Ana Patricia tiene solo 35 años, pero ya le duelen “todos los huesos del cuerpo”. Desde hace siete años, cuando llegó a Lorca desde su Nicaragua natal, se levanta cada día a las cuatro de la mañana para alcanzar a coger el autobús que la dejará en los invernaderos donde trabaja, literalmente, de sol a sol. Tras muchas penurias, ahora ya tiene contrato de trabajo y cobra ocho euros la hora, el doble que lo que perciben otros compañeros “sin papeles”. Sin embargo, cuando descuenta de su sueldo el precio de la habitación donde duerme, los gastos de agua, luz y butano, y los 500 dólares que envía a sus padres para la crianza de la hija que dejó en su país a su cuidado, apenas le quedan cien euros para pasar el mes. “A veces me pregunto si todo este sacrificio merece la pena para terminar viviendo prácticamente en la miseria”, cuenta mientras se dirige a casa tras otra extenuante jornada.

Esta joven es una de los miles de trabajadores pobres que sostienen la economía de Lorca, uno de los motores agroalimentarios de la Región de Murcia. Las numerosas explotaciones agrícolas que se extienden por su amplio término municipal —el segundo más grande de España—, su medio centenar de empresas hortofrutícolas y la actividad ganadera que genera una cabaña que supera el millón de cerdos, forman parte de una cadena productiva conectada con los mercados nacionales e internacionales.

Sin embargo, el dinamismo del sector convive con una realidad desoladora: una gran parte de la población tiene grandes dificultades para transformar su trabajo en el campo en estabilidad económica, acceder a una vivienda digna y construir un proyecto de vida sólido a largo plazo.

Cuando el crecimiento económico no va ligado al bienestar ciudadano

El nuevo mapa de rentas de España, elaborado a partir de los datos del IRPF de 2024 y difundido por elDiario.es, permite observar las diferencias entre barrios y secciones censales. En Lorca, los datos sobre renta, vulnerabilidad, empleo y vivienda plantean una pregunta: ¿hasta qué punto la riqueza que genera el municipio se traduce en bienestar para sus vecinos?

Recientemente, desde el equipo de Gobierno municipal formado por PP y Vox, se felicitaban porque el número de empresas radicadas en Lorca que facturan más de un millón de euros haya crecido un 33% en la última década.

Frente a la buena salud empresarial, en esa misma década, el número de habitantes del municipio que vive en barrios considerados vulnerables ha pasado del 44,43% al 63%, según el último número de la revista ‘Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una horquilla de tiempo en la que Lorca ha pasado de tener cuatro a ocho barrios vulnerables y la población residente en ellos ha aumentado de 40.805 a 60.416 personas.

La evolución es especialmente significativa en los niveles más graves. En 2011 no había ningún barrio lorquino clasificado con vulnerabilidad severa; en 2021 se identificaron tres: la pedanía de La Hoya, San Cristóbal y San Diego-Apolonia, donde el porcentaje de vecinos de origen migrante, cuya ocupación está principalmente ligada al sector primario, llega al 44,6% en algunos casos. Estas clasificaciones no definen por sí solas la vida de cada vecino ni convierten a un barrio en una realidad homogénea, pero sí alertan de desigualdades que requieren respuestas sostenidas.

Empleo ligado al calendario de las campañas

La agricultura lorquina ha desarrollado una potente industria exportadora y genera puestos de trabajo en explotaciones, almacenes, cooperativas, transporte y comercialización. El desafío surge cuando esa capacidad productiva convive con empleos inestables, salarios bajos y pocas posibilidades de progresión profesional.

La profesora María López Martínez, del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), identifica entre las características del sector las “elevadas tasas de temporalidad, la siniestralidad y el bajo nivel de formación” de parte de la mano de obra. Son factores que condicionan tanto las oportunidades laborales como la capacidad de los trabajadores para mejorar sus ingresos con el paso del tiempo.

La temporalidad no se limita a la duración de un contrato. Quien encadena campañas suele tener ingresos desiguales, lo que conlleva dificultades para organizar los gastos mensuales. Si el trabajo depende de los calendarios agrícolas, la economía personal y familiar también queda expuesta a las condiciones meteorológicas, las fluctuaciones del mercado y los cambios en la demanda de mano de obra.

La investigación académica sobre el trabajo jornalero en la Región, como la desarrollada por el sociólogo Antonio J. Ramírez Melgarejo, de la UMU, ha analizado la eventualidad como una característica estructural del mercado agrícola. Para algunos trabajadores, la incertidumbre se convierte en rutina: trabajar durante la campaña y ajustar los gastos cuando termina.

Esta es una de las paradojas del modelo: una actividad rentable para la cadena empresarial ofrece a parte de quienes la sostienen una capacidad limitada para ahorrar, independizarse o afrontar imprevistos.

Abusos en la vivienda

La estabilidad laboral y el acceso a la vivienda están estrechamente relacionados. Un ingreso irregular dificulta asumir un alquiler, reunir una fianza o demostrar solvencia ante un propietario o una entidad bancaria; a su vez, un alquiler elevado reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, suministros y otros gastos básicos. La vivienda no es, por tanto, un asunto separado de la renta: determina cuánto queda al final del mes.

Jennifer, de origen ecuatoriano, paga 350 euros al mes por una cama en un piso alquilado en el barrio lorquino de San José. “Comparto cuarto con otras dos personas que no conocía de nada. En el piso, somos nueve en total, hombres y mujeres. La selección la hace el casero, que además cobra 400 euros por dar de alta en el padrón”, explica a elDiario.es Región de Murcia.

La sobreocupación —los llamados “pisos patera”— o las situaciones de infravivienda, en las que el número de residentes o las condiciones del inmueble no permiten una habitabilidad digna ni salubre, junto con el negocio fraudulento de los empadronamientos, es un problema de tal magnitud en el municipio que su ayuntamiento tuvo que aprobar en 2023 una ordenanza reguladora específica y endurecer los procedimientos sancionadores para hacer frente a esta problemática.

Cuatro municipios, distintas estructuras económicas

La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de Lorca se sitúa en el 35,3%, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN RM). La cifra supera en casi tres puntos la media regional —del 32,5%—, que ya de por sí se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea.

En municipios con una presencia importante de empleo agrícola, esta distinción resulta fundamental. Tener trabajo no garantiza necesariamente ingresos regulares durante los doce meses, capacidad de ahorro o acceso a una vivienda adecuada. La cuestión no es negar la importancia de la agricultura para la economía local, sino analizar si la riqueza que genera se traduce en condiciones de vida más seguras para el conjunto de la población.

La comparación con otros municipios ayuda a situar las cifras de Lorca. Los datos de renta neta media por hogar del Atlas del Instituto Nacional de Estadística reflejan una diferencia anual de 4.204 euros a favor de los habitantes censados Molina de Segura, que cuenta con un importante tejido empresarial en el que destacan la industria, la logística y el comercio; respecto a la ciudad de Murcia, que concentra servicios administrativos, sanitarios, universitarios y profesionales, la brecha con Lorca alcanza los 3.504 euros; y frente a Cartagena, que combina actividad portuaria, industrial, logística y turística, llega a los 1.306 euros.

Cómo romper el círculo

Patricio Rosas Martínez, director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, apunta soluciones para mejorar la distribución de la riqueza. Reflejado en el estudio que ha coordinado bajo el título ‘Condiciones laborales en la agricultura de la Región de Murcia’, las respuestas pasan, en primer lugar, por mejorar la calidad del empleo, con contratación más estable, formación, prevención de riesgos y mejores itinerarios de promoción profesional.

También por la necesidad de generar más valor añadido en el propio territorio. Es decir, para los expertos “no basta con producir y exportar, también importa dónde se desarrollan las actividades de mayor valor”. Desde esa óptica, la transformación agroalimentaria, la innovación, la logística especializada y los servicios tecnológicos asociados al campo pueden abrir oportunidades para empleos de mayor cualificación.

La diversificación empresarial es otro de los retos que debería afrontar el municipio. “Apoyar la industria, los servicios profesionales, la formación especializada y el emprendimiento permitiría reducir la dependencia de los ciclos agrícolas”, apuntan. El objetivo ahí no debería ser aumentar sin más el número de empresas dedicadas a actividades similares, sino “atraer y consolidar proyectos capaces de ofrecer empleo estable y salarios competitivos”.

Respecto a la vivienda, aseguran que debe abordarse como una infraestructura económica esencial. “El control del padrón, por sí solo, no sustituye a una política residencial y social que responda a las necesidades reales”, aseguran desde el Colegio de Economistas. También consideran necesario aumentar la oferta residencial asequible y movilizar el uso de viviendas vacías para mejorar las condiciones de vida y, de paso, facilitar la emancipación juvenil.

Cientos de trabajadores del metal, convocados por UGT, CCOO y USO, han recorrido este miércoles los polígonos industriales de Lorquí, Espinardo y Murcia en la segunda jornada de la huelga indefinida del sector en la Región. La marcha arrancó a las 10.00 horas en la rotonda de Myrtea, en Murcia, y desde allí se dirigió al final de la avenida Miguel de Cervantes, cortando la circulación en varias calles a su paso. Los piquetes interrumpieron también el tráfico en ambos sentidos de la N-301, entre Murcia y Molina de Segura, a la altura de la rotonda de Los Puros, y en los accesos a los polígonos de Molina y Lorquí.

En Lorca, los manifestantes cortaron el tráfico en algunas calles del polígono de Los Peñones antes de iniciar su recorrido hacia el Ayuntamiento de la ciudad. A diferencia de lo ocurrido en la primera jornada, cuando los agentes llegaron a emplear pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los piquetes en el Valle de Escombreras, las marchas de Murcia, Molina de Segura, Lorquí y Lorca han transcurrido este miércoles sin incidentes. En Cartagena, en cambio, los piquetes mantuvieron bloqueados durante la mañana los accesos a las zonas industriales con barricadas levantadas con quitamiedos y piedras.

Las movilizaciones acumulan ya cuatro detenidos en dos días, los dos últimos arrestos se produjeron esta madrugada en los accesos al astillero de Navantia, en Cartagena. Según la versión policial, un piquete que mantenía cortada la carretera con neumáticos ardiendo trató de impedir el paso de un camión de bomberos y la Policía Nacional detuvo a dos de sus integrantes por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los otros dos arrestos se produjeron este martes, sobre las 17.00 horas, en el Valle de Escombreras. La Guardia Civil detuvo a dos personas por desórdenes públicos y daños después de encontrar neumáticos en un vehículo.

Nuevas negociaciones

Patronal y sindicatos mantienen desde las 17.00 una nueva reunión en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) después de que la del lunes se prolongara durante diez horas sin acuerdo.

Las centrales sindicales afrontaban el encuentro con poco optimismo, especialmente después de que la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) cifrara en un 2,8% el seguimiento a primera hora de la primera jornada y asegurara que el 99% de los negocios había abierto con normalidad. Los sindicatos sitúan el seguimiento muy por encima: José Antonio Nieto, de UGT, lo eleva al 90% en el Valle de Escombreras y a entre el 60 y el 65% en Murcia.

El conflicto afecta a un sector que agrupa a unos 35.000 trabajadores de 8.500 empresas de la Región de Murcia. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y laborales en el convenio colectivo, así como mayores garantías para la plantilla de las empresas auxiliares. La Fremm, que el martes pidió a los sindicatos la suspensión de la huelga y reclamó sanciones por la concentración ante su sede, defiende su disposición a seguir negociando.

La policía “no puede sustituir a la negociación colectiva”

Desde la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) han calificado de “graves” los incidentes registrados en los polígonos industriales, en especial en los de Cartagena, el Puerto y el Valle de Escombreras. La organización ha expresado su preocupación por las repercusiones que esta situación está teniendo sobre trabajadores y empresas, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, el diálogo y la negociación para resolver el conflicto.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, remitió el martes una carta a la Fremm en la que instaba a retomar las conversaciones con los sindicatos “con voluntad efectiva de alcanzar un acuerdo”, y advertía de que la actuación policial “no puede sustituir a la negociación colectiva”.

