La llegada de trabajadores chinos vinculados a la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas está comenzando a transformar la vida de los pequeños municipios de su entorno, cuyos alcaldes afrontan con incertidumbre el aumento de población, la creciente demanda de viviendas y la presión sobre unos servicios públicos que ya arrastraban importantes carencias. La falta de información y coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas implicadas está agravando una situación para la que los ayuntamientos reclaman planificación y respuestas.

Uno de los ejemplos más significativos es Grisén, una pequeña localidad de la Ribera Alta del Ebro donde, según las estimaciones que maneja su alcalde, Marcos Lahoz, podrían haber llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos relacionados con la actividad de la gigafactoría. La cifra no ha podido confirmarse oficialmente, pero el movimiento inmobiliario de las últimas semanas da una idea de la rapidez con la que está cambiando la situación.

En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. El alcalde reconoce las dificultades para conocer cuántas personas están llegando realmente al municipio y durante cuánto tiempo permanecerán, una información imprescindible para prever las necesidades de servicios e infraestructuras.

La preocupación no responde a la procedencia de los trabajadores, sino a la velocidad con la que se está produciendo su llegada y a la falta de previsión de las administraciones responsables. Los nuevos residentes tienen derecho a acceder a los servicios públicos que les correspondan, pero los ayuntamientos temen que el crecimiento de la población no vaya acompañado de un refuerzo de los recursos disponibles.

La asistencia sanitaria es uno de los principales motivos de inquietud. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que, según los datos trasladados por el alcalde, cuenta actualmente con diez de los dieciséis facultativos de su plantilla.

Esta falta de profesionales se produce antes de que pueda evaluarse el impacto de la llegada de nuevos trabajadores y sus posibles familias. El aumento de población puede incrementar la demanda asistencial en una zona donde los servicios sanitarios ya se encuentran tensionados.

La situación plantea además interrogantes sobre otros recursos municipales y comarcales, desde la vivienda hasta la atención social, cuya planificación depende en buena medida de conocer las previsiones de llegada y permanencia de los trabajadores.

Según ha podido saber este periódico, distintas empresas proveedoras de CATL están buscando soluciones de alojamiento para sus empleados mediante el alquiler o la adquisición de viviendas y otros establecimientos.

Entre las operaciones conocidas figura el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales que permitan responder a una demanda de alojamiento que previsiblemente continuará creciendo conforme avance la construcción de la gigafactoría.

Sin noticias de las 104 viviendas prefabricadas

Los alcaldes recuerdan que el Gobierno de Aragón abordó esta cuestión el pasado año en una reunión informativa en la que participaron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque.

En aquel encuentro se plantearon distintas alternativas para atender las necesidades residenciales vinculadas a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y la posibilidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos destinados a nuevos alojamientos.

Sin embargo, desde entonces los responsables municipales no han recibido información concreta sobre el desarrollo de aquellas propuestas, su ubicación, los plazos previstos o las condiciones en las que podrían materializarse.

Mientras tanto, la llegada de trabajadores ha comenzado a producirse y las empresas buscan soluciones por su cuenta en el mercado inmobiliario de los municipios próximos a Figueruelas.

La creciente demanda de alojamiento está teniendo también consecuencias sobre el mercado inmobiliario de la zona. Algunas viviendas se están alquilando por cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, unos precios muy elevados para pequeños municipios como Grisén, donde la oferta de alquiler es limitada. La llegada de empresas que buscan alojar a sus trabajadores está introduciendo una nueva presión sobre el mercado residencial, con el riesgo de encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca.

Ante esta situación, el alcalde de Grisén ha mantenido recientemente una reunión con el presidente de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales.

El objetivo del encuentro fue trasladar las dudas y dificultades que está afrontando el Ayuntamiento y analizar los desafíos que puede representar la llegada de nuevos residentes para los servicios municipales y comarcales.

La construcción de la gigafactoría constituye una de las mayores inversiones industriales previstas en Aragón y representa una oportunidad de desarrollo económico para toda la Ribera Alta del Ebro, al tiempo que supone un desafío de planificación territorial que los municipios consideran que no pueden afrontar en solitario.

El pasado 30 de septiembre el INE publicó la Contabilidad Regional de España para el periodo 2000-2025. Aunque no disponemos de la información para 2026, los datos nos permiten tener una primera valoración de cómo se están comportando relativamente las comunidades autónomas (CCAA) en la actual fase de expansión. Lo primero que hay que hacer es acotar el periodo de “boom económico” pues, tal y como recoge el siguiente gráfico, la evolución del PIB real en niveles, está muy condicionado por el efecto salida del impacto de la pandemia en 2020.

Ignorando el efecto de rebote de 2021, año en el que el PIB real creció casi un 7%, y tomando como punto de partida el año 2022, podemos comprobar que el crecimiento del PIB real de los últimos 4 años, hasta 2025, ha sido equivalente al de los 17 años anteriores (en torno a un 15% real acumulado). Y, si suponemos que el de este año 2026 va a ser 2,6%, como parece indicar el consenso, nos tendríamos que ir a un período de 18 años. Por tanto, definiré el “actual periodo expansivo” para las comparaciones regionales como el que abarca 2022-2025, ambos inclusive, y lo compararé con el periodo 2005-2021, en los que tuvo lugar tanto la Gran Recesión financiera de 2008 y el consiguiente pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, seguido por la crisis de deuda de la zona euro, además de la pandemia de 2020, que frustró cuatro años de recuperación económica, aunque fuera de forma transitoria.

En la Tabla 1 presento el crecimiento acumulado del PIB real en los dos subperiodos considerados. Para el total de España, tal y como se han escogido los periodos, el crecimiento ha ido equivalente: un 15,1% acumulado en los últimos 4 años y un 14,9% en los 17 años anteriores.

En el primer subperíodo, en el que engloba las dos crisis mencionadas, hay mucha disparidad en el crecimiento. De las 19 regiones (17 CCAA y las dos ciudades autónomas) solamente cinco crecieron por encima del 14,9% medio nacional: Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra, siendo Madrid la que tuvo mejor desempeño. País Vasco y Cataluña se movieron más o menos como la media nacional, pese a las turbulencias asociadas al “procés”. En cuanto a las CCAA que peor lo hicieron, destacan Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias y la Rioja. Pero especialmente negativo fue el resultado de Ceuta y Melilla, con un crecimiento acumulado negativo del -6,2 y -5,4%, respectivamente en esos 17 años. En estos resultados no sólo influye el impacto de la crisis financiera y de la pandemia sobre el turismo, del que dependen muchas economías regionales, sino también de la evolución de la población, lo que se considera como la “España vaciada”. Más adelante corregiremos este efecto tomando en cuenta la renta per cápita.

En el actual boom económico, segunda columna de la tabla, también hay una gran disparidad. Las regiones que más han crecido han sido Baleares y Canarias, posiblemente por el impacto de la favorable evolución del turismo. Y, por encima de la media, apenas crecieron, además de las islas, Madrid y Cataluña. Por el contrario, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Castilla y León y las ciudades autónomas están creciendo por debajo del promedio nacional. Pero lo más interesante de la Tabla 1 es comprobar a qué regiones les está yendo mejor (en azul) o peor (en amarillo) en este boom económico en relación a cómo les fue en los 17 años anteriores. Baleares y Canarias son las que más han mejorado. Curiosamente, también lo han hecho Ceuta y Melilla, así como Asturias, Castilla y León y, en menor medida, Andalucía y La Rioja. Por el contrario, las que más han empeorado en el actual boom están siendo Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha.

Como mencionaba anteriormente, es posible que parte de estos crecimientos, sobre todo los que se refieren al primer período de 17 años, puede estar influido por una evolución desfavorable de la población. Por ejemplo, tanto las ciudades autónomas como Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla y León han tenido un crecimiento prácticamente nulo en los últimos años, lo que les ha podido condicionar el crecimiento de su PIB real. Por ello, en la Tabla 2 recojo la evolución relativa de la renta per cápita (PIB dividido por población) en los dos subperiodos considerados, tomando la media nacional como valor igual a 100. Es importante señalar que el INE publica estos valores en términos nominales, por lo que pueden verse distorsionados por la diferente evolución de la inflación.

Yendo directamente a la tercera columna, las regiones que han ganado renta per cápita relativa en este boom están siendo Extremadura, Galicia, Aragón, Asturias y Baleares. En algunos de estos casos, se trata de “convergencia” a la media nacional, como es el caso de Extremadura, Galicia y Asturias, mientras que en el caso de Baleares y Aragón divergen en la medida en que avanzan en una renta per cápita que ya estaba por encima del promedio nacional. Andalucía no ha convergido a la media nacional y Murcia y Castilla-La Mancha han divergido. Las regiones que han sufrido un mayor retroceso relativo en la renta per cápita han sido Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, La Rioja y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Estas últimas han recuperado crecimiento en este boom económico, pero lo han hecho a un ritmo inferior al promedio nacional.

En resumen, el actual boom económico está teniendo un impacto desigual sobre las regiones españolas. Tanto la evolución del turismo como de la población han podido tener un impacto diferencial relevante.

Jensen Huang ha dimitido como consejero delegado de Nvidia. Primero se conoció su relación con una empresaria sospechosa de espiar para China; después, el New York Times informó de otra con una vicepresidenta que dependía de él. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asume provisionalmente el mando.

¿Y ahora qué?

La pregunta recorre los mercados y toda la industria de la IA. Huang no era un ejecutivo intercambiable. El joven que lavaba platos en un Denny’s acabó cofundando una empresa que rozó la quiebra y llegó a ser la más valiosa del mundo. Desde su salida a bolsa, sus acciones se han revalorizado más de un 700.000%.

Uno de los grandes giros llegó en 2012. Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton presentaron AlexNet, una red neuronal que ganó con una ventaja espectacular una competición de reconocimiento de imágenes. Para entrenarla utilizaron dos tarjetas gráficas de Nvidia: los chips de los videojuegos también aceleraban las redes neuronales. El trabajo cambió el rumbo de la IA. Huang entendió la oportunidad y apostó por ella.

