Pedro López Quesada Fernández Urrutia, empresario de confianza y amigo íntimo del rey Felipe, regularizó junto a sus hermanos y su padre un patrimonio de 1.054.288,92 euros en la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

El dinero aflorado por los hermanos López Quesada y su padre provenía de la fortuna que su madre, Adela Fernández Urrutia, tenía oculto en una cartera de valores de UBS en Suiza y en una sociedad offshore radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, Cameron Overseas, según la investigación 'Los Papeles de la Castellana' realizada por eldiario.es, La Marea y Diagonal que parte de la documentación recibida en el buzón seguro filtrala.org.

En la Declaración Tributaria Especial (DTE), presentada el 30 de noviembre de 2012, los hermanos López Quesada y su padre declararon 12.423 euros de rentabilidad en los ejercicios no prescritos (2007-2010), e ingresaron a Hacienda una cuota de 1.242 euros (el 10%). El importe abonado a la Agencia Tributaria representa un 0,1% de todo el patrimonio que legalizaron en la amnistía fiscal.

Pedro López Quesada es marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias, prima del rey Felipe VI y amiga íntima de la reina, Letizia Ortiz. Ambos son habituales en la vida social de la familia Borbón y forman parte del núcleo más íntimo de los actuales reyes. Cristina ha acompañado en numerosas ocasiones a Doña Letizia en salidas privadas a conciertos y su marido Pedro López Quesada es un fijo en las escapadas de esquí del Rey Felipe.

El empresario López Quesada, director con más de 20 años de experiencia en el área corporativa de Citibank, fue también uno de los amigos íntimos de Iñaki Urdangarín. La buena relación entre el empresario y los duques de Palma, cultivada durante años de veraneo a bordo de sus barcos en Mallorca, le llevó a ser el padrino de la única hija del matrimonio de la Infanta Cristina de Borbón. López Quesada pasó a formar, así, parte de la pandilla del rey Felipe junto con Iñaki Urdangarín, los hermanos Fuster o Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, que recibió mensajes de apoyo de los reyes cuando se conoció su participación en el escándalo de las tarjetas 'black', según publicó eldiario.es. Precisamente, fueron Urdangarín y López Quesada quienes organizaron la despedida de soltero del entonces Príncipe de Asturias, según afirmaron varios medios (ya que la fiesta oficial se anuló por el luto del 11-M).

El carácter discreto del matrimonio de Pedro López Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias les ha permitido ganarse la confianza de los reyes. Además, Cristina ha sido de los pocas personas del anterior círculo íntimo de Felipe VI que ha conseguido conectar con la reina Letizia, amiga y compañera habitual en sus salidas nocturnas.

Tal y como adelantó eldiario.es junto La Marea y Diagonal en la investigación ‘Los Papeles de la Castellana’, Cristina de Borbón-Dos Sicilias, su padre Carlos de Borbón, infante de España, su tía y su hermano también regularizaron cuatro millones en la amnistía fiscal de Montoro. Presentaron la declaración de la amnistía el 28 de noviembre de 2012, solo dos días antes de que lo hiciera Pedro López Quesada. “Igual que yo no conozco lo suyo, ella no conocería esto”, respondió López Quesada a las preguntas de este medio, que aseguró que no tenía constancia de que su esposa Cristina de Borbón también se hubiera acogido a la amnistía fiscal.

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el patrimonio oculto en Suiza e Islas Vírgenes formaba parte de la herencia que Adela Fernández Urrutia, fallecida en mayo de 2010, dejó a sus cuatro hijos (Pedro, Adela, Beatriz y Almudena) y su marido Pedro López-Quesada (padre). “Cuando falleció regularizamos la situación y punto”, ha explicado López Quesada. Cada uno de los cuatro hermanos recibió un 22% de la herencia opaca de su madre mientras que su padre recibió un 12% de esos 1.054.288,92 euros ocultos al fisco español.

En el cuaderno particional de Adela Fernández-Urrutia consta que sus herederos tuvieron conocimiento de los bienes opacos con posterioridad a su fallecimiento. Una fecha que Pedro López Quesada sitúa a mediados de 2011, casi un año antes de que se aprobara la amnistía fiscal durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los hermanos aseguran que legalizaron la herencia opaca a través de la amnistía fiscal porque “era la fórmula que había cuando surgió”.

Cameron Overseas, sociedad radicada en Islas Vírgenes, estaba valorada en 286.278 euros en el momento de la legalización. La cartera de valores en UBS en Suiza, creada en abril de 1992, en 768.011 euros. Los activos en el banco helvético permanecieron opacos al fisco español durante al menos 20 años ya que la DTE no fue presentada hasta 2012, tal y como revela la documentación de ‘Los Papeles de la Castellana’.

Según Pedro López Quesada, tras “regularizar la situación” de los activos ocultos a la Hacienda española, el dinero se repatrió a España. Los modelos para declarar los bienes en el extranjero presentados por los hermanos López Quesada revelan que los herederos mantuvieron activa la sociedad Cameron Overseas en 2012, 2013 y 2014, hasta dos años después de legalizarla a través de la amnistía fiscal. “El proceso de cambio de titularidad fue muy prolongado, hay que traducir, mandar… Y la sociedad solo tenía 200 y pico mil euros en total”, explica López Quesada.

Los tíos de López Quesada afloraron 3,7 millones de dos offshore en Panamá

Ramón y Asunción Fernández Urrutia Carles, tíos de Pedro López Quesada por vía materna, también regularizaron 3,5 millones de euros en la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy. Ambos ocultaron su patrimonio en cuentas del banco Suizo UBS que figuraban a nombre de dos sociedades opacas panameñas. Tal y como aparece en la documentación de ‘Los Papeles de la Castellana’, Ramón Fernández Urrutia era beneficiario desde 2005 de una cuenta en UBS a nombre de Noraco Bussiness y su hermana de otra cuenta del banco suizo a nombre de la panameña Finaset Internacional.

Las sociedades offshore en Panamá permanecieron activas desde 2005 hasta que se disolvieron en 2014, un año y medio después de la regularización, presentada en noviembre de 2012.

Asunción Fernández Urrutia, tía de López Quesada, afloró 2.649.218 euros y su hermano Ramón, 1.071.149 euros. En la Declaración Tributaria Especial (DTE), la primera pagó 23.895 euros y el segundo, 52.582 euros, correspondiente al 10% de la rentabilidad obtenida por los activos ocultos entre 2007 y 2010 (sobre lo que tributan). La cuota representa un 2% de todo el patrimonio declarado por los hermanos en la amnistía.

Ramón Fernández Urrutia ha asegurado a eldiario.es, La Marea y Diagonal que “no tiene ni idea” de la existencia de ninguna sociedad panameña pero que sí reconoce que regularizó un dinero en Suiza que le dejó su padre en herencia. Vicente Fernández Urrutia, padre de los hermanos Fernández Urrutia y Carles, fue subdirector de automóviles SEAT durante el franquismo.

Asunción Fernández Urrutia ha rechazado responder a las preguntas de este diario.

Dos exdirectivos de Telefónica y Repsol han chocado con la Agencia Tributaria tras ser despedidos con indemnizaciones millonarias y, acto seguido, ‘recontratados’ con retribuciones superiores a los 100.000 euros anuales. Se trata de Luis Lada, histórico de Telefónica, y del director Financiero de Repsol entre 2005 y 2010, Fernando Ramírez Mazarredo. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.

El caso del asturiano Lada (1949) es el más significativo, por la relevancia que llegó a tener en la operadora. Fue presidente de Telefónica Móviles y de Telefónica de España (2005-2006), y uno de sus hombres fuertes hasta que, en julio de 2006, César Alierta le despojó de sus funciones ejecutivas. Tras más de treinta años en la compañía, salió del consejo de administración. Por la extinción de su relación como ejecutivo y empleado de Telefónica, materializada a finales de 2006, Lada cobró una indemnización que disparó sus ingresos anuales por encima de los 8 millones de euros. Pero no se fue al paro. Como anunció la compañía, prestaría “asesoramiento estratégico” al entonces presidente, Alierta, y al comité ejecutivo de Telefónica.

A esas labores de asesoría Lada sumó otros cargos que mantiene: consejero independiente de Indra (desde junio de 2007), Gamesa (desde octubre de 2009) y Ence (desde marzo pasado); y presidente no ejecutivo del grupo de seguridad privada Segur (desde julio de 2014). Indra ha propuesto renovarle como consejero en la junta del próximo 29 de junio. La empresa tiene como mayor accionista al Estado y en ella participa Telefónica desde el año pasado.

Una sociedad con él de accionista mayoritario

Para canalizar los ingresos derivados de sus nuevas funciones como asesor en Telefónica y evitar tributar por el máximo en el IRPF, Lada se dio de alta como autónomo y constituyó en noviembre de 2006 la sociedad Ribafuerte SL, domiciliada en un lujoso chalé en Majadahonda (Madrid). Él era el mayor accionista (35,02%). El resto del capital se lo repartían su esposa (34,98%) y los tres hijos de ambos, con un 10% cada uno suscrito gracias a una donación de su padre formalizada ante notario en esas fechas.

El 16 de marzo de 2007, Alierta y Ribafuerte firmaron un contrato por el que esta prestaría “servicios profesionales de asesoramiento y consultoría al Presidente y, por delegación de éste, a la Alta Dirección de Telefónica en temas estratégicos”. La compensación, 500.000 euros brutos al año (42.000 euros brutos al mes). El contrato tenía una duración inicial de tres años, prorrogables anualmente. En caso de “resolución anticipada” antes de esa fecha, Ribafuerte cobraría los “honorarios profesionales” pactados hasta entonces (medio millón bruto al año hasta 2010).

