La reunión para la ampliación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha empezado con buen pie, según han puesto de manifiesto este viernes los agentes sociales y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aunque los puntos técnicos se empezarán a discutir el próximo lunes, en el encuentro que se ha celebrado este viernes en Palma sindicatos, empresarios y Gobierno han coincidido en que es necesario mantener los ERTE más allá del 30 de septiembre, que estos instrumentos laborales no sean sectoriales, sino que afecten a aquellas empresas que lo necesiten, y elevar del 50% al 70% las prestaciones que cobran las personas afectadas por esta herramienta laboral cuando pasan seis meses.

"Ha sido una reunión útil y constructiva. Va a permitir seguir trabajando para diseñar el marco laboral a partir de octubre para que aporte la mayor certidumbre posible para las empresas afectadas por la pandemia. Hay que constatar que en estos momentos 3 de 4 trabajadores han abandonado los ERTE, se han activado, y quedan unos 800.000 más los que puedan venir por los rebrotes. El objetivo de todos es que aquellos que no han podido activarse tengan la mayor protección posible, y puedan transitar a la incorporación al mercado de trabajo", ha destacado Escrivá.

Todos los actores dieron por seguro que los ERTE se iban a ampliar temporalmente hasta diciembre como mínimo, aunque empresarios y sindicatos han exigido que se alarguen hasta la temporada de verano del año que viene o se conviertan en una herramienta de uso continuo para evitar despidos, respectivamente.

La ministra ha explicado que el "criterio consensuado es no agotar los tiempos de negociación", con lo que antes del 30 de septiembre se conseguiría un acuerdo. "Todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país", ha apostillado Díaz.

Los representantes de las patronales Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, el consenso en el planteamiento de "ayudar a los que lo necesitan". "Un empresario no va a contratar a nadie porque le financien el 14% del coste laboral, pero es una medida clave para un empresario que tiene un problema grave de liquidez y que tiene que pagar la cuota a la Seguridad Social", ha especificado Garamendi.

Los representantes de los empresarios han coincidido en señalar que son "partidarios de que la protección a los trabajadores sea superior al 50%". Este punto se da por hecho que estaría solventado, ya que la ministra Díaz ha señalado varias veces que la rebaja que se aprobó durante el Gobierno de Rajoy es una "merma inaceptable de ingresos" para los trabajadores y se va a modificar como han pedido los sindicatos.

En este clima de consenso, los empresarios han añadido que además de los ERTE se ofrezcan políticas adicionales de apoyo al tejido empresarial, especialmente a las empresas del sector turístico, que van desde las facilidades de liquidez, a rebajas fiscales, donde ha nombrado al IVA o el IBI, a ayudas a la digitalización o programas de promoción de España como destino.

Por su parte, los sindicatos han añadido que es necesario proteger con prestaciones sociales a los trabajadores que perdieron la ayuda de desempleo durante el estado de alarma y todavía no han encontrado empleo y definir nuevas ayudas para los empleados de empresas turísticas que se quedarán en el paro cuando paren su actividad, salgan del ERTE, y no retomen la actividad hasta la próxima temporada turística.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha calificado la posible fusión de CaixaBank y Bankia de "preocupante para la economía española" porque seguir profundizando en la "oligopolización" del sector financiero "no es una buena noticia" ni para la competencia del mercado ni para la estabilidad del sector.

"La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional...", ha señalado Álvarez este viernes. El dirigente de Podemos cree que Bankia puede ser "el embrión" de una banca pública eficiente y el Estado no debe abandonar su participación en el capital "reprivatizando la entidad".

"El Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales, y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades", ha expresado. Entre sus críticas ha señalado, además, que las fusiones tienen "importantes implicaciones" sobre los trabajadores de las empresas y en esta ocasión ocurre en una situación de elevado desempleo.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido en una entrevista en Canal Sur que "hay que recuperar" el dinero del rescate de Bankia y "la mejor manera es manteniendo la participación pública". "Necesitamos más información del proyecto", ha sostenido el ministro, que ha recordado que los ciudadanos pagaron más de 20.000 millones euros para rescatar Bankia "y se han recuperado 3.000 millones". A su juicio, "ese dinero hay que recuperarlo y la mejor manera es mantener la participación pública".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que se trata de "una privatización encubierta de Bankia, rescatada con el dinero de todos los españoles". Para el diputado, la posible fusión "es una irresponsabilidad" que nos hace "financieramente más frágiles" y pide al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que evite la "concentración oligopólica".

Para Elvira Rodríguez, vicesecretaria Sectorial del PP, si la fusión sale adelante sería una noticia "positiva" para tener un sistema financiero "fuerte, competitivo y bien gobernado". "Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como esta son positivas", ha señalado. La formación ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para explicar los detalles de la posible operación.

Mientras, desde el Gobierno valenciano han apostado por que la sede esté en la ciudad de Valencia -si la fusión tiene lugar- al recordar que las entidades presididas por José Ignacio Goirigorzarri y Jordi Gual, por motivos diferentes, tienen su sede social en la ciudad: "Sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana dentro del respeto absoluto a las decisiones que tomen dos entidades privadas".

De realizarse, la fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros.

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han coincidido este viernes en solicitar "medidas no traumáticas" para las plantillas de CaixaBank y Bankia si se completa el éxito la negociación para la fusión que ambas entidades ya han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En declaraciones a Canal Sur Radio, Sordo ha asegurado que se trata de una operación "con una lógica empresarial bastante acusada y que, si se confirma, tiene un alcance estratégico importante para el país porque estamos hablando de una entidad financiera con importantes participaciones en otras empresas de energía, de comunicación y de infraestructuras".

"Desde luego, CCOO lo que va a hacer va a ser velar porque los criterios laborales que se puedan dar, porque siempre que hay una fusión esto tiene algún tipo de efecto en las relaciones laborales y en el número de las plantillas, que en todo caso las medidas no sean traumáticas", ha añadido el líder de CCOO, que también ha apostado por "romper una dinámica que además existe en España, que es una creciente exclusión financiera, porque cada vez hay más partes de nuestro país que tienen dificultades para acceder a un banco y a un sistema financiero normalizado".

Junto a ello, Sordo ha defendido la necesidad de "poner en valor también la participación pública que podría tener todavía esta entidad porque España va a necesitar palancas financieras para la reconstrucción económica del país". "Es una operación que hay que ver si se confirma y en qué términos, con una lógica empresarial y donde el sindicato, sobre todo, va a velar por los criterios laborales y sociales de la entidad resultante si esto si esto se confirmara", ha concluido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado convencido de que en un proceso de fusión de "dos entidades tan importantes y con tantas sucursales como CaixaBank y Bankia, sin lugar a dudas y más allá de otras connotaciones, va a haber recorte de plantillas", por lo que ha expresado su "preocupación" y ha trasladado a las dos entidades "la necesidad de mantener el empleo".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Álvarez ha señalado que "será difícil de entender por los ciudadanos que en un momento como el que estamos no se mantenga el empleo en estas entidades y en el sector financiero en particular", aunque ha admitido que los ajustes de plantilla es "algo que va a estar ahí presente, más o menos, y a más corto o largo y medio plazo, porque hay una confluencia de oficinas en las ciudades más importantes de nuestro país, en algunos casos incluso puerta con puerta, y eso con toda seguridad va a generar que la nueva entidad se acople a las necesidades de los propios ciudadanos".

En cualquier caso, el líder de UGT ha querido subrayar que "esta no es la única consecuencia" de la posible fusión de CaixaBank y Bankia, sino que "también hay consecuencias sobre el consumo porque cada día hay más concentración bancaria y menos posibilidades de que haya oferta diferente entre las entidades financieras". "Seguramente para el sector financiero español en el contexto europeo es un elemento que tiene interés pero hay que ver la otra cara de la moneda", ha finalizado Álvarez.

Las acciones de Bankia se disparaban un 31% y las de Caixabank un 10% pasados unos minutos de la apertura, a las 9.20 horas, tras confirmar que negocian una posible fusión.

En concreto, los títulos de Bankia se anotaban un alza del 31,76% cercanas las 9.30 horas, hasta 1,365 euros, tras haber iniciado la sesión con un alza del 14,38%, mientras que los de Caixabank ampliaban también su subida del 7,03% de la apertura al 10,49%, marcando un precio de 2,011 euros.

Ambas entidades, tercera y cuarta del sector financiero español, han confirmado el inicio de conversaciones con vistas a una operación que daría origen a una entidad con activos por valor de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciaría significativas sinergias.

Junto a ellas, el resto de valores del sector bancario también cotizaban en verde a las 9.20 horas, con alzas del 12,23% para Sabadell, del 5,37% para Bankinter, del 3,91% para Santander y del 3,5% para BBVA.

