La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio).

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice por su parte Patricia (nombre ficticio), que suma entre los afectados a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay alguna renuncia.

Por su parte, Roberto (también, nombre ficticio), ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También apuntan que es esta adjudicataria la que se ha encargado de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas, mientras la elaboración de los contenidos de las mismas dependía de la propia Renfe.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.

Las grandes energéticas españolas han vendido en el último lustro activos de energías renovables en todo el mundo (fotovoltaica, eólica e hidráulica) por más de 12 gigavatios (GW) de potencia, equivalente a una docena de reactores nucleares. Con ello han ingresado más de 15.000 millones de euros, aunque el importe de algunas operaciones no es público.

Esta estrategia de rotación de activos (en muchos casos, participaciones minoritarias) busca reducir riesgo, liberar capital, controlar la deuda y financiar nuevas inversiones, en un momento en el que las grandes eléctricas están frenando inversiones millonarias en renovables para lanzarse a invertir en redes y aprovechar la esperada electrificación de la economía.

La tendencia se ha acelerado en los últimos dos años, con la rentabilidad de muchas plantas bajo creciente presión y las energías limpias en el punto de mira de la ola reaccionaria en países como Estados Unidos.

En España, la demanda eléctrica no termina de remontar y a la espera de que despegue el almacenamiento, se están multiplicando los precios cero o negativos en el mercado mayorista, especialmente en los momentos de más sol. Los hogares españoles se han ahorrado en su factura eléctrica 10 euros al mes en la crisis energética por el cierre del estrecho de Ormuz gracias a las renovables, pero el sector se está viendo muy penalizado. En especial, plantas fotovoltaicas, sobre todo las más recientes, que muchas veces carecen de un suelo de precio aunque tengan su energía comprometida con contratos bilaterales (conocidos como PPAs).

La más activa en la venta parcial o total de proyectos ha sido Iberdrola. La mayor eléctrica europea, pionera en renovables y uno de los líderes mundiales del sector, cerró 2025 con un aumento del 3,8% en su potencia verde instalada (el menor desde 2018), hasta 46,1 GW. Desde 2021 se ha desprendido de más de 5 GW en unas veinte transacciones.

Destaca la venta, en abril, de 1.232 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos en México a Cox, de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez en las recientes elecciones a la presidencia del Real Madrid. La transacción, de 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros), incluyó 1.368 MW de ciclos combinados y cogeneración.

En los últimos años Iberdrola ha cerrado alianzas con grandes inversores institucionales para compartir la propiedad de estos activos. En España, tiene junto a la aseguradora Mapfre unos 450 MW fotovoltaicos y eólicos. En enero de 2023 se alió con el fondo soberano de Noruega (Norges Bank), el mayor del mundo, para invertir más de 2.000 millones en la Península, con una cartera de 2,5 GW.

La alianza más significativa es la que tiene con Masdar, fondo soberano de Abu Dhabi protagonista de varias operaciones, con el que anunció en diciembre de 2023 (en el marco de la COP28) un acuerdo para coinvertir 15.000 millones en el desarrollo de proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en mercados clave como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, con el compromiso de triplicar la capacidad renovable a 2030.

Hasta ahora, los acuerdos con el fondo emiratí se han limitado a eólica marina. En junio de 2025, pactaron coinvertir 5.200 millones al 50% en el megaparque East Anglia 3 (1,4 GW), frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), la mayor inversión de la década en esta tecnología. En julio de 2023 pactaron destinar 1.600 millones a Baltic Eagle (476 MW), en Alemania. Masdar se baraja como posible comprador del 49% de East Anglia 2 (960 MW), valorado en 5.000 millones, para el que Iberdrola busca socio. En la primera fase (East Anglia 1) se asoció en 2019 con el fondo Macquarie.

En el Báltico alemán, la multinacional vasca ha vendido en los últimos años el 49% de otros dos complejos eólicos marinos: en Wikinger, inaugurado en 2018 (350 MW), dio entrada en septiembre de 2022 a Energy Infraestructure Partners (EIP) por 700 millones; y en Windaker (315 MW), a la japonesa Kansai por 627 millones en diciembre de 2024. En EEUU, acaba de culminar junto al fondo Copenhagen Infrastructure Partners su primer complejo con esta tecnología allí, Vineyard Wind (806 MW), que Donald Trump ha intentado torpedear. Y ha vendido a Dominion Energy el arrendamiento del suelo del futuro parque eólico offshore Kitty Hawk North, que prevé 800 MW en su primera fase.

En febrero de este año, Iberdrola vendió sus activos terrestres en Francia (118 MW eólicos y una cartera renovable de 639) al grupo Technique Solaire; recientemente se ha desprendido de su negocio en Hungría (158 MW) y cerca de 700 MW hidroeléctricos en Brasil, Austria y España. Hacia 2023 vendió el 49% de dos fotovoltaicas de 100 MW en Extremadura a la gestora Aleph, de la familia Botín.

La caja resultante financiará la gran apuesta de los últimos años, las redes de transporte y distribución: en la última actualización del plan estratégico de Iberdrola (de septiembre pasado) concentran el 65% de los 58.000 millones que prevé invertir hasta 2028.

A la mitad

Por su parte, Repsol parte de una posición mucho más rezagada en renovables. Este año, la petrolera ha recortado a la mitad, hasta 10 GW (ahora tiene 6 GW) el objetivo de potencia para 2030 que fijó su Plan Estratégico 2021-2025. En 2022, tras vender a EIP y Crédit Agricole Assurances un 25% de Repsol Renovables (operación que valoró el 100% de ese negocio en 4.383 millones), pagó 560 millones por Asterion Energies, con una cartera de 7,7 GW en España, Italia y Francia. La energética, que entonces tenía solo 1,6 GW verdes instalados, estaba en posición compradora y en septiembre de 2023 pagó 715 millones por Connect Gen, con 20 GW en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento en EEUU.

Ahora Repsol suma ya ocho rotaciones de activos renovables por 3.850 MW en España y EEUU. Acaba de vender a Masdar por unos 150 millones el 49,99% de una cartera en España con 705 MW eólicos y fotovoltaicos que entraron en funcionamiento en 2025 y el primer trimestre de 2026, más 500 MW de posibles proyectos de hibridación (eólica, solar y almacenamiento en baterías). La transacción recortará su deuda neta en 700 millones y no tendrá impacto “significativo” en resultados, según el grupo.

Se suma a la venta a Stonepeak, en abril de 2025, del 46,3% de una cartera de 777 MW solares y de almacenamiento en EEUU, incluyendo su mayor fotovoltaica hasta entonces, Frye, en Texas (632 MW); y tres operaciones con Pontegadea (de Amancio Ortega) entre 2021 y 2023: 635 millones por el 49% de 1.100 MW fotovoltaicos y eólicos en España.

Posible exclusión

En este goteo de operaciones destaca también Acciona, que analiza la posible venta parcial o total de la división de energía que sacó a cotizar hace cinco años. Ahora estudia excluirla de Bolsa, como hizo Iberdrola en 2011 con su filial de renovables tras sacarla a cotizar en 2007. La de Acciona vale actualmente unos 7.500 millones, frente a los más de 14.000 millones que llegó a alcanzar en 2022, con el gas en niveles estratosféricos tras la invasión de Ucrania.

El grupo de la familia Entrecanales cerró 2025 con 14,6 GW renovables instalados, un 4,9% menos. Desde 2024 se ha desprendido de casi 2,7 GW de capacidad renovable en España, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Estados Unidos y México, por casi 3.300 millones.

Destaca la venta, a finales del año pasado, a Mexico Infrastructure Partners (MIP), del 49% de su cartera fotovoltaica de 1,3 GW en EEUU y dos parques eólicos en México con 321 MW, por unos 855 millones; trece parques eólicos con 440 MW en España (con 351 MW potenciales de hibridación) que vendió hace un año a OPDE por 530 millones; y la venta en 2025 de su negocio hidráulico (626 MW) en España por 1.000 millones, con casi 500 millones de plusvalías.

