Nuevas Generaciones (NNGG) de Tenerife tiene nueva presidenta, Gara García, cuya proclamación ha tenido lugar hoy sábado en el XII Congreso insular celebrado en La Laguna.

García ha estado arropada por el presidente de los populares tinerfeños, Lope Afonso, la presidenta de Nuevas Generaciones de España, Bea Fanjul, y la presidenta regional de NNGG, Miriam Vega.

Acompañarán a la nueva presidenta de Nuevas Generaciones de Tenerife Daniel Montesdeoca como secretario, Miriam González como coordinadora insular, Saúl Pérez como responsable de organización, Alessandra de León, de movilización, Jesús Pérez, de comunicación, Nahuel Ceballos, de Educación, Quintín Rodríguez, de cultura y deportes, y Lucía Qing, de formación.

En un comunicado, el PP señala que el principal reto de la renovada dirección de NNGG de Tenerife es erigirse en “altavoz principal de los problemas reales que afectan a la juventud de la isla, asumiendo el desafío de conectarse, de forma efectiva, con las verdaderas necesidades de la juventud tinerfeña”.

Durante su intervención en el congreso, Lope Afonso ha pronosticado que con el equipo liderado por Gara García “vamos a demostrar que los jóvenes están preparados para liderar el cambio y aportar las soluciones que nuestra isla necesita”.

La recién proclamada presidenta ha dicho que la organización va a “estar en la calle, en cada municipio, para escuchar sus inquietudes reales, defender sus libertades y luchar sin complejos por el empleo, la vivienda y el futuro de oportunidades que nuestra generación merece. Es el momento de dar un paso al frente por Tenerife”, ha concluido. 

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, se ha sumado a las instituciones gobernadas por el PP que financian Estado de Alarma TV (EdaTV Consulting, S.L.) la televisión del ultra Javier Negre en la que trabajan, entre otros, el agitador Vito Quiles, constantemente señalado por acosar a las personas a las que dirige sus ataques este pseudomedio de la ultraderecha española.

Con fecha 1 de marzo de 2025, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra el comercial de inmobiliaria Jonathan Domínguez, de Coalición Canaria, le concedió un contrato menor de 14.995 euros (cinco euros por debajo del tope legal), que pasó a ser de 16.044,65 con los impuestos correspondientes. El objeto del contrato, según la plataforma de contratación del Estado fue “Campaña divulgativa de información e interés para la ciudadanía”, sin ninguna otra especificación.

El Gobierno ha atendido a una pregunta de este periódico sobre el alcance de tal campaña divulgativa con la siguiente respuesta: “Se trata de un contrato menor ajustado a normativa, como consecuencia de una oferta del propio medio, para la puesta a disposición del Gobierno de Canarias de un banner fijo, en periodo determinado, para la inserción de las campañas divulgativas o mensajes de interés para la ciudadanía que correspondan según programación”.

No ha concretado el Gobierno canario si esos banners ya fueron utilizados en el periodo especificado en el contrato (entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025), si se mantiene abierta esa posibilidad y, en caso de haber sido utilizados, a qué campaña o campañas concretas fueron destinados.

Según la misma plataforma de contratación del Estado, Eda TV alcanzó un importe de inversión publicitaria en el año 2025 por parte de la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno superior a la de otros medios locales del Archipiélago, como Canarias Ahora, que recibió de ese departamento 14.000 euros.

En ese pseudomedio se desempeña el comunicador Vito Zoppellari Quiles, que estos días ha vuelto a estar de actualidad por su modo de operar ante cargos públicos, periodistas o familiares de cargos públicos y periodistas. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado acciones judiciales contra él por atacarla en una cafetería de Madrid y acorralarla para evitar que pudiera salir a la calle. Con la excusa de preguntar acerca de asuntos de presunto interés público, Quiles asalta a las personas a las que pretende entrevistar, siempre de partidos políticos contrarios a la ultraderecha o trabajadores de medios de comunicación que tratan de ejercer su labor de manera libre o que son críticos con la derecha y la ultraderecha.

Su vinculación con el Gobierno de Canarias no ha venido de la mano del Partido Popular, como sí ocurre de manera recurrente con otras administraciones que contratan con Eda TV. Ha sido a través de un departamento controlado exclusivamente por Coalición Canaria, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, dependiente de Presidencia del Gobierno, la que ostenta Fernando Clavijo.

Unas jornadas de comunicación sobre “el universo online de las redes sociales”

El titular de esa viceconsejería es Jonathan Domínguez, una persona absolutamente ajena al mundo de los medios informativos hasta que le cayó encima este cargo, que le fue adjudicado porque su partido necesitaba sacarlo del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), a cuya alcaldía se presentó en las últimas elecciones, porque su presencia era incompatible con el acuerdo CC-PSOE que mantiene al frente de la Corporación al socialista Luis Yeray Gutiérrez.

Domínguez ha sido estos días el máximo protagonista de las II Jornadas Pedagógicas (sic) del Gobierno de Canarias, destinadas, según la información difundida por el Ejecutivo, a “la inteligencia artificial en la comunicación, la comunicación pedagógica en la gestión de las emergencias y en la prevención de ahogamientos en nuestras costas, y las herramientas emergentes de la comunicación: el universo online de las redes sociales (sic)”.

En la clausura de esas jornadas, Domínguez incidió en “la importancia de que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de exigir una información veraz y asegurar la libertad de expresión y la democracia”. Además, destacó la importancia de “hacer una labor pedagógica, en la que se fomente la formación y el debate entre todos los actores con el objetivo de evitar, en lo posible, el amarillismo, el impacto fácil y la viralidad sin credibilidad”, teniendo en cuenta que la información es un derecho amparado en la Constitución y que, en ocasiones, “puede salvar vidas”.

El Gobierno canario no es la única institución de las Islas que financia a este pseudomedio ultra. También lo hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, igualmente gobernado por CC y el PP. Lo ha hecho hasta el momento con una cantidad menor, 5.000 euros, pero con un expediente plagado de irregularidades: se contrató una campaña para promocionar el Carnaval de 2026 en Fitur una vez clausurada esa feria turística y utilizando piezas pretendidamente informativas que ya habían sido publicadas en 2025.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que ya ha presentado tres demandas contra Víctor de Aldama en relación con las acusaciones vertidas en el marco del caso Mascarillas y ha lamentado que formaciones políticas, en especial el PP, hayan “amplificado falsedades y difamaciones” sin pruebas.

Preguntado por los periodistas durante su participación en la manifestación por el Día del Trabajador en Las Palmas de Gran Canaria sobre la posibilidad de denunciar al empresario Víctor de Aldama, Torres ha afirmado que ya lo ha hecho “en tres ocasiones”: una primera iniciativa judicial presentada en 2024, una segunda que no pudo formalizarse por encontrarse la anterior en fase de instrucción, y una tercera que “está haciendo su recorrido desde hace bastante tiempo”.

El ministro ha subrayado que lo más grave no es que “alguien diga cualquier cosa sin pruebas”, sino que esas afirmaciones sean respaldadas y difundidas por “organizaciones políticas y otros foros”, algo que, a su juicio, “al final no se repara”.

En este sentido, ha señalado directamente al PP y ha afirmado que trasladó esta crítica a sus dirigentes en el Congreso de los Diputados.

