El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que prevé una inversión de 1.807 millones de euros en los aeropuertos canarios para que sean más seguros, sostenibles, modernos y competitivos (13.000 millones en toda la red de Aena).

En el aeropuerto de Gran Canaria el Gobierno se invertirán 336,3 millones de euros en los próximos cinco años para adecuar el terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejorar fachadas y reconfigurar el vestíbulo de llegadas, detalla el Ejecutivo en un comunicado.

También se acometerán actuaciones en campo de vuelo y una nueva plataforma norte.

El aeropuerto de Lanzarote-César Manrique recibirá 327,4 millones para la ampliación de mostradores y área de facturación, de los controles de seguridad y de pasaportes, de superficies de espera para embarque y número de puertas y de la sala y cintas de recogida de equipajes, junto a otras mejoras de seguridad operacional.

En aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna la inversión alcanzará 313 millones de euros y se destinará a ampliar el área de facturación y del número de mostradores, los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, el área de embarque y del número de puertas, la sala de recogida de equipajes y el número de cintas y en la distribución funcional de aparcamientos.

Igualmente se actuará en los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.

En el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía la inversión asciende a 553 millones de euros y con ella se contempla la remodelación integral de la terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, y mejora de la seguridad e instalaciones.

En el aeropuerto de La Palma la inversión será de 89 millones de euros que se destinarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y en el aparcamiento, ademas de a diversas actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como la ampliación de franja de pista, sistemas de información y comunicaciones.

En el aeropuerto de La Gomera se invertirán 19 millones en la renovación de la climatización de la terminal, el aislamiento de cubiertas, o la adecuación de la plataforma de aviación general y en el vallado perimetral.

En el aeropuerto de El Hierro el gasto será de 14,8 millones de euros, que se emplearán en una nueva posición de estacionamiento y mejoras de la seguridad.

En el aeropuerto de Fuerteventura la inversión prevista es de 153 millones de euros, con los que se ampliará la terminal, se hará una nueva torre de control, se ampliará la plataforma y se le dotará de un nuevo Sistema de Aproximación Instrumental para ayuda a los aterrizajes.

En el conjunto de España, la inversión global de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años se financian con los ingresos del propio sistema aeroportuario que gestiona la empresa pública Aena.

Al respecto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

Podemos cambiará sustancialmente su candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que podría liderar en las elecciones locales de 2027 Noemí Santana, mientras que la actual portavoz del partido en la ciudad, Gemma Martínez, intentará sentarse en el Parlamento canario.

A través de la red social de X, la secretaria general de Podemos en Canarias y la edil del partido en la capital han hecho públicos en los últimos días sus planes de cara a las primarias de la formación.

Noemí Santana, que también es diputada en el Congreso, anuncia que se presentará a las primarias para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que fue uno de los feudos electorales de Podemos en los primeros años del partido.

“He pasado por el Parlamento y el Gobierno de Canarias y también por el Congreso. En estos años he aprendido mucho, pero ahora toca volver a lo que más me gusta, a lo cercano”, asegura.

Por su parte, Gemma Martínez Soliño explica que se presenta a las primarias de Podemos para ser “cabeza de lista al Parlamento de Canarias”, aunque no especifica si por la lista autonómica o por la circunscripción de Gran Canaria, su isla.

“Lo hago desde la firme convicción de que somos más. Somos más las que pensamos que Canarias tiene un límite, que nuestro territorio se tiene que defender y que ya está bien de ser una colonia”, dice.

También asegura que quiere conectar con esa mayoría de ciudadanos que, a su juicio, defiende “los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, los cuidados” y que quiere vivir en sus barrios y en viviendas dignas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado ese lunes que ataca la decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar el requerimiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de nietos, pero ha incidido en que ello no quita que pueda mostrar su disconformidad.

La Junta ha acordado en su reunión extraordinaria de este lunes por siete votos a seis no impugnar la decisión del Alto Tribunal de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo, siguiente lo mandado por los magistrados, hasta verificar la condición de descendiente de exiliado de cada uno de los nacionalizados a través de esta ley, según informaron a elDiario.es fuentes conocedoras de lo hablado en el encuentro.

Torres, en declaraciones a los periodistas, ha recordado además que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicía “nos pedía una ley para los descendientes de los españoles” que tuvieron que emigrar, porque había muchos de ellos gallegos, al igual que canarios, pero ahora se ha sumado a la “tesis de la ultraderecha” y pretende quitarles ese derecho.

Esos españoles lo son al igual que el resto de españoles porque la Ley de Memoria Histórica aprobada en las Cortes en 2022 lo permitió, ha recalcado Torres, quien también ha cuestionado que se prevea por la ultraderecha lo que van a votar cuando el voto es secreto.

El ministro ha pedido que se entre en el fondo del asunto y que el Supremo dicte sentencia cuanto antes por el derecho que se preserva a esos españoles que tuvieron que emigrar por la Guerra Civil y ha añadido que “muchísimos expertos” en la materia tampoco han entendido la medida cautelar que se ha adoptado sobre esta ley.

Torres ha pedido que se resuelva pronto ante las nuevas citas electorales. 

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho oficial este lunes ante el PSOE de Canarias su candidatura a presidente de la comunidad autónoma, y que formalizará en los próximos días, de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027. Lo ha hecho en la Comisión Ejecutiva Regional, reunida esta tarde, donde el expresidente regional subrayó su firme objetivo de “volver a ganar las elecciones en Canarias”, como ya hizo en las autonómicas de 2019 y 2023.

En un comunicado, la formación señala que el proceso se pondrá en marcha este jueves día 17, con la apertura del plazo para la presentación de precandidaturas, que se prolongará hasta el lunes 21.

Además, el grupo explica que solo en el caso de que concurra más de un aspirante, el proceso continuará con una fase de recogida de avales, del 22 al 29, y una campaña de información a la militancia, del 30 de septiembre al 9 de octubre, que culminaría con una votación el sábado 10 de octubre. Si fuera necesaria una segunda vuelta, el calendario se extendería hasta el 17 de octubre.

Torrés está convencido de que “las cosas se deben y se pueden hacer de otra manera” a como lo está haciendo el actual Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, y puso como ejemplo los avances sociales y estructurales logrados por el Pacto de las Flores, “a pesar de las muchísimas adversidades a las que tuvimos que enfrentarnos”, como la pandemia o una erupción volcánica.