La compradora de esa cartera fue Endesa, que tiene unos 11,3 GW renovables. La filial del grupo semipúblico italiano Enel, antaño socio de Acciona en la antigua eléctrica pública española, ha protagonizado dos grandes operaciones con Masdar. En julio de 2024 Endesa vendió al fondo emiratí el 49,99% de EGPE Solar, que agrupaba sus plantas fotovoltaicas en operación (unos 2 GW), por 817 millones. La transacción incluyó un PPA para vender toda la energía generada por un plazo de 15 años y “una posible hibridación futura” de almacenamiento por hasta 0,5 GW adicionales.

Masdar y Endesa firmaron entonces un acuerdo no vinculante para explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España. El año pasado el emirato compró a la eléctrica otro 49,99% de cuatro fotovoltaicas con 446 MW por 184 millones.

Por último, Naturgy formalizó en julio de 2025, por un importe que no desveló, la venta de una cartera de nueve proyectos fotovoltaicos y de baterías en Estados Unidos, según recogía el informe anual de 2025 de la energética. El documento advertía de incertidumbres regulatorias tras la llegada de Trump, con “un giro en la política energética nacional orientada a la protección de la generación convencional y la relajación en los compromisos del país en la lucha contra el cambio climático”.

El grupo ha reclasificado como “disponibles para la venta” sus activos renovables en Chile. Allí opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la fotovoltaica San Pedro (106 MW), ambos en el desierto de Atacama. Naturgy anunció en julio de 2021 un ambicioso plan de crecimiento en renovables: pasar de 5 GW operativos en ese momento a “más de 14 GW” en diciembre de 2025. El plan no se ha cumplido: el pasado ejercicio tenía 8,1 GW verdes instalados (de ellos, 5,7 GW en España).

Más incertidumbre. Y negociaciones constantes. Es lo que ha decidido la Administración Trump al no renovar el acuerdo comercial con México y Canadá, sus países vecinos y con los que está organizando el actual Mundial de fútbol.

“De conformidad con el Acuerdo, Estados Unidos, México y Canadá se han reunido hoy de forma virtual para debatir el funcionamiento del USMCA, ha anunciado Jamieson Greer, responsable de Comercio de la Administración Trump: ”Estados Unidos no ha aceptado renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva. Estados Unidos seguirá colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países“.

Greer añade: “No obstante, el Acuerdo seguirá en vigor hasta que se resuelvan estas cuestiones o hasta su rescisión. Tal y como se anunció anteriormente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para celebrar una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC”.

Al no renovar el acuerdo comercial, EEUU opta en su lugar por llevar a cabo revisiones anuales del pacto. El acuerdo seguirá en vigor durante otra década, siempre que ningún país decida retirarse, y las revisiones anuales abren la puerta a años de negociaciones sobre las normas que rigen las cadenas de suministro a escala continental y los bajos niveles arancelarios, que son fundamentales para los fabricantes de automóviles, los agricultores, los minoristas y las empresas energéticas.

La decisión de Estados Unidos genera incertidumbre entre las empresas que producen bienes en toda América del Norte, con posibles perturbaciones y un amplio impacto económico, ya que el T-MEC ha impulsado la actividad económica entre los tres países.

Las posibles perturbaciones y el amplio impacto económico son evidentes. El T-MEC impulsó la actividad económica entre los tres países, que en conjunto representan casi un tercio del producto interior bruto mundial. El comercio intrarregional superó los 1,6 billones de dólares en 2024, frente al billón de dólares registrado cuando el acuerdo entró en vigor en 2020, informa Bloomberg.

En el marco de las revisiones anuales, los países pueden intentar llegar a un acuerdo durante los próximos 10 años. Si no se alcanza una solución durante ese periodo, el pacto expirará en 2036.

La gran patronal española, CEOE, ha decidido este miércoles que celebrará el próximo 1 de octubre las elecciones a la presidencia de la organización empresarial. De momento, solo hay una candidatura, la del actual presidente Antonio Garamendi, que pretende alcanzar un tercer mandato y que ha denunciado una “campaña sucia” en su contra en las últimas semanas.

“El Comité Ejecutivo de CEOE reunido este miércoles ha acordado la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años”, ha anunciado la organización empresarial.

La semana pasada, el presidente decidió acelerar, por sorpresa, el proceso para fijar los nuevos comicios, cuando convocó a los órganos directivos de la patronal a una reunión este miércoles con el objetivo de decidir la fecha en la que poner las urnas. En principio, la reunión estaba prevista para el próximo 15 de julio.

El anuncio de Garamendi sorprendió en varios sectores de la patronal, que daban por hecho que los comicios se celebrarían en noviembre. La versión oficial esgrimida por el jefe de los empresarios es que en noviembre se celebrará una importante Cumbre Iberoamericana con una relevante agenda empresarial, cita a la que quieren llegar con la incógnita sobre la presidencia despejada.

Sin embargo, el adelanto de la maquinaria electoral llegó solo días después de que resucitaran unas antiguas denuncias contra la cúpula de la CEOE, del empresario José Manuel de Riva, que ya habían sido publicadas en el contexto de la pugna de las elecciones de Cepyme de 2025, pero que ahora han resurgido tras ser reconocido como “informante protegido” por la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Denunciante).

Esta entidad, presidida por el catedrático Manuel Villoria, investiga el caso y lo más probable en estos casos es que se cite a las personas señaladas por el denunciante para dar su versión, señalan fuentes de la AIPI a elDiario.es. En este caso, De Riva ha señalado al propio Antonio Garamendi, entre otros miembros de la patronal de su entorno.

¿Solo una candidatura o nueva guerra en la patronal?

La semana pasada, Antonio Garamendi confirmó también un secreto a voces: que se presentará a las elecciones de CEOE, para intentar alcanzar un tercer mandato. En una intervención en los cursos de verano de la UIMP, el empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

Otras patronales, como ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indicaron a elDiario.es que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Una de las dudas es si la de Garamendi será la única candidatura o si tendrá alguna lista competidora. Esta tendría “hasta 40 días” antes de las elecciones para poder presentarse. Fuentes empresariales apuntan a este medio que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos del pasado, ahora el empresario vasco llega a los comicios con menos patronales críticas.

Foment, con Josep Sánchez Llibre en el pasado enfrentado a Garamendi, ahora se sitúa de su lado, y Gerardo Cuerva, anterior líder de la patronal Cepyme, ya está fuera de la organización, tras perder –por la mínima– en los comicios de 2025 frente a Ángela de Miguel, la apuesta del empresario vasco.

No obstante, hasta hace poco, el empresario granadino era uno de los nombres que más sonaba para disputar el liderazgo a Antonio Garamendi, y según su entorno sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Los últimos movimientos de José Manuel de Riva, acudiendo a la AIPI antes de las elecciones, han aumentado los rumores de quienes ven posible una nueva pugna en la patronal, que trate de desbancar de su puesto al empresario vasco.

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

(Estamos ampliando esta información)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este miércoles en la Moncloa a los máximos responsables de Telefónica, Banco Santander y ACS, los socios principales del consorcio público-privado recién constituido para desarrollar la primera gigafactoría de inteligencia artificial avanzada en España. Una infraestructura, de las que como máximo habrá cinco en toda la UE, con las que Bruselas quiere superar su brecha con EEUU y China en esta tecnología.

Como ha venido adelantando elDiario.es, las tres multinacionales españolas serán la base privada del proyecto, que aspira a desarrollar en un mismo lugar enormes cantidades de potencia de cálculo (hasta 100.000 chips avanzados cada una) con los datos, energía, red y personal especializado para entrenar y desplegar modelos avanzados de IA.