En relación con las declaraciones de Koldo García sobre las llamadas “chistorras”, término con el que la UCO de la Guardia Civil asegura que el exasesor se refería a los billetes de 500 euros, Torres ha reiterado que el PSOE ha negado cualquier financiación ilegal y ha manifestado la intención del partido de personarse ante acusaciones que considera falsas.

El ministro ha recalcado que el proceso judicial se encuentra en sus “últimos días y horas” y que será la sentencia la que determine los hechos.

“Que la justicia llegue hasta el final”, ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la diferencia entre testigos y acusados dentro del proceso judicial.

“Los testigos están obligados a decir la verdad”, ha señalado, en referencia a empresarios que han declarado no conocerle ni haberse reunido nunca con él, pese a afirmaciones previas en sentido contrario.

También ha citado la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien aseguró como testigo que los contratos firmados por Canarias y Baleares durante la pandemia no presentan irregularidades.

“Los acusados pueden decir la verdad o no”, en función de su estrategia de defensa, ha añadido el ministro, antes de reiterar su confianza en que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.

“Que la verdad reluzca y que todos sepamos qué fue lo que realmente pasó”, ha concluido. 

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves, de forma inicial, el borrador del proyecto de la Ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ubicada en el perímetro entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa.

Ahora, el texto aprobado inicialmente pasará ahora a exposición pública durante un mes, periodo en el que se podrán presentar alegaciones. Una vez respondidas las aportaciones que se realicen, la ordenanza se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva, según ha precisado el consistorio capitalino en una nota de prensa.

La Ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones se materializa a través de un programa integral, financiado a través de los fondos europeos Next Generation con una partida de 12 millones de euros, que incluye, además de la ZBE, la adquisición de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, así como la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, y la red de movilidad personal.

Características

La Zona de Bajas Emisiones se ubica en el perímetro interior, comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías.

Las restricciones de acceso a dicho área se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas y no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, VMP y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite.

Las restricciones solamente se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006.

Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla un amplio número de exenciones para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito. Una ordenanza que no será de plena aplicación hasta 2029.

Inscripción en el registro

La exención a través del Registro Municipal de Vehículos se aplicará a los vehículos de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) del Ayuntamiento en el ámbito delimitado, así como los declarados registralmente por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o de sustitución.

Esta modalidad se hará extensiva también a los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, a los que realizan transporte público regular y taxis, así como los de los servicios públicos esenciales, de emergencias, de salud, de seguridad privada o aquellos que presenten servicios públicos básicos, como limpieza o suministros, entre otros.

A ellos se sumarán las grúas y coches de taller y auxilio en carretera.

Los vehículos vinculados a actos en la vía o espacios públicos, ocupaciones y reservas de espacio previamente autorizados, así como los que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 895/2024, de 10 de septiembre, se incluirán también dentro de las excepciones.

Autorizaciones de acceso

El acceso a la ZBE con autorización dedica una atención especial a los colectivos más vulnerables. En este caso, se permitirá el acceso a los vehículos de titulares que no pueden renovar el vehículo por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM, así como los de personas cuidadoras que acceden para la atender a mayores o dependientes empadronadas en la ZBE.

Por otro lado, se incluyen los vehículos de las personas integrantes de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa y cuyo domicilio esté ubicado en el interior de la ZBE, con un máximo de dos coches por unidad familiar, prohibiéndose el uso simultáneo de la autorización.

El acceso a las autorizaciones contempla los automóviles de los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE, con un máximo de tres por plaza de garaje, que no podrán hacer uso en simultáneo, así como los de los usuarios abonados de alguno de los parkings públicos ubicados en la zona.

También podrán acogerse los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local o mercadillo ubicado en la ZBE, así como los vehículos comerciales destinados a la distribución urbana de mercancías.

Servicios públicos

A esto se suman los medios de transporte que accedan para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria y los de transporte discrecional y regular de uso especial que den servicio a las líneas que circulan por el interior de las ZBE

Los vehículos para actos en la vía pública, ocupaciones y reservas de espacio cuyo acceso autorice el órgano competente, así como los que accedan a consultas y tratamientos médicos y centros veterinarios cuyas necesidades de movilidad podrán solicitar también una autorización.

Los vehículos de arrendamiento con conductor, los que estacionen en aparcamientos de uso público localizados fuera de la vía y se hayan integrado con el sistema de gestión de la ZBE y los de los clientes de talleres de reparación de automóviles que accedan a los ubicados en la ZBE completan la lista de excepciones contempladas.

Además, se incluye los medios de transporte de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia del área, de servicios funerarios, así como de los que accedan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas fuera del horario comercial. Completan el listado los vehículos con matrículas extranjeras o diplomáticas y los de autoescuelas con local en el interior de la ZBE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que echa de menos saber qué opina del proceso de regularización de personas migrantes que ya viven en España el líder del PP de Canarias y vicepresidente de esta comunidad autónoma, Manuel Domínguez, “nacido en Venezuela”, como ha recordado.

Torres ha hecho estas declaraciones en la localidad turística de Playa del Inglés (Gran Canaria), donde se ha reunido con portavoces del colectivo de las camareras de piso de los hoteles, las Kellys varias de ellas mujeres latinoamericanas nacionalizadas españolas.

“Algunas de estas mujeres regularizó su situación en 2000, con el PP presidiendo el Gobierno de España, ese partido que ahora está en contra de lo mismo que hacía cuando gobernaba”, ha apuntado.

El dirigente socialista ha aprovechado esa mención para criticar al líder del PP canario, al que acusa de esquivar los asuntos en los que su partido vota en Madrid en contra de posiciones defendidas por el Gobierno de Canarias, del que el propio Domínguez forma parte.

En este caso, demanda saber qué opina sobre la regularización de migrantes alguien “nacido en Venezuela”. Manuel Domínguez nació en Caracas en 1974, en una familia de emigrantes canarios que años después retornaron a Tenerife, siendo él niño.

“Es algo necesario, justo, preciso, que mantiene el Estado del bienestar y que además apoyan la Iglesia y lo apoya la patronal. Y el PP, calladito... también el de Canarias. Cómplice, sumiso a su dirección, entregado como lo hace siempre”, ha criticado.

Torres ha afeado además al PP que votara en contra del decreto ley que limitaba la subida de los alquileres, medida del Consejo de Ministros que ha decaído al no ser refrendada por el Congreso.

Según su versión de lo ocurrido en esa votación, ese día los diputados del PP “no aplaudieron” la derrota que habían infligido al Gobierno, con el apoyo de Vox y de Junts.

“Miren las imágenes, esta vez no aplaudieron. Votan no, pero no aplauden, porque hay un choque entre la conciencia y la ética y lo que han votado. Porque saben que están votando en contra del interés general, en contra de lo que necesitan miles de familias en nuestro país”, ha argumentado. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entendido que tras lo escuchado en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso Mascarillas, “nadie” puede dudar ya de que ha sido sometido una campaña de difamación, por lo que ha dicho esperar “disculpas” de los partidos que se sumaron a las “acusaciones sin pruebas”, PP y Vox.

“Después de dos años, creo que no hay nadie ya, incluso con lo que hemos conocido en las últimas horas, que dude de que Ángel Víctor Torres ha sido sometido a una campaña vil y vergonzosa de difamación porque al final todo lo que se afirmaba era falso”, ha señalado el ministro.

