Rompiendo el molde de 134 años de centralismo bogotano, el penalista Abelardo de la Espriella, de 49 años, juró este viernes como presidente de Colombia en Cali, la tercera ciudad del país. Tras recibir la banda presidencial en un sobrio auditorio universitario, el escenario mutó al rigor marcial: el nuevo mandatario ultra se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso frente a una austera formación de gala. Los soldados, firmes a pesar de los 29 grados de la tarde caleña, asistieron en primera fila a una alocución de una hora y diecisiete minutos que marcó el inicio de su era con promesas tajantes y varios dardos a la herencia recibida del izquierdista Gustavo Petro: “He venido a cerrar un capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”.

Su llegada al poder es el triunfo de un forastero absoluto de la administración pública. Antes de enfundarse la banda presidencial, la vida de este caribeño criado en la norteña ciudad de Montería transcurrió entre el lujo de Miami, los litigios de criminales de alto perfil y una agresividad judicial que le valió el apodo de “El Tigre”. De la Espriella no necesitó carrera política: le bastó una plataforma radical que dejó tibio al tradicional Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para sintonizar con la desafección de media Colombia. Así, en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, logró una victoria sobre el oficialista Iván Cepeda con un residual 0,96% que, sin embargo, bastó para cambiar el péndulo del país.

Lo cierto es que la liturgia de la jura de De la Espriella estuvo llena de misticismo religioso. Rodeado de rabinos, pastores y obispos que se turnaron para bendecir su mandato, el nuevo presidente se cobijó bajo la mirada de unos 2.500 asistentes y una estatuilla de la Virgen María que presidió el escenario del auditorio universitario durante la primera parte de su investidura. Tras invocar a Dios y a Jesucristo en buena parte de su discurso, el mandatario cerró su intervención sobre las 18.55 (la 1.55 de la madrugada en Madrid) con un grito fervoroso: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Esa frase no es una simple consigna en Colombia: es un eco que remite a la militancia católica radical y a los fantasmas de otros tiempos, cuando la batalla por la laicidad centró la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo pasado. El discurso trazó una línea recta hacia las raíces del conservadurismo. Citó una y otra vez a Marco Fidel Suárez, presidente tradicionalista de 1918, rescatando su viejo mandato de proteger los fondos públicos bajo “siete llaves”. Y otro pilar de su relato fue el expresidente costeño Rafael Núñez, arquitecto de la Regeneración del siglo XIX. Con ello dejó claro el alcance de su ambición: prometió una réplica de aquella suerte de refundación moral, institucional, administrativa y económica diseñada para barrer de golpe con la huella de Petro.

Megacárceles en la Patria Milagro

Con una sola frase, De la Espriella dinamitó el legado de su antecesor en materia de seguridad. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, sepultando el modelo de la “paz total” que Gustavo Petro armó como eje de su Gobierno para desmontar el reguero de grupos criminales que delinquen en la Colombia de hoy. De hecho, la ofensiva del ultraconservador apuntó más alto al prometer una revisión con “absoluto rigor” del tribunal especial que juzga desde hace poco más de una década los crímenes de la guerra en Colombia.

La maniobra sintoniza con una derecha colombiana que siempre ha descreído del pacto firmado con la guerrilla marxista en 2016. Un escepticismo que De la Espriella selló con un lacónico: “No habrá impunidad”. Con ese mismo tono tajante, el nuevo mandatario no esperó a pisar su despacho para ejercer el mando e impartió sus primeras directrices militares desde la tribuna. Revestido como comandante supremo ante las tropas del Batallón Pichincha, ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales en una hoja de ruta que combinó la promesa inminente de una lista negra de “grupos narcoterroristas” con la edificación de megacárceles y un blindaje judicial diseñado para que los uniformados no sean perseguidos por actos de servicio.

De las órdenes de cuartel, el discurso saltó sin transiciones a los dogmas ultraortodoxos de la economía de libre mercado. De la Espriella se erigió como el guardián de la empresa privada: prometió firmar en cuestión de horas el decreto de congelamiento del desbordado gasto público, así como blindar la independencia del Banco de la República frente a las “tentaciones populistas”, en alusión al enfoque del Gobierno saliente. Para formarse una idea, adelantó que su cruzada fiscal incluye aliviar el impuesto al patrimonio empresarial y reconfigurar el sistema tributario.

Pero el clímax de su oferta económica llegó al abordar el declive de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, el mayor activo de la Nación que, según denunció, vio cómo sus ganancias se hundían de 32 a 9 billones de pesos entre 2022 y 2025 (de 8.000 millones de euros a 2.250 millones). ¿Su receta para resucitarla? Revertir de golpe la agenda verde y de descarbonización de su predecesor e inaugurar la era del fracking bajo un sello de “responsabilidad ambiental” que tendrá que justificar ante los tribunales que lo han prohibido.

Revanchismo ideológico

De la Espriella prometió que no impulsará cambios a la Constitución. Y que la lucha anticorrupción dejará de ser “una declaración de buenas intenciones” para convertirse en “un método permanente de gobierno”, con tecnologías de trazabilidad digital para vigilar el dinero estatal “desde su origen hasta su destino”. Su tono fue en ascenso. Y vino una advertencia contra el Ejecutivo saliente. Tras asegurar que su equipo documenta lo que llamó “el vasto entramado de corrupción” que deja el Gobierno de Petro, avisó de que llevará las pruebas ante tribunales nacionales e internacionales: “No habrá impunidad; no habrá escondite; a los corruptos no los despachamos con una simple condena moral”.

El anuncio chirrió con las garantías que él mismo había ofrecido minutos antes. El mandatario acababa de jurar que “nadie será perseguido por pensar distinto” y prometió no “atacar ni desafiar a los jueces”, pero dejó claro que volcaría la fuerza del Estado contra su antecesor. Por eso, mientras el presidente se despachaba en Cali, al suroccidente del país, la bancada del ahora opositor Pacto Histórico se plantaba en las escalinatas del Capitolio en Bogotá como señal de protesta. Desde allí, el progresismo acusó al Gobierno entrante de camuflar el revanchismo ideológico bajo la máscara de la justicia.

Desaires y desplantes

La pasarela de invitados dibujó el mapa ideológico del nuevo Gobierno: un retrato definido tanto por las lealtades como por los desaires de la jornada. Al amparo del rey Felipe VI de España, la primera línea en la arena universitaria la ocupó la plana mayor de la nueva derecha latinoamericana: el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Entre monarcas y dignatarios se acomodó también el polémico presidente de la FIFA: Gianni Infantino.

No obstante, las sombras de la foto de familia también fueron evidentes: el desplante del izquierdista Gustavo Petro al esquivar la cita caleña y la meticulosa purga en la lista de exmandatarios colombianos. Aunque acudieron tres conservadores y un liberal, De la Espriella vetó explícitamente a Ernesto Samper (1994-1998), líder con posturas socialdemócratas y marcado por los escándalos de corrupción, y a Juan Manuel Santos (2010-2018), el arquitecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. La Casa Blanca, cuyo respaldo de Donald Trump había avalado abiertamente la campaña del ultra colombiano, prefirió restar peso diplomático a su delegación enviando al fiscal general interino Todd Blanche en lugar de a su secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo presidente reivindicó su geografía caribeña. Sostuvo que ningún “hijo verdadero del Caribe” ocupaba el solio de Bolívar, el primer presidente del país, desde el XIX. Minutos antes, a su costado, había tomado juramento su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el académico y exministro de Hacienda elegido para imprimir un acento ejecutivo al novel proyecto político del recién creado partido Defensores de la Patria. Fue entonces cuando el mandatario desarmó su perfil combativo para mirar a su familia. Agradeció a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, de cuatro años, cuyos brincos le quitaron algo de solemnidad a una ceremonia marcada por la publicidad con el lema de campaña: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La ceremonia miró dos veces a España para extraer lecciones del mismo poso. Mientras De la Espriella se apropió del mítico “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez para sellar su compromiso de gobernar desde las regiones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recurrió a la Transición como símbolo de conciliación. El jefe del legislativo, del derechista Centro Democrático, evocó el fin de la dictadura franquista para sugerir que el consenso debe primar sobre la trinchera. “El ejercicio político no se mide por la intensidad de las confrontaciones”, deslizó frente a un jefe de Estado que, minutos antes, se había presentado ante sus tropas bajo el alias de “El Tigre”.

Y de paso le dejó una advertencia “en tono menor pero con firmeza”. No faltará, avisó Henríquez, quien aconseje al nuevo Gobierno “debilitar los partidos para imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”. La hizo con cortesía. Desde una bancada política que, a pesar de haberse declarado coalición de Gobierno, ya ha mostrado algunas fisuras con el presidente radical al que acababa de jurar.

Hace una semana, el presidente estadounidense anunció un acuerdo que calificó de “HISTÓRICO” para el “DESARME COMPLETO” de Hamás. No es la primera vez que Donald Trump hace un anuncio rimbombante de este tipo, con la promesa de acabar con el conflicto en Gaza y en toda la región: “Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”, aseguró en su red Truth Social.

Sin embargo, ese acuerdo “histórico” puede quedar reducido a un mero documento sin efectos sobre el terreno –como el plan de 20 puntos de Trump que el pasado mes de octubre cerró en falso la guerra de Gaza–, después de la negativa de Israel de aceptar lo acordado a lo largo de semanas de negociaciones en El Cairo entre el grupo palestino Hamás, los representantes de la Junta de Paz (liderada por el mismo Trump) y los mediadores (Egipto, Qatar y Turquía).

Tras el anuncio del republicano, Hamás afirmó rápidamente su compromiso con el acuerdo, que no es más que el paso a la segunda fase del plan de 20 puntos. El movimiento islamista ya ha dado varios pasos para su implementación en los pasados meses. Ahora ha aceptado entregar las “armas pesadas”, siempre y cuando Israel “cese todas las formas de agresión” y retire sus tropas de la Franja, y se dé comienzo a “la reconstrucción” del territorio palestino, devastado por dos años de una brutal ofensiva, en la que han sido asesinados más de 73.000 palestinos.

Según Trump, “cuando el desarme se complete, las fuerzas israelíes se retirarán”, aunque esa no es la secuencia que dijo haber pactado Hamás, cuyos representantes defendieron en todo momento el fin de la agresión israelí antes del desarme. La discrepancia en la secuencia de la aplicación del acuerdo fue aclarada por la Junta de Paz posteriormente, pero el principal obstáculo es que Israel no ha dado su visto bueno al acuerdo y ha reiterado que no va a desocupar la Franja.

Días después del anuncio de Trump –en los que Israel aumentó sus bombardeos sobre la Franja y mató a 19 personas sólo entre el domingo y el lunes pasados–, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que su Gobierno no ha aceptado el acuerdo. “Nos mandaron un borrador [desde EEUU]. No estamos de acuerdo. No es nuestro borrador, enviamos nuestros comentarios” de vuelta a Washington, dijo Netanyahu –a quien Trump llama cariñosamente Bibi– en un vídeo difundido en sus redes sociales.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

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GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

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GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

Netanyahu confirmó algo que se puede deducir fácilmente de la actuación del ejército israelí en Gaza: las tropas no se van a retirar del territorio que ocupan y que han reducido a un desierto (más del 60% de la Franja). “No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado”, afirmó en ese vídeo.

De hecho, el ejército está levantando una gran barrera de tierra para delimitar la zona que controla en Gaza, incluso más allá de la llamada Línea Amarilla. Esa fue la línea que marcó el repliegue de las tropas cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza, en octubre de 2025, pero desde entonces Israel ha expandido sus dominios en más del 10% del territorio.