A esa hora, el selectivo madrileño ampliaba sus ganancias al 1,2% y se aferraba a la cota psicológica de los 7.000 enteros, después del desplome en Wall Street, donde el Dow Jones cerró con una caída del 2,78% y el S&P 500 del 3,51%, al tiempo que el Nasdaq se hundió casi un 5%.

El Ministerio de Consumo prepara una reforma legal para prohibir los números de atención al cliente de tarificación adicional, los conocidos como 902. Fuentes del departamento de Alberto Garzón enmarcan la decisión como "una medida de justicia social, que pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del COVID por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad".

El objetivo, según esas fuentes, es "prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente", de los que los más extendidos son los 902.

Para ello, "se va a abrir un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil". Consumo subraya que "los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas".

La reforma se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que hace ya más de tres años, en 2017, declaró ilegal que el coste de una llamada a un servicio postventa supere el de una llamada estándar.

El ministerio prepara una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, en concreto, de su artículo 21.2, para "evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica", esto es, a un número con los tradicionales prefijos provinciales. 

"Informarte, consultar o reclamar a una empresa no puede suponer un sobrecargo en las facturas mensuales, sean clientes o no", según Consumo, que recuerda que las asociaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras llevan más de una década pidiendo el fin de estos números de tarificación especial.

Según FACUA-Consumidores en Acción, "el fraude de las líneas de atención al cliente con prefijo 902 provoca perjuicios millonarios a los usuarios ante la pasividad de las autoridades de consumo de las comunidades autónomas".

"Se trata de líneas de alto coste con las que multitud de empresas vulneran la legislación de defensa de los consumidores. En muchos casos, obtienen beneficios por cada llamada recibida, una práctica también prohibida por la normativa de telecomunicaciones", indicó FACUA este jueves en una nota.

Actualmente, toda empresa o profesional está obligada a facilitar servicios de atención telefónica que ofrezcan una comunicación rápida y eficaz. Legalmente, se debe disponer de un número que no tenga un coste superior al de la denominada tarifa básica. El problema es que hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica” que recoge la normativa española. Muchas empresas lo aprovechan para dirigir la atención a números que suponen un elevado coste para quienes llaman.

El artículo de la Ley de Consumo que el ministerio quiere reformar establece que “en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica".

"A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”, añade la norma vigente.

Ante las dudas que planteaba el concepto de "tarifa básica", el Tribunal de Luxemburgo dictaminó en marzo de 2017 que el mismo "debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar". 

"Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”, añadió el TJUE. 

Las líneas más comunes de este tipo son los 902, que actualmente tienen unos costes muy altos y suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares. Son más caros que una llamada provincial pero más baratos que una llamada nacional. El precio se estableció así con el fin de que si un usuario llamaba a un 902 localizado fuera de su provincia fuera a una tarifa algo más elevada que por una llamada provincial, pero menos que por una nacional.

Consumo subraya que "a día de hoy, donde todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, los 902 han quedado obsoletos".

El ministerio destaca que el acceso "a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los Servicios de Atención al Cliente, Quejas, Reclamaciones e Incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico".

Así, con la reforma "los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica" (esto es, con los prefijos de toda la vida" para sus relaciones con las empresas. "Acabamos con abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos", asegura el ministerio.

La crisis provocada por la COVID-19 ha dado el último empujón para consolidar el sistema financiero español. CaixaBank y Bankia están estudiando una fusión, lo que supondrá integrar al tercer y cuarto banco de España, según ha adelanto el diario Ara y ha confirmado elDiario.es. La operación contaría con el visto bueno del Gobierno, que a través del FROB, cuenta con el 61% del accionariado de la entidad madrileña.

Ambas entidades mandaron un comunicado a la CNMV a última hora del jueves en el que recalcaban que estaban "en negociaciones para analizar una fusión entre ambas entidades, sin que por el momento se haya alcanzado ningún acuerdo al respecto, más allá de la firma de un acuerdo de confidencialidad para intercambiarse información para valorar la operación".

La fusión crearía el primer banco de España por activos con más de 650.000 millones, de los que 442.000 millones estarían aportados por la entidad catalana y Bankia aportaria otros 215.000 millones. Según publicó el diario Ara, el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri ocuparía la presidencia de la nueva entidad mientras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ocuparía el mismo cargo en el banco resultante.

Fuentes del Gobierno señalaron que "el equipo del FROB está permanentemente analizando las condiciones de mercado con el fin de proteger el interés público de la participación en Bankia. Como es natural, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se tiene contacto frecuente con las principales entidades financieras del país".

 "En el caso de que esas conversaciones y estudios concluyan en una propuesta de acuerdo de fusión, el FROB los analizará con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor y optimización de su capacidad de recuperación de ayudas. Como se ha señalado reiteradamente, el Gobierno tiene una prioridad en relación con Bankia: proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país", según las mismas fuentes.

Hasta el momento se han recuperado algo más de 3.000 millones de los 24.000 millones que recibió Bankia en ayudas públicas cuando el Estado tuvo que salir en su rescate. Se desconoce cómo quedaría la participación del Estado en la entidad resultante.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha calificado la posible fusión de "preocupante" porque seguir profundizando en la "oligopolización" del sector financiero "no es una buena noticia" ni para la competencia del mercado ni para la estabilidad del sector. "La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional...", ha señalado Álvarez este viernes.

El dirigente cree que Bankia puede ser "el embrión" de una banca pública eficiente y el Estado no debe abandonar su participación en el capital "reprivatizando la entidad". "El Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales, y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades", ha expresado. Entre sus críticas ha señalado, además, que las fusiones tienen "importantes implicaciones" sobre los trabajadores de las empresas y en esta ocasión ocurre en una situación de elevado desempleo.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que se trata de "una privatización encubierta de Bankia, rescatada con el dinero de todos los españoles". Para el diputado, la posible fusión "es una irresponsabilidad" que nos hace "financieramente más frágiles" y pide al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que evite la "concentración oligopólica".

El Banco Central Europeo ha pedido que los bancos europeos inicien un proceso de fusiones ante la pérdida de rentabilidad de las entidades financieras por el entorno de tipos bajos, la llegada de nuevos jugadores tecnológicos y la crisis impulsada por el parón de actividad que ha supuesto la pandemia de coronavirus.

El vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, insistió este martes en que la banca europea debe abordar fusiones de forma "rápida y urgente" para hacer frente a la crisis del coronavirus. Según Guindos, si antes de la pandemia ya era "muy importante la necesidad de ajuste de costes" y eliminación del exceso de capacidad del sector bancario europeo, "con la pandemia dichas actuaciones se han hecho mucho más imprescindibles". "La consolidación es un instrumento que puede ser útil" y "debería llevarse a cabo de manera relativamente rápida y urgente". "Es necesario actuar".

Solo hace dos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitía que las fusiones eran parte de la solución ante la caída de rentabilidad de las entidades españolas: "Existe margen para que se produzca alguna consolidación en el sector que contribuya a hacer que las entidades, y el sistema en su conjunto, sean más resistentes".

Bankia registró un beneficio neto de 142 millones de euros durante el primer semestre de este año, un 64% inferior al obtenido hace un año, debido a las provisiones para hacer frente a posibles contingencias como consecuencia de la situación generada por el coronavirus. Por su parte, la entidad catalana registró un resultado atribuido de 205 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone una caída del 67% respecto a 2019. El resultado de 2020 incluye el registro de una provisión extraordinaria por los impactos futuros asociados a la COVID-19 por 1.155 millones de euros y un coste asociado a prejubilaciones de 109 millones de euros.

La cuota de mercado de Bankia en volumen de negocio era del 9,70% a 31 de diciembre de 2019, bastante inferior a CaixaBank, que alcanza el 28%. El banco catalán cuenta con más de 3.797 oficinas en España y más de 35.000 empleados mientras la entidad madrileña tiene 2.260 sucursales y no llega a los 16.000 empleados, pero ambos bancos habían emprendido planes de reducción de oficinas y personal ante los pobres resultados que habían cosechado en este año.

Como las dos entidades tienen su sede social en Valencia -CaixaBank abandonó Barcelona por las tensiones políticas independentistas y Bankia cuenta con sede en esa ciudad por la fusión con otras entidades- no se espera que se genere un problema político por la ubicación del banco ya que se mantendrán las oficinas principales tanto en la capital catalana como en Madrid.

Desde el Gobierno valenciano han apostado por que la sede esté -si sale adelante la fusión- en la ciudad de Valencia, al recordar que las entidades presididas por José Ignacio Goirigorzarri y Jordi Gual, por motivos diferentes, tienen su sede social en la ciudad: "Sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana dentro del respeto absoluto a las decisiones que tomen dos entidades privadas". Mientras que el nuevo 'conseller' de Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, señaló que "Caixabank tendría que volver a tener la sede en Cataluña" en TV3.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves en la Sexta que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de un rebrote por la COVID-19 "están funcionando muy bien, tienen vocación de permanencia porque no tiene sentido que tengan tiempo limitado, han de permanecer hasta cuando sea necesario".