Diez años después llegó ChatGPT. La demanda se disparó y Nvidia tenía lo que todos necesitaban. Atribuir su éxito a dos golpes de suerte sería absurdo. AMD e Intel también estaban allí. La diferencia venía de antes: CUDA, presentado en 2006, permitía utilizar las GPU para tareas que iban más allá de los gráficos. Huang sostuvo durante años una inversión cuyo mercado estaba por hacerse.

Investigadores y empresas desarrollaron programas, bibliotecas y conocimientos alrededor de CUDA. Cambiar de proveedor exigía trasladar todo ese trabajo acumulado. Huang había construido un ecosistema y una razón poderosa para quedarse en él.

Tenemos cierta tendencia a infantilizar el mundo y convertirlo en una película de Marvel. Una conspiración de tecnooligarcas, organizados como una mafia siciliana, movería los hilos del planeta. Es una tontería que ahorra pensar: basta con identificar a los villanos para creer que hemos entendido la historia. Lo que tenemos delante es mucho más complejo: empresas que cooperan y se disputan ferozmente los mismos clientes, intereses políticos enfrentados y personas con días de 24 horas y las mismas debilidades que nosotros. Confundir influencia con omnipotencia explica poco y despista mucho.

A corto plazo, Nvidia conserva una posición formidable. Su cuota en las GPU para centros de datos ronda el 90%, según distintas estimaciones. Tiene una demanda enorme y clientes que no pueden cambiar de infraestructura de la noche a la mañana. La dimisión de Huang no hace desaparecer sus ingenieros ni sus pedidos. Pero esa fortaleza no garantiza la siguiente década.

Google acaba de ampliar su familia de TPU, aceleradores que compiten con las GPU en determinadas tareas de IA. AMD avanza con sus chips y con ROCm, el software con el que intenta reducir la ventaja de CUDA. Qualcomm ha comprado Modular, cuya tecnología facilita ejecutar IA sobre diferentes arquitecturas. También se erosionan las barreras que hacían tan costoso abandonar Nvidia.

Y sus grandes clientes quieren fabricar parte de lo que hoy le compran. Amazon tiene Trainium3 y una estrecha alianza con Anthropic; Microsoft despliega Maia; OpenAI desarrolla aceleradores con Broadcom. Cerebras explora otra arquitectura para ejecutar modelos a gran velocidad. Y Huawei, con Ascend, busca consolidar una alternativa china. No necesitan derrotar a Nvidia en todo: les basta con ofrecer una opción mejor o más barata para una parte relevante del trabajo.

Nvidia irá perdiendo cuota, incluso si lo hace excepcionalmente bien. Puede seguir creciendo mientras otros crecen más. Defender su posición exigirá inversiones constantes, nuevos productos y márgenes sometidos a una presión creciente. Al mismo tiempo, deberá abrir mercados como la conducción autónoma y la robótica, donde está bien situada, pero cuyos ingresos todavía no sustituyen al gran negocio de los centros de datos.

Ese es el quebradero de cabeza: invertir para seguir dominando un negocio cada vez más disputado y financiar otro que todavía no puede reemplazarlo. Hay que decidir qué desarrollar, cuánto arriesgar y cuándo, con años de anticipación. La ausencia de Huang se notará precisamente en esas decisiones.

Millonarios sin vida

Hay otras dos cuestiones. La primera es la cultura interna. La subida de las acciones ha convertido en millonarios a muchos empleados de Nvidia. Sin embargo, los testimonios describen jornadas larguísimas y una exigencia extraordinaria. Mantener a personas que podrían retirarse trabajando en la frontera de la ingeniería es una hazaña de liderazgo. El dinero, por sí solo, no la explica.

Esa cultura no se conserva nombrando a alguien que sepa gestionar una cuenta de resultados. Necesita autoridad técnica, ambición y criterio para distinguir una apuesta prometedora de una ocurrencia carísima. La deriva de Boeing, que relegó a sus ingenieros mientras primaban los objetivos financieros, recuerda hasta qué punto puede degradarse esa cultura. Kress puede aportar estabilidad a la transición. La cuestión decisiva es quién mantendrá después la capacidad de Nvidia para hacer lo que todavía nadie sabe hacer.

La segunda cuestión es todo el ecosistema de la IA. Huang ha sabido alinear a laboratorios, fabricantes, proveedores de nube e inversores que se necesitan y, a la vez, compiten entre sí. En 2025, Nvidia anunció su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI conforme se desplegará nueva infraestructura con sus sistemas. Huang vinculaba así financiación, construcción de centros de datos y venta de chips para hacer viables las ambiciones de sus clientes.

También ha tenido que negociar con gobiernos cuyos objetivos chocaban frontalmente con los de su empresa. Nvidia quería vender en China; Washington quería limitar el acceso chino a los chips avanzados. Un consejero delegado puede disponer de una influencia enorme, pero no puede levantar por sí mismo una prohibición de exportación. Esa decisión pertenece al poder político, que responde a otras prioridades, a las urnas y a sus propias luchas. Incluso alguien como Huang tenía que negociar con Trump.

Huang consiguió suavizar algunas restricciones y ha cultivado relaciones a ambos lados del Pacífico. Conoce a los compradores, a los investigadores y a los políticos. Sabe cómo encajar intereses que parecían incompatibles. Esa confianza tarda décadas en construirse. No viene incluida en el nombramiento de un nuevo consejero delegado.

¿Encontrará Nvidia a otro Jensen Huang? Parece muy difícil, por no decir imposible. Encontrará un sucesor, pero difícilmente reunirá su autoridad dentro de la empresa, su capacidad para movilizar al sector y su interlocución política. El corto plazo tiene bases sólidas. El medio y el largo acaban de llenarse de incógnitas.

Y queda el propio Huang. Cuesta imaginar que se vaya a casa sin más, que renuncie a crear, invertir o embarcarse en otra aventura. Quizá la siguiente gran pregunta no sea solo qué hará Nvidia sin Jensen Huang, sino qué hará Jensen Huang sin Nvidia.

Jensen Huang ha caído en la cumbre de su poder. El cofundador y consejero delegado de Nvidia ha presentado este jueves su dimisión acorralado por dos relaciones extramatrimoniales que han conectado su vida privada con las alcantarillas de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. La salida del directivo que convirtió una empresa del sector de los videojuegos en la más valiosa del mundo llega tras confirmarse su romance con Alice Huang, una presunta espía china, y una segunda aventura con Kimberly Powell, vicepresidenta responsable del negocio de salud dentro de la propia Nvidia. A última hora de este jueves, una vez confirmado su cese, ha salido a la luz una tercera relación con otra empleada de la compañía, cuya identidad no se ha revelado.

Hasta hace unas horas, Huang era una de las pocas personas en el mundo que podían entrar sin llamar tanto en el Despacho Oval como en las más altas esferas del Partido Comunista chino. La fiebre de la inteligencia artificial ha convertido los chips con los que se entrena esta tecnología en una cuestión de Estado para ambas superpotencias y al máximo directivo de Nvidia, en el mercader clave de la guerra fría tecnológica.

El ejecutivo de 63 años llegó a actuar de intermediario entre Washington y Pekín en los peores momentos del conflicto geopolítico, defendiendo que cuantas menos barreras hubiera para comprar sus chips, mejor le iría a todo el mundo. Un perfil único en la industria cuyos movimientos se leen ahora desde otro prisma. Mientras pedía a la Casa Blanca relajar los vetos de exportación, mantenía una relación secreta con la jefa de una empresa asiática investigada por servir de tapadera a la inteligencia de Pekín y al contrabando multimillonario de sus tarjetas gráficas. Envíos que, según los últimos informes, han tenido un gran peso en la cuenta de resultados de Nvidia.

Escándalo de contrabando

La sombra que ahora se extiende sobre Huang va mucho más allá de sus tres infidelidades. Los informes y testimonios del sector que han salido a la luz desde el pasado domingo, cuando el directivo reconoció su aventura con Alice Huang, apuntan a que estaba mucho más involucrado en el tráfico ilegal de sus procesadores hacia China de lo que parecía en un principio.

Alice Huang era la directora ejecutiva de Megaspeed, un gigante de los centros de datos de Singapur que Jensen Huang avaló personalmente. Esta empresa compró unos 4.800 millones de dólares (unos 4.330 millones de euros) en chips avanzados de Nvidia. De ese paquete, unos 2.400 millones de dólares (unos 2.165 millones de euros) correspondían a placas con procesadores de arquitectura Blackwell, los GB200 y GB300, cuya venta a China estaba vetada. Según la investigación sobre el terreno de la agencia Bloomberg, esos equipos nunca se instalaron en los centros de datos de Megaspeed.

A mediados de 2025, la policía de Singapur detuvo a Alice Huang tras descubrir un entramado de empresas pantalla vinculadas a Megaspeed. Fue interrogada y puesta en libertad con cargos tras aceptar colaborar con las autoridades. Durante ese período, el líder de Nvidia no dejó de visitarla y ordenó al principal asesor jurídico de su compañía que intercediera por ella ante el Departamento de Comercio de EEUU y frenara las pesquisas sobre la trama.

La firma de análisis financiero Culper Research ha ido más allá. Según recoge en su investigación, las ventas de Nvidia a Megaspeed incluyeron 50.000 tarjetas gráficas más de las que la compañía había notificado al Gobierno estadounidense. Sin embargo, para esta firma, el gigante de Singapur era solo la punta del iceberg. En su informe, calcula que hasta 43.180 millones de dólares (unos 38.980 millones de euros), el 20% de los ingresos totales de Nvidia en el ejercicio fiscal 2026, procedían en realidad de ventas encubiertas hacia China.

La cifra, no confirmada ni desmentida por Nvidia, dinamita el discurso oficial de Jensen Huang, que había repetido durante meses en las presentaciones de resultados ante sus inversores que los ingresos directos por centros de datos en el gigante asiático eran “cero” debido a los vetos a la exportación. Ahora las investigaciones se centran en la implicación de la propia figura de Jensen Huang en estas maniobras, conectando otros puntos sospechosos en las prácticas de Nvidia como, por ejemplo, su decisión de cambiar a finales de 2025 sus políticas financieras para anotar los ingresos según la sede fiscal del comprador de sus chips, y no por la ubicación real de los centros de datos donde se han instalado.