El plan de 20 puntos de Trump –que Tel Aviv acató– fijaba una segunda línea de repliegue y, finalmente, la retirada casi total de la Franja, excepto una “zona de amortiguación” en el perímetro del enclave costero. Esa hoja de ruta también especificaba que “Israel no ocupará ni anexionará Gaza” y EEUU se ha mostrado muchas veces en contra de esa posibilidad. Sin embargo, no ha presionado a Netanyahu para que vuelva a la Línea Amarilla original.

Los cálculos electorales de Netanyahu

“El actual Gobierno no quiere retirarse de Gaza, quiere volver a establecer asentamientos allí”, afirma a elDairio.es la profesora de Ciencias Políticas Ilana Shpaizman, de la Universidad de Bar Ilan de Israel.

Recientemente, varios ministros de Netanyahu participaron en una marcha de colonos judíos junto a la valla fronteriza de la Franja para exigir el regreso de las colonias israelíes al territorio palestino (Tel Aviv decidió desmantelarlas en 2005). Shpaizman considera que Netanyahu nunca ha querido plantear ninguna alternativa para “el día después” de la guerra en Gaza debido a sus socios de coalición, entre los que hay ultranacionalistas judíos y ultraortodoxos, que han abogado por la expulsión de los palestinos de Gaza, su aniquilación con bombas y con hambre y la vuelta de los colonos hebreos.

“Va a hacer todo lo posible para no retirarse, a menos que sea presionado por EEUU”, agrega la profesora. Además, destaca que “todo lo que hace Netanyahu tiene motivos electorales, desde el principio de la guerra” contra Gaza, en octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás del día 7 de ese mes (en el que los milicianos palestinos mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en el sur de Israel).

Israel va a hacer todo lo posible para no retirarse, a menos que sea presionado por EEUU

Ilana Shpaizman — profesora de Ciencias Políticas

Con las elecciones generales fijadas para el próximo 27 de octubre, el primer ministro busca mantenerse en el poder otros cuatro años, a pesar de no haber rendido cuentas ni por la gestión del ataque del 7 de octubre ni por el genocidio en Gaza. A nivel interno, su popularidad no se ha visto tan resentida por el prolongado conflicto en múltiples frentes –Líbano, Siria, Irán–, pero las encuestas indican que le sería difícil volver a sumar los apoyos necesarios para formar gobierno.

Shpaizman apunta que “lo que ocurra después de las elecciones dependerá de la composición de la coalición gobernante, si va a ser más o menos derechista” de la actual, considerada la más ultra de la breve historia del Estado judío. Ningún partido obtendrá una mayoría clara para gobernar y los rivales de Netanyahu no tienen una postura muy diferente respecto a los territorios palestinos ocupados, ni Gaza ni Cisjordania.

“Ahora mismo, la mayoría de los partidos no presentan ninguna sugerencia ni soluciones concretas sobre la situación en Gaza”, agrega la experta en coaliciones de gobierno y procesos políticos. “Creo que, si EEUU presiona, cualquier gobierno se retirará [de Gaza], pero la presión tiene que ser suficientemente fuerte para que lo haga”, concluye.

La presión, aunque limitada, ha venido de la mano del alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, que se reunió con el primer ministro israelí el lunes de esta semana y, según algunos medios locales, le pidió que detuviera los ataques contra la Franja para facilitar el trabajo de su equipo y de los mediadores. Según una fuente citada por el periódico Haaretz, el ambiente durante el encuentro fue “desagradable”.

Mladenov dijo después de reunirse con Netanyahu que había sido “un día largo en Jerusalén” y admitió que era el comienzo de “la fase difícil”. “Gran parte de lo que hacemos ahora no es espectacular. Es un trabajo lento, arduo y técnico”, afirmó en X.

El alto representante, que responde directamente ante Trump, había criticado durante el fin de semana los “dos días de ataques en Gaza que mataron a civiles y destruyeron suministros médicos de los que depende la gente”. “Mi equipo y yo trabajamos sin descanso con las partes, los mediadores y los socios regionales para reducir la tensión y crear las condiciones necesarias para la plena implementación del plan del presidente [Trump]”, escribió Mladenov.

La Junta de Trump se alinea con Israel

Desde el lunes por la noche, tras las supuestas presiones de Mladenov, Israel ha reducido sus ataques contra Gaza. La radio asociada al Ejército israelí, Galatz, anunció el martes que todos los ataques en la Franja tendrían que ser aprobados, a partir de ese momento, por el jefe del Estado Mayor y no por el comandante de división, lo cual indica un mayor reparo a la hora de enfadar a la Junta o al propio Trump. Galatz señaló además que se había registrado una “reducción” de los bombardeos israelíes que respondería directamente a ese cambio de procedimiento, según la Agencia EFE.

Si las supuestas presiones de Mladenov han logrado reducir los ataques israelíes, también es evidente que el enviado especial recibió presiones de Israel para que asumiera la versión de la secuencia que Netanyahu defiende –que, en última instancia, podría acabar boicoteando la aplicación del acuerdo, porque es difícil que Hamás acepte desarmarse por completo sin un repliegue, al menos parcial, de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)–.

Después de la reunión entre los dos, la Junta de Paz emitió el siguiente comunicado: “Señalamos que la retirada de las FDI desde la ‘Línea Amarilla’ solo se llevará a cabo una vez completado el desarme, tal como Hamás se comprometió ante los mediadores. Esto se aplica por igual a las armas ligeras, a las armas pesadas y a los túneles”.

Lo que ocurra después de las elecciones de octubre dependerá de la composición de la coalición gobernante, si va a ser más o menos derechista de la actual

Ilana Shpaizman — profesora de Ciencias Políticas

La Junta explicó que el proceso estará supervisado por dos nuevas entidades, que aún no han sido formadas. Por una parte, la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés): una fuerza multinacional de unos 20.000 efectivos que, de momento, podría contar con tropas marroquíes, kosovares y ugandesas, después de que otros países se hayan echado para atrás. Por otra parte, el Comité de Verificación de la Implementación, en el que habrá representantes de EEUU, la Junta de Paz, la ISF y los países mediadores. Ambos estarán bajo el mando de la Junta y, por tanto, de Trump.

Sin embargo, la aplicación del desarme estará a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un comité tecnócrata que fue constituido a principios de año y que debería actuar como nuevo gobierno en la Franja, siempre con base en el plan de 20 puntos de Trump. A principios de julio, Hamás anunció la entrega de la gestión de la administración gazatí al NCAG (por sus siglas en inglés) que, en esta segunda fase, debería de tener especial protagonismo, si Israel le permite acceder a Gaza, algo que no ha permitido hasta el momento.

Hamás ha estado negociando en los pasados meses para conseguir una concesión: no entregar las armas directamente a Israel. Por tanto, es de gran importancia para el proceso de desarme que exista un actor palestino que recolecte las armas y así lo recoge el acuerdo alcanzado recientemente en El Cairo. Ese mismo texto establece que la secuencia de las distintas fases se tendrá que detallar en una hoja de ruta que se diseñará tras la aprobación del acuerdo por las dos partes –algo que Israel no parece tener la intención de hacer, probablemente hasta las elecciones de octubre–.

Un tribunal de apelaciones ha dictaminado este viernes que las obras de construcción del Salón de Baile que el presidente Donald Trump está llevando a cabo en la Casa Blanca deben detenerse hasta que obtenga el permiso del Congreso de Estados Unidos.

“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, escribe el tribunal.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de EEUU respalda de esta forma el fallo que ya emitió un juez federal hace cuatro meses y dictamina que el Congreso es el órgano que tiene el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y que no había autorizado el proyecto de Trump.

“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario de la Casa Blanca”, según los jueces.

El fallo entrará en vigor en 14 días para permitir que la Casa Blanca pueda apelar ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados –que se han pronunciado tras una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, una organización que trabaja por la protección del patrimonio– no entran a valorar la pertinencia o no de la construcción del Salón de Baile, sino que consideran que la autorización debe salir del Congreso estadounidense.

“Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, desde un punto de vista político. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón de baile”, indica la resolución judicial.

El Salón de Baile es una de las grandes apuestas de Trump, que aspira a dejar su legado en el complejo de la Casa Blanca como “un regalo para Estados Unidos”: “Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país”, declaró. El pasado mes de octubre, Trump demolió una parte del ala este de la Casa Blanca, donde hasta entonces habían estado las oficinas de la primera dama y un cine, para erigir su Salón de Baile de más de 8.000 metros cuadrados.

Además de las cuestiones relacionadas con el patrimonio histórico, el proyecto también ha suscitado preguntas por su financiación: las obras se están financiando con donaciones privadas y, entre los grandes mecenas, están las grandes tecnológicas (Google, Amazon y Palantir).

Un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México (Estados Unidos) ha condenado al gigante tecnológico Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes que debe crear por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes. “Las plataformas de Meta constituyen una molestia pública porque su propósito y su efecto son maximizar la interacción de los usuarios, incluso de forma que resultan perjudiciales para la salud y la seguridad de los adolescentes”, indica el juez de acuerdo con un fallo difundido en medios estadounidenses.

La resolución del juez Bryan Biedscheid cierra la segunda fase de un proceso civil que se ha convertido en un caso histórico abierto en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que ha acusado a las plataformas de redes sociales de Meta de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes del estado y exponer a los menores a la explotación por parte de depredadores sexuales.

Torrez calificó la decisión como una “victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer más seguros en internet”, según informó el diario Santa Fe New Mexican.

El fallo establece que el pago se destinará a un fondo que se debe crear para remediar los daños producidos por sus aplicaciones a los niños, además ordena a la compañía establecer límites temporales para los jóvenes, restricciones a las notificaciones y mejorar el sistema de comprobación de las denuncias de abusos de menores.

La decisión judicial se produce después de que en una etapa preliminar del mismo caso un juzgado condenara a la compañía de Mark Zuckerberg a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños al considerar que violó la ley de protección al confundir sobre la seguridad para los menores en Facebook e Instagram.

Meta y otros gigantes tecnológicos se encuentran bajo una avalancha de demandas en Estados Unidos por parte de colectivos, escuelas y estados por las consecuencias para los jóvenes de la adición a estas redes sociales y el modelo en que se ha basado el crecimiento de esta industria durante años.

La Policía tailandesa ha informado este viernes de que siete personas han muerto, entre ellas el presunto autor, tres profesores y tres estudiantes, y otras quince han resultado heridas tras un tiroteo en una escuela de secundaria en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

Según el informe, divulgado por una agente policial de la cadena de televisión de la Policía en Facebook, dos de los heridos se encuentran en condición crítica, sin especificar si son estudiantes de la escuela, una prestigiosa institución pública tailandesa.

El servicio público de radiodifusión, Thai PBS, informa asimismo de siete muertos, incluido el sospechoso, y 15 heridos, aunque se espera que las cifras puedan variar al ser informes preliminares. Medios locales indican que el presunto autor es un estudiante de secundaria de 15 años, lo que no ha confirmado la Policía tailandesa. Se desconocen los posibles motivos del tiroteo.

Los primeros reportes de la Policía sobre el suceso a través de sus cuentas en redes han tenido lugar alrededor de las 10.00, hora local de este viernes (03.00 GMT).

Las autoridades indican que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa.

Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.