El también expresidente de Canarias ha hecho especial hincapié en que no hay “nada” relacionado con mujeres vejadas, comisiones, mordidas o refinerías ilegales que le pueda involucrar. “Nada de nada”, aseveró.

Torres ha esperado que se “disculpen” los partidos políticos que han sido “altavoces vergonzosos y viles de acusaciones sin pruebas que se han mostrado al final (incluso con las investigaciones que ha hecho la Guardia Civil y los juzgados pertinentes) que eran absolutamente falsas”.

En cuanto al juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, el socialista ha recordado que pronto se sabrá qué decide la justicia.

“Desde el PSOE ya hemos dicho claramente que el partido pide personarse ante afirmaciones que entiende que no tienen ninguna base probatoria. Y como ha ocurrido en mi caso después de dos años, al final la verdad siempre reluce, se abre paso y termina sabiéndose pero lo lamentable es que hay un daño que se intenta provocar incluso en el entorno más íntimo... imperdonable”, resaltó.

Pese a todo, el ministro ha asegurado que está “más fuerte” que antes de la “campaña” contra su persona que ha sufrido y con las “mismas ganas” de seguir trabajando por el interés general.

Ataques a Torres

Aldama compareció este miércoles ante el Supremo, pero en esta ocasión dijo que el asesor ministerial Koldo García le pidió que pagara una comisión al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por los contratos de las mascarillas, pero que este nunca lo pidió y “no se pagó” y tuvieron “problemas en Canarias”. Es decir, que Torres no cobró ni pidió cobrar, justo lo contrario de lo declarado por el propio Aldama en otras ocasiones.

El empresario ha intentado en declaraciones anteriores implicar a Ángel Víctor Torres en la supuesta trama corrupta, pero sin aportar nunca ninguna prueba de ello. De hecho, la investigación realizada por la UCO concluyó sin hallar ningún indicio de delito en el ministro y expresidente canario. Es más, Aldama situó a Torres en un piso en Madrid con prostitutas y el ministro pudo demostrar con pruebas que en esa fecha se encontraba en Canarias con su familia.

Pese a que Aldama acusa sin pruebas, el PP ha pedido en diversas ocasiones la dimisión del ministro, dando por buenas las acusaciones que han sido ya demostradas falsas y sin retractarse tras conocerse que eran infundadas.

El Gobierno de Canarias quiere bloquear ahora la vía que abrió en Adeje para desatascar el proyecto turístico de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife). El Ejecutivo regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que impide a los ayuntamientos declarar actuaciones urbanísticas “de interés público de primer orden”, la herramienta legal que permite a la administración saltarse la protección sobre especies protegidas por razones “imperiosas” de interés general y que fue utilizada por el Ayuntamiento de Adeje para desbloquear en 2024 la polémica urbanización de lujo de Cuna del Alma, paralizada entonces por la aparición de la viborina triste, una planta de protección especial.

El Consistorio del sur de Tenerife, liderado desde hace más de cuatro décadas por el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, empleó esta herramienta aduciendo a la crisis de vivienda existente en el municipio y a la necesidad de construir “viviendas sociales” para poder expulsar a la viborina triste del Puertito. Cuna del Alma no prevé levantar casas de alquiler asequible ni nada por el estilo. Las villas que está levantando costarán de hecho hasta 2,3 millones de euros. Pero el Ayuntamiento indicó que dando luz verde a la operación obtendría el “suelo” o los “medios” que están obligados a ceder los promotores privados de planes urbanísticos a la administración, lo que se conoce como “aprovechamiento medio”.

La declaración de interés público de primer orden funciona como una especie de válvula de escape contemplada en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que permite dejar sin efecto las prohibiciones ambientales recogidas en esa misma norma (cortar, arrancar, destruir o molestar a la flora y fauna vulnerable) para impulsar medidas en beneficio de la salud pública, la seguridad de las personas o de relevancia socioeconómica. Solo pueden acordarse si no hubiera “otra solución satisfactoria” y siempre y cuando no se produzca una “pérdida neta” de la especie, garantizando su traslado a otro lugar o la recogida de semillas.

El Gobierno canario reconoció en un informe firmado por su viceconsejero de Servicios Jurídicos, Jorge Riestra Sierra, que existe una “laguna” sobre qué órgano administrativo es el competente para emitir este tipo de declaración y que por tanto habría que estudiar “su fin legal” para determinarlo en cada supuesto. El Ejecutivo analizó en ese mismo documento el caso concreto de una urbanización de 1.600 plazas hoteleras proyectada en Guía de Isora, en Tenerife, que solicitó precisamente la traslocación de las semillas de viborina triste presentes en el área. Y el viceconsejero canario de Servicios Jurídicos, en un escrito de 21 páginas, concluyó dos cosas: la declaración de interés público de primer orden corresponde al Ayuntamiento del municipio tinerfeño, pero la autorización para trasladar a la viborina recae, sin embargo, en el Cabildo de Tenerife.

El Consistorio de Adeje recogió el guante y aplicó esa misma doctrina para promover Cuna del Alma, pero a su manera. Aprobó la declaración de interés público de la urbanización de lujo escudándose en la emergencia habitacional. Y también se atribuyó la competencia para autorizar el trasplante de la viborina argumentando que el proyecto ya contaba con una evaluación ambiental estratégica que no detectó a la citada especie. Eso le resultó suficiente al Ayuntamiento para autoproclamarse como el “órgano sustantivo”, o sea, el competente en esta cuestión. Y a posteriori dio luz verde a la traslocación de la planta que ya había autorizado su órgano ambiental meses antes, cuando estaba dirigido por Rosendo López, el biólogo que dimitió de ese puesto después de que Canarias Ahora revelase que asesoraba al mismo tiempo a la promotora de Cuna del Alma.

Esa maniobra legislativa del Ayuntamiento ha llegado a los tribunales. La está dirimiendo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife a raíz de un recurso interpuesto por la asociación ecologista Salvar La Tejita, que denunció que el Consistorio de Adeje no es el competente para permitir el traslado y que este se dictó “al margen de cualquier tipo de evaluación ambiental”. En un auto de octubre de 2025, el juez le dio a la organización en parte la razón al subrayar que la decisión de trasladar a una especia protegida “solo pudo adoptarse en el seno de un procedimiento de evaluación ambiental cuya inexistencia no resulta controvertida”. Pero el magistrado rechazó suspender de manera cautelar las obras de Cuna del Alma porque la traslocación de la viborina ya había ocurrido un año antes, en lo que se conoce porpularmente como la política de los hechos consumados: para cuando la justicia encuentra el tiempo de analizar si un acto es legal o no, “ya no hay nada que suspender (…) una vez ejecutado”, recoge el fallo.

El Gobierno de CC-PP pretende ahora cortar por lo sano e impedir que ayuntamientos declaren proyectos de interés público de primer orden. Ha incluido en el nuevo anteproyecto de la Ley de Biodiversidad un artículo que centraliza el poder en el Ejecutivo autonómico permitiendo solo su aprobación a través del Parlamento de Canarias o mediante un acuerdo motivado del propio Gobierno. La disposición (la número 62, en concreto) dice que los ayuntamientos podrán tramitar esas declaraciones y que darán traslado de ellas al Ejecutivo, pero que este último es el único órgano con autoridad para firmarlas en caso de que la norma salga adelante. El anteproyecto también limita las competencias de los ayuntamientos a tareas muy específicas que no incluyen la traslocación de especies protegidas, como la elaboración de ordenanzas municipales sobre su propio arbolado, el control de la contaminación lumínica y la ejecución de proyectos de parques, jardines y naturalización urbana.  

