La Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) ha recurrido el auto dictado por el instructor del procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de lo Penal Número 6 de la capital grancanaria contra 15 de sus ejecutivos por un supuesto delito societario pudiendo su archivo.

Así lo ha informado la compañía en un comunicado en el que agrega que pide a través del recurso la nulidad de dicho auto, por el que se acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de juicio oral.

De igual modo, Emalsa ha denunciado “la manipulación de la que ha venido siendo objeto por parte de la instrucción artificialmente alargada durante los últimos cinco años y sometida la buena imagen de sus gestores al descrédito público”.

Además, ha hecho especial hincapié en que la instrucción no ha podido constatar, “por inexistente”, quebranto económico alguno para la empresa, “y menos aún para el interés público, como recoge el referido auto del juez instructor”.

“Por el contrario, cuantas auditorias e informes periciales a los que se ha sometido la gestión de Emalsa, y que en su resolución el juez instructor ignora, evidencian que no existe perjuicio económico alguno”, ha incidido Emalsa.

También agregó que “ante el perjuicio que el procedimiento abreviado acordado por el juez instructor ha originado a la buena imagen de los ejecutivos de Emalsa por ella afectados”, las defensas entienden que la resolución recurrida “bien podría haberse dictado al día siguiente de haberse acordado la instrucción de las diligencias previas, esto es, el 25 de octubre de 2013, sin necesidad de invertir cinco largos años en instrucción”.

Para la compañía, dicha afirmación sustenta en el hecho de que el instructor, en su auto, plasma un relato de hechos que “constituye la simple reproducción literal de la denuncia inicial de la Fiscalía”, sin mención a las diligencias practicadas durante cinco años que, agregó, “no han hecho más que constatar la irrelevancia penal de los hechos investigados”.

Además, Emalsa ha agregado que el auto del instructor asegura que “se desprenden indicios de la posible existencia de un delito societario” en las diversas operaciones que habrían sido analizadas.

“Y ello -prosiguió la compañía- pese a conocer que en la auditoria que realizó Auren, en 2013, en la que se basan estos indicios, lo que se señalaba era justamente lo contrario, al afirmar que en el proceso de contratación de obras y servicios entre Emalsa y Sercanarias no apreciaba indicios de quebranto patrimonial para Emalsa”.

Con todo, la empresa ha resaltado que el auto recurrido, que transforma lo instruido en juicio oral, “se limita única y exclusivamente a reproducir simple y literalmente pasajes enteros de la denuncia inicial de la Fiscalía, sin hacer mención alguna al contenido y resultado de las diligencias de investigación practicadas durante cinco años y, por ende, el instructor no permite conocer a las partes cuáles son las razones que le llevan a dictar la resolución transformadora”.

Por último, Emalsa ha destacado que no puede hablarse de responsabilidad criminal sin determinar la participación de los investigados en las conductas objeto de denunciada “y, mucho menos, sin la acreditación de la existencia de perjuicio patrimonial concreto”.

Emalsa ha señalado que el cambio societario de la empresa que gestiona el servicio de aguas en Las Palmas de Gran Canaria “es legal” y que no afecta al control municipal “ni al interés público”.

En un comunicado, la compañía ha explicado que así lo han puntualizado los consejeros privados durante el último consejo de administración celebrado el pasado 23 de octubre.

Emalsa ha comentado que la actual composición del accionariado privado “en absoluto” afecta a la titularidad municipal del servicio “ni al tan recurrente interés público, garantizado por la eficiente gestión de la operadora”.

De igual modo, ha recordado que el Ayuntamiento sigue siendo el titular de los servicios y que puede y debe ejercer el control total sobre los mismos. “Su participación en Emalsa -añadió-, no ha sufrido ninguna modificación, y no han aumentado ni disminuido, con los cambios sufridos, ninguno de los derechos que el Ayuntamiento, como socio público, ostenta”.

Además, la empresa ha explicado que la reestructuración llevada a cabo en el accionariado privado no se ha realizado a espaldas del Ayuntamiento, sino que se ha obrado “con absoluta transparencia, ningún ánimo de fraude, y cumpliendo escrupulosamente los plazos informativos estipulados en la legislación mercantil”.

“La operación societaria -continuó- se ha realizado con todas las garantías jurídicas y dentro de la legalidad más absoluta. Se ha contado con dictámenes previos de prestigiosos despachos de abogados que han avalado la operación, tal y como lo ha hecho, igualmente, la Secretaria del Consejo cuyo informe jurídico obra en poder de su presidente, que fue quien lo solicitó”.

Por otra parte, respecto al “supuesto saqueo” de la empresa y la “intolerable deuda municipal”, Emalsa ha hecho especial hincapié en que los socios privados no han percibido “dividendo alguno” por la inversión de capital y, por lo tanto, recibido remuneración alguna por su inversión después de transcurridos 25 años.

“Los socios privados de Emalsa, los anteriores y los actuales, soportamos una instrucción judicial bajo la acusación de un delito societario inexistente. A instancias del exalcalde Cardona, en 2013 la fiscal de delitos económicos presentó una denuncia por delito societario contra 15 ejecutivos de la compañía y su instrucción aún se mantiene activa. En este periodo la compañía ha sido auditada por Auren, KPMG, Análisis Ingenieros, BDO y, últimamente, Godoy, y no se ha encontrado, por inexistente, quebranto económico alguno para Emalsa, aseveró la empresa

Por último, Emalsa ha lamentado que, mientras que “el Ayuntamiento sigue incrementando la deuda con la compañía hasta más de 38 millones de euros, lo que sitúa a la empresa en pérdidas” los intereses por la demora en el pago “superan los ocho millones de euros, lo que sí afecta al interés público”.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), prevé un litigio largo con la empresa que ahora posee el 66% del capital de la sociedad de aguas Emalsa para conseguir que la ciudad recupere la mayoría accionarial en la compañía.

Hidalgo ha confirmado que el Consistorio presentó este martes la demanda con la que impugna el procedimiento por el que Saur se ha hecho con el paquete accionarial del 33 % que poseía Sacyr, con lo que consigue una participación que dobla la que conserva la ciudad (66 % frente a 34 %).

El alcalde ha subrayado que los servicios jurídicos municipales defienden que en este contencioso “se ha vulnerado el derecho del Ayuntamiento al tanteo en la venta de las acciones de Emalsa”.

“No se puso a disposición del Consistorio el 17 % del capital para que su participación llegara al 51 % del accionariado, lo que evitaría que la parte privada obtuviera más del 49%, como dice el pliego y establecen los estatutos de la empresa”, ha destacado Hidalgo.

La tesis del informe del Ayuntamiento es que “esta operación ha sido armada para obviar a la parte pública el derecho de tanteo, porque si las acciones se hubieran vendido directamente es nítido, tendrían que haberlo hecho”, ha apuntado el regidor.

Además, ha añadido que “en los pliegos se recoge la Ley de Contratos, que establece que si había una única la empresa privada en el accionariado de la compañía ésta no podía tener más del 49 % de las acciones”.

“La empresa privada (Saur) defiende que no hay lugar al derecho de tanteo porque es una operación indirecta y las acciones de Emalsa ni se han comprado ni vendido”, ha explicado Hidalgo, quien ha insistido en que, a juicio del Consistorio, todo se ha hecho “para eludir la necesidad de vender al Ayuntamiento parte de las acciones de la compañía”.

En su opinión, solo si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hubiera renunciado a esa compra las acciones se hubieran podido ofrecer a un tercero.

“Defendemos que esta operación ha sido nula y que, en todo caso, se nos debe ofrecer la opción de derecho de tanteo sobre esas acciones y, en defensa del interés general, el Consistorio exige ante los tribunales que se haga”, ha sentenciado.

Hidalgo ha añadido que si la Justicia les da la razón, el Ayuntamiento se podría hacer con la mayoría de la empresa (51%) “por el menor coste que nos habríamos imaginado, porque no es una municipalización o compra del cien por cien de las acciones, ni adquirir una de las empresas dueñas de Emalsa, sino el 17% que nos falta para controlar la compañía”.

“El proceso será largo de no mediar un acuerdo, porque la parte privada entiende que le asiste la razón y que su operación indirecta es nítida y legal, y discrepa de la posición del Ayuntamiento, por lo que serán los tribunales los que digan quien tiene la razón”, ha concluido el alcalde capitalino.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acudirá a los tribunales este martes para defender su derecho de tanteo en la operación en Emalsa por la que Saur -que ha ostentado el 33% de la participación desde 1993- se hizo con el 33% de las acciones de Sacyr Vallehermoso y acaparó más del 49% del paquete de la empresa mixta de aguas. El Consistorio ha asegurado que no fue consultado ni informado de esta acción a pesar de ostentar la presidencia de la compañía y tener el 34% de las participaciones de la entidad.

A principios de octubre el Ayuntamiento anunció que encargaría un informe a los servicios jurídicos antes de emprender medida alguna; semanas después, este órgano ha declarado ilegal la compraventa de acciones porque se omitió el derecho de tanteo que tiene el gobierno de la capital grancanaria, en sintonía con los Estatutos de Emalsa.

En dicho documento, publicado en 1992, se deja muy claro que, si uno de los accionistas privados tiene más del 49% de la participación, debe ofrecer las acciones que superen dicho porcentaje a los “restantes socios”, siempre teniendo en cuenta que la “transmisión, total o parcial, de las acciones privadas está sujeta al derecho de tanteo del accionista público”.

“Este martes iremos a los juzgados de lo mercantil y presentaremos una demanda para que se nos restituya nuestro derecho al tanteo y retracto de nuestras acciones, como mínimo en un 17% (pues la compañía privada sólo podría asumir el 49% de la participación), que sumaría, con el 34% que tenemos actualmente, hasta un 51%, es decir, el Ayuntamiento tendría la mayoría de la participación en la empresa. Aunque somos conscientes de que esto sería el resultado de una batalla judicial porque la parte privada se defenderá” ha explicado el alcalde Augusto Hidalgo.

Además, Hidalgo ha desvelado que en el informe “se observa la posibilidad de que hubiera competencia desleal en la compraventa de las acciones y, por lo tanto, fuera nulo todo el procedimiento” porque Saur se ha hecho con el 66% de las acciones “incumpliendo lo que decían los Estatutos de Emalsa”.

Cabe recordar que la operación ha coincidido en el tiempo con el traspaso de Saur, que salió a la venta en abril con 11 candidatos a adquirir la empresa, a un fondo sueco de inversiones sueco (EQT, propiedad de la poderosa familia Wallenberg), que finalmente resultó elegido por la compañía francesa. Además, la compraventa en la empresa mixta de aguas ha sido realizada a través de empresas filiales, es decir, Sacyr Vallehermoso, por medio de su filial Valoriza, traspasó el 33% de sus participaciones en Emalsa a otra sociedad llamada Nuinsa, creada por la constructora española para segregar acciones. Y Nuinsa fue adquirida por Saur a través de su filial Gestagua.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió en 1993 que la gestión del ciclo integral del agua (desalación, distribución, alcantarillado y depuración) debía ser mixta durante 50 años. El Consistorio capitalino se quedó con el 34% de las acciones. El restante 66% se lo repartieron a partes iguales la empresa francesa Saur y Unelco. En 2005, la constructora española Sacyr Vallehermoso adquirió las participaciones de la eléctrica. Así se ha mantenido hasta este año, cuando la compañía gala ha copado las acciones de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas S.A. (Emalsa), haciéndose con el 66% de las acciones, la parte privada en su integridad, sin siquiera consultar con el gobierno de la octava ciudad más poblada de España. Una operación que se produce justo antes de que se materialice la compra de Saur por parte de un fondo de inversiones sueco, propiedad de una de las familias más poderosas del mundo.

