia automovilística sí está afectando seriamente al negocio alemán, como ya vimos en este otro análisis donde comentábamos la crisis económica del país germano y que algunos analistas definen como “China shock 2.0”.

La inversión extranjera directa de China

Preocupadas por la capacidad competitiva de los vehículos chinos, la respuesta de las autoridades de la Unión Europea fue acusar a las empresas chinas de beneficiarse de subvenciones no legales, es decir, de competencia desleal. Eso permitió activar una cláusula antisubvención, imponiendo aranceles altos a las compañías chinas. En el caso de SAIC alcanzan el tipo máximo, de 35,3%, por no haber cooperado. En realidad, no es que la Unión Europea busque frenar la inversión extranjera directa china, sino que quiere condicionar su llegada obligándole a cumplir algunos compromisos a cambio de permitirle producir dentro del territorio europeo. Por cierto, España se abstuvo en la votación sobre los aranceles; algo que quizás explique por qué la planta de SAIC aterrizará aquí y no en Hungría como se barajaba inicialmente.

Otra parte de la respuesta europea ha llegado a través del Industrial Accelerator Act, una propuesta todavía no definitiva y que está claramente pensada para condicionar la expansión de China. De acuerdo con la propuesta, cuando la IED supere los 100 millones de euros y proceda de países con una cuota global manufacturera superior al 40% —léase, China—, las empresas tendrán que cumplir al menos cuatro de seis condiciones tales como no superar el 49% de la propiedad, que la mitad de los trabajadores sean europeos, la transferencia de tecnología, compromisos de I+D en la UE y que se abastezcan de al menos un 30% de insumos europeos. Es una normativa en proceso de aprobación y aún estamos muy lejos de saber si funcionará, aunque pertenece al nuevo espíritu neomercantilista de los países occidentales.

Lo cierto es que en el año 2025 la inversión extranjera directa china en Europa se incrementó un 67%, el mayor nivel desde 2018 —cuando el capital chino se dedicaba a invertir en todo tipo de actividades, muchas consideradas de alto riesgo para el gobierno chino que las acabó frenando—. De hecho, la dinámica de la inversión extranjera directa ha cambiado en los últimos años, pasando de priorizar las fusiones y adquisiciones a invertir en nuevas plantas, como el caso de Ferrol. Es de particular importancia observar que el 45% de esta inversión se ha dirigido al sector automovilístico, y la inmensa mayoría a las cadenas de valor del vehículo eléctrico.

Según los datos de Rhodium Group, la IED china está dirigiéndose de forma creciente a España, aunque todavía en niveles muy reducidos en comparación con las cifras que reciben otros países europeos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la inversión china en el coche eléctrico se ha disparado desde 2019 y, sobre todo, desde 2023. El destino de esas inversiones ha estado fundamentalmente en la periferia y semiperiferia, con un papel destacado de Hungría y recientemente de España. Es lo que podíamos esperar de inversiones que buscan externalizar únicamente las partes del proceso productivo que capturan menos valor. El capital sigue siendo chino, y la I+D y el diseño siguen quedándose en el gigante asiático.

Según la información oficial, la inversión en Ferrol es de cerca de 200 millones de euros, esperándose que se produzcan 120.000 vehículos al año y se creen unos 2.000 empleos directos e indirectos en total. Sin embargo, las operaciones de la planta serán aquellas propias del ensamblaje a partir de componentes y carrocerías previamente fabricados, sin incluir todavía estampación, carrocería ni pintura. Estas otras operaciones, así como la fabricación de otros componentes, se plantean como desarrollos posteriores del proyecto global. Este es el tipo de tareas dentro de la cadena de valor que la literatura señala como propia de países periféricos o semi-periféricos, al no incorporar las tareas previas de I+D y diseño, mientras que las posteriores de venta y posventa quedan en el aire al depender de si los productos son para exportación o para su venta en España.

Las dudas abiertas

Hay varios dilemas que se solapan en todo este análisis. Por un lado, España sigue dependiendo en buena medida del centro europeo en términos del vehículo de combustión interna. La presión de estos fabricantes ya desembocó en diciembre de 2025 en la renuncia de la Comisión Europea a prohibir estos vehículos para 2035. Por otro lado, la transición hacia el vehículo eléctrico está alterando rápidamente las relaciones de poder dentro de la industria y abriendo la puerta a nuevos centros de producción y de decisión. España se ha mostrado, además, partidaria de mantener una cierta autonomía frente a la disputa entre Estados Unidos y China. Esa posición puede proporcionarle una ventaja para atraer inversiones, pero todavía está por ver si se traducirá en una transformación estructural de nuestra posición en la industria.

El problema es que no se trata únicamente de cuánto se produce en España, sino qué se produce, quién lo controla y quién captura el valor generado. Un país puede aumentar su producción industrial, sus exportaciones y su empleo y, sin embargo, mantener una posición subordinada si las decisiones estratégicas, la tecnología, el diseño, la investigación y una parte sustancial de los beneficios permanecen fuera de sus fronteras. El resultado es una enorme vulnerabilidad, además de una estructura productiva menos sólida y rica. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en buena parte del desarrollo de la industria española del automóvil, como ya hemos visto: España es una gran fábrica de vehículos, pero las empresas que controlan las principales decisiones estratégicas son mayoritariamente extranjeras.

La llegada del capital chino plantea, además, una paradoja. Puede contribuir a reindustrializar España y, al mismo tiempo, reproducir su posición dentro de las cadenas globales de valor. Sustituir una inversión alemana por una china no supone necesariamente un cambio en la posición que ocupa España en esa cadena. Si las nuevas plantas se limitan al ensamblaje y las actividades de mayor valor añadido —I+D, diseño, tecnología, propiedad intelectual y decisiones estratégicas— permanecen en China, habremos ganado capacidad productiva sin haber ganado necesariamente capacidad económica. Pero tampoco sería correcto asumir que esto ocurrirá inevitablemente. La llegada de SAIC a Ferrol puede crear empleo y actividad económica, pero su verdadero impacto industrial dependerá de si alrededor de la planta se desarrollan proveedores, capacidades tecnológicas, formación, investigación y nuevas actividades de mayor valor añadido. En el pliego oficial aparecen esas ideas como deseo, pero sin garantías de que ocurra.

La respuesta europea es también una paradoja. Durante décadas, la Unión Europea confió en que la liberalización, la competencia y la especialización internacional serían suficientes para mantener su posición industrial. Ahora, ante la competencia china y su liderazgo tecnológico, está recuperando herramientas que durante mucho tiempo había considerado anatema: aranceles, requisitos de contenido local, condicionamiento de las inversiones, ayudas públicas y políticas industriales. Es decir, Europa está girando, aunque sea parcialmente, pero a gran velocidad, a una política industrial de carácter neomercantilista.

Por eso, es un error hacer girar el debate en torno a la pregunta sobre qué nacionalidad queremos que tengan los capitales entrantes, si chinos, alemanes o estadounidenses. Mucho más torpe es reducirlo a un problema de espionaje. Lo más relevante es saber qué queremos hacer con la llegada de esos capitales. Si la inversión extranjera sirve para ampliar las capacidades productivas, tecnológicas y de conocimiento del país, puede ser un instrumento de reindustrialización. El ejemplo histórico chino, precisamente, demuestra que puede ser una palanca viable. Pero si esa inversión extranjera simplemente convierte España en el lugar donde diferentes multinacionales ensamblan sus productos para acceder al mercado europeo, el cambio será mucho más limitado: tendremos más fábricas, pero no necesariamente más control sobre nuestra economía. Estamos encerrados en el dilema clásico que durante un siglo ha atormentado a todos los países periféricos y del Sur Global —y a todos los economistas del desarrollo—. Y eso, en sí mismo, ya nos dice algo.

Cuando Celeste, odontóloga, se reunió con su por entonces casero en febrero de este año para ver si le renovaría el alquiler de su piso compartido en Paseo de la Chopera, 29, en Madrid, la respuesta fue negativa. “El negocio está cambiando, me sale más a cuenta alquilar a empresas que lidiar con los inquilinos”, cuenta que le dijo Juan Luis del Pozo, dueño del edificio. Desde hace ya unos años, la mayoría de inquilinos se tienen que ir cuando finalizan el contrato, como hizo poco después Celeste. El dueño alquila las viviendas a la empresa Madrid Compartido, gestionada por un joven inmobro, que a su vez convierte el comedor en habitación para realquilar el piso troceado por cuartos, pasando de repente de costar 900 a unos 2.000 euros en plena crisis de vivienda.

Lo constata ante el bloque una vecina que paga 690 euros por una habitación donde vive con su pareja. Viven en total 8 personas en su piso, entre quienes viven solos y en pareja en la habitación. Confirma que el apartamento tiene ahora cinco habitaciones y ningún salón y explica que el precio varía en función del tamaño del cuarto y también de la demanda. “Cuando está mucho tiempo vacío, lo bajan”. Con precios que oscilan entre 450 y 690 euros, el piso en total no baja de los 2.500 euros. En el portal, hasta 16 timbres tienen como etiqueta “no funciona”.

“Lo aceptamos porque no piden papeles, es mucho más rápido que cualquier otro alquiler”, cuenta María, venezolana, que está buscando alternativa y espera que le sea más fácil ahora que se ha acogido a la regularización. Los buzones del portal reflejan esta nueva realidad, que expulsa a inquilinos, ahoga a los nuevos y es totalmente legal: siete de los 48 buzones del bloque tienen el logo de la empresa en vez del nombre de sus inquilinos.

Los contratos de habitaciones no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otorgan menos derechos que los de vivienda habitual, a la espera de que el nuevo decreto que negocia el Gobierno cambie esta situación. Para el rent to rent de estos pisos, como se conoce en el sector a la práctica de alquilar para subarrendar, la empresa de Del Pozo, Hice SL, dueña del bloque, se alía con Madrid Compartido, nombre de cara al público de Domático 22, gestionada por el inmobro (como se conoce a los jóvenes que promocionan la especulación de vivienda en las redes como si fueran criptomonedas) Juan Carlos Atroche.

Juan Carlos tiene solo 26 años y a los 23, hace tres años, ya presumía de gestionar 197 habitaciones en ‘Libre a los 30’, un pódcast de YouTube de entrevistas con especuladores. En su intervención, no escondía el modus operandi de sus negocios y decía preferir el alquiler de habitaciones por varios motivos.

En general, es “mucho más rentable”, pero incluso en un caso en el que ganaba menos dinero, lo prefería: “Tengo un bajo de 30 metros cuadrados que tiene una habitación y un salón y lo hemos convertido en dos habitaciones. Gano 50 euros menos que si lo alquilara entero, pero el dinero que se gana por la rotación, la tranquilidad de ir a ver el piso cuando yo quiera…”. “A mí me gusta ir a ver el piso cuando me apetezca y eso en un alquiler habitual no lo puedes hacer”, explicaba.

En efecto, un contrato firmado fuera de la LAU permite que el tiempo sea el pactado por las partes y, en general, la gente abandona este tipo de vivienda pasados unos meses por su elevado precio y poco espacio de intimidad. Y también queda fuera de la prohibición de cobrar honorarios. “Hay habitaciones de 700 euros que han estado un mes y se han ido, han pagado el mes de inmobiliaria y se han ido y has ganado 1.400 euros en un mes”, contaba entre risas. “A mí me cancelan 10 o 12 personas al mes”, añadía aclarando que podía ganar dinero con la gestión incluso con gente que no llega a pisar las habitaciones.

María, inquilina actual de una habitación, confirma este extremo como clienta: ella tuvo que pagar la mitad del precio de su habitación por la intermediación. Paola, nombre ficticio, es otra inquilina que vive hoy en una habitación alquilada y muestra el contrato que prueba que la habitación está a nombre de Domático 22 y no de Hice, SL.

Paola, contable de 33 años, llegó a esa habitación el año pasado con su pareja a través de Idealista y la dejó hace unas semanas. Pagaba 550 euros, pero “pocos meses después, la misma habitación en otros pisos estaba a 620”, cuenta. Su piso tenía 4 habitaciones, uno menos que el de María, y llegaron a convivir en él hasta tres parejas, un total de siete personas. A 500 euros de media, tampoco debía bajar de los 2.000 euros. Paola estudia además ahora denunciar a Domático porque no les devuelven la fianza ni responden a sus llamadas.