“Quizá no tenía ni idea, pero eso lo convertiría en uno de los hombres más estúpidos del mundo”, afirma sobre Jensen Huang Ed Zitron, analista de la industria tecnológica y autor del boletín Where's Your Ed At. “No es un 'error' acostarte con otra mujer décadas después de casarte, ni es un 'error' vender a la empresa de esa mujer miles de millones de dólares en chips, ni es un 'error' hacer que tu equipo de comunicación mienta repetidamente, ni es un 'error' usar a tu asesor general para intimidar al Departamento de Comercio para que mire hacia otro lado ante tus evidentes fechorías”.

China ha negado en todo momento que Alice Huang sea una espía o que haya organizado una operación de influencia contra el ya ex CEO de Nvidia. En la misma línea se había expresado la compañía, asegurando que no había nada “inusual ni inesperado” en esa relación y que los secretos de la empresa no se habían visto comprometidos. Esta semana, antes de la salida a la luz de las infidelidades con dos de sus empleadas, Nvidia seguía criticando a los periodistas por difundir “chismes morbosos”.

El salvoconducto en la Casa Blanca

El acceso a la Casa Blanca del que Huang ha disfrutado hasta ahora y que permitió a su empresa presionar al Departamento de Comercio no solo radica en la importancia estratégica de Nvidia. También en que el magnate ha sido uno de los tecnoligarcas más cercanos a Donald Trump desde que este recuperó el poder hace dos años. El presidente ha intentado defenderlo hasta el último momento, asegurando que es un “hombre honorable” y un “tipo increíble”.

David Sacks, asesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial y criptomonedas, ha sido otro de sus grandes aliados. Ambos han defendido que vetar las exportaciones de chips equivalía a entregar el gigantesco mercado chino a sus compañías locales, como Huawei. “La tecnología estadounidense debería ser el estándar global, así como el dólar estadounidense es el estándar sobre el cual se construye cada país”, defendía Huang.

Bajo esa premisa, Huang logró que Trump reabriera la mano y permitiera la venta en China de algunos de sus chips menos avanzados. No le saldría gratis: para que el republicano aceptara, el fundador de Nvidia le ofreció una comisión de un 15% de toda la facturación de su compañía en el gigante asiático. Un negocio que habría reportado al Gobierno estadounidense unos 2.000 millones de dólares al año (unos 1.805 millones de euros), pero que apenas estuvo en pie unos meses antes de que un nuevo bandazo de Trump cortara otra vez las ventas.

Una investigación que acaba de empezar

Todo ese pasilleo geopolítico se ha derrumbado desde dentro. La revelación en The New York Times de su segunda relación extramatrimonial con una subordinada directa dejaba al consejo de administración de Nvidia sin margen de maniobra sobre el futuro de Huang, puesto que la política de la empresa prohíbe las relaciones íntimas entre empleados. Consciente de ello, su histórico CEO ha preferido adelantarse a la decisión de la junta y dimitir.

La directora financiera, Colette Kress, ha asumido su cargo de manera interina. Wall Street ha recibido la noticia con un desplome de las acciones de Nvidia en la apertura del parqué, cuando sus títulos han llegado a caer un 14%, aunque el pesimismo se ha moderado según ha avanzado la jornada hasta dejar el retroceso en poco más del 4%.

Huang, propietario del 3,6% de la compañía y con una fortuna estimada de 150.000 millones de dólares (unos 135.420 millones de euros), tenía a 60 ejecutivos bajo su mando directo. Siempre presumió de no creer en la figura del “número dos” y durante 30 años fue el único cerebro que conocía todos los movimientos de las extremidades de Nvidia. También había dado esquinazo a quienes le pedían que preparara un plan de sucesión. La propia compañía reconoce en sus informes de riesgos para los inversores que es “altamente dependiente” de los servicios de su “equipo ejecutivo de larga trayectoria”.

La revelación por parte de Reuters de una tercera relación extramatrimonial con otra empleada no hace sino extender la sospecha sobre la trayectoria de Huang. Ahora, ante uno de los mayores escándalos corporativos de los últimos años, la empresa más valiosa del mundo y referencia de la revolución de la inteligencia artificial queda descabezada y amenazada por las informaciones que puedan aparecer sobre el contrabando de sus chips en medio de la guerra fría tecnológica entre EEUU y China.

Pero el golpe va más allá de los despachos de Nvidia. Durante los últimos tres años, la industria de la IA ha vivido en un permanente auge de valoraciones basado en los ingentes beneficios de esta compañía, que luego reinvertía en el ecosistema para alimentar sus ventas de chips. Un modelo de financiación circular que ha llevado a Nvidia a hacerse con participaciones de OpenAI, Anthropic, xAI (el laboratorio de IA de Elon Musk), Mistral (la principal startup europea), Perplexity y decenas de laboratorios más. Compañías que ahora esperan ante el alcance de la investigación sobre las cuentas de la empresa que sostiene toda la burbuja.

A mediados de 2024, todo parecía sonreír a Mahle y a Motilla del Palancar, la localidad conquense que acoge tres de sus fábricas en España.

Fue en julio de ese año cuando se hizo público que esta empresa, que en Cuenca fabrica componentes electrónicos para automóviles eléctricos, recibiría 25 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Gobierno de España -PERTE VEC- para modernizar y ampliar sus instalaciones, y así poder atraer más proyectos.

Entonces se hablaba de que el millar de trabajadores que había hace dos años podría subir hasta los 1.800 en 2026, todo un hito para una localidad que no llega a los 6.500 habitantes. Presumió de ello hasta el propio Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en julio de 2024.

Pero al 2026 apenas le queda mes y medio de recorrido y la realidad es bien distinta a la que se esbozaba apenas dos años atrás.

El millar de empleados ha cambiado, sí, pero para reducirse a la mitad, no para duplicarse. Todo a consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERE) que dejó en la calle a 466 trabajadores y trabajadoras en dos tandas: una en noviembre de 2025 y otra en marzo de 2026. El ERE también dejó en la calle a más de un centenar de empleados de la planta de Mahle en Paterna (Valencia).

Pero la amenaza del desempleo vuelve a vislumbrarse en el horizonte: Mahle anunció el pasado mes de octubre un segundo ERE que afectaría a otros 170 trabajadores, cuyas condiciones todavía no han trascendido -se espera que la empresa las comunique este viernes al comité de empresa-.

¿Qué ha pasado para que la promesa de llegar a los 1.800 empleos se haya roto para dejar paso a una realidad en la que quedarían apenas un tercio del millar que había en 2024?

“Muchos rumores” de otro ERE

Mahle es una multinacional de origen alemán que se dedica a la producción de componentes para automóviles. Está en Alemania y España pero tiene fábricas en países como Estados Unidos, China, Brasil o México, entre otros.

En Motilla del Palancar cuenta con tres plantas, todas ellas destinadas a fabricar diferentes piezas para vehículos eléctricos.

El primer ERE fue justificado por la empresa aduciendo la necesidad de ajustar plantilla en un contexto de un mercado automovilístico “persistentemente débil” y una implantación de la movilidad eléctrica en Europa “más lenta” de lo esperado. Similares motivos ha argumentado Mahle para el anuncio de este segundo ERE, aunque no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio en el momento de publicación de este artículo.

Este nuevo revés no pilló por sorpresa a los motillanos. “Había muchos rumores en el pueblo de que iba a haber otro ERE”, cuenta a este medio la presidenta del Comité de Empresa, Helena García (CCOO).

Sin embargo, García asegura que la empresa les ha estado “mintiendo durante prácticamente medio año” porque la documentación a la que han tenido acceso por el momento está fechada en junio de este año. “Y en ese tiempo, cada vez que preguntábamos a la Dirección o a Recursos Humanos, respondían que no tenían planteado ningún ERE ni nada por el estilo”.

Los sindicatos aseguran que el motivo de ambos expedientes de regulación de empleo es que la empresa ha perdido los clientes que mantenían con carga de trabajo las factorías de Motilla del Palancar sin que hayan entrado otros nuevos.

“La sensación que tenemos aquí, tanto los que trabajan en producción como los que trabajamos en oficina, es que no hay búsqueda de proyectos, que los proyectos que salen son muy pequeños o son en líneas automáticas en las que trabajan una o dos personas”, considera García.

Para el secretario de UGT FICA Cuenca, Jesús Laín, el problema es que, desde el anterior ERE, la empresa “no ha hecho absolutamente nada” para reemplazar los proyectos que ha perdido.

“Se han ofrecido alternativas para las plantas de Motilla, lo que pasa es que la empresa no ha hecho absolutamente nada. Se les pidió un dosier de las instalaciones y de lo que ponían a disposición, para fabricar incluso otras cosas que no estuvieran relacionadas con la automoción. Podían haber llegado otras empresas a fabricar otro tipo de productos”, denuncia Laín.

Dada la situación, el portavoz de UGT teme un tercer ERE o, incluso, un cierre total. “Nosotros lo que nos tememos es que, si esto no se endereza, nos veamos con un cierre de una fábrica histórica”.

Una “falta de empatía y de respuestas” por parte de Mahle

La crítica por la dejadez de Mahle para encontrar alternativas es compartida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que incluso llegó a considerarse “muy decepcionado” con Mahle tras conocer el segundo ERE.

Mahle ha sido mimada por las administraciones autonómica, provincial, local y nacional con muchos fondos del plan de recuperación

Así lo confirma la viceconseja de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Las conversaciones han sido constantes con la multinacional y con los sindicatos desde que se produjera el primer ERE. “Habíamos trabajado para amortiguar el palo que supuso para 460 personas trabajadoras y el segundo lo hemos recibido con absoluta decepción y con cierta tristeza”, dice, ante “la falta de empatía y de respuesta por parte de la empresa hacia la comarca y hacia las personas”.