La huelga indefinida del sector del metal en la Región de Murcia ha arrancado este martes con importantes alteraciones del tráfico, concentraciones de trabajadores y enfrentamientos con la Guardia Civil en los accesos al Valle de Escombreras, en Cartagena. La intervención de los agentes, que han recurrido a material antidisturbios para dispersar a los manifestantes, ha marcado las primeras horas de una movilización que afecta a unos 35.000 empleados y que se produce tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y patronal.

El momento de mayor tensión se ha vivido en la carretera de acceso al complejo industrial de Escombreras, donde varios camiones cisterna y otros vehículos permanecían detenidos por la presencia de los piquetes. Después de pedir a los concentrados que despejaran la vía, los agentes desplegados en la zona han utilizado gases lacrimógenos, disparos de salvas y pelotas de goma para intentar restablecer la circulación.

“Los empleados se han unido a la huelga desde las cinco de la mañana y vamos a seguir hasta que nos escuchen”, ha dicho a este periódico José Antonio Nieto, secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. “El seguimiento ha sido mayoritario, se han unido miles de trabajadores”, que han lanzado consignas como “ni un paso atrás con la huelga del metal”.

Las protestas también han provocado problemas de movilidad en otros puntos del municipio. Entre los accesos afectados figuran la carretera de Cala Cortina a Escombreras y la CT-34, que comunica la autovía con la dársena industrial. Asimismo, se han registrado retenciones en las inmediaciones de las instalaciones de Sabic y Navantia, donde los trabajadores se han concentrado desde primeras horas de la mañana.

Los sindicatos han cifrado en torno al 80 % el seguimiento del paro. La convocatoria, respaldada por UGT, CCOO y USO, se extiende al conjunto de la industria regional vinculada al convenio del metal y busca desbloquear una negociación que lleva meses sin satisfacer las demandas de la representación laboral.

Un conflicto salarial sin acuerdo con la patronal

La movilización ha comenzado después de que la última reunión entre las organizaciones sindicales y la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), celebrada el lunes, terminara sin avances suficientes para evitar el paro. Ambas partes tienen previsto volver a reunirse el miércoles por la tarde en un nuevo intento de acercamiento.

El desacuerdo se centra en las condiciones económicas del convenio y en varias cuestiones laborales que los sindicatos consideran fundamentales para mejorar la situación de los trabajadores. Uno de los principales puntos de fricción es la cláusula de compensación y absorción salarial, que permite descontar determinadas mejoras de otros complementos o cantidades que ya percibe el empleado. Según las organizaciones sindicales, este mecanismo puede reducir el efecto real de los incrementos salariales, especialmente cuando se tiene en cuenta la evolución de los precios.

También continúa sin resolverse la controversia sobre el plus industrial de 24 euros que reclaman los representantes de los trabajadores. Los sindicatos exigen que esta cantidad no pueda neutralizarse mediante otros conceptos retributivos, mientras que la patronal ha planteado en anteriores encuentros una cuantía inferior.

Servicios esenciales durante el paro

La Administración regional ha establecido servicios mínimos para garantizar la continuidad de determinadas actividades cuya interrupción podría comprometer la seguridad o la atención de emergencias.

Durante la huelga se mantendrá la atención de aquellas actividades esenciales para garantizar el abastecimiento y la seguridad. Entre ellas se encuentran las intervenciones necesarias en las infraestructuras eléctricas, las redes de gas y combustibles y el suministro de agua. Asimismo, deberá asegurarse la respuesta ante incidencias en instalaciones industriales que almacenen o utilicen sustancias peligrosas, así como la asistencia urgente en caso de avería de ascensores.

La cobertura de estos servicios se organizará tomando como referencia los dispositivos de guardia previstos habitualmente para los días festivos y los fines de semana.

El transporte público de la Región de Murcia irá finalmente a la huelga este miércoles y jueves, días 1 y 2 de julio, tras haber terminado sin acuerdo la reunión de mediación convocada este martes en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL).

Los autobuses urbanos, interurbanos y el tranvía de las empresas Monbus, Interbus, Grupo Ruiz y Tranvía de Murcia iniciarán el paro esta semana, afectando especialmente a los municipios de Murcia y Cartagena. Quedan excluidas las líneas de largo recorrido superiores a 20 kilómetros, que funcionarán con normalidad.

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado servicios mínimos del 60%, que podrá reducirse hasta el 40% en las horas valle. En Cartagena, el servicio se mantendrá igualmente al 60%.

El conflicto se centra en la negativa de la patronal a elaborar un calendario anual de descansos que permita a las plantillas conocer con antelación cuándo librarán, para poder conciliar con la vida familiar. Actualmente, los conductores permanecen disponibles prácticamente todo el año para cubrir refuerzos e incidencias, con turnos variables y sin descansos planificados; el incremento de servicios en temporada estival o en el inicio del curso universitario se cubre con la misma plantilla, suprimiendo descansos en lugar de incorporar nuevos trabajadores. A esa reivindicación se suma la exigencia sindical de una subida salarial del 2,9% para 2026 y una actualización de las tablas retributivas para 2027 y 2028 conforme al IPC nacional.

UGT, sindicato convocante, ha señalado en un comunicado que “después de meses de negociación, de intentos de diálogo y de buscar soluciones, la respuesta sigue siendo la misma: bloqueo, falta de compromiso y cero garantías para los trabajadores”. El sindicato ha recordado que “esta lucha no es de una empresa ni de un grupo concreto”, sino “una lucha de todos y para todos”, puesto que lo que se consiga ahora “marcará el presente y el futuro de todo el sector”. Asimismo, UGT ha convocado a toda la plantilla a participar en la manifestación del 2 de julio.

Para el jueves 2 de julio está convocada esa manifestación, de nueve a once de la mañana, con salida desde la Plaza Circular de Murcia, recorriendo la Gran Vía hasta llegar al Ayuntamiento.

El frente de Cartagena

El Comité del Transporte Urbano de Cartagena ha decidido sumarse a la huelga regional como medida de protesta ante el reiterado incumplimiento del convenio colectivo por parte de la patronal, según ha explicado su presidenta, María Jesús Pose, a través de un comunicado.

Pose ha denunciado la “falta de voluntad negociadora” de la patronal, a la que ha calificado de “inflexible”, y ha señalado que continúan pendientes cuestiones fundamentales recogidas en el convenio, entre ellas la elaboración y entrega del calendario laboral correspondiente, “al igual que en el municipio de Murcia”.

La presidenta del comité ha denunciado también irregularidades relacionadas con los períodos de descanso de la plantilla. Según ha explicado, durante el último año los trabajadores han disfrutado únicamente de seis días de descanso en lugar de los ocho que les correspondían. El convenio establecía que esta situación debía regularizarse a partir del pasado 13 de abril, fecha en la que debían reconocerse y abonarse los días pendientes adeudados a los trabajadores. Sin embargo, según Pose, “este compromiso no se ha cumplido”.

Pose considera que la situación es “insostenible” y reclama el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados, así como una gestión administrativa que garantice el respeto a los derechos laborales recogidos en el convenio colectivo. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la patronal “para que abandone su postura de bloqueo y se siente a negociar soluciones que permitan restablecer la normalidad en el sector y garantizar unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores”.

Representantes del Comité del Transporte Urbano de Cartagena se desplazarán a Murcia para participar en las movilizaciones convocadas en el marco de esta protesta regional.

La Comunidad de Murcia ha experimentado un encarecimiento de la vivienda libre 15,6% en el primer trimestre de este 2026, el mayor incremento de todas las comunidades junto a Aragón, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. La Región supera con creces la media nacional, que sitúa este incremento en el 12,9%: los datos nacionales son alarmantes, siendo la tasa más alta desde el año 2007, y la Comunidad supera estas cifras por casi tres puntos porcentuales.

En comparación con el año anterior, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Unos índices que superan con creces a los de la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La subida del precio de la vivienda libre ha sido generalizada en todas las comunidades, encabezando el ranking Murcia y Aragón con un 15,6%, seguidas de cerca por Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por otro lado, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

Con respecto al trimestre anterior, las cifras muestran una aceleración del mercado inmobiliario murciano: el precio de la vivienda aumentó un 4,3%, dos puntos más que en los tres meses anteriores. Mientras que el de la vivienda incrementó un 1,8% y la usada un 4,7%. En España, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,5% el pasado trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de crecimiento.

El estallido del conflicto en Oriente Próximo ya se deja sentir en la economía española. El barril de Brent ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares, lo que ha empujado los precios de la gasolina y el diésel por encima de los 1,7 y 1,8 euros por litro. Entre los sectores más afectados, destacan el transporte por carretera y el agrario, según reconoce el propio Ejecutivo. Este último sector tiene un gran peso en la economía de algunas provincias españolas, como la Región de Murcia, reconocida a nivel europeo como una de las grandes productoras y exportadoras agroalimentarias.

En este contexto inflacionista, el Gobierno se reunió este lunes con el sector agrario y pesquero para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado de las hostilidades en Oriente Próximo, que ya están afectando a agricultores, ganaderos y pescadores en toda la Península. Se trata de la segunda reunión para abordar el problema que convoca el Ejecutivo, tras un encuentro con empresarios y sindicatos la semana pasada. Después del mismo, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno está preparando medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para el campo español.

El posible impacto de la crisis en el sector es “muy difícil de cuantificar”, apunta a este diario Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general de ASAJA Murcia. El aumento del precio de los fertilizantes, la subida del combustible y la energía, el incremento de los costes de producción, las trabas al comercio internacional… son varios los factores que pueden generar incertidumbre, especialmente para las empresas exportadoras murcianas. Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, batiendo su récord histórico y creciendo un 7,3% respecto al año anterior, según fuentes del Gobierno autonómico.

El sector denuncia una subida especulativa de los carburantes y los fertilizantes

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalan que las principales subidas que afectan al sector se están produciendo en el gasóleo agrícola y la urea, el fertilizante más utilizado a nivel mundial. Concretamente, el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea. El incremento de precios experimentado una semana después del inicio del conflicto fue de un 41% para el gasóleo agrícola y un 20% para la urea. “Lo que vemos no es una subida de precios por escasez real: es una subida de precios por anticipación especulativa. Los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron a precio anterior”, explican fuentes de la organización.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en el diagnóstico, y añaden que la subida del gasóleo afecta especialmente a los cultivos de regadío. En cuanto a la urea, los principales proveedores de España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, indica COAG: “Ninguno de estos orígenes depende del Estrecho de Ormuz ni se ve afectado directamente por el conflicto en curso. La participación de Irán en el suministro real de urea a España es limitada”.

Almacenes llenos antes de la escalada bélica

Otro argumento que utiliza COAG para justificar que la escalada de precios tiene un origen especulativo es que el gasóleo almacenado en España se compró antes del conflicto. “En menos de una semana no puede haber cambiado ni un litro de gasóleo en los depósitos españoles. El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos”, afirman fuentes de la organización agraria. UPA, por su parte, opina que “el miedo a desabastecimientos o a subidas aún mayores lleva a los agricultores y ganaderos a aprovisionarse, y eso está siendo aprovechado por la despiadada industria de los carburantes para aumentar sus márgenes”.

En total, COAG calcula para el campo español un sobrecoste de 700 millones de euros anuales para el gasóleo y 190 millones para la urea, lo que equivale a 17,2 millones semanales sumando ambos productos. Por ello, ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas, así como la activación de mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario.

Un paquete de medidas para las empresas murcianas

El pasado viernes, el presidente murciano Fernando López Miras se adelantó al Gobierno nacional y anunció un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en el territorio regional. El Ejecutivo autonómico calcula que se beneficiarán de ellas unas 600 empresas locales, y ya está en contacto con el Instituto de Fomento (INFO) y con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF) para poner a disposición de las empresas murcianas más damnificadas, especialmente aquellas dedicadas a la exportación, líneas de ayuda que les permitan atender los costes de la energía y el transporte, según explicó el presidente de la Región de Murcia en la Asamblea Regional. Así, las empresas exportadoras contarán con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios, mientras que el pago de los impuestos autonómicos y los tributos cedidos podrá ser aplazado y fraccionado.

