La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que llevará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del mes de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas “para que atiendan con todas las garantías a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados” que lleguen al territorio, de los que Canarias se llevará cuatro millones que se sumarán a los 140 asignados para políticas en esta materia.

Así lo ha asegurado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con miembros del Colegio de Abogados de Lanzarote para abordar la situación de los menores migrantes en la isla.

“Y Canarias será una de las autonomías que percibirá una parte importante de estos 35 millones, concretamente cuatro millones que se sumarán a los 140 millones de euros que ya asignamos para políticas de acogida en las islas”, comentó.

De igual modo, la ministra ha hecho especial hincapié en que el 50% de los presupuestos del Estado que iban a esta materia “han sido consignados a Canarias”.

Asimismo, ha defendido la aplicación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, de la que se cumple un año, y ha reivindicado una política migratoria basada en la protección de los derechos humanos y, especialmente, de los menores migrantes no acompañados.

Tras el encuentro con el Colegio de Abogados de Lanzarote, Rego se ha referido también a la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este sentido, ha subrayado que la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia es que “sean los Colegios de Abogados quienes asuman la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tras su llegada”. Una posición, según ha destacado Rego, “que comparten ONGs e instituciones como el Defensor del Pueblo”.

La reforma del artículo 35, un “éxito rotundo”

Rego también ha resaltado que la reforma se aprobó con una perspectiva “nítidamente de protección del interés superior de la infancia” y ha asegurado que su puesta en marcha ha sido “un éxito rotundo”.

En este sentido, ha destacado que a lo largo del último año se han tramitado cerca de 2.000 expedientes de traslado de menores a la Península “sin un solo incidente”, apuntando que se puede decir que la situación de Canarias “ha cambiado radicalmente” en el último año.

“Estamos ante una situación en la que el sistema se ha descongestionado sustancialmente y en condiciones de que el sistema de acogida sea mucho más garantista de lo que era hace un año. Además se ha dado salida para que muchos niños y niñas puedan desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, observó.

Al respecto, ha subrayado que territorios como Canarias, Ceuta o Melilla constituyen una de las principales puertas de entrada de menores migrantes a España y ha defendido la necesidad de abordar esta realidad desde una “estrategia de país”.

La ministra ha considerado que la reforma del artículo 35 ha permitido mejorar la respuesta institucional ante esta situación y ha situado a España como un referente internacional en materia de derechos humanos y protección de la infancia migrante.

Críticas al Parlamento Europeo

Por otro lado, ha mostrado sus reservas respecto a algunas medidas impulsadas en el ámbito europeo y ha criticado que el Parlamento Europeo respaldara recientemente iniciativas relacionadas con la deportación de familias y menores, insistiendo en que las políticas migratorias deben situar los derechos humanos en el centro de la acción pública.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado la rehabilitación de la pasarela peatonal metálica de El Confital, con un presupuesto de 381.990 euros, con el propósito de mejorar la seguridad y la accesibilidad al emblemático espacio natural de la capital.

Las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 6 de julio y, una vez se formalice la adjudicación, las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de tres meses, ha indicado este miércoles el consistorio en un comunicado, en el que ha subrayado que, “dada la sensibilidad ecológica de la zona, el proyecto técnico contempla rigurosas medidas de protección ambiental”.

El concejal de Turismo y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha destacado que esta actuación para la accesibilidad del litoral “garantiza que un espacio tan sensible y querido como El Confital cuente con infraestructuras seguras y perfectamente integradas”.

El objetivo del proyecto es que la pasarela “recupere su funcionalidad plena para la ciudadanía y, sobre todo, sea respetuoso con los valores naturales del entorno”, ha señalado el edil.

El Ayuntamiento ha afirmado que el paso del tiempo y el continuo embate del mar han provocado un deterioro en la infraestructura actual, entre ellos, la presencia generalizada de óxidos, barandillas y pasamanos dañados, así como la existencia de piedras sueltas en el muro de contención.

Por este motivo, el proyecto plantea una renovación integral “que no modificará el trazado original ni introducirá alteraciones significativas”, indica la nota.

La obra se limitará “estrictamente a la conservación y mejora de la estructura existente”, ha explicado el consistorio al señalar que, de este modo, “se garantiza la total preservación y armonía visual de un enclave singular, respetando escrupulosamente los valores ambientales y patrimoniales de la zona y su colindancia con el Paisaje Protegido de La Isleta”. 

El Gobierno de Canarias ha anunciado este martes un acuerdo con Ejecutivo central para actualizar las ayudas al transporte de mercancías, para compensar el sobrecoste de transportar mercancías hacia Canarias y entre las propias islas.

Las mejoras de esas ayudas se han negociado en una reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado de seguimiento del sistema de compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías.

En un comunicado, la directora general del Transportes y Movilidad del Gobierno canario, María Fernández, explica que la nueva metodología permitirá que las ayudas tengan en cuenta gastos que hasta ahora no estaban “correctamente” reflejados. Entre ellos figuran los costes derivados de la doble y triple insularidad, así como otros sobrecostes asociados a la condición de región ultraperiférica.

Se ha solicitado también incluir los gastos fitosanitarios y de nuevas mercancías de economía circular, además de los cálculos sobre los costes de flete, gestión, manipulación, tasas portuarias/aeroportuarias, seguridad, recargos (BAF), fletes especiales, alquiler de unidades (perecederos) o retornos en vacío, se realicen tomando como referencia operadores que trabajan en Canarias y no compañías internacionales cuyos costes no reflejan las circunstancias reales del archipiélago.

Fernández ha destacado que el objetivo final de esta revisión es que las ayudas al transporte reflejen los costes reales que soportan las mercancías que llegan a Canarias.

Por ello, considera que la actualización acordada puede contribuir a contener el precio de numerosos bienes de consumo, “siempre que los compromisos alcanzados se materialicen en la normativa estatal y se apliquen de forma estable en el tiempo”, ha subrayado.

Otro de los acuerdos alcanzados permite establecer criterios objetivos para revisar los costes de referencia cuando se produzcan situaciones excepcionales, como conflictos internacionales o fuertes incrementos de los costes de producción y transporte.

La directora general ha señalado que el siguiente paso corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que deberá incorporar los acuerdos alcanzados a la nueva metodología oficial y modificar los reales decretos que regulan estas ayudas.

“Hoy hemos conseguido lo más difícil, que era acordar cómo deben calcularse los costes reales del transporte en Canarias. Ahora necesitamos que esos acuerdos se conviertan en normas para que las empresas y la ciudadanía puedan beneficiarse de ellos”, ha concluido Fernández.

Francisco Martínez Peñaranda, de la asociación ultraconservadora Libertas, ha negado este martes en el Parlamento de Canarias la pobreza infantil y ha denigrado a las personas homosexuales, asegurando que aunque a los parlamentarios les parezcan “extravagantes” sus opiniones “la mejor opción” es que los menores “vivan con un papá y una mamá. Y, de hecho, así figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Martínez Peñaranda ha comparecido en la comisión sobre pobreza infantil precisamente obviando todos los datos e informes oficiales y arremetiendo contra el sistema de acogida de menores. Además, al final de su intervención incidió en el matrimonio igualitario, remarcando que cree “que nos olvidamos cuando se trata de la transmisión de la vida y todo el tema del matrimonio homosexual que no se discute lo suficiente.  Es la primera vez en la civilización humana en que estamos criando deliberadamente a niños sin madre o sin padre”.

Peñaranda remarcó que “no se está teniendo en cuenta algo muy importante. Y es que mucho antes de que el tema del matrimonio homosexual estuviera en la vanguardia del pensamiento cultural, hemos tenido décadas y décadas de datos sociológicos y estudios revisados por pares que nadie discutía  y que decía que los niños en general, y en su mayor parte  están mejor cuando son criados por un padre y una madre”.

Vox vuelve a demostrar así que se sitúa en contra de los avances LGTBIQ+ y que con su llegada a las instituciones democráticas se corre el riesgo de que se dé voz a discursos sin rigor y superados. Además de volver a poner el foco hacia los colectivos más vulnerables cuando se tratan asuntos de relevancia como es el caso de la pobreza infantil.

La intervención sobre la homosexualidad Martínez Peñaranda la realizó en el segundo turno sin réplica de los parlamentarios, pero sí bajo su mirada atónita y gestos de desaprobación.

Tras su primera intervención, la parlamentaria de Nueva Canarias Natalia Santana le recordó que existen numerosos informes y estudios que hablan de la pobreza infantil, desde el grupo nacionalista señalaron que “no hablan el mismo idioma” que el portavoz de esta asociación y la socialista Alicia Pérez le afeó la falta de propuestas.