"Es muy absurdo poner fechas. Los ERTE por rebrote se mantendrán el tiempo que sea necesario", ha puntualizado Díaz. La ministra ha recalcado que "los ERTE ha demostrado ser una herramienta necesaria que ha salvado millones de empleos y a miles de empresas", justo un día antes de que se retomen las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para discutir la ampliación de esta medida laboral. "Vamos a ir a la mesa de negociación con los agentes sociales sin líneas rojas", ha remachado.

Los empresarios, especialmente en el sector turístico, han solicitado que los ERTE se extiendan hasta el verano de 2021. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este jueves que esta herramienta debe de ampliarse hasta Semana Santa, puesto que el sector turístico ha sido de los más afectados.

La ministra ha explicado que tienen identificados a los sectores más afectados por la pandemia: turístico, transportes, agencias de viaje, ocio y cultura, que son los que tienen más trabajadores todavía afectados por los ERTE. Bajo está herramienta de protección estuvieron cobijados 3,4 millones de trabajadores, de los que se mantienen afectados más de 700.000 personas.

Díaz ha insistido en que el Gobierno va a "cuidar el turismo porque supone el 12% del PIB", para posteriormente añadir que el sector se tiene que modernizar y ser más eficiente y sostenible en todos los aspectos, incluido la situación de sus trabajadores.

Respecto a la rebaja del 70% al 50% de la base reguladora de la prestación que cobran los trabajadores afectados por un ERTE cuando transcurren seis meses afectado, la ministra de Trabajo ha recordado que esta reducción de la prestación la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en uno de sus viernes de recortes, pero ha destacado que el actual Ejecutivo de coalición está estudiando la viabilidad para mantener la prestación en el 70%.

Los principales dirigentes de las mayores empresas españolas han lanzado sus recetas para la recuperación de la crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en en el pleno extraordinario 'Recuperación y reconstrucción de la economía española: desafíos y prioridades' organizado por la Cámara de Comercio de España este jueves. Pacto político, moratoria administrativa, flexibilidad laboral y un nuevo marco competitivo han sido algunas de las recetas que se han escuchado a los principales espadas de las compañías más fuertes del Ibex.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, que ha clausurado el acto, ha asegurado que muchas de las propuestas de los directivos de las principales empresas españolas están alineados con el plan de recuperación que explicó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la plana mayor del Ibex 35.

Así, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha señalado que es el "momento de ser ambiciosos para acelerar procesos administrativos, si lo hacemos rápido y todos a la vez se crearan sinergias". Galán se ha quejado de que en España el "sistema administrativo es en serie, cada papel hay que presentarlo en diferentes ventanilla y no se puede avanzar hasta que no te lo aprueben".

El presidente de Iberdrola ha puesto como ejemplo a Alemania, "donde hicieron una moratoria del sistema administrativo para acelerar la reconstrucción de la Alemania del Este". Galán ha declarado que "es el momento de ser ambiciosos para acelerar procesos administrativos que nos permitirían acelerar una economía más verde y con más presencia de renovables", una fuente de energía donde la compañía que preside es líder. Además ha solicitado que se "levanten las restricciones en inversiones en redes, que se permita reconvertir las centrales eléctricas en centros de almacenaje y que se potencie la electrificación de todo el transporte"  

Aunque todos los ponentes han pedido un gran acuerdo político, el que más ha incidido ha sido el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, que ha recordado los Pactos de la Moncloa de 1977 como ejemplo a seguir. "Los Pactos de la Moncloa fueron una experiencia colectiva, que es patrimonio de todos. Se podrían recuperar y servirnos de modelo para dar el impulso estratégico a la transformación que nuestro país necesita en estos momentos de crisis", ha comentado.

Cuando se está debatiendo con más intensidad la eliminación de los aspectos de la reforma laboral más lesivos para los trabajadores, Abril-Martorell también ha insistido en la necesidad de crear "un entorno laboral flexible, que permita una mayor agilidad laboral para adaptar las condiciones de trabajo (número de empleos, horas trabajadas, teletrabajo, etc.) a la actividad real de cada sector y empresa, con pleno respeto de todos los derechos y garantías. Somos un país más dependiente del exterior, mucha empresas españolas están globalizadas, si no somos competitivos frente a otras empresas de otros países y aumentamos nuestra productividad, tendremos que competir con salarios bajos y devaluación interna como hemos hecho en otras ocasiones".

El presidente de Indra también a puntualizado que a pesar de "las dificultades de las cuentas publicas" por los gastos que ha provocado la pandemia, "los Presupuestos Generales del Estado no deberían penalizar a las empresas" mediante una "fiscalidad excesiva".

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado un pacto digital y unas nuevas reglas del juego que garanticen que las empresas compiten en igualdad de condiciones, pues de lo contrario ha advertido de que será "imposible" tener la misma productividad. "Competimos con gente que no está regulada y no quiero que les regulen, pero si ellos no están regulados, desregúleme a mí, porque es imposible competir en igualdad de oportunidades", ha reclamado Álvarez-Pallete.

Por su parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido que se incrementen las inversiones en rastreo y test de la COVID-19 para frenar una crisis que tiene su origen en una situación sanitaria. Botín ha asegurado que la clave es desacelerar la propagación de la COVID-19 para que la actividad no se tenga que parar otra vez, lo que profundizaría el declive económico.

La presidenta del Santander ha puesto como ejemplo que se han dedicado 80 billones de dolares en el mundo en ayudas a empresas y a las personas, lo que ha calificado de necesario, pero ha insistido en que se tendrían que dedicar más recursos al rastreo de infectados y para test. Para ello ha asegurado que con 20 millones de dolares se podrían hacer análisis a cuatro millones de personas cada semana, lo que facilitaría el control de la pandemia.

Además de ampliar la inversión en rastreo y test, Botín ha pedido que las ayudas europeas vayan dirigidas "a proyectos de cada sector que tengan un esfuerzo multiplicador, que tengan un efecto tractor, que por cada euro que se ponga, tenga un efecto más allá" .

La presidenta del Santander ha apuntado que "para salvar el medio plazo, si lo hacemos bien en el corto, necesitaremos menos recursos en el medio. Cada empresa que salvemos ahora, que merezca la pena ser salvada, hará más fácil la recuperación después". 

En este punto ha coincidido el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, que ha insistido en que "se haga un esfuerzo en amplificación y alineamiento de las ayudas europeas. Tenemos una oportunidad histórica para invertir miles de millones y nos deberíamos apalancar en la iniciativa privada para que ese dinero sea diez veces más, con objetivos bien alineados". Torres Vila puso como ejemplo la concesión de créditos con los avales del ICO que se han gestionado a través de las entidades bancarias.   

"Tenemos que entender que hay nuevas formas de hacer negocio, España está ante una oportunidad histórica. Es urgente y evidentemente hay que pasar a la acción, hay que decidir el cómo, pero creo que todos estamos de acuerdo en hacerlo juntos, en la colaboración público-privada. Las multinacionales estamos aquí para llevar la bandera de España fuera", ha concluido la presidenta de HP España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha reclamado al Gobierno y a los grupos políticos "altura de miras" y capacidad para llegar a acuerdos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, así como la extensión de medidas como los ERTE y la aprobación lo antes posible de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a los países que financien la recuperación económica y equilibren las finanzas públicas mediante unos mayores ingresos procedentes de los impuestos a la propiedad y a las ganancias de capital, según se deriva de un informe que el ente con sede en París ha publicado este jueves.

El organismo presidido por el mexicano Ángel Gurría ha indicado que, una vez que los países salgan de la crisis y sus economías comiencen a recuperarse, tendrán que empezar a restaurar las finanzas públicas. Durante la pandemia un gran número de países ha puesto en marcha medidas que tendrán un impacto en el gasto público pese a que los ingresos se verán reducidos por la crisis económica y el parón de la actividad derivado de medidas como el confinamiento.

"Elevar los impuestos sobre el trabajo o sobre el consumo, como se hizo tras la crisis global de 2008, podría ser difícil políticamente y, en muchos casos, no deseable desde un punto de vista de equidad", indica la OCDE, por lo que los Gobiernos tendrán que encontrar "fuentes alternativas de ingresos".

"La tributación de la propiedad y las ganancias de capital tendrán que jugar un papel importante, particularmente en el contexto de mejoras significativas en la transparencia fiscal internacional", ha subrayado el club de países.

En este sentido, la OCDE considera que, una vez que la senda de recuperación esté afianzada, los Gobiernos deberán pasar de estar en una situación de gestión de crisis a considerar "reformas estructurales". Aunque advierte de que no se debe actuar de forma prematura para no "poner en peligro" la recuperación. "Los Gobiernos deberían aprovechar la oportunidad de construir unas economías más verdes, inclusivas y resilientes", destaca el informe.