Por el momento, todas las miradas están puestas ahora mismo en la posible duración del conflicto. Tanto los economistas como los inversores advierten que una prolongación indefinida podría desatar una crisis inflacionaria similar a la que se vivió cuando Rusia invadió Ucrania, aunque inicialmente la respuesta de los mercados haya sido más moderada en esta ocasión. Para Gálvez Caravaca, todos los factores que alimentan la incertidumbre, ya sean un aumento de los costes o las dificultades para exportar, pueden reducir la rentabilidad del sector agrícola murciano y terminar trasladándose al precio final de los alimentos si la crisis se prolonga.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha considerado que el “elemento pernicioso de la migración” es que haya personas en situación irregular, ya que es “dramático” para ellos y “un despilfarro de energía y capacidades para el país”, por lo que ha abogado por mecanismos extraordinarios de regularización como el que articula el Gobierno central.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Murcia, donde ha presentado este martes el informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', en el que se constata que los 10 millones de extranjeros hacen de España el cuarto país del mundo en volumen absoluto de migrantes, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Para Costas, la regularización extraordinaria que plantea el Gobierno es necesaria porque “es la única manera de incorporar a una población con todos sus derechos y deberes” y eliminar la “perniciosidad” que genera el no tener papeles.

Aunque la mayor parte de la población migrante está en situación regular, Costas ha subrayado que el fenómeno migratorio en España tiene la particularidad de que ha sido muy rápido, se ha desarrollado en apenas dos décadas frente a los 60 o 70 años que ha tardado en consolidarse en otros países, lo que hace indispensable esos procesos de regularización extraordinaria.

De hecho, ha habido ya seis de esos procesos de regularización, y ese rápido incremento de la población migrante, ha considerado, puede explicar el cambio en la percepción que la población española tiene de estas personas.

Así, ha señalado, tradicionalmente España ha tenido “una percepción amable, de acogida” sobre los migrantes que ha cambiado recientemente y de manera rápida, y el experto se ha preguntado si, como apunta el informe, se trata de una percepción.

En este sentido, ha destacado que el aumento de la población migrante, concentrada especialmente en ciertas zonas, no ha ido acompañado “de un aumento similar o de una mejora similar en la calidad de los servicios públicos fundamentales”.

Para el experto, “este punto ciego, el no haberse dado cuenta de que una concentración elevada de población en lugares determinados exigía también una mejora importante en los servicios públicos fundamentales, puede estar generando esa percepción negativa de la migración entre los españoles.

Por ello, el informe concluye que es necesario que el Estado dé más capacidad a las administraciones locales para mejorar esos servicios públicos, porque es en el ámbito de lo local donde se produce o no la integración de los inmigrantes y la cohesión social.

Además, ha subrayado como rasgo diferencial de la migración en España el hecho de que más de la mitad de las personas extranjeras son mujeres, por lo que ha hecho también hincapié en que las políticas públicas sobre inmigración deben tener una perspectiva de género para abordar la doble discriminación que sufren estas mujeres, como mujeres y extranjeras.

También como rasgo diferencial de la migración en España destaca su distribución geográfica desigual, concentrada principalmente en el arco Mediterráneo, desde Catalunya a Andalucía.

El informe analiza también las condiciones de vida de los inmigrantes y su integración laboral y concluye que hay “brechas importantes” en término de salarios y de calidad de empleo con respecto a los autóctonos, pero que se diluyen y convergen a los cinco años de la llegada de estas personas. Esa convergencia, según el informe, es mayor en el caso de las mujeres, y menor en el caso de las personas de origen africano.

En cuanto a los efectos que los migrantes tienen en el empleo de los autóctonos, no se encuentran efectos negativos en los salarios, y se percibe una mejora en la calidad del empleo, que logran mejores trabajos, porque los de rangos más bajos son ocupados por los extranjeros.

Por último, y entre otros aspectos, el estudio concluye que no hay un mayor consumo de prestaciones sociales, pensiones y otras ayudas por parte de la población migrante respecto a la española en términos generales.

El PIB aumenta, las exportaciones baten récords y el empleo crece. Y, sin embargo, la sensación de prosperidad no termina de llegar. La brecha entre crecimiento económico y bienestar real se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate económico actual. “Desde la caída del muro de Berlín, se ha creado más riqueza que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, aunque esa riqueza no se ha traducido en una prosperidad compartida” afirmaba hace unas semanas en el Foro Económico Mundial de Davos Larry Fink, CEO de BlackRock. “En las economías avanzadas, esa riqueza ha recaído en una proporción de la población mucho más reducida de lo que cualquier sociedad sana puede sostener a largo plazo”.

Esta crítica al capitalismo sostenida por el líder de la mayor gestora de activos del mundo no es una visión aislada. El Banco Mundial, en su último informe sobre pobreza y prosperidad, subraya que el crecimiento medio de los ingresos no basta para medir el desarrollo. Tras la pandemia, los avances en prosperidad compartida se han estancado en muchas economías, lo que obliga a mirar más allá del PIB agregado para comprender si una sociedad es cada vez más rica.

En la Región de Murcia, esa brecha entre indicadores macroeconómicos y calidad de vida es especialmente visible. “Una cosa es la actividad económica y otra cuestión diferente es el bienestar de la población”, señala a este diario Patricio Rosas, vicedecano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia. En 2024, Murcia fue la comunidad autónoma de España con mayor crecimiento del PIB con un 4,5%, bastante por encima de la media nacional del 3,5% registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De cara a 2025, las previsiones de CaixaBank Research apuntan además a que la comunidad habrá seguido creciendo por encima de la media, matizando que “la economía de Murcia está teniendo un rendimiento muy sólido”

Sin embargo, el PIB per cápita cuenta otra historia. Con cerca de 27.000 euros por habitante en 2024, Murcia se sitúa más de 5.000 euros por debajo de la media española, de 32.600 euros, y entre las regiones con menor renta por habitante. Aunque representa alrededor del 3,2% de la población nacional —casi 1,6 millones de personas—, su peso en el PIB del conjunto de España apenas alcanza el 2,6%.

Productividad: el problema estructural

Preguntados por las causas de este fenómeno, los economistas apuntan a la baja productividad que arrastra la Región de Murcia y, de igual forma, el conjunto de la nación. Así, el crecimiento reciente se explica por un aumento del empleo, más que por las mejoras en eficiencia o valor añadido. “España, en términos nacionales, y Murcia también, tiene una productividad estancada de manera estructural”, sostiene Rosas.

Se trata de un fenómeno que trasciende lo regional. El último Informe de la Competitividad Regional de España (ICREG), elaborado por el Consejo General de Economistas, muestra que comunidades con menor nivel relativo de competitividad, como la Región de Murcia, Extremadura o Castilla-La Mancha, están creciendo por encima de la media, pero partiendo de posiciones rezagadas, concretamente en niveles del ICREG inferiores al 70% del promedio de 2008.

Entre los muchos factores que explican este estancamiento de la productividad, los economistas destacan la predominancia en la Región del sector agroalimentario, que genera gran actividad económica y exportaciones, pero es menos productivo que, por ejemplo, la industria tecnológica. “Economías como la de Murcia, con mayor presencia de actividades con baja productividad y bajos salarios, muestran un menor dinamismo en sus retribuciones medias”, asegura a esta redacción Fernando Sánchez Martínez, Catedrático de Universidad del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. A ello se suman además otros factores, como el predominio de las pymes, una menor inversión en I+D, el déficit de capital tecnológico, las limitaciones de las infraestructuras de la Región y un desajuste entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral, agrega Rosas.

Los salarios murcianos también se encuentran entre los más bajos del país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, el salario medio bruto mensual en la Región de Murcia se situó en 2.120,9 euros, la segunda cifra más baja entre todas las comunidades autónomas, frente a los 2.385,6 euros de media en España. Además, más del 37% de los trabajadores murcianos gana menos de 1.582,2 euros brutos al mes, una proporción superior a la de muchas autonomías.

El crecimiento demográfico limita el del PIB per cápita

Sánchez Martínez añade que, a la ecuación, también se suma el crecimiento demográfico: entre 2010 y 2024, la población murciana se incrementó un 8,3%, frente al 4,9% del conjunto del país. La consecuencia de ello es que, pese a que Murcia ha crecido más que la media nacional, su PIB per cápita no ha seguido el ritmo. El contraste con la Comunidad de Madrid es ilustrativo: “En Madrid está creciendo tanto el PIB que, aunque la población también aumente, su PIB por habitante continúa a la cabeza en crecimiento. No es el caso de Murcia”.

Además, Rosas incide en que buena parte de los nuevos empleados se incorporan a sectores como el de la construcción, el turismo, la hostelería y el agroalimentario que, por su naturaleza, no aportan gran productividad. “Aunque haya más personas trabajando, si el mercado laboral y las características del empleo generado no son estables, se produce una mayor brecha. Al perder calidad de empleo, el poder adquisitivo también disminuye”, asegura.

Exportar más no garantiza salarios más altos

Según datos del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia, las exportaciones murcianas alcanzaron los 14.236,8 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 1,5% con respecto al año anterior. Es una cifra superior a la media de España, que solo creció un 0,2%, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Asimismo, las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, una cifra récord que supone un incremento del 7,3% con respecto a 2024, tal y como anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la feria agrícola Fruit Logística de Berlín a principios de mes.

Para el vicedecano del Colegio de Economistas, no obstante, un récord en las exportaciones tampoco tiene por qué traducirse en un incremento de la renta por habitante. “El crecimiento de las exportaciones de la Región de Murcia está muy ligado al sector agroalimentario y al energético. En este segundo caso, tiene que ver con la variabilidad que existe dentro del polo energético, sobre todo, en la zona de Cartagena”. Es decir, se trata de un sector sujeto a fuertes fluctuaciones en precios, oferta y demanda, que no permanecen constantes en el tiempo

Vivienda, inflación y desigualdad

El bienestar no depende solo del empleo o del PIB. El acceso a la vivienda —principal preocupación de los españoles en los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)— absorbe una parte creciente de los ingresos familiares, según Rosas, que añade que una inflación elevada en bienes básicos también erosiona el poder adquisitivo.

Murcia presenta, asimismo, índices preocupantes en desigualdad. Según la tasa AROPE de 2024, la región figura entre las tres con mayor riesgo de pobreza o exclusión social y lidera la pobreza infantil. Además, en el último lustro, también ha tenido lugar en Murcia una ligera pérdida de peso de las rentas salariales de los trabajadores por cuenta ajena en favor de las rentas empresariales y mixtas, que incluyen los beneficios empresariales, las rentas de los autónomos y las ganancias de rentistas y propietarios, detalla Sánchez Martínez.

Rosas advierte que, si se señala a la baja productividad como la principal causa de que el crecimiento económico no se traduzca en un aumento del bienestar, el caso de la Región de Murcia es exportable al conjunto de España. Por tanto, aunque los grandes indicadores macroeconómicos continúen creciendo trimestre a trimestre, la cuestión es si ese crecimiento económico realmente se traduce en mejoras tangibles en la vida diaria de los ciudadanos e implica mejoras reales en sus salarios, oportunidades y calidad de vida.

El pasado 5 de febrero, mientras la borrasca Marta, segunda del mes tras Leonardo (nombres populares, para que nos vayamos familiarizando, quizá) tumbaba árboles y abría telediarios, se publicaba la encuesta anual de Condiciones de Vida del INE, reflejando datos que hablan de una tormenta mucho más discreta: más del 25% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 36% no pudo afrontar gastos imprevistos en 2025.

En paralelo, el precio de la vivienda sigue escalando hacia niveles que recuerdan a la antesala del estallido de la burbuja. El metro cuadrado ha superado su máximo histórico desde 2008. Un crecimiento que parece haber pisado el acelerador con fuerza en la Región de Murcia, donde la vivienda de segunda mano se ha encarecido casi un 30%, convirtiéndose en la comunidad donde más han subido los precios en el último año.