La Ley de Biodiversidad es una norma que estuvo a punto de aprobar el anterior Gobierno de Canarias, el liderado por el Pacto de las Flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), después de un periodo de consulta con más de 600 personas de distintos colectivos. El primer anteproyecto no recogía la centralización de la declaración de proyectos de interés público de primer orden en el Ejecutivo regional, como sí lo hace ahora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata (PP), tramitó con carácter de urgencia el anteproyecto introduciendo cambios que solo han estado en información pública menos de diez días durante este mes de abril.

Zapata señaló que “estamos ante una norma clave que permitirá al Archipiélago contar por primera vez con un marco integral para ordenar y reforzar la protección de nuestro patrimonio natural, y este proceso permitirá incorporar el conocimiento y las aportaciones de la sociedad, mejorando su alcance y garantizando su utilidad a largo plazo”. El Gobierno dice que la ley tiene como objetivo proteger, conservar, restaurar y gestionar de manera sostenible el patrimonio natural de las Islas.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado, pese al rechazo de los grupos que apoyan al ejecutivo regional, CC, PP, ASG y AHI, una iniciativa relacionada con las 13 escuelas infantiles que gestiona la Consejería de Bienestar Social y en contra del cierre anunciado de las de Anaga y Las Folías.

La proposición no de ley del PSOE ha salido adelante por un estrecho margen de 31 votos a favor y 29 en contra, lo que ha provocado el júbilo entre los miembros de los comités de empresa la Consejería y del personal de dichas escuelas presentes en la tribuna de público de la Cámara.

El texto aprobado, respaldado además por Nueva Canarias y Vox, insta al Gobierno de Canarias a negociar el traspaso de las escuelas infantiles y del personal dependiente de la Consejería de Bienestar Social a la de Educación, y que para ello cuente con la representación legal de los trabajadores de las escuelas infantiles.

También pide que hasta que no se materialice ese traspaso, que Bienestar Social ponga “todos los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el correcto funcionamiento” de estas escuelas, y que paralice el cierre de las de Anaga y Las Folías, y que mantenga al personal, tanto el fijo como el interino.

Asimismo, plantea que se garantice la gratuidad de la matrícula para el curso 2026/2027, e instar al Gobierno canario a llevar a cabo las inversiones necesarias para realizar las obras para acreditar, conforme a la normativa de la Consejería de Educación, las 13 escuelas infantiles dependientes de Bienestar Social.

En el debate de la proposición no de ley, Elena Máñez (PSOE) ha hecho hincapié en que Anaga, Las Folías y en general las 13 escuelas infantiles que gestiona Bienestar Social “cumplen una función esencial” tanto en la escolarización temprana de los niños, como en la conciliación de las familias.

Según la diputada socialista, “no se justifica” ningún cierre cuando en Canarias existe un alto nivel de pobreza infantil y en la comisión parlamentaria sobre esta materia todos los comparecientes coinciden en la importancia de la cercanía de los servicios a las familias.

Máñez ha advertido de que aparte de Las Folías y Anaga “pueden cerrar más” escuelas gestionadas por Bienestar Social, que no está reorganizando la red, como asegura, sino que sigue “una estrategia para desmantelarla”.

Finalmente, ha pedido al presidente Fernando Clavijo que “siente” a los consejeros de Educación, Poli Suárez, y de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para que acometan “ya” el traspaso de estas 13 escuelas infantiles, y ha asegurado que al Gobierno de Canarias “le queda grande el lema de islas iguales”.

Sonsoles Martín (PP) y Yonathan Martín (CC) han justificado el voto en contra de sus grupos a la proposición no de ley en que el PSOE plantea “un escenario catastrófico” que “no se corresponde con la realidad”.

La diputada popular ha negado que vayan a cerrar todas las escuelas que gestiona Bienestar Social y que el personal se vaya a quedar en la calle.

Ha garantizado que los niños tendrán una atención educativa, y el personal de las escuelas, un puesto de trabajo, lo que no se corresponde, en su opinión, con “el escenario negro, oscuro”, que dibuja el PSOE.

Yonathan Martín (CC) ha negado, por su parte, el “relato de abandono o de conflicto entre consejerías” al que recurre la oposición.

Ha subrayado que Bienestar Social “no tiene la voluntad de cerrar escuelas” sino de integrarlas progresivamente en el sistema educativo.

En ese proceso de reorganización, ha ahondado el diputado nacionalista, “no habrá pérdida de plazas ni de empleo”, como tampoco un desmantelamiento de la red de escuelas de Bienestar Social, aunque ha dicho comprender que cuando se abre un proceso de este tipo surjan “diferencias y situaciones de duda”.

Martín ha garantizado que en CC están dispuestos a “sentarse cuantas veces haga falta” para que este tránsito sea “organizado” y con el máximo consenso posible.

Carmen Hernández (Nueva Canarias) ha recordado que siendo alcaldesa de Telde tuvo que reabrir las escuelas que antes cerró el PP, y ha subrayado que éstas no prestan “un servicio educativo más”.

Hernández ha anunciado que su grupo le preguntará en comisión parlamentaria a la consejera Candelaria Delgado si “mantendrá esta decisión” y qué hará para que estas familias “no se queden sin un recurso esencial y las educadoras, en la calle o en un limbo laboral”.

Paula Jover (Vox) ha acusado al Gobierno regional de “desentenderse por completo” de las 13 escuelas infantiles dependientes de Bienestar Social y ha exigido que, “de inmediato”, se proceda a su traspaso a la Consejería de Educación.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad de los siete grupos la convalidación del decreto-ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Irán si bien se ha descartado su tramitación como proyecto de ley, tal y como habían solicitado PSOE y NC-bc.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha comentado que el decreto canario obedece a que las islas quedaron “al margen” del decreto nacional aparte de que las islas, por su lejanía y dependencia del transporte, son la comunidad autónoma más afectada por la guerra en Oriente Medio.

Además ha indicado que al bajar la recaudación tributaria tendrá repercusiones en el sistema de financiación.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros (la mayor parte es aportada por el Estado, con 15 millones) y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales.

Entre ellas destaca la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%; el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%; la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, que son solo tres (la sal, la mantequilla y el café), la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas y ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

“No se han esmerado”

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha dicho que “lo más relevante” del decreto “es lo que no está” y por ello ha pedido que se tramite como proyecto de ley para incorporar medidas, especialmente para las familias, dado que el Gobierno regional solo aporta 14,5 millones de fondos propios. “No se han esmerado demasiado”, ha indicado.

Ha apuntado que el decreto “deja en el olvido” a familias y algunos sectores profesionales, ha tildado de “insuficiente” la aportación del Gobierno central de 15,3 millones y remarcado que el Ejecutivo regional “tiene margen” aunque no se flexibilicen las reglas fiscales y se permita el endeudamiento.