Paradójicamente, esta operación puede provocar que una entidad de primera necesidad pase a manos públicas, si no en su totalidad, al menos mayoritariamente, porque en los estatutos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas que rigen la empresa se deja bastante claro que la compañía no puede estar participada por un solo socio privado en un porcentaje superior al 49%, o lo que es lo mismo, abastecer de agua potable a más de 400.000 personas en la ciudad capitalina y en Santa Brígida.

“Si uno de los accionistas adquiere el dominio de más del 49% del total” de las acciones, las “que superen dicho porcentaje serán ofrecidas a los restantes socios”. Y añade: la “transmisión, total o parcial, de las acciones privadas está sujeta al derecho de tanteo del accionista público”, en este caso, el Ayuntamiento de la capital grancanaria. A raíz de la posibilidad de ejecutar el derecho de tanteo, el gobierno tripartito de la ciudad capitalina (PSOE, Nueva Canarias y Las Palmas de Gran Canaria Puede) ha decidido encargar, como primera medida, un informe jurídico. Dependiendo del resultado del documento, el Consistorio podría acudir a los tribunales y ejercer el derecho de tanteo que le corresponde y quedarse con el 51% de las acciones o deshacer la compra y adquirir el 33% de la operación realizada entre Saur y Sacyr para que el 67% de las acciones de Emalsa puedan recaer en manos públicas.

El derecho de tanteo que tiene el Ayuntamiento no se ha ejercido aún porque, según Pedro Quevedo, socio de gobierno por Nueva Canarias (NC), esta operación de la parte privada se le ha dado “cerrada” al gobierno del municipio, que solo ha alcanzado a conocer “que algo estaban pensando (las empresas privadas) porque había algún comentario genérico”. Pero en ningún momento han podido anticiparse a esta “operación de ingeniería financiera”.

Se refiere Quevedo a la maniobra de la empresa francesa Saur, que salió a la venta en abril y en julio eligió la oferta de compra del fondo de inversiones sueco ETQ, propiedad de la poderosa e influyente familia Wallenberg, aunque no será hasta noviembre (se espera que en esa fecha el gobierno francés de luz verde a esta operación) cuando se materialice la adquisición.

PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias apuestan por una mayoría pública en Emalsa

Mientras el Ayuntamiento de la ciudad capitalina mantiene la prudencia, el concejal de Empleo y Turismo del Consistorio ha adelantado que su partido, Nueva Canarias. pretende “aprovechar este movimiento” para que haya “mayoría pública en el control de Emalsa”. Asegura que desde su formación siempre han defendido “que el control del ciclo integral del agua sea de interés de general”.

El secretario general del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, ha explicado que en el programa electoral de 2015 de su formación se recogía “la posibilidad de remunicipalizar Emalsa”, pero matiza que actualmente existen una serie “de restricciones a nivel presupuestario del Estado”. Pérez reconoce que si los informes jurídicos dan la oportunidad para aumentar la titularidad pública de la empresa, el PSOE “lo respaldará”.

Desde Las Palmas de Gran Canaria Puede, Javier Doreste ya ha manifestado en más de una ocasión el interés de Podemos de recuperar la titularidad pública de Emalsa en su totalidad o que el Ayuntamiento tenga la mayoría de las acciones, algo que, según ha asegurado varias veces, es viable económicamente.

Por contra, la concejal de Ciudadanos Beatriz Correas ha recordado que “ya hace más de tres años que Sacyr está intentando quitarse las acciones” y ha criticado que el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, presente en el Consejo de Administración de Emalsa (el alcalde Augusto Hidalgo ostenta la presidencia), “no haya intentando hacerse con las acciones para recuperar el control público y, como mal menor, conseguir una empresa solvente que adquiriera esa parte del accionariado”. Ahora que se ha dado esta situación, Correas no entiende cómo el Consistorio ha dejado que sucediera si, según los Estatutos “tiene derecho de tanteo sí o sí”.

Quevedo considera que “la parte privada tiene potestad para hacer lo que considere sin consultarlo con nadie”.“Otra cosa”, añade, “es que estemos o no de acuerdo” en un asunto que afecta al “interés general de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria”. En cualquier caso, asegura que NC “no va a aceptar una situación como esta” y ha justificado que ahora mismo el 66% de las acciones de Emalsa esté en manos de una sola empresa privada porque “en su día se cometió un error de bulto y se dejó al Ayuntamiento atado de pies y manos” porque “se permitió que dos entidades privadas pudiesen tener entre las dos el 66% de las acciones de Emalsa. De aquellos polvos, estos lodos”.

De la privatización a los tribunales

En 1993, durante el mandato del entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Emilio Mayoral, Emalsa se privatizó parcialmente y su gestión se adjudicó mediante concurso a Saur y Unelco, con un 33% de acciones para cada una, y un 34% para el gobierno de la ciudad capitalina. Los socios privados tendrían tareas de gestión mientras que la parte pública ostentaría la presidencia en el Consejo de Administración y tendría capacidad para autorizar las subidas de las tarifas del agua. Y nunca un solo socio privado podría tener más del 49% de participación.

La decisión plenaria del 22 de marzo de 1993 que permitió la semiprivatización de Emalsa fue recurrida en varias ocasiones por Aquagest (filial de Aguas de Barcelona, que pertenece a la francesa Suez) en los tribunales, al considerar que su oferta era la más beneficiosa para el interés público municipal. La Justicia le dio la razón y pasaron años de reclamaciones y denuncias continuas hasta que llegó José Manuel Soria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003). El mismo que había prometido remunicipalizar Emalsa en su campaña electoral y teniendo la oportunidad de hacerlo dada la situación judicial que atravesaba, certificaba la decisión tomada ocho años antes con otro pleno celebrado en octubre de 2001. Aquagest elevó su protesta hasta el Tribunal Constitucional, que en 2013 desestimó sus demandas y cerró de forma definitiva el conflicto en favor de la semiprivatización de Emalsa.

En medio de este largo proceso, en 2005, la constructora Sacyr Vallehermoso, a través de su filial Valoriza, compró la filial de Unelco (Nuinsa) que tenía el 33% de las acciones de Emalsa. Ahora, en la operación que ha realizado Saur al adquirir Nuinsa para a su vez entregárselas al fondo de inversiones sueco, también ha obtenido el 100% restante de Sercanarias (que se encarga de la red de saneamiento de la ciudad capitalina y era propiedad a partes iguales de Saur y Valoriza). Es decir, que esta operación no se ha centrado solo en comprar el 33% de las acciones en Emalsa de Sacyr, sino que la compañía gala ha adquirido todo el paquete de Nuinsa.

Pero Emalsa no tardaría en volver a los tribunales, esta vez en forma de una compleja trama que aún se investiga en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que los socios privados, a los que se añadiría Satocan, presuntamente se repartían contratos de obras y servicios, operaciones de compra-venta o remuneraciones complementarias con sus filiales. La investigación comenzó durante el mandato de Juan José Cardona (Partido Popular), que remitió en 2012 a la Fiscalía un escrito con informaciones publicadas en prensa, lo que provocó, diez meses después, la denuncia de la coordinadora de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Evangelina Ríos, ante los juzgados de la capital isleña por presuntos delitos societarios, y la imputación de quince empresarios y directivos relacionados con Emalsa.

A raíz de esta noticia, dimitieron en bloque los consejeros de Sacyr y Saur imputados y, a excepción de José Luis Rubio Días de Tudanca y Pierre José Pans, que aún continúan a pesar de estar siendo investigados, ya no queda nadie de aquella época en la que el propio presidente del consejo, Juan José Cardona, decidió intervenir temporalmente y controlar las actuaciones de la empresa, algo que se aprobó en 2014. Esta consistía en introducir en la sociedad durante 18 meses al entonces jefe de la Unidad Técnica de Aguas del Ayuntamiento, Rafael Bolívar, para que analizara el estado de la empresa, lo que hizo a través de varios informes.

Con esta actuación, Cardona también pretendía paliar los vertidos de aguas fecales en el litoral este de la ciudad capitalina, provocada por el mal estado de las infraestructuras de Emalsa, que llevó incluso a que se prohibiera el baño en la playa de La Laja. La responsabilidad era achacada por el Consistorio a los socios privados y estos hacían lo propio con el Ayuntamiento capitalino. Lo cierto es que la Justicia condenó en 2016 al actual gobierno del tripartito -PSOE, Nueva Canaria y Las Palmas de Gran Canaria Puede- a pagar 6,6 millones de euros a Emalsa por impago de facturas de saneamiento durante el mandato de Cardona (entre 2013 y 2014), consecuencia de un recurso interpuesto por la empresa contra el Ayuntamiento en 2014.

El gobierno de la ciudad capitalina no recurrió por temor a agravar la situación, ya que el PP tampoco había abonado las facturas entre 2014 y 2015. Por el contrato de saneamento firmado en 1998 por Soria el Ayuntamiento estaba obligado a pagar una cuantía fija anual independientemente de que Emalsa hubiera realizado los trabajos. Por ello, el Consistorio no solo se comprometió a pagar los 6,6 millones de euros a los que le obligaba la Justicia, sino que abonaría un total de 14,5 millones de euros, tras aprobar la medida en un pleno por 15 votos a favor y 14 en contra, ante el temor de que llegaran nuevas sentencias que le obligaran a ejecutar dicha cantidad.

Ciudadanos acudió en octubre de 2016 a la Fiscalía por considerar el pago irregular y, en mayo de 2017, el Ministerio Público trasladó al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria la denuncia al apreciar indicios de delito de administración desleal, algo que el Consistorio ha negado. El pago de los 6,6 millones de euros ya se ha realizado, no así los 7,9 restantes, que han sido retenidos por la Intervención General, según ha asegurado la concejala de la formación naranja Beatriz Correas, contradiciendo la versión del concejal de Aguas de la ciudad capitalina, que aseguró que está reservado a la espera de que se resuelva un expediente abierto a fin de establecer cómo deben hacerse.

El precedente: cuando Pepa Luzardo trató de vender Emalsa a FCC

La actual diputada del Partido Popular, Pepa Luzardo, fue la única persona que en el pleno del 22 de marzo de 1993 votó en contra de la semiprivatización de Emalsa. Sin embargo, ocho años después, ya en el gobierno de la ciudad bajo la alcaldía de Soria, votó a favor de volver a adjudicar el 66% de las acciones a Saur y Unelco.