Y no solo eso. “Han incumplido parte de los compromisos adquiridos en aquel primer expediente de regulación de empleo”, lamenta. Se refiere a la intención planteada por la propia empresa de buscar alternativas de negocio, con nuevos proyectos industriales o a través de la diversificación empresarial. “No se ha cumplido”, reconoce.

Ahora con 500 personas todavía en la empresa, el nuevo ERE afectará al 35% de las personas. La viceconsejera asegura que el Gobierno regional “está vigilante” desde los primeros despidos y afirma que se han implementado medidas contra el desempleo. “El 50% hoy tienen trabajo”, señala, pero no obvia que en el aire planea la posibilidad del cierre total. “Hemos mantenido reuniones permanentes, también con el Ministerio de Industria, pero lo que quisiéramos saber es que si ese es el plan, las cartas deberían estar sobre la mesa”, reclama.

Queremos pensar que no existe ese ánimo de extinción por capítulos que plantean los sindicatos, pero en todo caso pedimos al ministerio que esté vigilante. No solo con los planes de Mahle España, sino con Mahle Alemania

Nuria Berta Chust — Viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral

“Queremos pensar que no existe ese ánimo de extinción por capítulos que plantean los sindicatos, pero en todo caso pedimos al ministerio que esté vigilante. No solo con los planes de Mahle España, sino con Mahle Alemania”.

Sobre las ayudas públicas recibidas, Chust recuerda que se aportaron a través de fondos europeos, vía Gobierno de España, sin que la Junta de Castilla-La Mancha aportase ninguna subvención. “Hemos pedido al Comisionado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España absoluto rigor y exigencia en el cumplimiento de los requisitos que exigen esas ayudas, ya sea en el mantenimiento de empleo u otros”.

Se trata, añade, de “garantizar que se ha hecho un uso debido de las ayudas públicas”.

Mientras tanto, el periodo de negociación está abierto hasta el 25 de noviembre, salvo acuerdo previo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Nuria Chust explica que ya se trabaja en alternativas para las 170 personas afectadas por la nueva regulación de empleo. “Somos optimistas y no se van a ver solas”, afirma.

Falta de alternativas laborales

A nivel económico y social, esta situación está suponiendo “un palo durísimo” para Motilla del Palancar y los pueblos de su alrededor. Helena García asegura que los que como ella rondan la treintena decidieron quedarse en Motilla y hace vida. “Habíamos rejuvenecido un montón todos los pueblos de alrededor. ¿Y ahora qué va a pasar con esa gente? ¿Se van a tener que ir? No tienen aquí trabajo”, lamenta.

Por eso, desde el Ayuntamiento creen que el impacto de los despidos “trasciende el ámbito de la fábrica”. El alcalde, Pedro Tendero, explica que la reducción de la plantilla afecta al consumo y a numerosos negocios que se benefician de la actividad económica generada por los trabajadores de Mahle.

“El trabajo de Mahle estaba muy bien remunerado, permitía a muchas familias del pueblo vivir medianamente bien”, cuenta el regidor, que añade que “decir que Motilla come de Mahle quizás sea exagerado, pero sí que ayuda bastante a la economía local”.

El primer ERE afectó de lleno a la familia de Beatriz. Tanto ella como su marido y sus tres hermanas trabajaban en Mahle. Todos ellos han terminado en la calle tras esa primera ola de despidos. Con dos hijos de 4 y 8 años, Beatriz cuenta que su marido sí encontró trabajo en febrero de este año, pero ella aún no ha tenido esa suerte.

Cuenta que se está formando y haciendo cursos, pero, de momento, sin suerte, ya que la zona no ofrece muchas alternativas a Mahle.

“Es un pueblo pequeño y Mahle es su principal sustento. Del pueblo y de la comarca. Es una empresa muy fuerte y la mayoría de las familias tienen al menos un integrante o dos trabajando allí”.

Ante la falta de oportunidades, algunos de los que fueron despedidos en el primer ERE han creado las suyas propias emprendiendo su propio negocio. Uno de ellos es Iván, que con el dinero de la indemnización abrió un bar en Motilla.

En la puesta en marcha del establecimiento intervinieron varios extrabajadores de Mahle que se han tenido que reciclar: el carpintero, el fontanero y varios distribuidores de comida comparten pasado con Iván en la factoría de componentes para automóviles.

Sin embargo, cuenta que hay otros que han tenido que buscar el sustento más lejos, a Cuenca -a una hora en coche- o que han vuelto a sus ciudades de origen o a otros sitios para buscar trabajo.

“Tampoco ha caído mucho el pueblo como pensábamos, pero sí pienso que va a caer ahora. Otros 170 más… eso ya es mucho”, asegura preocupado Iván.

Nos da igual hacer lavadoras, que hacer juguetes, que hacer coches eléctricos. Lo que tienen que buscar es una salida para esta empresa

La preocupación ha dado paso a la movilización. La plantilla de Mahle convocó una jornada de huelga el pasado martes, que se sumó al paro general que estaba convocado en toda España este miércoles. En ambas convocatorias, el seguimiento ha sido del 100% de la plantilla, según trasladan los sindicatos. Y el fin de semana anterior, trabajadores y vecinos de Motilla del Palancar salieron a la calle para protestar igualmente contra el nuevo ERE.

La presidenta del Comité de Empresa, Helena García, asegura que lo único que pide es que puedan “trabajar”. “Nos da igual hacer lavadoras, que hacer juguetes, que hacer coches eléctricos. Lo que tienen que buscar es una salida para esta empresa”, reclama.

¿Hay alternativas industriales en la comarca?, preguntamos a la viceconsejera de Empleo. “Somos optimistas en una comarca, la Manchuela, que es una absoluta fuente de riqueza y de empleo. Queremos seguir la senda de los últimos diez años en la provincia de Cuenca”.

Se buscarán “alternativas industriales”, asegura. “Lo estamos haciendo desde septiembre del año pasado, pero estamos a la espera de conocer la disponibilidad del propio inmovilizado de la empresa, las instalaciones de las que se va a poder disponer para buscar alternativas y atraer otros proyectos industriales”.

Mercedes-Benz ha elevado la presión sobre sus trabajadores ante la falta de avances en las negociaciones para reducir los costes laborales en Alemania. El fabricante de automóviles premium ha comunicado internamente que paraliza todas las nuevas inversiones en sus plantas del país y estudia la posibilidad de cerrar algunas instalaciones ante el elevado coste de fabricar vehículos en territorio alemán. La compañía ha tomado esta decisión después de no conseguir un acuerdo con el comité de empresa y los representantes sindicales sobre las medidas necesarias para mejorar la competitividad de sus fábricas.

La decisión figura en un memorando dirigido a los trabajadores al que ha tenido acceso Reuters y en el que la dirección endurece su posición ante el bloqueo de las conversaciones. El responsable de producción de Mercedes, Michael Schiebe, confirmó que la compañía ha decidido conjuntamente detener todas las inversiones futuras en sus centros de producción alemanes, al considerar que los elevados costes y la falta de un pacto para reducirlos ponen en cuestión la viabilidad de mantener la actual estructura industrial.

El posible cierre de fábricas ha pasado así de ser una advertencia a convertirse en una alternativa que la dirección reconoce que debe estudiar. “Todos queremos evitar el cierre de plantas a toda costa. Sin embargo, lamentablemente, ahora debemos analizar esta opción con más detalle”, afirmó Britta Seeger, miembro del consejo de administración de Mercedes-Benz, en el memorando.

Cierres en Alemania, crecimiento en España y Hungría

La amenaza no es nueva. En septiembre, Schiebe ya había advertido a los trabajadores de que dos plantas podrían cerrar en Alemania si no se producían avances en las negociaciones para reducir los costes. Desde entonces, la empresa ha mantenido la presión para que la representación laboral encuentre fórmulas que permitan abaratar la producción y recuperar competitividad frente a otros centros industriales.

De forma casi simultánea a las negociaciones en Alemania, Mercedes acaba de inaugurar la ampliación de su planta de Kecskemét (Hungría), una inversión cercana a los 1.000 millones de euros que convierte a estas instalaciones en el mayor complejo productivo de la marca en Europa y uno de los pilares de su futura gama eléctrica. Mercedes desafía así la complicada coyuntura, marcada por la incertidumbre sobre las fábricas por los ajustes de producción.

En España, la planta de Mercedes en Vitoria ha iniciado la producción en serie del nuevo VLE, un vehículo 100% eléctrico que supone uno de los proyectos industriales más relevantes de la automoción española en los últimos años. Mercedes ha destinado, tras firmar un laborioso convenio colectivo de contención de costes, cerca de 1.000 millones de euros a la transformación de la planta de Vitoria para adaptarla a la producción de la nueva generación de vehículos eléctricos.

Los sindicatos CCOO y UGT y las patronales ANICE y FECIC han desbloqueado este jueves la negociación del convenio estatal de las industrias cárnicas, que pone fin a la huelga de cinco días convocada en el sector del 9 al 13 de noviembre. Después de tres jornadas de paros en los mataderos, que coincidieron ayer con la huelga general por la vivienda, ambas partes han llegado a un preacuerdo para mejorar las condiciones laborales de las plantillas con una subida de los sueldos de casi el 11% hasta 2029.

Según el documento consultado por este diario, se ha pactado un incremento sobre las tablas salariales del 4% para 2026, con efecto retroactivo; del 2,5% para 2027; del 2% para 2028 y del 2% para 2029. Se trata de un aumento acumulado del 10,9% en los cuatro ejercicios de duración del convenio. Además, el preacuerdo incluye una cláusula de revisión salarial: si el IPC interanual de diciembre supera el incremento pactado para ese año, se actualizarán las tablas con esta diferencia, una reclamación que habían pedido los sindicatos.

La jornada laboral anual, que el último convenio había fijado en 1.748 horas, se mantendrá igual durante los primeros dos años del nuevo acuerdo, pero se reducirá a 1.746 horas en 2028 y a 1.744 en 2029. El elevado ritmo de trabajo en las cárnicas era una de las principales reclamaciones de los trabajadores, que han denunciado presiones para no secundar la huelga en los últimos días.