Frente a esta tormenta social y económica, el Sindicato de Vivienda de Murcia invitó el pasado viernes 13 al historiador, activista y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Pablo Carmona para presentar su libro ‘La democracia de los propietarios’ (2022) y ofrecer una ponencia sobre la cuestión de la vivienda y el papel de las organizaciones sociales en la céntrica librería Libros Traperos.

Aprovechando su paso por la ciudad, hablamos con Carmona sobre la crisis de la vivienda en España, las políticas públicas que la rodean o el papel de los movimientos sociales frente al conflicto.

Ha dicho en alguna ocasión que las políticas públicas en materia de vivienda no buscan solucionar el problema, las califica de ‘parche’, ¿a dónde considera que van dirigidas?

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios. Esto se traduce en que quienes son propietarios puedan vender sus viviendas a precios de mercado. Se trata de ‘la profecía del propietario’: cuando en la cena de Navidad, el primo dice que su propiedad cuesta medio millón porque lo ha visto en Idealista, y alrededor de esa cifra se construye todo un relato de cómo va a mejorar su vida. El Estado garantiza que eso sea posible, y esas condiciones se reflejan en políticas que benefician al propietario.

El único objetivo de las políticas públicas de vivienda del Estado español es mantener el valor de los activos inmobiliarios

A pesar de que hoy se habla mucho de políticas públicas de vivienda, todas han protegido al casero particular, que es el mayor tipo de rentista del país. La Ley de Vivienda permite que los propietarios obtengan beneficios fiscales por alquilar, sin penalizar precios desorbitados, e incluso ofrece desgravaciones por alquilar mientras mantienen su vivienda habitual.

¿Y qué justifica esa voluntad que, a su juicio, tiene el Estado de beneficiar al propietario?

Que el valor de las propiedades inmobiliarias en manos de particulares supera cuatro veces el PIB. Además de los niveles de ingreso salariales, es el principal activo que sostiene a la clase media.

Intervenir el sistema de reproducción de la propiedad y sus beneficios, hacer que bajen los precios y que ese activo valga menos… La realidad es que socializar la vivienda pasa por tocarle el bolsillo a una parte importantísima de población, más de dos millones de personas reciben ingresos por alquileres de vivienda en este país, por eso la cuestión se sigue mirando desde el punto de vista de los propietarios, no digamos ya en el Parlamento. Muchas veces digo que este conflicto se entiende mejor en términos de guerra civil que de guerra de clases.

¿Qué opina de la medida del fondo España Crece, por la que Sánchez ha anunciado que movilizará 23.000 millones para construir 15.000 viviendas al año?

Los anuncios del gobierno siempre tienen un aire grandilocuente demasiado alejado de la realidad. Debemos recordar que Sánchez ha anunciado en los últimos años en sus distintos planes más de 180.000 viviendas que no han terminado de concretarse.

A la espera de los detalles, se puede ver que el objetivo del gobierno es reactivar el sector constructor e inmobiliario español, algo que suele ir de la mano con el aumento de precios y el sobreendeudamiento de las familias.

Existe cierta sensación social de que la izquierda institucional, a la vez que aprueba leyes que terminan por beneficiar al empresario, intenta apropiarse del discurso de la lucha por la vivienda, ¿qué explicaría esta disociación?

El nivel de ilusión en el ámbito institucional es altísimo, y con ilusión me refiero a ilusionismo, como los magos. Incluso aunque la Ley de Vivienda se cumpliera y los precios se moderaran en las zonas tensionadas, el problema seguiría prácticamente igual. Aun así, la Ley fue celebrada por todos los partidos de la izquierda como un gran éxito de la democracia.

Han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron

En realidad, han sido las movilizaciones de vivienda las que han empujado a los partidos minoritarios dentro de las coaliciones progresistas a distanciarse de la propia Ley que en su momento tanto alabaron. Ha sido ahora cuando Podemos se ha convertido en adalid del movimiento de la vivienda, y Sumar tres cuartos de lo mismo. Ahora han empezado a buscar otro tipo de alternativas del lado de los movimientos de lucha de la sociedad organizada.

¿Y cómo debe responder la sociedad organizada ante esto?

Tenemos que saber quedarnos huérfanos. Empezar a desconfiar de que las medidas y políticas públicas progresistas van a solucionar el problema de la vivienda. Tiene un punto dramático saber que el Estado en ningún caso va a arreglar el problema, pero tiene un punto positivo saber que nos toca construir las alternativas.

¿En qué consisten esas alternativas?

La problemática de la vivienda tiene un problema fundamental que es el impago: no poder pagar la hipoteca o el alquiler. En 2008, miles de personas no podían pagar su hipoteca, se quedaron endeudados de por vida y de ahí surgió la ‘organización política del impago’. Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad.

Se trata de poner encima de la mesa el derecho fundamental de la vivienda, y que ese derecho esté por encima de los sistemas de precios y de propiedad

Es el punto de partida de una lucha que incluye también la okupación, atender a que miles de familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y que la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de 400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas.

El término ‘okupa’ carga gran un estigma negativo promovido, en gran parte, por medios de comunicación, ¿es posible revertir este discurso y que la sociedad deje de entender la idea de la vivienda como una mercancía para interiorizarla como un derecho?

Esa es una idea que siempre se intenta transmitir, pero sin caer en la ingenuidad. Muchos de los propietarios son de izquierdas, sin ir más lejos, el año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España y profesor de universidad, tras lo que fue expulsado del partido. Por tanto, esto no es una cuestión ética o moral, ni siquiera ideológica, es una cuestión política.

El año pasado una compañera de la PAH fue desahuciada por un miembro del Partido Comunista de España. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión política

Hay que construir una correlación de fuerzas y de posiciones políticas que permitan defender a quienes se están quedando fuera del mercado de la vivienda.

¿Hasta dónde cree que un Estado o sociedad debería estar dispuesto a limitar el derecho a la propiedad cuando entra en conflicto con el derecho de la vivienda?

Hasta que todo el mundo tenga una vivienda digna, lo que sucede es que esto entra en conflicto con el propio concepto de propiedad. El problema de la vivienda no se va a acabar hasta que no se acabe con el capitalismo.

El centro del capitalismo es la protección y la organización de la propiedad privada, lo que significa la acumulación de propiedades. Es lo contrario al reparto de la propiedad y de los bienes materiales que necesitamos para vivir. Uno de ellos, fundamental, es la vivienda.

La cuestión de la vivienda, ¿es un problema generacional o de clase?

El factor que influye principalmente es el de clase, que tiene que ver con el nivel de ingresos. Frente al mercado del alquiler, quienes peor lo pasan son las rentas más bajas. Es verdad que, en el caso de Madrid u otras grandes ciudades, existe un pequeño porcentaje de inquilinos de renta alta, pero fundamentalmente hablamos de un problema de clase, mezclado, evidentemente, con una cuestión generacional y también con el origen, en relación con dónde has nacido. Los extranjeros, proporcionalmente, viven más de alquiler y también son más jóvenes.

Por otro lado, está el problema de una parte de las clases medias: nuevas generaciones nacidas bajo el paraguas de esa clase media que no están teniendo facilidades para acceder a la vivienda, como sí hicieron sus padres o abuelos a través de la compra y las ayudas públicas, y que ahora se ven sometidos a un mercado de alquiler con los precios disparados.

Frente a este conflicto, alguna vez ha hablado de la ‘crisis de la imposibilidad’, que define como el ‘vivir como se pueda’.

Salvando las distancias, se trata de una crisis que recuerda a la de los años 40 y 50, con grandes movimientos poblacionales hacia Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga… Ahí es donde se produce esa crisis de imposibilidad: personas con trabajo que ni pueden hipotecarse ni, a veces, acceder a un alquiler, ya sea por no tener un contrato indefinido; la suficiente antigüedad; por no ser españoles -el racismo es un elemento del propio sistema de acceso a la vivienda- o, directamente, por la competencia del mercado.

La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega

El resultado es una situación de hacinamiento, alquiler por habitaciones y asentamientos informales. Ejemplos de esto se ven claramente en las periferias de Madrid o Barcelona. La Cañada Real Galiana es uno de los grandes ejemplos de cómo las clases populares construyen la ciudad que el capitalismo les niega.

A día de hoy, ¿ser propietario te sitúa en la clase media o te mantiene en la clase obrera?

Hay que tener en cuenta que el acceso a la propiedad hoy es algo radicalmente distinto a cómo fue en los años 70 y 80, cuando era habitual poder comprar una vivienda en 10 o 15 años, con un coste equivalente a los ingresos de cuatro o cinco años. Esto nos da una idea de la magnitud del problema actual: quien hoy accede a la vivienda sin mayor problema no es el mismo tipo de propietario que entonces.

Si antes hemos hablado de crisis de la imposibilidad, también existe la crisis de la inasequibilidad, marcada por el desajuste entre ingresos y alquileres, que en muchos casos obliga a destinar el 40, 50 o 60% del salario a la vivienda. También está la crisis de la asequibilidad, para quienes aún pueden comprar, pero acceden a hipotecas desde el inicio prácticamente insostenibles.

¿Cree que deberíamos empezar a hablar de la responsabilidad moral del propietario?

Deberíamos hablar de una responsabilidad ‘igual’. Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios.

Lo que une al propietario de siete viviendas en alquiler con el propietario de una es el interés por aumentar al máximo sus beneficios

La cuestión sería, por un lado, cómo limitar al máximo o incluso eliminar el beneficio de esos propietarios, eliminar la idea de que la vivienda tiene que ser un negocio; y, por otro, cómo proteger a los miles de personas que en los próximos años van a caer en el impago. Personas que no son ‘ellos’ porque podemos llegar a ser nosotros mismos. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial nos dicen que el aumento de ejecuciones hipotecarias, es decir, personas que durante un tiempo dejan de pagar la hipoteca y acaban en desahucio, ha crecido sustancialmente en los últimos años.

¿Cuál es el riesgo de que una sociedad normalice los desahucios?

La normalización tiene que ver con la idea de que a uno no le va a tocar, y eso no es cierto. Las crisis de empleo, como pasó en 2008, donde mucha gente se fue a la calle, también son crisis de impago de vivienda, y eso afecta a quien tiene hipoteca, a quien vive de alquiler, y a quien no tiene ninguna de las dos cosas.

Además, influye la falta de empatía de esa parte de la sociedad propietaria, asentada y todavía mayoritaria, que observa el problema de la vivienda con cierta distancia.

Cartagena es uno de los principales puertos del Mediterráneo, pero cuenta con una importante desventaja competitiva con respecto a otros enclaves similares en España y Europa. La falta de una infraestructura ferroviaria que conecte la ciudad con el Corredor Mediterráneo lastra su crecimiento económico. El impacto es directo en el comercio, el turismo y la vida diaria de sus más de 200.000 habitantes, que se sienten profundamente aislados del resto del país. “La región ha quedado desvertebrada económica y socialmente”, señala a esta redacción Roberto Barceló, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (Consumur).

Según datos oficiales de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Cartagena cerró el 2025 como el cuarto puerto más relevante de España en el transporte de mercancías, con un total de 34.388.929 millones de toneladas (graneles sólidos, líquidos y mercancía general). Además, el Puerto de Cartagena no se entiende sin el Valle de Escombreras, un nodo industrial estratégico estrechamente ligado al tráfico portuario y ferroviario. Este enclave tuvo en 2024 un impacto económico total sobre la economía española estimado en unos 5.200 millones de euros, tal y como recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dirigido por el economista Antonio García Sánchez.

Para el investigador, Escombreras sería un polo energético e industrial de gran relevancia a nivel nacional si tuviera una conectividad ferroviaria eficiente, especialmente con un ancho europeo de vía con el Corredor Mediterráneo. “El aislamiento ferroviario real de Cartagena tiene efectos económicos claros: menos turismo, menor competitividad logística, mayor coste de exportación e importación y una pérdida considerable de oportunidades de empleo y actividad económica”, explica a este diario, añadiendo que la falta de infraestructuras obliga a mover mercancías por carretera, incrementando costes y emisiones.