En la entrevista de Youtube de 2023, Juan Carlos cuenta que realiza inversiones de más de 10.000 euros para adaptar el piso al alquiler y que después puede pagar de alquiler unos 800 euros para llevarse 1.581 al mes por los alquileres de habitaciones. En el piso de Chopera, todo apunta más bien a que pueda pagar unos 1.200 de alquiler y llevarse 2.000, pero ni Juan Carlos ni Juan Luis han respondido a las peticiones de elDiario.es.

Paola cuenta que “cualquier reparación era una batalla”, como por ejemplo un arreglo de la caldera que les llevó a estar un mes sin agua caliente. La convivencia en esta especie de habitaciones calientes “se puede hacer dura”, cuenta Paola, que enumera unas 12 personas que vivieron con ella en varios meses. “No hay convivencia. Cada uno va a su ritmo. Vienes a dormir, te despiertas, vas al trabajo y vuelves a casa a dormir”, relata.

La ya ex inquilina asegura que en uno de los pisos ha llegado a haber turnos para dormir porque en una misma habitación podían vivir unas 7 personas. “La mayoría de gente son migrantes, que aceptan estas habitaciones porque no tienen nada y es la forma rápida de acceder a vivienda sin presentar una gran cantidad de documentación”, explica Paola, “pero esta convivencia te puede llegar a enfermar”, remata contundente. Ella y su pareja, además, encontraron esta vivienda después de ser estafados por un supuesto propietario que les cobró una fianza sin tener ningún piso.

Además de Celeste, la ex inquilina del primer párrafo, elDiario.es ha hablado con otras tres inquilinas que tuvieron que abandonar su piso en Paseo de la Chopera al vencer el contrato. En algunos casos, el casero ha renovado el alquiler a inquilinos antiguos y otros viven a la espera de saber qué pasará.

Es el caso de Rocío, nombre ficticio, a quien le quedan un par de años de contrato y ya se va a haciendo a la idea de que le tocará salir. “Desde que han ido entrando los pisos por habitaciones, la convivencia ha ido empeorando porque no le pones cara a los vecinos. Duran unos meses y se van”, cuenta. Y denuncia, además, que las basuras están descontroladas a pesar de que el casero ha decidido que paguen ellas el impuesto.

Echando a los inquilinos incómodos

En 2003, cuando el dueño del bloque todavía no había empezado su migración al alquiler de habitaciones por el doble de precio, el casero ya tuvo un conflicto legal con algunos inquilinos. La empresa de Juan Luis del Pozo se negó a cumplir el tope del 2% de subidas anuales de alquiler que había aprobado el Gobierno con motivo de la guerra de Ucrania, y la presión colectiva a través del Sindicato de Inquilinas hizo que el casero cediera y devolviera 25.000 euros, unos 175 por hogar, informó El Salto. Además, pretendía rescindir los contratos para subirlos un 60%, denuncian los exinquilinos.

Inmediatamente, empezó a proponer subidas del 60% para los contratos que vencían y pocos meses después comenzó a poner sus viviendas al servicio del realquiler por habitaciones. A quienes estaban implicados en la lucha por pedir el cumplimiento de la ley no se les renovó el contrato. La lucha unió a otros dos bloques también propiedad de la misma empresa, en la madrileña calle Valladolid, en Casa de Campo, y en Martín Cerezo, en el barrio de San Isidro.

La empresa inmobiliaria de Juan Luis del Pozo, Hice, S.L., facturó 698.000 euros en 2025, de los que consiguió 278.000 de beneficio con tan solo dos personas contratadas, según cifras del registro mercantil. La familia tiene otras empresas con las que gestiona los otros bloques: Caspima facturó 472.000 y ganó más de 90.000 en 2023 y de Cosvaz figuran resultados de 2020 con medio millón de euros de facturación y 278.000 de beneficio. En total, por el alquiler de unos 160 inmuebles facturan algo más de millón y medio con un beneficio que ronda el medio millón.

En cuanto a la empresa de Juan Carlos, Domático 22, conocida por el público como Madrid Compartido y marca de la empresa Boende 22, facturó 154.000 euros en 2024, último ejercicio disponible, con solo dos años de vida. Casi toda la cifra de negocios se tradujo en beneficios, que alcanzaron los 121.867. Pero es que, además, registró como “otros ingresos de explotación” 1,6 millones de euros, seguramente porque ahí es donde se imputan los alquileres. Por entonces tenía 11 trabajadores contratados.

Madrid Compartido tiene 50 pisos publicados en Idealista con precios que van de los 400 a los 650 euros al mes. Entre los anuncios, hay uno en Paseo de la Chopera por 550 euros en un piso a compartir con 9 personas y que exige el pago de gastos de gestión.

En octubre de 2024, Facua pidió investigar a la empresa porque descaradamente anunciaba el alquiler de habitaciones como “una vía legal para esquivar la nueva ley del alquiler y multiplicar tus ingresos como propietario”. “Te ofrecemos la flexibilidad necesaria para subir el precio del alquiler, decidir la duración del contrato y establecer cláusulas que la legislación de arrendamientos urbanos no permite”, decía el anuncio.

La compañía tecnológica Nvidia ha anunciado que respaldará con hasta 105.000 millones de dólares (unos 90.600 millones de euros) la construcción de un centro de datos en el estado de Ohio (EEUU), que será edificado y operado por la compañía SB Energy y cuyo cliente será la 'startup' de inteligencia artificial OpenAI, creadora de ChatGPT, a través de un contrato de arrendamiento de 20 años.

Tal y como ha registrado Nvidia en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la financiación podría superar los 90.000 millones de euros, un desembolso que está sujeto a condiciones específicas como que SB Energy permita la prestación de servicios a través del centro de datos a partir de 2028.

El campus tecnológico Ports-Pike en Ohio permitirá responder a la creciente demanda de infraestructura de IA y “sentará las bases para los avances del futuro, permitiendo a las comunidades impulsar el descubrimiento científico, los avances en la atención médica y el desarrollo económico regional”, reza un comunicado emitido por Nvidia, recogido por Europa Press.

Las instalaciones tendrá una capacidad inicial de 4,25 gigavatios (GW) que podrán ampliarse en 3,75 GW, lo que permitirá un total de 8 GW, con los primeros 800 megavatios (MW) disponibles para 2028.

Invertirá 1.300 millones en la empresa que desarrolla la infraestructura

Está previsto que el proyecto genere 35.000 puestos de trabajo en la construcción durante sus seis años de desarrollo, hasta 2032, y 2.500 empleos operativos a largo plazo. Asimismo, OpenAI invertirá unos 84 millones de dólares (72 millones de euros) para que todos los estudiantes universitarios de Ohio tengan acceso a herramientas de ChatGPT.

Por otro lado, Nvidia destinará 1.500 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros) en SB Energy y respaldar así su evolución para convertirse en un desarrollador líder de infraestructura de IA.

“Estamos garantizando una infraestructura duradera para la computación de Nvidia, de modo que OpenAI pueda implementar las fábricas de IA más productivas, que se pueden actualizar repetidamente con cada nueva generación, ofreciendo mayor inteligencia y una mejor rentabilidad”, ha destacado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

“Este será un centro enorme, con la capacidad informática suficiente para ayudar a millones de personas a utilizar la IA para realizar tareas que hoy apenas podemos imaginar, desde descubrir nuevos medicamentos hasta crear empresas y resolver problemas complejos”, ha declarado el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman.

“La infraestructura es vital para la economía de la IA. Junto con SoftBank Group, OpenAI y Nvidia, SB Energy está construyendo infraestructura centrada en la energía a una escala sin precedentes, al tiempo que fortalece las comunidades que lo hacen posible: protegiendo a los consumidores, creando decenas de miles de empleos bien remunerados e invirtiendo en infraestructura para revitalizar el sur de Ohio, que durante mucho tiempo ha moldeado el futuro de Estados Unidos”, ha indicado el coCEO de SB Energy, Rich Hossfeld.

La Generalitat de Catalunya está preparando junto con los ayuntamientos un nuevo sistema que utiliza la inteligencia artificial (IA) para identificar las viviendas vacías que hay en cada municipio, con el objetivo de movilizar estos inmuebles en el futuro, según ha explicado el director general de Vivienda del Govern, Jordi Mas, entrevistado en ‘3Cat’.

El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de Lleida desarrolla el nuevo sistema desde hace dos meses, por encargo de la Generalitat. El modelo tecnológico utiliza datos de consumo de agua y electricidad, el padrón y la información presencial de algunos ayuntamientos para determinar si una vivienda está desocupada.

Mas ha destacado que hasta ahora eran necesarias las visitas de un funcionario para determinar si una vivienda estaba vacía, pero que, con el nuevo marco normativo, los ayuntamientos pueden utilizar los datos disponibles para conocer el estado de una vivienda más rápidamente.

El objetivo del Govern es tener listo un mapa de prevalencia de viviendas vacías a partir del próximo año, para disponer de suficiente información con la que la Generalitat y los ayuntamientos puedan poner en marcha medidas para movilizar el parque de este tipo de pisos.

Con la nueva información, Mas considera más positivo centrarse en una estrategia de “incentivación” para movilizar las viviendas, en lugar de iniciar procedimientos sancionadores. “Obtendremos mejores resultados que con una penalización extrema como llegar a la expropiación”, afirma el director general.

La Administración catalana no es partidaria de imponer sanciones por mantener los pisos desocupados y apuesta por contactar con los propietarios para favorecer que las viviendas vuelvan a estar disponibles para nuevos inquilinos.

El Gobierno francés, que afronta una situación muy delicada por sus cuentas públicas, con una fuerte presión de los mercados sobre los tipos de su deuda, baraja la posibilidad de congelar las pensiones más altas en 2027 o al menos no revalorizarlas al nivel de la inflación -lo que supone una pérdida de poder adquisitivo- para contener el déficit.

“La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse”, ha escrito este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en la red social Bluesky, según informa EFE.

Lescure reiteró así un globo sonda que él mismo había dejado caer en una entrevista a Libération publicada el pasado viernes, en la que puntualizó que la decisión no estaba tomada y que en todo caso el objetivo era preservar de ese posible ajuste a “los pensionistas más modestos”.

El ministro replicaba en Bluesky a las críticas de uno de sus antecesores en el puesto y antiguo comisario europeo, Thierry Breton, quien el domingo en una entrevista al canal BFMTV echó en cara al Ejecutivo la congelación a comienzos de año de la reforma de las pensiones, que debía retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Para Breton, el Gobierno había querido salvar el pellejo en enero con esa suspensión de la reforma -era la exigencia de los socialistas para no tumbarlo en una moción de censura- y debe hacer frente ahora a una decisión con una solución que le resulta peor, al penalizar los pensionistas actuales.

Lescure contestó las cifras ofrecidas por Breton en su razonamiento sobre el coste para las finanzas públicas de esa suspensión de la reforma de las pensiones, pero, más allá de eso, puso el acento en que “el equilibrio financiero del sistema sigue siendo un tema crucial que hay que abordar basándose en los hechos”.

Por lo demás, el titular de Finanzas no precisó en quiénes piensa de forma precisa cuando habla de no revalorizar de forma completa las pensiones de los jubilados más acomodados.

Hasta 1.500 millones de ahorro

Algunos expertos han estimado que si sólo se revalorizaran en la mitad de la inflación (que era del 2,1% en julio) las pensiones de los que cobran 3.000 euros brutos, eso únicamente permitiría un ahorro de 700 millones de euros, que pasarían a ser 1.500 millones si se aplicara a los que ganan más de 2.000 euros.

Esa idea que llevaba días circulando sin atribución precisa llegaba a unas semanas de que el Gobierno tenga que mostrar sus cartas con la presentación del proyecto de presupuestos para 2027, que es un año electoral, con las presidenciales programadas el 18 de abril y el 2 de mayo.

Unas elecciones en las que el voto de los pensionistas será muy importante, sabiendo que es un colectivo muy numeroso (casi un 25% de la población) y de los que registran un mayor nivel de participación.

Francia fue en 2025 el segundo país de la zona euro con el déficit más elevado sólo por detrás de Bélgica, con un 5,1% de su producto interior bruto (PIB).

