El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de julio, un acuerdo declarativo para instar al Gobierno regional, administración competente en la gestión del rabo de gato (Cenchrus setaceus), a impulsar una campaña de alcance insular destinada al control y la erradicación progresiva de esta especie exótica invasora, “una de las que mayor impacto causa sobre los ecosistemas del Archipiélago”, subraya el Consistorio en una nota.

El acuerdo ha sido suscrito por todos los grupos políticos, excepto por el partido de extrema derecha Vox.

Según el Ayuntamiento, el texto recuerda que el rabo de gato produce miles de semillas que pueden permanecer viables durante años y dispersarse fácilmente por el viento, lo que hace insuficientes las actuaciones aisladas y evidencia la necesidad de una estrategia coordinada a escala insular, liderada por el Gobierno de Canarias en el ejercicio de sus competencias.

Además, la corporación local advierte de que esta especie está considerada como una de las más invasoras del mundo, cuya rápida propagación está provocando la pérdida de biodiversidad, la degradación del paisaje y un incremento del riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento insta al Gobierno de Canarias, como administración competente en la gestión y control de esta especie exótica invasora, a declarar el control del rabo de gato como una actuación prioritaria para la conservación de la biodiversidad y a desarrollar, con carácter urgente, una campaña coordinada junto al Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de la isla, de manera que las actuaciones se lleven a cabo de forma simultánea y eviten la recolonización de las zonas ya tratadas.

Asimismo, el Ayuntamiento solicita en el acuerdo que el Ejecutivo autonómico financie la campaña de manera plurianual, así como dotar de los medios técnicos y humanos necesarios para garantizar que todas las intervenciones se desarrollen conforme a las directrices técnicas vigentes para el control y eliminación de esta especie invasora.

Por otro lado, el pleno reclama la elaboración y actualización permanente de un mapa insular de distribución del rabo de gato que permita priorizar las zonas de actuación, proteger los espacios naturales y prevenir el riesgo de incendios, además de promover campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

Por último, el Ayuntamiento señala que el acuerdo será trasladado al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con el objetivo de promover una respuesta coordinada frente a una amenaza que afecta al conjunto del territorio insular.

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes la adquisición de una acción de la sociedad estatal INECO por un valor nominal de 125,01 euros y un coste de adquisición de 1.246,13 euros, con el objetivo de agilizar proyectos como el tren de Gran Canaria.

Según ha informado la corporación insular, esta operación supondrá la entrada del Cabildo en el accionariado de la empresa pública, en el marco de una ampliación de capital que permitirá encargar directamente a INECO, como medio propio, la redacción y gestión de proyectos estratégicos.

La compañía aportará su experiencia técnica en infraestructuras ferroviarias al desarrollo del proyecto del tren de Gran Canaria.

Entre las actuaciones previstas figuran la gestión de expropiaciones, la redacción de pliegos y documentación para la licitación de las distintas fases, así como la dirección y supervisión de proyectos (PMO) y el apoyo técnico durante la ejecución de las obras.

El Cabildo considera que esta fórmula contribuirá “garantizar la continuidad técnica de los trabajos, apoyándose en el conocimiento especializado de INECO, y a acelerar el desarrollo de infraestructuras clave para la isla”.

Además, se ha designado al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, como representante insular en la Junta General de Accionistas de INECO, y al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, como representante del Cabildo en el Consejo de Administración de la empresa.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que esta decisión “refuerza nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos con mayor eficacia, apoyándonos en recursos públicos especializados y en una colaboración más estrecha entre administraciones”.

INECO, empresa pública participada hasta ahora exclusivamente por entidades de la Administración General del Estado, como ENAIRE, ADIF y Renfe, abre así su accionariado a los cabildos insulares, en una medida que, según la corporación, busca “fortalecer la cooperación institucional y ampliar su ámbito de actuación a nuevas administraciones públicas”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha abogado este viernes por “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos” tanto desde el Ejecutivo español como desde la Unión Europea, ante los sucesos que se viven en las últimas horas con la entrada de miles de inmigrantes irregulares a Ceuta desde el reino alauí. Mientras el presidente regional centra su mensaje en posibles soluciones, su vicepresidente, del PP, aprovecha para cargar contra el Gobierno central.

Por su parte, el Gobierno central ha desplegado ya al Ejército en Ceuta y ha cerrado la frontera con Melilla. Pedro Sánchez, desde Ceuta, ha calificado lo ocurrido de “violación de la integridad nacional”.

En un mensaje que ha publicado Fernando Clavijo en la red social X, el presidente canario ha dicho que debe brindarse atención humanitaria a esas miles de personas, algunas familias con menores a cargo, pero que también debe sondearse esa posibilidad diplomática “para encontrar una solución conjunta a esta situación”.

“Además, se debe avanzar en un proyecto estable para la atención de los territorios fronterizos ante el fenómeno migratorio”, ha concluido su mensaje Clavijo.

Domínguez (PP) carga contra el Gobierno central

Alrededor de 49.000 personas han entrado a Ceuta irregularmente desde Marruecos desde este jueves, en una ciudad que tiene una población de 84.000 habitantes, y según fuentes policiales, el número de cadáveres recuperados en las últimas horas en la costa ceutí ha ascendido a 24.

Mientras tanto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha aprovechado la situación en Ceuta para atacar el Gobierno central, tildando lo ocurrido de “inadmisible”, y culpan de ello a un Ejecutivo no proteje a la ciudadanía española.

En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Domínguez ha comenzado diciendo que le daba igual “ser políticamente incorrecto” porque lo que está pasando en la ciudad autónoma es “inaceptable”, y que “ha superado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional”.

“La realidad es que no tenemos a un Gobierno que nos proteja, que nadie me venga con historias de que este es un mensaje racista, que este es un mensaje de desprecio, que tenemos que acoger a todo el mundo, y todos esos mantras que he escuchado mil veces”, ha insistido el líder de los populares canarios.

En ese sentido, Domínguez ha señalado que el “buenismo, la dejación y el desprecio que sienten hacia nuestros agentes”, sin referirse específicamente a nadie en concreto, “es lo que nos ha llevado a esta situación”, y ha criticado la respuesta que ha dado al Ejecutivo, al que ha acusado de no tomarse en serio al país.