El tercer punto clave del preacuerdo es que las empresas deberán garantizar la subrogación de los trabajadores que realizan tareas de inspección veterinaria para que mantengan su puesto de trabajo cuando cambie la compañía que presta este servicio, siempre que hayan superado el periodo de prueba.

Los sindicatos y las patronales se han comprometido a reunirse antes del 30 de noviembre para continuar negociando otras cuestiones que quieren incorporar al convenio. Por ejemplo, incrementar de 10 a 15 horas anuales la bolsa de horas de los permisos retribuidos, establecer un permiso retribuido de seis días laborables por fallecimiento de hijos o del cónyuge o incorporar la revisión de las mediciones de riesgos ergonómicos y realizarlas en las empresas en las que no existan.

Por otro lado, también se prevé acordar la creación de un observatorio sectorial sobre salud laboral, absentismo y productividad sostenible, así como incorporar protocolos sobre diversidad LGTBI, movilidad, inclemencias meteorológicas y mutuas de accidentes laborales.

UGT-FICA Catalunya ha defendido en un comunicado que “este avance no habría sido posible sin la determinación, el compromiso y la capacidad de movilización” de las plantillas durante las tres jornadas de huelga de esta semana. “La presión colectiva ha sido fundamental para impulsar la negociación y acercar las posiciones”, ha reivindicado el sindicato.

Por parte de CCOO de Catalunya, la organización ha asegurado que con este preacuerdo los trabajadores de las cárnicas “no perderán poder adquisitivo, trabajarán menos horas y mejorarán sus condiciones laborales”. “Lo que se ha conseguido ha sido gracias a meses de negociación, a semanas de asambleas en las empresas y también al alto seguimiento de la huelga en el sector, ya que hace una semana las posiciones seguían muy alejadas”, ha remarcado el sindicato.

Las patronales ANICE y FECIC han valorado positivamente “el esfuerzo de diálogo realizado por todas las partes”, que ha permitido alcanzar un acuerdo “equilibrado”. Aun así, han lamentado que las tres jornadas de huelga “hayan tenido un coste tanto para las personas trabajadoras que la han secundado como para las empresas del sector”. Según estas entidades, la participación en toda España no ha superado el 25% y “en numerosas plantas la incidencia ha sido muy limitada”. De todos modos, las patronales han admitido que “el paro ha alterado la actividad productiva” y su impacto se reflejará en las cuentas de las empresas.

El sector cárnico emplea a cerca de 126.000 personas en España, de las cuales cerca de 35.000 están en Catalunya.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha confirmado que se están “finalizando los trabajos” para que lleguen 200 millones de euros más a los programas 'Kit Digital' y 'Kit Consulting' en una nueva fase “muy focalizada en la inteligencia artificial (IA)”.

“Efectivamente confirmo que estamos finalizando los trabajos y escuchando a las asociaciones empresariales para que los 200 millones de euros siguientes lleguen con el 'Kit Digital' y con el 'Kit Consulting' al verdadero tejido empresarial de la región y además muy focalizado en la inteligencia artificial y con mejoras en el proceso, en las selecciones y afinando muchísimo más a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas”, ha afirmado la secretaria de Estado en declaraciones a los medios en Murcia recogidas por Europa Press.

Asimismo, González Veracruz ha detallado a través de un mensaje en LinkedIn que esta dotación de “200 millones para dar continuidad a 'Kit Digital' y 'Kit Consulting'” servirá “para aplicar soluciones de IA adaptadas” y “mejorar los programas y hacer que solicitar las ayudas sea más sencillo”, tras abrir un diálogo con las asociaciones empresariales para escuchar qué necesitan hoy las pymes y los autónomos.

En este sentido, la secretaria de Estado ha asegurado que esta nueva fase “responde exactamente a lo que nos están pidiendo” mediante una “escucha activa de las necesidades reales del tejido económico y empresarial”, al tiempo que ha señalado que “el próximo 29 de noviembre se decidirá si se quiere ”seguir invirtiendo en que la IA llegue hasta la pyme más humilde o que solo la usen las empresas más poderosas“.

Por ello, González Veracruz ha invitado a todas las pymes, autónomos y agentes digitalizadores, “no solo a esos 31.000” ya beneficiados, “a estar atentos y a ser ágiles”, recordando que el 'Kit Digital' es un programa al que cuando se accede “se te da directamente” y para el que “no hay una cuota de la Región de Murcia”, sino que su concesión “depende de los primeros que lo soliciten”.

Finalmente, la secretaria de Estado ha resaltado en LinkedIn que ambos programas “han demostrado ser el impulso que nuestro tejido empresarial necesitaba”, cifrando sus resultados en “más de 31.150 ayudas concedidas, por casi 130 millones de euros” en la Región de Murcia y “casi un millón de ayudas y más de 3.000 millones de euros para digitalizar nuestros negocios” en toda España.

A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC.

El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda.

Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga.

Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam.

La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas.

Un ahorro de 4.300 euros al año

La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas.

En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia.

En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar.

En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros.

Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia.

En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.

Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil.

Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura.

La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea.

Una empresa privada con importancia estratégica

España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos. Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos.

Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras. Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados.

La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales.

El dilema europeo: competencia o escala

El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria.

Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos.

La influencia española en Bruselas

Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras.

Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa.

La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades.

Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.

El líder de la gran patronal española, CEOE, Antonio Garamendi, ha mandado un “agradecimiento muy especial” a la Policía por su trabajo en la huelga general del 11N cuando ha sido preguntado por las duras cargas policiales registradas en ciudades como Madrid. “Parece que son los malos de la película, y son los que gracias a ellos nos defienden y nos dan la tranquilidad”, ha respondido el empresario vasco.

Unos minutos antes, Antonio Garamendi había denunciado la “violencia” de piquetes, “que no fueron informativos”, ha dicho, y de ciertos grupos en las manifestaciones en el contexto de la huelga. En general, la jornada se vivió sin incidentes violentos por parte de los millones de personas que salieron a protestar por la crisis de la vivienda y los bajos salarios en España.

“No es la mejor imagen de España”, denunció el dirigente de CEOE, que criticó el impacto de estas incidencias “para el turismo y las inversiones”.

“Parece que están para que les den palos”

Sin embargo, al ser preguntado por las cargas policiales que han llevado a algunas voces a pedir la dimisión del ministro del Interior, Antonio Garamendi ha agradecido de forma “muy especial” el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y en especial de la Policía, sin fisuras, y también les ha mostrado su “solidaridad” en nombre de las empresas españolas.

“Cuando ves las cosas que hemos visto, y ves a la Ppolicía, con muchos servicios dentro de la Policía, la gente parece que no puede defenderse y están para que les den palos a ellos”, ha criticado el líder empresarial.

En cambio, los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han anunciado denuncias judiciales y han condenado la actuación policial por “absolutamente desproporcionada” en varias de sus intervenciones, como en los piquetes de Mercamadrid al inicio del paro general y al final de la manifestación en Madrid, entre otros momentos, con el uso de gases lacrimógenos y cargas policiales a la multitud.

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 249 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 agosto), lo que supone un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, al tiempo que alcanzó un volumen global de ingresos de 8.404 millones de euros, un 2,3% más.

El grupo ha destacado que mantiene la senda del crecimiento tras cerrar su primer semestre con incrementos “relevantes” tanto en ventas como en resultados.

La cifra de negocios alcanzó los 7.230 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 562 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior y el beneficio neto recurrente se situó en los 210 millones, tras crecer un 9,1%.

El grupo ha subrayado que la “robustez” del balance y la generación de flujos de caja lograda en estos primeros seis meses también le han permitido incrementar las inversiones en 77 millones de euros, con 294 millones de euros destinados a la transformación comercial, logística y tecnológica.

Asimismo, según la compañía, la “fortaleza” de El Corte Inglés se ve también reflejada en la estabilización de la deuda financiera neta en 1.624 millones de euros, lo que supone 1,3 veces sobre Ebitda.

Los grandes almacenes, principal motor

Con un incremento del 3,3% en términos comparables (LfL), el negocio del retail continúa siendo el principal motor de crecimiento, impulsado por Moda y Belleza, Hogar y Electrónica y el buen comportamiento del canal 'online'.

En concreto, las áreas de Moda y Belleza crecieron un 4% en ventas hasta los 2.779 millones de euros, mientras que los segmentos de Hogar y Electrónica aumentaron un 4,8% hasta alcanzar los 1.248 millones de euros. El área de Alimentación se mantuvo estable con una cifra de ventas de 1.402 millones de euros.

Por otra parte, Viajes El Corte Inglés ha mostrado “una gran resiliencia”, según el grupo, en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas. A pesar de ello, desde la segunda mitad del semestre las ventas crecieron un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a los negocios financieros, Seguros El Corte Inglés creció en ingresos un 4,6%, hasta los 160 millones de euros, con un resultado neto de 41 millones de euros, un 5,9% más sin contabilizar extraordinarios.

Financiera El Corte Inglés registró un incremento de sus ingresos del 3,5% situándose en 98 millones de euros, mientras que el beneficio neto creció un 2,4% interanual excluyendo extraordinarios.

Los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han protagonizado esta semana una movilización histórica: más de 300 personas se manifestaron en la sede de la organización centenaria para protestar por el plan de recortes y despidos que ha diseñado el actual director general, Gilbert F. Houngbo. Hay cerca de 300 puestos en peligro y unos 500 que han sido eliminados desde que la Administración Trump recortara sus aportaciones al presupuesto de la agencia, hundiéndola en una severa crisis financiera.

Apoyados por uno de los principales sindicatos de Ginebra, la ciudad suiza donde tiene su sede la organización, trabajadores y jubilados de la misma, de acuerdo con medios locales, expresaron su rechazo al plan del dirigente togolés, que aspira a revalidar su cargo en una carrera en la que también compite la vicepresidenta Yolanda Díaz en los comicios que tendrán lugar el próximo 16 de noviembre.