Durante su mandato (2003-2007), heredando la época de Soria con todas sus consecuencias, se efectuó la compra de Nuinsa por Valoriza-Sacyr a Unelco. Luzardo afirmó entonces que se había enterado de esta operación por la prensa porque la eléctrica no informó a la compañía y, por ello, no pudo ejercer su derecho de tanteo. Pero en lugar de encaminarse a la remunicipalización, el PP trató de dejar Emalsa prácticamente al 100% en manos privadas.

En el mandato de Soria ya Unelco le había comunicado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su intención de vender su filial y le ofreció el 33% al Consistorio, que podría haber tenido un 67% de la empresa, pero el entonces alcalde se negó argumentando que la situación no era propicia al estar recurrida por Aquagest. Por su parte, Luzardo tuvo que aceptar en 2005 la compra del 33% por Valoriza, pero propuso vender la participación del Ayuntamiento y quedarse con un 1% simbólico de la compañía. Se llegaron a poner ofertas sobre la mesa, una de ellas provenía de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a la que pertenecía como alto ejecutivo en las Islas la pareja de entonces de Luzardo, Ángel Castanedo. Pero nunca se llegó a producir.

Emalsa volvería a ofrecerse en su totalidad a los socios privados por iniciativa del alcalde socialista Jerónimo Saavedra (2007-2011), que pretendía vender el 29% de las acciones públicas para hacer frente a la crisis económica. Saur aceptó, pero la operación se frenó porque superaba el 49% de participación de un socio privado; ante esta situación se le ofreció a Valoriza aumentar su participación, que ya ostentaba un 33%, pero la filial pertenecía a Sacyr Vallehermoso y las constructoras no recibían crédito de los bancos debido a la crisis económica.

De Saur a los Wallenberg, una de las familias más poderosas en el mundo

En julio de este año se conoció que el fondo de inversiones sueco EQT, creado por la familia Wallenberg, había sido el elegido para comprar la compañía francesa Saur, que soluciona de esta forma años de reestructuración financiera e incluso amenazas de quiebra que han dejado a la compañía al borde de la extinción.

Por algo más de 1.500 millones de euros, se espera que la operación se materialice en noviembre, cuando el gobierno francés dé su visto bueno a una inversión extranjera en un sector estratégico, pues Saur es el tercer proveedor de agua más importante en Francia, después de Veolia y Suez, y suministra a 12 millones de personas en todo el mundo. Para la compañía gala, esto supone una buena noticia, como recogió el periódico Le Monde.

Saur, fundada en los años 30 del siglo XX para producir y suministrar agua potable y tratar aguas residuales, fue absorbida por Bouygues en 1984, que le da una dimensión mundial a la empresa en 1994 fundando Saur International. Sin embargo, en el siglo XXI, Bouygues quiso centrarse en las telecomunicaciones y en 2005 se deshizo de la compañía. Comenzó entonces la venta de acciones de Saur de socio en socio al tiempo que disminuían los ingresos y se incrementaba la deuda con la crisis económica. En 2013, al borde del precipicio, es rescatada por los bancos, liderado por BNP Paribas, también intervinieron Natixis y Royal Bank of Scotland.

En 2015 se rumorea una posible adquisición de Saur por parte de la empresa de construcción española FCC, que no llega a ocurrir. Aunque mejoró su situación, en abril de 2018 Saur sale a la venta interesando inicialmente a 11 candidatos de los que solo quedaron cuatro. Finalmente, la empresa gala se decantó por el fondo de inversión sueco creado en 1994 por la familia Wallenberg en Suecia, pero actualmente instalado en Luxemburgo.

La poderosa dinastía familiar Wallenberg comenzó a gestar su imperio económico y financiero en el siglo XIX con la fundación del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), a través del cual fueron cimentando su influencia ampliando su control en numerosas empresas nacionales e internacionales, como la de automóviles sueca Saab, el líder en ingeniería eléctrica y automatización ABB, la multinacional de telecomunicaciones Ericsson, además de muchas más entidades. Ahora, si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo permite o no lo impide, la familia Wallenberg controlará el ciclo integral del agua en la capital isleña.

Ciudadanos ha exigido al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que retire el servicio de mantenimiento de alcantarillado de la ciudad a la empresa Sercanarias, tal y como se prometió en 2015 al personal de este sector que ahora está en huelga, ha informado este jueves el grupo.

La portavoz de Ciudadanos en el Consistorio capitalino, Beatriz Correas, ha denunciado que “la pésima gestión” por parte del Tripartito PSOE, NC y LPGC Puede, “está batiendo récords de huelgas de trabajadores” y ha exigido que se retire “inmediatamente” a Sercanarias el servicio de mantenimiento y saneamiento de alcantarillado.

Ciudadanos solicitó al Ayuntamiento en el pasado pleno que mediara entre la empresa y los trabajadores, pero éste “se ha negado a enseñar el contrato con dicha empresa? y, además, ”no mostró ninguna intención de buscar una solución“.

Correas ha asegurado que la huelga del personal de alcantarillado “tiene un claro culpable, y es el alcalde Augusto Hidalgo”, quien, según la formación política, “se comprometió hace tres años a retirar este servicio a Sercanarias”.

El concejal de Alumbrado y Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Santana, ha rechazado este martes que la corporación haya cometido irregularidad alguna en el pago de facturas a la empresa de aguas Emalsa pese a que la Fiscalía haya apreciado indicios de posible delito al respecto.

“No hay delito societario ni administración desleal” en el pago de dichas facturas, ha asegurado Santana ante la noticia de las acciones de la Fiscalía, que ha precisado que el gobierno municipal, formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias, ha conocido “por la prensa” pero sin haber tenido comunicación oficial alguna al respecto hasta el momento.

El concejal de Aguas ha precisado que “todavía al Ayuntamiento no le ha llegado absolutamente nada de la Fiscalía” respecto a ese asunto.

Pese a todo, ha insistido en que su grupo de gobierno ha actuado “cumpliendo con un contrato” que fija la obligación de abonar a Emalsa dichas facturas, pese a que los anteriores responsables del Ayuntamiento, del PP, se negaron a seguir pagándolas al considerar que no estaban convenientemente justificadas.

Santana ha recordado, además, que dicha obligación fue reconocida por los tribunales mediante una sentencia que dio la razón a la empresa de aguas frente a la negativa a pagar de los anteriores gobernantes de la corporación, y ha argumentado que ese hecho ha determinado el proceder seguido ahora.

Porque “la sentencia fue clara en su momento: había que pagar con un criterio que es el que está en el contrato y, atendiendo a eso, el Ayuntamiento paga las facturas que están dentro de la sentencia”, ha sostenido.

Y ha añadido que, “además de eso, el Ayuntamiento aprobó a finales del año pasado una modificación de crédito para pagar las siguientes facturas, porque las facturas son mensuales y tenemos un contrato con Emalsa hasta el año 2043”.

No obstante, el responsable de Aguas ha matizado que la corporación ni siquiera ha abonado todavía el montante de las facturas que se cuestiona en la denuncia que ha sido ahora admitida a trámite, cifrado en 14,48 millones de euros que se reclamaban en concepto de deudas pendientes por trabajos de saneamiento y depuración.

Cifra esta superior a la de 6,63 millones de euros que, en contrato, obligaba a pagar a Emalsa la sentencia, según ha argumentado en la referida denuncia el partido Ciudadanos, que presentó la denuncia, según ha explicado este martes su portavoz en el Ayuntamiento, Beatriz Correas.

Roberto Santana ha aclarado que el dinero a abonar a Emalsa está reservado en espera de que se resuelva un expediente abierto a fin de establecer cómo deben hacerse los pagos.

Por lo cual, “de momento no hemos podido pagar esos 14 millones que dicen que se han pagado”, ha sentenciado el edil.

La Fiscalía aprecia indicios de delito de administración desleal en la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de abonar a la empresa de aguas Emalsa 14,48 millones de euros que esta reclamaba en concepto de deudas pendientes por trabajos de saneamiento y depuración.

El Ministerio Público ha comunicado por escrito a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Beatriz Correas, que acepta su denuncia contra el Consistorio por los pagos realizados a Emalsa y la traslada al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, al observar en los hechos “la posible existencia de un delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal”.

Ciudadanos cuestionaba en su denuncia las decisiones tomadas por el Ayuntamiento después de que un Juzgado de lo Contencioso Administrativo le condenara a abonar a Emalsa 6,63 millones de euros por trabajos realizados de enero de 2013 a mayo de 2014, en un fallo que devino firme, porque la corporación prefirió no recurrirlo.

Correas no pone en duda el pago de 6,63 millones avalado por la sentencia, aunque opine que los intereses municipales pudieron defenderse mejor en ese pleito, sino el acuerdo que el pleno tomó el 21 de septiembre de 2016 para zanjar otras deudas con Emalsa.

Ese día, el pleno resolvió con los votos de los 15 concejales del grupo de gobierno (PSOE, NC y Las Palmas Puede) tramitar un expediente de modificación de créditos para abonar a Emalsa 14,48 millones de euros, por deudas que esta reclamaba hasta 2015.

Ciudadanos sostiene que en ese expediente se incluyeron tanto las deudas afectadas por la sentencia, como otras correspondientes a un período posterior, hasta mayo de 2015, que desde su punto de vista no están suficientemente justificadas por parte de Emalsa.

De hecho, el escrito remitido a este grupo político por la Fiscalía precisa que ese pago del Ayuntamiento a Emalsa todavía no se ha hecho efectivo a día de hoy, porque ha sido “retenido por la Intervención General” del Consistorio capitalino.

El Ministerio Público aprecia en estos hechos indicios de administración desleal y así se lo comunica al juez que ya estaba investigando otras denuncias anteriores sobre Emalsa, aunque no concreta quiénes, a su juicio, han podido incurrir en ese delito.

La portavoz de Ciudadanos sí extrae sus propias conclusiones de ese escrito y vaticina que los quince concejales que votaron a favor de esa modificación de crédito el pasado 21 de septiembre “tendrán que dar explicaciones a la Justicia”.

Correas se ha felicitado de esta decisión de la Fiscalía y ha subrayado que su partido ya advirtió con carácter previo al pleno que denunciaría ese pago de 14,48 millones a Emalsa.

La concejal también ha enfatizado el hecho de que la Intervención General haya retenido esos pagos, porque lo interpreta como otro indicio de que “algo hay” en las facturas presentadas por Emalsa que los funcionarios municipales no ven claro.

Ya lo había anunciado en el último pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria: “No descartamos llevar el expediente de modificación de crédito para abonar 14 millones de euros a Emalsa a la Fiscalía”. Y así lo ha hecho este miércoles la concejala de Ciudadanos en el Consistorio capitalino, Beatriz Correas. Además de este asunto, la edil ha denunciado la inexistencia en la ciudad de un reglamento de vertidos, como afirmó la semana pasada el alcalde Augusto Hidalgo.