Además de recaudar más mediante los impuestos a la propiedad y a las ganancias de capital, la OCDE considera que debería ser una "prioridad central" acelerar las reformas de impuestos ambientales, ya que los impuestos sobre combustibles contaminantes "no están cerca de los niveles necesarios para animar a un cambio hacia energías limpias".

Por otro lado, la OCDE receta que los países tengan en cuenta la equidad en otros aspectos económicos, ya que la crisis ha tenido un efecto mayor en los trabajadores de más bajos ingresos, las mujeres y las personas jóvenes. El organismo considera que se debería fortalecer la protección social de los empleos más precarios.

"La mayor presión sobre las finanzas públicas, así como las crecientes demandas de una mayor equidad deberían proporcionar un nuevo ímpetu para alcanzar un acuerdo sobre la fiscalidad digital. La cooperación fiscal será todavía más necesaria para evitar que las disputas tributarias se vuelvan guerras comerciales, lo que dañaría la recuperación en un momento en el que la economía global menos se lo puede permitir", ha alertado la OCDE.

Tras la crisis del coronavirus, España nunca alcanzará la demanda de carburantes de los años del boom, según los ejecutivos de las grandes petroleras españolas. "Es muy probable que el pico de 2007 no lo volvamos a ver", ha dicho este jueves el presidente de BP España, Luis Aires, un análisis que han compartido sus homólogos de Repsol y Cepsa durante una mesa redonda en la jornada "La transición energética, clave en la recuperación tras la Covid-19" del V Foro de la Energía El Economista.

El directivo de la petrolera británica ha señalado que el coronavirus ha sido "una gran ola que ha arrasado" el sector y de la que ahora se está viendo su "impacto estructural", y ha puesto en duda que tras la crisis del coronavirus se llegue a alcanzar el nivel de consumo de 2007 por esta crisis económica, la mayor eficiencia de los motores de combustión interna y la progresiva implantación del vehículo eléctrico. 

Según Aires, en la primera quincena de abril, durante el confinamiento más estricto, las estaciones de servicio de BP registraron una caída de ventas del 80% en España. Desde entonces se produjo una recuperación semana a semana del 5%, y tras levantarse el estado del alarma, una subida del 10%. Pero la recuperación se ha estancado desde entonces, con una caída de entre el 10% y el 15% respecto a un año antes en julio y agosto que, según Aires, ha venido para quedarse. Un análisis que ha compartido Philippe Boisseau, consejero delegado de Cepsa, que ha señalado que la demanda "no va a recuperarse totalmente" por aspectos como el auge del teletrabajo.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dicho que las cifras de la petrolera son "coincidentes" con las de BP, con una caída del 71% en abril y un retroceso en España en agosto del 12% interanual, que en Italia se queda en el 2% y en Portugal alcanza el 14%. Pero Imaz ha querido introducir un "matiz cualitativo" sobre la recuperación en los próximos dos-tres años que ha ligado a la evolución del turismo, porque "si desacoplamos turismo internacional en España en agosto y la operación Paso del Estrecho", la demanda del consumidor español ha sido "muy similar" a la de hace un año. De cara a los próximos años, Imaz ha incidido en que, pese al fomento del teletrabajo, "se usa más el vehículo propio que antes" y la economía online está impulsando el tráfico de furgonetas y camiones, por lo que ha confiado en una recuperación de los niveles de 2019 en los próximos dos o tres años. 

El ejecutivo de Repsol y ex líder del PNV ha dicho que "ojalá" la pandemia acelere la transición energética, algo que han dado por hecho ejecutivos como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y la máxima responsable de Iberdrola España, Ángeles Santamaría. Pero Imaz lo ha puesto en duda y ha enmarcado ese deseo en el "pensamiento mágico". 

"El Covid es una putada en términos de salud, de economía, y también en términos de otras cosas", ha dicho Imaz. Por ejemplo, las administraciones "van a tener menos dinero público" para destinar a aspectos como la tecnología y la crisis va a seguir envejeciendo el parque automovilístico por la caída de las matriculaciones de coches nuevos. "¿Cuándo se van a renovar los aviones?", se ha preguntado.

Durante la jornada, el primer ejecutivo de Endesa, José Bogas, ha señalado que la demanda eléctrica está ya en una senda de "cierta recuperación" tras llegar a caer un 20% durante el estado de alarma, pero ha advertido de que el dato de agosto (corregida de estacionalidad y temperatura la caída interanual se quedó en 3,3%, según Red Eléctrica) puede estar distorsionado por la mayor actividad de la industria para compensar el parón de la gran reclusión. Su homólogo en Acciona Energía, Rafael Mateo, ha destacado que la demanda de contratos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo (conocidos como PPAs) ha estado "más activa que nunca en estos cinco meses de pandemia".

La Fiscalía portuguesa ha anunciado esta semana la creación de un "grupo de reflexión" para "desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos". El proyecto surge en vísperas de que se inicie el reparto del histórico fondo de reconstrucción pactado en julio por los líderes europeos para hacer frente a la emergencia económica derivada del coronavirus.

El nuevo 'think tank' luso, que tendrá una duración prevista de dos años, ha sido creado a iniciativa del Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de la Procuradoria-Geral da República (PGR), la Fiscalía lusa.

Su objetivos son fundamentalmente tres: identificar "áreas de elevado riesgo de comportamientos fraudulentos", desarrollar "líneas orientadoras de prevención de fraude en la gestión de control de fondos europeos" y elaborar "metodologías de acción ajustadas a comportamientos fraudulentos identificados", según una nota de la PGR.

Fuentes del Gobierno español descartan llevar a cabo una iniciativa similar porque "el fraude se persigue per se" y no es necesario un organismo de estas características.

El laboratorio de ideas lanzado por Portugal no guarda relación con la "agencia nacional para la recuperación económica de España" que propuso crear este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta agencia, que se encargaría de gestionar los fondos europeos, tendría una orientación completamente distinta, mucho más ejecutiva que la del 'think tank' luso.

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a estudiar la creación de una agencia de ese tipo, que según Casado permitiría evitar "el "clientelismo y la discrecionalidad" en el reparto de los fondos y podría estar dirigida por alguien sin filiación política, como algún exgobernador del Banco de España o excomisario europeo. No obstante, Montero recordó que la creación de este tipo de agencias estatales está recogida en una ley que derogó el Gobierno del PP.

En el caso del nuevo 'think tank' luso, el grupo de trabajo, con un enfoque multidisciplinar y preventivo, estará integrado entre otros por un magistrado de la DCIAP y por representantes del Organismo Europeo Antifraude (OLAF), del Tribunal de Cuentas luso, del Banco de Portugal, de la Policía Judicial y la Agencia Tributaria portuguesa, entre otros organismos públicos, además de entidades del mundo académico y la sucursal de la ONG Transparencia Internacional en el país.

Va a echar a andar cuando todavía no ha empezado el reparto de los fondos europeos de reconstrucción pactados en julio, con una dotación total prevista de 750.000 millones de euros. Se espera que Portugal reciba unos 15.300 millones de euros en los próximos años, frente a los 140.000 millones que corresponderán a España. 

En julio, cuando se acordó la creación de ese instrumento de ayuda a los países más golpeados por la pandemia, los líderes europeos plantearon la necesidad de prevenir el fraude en el uso de los fondos comprometidos mediante "una implicación decidida del Tribunal de Cuentas Europeo, la OLAF, Eurojust, Europol y, cuando proceda, la Fiscalía Europea, así como de las autoridades competentes de los Estados miembros". 

Un informe publicado por la OLAF el año pasado situaba a España como el país de la UE que más irregularidades acumuló en el uso de fondos europeos y agrícolas entre 2014 y 2018, con un total de 10.995 casos, el 22% del total y muy por delante del resto de países: Rumanía era el segundo con 5.563 casos, seguido de Polonia (5.103), Italia (4.117) y Portugal (2.723).

El país vecino tiene también un historial acreditado de mal uso de fondos comunitarios. En julio pasado, Jornal de Notícias revelaba que, según estimaciones de la Policía Judicial lusa, desde 2015 se habían abierto en el país vecino un total de 443 investigaciones por posibles irregularidades en la utilización de más de 2.300 millones de euros de fondos europeos.

Esa estimación comprende investigaciones relativas a ayudas concedidas en la última década (desde 2010) a través de mecanismos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) o el programa Portugal 2020. Las áreas de industria, formación, agricultura, medio ambiente, tecnologías y desarrollo fueron las que más investigaciones concentraban. 

Uno de los últimos casos se conocía hace unas semanas, con el registro de varias empresas en Pontevedra por parte de efectivos de la Guardia Civil española y la Policía Judicial lusa por su presunta participación en un fraude de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos con destino al programa Portugal 2020. Empresas de ambos países habrían establecido un circuito de facturaciones falsas para obtener esas ayudas de forma ilícita.