La protesta estuvo liderada por el Sindicato de la OIT, cuya presidenta, Séverine Deboos, insistió en que “detrás de las cifras, hay personas”, según recoge la prensa suiza. “Estoy muy enfado. (...) El proceso de consulta en una institución que se supone que debe ser un ejemplo a nivel mundial no está a la altura”, aseguró Yves Defferrard, secretario regional de Unia, la organización sindical más grande de Suiza.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha trasladado a través de redes sociales su apoyo a los empleados: “La OIT debe ser, también dentro de su propia casa, garante del diálogo social. Debe recuperar su capacidad de escuchar, dialogar y construir acuerdos con quienes la hacen posible cada día. La defensa del trabajo decente empieza por garantizar los derechos de quienes trabajan en la propia organización”.

Maquillaje de los despidos

En un documento de posición enviado por el sindicato de la OIT al Consejo de Administración, el máximo órgano de la misma, al que tuvo acceso elDiario.es, los trabajadores criticaron que el director general, cuyo mandato caduca el próximo año y que afronta este mes las elecciones, está maquillando las cifras de los recortes previstos de personal.

Según los trabajadores, hay una propuesta de eliminar 266 puestos de trabajo, de los cuales 86 serán despidos y 180 están vacantes o lo estarán próximamente. Pero la propia dirección reconoce que “aproximadamente la mitad de las 180 posiciones que estarán vacantes en el momento de su supresión, están ahora mismo ocupadas”, pero que serán puestos que quedarán libres por jubilación, salidas voluntarias o el fin de contratos temporales.

“El ajuste de la plantilla, por tanto, concierne a un número sustancialmente mayor al de las posiciones que ahora mismo están cubiertas”, concluye el documento del sindicato. “En total, aproximadamente 175 o 180 miembros de la plantilla dejarán la Organización como consecuencia del proceso de ajuste de personal”, cifran, a lo que hay que sumar las más de 500 plazas que han sido eliminadas en anteriores procedimientos y como consecuencia del recorte de la financiación de Estados Unidos.

El roto de los impagos acumulados de EEUU, de los ejercicios de 2024 y 2025, alcanza los 257 millones de francos suizos (unos 280 millones de euros). Y no es menor, ya que es el país con mayor aportación al presupuesto de la OIT, del 22%, ligeramente por detrás de China (20%). Así, esta situación ha sumido a la OIT en una grave crisis financiera, con una deuda total de unos 364 millones de francos suizos (unos 390 millones de euros), con fecha del 11 de septiembre.

A esta circunstancia, propiciada por la Administración Trump, Houngbo trató de hacerle frente de dos maneras. Uno, con el nombramiento de un alto funcionario de la Administración Trump, un MAGA, como Director General Adjunto. Designación que después tuvo que revocar. Y dos, con un millonario plan de ahorro en las cuentas de la organización.

Pero los sindicatos critican que se ha cebado con el personal. El objetivo de ahorros vinculados a la plantilla era de 132,4 millones de dólares, pero los planes del director general actual ya superan los 135,5 millones. Al otro lado, los ahorros no vinculados al personal tenían un objetivo de alcanzar los 72,3 millones de dólares. Y está muy por debajo: 63,6 millones. “Las últimas cifras sugieren que la carga del ajuste se ha movido cada vez más sobre los trabajadores que en el gasto no vinculado a los empleados”, señalan, y dicen que no hay ninguna prueba de que se haya intentado recortar por otras vías.

Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente:

Veto a la compra especulativa

El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo.

Escudo antidesahucios

La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos.

Prórroga extraordinaria

El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado.

Alquiler de habitaciones

El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU.

Vivienda temporal

El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa.

Ayuda de compra a la vivienda

El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros.

Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos

Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado.

Congelación de alquileres

En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%.

Impulso a vivienda pública y asequible

Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid.

Nuevo impuesto a pisos turísticos

La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería.

Obras de reparación

El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras.

BOE 7 de octubre

Las acciones de Nvidia caen más del 7% en la Bolsa de Nueva York tras la dimisión de su consejero delegado, Jensen Huang, tras dos escándalos extramatrimoniales.

Las acciones de la tecnológica Nvidia caían un 7,45% en los primeros compases de Wall Street este jueves, después de que la compañía anunciara la salida inmediata de su cofundador, Jensen Huang, como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración. En su lugar, Nvidia ha nombrado consejera delegada interina a su directora financiera, Colette Kress, según recoge EFE.

Huang, que fundó Nvidia en 1993 y ha dirigido durante más de tres décadas la compañía, dimitió tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China, lo que ha abierto una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

La cotización de Nvidia en bolsa se resiente tanto al no contar la compañía con un sucesor de Huang designado ni con un segundo al mando; por tanto, ante su salida la compañía se queda sin un líder claro, lo que sacude todo el ecosistema de la IA, desde sus principales clientes hasta los proveedores asiáticos encargados de fabricar sus chips.

El desplome se suma a las pérdidas acumuladas durante la última semana, en la que Nvidia ha pasado de cerrar a 206,69 dólares el pasado 3 de noviembre, antes del escándalo, a 173,73 dólares el miércoles, un descenso del 15,9%. Con la caída de este jueves, la empresa acumula un retroceso cercano al 22%.

La tecnológica, que se ha convertido en una de las compañías de mayor capitalización del mundo, es uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial, gracias a la demanda de sus procesadores por parte de grandes empresas tecnológicas y centros de datos.

Nvidia superó los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasó los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de inteligencia artificial.

Una dimisión a cinco días de los resultados de Nvidia

Según ha apuntadoel director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, Joan Bonet, Nvidia, con un margen neto del 50% frente al 15% del S&P 500 en conjunto, con este episodio “idiosincrático” se enfrenta a un nuevo “bache” dentro del ciclo de inversión, pero ha apuntado que lo cierto es que Huang seguirá poseyendo más de un 3,6% como fundador de la compañía , lo que le permitirá mantener una notable capacidad de influencia.

Por tanto, aunque la sucesión de Huang esté ahora en el punto de mira de los inversores, es de especial relevancia los resultados que presente la compañía de su tercer trimestre, el próximo martes 17 de noviembre.

En la presentación de sus cuentas el segundo trimestre fiscal de 2027 el 26 de agosto de 2026, Nvidia alcanzó un récord histórico de ingresos de 96.221 millones de dólares, con un incremento intaranual del 106%, superando las expectativas del mercado.

Posiblemente, la sucesión genere ruido estos días, pero consideramos que serán más importantes los números de la próxima semana, ha precisado Bonet. 

La balanza se va inclinando para que Pablo Hernández de Cos sea el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE). Francia apoyaría al candidato español frente al neerlandés Klaas Knot en el proceso de suceción de Christine Lagarde, que abandona la presidencia de la institución monetaria el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, según ha adelantado el diario francés Le Monde.

En esta pugna por liderar la política monetaria de la zona euro no solo se pelea por la presidencia del BCE. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

Francia había mostrado su interés por el puesto de economista jefe, la segunda posición con más poder dentro del BCE, pero en las negociaciones entre las capitales europeas habría cedido ese puesto a Alemania para conseguir llegar a un acuerdo que no encumbre a un halcón, defensor de las políticas monetarias más duras, como Knot. Los nombramientos para el banco se abordarán de manera informal entre los líderes europeos este viernes en Dublín.

Francia se enfrenta a unas elecciones fundamentales el próximo año, por lo que un presidente del BCE que abogue por más subidas de tipos de interés para ahogar a la economía y así bajar la inflación podría inclinar aún más la balanza por la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. París se conformaría con ocupar un puesto en el comité ejecutivo con responsabilidad en operaciones de mercado.

Knot es reconocido por defender las políticas monetarias más duras. Coincidió con la presidencia del BCE de Mario Draghi, al que criticó por las medidas de estímulo económico que adoptó para sacar a Europa de la grave crisis económica que sufrió, aunque posteriormente adoptó un papel más pragmático ante la envergadura de la crisis, podría tener el respaldo de algunos países del norte de Europa que esperan una política monetaria más dura.

Markus Brunnermeier como economista jefe

Según Handelsblatt, el principal periódico económico de Alemania, la cancillería alemana habría ya elegido a Markus Brunnermeier como su apuesta para ocupar el puesto de economista jefe del BCE. Brunnermeier es profesor de la Universidad de Princeton y es considerado en los círculos financieros como un candidato altamente cualificado.

El vicepresidente y ministro de Economía y de Transportes, Carlos Cuerpo, ya se mostró “optimista” ante las posibilidades de que Pablo Hernández de Cos sea designado como presidente del Banco Central Europeo.

Cuerpo recalcó que “hace tiempo que se ha empezado a negociar la sucesión de la presidenta Christine Lagarde. Somos conscientes de todo lo que conlleva este tipo de procesos y hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente y fuerte como para tener posibilidades realistas. Somos optimistas, España por primera vez puede tener a alguien al frente del Banco Central Europeo”.

Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación. La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.

El número de pasajeros a bordo de trenes de alta velocidad en España (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo) descendió un 11% entre enero, mes del accidente en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta la cifra de 29,63 millones de personas transportadas.

Solo en septiembre y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el uso de la alta velocidad se redujo un 0,3% en tasa interanual, hasta 3,74 millones de viajeros.

Como contraste, el uso del autobús interurbano creció un 7,5% en tasa interanual en septiembre, en tanto que el aéreo mejoró un 1,8%.

En alta velocidad, y desde el accidente en Adamuz (46 fallecidos y 292 heridos) y Gélida (un fallecido y 37 heridos), las cifras de viajeros que el INE ofrece mensualmente cambiaron de signo, para retroceder paulatinamente, a lo que se sumará próximamente el impacto sobre el uso de estos servicios tras el reciente accidente de octubre en Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre.

Desde enero, las tasas de evolución del número de viajeros han sido negativas en 8 de los 9 meses: así, en enero cayeron el 14%; en febrero, el 32%; en marzo, el 18 %; en abril, el 15%; en mayo, el 7%; en junio, el 10%; en julio, del 6,8%; y en septiembre, un 0,3%. Por el contrario, el número de viajeros solo subió levemente en agosto (0,6% más).

También el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia ha descendido un 10,4% en los nueve primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2025, con un retroceso en septiembre del 4,6% (737.000 viajeros).