“Yo no culpo a quienes vienen de manera irregular, sino a los españoles que viven en La Moncloa y provocan este efecto llamada”, ha agregado.

Finalmente, el vicepresidente canario ha mandado un abrazo a la ciudadanía ceutí, independientemente de la religión que profesen, ya que esta, ha dicho, no es una cuestión de creencias, “sino de proteger nuestras fronteras y de proteger nuestra tierra”.

Más de 15.000 canarios residentes en Venezuela se beneficiarán de las prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos que ofrece el Gobierno de Canarias, tras haber resuelto la convocatoria de ayudas para 2026, que se ha reforzado debido al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio y que dejó miles de fallecidos y heridos.

Según ha informado la Dirección General de Presidencia, la resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y, en total, son 8.356 los beneficiarios de las tarjetas de alimentos, 5.711 de las tarjetas de medicamentos y 1.126 personas recibirán asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, viajará a Venezuela durante la segunda semana de agosto para realizar un seguimiento sobre el terreno de las medidas puestas en marcha dentro del plan de trabajo activado para atender la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio, señala la nota.

Durante su estancia, visitará los estados más afectados para conocer de primera mano la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia.

Asimismo, mantendrá reuniones con las entidades canarias presentes en el país, cuya colaboración está resultando esencial para detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

La visita permitirá además evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno de Canarias, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar el escudo social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

La nota precisa que la convocatoria de ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero.

Inicialmente contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que han podido ampliarse después de que el Gobierno de Canarias aprobara el pasado 6 de julio el refuerzo de estos programas como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos, incrementando las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos, y de esa cantidad 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

A este refuerzo se sumaron otros 381.293 euros para ampliar la cobertura sanitaria que se presta a través de la Fundación España Salud a canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben la prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tendrá efectos desde este sábado, 1 de agosto de 2026, y hasta 31 de julio de 2027 e incluye una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria, que podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las condiciones previstas en el convenio.

Este plan extraordinario permitirá reforzar durante los próximos meses la respuesta social y asistencial en las zonas afectadas, atendiendo a la evolución de las necesidades y en coordinación con las entidades canarias sobre el terreno, concluye la nota.

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha autorizado este viernes un gasto de 24,71 millones de euros distribuido en tres años (2026-2028) para construir 115 viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible en la unión de los barrios de La Minilla y Escaleritas.

En concreto, las viviendas se edificarán en la parcela VP-03 Pepe Gonçalvez, en un solar situado entre las calles Virgen del Pilar y Concejal García Feo, detalla el Consistorio.

El acuerdo autoriza la elevación de los porcentajes previstos en la legislación de haciendas locales para poder distribuir la inversión entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, lo que permitirá licitar y construir este proyecto de promoción pública de vivienda.

Como ha explicado el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, esta actuación será financiada con fondos propios municipales.

“Estas 115 viviendas estaban previstas inicialmente para ser financiadas íntegramente por el Gobierno de Canarias en el Plan Canario de Vivienda. Tras redactar los proyectos y solicitar esa financiación, la petición fue rechazada”, detalla Roque.

Ante esa situación, el Ayuntamiento decidió asumir el proyecto con fondos propios, revisando tanto los costes como el proyecto para hacerlo viable.

“Con este acuerdo garantizamos la financiación necesaria para sacar adelante esta promoción y seguimos avanzando en nuestra política de incremento del parque público de vivienda, con más de 400 viviendas en marcha, a las que ahora se suman estas 115”, añade.

La actuación cuenta con una inversión total de 24,7 millones de euros, de los que 440.668 euros corresponden al ejercicio de 2026, 10,38 millones a 2027 y 13,89 millones a 2028.

Esta promoción forma parte de la estrategia municipal para incrementar el parque público de vivienda y favorecer el acceso a una vivienda digna y asequible, dando respuesta a una de las principales demandas sociales de la ciudad, subraya el Consistorio.

El Gobierno de Canarias se resiste a facilitar información sobre el episodio de contaminación marina registrado en Telde a finales del año pasado, en el que murieron 2.500 toneladas de lubinas en las jaulas de Aquanaria y que provocó el cierre de 17 playas del sureste de Gran Canaria. Las del municipio teldense permanecieron clausuradas cerca de dos meses.

En una resolución firmada el 14 de julio, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), rechaza entregar las actas del Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA), activado entre el 6 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025 (tiempo en que duró la crisis), pese al requerimiento de la Comisionada de Transparencia a principios de este mes.

Transparencia había estimado previamente una reclamación de Canarias Ahora contra otra resolución denegatoria del Ejecutivo regional, que entonces se negó a facilitar esa documentación con el argumento de que su difusión podía perjudicar la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona para depurar responsabilidades.

La Comisionada, sin embargo, fue clara: la jurisprudencia nacional y europea solo permite denegar el acceso a información elaborada de forma específica y exclusiva para un procedimiento judicial, como informes periciales o escritos de defensa. No ocurre lo mismo con documentos de naturaleza “claramente administrativa”, como las actas del PLATECA y los informes elaborados por la propia Administración durante el episodio.

Pero ante el requerimiento de Transparencia, el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, sostiene ahora que las actas del PLATECA “no existen” y que tampoco entregará los informes de seguimiento. El Ejecutivo argumenta que estos últimos fueron facilitados a la Guardia Civil el 9 de enero y que, por tanto, “no hay nada que aportar”.

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas defiende que el PLATECA es un órgano “estrictamente deliberante, que no adopta acuerdo alguno, ni informe preceptivo o facultativo, ni tampoco se somete a votación un parecer conjunto”.

En su resolución, explica que se trata de un órgano de apoyo con las siguientes funciones: asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas en la emergencia; dar apoyo técnico para las decisiones del director del plan; encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente; recabar información del centro de coordinación; y analizar y valorar las situaciones de emergencia.

“No existen actas (…) por no tener carácter vinculante alguno para el ejercicio de la dirección del Plan, solo de conocimiento e información, con la consiguiente coordinación entre las administraciones intervinientes”, agrega el Ejecutivo.