El Gobierno da por ejecutada la devolución de las cantidades abonadas a Enagás por el fallido proyecto Castor al asegurar que los 34,5 millones de euros que el operador recibió del sistema gasístico se dirigirán al sostenimiento de otras instalaciones.

Así lo manifiesta el Ejecutivo en una respuesta registrada en el Senado, y recogida por Europa Press, al senador de Compromís, Carles Mulet, que había preguntado por las medidas adoptadas hasta ahora para hacer efectiva la devolución a consumidores de gas, entre empresas y particulares, por el sobrecoste que soportaron en sus facturas entre 2014 y 2018 por decretos y resoluciones anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

A los titulares de los derechos de cobro se abonaron entre 2016 y 2018 más de 141 millones de euros, quedando pendientes de abonar otros 100 millones a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, cantidades que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió reintegrar al sistema gasista.

Frente a la respuesta, Compromís critica que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para hacer efectiva estas cantidades "ilegalmente cobradas a particulares y empresas entre 2014 y 2018 por sobrecostes, pagos y cánones por el consumo de gas que no estaban obligados a soportar", subrayando que la anulación de las normas que validaban los recargos provocaba que los mismos "debían volver a su lugar de origen, como son los particulares y empresas".

"No compartimos el trato que se está teniendo hacia esta empresa a la que se le ha permitido todo sobre el territorio, se le pagaron cantidades millonarias por su ineptitud e incluso el Gobierno progresista dilata en el tiempo todo lo que puede el desmantelamiento de sus peligrosas instalaciones", sostiene Mulet.

En este sentido, considera que la devolución de estas cantidades al sistema gasista "altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de forma clara", por lo que censura "la falta de transparencia" y "los criterios extraños de no devolver un dinero cobrado ilegalmente, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas de por medio que facilitan la devolución o compensación".

"Esto es como si un tribunal declarara que hemos estafado a Hacienda y decidiéramos que, en vez de devolver el dinero, los pusiéramos en otro sitio que tiene como consejeros a gente de nuestro partido", concluye Mulet. Y es que, según ha recordado el senador de Compromís, el gestor gasista cuenta o ha contado entre sus consejeros y asesores a los exministros del PSOE José Blanco y José Montilla, y a los 'populares' Ana Palacio, Antonio Hernández Mancha, Marcelino Oreja Arburúa e Isabel Tocino.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), Marina Serrano, ha reclamado este miércoles al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que vuelva a incrementar el límite de inversión a la distribución eléctrica para impulsar la recuperación, tras el incremento aprobado en junio. 

"Queremos ser palanca de reconstrucción económica", ha dicho Serrano, asumiendo la propuesta que ha lanzado poco antes Miguel Antoñanzas, presidente y consejero delegado de Viesgo, empresa perteneciente a AELEC.

Durante su intervención en el curso "El Sector Energético ante la crisis del COVID-19. Hacia la sostenibilidad y la transición energética", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, Serrano ha señalado que el sector privado va a tener un papel clave en la recuperación ante el desplome del PIB y el repunte de la deuda pública española por la crisis del coronavirus, y ha ofrecido "adelantar inversiones" en el próximo trienio. 

Poco antes, en la inauguración del curso, Antoñanzas había ofrecido su compromiso de incremento "sustancialmente" las inversiones de Viesgo mediante un "plan intensivo de inversión en redes", a cambio de un aumento del límite de inversión que fija el Gobierno. Transición Ecológica ya lo elevó en junio pasado, tras levantarse el estado de alarma, del 0,13% al 0,14% del PIB, después de que las eléctricas lo reclamaran en la cumbre empresarial que entonces organizó la patronal CEOE.

La presidenta de Aelec ha reclamado"consenso" para sacar adelante la ley de cambio climático, actualmente en fase de enmiendas, y lanzar "señales de inversión" adecuadas para la recuperación. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Sara Aagesen, ha confiado en que esa ley "se apruebe en 2020" dado que "hay un gran consenso parlamentario".

Aagesen, que ha inaugurado el curso junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y Antoñanzas, ha instado a "reflexionar" para "aprovechar cada euro" del fondo de recuperación europeo pactado en julio, que va a estar muy enfocado en la transición energética, lo que supone una "oportunidad" para crear "empleo de calidad y sostenible" y lograr una industria "muchísimo más competitiva".

 La secretaria de Energía, que ha destacado que todos los agentes del sector "han sabido responder a la garantía del suministro" durante los peores momentos de la pandemia, ha señalado que España es un país "especialmente bien posicionado" para abordar la transición energética porque "tanto la sociedad civil como las propias empresas y los gobiernos" de distinto ámbito están "convencidos de que la palanca de recuperación es verde".

El consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Mariano Bacigalupo ha señalado por su parte que el organismo abordará "inmediatamente" la nueva circular de acceso y conexión "en intensa comunicación" con el Gobierno, que tiene pendiente un decreto sobre este aspecto.

Agosto ha vuelto a ser un pésimo mes para el empleo por el fin de la temporada turística, pero este año ha estado marcado además por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de viajes que han hecho que España haya sufrido una caída sin precedentes de turistas internacionales. El número de personas paradas ha aumentado en 29.780 personas (0,79%) en el mes de agosto, en relación con el mes anterior, pese a la subida de 6.282 afiliados más a la Seguridad Social. El dato de creación de empleo es positivo pero está lejos de los 161.000 puestos de trabajo que se crearon el mes anterior. El total de desempleados registrados es de 3.802.814, su nivel más alto en un mes de agosto desde 2015.

El incremento de las afiliaciones ha provocado que la subida del paro sea un 45% menos del incremento registrado en agosto de 2019, cuando la economía española mostraba signos de debilitamiento pero todavía crecía por encima de la media europea. Entonces, el desempleo aumentó en 54.371 personas respecto al mes de julio de 2019.

La creación de empleo en 6.282 puestos de trabajo mantiene la estela del mercado laboral tras la eliminación de las medidas de confinamiento y el frenazo de la actividad económica, que provocó una enorme caída de afiliados entre mediados de marzo y finales de abril (-947.896).

En los últimos 12 meses, el sistema ha perdido 527.851 afiliados (un -2,73%), un descenso interanual que mejora los datos de julio, que registró una pérdida interanual de 747.656 ocupados. El número total de ocupados alcanzó los 18.792.376 cotizantes en agosto, lo que supone 82.541 ocupados menos desde el inicio de agosto. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración "cabe señalar que el efecto del final de mes distorsiona el resultado. Sin contar el dato del 31 de agosto, en el que se dieron de baja 211.566 ocupados, desde el inicio del mes se habrían sumado 129.025 afiliados".

Al final, el mercado laboral se ha comportado peor de lo que esperaban algunos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá, echó las campanas al vuelo cuando anunció que en las tres primeras semanas de agosto de habían creado 132.000 empleos mientras que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este martes que la creación de empleo en los meses de verano había llegado a los 330.000 puestos de trabajo.

Al analizar estas cifras también hay que tener en cuenta que todavía hay 812.438 personas incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en agosto. En este mes se han reincorporado más de 305.000 personas a sus puestos de trabajo. Ya han salido 2,5 millones de personas de esta herramienta laboral de los 3,4 millones que estaban afectados por la paralización de la actividad para frenar la expansión del coronavirus, es decir, tres de cada cuatro personas incluidas en un ERTE han salido de esta situación.

Para entender el impacto de la pandemia, el número de contratos registrados en agosto fue de 1.118.663, lo que se traduce en 401.259 contratos menos, con una caída del 26% respecto al mismo mes de 2019. Aunque el Ministerio destaca que "pese a crisis sanitaria, en los ocho primeros meses del año se han firmado un total de 9.954.263 contratos", la realidad es que en lo que llevamos de año se han firmado 4,7 millones de contratos menos que en el año anterior.

La volatilidad y la precariedad siguen imponiéndose en el mercado laboral español. Solo se han firmado 96.275 contratos de carácter indefinido, que representan el 8,61% de todos los contratos. El resto de contratos son se dividen en 4.151 de carácter formativo y 1.018.237 son temporales. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 28,23%.

Por sectores, el paro ha subido especialmente en Servicios, donde está incluido el turismo, con 20.216 (0, 76%) personas más debido, en gran medida a las restricciones de movilidad determinadas por los principales países emisores de turismo del mercado español, según explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la Construcción se produce un incremento en 7.983 parados (2,68%) mientras que en la Industria hay 2.981 desempleados más (0,96%). Solo la agricultura ha dado una buena noticia este mes, con un descenso del paro en 13.523 personas (-6,61%).