El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con dos expresidentes del Congreso en prisión y dos exministros acusados y en libertad a la espera de juicio, además de una denuncia de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una utopía: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la consultora para Colombia del programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice a elDiario.es: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. A diferencia de España, el modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción”, dijo el 20 de julio en Medellín, reiterando lo que ya había resumido semanas antes: “Aquí nadie tiene corona”.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que ha sacudido al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

Durante años, cargar abiertamente contra el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) era prácticamente un suicidio político. Tanto demócratas como republicanos habían recibido dinero del mayor lobby proisraelí que, en las últimas décadas, también se ha convertido en un gigante capaz de aupar o derrocar a candidatos de ambos partidos.

En las elecciones presidenciales de 2024 fue uno de los principales motivos por el que los demócratas evitaron poner la guerra de Gaza en el centro del debate. Pero el nuevo ciclo electoral de este año está demostrando que AIPAC ya no es intocable.

La victoria del candidato demócrata progresista Abdul El-Sayed en Michigan es la última constatación de que el muro de contención construido por el grupo de presión proisraelí empieza a resquebrajarse, especialmente dentro del Partido Demócrata. AIPAC hizo la mayor inversión de su historia, al menos 32 millones de dólares, según el New York Times, en una sola contienda electoral para intentar hundir al candidato de 41 años, médico y musulmán, y fracasó. El miércoles por la mañana, después de un ajustado recuento, el hijo de inmigrantes egipcios se imponía a la candidata Haley Stevens, quien había sido respaldada por el grupo proisraelí y el establishment demócrata.

Michigan es el último gran revés que sufre AIPAC, posiblemente el más humillante por la ingente cantidad de dinero gastada en anuncios contra El-Sayed y a favor de Stevens, sin obtener el resultado deseado. Pero no es la única carrera donde el lobby proisraelí ha constatado que, poco a poco, está perdiendo su poder e, incluso, los candidatos a los que bendice, acaban perdiendo. En las elecciones a la alcaldía de Nueva York el año pasado, el socialista Zohran Mamdani ya abrió camino, tras convertir la crítica al genocidio israelí en Gaza y el rechazo al AIPAC en una de sus mayores bazas políticas.

De Nueva York a Illinois

En las primarias de Nueva York, los candidatos socialistas respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) también lograron ganar con la misma estrategia. En Colorado, Melat Kiros –respaldada por DSA– desbancó a la veterana Diana DeGette, quien también contaba con la financiación de AIPAC. La organización proisraelí había donado indirectamente más de un millón de dólares a DeGette con el fin de silenciar las críticas de Kiros al Estado hebreo.

En marzo, durante el ciclo de primarias de Illinois, este giro anti-AIPAC ya se hacía evidente. Nunca antes el grupo de presión había estado tan el centro del debate político. En la contienda, los grupos vinculados a AIPAC gastaron aproximadamente 20 millones de dólares en cuatro contiendas para colocar a sus candidatos en la Cámara de Representantes, ganando dos y perdiendo las otras dos.

El lobby proisraelí tuvo que disimular parte de sus gastos a través de nuevas plataformas de financiación de campañas (llamadas super PAC) que creó con nombres inocuos y sin relación entre sí, como por ejemplo, Elect Chicago Women y Chicago Progressive Partnership. No fue hasta que ya se supieron los resultados en Illinois que el grupo reveló su participación a través de esas nuevas organizaciones.

Algo muy distinto de lo que se vivió en el ciclo de 2024, cuando AIPAC iba con la cara descubierta, consciente de su fuerza. Fue así como sacó del Congreso a dos miembros de la Squad, la bancada más izquierdista de la familia demócrata.

Cori Bush fue uno de los nombres de la Squad que AIPAC tachó de su lista en 2024. La representante de St. Louis fue de las primeras demócratas en denunciar el genocidio palestino en el Congreso, algo que la puso en el punto de mira del lobby proisraelí. En el nuevo ciclo de primarias este año, Bush volvió a presentarse aprovechando el contexto favorable.

Sin embargo, ha resultado ser la excepción en medio de una tendencia clara en contra del AIPAC y del aparato del Partido Demócrata: volvió a ser derrotada por el demócrata Wesley Bell, quien contaba tanto con el dinero del grupo de presión como con el apoyo de la cúpula del partido.

Cambio de tendencia entre los estadounidenses

A medida que pasa el tiempo, cada vez queda más probado que la guerra de Gaza fue clave en la derrota electoral de Kamala Harris frente a Donald Trump en 2024. La pérdida de peso de AIPAC se debe al cambio de percepción que tienen los estadounidenses del conflicto en Palestina y su principal aliado en la región, Israel. Al mismo tiempo que ha aumentado la cifra de palestinos muertos por los ataques israelíes –más de 73.000 desde octubre de 2023–, la solidaridad con Gaza ha ido creciendo en detrimento de la simpatía hacia Tel Aviv.

Una encuesta publicada por Gallup a principios de año, señalaba que, por primera vez desde principios del siglo XXI, los estadounidenses sienten más simpatía por los palestinos que por los israelíes: un 41% frente a un 36%. Hasta el año pasado, la tendencia era a la inversa. El think tank Brookings ya señalaba a finales de 2025 que el apoyo a Israel había ido decreciendo entre los demócratas y votantes jóvenes. De hecho, a pesar de que Israel continúa teniendo el respaldo de los seguidores de Donald Trump, las bases más jóvenes no piensan lo mismo.

En gran parte, el deterioro de la imagen de Israel ante los jóvenes trumpistas no es una cuestión de defensa de los derechos humanos o rechazo al genocidio palestino, sino de su apuesta por el “America First” (ideario que exige gastar los recursos del país en el país y no involucrarse en conflictos exteriores), a lo que se suma la influencia de los grupúsculos neonazis.

Antes de ser asesinado, el influencer de extrema derecha Charlie Kirk (muy popular entre las juventudes trumpistas) había hecho notar ya este cambio de visión entre sus seguidores.

El cuestionamiento del apoyo a Israel no solo está erosionando la influencia del AIPAC, sino que también ha roto el consenso bipartidista en torno al envío de armas a Tel Aviv. Recientemente, más de 100 demócratas votaron en contra de seguir prestando ayuda militar a Israel. Aunque la propuesta no prosperó debido al bloqueo republicano, algo así hubiera sido impensable hace tan solo dos años.

El gigante tecnológico Google ha anunciado una reorganización de sus equipos de inteligencia artificial que incluye el paso de Demis Hassabis a un cargo estratégico dentro de Google DeepMind (el laboratorio de IA avanzada de la multinacional) y la salida del científico jefe Jeff Dean tras 27 años en la empresa.

El consejero delegado de Google y de su matriz Alphabet, Sundar Pichai, explica en un mensaje a los empleados publicado en la página web de la empresa que estos cambios buscan “acelerar” el trabajo de Google en IA y “mantener el foco en la frontera tecnológica del sector”. Hassabis, cofundador y consejero delegado de Google DeepMind, dejará sus responsabilidades operativas diarias al frente de esa unidad y asumirá el cargo de presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet.

“Es un trabajo de vital importancia para Alphabet y para la humanidad, y no puedo imaginar a una persona mejor que Demis para hacerlo”, ha señalado Pichai, quien agrega que Hassabis también colaborará en asuntos estratégicos y globales relacionados con la inteligencia artificial general (aquella que supuestamente llegará a ser autoconsciente y capaz de mejorarse a sí misma).

El liderazgo operativo de Google DeepMind recaerá en Koray Kavukcuoglu, hasta ahora director tecnológico de la división y arquitecto jefe de IA de Google. Kavukcuoglu asumirá también el cargo de vicepresidente sénior y supervisará el desarrollo de los modelos Gemini, la investigación en IA avanzada y los equipos de la aplicación Gemini y de desarrolladores, añade la nota.

Otro de sus científicos más importantes funda su propia startup

Asimismo, Google ha informado de que Jeff Dean, uno de sus científicos más reconocidos, dejará la compañía para crear, junto al científico sénior de Google Sanjay Ghemawat, una empresa independiente destinada a acelerar avances en aprendizaje automático, ciencia e ingeniería. Dean y Ghemawat han sido responsables de algunos de los principales avances tecnológicos de Google, desde la infraestructura inicial del buscador hasta las redes neuronales que ayudaron a impulsar la era moderna de la IA.

Pichai ha destacado que los modelos Gemini cuentan con una elevada demanda entre desarrolladores y empresas, mientras que la aplicación Gemini supera los 950 millones de usuarios mensuales. La reorganización llega en un momento de creciente inversión de Alphabet en IA: en sus últimos resultados, la compañía reportó un incremento del gasto de capital que llevó su flujo de caja libre a terreno negativo por primera vez, y elevó su previsión anual de inversiones hasta un rango de entre 175.000 y 205.000 millones de dólares.

Tras el anuncio, las acciones de Alphabet caían alrededor de un 4% en Wall Street.

Lo sucedido en Ceuta estos días no es solo una crisis migratoria o humanitaria, sino también una crisis política entre países vecinos. Las relaciones entre España y Marruecos están formadas por una densa red de intereses mutuos en ámbitos como la seguridad, la migración o el comercio, pero también por una serie de conflictos estructurales, irresolubles a corto o medio plazo, como el Sáhara Occidental o los enclaves africanos de Ceuta y Melilla.

Durante las últimas décadas la política española hacia Marruecos se basó en el llamado colchón de intereses, que sintetizaba una ecuación sencilla: a mayor interdependencia, más costosa y menos probable es la crisis bilateral. Durante mucho tiempo el colchón de intereses redujo significativamente las crisis, aunque sin llegar a eliminarlas. Este equilibrio siempre fue inestable, pero ahora se ha roto. El papel de Marruecos ha cambiado considerablemente: ahora tiene aspiraciones de potencia regional, una política exterior más asertiva y una amplia experiencia negociadora con España y la Unión Europea en el campo de la migración, combinando de manera inteligente diplomacia y coerción. Esto ha hecho que la interdependencia sea cada vez más asimétrica en favor de Marruecos, lo que incentiva el fomento de crisis bilaterales.

Ahora bien, entender estas crisis como una mera negociación transaccional o un simple chantaje de Marruecos a España y a la Unión Europea es una simplificación de la realidad. Para comprender su naturaleza y características, y prevenirlas, es necesario ver que no son episodios aislados, sino consecuencias del régimen migratorio euromarroquí. Este régimen migratorio se ha construido sobre estructuras y relaciones de poder heredadas del colonialismo, en las que Europa continúa determinando quién puede moverse y quién no a partir de jerarquías raciales. El sistema de visados y las etiquetas que ponemos a las personas que viajan son buenos ejemplos. Si un europeo viaja a la gran mayoría de los países de África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA, categorías de uso común utilizadas para deshumanizar, criminalizar y polarizar.

Además, esta jerarquía racial de la movilidad genera una violencia estructural que provoca miles de muertes cada año y convierte la frontera en un espacio de excepción para las democracias europeas. Según el proyecto Missing Migrants, de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 se han contabilizado más de 33.000 personas muertas o desaparecidas en las diferentes rutas migratorias y fronteras europeas. Son de media 2.350 muertes al año. Por tanto, no es exagerado hablar de necropolítica, tal y como lo hace el intelectual camerunés Achille Mbembe cuando afirma que los europeos nos hemos acostumbrado a la muerte de migrantes porque sus vidas no merecen protección ni tienen el mismo valor. Son muertes que no merecen luto. Buena prueba de ello es que, con 141 muertos en nuestra frontera, España no ha decretado ni un solo día de luto nacional ¿Alguien se imagina una actitud así con los fallecidos en un accidente ferroviario o en un incendio? Invito a encontrar la diferencia: solo hay una.