En junio de 2013, la Agencia Tributaria abrió inspección a Luis Lada y a Ribafuerte, cuyas últimas cuentas en el Registro Mercantil son de 2014. Entonces, con un solo empleado, ingresó 299.999,96 euros (lo mismo que un año antes) y declaró pérdidas de 18.410 euros. En el periodo sujeto a inspección (2008-2011), la sociedad había ingresado, según Hacienda, 2.329.500,16 euros en total. Buena parte fue para Lada en forma de sueldo como director general (1,7 millones en esos cuatro años), retribución en especie (45.329,48 euros), dividendos (86.556,02 euros) y retribución como consejero (80.000 euros). Él y su mujer se asignaron un sueldo de 16.000 euros anuales que en 2010 elevaron a 24.000 euros.

En 2014, la Inspección obligó a recalcular la retribución de Lada por entender que no se ajustaba a un valor “normal” y que se había fijado sin el “rigor mínimo exigible”. Consideró que “las reglas de remuneración de dicha sociedad a favor del socio establecidas entre ambos han permitido la obtención de una ventaja fiscal indebida y el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública” y que la empresa no aportaba “valor añadido alguno a la actividad económica realizada por la persona física”, que podría haberse hecho “directamente” por esta.

En un primer momento, Hacienda determinó que el ejecutivo debía abonar al Fisco cerca de 220.000 euros: 135.600 por el IRPF (más una sanción de 57.138,29 euros) y otros 24.000 euros por el Impuesto de Sociedades. El ejecutivo, que hasta septiembre de 2014 fue consejero de Telefónica I+D, filial de la multinacional, no ha querido hablar sobre este asunto, pero fuentes próximas a él aseguran que el litigio ya está en la vía contencioso-administrativa y que, de momento, se ha saldado con el pago de cerca de 50.000 euros a Hacienda.

Fuentes de Telefónica señalan que Lada dejó de asesorar a la empresa hace años y niegan que la Agencia Tributaria haya abierto inspección a la compañía por este asunto. Sí reconocen que ha habido “más casos” de directivos que han continuado vinculados a la compañía en condiciones similares cuya situación con Hacienda “se regularizó”, aunque “no como sanción”.

El ex de Repsol

La historia de Lada recuerda al despido y posterior recolocación de Fernando Ramírez Mazarredo. Director Financiero de Repsol desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010, Mazarredo sigue asesorando al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y a la propia petrolera a través de una empresa creada poco después de su despido. En su caso, la Agencia Tributaria no cuestiona el uso de esa sociedad interpuesta, sino la reducción del 40% que Repsol aplicó a su IRPF para la indemnización que cobró, aprovechando la normativa vigente en aquel momento, por considerar que se trataba de una “renta irregular”. Esa reducción (2.367.899,05 euros) permitió que ese año la declaración de la Renta del ejecutivo le saliera a devolver (Hacienda le pagó 53.367,69 euros).

Su despido se anunció la víspera de la Nochevieja de 2010. “Por mutuo acuerdo”, ambas partes pusieron fin a su relación contractual. Ese año, los ingresos de Mazarredo (que entonces tenía 57 años) superaron los 11 millones. Su despido le reportó 9.906.813,85 euros brutos (6.615.923 euros netos): 5.919.747,63 euros brutos correspondientes a una indemnización de tres años de sueldo; un “premio de permanencia” de más de 900.000 euros; 2.315.016,22 euros como liquidación y finiquito y 1.672.050 euros en concepto de “pacto de no competencia postcontractual”. A esas cifras sumó su sueldo de ese año (1,6 millones) y su retribución como consejero de Gas Natural, de la que la petrolera es accionista de referencia (139.150 euros brutos).

Su destino, como contó El Confidencial en noviembre de 2011, no estaba lejos de Repsol. Un mes después de su salida, la petrolera le recontrató como consultor autónomo para asesorías “en materias de análisis económico y gestión financiera”, “aspectos específicos de la gestión tesorera del Grupo Repsol”, asesoría en la venta del 15% de la argentina YPF que la compañía había decidido vender y “cualquier otra operación de carácter corporativo” que el presidente considerase conveniente.

El contrato firmado el 31 de enero de 2011 por Mazarredo y su sustituto en la dirección financiera de Repsol, Miguel Ángel Devesa (que también dejaría la compañía en 2012), estipulaba una duración de un año prorrogable por otro, con una retribución de 15.000 euros mensuales más IVA. Un mes después de firmar ese contrato, Mazarredo constituyó EF International Strategy SL, participada al 50% por él y otra persona de confianza de Repsol, Emiliano López Atxurra, consejero de Gas Natural y, desde enero de este año, presidente de Petronor, filial de Repsol. Según la petrolera, esta sociedad no se ha utilizado para facturar los servicios de asesoría de su antiguo director financiero, al que se abonan esos pagos “como persona física”.

Hacienda abrió inspección a Mazarredo en julio de 2013 por entender que “la norma exige una resolución de la relación laboral” para aplicarse esa reducción del 40%. Un año después le reclamó 1.158.183,85 euros, entre cuota e intereses de demora, por calificar esa ventaja fiscal de “improcedente” y considerar “probado que el obligado tributario no ha extinguido su relación contractual con la empresa”, al desempeñar funciones “propias del puesto que ocupaba anteriormente”.

¿Es ético ser despedido de mutuo acuerdo, recibir una millonaria indemnización y mantener una relación con esa misma empresa? “Si no me pareciera ético, no lo hubiera hecho”, dice Mazarredo, que sigue asesorando a Repsol y a Brufau, aunque las condiciones actuales (también a cambio de un fijo anual) son diferentes a las pactadas en 2011.

Ramírez Mazarredo recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que le dio la razón en septiembre del año pasado. La Agencia Tributaria ha recurrido a su vez en el Tribunal Económico Administrativo Central, según Mazarredo. Es probable que el contencioso acabe en el Tribunal Supremo. Repsol dice que no tiene ninguna inspección abierta por este asunto.

“El presidente decide en un momento determinado que la labor que yo debía realizar como ejecutivo ya está realizada y llegamos al acuerdo de que dejo de servir como ejecutivo de primer nivel y sigo sirviendo a la empresa de manera mucho más liviana”, señala Mazarredo, que subraya que la indemnización que cobró emanaba de “las condiciones que yo acordé cuando me contrató la compañía”. El ejecutivo recuerda que pone sus conocimientos “al servicio de esa compañía y de otras” sin ninguna responsabilidad ejecutiva.

El directivo firmó su contrato de alta dirección el 17 de febrero de 2005 con el entonces director de Recursos Humanos de Repsol, Jesús Fernández de la Vega. El hermano de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega también sería despedido en 2007 con más de 10 millones de euros de indemnización. Luego fue recontratado por la Fundación Repsol, pero dimitió inmediatamente por el escándalo generado.

El exembajador en Irak que acumuló una fortuna opaca durante sus años designados en Oriente Medio y África ha ascendido en la carrera diplomática. La mejora en el escalafón se produjo a través de una orden emitida el pasado 15 de junio y la ha recogido el Boletín Oficial del Estado este miércoles. El ascenso se produce de manera automática en función de la antigüedad de los funcionarios en la carrera diplomática, según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores.

Francisco Elías de Tejada, que llegó a tener 1,7 millones de euros en cuentas del banco helvético UBS en Suiza y EEUU, ha pasado de “ministro plenipotenciario de tercera” a una subcategoría más en el escalafón de la carrera. El BOE recoge que, desde el pasado miércoles -unos días antes de que 'Los Papeles de la Castellana' revelaran su fortuna opaca-, es “ministro plenipotenciario de segunda”. 

El ascenso de Elías de Tejada se produjo oficialmente cinco días antes de que los medios que colaboran en 'Los Papeles de la Castellana' publicaran esta información y dos antes de que eldiario.es se pusiera en contacto con el Ministerio de Exteriores. No obstante, el primer contacto del equipo de investigación de Los Papeles de la Castellana con el alto funcionario se produjo tres semanas antes de su nombramiento. El exembajador rechazó dar explicaciones sobre su fortuna y dijo textualmente: “Quien tiene que saber esa información ya la sabe”, se limitó a responder sin especificar si se refería a la Agencia Tributaria o al Gobierno que ahora ha tramitado su ascenso.

La carrera diplomática se organiza en cuatro categorías: secretarios de Embajada, consejeros de Embajada, ministros plenipotenciarios y embajadores. No obstante, no todos los embajadores tienen que haber llegado a esa categoría para ser designados representantes españoles en otro país, sino que “cualquier persona puede ser designada por el Consejo de Ministros”, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID). 

Elías de Tejada llegó a su primer puesto en una Embajada de la mano del Gobierno de José María Aznar, que le designó en Costa de Marfil en enero de 2003 -apenas un mes antes abrió una cuenta “confidencial” en Suiza-. Paulatinamente fue nombrado representante español en Níger, Liberia y Burkina Fasso. Estuvo en África hasta abril de 2007. En junio de 2008, el Gobierno socialista le nombró embajador en Bagdad, puesto para el que se presentó voluntario, según fuentes diplomáticas. Después dirigió la Misión Especial para Afganistán y Pakistán, cargo que ocupó apenas seis meses en 2011. Trinidad Jiménez le nombró director general para América del Norte, Asia y Pacífico en el Ministerio de Exteriores.

La llegada de José Manuel García-Margallo supuso un cambio para Elías de Tejada, que pasó a dirigir la Unidad de Emergencia Consular. De ese puesto fue trasladado hasta su ubicación actual como consejero cultural en la Embajada de España en París, a las órdenes del embajador Ramón de Miguel, exsecretario de Estado de Exteriores con Aznar.