Libertas se denomina como una asociación “en contra de la ideología de género y a favor de la libertad de enseñanza en la que los padres tengan voz y voto para educar a sus hijos”. Parte del discurso de Martínez Peñaranda también se destinó a atacar a la ministra Isbel Celáa que en realidad ha defendido el derecho a la educación de los menores frente al pin parental que proponen los conservadores como Vox y desde asociaciones como esta.

Pese al relato que ha tratado de hacer calar esta asociación, EAPN Canarias ya ha alertado de que el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes de Canarias vive en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad. “Crecer en un hogar con ingresos insuficientes o en condiciones de precariedad implica mayores dificultades en ámbitos clave como la salud, la educación, el bienestar emocional o el acceso a oportunidades futuras”.

El Gobierno de Canarias ha suscrito con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el convenio que permitirá avanzar en la regularización y desarrollo de aeródromos y helipuertos de competencia autonómica en las islas, que deja fuera por el momento aquellos de interés general para el país.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha detallado este martes que el acuerdo establece un marco de coordinación entre las administraciones regional y estatal para autorizar, abrir al tráfico, supervisar y regularizar infraestructuras aeronáuticas de carácter autonómico, siempre bajo la garantía de cumplir los requisitos de seguridad operacional exigidos.

De esta manera, será a partir de ahora Canarias la que autorice el establecimiento, apertura al tráfico y modificar los aeródromos y helipuertos de uso restringido, así como autorizar los de carácer eventual.

Mientras, AESA continuará ejerciendo sus funciones en materia de comprobación del cumplimiento de las normas técnicas de seguridad operacional, inspección aeronáutica y supervisión normativa.

El responsable de la Consejería, Pablo Rodríguez, ha destacado que Canarias sea la primera región en firmar este convenio, lo que permite “seguir avanzando en el ejercicio efectivo de las competencias sobre estas infraestructuras”.

Al mismo tiempo, se las dotará de “mayor seguridad jurídica y coordinación administrativa a procedimientos que resultan fundamentales para la conectividad, la atención sanitaria, la gestión de emergencias y la prestación de servicios públicos esenciales en las islas”.

Ello se sumará a una mayor facilidad para tramitar nuevos proyectos y regularizar aquellas instalaciones ya existentes, lo que permite agilizar procedimientos y reforzar la colaboración técnica entre gobierno regional y administración estatal.

Además, ambas administraciones mantendrán una comisión de seguimiento y grupos de trabajo técnicos que permitirán coordinar actuaciones, intercambiar información y dar impulso a la regularización de infraestructuras aeronáuticas de interés público en el archipiélago, precisa el comunicado.

Once infraestructuras ya autorizadas en Canarias

Actualmente, Canarias cuenta con once infraestructuras aeronáuticas de competencia autonómica autorizadas. Entre ellas figuran los aeródromos de Antigua, en Fuerteventura, y El Berriel, en Gran Canaria.

Asimismo, se encuentran autorizados los helipuertos de Artenara, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Puerto Las Palmas (PalmasPort), en Gran Canaria; San Sebastián de La Gomera; Puntagorda, en La Palma; Adeje, Hospital Universitario de Canarias y Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, así como el helipuerto de La Guancha.

Más de una quincena de instalaciones continúan en tramitación

El proceso de regularización continúa avanzando con distintas infraestructuras actualmente en tramitación en varias islas del archipiélago.

En El Hierro se encuentran en tramitación los helipuertos de Frontera Base GES y del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes. En Fuerteventura avanza la tramitación del helipuerto del Hospital General Virgen de la Peña.

En Gran Canaria se trabaja en los expedientes correspondientes al aeródromo de Agaete; los helipuertos del Edificio de Servicios Esenciales, El Berriel, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y La Aldea; el hidroaeródromo Puerto Las Palmas y la plataforma de operaciones aéreas de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

En La Palma continúan los trámites de los helipuertos de la Base EIRIF, el Hospital Universitario de La Palma y Puntagorda. En Lanzarote se encuentran en tramitación los helipuertos del Hospital Doctor José Molina Orosa y de La Graciosa. Por su parte, en Tenerife avanzan los expedientes del helipuerto del Edificio de Servicios Esenciales y del hidroaeródromo de Tenerife.

El presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, ha opinado que el nuevo soberanismo canario que defiende su partido responde, entre otras cuestiones, al “colapso material del modelo capitalista de Canarias”, que está afectando “a las cosas de comer”. Según su explicación, “generaciones enteras de Canarias están sufriendo empobrecimiento, desigualdad, marginación y dificultades para encontrar un trabajo o una vivienda digna”, por lo que la ciudadanía “está pidiendo alternativas políticas ante un modelo económico extractivista que favorece a una minoría, deteriora el territorio, produce hiperpoblación y genera una total dependencia del exterior”. “Los canarios y las canarias están diciendo que Canarias tiene un límite y Drago quiere dar respuesta a esta idea articulando un nuevo proyecto soberanista y progresista para las islas”, expuso. 

Para hacerlo, según él, Canarias debe contar con “una opción política que proteja el territorio, defienda los servicios públicos y promueva un cambio en el modelo productivo para conseguir que la riqueza del archipiélago alcance al conjunto de la población”. Rodríguez hizo estas declaraciones en una charla ofrecida en Agüimes, en la sede de Roque Aguayro, formación integrada en Municipalistas Primero Canarias, partido nacido tras la escisión de varios alcaldes hasta entonces miembros de Nueva Canarias, pero que ahora, encabezados por Teodoro Sosa, han iniciado un proceso de acercamiento a Coalición Canaria.

El exdiputado en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se mostró partidario de una “nueva democracia de kilómetro cero”, que “devuelva la soberanía política a la ciudadanía” y que priorice la defensa de Canarias “desde posiciones progresistas y no excluyentes”. “Defendemos una soberanía canaria que no tenga límites, que llegue hasta donde la ciudadanía democráticamente quiera”, afirmó. 

Rodríguez explicó los motivos que justifican el supuesto crecimiento de proyectos políticos como el de Drago Canarias, que, según él, “desde el profundo respeto al trabajo histórico de otras opciones políticas nacionalistas intenta adaptarse a los tiempos y las generaciones actuales”. Entre ellos citó su convencimiento, tras una década de militancia en proyectos de izquierda estatal como Podemos, de que “Canarias no es tratada por el Estado con el mismo respeto que otros territorios”, lo que “lleva a la necesidad de articular una fuerza progresista de lealtad u obediencia canaria”.

Otro factor desencadenante del proyecto de Drago es la percepción de que “no hay renovación, autocrítica ni verdadera participación en los partidos políticos tradicionales, ni tampoco oportunidades para que los jóvenes canarios con talento, preparación y capacidad puedan aportar en política”.

En su opinión, la percepción política generalizada entre los jóvenes es de “estancamiento”, lo que genera “expectativas frustradas”. Frente a ello, se ha producido la aparición de “una nueva cultura generacional centrada en Canarias, sin complejos y sin pedir permisos”, una nueva ola de canariedad en la música, en la literatura, en las artes escénicas o en la creación plástica “que no se veía desde los años 70”. Este movimiento cultural es “confederal”, porque reclama “aceptar la diversidad de la Canarias actual y respetar la voz propia de todas las realidades que hoy conviven en el archipiélago, erradicando fenómenos como el insularismo o el centralismo de las islas capitalinas que han lastrado históricamente la unidad de Canarias”. 

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha garantizado la financiación de la gratuidad del transporte público y se ha comprometido a atender los pagos pendientes, ha informado la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, en un comunicado.

Fernández ha señalado que el Ministerio ha confirmado este lunes durante una reunión de la Comisión General de Directores Generales que ya dispone de partida presupuestaria para afrontar tanto la liquidación pendiente de 2025 como el adelanto correspondiente a 2026.

Durante su intervención, Fernández ha reclamado además que, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria, se agilice la tramitación de la justificación correspondiente al ejercicio 2025 para poder recibir las cantidades aún pendientes, así como adelantar en la medida de lo posible los anticipos correspondientes a 2026.

“Ahora que existe cobertura presupuestaria, es fundamental reducir los tiempos burocráticos para que los recursos lleguen cuanto antes y evitar que los anticipos vuelvan a retrasarse hasta finales de año”, ha indicado.

Durante la reunión, la directora general ha trasladado, además, la necesidad de que Canarias sea tenida en cuenta en el reparto de los nuevos fondos europeos destinados a modernizar y descarbonizar la movilidad, dotados con más de 4.300 millones de euros para España.

En este contexto, ha defendido que el diseño de estas convocatorias incorpore las singularidades de los territorios insulares y ultraperiféricos para evitar que Canarias quede excluida de futuras líneas de financiación.