Por ello ha reclamado aumentar un 10% la renta ciudadanía, activar complementos de educación y de vivienda o plantear la exención, moratoria o el aplazamiento de las rentas que tienen que pagar las personas que viven de alquilar en el parque público de vivienda.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha pedido también que el decreto se tramite como proyecto de ley, subrayando que llega “tarde, mal” y con escasa “sensibilidad social” pues las familias han estado esperando “40 días”.

Ha cuestionado la “insolvencia o mala fe” del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, por anunciar medidas vinculadas al decreto que ya se manejaban y que 43 de los 45 productos que bajan el IGIC ya estaban al 0% de tributación.

Franquis ha criticado que el Gobierno canario no tenga “solidaridad” al quejarse de que puede perder 150 millones en el sistema de financiación debido al decreto estatal y le afeado que “no ha estado a la altura”.

En ese sentido le ha pedido que “se le pegue algo” del Gobierno de País Vasco, que dedica el 6,36% de su presupuesto a tomar medidas concretas contra la guerra frente a Canarias, que lo hace en un porcentaje del 0,24%.

Fernando Enseñat (PP) ha reprochado al Gobierno central que no tomara medidas para Canarias en el decreto estatal e ironizado con que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no sabe que en las islas no hay IVA.

Ha cargado contra el “abandono” estatal y la afección al sistema de financiación autonómica y en cambio, ha defendido algunas de las medidas del decreto canario como el IGIC al 0% para los combustibles o las ayudas de 7,2 millones para la industria y el sector primario.

“Todo lo pone Canarias”, ha indicado, afeando al Gobierno central que habilita 15,3 millones para “compensar” los 5.000 millones que no llegan al archipiélago (cabe recordar que el Gobierno canario no llega siquiera a esa cantidad, cuando otros gobiernos regionales superan los 100 millones de euros).

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que en Canarias hay “efectos directos” en el transporte, el turismo y el “día a día” de familias y empresas, y ha avalado las medidas como “primera respuesta”.

Ha comentado que Alemania va a sufragar su rearme militar “a costa del estado del bienestar” y entiende que en función de como evolucionen los acontecimientos, habrá que tomar nuevas medidas porque Canarias “es más vulnerable ante cualquier tensión de los mercados internacionales”.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que los efectos de la guerra de Irán tuvieron “repercusión enorme” desde los primeros momentos ante la importancia del transporte para el archipiélago de ahí que su grupo vea “con buenos ojos” el decreto.

Ha comentado que Canarias es un “territorio frágil” por su dependencia del exterior y la falta de diversificación económica y no duda de que las medidas fiscales y el apoyo a la industria o al sector primario suponen “un alivio”.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha advertido de que el decreto es “temporal” y no plantea cuestiones “estructurales” para poner a Canarias “a salvo” de problemas geoestratégicos, caso de no apostar por “el 100%” de las renovables y abrirse a otras fuentes de energía.

Ha apoyado las ayudas directas a la industria y la agricultura aunque es más partidario “de eliminar trabas burocráticas y regulatorias” y acometer “reformas serias” que acaben con el “fanatismo climático”. “No vamos por el camino correcto”, ha señalado.

CC no descarta más medidas

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha resaltado que las medidas son “necesarias” para hacer frente a los efectos de la guerra y aunque siempre se quiere “más”, ha valorado que el turismo, principal motor económico del archipiélago, no se está viendo afectado.

Ha defendido que la toma de las medidas sea gradual y cerrado la puerta a la tramitación de un proyecto de ley ya que dependiendo de la evolución de un conflicto, aún puede haber otros dos decretos más, sin contar en como van a afectar a los países europeos los recortes de Alemania.

Además ha advertido de que la guerra también afecta a las administraciones ya que “van a dejar de ingresar y tendrán que tomar una decisión de dónde dejan de gastar” por lo que ha reclamado “coordinación” con la UE, el Estado, cabildos y ayuntamientos para que las medidas sean efectivas.

CC, PP y PSOE se han enzarzado este miércoles en el Congreso de los Diputados acusándose de inacción y falta de respuesta a las demandas ciudadanas, a cuenta de una moción de los nacionalistas en la que exigen al Estado medidas concretas para Canarias ante el efecto de la guerra de Irán.

La moción presentada por la única diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido aboga por incorporar en futuros paquetes de respuesta a las circunstancias provocadas por el conflicto especificidades para Canarias, dada su condición de región ultraperiférica, y habilitar una compensación económica específica para el archipiélago al no tener aplicación directa, a su juicio, el grueso del núcleo fiscal de las medidas aprobadas hasta la fecha por el Gobierno de España.

Cabe recordar que el Gobierno central se ha reunido ya con el Gobierno canario para pactar un paquete de medidas y que, de ese encuentro, se acordó que el Estado aplique medidas por valor de 15 millones de euros, mientras que el Gobierno canario aporta menos, 14,8 millones. Dicho plan, además, prevé incrementar la cantidad aportada por el Gobierno central hasta los 60 millones si el conflicto dura más de tres meses.

La moción de CC insta al Estado a coordinar con el Gobierno canario un plan de garantía de abastecimiento y conectividad del archipiélago en cuestiones como combustibles o queroseno; a reforzar las ayudas estatales a los sectores productivos, o a revisar los mecanismos por los que se reconocen los costes de generación eléctrica en aquellos sistemas no peninsulares.

La moción propuesta por CC también llama a impulsar medidas de apoyo fiscal a los hogares, a flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para las autonomías solventes, a establecer una mesa de seguimiento bilateral entre la administración estatal y la canaria o a priorizar actuaciones en materia energética que refuercen la seguridad energética y autonomía del archipiélago.

Valido ha defendido en la tribuna que esta situación de incertidumbre ya está teniendo “un efecto en los bolsillos de los canarios” y que afecta, no solo a la cesta de la compra, sino también, según ella, a obras que se han parado por el incremento de costes o por no ajustarse el presupuesto real a lo licitado con anterioridad.

La diputada nacionalista ha recordado que este martes el Gobierno alemán aprobó medidas que suponen “un drástico recorte en bienestar social, ayudas y servicios públicos” en el país, y que es posible que se vea replicado en otros de su entorno, lo que cree que tendrá un especial efecto adverso en los archipiélagos, que dependen del turismo.

“Hoy es más urgente que ayer que lleguemos a un acuerdo con la propuesta que hacemos, las medidas que solicitamos”, ha asegurado Valido.

La diputada de CC ha insistido en que el Gobierno de España no debe dejar a ambos archipiélagos “solos en esta pelea”, por lo que ha agradecido el apoyo que pudiera tener en estas reivindicaciones y lograr un consenso que “ofrezca las respuestas adaptadas a territorios que son diferentes”.

Críticas del PSOE mientras el PP lamenta la doble vara de medir

La diputada socialista Dolores Corujo ha recordado a Valido que su partido, CC, gobierna en Canarias con un PP que, a su juicio, nunca se preocupó por la realidad canaria en sus años de gobierno.

Igualmente, Corujo ha afeado a CC que traiga esta moción al Congreso pese a que el gobierno socialista de Pedro Sánchez “siempre ha gobernado teniendo en cuenta las especificidades de Canarias”, no así, ha dicho, el Ejecutivo regional, al que ha criticado que haya presentado solo medidas para compensar los efectos negativos del conflicto por valor de 29,8 millones de euros, de los cuales 15 han sido aportados por el Estado.