Su mejora en el escalafón responde a los años de antigüedad en la carrera. Cuando se jubilan embajadores corren los puestos que hay por debajo en el escalafón, según explican desde la OID. Pasar de una categoría a otra implica que pueden acceder a más puestos de la carrera.

Elías de Tejada concentró centenares de operaciones de compraventa en distintos valores de multinacionales mineras y petroleras a través de una cuenta de esa entidad helvética en Estados Unidos que no figuraba en sus declaraciones ordinarias del IRPF entre 2008 y 2011. Así consta en la documentación a la que han tenido acceso eldiario.es, La Marea y Diagonal en el marco de la investigación de 'Los Papeles de la Castellana'.

A finales de 2012, cuando expiraba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, Elías de Tejada realizó gestiones para legalizar su patrimonio oculto, según figura en la documentación de un despacho de asesoría fiscal con el que estuvo en contacto. En los formularios de las complementarias solo figuraban sus operaciones con la cuenta de UBS en EEUU, pero no la cuenta 'confidencial' de Suiza. No consta que esas declaraciones llegaran finalmente a presentarse.

Gregorio López-Bravo de Castro, ministro clave de la dictadura de Francisco Franco, ayudó al industrial y multimillonario José María Aristrain Noain a esconder su fortuna a la Hacienda pública española como administrador de una de las fundaciones opacas de los 'señores del acero' vascos en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.

López-Bravo, íntimo amigo de José María Aristrain Noain, fue responsable de las carteras de Industria y de Exteriores durante la dictadura franquista entre 1962 y 1973 y acabó su trayectoria profesional, truncada por su repentino fallecimiento en 1985, como empleado de Aristrain. Su nombre figura en uno de los documentos recopilados en julio de 2015 por los asesores fiscales de la hija de Aristrain, María de los Ángeles Aristrain de la Cruz, como paso previo a los trámites para regularizar un patrimonio multimillonario gestionado a través de sociedades opacas que el patriarca de la familia legó a sus hijos y que la condesa de Biñasco ocultó durante décadas a las autoridades españolas.

Según una carta fechada el 17 de julio de 1985, López-Bravo figuró hasta esa fecha como administrador de una de las herramientas que utilizó Aristrain para no pagar impuestos en España, la Fundación Gordi, radicada en Vaduz, capital de Liechtenstein. En la carta, dirigida al consejo de la Fundación Gordi, se comunicaba el cese de Gregorio López-Bravo como consejero de esa entidad, que fue una de las piezas clave de la estructura opaca de los Aristrain en el exterior.

La misiva instaba a que “el hijo y la hija”, Ángeles Aristrain y su hermano, José María Aristrain de la Cruz, “puedan disponer de su parte de la fortuna de la fundación y sus ingresos entre los 21 y los 28 años con el consentimiento del consejo de familia de la fundación”. José María Aristrain hijo, al que la Agencia Tributaria quiere sentar en el banquillo por un fraude fiscal de cerca de 200 millones de euros, el mayor de la historia judicial española, ya era en aquel momento mayor de edad. Su hermana Ángela todavía no había cumplido los 16 años. Según la documentación de Los Papeles de la Castellana, la herencia oculta en entidades opacas en Liechtenstein se repartió entre los dos hermanos en 1993, tras cumplir Ángela los 24 años.

Las fundaciones de Liechtenstein son una figura jurídica propia de ese minúsculo principado de menos de 37.000 habitantes que permiten a sus beneficiarios gestionar su patrimonio a través de un banco (normalmente, suizo) preservando en todo momento su anonimato. Son un instrumento similar al utilizado durante años por el multimillonario sueco Ingvar Kamprad para controlar su participación en la multinacional de los muebles Ikea sin pagar impuestos.

El cese de López-Bravo como administrador de la Fundación Gordi de Liechtenstein se produjo cinco meses después de su repentino fallecimiento. El antiguo ministro franquista murió en un accidente aéreo el 19 de febrero de 1985, cuando un avión de Iberia se estrelló en el Monte Oiz, a 30 kilómetros del Aeropuerto de Bilbao, sin que hubiera supervivientes. Menos de un año después de esa tragedia, el 20 de mayo de 1986, el fundador de la Corporación Aristrain, José María Aristrain Noain, también fallecía en otro accidente aéreo sobrevolando la Costa Azul francesa.

El sustituto de López-Bravo en el consejo de la Fundación Gordi fue el abogado Eusebio Laviñeta Hualde, vinculado en esos años a la Corporación J. M. Aristrain, la mayor siderúrgica española de aquella época. Según el Registro Mercantil, Laviñeta, con el que no ha sido posible contactar, ha ocupado 22 cargos en ocho sociedades, casi todas pertenecientes a la familia Aristrain.

No es posible determinar en qué fecha se constituyó la Fundación Gordi, dado su carácter opaco. Varios documentos en poder de los asesores fiscales de Ángela Aristrain acreditan que esta entidad manejó durante las décadas de los 80 y los 90 un patrimonio millonario. La fundación, vinculada a una cuenta de UBS en Suiza, gestionaba a 30 de abril de 1988, dos años después de la muerte de José María Aristrain, activos valorados en 18.052.986 dólares. A 27 de agosto de 1989, su cartera ya alcanzaba los 19.990.145 dólares; a 31 de diciembre de 1990, 22.086.380 dólares, con una tasa de retorno interna del 10,8%; y a 31 de diciembre de 1992 tenía 24.719.226 dólares y un retorno anual del 8%. Teniendo en cuenta la inflación acumulada, esos 24,7 millones de dólares equivaldrían hoy a más de 39 millones de euros.

El asesor de UBS autorizado por los Aristrain como administrador de los activos de Gordi era el suizo Josef Oberholzer. En 2002, una Corte helvética absolvió a este banquero, que fue vicepresidente de UBS, por su implicación en una red para permitir a un cártel colombiano blanquear 150 millones de dólares procedentes del narcotráfico. En aquel momento, fue el mayor caso de blanqueo de la historia de Suiza.

El vínculo entre López-Bravo y Aristrain, dos destacados miembros del Opus Dei, está ampliamente documentado. Tras dos décadas en política, el exministro presidió hasta su muerte Siderúrgicos Independientes Asociados (Siderinsa), la patronal que defendía los intereses de las empresas acereras españolas y que había sido auspiciada por su amigo Aristrain. A preguntas sobre este asunto, dos de los nueve hijos que tuvo el exministro confirman la estrecha relación entre el empresario y su padre, profesional y personal, pero aseguran desconocer su vinculación con esa fundación. Por su parte, Ángeles Aristrain no ha querido hablar con eldiario.es para comentar este asunto.

Como ministro de Industria, el fallecido expolítico fue el máximo responsable de la política industrial española en la década de los 60 del siglo pasado. En esos años de desarrollismo franquista, con la economía sometida a una fuerte intervención gubernamental, José María Aristrain forjó su imperio siderúrgico y su fortuna.

En abril de 1969, cuando López-Bravo todavía era ministro de Industria (pasó a Exteriores en octubre de ese año), Aristrain, que ya había empezado a tejer una red de entidades opacas en Liechtenstein, le nombró consejero de una recién creada fundación en España. La entidad llevaba el nombre del industrial y tenía como consejeros a, entre otros, al “ilustrísimo y reverendísimo señor don Ángel Suquía”, entonces obispo de Almería. A la postre cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, en 1986, como Arzobispo de Madrid, Suquía ofició la misa funeral por el ex ministro. “Era uno de esos cristianos de a pie a través de los cuales la Iglesia se hace presente y operante en la sociedad”, diría de él el religioso.

“Empresa Modelo”

En junio de 1972, un año después de que Francisco Franco recibiera a Aristrain en el Palacio de El Pardo para distinguir a su compañía como “Empresa Modelo”, López Bravo fue uno de los cuatro ministros del Franquismo presentes en el acto en el que la Dictadura celebró la concesión a Aristrain de la medalla al Mérito en el Trabajo.

La relación con López-Bravo se mantuvo en los siguientes años. El periodista José Apezarena, muy cercano al Opus Dei, contaba en su libro Todos los hombres del Rey (1997) que, cuando en 1973 López-Bravo se entera en un viaje oficial a París de su destitución como ministro de Exteriores de la dictadura, el encargado de recogerle del avión que le trajo a Madrid fue “su amigo José María Aristrain”.

La última etapa de López Bravo en política transcurrió al abrigo de la incipiente Alianza Popular y de la mano de Aristrain. El historiador Miguel A. del Río Morillas, especialista en Historia contemporánea española, cuenta en un artículo sobre la génesis de Alianza Popular que la candidatura de López-Bravo al Congreso de los Diputados en las primeras elecciones tras la muerte de Franco, en 1977, “se comenzó a gestar” a finales de marzo de ese año. Entonces, Manuel Fraga Iribarne “se entrevistó con el industrial José María Aristrain, el cual venía acompañado por el mismo López-Bravo”, según contó el propio Fraga en su libro En busca del tiempo perdido (1987).

López-Bravo concurrió a esas elecciones como número tres en las listas de la formación conservadora. Sólo fue diputado en la legislatura constituyente, desde 1977 hasta el 29 de diciembre de 1978. Como otros tardofranquistas enrolados en Alianza Popular, se dio de baja del partido en enero de 1979 por su oposición a la Constitución Española, recién aprobada en esas fechas.

Los tres “lópeces”

Nombrado por Franco ministro de Industria en 1962, cuando todavía no había cumplido los 40 años, López-Bravo fue uno de los tres “lópeces”, el triunvirato de ministros tecnócratas franquistas vinculados al Opus Dei que marcaron los primeros años 70 en España (los otros eran López Rodó y López de Letona). Tras la muerte del dictador, estuvo a punto de ser presidente del Gobierno. López-Bravo figuró en la terna de candidatos que el Consejo del Reino propuso al rey Juan Carlos en julio de 1976, junto a Adolfo Suárez y Federico Silva.