En la reunión con Sánchez, además del presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de ACS, Florentino Pérez; y el consejero delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; también han estado presentes el director ejecutivo de la firma de software Multiverse Computing, Enrique Lizaso; el primer responsable ejecutivo del consorcio, Francesc Fajula (ex consejero delegado de Mobile World Capital); así como el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

La estructura accionarial definitiva de consorcio otorga el control efectivo de la sociedad al bloque privado, que retiene el 51% del capital. Telefónica, ACS y Banco Santander cuentan con una participación individual del 15,67% cada una, mientras que la startup Multiverse Computing posee el 4% restante. El sector público gestiona el 49% de las acciones a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), que ostenta el 47,99%, y de la Generalitat de Catalunya, que aporta el 1%.

El encuentro oficializa los primeros pasos de la candidatura española para albergar estas infraestructuras, que tendrán una inversión final de unos 5.000 millones de euros cada una. En el caso español, el Consejo de Ministros ya ha aprobado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros: 720 para aportar el capital público del consorcio y otros 300 como “aportación voluntaria” para el EuroHPC, el organismo europeo que gestiona la inversión europea en IA.

El proyecto español presentará una candidatura multisede con dos polos principales. Uno se localizará en Móra la Nova, en Tarragona, y el otro en San Fernando de Henares, en Madrid.

El objetivo de las gigafactorías es elevar a un nuevo nivel la iniciativa europea de las IA Factories para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje soberanos. España cuenta actualmente con dos de estas últimas, ubicadas en el Centro de Supercomputación de Galicia y en el Barcelona Supercomputing Center, donde opera el superordenador MareNostrum 5. El nuevo centro multisede pretende abrir el acceso a estas herramientas avanzadas a universidades, pequeñas empresas y centros de investigación locales.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, se ha quedado este miércoles sin licencia para operar en Europa y deja en el aire a más de un millón de clientes en el continente y a más de medio millón de usuarios en España, según estimaciones del sector.

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA, obliga a cualquier plataforma de servicios de activos digitales a tener una licencia oficial otorgada por al menos un Estado miembro para poder operar en el territorio comunitario. Esta medida pretende proteger al consumidor, mitigar la volatilidad y dotar al sector de una estructura legal sólida, transparente y comparable al marco legislativo de las entidades bancarias.

El reglamento impone controles estrictos contra el blanqueo de capitales mediante procesos de identificación de clientes, además de exigir transparencia en la estructura corporativa de las empresas. Este martes expiró el periodo transitorio general de la normativa, abriendo paso a la entrada en vigor de la prohibición de operar para todas aquellas firmas que no hubieran conseguido esa validación en cualquiera de los países miembros.

Hasta ahora, las entidades que operaban bajo el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y custodia de monederos gestionados por los distintos estados han podido continuar desarrollando su actividad mientras se adaptaban al nuevo marco regulatorio europeo. Sin embargo, desde este momento, las entidades que no hayan obtenido autorización expresa de los supervisores comunitarios deberán cesar su actividad o articular mecanismos para garantizar una migración ordenada de clientes y activos.

Este es el caso de Binance, el más llamativo porque cuenta con millones de usuarios en todo el mundo, después de la reciente retirada de su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia.

La compañía, creada en 2017 y que arrastra el impacto del expediente penal de su fundador en Estados Unidos, no podrá operar en los países de la Unión Europea (UE), aunque asegura en su propia web que los fondos de sus clientes “permanecen seguros y protegidos, y seguirán siendo accesibles en todo momento”.

Binance ha afirmado que no abandona la región, sino que planea reorientar su estrategia para “obtener la autorización en otro Estado miembro de la UE en los próximos meses”. “Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado”, asegura la plataforma.

Europa es una región importante para Binance, y nuestra ambición de operar bajo un marco MiCA claro, justo y armonizado

Binance

A pesar de sus planes futuros, la realidad deja a la compañía en una situación en la que ha tenido que suspender el registro de nuevos usuarios en múltiples países europeos y con la prohibición de captar dinero nuevo. Este acontecimiento ha hecho que unas 200 firmas alternativas que sí cuentan con MiCA se hayan visto beneficiadas por su capacidad operativa y abiertas a recibir el capital y los clientes afectados por la suspensión de Binance.

El pasado viernes, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, reiteró esta prohibición europea y descartó que pudiera haber excepciones o prórrogas para conseguir esa licencia. A finales de la semana pasada 14 empresas en España estaban autorizadas para prestar servicios de criptoactivos, a lo que se sumarían seis más que habían notificado su interés por conseguir la licencia.

Desde su lanzamiento en 2017, el bitcóin ha multiplicado su precio por más de 58, desde los 994,47 dólares a los 58.300 dólares de este martes, y por más de 126 cuando marcó su máximo de 126.198,07 dólares, en octubre de 2025.

La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha pedido al Gobierno su relevo al frente del organismo recaudador y el Ministerio de Hacienda ya trabaja en su reemplazo, un nombramiento que se producirá “próximamente”.

Fuentes gubernamentales han confirmado que Fernández pidió hace meses su salida de este puesto, pero consensuó con el Ministerio permanecer hasta el final de la campaña de la renta, que fue este martes.

“El relevo que se producirá próximamente llega en un momento en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria”, apuntan desde la cartera que dirige Arcadi España.

Según destacan desde el Ejecutivo, no se trata de una “dimisión” ni hay una crisis en la cúpula (otros dos responsables han pedido salir), sino que “tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente de la AEAT” y encarrilar el citado plan estratégico, la propia Fernández había pedido su cese, como ha adelantado ABC.

La Campaña de la Renta 2025 ha estado marcado por un conflicto laboral que llevó a la primera huelga durante el periodo de presentación de las declaraciones, convocada por CSIF, aunque se saldó con un seguimiento muy bajo.

Fuentes internas de la Agencia Tributaria señalan que ya circulaba el rumor desde hace semanas y que su salida está vinculada a la congelación del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019.

La propia Fernández se reconoció incapaz de afrontar estas peticiones durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. También provocó un tremendo enfado sindical al deslizar que no podrían producirse huelgas durante la presentación de la declaración del IRPF, cosa que sí sucedió.

El relevo de Fernández llega después de que el papel de la Agencia Tributaria haya sido duramente cuestionado tras el revés judicial a cuenta del ‘caso Shakira’, así como de los planes para una potencial cesión del 100% de la recaudación a Catalunya en el marco de la nueva financiación autonómica.

Este 1 de julio entra en vigor el arancel de tres euros a los paquetes con productos por valor inferior a 150 euros que hayan sido comprados por consumidores privados por internet que entren en la Unión Europea procedentes de países extracomunitarios. Aunque es una medida generalizada está directamente dirigida a los paquetes que llegan de China de empresas de comercio electrónico como Temu o Shein.

Se trata de una medida para frenar la avalancha de paquetería desde China que inunda las aduanas europeas. Europa recibe 16 millones de paquetes provenientes de China al día, que suponen el 97% de la paquetería que llega, aunque solo el 2% del valor comercial de las importaciones. Según la Comisión Europea, la llegada de paquetes desde el gigante asiático se duplica cada año.

Además, la Comisión insiste en que con este arancel se van a crear condiciones de competencia equitativas para los minoristas europeos que tienen que enfrentarse a la llegada masiva de productos libre de aranceles. En este sentido, con la tasa se va a combatir prácticas fraudulentas como la subvaloración y la división de envíos.

Por este motivo se va a cobrar tres euros por producto diferente que lleve el paquete. Por ejemplo, si en un pedido el paquete contiene dos camisas y un pantalón serán considerados como categorías diferentes, con lo que habrá que pagar seis euros. En el caso de la ropa, el tejido se cuenta como una subcategoría, de esta manera si en un paquete hay una camisa de algodón, una camisa de seda y una camisa de lino se pagarán nueve euros.

