Un total de 14 organizaciones ambientales, sociales y vecinales de la Región de Murcia (entre las que figuran SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y la federación vecinal FAVCAC) han exigido una regulación “más estricta” y un control “eficaz” de las motos de agua en el interior del Mar Menor. Las asociaciones denuncian que la proliferación de estas embarcaciones en la laguna salada está generando un rechazo creciente “debido al riesgo de accidentes en zonas de baño, las interferencias con deportes de vela o remo y la alteración física de un ecosistema altamente vulnerable”.

Los colectivos de defensa de la laguna denuncian la presencia masiva de motos acuáticas en el Mar Menor y alertan de que el problema ya no es exclusivo de los meses de julio y agosto, sino que se extiende desde marzo hasta noviembre. Según explican, la masificación se intensifica durante los fines de semana, “cuando se registran carreras ilegales y velocidades que superan los límites permitidos en las zonas costeras”.

Los activistas advierten de que estas embarcaciones llegan a circular a velocidades de más de 100 km/h en el interior de la laguna, una situación que -aseguran- ignora las restricciones impuestas por el Ministerio de Transportes en el artículo 6 del Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, aprobado para la protección de este espacio amparado por la Red Natura 2000. Dicha regulación limita la velocidad en toda la laguna a un máximo de 20 nudos, una tasa que se reduce a los cinco nudos en zonas con una profundidad inferior a cuatro metros (como el entorno de las cinco islas protegidas) y a apenas tres nudos en las áreas de fondeo y salida de embarcaciones.

Según advierten los colectivos de protección, el uso de estos vehículos genera consecuencias “críticas” en el ecosistema. Los activistas alertan de una destrucción directa de los fondos marinos, ya que el arrastre y la turbidez de las turbinas “dañan gravemente la flora bentónica, amenazando la supervivencia del caballito de mar, la nacra y la recuperación de la Cymodocea nodosa” (una planta marina clave que produce oxígeno y de la que ya se ha perdido el 80% desde el episodio de la 'sopa verde').

Por otra parte, las asociaciones denuncian un impacto por contaminación acústica y química, argumentando que el ruido constante estresa a la fauna y que los vertidos de hidrocarburos resultan letales en un espacio con tan poca renovación de agua. Por último, apuntan a un problema de seguridad y convivencia en el litoral, sosteniendo que la cercanía de las motos a la orilla pone en peligro a los bañistas e interfiere con deportes sostenibles como la vela o el remo.

Campaña de recogida de firmas

Paralelamente, colectivos integrados en esta ofensiva como SOS Mar Menor han canalizado el malestar de los usuarios de las playas a través de una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org que ya suma más de 3.000 apoyos. La iniciativa está dirigida al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y al Gobierno murciano y exige la modificación de la normativa para prohibir de forma permanente las motos náuticas en toda la laguna.

El daño medioambiental denunciado por los colectivos encuentra respaldo científico en el informe 'Primavera ruidosa (2): El impacto de las motos acuáticas sobre la salud de los ecosistemas marinos, la economía del turismo y la seguridad de las personas', elaborado por el biólogo Rafael Yus Ramos para el gabinete GENA-Ecologistas en Acción. Aunque se trata de un estudio de alcance general, el documento describe dinámicas críticas aplicables a la laguna. El informe constata que el ruido intermitente y aleatorio de estos motores dispara de forma aguda los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en los peces y altera su sistema cardíaco, requiriendo hasta 40 minutos para recuperar sus constantes. Al tratarse de aguas poco profundas como las del Mar Menor, la investigación describe el denominado “efecto de aguas someras”, el cual impide a las especies escapar hacia el fondo y las obliga a una huida horizontal errática que multiplica el riesgo de colisiones entre los propios ejemplares.

Asimismo, el documento de Ecologistas en Acción constata alteraciones morfológicas en larvas y un impacto directo en las aves acuáticas, que se ven obligadas a abandonar sus zonas de alimentación si las embarcaciones se aproximan a menos de 100 metros. En el plano químico, el informe añade que una sola moto acuática con motor de dos tiempos puede llegar a emitir al medio marino más de 23 litros de combustible sin quemar en apenas dos horas de uso; un factor de contaminación que los activistas consideran letal para un ecosistema cerrado y con baja renovación de agua como el Mar Menor.

A este malestar se suman las quejas y solicitudes de intervención trasladadas formalmente a las autoridades competentes por parte de los vecinos de varias comunidades de propietarios de edificios y urbanizaciones de La Manga del Mar Menor, situados en la Playa de la Gola. Los residentes, en cuyas riberas se ubican las viviendas, recuerdan que estas acciones vulneran normativas estatales y autonómicas, como el Real Decreto 118/2024, el Real Decreto 259/2002 sobre el uso de motos náuticas y la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Esta última legislación, junto a las ordenanzas municipales, prohíbe el repostaje en zonas de baño bajo sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros. Ante lo que consideran una “ausencia de respuesta” por parte de las administraciones locales y marítimas tras presentar de forma reiterada sus quejas, las comunidades de propietarios han solicitado formalmente que se revise la concesión otorgada a la empresa de alquiler y se valore la retirada de la actividad para garantizar la seguridad en la zona.

El reclamo de los activistas coincide con la reciente ofensiva de las autoridades. Según Capitanía Marítima de Cartagena, las motos náuticas ya concentran el 34% de todas las sanciones marítimas de la Región de Murcia, sumando 69 expedientes de denuncia en el último año principalmente por exceso de velocidad y navegar en zonas de baño. Ante este escenario, entidades como la Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) han solicitado formalmente por carta al presidente autonómico, Fernando López Miras, que valore la prohibición de estos vehículos en el entorno de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

En este sentido, y como medidas de contención transitorias, solicitan que la presencia de los servicios de inspección y control de las autoridades competentes sea constante desde marzo hasta noviembre, garantizando el estricto cumplimiento del plan de protección del Mar Menor en todo el espacio amparado por la Red Natura 2000. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia para recabar su postura y dar respuesta a estas reclamaciones, sin haber obtenido ninguna contestación.

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias para investigar el incendio forestal de Los Garres, que el pasado 2 de junio arrasó 177 hectáreas del Parque Regional de El Valle y Carrascoy y afectó al castillo de esta pedanía murciana. La actuación del Ministerio Fiscal se produce tras la denuncia presentada por el colectivo conservacionista Huermur, que solicitó investigar las circunstancias del incendio y los posibles daños causados tanto al patrimonio histórico como al entorno natural.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha señalado que la asociación confía en que la investigación permita “determinar las causas del incendio, conocer el alcance real de los daños ocasionados tanto al Castillo de Los Garres como al entorno natural afectado y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan”.