El departamento dirigido por Miranda reconoce, no obstante, que las deliberaciones o sesiones sí pueden ser grabadas, pero que son confidenciales. Y admite que se equivocó al no advertir desde el principios que las actas del PLATECA no existían, “lo que debió manifestarse en su momento”.

El Gobierno defiende la ausencia de actas de acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero no queda claro que esa norma le ampare.

La Ley 40/2015 recoge en su artículo 20.1 que los órganos colegiados son todos aquellos integrados por tres o más personas a los que se les atribuyen funciones de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. El comité del PLATECA, al ser un comité asesor y de apoyo técnico, entra de lleno en esta categoría.

La propia Comisionada cita expresamente el artículo 18.1 de la Ley 40/2015, que establece que “de cada sesión que celebre el órgano colegiado, se levantará acta por el secretario”. También recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que las actas de las reuniones de estos órganos no tienen que recoger las opiniones de sus miembros, sino “los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”.

La ausencia de actas impide conocer qué se debatió en las reuniones del PLATECA mientras las playas de Telde permanecían cerradas por la contaminación marina, calificada por el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, como probablemente “el atentado ambiental más importante en medio marino del planeta” en 2025.

Con respecto a los informes de la crisis, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hace una interpretación restrictiva de la resolución de la Comisionada de Transparencia. Esta señala que los informes requeridos expresamente por la Fiscalía durante una investigación no tienen por qué ser facilitados, pero sí pueden entregarse aquellos que las administraciones ya hubieran elaborado con anterioridad y de forma independiente al procedimiento.

Pese a ello, el Gobierno ha rechazado facilitar los informes de seguimiento y control elaborados durante el episodio de contaminación marina, que eran “independientes” y procedían de distintas instituciones para aportar información sobre lo ocurrido, según una fuente presente en las reuniones del PLATECA.

La Consejería argumenta que esos documentos fueron entregados a agentes de la Guardia Civil, bajo la autoridad de la Fiscalía, el 9 de enero de 2026, durante una reunión presencial celebrada en la Dirección General de Pesca, en Las Palmas de Gran Canaria. Añade que esa información se incorporó a las diligencias que el Ministerio Público venía desarrollando y concluye que, por tanto, “no hay nada que aportar”.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Noel Armas considera que el Gobierno de Canarias ha realizado un “cumplimiento ficticio” de la resolución de la Comisionada de Transparencia que le exigía entregar la documentación.

Armas se muestra sorprendido de que un órgano “estrictamente deliberante” como el PLATECA reconozca que no deja por escrito el contenido de sus reuniones y lamenta que “no termine de calar la idea de la transparencia”. Más aún, señala, en un caso relacionado con información ambiental, que cuenta con una protección reforzada y un régimen específico de acceso a través del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha valorado este jueves la decisión de la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, de abandonar su formación política, quien ha señalado que había dejado de participar en la vida interna del partido “desde hace aproximadamente dos años”, aunque ha mantenido su labor en el plano institucional.

Minerva Alonso confirmó ella misma a este periódico esta semana que abandona Nueva Canarias después de casi veinte años de militancia. No obstante, la consejera no explicó los motivos de su marcha ni si está relacionada con un posible ingreso en Municipalistas Primero Canarias, formación hacia la cual han transitado otros compañeros del grupo de gobierno insular, como Teodoro Sosa o Raúl García Brink. “Sigo comprometida con esta isla y con mi responsabilidad como consejera de Desarrollo Económico”, se limitó a comentar en respuesta a las preguntas de Canarias Ahora.

Por su parte, Luis Campos dijo que “el partido lo afronta de la misma manera que lo ha afrontado en los dos últimos años en los que Minerva Alonso no ha estado participando en la vida del partido. Esta baja, digamos, es la constatación de una realidad que venía, como digo, produciéndose desde hace más de dos años. Está haciendo una labor en el plano institucional, pero la vida orgánica del partido la había dejado en realidad desde hace, como digo, pues aproximadamente dos años, ni en el ámbito local ni en el ámbito de la dirección nacional”, apuntó el secretario general de la formación en rueda de prensa.

Campos aseguró que la marcha no ha sorprendido a la organización y recordó que Alonso ya no estuvo presente en el último congreso ni formó parte de los órganos nacionales. Añadió que la baja fue comunicada personalmente y por escrito hace cerca de un mes, por lo que subrayó el “máximo respeto” a su decisión.

Además, el dirigente de Nueva Canarias aprovechó para destacar que el partido sigue centrado en su crecimiento y expansión territorial. Citó como ejemplo la incorporación de 16 nuevos afiliados en Gran Canaria durante la última semana y la reciente constitución del comité local de Santa Cruz de Tenerife, así como los próximos pasos previstos en Adeje, Tinajo, Arucas e Icod de los Vinos.

También defendió los acuerdos alcanzados en distintas islas y municipios, entre ellos la alianza con Hablemos Ahora en San Bartolomé de Tirajana y el pacto con Asambleas Municipales de Fuerteventura y Juntos por Pájara para concurrir de forma conjunta al Cabildo y al Parlamento. Según Campos, NC-BC continúa reforzando su implantación insular y trabajando “centrado en los problemas de la gente”.

El PSOE de Canarias Canarias ha celebrado como un “triunfo de la lucha ciudadana” la decisión del Gobierno de Canarias “de dar marcha atrás” en sus planes de cerrar las escuelas infantiles Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas de Gran Canaria, y haya anunciado este jueves que mantendrá abierta en esos centros un aula para niños y niñas de 2 a 3 años, aunque de manera “provisional”.

A través de un comunicado, la vicesecretaria portavoz y diputada regional socialista, Elena Máñez, ha señalado que confía en que el siguiente paso del Ejecutivo autonómico sea que la red de escuelas infantiles y su personal, dependientes de la Consejería de Bienestar Social, pase a integrarse en la Consejería de Educación.

Máñez ha recordado que el anuncio del cierre, realizado el pasado marzo por Bienestar Social, provocó una amplia contestación por parte de familias, trabajadoras, asociaciones vecinales y colectivos de los barrios de Salamanca y Zárate, respectivamente, a quienes el PSOE ha apoyado y acompañado desde el primer momento. “Se demuestra que la movilización sirve y que defender los servicios públicos merece la pena. Este ha sido un triunfo de la lucha ciudadana”, ha afirmado.