Una portavoz de la institución europea ha explicado que “la exención se introdujo para evitar altos costes administrativos en compras de bajo valor. Pero la realidad actual es muy distinta de la de entonces. Ahora, con estos altos volúmenes de pequeños paquetes entrando en la UE debemos tener en cuenta que las empresas europeas que importan mercancías a granel sí deben cumplir obligaciones aduaneras, mientras que grandes plataformas online no europeas podían enviar directamente a los consumidores sin pagar ninguna tasa. Esto generaba un desequilibrio en las condiciones de competencia”.

La Comisión Europea asegura que no se trata solo de una medida para reducir la presión sobre las autoridades aduaneras, que están desbordadas por el volumen, también se pretende reducir los riesgos ante las altas tasas de productos que no cumplen con las medidas básicas de seguridad.

El mes pasado, Bruselas multó de 200 millones de euros a Temu con la acusación de que la plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La tasa de tres euros se aplicará a todos los vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación de la UE a efectos del IVA, lo que abarca en la práctica al 93% de todos los flujos de comercio electrónico hacia la UE.

Ante la posibilidad de que las plataformas en internet repercutan el pago de los tres euros sobre los ciudadanos, la portavoz de la Comisión Europea ha subrayado que “la tasa la pagan los vendedores o las plataformas online. No podemos decir si los vendedores o las plataformas decidirán o no aumentar sus precios. La asunción del pago del arancel no recae sobre los consumidores, su objetivo es reequilibrar la situación dentro de la UE”.

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

El mercado español de automóviles mantiene el impulso con el que ha arrancado 2026. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron las 128.426 unidades en junio, según los datos de Anfac, Faconauto y Ganvam, lo que supone un incremento del 7,8% respecto al mismo mes del año anterior, consolidando una mejora del 6,2% con 647.711 vehículos vendidos en el primer semestre de 2026.

Los datos reflejan que la recuperación del mercado sigue apoyándose principalmente en los clientes particulares, que continúan ganando protagonismo, y en el avance de las tecnologías electrificadas, cuya cuota conjunta ya supera ampliamente el 40% del mercado.

El canal de particulares fue el principal motor de las ventas durante el mes, al representar el 43% de las matriculaciones. Le siguieron el renting, con un 24,1%, y las empresas, con un 19%. El alquiler (RAC) aportó el 7,9% de las entregas, mientras que las operaciones tácticas supusieron el 6,1%.

Uno de los cambios más significativos continúa produciéndose en la composición del mercado por tecnologías. Los vehículos con algún tipo de electrificación siguen ganando peso frente a las mecánicas tradicionales. Los híbridos se consolidan como la opción preferida por los compradores, con una cuota del 32,4%, mientras que los vehículos eléctricos puros alcanzan ya el 11,1% del mercado. En conjunto, ambas tecnologías representan el 43,5% de las matriculaciones, prácticamente al mismo nivel que la gasolina.

Las marcas más vendidas

Por su parte, los modelos de gasolina mantienen la primera posición individual con un 45,1% de cuota, aunque continúan perdiendo terreno frente a las alternativas electrificadas. El diésel prosigue su descenso estructural y queda reducido al 7% del mercado, mientras que los vehículos alimentados por GLP representan un 3,3%.

En cuanto a los fabricantes, Toyota volvió a liderar el mercado español con 9.546 matriculaciones, mejorando las 8.990 unidades registradas un año antes. Le siguió Volkswagen, con 8.577 vehículos, prácticamente en línea con el ejercicio anterior.

El tercer puesto fue para Seat, que protagonizó uno de los mayores crecimientos del mes al pasar de 6.527 a 7.924 matriculaciones. También avanzó Kia, que incrementó sus entregas hasta las 6.543 unidades, mientras que Dacia cerró el grupo de las cinco marcas más vendidas con 7.500 matriculaciones, ligeramente por encima de las 7.244 registradas en junio de 2025.

El sector ha destacado la fortaleza del pulso en el mercado. Para Félix García, director de Comunicación de Anfac, los datos de junio “ya se acercan a los obtenidos en ese mismo mes de 2019”, antes de la pandemia. De cara al cierre del año, Anfac se muestra optimista al prever que se superarán “con holgura” los 1,2 millones de matriculaciones.

Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, apunta que “el gran dinamismo en el primer semestre” puede facilitar que el año acabe con 1.250.000 vehículos vendidos. “Para eso, se tienen que dar ciertas condiciones y una de ellas, imprescindible, es que se abra cuanto antes la ventanilla administrativa del Plan Auto + para que los perceptores de esa ayuda”, añadió.

Las ventas registradas en el mes pasado lo sitúan como el mejor junio desde 2019, según destaca Tania Puche, director de Comunicación de Ganvam, que apunta como factor de impulso el afloramiento de la “demanda embalsada” por la necesidad de sustituir un parque automovilístico envejecido con una media de edad de más de 14 años.

La tregua del conflicto de Oriente Medio con la apertura parcial del estrecho de Ormuz, que ha rebajado el precio de los combustibles, junto a la subida de los tipos de interés al 2,25% por parte del Banco Central Europeo (BCE) han empujado a la inflación en la eurozona a caer al 2,8% en junio. Estamos ante el menor aumento del coste de la vida en la zona euro desde el pasado mes de marzo.

Este dato supone una rebaja de los pecios de cuatro décimas frente al 3,2% de mayo. La inflación subyacente, que deja fuera los productos más volátiles como la energía o los alimentos, el alcohol y el tabaco, también se ha reducido dos décimas, pasando del 2,6% en mayo al 2,4% de junio.

En la caída de precios general ha tenido su impacto el coste de la energía, que todavía se ha incrementado un 8,7% interanual, aunque el aumento de mayo llegó a ser del 10,8%. Otra de las partidas que se vio afectada por la guerra de Irán por la subida de los fertilizantes fueron los alimentos frescos, que en junio han incrementado sus precios un 3,2% interanual frente al 4% el mes anterior.

Dudas sobre una nueva subida de tipos

Este descenso de precios en junio hace que crezcan las dudas sobre una nueva subida de tipos por parte del BCE en septiembre. Los consejeros más duros de la institución monetaria abogaban por hasta tres subidas este año para contener los precios, pero la aparente resolución del conflicto en Oriente Medio y la debilidad de la economía europea invitan a posiciones más cautas a la hora de decidir la política monetaria.

Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar, comentó que “los inversores estarán discretamente satisfechos de que la inflación ya no sea la preocupación que era hace apenas un par de meses”.

Por su parte, Joe Nellis, analista de MHA, añadió que “la economía de la eurozona no está generando el impulso necesario para que los precios aumenten a un ritmo significativo. Con una economía débil y una inflación que parece estar bajo control, el BCE será cauteloso a la hora de adoptar una política monetaria significativamente más restrictiva”.

Atendiendo a la inflación armonizada, España tendría los precios más elevados, con un 3,6%, de las cuatro principales economías de la zona euro, ya que en Italia subió al 3,1%, en Francia se elevó al 2,4% y en Alemania se situó en el 2%.

Entre los 21 países que cuentan con el euro, las inflaciones más altas fueron en Lituania (5,5%), Bulgaria (5,3%) y Croacia (4,2%) mientras las más bajas se dieron en Malta (1,9%) y Estonia (2%).

Las oposiciones de Renfe a operador comercial, a las que se presentaron unas 5.000 personas para unas 600 plazas, ha quedado paralizada temporalmente ante las numerosas denuncias recibidas por aspirantes de que parte del examen psicotécnico estaba colgado previamente en una academia. La elaboración de esta prueba estaba externalizada a una empresa, por lo que el tribunal –en el que está presente Renfe y los sindicatos– ha paralizado el proceso y elevado una consulta a la Abogacía del Estado para ver cómo proceder.

“Es un sindiós”, reconocen fuentes de CCOO, que lamentan que “aquí se juega con el futuro de mucha gente, con un puesto de trabajo. No es ninguna tontería”.