En conjunto del transporte público, en los nueve primeros meses de 2026 el número de usuarios ha aumentado de media un 1,9% en relación con el mismo periodo del año anterior.

El transporte urbano aumentó en ese periodo un 3,1% y el especial, un 1,4%; mientras que el interurbano descendió un 0,4%.

Telefónica registró un beneficio neto de 464 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros anotadas en el mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y según recoge Europa Press.

Entre enero y septiembre de 2026, la 'teleco' presidida por Marc Murtra generó unos ingresos de 24.825 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% a tasa de cambio real (1,0% a tasa constante) respecto al mismo tramo del ejercicio anterior.

En este periodo, las operaciones continuadas del grupo (que abarcaron sus negocios en España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de filiales en continuidad) aportaron un beneficio neto de 1.333 millones de euros, un 21,6% más.

Por el contrario, las actividades discontinuadas o en proceso de salida, como las desinversiones en Hispanoamérica, generaron un resultado negativo de 870 millones de euros (-60%).

En España, en los nueve primeros meses de 2026, los ingresos alcanzaron los 9.828 millones de euros tras subir un 2,5%, el mayor crecimiento en más de 15 años.

Asimismo, el grupo redujo su deuda hasta los 25.186 millones de euros a finales de septiembre, un 10,8% menos que un año antes, tras recortarla en 1.600 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, el mayor descenso desde 2021.

Las cifras registradas hasta septiembre llevaron a la entidad a revisar al alza varios de sus objetivos financieros fijados para el conjunto del ejercicio a tasa constante (asumiendo los tipos de cambio promedio de los nueve primeros meses de 2025, a perímetro constante y excluyendo a Venezuela).

Más de 8.400 millones de ingresos en el tercer trimestre

Esta tendencia al alza se consolidó en el tercer trimestre del año, periodo en el que la facturación de la operadora alcanzó los 8.433 millones de euros, un 4,8% más en tasa de cambio real (2,2% en términos constantes) en comparación con el año anterior.

Entre julio y septiembre, Telefónica casi triplicó (+191,1%) sus ganancias hasta los 802 millones de euros.

De esa cifra, las operaciones continuadas aportaron un beneficio neto de 860 millones de euros (+151,3%), mientras que las actividades discontinuadas registraron unos 'números rojos' de 58 millones de euros (-13,3%).

En este contexto, Telefónica España consolidó su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.316 millones de euros (+2,6%).

Con este periodo, la compañía cerró su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en las principales métricas financieras (tanto a tasa de cambio real como constante), un comportamiento impulsado por la fortaleza de los ingresos, el Ebitda ajustado y el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) en España y Brasil.

Los resultados del tercer trimestre permitieron a la compañía confirmar el dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago se ejecutará en junio de 2027 previa aprobación de la junta general de accionistas, tras abonar en junio de 2026 un importe idéntico correspondiente al segundo tramo del dividendo de 2025.

Mantiene la puerta abierta a una operación en Alemania

Telefónica mantiene la puerta abierta a una operación corporativa en Alemania, según ha explicado en su conferencia de resultados con analistas. La compañía asegura que mantiene abiertas “todas las opciones” de fusiones y adquisiciones (M&A) en Alemania y en el resto de sus mercados ante la posibilidad de explorar operaciones corporativas en el país germano, como una eventual oferta por 1&1, la filial de telecomunicaciones del grupo tecnológico alemán United Internet, aunque ha declinado pronunciarse sobre transacciones concretas.

Así lo ha indicado el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, a los inversores. “Siempre decimos que no comentamos nada sobre fusiones y adquisiciones y no vamos a cambiar este enfoque”, ha señalado Gayo, quien ha añadido que la compañía “analiza las opciones” y mantiene abiertas “todas las opciones que son interesantes” para la compañía en “todos los mercados y en cualquier situación”, pero ha subrayado que no se comprometen “con ninguna decisión específica en ese ámbito”.

En relación con el mercado alemán, la compañía prevé contabilizar en el cuarto trimestre una provisión de reestructuración de hasta 155 millones de euros, sujeta a medidas concretas para redimensionar su organización de atención al cliente y su red comercial, tras ejecutar su programa de bajas voluntarias. En este contexto, la filial alemana de Telefónica ha alcanzado un acuerdo para vender a finales de año sus centros de atención al cliente de Bremen y Rostock a TP (anteriormente Teleperformance), una operación sujeta a la autorización de la autoridad alemana de competencia (FCO).

Por otro lado, Telefónica ha descartado volver a inyectar capital en Virgin Media O2 (VMO2), su 'joint venture' al 50% en el Reino Unido junto a Liberty Global, que acometerá un plan de transformación con una reducción de plantilla equivalente al 15% de sus costes de personal.

El director financiero (CFO) de Telefónica, Juan Azcue, ha explicado que el grupo “no tiene ninguna obligación de proporcionar apoyo crediticio a VMO2”, cuya deuda está totalmente aislada ('ring-fenced') y no consolida en las cuentas de la compañía, por lo que “tienen su propia estructura de capital y deben sostenerse por sí mismos”, si bien ha añadido que se le apoya en su plan de reestructuración recién lanzado.

Preguntado sobre si Telefónica volverá a aportar capital a la filial británica, Azcue ha respondido que “no”.

Asimismo, Gayo ha reiterado el compromiso de la operadora con la adquisición de la firma británica Netomnia y ha expresado su desacuerdo con el informe provisional de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), al considerar que contiene “conclusiones y escenarios contrafactuales que no reflejan la realidad comercial y financiera del mercado del Reino Unido”.

Su estrategia de precios en España

Respecto al mercado español, Gayo ha afirmado que la operadora considera que puede mantener “la misma estrategia de precios para los próximos años” pese a la presión en el segmento de bajo coste ('low-end'), apoyándose en su oferta de contenidos, ecosistema digital y venta de dispositivos.

Según ha detallado, dos tercios de sus clientes en España ya tienen un dispositivo adquirido a través de la compañía y alrededor del 50% de las ventas corresponden a electrónica de consumo más allá de los teléfonos móviles.

En el negocio mayorista en España, la compañía estima que el tercer trimestre ha supuesto el pico del impacto negativo por los nuevos acuerdos mayoristas, por lo que prevé una mejora en el cuarto trimestre y su estabilización en 2027.

Las cargas policiales contra piquetes y manifestantes se han convertido en protagonistas de la huelga desde el inicio de la jornada de protesta. Al final del día, los disturbios se han reproducido al término de las manifestaciones en Madrid, cuando la policía ha cortado el acceso a la plaza de España, y en Barcelona, donde grupos de encapuchados han vandalizado comercios y prendido fuego a contenedores.

Millones de personas se han movilizado este 11 de noviembre en la primera huelga general en España en 14 años, llamados a una huelga general sin precedentes en España por la crisis de la vivienda. Impulsado por el Sindicato de Inquilinas y con el respaldo de todos los sindicatos de clase, entre ellos CCOO y UGT, el paro busca llamar la atención sobre los precios disparados del alquiler y compra, con subidas de más de un 40% en el caso de los arrendamientos, y reclama medidas para ponerles coto, además de salarios dignos y mejoras de los servicios públicos.

Los sindicatos han denunciado cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo del día, que se han saldado con al menos 50 detenidos.

Amnistía Internacional España, por su parte, ha denunciado “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, València, Málaga, Granada o Santiago durante la jornada de huelga general. La organización detalla a través de un hilo en la red social BlueSky que ha documentado “golpes de porra a personas que protestaban pacíficamente”, lanzamiento de spray pimienta “de forma indiscriminada contra la multitud” y “numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital”.

Una de estas duras cargas se ha registrado en la Gran Vía de Madrid a mediodía de este miércoles, contra los manifestantes que cortaban la calzada, empleando porras y gas pimienta. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid.

Más tarde, al final de la manifestación que ha recorrido el centro de Madrid, la Policía Nacional ha cortado el acceso de la manifestación a la plaza de España de la capital, el lugar donde estaba previsto que finalizara. La situación provocada por el cordón policial que ha cortado la Gran Vía poco antes del acceso a la plaza ha dado lugar a escenas de tensión y algunas cargas entre gritos de “¡Vergüenza, vergüenza!” por parte de los manifestantes, que intentaban abandonar la zona por las calles adyacentes.

La marcha de Madrid ha sumado a 120.000 personas, según la Delegación de Gobierno, y 400.000, según el Sindicato de Inquilinas, convocante, junto con los sindicatos de clase, de la huelga general.

Además, la artista y creadora de contenido Samantha Hudson ha denunciado este miércoles haber sido rociada con gas pimienta por parte de la Policía durante las cargas que se han producido en las movilizaciones en la Gran Vía de Madrid con motivo de la huelga general por la vivienda. “Sin hacer nada, han venido directos”, ha declarado Hudson ante los medios visiblemente afectada por los lacrimógenos.

“Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera”, ha explicado la artista. “Nosotras no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo”, ha añadido la periodista María Barrier, con la que comparte el podcast Bimboficadas. “Nosotras estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias”, ha lamentado Barrier. “El spray pimienta ya es una bestialidad, pero que te lo echen directamente en los ojos cuando los tienes abiertos...”, ha añadido la periodista. “Sin hacer nada, han venido directos”, ha denunciado a continuación Hudson.

Disturbios en Barcelona

La manifestación masiva que este miércoles ha recorrido Passeig de Gràcia hasta Plaça Catalunya ha derivado en disturbios y vandalización de algunas tiendas del centro. Grupos aislados de personas han accedido a comercios para saquearlos, han lanzado pirotecnia y han encendido contenedores para hacer barricadas en la zona, lo que ha generado algunas cargas y enfrentamientos con los Mossos. Hay 52 detenidos por los incidentes.

El Sindicat de Llogaters, principal convocante de la manifestación, ha desconvocado la marcha tras su llegada a la Plaça Catalunya y ha llamado a los concentrados a dispersarse. Los disturbios han tenido lugar poco después de las 19:30 horas, lo que ha supuesto la intervención de la policía, que ha respondido con cargas dispersas y carreras de furgones.