Sobre el asunto del expediente de modificación de crédito, Correas mantiene la postura de que el Ayuntamiento debería pagar a la empresa mixta de aguas de la ciudad 6,6 millones de euros por las facturas de saneamiento que no se han abonado desde 2013 (cuando Juan José Cardona, del Partido Popular era alcalde) ya que así lo dicta una sentencia firme. Sin embargo, el Gobierno municipal considera que deben abonar un total de 14 millones ya que prevén que hay pagos de facturas desde abril de 2014 hasta diciembre de 2015 que no se han realizado y que la justicia tarde o temprano les obligará a efectuar.

Correas insiste en que el Ayuntamiento debe denunciar a Sercanarias, filial de Emalsa, por incumplimientos en el contrato de saneamiento y no abonar estas cantidades. La concejala advierte de que el Gobierno municipal puede estar cometiendo un delito de prevariación por firmar una facturas donde no se ha especificado el trabajo realizado. También cree que se puede enfrentar a otro delito de administración desleal por realizar pagos injustificados, razón por la que ha pedido que se dejen de firmar facturas.

Además de esta causa, Correas ha llevado este miércoles a la Fiscalía la inexistencia de un reglamento de vertidos en la ciudad. Señala que el propio informe IP 95, donde se recogen los compromisos que adquiere Emalsa con la ciudad, sí regula este asunto. Según la portavoz de Ciudadanos, uno de los compromisos adoptados en este informe es el control de vertidos, su caracterización, las cuencas donde se vierten, qué empresas vierten, que tipo de contaminación hay…

“Llevamos 18 años pagando (nosotros estimamos unos 240.000 euros anuales) para destinarlo al control de vertidos y es un dinero donde no hemos visto resultados”, lamenta la concejala. Sobre este asunto, asegura que ya ha preguntado al alcalde de la ciudad, sin obtener respuesta.

Estas dos denuncias se suman al informe presentado el pasado mes de febrero por Ciudadanos a la Fiscalía, donde recopilaban una serie de irregularidades en la empresa mixta de aguas de la ciudad. Ese informe se ha incluido en la causa abierta en la que hay quince personas investigadas por delitos societarios y se ha sumado también a la realizada por el exalcalde de la ciudad, Juan José Cardona por presunta administración desleal por parte del actual Gobierno municipal. Este miércoles, tras dar cuenta de dichas denuncias, la concejala fue llamada a comparecer.

Correas insiste en que no ha visto que “ningún gobierno” de la ciudad haya hecho nada por cambiar la situación de Emalsa. Por ello, critica que “hemos pasado de tener una empresa pública a vender una parte y a constituirse un comité ejecutivo con los socios de Emalsa que se reúnen antes de los consejos de administración”. Para la edil, “llevan un acuerdo pactado, por lo que ya no somos una empresa mixta, es una empresa privada y nuestros concejales dentro del consejo de administración son títeres que van a cobrar sus dietas por la asistencia, pero no tienen ningún poder de resolución porque la mayoría la tienen ellos el 66%”, concluye.

Una nueva asociación cívica pretende velar por los intereses de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Conformada desde febrero, estos últimos meses ha salido a la luz mostrándose más reivindicativa con temas que afectan al Ayuntamiento, especialmente con la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emalsa.

Su portavoz, Óscar Bermejo, trabajó muy ligado a la intervención realizada en el anterior mandato junto a Rafael Bolívar y conoce de primera mano los informes que se realizaron y que concluían que esta empresa “no defiende” el interés general. No obstante, insiste en que su asociación, compuesta por 22 personas, no perteneces a ningún color político y que, aunque Emalsa está siendo el principal foco de atención, no descuidarán otros temas como la gestión de residuos o proyectos tan importantes para la capital grancanaria, como la guagua exprés.

P. La asociación El sol sale para todos, ¿con qué objetivo se crea?

R. Lo que reivindicamos es la política ciudadana, aristotélica, la política con mayúsculas. Nos definimos como una asociación cívica que entiende que hay que vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y esos servicios de una manera creciente están prestados en régimen de concesión por compañías privadas y la función de supervisión, de control que tiene la administración, entendemos que en muchas ocasiones no se ejerce con el rigor con la seriedad necesaria. Entonces, nos parece que por nuestras experiencia profesional, una asociación de este tipo puede ser útil en una ciudad como la nuestra, máxime por una experiencia muy reciente que es la que marca un poco las reflexiones que nos han llevado a constituir la asociación, que es lógicamente lo relacionado con Emalsa.

P. ¿Quiénes la conforman?

En la junta directiva hay otra persona y yo. Yo no soy funcionario y él sí, José Jiménez que fue ocho años diputado del PP y es Ingeniero de Caminos, especialista en aguas. Hay otras dos personas del mundo del agua, pero también hay médicos; abogados; farmacéuticos; profesores de universidad de economía; empresarios… un poco de todo, bien es cierto que el perfil grueso son los cincuentones con experiencia profesional muy diversa. En total, somos 21 socios ahora mismo. Hay variedad, por lo que los debates son bastante ricos.

Usted defiende que la asociación no está ligada a ningún partido, pero hay quiénes piensan lo contrario...

Que vean lo que hacemos. Con esas cosas, ¿para qué hablar? Si coincidimos con unos o con otros en algún momento del camino, pues estupendo. Me parece más razonable.

¿Cómo funcionan?

Nosotros nos estamos basando en la Ley canaria de transparencia y al amparo de esa Ley hemos solicitado informaciones muy distintas sobre agua, transporte y telecomunicaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar?

Solicitar información para estudiarla y crear grupos de trabajo. Solicitar el apoyo o el concurso de personas conocedoras de la materia. Por nuestras ocupaciones profesionales sabemos quién sabe de residuos, de energía... a esos ciudadanos les pediremos que nos echen una mano, que nos comenten esa información, que nos digan qué documentación es más relevante. El objetivo es que las administraciones se acostumbren a predicar con el ejemplo y pongan en valor la participación ciudadana que dicen fomentar.

¿Y les han contestado?, ¿funciona bien esta herramienta?

No nos han contestado a ninguna de las solicitudes. Ha pasado el plazo de un mes que da la Ley y hemos presentado nuestras alegaciones al comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias preguntándoles qué ocurre, para qué está esta Ley.

¿Por qué se centrarán en Emalsa?

No nos centramos en Emalsa, es que en estos momentos a muchos nos parece que es el expediente político más importante que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo conocemos bien, entendemos que está en peligro o que no está suficientemente defendido el interés general, a la luz de la posición que ejerció el primer grupo municipal desde el primer día. Desde ahí, lógicamente hemos hecho más cuestiones con relación al agua. Pero no sólo nos centramos en esto, ya hemos solicitado también documentación en relación al transporte público o a telecomunicaciones, que son otros dos campos de actuación junto con energía y residuos que nos hemos marcado. Próximamente, queremos entrar en la cuestión de los residuos, en la ciudad y en la Isla, aunque nuestro principio de actuación no es sólo la Isla sino el Archipiélago.

¿Les genera desconfianza el Gobierno municipal?

No, no en absoluto. Lo único es que su comportamiento en la cuestión de Emalsa no nos convence. Entendemos que no defiende correctamente el interés general. En otras materias no sabemos. Un mundo interesante será también los transportes y los residuos.

En tema de transportes, ¿También pedirán información sobre la guagua exprés, por ejemplo?guagua exprés,

La guagua exprés es un asunto muy importante porque son dos cosas. Estamos hablando de un proyecto de 100 millones de euros, 50 millones en principio se les ha solicitado y hay que buscar otros 50 millones de euros. Esto tiene dos elementos: va a cambiar la fisionomía de la ciudad y creemos que sería bueno un amplio debate ciudadano y, por otro lado, 100 millones de euros no es baladí. Estamos hablando de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un presupuesto de 300 y pico millones de euros. 100 millones de euros es mucho dinero, si nosotros lo que decimos es “vamos a hablar, pero con herramientas”. Las administraciones tienen que facilitar la información porque si no, nos encontramos mucha propaganda pero poca participación.

La asociación ha criticado que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta los últimos informes del interventor Rafael Bolívar, pero sí el informe de la consultora KPMG.

No lo entendemos, no nos cabe en la cabeza. El de KPMG no podemos opinar sobre él, lo hemos pedido pero no hemos podido verlo. Lo que sí conocemos son los cinco informes del interventor, porque yo era el secretario técnico de la intervención y era un poco entre comillas el chico para todo de Rafael Bolívar (el interventor). No sólo no nos lo han facilitado a nosotros sino a ningún miembro de la oposición.

Estuviste presente en la elaboración de esos informes, los conoces de primera mano…

A ver, en las cosas en las que participio me resulta muy difícil opinar, pero se hizo un trabajo muy bueno. Aunque claro, es mi opinión. Lo cierto es que nosotros no entendimos que la junta de gobierno de la ciudad creara una comisión para negociar con Emalsa sobre la base única y exclusivamente de los informes de KPMG y obviando absolutamente los informes del interventor.

Tantos informes del interventor, más este otro de KPMG también es un dinero que le supone al Ayuntamiento…

Sí, es un dinero. Yo no sé al final lo que el informe KPMG ha costado al Ayuntamiento, pero el resto de la intervención tampoco fue mucho dinero teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de más de 50 millones de euros al año con 27 años de concesión por delante. Se trata de un negocio de más de 1500 millones de euros. No me parece que 200.000 euros que se le dieron al interventor sea una cuantía muy importante.

¿Pero era necesario pedir otro informe, además de los del interventor?

Lo pidió Emalsa…

Según explicó el actual alcalde lo pidió la anterior Corporación…

Eso no lo sabemos en tanto o en cuanto no conozcamos el informe. Efectivamente, la anterior Corporación se le instó a la firma de un contrato con KPMG que superaba la cuantía de la intervención, pero no sabemos. Hablar de documentos que no conocemos me resulta temerario.

Una reciente publicación en Canarias 7 asegura que usted cobró hasta 33.000 euros por asesorar Bolívar. ¿Qué tiene que decir sobre ello?¿Cómo justifica este cobro?

Sin comentarios. No tiene ningún sentido.

¿Por qué ha salido a la luz? ¿Cree que para perjudicarle?

Tal vez.

¿Le sorprendió?

Bueno… no del todo.

¿Qué le pareció que los miembros del gobierno municipal se abstuvieran cuando los socios privados de Emalsa se querellaron contra el exinterventor Rafael Bolívar?

Indignante. En su momento los cuatro miembros de la Corporación que están en el consejo de administración de Emalsa, en virtud de un informe que encargó Emalsa avalaron con su abstención, es decir, no defendieron al funcionario. Es más, el alcalde se permitió decir que igual había que sancionar al interventor.

Usted ha sido crítico con el tripartito, especialmente en su decisión de no recurrir la sentencia que le obliga a pagar 6,6 millones por el saneamiento. ¿Había otra opción?la sentencia que le obliga a pagar 6,6 millones por el saneamiento.