Además, la entidad recuerda que el castillo es “un enclave histórico de más de mil quinientos años de antigüedad y un espacio natural de enorme valor ambiental para toda la Región de Murcia que merece la máxima protección”.

Huermur también ha solicitado a la Consejería de Cultura y al Ministerio de Cultura inspecciones técnicas para evaluar el impacto del incendio sobre el monumento y su entorno arqueológico, así como la elaboración de un plan integral de conservación y restauración.

Origen intencionado

Por otra parte, según las investigaciones policiales, el incendio pudo haber sido intencionado. Es una de las tesis que barajan los investigadores, según ha confirmado este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de la capital, Fulgencio Perona. El titular de este departamento, sin embargo, ha precisado que las pesquisas continúan abiertas y que el informe definitivo estará listo en los próximos días.

El fuego quedó completamente extinguido cinco días después, tras un amplio operativo en el que participaron más de 400 efectivos y numerosos medios aéreos y terrestres.

Según ha explicado el edil, los indicios recopilados hasta el momento refuerzan la hipótesis de un origen provocado del fuego y alejan la posibilidad inicial de que se tratara de una negligencia relacionada con el deficiente mantenimiento de parcelas privadas con abundante vegetación.

Perona ha detallado que los investigadores trabajan en el análisis de distintos elementos técnicos para esclarecer las causas exactas del incendio, entre ellos la posible geolocalización de dispositivos móviles presentes en la zona y otras pruebas que ayuden a determinar tanto el punto de inicio como la posible autoría de los hechos.

Los contenedores de ropa del proyecto Abraham se han convertido en un elemento más del paisaje urbano de la Región de Murcia. No es para menos: más de un millar de estos recipientes en rosa sobre crema se encuentran repartidos por toda la Comunidad. Para muchos supone una forma conveniente de darle una nueva vida a la ropa que no utilizan. Ese acto, el de depositar prendas en el interior de este contenedor, es la piedra angular de una empresa de inserción que le da una segunda oportunidad a personas en exclusión social.

Así lo explica a este diario Juan Antonio Cerdán, presidente de Proyecto Abraham y administrador de la empresa de inserción: “Nos dedicamos a la recogida de ropa y calzado a través de contenedores que tenemos en la calle. Estamos en 40 municipios de la Región de Murcia y en dos de la provincia de Alicante”. Lo explica en su pequeña oficina en la sede de la asociación, en Puente Tocinos.

Con esta actividad consiguen recoger al año unos dos millones de kilos de ropa. En estos momentos se encuentran en lo que se considera la temporada alta, por lo que pueden recuperar de los contenedores en torno a 8.000 y 10.000 kilos al día de ropa y calzado.

El proceso de recogida se articula con una flota de diez vehículos, que depositan parte de la ropa en la nave de clasificación de la empresa: “Tenemos tres tiendas de ropa de segunda mano bajo la marca de La Recuperadora, que aglutina a nivel estatal a todas las entidades que nos dedicamos a recoger ropa y calzado”. Una de ellas está situada en la ciudad de Murcia, en el número 7 de la Alameda de los Capuchinos, en el corazón del barrio del Carmen. La sede de Cartagena se encuentra cerca de la Avenida de Colón, en el número 148 de la calle Santiago Ramón y Cajal. La última, abierta hace tan solo dos años, está localizada en el Campus de Espinardo, junto a la oficina de Campus Sostenible.

Otra parte de lo recogido por el Proyecto Abraham se destina al ropero regional: “Son enseres para personas que nos derivan a través de los Servicios Sociales, que necesitan ropa y calzado. El resto se destina a venta al por mayor en bruto de ropa de segunda mano”, explica Cerdán. Parte de lo destinado al ropero regional descansa en la sede de Puente Tocinos, esperando a ser transportado y repartido a los que más lo necesitan. Fuera, tres personas reciben comida del banco de alimentos de la asociación, un pequeño salvavidas para la población local vulnerable.

Cerdán reconoce que tras la labor de empresas de inserción como la suya hay mucho “tabú”: “Mucha gente nos reprocha que nos echan la ropa gratis en el contenedor. Pero hay que recogerla, hay que clasificarla y hay que mantener el contenedor. Un coste bastante elevado de nuestra actividad es el mantenimiento de los contenedores en la calle. También debemos mantener los vehículos, al personal”, enumera Cerdá.

“Lo que hacemos es transformar la ropa en los recursos económicos suficientes para mantener toda esa actividad y, sobre todo, los empleos de inserción. Ponemos a las personas en el centro de la actividad y no al contrario, no la actividad económica por encima de las personas”, defiende.

La costura, “machacada” por la economía sumergida

Proyecto Abraham también cuenta con un taller de confección social, el Atelier El Costuretico, que ofrece arreglos de ropa y confección, además de formaciones de costura: “En el Atelier también contratamos a personas en situación de vulnerabilidad social. La costura es un sector feminizado y muy machacado por la economía sumergida”, detalla.

Tal y como establece la Ley de Empleo y de Inserción, los ciclos de inserción no pueden durar más de tres años. Durante este tiempo, Proyecto Abraham acompaña a sus trabajadores en contratos de inserción, con el fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad: “El itinerario de inserción se va supervisando a través de una trabajadora social y de la gerente educadora. Luego cada empleo de inserción tiene, a su vez, su técnico de producción que les va acompañando en el puesto de trabajo”, explica Cerdán.

“Son personas que muchas veces no han tenido un trabajo con un horario laboral, que lo que han tenido es precariedad. Les ofrecemos la experiencia laboral de una empresa como cualquier otra, con la diferencia de que nuestro objetivo es social, de ayudarles a que se integren”, explica María Jiménez, trabajadora social en la empresa de inserción.

De acuerdo con la trabajadora social, los itinerarios de inserción conjugan el trabajo diario en Proyecto Abraham con la búsqueda de la vocación del trabajador: “El itinerario va focalizado a lo que ellos quieren realmente, no a lo que nosotros queremos”.

“Hay un chico a quien le gusta mucho la escalada y estamos trabajando con él para que haga un curso de trabajos de altura. A otro le gustaba mucho la carretera, conducir, así que nos centramos en que se sacara el carné de camionero. Cuando acabó su contrato de inserción, inmediatamente lo contrataron en una empresa de transporte”, ejemplifica Cerdán.