“Las regiones ultraperiféricas tienen necesidades específicas que deben ser contempladas. La realidad de nuestras islas, especialmente en las islas no capitalinas y las zonas rurales, exige instrumentos adaptados que permitan seguir impulsando el transporte público y garantizar la cohesión territorial”, ha indicado.

Es por ello que, el Gobierno de Canarias indica que presentará alegaciones para que los criterios de reparto tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago y permitan acceder a recursos destinados a proyectos de movilidad sostenible adaptados a la realidad insular, ha puntualizado Fernández.

Por otro lado, para concluir su intervención, María Fernández ha alertado en el encuentro sobre la posibilidad de que Aena implante nuevas tasas a las guaguas que permanecen en espera para recoger a turistas en los aeropuertos canarios, una medida que “puede generar efectos negativos sobre la movilidad y aumentar la congestión en los entornos aeroportuarios”. La responsable   estatal recogió esta preocupación y se comprometió a trasladarla para su valoración.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja esta semana a Uruguay y Argentina con el objetivo de afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos de las islas con ambos países.

Una nota del Gobierno de Canarias indica que durante cinco días y coincidiendo con la conmemoración del tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, Clavijo tendrá una “intensa agenda de trabajo” que incluye reuniones Como la celebración del Foro ‘Canarias-Uruguay: del origen al futuro’.

Además se celebrarán encuentros con la importante comunidad de descendientes de migrantes canarios y visitas a proyectos de cooperación financiados por el Gobierno autonómico.

En esta misión del Gobierno de Canarias participan también el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el director General de Emigración, José Tellez.

Se trata de la tercera ocasión en que un presidente de Canarias realiza un viaje oficial a Uruguay y Argentina y con anterioridad lo hicieron Román Rodríguez en 2002 y Paulino Rivero en 2012.

Durante el viaje, Fernando Clavijo tiene previsto reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, encuentros que servirá para analizar las relaciones entre Canarias y este país del Cono Sur americano.

La agenda institucional contempla asimismo un encuentro con el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El Gobierno recuerda en el comunicado que la capital de Uruguay fue fundada con la participación de migrantes canarios en noviembre de 1726 y por tanto este año conmemora este año sus 300 años de historia.

En esta efemérides, el Gobierno de Canarias participará con la organización de actos en la capital uruguaya y en la intendencia de Canelones, además de los que impulsará la Fundación Canaria de Montevideo como homenaje a las 25 familias canarias que arribaron a la bahía de esta ciudad el 19 de noviembre de 1726.

El presidente de Canarias también tiene previsto reunirse con el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Se trata de uno de los 19 departamentos uruguayos donde más migrantes canarios se establecieron durante los siglos XVII y XVIII y aquí Clavijo participará el próximo viernes en los actos en honor al nacimiento del General José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria en Uruguay y una de las figuras centrales de la independencia y del federalismo en el Río de la Plata.

En cuanto al foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro, se celebrará en la embajada española, donde Fernando Clavijo expondrá ante más de un centenar de representantes institucionales, sociales y empresariales uruguayos las bases que sustentan la relación histórica entre ambos territorios, el estado actual de estos vínculos, y las nuevas vías de colaboración que el Gobierno canario.

La nota del Gobierno indica que el presidente informará sobre las ventajas fiscales competitivas que ofrece Canarias con la ZEC y, sobre todo, gracias a los incentivos incluidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para las empresas que inviertan en sectores declarados estratégicos como el audiovisual y los de I+D+i.

En Buenos Aires, Proexca organiza una jornada empresarial orientada a captar el interés de firmas argentinas en pleno proceso de internacionalización, enfocándose en la estabilidad y las ventajas fiscales del archipiélago canario y en Montevideo, la empresa pública se sumará al Foro económico.

En el plano económico, Canarias ejerce como la comunidad autónoma española líder en la compra de productos uruguayos, y destaca como el principal cliente nacional de su carne y cereales.

También las importaciones provenientes de Argentina registran cifras récord en la actualidad gracias a un flujo comercial que se concentra casi exclusivamente en dos productos: pescado y carne.

La agenda de trabajo en Argentina se centrará en una reunión con el embajador de España Joaquín María de Arístegui para conocer de primera mano la situación de la comunidad canaria en el país.

En el plano social, el presidente mantendrá durante su viaje varios encuentros con la comunidad canaria en Uruguay y Argentina y tiene previsto un acto con canarios y descendientes en la Intendencia de Montevideo, además de otro en la Sociedad Islas Canarias, entidad que desarrolla proyectos sociales en la capital uruguaya.

Ya en Buenos Aires, la agenda incluye una cita con la colectividad canaria argentina.

Además, Clavijo y el resto de la delegación conocerán de primera mano algunos de los proyectos de cooperación que el Gobierno de Canarias impulsa en estos dos países sudamericanos y entre ellos destaca la financiación de obras en el Centro Educativo Islas Canarias de Montevideo, de la Residencia Orillas Antiracistas en Canelones y al Programa Orroró Uruguay.

El Gobierno recuerda que relaciones entre Canarias y Uruguay se sustentan en más de trescientos años de historia compartida, marcados por una intensa corriente migratoria que convirtió al archipiélago en uno de los principales lugares de origen de la población uruguaya. 

La formación política Primero Canarias, creada por los escindidos de Nueva Canarias, celebró este domingo su primer encuentro de militantes y simpatizantes, un evento que congregó en La Karpa de Vecindario a cerca de 2.000 personas procedentes de los 21 municipios de la isla, según ha indicado la organización en un comunicado de prensa.

En el encuentro, que contó con música y comida, intervinieron Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, municipio anfitrión; Vanesa MarNn, alcaldesa de Ingenio y presidenta de la Mancomunidad del Sureste; Juan Antonio Peña, alcalde de Telde; Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de Municipalistas Primero Canarias, y Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. 

“Nuestra fuerza es nuestra militancia”, dijo Teodoro Sosa en su intervención. “Por muchos eslóganes que tengas, por muchos discursos que pronuncies o por muchas noticias que generes, sin militancia no hay partido”. El líder municipalista agradeció la asistencia a las personas que acudieron al espacio de La Karpa, un lugar en el que “otros partidos no se atreven a convocar actos porque saben que no tienen gente para llenar”.  

La elección del lugar no fue casual, ha indicado el partido en la misiva, sino toda una declaración de intenciones y un mensaje rotundo de apoyo a los seis concejales de Santa Lucía de Tirajana, incluido el alcalde, Francisco García, que fueron declarados tránsfugas por la justicia y que han sufrido, dicen ellos, “acoso, insultos y conspiraciones por parte de quienes han querido desalojarlos del grupo de gobierno, sin lograrlo”.

Teodoro Sosa denunció el “afán” de otras fuerzas políticas por “cortarle el paso a Primero Canarias” con maniobras políticas como las vistas en Santa Lucía o con mociones de censura contra sus alcaldes, como en San Mateo, Agaete, Guía y Valsequillo.

La respuesta de Primero Canarias es “seguir avanzando en la consolidación del proyecto municipalista, constituir asambleas en los 21 municipios de Gran Canaria y trabajar duro para ganar las próximas elecciones”. “Miramos al futuro con ilusión porque hemos nacido para construir en positivo”, subrayó.  

Sosa agradeció especialmente la presencia destacada entre el público de Marcial Morales, ex alcalde de Puerto del Rosario, ex presidente del Cabildo de Fuerteventura e histórico dirigente del nacionalismo progresista de Canarias, ahora en tareas de solidaridad en organizaciones como la Fundación Yrichen o el Comedor Social San Pedro – La Isleta.

Insistió además en la necesidad del “voto canario” en las próximas citas electorales. “Si vives, piensas y sientes en canario, te tiene que doler Canarias y tienes que votar por Canarias”, dijo en referencia al proyecto de Mesa de Unidad con que los municipalistas están promoviendo la unidad de acción política de las fuerzas de lealtad canaria para el Congreso y el Senado.

“Mientras los canarios nos sigamos dividiendo en Madrid seguirán frotándose las manos” y por eso “estamos poniendo de acuerdo a muchos par3dos para defender juntos los derechos y los intereses de Canarias”, insistió.

Óscar Hernández, por su parte, destacó la esencia del proyecto municipalista de Primero Canarias. A diferencia de otros partidos, dijo, “nosotros estamos cerca de la gente, escuchamos a nuestros vecinos y vecinas, salimos de los despachos, pateamos la calle, conocemos los problemas de los barrios y nos dejamos la piel en buscar soluciones a los problemas de nuestros pueblos y ciudades”, afirmó.