Si bien no existen cifras ni estudios que cuantifiquen con precisión la pérdida económica que supone para Cartagena su desconexión ferroviaria, la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje la califican de “grave”. “La mayor pérdida es la de oportunidades”, señala a este periódico Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. La popular incide en que el tren es “básico” para el turismo nacional y el de congresos: “Es frustrante programar grandes proyectos y convencer a inversores cuando han cortado nuestro cordón umbilical con el centro de la península”.

Cierre de la línea Cartagena-Madrid

Los expertos coinciden en que la inversión en las líneas ferroviarias murcianas de las últimas décadas no ha sido la óptima. Un estudio sobre las infraestructuras de transporte de mercancías en la región dirigido por el Colegio de Economistas destaca su irregularidad, señalando que fue “escasa o nula” hasta el año 2013 y se incrementó de forma sensible en 2018 y 2019, coincidiendo con las obras destinadas a la infraestructura del AVE.

Además, la llegada de la alta velocidad a la capital murciana en 2022 no resolvió ningún problema a los cartageneros. Más bien al contrario, ya que el aprovechamiento del trazado de AVE ya existente a través de Alicante supuso el cierre de la línea directa convencional entre Cartagena y Madrid, forzando a los vecinos a desplazarse a Murcia para viajar a la capital.

“Para hacer 50 kilómetros, necesitas una hora. Si te descuidas, no te da tiempo ni a hacer la conexión”, cuenta a esta redacción José, que trabaja en Cartagena y se desplaza a Madrid varias veces al año por motivos laborales. Este vigilante de seguridad reconoce que suele quedarse una noche más a dormir en la capital para poder volver a su ciudad: el último AVE hacia Murcia llega demasiado tarde como para que le dé tiempo a alcanzar el último tren de proximidad hasta Cartagena.

Aplicando “criterios de coste y beneficio del propio Ministerio”, el Ayuntamiento de Cartagena calcula que el retraso de hora y media que sufren los pasajeros que tienen que cambiar de tren en Murcia habría costado hasta ahora siete millones de euros a los propios viajeros. El consistorio se basa en un análisis de rentabilidad de la estación de AVE de Elche realizado por el Ministerio de Transportes para obtener esas cifras. Este diario ha contactado con el organismo que dirige Óscar Puente para la realización de este reportaje, pero no ha obtenido respuesta.

No solo los ciudadanos pagan el precio, también lo hacen las empresas. “Las empresas asentadas en Cartagena son menos competitivas frente a otras similares ubicadas en regiones con mejor conectividad ferroviaria, lo que reduce inversiones, localizaciones empresariales y oportunidades de crecimiento local”, apunta García Sánchez.

Asimismo, el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla, la principal vía ferroviaria de la Región de Murcia, condiciona la circulación natural del transporte de mercancías, ocasionando un perjuicio directo sobre la economía de la Región de Murcia y también de la provincia de Albacete. Así lo afirma la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, de la que forma parte el técnico ferroviario Antonio del Campo. “Ese corredor está dentro de la obligación de servicio público. Por lo tanto, los trenes se tienen que poner”, asegura, tajante.

Una red de cercanías obsoleta que “obliga” a utilizar el coche

Pero para los habitantes de Cartagena no todo se reduce a la falta de una línea de alta velocidad. “Si yo viviese, trabajase o estudiase en Cartagena, el primer problema para mí no sería si llegaba el AVE o no, sino tener un buen servicio de cercanías”, continúa Del Campo.

El servicio de trenes de proximidad entre las dos principales ciudades de la Región de Murcia cuenta con apenas diez frecuencias diarias y una flota especialmente envejecida, con algunos trenes fabricados en los años 80, indica el especialista. Esta conexión ferroviaria lenta y sin electrificar limita el uso cotidiano del tren como alternativa al coche, añade García Sánchez. “La gente opta por el coche, lo que encarece los desplazamientos y empeora la calidad de vida”, asevera.

Asimismo, para el economista, una de las consecuencias más graves de la ausencia de conexiones rápidas con grandes ciudades es la reducción de la llegada de visitantes y estudiantes. “Esto limita el impacto económico que genera el ocio y el turismo, particularmente el de fin de semana y el de congresos y convenciones, además de las oportunidades de intercambio cultural que impulsan sectores creativos y formativos”, subraya. Si bien desde el Ayuntamiento de Cartagena enfatizan que el número de congresos se ha incrementado en los últimos años, Arroyo lamenta que “los organizadores tienen que convencer a los colegios profesionales y asociaciones de que merece la pena el viaje”.

La llegada del AVE podría retrasarse una década

Este mes de febrero se cumplen cuatro años desde que Cartagena dejó de estar conectada por tren con Madrid. Arroyo asegura que la conexión por vía convencional no regresará hasta, al menos, finales de año. “Tenemos garantizado, por tanto, cinco años de aislamiento por ferrocarril. Es una situación vergonzosa y una enorme injusticia para los vecinos y las empresas”, lamenta. Sin embargo, la llegada del AVE podría demorarse aún más. “A la marcha que llevan las obras, es probable que esta infraestructura pueda terminarse en torno a 2033 o 2035. Estamos hablando de ocho o diez años para que realmente se puedan terminar todas las obras”, afirma Del Campo.

Para este experto, el AVE no ha llegado aún a Cartagena por motivos que nada tienen que ver con el aspecto técnico. En ese sentido, reconoce que la complejidad de las obras aumenta cuando ya hay trenes circulando, además de la dificultad añadida que supone construir un túnel para cruzar la Sierra de Altaona y acondicionar la entrada a la estación de Cartagena. No obstante, Del Campo achaca los retrasos más bien a un problema de financiación: “Estamos hablando de cincuenta kilómetros, no de doscientos. Hay mucho dinero ya metido en la conexión con Murcia y en la línea hacia Lorca y Almería. Es probable que, al acompasar todo al mismo tiempo, haya dificultades”.

Cartagena paga un “impuesto logístico implícito”

Desde la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, insisten en la necesidad de intensificar e impulsar las obras del tramo Murcia-Cartagena y en la de transformar el túnel proyectado de vía única en la Sierra de Altaona en un túnel de vía doble para evitar que se forme un cuello de botella. Tanto Del Campo como Barceló creen que el aislamiento ferroviario de Cartagena también tiene mucho que ver con la política y la priorización de la conectividad en otras zonas de la Península Ibérica.

En concreto, Barceló piensa que la ausencia de una política estatal articulada con respecto a este tipo de decisiones implica que se acaben tomando en función de la “fuerza” que tenga cada comunidad autónoma. Aunque insiste en que desde la organización no defienden un desarrollo “a costa de los demás”, sino “solidario”, sí que asegura que Murcia ha quedado relegada históricamente, junto a Extremadura, en el desarrollo ferroviario: “Estamos muy por debajo de nuestro potencial porque no tenemos la infraestructura”.

Desde el Colegio de Economistas tienen claro que, para posicionar la Región en los ejes futuros del transporte de mercancías, se precisa de una visión de conjunto y una adecuada planificación y cumplimiento de proyectos concretos que mejoren la conectividad por ferrocarril, tanto con Madrid como con Andalucía, además de dentro del propio Corredor Mediterráneo.

Para García Sánchez, Cartagena está pagando un “impuesto logístico” implícito, concretado en más coste en transportes y menor atractivo para inversiones. “El aislamiento ferroviario de Cartagena no es un concepto abstracto: impacta cada día en la vida de sus residentes y en la capacidad de la ciudad para crecer económica y socialmente”, puntualiza.

Los empleados de la multinacional Sabic en Cartagena han protagonizado este miércoles una protesta masiva a las puertas de la factoría, donde han recibido entre abucheos al director de la empresa en Europa, Rütger Bosch. Los trabajadores, que piden transparencia sobre su futuro y la venta de los activos de la multinacional saudí a un fondo inversor alemán, han zarandeado el vehículo de Boch cuando accedía a la planta de La Aljorra.

El presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez, ha denunciado que la reunión que han mantenido con el directivo europeo ha causado aún más incertidumbre y angustia a los empleados de la planta: “Hace doce días [Rütger Bosch] dijo que se había producido la venta a Mutares, que no sabían en qué fecha se iba a materializar, pero que el fruto de ese acuerdo era el cierre de la planta. Ahora dice que durante 2026 la planta seguirá siendo de Sabic, y que cuando llegue Mutares el año que viene no es seguro si cerrarán la planta”.

Sánchez ha recordado que el cese de producción ya ha sido comunicado a la autoridad laboral, por lo que considera este giro de Sabic una “tomadura de pelo” al comité de empresa y a los trabajadores: “Quieren mantener la producción este año y seguir ganando dinero para que después llegue un fondo buitre y nos cierre”.

El presidente del comité ha apuntado que evadir oficializar el cierre mientras la planta está en manos de Sabic podría ser una estrategia de la compañía para no tener que aplicar medidas sociales que palíen los despidos: “Lo primero que le hemos pedido al director europeo es que queremos negociar con la central en Holanda las medidas sociales. Por mucho que digan que no son ellos las que las van a ejecutar, tienen que hacerse responsables”, ha exigido. “Queremos un asesoramiento legal de calidad pagado por Sabic y elegido por nosotros para poder hacer un seguimiento de este proceso”, ha añadido.

De no cumplirse las peticiones de los trabajadores, ejecutarán un calendario de paros de producción: “Vamos a parar la producción y hasta que no tengamos una respuesta clara y una negociación clara que salve a las personas, no vamos a seguir trabajando”, ha anunciado. “No vamos a seguir produciendo mientras ultiman sus instalaciones en Arabia, para que acto seguido nos despidan cuando estén terminadas”, ha apuntado Sánchez.

“No podemos permitir que en Cartagena se nos esté engañando para que sigamos trabajando y que cuando llegue el 1 de enero directamente nos cierren y nos echen a la calle”, ha insistido.

3.500 empleos directos e indirectos

El desmontaje y la deslocalización han sido procesos que CCOO describe como “paulatinos pero constantes”. En 2019 había cuatro plantas en las instalaciones de La Aljorra que daban empleo a 800 personas. La primera planta que se cerró fue la de Ultem, en 2020, con un ERE que supuso el despido de 76 trabajadores. En 2023 se anunció el cierre de la planta de Lexan 2, tras dos ERTES con 112 despidos. En la actualidad sobreviven dos plantas que dan empleo a 500 personas de plantilla directa -350 de ellos, en Lexan 1-. Por otro lado, decenas de empresas auxiliares suman otros 3.000 puestos de trabajo, considerando el empleo indirecto y el inducido.

La dirección de SABIC ha anunciado este mes de enero el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de la factoría por el fondo de inversión alemán Mutares. Tal y como describe CCOO, el grupo inversor “no ofrece ninguna confianza ni seguridad de continuidad en la producción ni a medio ni a corto plazo”. Dicha planta está dedicada específicamente a la fabricación de resinas de policarbonato de alto rendimiento, un material clave para diversas industrias.

CCOO ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para que eviten el cierre de la planta y los despidos que ello conllevaría: “Ni la comarca de Cartagena ni la Región de Murcia pueden permitir la desaparición de uno de los pilares fundamentales de la economía industrial”.

UGT y CCOO han anunciado el martes una campaña de movilizaciones con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio de establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia que lleva más de 15 años paralizada.

Entre las acciones programadas por los sindicatos resalta una campaña de información para los usuarios de los hospitales privados, principalmente los gestionados por la empresa mayoritaria, Ribera Salud, para que conozcan de primera mano, las condiciones laborales de las personal que les atienden y la precariedad asistencial que ello supone.