“Se hizo un buen trabajo y así lo reconoció la ciudadanía canaria, haciendo al Partido Socialista primera fuerza en Canarias”, si bien fue “otra mayoría parlamentaria legítima” la que finalmente se hizo con el Gobierno autonómico.

Además, el socialista destacó que, desde entonces, el PSOE de Canarias ha trabajado desde la oposición “con propuestas constructivas” y desde el Gobierno de España para impulsar medidas beneficiosas para las islas. Citó, entre ellas, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la propuesta de financiación autonómica y el nuevo real decreto ley que permitirá a Canarias disponer de más de 600 millones de euros de superávit, además de incorporar medidas específicas para La Palma.

El secretario general defendió que el PSOE de Canarias es un partido “con historia, con gente experimentada y con capacidad de gestión”, que entiende que “las cosas en esta tierra se pueden hacer de otra manera”, especialmente mediante una mejor redistribución de la riqueza y políticas dirigidas a reducir las desigualdades.

De cara a las elecciones de 2027, Torres aseguró que el PSOE Canarias también hará “autocrítica” sobre su anterior etapa de gobierno y reivindicó el respaldo mayoritario recibido en los anteriores comicios. “A los canarios, con esta candidatura a la presidencia, no les puedo ofrecer más que lo que siempre les he ofrecido: trabajo, tesón, humildad y estar al lado de la solución de los problemas y no en la generación de conflictos”, concluyó.

El Gobierno de Canarias presume de “mobility lab”. Se supo este lunes después de una reunión celebrada en la Autoridad Portuaria de Las Palmas al dar a conocer un plan para reducir el caos circulatorio a la salida de la urbanización industrial El Sebadal. En realidad, el “mobility lab” no es otra cosa que un laboratorio de movilidad, pero se desconoce si con esa denominación habría sido capaz de encontrar la solución revolucionaria que se va a aplicar en la zona.

El innovador plan se llama Puertos en red: movilidad colectiva 360 y consiste en “una estrategia que combina transporte público, coche compartido y asesoramiento técnico gratuito”. Lo que, traducido a las acciones palpables, consiste en la unificación desde el pasado 31 de agosto de dos líneas de la empresa pública Guaguas Municipales (la 18 y la 19) y en fomentar el uso compartido del coche particular.

¿Y cuáles son las particularidades que tiene en este caso el uso del transporte público y el fomento del coche compartido? Pues muy sencillo, la procedencia de la idea: un estudio de Movilidad del Puerto de La Luz que se llama SAO, 2025, que ha sido elaborado “en el marco del Laboratorio de Movilidad del Gobierno de Canarias (Mobility Lab)” que incluye el uso del coche compartido, “más conocido como carpooling”, según el comunicado dado a conocer tras la reunión. Y explican lo que es, por si acaso: “una modalidad de movilidad colaborativa mediante la cual varias personas realizan un mismo trayecto utilizando un único vehículo particular cuando comparten origen, destino o parte del recorrido”.

Por la profusión de términos anglosajones podría parecer que se impondría un método de circulación británico, es decir, por la izquierda de la calzada, con el volante a la derecha. pero no. Siempre según la versión ofrecida por el Gobierno este lunes, “la iniciativa de coche compartido contará con la incorporación de una plataforma tipo aplicación de coche compartido” con “incentivos a los usuarios que participen en el servicio, contribuyendo así a fomentar su utilización y a generar un mayor atractivo económico para las personas trabajadoras”. Aplicaciones que ya existen en el mercado, como Canarigo.

Lo único novedoso que aporta este plan no contiene ni una sola palabra en inglés, todas en español: A finales de octubre se ofrecerá a las empresas radicadas en la zona la celebración de “unas jornadas técnicas gratuitas de asesoramiento con el objetivo de facilitar la elaboración e implementación de sus Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, obligatorios por ley y que deben implementarse antes de final de año y acompañarlas en la identificación de las soluciones más adecuadas para sus plantillas”.

Según el Gobierno canario, las medidas presentadas este lunes “corresponden a un plan trabajado conjuntamente entre administraciones fruto de las sinergias creadas en 2024 en el marco del Mobility Lab”, que viene siendo, según su propia versión “un laboratorio de trabajo de datos sobre los hábitos de movilidad que están instaurados en la población canaria para determinar qué actuaciones son eficaces para mejorar la circulación en los entornos urbanos”.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha declarado este lunes como investigado por un delito ambiental relacionado con el polémico proyecto turístico Cuna del Alma en el Juzgado número 1 de Arona, al que ha acudido “a colaborar con la justicia y explicar el procedimiento”.

Así lo ha indicado a los periodistas a su entrada a las dependencias judiciales antes de comparecer ante la juez que instruye la causa. El alto cargo, nombrado por Coalición Canaria, autorizó unas obras de la iniciativa (restaurante, parquin para buggies y piscina descubierta) en zona de servidumbre de protección de la costa pese a un informe anterior negativo.

En esta urbanización se prevé invertir 350 millones de euros para la construcción de 420 viviendas de lujo, junto con una granja de 20.000 metros cuadrados, restaurantes, spa y un club infantil.

El pasado mes de abril, la juez ordenó paralizar las actuaciones al considerar que “difícilmente tendrían encaje” en la Ley de Costas, que garantiza el uso y acceso público a estos espacios, salvo por razones muy justificadas. En aquel entonces se recordó que en principio la medida es cautelar, solo afecta a un 5% del total de la parcela de 2.500 metros cuadrados y que se está pendiente de un informe pericial y de un recurso que todavía puede presentar la promotora.

El objetivo de las diligencias es “confirmar o descartar” la paralización de los trabajos, dado que de continuar ahora se produciría un perjuicio al entorno afectado de “difícil reparación”, de manera que el Juzgado cree que la medida temporal es “proporcionada y no genera perjuicio absolutamente irreparable”.

Hasta ahora han declarado por esta causa el jefe de Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal de la empresa constructora, como investigados, así como dos técnicos de Costas del Gobierno autónomo como testigos.

El Gobierno de Canarias ha aprobado técnicamente el proyecto de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad de 96 viviendas públicas situadas en Ciudad del Campo, en el barrio de Risco Negro, en Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto base de licitación de 2,7 millones de euros, y en un plazo máximo de ejecución de siete meses, tal y como ha detallado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad Del Ejecutivo regional.

El proyecto contempla actuaciones sobre nueve bloques de viviendas, que suman las 96 unidades alojativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad de los inmuebles.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la sustitución de los actuales termos eléctricos de alto consumo por sistemas de aerotermia monobloc, una actuación destinada a mejorar la eficiencia de las instalaciones de agua caliente sanitaria.