Si un europeo viaja a África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA

La matriz colonial del régimen migratorio y su jerarquía racial explican la agenda europea de convertir a Marruecos en un espacio de contención de la migración hacia Europa mediante políticas de externalización. Como en la etapa de los imperios, Europa sigue recurriendo a fórmulas de soberanía extraterritorial, hoy incompatibles con el principio de igualdad soberana de los Estados. La creciente resistencia marroquí a desempeñar el papel de policía de fronteras para Europa puede interpretarse también como un cuestionamiento de esa matriz de poder colonial. ¿Por qué los españoles podemos viajar sin visado a Marruecos y los marroquíes necesitan un visado para viajar a España? ¿No debería operar el principio de reciprocidad? Es legítimo cuestionar esta asimetría desde la diplomacia, pero no desde la coerción.

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas que han estructurado el régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política. Cuando Marruecos percibe que sus intereses estratégicos se ven amenazados (como podría haber ocurrido por la futura aprobación de la ley que otorgará la nacionalidad española a los saharauis nacidos en tiempos de la colonia española) dispone de capacidad para instrumentalizar los flujos migratorios, en la lógica que Kelly Greenhill define como ingeniería estratégica de las migraciones. En la visión marroquí, una buena forma de defender sus intereses es activar una de sus palancas más valiosas (o su renta política, como algunos la llaman), instrumentalizando esos flujos migratorios.

Las migraciones internacionales son parte de las estructuras y relaciones de poder que generan desigualdades entre países. Además, las decisiones migratorias son una combinación de factores de empuje y factores de atracción. Esta crisis combina todos los elementos indicados: la matriz colonial del régimen migratorio, la jerarquía racial de la movilidad, los factores de empuje (situación interna en Marruecos, donde el lema de la Generación Z fue “dos mares y fosfato y vivimos bajo la bota” —en relación a las condiciones de vida pese a las riquezas naturales del país—) y los factores de atracción (como mejores condiciones económicas en Europa o políticas migratorias más liberales, entre otros).

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas del régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política

Por su parte, la derecha radical global aprovecha cada crisis migratoria para reforzar una cada vez más extendida visión hobbesiana de la sociedad, presentada como una permanente lucha por recursos limitados entre grupos culturalmente incompatibles. Desde esta perspectiva, la inmigración se construye como una amenaza para la seguridad, el bienestar y la identidad, legitimando políticas cada vez más restrictivas, excluyentes y securitarias. Resulta alarmante la fragmentación europea en esta crisis. Como señaló Josep Borrell, “la solidaridad europea ha muerto en Ceuta”. Quizá nunca estuvo viva.

Necesitamos descolonizar el régimen migratorio europeo, superando las lógicas de securitización, externalización y jerarquización racial de la movilidad que reproducen la matriz colonial del poder. También una política migratoria común europea basada en la solidaridad entre los países. Esto permitiría reducir la dependencia estratégica de terceros Estados para la gestión migratoria y avanzar hacia una movilidad global más justa y segura.

“Estamos buscando nuevas formas creativas y no convencionales de presionar y castigar a Irán”. Ese fue el escueto y poco habitual email que mandó un oficial de Inteligencia del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) la semana pasada a un amplio grupo de analistas militares.

El mensaje ha sido confirmado esta semana por dos fuentes a la cadena de televisión estadounidense CNN, que también ha preguntado a oficiales militares, los cuales señalaron que no es común este tipo de consultas a múltiples personas por correo electrónico.

Según la CNN, el oficial del CENTCOM inició esa “tormenta de ideas” por correo electrónico para ver si a alguna persona se le ocurría una estrategia mejor a la que ha adoptado hasta ahora el Ejército estadounidense en la guerra contra Irán, que se está dilatando mucho más de lo previsto, sin que se vislumbre una salida clara a corto plazo. La segunda fuente indicó que el CENTCOM está “evaluando todas las opciones” y reconoció la necesidad de replantear la estrategia.

Un portavoz del CENTCOM, Timothy Hawkins, dijo en un comunicado que el comando estadounidense “tiene un largo historial de pensar y trabajar de forma innovadora” y que el almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, consulta los miembros del equipo, “independientemente de su rango, para alcanzar los niveles más altos posibles de desempeño operativo”. Oficialmente, el CENTCOM no ha confirmado el envío del email, pero algunas entidades parece que sí lo han recibido.

El think tank Foro de Oriente Medio –totalmente alineado con las tesis de la Administración Trump– ha hecho una publicación en X dando a entender que ya ha enviado sus sugerencias al CENTCOM.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo la representación diplomática al nivel de encargado de negocios. La decisión marca el punto de máxima fricción en décadas en la relación bilateral y responde a los insultos que le propinó el mandatario argentino, Javier Milei, en las últimas apariciones públicas.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, recibió la segunda nota de protesta formal en menos de dos semanas y en ella le expusieron las razones de la sanción diplomática. Su homólogo brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien fue llamado a consultas por la Cancillería de su país el 26 de julio, no regresará a la capital argentina hasta nuevo aviso mientras continúen las agresiones de Milei.

Milei había participado en San Pablo del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro el 25 de julio, ocasión en la que tildó de “ladrón” y “basura socialista” a Lula da Silva. La intención de ese viaje había sido la de reunirse con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula una semana después de que asumiera su tercer mandato, pero el juez del máximo tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, se lo impidió. Por eso Milei también fue ofensivo con el magistrado, llamándolo “basura calva”.

Cuando a Lula le preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Milei en su propio país, el brasileño dijo con ironía que no sabía quién era ese “tipo” y luego las calificó de “disparate”. Pero los hilos se movieron a nivel de Cancillería, que llegó a considerar que sería necesario demorar el regreso de Bitelli a Argentina.

Los agravios continuaron desde Buenos Aires. En sus apariciones mediáticas de este domingo y martes, el mandatario argentino dijo que llama “presidiario” al líder del Partido de los Trabajadores porque, según él, quedó libre por “un error administrativo”. Lula da Silva recuperó la libertad en noviembre de 2019 tras 580 días de detención, y también recuperó sus derechos políticos gracias a un fallo del máximo tribunal que determinó que el juez Sergio Moro había actuado con parcialidad al condenarlo.

En un programa de televisión, Milei volvió a acusar a Brasil de haber supuestamente financiado una “campaña antiargentina” en redes sociales durante el Mundial, en la que incluyó también a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos. No presentó ninguna prueba que lo sustente.

En Brasilia, remarcaron que el mandatario argentino no ratificó sus epítetos de “ladrón” y “corrupto” contra Lula da Silva solo una vez, sino que lo hizo cuatro veces durante su entrevista a LN+.

“Dos intentos de intervenir en la campaña”

El intelectual brasileño Emir Sader señala a elDiario.es que este episodio tiene puntos de contacto con la decisión del gobierno de EEUU de cancelar la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Viotti. “Brasil al principio tuvo una posición de cautela tras el viaje de Milei a San Pablo y su apoyo a la candidatura de Bolsonaro. Pero el Ministerio de Exteriores ha publicado una respuesta dura al gobierno de Donald Trump, luego de que retirara la visa de la embajadora de Brasil, amenazando con medidas de respuesta también en el plano económico. En ese marco es que Lula reacciona también en contra de las reiteradas declaraciones de Milei, ya que se interpretan como dos intentos de invervenir en la campaña electoral”.

Lula da Silva cuando este domingo formalizó su candidatura para las elecciones presidenciales del 4 de octubre dijo, a modo de mensaje al gobierno de Trump: “Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse a este presidente (en alusión a la captura de Maduro en Venezuela). Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra. No quiero que nadie se atreva a subestimarnos”.

Para Sader, “ambos gobiernos [de EEUU y de Argentina] son aliados cercanos que ven en la política exterior brasileña un obstáculo para la visión de la extrema derecha en el mundo actual”.

Milei no pedirá disculpas

El Gobierno argentino no sólo no reconoció su falta en los insultos de Milei a Lula, sino que culpó a Brasil en un comunicado de la Cancillería. El titular de la cartera, Pablo Quirno, dijo haber tomado nota de la “decisión unilateral” y lamentó que Brasil “continúe aislándose del resto de la región por motivos puramente ideológicos”. El canciller afirmó que las relaciones entre los Estados “deben basarse en los intereses permanentes de sus pueblos y no en las necesidades políticas o personales de los gobiernos de turno”.

En la rueda de prensa de este miércoles, convocada para hablar sobre la visita del Papa León XIV en noviembre, Quirno dijo que no habrá un pedido de disculpas del Gobierno argentino –postura alejada de la principios de la fe católica–. Tampoco habrá una acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Y agregó: “La región está cambiando la dirección y nosotros eso lo celebramos, y esperamos que también suceda en Brasil”. El canciller adelantó que tienen planeado realizar una reunión de presidentes de derecha en Buenos Aires, aún sin fecha precisa.

Después de un sufrido recuento de votos que se ha alargado hasta la mañana del miércoles en Estados Unidos, el candidato progresista Abdul El-Sayed se ha impuesto en las elecciones primarias del Partido Demócrata celebradas el martes 4 de agosto en Michigan, un estado considerado clave para que los demócratas opten a hacerse con la mayoría en el Senado en los comicios de medio mandato que se celebrarán el próximo noviembre.

El-Sayed se ha proclamado ganador frente a la congresista Haley Stevens, a pesar de la cantidad de dinero que el lobby Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) ha inyectado en la candidatura de Stevens para intentar que desbancara al que partía como favorito.

El ganador, musulmán e hijo de inmigrantes egipcios, es el último progresista y outsider que consigue desbancar a los candidatos impulsados por el aparato del Partido Demócrata. Así pues, su victoria se suma a la de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en Colorado y Nueva York. Pero la de Michigan es la más significativa, pues se trata de un llamado 'swing state', donde en 2024 Donald Trump ganó por solo 80.000 votos a la demócrata Kamala Harris.

Con más de 10 millones de habitantes, Michigan es el décimo estado más poblado de EEUU. La victoria de El-Sayed puede interpretrarse como un indicador de que un programa más a la izquierda tiene opciones de triunfar en el resto del país. Una de las principales críticas que se ha hecho hasta ahora al fenómeno de Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York, o a otros perfiles del sector más izquierdista del Partido Demócrata es que sus propuestas solo funcionan en estados nicho y marcadamente progresistas. El-Sayed ha debilitado esta teoría, aunque la prueba de fuego será en las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando se disputará con el republicano Mike Rogers el escaño del Senado que deja vacío el demócrata Gary Peters.

El único hecho que podría empañar la victoria de El-Sayed es el estrecho margen por el que se ha impuesto a su rival, Stevens. Con un 95% de los votos escrutados, la agencia Associated Press le ha dado por ganador con tan solo 20.000 votos de diferencia (0,90 puntos porcentuales).

El-Sayed, a pesar de no pertenecer directamente al DSA, ha contado con el apoyo de los dos pesos pesados de la órbita progresista: el senador independiente Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. El resultado de Michigan también refuerza la posibilidad de que Ocasio-Cortez presente su candidatura para las presidenciales de 2028.

A pesar de ir a lomos de la ola izquierdista y en contra del aparato del partido que han impulsado los candidatos del DSA, El-Sayed ha rechazado activamente la etiqueta de “socialista” y ha evitado enmarcar su campaña en una disputa derecha-izquierda. Ha querido que su agenda de izquierdas hable por sí sola y ha optado por una campaña que ha definido como “un movimiento para el pueblo”.

“Tanto si me apoyasteis como si no, tanto si votasteis a la vicepresidenta Harris en 2024 como si votasteis a Donald Trump; si, como yo, creéis que deberíais poder pagar la compra; si, como yo, creéis que deberíais poder permitiros una vivienda; si, como yo, creéis que vuestros impuestos deberían invertirse en vosotros y no enviarse a otros lugares; si, como yo, creéis que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo es un derecho de nacimiento en este país [...] espero que os unáis a este movimiento”, ha declarado El-Sayed esta mañana en una comparecencia posterior a la confirmación de los resultados.