“Nuestros jefes no están en Madrid ni en ningún despacho, nuestros únicos jefes son ustedes”, dijo en referencia a los militantes y simpatizantes de la organización. El presidente de Primero Canarias también defendió “otra forma de hacer política”, con “ética y dignidad”. Hay que “olvidarse del insulto y la permanente confrontación”, que solo conducen al “descrédito, el ruido y la polarización”, para abanderar una política de “diálogo, entendimiento y servicio público”. 

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó el “carácter abierto e inclusivo” de Primero Canarias, “un proyecto en el que caben diferentes sensibilidades porque pone en valor lo que nos une y no lo que nos separa”. “Primero Canarias no resta ni divide, sino todo lo contrario, suma y multiplica”, afirmó.

Peña animó a la ciudadanía a dar un paso al frente y sumarse al proyecto municipalista como forma de participar abiertamente en política y luchar por Canarias. En el acto también intervinieron Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio, y Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, quienes insistieron en la necesidad de seguir fortaleciendo el proyecto de Municipalistas Primero Canarias desde el trabajo a pie de calle, la cercanía y la escucha activa.  

El primer encuentro de militantes y simpatizantes de Primero Canarias se prolongó con música y enyesques desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde del domingo. La organización adelantó su intención de repetir la celebración con carácter anual, coincidiendo a partir de ahora con el Día de Canarias, como forma de reivindicar la identidad y las raíces del proyecto municipalista. 

El Gobierno de Canarias tiene un serio problema: se enfrenta al duro inconveniente que está relacionado con la gestión pública que ha hecho y viene haciendo de los recursos europeos destinados a las islas (en su mayoría para potenciar la transición ecológica y la energía limpia) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), periodo 2021-26, un instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) integrado en los fondos Next Generation, nacidos de forma excepcional por la crisis sanitaria de la covid y sus amplias consecuencias sectoriales, entre ellas la económica.

El problema se puede resumir en cifras de dinero público que puede ser devuelto a la UE o en el plazo límite inamovible para la justificación de las inversiones subsidiadas. Sobre lo primero, hay que decir que a los 55 millones de euros ya reintegrados hasta 2025 el propio Gobierno autonómico prevé unir 150 millones más, cantidad que indica que no se podrá gastar ni justificar a tiempo, antes del 31 de agosto de este año, esto según las proyecciones de los distintos departamentos informadas por la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, con Matilde Asián, del PP, al frente de este departamento.

La suma de esas dos cantidades alcanza los 205 millones de euros, casi el 12% de la cifra total disponible para Canarias (1.727 millones). Esta probable pérdida de recursos, la por ahora medida por el Gobierno de Fernando Clavijo, la formación política Nueva Canarias (NC), en la oposición en el Parlamento de Canarias, la eleva hasta los 500 millones; esto es, cerca del 30% de los 1.727 millones disponibles para las islas. Sea un balance u otro, es innegable que el resultado deberá ser calificado de muy negativo.

El Gobierno de Canarias (CC y PP) confió, quizá más de la cuenta, en sus opciones de ampliar aquel plazo límite de justificación, el 31 de agosto de 2026, y lo cierto es que se ha dado de bruces contra la realidad impuesta por Bruselas, algo que se consideraba como muy probable.

Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, lo negociaron en Bruselas) de lograr con el apoyo del Gobierno español y sobre todo en el seno de la Comisión Europea la ampliación del plazo de justificación de las inversiones con cargo al MRR, al menos para los proyectos de transición energética y ecológica (donde se concentra el destino de esos fondos europeos aprobados para Canarias, con 531 millones del total de 1.727), nada se ha podido hacer y no hay ni un día más de gracia: el límite es inamovible y se mantiene en el 31 de agosto de 2026.

Así mismo lo subraya la Comisión Europea en su última comunicación oficial al respecto, publicada en el DOUE el 4 de mayo pasado (C/2026/2614) y también servida por el BOE. En esta comunicación, denominada Orientaciones para los Estados miembros sobre los aspectos operativos relacionados con la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), quedan claras varias cuestiones de interés: primera, que la Comisión ya en una comunicación previa, esta publicada el 4 de junio de 2025 [hace un año] y titulada Next Generation EU-Camino a 2026, recordaba el marco jurídico aplicable y los plazos de interés para la fase final de ejecución del MRR.

Entonces, decía: “El reglamento del MRR establece que todos los hitos y objetivos para la aplicación de las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026”. A esta afirmación, desde ese momento inalterada, recientemente se ha unido la ratificación del mismo plazo límite para tener justificado el uso de todos los fondos del MRR en la UE, también en las islas.

Sobre esto, la más reciente comunicación de la Comisión respecto al MRR, señala: “Dado que los hitos y objetivos deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026, no cabe que el Consejo adopte modificaciones de los planes de recuperación y resiliencia después de dicha fecha. Además, solo si la adopción se produjera antes del 31 de agosto de 2026, podría la Comisión evaluar las solicitudes de pago presentadas sobre la base de las decisiones de ejecución del Consejo revisadas y adoptar la decisión de pago correspondiente a tiempo para que el desembolso se efectuase a más tardar el 31 de diciembre de 2026, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento del MRR”.

Y prosigue, sin margen a las excepciones, como quería Canarias por su condición de región RUP, entre otros argumentos: “De conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra d), del Reglamento del MRR, todos los hitos y objetivos deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026. Las medidas para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos adoptadas por los Estados miembros después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de pago”.

A su vez, recuerda que “todas las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las auditorías realizadas y todas las pruebas justificativas necesarias para su evaluación, deberán presentarse a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2026”.

Proyecciones de reintegros a la vista

La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido una asignación total de fondos del MRR de 1.727 millones de euros para el periodo 2021-26. De este caudal financiero, al cierre del ejercicio presupuestario de 2025, consumidos cinco años de los seis de ejecución, solo se había justificado el gasto del 55% de esos fondos europeos nacidos con la covid; esto es, 944 millones de euros.

El 42% restante, 728 millones, son los pendientes de consumir. Si a estos dos valores absolutos, el de 944 y 728 millones, se suma la cantidad de 55 millones, que es el dinero de la UE ya devuelto al Estado en 2025, se alcanza aquella primera cifra global: 1.727 millones de euros, solo para el archipiélago.

Pese a que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que ya se ha reintegrado el 3% de los 1.727 millones de euros (55 millones) y que la previsión de sus consejerías es que sobrarán o no podrán ser ejecutados 150 millones más de los 728 disponibles este 2026, hasta el 31 de agosto próximo, lo cierto es que, si se tiene en cuenta el nivel medio de ejecución de esos fondos del MRR hasta el cierre de 2025 (del 55%), Canarias es posible que deje de gastar del MRR nada menos que 328 millones de euros, bastante más que los 205 millones por ahora previstos o posibles, según la Consejería de Hacienda.

Aquella otra proyección, la que se apoya en el nivel de ejecución del MRR al cierre de 2025 (55%), es bastante más alta que la cifra que resulta de sumar los 150 millones de euros de este 2026, los previstos, y los 55 ya reintegrados hasta 2025.

Pero aún hay valoraciones más negativas, como la que realiza NC, que coloca ese umbral final de devolución en torno a los 500 millones de euros, el 30% de la partida global aprobada para las islas (la de 1.727 millones de euros).

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han urgido a la convocatoria de la conferencia sectorial de migraciones para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo, que lleva en funcionamiento apenas 48 horas.

La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado este sábado que ella y su homóloga vasca, Nerea Melgosa, le han dirigido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que reúna a las comunidades “de inmediato” y allí ver “el día a día de cómo vamos a llevar ese pacto”.

Delgado ha revelado que le informó a la ministra del envío de esta misiva al coincidir con ella en la visita del papa León XIV a Canarias.

Lo ha hecho este sábado en la inauguración de un simposio internacional sobre refugiados y migrantes que se celebra en La Laguna como colofón a la visita del pontífice a Canarias, un encuentro en el que se da voz a “esos temores y dudas” que el pacto europeo de migración y asilo genera, sobre todo en Canarias, siendo como es “la puerta sur de Europa”. 

El empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo y el excomiario del aeropuerto de Barajas, ahora jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, comparecerán el 22 y 29 de junio en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades de la SEPI.

Manuel Aarón Fajardo ha sido señalado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, como el “enlace” con Venezuela del entorno del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya secretaria, Gertrudis Alcázar, también comparecerá el 29 de junio en la comisión del Senado, según el calendario que ha anunciado este viernes en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional como “el hombre de Zapatero en Venezuela” y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la SEPI concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021- y el entorno del expresidente socialista.

Por su parte, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a la que la portavoz del PP se ha referido como su “asistenta y presunta fontanera para el blanqueamiento de dinero”, acudirá a declarar a la comisión el día 29 por la mañana.