Además, las organizaciones enviarán una carta al consejero de salud y al presidente de la comunidad autónoma para denunciar “la situación de bloqueo en que se encuentra el convenio de la sanidad privada y la precarización de las personas trabajadoras de este sector”. También habrá movilizaciones en los centros hospitalarios que irán desde concentraciones a paros parciales y, finalmente, una huelga sectorial.

El sector, en el que trabajan cerca de 7000 profesionales en la Región de Murcia se encuentra, actualmente, bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores después de que el convenio, sin ultra actividad, decayera hace ya 15 años. CCOO y UGT denuncian que la negociación colectiva del convenio de establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia entre estos sindicatos y la patronal Unión Murcia de Hospitales se encuentra en una situación crítica.

Las plantillas tienen la misma nómina de hace 15 años con una subida del coste de la vida desorbitada. Los salarios del sector se encuentran estancados desde 2010 y la mayoría ya han pasado al SMI por superar las tablas de ese año.

Los sindicatos han denunciado que los convenios anteriores y hasta el de 2010 llevaban el complemento por Incapacidad Temporal del 100% y que, actualmente, está perdido al estar al amparo del Estatuto de los Trabajadores. La patronal, por su parte, quiere suprimirlo definitivamente. Las categorías profesionales de muchos trabajadores y trabajadoras han quedado “obsoletas!, por lo que se ”deben actualizar adaptándolas a las funciones reales que realizan“.

De entre todos los indicadores que se utilizan para tomarle la temperatura al estado económico de un país, la productividad es una de las grandes asignaturas pendientes en España. Su estancamiento preocupa a economistas y expertos: en la década entre 2013 y 2023, apenas aumentó un 0,4%, según un estudio publicado hace un año por el Consejo General de Economistas (CGE). Muchos apuntan al reducido aumento de la productividad como la principal razón por la cual los salarios reales en España se encuentran también estancados. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arrojan que, en las últimas tres décadas, los salarios en términos reales aumentaron en España un 2,76%, el tercer peor desempeño de todos los países que forman parte del organismo, solo por detrás de Italia y Japón.

El CGE define la productividad como la relación entre la producción u output generado por una economía y los recursos que ha utilizado para hacerlo. “Las cifras de crecimiento de la productividad real evidencian uno de los problemas más importantes de la economía española en las últimas décadas y es la incapacidad de mejorar sustancialmente y de manera continuada su eficiencia productiva”, señalan los autores del estudio.

Si España ya tiene un problema de productividad de por sí, la Región de Murcia tiene uno aún más grande: la OCDE la ha situado como la comunidad autónoma menos productiva de España. En un informe reciente, titulado 'Repensar la atractividad regional de Murcia' y publicado a mediados de diciembre, afirma que el valor añadido bruto (VAB) por trabajador en la Región de Murcia en 2022 fue de 68.322 dólares (algo más de 58.000 euros), muy por debajo del promedio nacional (78.434 dólares) y del promedio de la UE (75.312 dólares). “La baja productividad, junto con el alto desempleo endémico de España, limitan el desempeño económico de la Región de Murcia y su capacidad para aprovechar plenamente la diversidad de su tejido industrial y sus fortalezas en innovación”, apuntan desde el organismo internacional.

La relación el sector primario y la baja productividad

Como en tantos otros fenómenos económicos, la baja productividad de la Región de Murcia es fruto de un conjunto de factores, que además se entrelazan entre sí. El primero al que señalan los economistas es el claro predominio del sector primario en la economía regional. Actividades como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca presentan bajos niveles de productividad en todo el territorio nacional, tal y como apunta el economista murciano José Carlos Sánchez de la Vega, director del informe del CGE, a esta redacción. 

Aunque no toda la economía murciana gira en torno al sector primario, otros sectores con peso en la misma, como la hostelería, el comercio básico y una industria centrada en manufacturas tradicionales y agrícolas, tampoco destacan en productividad ni en altos salarios. “Esta estructura contrasta con la de otras comunidades autónomas donde predominan la industria tecnológica avanzada y los servicios financieros o tecnológicos intensivos en conocimiento y de alto valor añadido”, explica a este medio Samuel Baixauli, catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Murcia. El País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra son algunos ejemplos.

A la baja cualificación de los empleos se le suma un profundo problema en el sistema educativo. La tasa de abandono escolar temprano de la Región de Murcia es la más alta del país, con uno de cada cinco estudiantes tirando la toalla antes de tiempo. Tal y como señalan desde la OCDE, el abandono escolar temprano incrementa el riesgo de exclusión social entre los jóvenes, que a menudo encuentran dificultades para acceder y mantenerse en un empleo estable, y también tiene implicaciones socioeconómicas más amplias. “Los niveles formativos de la población ocupada también son bajos, lo cual está relacionado con la especialización en sectores poco productivos, con bajos salarios y elevada temporalidad. Al final, se crea un círculo vicioso”, explica Sánchez de la Vega.

“Aunque la Región de Murcia es una de las más jóvenes de España y cuenta con una elevada proporción de población en edad activa, esta ventaja demográfica no se traduce plenamente en productividad debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral”, añade Baixauli. Y es que los bajos niveles de formación no son exclusivos de la población local, también se extienden a las personas migrantes. Aquellas que migran hacia la Región de Murcia tienen, en promedio, niveles de cualificación más bajos en comparación con el perfil de los trabajadores que se desplazan hacia otras regiones españolas, según la OCDE. Además, la comunidad autónoma enfrenta importantes desafíos para atraer, desarrollar y retener talento cualificado.

Las microempresas invierten menos en tecnología

Según datos de la propia Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, las pymes representan el 99,86% del tejido empresarial de la Región de Murcia, y cada día se crean 8,1 en la comunidad autónoma. El tamaño de las empresas está directamente relacionado con la inversión que realizan en innovación y tecnología, siendo normalmente mayor en las firmas más grandes. Según datos de la OCDE incluidos en su último informe periódico sobre el estado de la economía española, las grandes empresas gastaron 2,7 veces más en formación en 2023 que las microempresas y las pequeñas empresas, mientras que las empresas más pequeñas “infrautilizaron” las opciones de formación disponibles.

“Al igual que en otros países de la OCDE, las pymes son menos productivas que las grandes empresas debido al acceso limitado a la financiación externa y a la mano de obra cualificada, a una menor adopción de la innovación y a un escaso uso de herramientas digitales avanzadas”, indican desde el organismo. Para Baixauli, a pesar de que la inversión en I+D realizada por la Región de Murcia ha crecido de manera sostenida en los últimos años, el gasto en formación universitaria continúa siendo insuficiente.

Otro punto débil que destaca la OCDE en el tejido empresarial murciano es la baja proporción de empleo en industrias culturales y creativas: apenas un 1,9%, frente a los promedios nacional y europeo de 2,9% y 3,3%, respectivamente, situándose a la cola del país. A pesar de contar con una tasa de creación de empresas en los sectores de arte, entretenimiento y recreación situada en la media, la proporción de empleados murcianos en el sector no se encuentra a la altura, lo que tiene implicaciones tanto para la atracción de visitantes como de talento. “Si bien el capital cultural está correlacionado con el número de visitantes extranjeros, también desempeña un papel fundamental en la promoción de la calidad de vida y de la atractividad regional tanto para los residentes como para posibles recién llegados”, subraya el foro internacional.

Un cambio de modelo productivo

La responsabilidad de revertir esta situación recae tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, que tienen la compleja tarea de tratar de reducir paulatinamente las brechas existentes. Baixauli apuesta por un incremento de la inversión en las universidades públicas y reforzar la colaboración entre estas instituciones y el Servicio de Empleo y Formación. En este sentido, la OCDE cree que la Región de Murcia se encuentra bien posicionada para formar una fuerza laboral altamente cualificada y alineada con sus sectores estratégicos de crecimiento, y eso podría lograrse a través de alianzas a largo plazo entre las autoridades regionales, actores del sector privado e instituciones académicas. 

Baixauli también considera importante acompañar a las empresas en el proceso de adopción de la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Sánchez de la Vega coincide con su visión: “Desde la perspectiva empresarial, debe seguir modernizándose el tejido productivo, apostar por la innovación, no tener miedo a crecer y esforzarse por atraer talento”. Al mismo tiempo, cree que las administraciones públicas deben “crear un clima propicio para conseguir este objetivo”. Y eso pasa por una mejora de las infraestructuras y la conectividad.

La propia OCDE detalla en su informe que “la existencia de enlaces ferroviarios directos con regiones vecinas, como Almería y Alicante, podría mejorar la atractividad de la región para inversores, talento y visitantes”. Mejorar la red de transporte público, generalmente mal valorada por los murcianos, no solo permitiría a los visitantes acceder a más puntos de la región, sino a mejorar el día a día de los propios habitantes, que muchas veces no ven cubiertas sus necesidades debido a la falta de frecuencias o alcance de la red actual.

El interés de los inversores extranjeros por la Región ha ido incrementando durante los últimos años, prueba de que se ha comenzado a caminar en la dirección correcta. Sánchez de la Vega considera esencial seguir avanzando en la construcción de una región atractiva para el capital externo y humano, aunque ello implique alejarse del modelo productivo actual: “Se debe avanzar en un cambio de modelo productivo, que no supone abandonar los sectores en los que la región tiene ventajas competitivas, pero sí conseguir mejorar sus ratios de eficiencia y paralelamente desarrollar otras actividades avanzadas en industria y servicios”.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), entregó esta semana los galardones Premio Emprendedor Excelente Red PuntoPyme 2025 y ‘Faros de Emprendimiento’, una iniciativa destinada a poner en valor el talento emprendedor de la Región de Murcia y a reconocer proyectos innovadores, sostenibles y comprometidos con el desarrollo económico y social del territorio.

En concreto, los proyectos Carthago Guitars, de Cartagena, dedicado a la fabricación de guitarras acústicas artesanales que combinan ingeniería, tecnología y tradición, y Soyflorista, de Cehegín, un proyecto de venta online que promueve una forma creativa y consciente de integrar las flores en la vida cotidiana, obtuvieron el Premio Emprendedor Excelente.

El Premio Excelente está dirigido a emprendedores, pymes y profesionales con iniciativas innovadoras, y se enmarca en la estrategia de apoyo al emprendimiento que desarrolla la Red PuntoPyme, que vertebra las políticas regionales de acompañamiento a emprendedores y autónomos. “El objetivo es asegurar que ningún buen proyecto de la Región se quede sin el apoyo que necesita, independientemente del lugar donde decida emprender”, explicó el director del Info, Joaquín Gómez.

‘Faros del Emprendimiento’

Por otro lado, la Red PuntoPyme otorgó los ‘Faros del Emprendimiento’ a entidades que han destacado en 2025 por su apoyo al ecosistema emprendedor regional. En esta edición, los distinguidos fueron el Ayuntamiento de Cartagena y la ADLE, por el impulso de iniciativas emprendedoras en todo el municipio, incluida la zona del Mar Menor; el Ayuntamiento de San Javier, por la labor desarrollada desde ‘Activa’ y el Centro de Iniciativas Innovadoras de la Ribera, y el Ayuntamiento de Alguazas, por el trabajo realizado para reforzar el tejido de micropyme local a través del coworking municipal.

“Con esta iniciativa, la Red PuntoPyme refuerza su papel como herramienta de apoyo al emprendimiento y al talento empresarial en la Región de Murcia, contribuyendo a la creación de un ecosistema innovador, sostenible y cohesionado”, señaló Gómez. Añadió que “a través de la Red Punto Pyme se vertebran las políticas de emprendimiento y apoyo a los emprendedores y autónomos, consolidando el papel clave de esta red, para acompañar a los proyectos empresariales en todas sus fases”. 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) defiende cada año su posición como hub de emprendimiento innovador “favoreciendo la creación y consolidación de empresas innovadoras y tecnológicas con facultad de crecimiento exponencial y sostenido, por ser motores de cohesión territorial y desarrollo sostenible en la Región de Murcia”, señalan en una nota de prensa.