La atención al trabajador continúa mucho después de que deje de trabajar en la empresa de inserción: “Cuando ellos consiguen un empleo o en el caso de que no lo consigan, le hacemos un seguimiento hasta seis meses después. Ayer fuimos a visitar a Ousmane, un chico de Senegal que terminó hace un mes de trabajar con nosotros en El Costuretico y ahora trabaja en una empresa de mobiliario exterior. Están muy contentos con él y abiertos a emplear a más trabajadores que vengan de nuestra empresa de inserción”, señala Jiménez.

“Al principio [a Ousmane] le costó trabajar en el taller, porque es un sector con trabajadoras y clientela muy feminizados. Venían chicas a hacerse arreglos y le daba vergüenza [risas]. Pero se adaptó enseguida, hizo un trabajo estupendo”, asegura Cerdán.

Por el momento, la trabajadora social celebra que la empleabilidad en la empresa de inserción está siendo del 100%: “Ha terminado a primeros de 2026 el contrato de tres personas y las tres han sido contratadas. Ousmane, como ya hemos comentado, como costurero; otra compañera, Ángeles, en una línea de producción de Hero; y por último Enrique, que ahora trabaja con nosotros en la parte asociativa”, enumera.

Camina entre telas

Proyecto Abraham no solo ofrece formación a sus empleados de inserción, también ofrecen cursos gratuitos dirigidos a población vulnerable: “Nuestro proyecto más grande es Camina entre telas, estamos en todos los municipios de la Región de Murcia”, apunta Nuria Sánchez Nicolás, técnica de formación de la Asociación Proyecto Abraham. Financiado con fondos de la asignación tributaria de la casilla “La X solidaria” de la declaración de la renta, en sus cursos ofrecen talleres de costura, de comercio electrónico y atención al cliente, enseñan español y formación prelaboral.

“Hay una agencia para el desarrollo en Madrid, Los Molinos, con la que colaboramos, somos sus brazos y piernas en la Región de Murcia. Con ellos, desarrollamos talleres de sensibilización relacionados con temas sensibles, como de violencia de género. La mayoría de las personas a las que imparto español en Camina entre telas son mujeres, por lo que los talleres de violencia de género les vienen genial”, abunda Sánchez Nicolás.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

Un trabajador de 54 años ha fallecido este viernes al quedar atrapado bajo una retroexcavadora en una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola situada en la diputación lorquina de Tercia, en el término municipal de Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del accidente a las 13.03 horas. Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para un trabajador al que había caído encima una máquina y se encontraba gravemente herido e inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios con una Unidad Móvil de Emergencias del 061 y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), dado que el accidentado se encontraba atrapado y en parada cardiorrespiratoria. A su llegada, el trabajador ya había sido liberado por sus propios compañeros. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron salvar su vida. El fallecimiento fue confirmado en el lugar del suceso.

El accidente ha sido puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que investigará las circunstancias en que se produjo.

Este nuevo fallecimiento se produce en un contexto de grave siniestralidad laboral en la Región. A lo largo de 2025 perdieron la vida en accidente laboral 37 trabajadores en la Comunidad. Los datos resultan especialmente alarmantes si se tiene en cuenta que, mientras la siniestralidad mortal descendió un 8% a nivel nacional, en la Región de Murcia se disparó un 63%.

Una pareja ha sufrido una agresión homófoba en el centro de Cartagena, después de haber colocado la bandera arcoíris en su balcón. Así lo ha relatado el colectivo Galactyco por los derechos LGTBIQ, al que han acudido los afectados después de interponer una denuncia por delito de odio.

Los jóvenes de 29 y 31 años recibieron por parte del agresor insultos como recibieron múltiples amenazas de muerte por parte de su agresor y expresiones vejatorias de carácter homófobo. El agresor ha sido detenido tras pasar a disposición judicial se le ha puesto una orden de alejamiento hasta el juicio.

El detenido llegó a amenazar a los jóvenes con incendiar la casa con ellos dentro. El hostigamiento se extendió en el tiempo, llegando a unirse familiares del agresor. Vecinos de la zona trataron de intervenir y defender a los jóvenes, tratando que el agresor cesase en sus amenazas.

Desde Galactyco han condenado los hechos y han alertado que “son consecuencia de la extensión de los delitos de odio”.

El responsable de la Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, John David Babyack, ha expresado que “la Región de Murcia es un territorio hostil contra los derechos del colectivo LGTBIQA+” donde el Gobierno Regional incumple sistemáticamente la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Así, Babyack ha manifestado que “la consejera de Política Social Concha Ruiz tiene mucho que explicar en la próxima reunión del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, un observatorio que solo convoca la semana de celebraciones del Orgullo y se olvida tanto de él como de las políticas de igualdad el resto del año. Desde ALEAS IUVRM exigimos al Gobierno Regional que cumpla con Ley regional y garantice la protección del colectivo LGTBIQA+ que en nuestra Región es agredida por simplemente colgar la bandera de la diversidad en su balcón”.

“Hacemos un llamamiento a toda la población a participar activamente en las manifestaciones del Orgullo LGTBIQA+ de Lorca y La Unión este fin de semana, en Murcia el próximo sábado 20, en Cartagena el 27 y en el resto de convocatorias por toda la Región de la Red LGTBIQA+”, ha finalizado Babyack.

Los juzgados murcianos continúan arrastrando años de colapso, volviendo a situarse a la cabeza de los más saturados del país. De acuerdo con la última memoria que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, preocupa especialmente el tiempo de respuesta de los juzgados murcianos. La Región es la Comunidad con mayor dilación, con unos tiempos medios de resolución en primera instancia que superan los 12 meses, siendo cuatro meses más lenta que la media nacional, que se sitúa en los ocho.

La situación se vuelve dramática en lo civil y lo social, que concentran la mayor parte del atasco y donde se llegan a triplicar las cifras de comunidades como Asturias. En el orden civil, que dirimen desde desahucios hasta divorcios, la Comunidad registra 18,3 meses de tiempos de espera, muy lejos de la media nacional de 11 meses. En total, en esta sección se ha registrado una media de 2.273 asuntos por plaza, y se ha resuelto una media de 3.813. Unos esfuerzos de respuesta que no han logrado solventar el volumen acumulado de pendencia: permanecen en trámite 50.000 ejecuciones, un 6% más que el año anterior.

En lo social, donde se resuelven, por ejemplo, las demandas de despido, las resoluciones tardan de media 17 meses en llegar, cuatro meses por encima del promedio nacional, que está en torno a los 12,7. Finaliza el año con un incremento del 9% de la pendencia, con 17.771 asuntos pendientes.