Asimismo, se sustituirán las actuales carpinterías por nuevas ventanas de PVC con microventilación, vidrios bajo emisivos con control solar y persianas enrollables, lo que permitirá mejorar el comportamiento térmico de las viviendas.

El proyecto también contempla la mejora del aislamiento térmico de las fachadas mediante la aplicación de pinturas térmicas, junto con los trabajos previos de saneamiento y reparación de los muros de fachada y la eliminación de elementos que se encuentren en mal estado. 

Además, en el bloque C, correspondiente al conjunto de 40 viviendas, se llevará a cabo la impermeabilización y mejora del aislamiento térmico de la cubierta.

El conjunto de las medidas permitirá alcanzar una reducción superior al 60% del consumo de energía primaria no renovable, porcentaje. 

Siete ascensores y tres salvaescaleras

La actuación incluye también un importante paquete de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad de las viviendas y facilitar el acceso a los edificios a las personas con movilidad reducida.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de siete ascensores y tres salvaescaleras en los nueve bloques de viviendas. En el conjunto formado por cinco bloques y 40 viviendas se instalarán tres ascensores y dos salvaescaleras, mientras que en los cuatro bloques restantes se incorporará un ascensor y un salvaescaleras.

Además, se actuará sobre los accesos peatonales mediante la mejora de las rampas existentes y la incorporación de nuevas rampas accesibles hasta los portales, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida. 

La actuación se enmarca en los compromisos asumidos por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

Con la aprobación técnica de este proyecto, redactado por la UTE 5 VIV Bonilla González Toro Rivero, el Instituto Canario de la Vivienda da un nuevo paso para hacer realidad una actuación que permitirá modernizar y mejorar 96 viviendas del parque público en Ciudad del Campo, reduciendo el consumo energético de los edificios y mejorando la accesibilidad y las condiciones de uso de los inmuebles.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único operativo para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este sábado la puesta en marcha en los próximos días de un nuevo operativo para trasladar a los migrantes que permanecen en las calles de la ciudad a los dispositivos habilitados para su atención, identificación y triaje.

Torres ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales que este sábado se ha celebrado una reunión de coordinación entre el Ministerio de Política Territorial y la Delegación del Gobierno en Ceuta, en la que también ha participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Según el ministro, los trabajos realizados durante los últimos días permitirán poner en funcionamiento nuevos dispositivos en los próximos días. El objetivo es trasladar a ellos a “una cantidad importante de migrantes” que todavía permanecen en las calles de Ceuta para realizar los procedimientos de triaje e identificación.

“Esta semana será una semana de un importante, importante impulso”, ha asegurado Torres.

El ministro ha vinculado estos trabajos con el proceso de retorno a Marruecos de quienes no tengan derecho a permanecer en España. “Acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos”, ha señalado.

Torres ha insistido en que el objetivo es sacar “cuanto antes” a estas personas de las calles donde están pernoctando y trasladarlas a recursos habilitados para completar los procedimientos administrativos correspondientes.

El Gobierno ya había anunciado la habilitación de nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta para ampliar la capacidad de acogida mientras se llevan a cabo las tareas de identificación y retorno. En el Congreso, Torres explicó que el CATE provisional de El Tarajal cuenta con instalaciones para realizar el triaje y que se habían habilitado nuevas líneas de trabajo policial para la identificación y reseña de las personas migrantes.

Desde el 10 de agosto, el Gobierno ha informado de miles de retornos de personas que entraron irregularmente en Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio. El proceso afecta también a los menores, cuyo número identificado por las autoridades se situaba en 1.612 a comienzos de septiembre.

Tres empresa constructoras han presentado ofertas para hacerse cargo de las obras de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030, tras haber quedado desierta en su primera licitación, lo que obligó a elevar su presupuesto de 174,7 a 234,8 millones de euros, un 34% más.

Así lo anunció este viernes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que, junto al consejero insular de Deportes, Aridany Romero, ha mantenido una reunión con los presidentes de Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, a los que han adelantado que “la obra se adjudicará en noviembre si no hay recursos”.

Según informa el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado, el plazo de presentación de ofertas ha finalizado este viernes y el próximo paso será la adjudicación de las obras, un proceso que comenzará el lunes 14 con la reunión de la mesa de contratación para la evaluación de las propuestas y la revisión de la documentación aportada por las empresas concursantes.

Asimismo, el presidente del Cabildo recalcó que el nuevo Estadio de Gran Canaria será un hito arquitectónico “para el futuro social, cultural, económico y deportivo” de la isla, además de una sede emblemática para la celebración del Mundial de 2030.

Por su parte, Louzán destacó que “Gran Canaria está en el camino” y enfatizó que el proyecto y su financiación “han dado un ejemplo de suma de voluntades y entendimiento institucional”.

El coste de la reforma se cubrirá con aportaciones del Cabildo de Gran Canaria (134 millones), la Unión Deportiva Las Palmas (60 millones), el Gobierno de Canarias (25 millones) y Ayuntamiento de Las Palmas (15 millones).

Para el Cabildo, este paso supone “un hito decisivo en el proceso de modernización de uno de los recintos deportivos más emblemáticos del archipiélago y consolida el compromiso de la institución insular con una infraestructura que responda a los estándares actuales de competición, seguridad y sostenibilidad”.

La transformación del Estadio de Gran Canaria es una reforma integral que rediseña el recinto desde sus cimientos, diseñada por el estudio L35 Architects.

El proyecto, redactado por el estudio L35 Architects, contempla demoliciones y trabajos previos, movimiento de tierras, renovación completa de cimentaciones, estructuras, saneamiento, pavimentos, carpintería, cerrajería, instalaciones eléctricas, climatización, fontanería, señalización, mobiliario fijo y urbanización del entorno, entre otras actuaciones.

En conjunto, el presupuesto de ejecución material asciende a 184,4 millones de euros, al que se suman los gastos generales, el beneficio industrial y el IGIC aplicado al tipo canario del 7%, hasta alcanzar el presupuesto total de contrata de 234,8 millones de euros.

De todas las partidas, la cubierta constituye la intervención de mayor envergadura y peso presupuestario: 93 millones de euros, equivalentes al 50,46% del total de ejecución material.

La nueva estructura cubrirá la totalidad de los graderíos, garantizando la protección de los espectadores, optimizando las condiciones acústicas del recinto y dotando al estadio de una identidad arquitectónica acorde a los estándares de los grandes recintos deportivos europeos.