El sindicato explica que la elaboración de esta prueba estaba externalizada a la empresa People Experts, con la que elDiario.es ha tratado de contactar, sin éxito hasta la publicación de esta noticia. Tras el examen, empezaron a surgir las denuncias de que “la prueba de comprensión lectora utilizada coincide con un material disponible desde el año 2020 en una plataforma especializada accesible en Internet, donde figuran los mismos textos, las mismas opciones de respuesta y una plantilla de corrección asociada”, indica una candidata a este medio.

Esa plataforma es la academia Eticop, sostienen en CCOO, academia especializada en exámenes psicotécnicos de varias compañías públicas de transportes. “Estamos muy cerca de los exámenes de los cursos psicotécnicos de EMT, RENFE y ADIF. Pide información para prepararte con nosotros”, indican en su página web.

elDiario.es ha contactado con Eticop, pero por el momento no ha respondido a este medio, a la espera de que envíe “un comunicado” sobre la postura de la compañía ante lo sucedido.

Oposición paralizada a la espera de la Abogacía del Estado

Renfe explica que “tras recibir diversas reclamaciones y comunicaciones en las que se ponía de manifiesto una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros” decidió iniciar “de inmediato las actuaciones de verificación correspondientes”. 

En concreto, esas actuaciones se traducen en la solicitud de dos informes. Por un lado, uno técnico reclamado al “proveedor responsable del suministro, aplicación y corrección de la prueba al considerar necesario realizar una comprobación técnica adicional”, apuntan fuentes de Renfe. Otro, añaden, al área jurídico-laboral del operador ferroviario estatal.

“A la vista de ambos informes”, explica la compañía, el tribunal de la convocatoria —donde están tanto Renfe como los sindicatos con representación mayoritaria en la empresa— ha mantenido varias reuniones, la última de ellas, este martes. Fue tras esas reuniones cuando se acordó remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado, “con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva”, argumentan las citadas fuentes.

Fuentes de CCOO indican que ya se había completado la primera fase de este proceso selectivo, el examen de contenido y las pruebas psicotécnicas, que superaron unas “2.000 personas”, resultando adjudicatarios provisionales de plaza 600 de ellas. Tras ello, el sindicato explica que la oposición se compone por un proceso de entrevistas y después de reconocimientos médicos, y que precisamente ya se estaban realizando estos últimos exámenes médicos a estas 600 personas cuando se ha paralizado el proceso, a la espera de la respuesta de Abogacía del Estado.

Hay muchos perjudicados por esta situación, advierte el sindicato. Tanto entre las personas que no pasaron la primera fase del examen y que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieran haber estado en contacto con este material, así como las personas que ya habían pasado esta primera etapa del proceso selectivo y que ahora no saben qué pasará con el proceso selectivo, habiendo ya dado los primeros pasos en sus vidas personales (como dejar trabajos para ser demandantes de empleo en el inicio de la formación prevista para agosto, avisar en sus viviendas para rescindir contratos, etc.).

Incertidumbre sobre qué pasará ahora

A partir de ahora, la propia Renfe asume que se abre un periodo de incertidumbre, donde no está claro qué va a pasar con la convocatoria que afecta a 5.000 candidatos.

“Teniendo en cuenta la situación, la empresa, como entidad convocante y responsable última del proceso, ha tomado la decisión de dejar en suspenso el proceso selectivo temporalmente hasta la emisión del correspondiente informe por parte de la Abogacía del Estado, que permitirá adoptar una resolución con todas las garantías. Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, sostiene Renfe. También recuerda que esta situación no afecta a otras convocatorias de empleo público en marcha, como la de maquinistas.

“Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”, añade el operador público. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”.

Desde CCOO piden que “el informe de la Abogacía del Estado sea lo más rápido posible, para que la gente no esté con esta incertidumbre mucho tiempo”, aunque reconocen que no hay un plazo establecido de respuesta.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado un paso más en su cruzada sobre las hipotecas y ahora investiga al sector de la intermediación, el paso previo a la apertura de un potencial expediente sancionados por la concertación de precios y de políticas comerciales.

Competencia ha anunciado que la semana pasada inspeccionó la sede de una asociación de empresas dedicadas a la intermediación hipotecaria y se investiga si existe una recomendación o la decisión colectiva de no captar empleados entre las empresas miembros de dicha asociación, así como relativas a la fijación de precios o condiciones comerciales de los servicios que prestan.

Esta nueva línea de investigación llega solo dos semanas después de que la CNMC abriera un procedimiento de sanción contra la gran banca del Ibex, por una posible concertación en sus políticas comerciales sobre las hipotecas a tipo fijo a través de las declaraciones públicas de sus principales directivos. En concreto, contra Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell porque sus intervenciones “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, pero no da más detalles al respecto.

La CNMC apenas da detalles sobre la investigación en curso, más allá de que son “un paso preliminar” en las indagaciones sobre estas posibles prácticas anticompetitivas “y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas”.

Sí apuntan que dichas prácticas podrían ser consideradas como una infracción muy grave de la Ley de Competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La banca defiende que ha actuado “correctamente”

La apertura del expediente contra los seis bancos del Ibex fue la última gran investigación impulsada por Cani Fernández, ahora presidenta en funciones de la CNMC, hasta que el Congreso confirme al sucesor que ha designado el Ejecutivo, el catedrático Juan José Ganuza.

La banca se ha defendido de las acusaciones. El presidente del BBVA, Carlos Torres, defendió la semana pasada que el banco ha actuado “correctamente” y que su política comercial “no depende de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”.

En términos similares se expresó la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, que defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”.

Mientras, el Banco de España estudia poner en marcha algún tipo de restricción al crédito ligado a la vivienda, tras la petición de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconoció el gobernador José Luis Escrivá la semana pasada, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

La tarifa de último recurso (TUR) de gas individual sin impuestos subirá un 21,5% en julio respecto al precio de abril, por la subida de los hidrocarburos y la recuperación de la fiscalidad habitual tras el vencimiento de la reducción temporal establecida en el primer paquete de medidas para amortiguar el impacto del conflicto en Irán.

Según la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, la TUR vecinal se incrementará entre un 14,1% y un 22,2%, informa EFE.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh, lo que suele corresponder a los hogares.

Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones.

El coste de la materia prima en esta revisión depende solo del coste del gas de base, ya que no se introduce el gas estacional, incorporado durante los meses de invierno.

Dicho coste se ha encarecido un 23,7% por el incremento del 31,5% que ha registrado el precio del petróleo Brent, de referencia para Europa, a pesar de la depreciación del euro frente al dólar (-0,5 %), siempre con relación al período de referencia de la revisión anterior.

A este repunte del coste de la materia prima se suma que la reducción del IVA al 10% establecido por el RDL 7/26 vence este de 1 de julio, recuperándose el nivel habitual del 21%.

Como resultado, la TUR individual se incrementa una media del 21,5% con relación a la última actualización a partir del 1 de julio; para un cliente medio de la TUR1 la subida es del 19,2%; para un cliente medio de la TUR2 es del 20,8% y para un cliente medio de la TUR3, del 22%.

En el caso de la TUR vecinal, repuntará entre un 14,1% y un 22,2%. Esta tarifa de último recurso de gas natural se aplica temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La Casa Blanca ha eliminado las restricciones de exportación aplicadas sobre Fable 5 y Mythos 5, los modelos de inteligencia artificial más potentes de la empresa Anthropic. La decisión llega tres semanas después de que el Gobierno de Donald Trump ordenara a la startup impedir su uso por parte de extranjeros o fuera del territorio de EEUU, lo que, en la práctica, fue el primer veto de este tipo a un sistema de IA.

Para asegurarse de cumplir con las órdenes de Trump, Anthropic se vio obligada a desactivar el acceso completo a estos modelos. Mythos es un sistema especializado en la detección de vulnerabilidades informáticas que desató la alarma en el sector de la ciberseguridad internacional por su capacidad de encontrar agujeros que habían pasado por alto para los mejores especialistas humanos.

