Todos los partidos, menos Vox, secundan en el Parlamento de Canarias erradicar los discursos de odio

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para que todos los grupos políticos, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil apoyen la consecución de un acuerdo canario contra los discursos de odio que se sume al gran acuerdo nacional, con el objetivo de erradicar la discriminación que sufren las minorías y colectivos vulnerables, y para remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad.

La iniciativa, defendida por la diputada Elena Máñez, pide también que las administraciones educativas promuevan la implantación de medidas preventivas y programas en centros educativos, cuya finalidad sea la de eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio, así como que el alumnado adquiera las competencias necesarias que les permitan desarrollarse y vivir en el respeto a la diversidad y la promoción de la inclusión de las minorías y colectivos históricamente discriminados para el cumplido desarrollo de los currículos educativos.

Además, se apuesta por diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, para concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad, además de impulsar el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio.

La propuesta también incluye la realización de análisis estadísticos, en el marco de las estrategias nacionales que se definan al respecto, sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio, acompañándolo de un sistema de seguimiento mediante la recopilación de datos que sirva como termómetro para medir los efectos de estos, con el objetivo de facilitar el desarrollo e implementación de políticas preventivas.

También se pide la elaboración de un estudio anual que evalúe el impacto que tienen los discursos de odio y sus consecuencias en el colectivo LGTBI, las personas migrantes, las personas de distinto origen étnico-racial, y en el resto de los colectivos vulnerables, para poder identificar las necesidades y recopilar información útil que ayude a desarrollar estrategias de acompañamiento y protección a quienes los sufren.

El acuerdo incluye el impulso de programas de formación en el ámbito laboral, haciendo hincapié en el funcionariado, la policía canaria y las policías locales y el ámbito sanitario, a fin de otorgarles las capacidades y herramientas necesarias para saber identificar, abordar y asistir correctamente a las víctimas de los discursos de odio.

En esta línea, se pide impulsar la aprobación definitiva e implementación, con dotación presupuestaria suficiente, del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural.

CC, PP, ASG, AHI y Nueva Canarias han respaldado sin fisuras esta proposición no de ley, con el ruego por parte de la diputada nacionalista Jana González y del grupo Mixto Raúl Acosta de “rebajar el tono” desde la clase política.

La diputada Elena Máñez alertó que Canarias es la tercera comunidad autónoma donde más delitos de odio se registró en el periodo comprendido entre 2018 y 2022, según un estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial. Los actos discriminatorios por el origen racial o étnico fueron los más frecuentes en las islas, seguidos de cerca por los ataques contra la orientación o la identidad sexual, y los delitos de odio contra personas con discapacidad y por antisemitismo también llegaron a los juzgados canarios.

Por este motivo, lamentó las afirmaciones realizadas por la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, comparando la crisis humanitaria por la llegada de personas migrantes menores de edad con una situación de guerra. “Y aunque intentó explicar el contexto en la comisión, estamos en un contexto que requiere ser extremadamente rigurosos si queremos combatir los discursos del odio”.

Sobre esto, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que estas palabras de la consejera fueron fruto de “la frustración de ver que estamos totalmente abandonados y que el Estado mira para otro lado”, y ha añadido que estuvo en una de las instalaciones de acogida en El Hierro y a tenor de lo que vio “si no estamos en una guerra, se parece, y lo parecerá cuando tengamos a niños en carpas” por no disponer de espacios apropiados.

“No hay que fomentar los discursos de odio, pero hay momentos que hay que decir las verdades a la cara”, ha aseverado.

En este sentido, destacó que en Canarias históricamente también se han generado grandes consensos en el ámbito del respecto a políticas igualitarias, la conquista y defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y puso como ejemplo el reciente Pacto Canario por la Migración; la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, o la adhesión del Gobierno de Canarias al Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, entre otros. “Estos son solo algunos ejemplos de una sociedad canaria mayoritariamente tolerante y solidaria con los colectivos más desfavorecidos”.

Máñez recordó al socialista Pedro Zerolo, sobre el que afirmó que “le debemos” la conquista de algunos derechos esenciales que han contribuido a hacer felices a muchas personas y también a que seamos una mejor sociedad.

“Como decía Pedro Zerolo, las utopías de hoy son las conquistas de mañana, y construyamos una sociedad en la que quepamos todas y todos desde la diferencia de cada cual. Con esta vocación traemos esta PNL, para, entre otras cuestiones, impulsar la aprobación de un acuerdo canario contra los discursos de odio, entre todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y la sociedad civil, que se sume a un gran acuerdo nacional”, añadió.

Jacob Qadri, del grupo Popular, ha preguntado a los grupos en la oposición si “no es discriminación que a los canarios nos cueste más 14 de millones al mes mantener a menores migrantes sin ayuda del Estado” o que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, esté “dinamitando cualquier posible acuerdo de reparto” de estos menores.