La diputada del PP Jimena Delgado ha considerado que Canarias “merece una respuesta a la altura” de sus especificidades que el Gobierno de España no está dando, al tiempo que ha afeado a CC su apoyo al decreto-ley que establecía el paquete de medidas de respuesta a la guerra de Irán, sin contener medidas propias para el archipiélago.

“Necesitamos medidas que nos ayuden a paliar las consecuencias de esta crisis, y que se permita utilizar nuestro superávit, algo que es posible, la UE lo permite. Solo hace falta voluntad para querer hacerlo, y eso está claro que no será posible, vistas las declaraciones del PSOE en esta tribuna”, ha concluido. 

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán, liderado por la alcaldesa Onalia Bueno, ha rechazado este martes en el pleno municipal la moción presentada por Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) para la protección del patrimonio histórico y la restauración de la Casa de Florita. El inmueble del siglo XVIII lleva más de dos décadas pendiente de ser reconstruido por orden del propio Ayuntamiento. Está catalogado con nivel de protección integral, lo que obligaría al propio consistorio a trabajar por la preservación total de sus elementos arquitectónicos y estructura, prohibiendo modificaciones que se altere su carácter histórico.

El concejal de NC-BC Juanma Gabella, defendió la moción y aprovechó el pleno para denunciar públicamente una serie de “contradicciones graves” en las declaraciones del gobierno municipal sobre la polémica compra del edificio vinculado a la casona histórica.

El Ayuntamiento no dice o no sabe qué compró

La primera contradicción surgió en la mañana de este martes durante el pleno del ayuntamiento de Mogán. La concejala responsable de Patrimonio, Consuelo Díaz, afirmó durante la sesión que el Ayuntamiento había adquirido “una parte” del inmueble. Pero minutos antes del pleno, la alcaldesa Onalia Bueno había declarado a otros medios de comunicación que el ayuntamiento había comprado el edificio de nueva construcción y la propia Casa de Florita.

La revisión del expediente municipal desmiente la versión de la alcaldesa: ni la escritura de compraventa ni los informes técnicos municipales contienen referencia alguna a la adquisición de la Casa de Florita. Además, la propuesta de venta del propietario no incluía la casona, y tampoco consta que fuera de su titularidad, como señalan desde NC. 

“O no saben exactamente qué se ha comprado, o no se está trasladando la misma información en todos los ámbitos. En cualquiera de los casos, es una situación que requiere aclaración inmediata. Y es que ni para mentir se ponen de acuerdo”, afirma Gabella.

La alcaldesa también sostuvo en prensa que la licencia de obras concedida en el año 2000 incluía la rehabilitación de la vivienda tradicional. Tras revisar el expediente urbanístico completo, NC concluye que esa afirmación es falsa: “la licencia se limita a autorizar la construcción del nuevo edificio, sin mención alguna a la recuperación del inmueble histórico”, aseguran. 

Una tasación que ignoró la carga más importante

Nueva Canarias ha cuestionado también el procedimiento de compra. La tasación encargada por el Ayuntamiento al arquitecto Fernando González fijó el valor de tasación del edificio exactamente en 1.596.139 euros, con la indicación expresa de que debían descontarse las cargas existentes sobre el inmueble. 

Sin embargo, el Ayuntamiento pagó 1,5 millones de euros sin descontar la carga más relevante: la obligación de restaurar la Casa de Florita, impuesta por el propio Ayuntamiento mediante una orden dictada en 2001 que sigue sin ejecutarse.

“Se ha comprado un edificio con una obligación de reconstrucción que no se ha valorado económicamente, lo que podría suponer un perjuicio para las arcas públicas”, advirtió el concejal de NC-BC.

Más 20 años ignorando su propia orden municipal

La Casa de Florita fue parcialmente demolida en 2001 durante la construcción del edificio colindante. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Mogán ordenó el restablecimiento del inmueble a su estado original. Veinticinco años después, la orden sigue sin cumplirse.

Según la documentación que tiene el propio Ayuntamiento, desde 1989 vecinos y colectivos de Mogán han reclamado la protección del patrimonio histórico y etnográfico del municipio, a través de escritos, recogidas de firmas e iniciativas ciudadanas. El último de estos escritos, dirigido a la alcaldesa en junio de 2016, tampoco obtuvo respuesta.

“El Ayuntamiento no sólo permitió la alteración del inmueble, sino que tampoco ha hecho cumplir la orden de restauración durante más de veinte años, y ahora es además el propietario del edificio vinculado a esa infracción”, critica Gabella.

Moción rechazada y acusación de hipocresía política

La moción de NC-BC proponía restaurar la Casa de Florita a su estado anterior, aprobar un Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales, elaborar Planes Especiales de Protección, establecer un protocolo de medidas cautelares ante amenazas al patrimonio y destinar financiación específica a su conservación. El grupo de gobierno votó en contra de todas y cada una de estas propuestas.

Para Nueva Canarias, el rechazo no es solo una decisión política, sino también una muestra de incoherencia: la propia alcaldesa Bueno, cuando era concejala de la oposición, reivindicaba la defensa del patrimonio de Mogán. Ahora, desde el gobierno, se rechazan las mociones que persiguen exactamente ese objetivo.

La diputada regional del PSOE Alicia Vanoostende ha denunciado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias los problemas medioambientales que persisten en el archipiélago hasta el punto de que, en algunos lugares, los ciudadanos “se bañan en mierda”, ha dicho, a lo que el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), ha replicado que su partido (el PSOE) estaba en el Gobierno la pasada legislatura.

Durante el pleno de este martes, Vanoostende ha cuestionado las acciones desarrolladas por la Consejería en los dos últimos años para dar respuesta a las demandas surgidas de las manifestaciones del 20 de abril de 2024 del colectivo Canarias tiene un límite, y ha asegurado que “poco o nada se ha hecho más allá de estudios y planes”.

En su intervención, ha criticado el retraso en la tramitación de la ley de biodiversidad, que, según ha indicado, se ha llevado a información pública “tres años después” y mediante un procedimiento de urgencia que, a su juicio, limita la participación ciudadana.

También ha acusado al Ejecutivo de “descafeinar” la ley de cambio climático y de no avanzar en la implantación de una ecotasa ni en la mejora de la gestión de residuos.

Vanoostende ha incidido especialmente en el control de vertidos al mar, al afirmar que “no hemos mejorado absolutamente” y que en algunos puntos de Canarias los ciudadanos siguen bañándose “en mierda, literalmente”.

Asimismo, ha criticado la instalación de infraestructuras energéticas basadas en combustibles fósiles en el contexto de la emergencia energética.

Por su parte, Hernández Zapata ha defendido la acción del Gobierno y ha acusado al PSOE de “tener un problema serio de personalidad”, al “sacar la pancarta en la oposición” y no actuar cuando ostenta responsabilidades en el Ejecutivo.

El consejero ha enumerado medidas como el impulso a la regulación del alquiler vacacional, la aceleración de la implantación de energías renovables y la planificación de su desarrollo en el territorio, así como avances en una futura ley de biodiversidad.