Por este motivo, la startup nunca lo puso en circulación, haciéndolo accesible solo a gobiernos y empresas. Fable es un modelo recortado de Mythos, adaptado para no representar un peligro para los sistemas informáticos en caso de ser utilizado por los ciberdelincuentes.

Tras semanas de negociaciones, el Gobierno de EEUU y Anthropic han pactado que la startup quedará eximida de la necesidad de contar con una licencia de exportación como las requeridas a los sistemas de armamento y otros elementos considerados críticos para la seguridad nacional. A cambio, Anthropic se ha comprometido a mejorar sus sistemas de seguridad en torno a Fable. La Casa Blanca temía que este modelo pudiera ser hackeado para acceder a las capacidades completas de Mythos, lo que dio origen al bloqueo del 12 de junio.

El origen de las sospechas estuvo en una investigación interna de Amazon. Un informe de los servicios de ciberseguridad de la multinacional alertó de que era posible eludir las barreras de protección establecidas por Anthropic, liberando sus capacidades para realizar ataques informáticos y robar información confidencial.

No estamos de acuerdo en que el descubrimiento de una posible vulnerabilidad limitada deba ser motivo para retirar un modelo comercial implementado para cientos de millones de personas

Anthropic

En un comunicado publicado este martes, la startup asegura que ha establecido nuevos mecanismos de seguridad, pero que en ningún momento ha tenido pruebas fehacientes de que el anterior pudiera ser hackeado. “Hasta la fecha, el gobierno solo nos ha proporcionado información verbal sobre una posible vulnerabilidad limitada y no universal, que consiste básicamente en solicitar al modelo que lea un código fuente específico y corrija cualquier fallo de software”, asegura Anthropic.

“No estamos de acuerdo en que el descubrimiento de una posible vulnerabilidad limitada deba ser motivo para retirar un modelo comercial implementado para cientos de millones de personas. Si este criterio se aplicara a toda la industria, creemos que paralizaría prácticamente todos los nuevos lanzamientos de modelos para todos los proveedores de modelos de vanguardia”, protesta.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, Anthropic planea la necesidad diseñar un marco común de evaluación de riesgos junto a socios de la industria como Google, Microsoft y la propia Amazon. Lo sucedido se enmarca en una situación en la que la Casa Blanca ha aumentado sus controles sobre la IA. Presionado por el sector bancario y el Secretario del Tesoro, Trump estuvo a punto de firmar una orden ejecutiva para obligar a los nuevos modelos a contar con una autorización gubernamental para poder salir al mercado. Finalmente, sus asesores tecnológicos, como David Sacks y Elon Muck, le convencieron de que no lo hiciera.

El BBVA ha reducido al 1,965% su histórica participación en Telefónica, que hasta hace muy poco superaba el 5%, según la comunicación remitida al supervisor bursátil (CNMV), aunque el banco asegura que mantiene una “magnífica relación” con la operadora y seguirán colaborando en los “múltiples proyectos” que tienen juntos.

La participación del BBVA en Telefónica ha pasado exactamente del 5,007% al 1,965%, con un valor de mercado de 391,74 millones de euros teniendo en cuenta el precio al que cerró en la víspera la compañía, en el marco de la gestión ordinaria que hace el banco de su cartera de inversiones, informa EFE.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, recordaba hace una semana que la inversión del banco en Telefónica es financiera y no estratégica y este miércoles fuentes de la entidad añaden que tienen una magnífica relación con Telefónica en muchas áreas y seguirán colaborando en los múltiples proyectos que tienen juntos.

“No damos ningún detalle de conversaciones que podamos tener o no tener”, respondió Torres, preguntado sobre la posible venta de ese 5% a otros inversores, durante su participación en el curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, un seminario que patrocina la entidad que preside. El banquero insistió en que esa inversión “no forma parte del corazón estratégico y de desarrollo de BBVA”, sino que la gestionaban con el “criterio de participación financiera”.

La relación accionarial del BBVA con Telefónica se remonta a 1997, cuando Argentaria entró en el capital de la compañía con una participación cercana al 5 %, que un año después ya rozaba el 10%.

En 1999, el año de la fusión del BBV y Argentaria, bajó al 8,24%, y a partir de 2000 empezó a descender, aunque desde 2001 se ha mantenido relativamente estable alrededor del 5 %, porcentaje en el que ha permanecido desde 2017.

El BBVA siempre ha insistido en que se trataba de una inversión financiera y ha estado presente en el consejo de administración de Telefónica desde 1999, cuando entró con tres consejeros.

Desde 2022 su representación quedó reducida a un solo consejero, José María Abril, y en febrero de 2026 se anunció su salida del máximo órgano de gestión de Telefónica.

El decreto-ley que aprobó el pasado lunes el Gobierno con las nuevas ayudas para mitigar el efecto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz incluye la publicación de una lista pública de gasolineras con “comportamiento anómalo” que se va a habilitar en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que va a recoger las estaciones de servicio “que se aprovechen de las ayudas estatales para aumentar sus beneficios”, para que “los consumidores puedan reclamar”, explica el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta medida.

Entre las novedades que recoge la norma que entra en vigor este miércoles y que debe convalidar el Congreso de los Diputados, “se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios”, explica el departamento de Pablo Bustinduy.

La CNMC va a tener que realizar “un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución de carburantes”, según el decreto, y vigilará los márgenes de beneficio de “todas las estaciones de carburantes”, subraya Consumo, que destaca que esta es otra novedad respecto al anterior decreto de marzo, que solo obligaba a reportar sus datos a los operadores con capacidad de refino en España.

“Con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información”, destaca Consumo.

Con la nueva normativa, la CNMC podrá comprobar “en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública”, explica el ministerio de Bustinduy. En concreto, si la CNMC aprecia un “posible comportamiento anómalo” en una estación de servicio, lo pondrá en conocimiento de su titular o gestor y le requerirá para que justifique las desviaciones observadas o “adopte medidas para revertirlas”, señala el decreto.

“De considerar no justificada la desviación, la CNMC incluirá a esa estación en una lista pública que se mantendrá actualizada en su web”, incluyendo “al menos, la instalación afectada, el periodo evaluado y los productos afectados”, dice el decreto. “La inclusión no tendrá carácter sancionador ni prejuzgará la existencia de infracción administrativa” y la Comisión sacará a la gasolinera de ese listado “cuando deje de concurrir la circunstancia que motivó su inclusión”.

Esta medida, destaca Consumo, “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes”. La lista servirá “como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

Este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras, que deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito en el propio establecimiento y en su página web, que tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.

Además, se introduce “la responsabilidad compartida”: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda presentar la reclamación económica contra el responsable. Y si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.

Retirada progresiva

Para paliar los efectos derivados del encarecimiento de los productos energéticos por el cierre de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el decreto establece una retirada progresiva de parte de las ayudas a los carburantes para los hogares. Para los productos cuyo consumo se encuentra más extendido, el gasóleo y las gasolinas sin plomo, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos se realiza una bajada de tipos de gravamen de 15 céntimos de euro por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes incluyó el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

La CNMC publicó este martes un informe del que se desprende que no ha detectado “problemas estructurales de competencia en los márgenes del sector de carburantes”. El organismo ya apuntó a finales de mayo, tras analizar los precios de más de 10.500 gasolineras después del decreto de marzo, que el mercado había tenido un “comportamiento global adecuado”, con solo “un número reducido de estaciones de servicio con posibles desviaciones”, sin que se detectase un comportamiento anómalo generalizado del mercado “ni una apropiación significativa de la rebaja fiscal por parte del conjunto de las redes”.