La portavoz popular en el Senado ha dicho que Gertrudis Alcázar tendrá la oportunidad, entre otras cosas, de “aclarar de dónde provenía la colección de joyas que ocultaba Zapatero en una caja fuerte en su oficina propiedad del PSOE” y “quién le dio la orden para falsear facturas que tenían cómo objetivo el blanqueamiento de dinero”.

Ese mismo día por la tarde rendirá cuentas el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez Martín, máximo responsable policial de Barajas en 2020 cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La portavoz del PP ha considerado que el llamado “Delcygate” fue “el embrión de toda una red de tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder que se ha generado en torno al expresidente Zapatero y al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez”

Pocos edificios en Vecindario pueden cumplir con los requisitos que ha impuesto el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, para invertir en él hasta 1.765.000 euros. Por eso, es natural que todas las personas que han leído la parte del expediente que se conoce hasta el momento para su compra hayan señalado al mismo inmueble, situado en la esquina de Primero de Mayo con la Avenida de la Unión, frente al Molino de Gofio, como el elegido.

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha decidido hacer una convocatoria pública para “consulta preliminar del mercado para la identificación de un edificio destinado a dependencias administrativas de la Gerencia de Cultura y Deportes”. Y la identificación ha sido plena.

Por un precio que no debería superar los 1.765.000 euros, el edificio en cuestión debe reunir “como mínimo, las siguientes características”: encontrarse dentro de un radio máximo de quinientos metros desde la plaza de los Algodoneros; tener fachada a dos calles; tener aparcamientos en su entorno próximo, así como establecimientos comerciales, servicios de hostelería y entidades bancarias.

Las dimensiones también aparecen bastante especificadas: cuatro plantas como mínimo, con una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados. Con una antigüedad de no más de cincuenta años y con un estado estructural “adecuado para su utilización como edificio administrativo”.

Por supuesto, su distribución y espacios deben ser “susceptibles de albergar oficinas administrativas, con ”disponibilidad de iluminación natural suficiente en todas las plantas, con ventanas o ventanales en las fachadas del edificio“.

También tiene que tener ascensor o elevador, o en su defecto, posibilidad técnica para instalar uno.

Según el catastro, el edificio de Primero de Mayo, 148 cumple con todos los requisitos: 2.844 metros cuadrados, construido en 1978 (menos de 50 años, aunque sea por poco), cuatro plantas, y está en Vecindario, la zona comercial y administrativa más importante del municipio y de prácticamente toda la comarca.

El alcalde, Francisco García, que es quien firma el expediente, ha elegido hacerlo a través de la empresa municipal Ateneo Santa Lucía, que es una sociedad anónima, después de que los técnicos municipales rechazaran que lo hiciera a través del Ayuntamiento.

Nueva Canarias pone el grito en el cielo

Eso al menos es lo que sostiene Nueva Canarias en un duro comunicado emitido esta semana a poco de conocerse el inicio de ese expediente.

El concejal de NC-FAC, Ramón Leví Ramos Sánchez, ha calificado la operación de “despropósito difícil de explicar a la ciudadanía” y ha señalado directamente al alcalde y a los concejales que lo apoyan en plena polémica sobre su legitimidad al ser considerados tránsfugas por el secretario municipal, entre otros órganos oficiales.

 “El alcalde tendrá que explicar por qué una empresa pública con sólo once personas en su plantilla administrativa necesita un edificio de 2.500 metros cuadrados y cuatro plantas. Son más de 225 metros cuadrados por trabajador”. 

Y lo acusa de promover esta operación desde “un gobierno sin legitimidad para hipotecar el dinero público” por tratarse de “un alcalde tránsfuga, que gobierna en minoría y que no cuenta con la legitimidad democrática que dan las urnas ni con una mayoría en el Pleno que refrende sus decisiones; no tiene derecho a condicionar los presupuestos municipales con proyectos de dudosa necesidad”.

La versión de la mayoría gobernante

En lo que la oposición recibe las explicaciones legalmente establecidas, a través del gabinete de prensa de la Corporación, Canarias Ahora ha conseguido la versión de la mayoría gobernante.

 El Ayuntamiento ha explicado el expediente a Canarias Ahora.

Tras aclarar que no es un anuncio de licitación sino “una consulta preliminar, una consulta de mercado que no obliga al Ayuntamiento a comprar ningún edificio”, el consistorio sostiene que el hecho de que el anuncio se haya publicado a través de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes “no implica que el edificio vaya a ser para el personal de se órgano”. 

Lo cual avala una de las sospechas de la oposición que la respuesta municipal ratifica: “A la Gerencia, como sociedad pública, el Ayuntamiento le encarga realizar acciones que unas veces son directamente para la gerencia y otras para el Ayuntamiento, como ocurre en otros ayuntamientos e instituciones que tienen sociedades públicas, y como ha ocurrido en Santa Lucía de Tirajana en las últimas décadas”. 

En cualquier caso, dice la respuesta municipal, “no es cierto que la Gerencia (conocida popularmente como el Ateneo Municipal) tenga solo 11 trabajadores, tiene más de 130 (de Deportes, Cultura, Escuelas Artísticas, Medios municipales…).

Preguntado por la memoria justificativa de esa operación, el consistorio contesta que “al tratarse de una consulta de mercado no necesita informe económico, porque este anuncio no obliga al Ayuntamiento ni a la Gerencia a comprar nada, no es una licitación”. Aún así, “está publicado en la Plataforma de Contratación Pública que firma el alcalde porque es el presidente de la Gerencia”.

A la pregunta de por qué en Vecindario, la respuesta es que se trata de un núcleo de más de 85.000 habitantes en el que se concentra casi el 80% de la población del municipio. “No se busca un edificio para oficinas para administrativos, se busca un edificio para dar servicios públicos que ahora están todos concentrados en las oficinas municipales”.

¿Y por qué ese precio máximo concreto de 1.765.000 euros? “Esa es una cifra de referencia”, contesta el ayuntamiento. “Como se trata de una consulta, luego se verá qué edificios son, dónde están, cuánto cuestan, antes de tomar la decisión, que sí se tendría que hacer mediante licitación con diferentes informes, memorias económicas etcétera”.

Respecto al retrato robot tan parecido al edificio de la confluencia entre Primero de Mayo y la Avenida de la Unión, la mayoría municipal sostiene que “Vecindario es un centro urbano con muchos edificios. Habrá que ver los que se presenten. En cualquier caso, teniendo en cuenta que se quiere poner en la zona con más movimiento de gente, quizá serían mejor los que estén más cerca de la Avenida de Canarias, pero eso ya lo verán los técnicos municipales, que tendrán en cuenta los diferentes factores económicos, estado del edificio, ubicación, etcétera”.

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha saldado este mes de junio la deuda a proveedores heredada del anterior grupo de gobierno (ASBA-CC), la cual ascendía a un total de 1.740.454 euros.

La liquidación de estos impagos constituía uno de los compromisos adquiridos por el actual pacto de gobierno desde su llegada a la alcaldía. Al respecto, el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, ha defendido la prioridad de esta medida: “Las empresas que prestan sus servicios a este ayuntamiento, muchas de ellas radicadas en Valsequillo, tienen todo el derecho a cobrar por los servicios realizados. No podíamos permitir que siguieran asumiendo el coste de la parálisis anterior”.

Un rescate técnico de más de 600 facturas

Para poder hacer frente al abono de las facturas, el área de Intervención municipal ha tenido que desarrollar un exhaustivo y complejo trabajo de rastreo y validación técnica. Entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026, se elaboraron hasta cinco expedientes de Omisión de Función Fiscalizadora (OFI), herramienta legal indispensable para reconocer y dotar de validez a más de 600 facturas que el anterior gobierno había dejado sin tramitar, explica el Ayuntamiento.

Gracias a este procedimiento, la práctica totalidad de la deuda heredada ha quedado saldada, restando únicamente unas 30 facturas que no han podido ser abonadas temporalmente por presentar defectos de forma, pero que la institución liquidará de inmediato en cuanto se subsanen las incidencias técnicas.

Víctor Navarro, concejal de Economía y Hacienda, ha mostrado su sorpresa ante las últimas críticas vertidas por el líder de la oposición sobre supuestos retrasos en los pagos corrientes: “Paco Atta sabe perfectamente que, por estricto procedimiento legal, hasta que no pagásemos y liquidásemos la deuda millonaria que él mismo nos dejó, la administración no podíamos afrontar la tesorería generada por los servicios actuales. Una vez liberado este lastre, nos centraremos plenamente en los proveedores del nuevo ejercicio”.