El elegido fue Suárez, pese a la buena opinión que el hoy monarca emérito tenía de López-Bravo: “Su elegancia y delicadeza en el trato; su serenidad y tacto frente a cuestiones graves y difíciles; su caballerosidad; su optimismo; su constante alegría y permanente disposición a servir, son algunas de las muchas virtudes que descubrí en Gregorio y que, apoyadas en su preclara inteligencia, me hicieron pensar, a menudo, cuán grato es encontrarse con un hombre cabal”, escribió de él Juan Carlos I en el libro Gregorio López-Bravo Visto por sus amigos (1987).

En el sector privado, el exministro fue un magnífico exponente de eso que hoy se llama puerta giratoria. Además de presidir la patronal acerera auspiciada por su amigo Aristrain, López-Bravo fue presidente del grupo químico Sniace, consejero del Banco Español de Crédito (a la postre Banesto), Acerinox, de Unión Explosivos Río Tinto y de Motor Ibérica, entre otras empresas. Durante su mandato como ministro de Industria se vio salpicado por el caso Matesa, el mayor escándalo económico del Franquismo (ayudas irregulares a una empresa textil), y fue relacionado a finales de los 70 por la revista Interviú con exportaciones irregulares de hierro y acero.

López-Bravo fue el principal impulsor de la fundación IEISA, constituida un año después de su muerte y muy vinculada a la Universidad de Navarra, adscrita a la prelatura del Opus Dei, y al Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA).

La familia Aristrain ha mantenido durante décadas una estructura oculta de sociedades y fundaciones opacas en Liechtenstein vinculadas a cuentas bancarias en Suiza para esconder parte de su multimillonario patrimonio y eludir sus obligaciones fiscales en España. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid.

Vinculados durante décadas al negocio siderúrgico, los Aristrain son una de las grandes fortunas de España y una de las más discretas. Los documentos revelan que la utilización de estructuras 'offshore' por su parte se remonta hasta la década de los 60 del siglo pasado.

Entonces, el patriarca de la familia, José María Aristrain Noain, había amasado ya una enorme fortuna. Aristrain emigró de niño desde su Argentina natal a Ordizia (Guipúzcoa). Tras casarse con la hija de un adinerado chatarrero, forjó un negocio siderúrgico que con los años derivaría en una de las mayores empresas españolas del sector. Muy vinculado al País Vasco y al Opus Dei, Aristrain fue buen amigo del dictador Francisco Franco y de varios de sus ministros más poderosos. Murió en 1986, a los 69 años; sus allegados aseguran que fue de los pocos empresarios vascos que nunca cedió al chantaje de ETA.

La documentación acredita que algunas de esas entidades opacas que puso en marcha José María Aristrain hace medio siglo han estado activas hasta fechas muy recientes. En Liechtenstein, a tiro de piedra de Suiza, los Aristrain contaban con al menos dos Stiftung, palabra alemana que significa “fundación”. Se trata de una figura jurídica propia de ese minúsculo principado de menos de 37.000 habitantes, tantos como Teruel capital. Un Stiftung permite a sus beneficiarios gestionar su patrimonio a través de un banco (normalmente, suizo) preservando en todo momento su anonimato. Es un instrumento similar al que utilizó un bisnieto del expresidente Maura para defraudar a Hacienda, o al que ha empleado durante décadas el multimillonario sueco Ingvar Kamprad para controlar su participación en la multinacional de los muebles Ikea sin pagar impuestos.

Los stiftung de los Aristrain se llamaban Fundación Laguardia (establecida el 22 de agosto de 1974) y Fundación Gordi. Ambas estaban domiciliadas en Vaduz, la capital de ese principado alpino. En ese paraíso fiscal, los 'señores del acero' vascos también contaban con al menos tres “establecimientos” o anstalt. Se trata de estructuras híbridas entre una sociedad mercantil y una fundación, utilizadas frecuentemente por los extranjeros en ese país para la tenencia de dinero y de acciones de empresas en otros países.

La documentación de Los Papeles de la Castellana procedente de los asesores fiscales de la hija de José María Aristrain, María de los Ángeles Aristrain de la Cruz, revela que el más antiguo de esos establecimientos es Plywood Trading, constituido el 18 de mayo de 1966. Los otros dos se llamaban Inometal Trade Holding y Egui-Ferro Holding Etablissement. El primero fue creado en junio de 1978, mientras que Egui-Ferro se constituyó en mayo de 1993, coincidiendo con el reparto de la herencia entre los dos hermanos Aristrain: José María y Ángeles Aristrain de la Cruz. Su padre, José María Aristrain, había fallecido años antes, el 20 de mayo de 1986, en un accidente de helicóptero en Mónaco, pero entonces su hija Ángeles aún era menor de edad. El reparto de la herencia no llegó hasta que cumplió los 24 años.

La condesa y el presunto defraudador

Nacida en agosto de 1969, Ángeles Aristrain es condesa de Biñasco por vía matrimonial. Está casada con Alberto Díez de Rivera Elzaburu, hijo de los marqueses de Huétor de Santillán, abogado, economista y socio del despacho de gestión de propiedad industrial Elzaburu. Con una actividad pública que se limita a su condición de “miembro de honor” del Museo Guggenheim y a la gestión de su ganadería Las Pueblas, Ángeles Aristrain es, si cabe, más discreta que su hermano, José María Aristrain de la Cruz, al que la Agencia Tributaria quiere sentar en el banquillo por un fraude fiscal de cerca de 200 millones de euros, el mayor de la historia judicial española, según adelantó en octubre pasado El Confidencial.

El 10 de mayo de 1993, siete años después de la muerte de su padre, Ángeles Aristrain estaba a tres meses de cumplir 24 años. En esa fecha, el albacea del desaparecido patriarca de la familia, José María Zabala Mendizábal, certificó en un escrito que los herederos, los dos hermanos Aristrain de la Cruz, “ambos domiciliados en Madrid, han decidido la partición de su herencia y en consecuencia resulta la Señorita María de los Ángeles Aristrain de la Cruz única propietaria y derechohabiente del Etablissement Inometal Trade Holding, Vaduz”. El documento adjuntaba la firma de José María Aristrain hijo, que renunció al 50% de sus derechos en esa entidad, y autorizaba al apoderado general de ese anstalt, Gaspar René Zentner, residente en Zurich (Suiza), para que Ángela Aristrain “conste en los actos de la Sociedad, como única propietaria” de ese ente opaco en Liechtenstein.

La hija de Aristrain también se convirtió en beneficiaria de los bienes administrados por la Fundación Laguardia, que a 10 de octubre de 1994 gestionaba a través de una cuenta en UBS activos valorados en 27.225.725 dólares. Al cambio actual y teniendo en cuenta la inflación acumulada desde entonces, la cifra equivaldría a unos 40 millones de euros. En 1997, la cartera de la Fundación Laguardia ascendía ya a 30.443.748 dólares de entonces, con una rentabilidad anual del 10,96%, según carta remitida el 15 de enero de 1998 por G. P. Rossetti y A. Stankiewicz, ambos vicepresidentes de UBS. En esas fechas, el hermano de Ángeles Aristrain negociaba con el Gobierno de José María Aznar la toma de un 11% de la empresa estatal Aceralia, entonces en proceso de privatización, a cambio de la Corporación Aristrain, controlada por ambos hermanos.

La Fundación Laguardia estuvo administraba en los años 90 por, entre otros, Andreas Welti, banquero de esa entidad helvética al que Aristrain otorgó poderes en Laguardia en agosto de 1995. Preguntado por este asunto, Welti dice que no recuerda haber administrado esa sociedad opaca de los Aristrain.

La documentación remitida a filtrala.org que custodiaban los asesores fiscales de Ángeles Aristrain da cuenta de un patrimonio oculto de hasta 50 millones de euros en esas fechas. Según un informe fechado el 12 de mayo de 2015, los activos gestionados por Inometal Trade Holding ascendían a cierre de 2014 a 12.330.949 dólares y 8.645.276 francos suizos, y los de Egui-Ferro, a 352.000 francos suizos. En total, más de 18,8 millones de euros al cambio actual.

A esa cifra se sumarían más de 30 millones de euros en otras dos cuentas bancarias opacas que aparecen asociadas a ella en la documentación que manejaban sus asesores fiscales, a pesar de que su nombre no figura directamente en estos documentos. En una de ellas, a nombre de Muscari Corp, figuran inversiones por valor de 30.495.752,13 euros a 12 de marzo de 2015, que estaban guardados en el Private Investment Bank Limited en Nassau (Bahamas), con el número de cliente 11287985. La otra cuenta opaca que sus propios asesores fiscales vinculan a Ángeles Aristrain está en el banco suizo BSI a nombre de Corevi Limited. El 31 de diciembre de 2014, esta cuenta tenía depositados otros 539.658 euros.

La documentación de Ángeles Aristrain en poder de sus asesores fiscales también sugiere que el entramado offshore de la familia se extendió durante años a Panamá y a Antillas Neerlandesas. Entre los documentos figura el acta de una sociedad panameña, Riscimbras Inc, creada en enero de 1980 y disuelta el 2 de noviembre de 1993, meses después de que los hermanos Aristrain acordaran repartirse la herencia de su padre; y unas anotaciones manuscritas de 1977 dan cuenta de otra sociedad de José María Aristrain Noain en otro paraíso fiscal, Curazao (antiguas Antillas Neerlandesas).