El diseño incorpora materiales de alta resistencia y bajo mantenimiento, seleccionados en función de las condiciones climáticas de Gran Canaria y con criterios de integración en el entorno urbano de la capital.

Las siguientes partidas en importancia presupuestaria son las estructuras de hormigón, con 22,3 millones de euros (el 12,14%), y las cimentaciones y muros, con 14,8 millones (un 8,04%).

Ambas partidas sustentan la ampliación del aforo desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020, garantizando los niveles de seguridad estructural exigidos por las normativas internacionales.

El Cabildo de Gran Canaria hace hincapié en la sostenibilidad del proyecto, que “constituye uno de los ejes transversales y tiene reflejo directo en su estructura presupuestaria”. La partida de electricidad, baja tensión e instalación de energías renovables asciende a 7,3 millones de euros, “evidenciando la apuesta de la institución por un recinto energéticamente eficiente”, recalca

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado convencido de que en las próximas semanas Gobierno autonómico y las dos universidades públicas del archipiélago cerrarán un acuerdo sobre el sistema de financiación.

“Oído cocina, Fran”, ha respondido Clavijo a las reivindicaciones de financiación contenidas en el discurso del rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, en la apertura del nuevo curso académico, acto en el que también han estado presentes la consejera de Universidades, Migdalia Machín, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra.

El presidente canario ha manifestado su confianza y convicción en que las partes podrán alcanzar un acuerdo definitivo, que “probablemente no será el máximo de lo deseado, pero dotará de estabilidad y tranquilidad” a las dos universidades “para que puedan seguir desarrollando su enorme labor”.

Por lo demás, Clavijo ha agradecido “el acompañamiento y asesoramiento” que ambas instituciones académicas han brindado al Gobierno de Canarias en la presente legislatura para abordar retos como la transición energética, el reto demográfico o la financiación autonómica y en la UE.

“Serio riesgo de subsistencia”

Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna (ULL) ha proclamado que “o cerramos ya” un instrumento de financiación estable para las dos instituciones académicas públicas de Canarias o estas entrarán en “un escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo”.

De producirse “una situación inédita como esta”, ha advertido García, “nuestra respuesta también habrá de ser inédita y estar a la altura, poniendo siempre por delante, y por este orden, los intereses de nuestra sociedad y de nuestra comunidad universitaria”.

Ha avanzado que la próxima semana el equipo de gobierno de la ULL mantendrá una reunión con la representación sindical y los diferentes grupos claustrales.

En todo caso, ha abogado por no tener que llegar a este extremo y ha apelado al “optimismo de la voluntad” de Gramsci y a las negociaciones abiertas con la Consejería de Universidades “para terminar de consensuar en las próximas semanas un acuerdo sobre el modelo de financiación”.

García ha lanzado este mensaje en el acto de apertura del curso académico 2026-2027 ante la presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y de la consejera de Universidades, Migdalia Machín, así como de su homólogo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra.

“La eficiencia tiene un límite. No podemos convertirla en la respuesta permanente a una financiación insuficiente”, ha proclamado el rector de la ULL, quien se ha dirigido al presidente y a la consejera para invitarles a “revisar de manera sustancial y mejorar sensiblemente” dicha propuesta.

Lo contrario, ha continuado Francisco García, “nos conduciría, como en las últimas décadas, a mantener a ambas instituciones con respiración asistida (...) y eso no puede ser el horizonte, porque prolongar esta situación terminará comprometiendo nuestra capacidad para ofrecer una docencia de calidad, impulsar la investigación, atraer y retener talento y responder a las necesidades presentes y futuras de Canarias”.

Elecciones en 2027 y defensa de la verdad

El rector de la ULL ha tenido en cuenta que las elecciones autonómicas y locales están a la vuelta de la esquina, y por ello ha abogado por que sean cuales sean los resultados, prevalezca el vigente pacto social que reconoce el papel estratégico de las universidades públicas y deje su financiación “al margen del debate partidista”.

Francisco García ha reivindicado que las universidades no son solo claves en la transformación y el desarrollo socioeconómico a través de la docencia, la investigación y la transferencia, sino también en su condición de “baluarte intelectual” que mantiene la vigencia de la verdad en unos momentos en los que los “hechos alternativos” permiten fabricar verdades a medida.

“Por eso es urgente que renovemos nuestro compromiso social y académico con la misión fundamental que en este tiempo está llamada a desempeñar las universidades: la búsqueda y la defensa de la verdad”.

Ha aludido a “verdades ampliamente contrastadas por el rigor académico” que, sin embargo, están siendo cuestionadas: “que el cambio climático existe y tiene efectos ya en marcha; que las migraciones no son una amenaza, aunque deben ser gestionadas adecuadamente; y que la violencia contra las mujeres es tan real como estructural”.

Estos son solo tres ejemplos “de otros muchos ámbitos” en los que se necesita “el conocimiento riguroso, generado en esta universidad pública, para tomar decisiones adecuadas para afrontar retos en los que nos jugamos, incluso, nuestra propia supervivencia y que están sometidos, en esta era de la posmentira, a la vorágine de la desinformación, la manipulación y el odio”.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado este jueves que la Comisión Europea haya asumido las propuestas del Gobierno de España en su nueva estrategia para las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión, entre las que se encuentra Canarias.

En esa una nueva estrategia, que actualiza la presentada en 2022, constituye una hoja de ruta para las Regiones Ultraperiféricas, “muy importante en estos momentos de graves tensiones geopolíticas y en la recta final de la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034”, señala el ministerio en una nota.

En este sentido, en línea con lo defendido por el Gobierno de España y con las propuestas emitidas por el Ministerio de Política Territorial, se consideran las RUP no solo como unos territorios que necesitan de condiciones excepcionales para mantener su desarrollo sino que también son consideradas estratégicas en la geopolítica europea.

Ángel Víctor Torres ha destacado que “las regiones ultraperiféricas, como Canarias, deben adquirir un mayor peso dentro de la Unión Europea como zonas de oportunidad en las relaciones con su entorno y en fortalezas como el turismo, el estudio medioambiental o el desarrollo de la investigación espacial”.

La Comisión Europea plantea explotar el potencial geoestratégico de las RUP, además de mejorar sus economías, reforzar su resiliencia y apoyar la justicia social.

Según recoge el Ministerio de Política Territorial en la nota, la Comisión se compromete a incluir las especificidades de las RUP en los procesos regulatorios y avanzar en el pleno desarrollo del art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a la par que fortalece al diálogo con las RUP, “de forma que se cuente con ellas en fase temprana de aquellas iniciativas que les afecten y no a posteriori”, subraya.