La portavoz y diputada socialista asegura que la consejera Candelaria Delgado ha intentado justificar el cierre apelando a la caída de la natalidad, “mientras que durante estos años ha permitido el deterioro de las escuelas infantiles dependiente de su departamento”.

Elena Máñez ha recordado que el grupo parlamentario Socialista impulsó el pasado 29 de abril una Proposición No de Ley (PNL) para mantener abiertas estas dos escuelas e iniciar el traspaso del conjunto de las escuelas infantiles a la Consejería de Educación, incluyendo a sus trabajadoras.

La iniciativa fue aprobada pese al voto en contra de Coalición Canaria y Partido Popular

En este sentido, Máñez ha destacado el valor “de la política útil” desde el Parlamento de Canarias y el trabajo desde la oposición, que también es capaz “lograr conquistas sociales para el conjunto de la ciudadanía y defender la justicia social”.

Asimismo, la dirigente socialista ha reconocido el trabajo realizado por las familias, las asociaciones vecinales y los comités de empresa, junto a las iniciativas impulsadas por el Partido Socialista.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha calificado este jueves al Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y Partido Popular como un “fracaso absoluto”, en una legislatura que ve “perdida” debido a la falta de respuesta a los principales problemas de la sociedad canaria, que lejos de mejorar, considera se han agravado.

Así lo ha asegurado el secretario general de NC-BC, Luis Campos, en una rueda de prensa en la que ha querido hacer un balance de los tres años de legislatura del actual Gobierno de Canarias, señalando que se encuentra en medio de una crisis institucional por el choque entre los dos socios debido a la propuesta de financiación autonómica (CC la apoya, y el PP, no).

El también portavoz de NC en el Parlamento ha dicho que esta crisis institucional en el seno del Gobierno coincide con una “crisis canaria para la mayoría social” de las islas, por los problemas que empeoran ante la falta de soluciones más allá de los “titulares”.

Se cumplen “tres años del Gobierno más ineficaz de la historia de esta tierra”, según Campos, que lamenta la baja ejecución presupuestaria que ha tenido, “la peor de la historia de Canarias” y también que sea el que más fondos comunitarios ha perdido y tendrá que devolver a Europa. Son ya más de 3.400 millones de euros de los presupuestos que se han quedado sin usar y casi 200 millones los fondos europeos que habrá que reenbolsar por no haberles tampoco dado salida.

Entre los problemas que, a su juicio, se han visto agravados en esta legislatura “perdida”, se encuentra como elemento central el de la vivienda.

“Sin duda alguna, la vivienda, el mayor fracaso de este Gobierno”, ha opinado Campos, quien atribuye a la falta de acción del Ejecutivo de CC y PP que sea “habitual” en el archipiélago ver de nuevo “cuevas, chabolas, cuarterías o caravanas como soluciones habitacionales”, sobre todo entre funcionarios que tienen que desplazarse a otra isla para trabajar.

Un acceso a la vivienda que se ha vuelto “imposible” para la gran mayoría de la población canaria y que, en definitiva, supone “un derecho absolutamente quebrado”.

Problemas en sanidad y educación

Desde NC también han alertado sobre “fracasos” en la gestión de la política sanitaria y educativa por parte del Ejecutivo “de las derechas canarias”.

En materia de sanidad, ha indicado Campos que pese a inyectar 1.000 millones de euros en las cuentas, la atención sanitaria “está peor que hace tres años”, con un servicio de Urgencias “colapsado” y tensiones laborales que llegan a los médicos, los técnicos de ambulancias o al personal sanitario de las gerencias y su negativa a seguir haciendo horas extra por los recortes.

Los recursos que han inyectado de más, ha agregado el líder de NC, “se han ido por el sumidero”.

En cuanto a la materia educativa, ha destacado que en un momento en el que se tienen “más recursos que nunca”, se sigue incumpliendo la legislación regional, alejándose cada vez más del umbral del 5% del presupuesto invertido en educación (un porcentaje obligarorio según la Ley Canaria de Educación y que estuvo a punto de alcanzarse durante la pasada legislatura), y en medio de un “malestar enorme” entre la comunidad educativa.

“Dentro del ámbito educativo, abandono de los más vulnerables, de los que más apoyo necesitan, de los que más recursos necesitan. Presumen de hablar de una escuela inclusiva cuando en realidad es la antítesis cuando nos acercamos a sus aulas, sin apoyo, sin recursos humanos, sin recursos materiales”, ha afeado Campos.

Unas críticas que también ha extendido a la dependencia, donde hay “mucha propaganda, pero no soluciones”, y al reto demográfico, donde se han creado “muchas mesas técnicas”, pero luego no se ha puesto en marcha ni una sola medida para afrontarlo.

Finalmente, en lo que a lo puramente económico se refiere, Campos ha defendido que en aquello que no depende del Gobierno canario, las islas van “como una tralla”, pero que luego se tienen los salarios “más bajos de todo el Estado” y con una política fiscal “que roza la extrema derecha”.

En definitiva, ha concluido el líder de NC, este Gobierno ha sido “útil para los más ricos de esta tierra”, pero que se ha mostrado “absolutamente inútil para la inmensa mayoría social de la gente que vive en Canarias”.

La ampliación del estadio de Gran Canaria para que acoja una de la sedes del Mundial de Fútbol de 2030 saldrá a licitación de nuevo en agosto por 234 millones de euros, casi 60 millones por encima de su presupuesto inicial (+34 %), ha anunciado este jueves el Cabildo de la isla.

La obra quedó desierta hace unas semanas, ya que ninguna constructora estaba dispuesta a afrontarla por un coste de 174,7 millones y unas condiciones de trabajo que incluían permitir que siguiera utilizando regularmente el estadio la UD Las Palmas, club que cofinancia la reforma con una aportación de 60 millones.

Ahora, se suman también el Gobierno de Canarias, con 25 millones, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con otros 15 millones. Con ello, queda una diferencia por cubrir de 19,3 millones de euros a cargo del Cabildo de Gran Canaria, que asegura que ya negocia que también participe el Gobierno de España.

La ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria cuenta con un plazo de ejecución estimado de 36 meses -tres años-, que dejaría la finalización de los trabajos para el año 2029 en caso de que se iniciaran este mismo año. El Mundial se disputa en el verano de 2030.

El proyecto, que se sacó a concurso en la plataforma de contratación del sector público del Estado el pasado 3 de junio, contempla actuar sobre el Estadio de Gran Canaria, que actualmente cuenta con un aforo de 32.400 personas, para ampliar esa capacidad hasta los 41.854 espectadores.

La idea, además de ampliar su capacidad, es también dotarle de una mayor funcionalidad y de tecnología de última generación.

En materia de movilidad, el proyecto reorganiza el sistema de aparcamientos, alcanzando un total de 597 plazas, con posibilidad de ampliación hasta 623, e incorpora la conexión funcional con un aparcamiento colindante de al menos 3.500 plazas destinado a grandes eventos.

Nueva Canarias ha pedido a Javier Romero que entregue su acta en el Ayuntamiento de Mogán después de que el concejal haya anunciado este miércoles que abandona la formación canarista para incorporarse a Primero Canarias.

El secretario de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Mogán, el también edil Juan Manuel Gabella, ha recordado que Romero se había comprometido en los órganos locales a entregar el acta en caso de ise a otro partido. Lo hizo en una ejecutiva local celebrada en el verano de 2025, pocos días después de acudir a un acto de Primero Canarias.

Los canaristas han expresado su “más profundo rechazo” a una “actitud tránsfuga” que, “además de traicionar a los votantes que depositaron su confianza en NC-BC, ha traicionado la confianza que los compañeros de la organización depositaron en él”.

“Hoy parece que este compromiso (el de entregar el acta) no lo tiene muy claro”, señala una nota difundida por NC. En ella, la formación canarista señala que Gabella se ha reunido este miércoles con Romero tras conocer a través de los medios de comunicación su incorporación a Primero Canarias y que el concejal le ha pedido tiempo “para meditarlo y formular una respuesta en el mes de agosto”.

Al ser preguntado por su decisión, Romero ha señalado a Canarias Ahora que llevaba tiempo pensando en desvincularse de NC “y en parte de la política”.

En referencia al compromiso adquirido en los órganos internos de Nueva Canarias, el concejal reconoce que el partido le pidió el acta “desde el primer momento”. “Y a mí me parecía bien a unos meses de finalizar la legislatura que otro compañero viviese la experiencia”, precisa.

Sin embargo, el edil fichado por Primero Canarias para liderar su Asamblea Local en Mogán desliza que no entregará el acta. “También creo que me debo a los votantes a los que dije que estaría hasta el final, luchando por el interés general. Yo no voy a cambiar mi lucha ni mis objetivos y tengo muchos temas y expedientes pendientes”, sostiene Romero, que recuerda que en las elecciones de mayo de 2023 fue cabeza de lista del partido que ahora abandona.

Primero Canarias anunciaba a primera hora de este miércoles la incorporación del concejal moganero (exdirector de la televisión pública del municipio sureño) al proyecto que lideran Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, regidor de Agüimes.

“Supone un importante respaldo a la creación de la asamblea local de Primero Canarias en Mogán, así como a la conformación de la candidatura municipalista al Ayuntamiento de Mogán de cara a las elecciones del próximo año 2027”, señalaba.

“Conductas corruptas y antidemocráticas”

Para Gabella, es “especialmente grave” que “quien hoy pide tiempo para meditar si entrega o no el acta defendiera en el seno de Nueva Canarias el compromiso de devolverla cuando un concejal abandonara la organización para integrarse en otra formación política”.

“Alejarse de esas posiciones es adentrarse en conductas corruptas y antidemocráticas, contrarias a toso aquello por lo que NC-BC lleva trabajando en el municipio de Mogán durante más de dos décadas. Es una traición a los votantes, a los valores, a las personas que han colaborado con la formación política y es hacerle el juego a quienes ven la administración pública como un negocio”, concluyen los canaristas.

El sector público canario ha alcanzado una nota media global de 8,87 puntos sobre 10 en la evaluación de sus portales de transparencia correspondiente al año 2025, lo que supone la calificación más alta registrada desde la implantación de este sistema de control estatal y autonómico, según ha publicado este miércoles en su portal el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

Esta evaluación analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en 414 entidades sujetas a la normativa regional, es decir, la información que las entidades públicas deben publicar en sus portales web y que está sujeta a evaluación conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Asimismo, las entidades evaluadas pertenecen al gobierno autonómico, cabildos insulares, ayuntamientos, mancomunidades, universidades y su sector público dependiente, así como a las corporaciones de derecho público.

Según el Comisionado, los resultados reflejan una “mejora significativa” del nivel de transparencia del conjunto del sector público canario, que alcanza una nota media global de 8,87, frente al 8,44 obtenido en la evaluación anterior, consolidando la tendencia de mejora en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

De las 414 entidades convocadas, 383 (92,5%) cumplieron con la presentación para su evaluación, mientras que 31 entidades (7,5%) incumplieron esta obligación.

Asimismo, 275 entidades (71,8%) presentaron alegaciones durante el procedimiento de evaluación, lo que pone de manifiesto el elevado grado de participación y colaboración con el proceso de revisión.

En cuanto a los resultados obtenidos, 365 entidades (95,3%) superaron la evaluación, frente a 18 (4,7%) que no alcanzaron la puntuación mínima exigida.

Además, 148 entidades lograron la máxima calificación posible (10 puntos), un incremento muy significativo respecto a las 90 que alcanzaron esta puntuación en la evaluación anterior.

El portal de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma obtiene una puntuación de 9,17, superior al 9,02 alcanzado en la evaluación anterior.

Por sectores de actividad administrativa, las mancomunidades han registrado el mayor incremento, al pasar de una nota media de 7,72 a un 9,39, seguidas por las universidades públicas y sus entes dependientes, que escalan de un 8,90 a un 9,23.