Solamente afloró “un grupo no relevante” de 52 gasolineras que el organismo que todavía preside Cani Fernández no identificó, por tratarse de información “confidencial”, que incurrieron en posibles comportamientos “anómalos”, con desviaciones de precio de más de 10 céntimos de euro por litro con respecto a su comportamiento “esperado”.

A mediados de junio, el Gobierno acordó prorrogar hasta fin de año la obligación de las petroleras de informar a la CNMC sobre sus costes y los precios de venta de los carburantes. Y ahora ha introducido esa suerte de lista negra. A pesar de que esas 52 gasolineras detectadas en el análisis realizado hasta el pasado 30 de abril “son pocas, entendemos que es bueno que se dé publicidad y que los consumidores sean conscientes de dónde la CNMC ha podido detectar cualquier comportamiento fuera de lo que se entiende un comportamiento normal”, dijo el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sobre la oportunidad de activar esta medida ahora.

Todo empezó en mayo de 2022 en un enorme campo de naranjos en la localidad valenciana de Sagunt. Allí aterrizaron los directivos del Grupo Volkswagen y los presidentes del Gobierno español y del valenciano para pulsar simbólicamente el botón de la electrificación de la industria de automoción española. Cuatro años después, los naranjos han sido sustituidos por grandes naves en construcción que albergarán la gigafactoría de baterías de PowerCo, filial de Volkswagen.

En ese momento parecía que España llegaba tarde y con poca potencia a la gran carrera industrial de las baterías para vehículos eléctricos. Alemania acumulaba proyectos, Francia impulsaba su propio “Battery Valley” y Hungría se convertía en la puerta de entrada de los gigantes chinos que dominan el mercado. Hoy el panorama ha cambiado sustancialmente.

La construcción simultánea de grandes fábricas de baterías en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi ha situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad, una actividad a la que se suman otros proyectos de reciclaje y componentes como el que se presenta el día 1 de julio en Valladolid de la firma china Gotion. Cuando los grandes proyectos anunciados y en construcción se hayan materializado, el país alcanzará una capacidad de producción de 156 GWh anuales, solo por detrás de Hungría (187 GWh), Alemania, (169 GWh) y Francia (168 GWh), según los proyectos actualmente operativos, en construcción o en fase avanzada de desarrollo.

Las decenas de proyectos en marcha en Europa pretenden reducir la abrumadora dependencia de las baterías fabricadas en China, que en 2025 tuvo una cuota del 75% de la producción mundial con una cifra acumulada de 720 GWh. Solo los gigantes CATL y BYD suman alrededor del 60% de la producción.

CATL y Stellantis construyen la fábrica más grande

El salto es especialmente significativo si se tiene en cuenta que España partía prácticamente de cero hace apenas un lustro. La transformación está siendo impulsada por inversiones que superan los 13.000 millones de euros y que aspiran a crear cerca de 12.000 empleos directos, además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares.

El proyecto que simboliza esta nueva etapa con nuevos inversores es la gigafactoría que Stellantis y el líder mundial, la china CATL, levantan junto a la histórica planta de Figueruelas, en Zaragoza. La colocación de la primera piedra, a finales de 2025, fue presentada por todas las administraciones implicadas como un “momento histórico” para la reindustrialización española y europea.

La fábrica aragonesa, que contará con una capacidad de 50 GWh y una inversión de 4.100 millones de euros, será una de las mayores instalaciones de baterías de Europa. El complejo producirá baterías LFP (litio-ferrofosfato), una tecnología que gana peso en el mercado por su menor coste y elevada seguridad.

La planta prevé alcanzar los 4.300 empleos directos cuando funcione a pleno rendimiento en 2030 y aportará, según las estimaciones del Gobierno de Aragón, alrededor del 5% del PIB regional. El calendario contempla el inicio de la producción de las primeras celdas a finales de 2026 y una progresiva escalada de capacidad durante los años siguientes.

La importancia estratégica del proyecto va más allá de las cifras. CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, ha anunciado programas de formación para que trabajadores españoles viajen temporalmente a China con el objetivo de adquirir conocimientos especializados que posteriormente trasladarán a las plantillas locales. La iniciativa busca crear una base de conocimiento industrial propia en torno a una tecnología considerada crítica para el futuro de la automoción. Mientras tanto, cientos de empleados chinos participan en las tareas de construcción en marcha en Figueruelas.

Baterías para 500.000 coches al año desde Valencia

A más de 300 kilómetros de distancia, otra pieza clave del nuevo mapa industrial español toma forma en Sagunt. Con una gigantesca obra, la filial de baterías de Volkswagen, PowerCo, avanza en la construcción de una planta llamada a abastecer a las futuras generaciones de vehículos eléctricos de Seat, Cupra, Volkswagen y Skoda que se han empezado a fabricar ya en las factorías de Martorell y de Pamplona.

La inversión prevista ronda los 3.000 millones de euros y la capacidad inicial alcanzará los 40 GWh, ampliable en una fase posterior a 60. Las primeras celdas saldrán de las líneas de producción en los próximos meses. Cuando opere a pleno rendimiento, la factoría podrá fabricar hasta 150 millones de celdas al año con las que equipar unos 500.000 coches.

La complejidad tecnológica de la instalación ilustra la dimensión del reto industrial. PowerCo está construyendo 17 salas blancas y secas que ocuparán una superficie equivalente a ocho campos de fútbol. En ellas la humedad deberá mantenerse por debajo del 1%, una condición indispensable para garantizar la calidad y seguridad de las celdas.

La planta valenciana aspira además a convertirse en el núcleo de un nuevo ecosistema industrial. Junto a la fábrica se desarrollan proyectos logísticos, centros de formación especializados y una red de proveedores que buscan aprovechar la proximidad a uno de los mayores centros de producción de baterías del continente.

A estos dos grandes proyectos se suman otras iniciativas que completan el mapa español. En Extremadura, AESC, que forma parte del grupo chino Envision, mantiene sus planes para construir una planta de 30 GWh en Navalmoral de la Mata, mientras que el grupo empresarial español Phi4Tech impulsa otra instalación de 26 GWh en Badajoz. En Euskadi, Basquevolt, un consorcio público-privado, trabaja en una planta piloto de baterías de estado sólido, una tecnología considerada por muchos expertos como la próxima gran revolución del sector por su potencial para aumentar la autonomía y reducir los tiempos de carga.

A estos proyectos hay que sumar el del grupo chino Gotion para tener una fábrica de cátodos, un componente esencial de la química de las baterías, en Valladolid, junto a instalaciones para el reciclaje. El proyecto, que reformula el que tenía inicialmente el grupo checo Inobat, ha recibido una ayuda pública de 138 millones para una inversión inicial de cerca de 950 millones, que prevé fases posteriores hasta llegar a unos 5.000 millones.

Electrificación de las fábricas de vehículos

La combinación de todos estos proyectos sitúa a España en una posición inédita dentro de la industria europea de las baterías. El país ya no aspira únicamente a consolidar su segunda posición como mayor fabricante de vehículos de Europa, sino que pretende ocupar también una parte relevante de la cadena de valor más estratégica de la nueva movilidad.

“Estamos en un momento relevante en el que nos lo jugamos todo”, indicó Markus Haupt, consejero delegado de Seat y Cupra, con motivo de su nombramiento como presidente de la asociación de fabricantes (Anfac). Su diagnóstico de la situación da buena nota a España, donde “todas las fábricas se han adaptado al futuro con modelos electrificados”, según destacó Haupt.

Tras el inicio de producción de los primeros modelos eléctricos en las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen en Pamplona, solo quedan las factorías de Renault de Palencia y Valladolid y de Ford en Almussafes por entrar de lleno en la nueva era 100% eléctrica, un paso ya previsto en los planes industriales que se han puesto en marcha para ir más allá de los híbridos actuales.