Eso es insólito para cualquiera que conozca las administraciones públicas. No lo podemos comprender, máxime porque para esa sentencia condenatoria no se tuvieron en cuenta cerca de 1.000 folios, no sé exactamente la cuantía, pero sí numerosos documentos que hizo llegar el entonces jefe de la unidad técnica al letrado que defendía el procedimiento y el letrado los incorporó tarde. Hubo una ventana de cinco días donde esos informes que estaban incorporados al procedimiento tenían días para recurrir solamente en virtud de esa nueva documentación.

Pero el alcalde asegura que no recurrieron para no incrementar los costes ….

Esto no se explica de ninguna manera. Para cualquier persona que esté en la política y tenga unos mínimos conocimientos de derecho, no es explicable el comportamiento del letrado municipal y mucho menos de la junta de gobierno.

Recientemente, han denunciado que el gobierno municipal paga el doble de lo que el juez le obliga por el alcantarillado. ¿Qué dice exactamente la sentencia?

Emalsa pide derecho a cobrar presentando una factura y derecho a cobrar 6,6 millones de euros por las facturas desde enero de 2013 a abril de 2014, que se condena al Ayuntamiento a pagar. La sentencia dice que Emalsa tiene derecho a cobrar desde enero de 2013 a abril de 2014 y que pague el Ayuntamiento 6,6 millones, pero también dice que Emalsa no tiene derecho a cobrar con ese papelito. Esa demanda de Emalsa, el primer elemento no lo acepta. Con lo cual el Ayuntamiento debe pagar 6,6 millones y no 14,5. Ese dinero se lo sacan ahora del cajón alegando que como hay otro procedimiento y van a volver a condenar... Pero no se entiende que en la defensa que hizo de los intereses municipales no se llamara a ningún testigo, que no se llamara al interventor, al anterior jefe de servicio del grupo de trabajo sobre Emalsa que se creó en el Ayuntamiento. Hombre, por favor, en qué cabeza cabe.

La defensa del Ayuntamiento ¿quizás fue débil en este sentido?

Me abstengo de pronunciarme.

Han solicitado personarse como acusación pública en el proceso contra los 15 directivos de Emalsa. Se trata de un tema que se ha ido dilatando en el tiempo y que la ciudadanía no conoce bien qué camino lleva, ¿en qué punto se encuentra esta causa ahora mismo?

Sabemos que contamos con el informe favorable de Fiscalía y ahora estamos esperando a que se nos acepte la personación y hay que ser prudente. Efectivamente, entiendo que la ciudadanía se haya perdido.

Hay un procedimiento abierto contra 15 directivos administradores y antiguos directores generales de Emalsa pertenecientes a la parte privada del accionariado por un conjunto de delitos económicos. Ese procedimiento judicial está abierto desde 2013 y se han podido cometer un conjunto de delitos de índole económica. Ese procedimiento va lento, como buena parte de los procedimientos judiciales. Ha habido una prueba pericial de índole económico que ha tardado tiempo en sustanciarse en ese procedimiento. Nosotros nos hemos querido personar en el antiguo procedimiento, qué pasa aquí por tener de nuevo otros ojos, por entender que cuatro ojos ven mejor que dos. Y ver qué pasa con la asesoría municipal, ese es otro de los pasos que hemos dado.

Hay muchas irregularidades especialmente con Sercanarias. irregularidades especialmente con SercanariasDe hecho, el Ayuntamiento les ha vetado para el próximo concurso de saneamiento. Sin embargo, no ha habido ninguna novedad al respecto ¿ustedes han preguntado por esto?

Yo de verdad es que con esa historia lo que hay son dimes y diretes, pero información fehaciente no hay ninguna. Hay un marco legislativo y por qué se veta a Sercanarias, porque no les guste, hay mucho rumor. A día de hoy, está prestando los servicios, hasta cuándo, no lo sé.

Nosotros no somos una asociación antiEmalsa, estamos en este procedimiento porque el transcurso del trabajo de algunos es el que nos ha hecho reflexionar sobre cómo se prestan los servicios públicos, pero fundamentalmente por cómo se vigilan las administraciones. Nuestra vocación es ayudar a las administraciones y ser un ojo más. Pero vuelvo a repetir: no somos una asociación de consumidores, sino más bien desde una perspectiva de los pliegos administrativos son correctos, si la información que se da es correcta, responde a la Ley, a la legislación vigente lo que se hace, un poco ese es nuestro papel, hacer un poquito de pepito grillo de las administraciones públicas a la hora de que no sean muy complacientes.

¿Ustedes qué mecanismos van a utilizar para llegar a la gente?

Nuestra intención es hacer jornadas. Empezar a poner en marcha herramientas de redes sociales y celebrar conferencias específicas… poco a poco veremos.

Nosotros como te adelanté no habíamos querido salir hasta que tuviéramos una realidad detrás. Animamos a la gente que quiera a colaborar con nosotros en este proceso.

¿No cree que otros gobiernos anteriores también han tenido culpa de la “mala” gestión de Emalsa?

Aquí hay responsabilidades desde 1991 de todos y cada uno de los gobiernos municipales, mayores o menores. Lo que sí es cierto es que el mayor control que se ha producido en Emalsa en toda la historia se produjo con la anterior Corporación. Eso también es cierto. ¿El por qué? Ni idea. Pero Juan José Cardona denuncia en Fiscalía y el 15 de mayo de 2013 decide que se haga una intervención que es un estudio en profundidad de la situación de Emalsa en esos momentos. Aquí hay responsabilidades de todos desde el 1991 en la época del timesharing. En 1998 se firman los contratos de saneamiento de alguna manera, pero creo que todos han hecho una dejación de funciones. Todos. No se trata aquí de echarle flores al señor Cardona, pero al menos en su Corporación se intentó hacer algo.

Esos informes, al igual que uno anterior, es muy importante en virtud del cual el jefe de aguas decide no pagar las facturas de saneamiento. Se trata de un trabajo muy bonito y completo conocido como APHD. Un documento del primer trimestre de 2013 de ocho altos funcionarios donde dice que el contrato es absolutamente leonino y que Emalsa tiene la sartén por el mango y que eso no puede continuar así y que la prestación de servicios deja mucho que desear.

En virtud de ese informe se deja de pagar el saneamiento, pero ¿eso se podría hacer?

El jefe de servicios de aguas del momento contó con el visto bueno de los servicios jurídicos. Esto se podía haber puesto de manifiesto en el juicio. Con mucha contundencia y documentación.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido informado este jueves por la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emalsa, del inicio la próxima semana de las primeras obras para atenuar el exceso de ruido detectado en las instalaciones industriales de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del barranco de Tamaraceite.

Esta actuación de la compañía de aguas se produce a requerimiento del Ayuntamiento, tras recibir la Concejalía de Alumbrado y Aguas varias quejas de vecinos de Las Majadillas molestos por el ruido que emite esta actividad industrial en el barranco cercano a sus domicilios, ha informado hoy en un comunicado la corporación.

Tras mantener varias reuniones con los vecinos afectados, el Ayuntamiento requirió a Emalsa el pasado 10 de agosto que elaborara un informe técnico sobre las causas que motivan esos ruidos, así como que se estableciese un presupuesto para contratar a una empresa especializada que aplique de manera inmediata las primeras medidas correctoras a la instalación industrial.

Tras contratar Emalsa a una empresa independiente y acreditada que ha realizado las mediciones exigidas por el Ayuntamiento, la compañía de aguas ha puesto en marcha, por la vía de urgencia, el trámite para iniciar la próxima semana las primeras actuaciones en la EDAR de Tamaraceite.

Esta intervención inicial se va a centrar en mitigar los ruidos que genera el proceso de depuración de aguas con una actuación de amortiguación a base de instalar juntas de neopreno en las abrazaderas y anclajes de los dispositivos de la EDAR que están al aire libre y en las juntas de dilatación de los tubos de aire.

También se plantea en esta primera intervención trasladar uno de los colectores de la EDAR a la zona cubierta de la instalación industrial para amortiguar, más aún, el ruido que se pueda generar.

Estas incidencias se han manifestado dentro del periodo de prueba a que está sometida la EDAR y una vez que trabaja a la máxima capacidad de la que es capaz.

La nueva EDAR de Tamaraceite, que fue recepcionada por el Ayuntamiento en enero pasado “tras varios años de retrasos durante el anterior gobierno municipal”, tiene una capacidad de depurar 9.000 metros cúbicos al día, pero actualmente sólo depura entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos al encontrarse en fase de prueba, agrega la nota.

La polémica suscitada por las facturas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe pagar a Emalsa por el contrato de saneamiento se ha vuelto a manifestar este miércoles en un pleno extraordinario. El Consistorio aprobó el pasado mes de julio un expediente de modificación de crédito para abonar a la empresa mixta de aguas de la ciudad 14,5 millones de euros, frente a los 6,6 que le obliga actualmente a pagar la justicia. Ante la medida, Ciudadanos, un particular y la asociación cívica El Sol sale para todos presentaron alegaciones que han sido inadmitidas. 

La concejala Inmaculada Medina (PSOE) insiste en que dichas reclamaciones no se ajustan al marco de la Ley de Haciendas locales. En el caso de Beatriz Correas, por el hecho de que se trata de una concejala y no cumple con los supuestos que recoge la norma jurídica (“Que se trate de un habitante de la ciudad, persona directamente afectada, sindicatos, colegios, cámaras...”). En el caso del ciudadano particular, porque presentó exactamente las mismas alegaciones que la edil y en cuanto a la asociación cívica, porque tampoco se ajusta al trámite establecido por la Ley. 

A pesar de los intentos de la oposición (PP, Ciudadanos y Unidos) para que el Consistorio diera marcha atrás y se abone a la empresa mixta de aguas tan sólo los 6,6 millones que dicta la sentencia, finalmente el pleno aprobó esta modificación de crédito con los 15 miembros del gobierno municipal (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) y con 14 en contra. 

La oposición fue unánime al considerar que el Consistorio no está defiendo bien los intereses generales en este asunto, ya que con dinero público se va a pagar a Emalsa por unas facturas que, según el PP, el anterior Gobierno municipal encabezado por Juan José Cardona dejó de pagar porque los trabajos de saneamiento (que realiza la filial Sercanarias) no estaban justificados en las facturas. 

Beatriz Correas y Ángel Sabroso (PP) arremetieron contra la defensa que hizo el Ayuntamiento en cuanto a este tema, ya que no recurrieron la sentencia. Además, Ciudadanos entiende que si se dejaron de pagar facturas por incumplimientos en el contrato, la actual Corporación debe tomar medidas y denunciarlo a la Justicia, algo que recomienda la propia sentencia.

No obstante, ambos coinciden en que si la sentencia es firme se pague, pero sólo los 6,6 millones estipulados (las facturas de saneamiento desde enero de 2013 a abril de 2014). En este punto, Inmaculada Medina remarcó que las facturas hasta diciembre de 2015 tarde o temprano se tendrán que pagar y que estos 14,5 millones suponen la manera que han tenido de negociar para que a los ciudadanos no les suponga un importe mayor a la larga, con intereses de demora. 