Las mujeres siguen siendo las que más sufren el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral. el paro sube entre las mujeres en 20.327 (0,93%), hasta un total de 2.197.913 trabajadoras inscritas. El paro femenino solo se redujo durante el mes de julio desde el inicio de la pandemia y sigue manteniendo un saldo negativo para el empleo. Tras tres meses de caída, el paro masculino aumenta en 9.453 (0,59%) trabajadores, hasta un total de 1.604.901 inscritos.

Las malas noticias del desempleo femenino en agosto se han dado aunque la creación de empleo fue positiva entre las mujeres. En concreto, en agosto creció la afiliación entre las mujeres, que suman 10.802 cotizantes, frente a la caída de 3.980 afiliados hombres.

Por Comunidades Autónomas, el paro baja en ocho comunidades autónomas encabezadas por Navarra (-1.078), Cantabria (-763), Extremadura (-548) y Andalucía (-468), donde la agricultura ha paliado en cierta medida el desastre turístico. En las nueve comunidades restantes sube el paro, sobre todo en Cataluña (11.293), Madrid (6.260) y la Comunidad Valenciana (5.694), que concentran el 78% de los nuevos parados, regiones que han notado especialmente el descenso del turismo internacional.

¿En algún lugar de Bruselas está escrito que hace falta unos presupuestos aprobados para recibir los fondos de recuperación? No. ¿En algún momento de las negociaciones se ha pedido a España tener unos presupuestos aprobados de aquí a final de año para recibir dinero para la pandemia? En absoluto. Ahora bien, en tanto que los 140.000 millones del fondo de recuperación asignados a España están pensados para la crisis del coronavirus y condicionados para impulsar reformas de transición digital, energética y las recomendaciones del semestre europeo –el sistema de gobernanza económico de la Comisión Europea–, es importante que haya cuentas nuevas: las partidas de los presupuestos de Cristóbal Montoro de mayo de 2018 no entendían ni de pandemia, ni de coronavirus, ni de una crisis que hará que España acabe 2020 con una caída del PIB en torno al 10% ni de un fondo europeo que no estaba en la cabeza de ningún oráculo.

Es decir: no se trata tanto de un problema puramente técnico, como de que para canalizar correctamente los fondos para lo que están pensados se necesitan presupuestos. ¿Por qué? Porque los fondos van destinados a financiar programas específicos diseñados por los países, que si no están insertos en un marco presupuestario, son más complicados de diseñar. Y, a veces, puede resultar imposible. "Beneficiarse del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y nuestra evaluación de los proyectos de planes presupuestarios son procesos separados", recuerdan fuentes comunitarias, que esperan para el 15 de octubre un primer borrador de plan de presupuestos –Draft Budgetary Plan–. Y añaden: "La presentación y evaluación de planes presupuestarios y de planes de recuperación y resiliencia son dos procesos separados y distintos. Si bien no existe un vínculo formal entre los dos, es importante que los objetivos de cada uno sean coherentes entre sí".

Es cierto que los presupuestos de Montoro tampoco preveían la cobertura de ERTE impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por ejemplo, que de momento suponen un desembolso de más de 20.000 millones. Pero también es verdad que, si el mundo de mayo de 2018 no tiene nada que ver con el mundo de septiembre de 2020, el marco presupuestario sufre para adaptarse a un momento histórico tan extraordinario.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba este martes en una entrevista en la SER: "[el presupuesto de Montoro] No recoge aquellos instrumentos necesarios para vincular todos los recursos económicos que van a venir a partir del próximo año de Europa. Esos 140.000 millones, 72.000 millones de ellos en transferencias directas, para hacer esa transición digital, esa transición ecológica, esa necesaria cohesión territorial que necesita nuestro país. Estos viejos presupuestos no van a ser capaces de absorber esos recursos económicos, ni atender tampoco esas emergencias sociales". ¿Están en peligro las ayudas de Europa? "Si no se aprueban estos presupuestos, están comprometidos desde el punto de vista de la capacidad que tenga el Ejecutivo y las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la absorción de esos recursos y, por lo tanto, en sus niveles de ejecución. No tenemos instrumentos ahora mismo reconocidos en el presupuesto para poder absorber esa capacidad ingente de recursos que va a provenir de Europa".

Para abordar nuevas políticas con las cuentas de Montoro, "habría que ir emprendiendo modificaciones presupuestarias", explican fuentes del Gobierno, y añaden: "Hay partidas complicadas de ejecutar sin nuevos presupuestos, y las que hay, son limitadas para afrontar nuevos retos".

"Estamos hablando de la movilización de inversiones públicas y privadas", decía este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su intervención en la UIMP, "de la capacidad catalizadora de los recursos públicos, de los proyectos prioritarios, de la capacidad tractora sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo. Pero parece que no somos conscientes de que todo esto requiere de unos Presupuestos Generales del Estado adecuados a la realidad actual y que nos permitan canalizar los recursos públicos nacionales y muy fundamentalmente a los comunitarios, que tienen un papel clave en los próximos años para que podamos hacer realidad esos usos deseados, compartidos, del programa de reformas e inversiones que nuestro país necesita".

En todo caso, al margen de que sea más necesario que imprescindible tener presupuestos para recibir dinero europeo, hay otro asunto pendiente: aún no se ha aprobado el fondo de recuperación en Bruselas. Y, cuando se apruebe, está previsto que el dinero se reparta entre 2021, 2022 y 2023. Es decir, que no es que haya un cajero automático para España con 140.000 millones esperando a que se aprueben los presupuestos de 2021 para ser vaciado.

Es más, hay otros fondos europeos aprobados en 2020 a los que España ha optado con éxito. Por ejemplo, los 21.300 millones concedidos en préstamos para financiar los ERTE a cuenta del programa SURE de la Comisión Europea. Y también tiene a su disposición otro tanto del MEDE sanitario, al que no recurre por temor al estigma del fondo de rescates europeo.

Es decir, hay dinero europeo que está llegando y que puede llegar al margen del fondo de recuperación vinculado al marco financiero plurianual 2021-2027 UE –presupuestos de la UE– y, también, al margen de los presupuestos españoles. Pero, es que, además, los presupuestos europeos tampoco están aprobados.

En efecto, en ese hipotético cajero automático no es que no haya 140.000 millones para España, es que está vacío. ¿Por qué? Porque aunque los líderes acordaran un fondo de recuperación en julio después de cinco días de negociaciones, queda el trámite parlamentario.

Es verdad que difícilmente el Parlamento Europeo va a tumbar un acuerdo de los 27 jefes de Gobierno, pero también es difícil que el único organismo elegido por sufragio universal vaya a tragarse unos presupuestos plurianuales sin aportar nada. De hecho, ya han comenzado las negociaciones, y los principales grupos de la Eurocámara –PPE, S&D, Renew y Verdes– han pedido formalmente endurecer la condicionalidad de respetar el Estado de Derecho para acceder a fondos europeos –pensando en Hungría y Polonia–. Y, si se pusieran de acuerdo liberales y las derechas –PPE, ECR e ID–, incluso tendrían mayoría para endurecer las condicionalidades económicas si se lo propusieran aun a riesgo de hacer saltar el acuerdo global con los socialistas, tanto de la cumbre como para el Ejecutivo comunitario –la UE se gobierna fundamentalmente entre populares, socialistas y liberales–.

Pero el tiempo apremia: el actual marco presupuestario de la UE finaliza el 31 de diciembre y la financiación para el próximo ciclo de siete años aún no está asegurada. Además de que el presupuesto 2021-2027 necesite la aprobación del Parlamento Europeo, requiere que los parlamentos nacionales ratifiquen el fondo de recuperación de la UE de 750.000 millones de euros que se establecería mediante deuda emitida por la Comisión Europea con cargo al presupuesto de la UE –en última instancia, a contribuciones nacionales–.

Mientras el Consejo y el Parlamento inician conversaciones para lograr un acuerdo sobre el presupuesto, también se trabaja en muchas un proyecto de ley sobre cómo gastar los 673.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia de la UE –el resto, hasta 750.000, es dinero que se aporta a programas manejados por la Comisión Europea a través del presupuesto de la UE, no programas diseñados por los gobiernos–.

En paralelo, los países están elaborando sus planes nacionales de recuperación, que deben presentar para acceder a los fondos de recuperación de la UE. Estos planes necesitarán la aprobación de la Comisión y el respaldo de la mayoría cualificada en el Consejo. Pero no la existencia previa de nuevos presupuestos nacionales como condición sine qua non.

Las conversaciones sobre el acuerdo del MFF –presupuesto de la UE– continuarán los días 7, 11 y 18 de septiembre; aunque el Parlamento no podrá votar, como pronto, hasta octubre. Si no hay un acuerdo para el 1 de enero, el presupuesto se renovaría sin los nuevos programas de gasto –incluido el fondo de recuperación–, y sin uno de sus grandes contribuyentes netos actuales, el Reino Unido.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha coincidido este martes con gran parte de la banca española en que las fusiones en el sector son la solución al problema de rentabilidad y ha llamado a propiciarlas. Para ello, y aunque no ha querido hablar en concreto de fusiones en la banca española, ha explicado que tras la consolidación posterior a la anterior crisis el sector está más saneado y con más capital, pero su rentabilidad sigue siendo baja, por lo que "la recomendación que se hace a los bancos de la UE es aplicable a España", ha dicho en referencia a la consolidación.