El orden contencioso-administrativo acumula esperas de 13,8 meses frente a los 11,4 de media por parte del resto de autonomías; y en el orden penal hay de media un mes más en el tiempo de respuesta, unos 5,6 meses de espera frente a los 4,3 nacionales.

Un solo juzgado deja 17.281 casos pendientes

En el conjunto de la provincia, en 2025 tanto la tasa de pendencia -que mide el volumen de trabajo pendiente por parte de los juzgados- como la de resolución aumentaron aproximadamente un 0,5%, hasta llegar al 0,95%, mientras que la nacional se situó el pasado año en el 0,63%. Por otro lado, continuó el constante ascenso de la tasa de congestión hasta llegar al 1,95%, un 0,5% más que el pasado 2024. Aunque las cifras arrojadas por el documento reflejan una moderación en la entrada de asuntos y una mejoría en la capacidad de respuesta judicial, el informe reconoce que sigue sin ser “suficiente” para contener el crecimiento de la pendencia en los juzgados murcianos: “Estos indicadores reflejan que en 2025 se resolvió casi el mismo número de asuntos que ingresaron y que la carga acumulada siguió aumentando”, reconoce el informe.

Los diez juzgados con más colapso en la Región de Murcia acumulan más de 50.000 procedimientos pendientes. A la cabeza del atasco se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, que desde el año 2018 ejerce como el único de la Comunidad especializado en cláusulas suelo. Pese a despachar el pasado año una media de cinco asuntos diarios -1.417 casos en un año-, cerró con 17.281 expedientes sobre la mesa y una tasa de pendencia de 12,19, doce meses más que la media regional. Se trata de unas cifras que están muy por encima del segundo del ranking, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena con 4.601 casos pendientes, y una tasa de pendencia del 2,68.

Finaliza la primera fase de la rehabilitación del convento de San José de Caravaca de la Cruz, a falta de las últimas actuaciones que se están realizando y que se centran en las pinturas de la antigua iglesia de San José y en la fachada de la Casa Fundacional, situada en la calle Mayor. El proyecto, que arrancó el pasado verano, tiene como objetivo poner en valor el emblemático edificio para fines turísticos y culturales, y permitirá que próximamente se puedan realizar visitas guiadas, exposiciones, conciertos y otras actividades.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, visitó ayer las obras acompañado por el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, para conocer de primera mano los trabajos realizados y el estado de las últimas actuaciones que se ejecutan durante estos días, antes de la culminación del proyecto.

La intervención constituye la primera fase del proyecto integral de recuperación del conjunto conventual y ha contado con una inversión cercana a los 1,1 millones de euros procedentes de fondos Next Generation EU. También se han financiado con estos fondos otros 340.000 euros correspondientes a las obras de reparación urgente ejecutadas en 2023, una intervención arqueológica previa y los trabajos de redacción de proyecto y dirección facultativa, lo que eleva la inversión a más de 1,4 millones.

La segunda fase prevista consistirá en concluir la rehabilitación integral de la parte del convento orientada a la Calle Mayor, así como el interior de la Casa Fundacional y la Casa de las Mandaderas.

Actuaciones de rehabilitación

La intervención ya realizada ha consistido en la restauración de las fachadas exteriores e interiores; la recuperación de las cubiertas de la iglesia y su espadaña; la rehabilitación integral de las pinturas murales y bóvedas; la limpieza y conservación básica de los retablos; el tratamiento de patologías estructurales y refuerzos puntuales; y la restitución de solados en distintas estancias, así como la mejora de la accesibilidad con rebajas de umbrales, ampliación de pasos, pequeñas rampas y la instalación de un aseo adaptado provisional en planta baja.

Además, se ha dotado a la antigua iglesia de todas las instalaciones necesarias para su adaptación a usos turístico-culturales, como redes de agua, saneamiento, electricidad, climatización, instalación contra incendios, voz y datos, iluminación, preinstalación de sonido y de sistemas de seguridad, permitiendo así la realización de visitas guiadas, exposiciones, conciertos y actividades culturales.

Martínez destacó que esta rehabilitación coincide con la conmemoración del 450 aniversario de la fundación del convento, una de las impulsadas directamente por Santa Teresa de Jesús en 1576. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en 2003, fue adquirido por la Comunidad en 2021 por importe de 800.000 euros, con el objetivo de garantizar su conservación y puesta en valor.

Esta celebración irá acompañada del desarrollo de una programación específica de actos conmemorativos a lo largo del año, que contribuirán a reforzar el posicionamiento de Caravaca de la Cruz y de la Región de Murcia como destinos de referencia en turismo cultural y patrimonial.

Destino religioso

Martínez recordó que la Comunidad ha puesto en marcha la Estrategia de Impulso del Turismo Religioso 2025-2031, dotada con un presupuesto superior a los 10 millones de euros y destinada a acciones de promoción, organización de eventos, rehabilitación patrimonial y desarrollo de nuevas infraestructuras.

Asimismo, Caravaca es una de las sedes del proyecto ‘Huellas de Teresa’, una iniciativa turística y cultural que engloba las ciudades teresianas de España y que busca poner en valor el legado de Santa Teresa de Jesús, figura universalmente reconocida por sus facetas como mística, escritora y fundadora.

A este respecto, indicó que el impulso del turismo religioso “constituye una prioridad para la Comunidad, al atraer a un perfil de visitante con un alto grado de fidelidad y un notable potencial para reducir la estacionalidad, captar nueva demanda, generar empleo estable y crear sinergias con otros productos turísticos como la naturaleza, la gastronomía o el turismo de interior”.

La Región, y en especial Caravaca de la Cruz, ocupan una posición privilegiada entre los grandes destinos de peregrinación del mundo. Según el estudio elaborado por la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, el último Año Jubilar atrajo a más de 850.000 visitantes motivados por el Jubileo, generando un impacto económico superior a los 200 millones de euros.

El director de la extinción ha declarado controlado el incendio forestal en la pedanía de Los Garres y Los Lages (Murcia), que ha afectado a 177 hectáreas de terreno, la mayor parte de ellas en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Por su parte, el director del Plan Infomur ha decretado la situación operativa 0 del mismo. Tras 48 horas, los equipos de extinción han conseguido frenar el avance de las llamas.