La administración del Gobierno autonómico ha mejorado su valoración media de un 8,85 a un 9,10, las corporaciones de derecho público de un 8,43 a un 8,99 y las administraciones locales o ayuntamientos han elevado su promedio de un 8,12 a un 8,71.

Los cabildos insulares, por su parte, han experimentado una progresión positiva en sus registros al pasar de una puntuación media sectorial de 8,87 a un 8,92.

Sin embargo, apesar de estos avances en la difusión de datos en portales web, el Comisionado de Transparencia ha advertido de que la principal asignatura pendiente de las instituciones sigue siendo el silencio administrativo ante las peticiones directas de la ciudadanía.

“Garantizar el derecho de acceso no consiste únicamente en publicar información en los portales de transparencia, sino también en responder en plazo a las solicitudes que presenta la ciudadanía”, señala la Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal.

El PSOE criticó este miércoles la actitud de la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, y del Partido Popular (PP) de Canarias ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, un “pacto histórico” que permitirá al Archipiélago disponer de 1.337 millones de euros adicionales al año para reforzar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y el conjunto de los servicios públicos esenciales.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, aseguró que la ausencia de la consejera de Hacienda el día en que se alcanzó este acuerdo “no fue una casualidad, sino una decisión política que retrata la incomodidad del Partido Popular ante un éxito para Canarias que desmonta su estrategia de confrontación”.

“El día en que Canarias logra el mayor avance en financiación autonómica de las últimas décadas, la consejera de Hacienda desaparece. Después de semanas descalificando la propuesta del Estado y calificándola de discriminatoria, el Partido Popular prefiere esconderse antes que reconocer un acuerdo histórico para Canarias. Cuando tiene que elegir entre defender a Canarias o seguir la estrategia de Feijóo, siempre acaba obedeciendo a Feijóo”, denunció.

Un acuerdo que blinda el REF

El portavoz socialista recordó que fue la propia Matilde Asián quien encabezó el rechazo inicial del Gobierno autonómico a la propuesta del Estado. Sin embargo, la negociación permitió incorporar las principales reivindicaciones de Canarias, entre ellas la exclusión definitiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación y una mejora de 1.337 millones de euros anuales para la comunidad autónoma.

“Mientras el Gobierno de España negociaba y atendía las reivindicaciones de Canarias, el PP se dedicaba a intentar desacreditar un acuerdo que hoy el propio Gobierno de Canarias reconoce como beneficioso. Esa contradicción tiene una explicación muy sencilla: el PP ha antepuesto una vez más los intereses de su partido a los intereses de esta tierra”, destacó.

Franquis también afirmó que la actitud del PP canario vuelve a demostrar que “carece de autonomía política” y que, “cuando los intereses de Canarias chocan con la estrategia política de Alberto Núñez Feijóo, sus dirigentes siempre acaban mirando hacia Génova”.

En este sentido, recalcó que “el Partido Popular ha sido incapaz de defender con convicción un acuerdo que beneficia objetivamente a Canarias porque su dirección nacional ha decidido combatir cualquier iniciativa del Gobierno de España, aunque eso suponga perjudicar a los canarios. Esa es la verdadera explicación del silencio y de la ausencia de la consejera”.

El portavoz socialista lamentó que el PP haya pasado “de rechazar el acuerdo a esconderse cuando llega el momento de respaldarlo”.

Para Franquis, la política “exige coherencia. Si el Partido Popular consideraba que este acuerdo era tan negativo como afirmó durante semanas, debía mantener esa posición y asumir sus consecuencias. Lo que no resulta aceptable es intentar boicotear un acuerdo histórico y desaparecer cuando se demuestra que es un éxito para Canarias”.

Además, destacó que el acuerdo alcanzado constituye “un hito para el Archipiélago”, al reconocer expresamente las singularidades de Canarias en el nuevo sistema de financiación, blindar el REF fuera del modelo, garantizar 1.337 millones de euros adicionales al año y ampliar la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma para fortalecer los servicios públicos.

“Los socialistas canarios siempre hemos defendido que Canarias merece una financiación justa, adaptada a su realidad y respetuosa con sus singularidades. El acuerdo alcanzado con el Gobierno de España da respuesta a esa reivindicación histórica: blinda el REF fuera del sistema de financiación, garantiza 1.337 millones de euros adicionales cada año, y proporciona a nuestra comunidad más recursos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, explicó.

En su opinión, este acuerdo demuestra que, cuando el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias trabajan con lealtad institucional, diálogo y voluntad de acuerdo, quien gana es Canarias. “Hoy protegemos el REF, garantizamos una financiación más justa y abrimos nuevas oportunidades para fortalecer los servicios públicos. Esa es la política útil que defendemos los socialistas: la que pone por delante los intereses de Canarias”.

Franquis afirmó que “los ciudadanos sabrán distinguir entre quienes trabajaron para que Canarias dispusiera de más recursos y quienes intentaron desacreditar un acuerdo que hoy beneficia a todos los canarios”.

“La imagen de la consejera de Hacienda ausente el día en que Canarias logró uno de los acuerdos más importantes para su futuro económico y social quedará como el mejor reflejo de un Partido Popular, incapaz de celebrar una buena noticia para Canarias porque suponía reconocer el éxito de un acuerdo impulsado con el Gobierno de España”, afirmó.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. En el caso de Canarias, la cifra asciende a 7.850 millones de euros en 2027, un 7,8% más que este año.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada.

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central, resalta el Ministerio. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación, recuerda.

En el caso de Canarias, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 7.650 millones, un 7,8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno canario había contado con tantos recursos”, señala Hacienda.

El ministro, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas” y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

611 millones adicionales para las Islas

Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 611 millones adicionales para Canarias.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Canarias asciende a 3.259 millones.

Nuevamente, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha abandonado Nueva Canarias después de casi veinte años de militancia, según ha confirmado ella misma a este periódico.

Alonso no ha querido explicar los motivos de su marcha ni si está relacionada con un posible ingreso en Municipalistas Primero Canarias, formación hacia la cual han transitado otros compañeros del grupo de gobierno insular, como Teodoro Sosa o Raúl García Brink. “Sigo comprometida con esta isla y con mi responsabilidad como consejera de Desarrollo Económico”, se limitó a comentar en respuesta a las preguntas de Canarias Ahora.