Esa sociedad, según esas notas, se llamaba Metro Properties NV y era, según ese documento, la propietaria de seis apartamentos de lujo (el 41B, el 42B, el 44B, el 48B y el 34B y el 50D) en el edificio Galleria, en el 117 East 57th Street de Park Avenue de Nueva York, adquiridos por José María Aristrain Noain en fecha indeterminada por 1.085.000 dólares. El representante de esa sociedad de Aristrain en Curazao era el abogado J.A. Schiltkamp, ya fallecido, del despacho especializado en sociedades offshore Corporate Trust NN.

Ángeles Aristrain no ha respondido a las repetidas llamadas a su oficina en Madrid ni a un correo electrónico para comentar este asunto. El pasado 2 de junio, eldiario.es logró por primera y única vez contactar con su teléfono móvil. “No soy yo”, respondió una voz de mujer al otro lado de la línea. Desde su oficina, insisten en que es una persona “muy discreta” y declinan hacer comentarios.

Gestiones para regularizar

Ángeles Aristrain es residente en Navarra, que tiene transferidas del Ejecutivo central la mayoría de las competencias en materia fiscal. El Gobierno navarro aprobó en junio de 2012 la Ley Foral 10/2012, por la que, en lugar de aplicar la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (aprobada ese año), dio algunas facilidades a los contribuyentes navarros al permitirles regularizar su patrimonio oculto hasta el 31 de diciembre de 2012 con rebajas del 90% en el importe de los recargos y del 20% en los intereses de demora.

La hija de Aristrain no regularizó esos fondos aprovechando esa norma. “Habiéndose incumplido la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, que actualmente se encuentran sin regularizar”, aseguraban sus asesores en un informe interno, donde le advirtieron de que tras esa mini amnistía fiscal en Navarra aún le quedaban otras alternativas para legalizar su patrimonio.

eldiario.es no ha podido confirmar si esa regularización se produjo ni, en su caso, cuál fue la opción elegida, ni la cuota que Aristrain pagó. Sí está acreditado que los trámites se iniciaron unos meses después de la intervención del Banco Madrid por presunto blanqueo de capitales, del que Aristrain era cliente destacada.

El 6 de julio de 2015, Ernesto Lejeune Valcárcel, catedrático de Derecho Tributario y “mandatario verbal” de Ángeles Aristrain, recibía una documentación del banco suizo BSI de los ejercicios 2011 a 2014 y declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de Aristrain de esos años. Y nueve días después, los asesores fiscales de Aristrain en Madrid remitían una carta a otro banco suizo, Julius Baer, para solicitar información de las cuentas “Inometal Trade Holding Etablissement” y “Egui-Ferro Holding Etablissement” para “proceder a la regularización de las mencionadas cuentas ante las autoridades españolas”.

“Que yo sepa, Ángeles Aristrain tiene su situación regularizada con Hacienda”, dice su asesor Ernesto Lejeune, preguntado por este asunto.

PSOE y Podemos consideran que es un “escándalo” que un embajador mantuviera opaca una fortuna en inversiones petrolíferas, tal y como han revelado los Papeles de la Castellana que eldiario.es publica junto a Diagonal y La Marea. Así se han pronunciado ambos partidos ante esta nueva revelación que demuestra que Francisco Elías de Tejada, que fue embajador en Irak y que ahora es consejero cultural de la Embajada española en París, no informó a la Agencia Tributaria en sus declaraciones ordinarias del IRPF dos cuentas que tenía en Suiza y en EEUU al menos hasta 2012. PP y Ciudadanos han declinado hacer comentarios sobre este asunto.

“Es un escándalo mayúsculo que un embajador haya abierto cuentas opacas y se haya enriquecido usando sus contactos y haciendo negocios utilizando su puesto, siguiendo la línea de Arístegui -ha expresado el responsable de Economía de la Ejecutiva del PSOE, Manuel de la Rocha-. La Agencia Tributaria y la Fiscalía deben, siempre respetando su presunción de inocencia, iniciar una investigación para que se clarifiquen esas posibles irregularidades y se depuren responsabilidades”.

“Es escandaloso. Absolutamente escandaloso que además sea un representante de España. Hay que actuar con toda la determinación y casos como esos revelan cómo se ha gobernado es este país. En realidad, simplemente cumpliendo la ley los cambios serían enormes”, ha respondido Iglesias en una entrevista que eldiario.es publicará íntegra este martes.

Iglesias sostiene que “el fraude fiscal es el crimen más terrible a pesar de que hay una terminología que lo rodea que lo pinta de gris y no es habitual que esté en las portadas, y las consecuencias son peores servicios públicos, precariedad y que uno de cada tres españoles esté en riesgo de pobreza”.

El PSOE también sostiene que la lucha contra el fraude es una de las principales medidas de su programa elesctoral. “Hemos reforzado el programa para incluir criterios más duros contra los paraísos fiscales: prohibiremos que las empresas que operen desde ellos puedan contratar con la Administración española y que los bancos en esos lugares tengan que irformar de manera automática de quiénes son sus clientes, como hacen en España”, enumera De la Rocha.

Las afirmaciones de Iglesias y de De la Rocha responde a la información publicada este lunes en el marco de la investigación de Los Papeles de la Castellana, que demuestra que el embajador español en Irak durante la postguerra mantuvo al menos desde 2002 cuentas opacas al fisco en sus declaraciones ordinarias de IRPF durante los años 2008-2011, el periodo en el que estuvo destinado en Oriente Medio. PP y Ciudadanos han declinado hacer comentarios sobre esta publicación.

Una de las cuentas del banco UBS la abrió en Suiza en diciembre de 2002, un mes antes de ser designado embajador en Costa de Marfil. También dispuso de una cuenta en esa misma entidad helvética en Estados Unidos, a través de la que realizó inversiones en empresas relacionadas con el petróleo, la siderurgia y la minería. Elías de Tejada se ha negado a responder a las preguntas de los medios que colaboran en la investigación de Los Papeles de la Castellana. “Quien tiene que saber esa información ya la sabe”, se limitó a decir. El alto diplomático inició las gestiones para regularizar su fortuna a finales de 2012, pero la documentación disponible no permite saber si finalmente quedó legalizada.

Horacios, Lucrecios, Verginios, Menenios. La historia dice que fueron las familias más antiguas y fundadoras de la antigua Roma. Pater familias que crearon un orden social en el que ellos, los patricios, gozaban de privilegios y prerrogativas. Con el tiempo, aparecieron los Julios, Domicios, Pinarios, Postumios, Claudios, Valerios, Junios, Sergios, Servilios y Cornelios. Y, entre todos ellos, se repartían territorios, cargos, prebendas, corruptelas, negocios, esclavos y ejércitos.

Han pasado dos mil años. Ya no hay Imperio Romano. Pero en la entonces conocida Hispania se puede distinguir un puñado de entidades y apellidos –los Borbones, los Pujol, los Rato, los Botín– que quizá no se repartan privilegios y prebendas como en la edad Antigua, pero que sí se comportan como patricios, disfrutando de prebendas y privilegios –concesiones públicas, incentivos fiscales, puertas giratorias–. Y, cuando esas prebendas y privilegios no resultan suficientes, se aprovechan de paraísos fiscales para pagar menos impuestos.

Los papeles de la Castellana y otras revelaciones, como las de los papeles de Panamá y la lista Falciani, así como procesos judiciales abiertos y lo que se ha ido conociendo de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, están dibujando un siglo largo de evasión fiscal: desde Antonio Maura hasta José María Amusátegui, pasando por Rodrigo Rato, Juan de Borbón y su hija, Pilar, y ministros franquistas. Un hilo negro que conecta a las tradicionales fuerzas vivas en la opacidad financiera.

'Los Papeles de la Castellana' es una investigación conjunta de las redacciones de eldiario.es, La Marea y  Diagonal a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org. Varios despachos de asesoría tributaria ubicados en La Castellana, el distrito financiero de Madrid, manejan expedientes en los que constan estas operaciones y ponen al descubierto las fórmulas que distintas empresas y fortunas españolas han utilizado para ocultar su patrimonio en el extranjero.

A día de hoy se sabe que 705 personas con cargos públicos se acogieron a la amnistía fiscal, de las que por ahora solo se conocen un puñado de estos nombres: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, José Ángel Fernández Villa –el líder del sindicalismo minero–, Francisco Granados y la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, entre los más relevantes. Del resto de los políticos o familiares directos de políticos que tuvieron acceso al dinero público y además guardaban patrimonio opaco poco o nada se sabe. Al menos por ahora.

Una lista de 705 nombres que se podría quedar pequeña con otra lista, de 872, aprehendida por la policía del franquismo en 1958 y conocida por la agenda Rivara.

Agenda Rivara

Los nombres que figuraban en la libreta de George Laurent Rivara, enlace de la Société de la Banque Suisse, fueron publicados en el BOE en marzo de 1959, “haciendo público el resumen de las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios con motivo de la documentación al súbdito suizo D. George Laurenz Rivara”.

¿Y qué había en esa lista? Personas y entidades españolas con cuentas secretas en la banca suiza, con un montante superior a los 70.000 millones de pesetas de la época. Entre ellos, figuran el padre del que fue presidente de Catalunya Jordi Pujol; el hermano de Juan Antonio Samaranch (expresidente del COI), nobles, banqueros, deportistas, farmcéuticos, embajadores..., fundamentalmente radicados en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián.

Entre los nombres, se puede encontrar Juan Villalonga Villalba, director general del Banco Central en la época y abuelo del que fue compañero de pupitre de José María Aznar y director general de Telefónica –y tío abuelo de Fernando Villalonga, exconseller con Zaplana–.