A las 13:35 horas de hoy se declaraba controlado y, como consecuencia, la situación operativa del Plan ha pasado a 0. Permanecen en el lugar en tareas de refresco de terreno y de vigilancia efectivos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales. En total, cuatro brigadas forestales, dos brigadas de intervención rápida, agentes medioambientales, técnicos y personal de coordinación y apoyo se encuentran controlando la zona. El pasado miércoles, a las 18:20 horas, se daba por estabilizado y esta mañana se declaraba la situación operativa 1 de la fase de emergencia del Infomur.

El incendio comenzó a las 15:10 horas del pasado martes, 2 de junio. En apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaron en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla. Esa misma tarde, se declaró la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur. Han participado en su extinción medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado y de las comunidades Valenciana y de Castilla-La Mancha.

En los momentos más críticos del incendio llegaron a trabajar unos 400 efectivos, entre personal de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, bomberos municipales de Murcia, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes medioambientales y personal técnico especializado. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzó sus esfuerzos con un despliegue de más de 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contener el fuego en las calles donde tienen sus casas.

“En la parte este, al sur de la sierra. Zona verde justo en el límite de la zona quemada”, se escucha repetir a dos efectivos con el terminal portátil en mano en el puesto de mando avanzado para combatir el incendio, situado junto al cementerio de la pedanía murciana de Los Garres. Los coordinadores guían por radio a los medios aéreos señalando posiciones con precisión milimétrica al pie de la Cresta del Gallo, la formación rocosa de unos 500 metros que da nombre a uno de los rincones más frecuentados del parque regional de El Valle y Carrascoy, ya que su cima está coronada por grandes rocas rojizas que, vistas desde la ciudad, recuerdan la cresta de un ave.

No han pasado todavía las 24 horas desde que se declaró el fuego este martes, a las 15.10 de la tarde y varios helicópteros sobrevuelan sin descanso la zona, con el bambi colgando a varios metros bajo el fuselaje. En cuestión de segundos, el agua cae en cortina sobre las llamas y, sin apenas margen de pausa, cada aparato regresa de inmediato a balsas cercanas -y en el caso del hidroavión, al pantano de la Pedrera, en Orihuela- para reiniciar la maniobra. Mantienen así una presión constante y coordinada sobre el incendio en Murcia.

“No habíamos visto nunca nada así, ayer [por el martes] se vivieron momentos de película de terror”. Habla Mercedes, vecina de Los Garres, minutos antes de meterse en el coche para visitar el cementerio de la localidad, a los pies de la sierra, y franqueado por un alto muro que impidió que las llamas se colaran en el camposanto, situado en la zona cero del incendio. “Queremos asegurarnos de que no ha habido daños”, remata. Su casa está a unas pocas decenas de metros de un par de fincas que arrasaron las llamas. “Esto está muy descuidado, lleno de matorral seco, hace años era una explotación de naranjos, pero ya no queda nada, está muy abandonado”.

“El limonero no arde”

Juan Carlos Moyano, exalcalde pedáneo (Ciudadanos) de San José de la Vega, población que queda dividida de Los Garres al atravesar la avenida del Camino de la Tejera, no tiene dudas sobre las causas del incendio que ha arrasado la Cresta del Gallo: “Esto se lleva diciendo años. Que iba a pasar, que iba a pasar. Y ha pasado”. Moyano apunta directamente al abandono de la finca Barceló, ahora propiedad de una empresa vinculada al mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones y uno de los hombres más ricos del mundo, y de la antigua finca de la Tana, cuyos terrenos quedaron en barbecho cuando su propietaria, la familia Cánovas, arrancó los cítricos a finales de los años 90.

Unos 15.000 habitantes residen en ambas pedanías de Murcia -de un total de 55-, donde se extienden dúplex, almacenes frutales, cítricos y edificios de escasa altura, todos ellos atravesados por los carriles -carreteras estrechas, sin apenas acera- de huerta y a escasos metros de la sierra, pulmón de la capital murciana.

“El limonero no arde. Hay dos fincas quemadas y un huerto de limoneros en el centro que no ha ardido”, explica Moyano. Varios bomberos trabajan aún en apagar los últimos rescoldos junto a una nave agrícola, donde se dibuja una frontera nítida entre el verde intacto de los limoneros y el negro de las cenizas en las que se ha convertido el matorral de las parcelas. A su juicio, la sustitución de los cultivos de cítricos por vegetación seca y abandonada fue la mecha que esperaba prenderse: “La maleza tiene una capacidad de combustión enorme. Arde rápido y se propaga”. 

El expedáneo recuerda que tanto él como otros alcaldes de la Vega Baja del Segura llevan años denunciando la dejadez en la limpieza de esas fincas de más de 300.000 metros cuadrados. “Hay una ordenanza municipal que obliga al propietario a tener la finca vallada y limpia, y que faculta al Ayuntamiento a entrar, limpiarla y pasarle el cobro. Pero no se hace. Nunca se ha hecho”, lamenta.

Moyano vivió el incendio de cerca. Dormía la siesta el pasado martes cuando su mujer le llamó por teléfono. “Cuando abrí la puerta, una bocanada de humo entró en casa. No se veía ni los chalets de enfrente”, recuerda. En los minutos más críticos, entre las cinco y las seis de la tarde, acogió en su casa a más de veinte vecinos desalojados, con varios perros y gatos, mientras intentaba calmar a familias con niños pequeños aterrados. Ahora su preocupación se traslada al futuro: “Cuando caiga una dana en otoño, aquí no va a haber nada que pare el agua. Esa ladera quemada va a ser un desastre”.

Una EBAU, sin “haber pegado ojo en toda la noche”

Con los móviles en alto, Tania y Nerea registraban a primera hora la labor de los helicópteros. Ambas estudiantes, son amigas y vecinas de la parte alta de la pedanía. Y sus familias se cuentan entre el centenar de desalojadas este martes para prevenir un desastre ante el voraz avance de las llamas.

“Empezamos a llamar a Emergencias a las tres de la tarde, pero a las tres y media seguía sin haber mucho movimiento de efectivos y a las cuatro el fuego se había adueñado de la sierra”, se queja Nerea, que a pesar de haber terminado Bahillerato -cuenta- no tenía previsto realizar las pruebas de la EBAU, “pero otros compañeros sí que han tenido que presentarse esta mañana, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche”.

A su lado, Tania recuerda “el miedo” vivido en la tarde del martes cuando les aconsejaron salir de sus casas. “Fue horrible ver cómo ardía la montaña y el fuego corriendo hacia abajo, se quedó a diez metros de nuestras viviendas y tuvieron que desalojar a bebés y personas mayores; mucha gente no quería salir de su casa, o estaba durmiendo porque fue a la hora de la siesta y no se habían enterado de nada”.