Facturas prescritas desde el año 2013

La cruz de la moneda la ha expuesto el concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, quien ha revelado que más de 150.000 euros en facturas se han quedado atrás y no podrán ser abonadas por vía administrativa debido a que ya ha prescrito su plazo legal de pago (fijado en 4 años). A partir de ahora, los empresarios afectados se verán obligados a recurrir a la vía judicial mediante reclamaciones por enriquecimiento injusto para poder recuperar el dinero de unos servicios que el anterior grupo de gobierno dejó en el olvido desde el año 2013, a pesar de que el alcalde anterior reiteró en varias ocasiones y públicamente, que no quedaban facturas por pagar. 

“Esta es una muestra más de la absoluta desidia y de una forma de gestión completamente arbitraria en el abono de los servicios y trabajos prestados a esta institución. El anterior grupo de gobierno decidía dejar desprotegidas a muchas empresas de nuestro pueblo, amontonando facturas impagadas en los cajones que se remontan incluso al año 2013 y permitiendo que vencieran los plazos de reclamación administrativa”, ha criticado el responsable de las finanzas municipales.

Transparencia en el PMPP frente al “maquillaje” anterior

Desde el grupo de gobierno adelantan que el afloramiento y reconocimiento legal de todo este volumen de facturas atrasadas de 2025 va a provocar un repunte estadístico inmediato en el dato del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) de la institución. Sin embargo, el concejal Víctor Navarro ha matizado que es una consecuencia asumida en favor de la honestidad: “Es un dato que no nos preocupa, porque a partir de ahora la cifra va a ser cien por cien real. No vamos a esconder ni a dejar facturas sin contabilizar en los cajones para maquillar el PMPP, como se hacía sistemáticamente en la etapa anterior”.

Navarro volvió a reivindicar el compromiso del gobierno actual con la información y la transparencia “Nuestro compromiso con la claridad de las cuentas públicas es absoluto; muestra de ello es que los datos correspondientes al primer trimestre ya se encuentran totalmente visibles y accesibles para la ciudadanía en el portal de transparencia municipal.”

El concejal de Economía explica que este ejercicio de honestidad contrasta con la opacidad de corporaciones anteriores, precisamente gobernadas por quienes hoy se quejan del retraso de este dato, y que estuvieron años consecutivos sin dar cuenta del PMPP y nunca mostraron la menor preocupación por ofrecer transparencia en este tipo de cuestiones esenciales.

Recuperar la confianza y la credibilidad

Con la ejecución de este pago, y tras apenas siete meses al frente de la corporación local, el Ayuntamiento de Valsequillo continúa dando pasos y consolidando la “senda del orden” que el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, anunció en su discurso de toma de posesión durante el pleno de la moción de censura del pasado mes de noviembre: “No tenemos una varita mágica para acabar con los problemas, pero a base de trabajo, orden y procedimientos administrativos rigurosos, los resultados irán llegando”. 

Este cambio estructural en el modelo de gestión también se refleja de forma nítida en los procedimientos de contratación. Frente a la inercia del anterior grupo de gobierno, el actual ejecutivo ha apostado de manera decidida por la legalidad, registrando un incremento considerable en el número de contratos adjudicados bajo el estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, en comparación con los años anteriores. Se pasa así de un sistema basado en el encargo verbal y la factura en el cajón, a una administración moderna que licita, da oportunidades en igualdad de condiciones a las empresas y garantiza que cada trabajo prestado cuente con su debido respaldo presupuestario y fiscal desde el primer momento

El pago de la deuda a proveedores es un paso fundamental en la hoja de ruta del nuevo gobierno para recuperar la credibilidad de la institución, ya que la alta morosidad heredada había provocado que multitud de empresas locales y proveedores se negaran a continuar trabajando con el Ayuntamiento de Valsequillo. 

El grupo de gobierno confía que con este paso fundamental pueda comenzar a programar con rigor los próximos ejercicios económicos.

“Porque Canarias siempre ha sido puerto, abrazo y encuentro”. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, lleva meses preparándose para la visita del papa León XIV a Arguineguín, el muelle que hacinó a miles de personas durante la pandemia. Este 28 de mayo, Bueno publicó en su cuenta de Facebook un vídeo con Marcelo y Mbaye, dos artistas que plasmaron en sendos cuadros su perspectiva sobre la llegada de cayucos a Canarias. “Aquí seguimos demostrando que las fronteras también se rompen con arte, cultura y humanidad”, añadió la alcaldesa. Sin embargo, esta alcaldesa es la misma que boicoteó hace seis años la acogida de menores en su municipio, que fletó guaguas para sacar a los migrantes de su puerto y que se negó a pagar sus entierros.

En noviembre de 2020 el muelle de Arguineguín se había convertido en un campamento para migrantes. Onalia Bueno, aparentemente preocupada por los migrantes, fletó tres guaguas con unas 180 personas y las trasladó a la plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí pasaron hasta seis horas de angustia y sin información sobre qué pasaría con ellos. Los migrantes contaron a este periódico que estaban en la incertidumbre porque no sabían dónde pasarían esa noche, además explicaron que no se habían podido duchar en días. Al estar desamparados en una plaza su principal demanda era la de un baño. También solicitaban un teléfono móvil desde el que llamar a sus familiares para decirles que habían llegado bien. 

Técnicos de ONG explicaron entonces que la alcaldesa había trasladado la situación de hacinamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria. Los migrantes además permanecieron durante seis horas, abasteciéndose con la comida y el agua que llevaron al lugar residentes de distintos puntos de la Isla. “Ninguna persona es ilegal” cantaban los vecinos que se quedaron hasta el final con estos jóvenes en señal de apoyo hasta que a las 23.00 salieron las guaguas que les llevarían a hoteles donde alojarse, darse una ducha y poder cargar el móvil, ya que lo que más ansiaban era hablar con sus familias. 

Boicot a la acogida de menores  

El 27 de noviembre, pocos días antes de que se desmantelara el campamento de Arguineguín, la alcaldesa de Mogán de su municipio que alojaban a menores extranjeros no acompañados. Onalia Bueno levantó un acta de denuncia contra los establecimientos por “utilizar instalaciones turísticas -apartamentos- como albergue de migrantes”. Un día antes, la política había amenazado a los hoteleros con sancionarlos si cedían sus establecimientos a fines humanitarios.

Bueno también aprovechó el cero turístico provocado por la pandemia de coronavirus para responsabilizar a la inmigración de la caída de visitantes. Así, convocó una manifestación vecinal para “recuperar el turismo” y exigir que se desalojara a los migrantes de los complejos hoteleros. La acogida de supervivientes de la ruta canaria en complejos turísticos fue la respuesta temporal que encontró el Estado a la falta de recursos habilitados en las islas. Además, fue la alternativa que el Ministerio de Migraciones ofreció para evitar que los migrantes pasaran la noche al raso cuando la alcaldesa fletó guaguas desde Arguineguín hasta Las Palmas de Gran Canaria para sacar a los migrantes del muelle.

El entierro de las víctimas 

En septiembre de 2023, la alcaldesa anunció que el Ayuntamiento no pagaría el entierro de las personas que fallezcan en la ruta migratoria canaria y sean trasladadas al Muelle de Arguineguín. “Nosotros no vamos a asumir ningún enterramiento más porque lo debe pagar el Gobierno de España. Sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no son uno, ni dos, ni tres…”, dijo en una rueda de prensa. 

La alcaldesa obvió el reglamento de Política Sanitaria Mortuaria, que data de 1974, establece que deben ser los ayuntamientos quienes se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro del término municipal. Bueno sostenía entonces que las muertes de los migrantes se producen en alta mar y que, en consecuencia, debe ser el Gobierno central quien se haga cargo.  

No quiere a Salvamento en Mogán 

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno también anunció en 2023 en el pleno municipal su intención de sacar del puerto de Arguineguín, dependiente del Gobierno de Canarias, las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para las operaciones de rescate.

Según una información que publicaba el periódico Canarias7, la alcaldesa llegó a anunciar que su propuesta es que estas embarcaciones sean trasladadas al puerto industrial de Arinaga, en Agüimes, a más de 40 kilómetros, pero luego, ya acabada la sesión, explicó que en realidad el destino alternativo que se fije dependerá de las necesidades operativas del servicio, “que tampoco le corresponde conocerlas al Ayuntamiento”. “Lo que sí sabemos es que estas embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística del que es el puerto más rentable de la red de Puertos Canarios en Gran Canaria”, dijo. 

La alcaldesa tampoco quiere a Pedro Sánchez

La última polémica de Bueno es que no quiere a Pedro Sánchez en el muelle de Arguineguín. “No mostró en su día ningún tipo de interés” durante la crisis migratoria de 2020 “pese a que la migración es una competencia estatal”, dijo al enterarse de que el presidente estará en la visita. “No merece venir”, insistió para avivar la polémica pese a su historial de rechazo hacia las personas migrantes.