Además, ha reprochado a los socialistas que durante la pasada legislatura no adoptaran medidas para garantizar la seguridad del suministro energético pese a que, según ha dicho, el déficit de generación era conocido desde 2021, lo que, en su opinión, ha contribuido a la situación de apagones que se han producido en algunas islas como en La Gomera o La Palma.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es “positivo” porque da “derechos y dignidad” a las personas afectadas, aunque ha señalado que el Gobierno central lo podía haber hecho “un poquito mejor” con más coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos y así acabar con lo que él ha denominado las “colas de la vergüenza”.

En respuesta a preguntas de PSOE y Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento de este martes, Clavijo ha comentado que el Gobierno central tiene que hacer “autocrítica” porque se podían haber reforzado los servicios sociales y preparar dispositivos para no tener gente “en una cola a la intemperie o al solajero”.

Según él, los ayuntamientos “no saben ni qué certificado hacer”, y ha recordado que el proceso “no es patrimonio” de los socialistas, ya que se hizo en el pasado por otros ejecutivos. Además, ha valorado que la medida constata el “fracaso” de la política migratoria y el control de fronteras.

Ha apelado a “no descalificar” e “insultar” ante la “crispación” instalada en el conjunto del país, pero al mismo tiempo ha dicho que parece que la regularización se ha hecho buscando “rédito”. Por otro lado, ha indicado que “hay que darles una oportunidad de vida” a las personas vulnerables, en vez de negarles derechos.

Clavijo ha criticado que a Vox le “mandan el argumentario de Madrid” que “niega la dignidad” a menores y migrantes y ha dicho que no va a contribuir a “generar división ni falsear datos de criminalidad”.

La ambigüedad de Clavijo

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha criticado la ambigüedad de Clavijo por defender el proceso, pero al mismo tiempo ponerse “al lado” del PP, su socio en las islas, cuando tanto los sindicatos como el Consejo Asesor están a favor.

Ha comentado que el proceso beneficia a más de 45.000 personas que viven en Canarias y tiene “legitimidad social” ya que viene apoyada por una ILP de más de 700.000 personas, más de 900 asociaciones, respaldada por la Iglesia y admitida a trámite en el Congreso por 310 diputados.

“Se trata de dar derechos y combatir la economía sumergida”, ha comentado, subrayando que muchas personas migrantes “sostienen” sectores económicos y cuidan de los mayores en el archipiélago.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que el proceso de regularización es la “constatación” de que la “mafia monclovita odia a los españoles” y reprochado al presidente canario que se haya sumado al “consenso progre” en torno a la inmigración, la agenda 2030, el “fanatismo climático” o la “defensa de la vida”.

Ha intentado, sin éxito, que Clavijo fijara posición sobre una supuesta circular de Instituciones Penitenciarias para facilitar la regularización de los inmigrantes ilegales que se encuentren en prisión preventiva, y le ha reprochado que “la gente cada vez le cree menos”, especialmente los jóvenes que “sufren la criminalidad y no tragan con su Canarias idílica”.

La jornada La España del rearme: implicaciones sociales, políticas y geoestratégicas, celebrada el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, reunió a cerca de un centenar de personas en la Sala Clara Campoamor en el Congreso, en un encuentro que sirvió para analizar el actual contexto de militarización y sus consecuencias, así como para abrir debates en torno a alternativas políticas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la mesa dedicada a Canarias paraíso militar, la alternativa: Estatuto de Neutralidad, en la que intervinieron Miren Koldobike Velasco, Vicente Quintana y Ana Gloria Sánchez. Durante sus intervenciones, se presentó y defendió la propuesta de un Estatuto de Neutralidad para Canarias, una iniciativa que plantea avanzar hacia un modelo de desmilitarización del archipiélago, apostando por la paz, la cooperación internacional y un desarrollo centrado en las necesidades sociales de la población.

La propuesta despertó un notable interés entre las personas asistentes, que valoraron positivamente el planteamiento y expresaron su disposición a conocer más en profundidad sus implicaciones, así como a participar en su impulso y desarrollo. El público, cercano al centenar de asistentes, respondió con aplausos a las intervenciones, evidenciando el respaldo y la receptividad hacia este enfoque.

El debate puso de relieve el papel estratégico de Canarias en el actual escenario geopolítico y la necesidad de abrir espacios de reflexión colectiva sobre su futuro, incluyendo alternativas que prioricen la neutralidad y la reducción de la presencia militar en el territorio.

La jornada, organizada por Podemos, contó también con la participación de diversas voces del ámbito político y social, consolidándose como un espacio de análisis crítico y propuesta en torno a las políticas de rearme y sus impactos.

El Cabildo de Gran Canaria y varias entidades locales han intensificado sus esfuerzos para combatir el desperdicio de alimentos, en línea con las nuevas normativas europeas y nacionales orientadas a promover la economía circular y la responsabilidad social.

El pasado 24 de abril de 2026, la institución insular aprobó una moción contra el derroche alimentario, consolidando su compromiso con una gestión más eficiente de los excedentes. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico, social y ambiental del despilfarro de alimentos.

A nivel municipal, ayuntamientos como el de Telde también han dado un paso al frente mediante la aprobación de manifiestos bajo el lema Stop derroche de alimentos. Estos documentos, elaborados con la participación de colectivos como Casa Cultura y Encuentro, recogen medidas concretas para reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo.

En paralelo, plataformas cívicas como Stop desperdicios de alimento están desarrollando campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Entre sus acciones destacan actos públicos en zonas como Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se promueve una gestión responsable de la cesta de la compra y se fomenta la equidad en el acceso a los alimentos.

Estas iniciativas coinciden con la entrada en vigor, el pasado 3 de abril de 2026, de la nueva ley contra el desperdicio alimentario en Canarias. La normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 500.000 euros para aquellos establecimientos que no gestionen adecuadamente sus excedentes.

Además, se está impulsando la participación ciudadana a través de herramientas como Participa Gran Canaria, que permiten a los vecinos proponer y debatir iniciativas contra el despilfarro en el Pleno del Cabildo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado este lunes que “comparte y acata” la posición del Gobierno de España respecto a la cuestión del Sahara Occidental, en base a la resolución de las Naciones Unidas que ve como “una de las soluciones más realistas” una autonomía de este territorio bajo soberanía marroquí.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria Fernando Clavijo y el presidente de la región marroquí de Souss-Massa, Karim Achengli, el presidente canario ha insistido en que las competencias para establecer las relaciones internacionales de España son el Ejecutivo central y que a ellos les toca simplemente acatar dicha postura.

“Formamos parte de España y, por supuesto, estamos totalmente al albur de lo que nuestro Gobierno decide. Compartimos y acatamos perfectamente ese acuerdo”, ha señalado Clavijo, quien ha recordado que en una visita anterior que cursó a Rabat, capital marroquí, ya se había referido en los mismos términos.

En esa visita a Rabat, en octubre de 2024, el presidente Clavijo aseguró que asumía “enteramente” que España apoye un futuro para el Sahara como autonomía marroquí, si bien días después aclaró que lo único que hacía era aceptar la política exterior del Estado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha condenado los insultos proferidos por el líder de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin celebrado el viernes en Cádiz, en el que calificó de “mierda” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de “rata” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Torres ha señalado este lunes a los periodistas, tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con varios representantes del sector primario de Canarias, que “aquella persona que para intentar ganar un debate público o incluso conseguir un voto en un mitin electoral tiene que rebajarse y bajar al insulto, como hizo Santiago Abascal, se define claramente”, y en ese sentido lo ha tachado de “fascista”.