Minerva Alonso se había mantenido hasta ahora dentro del bloque mayoritario de gobierno, incluso firmó en octubre de 2025 el correspondiente escrito para promover el cambio en la portavocía del grupo político de Nueva Canarias una vez Teodoro Sosa, que hasta entonces la ocupaba, lideró la rebelión interna en la coalición electoral para ser uno de los principales promotores de Primero Canarias. Tras esa decisión, el portavoz pasó a ser Carmelo Ramírez.

Minerva Alonso es maestra de Educación Especial y especialista en Audición y Lenguaje. Ha sido concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde y hasta ahora era la responsable de la Secretaría de Educación del partido que ahora abandona.

El pleno del Tribunal de Cuentas del Estado ha advertido de la existencia de “significativas carencias de control interno” en la gestión de las retribuciones de los miembros de los gobiernos locales de seis grandes ayuntamientos españoles, señalando la necesidad de reforzar la prevención ante eventuales conflictos de intereses y mejorar la fiscalización de las declaraciones de bienes y actividades de los cargos electos.

Según ha informado el propio Tribunal de Cuentas a través de una nota de prensa, la fiscalización, que analiza el ejercicio 2024 en los consistorios de Alicante, Bilbao, Córdoba, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria, concluye que, si bien existe un “nivel aceptable de cumplimiento legal”, se identifican “amplios márgenes de mejora” en la regulación, integridad y transparencia de estas percepciones.

Según el informe, los alcaldes y concejales de estos municipios percibieron un total de 9,3 millones de euros en retribuciones, además de 363.357 euros en asistencias y 134.245 euros en indemnizaciones por razón del servicio. Aunque los ayuntamientos respetaron los límites máximos legales, el Tribunal de Cuentas subraya deficiencias en el control del “régimen de incompatibilidades o acumulación de cargos en las entidades instrumentales”.

Limitación por datos tributarios

Asimismo, el organismo ha destacado que su labor se vio condicionada por una “limitación al alcance”, al no haber podido acceder a la información tributaria necesaria para contrastar posibles “situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses”.

Por ello, el informe plantea la necesidad de “revisar el marco jurídico vigente para facilitar el acceso a esta información” cuando sea requerida para funciones fiscalizadoras.

El Tribunal pone de relieve que el desarrollo normativo local sobre el estatuto económico de estos cargos “continúa siendo incompleto y desigual”, detectando también un cumplimiento dispar de las obligaciones de transparencia y la necesidad de avanzar hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la dirección de las entidades instrumentales.

Ante esta situación, el Tribunal formula recomendaciones para lograr una gestión “más homogénea, transparente y con mayores garantías”, instando a las entidades locales a fortalecer las políticas de integridad y mejorar los sistemas de control interno sobre las percepciones de sus representantes.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha cuestionado este martes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por “inflar y magnificar” el acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica anunciado junto al Gobierno estatal, con la falta de su socio, el Partido Popular, en la reunión del lunes, al igual que no iba a estar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debía celebrarse el miércoles, pero que finalmente ha quedado suspendido y aplazado a septiembre. Ausencias que para el secretario general nacional y portavoz del grupo, Luis Campos, “evidencia” la crisis que atraviesa el gabinete del líder del Ejecutivo regional.

En este contexto, Campos criticó a Clavijo por presentar el acuerdo como un logro “histórico” cuando la mejora respecto a la propuesta anterior “es de 200 millones de euros”.

Campos valoró con cautela el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Canarias y del Estado, a la espera de conocer el texto definitivo de la reforma. Recordó que NC-BC ya defendió que la propuesta inicial suponía una mejora del sistema vigente y reiteró que la anunciada ahora también mejora la financiación de Canarias. Pero rechazó el triunfalismo de Clavijo.

Es evidente, según afirmó, que disponer de 1.300 millones de euros adicionales supone un mejor sistema que el actual. Pero “también dijimos en NC-BC hace meses que lo era cuando la mejora prevista era de 1.100 millones de euros. ”No se puede pasar de hablar de un maltrato histórico a Canarias“, como hizo CC, al presentar ”prácticamente el mismo acuerdo como un acontecimiento histórico solo porque haya 200 millones más“, denunció.

El responsable de la organización nacionalista destacó que la futura reforma de la ley recoja expresamente la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica aunque esa desvinculación, ha añadido, ya estaba garantizada por el Estatuto y por la Ley del REF, aprobados en 2018.

Por otro lado, también valoró la mejora anunciada en el factor de insularidad, aunque advirtió de que continúa sin recuperarse plenamente y se ha referido a los recursos previstos en el denominado fondo de dinamización al recordar que continúan situándose fuera del sistema ordinario de financiación.

Es positivo, añadió, que esos recursos sean ahora de libre disposición, algo que NC defendió desde el primer momento. Pero siguen siendo fondos ajenos al sistema de financiación, exactamente igual que antes.“

Para Campos, el desarrollo de la negociación ha dejado al descubierto una grave crisis política dentro del Gobierno. “Es muy grave que Fernando Clavijo acepte gobernar con un socio que no respalda una de las decisiones que él mismo ha calificado como de las más importantes para Canarias.”

En otro orden de temas, para campos es “muy poco serio y difícilmente sostenible” que Matilde Asián no acudiera al CPFF alegando vacaciones y fuese a ser sustituida por otra consejera de CC del Ejecutivo. “Si el acuerdo es tan histórico,” como afirma Fernando Clavijo, resulta “incomprensible” que la consejera competente “no lo defienda personalmente” y que el vicepresidente del Gobierno “también haya permanecido al margen. Esa imagen proyecta una evidente crisis dentro del Ejecutivo.”

Dijo, además, que previsiblemente los diputados y senadores del PP, incluidos los representantes canarios, votarán en contra cuando la reforma llegue a las Cortes Generales.

Para el secretario general de NC-BC, si Fernando Clavijo sostiene que este acuerdo “hace justicia con Canarias y satisface las reivindicaciones históricas del Archipiélago, debe explicar cómo puede mantenerse un Gobierno cuyo vicepresidente y cuya consejera de Hacienda no lo respaldan y cuyo principal socio parlamentario votará en contra.”