La concejala de Ciudadanos señaló además, como dejó constar en su alegación, que el Ayuntamiento debe dejar de firmar las facturas de Emalsa porque así se está validando el servicio. 

Reproches cruzados 

El concejal del PP Ángel Sabroso indicó varias veces que, a su juicio, se ha hablado de que se dejó de pagar el contrato de saneamiento como si “fuera un capricho particular”, cuando se tomó esta decisión en base a los informes del interventor. “Tienen por escrito los incumplimientos, ¿hasta cuándo va a llegar esta carrera de despropósitos?”, cuestionó. 

Sobre ello, Inmaculada Medina insistió en que el contrato de saneamiento de aguas fue contratado en febrero de 1998 y que las facturas hay que pagarlas como se estipula en él. Además, apuntó que este Ayuntamiento, “de Emalsa ha hablado y mucho”. 

Sobre el asunto de la intervención, Sabroso recriminó que los miembros de la Corporación municipal se abstuvieran cuando los socios privados de la empresa mixta de aguas decidiera querellarse contra el exinterventor Rafel Bolívar. Según el político del PP, no se entiende que el gobierno municipal no se haya puesto de parte de un funcionario público. 

Medina replicó que el PP no es el más indicado para hablar de cómo ha tratado a los funcionarios públicos, que han sido “machacados” por este partido. En este punto, les acusó de haber sido los culpables que ha llevado al Consistorio a la actual situación. 

Entre la concejala de Ciudadanos y la socialista también se cruzaron reproches. Correas se sintió aludida por insinuaciones de Inmaculada Medina sobre el hecho de que esta podría tener intereses con Análisis Ingenieros o KPMG, las empresas que han hecho los informes de Emalsa. La política de Ciudadanos indicó que no tiene intereses con estas de ningún tipo y que no es el tema para tratar en este pleno.

A su vez, Correas acabó lamentando que se haya politizado el agua de la ciudad y no se hable de lo que en realidad importa, el ciclo integral agua. Finalmente, anunció que probablemente vuelva a recurrir a la justicia por este asunto y ponga en conocimiento de la Fiscalía los últimos acontecimientos sobre Emalsa. 

La gestión de la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) ha vuelto a centrar el foco de atención en las últimas semanas. Tras la sentencia que obliga al Ayuntamiento capitalino a abonar 6,6 millones de euros por el saneamiento se han unido las críticas de la concejala de Ciudadanos (C’s) Beatriz Correas ante el hecho de que se haya aprobado un expediente de modificación de crédito para abonar a la empresa 14,5 millones de euros.

El primer teniente de alcalde de la ciudad y concejal de Urbanismo, Javier Doreste (LPGC Puede), justifica esta medida por el hecho de que van a llegar otras dos sentencias más por impago del saneamiento, que suponen casi 15 millones de euros para las arcas municipales. Por ello, han negociado con la empresa para evitar el incremento de este pago por los costos judiciales. Además, defiende que si la anterior Corporación, en la que Juan José Cardona (PP) era alcalde, no estaba de acuerdo con el contrato de saneamiento tenía que haberlo denunciado y no dejar de pagarlo, como se hizo.

La decisión no termina de convencer a miembros de la oposición, como Ciudadanos, que al igual que un ciudadano particular y la asociación El sol sale para todos, han decidido presentar alegaciones al respecto, por lo que la concejala Beatriz Correas advierte de que se deben dar explicaciones y sostiene que este mes “el agua de la ciudad va hervir”.

Correas indica que para hacer un expediente de modificación de crédito debe aportarse justificación documental y señala que en este sólo se adjunta la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar el saneamiento desde enero de 2013 a abril de 2014. Por ello, insiste en que esta no obliga al Consistorio a abonar las facturas hasta diciembre de 2015 (los 14,5 millones de euros) y, por lo tanto, “no está justificado” dicho expediente.

La concejala espera que se tengan en cuenta sus alegaciones ya que en el anterior pleno asegura que fue imposible elevar las reclamaciones con anterioridad, debido a que no dispuso del tiempo requerido entre la recepción de la documentación y la celebración del pleno.

Distintas interpretaciones de la sentencia

La obligación de pagar a Emalsa 6,6 millones de euros se hacía pública en febrero de este año. La justicia condenaba al consistorio por impago del saneamiento desde el año 2013. Días después, el Gobierno municipal anunciaba que sus servicios jurídicos le recomendaban no recurrir la sentencia para ahorrarse así los intereses de demora y más costos judiciales. 

Tanto la concejala de Ciudadanos como el portavoz de la asociación cívica El Sol Sale para Todos, Óscar Bermejo, desaprueban esta decisión del Ayuntamiento. Ambos indican que se debió recurrir alegando las irregularidades en el servicio y apuntan que no se llamó a declarar ni al exinterventor ni a ningún otro testigo. Correas puntualiza, en este sentido, que fue una defensa “débil”. 

Además, explican que la sentencia fue favorable a Emalsa parcialmente, ya que la empresa pide tener derecho a cobrar presentando una factura por los servicios prestados, pero lo que se reconoce es que se debe abonar la cantidad fija anual acordada en el contrato hasta esa fecha precisa (abril de 2014).

La concejala aclara que cuando firmas como concejal una factura que no tienes justificada eso se llama “prevaricación” y asegura que eso “le asusta”. “Yo lo que haría si fuera alcaldesa es ir a intervención con el tocho de facturas y con la sentencia y no permitiría que las firme nadie. Al firmar la factura estás haciendo válido el contrato y ahí no tienes donde rascar ”, afirma.

Informes del interventor frente al de KPMG

El contrato de Saneamiento con Emalsa se fraguó en 1998 con José Manuel Soria como alcalde de la ciudad. En este, según explica el actual teniente de alcalde, se acordó que este servicio costaría de forma anual casi 4,5 millones de euros, hiciera lo que hiciese, por lo que indica que este se gestionó mal desde el inicio. No obstante, insiste en que con la firma de este contrato las facturas hay que pagarlas. 

En la anterior Corporación, el alcalde Juan José Cardona ordenó que se efectuara una intervención en la empresa. Los informes del entonces interventor Rafael Bolívar pusieron de manifiesto una serie de irregularidades con el saneamiento, prestado por la filial Sercanarias. Por ello, el ahora concejal del PP explica que dejó de pagar este servicio, pero, además ha denunciado ante la Fiscalía a la actual Corporación por “obviar” estos informes y decir que son una “farsa”.

A la Fiscalía también ha acudido Ciudadanos, poniendo en conocimiento del Ministerio Público una serie de documentos e  información que ha recopilado con diferentes irregularidades en este servicio. 

El actual Gobierno municipal, por su parte, asegura que estos informes sí que se han tenido en cuenta, pero al igual que el de la consultora KPMG, que según adelantó el actual alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se trata de un documento que refleja los principales puntos de conflictividad en Emalsa, en los últimos 20 años. Además, en marzo de este año demostró que había sido encargado en el anterior mandato. 

El contrato con Sercanarias, lleno de irregularidades

El quinto informe del interventor Rafael Bolívar concluía que “la relación contractual Emalsa-Ayuntamiento no defiende eficazmente el interés general”. También sacaba a la luz una serie de irregularidades en el contrato de saneamiento y apuntaba a la filial Sercanarias. 

El interventor exponía que se había encontrado con trabas a la hora de acceder a la información que permita acreditar los servicios prestados en este contrato, también errores de bulto en su base cartográfica que limitan su “utilidad como herramienta de diagnosis, planificación y gestión”. 

Emalsa, a través de su subcontrata, tampoco ha confeccionado balances hidráulicos, lo que limita la evaluación del funcionamiento del sistema de saneamiento o diagnosticar la causa de las limitaciones de las depuradoras. A su vez, se constata el abandono de la limpieza programada de la red de saneamiento. 

Otro incumplimiento enumerado en el quinto informe de intervención es la obligación de mantenimiento de los emisarios submarinos o el déficit en el mantenimiento de las galerías de servicio. Del mismo modo, se incumple el contrato de depuración, ya que el agua residual vertida al mar sin depurar desde el año 1998  asciende a 117 millones de metros cúbicos frente a 171 millones de metros cúbicos de aguas depuradas. 

Sercanarias, vetada en el próximo contrato de saneamientovetada en el próximo contrato de saneamiento

La intervención dejaba constancia de que la subcontratación con Sercanarias se había hecho de forma irregular ya que realiza la mayor parte de las funciones de saneamiento. 

El Gobierno municipal ya ha anunciado que los socios privados de Emalsa (Saur y Valoriza) han aceptado rescindir el contrato con Sercanarias y que de cara al próximo, del que se espera que haya novedades antes de finalizar el año, esta empresa no pueda presentarse al concurso. 

Javier Doreste asegura que se trata de un paso más en la intención de mejorar la gestión de esta empresa de aguas. Considera que, a partir de este nuevo contrato del que se están elaborando los pliegos, mejore dicha gestión. 

No obstante, la concejala de Ciudadanos también se mantiene crítica en este punto, en tanto que señala que la mayor parte del dinero que se paga a Sercanarias no se destina al saneamiento y que esta empresa se dedica a otras funciones dentro de Emalsa. 

Este no es el único frente abierto en Emalsa, aún está pendiente la causa contra 15 directivos en la que la asociación El Sol sale para todos ha pedido personarse como acusación popular. 

Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria ha instado este martes al Ayuntamiento de la capital grancanaria a paralizar el pago del expediente de modificación de crédito número P2016/10.

Según la portavoz del partido, Beatriz Correas, este expediente “adolece de los informes técnicos pertinentes para cada una de las facturas que figuran en él”. Así, explica que la documentación que justifica este expediente reconoce a Emalsa a cobrar las facturas de enero de 2013 a abril de 2014, pero sin embargo, en el mismo figuran facturas desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015.

“No se ha aportado justificación documental para realizar la modificación de crédito, para abonar las facturas desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2015”, ha indicado Correas.

Por ello, la formación cree que este crédito “debe paralizarse hasta que sea presentada la documentación que indica la intervención General, en su escrito de 14 de febrero de 2014, para cada una de las facturas que se vayan a abonar”.

Correas ha recordado que “fue imposible elevar las reclamaciones antes del pleno, debido a no disponer del tiempo requerido entre la recepción de la documentación y la celebración del pleno”.

La portavoz municipal ha insistido “que las facturas que se deben abonar, conforme a la sentencia, vayan sin la firma del concejal de aguas y el jefe técnico de la unidad de aguas”, puesto que dichas rúbricas validan el contrato “lo cual imposibilita la modificación del mismo y su posible reclamación”. Por todo esto, Ciudadanos ha presentado una reclamación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Emalsa ha presentado este lunes una querella contra el funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Rafael Bolívar Toledo por su actuación como interventor de los servicios municipales de agua de esa compañía, durante los 18 meses en los que ocupó el cargo por designación del anterior alcalde Juan José Cardona,

La querella fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa, en su sesión del 22 de diciembre de 2015, con los votos a favor de los socios privados y los consejeros en representación de la plantilla de la empresa y la abstención de los consejeros municipales y su presidente y alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se abstuvieron.