Además, estaba Juan Trias Bertrán, padre de Xavier Trias, y un tío del alcalde de Barcelona, Ramón Trias Bertrán. En la agenda, también, figuraba Florenci Pujol Brugat, padre de Jordi Pujol Soley, ex presidente de la Generalitat que confesó en 2014 haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”.

Pero no sólo hay apellidos en la agenda Rivara, también figuraban entidades financieras como el Banco Español de Crédito, el Banco Central y el Banco Atlántico, entre otras, además de directivos del Popular y el Zaragozano.

Fueron los representantes más acrisolados de la oligarquía financiera, encabezados por Juan March, quienes aparte de poner a salvo una gran parte de sus dineritos en bancos franceses, ingleses, alemanes y suizos, no dudaron en añadir su ayudita financiera para la creación de un “estado de necesidad” que en último término justificase la sublevación.

Borbones

Según reveló el diario El Mundo, el conde de Barcelona –cuyo padre, Alfonso XIII, se llevó dinero fuera de España tras instaurarse la Segunda República en 1931– dejó a sus hijos bienes y fondos por un valor de 1.100 millones de pesetas tras su muerte, el 1 de abril de 1993. La mayor parte de ese patrimonio se encontraba en tres cuentas en Suiza, dos en Lausanne y una en Ginebra. En ellas había fondos depositados por un valor de 728,75 millones de pesetas, que al cambio actual, y aplicando el IPC de estos últimos 20 años, serían unos 7,85 millones de euros. A esa cantidad se sumaría un patrimonio inmobiliario cercano a los 350 millones de pesetas, entre el que destacan el chalet familiar de Puerta de Hierro en Madrid, un edificio en la Gran Vía de la capital y un apartamento en la ciudad portuguesa de Estoril. Siempre según el diario El Mundo, el grueso de las cantidades depositados en las cuentas suizas de Juan de Borbón acabó en manos del rey. En concreto, unos 375 millones de pesetas. Juan Carlos de Borbón los recibió a través de tres cheques que fueron ingresados el 21 de octubre de 1993, momento en el que se procedió al reparto de la herencia, en la cuenta 10.031 de Sogenal –Société Générale Alsacienne de Banque–, de Ginebra.

Juan de Borbón no ha sido el único con cuentas en Suiza. La familia de su primo Alfonso de Borbón –tío de Juan Carlos–, también, como se detalla en su testamento: una tía del rey Juan Carlos, su primo e infante de España Carlos de Borbón y dos de sus hijos mantenían bienes opacos al fisco español hasta 2012. El dinero procede de cuentas en Suiza y una parte tiene su origen en la herencia de María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009: los Borbón-Dos Sicilias ocupan el primer puesto de la línea de sucesión de la Corona española tras los descendientes del rey Juan Carlos. Alfonso de Borbón –uno de los catorce nietos legítimos de Alfonso XII– murió en 1964 y dejó en herencia 90 millones de pesetas: el equivalente hoy a 17 millones de euros, descontada la inflación.

Alicia de Borbón Parma, esposa de Alfonso de Borbón, y su hijo, Carlos de Borbón-Dos Sicilias –infantes reales– y dos primos del rey Felipe VI –Pedro de Borbón-Dos Sicilias y su hermana Cristina de Borbón-Dos Sicilias– regularizaron, en 2012, 4.000.816 euros procedentes de cuentas en el banco suizo Lombard Odier gracias a la amnistía fiscal que planteó entonces el Gobierno de Mariano Rajoy.

Inés de Borbón, hermana de Carlos de Borbón, prima de Juan Carlos, también cobró en bancos suizos dos herencias valoradas en 6 millones de euros. Imputada por blanqueo en la trama Púnica, ocultó al juez el detalle de sus cuentas: “En casa nos enseñaron a no hablar de dinero”, ha afirmado. Los investigadores tienen pruebas de que parte del dinero que entregaba a Inés de Borbón un ejecutivo de una entidad de Ginebra procedía de la trama de Granados y Marjaliza.

Con este familiar serían cinco los miembros conocidos de los Borbón que se han acogido a la amnistía fiscal.

La biografía del rey Juan Carlos camina en paralelo al manejo de dinero que su hermana, Pilar de Borbón, almacenó de manera opaca a través de una sociedadoffshore registrada como “Delantera Financiera”,  según datos que obtuvieronlaSexta y El Confidencial junto con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ): Pilar de Borbón accede a la presidencia de la empresa en agosto de 1974, cuando el dictador Francisco Franco estaba ingresado por una flebitis y por primera vez el rey Juan Carlos tomaba las riendas de la Jefatura del Estado de forma provisional. La sociedad se cerró apenas cinco días después de la proclamación del rey Felipe.

'Patricios' de la Restauración y el franquismo

Borja Pérez-Maura –bisnieto del que fue presidente cinco veces con Alfonso XIII, Antonio Maura– pagó 112.122 euros para legalizar su patrimonio oculto: el 1,4%. “Por razones familiares, desde hace muchas generaciones la familia ha tenido patrimonio fuera de España”, justifican desde su entorno.El dinero estaba escondido a través de una fundación en Liechtenstein y su origen es la herencia del hijo de Antonio Maura, Gabriel Maura, que fue también ministro en el último gobierno monárquico antes de la II República.

La nueva revelación de  Los Papeles de la Castellana conecta la época de la Restauración española con la del Gobierno de Mariano Rajoy, a una fundación en Liechtenstein con cuentas en Suiza, a la amnistía fiscal de 2012 con el régimen previo a la II República. Borja Pérez-Maura, nieto del ministro Gabriel Pérez-Maura y Gamazo y bisnieto del por cinco veces presidente Antonio Maura, usó la amnistía fiscal para regularizar más de ocho millones de euros que guardaba en cuentas suizas a través de una fundación opaca. La saga Pérez-Maura es una de las más ricas de España y está emparentada con otras familias del poder económico, como los Botín, los Gamazo o los Herrera.

Otros apellidos ilustres también son hilo conductor de la historia de España de los Goiberno de Antonio Maura a José María Aznar. Es el caso de Ramón Rato Rodríguez-San Pedro, el padre de Rodrigo Rato que llegó a pisar la cárcel en 1967 con una pena de tres años por evasión fiscal. El abuelo de Don Ramón, Faustino Rodríguez-San Pedro había sido alcalde de Madrid y ministro de Fomento con Antonio Maura en 1903. Su hijo, Rodrigo Rato, una de las personalidades políticamente expuestas de la lista de la amnistía bajo la lupa judicial. Dicen que la detención del padre (y también del hermano mayor) de Rodrigo Rato se hizo en el enlace de María Ángeles Rato con Emilio García Botín, sobrino de Emilio Botín. Otro de los nombres salpicados en la historia reciente por los escándalos de cuentas opacas en suiza.

Las querencias franquistas no libraron a Ramón Rato de la cárcel. Y es que no está exenta la dictadura de sus agujeros negros.  Una de los cuatro hijos de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas en la dictadura entre 1970 y 1974, legalizó una cartera de inversiones oculta en Suiza gracias a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Como el resto de los que recurrieron a esas declaraciones tributarias especiales que habilitó el Ministerio de Hacienda en 2012, Isabel Fernández de la Mora pagó el 10% de los beneficios generados por sus inversiones entre 2008 y 2010. Abonó una cuota de 4.022 euros, el 0,6% del capital regularizado.

En la documentación de Los Papeles de la Castellana figuran más descendientes directos de otros prohombres de la dictadura como Pilar Tello, hija de Blas Tello y Fernández Caballero, consejero nacional del Movimiento, gobernador civil en Toledo y director general de Política Interior en el franquismo.

Lista Falciani y Papeles de Panamá

En 2010 las autoridades francesas compartieron con varios países europeos, entre ellos España, la conocida como 'lista Falciani' de contribuyentes con cuentas en el HSBC de Suiza. Fruto de esa investigación, la familia del banquero ya fallecido Emilio Botín regularizó su situación y pagó 200 millones a la Hacienda española.

En total, Hacienda descubrió gracias a los datos de Falciani que 659 españoles tenían cuentas en este banco suizo sin declarar, lo que le permitió ingresar alrededor de 260 millones de euros por regularizaciones voluntarias una vez que fueron apercibidos por la Agencia Tributaria. Y como en el caso de la agenda Rivara, algunos bancos también aparecen salpicados. Banco Santander y la filial española de BNP Paribas están siendo investigados en el marco de estas operaciones de evasión.

Precisamente hace unas semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó a la luz el nombre de contribuyentes de todo el mundo en la investigación de Los Papeles de Panamá, con cuentas y empresas opacas en paraísos fiscales. La información, que ya ha sido solicitada al Consorcio por la Fiscalía Anticorrupción y por la Agencia Tributaria, incluye nombres como Pilar de Borbón, Pedro Almodóvar, Rodrigo Rato, Lionel Messi, Bertín Osborne o José Manuel Soria.

El propio Soria, uno de los ministros más protegidos por Mariano Rajoy, dimitió el pasado abril como ministro de Industria, diputado y presidente del PP de Canarias ante sus numerosas contradicciones sobre su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales incluidas en los papeles de Panamá. Hasta el final, el presidente en funciones dijo confiar en sus explicaciones, pero en la dirección del PP crecía el enfado por sus falsedades. Finalmente, su jefe y amigo decidió dejarle caer.

eldiario.es reveló que la empresa familiar de los Soria, Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental con sede en Jersey. Poco después, el diario El Mundo sumaba un nuevo documento, el del acta anual de UK Lines, que Soria firmaba en su condición de secretario de la misma. El cerco se estrechó tras publicarse horas después que el ministro  tenía una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. La versión oficial del Gobierno y del PP se mantuvo a pesar de que las diferentes comparecencias públicas del ministro fueron demostrando las falsedades en cuanto a su relación con UK Lines, donde figuraba como administrador a pesar de que él atribuyó a “un error” la aparición de su firma y la de su hermano. “Ni tengo ni he tenido empresas registradas en Panamá. Es falso”, fue la primera versión defendida en una rueda de prensa convocada en Lanzarote poco después de que El Confidencial y  La Sexta hicieran pública su investigación.