Marcha atrás de gigafactorías en Alemania e Italia

La consecuencia es que la demanda de baterías de la industria de automoción española se incrementará sustancialmente si se cumplen las previsiones de ventas y producción de los nuevos modelos eléctricos. Asimismo, los fabricantes han tenido que instalar centros de empaquetado de las celdas de baterías junto a las líneas de montaje. Entre los más recientes se encuentran el de Seat, que ha costado 300 millones, así como la planta subcontratada por Volkswagen a Mobis (Hyundai) y el proyecto de Leapmotor junto a Figueruelas.

No obstante, la competencia por atraer y localizar las nuevas inversiones sigue siendo intensa. Hungría lidera actualmente el ranking europeo de la industria de baterías gracias a las inversiones de CATL, Samsung SDI y SK On, que suman 187 GWh de capacidad prevista. Francia, por su parte, ha construido alrededor de Dunkerque y Douai un auténtico valle de las baterías con proyectos de ACC, Verkor, ProLogium y AESC que alcanzan conjuntamente 168 GWh.

El progreso de España es más meritorio si se tiene en cuenta el complejo contexto, marcado por la falta de rentabilidad de las grandes inversiones en movilidad eléctrica debido a un mercado por debajo de las expectativas y la fuerte competencia china. Italia está sufriendo el impacto de esa coyuntura quedándose rezagada en el mapa de la producción de baterías después de que ACC, una empresa conjunta de Stellantis, Mercedes y TotalEnergies, diera carpetazo al proyecto de gigafactoría en el país. La decisión también supuso descartar otra planta proyectada en Alemania.

Desde hace meses, el sector turístico español asume sin ambages que este verano puede alcanzar cifras récord. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en Oriente Medio han llevado a muchos turistas locales y extranjeros a colocar España como destino preferente al ser un valor “refugio”, por su seguridad y por la calidad de su oferta. Ahora, cuando comienza la temporada alta, empieza a materializarse esa percepción de que puede haber más turistas que nunca. A eso se suma el tirón del eclipse del mes de agosto, que ha disparado las reservas en muchos destinos que no suelen tener tanto tirón durante los meses estivales. En este tema detallamos, al detalle, dónde se verá el eclipse del 12 de agosto.

Si nada se tuerce, España puede superar este año la barrera de los 100 millones de turistas foráneos gracias, sobre todo, al resto de europeos. Esa es la previsión de Oxford Economics que, en un reciente análisis, apuntó que España puede ser en este 2026 el destino elegido por 12 millones de turistas europeos adicionales, lo que supondría duplicar el crecimiento logrado en 2025. Si se consigue, estaremos cerca de alcanzar los 110 millones de turistas extranjeros.

Al sector, sin embargo, no le gusta hablar de cifras, de números de visitantes, sino que lleva tiempo enfocado en reforzarse como un destino de calidad y huir así de los problemas causados en los últimos años por el turismo masivo, con las dificultades y molestias que supone para la población residente. Por ejemplo, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, reivindicó en el último Foro Económico de elDiario.es que España debe enfocar un “crecimiento sosegado” de las visitas, porque eso “se digiere bien desde el punto de vista social y ambiental”, concluyó. 

En su análisis, Oxford Economics destaca que España se ha reforzado como opción veraniega tras el conflicto en Oriente Medio. A la inestabilidad que ha generado, además, se ha sumado el aumento de los precios del crudo, que ha elevado el precio de los vuelos. Este análisis destaca de los destinos españoles su “excelente relación calidad-precio, una oferta de lujo ampliada y una infraestructura turística bien desarrollada”, que la convierte en “un destino atractivo tanto para viajeros con presupuestos ajustados como para aquellos que buscan opciones de alto nivel” económico. Eso conlleva que crezcan los hoteles –con un repunte de las pernoctaciones que puede llegar al 10%– y, también, otros sectores que aprovechan el tirón. Por ejemplo, para el sector inmobiliario ligado a la actividad comercial Oxford Economics contempla un incremento de su rentabilidad del 8%.

Más aviones, más autobuses y más reservas 

Esas previsiones coinciden con un repunte de la oferta de plazas comercializadas por los principales medios de transporte durante estos primeros compases de la temporada alta. Por ejemplo, los aeropuertos españoles están operando un total 73.229 vuelos entre el pasado viernes 26 de junio y este domingo 5 de julio, un 1,21% más que hace un año, sobre todo en base al crecimiento de Iberia y Air Europa. Y las empresas de transporte en autobús tienen previsto incrementar sus plazas en un 47% para atender el aumento de la demanda local y foránea, según ha explicado la patronal del sector, Confebus, a la agencia Efe.

También son buenos los datos que manejan las agencias de viaje. “Estamos viendo que las ventas de última hora están funcionando a muy buen ritmo”, explica a elDiario.es el presidente en funciones de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra. 

Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al mes de abril, la actividad de las agencias de viajes registra un crecimiento interanual cercano al 8%. “Es cierto que cada vez se reserva con más antelación, sobre todo los viajes de larga distancia; donde ha habido cierta afectación por el conflicto, pero ahora se ha vuelto a la normalidad y se está yendo a las agencias de viaje para hacer reservas de última hora”, indica. También en el caso de los destinos españoles. Por ejemplo, “las aerolíneas confían mucho en el mercado español”, resume Lastra.

La mayoría de españoles se queda en España

La asociación de agencias de viajes también destaca que “durante el primer cuatrimestre del año, el número de turistas internacionales que visitaron España aumentó en un 3,4%, mientras que el gasto turístico creció un 6,7%”. Eso, “confirma el atractivo del destino España y la fortaleza de la demanda internacional”, argumenta.

Los cálculos que maneja el sector apuntan que el 70% de los españoles opta por destinos locales a la hora de viajar en verano, mientras alrededor del 30% se va fuera. Sin embargo, este año, el aumento de los precios ha llevado a mirar otras opciones, para tratar de encontrar propuestas comerciales que pueden resultar más económicas. “Sí, hay gente que en una temporada muy alta en España nos pregunta por ofertas en otros lugares, que salen más económicos”, explica José Manuel Lastra.

“Tratamos de hacer encajar al cliente en función de sus deseos, España tiene muchos atributos, pero siendo mayor el número de españoles que viajan por el país, crece más el número de los que se van fuera. El factor precio es relevante y determinante, a la hora de decidir el destino final de las vacaciones”, admite el responsable de CEAV, que también destaca que España tiene una alta demanda, al margen de los precios, por la calidad de la oferta y los servicios.

En cuanto a esos precios, en el caso de los hoteles, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corresponden al mes de mayo, justo antes del inicio de la temporada alta vacacional. En ese mes, los hoteles facturaron de media, 123,7 euros por habitación ocupada, un 4,2% más que el mismo mes de 2025. En el caso de los hoteles de cinco estrellas, la factura por noche se dispara y se va por encima de los 307 euros por habitación.

El precio puede ser un freno. De hecho, los últimos datos publicados esta semana por el INE reflejan que, en el primer trimestre, el número de viajes de los residentes en territorio español descendió un 4% –se situó en 33,2 millones de viajes– aunque el gasto se incrementó un 2,5%, hasta superar los 11.450 millones de euros.

De cara a este verano, un análisis del comparador de precios Rasteator, refleja que el 67% de los españoles tiene previsto viajar por España y que el norte peninsular se consolida como la opción favorita, ya que Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi ya han sido elegidos por el 38% de esos viajeros analizados. Quedan por detrás destinos vacacionales más tradicionales, como la Costa del Sol, que es elegida por el 26% de los encuestados; y la Comunitat Valenciana, por el 22%. 

Y, en cuanto a los extranjeros que prefieren venir a España, la patronal de las agencias de viajes observa que “los mercados emisores como Reino Unido, Alemania, Francia o Escandinavia, tienden al sol y playa, pero vemos también un crecimiento del turista que viaje de larga distancia, que viene Asia o de América, que sí va a ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y al Norte de España, También vemos más interés por el norte de España, hay más tirón de esos viajeros por ir a la llamada España verde”, concluye José Manuel Lastra.