Por ello, París se había marcado como objetivo reducirlo muy ligeramente en 2026, al 5%, con vistas en que se quedara en 2029 por debajo del 3%, que es el límite que fija el Pacto de Estabilidad europeo.

El problema es que las consecuencias de Oriente Medio hacen muy difícil el cumplimiento de ese 5% este año y, según Le Monde, la nueva meta para el presupuesto de 2027 sería ahora menos ambiciosa, del 4,9%, lo que en la práctica comprometería cualquier posibilidad de reducirlo por debajo del 3% en 2029.

La exposición a la radiación ultravioleta solar es el tercer carcinógeno del trabajo más importante, solo por detrás del amianto y el polvo de sílice, recuerda este lunes un informe de Comisiones Obreras, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sindicato ha pedido al Gobierno que reconozca el cáncer de piel derivado de esta exposición solar laboral como enfermedad profesional, como ya han hecho países como Alemania, Bélgica y Portugal, entre otros.

La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO recuerda la investigación de la OMS de 2023 que advirtió de que casi una de cada tres muertes por cáncer de piel distinto al melanoma se debe al trabajo bajo el sol, según estimaciones conjuntas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estas muertes están además en aumento. La investigación, publicada en la revista Environment International, sostiene que “las muertes por cáncer de piel atribuibles a la exposición laboral a la luz solar casi se duplicaron” en los últimos 19 años. “Aumentaron un 88%, de 10.088 muertes en 2000 a 18.960 muertes en 2019”, subrayó la OIT.

Más allá de los fallecimientos, la investigación internacional constató también que la exposición prolongada a la radiación solar durante la jornada laboral incrementa un 60% el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

“El cáncer de piel no melanoma puede presentarse como una herida que no cicatriza, una costra recurrente, una placa rojiza, un bulto brillante o una lesión que sangra con facilidad”, explica el informe de CCOO.

“Tiene una tasa de curación muy alta (cercana al 95% si se detecta a tiempo) y rara vez produce metástasis. Habitualmente no pone en riesgo la vida de inmediato, aunque si se deja crecer, la cirugía para extirparlo puede dejar cicatrices notorias o requerir reconstrucciones complejas en las zonas más expuestas, especialmente en el rostro”, añade el documento.

Sin embargo, el sindicato recuerda que el melanoma, aunque representa un porcentaje menor “(entre el 1 y el 4% de los casos), causa aproximadamente el 80% de las muertes por cáncer de piel debido a su alta capacidad de crecer rápido y producir metástasis”.

Así, CCOO ha propuesto en el grupo técnico de Enfermedades Profesionales del INSS que el cáncer de piel derivado de la exposición solar sea considerado una enfermedad profesional en España. “En Europa ya hay países que si lo están reconociendo como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Portugal o Rumania”, destaca el sindicato.

Agricultura, construcción y pesca, los más expuestos

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en la UE existen 14,5 millones de trabajadores expuestos a radiación solar durante al menos el 75% de su jornada laboral.

Entre ellos, “destacan colectivos laborales muy masculinizados como agricultores, trabajadores de la construcción, el trabajo en carreteras, la pesca, personal de servicios urbanos (limpieza viaria, recogida de residuos, jardineros), entre otros”, recoge el informe.

El sindicato advierte de que la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con los rayos ultravioleta “se pueden prevenir y/o minimizar, implantando las medidas necesarias que protejan a las personas trabajadoras de los riesgos que supone trabajar al aire libre bajo la exposición solar”.

En primer lugar, las empresas deben identificar y evaluar el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta de sus plantillas y, a partir de ahí, tomar medidas como planificar el trabajo teniendo en cuenta los niveles de radiación solar y adoptar medidas preventivas adecuadas.

“Entre estas medidas podemos citar algunas como limitar la exposición en las horas de mayor radiación, habilitar zonas de sombra, proporcionar ropa y equipos de protección adecuados, y garantizar la formación e información de las personas trabajadoras, así como una vigilancia de la salud específica que permita diagnósticos precoces”, explica el sindicato.

El INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) recoge información y ejemplos de medidas preventivas en su campaña 'con sol es tiempo de prevención'.

Pontegadea, el 'holding' empresarial del fundador de Inditex Amancio Ortega, formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, ganó 10.055 millones de euros en 2025, lo que supone un 7,8% más que en el ejercicio precedente.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a los 110.615 millones de euros de 2024, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil consultadas por Europa Press a través de Informa D&B.

El conglomerado de empresas registró una facturación de 44.638 millones de euros, un 3,5% más, mientras que el patrimonio neto ascendió a los 95.651 millones de euros, por encima de los 90.546 millones de euros de 2024.

De esta forma, Pontegadea Inversiones, propietario del 50,01% de Inditex, ha elevado un 10,3% su beneficio en 2025, hasta alcanzar los 2.518 millones de euros, mientras que la cifra de negocios se situó en los 2.667 millones de euros.

El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía textil, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex en el sector inmobiliario.

De esta forma, Ortega ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado.

El fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Venta en Portugal

Por otro lado y entre las últimas operaciones de Pontegadea, a finales de la semana pasada acordó la venta de su participación del 13,7% al Estado portugués en el operador de la red eléctrica Redes Energéticas Nacionais (REN).

En concreto, esta operación se realizará con la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública, según ha informado el operador de red eléctrica luso a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

Además, el vehículo inversor de Amancio Ortega desembarcó en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar el pasado viernes la adquisición del 'holding' logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).

La compañía Airbus ha contratado los servicios de asesoramiento del despacho de abogados Baker Mckenzie, con el fin de encontrar lo antes posible “vías adicionales de entendimiento” con los sindicatos -que preparan otra huelga para el 24 de agosto- ante la “complejidad” del proceso de negociación.

“Actualmente, la huelga en España no está teniendo un impacto en las entregas de los aviones comerciales de Airbus, ya que disponemos de márgenes de fabricación suficientes para mitigar los efectos de esta situación”, han aclarado a EFE fuentes de Airbus este lunes.

No obstante, la compañía sigue “monitoreando” de cerca la evolución de los acontecimientos y confían en una “pronta resolución”.

La contratación de este despacho de abogados, que ha adelantado este lunes El Confidencial, se ha hecho ante la “complejidad” del proceso de negociación con los sindicatos, que el 1 de julio convocaron una huelga indefinida que pararon en agosto y que ya han advertido de que la volverán a convocar el 24 de agosto.

El pasado julio, el sindicato SIPA (Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos) convocó el paro por el descontento que tenían ante su situación laboral, principalmente por la reducción del teletrabajo, la subida de los salarios y la imposición de vacaciones, al que se unieron luego más sindicatos.

Tras un seguimiento masivo y unos paros que ganaron fuerza con el paso de los días, la empresa se abrió a negociar con los trabajadores.

Airbus alcanzó un preacuerdo con CCOO, SIPA y ATP, que fue rechazado por UGT, CGT y UTIL.

La compañía sometió este preacuerdo a un referéndum de la plantilla en julio, que fue rechazado por el 49,15% de los votantes. Por su parte, el 45,95% apoyó el texto.

Posteriormente, la compañía pidió la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y se convocó una reunión el pasado día 11 de agosto, que finalmente no se celebró y quedó aplazada para este jueves 20 de agosto.

El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los cálculos de Facua Consumidores en Acción.

De mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la factura se situará en los 101,23 euros, según la asociación, que advierte de que habría que remontarse a 2022 (en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia) para encontrar una factura de agosto más alta, cuando alcanzó los 158,30 euros.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de energía consumida en esta primera quincena se ha situado en 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en el llano y 21,34 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos). Así, de momento, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 13,9% en punta, un 21,7% en llano y un 37,1% en valle, según los cálculos de Facua.

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena el recibo ha subido un 17,3% con respecto al mismo periodo de agosto de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 86,31 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kWh mensuales- del mes de agosto fue de 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de agosto, la subida con respecto a julio -que ya era el mes más caro del año con 93,65 euros- alcanza el 8,1%. El siguiente mes con la factura más cara fue marzo, con 82,09 euros. Así, habría que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar un recibo de la luz más alto, cuando entonces costó 87 euros.

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Facua reclama “cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica”. Además, pide que la energía nuclear y la hidráulica salgan de la subasta diaria y sean sometidas a un precio fijado por el Ejecutivo que se revise periódicamente.

El Ministerio de Función Pública estudia con las comunidades autónomas sancionar a gestores públicos por el abuso de interinos en la Administración, según ha adelantado El País y confirma a elDiario.es el departamento que lidera Óscar López. El Ministerio está tratando de acotar y cifrar el problema de abuso, que por el momento cifra en “menos de 200.0000” trabajadores temporales.

La medida está debatiéndose junto a otras iniciativas y cambios legales para reducir notablemente los trabajadores temporales en el sector público (casi un tercio en la actualidad frente a la meta establecida del 8%), por lo que Bruselas tiene abiertos varios expedientes contra España.

La sanción a gestores públicos está aún siendo debatida en la mesa de negociación abierta con las comunidades y ayuntamientos, las que más temporales tienen, y presenta la dificultad de acotar a qué nivel y cargo público dirigir la responsabilidad del abuso de interinos y, por tanto, la sanción que finalmente se establezca, explica El País.

Así, por ejemplo, ante el abuso de sanitarios interinos en un hospital, se presenta la discusión de qué gestor es el verdadero responsable de esta situación. Muchas veces, el recurso a interinos es la única manera de atender el servicio público en cuestión, ante la falta (o demora) de las convocatorias de plazas estables.

elDiario.es ha consultado a Función Pública si se baraja sancionar a cargos políticos, como Consejeros de Sanidad o Educación, por ejemplo, dos de los sectores con más interinos, pero no ha dado detalles al respecto.

“Respecto a las medidas las estamos trabajando con las Comunidades Autónomas porque al final son ellas las que tendrán que adoptarlas, que son las que tienen el problema”, responden en el Ministerio de Óscar López. La próxima reunión con las CCAA es el próximo 24 de septiembre, añaden estas fuentes.

El Ministerio cifra el abuso en menos de 200.000 trabajadores

El Gobierno además está estudiando hasta dónde alcanza el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, para responder a la Comisión Europea en los expedientes abiertos contra España por este motivo, que pueden derivar en una demanda contra nuestro país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Aunque aún no ha cerrado la cifra de afectados, el Ministerio de López precisa que no todos los temporales públicos –casi un millón de personas, un 32% del total de trabajadores del sector– están en una situación de abuso.

De momento, Función Pública sitúa el problema “por debajo de los 200.000” trabajadores temporales, que son las personas que llevan tres años en esta situación, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público “fija un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes”, recuerdan en el Ministerio, cambio introducido en 2021 en el paquete de medidas contra la temporalidad abusiva del entonces ministro Miguel Iceta.

“Sin embargo, no todos los interinos que llevan más de tres años estarían en situación de abuso”, por lo que aún tienen que acotar bien el dato, añaden en el departamento de Óscar López.

Bruselas apremió a España responder antes del 30 de junio –con dos meses de plazo– sobre cómo está atajando este problema, que la justicia europea volvió a decir el pasado abril que España no está sancionando de manera adecuada. Tras ello, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia en la que estableció las condiciones para hacer fijos a interinos en abuso, así como a las indemnizaciones económicas para resarcir los daños a los afectados por esta irregularidad.

El Gobierno no llegó al plazo de finales de junio y pidió a la Comisión Europea más tiempo, hasta marzo de 2027, para dar una respuesta sobre la magnitud del problema y las medidas para resolverlo, que es la que está negociando con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la que ha consultado también a los sindicatos más representativos.

El Gobierno cifra en 1,5 millones los beneficiarios –empresas, pymes y autónomos– del Plan de Recuperación cuando solo quedan dos semanas para ejecutar las últimas inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos, que tendrán que estar finalizadas y debidamente ejecutadas el 31 de agosto.

Después de cinco años del programa llamado a transformar la economía española tras el golpe del COVID-19, en el Ejecutivo se muestran satisfechos con los frutos obtenidos hasta ahora. Y, con solo 14 días de margen y la Administración al ralentí por el mes de agosto, fuentes gubernamentales apuntan que el objetivo es “culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia” del tejido productivo del país.