La carrera política de Soria terminó hace dos meses con la publicación de los papeles de Panamá. Un patricio más del hilo negro de la opacidad financiera que conecta a Borbones, empresarios, familias ilustres y fuerzas vivas de la Restauración y el franquismo en más de un siglo de evasión fiscal.

La nueva revelación de Los Papeles de la Castellana conecta la época de la Restauración española con la del Gobierno de Mariano Rajoy, a una fundación en Liechtenstein con cuentas en Suiza, a la amnistía fiscal de 2012 con el régimen previo a la II República. Borja Pérez-Maura, nieto del ministro Gabriel Pérez-Maura y Gamazo y bisnieto del por cinco veces presidente Antonio Maura, usó la amnistía fiscal para regularizar más de ocho millones de euros que guardaba en cuentas suizas a través de una fundación opaca.

El matrimonio de Borja Pérez-Maura y Berta de la Peña pagó a la Agencia Tributaria 112.112,82 euros por los cerca de ocho millones de euros que en el año 2010 acumulaba en tres cuentas de dos bancos en Suiza. El dinero permanecía oculto al fisco español a través de una fundación opaca llamada Fuentas con sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Cada uno de los cónyuges ingresó 56.056,41 euros el 21 de noviembre de 2012 en la Agencia Tributaria mediante el modelo 750 que aprobó el ministro Cristóbal Montoro con el objetivo de aflorar activos ocultos.

Esa cifra correspondía al 10% de los 560.564,08 euros de ganancia que generó su fortuna oculta entre 2008 y 2010 y suponía un 1,4% del total escondido en bancos del país helvético. Así lo revela la documentación exclusiva a la que ha tenido acceso eldiario.es en la investigación 'Los Papeles de la Castellana', realizada conjuntamente con La Marea y Diagonal, asociados al buzón seguro filtrala.org.

Borja Pérez-Maura es el hijo de Ramiro Pérez y Gabriela Maura de Herrera, heredera del ducado de Maura tras la muerte de su padre, Gabriel Maura y Gamazo. Gabriel Maura fue ministro de Trabajo durante unos meses justo antes de la proclamación de la II República en 1931 y antes había ocupado otros cargos como el de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se exilió al estallar la Guerra Civil y no regresó a España hasta 1953. El rey Alfonso XIII le concedió el ducado en reconocimiento a su padre, Antonio Maura, que fue presidente en cinco ocasiones durante su reinado y líder del partido conservador tras el abandono de las filas liberales.

La saga Pérez-Maura es una de las más ricas de España y está emparentada con otras familias del poder económico, como los Botín, los Gamazo o los Herrera. Según el ranking de El Mundo, la familia Pérez-Maura, que posee la naviera Pérez y Cía, es una de las 100 fortunas españolas y maneja más de 300 millones de euros. Borja Pérez-Maura formó parte del consejo de administración de la sociedad familiar de la que fue vicepresidente hasta 2014.

La fortuna que el matrimonio Pérez-Maura regularizó en 2012 procedía en un 90% de la herencia del padre (Ramiro Pérez de Herrera) y del abuelo materno del empresario (Gabriel Maura y Gamazo), según figura en las anotaciones del gestor que contrataron los Pérez-Maura. El manuscrito explica que eran beneficiarios de una fundación en Liechtenstein con dinero en dos bancos (UBS y HSBC). “Bonos en el 90% de distintas entidades”, rezaba el escrito en el que señalaba también que la “pretensión” de los clientes era “dejarlo todo allí”, es decir, en Suiza tras la regularización y el “levantamiento del velo” de las “fundaciones no residentes interpuestas”.

“Por razones familiares, desde hace muchas generaciones, la familia ha tenido patrimonio fuera de España”, justifican fuentes cercanas a la familia en declaraciones a los medios que investigan Los Papeles de la Castellana. Uno de los motivos que aducen sobre la posesión de dinero fuera de España es que los Pérez-Maura tienen “orígenes y familia fuera del país”. El abuelo materno de Pérez-Maura, del que procede la herencia, según la documentación del despacho fiscal en la que se realizó la amnistía, se exilió al estallar la Guerra Civil en 1936. “Es un dinero que viene de mucho antes de la guerra”, zanja un allegado a la familia que sitúa en varias generaciones anteriores el origen del dinero aunque no sabe especificar a qué rama familiar pertenecía el dinero: “Es dinero que se ha ido heredando de padres a hijos y que ahora se ha regularizado”.

El dinero que los Pérez-Maura regularizaron mediante la amnistía fiscal estaba oculto en tres cuentas en el UBS y en el HSBC abiertas en 2003 y 2004, respectivamente, a nombre de Fuentas Foundation, creada en 1993. “Al día de hoy, según consta en nuestros registros, aparece Mauro Borja Francisco de Pérez (sic), nacido el 12.08.1938, y Berta de la Pena (sic), nacida el 08.06.1944, como beneficiarios económicos”, figura en los certificados de titularidad emitidos por las entidades bancarias en septiembre de 2012, dos meses antes de que los dueños se acogieran a la amnistía fiscal.

Amnistía fiscal para evitar la paralela de Hacienda

El despacho contratado por los Pérez-Maura planteó dos opciones para aflorar esos activos: la Declaración Tributaria Especial aprobada por Cristóbal Montoro o la “regularización ordinaria” mediante la presentación de complementarias del IRPF y patrimonio del periodo 2007-2011, es decir, los “ejercicios no prescritos (administrativa y penalmente)”.

La recomendación de los asesores fue que se acogieran a la amnistía fiscal por varias “ventajas”, entre ellas que el coste era similar, que no se interrumpía el periodo de prescripción y, además, que tenía mayor seguridad que mediante la presentación de complementarias del IRPF. “En la declaración ordinaria, la solicitud de devolución de los ejercicios 2008-2009 podría dar lugar a una comprobación administrativa”, advertía el despacho, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.

Unos meses después de la regularización presentaron el modelo 720 por el que se declaran los activos legales que se poseen en el extranjero. Ese documento reflejaba un saldo total de bienes declarados en el extranjero superior a los 18 millones de euros.

Los activos de la Fundación Fuentas gracias a la que los Pérez-Maura habían eludido al fisco español estaban valorados en nueve millones de euros en el año 2012, según la declaración del matrimonio a través del modelo 720. Esa sociedad se constituyó en Vaduz (Liechtenstein) el 1 de junio de 1993 por Borja Pérez-Maura, que gozaba de un poder de su esposa firmado en 1983 para gestionar los bienes familiares, y pasó a estar administrada por dos testaferros.

En los estatutos de la fundación patrimonial se establecía como beneficiarios a Borja Pérez-Maura y Berta de la Peña y, una vez fallecidos, a su hija Gabriela Pérez-Maura de la Peña. El escrito, rubricado por los fundadores de la sociedad, también nombraba a dos miembros del clan familiar para tutelar el patrimonio de la fundación en caso de fallecimiento de los beneficiarios si la hija aún no había cumplido los 21 años –la fundación se formó cuando tenía ocho años–.

Los 'tutores' del patrimonio de Gabriela Pérez-Maura en esa sociedad eran Ramiro y Ángel. El primero es el heredero del ducado de Maura. El otro elegido para administrar los bienes de la fundación Fuentas fue Ángel Pérez-Maura García –familiar de los Botín (su madre era prima del fallecido presidente de Banco Santander Emilio Botín)–.

Ángel Pérez-Maura García está en busca y captura en Guatemala por el presunto soborno al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta de ese país Roxana Baldetti. Pérez-Maura está implicado supuestamente en una trama de cobro de comisiones por la concesión de un contrato a la filial del grupo español TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona), de la que fue accionista mayoritario a través de la empresa familiar Pérez y Cía. 

Descendientes de la saga política de los Maura y la élite castellana de caciques de los Gamazo, los Pérez-Maura, han mantenido una postura discreta entre las grandes fortunas españolas. Su origen se remonta al siglo pasado, durante las maniobras políticas de la Restauración política en España.

Antonio Maura, cinco veces presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración, desarrolló fuertes vínculos con los Gamazo durante su niñez. Germán Gamazo, abogado y político español, tuteló a Maura como patriarca de la familia durante su ascenso político. La alianza entre ambas familias se selló a la vieja usanza: con un matrimonio. El enlace entre Antonio Maura y Constancia Gamazo, hermana de Germán, allanó el camino de una carrera política que le llevó a presidir las filas del Partido Liberal y el Gobierno español.

Este enlace fue el germen de la saga Pérez-Maura. Una unión entre los intereses políticos y empresariales de dos de las familias aristocráticas españolas más importantes. Los Gamazo consiguieron vincularse con el poder político y así mantenerse en el grupo de las élites. Fruto del matrimonio entre Antonio Maura y Constancia Gamazo nacieron diez hijos.

El mayor, Gabriel Maura y Gamazo, fue un político destacado durante la Restauración que llegó a ser ministro durante unos meses justo antes de la proclamación de la II República en 1931. Se exilió al estallar la Guerra Civil y no regresó a España hasta 1953. Fue el primer duque de Maura, un título nobiliario a medida concedido por el rey Alfonso XIII en reconocimiento a su padre, Antonio Maura. El ducado de Maura ha sido la herencia aristocrática más preciada de la familia, que mantiene en la actualidad.