El también exministro español de Economía ha hecho esta consideración durante su intervención en el seminario 'El sistema financiero en la crisis de la COVID-19', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, este año de forma remota.

Para De Guindos, la respuesta del BCE a la crisis del covid-19 en cuanto a política monetaria "ha estado a la altura del desafío" y continuará ayudando a los países a salir de la crisis, pero estas ayudas tendrán efectos estructurales (endeudamiento, déficit) que estarán ahí durante varios trimestres.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, otro de los ponentes durante la jornada de este martes, ha señalado que, para recuperar la rentabilidad "no queda otra que pensar en las fusiones, tanto nacionales como transfronterizas".

"La historia bancaria de España demuestra que las fusiones es una forma de mejorar la rentabilidad en un período corto de tiempo", ha indicado durante su intervención en línea con o defendido por todo el sector.

Roldán ha argumentado que, desde el punto de vista de mejoras en la rentabilidad y reducción de costes, en la historia de la banca española en los últimos 40 años "no se entiende que tengamos entidades de la potencia que tenemos sin fusiones, que han permitido un aumento de eficiencia" y que puntos débiles del sistema se hayan convertido en puntos de fortaleza. "Es la única forma en la que podemos pensar de manera segura que vamos a poder recuperar la rentabilidad", ha insistido.

En este sentido, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha declarado que "existe margen" para las fusiones de entidades bancarias, tanto a nivel nacional como en toda Europa, aunque pide que no se olvide nunca tener en cuenta la variable de la competencia a la hora de llevar a cabo estos procedimientos. Y ha apuntado que el nivel de competencia actual del sector bancario es elevado, especialmente si se considera que los bancos "no compite solamente con (otros) bancos", ya que en los últimos años han surgido entidades que se encuentran fuera del nivel regulatorio. En cualquier caso, De Cos no cree que esta variable suponga un impedimento en futuras fusiones bancarias.

Por su parte, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha defendido que "sería bueno que hubiera integraciones europeas" en el sector bancario y que las entidades resultantes fueran europeas "a secas", pero falta mucho para eso, porque aún hay bancos centrales nacionales "muy activos". Durante su intervención en las jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, ha añadido que Bankinter tiene intención de seguir independiente y no piensa participar en ninguna fusión.

En su opinión, para salir antes de la crisis los socios comunitarios deberían completar su unión con "una tesorería única y un esquema fiscal único". "Tras esta crisis nos gustaría ver un gran impulso a la solidez de la UE, avances significativos en la sostenibilidad de la economía y en la transformación energética que se precisa para ello, así como avances en la digitalización en todos los sectores".

La banca puede contribuir a la prosperidad de la economía "dando ejemplo de rigor y de buen hacer, de integridad y de eficiencia", para no perder credibilidad.

Superadas las tensiones dentro del Gobierno de coalición ante la inminente negociación presupuestaria, el Ejecutivo se pondrá manos a la obra para la elaboración de las cuentas públicas para 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha sentado esta tarde con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para dar el pistoletazo de salida a la preparación del borrador del proyecto presupuestario sobre el que se abrirá la negociación con el resto de formaciones políticas. "Espero que Ciudadanos y ERC estén en disposición de llegar a acuerdos", ha expresado la portavoz del Gobierno, que ha agradecido la posición que hasta ahora ha mostrado Inés Arrimadas. Montero ha asegurado que los presupuestos estarán inspirados por el acuerdo programático que firmaron PSOE y Unidas Podemos -en ejes como la transición ecológica, la digital, la agenda feminista y de cohesión-, pero ha enfriado la reforma fiscal con subidas de impuestos que figura en ese documento.

"La fiscalidad se inspira en el acuerdo programático, pero se tendrá que modular al momento y al ciclo económico. No podemos ser ciegos a la situación económica -ha expresado Montero-. Tenemos a lo largo de la legislatura todo por hacer". Pedro Sánchez pretende dejar, por tanto, el grueso de la reforma fiscal más adelante. La ministra de Hacienda ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de "dos velocidades": "Una que acompaña proyectos de recuperación y a lo largo de la legislatura que nos debe permitir la revisión de la figuras fiscales". Aún así, no ha querido especificar si habrá alguna subida como la de situar el impuesto de sociedades en el 15%: "Lo vamos a abordar como parte nuclear de la negociación con Unidas Podemos y el resto de fuerzas".

En el Gobierno son conscientes de que la negociación presupuestaria no será fácil de puertas hacia dentro ni con el resto de agentes externos, pero fuentes gubernamentales admiten que aparcando la subida de impuestos facilitan el apoyo de Ciudadanos, que es la vía que ven más factible en la parte socialista dada la posición que mantiene ERC por el posible adelanto de las elecciones catalanas. "Estoy convencida de que hay un punto de encuentro entre todos", dice Montero sobre la incompatibilidad mutua que han mostrado públicamente Unidas Podemos y Ciudadanos.

El Gobierno ha acordado que sean la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quienes se reúnan con los grupos de la oposición para negociar los presupuestos. De esta manera, un representante de cada una de los partidos de la oposición estará presente en la ronda de contactos y se entierran así las discrepancias de los últimos días en torno a las cuentas entre los socios del Ejecutivo sobre las cuentas.

Montero Álvarez se han reunido esta tarde para abordar las líneas generales del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. "Se tratan de unos presupuestos esenciales para garantizar la recuperación económica y social tras la pandemia y para orientar la economía española hacia un crecimiento más inclusivo, más digital y que garantice una transición ecológica justa", ha informado Moncloa en un comunicado tras el encuentro.

Pero Sánchez no quiere esperar al calendario electoral en Catalunya y pondrá en marcha la negociación de los presupuestos de forma inmediata, con el objetivo de llevarlos al Congreso "en tiempo y forma" antes del 1 de octubre. No obstante, el Gobierno también ha dejado claro en las últimas fechas que no registrará el proyecto hasta tener los apoyos amarrados.

Montero ha enviado un mensaje tanto al PP como a ERC al instarles a comunicar cual es su voluntad respecto a la negociación, pero reclamarles que no planteen condiciones imposibles. "En eso consiste la negociación: cada uno expresamos nuestras prioridades y luego tendremos que modular en función de que las propuestas sean viables. Es una mala broma cuando algunos ponen encima de la mesa propuestas que saben que son inviables y no me refiero solo al PP", ha advertido.

ERC puso como condición sine qua non que se reúna la mesa de dialogo entre el Gobierno y la Generalitat para negociar las cuentas públicas. "Si ERC cree que debe reunirse la mesa de diálogo que convenza al señor Torra", ha sentenciado la portavoz del Gobierno sobre la negativa del presidente catalán a reunir ese organismo pese a la disposición mostrada por el Ejecutivo tras el levantamiento del estado de alarma.

La mesa del diálogo social ha vuelto a retomar las conversaciones este martes para cerrar un acuerdo sobre la futura Ley de teletrabajo. Sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo abordan unas negociaciones, que según fuentes conocedoras, han empezado con buen pie. El departamento que dirige la ministra Yolanda Díaz ha planteado elevar hasta el 30% de la jornada fuera del centro la definición de teletrabajo, de manera que todos los empleados que cumplieran con este porcentaje de su horario laboral en su domicilio quedarían bajo la nueva legislación. El movimiento del Ministerio tiene como objetivo rebajar las reticencias de la CEOE al documento inicial que planteaba considerar trabajo a distancia con el 20% de la jornada fuera del centro.

En la última versión del anteproyecto de Ley del Trabajo a Distancia, con fecha del 3 de agosto, a la que accedió elDiario.es, se especificaba que “se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 20% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad”.

El porcentaje mínimo de la jornada para declarar el trabajo a distancia se había convertido en uno de los elementos de rechazo de la patronal porque aducían que las personas que eligieran esta modalidad de trabajo solo un día a la semana ya se verían afectadas por la nueva legislación, lo que podría suponer una serie de gastos y obligaciones para las empresas. A juicio de la CEOE, un día de teletrabajo obedece a políticas de flexibilidad laboral y conciliación pactadas con el empleado.

Con el incremento al 30% de la jornada, se espera solventar este obstáculo. Los sindicatos se habían opuesto inicialmente a permitir un incremento de la jornada, pero estaban abiertos a su negociación para que la regulación saliera adelante.

Fuentes del diálogo social aseguran que las conversaciones para avanzar en la regulación del esta modalidad de trabajo que se ha impuesto para evitar la expansión de la COVID-19 se han reiniciado bien este martes, sin tantas reticencias por parte de los empresarios, por lo que se siguen consiguiendo avances como en las reuniones de la primera semana de agosto.