Para ello, CEEIM plantea como acción estratégica para los próximos dos años intensificar la colaboración entre los agentes del ecosistema innovador, como son los miembros de su patronato y asamblea, “para sumar fuerzas y establecer estrategias conjuntas que permitan a las empresas innovadoras y tecnológicas crecer rápidamente con eficiencia y rentabilidad”.

La finalidad es concentrar y dirigir de manera óptima tanto recursos como oportunidades en términos de acceso a mercado, conexiones, conocimientos y experiencia, para apoyar su desarrollo en el mercado global. “Las empresas escalables son las que más empleo, inversión, innovación y visibilidad generan, contribuyendo con su expansión a ocasionar un impacto significativo en la maduración del sistema emprendedor y en la economía regional”, indicó el director del Instituto de Fomento y presidente de CEEIM, Joaquín Gómez.

Con este fin, CEEIM plantea la entrada a su asamblea a nuevos miembros alineados con la misión y visión del centro, donde ya están representados organismos públicos, organizaciones y entidades empresariales, universidades, entidades financieras y empresas murcianas o ubicadas en la Región de referencia internacional, además de tecnológicas.

Actos realizados

Recientemente, CEEIM impulsó una visita de inmersión al ecosistema Agroalimentario y de Innovación del Grupo CAJAMAR, en Almería, así como una visita a la Cámara de Comercio de Murcia, donde conocieron su Coworking Digital y exploraron sinergias y vías futuras de colaboración.

El centro también trabaja de manera continua en actuaciones en cooperación con la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y DayOne de Caixabank, entre otras entidades.

Vías de cooperación

Entre las líneas estratégicas de colaboración, presentadas por la directora de CEEIM, Esther Peñalver Ibarra, a los miembros de la asamblea, están las enmarcadas en la innovación abierta, planteando la creación de la ‘Oficina de Scouting‘, que ofrecerá sus servicios a las corporaciones regionales, con el objetivo de darles acceso a tecnologías y startups que aporten valor a sus empresas u organizaciones. Esta acción se verá nutrida muy positivamente por la excelente conexión y posicionamiento de CEEIM con su red nacional, ANCES, y europea, EBN.

Asimismo, les animó a co-crear iniciativas y jornadas para transferir sus conocimientos al resto del ecosistema, mentorizar a emprendedores en el desarrollo de sus proyectos y unirse al ‘Club CEEIM’ para sumar en la dinamización y visibilidad del ecosistema, al margen de otras ventajas. A ello se unirá la dinamización de convenios de colaboración con foco plenamente operativo, entre otras propuestas.

Otra novedad es el carácter bianual de las acciones, dejando de ser anuales, aportando mayor así mayor estabilidad, tiempo de desarrollo y garantías de impacto.

Balance 2025

CEEIM organizó este año 108 eventos para emprendedores y empresas, registrando más de 6.600 asistentes. Las áreas de trabajo y servicios del centro van desde el acompañamiento empresarial, el acceso a financiación, la incubación y aceleración de proyectos o las relativas a proyectos europeos, que abren la puerta a la capacitación y las oportunidades globales.

Por otra parte, su labor en emprendimiento en edades tempranas fue reconocido este ejercicio, al ser uno de los candidatos que han pasado a la final en la candidatura ‘Igualdad’ de los Premios Juventud Región de Murcia, que destacan iniciativas de jóvenes y entidades que contribuyen al desarrollo juvenil y celebrará su final próximamente. CEEIM está presente con su proyecto ‘BeSTEAM, con ocho ediciones celebradas, dando visibilidad a la relevancia de los perfiles STEAM en empresas de referencia, en colaboración con entidades como la Academia General del Aire, Sabic, Soltec, Hero o Porcisán,

La actividad generada desde CEEIM conlleva un impacto económico territorial resaltable, dinamizando esta tipología de empresas tecnológicas que, además de atraer talento y crear empleo cualificado, promueven el presente y futuro del tejido empresarial innovador.

Los resultados alcanzados en su incubadora son también significativos. El 70% de las startups creadas en CEEIM superan su tercer año de vida, reducen en un 30% el tiempo de salida al mercado y multiplican por cuatro la captación de financiación.

A la finalización de las sesiones ordinarias de los órganos de gobierno y participación de la fundación, sus miembros asistieron al XXI TOP Capital organizado por Murcia-Ban, red de inversores privados, y a la ponencia de Miguel Ángel García-Ramos, artífice del éxito en bolsa de la yeclana NZI Helmets.

Profundamente arraigada en el imaginario colectivo de todos los murcianos, la historia centenaria del Real Murcia ha traído consigo luces y sombras. Salva Oliva, presidente de la Federación de Peñas del Real Murcia, describe al equipo de sus amores como “un club centenario que siempre ha paseado el nombre de la ciudad por toda España con orgullo”. Aunque se podría decir que, en las últimas décadas, las sombras se han impuesto a las luces por goleada. Fracasos deportivos, descensos administrativos, “pelotazos” inmobiliarios y, sobre todo, el fantasma de la deuda, que lleva amenazando al murcianismo desde, prácticamente, el nacimiento del club en 1919.

“A los once años de su fundación, ya empezaron los problemas”, apunta a esta redacción Enrique Baeza, accionista del club grana y periodista especializado en su historia, sobre la que está escribiendo su cuarto libro. “Ya entonces tuvieron que poner dinero, a través de suscripciones populares, para no desaparecer”, explica.

Pero el mayor incremento del endeudamiento del club coincidió con la presidencia de Jesús Samper, entre los años 2001 y 2015. En 1998, cuando Samper tomó el control del Real Murcia y lo transformó en una sociedad anónima, el club debía alrededor de 700 millones de pesetas —más de 4 millones de euros—. “Él lo multiplicó por cinco”, afirma Baeza.

El ascenso a Primera División: el principio del fin

Lo que fue el mayor hito deportivo de la historia reciente del Real Murcia se convirtió en una pesadilla en los despachos. A nivel económico, ascender a Primera División en 2007 fue un “desastre”, empezando por los contratos televisivos, que Samper decidió negociar por su cuenta, sin seguir el ejemplo de otros clubes: “Firmó un contrato con Mediapro de cincuenta millones de euros durante cinco años, diez millones por temporada. Ese contrato era bastante mejor que el del Recreativo de Huelva o el de Osasuna, por ejemplo, en aquella época. Él se vio fuerte, y realizó una inversión de 30 millones de euros”.

La caída del ladrillo también golpeó con fuerza la gestión de Samper. Tras un polémico convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Murcia, que incluía también la construcción de un centro comercial, miles de viviendas y un campo de golf, el Real Murcia se mudó del centro de la ciudad a la zona norte en un cambio de estadio. Al tratarse de suelo no urbanizable, los dedos acusatorios se abalanzaron sobre lo que se vio como un “pelotazo” urbanístico más de los años 2000.

No iban desencaminados. La justicia murciana llevó el proyecto a juicio en 2018 tras detener a varios implicados en 2010, acusados de prevaricación, blanqueo de capitales, malversación y cohecho. Tanto altos cargos del consistorio murciano como el propio Samper, que ideó el proyecto, fueron imputados. Aunque la falta de sentencias firmes terminó por despenalizarlo: la jueza alegó entonces que los procedimientos no habían sido secretos.

La foto final no incluyó ningún campo de golf, tampoco el número de viviendas proyectadas, ni siquiera una ciudad deportiva para el Real Murcia. Sí que se construyó un centro comercial, que Samper vendió a la multinacional francesa Klépierre por 233 millones de euros, en lo que fue “un gran negocio” para el empresario, según relata Baeza. El estadio Nueva Condomina, ahora llamado Enrique Roca, se inauguró en 2006. Una infraestructura poderosa, con capacidad para 31.500 espectadores y unas instalaciones muy superiores a las de otros equipos de la misma categoría, pensado para un Real Murcia de Primera. El problema fue que el fútbol de élite no se pudo disfrutar desde sus gradas más allá de aquella temporada, porque el equipo descendió.

La llegada de Felipe Moreno y el pago de la deuda pública

El descenso a Segunda División fue la grieta que hizo tambalearse toda la infraestructura construida por Samper. “El Murcia se llevó muy poco de todo aquel negocio que se generó”, lamenta Baeza. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo. El club pimentonero enfrentó un descenso administrativo en 2014 debido a sus graves problemas económicos y, en 2018, acumulaba una deuda de aproximadamente 50 millones de euros, según explica el periodista.

La toma de control del club por parte de Felipe Moreno en 2022 hizo que los murcianistas comenzaran a ver la luz al final del túnel, al menos en lo económico. Desde que el empresario cordobés, expropietario del Club Deportivo Leganés, se convirtiera en presidente y máximo accionista del Real Murcia, la inyección de capital ha sido continua. Tanto que el club logró deshacerse por completo de su deuda pública el pasado mes de mayo. Además, según un informe desvelado en junio por Onda Regional de Murcia, el equipo cerró el ejercicio de la temporada pasada con un superávit cercano a los 400.000 euros. Algo que, según Baeza, solamente ha ocurrido “nueve o diez veces contadas en la historia”. Pero el superávit no ha bastado para alejar el fantasma de la deuda de la capital murciana, ni mucho menos.

Regresan los problemas a las oficinas del Real Murcia

En el mes de julio, el Tribunal Supremo anuló una ampliación de capital promovida desde la directiva del Real Murcia en noviembre de 2018, que ofrecía una acción del club por 1,22 euros a compradores de todo el mundo con el objetivo de sanearlo económicamente. La justicia la consideró nula tras la impugnación del entonces presidente, Mauricio García de la Vega, que era propietario de un 84% de las acciones en aquel momento, aunque no estaba al frente de la gestión del Real Murcia. El empresario mexicano había ejercido su derecho a adquirir esas acciones porque así lo permitía una cláusula del contrato que había firmado un año antes al ponerse al frente del proyecto. Sin embargo, tras una gestión polémica, se encontraba inmerso en una guerra societaria con otros directivos por el control real del club. Tras la sentencia, de la Vega quedó como propietario de un 28% del Real Murcia, mientras que Moreno es dueño del 56%, tras comprarle al mexicano dos tercios de sus participaciones para conservar la mayoría en la Junta de Accionistas.

Para Baeza, la sentencia del Supremo implica que “todo lo que se ha hecho en 2018 en adelante no vale, porque el dinero que se ha puesto es deuda”. Los más de 20.000 aficionados que compraron acciones desde 94 países distintos han pasado a ser acreedores, y el capital social ha quedado reducido a una cifra muy baja. El Real Murcia presentó hace dos semanas un Plan de Reestructuración que contempla la quita de un 85% de esa deuda y prevé distintas fórmulas de pago a los acreedores. Y es que, con la aprobación del plan, la deuda vigente queda fijada en algo más de 32 millones de euros, sumando socios y acreedores. El club ha decidido no hacer ninguna declaración a este diario al respecto.

Lo económico y lo deportivo, de la mano

Periodistas deportivos y aficionados coinciden en que la deuda ya no es una cuestión que pueda poner en jaque la supervivencia del equipo, como sí ha sucedido en otros momentos de la historia del club. La positiva gestión de Moreno de los últimos años parece haber despejado todas las dudas, pero la situación económica va de la mano de lo deportivo, tal y como apunta Oliva desde las peñas murcianistas. “Sin una situación económica estable en el club, no puedes acometer fichajes como los de este verano y no puedes mantener una estabilidad en la plantilla. Voy más allá, en lo institucional es primordial que haya tranquilidad, para que acompañe en lo deportivo”, explica a esta redacción.

Además, el tan ansiado ascenso a Segunda lleva años sin producirse y, para Oliva, “es difícil saber por qué”. Si bien cree que la plantilla quedó algo descompensada este verano, otros aficionados piensan que la cuestión se reduce a mala suerte. “Además de la mala suerte, creo que se necesita un proyecto que vaya muy sobrado para ganar en esa categoría, y no es el caso. Se han confiado en algunas ocasiones en los últimos años”, opina Miguel Ángel Belando, abonado del Real Murcia.