La querella acusa al técnico municipal de falsedad documental y prevaricación mediata.

Asimismo, plantea que el auténtico objetivo de la intervención en Emalsa “perseguía el rescate de la concesión, para lo que se falsearon informes con supuestos incumplimientos contractuales que, carentes lógicamente de pruebas, nunca han permitido la apertura de expediente sancionador alguno contra la compañía”.

El delito de falsedad documental se arguye porque, en el ejercicio de sus funciones, Rafael Bolívar “faltó, de forma reiterada y sistemática, a la verdad en numerosos informes que fueron muy relevantes para que, por la Corporación Municipal, se adoptaran determinadas decisiones relativas a la empresa Emalsa”.

Según afirma Emalsa, señaló “falsos incumplimientos contractuales y atribuyéndole, también falsamente, a dicha empresa concesionaria, muchos de los problemas de la gestión del ciclo integral del agua que, sin embargo, no eran en absoluto su responsabilidad”.

“Todas esas falsedades sirvieron para perjudicar a la empresa (e, indirectamente, al propio Ayuntamiento) dejándole de abonar facturas, que como luego se ha demostrado a través de una sentencia judicial, deberían haberse abonado en su momento”, se añade en el comunicado.

La querella denuncia también delito de inducción a la prevaricación (prevaricación mediata) porque, a través de dichos informes, “manipuló de forma ostensible la voluntad de los integrantes de la corporación municipal, haciéndoles creer que la solución a todos esos supuestos incumplimientos y problemas de gestión tenía que ser la intervención de los servicios concesionales y, una vez declarada ésta, haciéndoles creer la necesidad de su prórroga durante un año más”.

La consultora externa KPMG, que ha elaborado un estudio de la empresa mixta de aguas Emalsa, fue contratada en 2014 por el anterior gobierno del PP en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha mostrado este miércoles el actual alcalde del municipio, Augusto Hidalgo (PSOE), a través de un documento con el que se defiende de las acusaciones del exalcalde Juan José Cardona, quien ha denunciado a la Corporación municipal, formada por PSOE, LPGC Puede y NC, ante la Fiscalía por “obviar los informes del interventor y por haber encargado supuestamente este informe externo”, precisó el primer edil.

El actual alcalde señaló que este hecho prueba que la denuncia de Cardona “carece de rigor” y que este miércoles dos técnicos municipales “que acaban de llegar a la administración pública” han tenido que declarar “no se sabe muy bien por qué”, insistió. Y es que, según afirma, hay más pruebas que muestran que el informe KPMG no fue encargado por su gobierno sino por el anterior.

A esta empresa se le abonaron 244.000 euros, según consta en el acta de la reunión celebrada por Emalsa el 15 de octubre de 2014. Además, Hidalgo señaló que en el anterior mandato también se contrató un trabajo a la empresa Análisis Ingenieros, que no pagó porque en sus conclusiones decía que la empresa de aguas sí cumplía con las condiciones pactadas con el Ayuntamiento.

El regidor municipal precisó que el motivo por el que no han tenido en cuenta los informes del exinterventor Rafael Bolívar se deben a que, después de leer los cinco documentos, “no se transcriben en él ningún incumplimiento”. En cambio, el informe KPMG mostró que el anterior mandato dejó un agujero de 20 millones de euros en las cuentas de Emalsa. El gobierno de Cardona “no dejó consignadas las partidas para sufragar esos pagos y no reconoció la deuda”, por lo que no pueden utilizar remanentes para saldarla, explicó.

En los cinco informes del anterior interventor “no existen incumplimientos de Emalsa”, señala Hidalgo, para añadir que “y si existieran habría sido grave que el gobierno anterior ni hubiera iniciado en cuatro años ningún expediente sancionador”.

Soluciones para pagar la deuda por el saneamiento

El actual alcalde ha explicado, tras del consejo de administración ordinario de la empresa mixta de aguas, que su objetivo ahora es estudiar cómo afrontar el pago del saneamiento, después de que hayan decidido no recurrir la sentencia que le condena a abonar 6,6 millones de este servicio que no se había abonado. El regidor ha vuelto a insistir en que la decisión de no recurrirla se debe a que quieren evitar el incremento de los intereses.

“Era una gamberrada no pagarlo”, indicó Hidalgo, que recordó que el contrato de saneamiento se firmó en 1998 por el ministro en funciones José Manuel Soria y Cardona. En ese contrató se estableció una cuota fija, que se ha incrementando con el paso de los años por el euro y por el IPC y que “no se podía dejar de pagar”. En este sentido, subraya que si al anterior mandato le constaba que había incumplimientos tendría que haber tramitado el expediente para sancionar a la empresa, pero esto no se hizo.

La Corporación municipal ha pedido un informe al Ministerio de Economía y Hacienda para garantizar que el pago de la deuda no afecte al techo de gasto. Y es que, según Hidalgo, el “fondo de maniobra es excelente” si no fuera por el detalle de que no se ha pagado la deuda de saneamiento.

El alcalde aclaró que la empresa cuenta con liquidez, pero se debe comprobar que se esté actuando conforme a la ley para pagar estas cuentas pendientes. “Si el Ministerio da el OK este año podríamos establecer un plan de pago que podría ser realmente corto y nos ahorraríamos tres millones de euros en intereses”, apuntó.

Hidalgo también ha señalado que Emalsa necesitará de una línea de crédito de 4 millones de euros para el trabajo del día a día ya que, a pesar de que cuenta con un fondo de maniobra de unos 100 millones de euros, al mismo tiempo hay en la compañía un “agujero” de 20,4 millones y además hay que tener en cuenta el techo de gasto.

Falta de inversiones

Hidalgo volvió a criticar la paralización de inversiones en la empresa mixta de aguas. Señala que desde el plan de Zapatero de 2010, que contó con unos 300.000 euros y del que se ejecutó unos 40.000 en obras para la mejora del abastecimiento de agua, no se ha vuelto a poner en marcha ningún otro plan de mejora.

“En cuatro años no se ha hecho nada en cuanto a inversión”, subrayó el primer edil, que destacó que se le ha encargado a los técnicos elaborar informes de mejora para tratar de “solucionar en meses lo que no se ha hecho en 18 años”, señaló.

En relación a las inversiones puso de manifiesto que, “gracias a la profesionalidad” con la que se ha actuado en los últimos incidentes de la capital grancanaria, primero ocasionados en noviembre por las aguas torrenciales y después con la ruptura de la tubería ha señalado que se actuó con rapidez para que no se ocasionaran daños mayores a la ciudadanía.

La Justicia acaba de condenar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al pago de la cantidad de 6.635.856 euros, más otros 628.553 euros en concepto de intereses de demora, a la empresa mixta de aguas, Emalsa, por el impago de las facturas de enero de 2013 a abril de 2014 correspondientes al servicio de saneamiento que el anterior gobierno municipal se negó a abonar a esta compañía.

Según explica el Consistorio, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 reconoce el derecho de Emalsa a cobrar estas cantidades en virtud del contrato para la prestación del servicio de saneamiento firmado entre la empresa de aguas y el Ayuntamiento capitalino en febrero de 1998.

Esta sentencia es la consecuencia de un recurso interpuesto por Emalsa contra el Ayuntamiento en mayo de 2014 tras comprobar que el anterior gobierno municipal no atendió hasta en cuatro ocasiones (en septiembre, noviembre y diciembre de 2013 y mayo de 2014) otras tantas reclamaciones del abono de la factura de saneamiento desde enero de 2013.

Así, el anterior gobierno municipal se opuso a este recurso al considerar “la inadmisibilidad” del mismo por considerar que “Emalsa reclamaba las facturas de forma extemporánea”. Este argumento, sin embargo, es rebatido por el juzgado que asegura, literalmente, que “no puede apreciarse extemporaneidad de la vía jurisdiccional cuando la propia administración ha incumplido su deber de resolver expresamente, no habiendo merecido contestación alguna las reclamaciones y solicitudes deducidas por la actora”.

La misma sentencia califica de “sorprendente” que el Ayuntamiento, en aquel momento, pretendiese excluir el pago de algunas facturas con el argumento de no haber transcurrido el plazo estipulado para su abono, cuando queda demostrado que el anterior gobierno local devolvió a Emalsa la totalidad de las facturas reclamadas, “evidenciando de esta manera su clara voluntad de no proceder a su abono”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 también rechaza las razones esgrimidas por el anterior gobierno para no abonar estas facturas como argumentar que Emalsa estaba inmersa en dos procesos penales. El juzgado asegura que esas denuncias penales no son el objeto de este procedimiento y por eso desestima este argumento también.

Por último, y entrando en la cuestión de fondo, el juzgado considera que la falta de certificaciones de las labores de saneamiento que argumentó el anterior gobierno municipal tampoco son razones para eludir la obligación del pago de las facturas a Emalsa, ya que el contrato suscrito en 1998 estipula el pago de una cantidad fija por parte del Ayuntamiento, no supeditada a ninguna acreditación extra por parte de la empresa.

En este punto, el magistrado recomienda al anterior gobierno municipal que, “si tenía sospechas de que se cometían irregularidades por parte de Emalsa, debían haber acudido a la justicia e iniciar un procedimiento contra la empresa, pero en ningún caso, dejar de abonar las facturas presentadas”.

El Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A (EMALSA) ha acordado, en la reunión celebrada este martes, demandar penalmente al antiguo interventor del Servicio Municipal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Bolívar, después de tomar razón del dictamen de la firma de abogados Clifford Chance que, a petición de la operadora, analiza jurídicamente la existencia de actuaciones que pudieran integrar un comportamiento punible por el Código Penal en la conducta de Bolívar desde el inicio de la intervención.

Emalsa recalca que el dictamen deduce “la existencia de la comisión de un delito continuado de falsedad en el contenido de los diversos informes emitidos por el interventor” y que en los mismos aparece la firma de otros cinco funcionarios municipales de los que se asistió como Comité Técnico de apoyo a la intervención.

Así mismo, el dictamen añade que “bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral”, el funcionario, Rafael Bolívar, “sí puede ser considerado el autor mediático del delito de prevaricación administrativa” porque habría “instrumentalizado a los miembros de la Junta de Gobierno Local a adoptar resoluciones arbitrarias en asunto administrativo”.

Al mismo tiempo, el Consejo ha tomado en cuenta las continuas filtraciones de los informes de la intervención “que se han venido reproduciendo en diversos medios de comunicación de forma parcial, sesgada y, a veces, manifiestamente falsa” y que han creado un “ambiente de descrédito público para EMALSA y sus gestores”.

“Ante estos graves hechos indicadores de la existencia de actuaciones que han podido producir un notable perjuicio para la sociedad mixta, con la consideración añadida de que cualquier perjuicio provocado a dicha sociedad redundará negativamente, en última instancia, en los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria, y con el ánimo de esclarecer el asunto ante los tribunales, el Consejo de Administración ha decidido interponer acciones legales contra Rafael Bolívar, a través de la presentación de la denuncia correspondiente en vía penal”, recalca la empresa.