Entre las cinco y las seis de la tarde del martes se vivieron los peores momentos. “A esa hora hasta bajaban los bomberos mareados de la asfixia, vimos a algunos tirados en el suelo, con lipotimias”, recuerda Tania, que como el resto de sus vecinos se echó a la calle con mangueras y cubos para intentar ayudar a extinguir las llamas. “No pudimos volver a casa hasta bien entrada la madrugada”.

Mascarillas de la pandemia para protegerse del humo

No muy lejos de sus casas, en uno de los puntos calientes del incendio, se levanta el CEIP Antonio Díaz. Rescatadas de la época de la pandemia, los docentes han sacado de una caja esta mañana varias docenas de mascarillas para protegerse de la nube de humo que sigue dominando el ambiente y que ha obligado a niños y profesores a volver a cubrirse el rostro durante la mañana.

De los 300 niños que estudian en este colegio público de la pedanía, a las faldas de la sierra, solo ha cruzado la puerta a las nueve de la mañana medio centenar. “Pero a muchos se los están llevando ya porque las aulas huelen mucho a humo, y no se puede estar dentro”, cuenta la jefa de estudios minutos antes de recibir en el colegio a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y al consejero de Presidencia, Acción Exterior, Emergencias y Juventud, Marcos Ortuño, que se han acercado hasta el centro escolar a primera hora de la mañana.

El origen del incendio se sitúa en torno a las 15.10 del martes. “No se sabe nada todavía de las causas del incendio pero la policía científica está desplegada investigando el asunto y en las próximas horas o días es posible que sepamos algo”, dice la alcaldesa Rebeca Pérez, quien apunta que “el viento fue el problema fundamental, que provocó que se expandiera con demasiada virulencia”, unido a las temperaturas extremas de un día con alerta naranja declarada. “El dispositivo, formado por más de 400 hombres, sigue activo”, destaca el consejero Marcos Ortuño, quien ha cifrado en 177 hectáreas el espacio afectado por el incendio, “unos siete kilómetros”, de las que un 50 por ciento pertenecen a masa forestal.

La actividad que no cesa

En el campamento donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado no cesa la actividad. Técnicos, agentes medioambientales, bomberos y responsables de emergencias siguen de cerca la evolución del incendio y coordinan sobre el terreno el despliegue de medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por el humo, las altas temperaturas y la vigilancia constante de los puntos más sensibles del perímetro.

“Los efectivos siguen actuando esta mañana para sofocar los fuegos que se van reactivando con el viento”, explica Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia desde el centro de coordinación del incendio. Desde las siete de la mañana, concreta, han empezado a operar en la zona de nuevo los medios aéreos, tres helicópteros del Gobierno regional y un avión del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Desde ayer mismo tanto la Guardia Civil como la Policía Científica están al pie del cañón para investigar las causas del incendio”, adelanta Perona, quien pide prudencia para determinar las posibles causas de las llamas.

Incendios “más virulentos”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha acudido al puesto de mando para agradecer el trabajo de los efectivos desplegados desde el inicio del incendio. Desde el Ministerio, según explica, se pusieron a disposición de la Región de Murcia cinco medios aéreos: un avión de coordinación, tres anfibios de gran capacidad y un helicóptero, además de 200 militares de la UME y 75 medios terrestres. “Desde el primer momento ha habido una estrecha colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Hemos trabajado mano a mano”.

El dispositivo, además, está integrado por una treintena de efectivos de Emergencias y Protección Civil, seis unidades policiales, cuatro vehículos de bomberos, cinco brigadas forestales y cuarenta agentes de la Unidad Militar de Emergencias, que continuaban este miércoles trabajando en la Cresta del Gallo, el punto que corona la Sierra de Carrascoy, y uno de los focos donde las llamas más han resistido.

Aagesen lanza un aviso sobre la situación general: “Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos”. La ministra apela a un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó anticipación, prevención y más medios. Al término de su intervención, afirma que la situación era “mucho mejor que la de ayer [por el martes]” y que se espera poder declarar el incendio estabilizado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Gran parte de los pinares de este parque regional son fruto de las repoblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, continuadas durante el franquismo con el pino carrasco como especie casi única. Lo que entonces se plantó para salvar los montes desnudos, el fuego del martes lo devoró en horas.

“No hablamos solo del valor ambiental, que es enorme. Con las condiciones climáticas actuales, tener un pulmón para la ciudad de este volumen y tan cerca es muy importante. Pero también hablamos del valor sentimental, porque quién no se ha subido al monte a andar una tarde o un fin de semana. Es una joya que tenemos que cuidar siempre”, apunta el portavoz socialista en el consistorio murciano, Ginés Ruiz Maciá.

El olor a humo sigue impregnado en la piel y la atmósfera.

Los equipos de emergencia han logrado perimetrar el incendio forestal que se inició ayer por la tarde en las inmediaciones de Murcia y que ya ha devastado más de 177 hectáreas del parque regional El Valle-Carrasco. Las labores de extinción se han visto favorecidas por la tregua del viento, permitiendo actuar eficazmente a los bomberos y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Rebeca Pérez, alcaldesa de la ciudad, ha expresado su gratitud ante la total colaboración y el respaldo de las administraciones estatal y regional. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo de los cerca de 300 profesionales, entre militares y bomberos —algunos llegados de comunidades vecinas—, cuyo despliegue coordinado ha sido clave para frenar el avance de las llamas.

La regidora también ha ensalzado la intervención de las aeronaves, indispensables para combatir el fuego en las cumbres y áreas escarpadas de difícil acceso donde el personal de tierra no podía maniobrar debido a los grandes desniveles. Se espera que esta misma tarde la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se desplace hasta el puesto de mando avanzado para supervisar de primera mano la evolución de los trabajos sobre el terreno.

Medio centenar de viviendas tuvieron que ser desalojadas y los vecinos con sus mangueras ayudaron a contenter el fuego en las calles donde tienen sus casas. La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado la pasada noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios que ya trabajaban en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al foco.

La evolución del incendio mostraba esta mañana una leve mejoría tras las últimas horas de trabajo ininterrumpido. En declaraciones al programa Hoy por Hoy Región de Murcia, el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, detalló que por la noche las brigadas pudieron trabajar en el perímetro durante una madrugada “sin nada extraordinario” que complicara el escenario. Desde primera hora de este miércoles, los recursos aéreos se sumaron a las tareas de extinción con el fin de “refrescar puntos calientes”, concentrando todos los esfuerzos en estabilizar el fuego “lo antes posible”.