Baeza cree que ascender de categoría tampoco acabaría con todos los problemas del equipo centenario. “Aunque tengas mayores ingresos, los gastos también son grandes por cómo está estructurado el club. La salud económica plena se recupera en Primera División”, advierte. El periodista cree que al Real Murcia le falta “alguien que dé con la tecla”: “Necesita un alma mater que trascienda lo deportivo”.

El Real Murcia y su relación con la ciudad

Atrás quedan los tiempos en los que el Real Murcia comenzaba la pretemporada, desde principios hasta la mitad del siglo XX, jugando contra el Real Madrid en casa. Baeza recuerda que no todos los equipos podían pagar su caché, y el Real Murcia llegó incluso a ganar al equipo de la capital a mediados de los años 20. También logró un empate notable durante la última temporada que jugó en Primera. Ahí está la clave para el periodista: “Se crea una identidad. Se crea un relato que ahora mismo se ha perdido, porque deportivamente es un desastre”.

“La gente ve al Murcia como algo sentimental, algo de aquí de la tierra, algo muy nuestro. Mire usted, este equipo iba a desaparecer, pero hicimos las pulseras y lo salvamos. Hicimos una ampliación de capital y conseguimos que la gente se involucrara. Por eso ahora mismo hay esa sensación de pertenencia tan grande”, agrega.

Las cifras lo demuestran: cada fin de semana que juega en el Enrique Roca, al Real Murcia lo acompañan alrededor de 15.000 personas. Una afluencia más que notable, teniendo en cuenta que juega en Primera Federación (Primera RFEF), la tercera categoría del fútbol nacional. “No se entiende el Real Murcia sin Murcia, igual que no se entiende Murcia sin el Real Murcia”, asegura Oliva. Si la fidelidad de su afición será suficiente para que el club grana vuelva a brillar como antaño continúa siendo una incógnita.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha seleccionado a los nueve jóvenes que participarán en una nueva edición de las Becas de Internacionalización, un programa estratégico destinado a formar especialistas en comercio exterior que apoyen la expansión internacional del tejido productivo de la Región de Murcia.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, mantuvo esta mañana un encuentro con los nueve becarios, a quienes entregó sus respectivas acreditaciones, y señaló que “la Región apuesta de verdad por su talento joven y por su proyección internacional. Una apuesta que se conjuga en estas becas, con las que se prepara a profesionales capaces de abrir puertas en mercados estratégicos y de acompañar a nuestras empresas en su expansión exterior”, añadió.

Este año más de 40 aspirantes participaron en un proceso de selección muy exigente, dividido en tres fases, que incluían pruebas de comercio exterior, evaluación curricular, acreditación de idiomas y entrevistas personales. Finalmente, se han adjudicado nueve plazas en otros tantos destinos, con dotaciones económicas que oscilan entre los 25.100 y los 45.800 euros por alumno, según el coste de vida en cada país.

El programa cuenta con una dotación total de 390.000 euros, de los que 299.400 euros corresponden al pago de las becas, según destinos. El resto es para cubrir los gastos asociados del programa, como los viajes de salida y retorno, pólizas individuales con coberturas sanitarias y de viaje o cursos para los becarios, entre otros.

En concreto, en esta edición los becarios comenzarán su estancia el próximo mes de enero en El Cairo (Egipto), Ho Chi Minh (Vietnam), Kuala Lumpur (Malasia), São Paulo (Brasil), Seúl (Corea del Sur), Los Ángeles (EEUU), Tokio (Japón), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Toronto (Canadá).

El programa se consolida además como una herramienta eficaz de inserción laboral, ya que, según los datos de la promoción de 2024, “los becarios se incorporan al mercado laboral antes de los tres meses tras su regreso, y más de la mitad encontró trabajo de manera inmediata en departamentos de exportación de empresas regionales y nacionales”, destacó la consejera.

En este sentido, López Aragón aseguró que “los resultados hablan por sí solos: estas becas funcionan, generan oportunidades reales y mejoran la capacidad exportadora de nuestras empresas”.

Los nuevos graduados becados por el Info colaborarán activamente con el Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, apoyando misiones comerciales, identificando oportunidades de negocio, analizando sectores y tendencias de mercado y acompañando a pymes en sectores clave como el agroalimentario, la tecnología, la industria química o los productos gourmet.

Además, una vez finalizada su estancia, los participantes se integrarán en la Bolsa de Técnicos de Comercio Exterior, reforzando la disponibilidad regional de perfiles especializados, cuyas contrataciones pueden contar con incentivos de hasta 13.000 euros gestionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empresa, ha contado con formación que ha incluido talleres prácticos y mentorías personalizadas para aplicar IA, Big Data y automatización a la internacionalización

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha llevado a cabo el programa ‘Laboratorio de Internacionalización Digital’ (‘Export Lab’), una iniciativa destinada a proporcionar a pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia herramientas digitales avanzadas. El objetivo del programa es ayudar a las pymes a superar barreras y aumentar su competitividad exterior gracias al uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, la automatización de procesos y la digitalización comercial.

 “‘Export Lab’ proporciona a las empresas de la Región un aprendizaje aplicado, basado en casos reales, para que puedan incorporar soluciones digitales directamente en sus procesos exportadores”, destacó el director del Info, Joaquín Gómez.

En este sentido, el programa incluyó un ciclo de tres talleres formativos presenciales, de tres horas cada uno, impartidos el pasado mes de noviembre y orientados a empresas exportadoras que trabajaron con sus propios casos reales. Cada sesión se complementó con dos horas de mentoría individual virtual, para adaptar las herramientas y soluciones a las necesidades de cada empresa participante.

El primero de los talleres, bajo el título ‘Introducción a la IA y tecnologías disruptivas para la internacionalización’, abordó el uso de IA generativa, automatización, diseño de contenidos internacionales y estrategias de marketing digital automatizado.

Por otro lado, la segunda de las formaciones, ‘Inteligencia competitiva y Big Data para analizar mercados internacionales’, permitió identificar clientes potenciales, estudiar competidores y tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Por último, en la sesión ‘Automatización básica de procesos en la internacionalización’, los asistentes aprendieron a automatizar tareas repetitivas relacionadas con pedidos, seguimiento de clientes o envío de información a mercados exteriores.

En cuanto a las empresas, el programa estuvo dirigido a gerentes y directores de exportación, ventas o marketing internacional de pymes de la Región de Murcia que cuenten con al menos un 25 por ciento de facturación en mercados exteriores, con marca y producto propios.

En esta línea, las empresas participantes fueron Ciconea Nutrición; Olea Fyton; Caramelos Cerdán; Dulceplus Golosinas; Bodegas Hijos de Juan Gil; Bodegas Silvano García; Ecus Sleep; Hermanos Hernández González; Herbo Spice; Navarro Azorín; NMC Shoes; Marcopack; La Salud Productos de Limpieza; Eversia y Centic.

“Export Lab ayuda a las empresas participantes a multiplicar sus ventas internacionales identificando mercados de alto potencial, mejorar su capacidad de segmentación y análisis predictivo para localizar clientes ideales y reforzar su competitividad en un entorno global en constante evolución”, concluyó Gómez.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), llevará a cabo, entre los días 14 y 20 de diciembre, una misión comercial que llevará a empresas de la Región de Murcia a explorar oportunidades de negocio en Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia, países que conforman dos regiones estratégicas y emergentes como son Asia Central y el Cáucaso.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, explicó que “esta acción multisectorial busca posicionar la oferta regional en mercados con un alto dinamismo económico y escasa competencia europea, lo que representa una oportunidad singular para la expansión internacional”. La consejera añadió que “la misión forma parte de nuestra hoja de ruta para anticiparnos, diversificar mercados y acompañar al tejido empresarial en su salto exterior, generando oportunidades reales de negocio. Llegar los primeros nos da ventaja y ahí estará la Región de Murcia”.

En este sentido, las exportaciones regionales a Asia Central, centradas especialmente en Kazajistán y Uzbekistán, ascendieron entre enero y agosto a 3,59 millones de euros, un 5,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales productos enviados fueron químicos, azúcar y confitería, vinos con denominación de origen y envases.

En el caso de la región del Cáucaso, Azerbaiyán experimentó un crecimiento récord del 310 por ciento en las exportaciones regionales, al alcanzar los 2,67 millones de euros en ese mismo periodo. Por su parte, Georgia consolida su peso como mercado estratégico con 4,72 millones exportados, lo que implica un ascenso de un 18,6 por ciento respecto a la cifra de exportaciones entre enero y agosto de 2024.

La misión incluye agendas individualizadas para cada participante, lo que permitirá mantener reuniones previamente concertadas con compradores e importadores locales en cada país, lo que maximiza el aprovechamiento comercial de la visita y facilita el cierre de acuerdos concretos durante el viaje.

Esta acción se enmarca en la planificación para el año 2025 del Plan de Promoción Exterior que el Instituto de Fomento desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca; un plan que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).

El año pasado fue Montréal (Canadá) la ciudad elegida, y este 2025 la ONU se ha fijado en Murcia para celebrar el V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE). Dos jornadas de trabajo que han concluido este viernes donde expertos de alto nivel han protagonizado debates técnicos y mesas de análisis, compartiendo experiencias y enfoques estratégicos para alinear prioridades y reforzar el trabajo conjunto en torno a las políticas públicas relacionadas con la economía social.

El acto de clausura ha contado con la presencia de la presidenta de la UNTFSSE y responsable del programa de la OIT sobre cooperativas y economía social y solidaria, Simel Esim; el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín; el comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España, Jaime Iglesias y el presidente de Social Economy Europe, CEPES, UCOMUR y UCOERM, Juan Antonio Pedreño.

“Que Murcia sea la capital española de la Economía Social en 2025 se debe a que somos un territorio absolutamente volcado y comprometido con este modelo de empresa. Y lo estamos demostrando durante todo 2025. Y más todavía con la acogida de estas reuniones de Naciones Unidas en Murcia, algo histórico y de enorme relevancia para la Región y que ha venido de la mano de la Economía Social”, ha señalado este viernes Pedreño.

“La Capitalidad de Murcia está siendo un año de trabajo real, de reforzar alianzas a nivel regional, estatal, europeo y mundial, y de demostrar que este modelo empresarial exige un lugar propio en la definición de todas las políticas públicas”, ha añadido el presidente de UCOMUR.

Murcia, referente mundial para la economía social

“La Región Murcia no es solo un territorio con tradición cooperativa: es un laboratorio internacional de innovación social. Donde la economía social no es un concepto abstracto, sino una forma de anclar territorio y crear riqueza en torno a valores como participación, democracia, proximidad y resiliencia”, ha subrayado Pedreño. El presidente de UCOMUR ha añadido que esa es la razón por la que la ONU se ha fijado en la Región, porque ese ecosistema “demuestra que otro modo de crecer es posible y que la cooperación, cuando es real y sostenida, construye sociedades más fuertes, más equitativas y preparadas para los retos del presente y el futuro”.

Por su parte, Esim ha señalado que “la actividad de la Task Force está estrechamente vinculada con la experiencia de los territorios. Y Murcia es un lugar especialmente adecuado para celebrar esta reunión, porque cuenta con una larga tradición cooperativa y de economía social, sustentada en instituciones y organizaciones tan sólidas como UCOMUR y UCOERM. De hecho, para la ONU, la Región de Murcia es un referente mundial de la economía social”.

Dos jornadas de trabajo en el centro de Murcia

El foro ha tenido lugar en el edificio corporativo de CaixaBank, en pleno centro de Murcia. Tras una primera jornada centrada en las contribuciones de la Región de Murcia y España en su conjunto a la economía social, en la que también se abordaron las prioridades y retos que atraviesa el sector en todo el mundo, esta segunda se ha dividido en diversas sesiones temáticas enfocadas a que los participantes intercambien ideas, conocimientos y puntos de vista, además de poner en común estadísticas y líneas de investigación.

Estos dos días de trabajo han permitido avanzar en el diálogo internacional, presentar las fortalezas del ecosistema español y murciano, y definir los grandes ejes de trabajo que marcarán las políticas globales de economía social en los próximos años.