El Ayuntamiento formaliza la rescisión con SER Canarias

El consejo de administración también acordó, de manera definitiva, la rescisión del contrato del servicio de saneamiento de la ciudad con la empresa Sercanarias, filial de las dos sociedades antes citadas. Al mismo tiempo, el consejo decidió iniciar de manera inmediata el proceso para convocar un nuevo concurso para adjudicar el servicio de saneamiento a otra empresa, un concurso cuyo pliego de condiciones se espera que esté terminado antes de finales del próximo mes de enero.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y presidente del consejo de administración, Augusto Hidalgo, explicó que con esta decisión se da cumplimiento a la reclamación hecha en octubre desde el Ayuntamiento, socio minoritario de la compañía, para que Sercanarias dejara de prestar servicios a Emalsa.

“Desde el Gobierno municipal teníamos especial interés en celebrar este consejo de administración antes de fin de año porque, aunque el contrato con Sercanarias vence en febrero, había que denunciarlo antes del 31 de diciembre si queríamos evitar que se prorrogara automáticamente”, señaló el alcalde. “Con esta decisión se da cumplimiento a la petición que la parte pública de la empresa, y no hay que olvidar que somos minoría, hizo a la parte privada para liquidar la relación con esta empresa, ya que siempre discrepamos de la forma en la que fue contratada”, recalcó Hidalgo, quien además recordó que los socios privados de Emalsa han aceptado también no presentar a Sercanarias al nuevo concurso del saneamiento como había pedido el Ayuntamiento.

El alcalde explicó, además, que en el consejo de administración los socios públicos y privados han acordado también la creación de una comisión de técnicos del Ayuntamiento y de técnicos de Emalsa para, entre otras tareas, redactar el pliego de condiciones del nuevo concurso de saneamiento. “Otra labor fundamental que tendrá esta comisión de técnicos será la de discutir y aclarar todo lo relacionado con los elementos contractuales que existen entre el Ayuntamiento y la compañía de aguas”, aseguró Hidalgo y añadió que “se trata de buscar soluciones a todos los problemas de contratos o posibles incumplimientos desde la creación de Emalsa hace 20 años, y que ha puesto sobre la mesa la consultora KPMG recientemente”.

Hidalgo añadió que los trabajos de esta comisión de técnicos servirán para arrojar luz al pasado contractual de la empresa y el Ayuntamiento y fijar los objetivos del futuro. “La intención del consejo de administración de Emalsa con esta comisión es poner las bases para crear un tejido jurídico claro y nítido sobre la gestión del agua en la ciudad”, afirmó el regidor.

Los socios privados de la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria, Emalsa, se han mostrado dispuestos a aceptar la petición del Ayuntamiento de retirar a su filial Sercanarias la gestión del servicio de saneamiento del agua de la ciudad. Además, están decididos a sacar a concurso público esos trabajos para adjudicárselos a otra compañía, un procedimiento en el que esta empresa estará vetada, puesto que uno de los requisitos del actual gobierno municipal es que “no se pueda presentar”.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agusto Hidalgo (PSOE), tras finalizar la reunión que ha celebrado el consejo de administración de Emalsa. Se trata del primero tras el cambio de gobierno en el Consistorio, en el que ha tomado posesión como nuevo presidente de la empresa.

Sercanarias, empresa constituida por los dos socios privados del ayuntamiento en la compañía de aguas, Saur y Valoriza, será oficialmente excluida de la gestión de los servicios de saneamiento cuando sea aprobado por el consejo de administración en una próxima reunión. No obstante, el alcalde ha recalcado que el personal que trabaja en dicha filial será incorporado en la empresa que gane el concurso a través del contrato de subrogación. Asimismo, informa de que aún no hay fecha para dicho concurso público, ya que primero es necesario elaborar el pliego.

Hidalgo recuerda que su partido se ha mostrado especialmente crítico con la forma en la que Emalsa adjudicó el saneamiento de la ciudad a Sercanarias. De hecho, el ultimo informe del Interventor recoge que se trató de una “subcontratación irregular” ya que esta entidad realiza la mayor parte de las obligaciones derivadas del contrato de saneamiento. También refleja que se podría haber producido una subrogación del contrato sin que el titular del servicio lo haya autorizado.

Otro punto que afecta a esta filial es el hecho de que el anterior gobierno del Ayuntamiento, conformado por el PP, haya dejado de pagar desde el año 2013 la gestión del saneamiento. El primer edil señala que los populares pidieron una auditoría para conocer el coste real de este servicio en el año 2013 y 2014 , asimismo quiere conocer por qué no se hizo efectivo el pago.

“Algo tendremos que pagar por este servicio nosotros”, puntualiza Hidalgo, quien recuerda que el agujero que ha dejado el anterior gobierno en esta empresa asciende a más de 15 millones de euros, según el interventor. El primer edil agrega que si se reúnen los requisitos para poder pagar se hará en cuanto sea posible. Y es que, estas partidas no estaban presupuestadas en las cuentas de 2015.

Un informe muestra los puntos de “conflictividad” en los últimos 20 años

Otro de los temas tratados en este consejo de Emalsa ha sido el resultado del informe de la compañía KPMG. Un estudio encargado por Emalsa durante el anterior mandato. En él se refleja la problemática en cómo se realizó la privatización del agua de la ciudad y cómo se efectuó la posterior gestión para el saneamiento.

“Se trata de un estudio intenso”, asegura el alcalde de la ciudad. De hecho, en él se recogen los principales puntos de conflictividad de los últimos 20 años. Estas irregularidades están relacionadas con el saneamiento, infraestructuras... Una serie de problemas a los que el nuevo gobierno municipal espera ir poniéndole cara y solución.

“Estamos empezando a trabajar para que el control de aguas sea efectivo”, afirma el primer edil. Hidalgo también explica que los puntos de este informe se irán desglosando en las próximas semanas.

Tarifa social de agua

El primer edil de la capital grancanaria destaca que su principal objetivo es trabajar por la tarifa social del agua. Según destaca, el expediente para cumplir con ello ya está tramitado. Para Hidalgo, la misión de su gobierno se centra en que “la personas que estén pasándolo mal económicamente no se vean privados de este servicio público”.

En un breve período de tiempo el consistorio dispondrá de los informes que tendrá que consensuar con los socios privados de Emalsa. En este sentido, subraya que estas empresas se han mostrado conformes con la iniciativa del tripartito.

El alcalde anunció que lo más probable es que en un futuro se tenga que reordenar toda la estructura tarifaria. Para Hidalgo, el informe “nos va a poner pautas para que sepamos si lo que se cobra a los ciudadanos se corresponde con los costes de la empresa”, en definitiva, protocolizarlo de manera de que la gente no tenga dudas sobre este tema.

Para el actual gobierno municipal, lo ideal sería lograr la remunicipalización de la empresa mixta de aguas a coste cero. Sin embargo, esta opción ahora mismo “no está encima de la mesa” porque el escenario con el que se han encontrado no es ese.

Hidalgo puntualiza que son muchos los aceptos en los que hay que poner orden en Emalsa. Además, expresó que si le llegara información de que el anterior gobierno gobierno tiene alguna responsabilidad sobre las irregularidades o hubiera algún indicio delictivo iría a los tribunales. No obstante, ha asegurado que “no quiere entrar en esa dinámica absurda” de acusar al anterior mandato, ya que considera que él le tiene respeto al sillón de la Alcaldía, “ a diferencia de otros que no se la han tenido”.

La intervención administrativa de Emalsa iniciada en marzo de 2014 por el anterior gobierno municipal del PP en Las Palmas de Gran Canaria “fue una farsa”, a juicio del mismo interventor designado para el control de la empresa mixta, ha dicho hoy el alcalde Augusto Hidalgo (PSOE).

El regidor ha explicado en rueda de prensa que hasta la fecha se han gastado 550.000 euros en informes y auditorías como consecuencia de esa intervención, que su antecesor, Juan José Cardona (PP), adoptó alegando que iba a “reforzar la fiscalización de la gestión” de Emalsa ante los delitos societarios denunciados por la Fiscalía en contratos que beneficiaron a los socios privados.

Algunos de esos estudios no se han culminado y el Ayuntamiento prevé tener en las próximas semanas las conclusiones “del más caro”, el que elabora la consultara KPMG por 149.000 euros, que Hidalgo hará públicas, de la misma forma que detallará las medidas que proponga y que el Consistorio decida no llevar a cabo.

Hidalgo ha asegurado que en esta legislatura el grupo de gobierno ejercerá un “control real, exhaustivo y eficiente” de la gestión del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria tras esa intervención administrativa “sui generis” que el PP impulsó siguiendo una “hoja de ruta” inexistente para mejorar el funcionamiento de Emalsa.

El alcalde también ha criticado que en los últimos cuatro años el PP no haya promovido inversiones hidráulicas en la ciudad, pese a lo necesarias que son, y ha anunciado que, en el ámbito del saneamiento, el Ayuntamiento hará un nuevo contrato, ya que el suscrito de forma directa por los socios privados de Emalsa con Sercanarias, una de sus filiales, “tiene fallos, es obsoleto y no se adapta a las necesidades actuales”.

De igual forma, el Consistorio retomará las relaciones con el Consejo Insular de Aguas para tratar de determinar “cuál debe ser la tasa de depuración correcta y que caudal de Jinámar depende de Las Palmas de Gran Canaria”.

Augusto Hidalgo estima que desde el propio consejo de administración de Emalsa, que preside el alcalde de la ciudad, como desde la unidad técnica del agua del Ayuntamiento se puede llevar un exhaustivo control del funcionamiento de la empresa mixta, cuya concesión expira en 2043, de ahí que no se explique por qué no se ha hecho, lo que, en su opinión, demuestra que “no existía hoja de ruta” sobre este asunto, al contrario de lo que anunció el PP.

De esta forma, el alcalde, que cumple hoy un mes en el cargo, ha asegurado que “se acabaron los líos con el agua en Las Palmas de Gran Canaria” y se ha comprometido a “poner orden en Emalsa”, al tiempo que ha garantizado que en la ciudad no se producen “emisiones que no se ajustan a las autorizaciones ambientales” ni “existen dudas sobre un posible desabastecimiento”.

Augusto Hidalgo ha afirmado que la anunciada intervención administrativa de Emalsa no se ha traducido en una “toma de control” de la sociedad mixta, de la que el Ayuntamiento posee el 33 % de las acciones.

Tal es así, ha dicho, que a día de hoy no se ha podido confirmar si Emalsa ha incurrido en incumplimientos de sus obligaciones contractuales, lo que abriría vías para llevar a cabo un “rescate del servicio a coste cero”.

“Ojalá estuviéramos en ese escenario ideal, en el que iríamos a un procedimiento de rescate, pero no estamos. No se han establecido cuáles son las causas específicas para el incumplimiento de los contratos y tampoco se ha evaluado cuánto costaría al Ayuntamiento comprar las acciones” en poder de los socios privados de Emalsa“, ha aseverado el alcalde.