“Este es el primer paso de otros en los que confiamos se mantengan e incluso mejoren las propuestas de la comisión y se avance en el marco jurídico que merece España y que necesita Canarias”, manifiesta Torres.

Destaca en este sentido, la propuesta de la Comisión para adaptar la Revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), que extiende las derogaciones en aviación y marítimo para las RUP hasta el 31 de diciembre de 2035, la incineración de residuos o el Mecanismo de ajuste en frontera de carbono (CBAM) donde se trabajará, por parte de la Comisión, en mejorar las condiciones de exención para estas regiones.

Por otro lado, destaca también el mantenimiento del Posei, apoyando las políticas de cohesión y fondos en la negociación que actualmente está debatiéndose referida al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-34.

Por último, se hace mención especial a la necesidad de tener en cuenta los problemas derivados de las viviendas en las RUP, apoyando a las autoridades nacionales y regionales para aumentar la oferta de viviendas, ampliar el alquiler, movilizar la inversión, impulsar reformas y proteger a los más vulnerables.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado, con la abstención de Vox, una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno de España que se restituya la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para las personas venezolanas afectadas por la catástrofe sísmica registrada el pasado mes de junio.

La iniciativa ha sido planteada por la diputada del PP Jennifer Curbelo, quien señaló que el sistema de residencia por razones humanitarias estaba vigente desde 2018 por la crisis sociopolítica venezolana, pero dejó de aplicarse el 12 de junio con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería, justo unos días después de los seísmos.

Curbelo argumentó que el terremoto supone una situación de emergencia excepcional que justifica la reactivación de este permiso.

La iniciativa plantea que para restituir esa residencia temporal no es necesario la derogación ni la modificación de ninguna ley, puesto que la ley reguladora del derecho de asilo prevé las autorizaciones de residencia por razones humanitarias, de manera que basta con una decisión del Gobierno de España.

La diputada del PP recordó que Canarias y Venezuela mantienen una relación histórica y humana muy estrecha, fruto de la emigración de miles de canarios en los siglos XIX y XX.

Los terremotos del 24 de junio que afectaron a Caracas y La Guaira, con más de 6.500 personas muertas y miles de edificios afectados, unido a la situación política y económica del país, justifican la restitución de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para los venezolanos afectados, defendió la diputada.

La propuesta contó con el apoyo de la oposición de PSOE y NC, aunque sus representantes advirtieron de posibles deficiencias técnicas y jurídicas en su formulación.

La diputada de Vox Paula Jover argumentó la abstención de su grupo en que la solidaridad no puede plantearse al margen de la limitación de los recursos públicos y que España no tiene capacidad para acoger a todas las personas que atraviesan situaciones dramáticas en tanto los españoles no tengan sus necesidades básicas cubiertas. 

La Comisión Europea ha pedido este jueves una revisión “estratégica” para ajustar mejor las políticas de la Unión a las especificidades de las Islas Canarias y del resto de regiones ultraperiféricas (RUP); no sólo para reforzar su competitividad y resiliencia, sino también para que el bloque aproveche su “potencial geoestratégico” como “puertas de la UE” en Latinoamérica, África y el Indopacífico.

“Las regiones ultraperiféricas pueden estar geográficamente lejos de Bruselas, pero estratégicamente sitúan a Europa más cerca del mundo. El éxito de las regiones ultraperiféricas es el éxito de Europa”, ha defendido en una rueda de prensa en la capital europea el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Cohesión, Raffaele Fitto.

De este modo, Fitto defiende en la iniciativa presentada este jueves que se debe “adaptar las normas de la UE cuando sea necesario a las realidades específicas de estos territorios” y con ello “convertir su potencial estratégico en oportunidades, crecimiento y mejores condiciones de vida”.

La iniciativa, que se trasladará a las políticas sectoriales de la UE tras el visto bueno de los 27 y del Parlamento Europeo, busca así “aprovechar el potencial geoestratégico y reforzar la integración regional” de los enclaves europeos con una mejor integración de las acciones en política exterior e interior a la hora de profundizar la cooperación con países vecinos en áreas como el comercio, la conectividad, la seguridad y la defensa y la seguridad marítima.

También espera Bruselas aumentar la competitividad y el acceso al Mercado Único apostando por el desarrollo de áreas en las que las RUP pueden gozar de ventajas competitivas, pro ejemplo la economía azul, las energías renovables, la biotecnología, la investigación y el espacio.

La estrategia también ayudará a mejorar la conectividad a través de redes aéreas y marítimas más fuertes, según los documentos del Ejecutivo comunitario, que aboga además por mejorar la resiliencia y la preparación frente al cambio climático y otros retos medioambientales.

Otra de las claves será apoyar la autonomía energética, protegiendo infraestructuras críticas como puertos y cables submarinos, y reforzar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia a través de la agricultura y la pesca; al tiempo que se presta especial atención a vulnerabilidades sociales en las RUP como el fomento del empleo, el acceso a la educación y la inclusión social.

Ceuta y Melilla

Los Tratados de la UE reconoce la especificidad por su insularidad y lejanía de nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín (Francia), las Azores, Madeira (Portugal) y las Islas Canarias (España).

En este contexto, y preguntado por una posible petición del Gobierno español de solicitar que Ceuta y Melilla sean incluidas en esta categoría, Fitto ha evitado ofrecer una valoración por parte del Ejecutivo comunitario, al tiempo que ha advertido de que, en todo caso, correspondería al Consejo (los 27 gobiernos de la UE) decidir al respecto porque la competencia recae sobre ellos.

“Si el Gobierno español quiere proponer esa solución, sería una decisión del Consejo, porque no es competencia de la Comisión Europea”, ha expresado Fitto, después de recordar que el estatus de Ceuta y Melilla es “diferente” al de las regiones ultraperiféricas y que ello no impide que reciban apoyo, como los 114,7 millones de euros que Bruselas desbloqueó la víspera para reforzar el control de la frontera con Marruecos y agilizar el retorno de los miles de migrantes que cruzaron de manera irregular a Ceuta a finales de julio.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado luz verde a las líneas principales del presupuesto municipal para 2027. De esta forma, el documento, que se remite al Ministerio de Hacienda en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge las previsiones económicas de la corporación y de las entidades que integran el sector público local.

Al respecto, el concejal del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado la solvencia de las arcas municipales, así como el cumplimiento de los criterios de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según ha informado el consistorio.