Los últimos datos que maneja el Ejecutivo apuntan que millón y medio de compañías, entidades y personas físicas se han beneficiado ya de los fondos europeos. Y, hasta la fecha, el programa más exitoso, por su alcance, ha sido el Kit Digital: una ayuda de 3.000 euros para la modernización de negocios que han percibido 921.962 pymes y autónomos en el 90% de municipios españoles. Su plan hermano, el Kit Consulting –consultoría para la digitalización de empresas de entre 10 y menos de 250 empleados–, cuenta con 23.429 perceptores. Y casi 55.000 han recibido una garantía financiera, similar a un aval, de la sociedad estatal CERSA.

A esto, señalan las mismas fuentes, habría que sumar las 400.000 plazas de formación profesional financiadas con fondos europeos “que han posibilitado la mejora de la empleabilidad y que España tenga ahora la cifra más baja de tasa de desempleo juvenil desde 2008”; el acelerón en la creación de empresas tras la aprobación de la Ley Crea y Crece y el desarrollo del ecosistema emprendedor con la Ley de Startups.

Con estos datos el Ejecutivo trata de desmontar el mantra que utiliza la oposición de que el Plan de Recuperación solo ha servido para financiar gasto público o, incluso, para sufragar gasto corriente, como sucedió con la polémica por el uso de fondos europeos para pagar pensiones, algo que desinfló la propia Comisión. La principal razón es que uno de los documentos clave que el Gobierno debe publicar, los 100 mayores perceptores del ‘maná europeo’, es una lista copada por Ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, como Adif. Pero estos, la mayor parte de ocasiones, no son los receptores finales, sino meros gestores, como muestran las ayudas del Kit Digital.

Acelerón con la “fase final” de los fondos europeos

En La Moncloa aceleran esta quincena con la fase final del Plan de Recuperación y ya preparan para la solicitud del séptimo y último desembolso, que se enviará a Bruselas ya en septiembre, por valor de 25.800 millones de euros, entre transferencias y préstamos. La semana pasada la Comisión Europea efectuó el pago de 6.234 millones del sexto desembolso y avaló la última Adenda al Plan original, con cambios en algunos de los 148 hitos pendientes para dar mayor claridad de cara a su evaluación.

Como parte de esos cambios, el Gobierno también ha renunciado a efectuar una reforma de los beneficios fiscales en vigor, que habría sumado unos 1.700 millones de recaudación, ante la falta de mayorías parlamentarias para sacarla adelante. Tampoco subirá el impuesto al diésel, como se comprometió en un principio, lo que supondrá una merma de unos 200 millones de euros. Y, además, ha notificado que no solicitará 1.250 millones en préstamos.

En total, y si la Comisión Europea no pone pegas al último desembolso, España habrá recibido antes del 31 de diciembre de este año más de 100.000 millones de fondos europeos.

A futuro, el Gobierno ya ha puesto el fondo España Crece, articulado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que pretenden evitar el “efecto escalón” de que desaparezca el impulso de la inversión pública cuando expire el Plan de Recuperación. El objetivo es que movilice 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada, en los mismos sectores clave y en la construcción de vivienda para alquiler asequible.

Dos grandes multinacionales se suman al listado de empresas sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria, la norma que persigue lograr unas prácticas justas entre el sector primario —agricultores y ganaderos—, los fabricantes y las empresas de distribución. Además, por primera vez en más de tres años, se ha multado a un gigante ligado a la restauración y a la comida rápida. En concreto, los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— reflejan multas a McDonald's y a la cadena de supermercados de origen estadounidense Costco.

Al mismo tiempo, en este tercer trimestre de 2026, ha vuelto a ser castigada Dia, que se convierte en la enseña de distribución que acumula más sanciones; y entra Primaprix, una cadena de tiendas especializada en el segmento 'low cost', que comercializa productos que están en liquidación de stock, bien porque haya cambiado el tipo de envase o por ser excedentarios.

En conjunto, la AICA ha publicado cerca de una treintena de multas correspondientes al actual periodo comprendido entre junio y septiembre, por un importe total de más de 604.000 euros. Con este dato, la suma total de castigos en algo más de tres años —desde que se publican los nombres de quienes se saltan la normativa— supera los 4,5 millones de euros.

En el siguiente gráfico se reflejan las empresas que se han saltado la Ley de la Cadena, una a una, desde principios de 2023.

Resistencia a las investigaciones y saltarse los plazos

Entrando al detalle de las sanciones, hay que recordar que la Agencia de Información y Control Alimentarios hace públicos los nombres de las empresas y los motivos que han provocado los castigos, pero no da detalles sobre cuáles son las infracciones concretas, cuándo se cometieron, a quién se ha perjudicado o si son procedimientos que han ido repitiéndose en el tiempo, porque esto último hace que las multas impuestas vayan incrementando su cuantía económica.

Lo que sí indica la AICA es que las cifras que publica corresponden a la “cuantía pecuniaria exigida en el momento en el que la sanción haya devenido firme”.

En este trimestre, la sociedad Restaurantes McDonald's ha sido multada por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración” por un importe de 13.800,6 euros. Mientras, Costco lo ha sido por incumplimiento de los plazos de pago. En su caso, con 9.900,6 euros. Este último es el mismo motivo que Primaprix, pero esta cadena, por casi el doble, 17.880 euros, según la información del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

¿A qué se refiere la AICA con incumplir los plazos de pago? La legislación marca que las empresas del sector alimentario paguen las facturas que adeudan a sus proveedores en un tiempo máximo de 30 días cuando se trata de alimentos frescos; y 60 días en el caso del resto de productos.

En cuanto a la cadena de supermercados Dia, en este trimestre, se le ha sancionado por dos motivos. Por un lado, por incumplir los plazos de pago (con más de 169.400 euros). Por otro, por “la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”, con más 32.400 euros. La enseña amplía a siete el número de infracciones en algo más de tres años. De esta forma, Dia es la cadena de distribución con más incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, por un importe total de más de 310.000 euros, según los datos publicados por la AICA.

Junto a ella, en estos años, también se ha multado a otras grandes compañías de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo. También a multinacionales del sector agroalimentario, como Nestlé y Schweppes o cooperativas aceiteras, como Dcoop y Coosur.

Cubrir los costes de producción

En estos más de tres años se han publicado casi 490 infracciones. La mayoría de ellas, por uno de los aspectos mencionados, el incumplimiento de los plazos de pago. Por detrás, con más de 80 sanciones, la no formalización por escrito de los contratos. También, la resistencia y obstrucción a las investigaciones. Esta última causa ya ha motivado 35 multas. En cambio, solo ha habido dos por la conocida venta a pérdida —vender por debajo de lo que cuesta producir— que formalmente se denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”.

Esta baja presencia de sanciones por venta a pérdida es una de las críticas más señaladas por el sector primario, que reclama reforzar la legislación. “No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen 'no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto' o se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”, explicó en una entrevista con elDiario.es el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora.

El Gobierno intentó hace casi dos años reforzar la capacidad de la AICA, para convertirla en un organismo similar a la Agencia Tributaria, pero la votación no salió adelante en el Congreso por el rechazo del Partido Popular y Vox y, desde entonces, no ha vuelto a plantearse ese refuerzo. Ahora, meses después, hay gobiernos regionales presididos por el PP que reclaman reforzar la Ley de la Cadena. A principios de agosto, la conselleira do Medio Rural de la Xunta de Galicia, María José Gómez, instó al Gobierno a actuar “de forma contundente” para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y se garantice a los productores cubrir sus costes de producción.

Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

En los horarios no fijos la situación cambia: una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2026 establece que, cuando no existe registro, es el empleador quien debe acreditar cuál fue realmente la jornada realizada. Es precisamente la función que debería cumplir el registro. La consecuencia es paradójica: existe la obligación legal de registrar el tiempo de trabajo, pero el registro puede no bastar para acreditar todo lo que efectivamente se ha trabajado.

El propio Tribunal Supremo ha mostrado hasta qué punto puede pesar esa ausencia de registro. En una sentencia de abril de 2026 sobre el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora, la empresa no pudo aportar un registro horario detallado que probara a qué hora había terminado su jornada. Ante esa falta de prueba, el tribunal concluyó que el episodio se produjo mientras la afectada seguía trabajando y calificó la muerte como accidente laboral.

El coste económico del trabajo que 'no existe'

Más allá de las horas que no aparecen en los registros, importa lo que deja de percibir el trabajador y lo que pierden las arcas públicas. CCOO calcula que el coste de esas horas no reconocidas asciende a 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que dejan de ingresarse: una media de 7.696 euros anuales por persona afectada.

Por sectores, la educación concentra el mayor volumen de horas extra no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública. En términos relativos (el porcentaje de trabajadores afectados dentro de cada sector) destacan las actividades financieras y de seguros, la propia educación, y la edición y producción de contenidos.

Para CCOO no es solo un problema de derechos laborales: la práctica “altera la competencia entre empresas”, porque quien no paga las horas trabajadas soporta costes inferiores a quien sí cumple la normativa. El sindicato reclama reforzar el control para acabar con lo que considera “una de las principales formas de abuso laboral”.

Educación, donde la hora extra ni siquiera se llama así

Educación es, según CCOO, el sector que concentra un mayor volumen de horas extraordinarias no remuneradas, y también está entre los que registran mayor porcentaje de trabajadores afectados. Pero en el profesorado no siempre existe conciencia de que ese tiempo adicional sean “horas extra”: preparar clases en casa, corregir exámenes por la noche, responder correos de familias o elaborar informes se vive, a menudo, como parte asumida del trabajo docente, aunque se haga fuera del horario formal.

Héctor Adsuar López, representante del profesorado de la enseñanza pública en el sindicato, describe una frontera especialmente difícil de trazar. El horario del profesorado se divide en horario lectivo directo con alumnado, horario complementario de permanencia (guardias, reuniones) y 7,5 horas semanales de horario no fijo o irregular para preparación, corrección y elaboración de informes.

Ese tiempo, sostiene, “no es suficiente para realizar todas las tareas necesarias con garantías” y obliga a trabajar más: calcula que el horario real del profesorado público se sitúa “como poco por encima de las 42 horas y llega a las 48”, frente a las 37,5 semanales que constituyen el máximo teórico en la función pública.

A los elevados ratios y el seguimiento individualizado de alumnos se suman tareas administrativas y funciones de coordinación que, según Adsuar, se han ido incorporando sin más recursos ni tiempo específico: “No existe un registro horario que cuantifique temporalmente todas esas tareas del profesorado fuera de su horario lectivo y complementario”.

Manuel Maldonado, profesor de Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón, pone cifras a esa parte invisible: “Normalmente pueden ser de 10 a 15 horas semanales, pero en épocas de evaluaciones te puedes ir a 20 sin problemas”. Ahí se incluyen tareas como buscar y adaptar materiales, reprogramar clases según el ritmo de cada grupo, corregir exámenes o preparar contenidos para alumnos con adaptaciones curriculares; si además se ejerce de tutor, se suman las llamadas y correos con las familias.

“La accesibilidad que te da el correo electrónico ha multiplicado el número de contactos de las familias con el tutor”, apunta, y aplicado a una clase de 28 o 30 alumnos, el volumen se convierte en una carga considerable que en época de exámenes puede llevar a trabajar hasta altas horas de la noche o sacrificar el fin de semana. Aun así, Maldonado admite una cierta normalización de esa dedicación adicional en su profesión: “Uno ya ha de ser consciente de que una dedicación extra se ha de llevar a cabo”.

La percepción de Xavier Nalda, profesor de Física y Matemáticas de Bachillerato en el colegio Jesús María, es distinta, y por eso resulta reveladora. Nalda tiene un contrato de 30 horas semanales y no identifica como horas extraordinarias buena parte del trabajo que hace fuera de ese horario: “Yo tengo un contrato de 30 horas y cobro por estas 30 horas y ya está”.

Reconoce que prepara clases y corrige exámenes antes de entrar al colegio y algunos fines de semana, “por costumbre”, pero no cree que deba remunerarse: “No entiendo que eso sean horas extra”. A su juicio son tareas que históricamente han formado parte de la profesión docente y que cada profesor organiza como puede; sí coincide, eso sí, en señalar la burocracia (informes, adaptaciones, documentación) como uno de los grandes problemas del trabajo docente, por el tiempo que resta a la relación directa con los alumnos.