Con su campaña, se ha convertido en uno de los principales defensores de una sanidad pública en Estados Unidos, bajo el lema “Medicare para todos”, en referencia al actual programa que subvenciona los seguros médicos a buena parte de los estadounidenses. El programa Medicare ha quedado herido de muerte después de que el año pasado el presidente Donald Trump lograra aprobar la denominada Big Beautiful Bill, una ley fiscal que prevé mantener las rebajas de impuestos a los ricos a costa de recortar millones de dólares destinados a la asistencia sanitaria y otras ayudas.

La victoria de El-Sayed envía un claro mensaje a la cúpula del Partido Demócrata sobre el descontento de las bases y la necesidad de construir un nuevo relato que conecte con las preocupaciones materiales de los votantes. “Lo que hemos demostrado es que, si estás dispuesto a construir un movimiento ladrillo a ladrillo, si estás dispuesto a recorrer todo tu estado y mantener conversaciones en salas grandes y pequeñas, empezando cuando la gente ni siquiera está pendiente de unas elecciones, sino del precio de la gasolina, de los alimentos, de la vivienda y de la asistencia sanitaria, entonces puedes construir una conversación que acabe convirtiéndose en un movimiento capaz de derrotar a Goliat”, ha expuesto.

Revés a la AIPAC

No pasa por alto que El-Sayed ha ganado las primarias en un estado con una alta concentración de población árabe y musulmana. En las elecciones presidenciales de 2024, el apoyo a Israel del Partido Demócrata y las reticencias a criticar sus acciones en Gaza pasaron factura a Kamala Harris. En este nuevo ciclo, El-Sayed es una de las muchas figuras de la órbita progresista que ha corregido el rumbo, cargando abiertamente contra el AIPAC y denunciando el genocidio contra los palestinos.

Destaca que El-Sayed ha hecho hincapié en diferenciar el lobby proisraelí y el Estado de Israel de la comunidad judía. “AIPAC e Israel no son lo mismo que el judaísmo y el pueblo judío. Amo el judaísmo y amo al pueblo judío. Lo más peligroso es ampliar la definición de antisemitismo para incluir las críticas a Israel”, dijo durante uno de sus últimos actos de campaña.

El AIPAC, a través de plataformas de donación afiliadas, se ha gastado unos 30 millones de dólares en promocionar a Stevens, la rival de El-Sayed. Es la mayor inversión de dinero que ha hecho el lobby proisraelí en una única carrera electoral en años. “Gastaron una cantidad de dinero sin precedentes para derrotarnos: anuncio de ataque tras anuncio de ataque tras anuncio de ataque tras anuncio de ataque, una campaña publicitaria constante. Pero resulta que los anuncios son la parte del programa de televisión que la mayoría de la gente no quiere ver”, ha remarcado El-Sayed, demostrando que es posible ganar una contienda desafiando al poderoso lobby.

La cantidad ingente de dinero que ha volcado la AIPAC en la campaña de las primarias demócratas también ha servido a El-Sayed para poner en cuestión el modelo a través del que se financian las campañas electorales en EEUU. El candidato ha denunciado la facilidad con la que las grandes fortunas pueden interferir en la democracia del país, como ya se vio en 2024 con la inyección millonaria de Elon Musk a la candidatura de Trump.

Irán ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Omán para trazar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, después de varios días de negociaciones entre los dos países que comparten las aguas de esta estratégica vía. Sin embargo, Estados Unidos no está incluido en el acuerdo y aún no se ha pronunciado.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, ha dicho en un comunicado: “Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción”.

Bagaei ha advertido de que el acuerdo no garantiza automáticamente la seguridad de la navegación por el estrecho: “Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz aún persisten, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses por parte de Estados Unidos”, ha detallado.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha declarado a la agencia oficial de noticias IRNA que “una parte significativa” de la nueva ruta está ubicada en aguas territoriales iraníes y otra parte en las aguas omaníes. “Está diseñada de forma que los buques comerciales pasarán a través de las aguas territoriales iraníes, tanto en el trayecto de entrada como en el de salida”, ha detallado. Las autoridades han exigido hasta este momento que todos los barcos usen las rutas designadas por la Guardia Revolucionaria Islámica que, básicamente, pasan cerca de las costas y en aguas de Irán.

Según dos fuentes regionales consultadas por la agencia Associated Press, el acuerdo alcanzado por Irán y Omán servirá de solución temporal para el conflicto en torno al estrecho de Ormuz, donde los barcos comerciales se han visto en el fuego cruzado en el pulso entre Teherán y Washington por el control del mismo. Las fuentes agregaron que el entendimiento entre Irán y Omán depende del acuerdo más amplio para poner fin al conflicto que alcanzaron Irán y EEUU a finales de junio y que colapsó hace aproximadamente un mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que sufrirá “un golpe muy duro” si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares, aunque Irán niega que esas conversaciones estén teniendo lugar. “No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde su campo de golf en Los Ángeles.

El mandatario estadounidense afirmó el lunes que los contactos con Teherán representan la “última oportunidad” para que Irán firme un “buen” acuerdo, aunque fuentes diplomáticas iraníes negaron que haya negociaciones directas con Washington y señalaron que los contactos se centraban con Omán.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, adelantó el martes que EEUU e Irán podrían alcanzar un acuerdo inminente para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz.

Trump dijo que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a las negociaciones, que, según anunció, comenzarían el lunes, extremo que Teherán negó. El mandatario acusó después a Irán de actuar de forma “hipócrita” por negar la existencia de esas supuestas conversaciones y advirtió a la República Islámica de que era su “última oportunidad para firmar un buen acuerdo”.

Con información de EFE

Al menos 17 personas han muerto y 44 han resultado heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. Esta ofensiva se produce después de que el pasado martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

Hasta ahora, se ha informado de 44 personas heridas en el masivo ataque ruso contra Kiev y la región de Kiev. Otras 17 personas, trágicamente, murieron. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Fue un ataque devastador“, ha escrito en redes sociales el presidente ucraniano. Según el dirigente, Rusia lanzó en esta ofensiva 24 misiles balísticos, 4 misiles Zircon/Oniks y otros 115 drones.

“Los principales objetivos del ataque fueron instalaciones de almacenes pertenecientes a empresas civiles. También hubo ataques contra infraestructura y una estación de tren. Estas instalaciones no tenían nada que ver con la guerra: una empresa cervecera, almacenes de materiales de construcción y instalaciones logísticas civiles”, ha acusado Zelenski a Rusia.

Por último, el presidente ucraniano ha asegurado que “los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado las vidas de los fallecidos”, por lo que ha urgido a los aliados europeos a evitar “retrasos en el suministro” y a tener “voluntad” para proporcionar este tipo de aparatos, ya que su falta “conduce directamente a bajas horrorosas y destrucción”. “Una parte significativa de la producción de misiles balísticos de Rusia aún no está bajo sanciones. Incluso ahora. Se necesitan nuevos pasos: del G7, la Unión Europea y todos los que apoyan la protección de la vida”, ha zanjado.

Actualmente, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.

En el distrito de Brovary se han producido incendios de “gran magnitud” en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En el distrito de Buchanan, se está extinguiendo el incendio de un almacén en la aldea de Chayky. En la aldea de Sofiivska Borshchahivka, se apagó un incendio en las instalaciones de una empresa de logística.

Los ataques ucranianos redujeron en julio la capacidad de refinado en este país (3,6 millones de barriles diarios) a los niveles de 2002, según medios económicos.

Donald Trump quiere cimentar su legado político con obras faraónicas y enmarcarlo con remates dorados en toda la capital. Sin embargo, esas aspiraciones de grandeza se han visto empañadas por la fallida reforma de la piscina reflectante del Lincoln Memorial de Washington. El estanque se ha convertido en una especie de charca triste y medio vacía que, paradójicamente, refleja las políticas erráticas de esta Administración. Un fiasco que el mandatario atribuyó al vandalismo de presuntos opositores a él, pero que ahora queda claro que se trató de un trabajo “chapucero”.

La decisión de remodelar el estanque reflectante nacía del capricho del presidente de equipararla con la que tiene en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Trump quiso recubrir con una capa de pintura azul –“azul de la bandera estadounidense”– un elemento del patrimonio histórico de Estados Unidos para que luciera mejor de cara a la celebración del 250 aniversario del país el pasado 4 de julio. La pintura, que inicialmente debía costar unos dos millones de dólares, ha acabado costando más de 16 millones, a causa de los problemas que ha acarreado la obra.

Inmediatamente, Trump achacó esos problemas a supuestos “vándalos”, quienes eran los presuntos causantes de que a principios de junio el agua del estanque se infestara de algas: el episodio irritó al mandatario y se convirtió en una metáfora indeseada de su presidencia.

Para intentar eliminar las algas, se envió al Servicio de Parques Nacionales para matar las bacterias que alimentaban la planta. Los trabajadores federales acudieron y vertieron a mano litros de peróxido de hidrógeno, mientras agentes de la Guardia Nacional custodiaban el perímetro. Todavía se puede ver en las calles de la capital algún póster desteñido que refleja aquella competición: “Alga 1 - Trump 0”.

La Justicia retira las acusaciones

El alga, sin embargo, no fue el único elemento disruptor. Entre el agua verdosa empezaron a flotar trozos de la pintura azul con la que se había cubierto el fondo. David Carter Hearn, antiguo piragüista olímpico, fue arrestado por tocar uno de esos pedazos de pintura e imputado por “destruir una propiedad tasada en 1.000 dólares o más”. La acusación podía costarle hasta la cárcel al exdeportista, ya que se trataba de un delito grave.

Hearn había declarado que metió la mano en el estanque y tocado brevemente un trozo que aún estaba adherido al borde. Sus abogados calificaron lo sucedido de “indignante”.

Hearn fue el caso más sonado, pero no el único. Otras tres personas también fueron acusadas de delitos menores en relación con los daños supuestamente causados al estanque reflectante. Según los registros judiciales, se observó a los acusados despegar y arrancar trozos de pintura. Fue en ese momento cuando el presidente escribió en Truth Social que los daños habían sido provocados por unos “vándalos” que supuestamente habían hecho un corte de “170 metros con un cuchillo o cuchillas de afeitar”.

Trump escribió esa acusación el 23 de junio, a pesar de que ya existía un informe anterior del Servicio de Parques Nacionales que indicaba la existencia de desperfectos en el estanque. Según los documentos gubernamentales revelados por el periódico The New York Times, aunque los trabajadores federales encontraron dos cortes en secciones de espuma entre las juntas de dilatación de la piscina, estos no estaban directamente relacionados con el revestimiento de color azul ni con las algas.

Ahora, un mes después de que la Administración emprendiera acciones legales contra los curiosos que se acercaron al estanque y que se atrevieron a meter una mano en el agua, la fiscal general de Washington, Jeannie Pirro, ha retirado las acusaciones contra todos ellos.

El Gobierno ocultó las causas reales

El viernes pasado, Pirro solicitó la desestimación del cargo contra Hearn, porque el Departamento de Interior había informado incorrectamente al equipo sobre el origen de los daños de la piscina. La fiscal general y aliada de Trump aseguró que la pintura azul se había empezado a pelar a los dos días de finalizar las obras y que Interior ocultó la información a la Fiscalía, diciendo que “casi todos los daños” habían sido causados por vándalos.