Hernández Spínola ha señalado que las entidades locales están obligadas a remitir esta información al Ministerio de Hacienda dentro del plazo establecido, que en este ejercicio finaliza el 14 de septiembre.

Estas líneas “fundamentales” forman parte del procedimiento de elaboración del presupuesto municipal y recogen las previsiones económicas que servirán como referencia para la elaboración del proyecto presupuestario de 2027.

Hernández Spínola ha indicado que el Consistorio “avanza ya en la confección del borrador definitivo” del presupuesto de 2027, que detallará la totalidad de las previsiones de ingresos y gastos para iniciar su correspondiente tramitación y debate.

El portavoz parlamentario de Vox en Canarias, Nicasio Galván, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, por haber declarado que su “línea roja” es Vox, cuando la realidad es que Coalición Canaria ya gobierna junto al partido de ultraderecha en dos ayuntamientos canarios (y lo hizo en tres, hasta que una concejala de Vox dejó el partido en Lanzarote). Por ello, Galván ha instado a Clavijo a romper esos acuerdos de gobierno en los municipios tinerfeños de Arona y Granadilla si está incómodo.

Fue en la romería del Pino, en Gran Canaria, cuando, preguntado por las próximas elecciones, señaló: “Nosotros esperamos siempre a que la ciudadanía hable. Quedan todavía ocho o nueve meses, queda mucho trabajo por hacer, hay que resolver y encaminar muchos asuntos, y después la ciudadanía votará y en función de lo que vote se tendrán que articular acuerdos. Sí hemos dicho que Coalición Canaria con Vox no va a pactar ni va a acordar, entre otras cosas porque representa todo lo contrario de lo que queremos para Canarias”.

Las declaraciones de Clavijo no son nuevas, puesto que ya había comentado algo similar antes de las elecciones de 2023, pero después, cuando tocó formar gobiernos CC sí pactó con Vox en tres municipios. Clavijo, entonces, se limitó a decir que quedaba todo en el ámbito local.

En la sesión de control del leno del Parlamento este jueves, Galván le ha preguntado “qué le molesta” de su formación si defiende, según él, el orden, el cumplimiento de la ley, la patria española o la familia y si piensa mantener los acuerdos de “buena vecindad” con Marruecos tras la “invasión” de Ceuta.

Ha dicho que no se ha tratado de un “proceso migratorio” sino de un “ataque a la integridad de España perpetrado por Marruecos con la complicidad del Gobierno” y no entiende cómo el Gobierno canario y CC pacta la financiación autonómica (dicha financión supone que las islas reciban 1.300 millones más del Estado al año).

“Al PSOE no se le puede dar nada”, ha indicado, al tiempo que ha cuestionado al presidente si le parece “gracioso” que desde Marruecos se piense en tomar las ciudades autónomas y luego Canarias.

Clavijo ha reconocido que está “preocupado” por la situación geopolítica y humanitaria que se vive en Ceuta y ha planteado a Galván si el presidente de Vox, Santiago Abascal, “está dispuesto a romper” con el “primo de Zumosol” -en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, principal aliado del rey Mohamed VI.

Ha comentado que la “prioridad” de su Gobierno “son los canarios” y si Vox llegara al Ejecutivo central, “dios no lo quiera”, también “pactaría” si se logran buenos acuerdos para las islas.

No obstante le ha reprochado que Vox rompió gobiernos autonómicos cuando en Canarias había 6.500 menores no acompañados y había que derivarlos a otras comunidades y ha ironizado con que “le preocupan tanto los canarios” que les dice que “se los coman” ellos.

El presidente ha comentado que es un “demócrata” y respeta que Vox forme parte del arco político, pero ha cuestionado su discurso “demagogo e incoherente”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este jueves a evitar la crispación política durante los últimos ocho o nueve meses de legislatura y ha situado entre los principales retos del Ejecutivo autonómico la financiación de la comunidad, los presupuestos de 2027, la vivienda, el marco financiero plurianual de la UE y la renovación del convenio de carreteras. Los elevados índices de pobreza y exclusión social en las Islas, así como la masificación, la contaminación de las aguas canarias o el cambio climático han quedado fuera de esas prioridades, pese a estar entre las reivincidaciones de las masivas movilizaciones sociales que han tenido lugar esta legislatura.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias, Clavijo ha respondido a varias preguntas sobre los retos y el balance de la acción desarrollada por el Ejecutivo durante la legislatura.

En su balance, en respuesta al portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, Clavijo ha destacado los avances en dependencia, listas de espera, discapacidad y autónomos, aunque ha admitido que persisten “retos importantes y estructurales”.

Entre ellos ha situado la vivienda, ámbito en el que ha destacado las modificaciones legislativas, los cambios en el REF y las medidas para facilitar las licencias. Cabe recordar que todas estas medidas van encaminadas a solucionar la escasez de vivienda asequible en el mercado a base de construir más, pero sin garantizar que los precios no se disparen ni que se especule o que se acapare vivienda.

Ha explicado que el Gobierno trabaja también en la modificación de las bases del régimen local para que los ayuntamientos puedan limitar determinadas operaciones de compraventa de vivienda en municipios declarados tensionados y favorecer el uso residencial en alquiler de vivienda habitual o primera vivienda. En este punto, hay que señalar que es el Gobierno canario el que tiene la competencia para declarar a un municipio tensionado, pero aunque varios lo han solicitado, el Gobierno canario no ha aceptado ninguna de esas peticiones, al negarse a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda.

Para los próximos meses, Clavijo ha enumerado como prioridades que salga adelante la nueva financiación autonómica, que supondría unos 1.300 millones de euros para los servicios básicos y esenciales de Canarias. Sin embargo, no ha mencionado a su socio, el PP, que, previsiblemente, votará en contra del nuevo modelo de financiación cuando se inicie el trámite parlamentario.

Por otro lado, Clavijo ha priorizado que las islas salgan “bien paradas” de la aprobación del próximo marco financiero plurianual de la UE y sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2027.

También ha citado la renovación del convenio de carreteras y el llamado decreto canario como elementos relevantes para las relaciones con el Estado, al introducir políticas específicas de fiscalidad para las islas no capitalinas.

Todas ellas medidas económicas para obtener más financiación del Estado, pero sin mencionar o explicar por qué en los tres años de esta legislatura su Gobierno ha dejado sin ejecutar, sin usar, en un cajón, más de 3.000 millones de euros.