CC cambia el discurso según le conviene

Luis Campos criticó la evolución del discurso de CC sobre la financiación autonómica y aseguró que Clavijo usa calificativos “grandilocuentes” en función de sus intereses políticos.

Hace apenas unos meses, recordó, Coalición Canaria se hablaba de “maltrato histórico y de infrafinanciación”. Ahora, “prácticamente con el mismo modelo y con una mejora de 200 millones de euros, se habla de un acuerdo histórico que hace justicia con Canarias”, denunció.

Como ejemplo, citó el cambio de posición de CC respecto a la condonación de la deuda autonómica. “Hemos pasado del 'Cataluña nos roba', de afirmar que los canarios iban a asumir la deuda del resto de comunidades, a votar favorablemente (Cristina Valido en el Congreso de los Diputados) la tramitación de la ley sin modificar una sola coma”. Es otro ejemplo de “cómo determinados discursos maximalistas desaparecen cuando dejan de ser políticamente útiles.”

Luis Campos recordó que Nueva Canarias-Bloque Canarista mantiene exactamente la misma posición que defendió en el Parlamento de Canarias, con la aprobación el 28 de febrero de 2024 de una propuesta impulsada por NC. Recogía una condonación de 4.385 millones de euros, en lugar de los 3.259 millones del proyecto de ley. “Otros han cambiado de criterio. Nosotros no”, subrayó el secretario general nacional.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de la construcción del muelle adosado al dique Reina Sofía sur, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria, por un valor estimado de 45,3 millones de euros, según ha informado el Gobierno central.

Esta obra permitirá al puerto ganar 335 metros de línea de atraque con 20 metros de calado y 16.000 metros de explanada, destinado principalmente a mercancía general.

El nuevo muelle se situará se sitúa en prolongación de la alineación del dique existente al sur, se indica en un comunicado.

A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas bajo la línea de inversión denominada “Muelle Adosado dique Reina Sofia Sur’” dentro del epígrafe denominado “Ampliación Reina Sofía” y pueden ser parcialmente financiadas con fondos europeos.

Ese Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en el puerto de Las Palmas por más de 350 millones de euros, de los que 286 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda, como el aprobado este martes.

Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 41,5 millones de euros dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes y casi 15 millones para reforzar la seguridad.

Además, están previstas inversiones por 5,8 millones de euros para la mejora de los accesos que incrementen la conectividad del puerto, y 3,3 millones para actuaciones puerto-ciudad.

Los puertos del Estado en Canarias son los quintos en volumen de inversión, con más de 600 millones de euros destinados a mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento, según el plan ‘Horizonte 2030’ para el sistema portuario de titularidad estatal, asegura el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes subvenciones por un importe total de 110 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dotar los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura. En el caso de las Islas, recibirán 45 millones de euros.

Como ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta del cual se ha aprobado esta medida, el Plan de Empleo de Andalucía contará con una subvención de 50 millones de euros, y el de Extremadura contará con 15 millones de euros.

Estos planes integrales, explica Trabajo, tienen como objetivo hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de estos planes, que podrán extenderse durante 2027, así como la aportación en 2026 citada para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas.

Los planes tendrán, entre otros, los objetivos de generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad de la población activa; fomentar la inclusión y diversidad; y potenciar y consolidar los sectores estratégicos.

También, estimular la transformación digital; mejorar los servicios públicos de empleo; e impulsar mecanismos de transparencia que permitan hacer el seguimiento de los procesos de forma fácil y accesible.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, por un importe de 53,9 millones de euros.

Esta licitación supone una modificación al alza del valor estimado inicial del contrato (40 millones) al declararse desierto el concurso el pasado 27 de abril por ausencia de concurrencia, según ha informado en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Este puerto fue inaugurado en 2018 por el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con la promesa de generar miles de puestos de trabajo y estar a pleno rendimiento en 2020. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido aún. La obra tardó 17 años en ejecutarse, pues tuvo enfrente una de las mayores luchas en Canarias por la protección de la naturaleza y en contra del despilfarro de dinero público. La sociedad civil logró que las dimensiones del macropuerto se redujeran hasta la tercera parte del proyecto previsto inicialmente y que no se pudiera destinar a albergar una regasificadora para introducir el gas como combustible en la Isla. En la actualidad, el puerto de Granadilla continúa “inacabado”, tal y como ha reconocido la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y registra escasos trabajos porque “no es posible que esté en disposición de acoger la actividad que alberga un puerto completamente ejecutado”.

El puerto de Granadilla, señala el Gobierno central, es el último de nueva planta construido en España dentro de los puertos de interés general y tiene como objetivo operar de forma complementaria al de Santa Cruz de Tenerife, completando de esta forma el servicio portuario al conjunto de la isla de Tenerife.

Está diseñado para recibir buques de gran calado y operaciones logísticas a gran escala e incluye también un área industrial anexa, lo que le convierte “en un nodo logístico clave en el Atlántico”.

La obra que se autoriza ahora permitirá construir los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera, permitiendo el pleno funcionamiento del puerto de Granadilla.

En concreto, el tramo que resta por ejecutar es el comprendido entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final situado al sur, y se ejecutará con 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora cimentados a la cota -18 metros y sendos cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.

Las obras correspondientes a este proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife bajo la línea de inversión denominada Cierre y habilitación del muelle de Ribera, dentro de las inversiones del puerto de Granadilla y cuentan con financiación parcial procedente de fondos europeos Feder 2021-2027.

El Plan de Inversiones 2025-2029 de Puertos del Estado contempla actuaciones en los puertos de Tenerife por más de 250 millones de euros, de los que 175 millones se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda, como el aprobado hoy.

Al impulso a la sostenibilidad se destinarán 47,5 millones de euros dentro del compromiso del sistema con puertos más verdes.

Además, están previstas inversiones por más de 20 millones de euros para actuaciones puerto-ciudad.

Los puertos del Estado en Canarias son los quintos en volumen de inversión, con más de 600 millones de euros previstos en el periodo 2025-2029 según el plan Horizonte 2030 para el sistema portuario de titularidad estatal.