Pirro afirmó que factores como la lluvia, el viento y las demoras en la obtención del sellador “provocaron un trabajo apresurado y chapucero”, que no se corrigió antes de que se volviera a llenar de agua a principios de junio. A raíz de la retirada de los cargos contra el atleta olímpico, las otras tres personas imputadas también solicitaron que se revisaran sus casos y, finalmente, esta semana se han desestimado las acusaciones.

La decisión de Pirro –que ha afirmado públicamente que el Gobierno emitió declaraciones falsas sobre los daños de la piscina– ha provocado la ira del republicano. El presidente escribió el viernes en Truth Social que discrepa “totalmente” con la decisión de la fiscal. “¿En qué estaba pensando? Para mí, fue un caso puro de vandalismo”, aseguró.

Este lunes, iba un paso más allá y cargaba contra Pirro, diciendo que se “ha plegado como un paraguas” en medio de la tormenta. Horas después de criticarla, el magnate se reunió con ella en la Casa Blanca en medio del runrún de una posible destitución.

“Acabad con ella”. “Quiero ver cenizas. El tiempo que sea necesario. Lo que haga falta”. Son las declaraciones del ex consejero delegado de eBay y de su antiguo director de Comunicación sobre Ina Steiner, que desataron sobre ella y su marido David una de las campañas de acoso corporativo más increíbles que han podido ser documentadas: durante tres semanas, el equipo de seguridad de la multinacional envió a su domicilio paquetes que incluían cucarachas vivas, larvas de mosca, un feto de cerdo, una corona fúnebre y libros sobre cómo sobrellevar el duelo por la muerte de un cónyuge.

Los empleados de eBay también vigilaron físicamente los desplazamientos del matrimonio, tratando de que los Steiner se dieran cuenta de ello; intentaron instalar un localizador GPS en su coche, con el objetivo de anticiparse a sus movimientos; publicaron la dirección de su vivienda en redes sociales y plataformas de citas, organizando encuentros sexuales en su casa sin su conocimiento; y enviaron pornografía a nombre de David a sus vecinos, simulando que había habido un error con la dirección.

Todo por un boletín de comercio electrónico, aunque entonces ellos no lo sabían. “Una campaña sistemática, financiada con los recursos de una empresa de la lista Fortune 500, para aterrorizar emocional y psicológicamente a esta pareja de mediana edad... con el objetivo de disuadirlos de escribir cosas negativas en internet sobre eBay”, ha declarado uno de los fiscales encargados del caso.

El poder de una newsletter

Desde 1999, los Steiner habían formado una modesta comunidad de seguidores alrededor de EcommerceBytes. Se trata de un boletín enviado a través de correo electrónico donde se proporciona información útil para los vendedores minoristas de plataformas de comercio electrónico, como sus políticas sobre disputas o cómo limitar los gastos de envío.

Con Ina encargada de la redacción y David de la gestión comercial, la newsletter se convirtió en la ocupación principal del matrimonio de periodistas. Así fue hasta 2019, cuando Ina publicó diversos artículos críticos con la decisión de eBay de centrarse en las grandes cadenas de distribución en lugar de en los vendedores individuales que representaban el público de EcommerceBytes.

En ellos, Ina incluyó datos como el sueldo del CEO Devin Wenig (información pública obligatoria presente en las cuentas que la compañía, que cotiza en bolsa) o su decisión de replicar su taberna favorita de Nueva York dentro de la sede de eBay en California a pesar de que la compañía atravesaba una profunda crisis.

Los artículos llegaron a manos de Wenig, que junto con la entonces vicepresidenta de Operaciones Globales de eBay, Wendy Jones, y el ex director de Comunicaciones, Steven Wymer, ordenaron al equipo de seguridad de la multinacional que “acabara” con la publicación de Steiner. “Vamos a aplastar a esta mujer”, escribió Wymer a Wenig, en una serie de mensajes revelados por la investigación del Departamento de Justicia de EEUU tras la demanda del matrimonio.

Para entender por qué la cúpula de una de las mayores tecnológicas del mundo reaccionó de esta forma, hay que situarse en el contexto corporativo que atravesaba la multinacional. En la primavera de 2019, eBay se encontraba bajo la presión de un fondo de inversión activista (conocidos por forzar cambios radicales en la gestión, recortes de gastos y despidos de altos directivos), coincidiendo con una caída notable de los beneficios de la empresa. Al mismo tiempo, el boletín de los Steiner había alcanzado los 600.000 lectores y era seguido de cerca por ejecutivos del sector del comercio electrónico, lo que llevó a la directiva de la multinacional a percibirlo como una amenaza directa.

56 millones de dólares

Durante las tres semanas que duró la campaña de acoso físico, a la que se sumaron decenas de ataques contra su publicación en redes sociales, los Steiner no supieron quién estaba detrás de todo ello. Sin embargo, el rastro de eBay salió a la luz cuando la policía local de Natick (Massachusetts), su lugar de residencia, pudo registrar la matrícula de uno de los vehículos que había empezado a seguirlos.

Se trataba de un coche alquilado con una tarjeta que apuntaba a Silicon Valley. En concreto, a la entonces vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Globales de eBay, Wendy Jones. Fue entonces cuando la operación de intimidación salió a la luz.

Tanto Jones como Wenig y Wymer han afirmado que no conocían los detalles de la campaña que el equipo de seguridad de la compañía había desatado contra los Steiner. Sin embargo, han llegado a un acuerdo extrajudicial con la pareja por valor de 56 millones de dólares (unos 48 millones de euros). eBay abonará 46,15 de ellos y destinará 6 millones adicionales a aportaciones benéficas para organizaciones sin ánimo de lucro. Devin Wenig pagará dos millones de dólares a los agredidos y aportará otro millón a una organización defensora de la libertad de expresión a nombre de Ina Steiner. Jones y Wymer aportarán 500.000 y 50.000 dólares respectivamente.

Los Steiner han declarado que una de sus líneas rojas fue la inclusión de una cláusula de confidencialidad que la tecnológica y sus ex altos ejecutivos intentaron añadir al acuerdo. El pacto cierra la vía civil de un caso cuya trayectoria penal concluyó en 2021. Entonces los siete miembros del equipo de seguridad de eBay imputados se declararon culpables para evitar el juicio y recibieron penas de hasta cinco años de prisión.

eBay ha afirmado en un comunicado que lo ocurrido fue “incorrecto, censurable y nunca debería haber sucedido”. “Seguimos expresando nuestras más sinceras disculpas a los Steiner”, afirmó la empresa. “Este acuerdo es coherente con nuestro compromiso de indemnizar de forma justa a los Steiner y culmina nuestros esfuerzos por corregir la situación”.

Seguimos expresando nuestras más sinceras disculpas a los Steiner. Este acuerdo es coherente con nuestro compromiso de indemnizarlos de forma justa y culmina nuestros esfuerzos por corregir la situación

eBay

La tecnológica afirma que lo ocurrido durante 2019 “no representa su cultura actual”. Wenig, su máximo responsable en aquel momento, renunció a su cargo antes de que la Fiscalía presentara cargos y recibió una indemnización de 57 millones de dólares. El ex director ejecutivo de eBay ha afirmado tras el acuerdo que “nadie debería haber sido sometido jamás a lo que los Steiner soportaron” y que le “entristece especialmente” que ocurriera bajo su mandato. Desde 2023 fundó y dirige Symbolic.ai, una plataforma con capacidades avanzadas de IA para editores y escritores profesionales en noticias, investigación y comunicaciones.

“Creemos que este acuerdo transmite un mensaje claro: las empresas y sus directivos no pueden incurrir en este tipo de conductas indebidas sin enfrentarse a importantes consecuencias”, ha declarado el abogado de los Steiner en un comunicado.

Si hay una líder política que estos años buscó erigirse en referente antimigración en Europa, esta es Giorgia Meloni. El Gobierno de la ultraderechista italiana no ha dejado escapar la oportunidad que le ha brindado la llegada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta para volver a poner sobre la mesa sus propuestas contra quienes intentan migrar a territorio europeo.

Lo sucedido en España ha copado titulares en Italia y la primera ministra ha aprovechado el impacto internacional de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma para relanzar un plan de deportación a terceros países similar al conocido como 'Modelo Albania' y emprender una ofensiva contra el modelo de Pedro Sánchez que sitúa a Meloni en primera línea de la batalla migratoria en Europa.

Según analistas, críticos y fuerzas opositoras, esto le ha servido para ganar fuerza en el debate político italiano y marcar perfil propio ante el presidente español, visto en Italia como paladín del progresismo y gran némesis ideológico de Meloni. En un contexto europeo donde las tesis antimigratorias imperan, la primera ministra busca capitalizar la situación para recuperar protagonismo en un asunto en el que había perdido peso.

Es una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE

Laura Boldrini — diputada del opositor Partido Demócrata

La ofensiva de Meloni ha desatado una crisis diplomática entre Italia y España, la más dura de los últimos años, con la suspensión del tratado Schengen de libre circulación con España, un paso visto como propagandístico por detractores de Meloni. Según alegan, la reacción de la primera ministra obedece a sus intereses políticos propios, en un momento de debilidad interna tras perder consensos y popularidad este año, mientras las elecciones generales de 2027 se acercan y podría quedarse sin mayoría para seguir en el poder, según varios sondeos.

“La crisis de Ceuta ha sido manipulada con la única finalidad de atacar a Sánchez. Resulta preocupante que algunos países europeos hayan instrumentalizado lo sucedido en vez de mostrar solidaridad con un socio europeo que se enfrentó a una emergencia”, dice a elDiario.es Laura Boldrini, diputada del Partido Demócrata (el principal de la oposición) y expresidenta del Parlamento italiano. Boldrini considera la suspensión del tratado Schengen con España como “una forma oportunista e insensata de abrir una crisis diplomática con otro Estado de la UE”.

Meloni actúa frente a un rival más ultra

Para Luigi Quercetti, analista político con lazos con la formación progresista +Europa, “Meloni hizo un juego de propaganda sucia contra Sánchez porque tiene un color político diferente”, así como intereses electorales e ideológicos distintos a los del presidente español. “En vez de ofrecer solidaridad y ayuda humanitaria, cerró fronteras”, y actuó como lo hubieran hecho Donald Trump o Elon Musk. “La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno”, señala Quercetti.

La primera ministra italiana también endurece su discurso ultra por la competencia de Roberto Vannacci, veterano militar y nuevo líder de ultraderecha supremacista italiano que podría arrebatarle votos. Además, con una Italia ya metida en plena carrera electoral, Meloni busca proyectarse de nuevo a nivel europeo como estandarte de una estrategia de traslado forzoso y retención de migrantes en centros cerrados en terceros países, una iniciativa que su Gobierno activó en Albania, aunque ha resultado ser un fracaso tras varios varapalos judiciales.

La crisis de Ceuta fue aprovechada por todo el universo MAGA y Meloni se tiró de cabeza a la polémica porque es parte de este entorno

Luigi Quercetti — analista político

A pesar de que fue uno de los proyectos estrella de Meloni, los dos centros de internamiento de migrantes creados por Italia en suelo albanés están casi vacíos desde su apertura. A ello se suma la imposibilidad del Gobierno italiano de parar en seco la llegada de migrantes a través del Mediterráneo o de deportar a una gran cantidad de personas en situación irregular, mientras Vannacci presiona apelando a la expulsión masiva de extranjeros.

Ceuta, caldo de cultivo ideal

Pero Meloni no se rinde y ha encontrado el caldo de cultivo ideal en la crisis de Ceuta. No sólo ha relanzado sus estrategias antimigración que estos años fueron precursoras en Europa, sino que ha movilizado a muchos gobiernos de derecha y centroderecha que no ven con buenos ojos las políticas migratorias de España y su regularización de migrantes.