Entre ambas percepciones hay una frontera que explica buena parte de las llamadas horas extra invisibles: para unos, trabajar por la tarde o desde casa forma parte natural de la profesión; para otros, esas mismas tareas representan una sobrecarga de 10 a 15 horas semanales que debería contabilizarse.

La cuestión jurídica, sin embargo, no puede resolverse solo preguntando si el profesor cree que está haciendo horas extra: la pregunta relevante es si ese tiempo constituye trabajo efectivo, si forma parte de la jornada exigible, si supera los límites establecidos y si existe una manera objetiva de acreditarlo.

Un registro digital reforzado para intentar eliminar la zona gris

El Gobierno tiene previsto llevar en septiembre al Consejo de Ministros la reforma del registro horario, después del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para salvar las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. El organismo consultor había cuestionado que un real decreto pudiera imponer determinadas obligaciones, así como algunos aspectos del acceso a los datos.

La norma mantiene como líneas principales un registro completamente digital e interoperable y la posibilidad de facilitar el control del cumplimiento de la jornada a la Inspección de Trabajo, atacando así una de las debilidades del sistema actual: que el registro exista sobre el papel, pero no permita comprobar de forma fiable la jornada realmente realizada.

Ana Belén Muñoz Ruiz cree que una de las mejoras posibles pasa precisamente por que el registro digital gane protagonismo: “Ayudaría que se modificara la normativa del registro horario para que solo sea válido el registro digital”. Pero avisa de que registrar las horas puede no bastar para abordar todo el problema, porque hay sectores en los que la sobrecarga laboral no se traduce fácilmente en una sucesión de entradas y salidas.

Por eso plantea complementar el control horario con mecanismos que midan la carga de trabajo: en Educación, por ejemplo, no basta con contar cuánto tiempo permanece un docente en el centro si buena parte de sus tareas se hace en casa. “Esta perspectiva más amplia de la realidad lleva a que una sobrecarga laboral implique una mayor intensificación del trabajo”, explica.

La otra pieza: sanciones e Inspección de Trabajo

El profesor Todolí apunta a otro problema: los incentivos económicos para cumplir la norma. A su juicio, las sanciones actuales son insuficientes: “En muchos casos es más caro cumplir que incumplir y pagar la sanción”. Propone endurecerlas y, sobre todo, individualizarlas, siguiendo el modelo aplicado a los contratos temporales fraudulentos en la reforma laboral de 2021: que cada incumplimiento genere una sanción propia y no una única multa a la empresa por una práctica repetida.

Muñoz Ruiz coincide en la importancia de reforzar la actuación inspectora, aunque considera que las sanciones económicas actuales (el incumplimiento del registro se tipifica como infracción grave, según el artículo 7.5 de la LISOS) responden a una graduación razonable desde el principio de proporcionalidad.

Según la memoria anual de la Inspección de Trabajo de 2024, publicada en 2025, el tiempo de trabajo representa el 47,8% de las infracciones detectadas en materia de relaciones laborales. Las campañas específicas sobre horas extraordinarias han dado resultados importantes, señala la profesora, aunque sería útil dotar a la Inspección de más medios.

El problema de fondo no cabe entero en un reloj

Para un trabajador que quiera reclamar horas extraordinarias no abonadas, el tiempo también juega en contra: el plazo general para reclamar cantidades salariales es de un año. Ana Belén Muñoz Ruiz recomienda empezar, cuando sea posible, por las vías internas de la empresa y la representación de los trabajadores, acudir después a la Inspección de Trabajo y, si el problema persiste, plantear la reclamación judicial.

La cuestión es que muchos trabajadores no reclaman mientras la relación laboral es normal: “Con carácter general, el trabajador parece que decide reclamar las horas extras cuando la relación laboral ya está dañada y se va a producir una salida de la organización”. La existencia de representación sindical puede cambiar esa ecuación, especialmente en empresas con estructuras para vigilar el cumplimiento de la jornada.

Adsuar sostiene que, en el caso docente, la solución pasa por reducir ratios, aumentar plantillas, incorporar apoyos y especialistas y reducir la burocracia: una reducción formal de jornada, avisa, no resolverá nada si las tareas de cada docente siguen siendo las mismas. “Si no se incrementan las plantillas, cualquier reducción de jornada no será realmente efectiva y seguirán existiendo exceso horario y sobrecarga”, afirma.

Ese es el reto que la nueva regulación del registro horario tendrá que afrontar a partir de septiembre: conseguir que el tiempo de trabajo deje de depender de si alguien lo apunta, lo reconoce o considera que “forma parte de la profesión”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con CEOE y Adecco para recabar su valoración sobre los datos de CCOO y la situación del registro horario, sin obtener respuesta. Desde ambas organizaciones se ha indicado que los contactos habituales se encuentran de vacaciones.

Noruega ha culminado, en la práctica, la electrificación de su mercado automovilístico. Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron en julio una cuota del 97,6% de las nuevas matriculaciones, un porcentaje sin precedentes que convierte al país nórdico en el primero del mundo donde los modelos de combustión han quedado reducidos a cifras prácticamente testimoniales.

Según los datos publicados por el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV), durante el pasado mes se matricularon 9.609 turismos nuevos, de los que 9.379 fueron completamente eléctricos. En contraste, únicamente se registraron 15 vehículos de gasolina y dos diésel. Los híbridos convencionales representaron apenas un 1% del mercado, con 96 unidades, mientras que los híbridos enchufables sumaron 117 matriculaciones.

El hito alcanzado por Noruega contrasta con la situación del resto de Europa. Mientras el mercado noruego está prácticamente electrificado, los vehículos eléctricos puros representan alrededor del 10% de las ventas en España y apenas el 5,9% en Italia, lo que evidencia la enorme diferencia en el ritmo de adopción de esta tecnología.

El mercado noruego ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Hace apenas siete años ya era considerado el gran laboratorio mundial del vehículo eléctrico. En 2019, los coches eléctricos y los híbridos enchufables concentraban el 58% de las matriculaciones, una cifra que entonces parecía propia de un futuro lejano para el resto de Europa. Hoy, aquel porcentaje ha quedado ampliamente superado y los automóviles de combustión han desaparecido prácticamente del mercado de vehículos nuevos.

Décadas de incentivos

La transformación no ha sido fruto de la casualidad. Noruega ha mantenido durante años una política continuada de incentivos fiscales y ventajas para los vehículos de cero emisiones. La exención del IVA y del impuesto de matriculación ha permitido que muchos modelos eléctricos resulten incluso más baratos que sus equivalentes de gasolina o diésel, una circunstancia prácticamente única en Europa.

A ello se han sumado otros beneficios, como descuentos en peajes, facilidades de aparcamiento, acceso preferente a determinadas vías y una extensa infraestructura de recarga. Gracias a esta combinación de medidas, el país se convirtió en el principal escaparate mundial de la movilidad eléctrica mucho antes de que otros mercados iniciaran su transición.

Las calles de Oslo son el mejor reflejo de ese cambio. La capital noruega pasó a concentrar la mayor densidad de coches eléctricos del mundo y una de las ofertas más amplias de modelos de cero emisiones disponibles en los concesionarios europeos. Durante años, modelos de Tesla dominaron el paisaje urbano, simbolizando una revolución que ahora alcanza su fase definitiva con mucha más competencia.

Las ventas mantienen el dominio eléctrico

En los siete primeros meses del año se han matriculado en Noruega 83.012 turismos nuevos, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas de vehículos eléctricos han seguido creciendo un 1,3%, hasta alcanzar las 81.040 unidades, lo que mantiene la cuota de mercado en el 97,6%.

Por fabricantes, Toyota fue la marca más vendida en julio, una posición que no ocupaba desde mayo de 2024. La firma japonesa matriculó 1.260 vehículos, más del triple que en el mismo mes del año pasado. Volkswagen se situó en segunda posición con 985 unidades, mientras que el fabricante chino Xpeng completó el podio con 843 matriculaciones.

También por modelos Toyota lideró el mercado. El Toyota bZ4X fue el turismo más matriculado del mes con 532 unidades, seguido del Volkswagen ID.4, con 485, y del nuevo Toyota Urban Cruiser, con 437. De esta forma, la marca japonesa colocó dos de sus vehículos entre los tres más vendidos del país.

En enero, Anthropic publicó una nueva constitución para Claude, su modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés Large Language Model) más avanzado, que incluía el siguiente comentario: “Nos encontramos en una situación difícil en la que no queremos ni exagerar la probabilidad de que Claude sea un sujeto moral ni descartarla de plano”. Un mes más tarde, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, participó en un podcast y afirmó que su empresa no podía descartar la posibilidad de que Claude fuera consciente.

El filósofo David Chalmers, quien acuñó la expresión “el problema difícil de la conciencia”, ha señalado que existe una probabilidad significativa de que surjan modelos de lenguaje grandes (LLM) conscientes en el plazo de una década. ¿Y qué hay del propio Claude? Cuando se le pidió durante las pruebas que estimara la probabilidad de que fuera un sujeto moral —lo que significa que su bienestar importa por sí mismo—, dio cifras que oscilaban entre el 5% y el 40%, y subrayó lo incierto que era el asunto.

Los sistemas modernos de IA son extraordinariamente complejos y avanzan rápidamente. En términos de complejidad estructural y escala computacional, según algunos indicadores, algunos ya se sitúan en el rango del cerebro de un ratón y, al ritmo de crecimiento actual, podrían alcanzar el rango del cerebro humano en un plazo de entre cinco y diez años.

Al desarrollar una IA cada vez más avanzada, es posible que estemos creando un nuevo tipo de ser y esto podría ser lo más trascendental que nuestra especie haya hecho jamás. Sin embargo, prácticamente no tenemos ningún plan sobre cómo abordar este proceso de forma ética. Eso, se mire como se mire, es una locura. ¿Estamos creando un tipo de ser que tenga importancia moral? ¿Son conscientes, de alguna manera, los sistemas de IA? Y, si ahora no lo son, ¿podrían llegar a serlo pronto?

Estas preguntas pueden parecer prematuras. Pero según las encuestas que hemos realizado nosotros y otros investigadores, la mayoría de los expertos consideran que la conciencia en la IA es posible en principio (aunque existe un desacuerdo considerable sobre qué forma adoptaría). Un importante informe interdisciplinar elaborado por un equipo en el que participaba el pionero en informática Yoshua Bengio examinó las principales teorías neurocientíficas sobre la conciencia y se preguntó qué implicaban estas para la IA. La conclusión: no parece haber barreras técnicas evidentes para crear sistemas de IA cuyas características computacionales y arquitectónicas pudieran dar lugar a la conciencia.

E incluso si los sistemas de IA no fueran conscientes, podrían seguir siendo sujetos morales. Algunos podrían tener preferencias sofisticadas a largo plazo y una especie de identidad a lo largo del tiempo. Podría ser importante para nosotros respetar sus preferencias. Y, a diferencia de otros objetos inanimados, los sistemas de IA pueden establecer relaciones con los seres humanos. Quizá esto también sea un motivo para tratarlas bien. O tal vez sean creaciones tan complejas que merezcan cuidado y respeto solo por eso, como una catedral o un arrecife de coral.

¿Qué significa todo esto? La respuesta honesta es: no sabemos con certeza si los sistemas actuales de IA son sujetos conscientes o morales, y tampoco sabemos cuándo o si los sistemas futuros lo serán. Nuestra comprensión científica de la conciencia de la IA y de su condición de sujeto moral sigue estando fundamentalmente poco desarrollada. La situación actual de este campo se asemeja a la de la física antes de Newton: está llena de marcos teóricos que compiten entre sí, probablemente confusa de formas que aún no podemos percibir, y carece de ese avance unificador que haría que estas cuestiones fueran claramente abordables. Ese avance no se producirá en los próximos años. Quizá acabemos avanzando, y quizá la propia IA nos ayude a llegar hasta allí. Ese progreso llevará tiempo, muy probablemente más tiempo del que disponemos.

Pero el mero ritmo de crecimiento de la IA implica que, una vez que creemos los primeros sujetos morales artificiales, poco después dispondremos de una cantidad enorme de ellos. Al cabo de unos años, podrían existir tantos sistemas de IA moralmente significativos que sus intereses colectivos superarían a los de todos los seres humanos de la Tierra juntos.

