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Ciudadanos lleva a la Fiscalía el pago de 14 millones a Emalsa y la falta de un reglamento de vertidos en LPGC

La concejala Beatriz Correas advierte de que el Gobierno municipal puede estar cometiendo un delito de prevariación por firmar una facturas donde no se ha especificado el trabajo realizado

La portavoz de Ciudadanos en la capital grancanaria cree que también puede existir un delito de administración desleal por pagos injustificados

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La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beariz Correas

La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beariz Correas Canarias Ahora

Ya lo había anunciado en el último pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria: "No descartamos llevar el expediente de modificación de crédito para abonar 14 millones de euros a Emalsa a la Fiscalía". Y así lo ha hecho este miércoles la concejala de Ciudadanos en el Consistorio capitalino, Beatriz Correas. Además de este asunto, la edil ha denunciado la inexistencia en la ciudad de un reglamento de vertidos, como afirmó la semana pasada el alcalde Augusto Hidalgo. 

Sobre el asunto del expediente de modificación de crédito, Correas mantiene la postura de que el Ayuntamiento debería pagar a la empresa mixta de aguas de la ciudad 6,6 millones de euros por las facturas de saneamiento que no se han abonado desde 2013 (cuando Juan José Cardona, del Partido Popular era alcalde) ya que así lo dicta una sentencia firme. Sin embargo, el Gobierno municipal considera que deben abonar un total de 14 millones ya que prevén que hay pagos de facturas desde abril de 2014 hasta diciembre de 2015 que no se han realizado y que la justicia tarde o temprano les obligará a efectuar. 

Correas insiste en que el Ayuntamiento debe denunciar a Sercanarias, filial de Emalsa, por incumplimientos en el contrato de saneamiento y no abonar estas cantidades. La concejala advierte de que el Gobierno municipal puede estar cometiendo un delito de prevariación por firmar una facturas donde no se ha especificado el trabajo realizado. También cree que se puede enfrentar a otro delito de administración desleal por realizar pagos injustificados, razón por la que ha pedido que se dejen de firmar facturas. 

Además de esta causa, Correas ha llevado este miércoles a la Fiscalía la inexistencia de un reglamento de vertidos en la ciudad. Señala que el propio informe IP 95, donde se recogen los compromisos que adquiere Emalsa con la ciudad, sí regula este asunto. Según la portavoz de Ciudadanos, uno de los compromisos adoptados en este informe es el control de vertidos, su caracterización, las cuencas donde se vierten, qué empresas vierten, que tipo de contaminación hay…

"Llevamos 18 años pagando (nosotros estimamos unos 240.000 euros anuales) para destinarlo al control de vertidos y es un dinero donde no hemos visto resultados", lamenta la concejala. Sobre este asunto, asegura que ya ha preguntado al alcalde de la ciudad, sin obtener respuesta. 

Estas dos denuncias se suman al informe presentado el pasado mes de febrero por Ciudadanos a la Fiscalía, donde recopilaban una serie de irregularidades en la empresa mixta de aguas de la ciudad. Ese informe se ha incluido en la causa abierta en la que hay quince personas investigadas por delitos societarios y se ha sumado también a la realizada por el exalcalde de la ciudad, Juan José Cardona por presunta administración desleal por parte del actual Gobierno municipal. Este miércoles, tras dar cuenta de dichas denuncias, la concejala fue llamada a comparecer. 

Correas insiste en que no ha visto que "ningún gobierno" de la ciudad haya hecho nada por cambiar la situación de Emalsa. Por ello, critica que "hemos pasado de tener una empresa pública a vender una parte y a constituirse un comité ejecutivo con los socios de Emalsa que se reúnen antes de los consejos de administración". Para la edil, "llevan un acuerdo pactado, por lo que ya no somos una empresa mixta, es una empresa privada y nuestros concejales dentro del consejo de administración son títeres que van a cobrar sus dietas por la asistencia, pero no tienen ningún poder de resolución porque la mayoría la tienen ellos el 66%", concluye. 

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