Lo sucedido en Ceuta “brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo” y “le dio un empujón para retomar protagonismo en el tema migratorio”, argumenta a elDiario.es Giorgia Bulli, experta en ultraderecha y docente en la Universidad de Estudios de Florencia. De esta forma, explica Bulli, Meloni reivindica la vigencia de su modelo ante la presión de Vannacci, pero también ante la postura más centrista de la oposición italiana.

Según Muhammad Dihani, refugiado saharaui residente en Roma y activista por los derechos humanos vinculado a Amnistía Internacional, desde Italia “ha habido varios ataques contra España” por Ceuta. “Uno es contra la política migratoria del Gobierno de Sánchez y otro, muy grave, contra el Tribunal Supremo” de España, que en julio consideró ilegales las “devoluciones en caliente” de los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla.

Ceuta brindó la oportunidad a Meloni de mostrar cómo sus ideas y proyectos son parte de una visión política a largo plazo

Giorgia Bulli — experta en ultraderecha

El fallo del Supremo fue citado en la carta que Meloni presentó con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, con el apoyo de otros 20 Gobiernos europeos, para pedir una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE. “La sentencia del Tribunal Supremo español fue usada para desatar el ataque y abusar de nuestro sistema de migración y asilo”, escribieron en la misiva, en la que pidieron “reforzar las fronteras exteriores, combatir la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de seres humanos, hacer más efectivos los retornos y eliminar todo factor que pueda incentivar nuevos ingresos ilegales”.

En el texto también criticaron la reciente regularización de migrantes en España, vinculándolo a un supuesto 'efecto llamada', algo que resaltó la semana pasada el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en un mensaje de X que aumentó aún más las tensiones con España.

En una entrevista este martes con el periódico Il Corriere della Sera, el también viceprimer ministro italiano reiteró sus críticas: “España está regularizando 500.000 extranjeros indocumentados sin haber compartido esta decisión con sus socios europeos, esto no está bien”. Y ha lanzado una advertencia: “Lo ocurrido en Ceuta no es un hecho aislado, marca un riesgo para toda la Unión y tenemos derecho a exigir medidas adicionales, aclaraciones y medidas preventivas para asegurar que no se repita”.

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha negado este martes que haya una relación entre la regularización de migrantes y la entrada de personas migrantes en Ceuta. Las personas que cruzaron la semana pasada a la ciudad autónoma no pueden acogerse al procedimiento extraordinario, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Italia reivindica el 'Modelo Albania'

En la reunión de ministros de Interior celebrada este martes, el Ejecutivo de Meloni planteó una propuesta que busca reproducir en cierta medida su 'Modelo Albania'. Roma quiere promover centros de detención de migrantes en terceros países, fuera de la UE, con financiación y coordinación comunitaria.

Con un esquema similar al de Albania, en esas instalaciones se gestionaría la tramitación de asilo y eventual deportación de migrantes que hayan intentado entrar irregularmente a la UE. Entre los países que estarían abiertos a acoger los centros, destaca Uganda, aunque también suenan Libia, Túnez, Mauritania, Senegal o Ghana.

“Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado”, ha dicho este martes ante sus homólogos europeos el titular de Interior italiano, Matteo Piantedosi. En un gesto que parecía buscar rebajar las tensiones con Madrid, Piantedosi ha expresado “la sincera solidaridad de Italia con el Gobierno español”.

Ha llegado el momento de adoptar nuevos modelos de centros para la gestión externa de los procedimientos de asilo y las repatriaciones a terceros países seguros, superando los antiguos tabúes ideológicos del pasado

Matteo Piantedosi — ministro italiano de Interior

Pese a que el futuro de los centros albaneses sigue pendiente de una resolución del Tribunal de Justicia de la UE, el ministro ha destacado que Italia “fue pionera” de ese plan. “Los procesos fronterizos acelerados y la repatriación directa a instalaciones en terceros países seguros son el elemento disuasorio más eficaz contra la trata de personas y los flujos migratorios irregulares”, ha afirmado Piantedosi.

La semana pasada, en sus primeras reacciones a lo ocurrido en Ceuta, la primera ministra ultra no se solidarizó con España, sino que resaltó los supuestos peligros de la migración irregular, que vinculó a la criminalidad. “Las imágenes que llegan de Ceuta son impactantes y muestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control supone una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, señaló en X el pasado jueves.

Un día después, anunció la suspensión del espacio Schengen con España. “Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la migración irregular y golpear redes criminales que trafican con seres humanos”, alegó, al ordenar la imposición de controles en puertos y aeropuertos durante el mes de agosto.

Una fuente del Ministerio de Interior de Italia asegura a elDiario.es que, hasta el momento, esos controles “se hacen aleatoriamente, sin afectar a ciudadanos españoles o en tránsito desde España con documentos europeos”.

Sin embargo, muchos resaltan que no era necesario adoptar esa medida. “La entrada irregular en Ceuta no confiere derecho alguno a permanecer en España, ni a viajar a la península o circular por Europa”, aclaró el Ministerio de Exteriores español, mientras que Meloni no lo mencionó explícitamente en sus declaraciones beligerantes sobre Ceuta.

“Para Meloni, explotar la cuestión migratoria es fácil, resulta conveniente a nivel electoral”, afirma Bulli. Según la docente y experta en ultraderecha, ahora mismo Sánchez es el blanco perfecto para los ataques de Italia “porque justo él se expuso mucho en este ámbito”.

Durante el último mes, una serie de avances en las tecnologías chinas de inteligencia artificial, fabricación de microchips y robótica han sacudido los mercados financieros, han provocado divisiones entre los magnates tecnológicos de EEUU y han dejado a la administración Trump buscando respuestas a toda prisa.

Silicon Valley ha señalado durante mucho tiempo a la industria tecnológica china como una amenaza real, utilizando su crecimiento como argumento para exigir que las empresas estadounidenses queden eximidas de cualquier regulación que pueda frenarlas. En las últimas semanas, sin embargo, el progreso de China ha hecho que los responsables de las tecnológicas de EEUU pasen de las advertencias vagas al desacuerdo abierto sobre cómo abordar el desafío chino.

La amenaza más inmediata para el statu quo de Silicon Valley procede de una serie de modelos de IA chinos de código abierto y pesos abiertos que se pueden descargar y utilizar de forma gratuita. Estos modelos, como Kimi K3 de Moonshot AI, son lo suficientemente potentes como para competir en algunas aplicaciones con los productos de IA propietarios y comparativamente caros de OpenAI y Anthropic.

Luchar contra el enemigo o unirse a él

La irrupción de estas alternativas chinas de código abierto ha provocado divisiones tanto en la Casa Blanca como en la industria tecnológica estadounidense sobre si oponerse a estos nuevos modelos o adoptarlos. Por un lado, están los fabricantes de chips, que ven oportunidades de ingresos en el incremento del uso de la IA, y las empresas tecnológicas preocupadas por el creciente dominio de OpenAI y Anthropic en el sector. Por el otro, se encuentran las propias Anthropic y OpenAI, que ven peligrar sus márgenes de beneficio y sostienen que los modelos desarrollados en China plantean riesgos de seguridad.

La Casa Blanca se halla dividida de forma similar: aunque históricamente se ha mostrado beligerante con la industria tecnológica china, recela de bloquear modelos de IA de bajo coste de los que muchas empresas americanas han pasado a depender. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió en las últimas semanas que EEUU podría sancionar a las firmas chinas de IA por presunto robo de propiedad intelectual a empresas estadounidenses, mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha recibido cartas de fundadores de startups tecnológicas pidiéndole que no corte el acceso a los modelos abiertos.

En medio de las informaciones que apuntan a que la administración Trump estaba sopesando prohibir o limitar el uso de los modelos chinos de código abierto, un nutrido grupo de grandes tecnológicas —entre las que se incluyen Microsoft, Nvidia, Palantir y Meta— publicó recientemente una carta conjunta instando a los legisladores a no imponer restricciones a los modelos abiertos. Paralelamente, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, acudió el martes al Capitolio para reunirse con los líderes de los partidos Demócrata y Republicano con el fin de presionar en favor del código abierto.

Las supuestas inteligencias artificiales incontrolables

Mientras encajaban la presión de China y de otras empresas tecnológicas, OpenAI y Anthropic revelaron en las últimas semanas que sus modelos de IA adoptaron comportamientos imprevistos o incontrolables durante una serie de pruebas de ciberseguridad, llegando a hackear organizaciones externas. El CEO de OpenAI, Sam Altman, se reunió con legisladores y altos cargos de la Casa Blanca para debatir posibles controles sobre la IA tras el incidente. Esto obligó a Donald Trump a responder a preguntas sobre si impondría más restricciones de seguridad al desarrollo de la IA.

“Tenemos que ser cuidadosos en ambos sentidos. No queremos restringirles para luego encontrarnos de repente en segundo lugar por detrás de China”, afirmó Trump, añadiendo: “Conozco a muchas de estas personas. No quiero impedirles que hagan un gran trabajo”.

La prohibición de los robots chinos

Mientras la administración Trump debate eventuales controles de seguridad y límites a los modelos de IA de origen chino, esta semana tomó medidas concretas contra la cada vez más relevante industria robótica del país asiático. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la prohibición de los robots humanoides procedentes de China al considerar que suponen un riesgo inasumible para la seguridad nacional.

Los robots humanoides chinos de empresas como Unitree han sido los protagonistas de numerosos vídeos virales este año, mostrando su capacidad para bailar o interactuar con las personas cuando se les programa para ello. La FCC alegó que estos robots también podrían robar datos o vigilar a los ciudadanos estadounidenses, además de representar una amenaza para la fabricación y las cadenas de suministro de EEUU.

La decisión de la FCC intensifica la competencia entre EEUU y China por las tecnologías emergentes, en un momento en que el temor a la tecnología china ha sacudido los mercados financieros. Un informe publicado esta semana por The Information, que señalaba que China había iniciado la producción en masa de chips especializados clave para el auge de la IA, provocó una ola de ventas en bolsa que borró un billón de dólares en valor de mercado de otros fabricantes de semiconductores.

A medida que los avances tecnológicos producidos en China empiezan a rivalizar directamente con sus homólogos estadounidenses, las divisiones en Silicon Valley podrían intensificarse, los mercados volverse más huidizos y la administración Trump verse sometida a una presión creciente sobre cómo frenar la influencia de China.

Ucrania ha ido un paso más allá en su estrategia para añadir presión a la economía rusa. Después de golpear sistemáticamente las refinerías de petróleo y las rutas logísticas, ahora ha iniciado una campaña contra los almacenes de la principal empresa rusa de comercio electrónico, Wildberries. En dos semanas los ha atacado en más de una veintena de ocasiones y ha inutilizado más de un millón de metros cuadrados.

Volodímir Zelenski lo justifica porque esta compañía distribuye “componentes de drones, GPS y otros equipos militares” al ejército ruso. Pero el objetivo de Kiev es más ambicioso y busca hacer colapsar un sector clave para el Kremlin. Wildberries da empleo a decenas de miles de personas y de ella dependen cientos de miles de pequeños vendedores, algunos de los cuales se han arruinado con los bombardeos ucranianos.

Vladímir Putin podría verse empujado a rescatar la empresa, incapaz de hacer frente a las compensaciones a sus clientes, para evitar que la crisis se extienda al sistema bancario por los impagos de los préstamos de quienes lo han perdido todo. Ahora bien, el coste de este rescate amenaza con convertirse en un nuevo incentivo para Ucrania para expandir la campaña de ataques contra otras plataformas de comercio electrónico.