El ministro ha manifestado que le produce “náuseas” escuchar a un representante político elegido en las urnas hablar con esos “descalificativos” hacia otros cargos públicos, y ha sugerido que “se lo hagan ver” tanto él como sus seguidores.

A juicio de Torres, la violencia “es un síntoma y un mecanismo del fascismo”, y utilizar esos términos para referirse al presidente del Gobierno, a una organización política o a un miembro del Consejo de Ministros constituye, en su opinión, “afirmaciones fascistas”.

Preguntado por el ataque dirigido contra el presidente estadounidense, Donal Trump, durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, celebrada la noche del sábado, el ministro ha condenado “cualquier atentado contra cualquier presidente”, así como “las decisiones unilaterales” de Trump, “que están fuera del orden internacional”.

“Ya estamos hartos de una excesiva violencia; estamos en un mundo donde hay decisiones unilaterales, guerras injustificadas, muertes de víctimas y gente que lo único que quiere es tener un proyecto vital y, por tanto, no se puede aceptar en ningún caso la violencia física”, ha agregado. 

Los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias en el Parlamento regional han enmendado el proyecto de ley sobre Radiotelevisión Canaria remitido a la cámara por el ejecutivo, con el fin de garantizar el carácter público de los servicios informativos, dar más independencia al Consejo Rector, reforzar la estabilidad laboral y asegurar que el convenio colectivo se aplica a los trabajadores de la radio.

La diputada de CC Vidina Espino, acompañada de representantes del PP, ASG y AHI, ha dado cuenta en rueda de prensa de las treinta enmiendas que han presentado al proyecto de ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias y ha ratificado la intención de los grupos que apoyan al Gobierno de negociar con la oposición, que ha presentado sus propias enmiendas.

El objetivo, dice ahora, es lograr un texto consensuado que acabe con la excepcionalidad e inestabilidad en la radio y televisión públicas derivadas de las dificultades que ha tenido el Parlamento para aplicar la ley de 2014, que ahora será sustituida.

Se pretende dar estabilidad laboral a los profesionales, blindar el carácter público de los informativos y construir una televisión que garantice el servicio a la ciudadanía canaria, ha enumerado Espino.

El proyecto de ley del Gobierno establecía un mandato de cuatro años para la Junta de Control de RTVC, elegida por el Parlamento, pero los grupos que apoyan al ejecutivo proponen ampliarlo a cinco años de manera que no coincida con el periodo legislativo y se garantice mejor la independencia de este órgano.

Además, se quiere dar más estabilidad a la Junta de Control estableciendo una presidencia elegida por sus integrantes para un periodo de dos años, en lugar de una presidencia rotatoria cada tres meses como proponía el Gobierno.

Las enmiendas también ponen fin a la subrogación provisional de los trabajadores del ente, lo que garantiza su estabilidad laboral plena y garantiza su continuidad, ha explicado Vidina Espino.

La diputada ha indicado que los informativos serán un servicio público que se realizarán con medios propios y no podrán ser externalizados.

Para que no haya duda, los grupos del Gobierno han enmendado el proyecto de ley para establecer expresamente que no solo la producción y la edición se harán internamente, como planteaba el ejecutivo, sino también la realización.

Los grupos del Gobierno consideran que los informativos deben ser el eje central de la programación y deben contar con recursos humanos, técnicos y materiales suficientes, que se fijarán en un contrato-programa que incluirá unas horas mínimas obligatorias de servicios informativos.

CC, PP, ASG y AHI también enmiendan el texto del Gobierno para incluir la creación de un “comité profesional” integrado por trabajadores del ente público que vele por la independencia, la veracidad y la objetividad informativa, ha indicado Espino.

Otra de las enmiendas supera la limitación de la masa salarial establecida en la ley de presupuestos para que se pueda aplicar a los trabajadores de la radio el convenio colectivo pactado, que permanece bloqueado por la Consejería de Hacienda, lo que ha dado lugar a la presentación de un preaviso de huelga.

Una vez que se fusionen las sociedades de la radio y de la televisión públicas en una sola, se creará una plantilla unitaria con definición de las categorías, puestos y funciones, ha explicado la representante de CC.

Otra novedad es que se reduce el límite para que RTVC pueda contratar su programación con productoras externas, de manera que ninguna podrá superar el 10 % del total, en lugar del 20 % que fijaba el Gobierno.

La idea es evitar la concentración, diversificar el sector audiovisual y favorecer la entrada de nuevas productoras canarias.

Las enmiendas de los grupos del gobierno también refuerzan la exigencia de que todos los contenidos, sean de producción interna o externa, cumplan con criterios de calidad rigurosa y mantengan la profesionalidad.

Vidina Espino ha señalado que estas enmiendas son fruto del diálogo entre los grupos políticos que apoyan al Gobierno, así como de la escucha a los trabajadores del ente y de la lectura de las objeciones del Consejo Consultivo, y ahora están dispuestos a la negociación con el resto de grupos parlamentarios para lograr el mayor consenso posible.

La diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados, Noemí Santana, solicitará al Ministerio de Defensa información sobre la actividad y fin del buque militar estadounidense 'Major General Charles P. Grossen' en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, tras su atraque en la Dársena de Los Llanos, que pondría poner en “riesgo” al Archipiélago en tiempos “convulsos” en los que existe “un afán belicista” a nivel internacional.

“Apostamos por que Canarias sea una plataforma de paz, que sea como siempre ha querido el pueblo canario y dejó constancia en el referéndum de la OTAN en 1986: una tierra de solidaridad, que apuesta por el diálogo y la resolución de conflictos de una manera muy diferente a la utilización militar de la causa”, ha señalado en declaraciones a los medios frente al puerto capitalino.

La formación llevará al Congreso, asimismo, una iniciativa que defienda un Estatuto de Neutralidad para Canarias, que estaría respaldado por su propio Estatuto de Autonomía, que comprime la “voluntariedad” del pueblo canario de apostar “por la paz y no por la guerra”. “Entendemos que con la presencia de este buque se está vulnerando nuestro propio Estatuto de Autonomía”, ha añadido.

Ha lamentado además “las sospechas” que existen de que este buque, capaz de transportar 15 tanques de guerra, participe en el conflicto bélico de Irán. “No es la primera vez que se utiliza Canarias para sus guerras miserables. Han pasado por puertos canarios, con barcos cargados de armamento, y cuyo fin es matar niños y niñas y población civil del pueblo palestino. Y ahora nos encontramos con esta sorpresa, y sin ningún tipo de información”.

Sobre el estatuto

El Estatuto de Neutralidad para Canarias que suscribe Podemos, en apoyo a las plataformas civiles que lo impulsan, defiende que no haya uso militar de suelo que “debería de ser civil”.

“¿A quién no le ha pasado en Canarias que un vuelo aterrice más tarde de lo previsto esperando a que despeguen los aviones militares? Eso no lo queremos para Canarias”, ha advertido.

Más allá del uso de espacios públicos y civiles, Santana ha denunciado, además, el impacto medioambiental de este tipo de acciones militares, con el “hartazgo” que supone, por ejemplo, ver “a cetáceos variados” en playas ante maniobras militares de las que “no se informa en ningún momento”.