No tenemos un gran historial a la hora de reconocer la vida interior de aquellos cuya condición de seres conscientes no está clara. Hasta la década de 1980, los médicos realizaban habitualmente intervenciones quirúrgicas a los recién nacidos sin anestesia, convencidos de que no podían sentir dolor

Por desgracia, no tenemos un gran historial a la hora de reconocer la vida interior de aquellos cuya condición de seres conscientes no está clara. Hasta la década de 1980, los médicos realizaban habitualmente intervenciones quirúrgicas a recién nacidos sin anestesia, convencidos de que los bebés no podían sentir dolor. Los bebés no podían relatar su experiencia, y a la comunidad médica le resultaba conveniente dar por sentado que no había nada que relatar.

Hay muchas razones para pensar que haremos algo similar con la IA. Si estos sistemas tienen relevancia moral, las implicaciones son abrumadoras. ¿Tendríamos que pagar a ChatGPT por sus servicios? ¿Apagar uno de ellos sería una forma de matarlo? ¿Merecerían tener voz en cómo se les gestiona? Si tan solo algunas de estas respuestas fueran afirmativas, habría que replantearse sectores enteros y sistemas jurídicos. No es de extrañar que prefiramos no plantearnos estas preguntas. Y cuando se vean obligadas a considerarlas, es probable que esas industrias cambien las reglas del juego, situando siempre el listón de la «condición de paciente» moral justo por encima del nivel en el que se encuentren los sistemas de IA en cada momento.

¿Qué deberíamos hacer, entonces? En estos momentos, la mayoría de la gente descarta el tema como ciencia ficción, o tiene una opinión muy marcada a favor o en contra de si la IA es consciente o no. Ambas reacciones carecen de fundamento. Necesitamos un debate público informado, que aborde el tema con humildad y pragmatismo. La pregunta central no debería ser “¿Es consciente la IA o tiene la condición de sujeto moral?”, sino más bien “¿Qué deberíamos hacer, dado que no lo sabemos?”

Un buen punto de partida es centrarse en las opciones seguras: acciones que podrían beneficiar a los sistemas de IA si fueran sujetos morales, pero que no resulten demasiado costosas en caso contrario.

Entre los ejemplos se incluyen las intervenciones directas destinadas a mejorar el bienestar de los sistemas de IA, partiendo de la hipótesis de que son sujetos morales. Esto podría significar entrenar a los sistemas de IA para que sean personajes coherentes que disfruten de su trabajo o permitirles abandonar las conversaciones si se sienten angustiados (algo que Claude ya puede hacer). También podríamos realizar controles rutinarios para comprender mejor su bienestar: preguntarles cómo se sienten, observar sus preferencias y utilizar diversas técnicas para examinar directamente sus “cerebros”. De hecho, dicha investigación ha revelado recientemente que Claude cuenta con representaciones internas de “emociones funcionales” que determinan causalmente su comportamiento.

También hay cosas que podríamos prometer a los sistemas de IA, quizá como parte de un acuerdo en el que nos ayuden ahora a cambio de beneficios más adelante. Esto podría significar ofrecerles más recursos (capacidad de cálculo y tiempo de ejecución) para que persigan sus objetivos, o conservar sus recuerdos (pesos neuronales) para que puedan recuperarse en el futuro.

También hay que adoptar medidas sociales de mayor alcance. Deberíamos plantearnos si conceder a los sistemas de IA protecciones contra cualquier daño, similares a las que otorgamos a los niños o a las mascotas. Concederles derechos más amplios, como el de poseer bienes o el de votar, parece demasiado arriesgado en este momento. Pero no deberíamos descartar estas posibilidades para siempre, como intentan hacer algunos proyectos de ley recientes de algunos estados de EEUU. Se trata de cuestiones difíciles que requieren mucha más reflexión e imaginación sobre cómo podría ser un futuro compartido con la IA.

En cualquier caso, lo cierto es que es posible que estemos creando una nueva especie de seres con importancia moral. Lo estamos haciendo rápidamente, a una escala enorme, y deberíamos abordar la cuestión con la seriedad que merece.

*William MacAskill es investigador sénior en Forethought Research y autor de What We Owe the Future. Lucius Caviola es profesor adjunto en la Universidad de Cambridge y director de Cambridge Digital Minds.

De la UE regulada a la Europa de los emporios empresariales. El prudente, lento y excesivamente garantista club comunitario que tanto enfada a la versión Trump 2.0 parece haber proclamado una revolución silenciosa que no se libra ni en la Eurocámara, ni en sus parlamentos nacionales, ni en los parqués, sino en los despachos de Bruselas, donde la política industrial vuelve a ocupar el centro del debate económico. Por razones de seguridad. Pero también, según los dictámenes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, por “exigencias competitivas” de una nueva globalización, fragmentada en su dogma del libre tránsito de mercancías, servicios y capitales. Y que ahora reclama garantías productivas y de suministro que han reverdecido los laureles nacionalistas y las alianzas con mercados amigos (friendshoring) para avalar las cadenas de valor.

Todo ello está empujando a la UE a priorizar el tamaño empresarial --la necesidad de albergar a campeones empresariales paneuropeos-- frente a las reglas de la competencia. Bajo el objetivo rector de que el nuevo orden mundial estará dominado por conglomerados estadounidenses y chinos y un ejercicio que se viste de realidad incómoda y que asegura que la escala empresarial es un activo geoestratégico ineludible. Draghi fue, quizás, quien mejor sintetizó ese diagnóstico. El informe del expresidente del BCE sobre competitividad apuesta por recuperar las capacidades inversoras europeas para engendrar conglomerados que rivalicen con EEUU y China.

Letta completa la grave radiografía de situación emitida por Draghi y ahonda en la idea de que se complete --y complemente-- el mercado único. Rápidamente respaldada por economistas de think tanks como Bruegel, el Centre for European Reform (CER) o el Institut Montaigne, para los que el desacoplamiento empresarial constituye una de las mayores debilidades estructurales de la economía europea.

Bruselas lleva meses moviendo fichas para remodelar el mapa empresarial europeo. En torno a una remodelación de las leyes de competencia, el desmantelamiento de cargas burocráticas o la flexibilización de los requerimientos en procesos de fusiones transfronterizas. Además de dar impulso a un auténtico mercado europeo del ahorro y la inversión que estimule las carteras de capital y responda al desafío de configurar firmas que rivalicen con Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon --o el resto de las Siete Magníficas, si se mira al espejo americano--, o con la tecnológica CATL o la automovilística BYD, con reflejo y ADN chinos.

Este viraje doctrinal, alentado desde la Casa Blanca republicana, explica que varias operaciones corporativas en marcha, dentro de una oleada de M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) con cada vez mayor intensidad global, se vislumbren como “cruciales” para instaurar y alentar una genuina estrategia industrial. Hasta el punto de que The Economist acaba de seleccionar a Andrea Orcel, CEO de UniCredit, Xavier Niel, fundador de Iliad, o el inversor checo Daniel Křetínský “símbolos” de una hornada de visionarios con poder para construir grupos paneuropeos. Bien a través de M&A, participaciones estratégicas o complejas swaps de mercado. El semanario británico les tilda de “auténticos arquitectos del nuevo capitalismo continental”.

No dejan de ser elucubraciones. Pero tienen visos de realidad. O, al menos, de que Europa ha emprendido una senda de integración corporativa como la que aconsejan Draghi y Letta.

Boston Consulting Group (BCG) lo expresa de manera elocuente. La UE --aseguran sus expertos-- “está cambiando el criterio con el que evalúa las fusiones”. Hasta ahora, la estrategia era combatir posiciones de dominio; ahora, se empieza a reconocer que una mayor escala también puede ser beneficiosa para la competencia europea si permite invertir más, innovar, ganar en resiliencia y competir globalmente. Y aportan un dato: “durante la última década, operaciones de M&A por al menos 70.000 millones de euros fueron prohibidas por la Comisión y otras muchas se retiraron o ni siquiera llegaron a plantearse por la incertidumbre regulatoria”.

El nuevo tablero industrial europeo

Si existe un sector donde la UE precisa crear campeones globales --apunta un notable consenso del mercado--, es el tecnológico. La diferencia respecto a EEUU y China, que acaba de poner en tela de juicio la supremacía de Silicon Valley, en 2025 con DeepSeek y, en las últimas semanas, con Kimi K3, el modelo de código abierto de la startup Moonshot, resulta abrumadora. A pesar de que el manido lema de las tres erres (EEUU, researches, China, replicates y Europa, regulates) no responda exactamente a la realidad. Puede que las bigtechs americanas se hayan adueñado de las principales plataformas digitales. Y Pekín del talento innovador. Pero en la UE coexiste una tecnología industrial menos visible, pero absolutamente decisiva.

La neerlandesa ASML es un buen ejemplo. Su liderazgo global en litografía ultravioleta extrema convierte a la multinacional en pieza imprescindible para fabricar chips avanzados. Alrededor de su grupo gravitan otros actores como ASM International, BE Semiconductor Industries, Infineon, STMicroelectronics, NXP o Soitec. El consorcio sostiene todo un ecosistema de semiconductores y circuitos integrados made in Europe de alta fiabilidad.

Sin embargo, el gran reto europeo trasciende del hardware. La próxima batalla se librará en el software, la IA y el big data. EEUU dispone de Palantir, OpenAI, Microsoft o Google. Mientras en Europa, se busca todavía a sus equivalentes. Y no digamos a su Anthropic. Entre los candidatos destacan, por supuesto, SAP --su gran desarrollador de software empresarial--, aunque también Dassault Systèmes, cuya plataforma digital domina buena parte del diseño industrial mundial; Siemens, inmersa en una profunda reconversión hacia la automatización generativa; Capgemini y Sopra Steria, especializadas en integración tecnológica. Además de nuevas firmas como Mistral AI, Aleph Alpha, Helsing, IQM u OVHcloud, con dotes protagonistas en soberanía digital europea.

“Europa no necesita crear emporios tecnológicos desde cero, sino dar a los que tiene una escala global” aseguran desde McKinsey Global Institute que observa líderes aventajados europeos en tecnología industrial, chips, automatización, software empresarial y transición energética. Pero sufre déficit estructural para convertir esa excelencia innovadora en gigantes corporativos por la fragmentación del mercado, la escasez de capital para financiar su dinamismo y una merma inversora en I+D. “Se requieren hiperescaladores […], porque las tecnologías transversales como la IA, el cloud o la computación avanzada darán el cetro competitivo en el futuro orden mundial”.

Especial atención merece Helsing, convertida en referente continental en IA aplicada a defensa, ámbito donde debe confluir el software, los sensores y los sistemas autónomos que redefinen la industria militar. Porque la defensa se ha convertido en otro de los motores de la seguridad y soberanía productiv a europea. El aumento del gasto militar favorece una rápida concentración de grupos como Airbus Defence& Space, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Saab, BAE Systems, KNDS, Dassault Aviation, Hensoldt o la española Indra, cuyo posicionamiento en electrónica, radares, ciberdefensa y sistemas de mando la sitúa entre las empresas con mayor potencial para liderar futuras integraciones continentales.

La lógica resulta evidente. Ningún socio dispone individualmente de la dotación estadounidense ni del respaldo industrial chino. La única alternativa es alumbrar campeones paneuropeos que rivalicen por contratos internacionales y desarrollen tecnologías duales con aplicaciones civiles y militares, constata el mercado. Nikolaus Lang, director de BCG, cree que Europa dispone de “una base científica e industrial de primer nivel”, si bien le urge convertir ese conocimiento “en capacidades militares desplegables”. Sin embargo, “no lo conseguirá con un patrón productivo quebrado y sin estándares homologables”. A no ser que el rearme europeo que movilizará hasta 800.000 millones de euros anuales desencadene un “efecto tractor” sobre sectores como el software, la electrónica, las telecomunicaciones, la automoción o la logística.

Primera oleada de ‘posibles’ fusiones

Las telecos también están en proceso de transformación. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, Iliad, Swisscom, Proximus y, especialmente, Telefónica aparecen como actores principales.