Tras ello, y después de que el grueso de los grupos se hayan concentrado en Plaça Catalunya, los Mossos han formado una línea para despejar Ronda Sant Pere, la vía que cruza por encima de la plaza y donde se estaban produciendo algunas de las quemas de contenedores. Tras varios avisos por megafonía, los agentes han hecho una contundente carga. Los manifestantes se han retirado entonces, aunque una parte se ha dispersado hacia la zona más cercana a la Rambla.

A partir de entonces se ha incrementado la quema de contenedores, con barricadas en varios puntos en las calles Pelai, Ronda Sant Pere, también en la zona superior de Rambla Catalunya y hasta la calle Balmes. Los Mossos han intentado barrer esta zona adelantando líneas policiales, con cargas y barriendo con los furgones.

La manifestación masiva que este miércoles ha recorrido Passeig de Gràcia hasta Plaça Catalunya ha derivado en disturbios y vandalización de algunas tiendas del centro. Grupos aislados de personas han accedido a comercios para saquearlos, han lanzado pirotecnia y han encendido contenedores para hacer barricadas en la zona, lo que ha generado algunas cargas y enfrentamientos con los Mossos. Hay ocho detenidos en total por los incidentes.

El Sindicat de Llogaters, principal convocante de la manifestación, ha desconvocado la marcha tras su llegada a la Plaça Catalunya y ha llamado a los concentrados a dispersarse. Los disturbios han tenido lugar poco después de las 19:30 horas, lo que ha supuesto la intervención de la policía, que ha respondido con cargas dispersas y carreras de furgones.

Tras ello, y después de que el grueso de los grupos se hayan concentrado en Plaça Catalunya, los Mossos han formado una línea para despejar Ronda Sant Pere, la vía que cruza por encima de la plaza y donde se estaban produciendo algunas de las quemas de contenedores. Tras varios avisos por megafonía, los agentes han hecho una contundente carga. Los manifestantes se han retirado entonces, aunque una parte se ha dispersado hacia la zona más cercana a la Rambla.

A partir de entonces se ha incrementado la quema de contenedores, con barricadas en varios puntos en las calles Pelai, Ronda Sant Pere, también en la zona superior de Rambla Catalunya y hasta la calle Balmes. Los Mossos han intentado barrer esta zona adelantando líneas policiales, con cargas y barriendo con los furgones.

Golpes contra diputados de Por Andalucía y Adelante

El diputado de Por Andalucía Ernesto Alba (IU/PCA) ha denunciado este miércoles que ha sufrido “junto con otros compañeros” una “agresión policial” en un piquete informativo en Mercamálaga con motivo de la huelga general del 11N convocada por los sindicatos para reclamar salarios dignos, acceso a la vivienda y servicios públicos.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Ernesto Alba, exhibiendo un parte médico, ha criticado que “la derecha lleva días cuestionando el derecho a la huelga. Y parece que la Policía, también”. “He sufrido junto a otros compañeros una agresión policial en el piquete de Mercamálaga”.

Según ha informado Frente Amplio en un comunicado remitido a los medios, agentes de la Policía Nacional han cargado en torno a las 4.30 am en el Mercamálaga durante un piquete informativo contra activistas de partidos, sindicatos y organizaciones por la vivienda. En dicha carga han resultado heridos Alba, junto con el dirigente de IU Málaga Daniel Carmona.

Adelante Andalucía, por su parte, ha criticado la “violencia policial” contra su diputada regional, Inma Manzano, y al secretario de Organización de la formación, Néstor Salvador, durante la participación de ambos en un piquete en las vías del Metro de Granada junto a las cocheras del suburbano en la mañana de este miércoles con motivo de la huelga general.

A través de un mensaje de audio difundido a los medios, Manzano ha calificado de “bochornosa y violenta” la acción de la Policía Nacional, y ha agregado que “ninguno llevaba identificación”. Ha detallado que Néstor Salvador ha sido agredido y se ha trasladado a Urgencias, mientras que a ella y a numerosos manifestantes se le han empujado de forma que han caído al suelo.

Catalunya ha sido uno de los territorios donde la huelga general ha tenido más seguimiento este miércoles. La jornada de paro del 11N, en protesta por la situación de la vivienda, ha tenido especial incidencia en la industria, el transporte y la distribución, ámbitos de mucho peso en la comunidad, además de en el sector público y, especialmente, las universidades.

Los piquetes han conseguido también cortar algunas de las principales carreteras y aislar grandes fábricas y polígonos. Por la tarde, la huelga ha derivado en una manifestación que ha llenado el centro de Barcelona.

La jornada comenzó al filo de la medianoche cuando los piquetes de los principales sindicatos, que en Catalunya son CCOO y UGT, seguidos por CGT como el principal de los minoritarios, hicieron acto de presencia en Mercabarna, las cocheras de la empresa del metro y bus, TMB, o ante las puertas de grandes fábricas como Seat en Martorell.

A primera hora de la mañana, la presión laboral se extendía también a las rondas de Barcelona, que han estado cortadas intermitentemente en las horas principales para la movilidad.

La asistencia a los puestos de trabajo presencial ha sido muy difícil para quienes debían moverse por el Área Metropolitana. Un piquete ha bloqueado la estación de Sants desde primera hora y paradas de metro han tardado también en abrir debido a diferentes boicots. En Rodalies, Renfe no ha cumplido con los servicios mínimos, fijado en el 25% para las horas puntas, lo que ha supuesto que uno de cada cinco trenes programados no saliera, según ha reconocido el Govern.

Desde la madrugada hasta prácticamente el mediodía, diversos grupos han cortado hasta 80 carreteras catalanas, según los datos facilitados por los sindicatos convocantes y el Sindicat de Llogaters, que también se ha desplegado. Estos piquetes han bloqueado el acceso a polígonos industriales de las cuatro provincias catalanas. Entre las principales vías cortadas se ha contado grandes arterias como la AP-7, la A-2, la C-25, la C-13, la C-14, la C-16 y la C-17, la C-31 y la C-32.

Los datos ofrecidos por la administración catalana muestran que el seguimiento en la comunidad ha estado muy por encima de la media. Según ha expuesto el Govern con datos de Red Eléctrica, la demanda energética en Catalunya ha caído un 15% respecto a la prevista en las primeras horas de la mañana, lo que doblaría la caída del conjunto del Estado.

Seguimiento desigual por sectores

Los datos de seguimiento, sin embargo, difieren entre sindicatos y patronal. Mientras CCOO ha cifrado en un 84% los trabajadores que han parado en Catalunya, descontando servicios mínimos, las patronales Foment y Pimec han cifrado entre un 7 y un 8% el seguimiento.

Por sectores, los sindicatos celebran una gran incidencia en la automoción (92%), el transporte industrial (90%) metal 89%, cárnicas 80%, servicios y hostelería 80% y administración local 72%. El Govern cifraba en un 12,6% el seguimiento en el sector público, con grandes diferencias entre las universidades, en las que el paro ha rozado el 100%, o la docencia, (22%), y los centros de salud, donde el paro se ha quedado en el 7%.

Los sindicatos han celebrado haber podido paralizar los turbos en empresas tan centrales como Seat, Ebro, CELSA, Repsol Fuels, Alstom. También en puntales de la industria alimentaria como Le Porc Gourmet, Área de Guissona o el Grupo Jorge, que mantienen en paralelo una huelga sectorial propia.

El 11N ha conseguido también, siempre según las fuentes sindicales, una alta incidencia en el complejo petroquímico de Tarragona o en el CIM Vallès, el gran centro logístico situado en Santa Perpètua de Mogoda, donde se habría parado al 90%.

Algunos sindicatos, como Pimec, que agrupa a la empresa pequeña y mediana, han achacado la alta incidencia en algunos de estos sectores a las dificultades para el desplazamiento o los bloqueos de sus instalaciones y no tanto por el seguimiento del paro. “Más de la mitad de las empresas que están teniendo afectaciones no tienen ni un trabajador en huelga”, ha destacado el secretario general de la entidad, Josep Ginesta.

El comercio ha sido uno de los sectores donde se ha vivido esta situación, según la patronal. En las tiendas, el seguimiento ha rozado el 20%, pero muchas de ellas han cerrado para evitar los piquetes, muy activos en algunos barrios de Barcelona como Sants o Gràcia, y también en las zonas más comerciales de la capital.

Manifestación masiva en Barcelona y movilizaciones en otras ciudades

A las 17:30 horas ha comenzado la manifestación en Barcelona, convocada en la zona de Jardinets de Gràcia, a la que han acudido unas 55.000 personas según la Guardia Urbana, 400.000 según el sindicat de Llogaters. Llegadas a lo largo de diferentes columnas y bajo el lema “Vivir nos cuesta la vida”, las marchas han recorrido Passeig de Gràcia hasta plaza Catalunya.

Una muestra de fuerza en la calle a la que se suman las movilizaciones locales que se han registrado en municipios como Tarragona, Girona, Terrassa, Manresa o El Vendrell.

La manifestación masiva que este miércoles ha recorrido Passeig de Gràcia hasta Plaça Catalunya ha derivado en disturbios y vandalización de algunas tiendas del centro. Grupos aislados de personas han accedido a comercios para saquearlos, han lanzado pirotecnia y han encendido barricadas en la zona, lo que ha generado algunas cargas y enfrentamientos con los Mossos.

El Sindicat de Llogaters, principal convocante de la manifestación, ha desconvocado la marcha tras su llegada a la Plaça Catalunya y ha llamado a los concentrados a dispersarse. Poco después de las 19:30 horas han comenzado los disturbios que han supuesto la intervención de la policía, que ha respondido con cargas dispersas y carreras de furgones.

Tras ello, y después de que el grueso de los grupos se hayan concentrado en Plaça Catalunya, los Mossos han formado una línea, que ha cargado varias veces para despejar Ronda Sant Pere, la vía que cruza por encima de la plaza y donde se estaban produciendo algunas de las quemas de contenedores, así como en la calle Pelai. El balance apunta a unos 52 detenidos.