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Emalsa demanda al exinterventor Rafael Bolívar

La empresa mixta cree que Bolívar realizó la comisión de un delito continuado de falsedad en el contenido de diversos informes emitidos

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Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria

Sede de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria Alejandro Ramos

El Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A (EMALSA) ha acordado, en la reunión celebrada este martes, demandar penalmente al antiguo  interventor del Servicio Municipal de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Bolívar, después de tomar razón del dictamen de la firma de abogados  Clifford Chance que, a petición de la operadora, analiza jurídicamente la existencia de actuaciones que pudieran integrar un comportamiento punible por el Código Penal en la conducta de Bolívar desde el inicio de la intervención.

Emalsa recalca que el dictamen deduce "la existencia de la comisión de un delito continuado de falsedad en el contenido de los diversos informes emitidos por el interventor" y que en los mismos aparece la firma de otros cinco funcionarios municipales de los que se asistió como Comité Técnico de apoyo a la intervención.

Así mismo, el dictamen añade que "bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral", el funcionario, Rafael Bolívar, "sí puede ser considerado el autor mediático del delito de prevaricación administrativa" porque habría "instrumentalizado a los miembros de la Junta de Gobierno Local a adoptar resoluciones arbitrarias en asunto administrativo".

Al mismo tiempo, el Consejo ha tomado en cuenta las continuas filtraciones de los informes de la intervención "que se han venido reproduciendo en diversos medios de comunicación de forma parcial, sesgada y, a veces, manifiestamente falsa" y que han creado un "ambiente de descrédito público para EMALSA y sus gestores".

"Ante estos graves hechos indicadores de la existencia de actuaciones que han podido producir un notable perjuicio para la sociedad mixta, con la consideración añadida de que cualquier perjuicio provocado a dicha sociedad redundará negativamente, en última instancia, en los ciudadanos de las Palmas de Gran Canaria, y con el ánimo de esclarecer el asunto ante los tribunales, el Consejo de Administración ha decidido interponer acciones legales contra Rafael Bolívar, a través de la presentación de la denuncia correspondiente en vía penal", recalca la empresa.

El Ayuntamiento formaliza la rescisión con SER Canarias

El consejo de administración también acordó,  de manera definitiva, la rescisión del contrato del servicio de saneamiento de la ciudad con la empresa Sercanarias, filial de las dos sociedades antes citadas. Al mismo tiempo, el consejo decidió iniciar de manera inmediata el proceso para convocar un nuevo concurso para adjudicar el servicio de saneamiento a otra empresa, un concurso cuyo pliego de condiciones se espera que esté terminado antes de finales del próximo mes de enero.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y presidente del consejo de administración, Augusto Hidalgo, explicó que con esta decisión se da cumplimiento a la reclamación hecha en octubre desde el Ayuntamiento, socio minoritario de la compañía, para que Sercanarias dejara de prestar servicios a Emalsa.

"Desde el Gobierno municipal teníamos especial interés en celebrar este consejo de administración antes de fin de año porque, aunque el contrato con Sercanarias vence en febrero, había que denunciarlo antes del 31 de diciembre si queríamos evitar que se prorrogara automáticamente", señaló el alcalde. "Con esta decisión se da cumplimiento a la petición que la parte pública de la empresa, y no hay que olvidar que somos minoría, hizo a la parte privada para liquidar la relación con esta empresa, ya que siempre discrepamos de la forma en la que fue contratada", recalcó Hidalgo, quien además recordó que los socios privados de Emalsa han aceptado también no presentar a Sercanarias al nuevo concurso del saneamiento como había pedido el Ayuntamiento.

El alcalde explicó, además, que en el consejo de administración los socios públicos y privados han acordado también la creación de una comisión de técnicos del Ayuntamiento y de técnicos de Emalsa para, entre otras tareas, redactar el pliego de condiciones del nuevo concurso de saneamiento. "Otra labor fundamental que tendrá esta comisión de técnicos será la de discutir y aclarar todo lo relacionado con los elementos contractuales que existen entre el Ayuntamiento y la compañía de aguas”, aseguró Hidalgo y añadió que "se trata de buscar soluciones a todos los problemas de contratos o posibles incumplimientos desde la creación de Emalsa hace 20 años, y que ha puesto sobre la mesa la consultora KPMG recientemente".

Hidalgo añadió que los trabajos de esta comisión de técnicos servirán para arrojar luz al pasado contractual de la empresa y el Ayuntamiento y fijar los objetivos del futuro. "La intención del consejo de administración de Emalsa con esta comisión es poner las bases para crear un tejido jurídico claro y nítido sobre la gestión del agua en la ciudad", afirmó el regidor.

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