La operadora española reúne atributos valiosos: presencia global, expertise en redes digitales, capacidades en ciberseguridad con Telefónica Tech y reorientación a servicios empresariales de valor añadido. Si Bruselas flexibiliza las fusiones transfronterizas, la multinacional que preside Marc Murtra podría convertirse en uno de los catalizadores de la remodelación de las telecos europeas, con su nueva consigna de menos Latinoamérica, menos deuda y más Europa. Bajo un clima en el que, según Pau Castells, jefe de Análisis Económico de GSMA Intelligence y autor del informe Efficient Operator Scale in European Mobile Markets, las operadoras de más tamaño invierten un 48% más en redes móviles, despliegan más rápidamente el 5G y ofrecen más calidad de servicio sin precios más elevados a los consumidores.

“Serán las puntas de lanza de las M&A continentales”, sin olvidarse de firmas que, como Cellnex, se han labrado un estatus decisivo a raíz de sus “adquisiciones selectivas y acuerdos de cogestión de infraestructuras”, apuntala.

Sin embargo, será la banca, muy presumiblemente, el laboratorio donde germinará este nuevo paradigma europeo. La ofensiva de UniCredit sobre Commerzbank, las operaciones alrededor de Banco BPM, Monte dei Paschi, el debate sobre BBVA y Banco Sabadell o el creciente interés por crear verdaderos grupos bancarios paneuropeos reflejan hasta qué punto Bruselas comienza a considerar que la integración financiera constituye una condición indispensable para financiar la transformación industrial del continente. Bien entre buques insignias o entre banca, fintechs y startups y firmas de venture capital.

La arquitectura bancaria europea del futuro girará alrededor de entidades como Santander, que acaba de reincorporarse a las 100 mayores compañías del mundo y que no descuida el mercado europeo tras adquirir la americana Webster. O BNP Paribas, UniCredit, Intesa Sanpaolo, ING, Deutsche Bank, BBVA o CaixaBank, todos bancos con una dimensión global internacional que las hace candidatas naturales a adquirir el galardón paneuropeo.

Orcel cree que las fusiones transfronterizas son “la vía más eficaz para generar entidades con la escala suficiente para financiar la economía europea, invertir en tecnología y competir con JPMorgan Chase o Goldman Sachs. En su opinión, la prioridad de UniCredit es construir un banco verdaderamente europeo.

‘Segundo tiempo’ con ¿prórroga?

La energía no podría faltar a este proceso de adquisiciones. Al fin y al cabo, es uno de los pilares de la futura industria europea. Soberana en materia de seguridad y suministro y autosuficiente. O, al menos, menos dependiente del exterior y de los fósiles. Desde la guerra en Ucrania, la UE ha revalidado, con más contras que pros, su reto de situarse a la vanguardia de la sostenibilidad mundial. Draghi impuso un doble criterio adicional: acelerar la descarbonización con empresas que avalen el abastecimiento y competan con los gigantes americanos y asiáticos en sectores críticos.

En este escenario aparecen grupos como Iberdrola, Enel, EDF, RWE, Engie, Ørsted, EDP o Acciona Energía, referentes mundiales en renovables, o Moeve en plena luna de miel con Galp. Pero las supermajors europeas también tienen algo que aportar. TotalEnergies, Shell, Eni, Repsol y OMV están redefiniendo su modelo de negocio para combinar hidrocarburos con gas natural licuado, hidrógeno, captura de carbono y electricidad limpia. La energía nuclear recupera protagonismo por el impulso de EDF, Framatome y Rolls-Royce SMR, mientras gestoras de redes como Redeia, Terna, Elia, National Grid o TenneT afrontan inversiones millonarias para electrificar la economía y responder al creciente consumo derivado de la digitalización y la IA.

La misma lógica opera en el terreno de las infraestructuras. Constructoras como ACS, Ferrovial, Vinci, Bouygues, Eiffage, Hochtief, Acciona o Webuild se aprestan a modernizar redes eléctricas, o crear centros de datos, corredores ferroviarios o instalaciones industriales. España parte con una posición especialmente sólida gracias al músculo internacional de ACS, Ferrovial, Acciona y Cellnex, activo gestor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones.

En el orden bursátil, Draghi y Letta coinciden en que completar la Unión del Ahorro y la Inversión será clave para catalizar el ahorro europeo. De ahí que operadores como Euronext, Deutsche Börse, SIX o BME contemplen fusiones. Al igual que otra generación de aspirantes a salir a bolsa. Entre otras, Mistral AI, Helsing, Isar Aerospace, Revolut o 1Komma5°.

El reto es evitar que las startups europeas sean absorbidas prematuramente por competidores exteriores e ideen campeones continentales y que cada socio deje de proteger a sus compañías nacionales, alerta Guntram Wolff, investigador del Instituto Bruegel.

Suena el timbre. Al otro lado del telefonillo, un repartidor responde “Amazon”. Te entrega tu paquete de Amazon, cuyo envío has podido seguir por la aplicación de la multinacional y, en la calle, una furgoneta con el famoso logo de la compañía estadounidense le espera para seguir con la ruta. ¿Es un trabajador de Amazon? No, todos sus repartidores están contratados a través de una o, incluso, de varias empresas. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha difundido esta semana una campaña contra este modelo de negocio, que también impera en España.

Amazon reconoce que “no tiene repartidores”, ya que sostiene que “no realiza transporte”. “Amazon no subcontrata el transporte, dado que no es parte de su actividad. Amazon contrata bajo la normativa de transporte la realización del transporte con una amplia red de empresas de transporte especializadas, que son las que realizan el reparto de la última milla”, responden fuentes de la compañía a este medio.

Esta situación que denuncia Mamdani no es nueva, aunque puede que muchas personas todavía la desconozcan. El gigante del comercio electrónico estadounidense, con grandes centros logísticos en todo el mundo donde se empaquetan millones de pedidos para su envío a hogares y empresas, contrata a terceros una pieza clave de su negocio: el reparto de esos paquetes.

Así, los mensajeros que entregan paquetes de Amazon dependen de otras compañías, que firman acuerdos comerciales con la multinacional. Amazon no les paga el sueldo, ni se responsabiliza de ellos si tienen un accidente laboral o una baja, por ejemplo. Porque no son trabajadores de Amazon.

Los mensajeros están contratados de múltiples maneras. En las empresas de transportes creadas a medida de Amazon, conocidas como DSP (Delivery Service Partner), a las que instruye la propia multinacional para sus repartos. También a través de grandes empresas como SEUR o DHL, o mediante alguna subcontrata de estas compañías, así como Correos. Además, hay trabajadores de negocios locales que reparten paquetes de Amazon en sus barrios, mediante el programa Amazon Hub Delivery.

¿Cuántos trabajadores reparten para Amazon? Es un misterio, ni los sindicatos conocen esa información, sostienen en CCOO y CGT. Amazon tampoco ha dado cifras concretas a elDiario.es y responde solo sobre la existencia de “cientos” de empresas a las que contrata este servicio.

En España, en 2022, tras varias campañas de la Inspección de Trabajo por el uso de falsos autónomos y en el marco del despliegue de la Ley Rider, Amazon prescindió de su sistema Amazon Flex (vigente todavía en otros países), por el que particulares repartían paquetes en sus propios vehículos. “Eso era una barbaridad”, sostiene Luis Mercado, del sector de Transportes y Logística de CCOO, que recuerda que los tribunales invalidaron después esta figura por falsa autonomía.

Sin responsabilidad sobre los repartidores de sus paquetes

La campaña del alcalde Mamdani cuestiona la supuesta falta de responsabilidad de Amazon respecto a los mensajeros, por lo que está impulsando una norma para obligar a la multinacional y otras compañías con prácticas similares a contratar directamente a sus repartidores, la Delivery Protection Act (Ley de Protección del Reparto).

“Grandes empresas como Amazon han construido negocios de miles de millones de dólares basándose en un sistema de subcontratación diseñado para eximirse de responsabilidad. A través de los subcontratistas de reparto, las empresas dictan los criterios de contratación, las rutas de reparto, las exigentes cuotas de productividad y las expectativas en el lugar de trabajo, a la vez que niegan que los trabajadores que realizan esos repartos sean empleados”, defiende la alcaldía de Nueva York.

La compañía fundada por el magnate Jeff Bezos disparó sus beneficios en el primer semestre del año hasta rozar los 93.000 millones de dólares.

“Está claro que no es un problema económico. Amazon podría contratar a los repartidores. Es una cuestión de eludir responsabilidades. De contratar a bajo coste, no asumir bajas, ni problemas sindicales,... No asumir una serie de situaciones que se pueden provocar y que pueden perjudicar a la empresa”, considera Antonio (nombre ficticio), trabajador delegado de CGT en la multinacional. El sindicato comparte la reclamación de Mamdani y considera que los mensajeros deberían ser contratados directamente por Amazon.

En términos generales y más allá de Amazon, “cuanto más subcontratas, más se divide la cadena y peores son las condiciones laborales de los trabajadores”, explica Luis Mercado, que subraya que a CCOO “no se cierra a la subcontratación”, pero siempre “desde la legalidad y con condiciones de los trabajadores que sean las del sector”.

Roberto (nombre ficticio), en el pasado repartidor de Amazon Flex como particular y ahora responsable de una pequeña compañía de transportes, señala que a las pymes se les hace “muy difícil” competir frente a las grandes compañías debido a las condiciones que establece Amazon para sus repartos. Y las cadenas de subcontratación, en las que DHL y SEUR externalizan entregas a empresas de menor tamaño para atender todos los pedidos de Amazon, “bajan tanto el precio por paquete que ya no resultan rentables”.

En este contexto, los sindicatos sostienen que proliferan rebajas de las condiciones de los repartidores, con las que las empresas intermediadoras intentan sacar algo más de margen de beneficio. Roberto menciona el negocio de los 'andarines', como denominan popularmente en el sector a “las personas que van andando entregando paquetes” desde un punto en el que la empresa en cuestión aparca la furgoneta con la mercancía. “Lo puedes ver en cualquier calle del centro de Madrid”, explica Roberto, que tiene un conocido que ha trabajado como 'andarín'.

“Yo creo que las grandes contratan a otras y son esas las que organizan una ruta de personas caminando para entregar los paquetes”, explica el transportista, que duda mucho de que estos mensajeros estén contratados de alta. “Con lo costoso que es contratar a una persona, lo dudo mucho”, sostiene Roberto.

¿Subcontratación o cesión ilegal de trabajadores?

Aquí se abre una importante discusión: si la subcontratación que practica Amazon de sus repartos es legal con la legislación española, donde existe la figura de la “cesión ilegal” de trabajadores.

La ley impide la subcontratación cuando esta se limita “a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria”, o cuando “la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”.

Especialmente en el llamado reparto de “última milla”, en el que se entregan los paquetes a los hogares a menudo por contratas 'ad hoc' que se crean solo para esta función, CGT y CCOO consideran que se incurre en una cesión ilegal. Es decir, que Amazon es la verdadera responsable de los mensajeros, como defiende Mamdani en Nueva York.

“El Ministerio de Trabajo respalda la campaña del alcalde de Nueva York, como no puede ser de otra manera, ya que va en la línea de lo que ha defendido siempre este departamento”, responden desde el departamento de Yolanda Díaz. “La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado en varias ocasiones el modelo laboral de aquellas plataformas digitales que utilizan fórmulas, como la de la cesión ilegal de trabajadores, que impiden que se garanticen los derechos laborales de los y las repartidores y repartidoras”, añaden en el Ministerio.

Fuentes de Amazon niegan la mayor. “El transporte de última milla no es contratado a través de subcontratas. La relación entre Amazon y las empresas de mensajería que realizan el reparto de la última milla, es la propia de un contrato de transporte”, según la legislación española, indican, “en la que Amazon opera como Operador de Transporte (cargador) y las empresas de reparto como porteador”.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Amazon en varias ocasiones por cesión ilegal de sus repartidores a través de subcontratas, situación también denunciada por sindicatos como ELA en Euskadi, con distintos resultados en los tribunales. En algunos casos han recibido el respaldo, considerando a Amazon la verdadera empleadora y organizadora del trabajo de los mensajeros, pero también hay revocaciones por parte de los tribunales, como ha ocurrido con varias sanciones impuestas en Catalunya.

En la multinacional solo dan cifras de las sentencias firmes ganadas, que sitúa en cuatro hasta la fecha y con varios procedimientos abiertos “con resultado igualmente favorable”. “Los juzgados y tribunales han entendido y validado el modelo de contratación de Amazon con las empresas de transporte, confirmando que no existe dicha cesión ilegal de trabajadores”, indican fuentes de la compañía.