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad este miércoles la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para reclamar al Gobierno de España la actualización efectiva de los costes tipo del transporte de mercancías con origen o destino en Canarias.

En un comunicado, el PP recoge las palabras de la diputada del grupo Rebeca Paniagua, quien defendió la iniciativa subrayando que “afecta directamente al bolsillo de miles de familias canarias” al incidir sobre el precio de los productos que llegan a las islas, en la competitividad de las empresas del archipiélago, en la actividad de los autónomos “y, en definitiva, en el coste de la vida de los canarios”, destaca.

Paniagua recordó que Canarias, como región ultraperiférica situada a más de mil kilómetros de la Península, depende del transporte marítimo y aéreo para “prácticamente todo”, una realidad, asevera, que el REF reconoce mediante mecanismos de compensación que obliga al Gobierno del PSOE a corregir los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad. “No es un privilegio. No es una concesión. Es un derecho reconocido por ley”, resaltó la diputada popular.

Sin embargo, advirtió de que los costes tipo utilizados actualmente por el Ejecutivo central para calcular dichas compensaciones “continúan anclados en referencias que ya no reflejan la realidad de los profundos cambios experimentados por el comercio internacional en los últimos años”. 

“Cuando los costes reales aumentan, pero las referencias oficiales permanecen congeladas, el sistema deja de cumplir el objetivo para el que fue creado.”, aseguró Paniagua.

La parlamentaria destacó que esta situación provoca que las ayudas no cubran la totalidad de los costes subvencionables previstos por el REF, generando una diferencia que terminan asumiendo las empresas canarias y reduciendo su competitividad.

Asimismo, alertó de los problemas financieros que sufren los operadores económicos cuando las compensaciones no se abonan en el plazo estipulado de los doce primeros meses, obligándolos a adelantar unos costes que deberían ser compensados por la Administración.

Por otro lado, durante el debate, Paniagua puso en valor que esta misma iniciativa fue recientemente defendida en Madrid por el diputado nacional Juan Antonio Rojas en la Comisión Mixta sobre la Insularidad celebrada en el Senado, que ha servido de presión para la convocatoria, después de más de dos años, de la reunión bilateral entre Canarias-Estado, prevista para el próximo 16 de junio.

“Esperamos que exista voluntad política para garantizar la cobertura del cien por cien de los costes del transporte mediante una actualización ágil, objetiva y ajustada a la realidad económica”, indicó.

La diputada popular defendió que la actualización de los costes tipo constituye una cuestión de justicia territorial y de igualdad de oportunidades para Canarias. “No se trata de un privilegio ni de una concesión. Es un derecho reconocido por ley que debe cumplirse íntegramente”, señaló.

El PP resalta que, con la aprobación de esta iniciativa, el Parlamento de Canarias respalda la necesidad de adaptar los mecanismos de compensación a las condiciones reales del mercado y reclama al Gobierno de España “medidas urgentes para evitar que la lejanía y la insularidad continúen suponiendo una penalización económica para las empresas y los ciudadanos de las islas”.

El Grupo Parlamentario Popular quiere agradecer asimismo la labor y el compromiso del Comisionado del REF, José Ramón de la Barrera, y todo su equipo, en defensa de las ventajas del foro fiscal canario. “Defender el REF es defender la economía canaria, el empleo y la igualdad de oportunidades de todos los canarios”, concluyó Paniagua.

Asamblea Majorera–Coalición Canaria (AM-CC) Fuerteventura ha denunciado el uso indebido del territorio insular para maniobras militares, tras conocer el aterrizaje de dos helicópteros de la armada española en una zona altamente sensible para la fauna majorera en las inmediaciones de El Cotillo, en el municipio de La Oliva.

Según la información de que dispone AM-CC, la operación afectó, al menos, a un área incluida en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la isla, han informado este miércoles los nacionalistas en un comunicado.

Desde CC han asegurado que este escenario preocupa a los vecinos de esta zona norte, no solo por la contaminación acústica que produjo el sobrevuelo de estas aeronaves, sino también la repercusión que pueda tener entre la fauna autóctona.

“El ruido generado por estas aeronaves provoca un importante impacto medioambiental, contribuye al deterioro del suelo durante las maniobras de aterrizaje y puede alterar el equilibrio del ecosistema de la zona”, han señalado desde la AM-CC.

Asimismo, han insistido en que “ocasionan molestias a los vecinos y comprometen su seguridad al incumplir las normas relativas a la altura de vuelo, los horarios de operación y otras medidas de seguridad”.

Además, desde la formación política han mostrado su “creciente preocupación” ante la posible normalización de este tipo de actuaciones y del aumento de la presencia militar en la isla, especialmente tras el despliegue de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) el pasado mayo, en el marco de las denominadas Operaciones Permanentes que desarrollan las Fuerzas Armadas dentro de su planificación de defensa nacional.

Para AM-CC, “este tipo de incursiones en espacios no habilitados para maniobras militares no pueden sentar un precedente ni convertirse en una práctica habitual en Fuerteventura”.

Por otro lado, recuerdan que el Ministerio de Defensa usurpó más de 4.000 hectáreas de terreno en la costa de Barlovento desde la creación del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara en 1973, por lo que consideran injustificada la presencia de estos helicópteros fuera de las zonas destinadas a la actividad militar.

“No se entiende qué hacían realizando maniobras en este lugar cuando cuentan con amplios espacios específicamente habilitados para ello”, han señalado.

La organización también ha criticado la falta de información por parte de las Fuerzas Armadas, al no haberse comunicado previamente estas operaciones ni a las instituciones insulares ni a la ciudadanía afectada.

“Esta ausencia de transparencia supone una falta de respeto hacia la población majorera”, han agregado desde la formación nacionalista, al tiempo que han lamentado que, “una vez más, utilizan Fuerteventura como su terreno de juego”.

La formación recuerda que históricamente ha defendido la desmilitarización de la isla y considera que este tipo de actuaciones constituyen “un ataque directo al territorio, a sus valores ambientales y a la especial fragilidad de un entorno que merece ser protegido y respetado”.

Ha destacado que esta actuación ignora los acuerdos institucionales alcanzados en los últimos años, no solo por las administraciones insulares, sino también por el Gobierno de Canarias y el Senado.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PSOE, CC, PP, NC-bc, ASG y AHI, y el rechazo de Vox, la reforma de la ley de cabildos, impulsada por las corporaciones locales para adaptarse al nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que se da “reconocimiento” a los cabildos como “motores de la isla” y por eso se admite que puedan construir viviendas o residencias de estudiantes fuera de sus propios límites.

Ha resaltado la “madurez” de entender que Canarias se construye “de la isla hacia arriba” y los cabildos “no son una institución más” sino la que “mira a los ojos al ciudadano” y ahora se “consagra” la realidad política con esta norma.

No obstante, ha reclamado sin éxito vía enmienda a que se reduzca el gasto en capítulo 1 de los cabildos ya que no tienen las “mismas necesidades” los cabildos grandes y los pequeños y se puede acabar en una “amalgama” de cargos que no redunde en una mejora de la gestión.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha reconocido la “singularidad” de los cabildos en el organigrama administrativo de las islas como una “entidad intermedia esencial” entre el municipio y la comunidad autónoma y ahora, con esta reforma, ha dicho que se va “más allá” del mandato de la reforma del Estatuto.

Ha comentado que “refuerzan” el poder insular y “debilitan” a la comunidad autónoma mientras que su partido aboga por la “recentralización de competencias y no que se transfieran cada vez más”. “Votar a favor de esta ley resultaría incoherente”, ha agregado.

Ha dicho también que se ha “desaprovechado la oportunidad” para reducir la burocracia y lograr “unos cabildos insulares eficientes, transparentes y al servicio de los ciudadanos en lugar de al servicio de la partidocracia”.

Jover ha criticado el “gasto político indeterminado” que abre la puerta a crear viceconsejerías insulares, dos nuevos fondos y el nombramiento de cargos a discrecionalidad del presidente. “No necesitamos más cargos ni más administración. Necesitamos mejores servicios, menos tributación y menos administración”, ha afirmado.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha comentado que era “necesario” modificar la ley, haciendo especial hincapié en la “simplificación administrativa” frente a una “burocracia innecesaria”, por lo que ha instado a evitar la “incertidumbre” y las “interpretaciones contradictorias”, concretamente en el artículo 88.

Ha comentado que la ley debe tener “respuestas claras” y que la doble naturaleza de los cabildos como institución local y entidad de la comunidad autónoma no se convierta en una “fuente permanente de dudas sobre cómo deben ejercerse determinadas funciones o sobre cuál es el régimen jurídico que hay que aplicarle”.