Entonces en la mesa se consensuó que las empresas no tendrían que asumir todos los gastos del trabajo a distancia, se eliminaba cualquier referencia a los "gastos indirectos" y dejaba en manos de los convenios su compensación. "La última versión del texto supone una mejora sobre la anterior, ya que recoge planteamientos trasladados desde el ámbito empresarial a la Secretaría de Estado de Empleo", señalaron entonces fuentes de la patronal a este medio, aunque recalcaron que todavía quedaban "elementos de mejora".

Con la regulación del teletrabajo, el Gobierno trata de equipararse al resto de los países de la UE, donde ya sea mediante una legislación laboral o a través de convenios colectivos, la mayoría de los países tiene regulado el teletrabajo. En España, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 13 bajo el epígrafe de "trabajo a distancia" esta modalidad de empleo, pero lo hace con muchas carencias. Está tan poco definido, que el Gobierno se vio obligado a incluir en el decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el artículo Cinco para que el teletrabajo tuviera "carácter preferente" frente a medidas como la cesación temporal o la reducción de la actividad. 

En agosto, el mes en el que se siguieron levantando las medidas de contención del covid-19, Eurostat calcula que la inflación interanual ha sido del -0,2%, por debajo del 0,4% de julio, según una estimación preliminar de la oficina de estadística de la Unión Europea.

Es la primera vez que los precios entran en territorio negativo desde 2016. "Los de agosto son los niveles más bajos", argumenta Gregory Claeys, del think tank Bruegel: "Esto parece zanjar el debate sobre el efecto a corto plazo de la crisis del covid-19 sobre la inflación en la zona del euro. En mi opinión, está claramente justificada una política muy expansiva del BCE2.

En cuanto a los principales componentes de la inflación de la zona del euro, Eurostat calcula que los alimentos, el alcohol y el tabaco tengan las mayores subidas en agosto (1,7%, frente a 2,0% en julio); seguidos de los servicios (0,7%, frente a 0,9% en julio); bienes industriales no energéticos (-0,1%, frente al 1,6% de julio) y energía (-7,8%, frente al -8,4% en julio).

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye el efecto de la energía y los alimentos frescos por ser los componentes más volátiles, se situó en el 0,6 % en agosto, siete décimas por debajo del 1,3 % que marcó en julio. Eurostat publicará el índice armonizado de precios de consumo (HICP) completo del mes de agosto el próximo 17 de septiembre, informa Efe.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles para Eurostat, las mayores subidas de precios se produjeron en Eslovaquia (+1,5%) y Lituania (+1,2%), mientras que los descensos más acusados correspondieron a Chipre (-2,9%) y Grecia (-2,1%). En España, la tasa de inflación armonizada se situó en agosto en el -0,6%.

En julio de 2020, un mes marcado por una cierta relajación de las medidas de contención del covid-19 en muchos Estados miembros, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro fue del 7,9%, frente al 7,7% de junio de 2020, según Eurostat. La tasa de desempleo de la UE a 27, por su parte, fue del 7,2% en julio 2020, frente al 7,1% de junio de 2020. La oficina de estadística de la Unión Europea calcula que 15,184 millones de hombres y mujeres en la UE, de los cuales 12,793 millones en la zona del euro, estaban desempleados en julio de 2020. En comparación con junio de 2020, el número de personas desempleadas aumentó en 336.000 en la UE y en 344.000 en el zona euro.

En julio de 2020, 2,906 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE, de los cuales 2,338 millones se encontraban en la zona euro, explica Eurostat. En julio de 2020, la tasa de desempleo juvenil era del 17% en la UE y del 17,3% en la zona euro, frente al 16,9% y el 17,2%, respectivamente, del mes anterior. En comparación con junio de 2020, el desempleo juvenil aumentó en 37.000 en la UE y en 29.000 en la zona del euro.

En julio de 2020, la tasa de desempleo de las mujeres era del 7,5% en la UE, frente al 7,3% de junio de 2020. La tasa de desempleo de los hombres era del 7% en julio de 2020, frente al 6,8% de junio de 2020.

En la zona del euro, la tasa de desempleo de las mujeres aumentó del 8% en junio de 2020 al 8,3% en julio de 2020, mientras que pasó del 7,5% al ​​7,6% para los hombres.

Estas estimaciones se basan en la definición estándar de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo utilizada a nivel mundial, que cuenta como personas desempleadas sin trabajo que han estado buscando trabajo activamente en las últimas cuatro semanas y están disponibles para comenzar a trabajar en las próximas dos semanas.

El brote de covid-19 y las medidas aplicadas para combatirlo han provocado un fuerte aumento en el número de solicitudes de prestaciones por desempleo en toda la UE, explica Eurostat.

Al mismo tiempo, una parte importante de los que se habían registrado en las agencias de desempleo ya no buscaban activamente un trabajo o ya no estaban disponibles para trabajar, por ejemplo, si tenían que cuidar a sus hijos. Esto lleva a discrepancias en el número de desempleados registrados y los cálculos como desempleados según la definición de la OIT.

El vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido este martes en que la banca europea debe abordar fusiones de forma "rápida y urgente" para hacer frente a la crisis del coronavirus. Según Guindos, si antes de la pandemia ya era "muy importante la necesidad de ajuste de costes" y eliminación del exceso de capacidad del sector bancario europeo, "con la pandemia dichas actuaciones se han hecho mucho más imprescindibles". "La consolidación es un instrumento que puede ser útil" y "debería llevarse a cabo de manera relativamente rápida y urgente". "Es necesario actuar".

En una intervención telemática en las jornadas sobre El sistema financiero y la crisis del Covid 19. Retos y compromisos, organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y celebradas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Guindos ha recordado que los bancos europeos han llegado a esta crisis en una situación de capital y liquidez "mucho mejor" que la de la crisis financiera de 2008, pero con una rentabilidad que ya estaba bajo presión. 

Así, si antes de la crisis el retorno del capital estaba en torno al 6%, con el coste de capital demandado por los inversores en el 10-12%, "en este momento las expectativas de los analistas de mercado dicen que la rentabilidad se sitúa por debajo del 2%" y para 2021 estará en el entorno del 3%, por los menores ingresos y las mayores provisiones que han tenido que dotar las entidades para cubrirse de los riesgos derivados de la gran reclusión. 

En Europa, la cotización de los principales europeos ha caído desde enero más de un 30%, ha recordado el vicepresidente del BCE, que ha señalado que esas fusiones pueden tener carácter "nacional o transfronterizo" y ha dejado claro que su recomendación de consolidación también aplica a la banca española: aunque esta "ha llevado a cabo un proceso de saneamiento importante", también "se está encontrando con una caída del PIB más intensa que la media europea". 

Guindos ha recordado que tras la caída del PIB del primer trimestre (3,6%) y el desplome del 12,1% del segundo trimestre registrado en la Eurozona, "desde mayo lo que estamos viendo es un tirón de actividad que lógicamente va en paralelo con el desconfinamiento". Y aunque para el tercer trimestre se espera un "incremento importante de la actividad económica", tras unos datos "muy fuertes" en julio, en agosto los indicadores "han perdido algo de intensidad", a medida que se han disparado los rebrotes del virus en la UE.

En el caso de España, en agosto "ha continuado la mejora pero a una intensidad menor", y con menor vigor que en otros países, ha advertido Guindos, que ha señalado que sería "bastante natural" una tasa de crecimiento del 15% en el tercer trimestre como la que proyectaba recientemente la AiREF. Un rebote que, ha recordado, sería insuficiente para compensar el desplome del primer semestre, cuando la economía española se derrumbó "algo menos de un 23%" interanual.

El exministro del PP ha atribuido la intensidad de la caída del PIB español a una "multiplicidad de razones": de la "severidad" del confinamiento a la estructura del tejido productivo, con un elevado peso de los servicios y, en especial, el turismo, así como al predominio de las empresas de muy reducida dimensión. Pero también a razones "desde el punto de vista regulatorio" del ámbito laboral o administrativo, como la "falta en ocasiones de unidad de mercado".

El vicepresidente del BCE, que ha insistido en varias ocasiones en la importancia del fondo de recuperación europeo para equilibrar el diferente margen fiscal que tienen los países europeos, ha recordado que la recuperación de esta crisis está siendo "incierta, incompleta y desigual", tanto por sectores (mucho más vigorosa en el manufacturero que en el de los servicios) como por países.

Y ha advertido de que a escala europea "va a dejar efectos estructurales" sobre la actividad económica y la deuda pública, con el ratio sobre PIB "15 o 20 puntos más elevado" que antes del coronavirus, con impacto también en el endeudamiento privado y con posibles efectos sobre el mercado laboral, lo que "puede afectar a lo que es la equidad de nuestras sociedades".