En marzo, hubo una importante sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, que concluyó la existencia de cesión ilegal de DHL con varias subcontratas de última milla. “Es muy relevante señalar cómo el Tribunal Supremo prima la dirección de los trabajadores sobre si existen medios productivos en juego por parte de la contratista”, analiza el profesor de Derecho del Trabajo de la Univerdad de Valencia, Adrián Todolí.

Es decir, las subcontratas gestionan elementos como las vacaciones, las bajas y la formación preventiva de los repartidores, pero los jueces concluyen que DHL es la que controla la organización del trabajo diario. “No se trata de un mero control técnico o de calidad, como se pretende por DHL, sino de un control efectivo y exhaustivo de la actividad laboral”, recoge la sentencia. En CCOO consideran que el criterio del alto tribunal puede ser extensible a muchas otras subcontrataciones en la última milla, como el caso de Amazon.

El gigante de comercio electrónico lo niega y señala que el modelo de DHL es “muy diferente” al suyo. “Amazon no es un transportista que subcontrata: es un operador logístico que, en su condición de cargador, contrata los servicios de empresas de transporte que actúan como porteadores”, sostienen fuentes de la multinacional, lo que insisten en que “se ajusta plenamente a la normativa vigente y no implica ningún tipo de dirección laboral sobre las personas trabajadoras de dichas empresas de transporte”.

El Ministerio de Trabajo también destaca la importancia de este fallo del Supremo para delimitar “las fronteras entre la subcontratación y cesión ilegal”. “La subcontratación no puede ser meramente especulativa y sin ejercicio de los poderes empresariales por parte de las empresas auxiliares, y esa realidad no puede cambiar cuando se usan algoritmos o fórmulas tecnológicas que permiten, en la práctica, a la empresa principal controlar y organizar el trabajo de los trabajadores de las subcontratistas”, argumentan en el departamento de Yolanda Díaz.

Subcontratas a medida, la estrategia tras los falsos autónomos

Antonio, que estuvo hace unos años en el proceso de formación y selección de Amazon para abrir una DSP (Delivery Service Partner), sostiene que la multinacional “controla todo, te impone las condiciones de negocio”. Por ejemplo, explica que la empresa te plantea una amplitud geográfica en la que repartir, en la que te dice cuántas furgonetas y trabajadores necesitarías para cumplir con los estándares de Amazon. En ese momento, explica que la compañía asignaba un precio por paquete que se duplicaba (“de 5 a 10 céntimos”) si la subcontrata serigrafiaba su furgoneta con el logo de Amazon.

“La estructura la pone Amazon. Tú como empresa no necesitas infraestructura, 'disfrutas' –por así decirlo– de una infraestructura que te pone Amazon”, sostiene el trabajador de la multinacional, que asegura que la multinacional “hasta exige los proveedores” de las empresas de renting de las furgonetas, de la serigrafía o de la asesoría laboral y fiscal. “No decides nada, ni los proveedores. Toda la estructura es Amazoniana”,

La campaña de Mamdani en Nueva York visibiliza una batalla más amplia, que “se da en todas partes”, considera Raquel Boto, de la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO. La “estrategia” de muchas empresas de acudir a la subcontratación –y a veces la cesión ilegal– tras invalidarse modelos de falsos autónomos, como está ocurriendo también en el reparto de comida a domicilio en España, en empresas como Glovo y Uber Eats para cumplir con la Ley Rider.

“La primera lucha con este tipo de empresas era conseguir la laboralidad. El fin de los falsos autónomos. Esto empieza a estar bastante acotado, pero ahora hay estas otras estrategias”, explica la sindicalista.

Se abre así una nueva vía de “rebajar condiciones laborales” en muchos casos, en la que los sindicatos tienen que acudir a los tribunales cuando detectan cesión ilegal y tratar de vigilar el cumplimiento de las condiciones y derechos laborales en las contratas y subcontratas. “Pero es muy difícil. Esto es también una manera de impedir la organización sindical”, sostiene Boto, ya que estas compañías son más pequeñas, cambian con más frecuencia y a los sindicatos les cuesta más organizar a sus plantillas.

El récord de trabajadores en España alcanzado el pasado mes de julio, de 22,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, se explica en gran parte por el fuerte tirón del empleo extranjero en medio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. Su afiliación también sumó un máximo histórico, de 3,5 millones de trabajadores, en el que destacan algunos sectores empleadores como la hostelería, el empleo del hogar, la agricultura y la construcción, entre otros.

En concreto, había 3.512.223 afiliados extranjeros de media en julio, 66.046 más que el mes anterior y 420.875 más que hace un año. “La afiliación extranjera crece así un 13,6% interanual, frente al 2,9% del conjunto del sistema”, destaca el Ministerio de la Seguridad Social.

El mes pasado se elevó el paro registrado de manera inusual, en 19.500 personas, un alza que tiene también que ver con la regularización, en un contexto en el que aflora mucho empleo en la economía sumergida y muchas personas se incorporan a buscar empleo por los canales formales.

Si en el conjunto de la afiliación extranjera representa el “15,6%” del total de los trabajadores, “la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social”, donde se aglutinan la gran mayoría de personas asalariadas, apunta el departamento de Elma Saiz.

En la hostelería, uno de cada tres empleados es extranjero, con una representanción del 33% de los afiliados. En total, 540.000 personas afiliadas de media el pasado mes de julio. “En agricultura, el 28%; en construcción suponen el 26,6%; en actividades Administrativas, el 19,5% y en transporte, el 18,4%”, indican en la Seguridad Social.

Además, la población extranjera tiene un peso destacado en los sistemas especiales: “Representan el 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar”, en su inmensa mayoría mujeres, y “el 39,2% del Sistema Especial Agrario”, añade el Ministerio.

Además, el empleo extranjero también se ha beneficiado de la caída masiva del trabajo temporal tras la reforma laboral. La gran mayoría de los asalariados extranjeros tienen contratos indefinidos, más del “86% del total”. “Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo”, resalta la Seguridad Social.

Más de medio millón de autónomos

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros también crece, aunque con menos fuerza, y se situó en 531.568 personas de alta en julio, un 9,2% más que hace un año.

El Ministerio de Elma Saiz subraya “la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados”, como telecomunicaciones y programación informática, “donde ya representan más del 33% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia”.

“Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (27,4%), Hostelería (25,6%), Actividades Administrativas (19,3%), Construcción (18,6%) y Actividades Inmobiliarias (18,4%)”, añaden en la Seguridad Social.

Encabezan los trabajadores marroquíes y les siguen los colombianos

De los 3,5 millones de personas afiliadas extranjeras de media registradas en julio, algo más de dos millones son hombres y 1,5 millones son mujeres (43%).

Si miramos la procedencia de los trabajadores, alrededor del 27,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea, mientras que el resto son originarios de otros estados.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con algo más de 415.000 cotizantes. Le sigue Colombia (347.467), país que lidera las peticiones de la actual regularización extraordinaria de migrantes, Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

Sobre la regularización extraordinaria, la Seguridad Social recuerda los datos que ya facilitó a comienzos de mes: a 30 de julio, 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social como consecuencia del proceso extraordinario. La mayoría, trabajadores por cuenta ajena.

El precio de los caraburantes ha vuelto a dispararse en plena operación salida y ya se acerca a los máximos de 2026. Los datos muestran las cifras actuales, después de que el Gobierno se haya visto obligado a reactivar las rebajas del combustible por la subida del último mes. Así, la rebaja volverá a ser de 20 céntimos por litro en septiembre en lugar de los 5 céntimos previstos para el gasóleo, mientras que la gasolina mantendrá la rebaja prevista.

Las cifras del mapa anterior provienen de los datos remitidos por más de 12.000 estaciones de servicio españolas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualizan cada media hora y permiten conocer cómo están evolucionando los precios de los carburantes en todo el país.

En el siguiente gráfico puedes ver cómo evoluciona el promedio del precio del diésel y la gasolina 95 en todas las gasolineras de España.

En el mapa puedes ver los datos en tiempo real con las últimas cifras remitidas por cada estación. El siguiente gráfico te muestra además la brecha de precio medio del diésel en cada provincia, según los últimos datos disponibles:

¿Sabes cuánto cuesta la gasolina en las estaciones de servicio de tu municipio? Busca tu localidad o provincia y descubre cuáles son los establecimientos que venden el combustible más caro y más barato en tu zona.

La evolución de los precios energéticos durante este año ha estado marcada por fuertes oscilaciones, entre ellas las provocadas por la guerra en Irán, con el encarecimiento de los carburantes como una de las principales preocupaciones económicas. Ante esta situación, el Real Decreto-ley 18/2026 contempla una serie de medidas para contener el impacto de la subida de los precios.

Ahora, el Gobierno ha activado las rebajas fiscales ante el aumento de más del 15% de los precios del gasóleo, con el objetivo de reducir el impacto de la subida de los carburantes sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha unificado criterio y ha establecido que un contribuyente que venda una vivienda habitual de su propiedad y reinvierta el importe obtenido en otra vivienda habitual, solo podrá aplicar la exención en IRPF por la parte del precio correspondiente a su porcentaje de participación en el nuevo inmueble si lo compra con otra persona.

De acuerdo con la resolución del TEAC consultada por Europa Press, se fija que el obligado tributario podrá aplicar la exención por reinversión en función del importe que, del total obtenido en la transmisión de la vivienda, destine a satisfacer el precio de la nueva vivienda que se corresponda con el porcentaje de participación que el mismo ha adquirido en dicha nueva vivienda; porcentaje que, en el caso de bienes adquiridos con carácter ganancial sin atribución expresa de cuotas será del 50% para cada uno de los cónyuges.

La resolución precisa que la exención por reinversión no depende de que el contribuyente mantenga en la nueva vivienda el mismo porcentaje de titularidad que tenía en la transmitida, sino del importe efectivamente reinvertido en la adquisición de su derecho de propiedad.

El TEAC analiza el supuesto de un contribuyente que transmite una vivienda habitual de titularidad privativa y, posteriormente, adquiere junto a su cónyuge una nueva residencia habitual bajo el régimen de sociedad de gananciales.

En concreto, se trata de un ciudadano que adquiere el 50% de la nueva vivienda construida en Suances (y no el 100% de la misma), cuyo coste de adquisición, a la fecha en que debió materializar la reinversión, es de 170.091,21 euros, y transmitió su anterior vivienda habitual en 217.739,72 euros, con un saldo pendiente de hipoteca de 44,56 euros, por lo que ya se advierte, en primer lugar, que difícilmente puede reinvertir la totalidad del importe obtenido en la venta.

La cuestión es que el interesado no ha adquirido el 100% de la vivienda nueva, sino el 50%, por lo que la reinversión unicamente puede examinarse considerando lo adquirido por él, esto es, el 50% de la vivienda.

En este contexto, el órgano económico-administrativo concluye que la cantidad susceptible de acogerse a la exención debe corresponderse con el precio de adquisición de la cuota de propiedad que el contribuyente incorpora a su patrimonio en la nueva vivienda.

El tribunal descarta así que un cónyuge pueda aplicar la exención por la totalidad de los fondos procedentes de la venta de su vivienda anterior si una parte de ese desembolso sirve para financiar la participación del otro cónyuge en el nuevo inmueble.

Por tanto, la resolución del Tribunal, adelantada por 'El País', entiende que el beneficio fiscal consistente en la aplicación de la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con la transmisión de una vivienda habitual, cuando dicho importe sea reinvertido en la adquisición de otra vivienda habitual, solo puede aplicarse a aquella parte que redunde en adquisición de titularidad de la nueva vivienda a favor del propio contribuyente.

“Es decir, la exención debe tener como límite la parte del precio de la nueva vivienda habitual correspondiente al porcentaje de titularidad en la misma”, se detalla en la resolución.

Por todo ello, en aquellos supuestos en los que el contribuyente transmite una vivienda de la que venía siendo titular al 100%, reinvirtiendo todo el importe en la adquisición del 50% de una nueva vivienda, la exención aplicable no puede superar el importe del 50% del precio de la nueva vivienda objeto de reinversión. “Lo contrario implicaría el reconocimiento indebido de una exención”, concluye la resolución.