En Onda Regional, el alcalde pedáneo de la localidad, Antonio Ramírez, recordó que el momento de mayor tensión se vivió ayer, cuando la fuerza de las llamas rozó la zona residencial y desató la alarma entre los vecinos. Sin embargo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al confirmar que el núcleo urbano ya no corre peligro.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas del martes y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzaraon en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores. 

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamentaba al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

Un grave incendio forestal declarado este martes por la tarde en la Cresta del Gallo, entre las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, ha obligado a activar el Plan Infomur en situación 2 y a solicitar al Gobierno central el envío de tres aviones anfibios y dos helicópteros para reforzar el operativo de extinción. El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, ha advertido en su cuenta de la red social X pasadas las 19 horas que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido activada y “se encuentra de camino para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres”.

“Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas, y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzan en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

El incendio supera ya las 110 hectáreas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos vecinos han decidido abandonar sus viviendas de forma preventiva ante el avance de las llamas, próximas a varios núcleos habitados en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al incendio.

“Hay varios helicópteros e hidroaviones sobrevolando la zona de un lado a otro”, cuenta al otro lado del teléfono Paco, propietario de la cafetería Iris, en San José de la Vega. “Aquí no hay peligro, estamos a unos 300 metros; pero arriba el fuego ha llegado a la carretera y en algunas zonas ha saltado muy cerca de las casas, por eso han desolajado algunas viviendas”, continúa. “La nube de humo y ceniza es muy grande, en el monte hay muchas ramas secas y el viento no acompaña”.

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamenta al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

“Aquí en Los Garres está todo el mundo revolucionado, se sigue viendo gente por la calle pero con mascarillas; y lo que es muy curioso es que está el coche lleno de coches aparcados, por lo visto nadie quiere dejar los coches dentro de los garajes porque ha habido un corte de luz y está el pueblo hasta arriba de vehículos”, relara Antonio Pérez, vecino de Los Garres. “Mucha gente se está yendo porque no se fían, las llamas de hecho están llegando ya cerca de un colegio”.

El parque natural cuenta con zonas residenciales en lo que se conoce como la Costera de Murcia, en la falda de la cordillera, en las que viven unos 25.000 habitantes. “Hay mucha zona residencial que ha tenido el fuego muy, muy cerca. Hablo de una calle de cuatro metros y un frente de llamas de 20 metros de altura. [...] Como ha llovido tanto en Murcia y en toda España, hasta hace un mes estaba verde y no ha dado tiempo a limpiar. Esa maleza, que tenía dos o tres metros de altura en algunos sitios, ha ardido con un frente de llamas verdaderamente espectacular”.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha solicitado a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha medios aéreos, al igual que “máxima precaución” a los vecinos a través de su cuenta de X.

Pérez también ha informado en esta red social de que las instalaciones deportivas de las pedanías murcianas de Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares se encuentran cerradas por el incendio, así como los centros de mayores y los campos de fútbol de las dos primeras.

El dispositivo desplegado se acerca a los 300 efectivos, con tres helicópteros operativos más uno de coordinación, brigadas forestales de la UDIF, agentes medioambientales, Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático han movilizado tres aviones anfibio, un avión de coordinación y un helicóptero. El Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al foco, mientras en algunas zonas se han ordenado cortes de suministro eléctrico para evitar riesgos adicionales.

El fuego se produce en el peor momento posible: la jornada más calurosa de la primavera en la Región, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en la capital y aviso naranja por calor extremo. Las rachas de viento en la sierra complican aún más los trabajos de extinción en el parque regional de Carrascoy y El Valle. Por el momento no se ha informado de heridos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido a los habitantes de la capital murciana que “extremen la precaución” en la red social X.

Desde Protección Civil y Emergencias Murcia han querido recordar a los murcianos y murcianas la importancia de “seguir en todo momento los distintos perfiles oficiales de los servicios de emergencia para evitar bulos o desinformación”. También han informado de que se siguen desplegando nuevos recursos de protección civil y emergencias para este incendio forestal en la ladera de Murcia.

El delegado del Gobierno de la Región, por su parte, ha advertido pasadas las 17.30 horas de que se encontraba de camino “una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero”.

(Seguimos informando)

Los jóvenes cocineros de la Región de Murcia ya pueden inscribirse en una nueva edición del concurso organizado por la Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia (Jecomur), e impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que este año celebra su XXIII edición y que concederá 3.500 euros en premios y una beca formativa valorada en 3.000, ofrecida por la Fundación Estrella de Levante.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, y el presidente de Jecomur, Juan Antonio García, animaron a participar en una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales escaparates para el talento joven de la Región de Murcias.

El concurso está dirigido a cocineros profesionales que desarrollen su actividad en establecimientos de la Región de Murcia, así como a alumnos de escuelas de hostelería, centros formativos especializados y del Grado de Gastronomía, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Cada concursante deberá participar acompañado por un ayudante de hasta 30 años, y ambos deberán ser mayores de edad en el momento de formalizar la inscripción.

Juan Francisco Martínez destacó que este certamen “representa una magnífica plataforma de lanzamiento para que los jóvenes cocineros den a conocer su creatividad y capacidad técnica, al tiempo que contribuye a promocionar la gastronomía regional y el uso de productos ligados a los 1.001 Sabores”.

Inscripción hasta el 8 de junio

Los interesados podrán presentar sus candidaturas, hasta el próximo 8 de junio, remitiendo al correo asociacionjecomur@gmail.com  una propuesta de menú compuesta por dos recetas para cuatro comensales. Las elaboraciones deberán girar en torno a dos ingredientes o recetas obligatorias: ensalada murciana, con un coste máximo de 4 euros por ración; y pulpo, con un coste máximo de 8 euros por ración. No se admitirán tapas, pinchos ni postres.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado compuesto por tres expertos, que seleccionará a los finalistas en función de criterios como el sabor, equilibrio gustativo, cocción, textura, presentación, creatividad, armonía de ingredientes y técnica culinaria.

Los concursantes seleccionados disputarán la fase final el próximo 30 de junio en las instalaciones del Centro de Cualificación Turística (CCT), donde deberán elaborar sus platos en directo ante el jurado.