“No podemos hablar de zonas grises, no puede haber interpretaciones diferentes dependiendo de los cabildos o dependiendo del habilitado nacional que le toque”, ha indicado.

Curbelo pide más competencias

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que los cabildos son administraciones “singulares, eficientes y queridas por los ciudadanos”, de “naturaleza bifronte”, y ha reclamado una descentralización de competencias “aún mayor” frente al predominio político y económico de Tenerife y Gran Canaria.

En ese sentido ha reclamado “más competencias” para las islas periféricas y una fiscalidad específica porque si no,. especialmente las 'islas verdes', seguirán “siendo pobres”.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, espera que esta ley sirva para desarrollar el Estatuto de Autonomía y “avanzar en la construcción de país” y dotarse de un “régimen jurídico propio”, destacando que en un momento de “recentralizaciones y globalizaciones” la aprobación de este ley tiene un “sentido político”. “Hoy hacemos país”, ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que los cabildos son las instituciones “más valiosas y singulares” de la administración de las islas, ha dicho que deben ser adaptados al nuevo Estatuto de Autonomía y que la nueva ley “clarifica competencias”.

Ha valorado el “consenso” de la Cámara para impulsar esta reforma y coincidido con NC-bc en que Canarias “cree en sus instituciones” y “actualiza su autogobierno”.

Nayra Alemán (PSOE) ha valorado el consenso de la Fecai por promover la reforma de la ley y la “responsabilidad” de su grupo, aún estando en la oposición, y ha asegurado que “moderniza” a los cabildos, les da mejores herramientas y clarifica competencias.

“La mayoría de los grupos hemos entendido que esta no es una ley para la confrontación, es una ley para reforzar el autogobierno insular”, ha indicado, reprochando a Vox que “no conoce” ni entiende como son los cabildos. “Me alegra, porque significa que no han tocado el balón y espero que no lo toquen en mucho tiempo”, ha indicado.

En esa línea ha señalado que se da “un paso” para “seguir construyendo una Canaria más coordinada, más eficaz y con instituciones mejor preparadas para servir a la ciudadanía”.

La formación política Contigo La Palma ha considerado este miércoles muy grave el rechazo de este martes por parte del Parlamento de Canarias, en sintonía con el Gobierno de Canarias y gracias al apoyo prestado por los partidos que sostienen al Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), a que se publiquen, con identificación de todas las personas beneficiarias y las cantidades recibidas, las ayudas destinadas a compensar los perjuicios económicos producidos por la erupción volcánica del volcán Tajogaite en la isla de La Palma. 

Contigo La Palma lamenta que “se oculte quién recibió las ayudas y cómo estas se calcularon”, y sostiene que esta “es una pregunta muy sencilla que debe ser respondida con transparencia y acceso público ilimitado a los datos”. Este partido, añade su presidente, Javier Gutiérrez Taño, subraya que “no hablamos de dinero privado; hablamos de fondos públicos que pertenecen a todos, y hay que saber cómo se reparten. Esto no es entrometerse en la vida de nadie”. 

Para Contigo La Palma, el derecho de acceso a la información pública “no es una concesión graciosa de los poderes públicos, sino una exigencia democrática que no puede depender de la voluntad política de quien ocupe el cargo”, afirma la misma fuente, porque, “quien se opone a la transparencia, se opone al control ciudadano de la gestión pública” y esto es “hacer un daño a la democracia”. 

Sobre esta cuestión, la normativa es muy clara, señala la formación. La Ley 38/2003, la general de subvenciones, y los reglamentos europeos 2021/241 y 651/2014 obligan a publicar quiénes son los beneficiarios de los apoyos públicos. “No se trata de algo opcional, sino que es un mandato vinculante cuando las ayudas se financian total o parcialmente con fondos públicos europeos o nacionales”, que es el caso, remarca Gutiérrez Taño. Además, y aquí hay otro argumento clave, se añade desde Contigo La Palma, “la protección de la intimidad del polémico artículo 10.6 de la Ley de Volcanes, introducido por el Gobierno de Canarias con posterioridad al informe del Consejo Consultivo sobre el texto aportado por los promotores de la iniciativa legislativa popular, no puede oponerse a normas estatales o europeas de rango igual o superior”. 

“Lo más preocupante de todo lo ocurrido con este proceso es, sin duda, la deriva del Ejecutivo canario”, considera Gutiérrez Taño, pues, “antes de lo decidido este martes en el Parlamento regional con la mayoría de los partidos que apoyan al Gobierno, el Comisionado de Transparencia de Canarias, mediante la Resolución D2025000082, ordenó a la Consejería de Presidencia publicar esas ayudas. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno de Canarias? Demandar al propio Comisionado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que un Gobierno lleve a los tribunales a un órgano del Parlamento que lo controla es un hecho inaudito en Canarias y dibuja una línea muy fina entre la legalidad y el abuso institucional”, lamentó el presidente de Contigo La Palma. 

Este martes, también en el Parlamento de Canarias, los servicios jurídicos de la Cámara dejaron por escrito que la negativa del Gobierno autonómico a publicar los beneficiarios de las ayudas carece de fundamento jurídico. Aun así, Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, con la abstención de VOX, tumbaron la solicitud de acceso a la información de esas ayudas concedidas por los efectos destructivos del volcán palmero. Esta vez, “frente a la ley, ganó el silencio”, dijo Javier Gutiérrez Taño. 

Para la formación Contigo La Palma, lo ocurrido es “un atropello en toda regla. Aquí no se discute una interpretación técnica, sino que se pisotea un derecho constitucional (artículo 105.b de la Constitución Española): el derecho de cada persona a saber cómo se gestiona su dinero. Está en juego la calidad de nuestra democracia y la obligación de cualquier gobierno de rendir cuentas a sus ciudadanos. La transparencia no es un favor, es una obligación. Y los palmeros y palmeras tienen derecho a saber, siempre”.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley, que no es vinculante, que propone impulsar la implantación progresiva de la docencia compartida en los centros educativos del archipiélago como herramienta para mejorar la inclusión, la atención a la diversidad y el rendimiento académico.

La iniciativa, promovida por la diputada del PSOE Lucía Olga Tejera Rodríguez, plantea la puesta en marcha de un plan autonómico que permita la presencia simultánea de dos docentes en el aula con un mismo grupo de alumnos, compartiendo la planificación, la enseñanza y la evaluación.

Según recoge la propuesta, la educación canaria afronta importantes desafíos en materia de atención a la diversidad, inclusión educativa y mejora de los resultados académicos, por lo que considera que la docencia compartida constituye un recurso metodológico eficaz para responder a estas necesidades.

El texto destaca que diversos estudios señalan que este modelo contribuye a mejorar el rendimiento académico, reducir el abandono escolar y facilitar la integración del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).

Entre las ventajas citadas figura la posibilidad de ofrecer una atención más individualizada, adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje, así como un seguimiento más cercano del alumnado y apoyo inmediato ante posibles dificultades.

Asimismo, la iniciativa defiende que la docencia compartida favorece un modelo inclusivo al evitar la separación de estudiantes con necesidades educativas especiales, mejora la convivencia en el aula y refuerza la autoestima y la participación del alumnado.

La propuesta también subraya que la presencia de dos docentes facilita el diseño de estrategias basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que contribuye a enriquecer la enseñanza y promover la inclusión.

Por todo ello, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a implementar un plan autonómico progresivo de docencia compartida, dotar a los centros de los recursos humanos necesarios y desarrollar formación específica para el profesorado.

Además, plantea priorizar esta metodología en centros con especial vulnerabilidad o con una elevada presencia de alumnado con diversidad, fomentar la coordinación docente mediante horas específicas de planificación y establecer indicadores de seguimiento que permitan evaluar el desarrollo y los resultados del programa.

Según recoge la proposición no de ley, la docencia compartida supone no solo una mejora metodológica, sino también un cambio estructural orientado a construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y eficaz para todo el alumnado.

Nueva Canarias y los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han presentado enmiendas, que han sido aceptadas por el PSOE, porque dan “una respuesta más adecuada a los alumnos”, según han destacado desde el PP.

No obstante, desde Nueva Canarias han insistido en que para poner dos docentes en una aula es necesario llegar a una financiación en educación que represente el 5% del PIB.

Solo Vox ha votado en contra de esta proposición no de ley porque creen que es una incoherencia que el PSOE haya votado en contra a propuestas similares hechas por este partido, que aunque está a favor de la docencia compartida cree que los socialistas con este tipo de medidas “buenistas” quieren pasa “una cortina de humo” para ocultar otros problemas que les afectan.