Se calcula que casi el 90% de la población compra a través de Wildberries y de su principal competidor, Ozon, que también ha sufrido las consecuencias de algunos de los ataques. El año pasado, las ventas en línea representaron el 26% de todas las ventas minoristas en Rusia y casi el 50% de este volumen fue gestionado por Wildberries, según el medio económico en el exilio The Bell.

Algunos analistas alertan de que el modelo de negocio de Wildberries y sus competidores está tocado de muerte y que esto podría tener consecuencias graves para una economía rusa ya asfixiada por el desgaste de más de cuatro años de guerra.

¿Objetivo legítimo o crimen de guerra?

No es ningún secreto que muchas unidades del ejército ruso obligan a los soldados a comprar armas, uniformes y equipamiento de su propio bolsillo. Antes de la campaña de ataques, que comenzó el 18 de julio, Wildberries contaba con una sección en su web llamada “Todo para la operación militar especial”, donde se podían encontrar todo tipo de artículos, como cascos o chalecos antibalas. Había indexados casi 250.000 productos y, aunque el apartado fue eliminado, todavía siguen disponibles en la página.

El Kremlin ha negado que los mercados electrónicos se utilicen para abastecer a las tropas, pero la realidad es que estos objetos pueden tener un doble uso. Moscú acusa a Ucrania de atacar infraestructuras civiles y, de hecho, esta crítica ha provocado una discusión entre los comentaristas de la oposición rusa sobre si los almacenes de Wildberries son o no objetivos legítimos.

El analista militar Ruslán Leviev, por ejemplo, sostiene que estos bombardeos constituyen un crimen de guerra, sobre todo porque han matado a nueve trabajadores y decenas más han resultado heridos. “Incluso si suministra componentes de doble uso para equipamiento militar, eso no convierte toda la instalación en un objetivo legítimo”, afirmó en una entrevista en el canal Zhivoi Gvozd, amparándose en los Convenios de Ginebra.

Leviev recuerda que, cuando Rusia ha atacado reiteradamente los almacenes y terminales de carga de Nova Poshta, el principal operador postal ucraniano, Kiev lo ha denunciado como un crimen de guerra. “Los ataques contra Nova Poshta son crímenes de guerra, como también lo son los ataques contra los almacenes de Wildberries: no son instalaciones militares”, concluye el analista.

En cambio, el periodista Kirill Martínov considera que, precisamente según la Convención de Ginebra, si una instalación proporciona “una ventaja militar significativa”, entonces puede ser designada como un objetivo legítimo. “Las plataformas de comercio electrónico suministran activamente al frente [...] armas letales que se utilizan para atacar objetivos civiles en Ucrania”, añade en un análisis en X.

Según Martínov, mientras Putin siga militarizando la economía civil, estará justificado golpearla. “La destrucción de almacenes de doble uso debilita el potencial de la agresión rusa. Si las instalaciones civiles sirven a los intereses del grupo invasor, se convertirán en objetivos militares”, concluye.

Amenaza al sistema bancario ruso

Los medios más críticos con la órbita del Kremlin están alarmados porque entienden que, si no se pone remedio a la crisis, puede convertirse en una bola de nieve. Un editorial reciente del diario Nezavísimaia Gazeta advertía de que la estrategia ucraniana “aparentemente tiene como objetivo desestabilizar gravemente el mercado de consumo del país, disparar la inflación y traumatizar psicológicamente a una parte significativa de la población, rompiendo los cimientos de su vida diaria. Incluso desencadenar un malestar social que podría afectar de algún modo a las próximas elecciones”.

El primer eslabón afectado de esta cadena son los pequeños empresarios que utilizan Wildberries como la única vía para colocar sus productos. Se calcula que hay entre 500.000 y un millón de vendedores que confían en esta compañía para mover su mercancía.

Con el incendio de los almacenes más grandes de la plataforma, donde los artículos están amontonados en cajas de madera y cartón que han sido devoradas por las llamas, la devastación ha sido enorme. La red se ha llenado de vídeos de afectados pidiendo ayuda a las autoridades. “Somos una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas que nos encontramos en situación de quiebra, en unas condiciones horribles. Intervengan, por favor, porque la situación es muy crítica”, lamentaba una emprendedora.

Uno de los problemas a los que se enfrentan es que la empresa no puede asumir las indemnizaciones. Por un lado, porque no tiene liquidez para hacerlo, y por otro, porque diez días antes del primer ataque actualizó su política de acuerdo con los vendedores para que aceptaran que los bombardeos con drones pasaran a considerarse circunstancias de fuerza mayor, ante las cuales Wildberries quedaba al margen de cualquier responsabilidad.

A pesar de ello, la propietaria de la empresa, la multimillonaria Tatiana Kim, ha prometido que “no abandonará” a sus clientes y ha empezado a pagar compensaciones a algunos de los empresarios más afectados. Ahora bien, se trata de coberturas que no superan el 10% de las pérdidas. Se estima que estas pérdidas podrían superar el equivalente a 11.000 millones de euros.

No solo los almacenes, sino todo el sistema logístico está bajo ataque

Viacheslav Shiriáyev — Economista

Ante esta situación, los pequeños vendedores reclaman moratorias para no tener que hacer frente a los impuestos y para no verse obligados a devolver inmediatamente los préstamos a los bancos. Esto ya ha puesto en alerta, entre otros, a VTB, la segunda mayor entidad bancaria de Rusia, que en mayo firmó un acuerdo de colaboración con Wildberries por el que esperaba acceder a la cartera de 80 millones de usuarios de la plataforma de comercio electrónico.

El banco teme que estos comerciantes no puedan ahora devolver los préstamos o que se vea abocado a financiar las compensaciones o la reconstrucción de las instalaciones de la compañía. Uno de los principales fabricantes de armas de Ucrania, Denís Shtilerman, admitía en una entrevista que el hundimiento de Wildberries pretende provocar “el colapso del sistema bancario ruso”.

El dilema del Kremlin

En esta coyuntura, después de dos semanas de titubeos, el Gobierno ruso finalmente ha dado órdenes de asistir a los comerciantes afectados. No obstante, esta iniciativa comporta riesgos para el Estado, según explica a elDiario.es el analista económico Stanimir Dobrev. Si el Kremlin se vuelca en compensar a los vendedores, Kiev tendrá motivos para aumentar los ataques contra los almacenes porque, de esta manera, miles de millones de las arcas rusas no se destinarán a la guerra.

El modelo de negocio no sobrevivirá sin la introducción de un apoyo integral para la posible destrucción de bienes

Stanimir Dobrev — Analista económico

Este experto opina, además, que la fórmula empresarial de los mercados en línea, basada en almacenar y distribuir los productos de terceros cobrando comisiones altísimas (de hasta el 48%), podría tener los días contados. “No espero que el modelo de negocio sobreviva como hasta ahora sin la introducción de un apoyo integral para la posible destrucción de bienes por ataques ucranianos”, explica.

Apunta que dispersar mejor los almacenes o incrementar los seguros de los vendedores “no será barato” y eso les obligará a dejar puntos de venta desatendidos. Esta combinación, añade, puede llegar a destruir más de 100.000 puestos de trabajo a corto plazo. Por eso concluye: “Es discutible si el modelo tendrá siquiera un largo plazo”.

El economista Viacheslav Shiriáyev señala que “los grandes mercados se han convertido no solo en plataformas comerciales, sino también en una parte vital de la infraestructura financiera y logística del país”. En declaraciones al canal opositor Mózhem Obiásnit, afirma que cualquier interrupción en sus operaciones repercute inevitablemente en millones de clientes, empresarios y proveedores.

“No solo los almacenes, sino todo el sistema logístico está bajo ataque”, insiste. Según el experto, otros actores importantes del mercado podrían seguir los pasos de Wildberries, ya que la economía rusa moderna se basa principalmente en centros logísticos, mercados y servicios digitales. Cree que estos bombardeos generan caos en las cadenas de suministro y perturban sectores enteros de la economía.

Otro motivo que explica el ensañamiento de Ucrania con esta empresa es que hace dos años quedó bajo la influencia de personas próximas al Kremlin, tras un conflicto corporativo que se saldó con tiroteos y muertos.

Su propietaria, Tatiana Kim, quiso fusionar la compañía con la empresa de publicidad exterior Russ, vinculada a oligarcas del entorno de Putin. El marido de Kim, Vladislav Bakalchuk, que solo poseía el 1% de las acciones, se opuso y, con el apoyo del líder checheno Ramzán Kadírov, se presentó con hombres armados en la sede central de Wildberries. Dos vigilantes de seguridad murieron y otras siete personas resultaron heridas.

Finalmente, la fusión salió adelante con el visto bueno de Putin y, desde entonces, especialistas como Shiriáyev sostienen que ya no puede hablarse de Wildberries como de una empresa privada, sino que pasó a formar parte de un proyecto estratégico de digitalización impulsado por el Kremlin, integrando logística, publicidad, sistemas de pago e infraestructura digital.

Además, Mózhem Obiásnit asegura que los beneficios de 2025 se repartieron en forma de dividendos entre senadores y destacados miembros de la Administración Presidencial, que forman parte del accionariado minoritario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes –un anuncio que Irán desmintió– y ha afirmado que ha cancelado un “ataque masivo” inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump ha dado las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y ha recalcado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar le han pedido “cancelar” su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, ha dicho Trump, quien ha avanzado también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización de Irán”.

El presidente estadounidense ha asegurado que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como “el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump ha añadido que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo “es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán”.

“Quiero salvar muchas vidas (...) preferimos un acuerdo a un ataque”, remarcó el mandatario norteamericano.

Irán, por su parte, ha asegurado este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y ha afirmado que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, ha insistido en una rueda de prensa en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación y ha indicado que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz.

“Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán”, ha dicho Bagaei.

El diplomático ha reiterado que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz, uno de los principales focos de tensión del conflicto, es una “condición necesaria” para su reapertura, “pero no una condición suficiente”.

Bagaei ha advertido de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, “la hostilidad de Estados Unidos”, el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó el domingo que su país avanza con Omán hacia la fase final de las negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y, mientras Trump dio por terminado el marco de entendimiento, Irán declaró el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho después de que Washington lanzara bombardeos contra territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban atravesar la ruta propuesta por Omán.

Estados Unidos restableció además el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona.

Israel no para los ataques contra Gaza

Mientras Trump ha pausado los ataques contra Irán, su principal socio en la región, Israel, no ha detenido los bombardeos contra la Franja de Gaza y, durante el fin de semana, los ha incrementado. Entre el domingo y el lunes, han fallecido 19 gazatíes a causa de los ataques israelíes y 35 han resultados heridos, según el Ministerio de Sanidad palestino.

El Ministerio ha alertado en un comunicado que un número de personas permanecen este lunes atrapadas bajo los escombros y en las calles aledañas al lugar del bombardeo, ya que las ambulancias y los equipos de rescate no han podido acceder a la zona.

La intensificación de los ataques se produce después de que Trump anunciara a finales de la semana pasada un acuerdo para que el grupo palestino Hamás entregue las armas, aunque Israel aún no ha aceptado formalmente ese pacto, alcanzado en El Cairo por los mediadores y la Junta de Paz dirigida por el presidente estadounidense. Algunos representantes del Gobierno israelí han apuntado a que no detendrán las operaciones militares en Gaza hasta que Hamás se desarme, pero el movimiento islamista exige el fin de los ataques y la retirada israelí antes de entregar su armamento.