El primer premio del concurso está dotado con 2.000 euros; el segundo será de 1.000 y el tercero de 500 euros, todos ellos con placa conmemorativa. Además, el ganador obtendrá una beca formativa valorada en 3.000 euros y patrocinada por la Fundación Estrella de Levante, que cubrirá matrícula, desplazamientos y gastos asociados a la formación.

Todos los finalistas recibirán un diploma acreditativo y, junto a sus ayudantes, serán invitados a la XXVII Gala de Jecomur, donde se dará a conocer el fallo definitivo del jurado y se realizará la entrega de galardones.

La Red Regional LGTBIQ+ en la Región de Murcia ha condenado el acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Totana que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo” como condición para la aprobación de los presupuestos.

En Totana, el Partido Popular ostenta la alcaldía con Juan Pagán al frente del Ayuntamiento, aunque lo hace sin mayoría absoluta en el pleno municipal. Esta circunstancia obliga al equipo de gobierno a negociar apoyos con otras formaciones, entre ellas Vox, para poder sacar adelante iniciativas clave como las cuentas municipales.

Según ha denunciado la Red Regional LGTBIQ+, este acuerdo afecta “a vecinos y vecinas que nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, han criticado que para Vox “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”. También han apuntado que “el PP ha comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación, o puede que ya lo compartiesen”.

El acuerdo contempla, concretamente, “la ausencia total de actos institucionales LGTBI y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como el resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Desde la red han recordado que este punto contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de la bandera LGTBI en espacios públicos y la Ley LGTBI regional, aprobada por unanimidad en la Asamblea regional y respaldada en su momento por el PP. A su juicio, “las vidas LGTBIAQ+ pasan de existencia a mera ideología, invisibilizando así a las personas a las que deberían representar”.

La Red Regional LGTBIQ+ ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía de Totana para colgar banderas arcoíris en los balcones y visibilizar el Orgullo y la diversidad. También ha animado a partidos políticos, sindicatos, comercios, asociaciones y centros educativos a impulsar actos de celebración de la diversidad en el municipio, y no descarta organizar nuevas acciones en la localidad.

Con el incremento de las temperaturas y la llegada de una ola de calor que afecta al sur de Europa —tras haber impactado ya en comunidades como Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Aragón o Madrid—, el consejero de Educación murciano, Víctor Marín, no descarta la suspensión de clases esta semana en la Región de Murcia.

Ante estas situaciones, la Consejería de Educación, ha recordado el consejero, “tiene diseñado un protocolo de actuación para los centros, como ocurre con otras contingencias extraordinarias que se puedan producir, como episodios de dana”. Este protocolo, ha apuntado, incluye medidas “regladas” y puestas a disposición de los equipos directivos para dar respuesta a estas circunstancias, entre ellas la suspensión de la actividad lectiva “cuando sea necesario”.

El titular regional de Educación ha subrayado que esta medida “en ningún caso ha de entenderse como un mecanismo de protesta”, sino como “la aplicación de un protocolo diseñado por la Consejería”.

En las últimas semanas, la falta de climatización en los centros educativos de la Región de Murcia ha vuelto a situarse en el centro del debate con la llegada de episodios de calor extremo. Docentes y padres han denunciado “la falta de soluciones estructurales” y la dependencia de medidas puntuales. Desde la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres, recuerdan que “la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería” y que las soluciones no pueden seguir dependiendo de iniciativas aisladas o de la capacidad económica de cada comunidad escolar.

El umbral, en los 27 grados

Las instrucciones a las que hace referencia el consejero permiten la reubicación del alumnado o la suspensión de la actividad lectiva cuando las temperaturas en el interior de las aulas superan los umbrales previstos, en torno a los 27 grados. El modelo ya se ha aplicado en casos como el del IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, convertido en símbolo del problema tras acumular varias jornadas con clases interrumpidas por el calor el curso pasado.

Por otra parte, el consejero ha insistido en que la suspensión de clases no implica la obligación de las familias de recoger a los alumnos, que podrán permanecer en los centros “reubicados en otros espacios sin actividad lectiva, en zonas con menor exposición a las altas temperaturas, zonas de sombra o espacios comunes con climatización”, manteniéndose además operativos los servicios complementarios.

En paralelo, Marín ha defendido que la administración continúa con inversiones para mejorar el confort térmico en los centros educativos. Según ha señalado, desde 2020 se han destinado “80 millones de euros en mejorar la climatización y las potencias eléctricas de un centenar de centros”, y ha avanzado una partida específica de 11 millones de euros prevista para 2026.

El consejero ha añadido que estos planes forman parte de una estrategia de modernización de infraestructuras que, según ha dicho, “en ningún caso fueron concebidas cuando se construyeron para contemplar sistemas de climatización adecuados”.

Grupo de calor: sindicatos, ampas y estudiantes

Para hacer frente a esta problemática, varias AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT, además de colectivos estudiantiles, han creado el denominado grupo de calor, una iniciativa destinada a dar visibilidad a esta situación y reclamar una actuación por parte de la Consejería. “Reclamamos un plan integral que permita adaptar los centros educativos al incremento de las temperaturas, acompañado de una financiación adecuada”, ha señalado Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm.

Entre las acciones emprendidas destacan la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, el control y registro de las temperaturas en las aulas y la divulgación de estos datos. Asimismo, según explican desde Sterm, se está desarrollando un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante el uso de termómetros conectados a aplicaciones digitales.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), participó en la IV edición de la IAGTO European Convention, que se celebró del 18 al 20 de mayo en Málaga y que está considerada el principal encuentro internacional del turismo de golf en Europa, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la Costa Cálida-Región de Murcia como destino de referencia en este segmento.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, destacó que “estas acciones contribuyen a proyectar la Región como uno de los destinos más atractivos para los golfistas europeos, gracias a la combinación de clima, calidad de las infraestructuras y una amplia oferta complementaria de ocio, cultura y gastronomía disponible durante todo el año”.

En el marco del evento, la representación regional participó en un workshop profesional con 10 mesas de trabajo atendidas por 18 profesionales del sector. Durante las jornadas se mantuvieron 40 reuniones con turoperadores, medios especializados, plataformas digitales y organizadores de torneos, con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales y abrir nuevas oportunidades de promoción y comercialización del destino.

Esta acción se enmarca en la estrategia anual de promoción internacional del Itrem en el segmento de golf, que incluye la presencia en ferias especializadas como Matka (Helsinki) y Ferie for Alle (Herning, Dinamarca), campañas promocionales con NordicGolfers.com, colaboraciones con la Asociación Española de Seniors de Golf, Aesgolf, y el apoyo continuado a Aegolf.