Ante la pregunta del portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, sobre los retos para este último curso político, Clavijo ha señalado que quedan “ocho o nueve meses” de legislatura y ha reclamado que no se caiga en la “crispación” que, a su juicio, se da en el contexto nacional.

“Los ciudadanos nos han elegido y nos pagan un sueldo para que resolvamos sus problemas”, ha manifestado el presidente canario, quien ha considerado que es más importante “buscar las soluciones” que determinar “quién tiene la culpa”. Sin embargo, no ha hecho mención alguna a las reivindicaciones expresadas masivamente en las distintas protestas sociales en los últimos años, como la masificación turística, el crecimiento descontrolado de la población o el cambio climático.

Clavijo ha apuntado que es más probable que salga adelante la reforma de la financiación autonómica que los Presupuestos Generales del Estado de 2027, aunque ha señalado que habrá que esperar para conocer qué sucede, de nuevo, sin mencionar a su socio, el PP.

En este sentido, ha destacado que Canarias ha negociado y “desvinculado el REF de la financiación autonómica”, por lo que la comunidad dispone de “esa partida de salida, pase lo que pase”.

Todo va “mucho mejor”

El presidente ha defendido además la necesidad de mantener unas cuentas “ordenadas, saneadas y con las prioridades políticas claras”, porque, ha dicho, eso “siempre va a ser mejor para los ciudadanos”.

En respuesta al portavoz socialista, Sebastián Franquis, quien ha cuestionado si las familias canarias viven hoy mejor que cuando Clavijo llegó a la Presidencia, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “toda la economía no va bien, sino mucho mejor” que cuando gobernaba el PSOE en Canarias.

Franquis ha sostenido que las familias viven peor, con un mayor esfuerzo para pagar el alquiler, una menor tasa de emancipación juvenil y un incremento del precio de la cesta de la compra.

Clavijo ha atribuido parte de las dificultades a factores externos y ha señalado que la inflación es “uno de los grandes problemas de todo el mundo”.

Ha añadido que el Gobierno de Canarias no tiene capacidad para “parar la guerra y abrir el estrecho de Ormuz”, y ha relacionado el encarecimiento del petróleo con el impacto de la inflación en una comunidad que depende del transporte.

No obstante, ha aseverado que Canarias presenta mejores datos que la media española en algunos indicadores, entre ellos el paro juvenil, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, aunque sin mencionar los elevados datos de pobreza y exclusión social.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado que el ejecutivo regional ha aprobado el primer pago de 253 millones de euros de las indemnizaciones generadas por las moratorias turísticas, que ha cuantificado en 316 millones, intereses aparte.

Los intereses de ese primer pago ascienden a 7,5 millones, con lo que la cuantía final podría aumentar hasta los 326 millones, aproximadamente.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Miranda ha valorado la reducción de la cuantía de las indemnizaciones en comparación con lo que reclamaban los hoteleros y empresarios litigantes, 652 millones de euros.

Miranda ha recalcado que el actual ejecutivo “no creó el problema ni dictó las sentencias” que han derivado en estas indemnizaciones a raíz de “la llamada moratoria, que no es una sola norma sino un conjunto de decisiones con un objetivo común: frenar el desarrollo turístico”.

Ha rememorado que todo se remonta a dos decretos aprobados en 2001 y que fueron anulados por los tribunales, y con la ley de medidas urgentes mientras se elaboraban las directrices de ordenación, y que en ese periodo transitorio se generó “la primera batalla judicial”.

Luego, en un “escenario de gran inestabilidad”, se aprobó en 2009 la ley de medidas urgentes en la que se introdujo la posibilidad de desclasificar suelo edificable a rústico a cambio de una indemnización, lo que dio pie a 54 reclamaciones, de las cuales el Tribunal Supremo dio la razón a 36.

Sin embargo, cabe destacar que fue el Gobierno de Paulino Rivero (Coalición Canaria) el que, en ese año, introdujo cambios en la moratoria turística aprobada en la legislatura anterior, abriendo la puerta precisamente a reclamaciones judiciales por parte de los hoteleros, como después ocurrió, cuando llegaron decenas de demandas.

Miranda ha recalcado que el importe de lo reclamado ascendía en origen a casi 1.000 millones de euros, contando intereses, y que durante el periodo de negociación que ha desembocado en una serie de acuerdos extrajudiciales se ha conseguido determinar una cifra “muy inferior” que, de paso, cierra la reclamación judicial de los demandantes.

El consejero ha asumido que al actual ejecutivo le ha correspondido “asumir las consecuencias de actuaciones anteriores”, que ha considerado todas “de buena fe” y en línea con la exigencia de la ciudadanía de poner límites al crecimiento.

Ahora bien, ha recalcado que “las moratorias hay que hacerlas bien”, y como ejemplo ha citado a Fuerteventura, donde entre 2001 y 2003 “se desclasificaron muchas camas”, como en Majanicho en un pleno “a las seis de la mañana con los ecologistas en pijama, y se metió a capón”.

Luis Campos (NC) ha exigido contar con toda la documentación al considerar estos acuerdos extrajudiciales como “una de las decisiones más relevantes” de la actual legislatura y con la idea de “desmontar mentiras, engaños y bulos” relativos a que el origen de todo se remonta a las leyes de moratoria de 2001 y 2003.

Al contrario, ha asegurado que todas derivan del artículo 17.1 de la Ley 6/2009.

Campos ha expresado sus “serias dudas” de que el Gobierno de Canarias se haya batido en esta negociación “como un jabato, como un titán”, en la defensa de los intereses colectivos.

Es más, la considera “una rendición absoluta” porque a los demandantes “le das todo lo que te piden y le dejas el suelo con los mismos derechos urbanísticos que tenían con anterioridad”.

En la misma línea, Nayra Alemán (PSOE) se ha quejado de que “además de indemnizar se permite desarrollar ese suelo al promotor”, con lo que “pagamos dos veces”.

Alemán ha preguntado cuántas plazas nuevas pueden dar pie estos acuerdos judiciales, y le ha reprochado su contradicción cuando habla de “sostenibilidad y límites”, al tiempo que “abre la puerta a más hoteles y turistas”.

Manuel Miranda ha esgrimido que si en los acuerdos extrajudiciales se hubiera dejado de lado la parte territorial “menudo problema” se le habría generado a los ayuntamientos, que habrían de asumir 36 modificaciones para en cinco años reclasificar el suelo y automáticamente volver a clasificarlos.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón (CC), ha proclamado este miércoles en sede parlamentaria su “plena confianza” en el personal de la Dirección General de Salud Pública, pero ha evitado “reavivar polémicas” en torno a los episodios de contaminación en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz.

La “polémica” surgió después de que se conociera que el agua estaba contaminada por bacterias fecales y que el alcalde lo sabía, pero no procedió al cierre de la playa, que sufre recurrentes episodios de contaminación fecal y que incluso estuvo clausurada al baño durante un año entero por este motivo. Según el alcalde, la comunicación por parte de Salud Pública no llegó por canales oficiales y se limitó a un “correo electrónico”.

Monzón ha dado esta explicación tras ser cuestionada por la diputada del PSOE Tamara Raya, a quien ha reprochado que busque “embarrar aún más y cuestionar si cabe el trabajo de las autoridades sanitarias”, y le ha advertido de que no le va a “seguir el juego en un asunto tan serio como la vigilancia de las aguas”.

Ha afirmado que las actuaciones de los profesionales de Salud Pública “no responden a decisiones personales o arbitrarias, sino que se ajustan a la legislación vigente y a los protocolos y planes aprobados”, sin explicar por qué no informó por los canales oficiales al alcalde, tal y como él explicó.

Tamara Raya (PSOE) le ha recriminado que el Gobierno de Canarias, con su presidente, Fernando Clavijo, al frente saliera “desde el primer minuto a alertar de un riesgo que no existía” por el desembarco del pasaje del crucero en el que se detectó un brote de hantavirus y, sin embargo, “ante un riesgo real testado por los técnicos de Salud Pública” en Playa Jardín el pasado 23 de junio, “ni un responsable de su departamento ni del Gobierno de Canarias haya dado la cara” ante el cuestionamiento de su labor por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que encargó contraanálisis privados.

Raya ha hecho hincapié en que mantener la playa abierta en la Noche de San Juan “puso en riesgo real a más de 5.000 personas” en lo que cree supuso “el colmo del sinsentido: hemos pasado de que la verdad no te estropee un titular a que un científico no te estropee una verbena en año electoral”.

La diputada socialista ha juzgado más grave “el desdén institucional” con el que se ha tratado el cuestionamiento de los científicos que la ausencia de avances en las obras comprometidas por el Cabildo de Tenerife para acabar con los problemas de contaminación en Puerto de la Cruz o que la falta de coordinación entre instituciones.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha catalogado el acuerdo extrajudicial por el que el Gobierno de Canarias indemnizará en 485 millones de euros a una treintena de empresas afectadas por la moratoria turística del Gobierno de Pulino Rivero (Coalición Canaria), con José Manuel Soria (PP) como vicepresidente, como “el menos lesivo” posible.

Lo ha hecho en el pleno del Parlamento autonómico a instancias de la diputada socialista Nayra Alemán, quien le ha preguntado si “no le chirría que el interés de los promotores cuadre al céntimo con el interés general de los canarios”, así como “qué obtiene Canarias a cambio”.

Miranda ha indicado que el Gobierno de Canarias se marcó dos objetivos para alcanzar dicho acuerdo extrajudicial: que fuera “lo menos lesivo económicamente” para las arcas públicas y que contara con el aval del tribunal que resolvió sobre esta cuestión.

Cabe recordar que fue el Gobierno de Rivero el que, en 2009, introdujo cambios en la moratoria turística aprobada en la legislatura anterior, abriendo la puerta precisamente a reclamaciones judiciales por parte de los hoteleros, como después ocurrió, cuando llegaron decenas de demandas.

Según Miranda, el criterio empleado para determinar la cuantía de las indemnizaciones ha sido el mismo que ha empleado el Tribunal Superior de Canarias: el valor de los aprovechamientos ha funcionado “como base de cálculo y no como resultado”. Es decir, que no se indemniza el valor íntegro de los derechos edificatorios sino en base a la rentabilidad hipotética que se habría podido obtener durante el periodo que permaneció congelado.

También ha aclarado, ante las dudas expresadas por Alemán (PSOE) de que pese a ser indemnizados, los propietarios mantienen la opción de hacer aprovechamientos turísticos en terrenos afectados por la moratoria, que en el acuerdo se ha incluido que no se reclasificarán los mismos.

Con lo cual, ha remachado el consejero, se ha conseguido evitar que este problema se prolongase 10, 15 años más, y el importe a abonar fuera “mucho mayor”.

La consejera de Haciendo del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha defendido este miércoles su “lealtad” al Gobierno regional y al acuerdo sobre financiación autonómica, que fue aprobado pese a que ella no acudió, pero ha coincidido con el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), en no fiarse del Gobierno central.

Asián se ausentó de las dos reuniones mantenidas por las comunidades autónomas con el Estado para abordar y aprobar el nuevo modelo de financiación, en ambos caso, por “vacaciones”, delegando su voto en otra consejera canaria, pero de Coalición Canaria, evitando así llevar la contraria a su partido, que ha criticado abiertamente el nuevo modelo, aunque beneficia sobre todo a comunidades en las que gobierna, como Andalucía.

“Vamos a esperar cómo se cumple”, ha señalado Asián en respuesta a una pregunta del PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento, ya que, según ella, lo que ha llegado este año a las islas con cargo a los presupuestos es “cero euros”.

Asián, que ha cuestionado la “agresividad”, según ella, del diputado socialista Manuel Hernández, ha dicho que va con la “cabeza alta” porque siempre ha defendido la “misma posición”, que Canarias estaba infrafinanciada y a la cola en la primera propuesta de financiación, que implicaba solo 611 millones más.

Finalmente, ha comentado, se ha logrado un acuerdo vía mecanismo de compensación por 726 millones adicionales y ha preguntado a los socialistas por qué se ha completado la propuesta si antes era “magnífica”.

Por su parte, Hernández (PSOE) ha comentado que para defender a Canarias “hay que estar” ya que cuando llegó el momento, en la reunión, la consejera “decidió mandarse a mudar” y anteponer los intereses de su partido a los de las islas.

El diputado le ha reprochado que haya usado la “misma excusa” en las dos oportunidades de reunión -días libres y vacaciones-, subrayando que “es intolerable que se haya escondido o la hayan escondido”.

En esa línea ha comentado que su “deslealtad con Canarias será recordada” ya que su “prioridad” ha sido “seguir la estrategia del PP” para usar la financiación “para el enfrentamiento con el Gobierno”.

“Su sueldo lo pagan los canarios”, ha apuntado, afirmando que la Consejería “no es una sucursal de Génova teledirigida por Feijóo”.