Gabriel Maura se casó con Julia de Herrera, V Condesa de la Mortera, también perteneciente a otra aristocrática saga familiar española que hizo fortuna haciendo negocios en Cuba. De este enlace nació Gabriela Maura de Herrera, III duquesa de Maura, de cuyo matrimonio surgió el apellido compuesto Pérez-Maura. Casada con Ramiro Pérez de Herrera, sus tres hijos heredaron la fusión de sus apellidos de noble linaje: Pérez y Maura.

Una dinastía aristocrática entre la política y la empresa

Los Pérez-Maura, una de las sagas familiares más ricas de España, están entre las 100 mayores fortunas españolas. Propietarios de la naviera Pérez y Compañía, manejan un patrimonio de más de 300 millones de euros, según el ranking de El Mundo.

Borja, Ramiro y Jaime Pérez-Maura y Herrera, los tres hijos del matrimonio de Ramiro Pérez y Gabriela Maura, se han manejado entre la carrera diplomática, política y la vida empresarial. Borja Pérez-Maura, que legalizó un patrimonio de 8 millones de euros ocultos en Suiza a través de la amnistía fiscal, es el único de los tres hermanos que no ha fallecido. Según las anotaciones de los asesores fiscales de los Pérez-Maura, la fortuna regularizada procedía “en un 90%” de la herencia del padre (Ramiro Pérez de Herrera) y del abuelo materno del empresario (Gabriel Maura y Gamazo). Borja Pérez-Maura fue vicepresidente de la naviera familiar entre 2011 y 2014, cuando se acogió a la amnistía fiscal.

Su hermano, Ramiro Pérez Maura, heredero del ducado de Maura y del condado de la Mortera, fue embajador de España en Corea, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Santa Lucía, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Luxemburgo entre 1982 y 2000. La mayoría de estos países estaban considerados como paraísos fiscales por España mientras ocupó su cargo como representante en el exterior. Aunque gran parte de su vida profesional se centró en su carrera diplomática, ocupó cargos políticos durante la Transición. Fue senador con Unión de Centro Democrático en 1977, partido con el que estuvo fuertemente vinculado en las Islas Baleares.

Ramiro y Borja se casaron con las hermanas Lucía y Berta de la Peña González Camino, respectivamente. La primera, viuda de Ramiro Pérez Maura, se hizo célebre en la campaña electoral por ser la mujer que pidió donativos para Cáritas a Pedro Sánchez durante un acto en los alrededores del hotel Ritz de Madrid. “¿No das a Cáritas y luego quieres que te vote la gente? ¡Qué vergüenza!”, le espetó al candidato socialista.

Su hermana, Berta de la Peña, era también beneficiaria de los activos que tenía ocultos en una fundación en Liechtenstein junto a su marido, Borja Pérez Maura. Legalizó la mitad de los fondos que el matrimonio escondía en el banco suizo UBS. Las hermanas De la Peña son descendientes de una saga de militares franquistas herederas de otros apellidos aristocráticos: González-Camino y Aguirre.

Jaime Pérez Maura, fallecido en 1994, fue el tercer paladín de la familia. Empresario y naviero, fue el verdadero impulsor de la compañía familiar, Pérez y Compañía. Se casó con Elena García Botín, prima de los hermanos Emilio y Jaime Botín, accionista históricos y expresidentes del Banco Santander y Bankinter.

Elena García, el nexo que une a los Botín con los Pérez-Maura, fue también diputada en el Congreso con Alianza Popular (formación predecesora del Partido Popular) entre 1986 y 1989. Sin embargo, permaneció en la Junta Directiva Nacional del PP hasta 2014, cuando dimitió en desacuerdo por la retirada de la reforma de la Ley del Aborto. Otros dirigentes del partido, como Federico Trillo, son habituales en los eventos sociales de la familia.

Los Pérez Maura, naturales de Santander, forman parte del círculo de amistades del rey emérito Juan Carlos I, con quienes compartían la afición por los deportes náuticos, tal y como publicó El País. La saga familiar ha cimentado su influencia en torno a sus vínculos con el PP y UCD, su presencia dentro de las relaciones exteriores y sus matrimonios con descendientes de altos cargos del Ejército franquista y familiares de la dinastía bancaria de los Botín.

Una saga noble de costumbres

Los descendientes de los tres hermanos Pérez-Maura han mantenido costumbres, protocolos y tradiciones durante cuatro generaciones familiares. Presentes en los actos sociales de la nobleza cántabra, sus enlaces matrimoniales figuran habitualmente en las páginas de “Vida social” en el periódico Abc, donde son habituales duques, condes, marqueses o miembros de familias reales europeas.

Uno de los hijos de Jaime Pérez Maura, Ramón Pérez-Maura, es periodista y adjunto al director de ABC, donde escribe a veces de sus raíces familiares. Sin embargo, además de la naviera familiar Pérez y Cía, la dinastía heredera del ducado de Maura mantiene una afición en común: la caza. Perdices, jabalíes, venados e, incluso, osos son los codiciados ejemplares que los miembros de la familia Pérez-Maura se han cobrado en sus cotos de caza distribuidos por todo el territorio cántabro. Según fotos publicadas por los Pérez-Maura, en una jornada de caza junto “con sus amigos” podían cobrarse más de 200 ejemplares de perdices.

Aunque la mayoría de herederos de la saga Pérez Maura han mantenido un perfil discreto en el plano mediático, otros sí que han aparecido en los medios. Ángel Pérez Maura, hijo de Jaime Pérez Maura y Elena García Botín, está en busca y captura en Guatemala por el presunto soborno al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta del país centroamericano Roxana Baldetti. Pérez-Maura está implicado en una trama de cobro de comisiones por la concesión de un contrato a la filial del grupo español TCB en Guatemala, que fue accionista mayoritario a través de la empresa familiar Pérez y Cía.

Los nueve herederos de los tres hermanos Pérez Maura, Ramiro, Borja y Jaime, eran potenciales beneficiarios de los activos ocultos en la Fundación Fuentas, con sede en Liechtenstein, en caso de fallecimiento del matrimonio. Según fuentes cercanas a la familia, son los últimos de una larga lista. “Es un dinero que está en la familia desde hace cuatro generaciones, al menos”, explican.

Gonzalo Fernández de la Mora, fallecido en 2002, fue un dirigente clave en el tardofranquismo que ocupó la cartera de Obras Públicas a partir de 1970, bajo la presidencia de Luis Carrero Blanco y hasta 1974. Antes había desempeñado una exitosa carrera diplomática en la dictadura con distintas paradas en consulados tan codiciados como Fráncfort, Bonn y Atenas.

Criado en una familia muy conservadora -su padre fue coronel del cuerpo jurídico militar y su madre, de ascendientes monárquicos, era hija de un ministro de Isabel II- durante la Transición, Gonzalo Fernández de la Mora fundó Unión Nacional Española, que después se integró en Alianza Popular, lo que aupó al exministro del régimen a la vicepresidencia de AP. El periodismo de la época lo situó dentro del denominado grupo de “los siete magníficos de Alianza Popular” junto a otros fundadores del partido: Manuel Fraga (cabeza visible de Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), y Licino de la Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA) y Licinio de la Fuente (Reforma Social).

Padre de cuatro hijos, Isabel, Gonzalo, Juan Luis y Sandra, una de ellas, Isabel, ha ocultado al menos desde 2003 más de 640.000 euros en Suiza, según la investigación de Los Papeles de la Castellana. La cuenta se abrió apenas un año después del fallecimiento de su padre. Su hijo Gonzalo Fernández de la Mora Varela es director de la revista “Razón española” que fundó su padre y que en 2013 cumplió 30 años.

Fernández de la Mora ocupó un escaño por Pontevedra tras las elecciones constituyentes y allí entabló relación con un joven registrador de la propiedad con el que estaba lejanamente emparentado llamado Mariano Rajoy Brey. La entrada del hoy presidente del Gobierno en Alianza Popular fue precisamente a través de Unión Nacional Española, partido en el que militó, convertido en discípulo de las teorías que Fernández de la Mora explicitó en su libro más famoso, El crepúsculo de las ideologías, un tratado ideológico que asumía la desigualdad como algo inherente al ser humano y calificaba a quienes proponían luchar contra ella como “envidiosos”. El ensayo coqueteaba con las teorías supremacistas.

Etiquetado como uno de los inmovilistas del Régimen, Fernández De la Mora abandonó esas siglas cuando Alianza Popular recomendó el voto a favor de la Constitución. Rajoy, entretanto, siguió su camino en la política gallega alineado con alguna de las tesis de su mentor, como la que le llevó a escribir un polémico artículo en el diario Faro de Vigo –ya como presidente de la Diputación de Pontevedra– que tituló “Igualdad y modelos de sociedad”. En aquella tribuna Rajoy citaba el libro “magistral” de Fernández de la Mora para legitimar, él también, las desigualdades sociales y políticas y deslizar los beneficios que ofrece a la sociedad las diferencias basadas en la estirpe.

El exministro franquista siguió todavía unos años como cara del partido Derecha Democrática Española, que propugnaba reformar la Constitución, y escribió numerosos ensayos y artículos siempre defendiendo posiciones muy conservadoras.

En 2002, tras la muerte de Gonzalo Fernández de la Mora, ABC, periódico en el que colaboraba como editorialista, definió así su trayectoria como ministro de Obras Públicas del franquismo: “Dobló los créditos presupuestarios para carreteras y terminó el acondicionamiento de la red principal, elaboró la Ley General de Autopistas (adjudicando 1.500 kilómetros), redujo al mínimo el déficit de Renfe e inició la construcción de la gran estación ferroviaria madrileña de Chamartín, dobló la red del metro de Madrid y Barcelona y resolvió el abastecimiento de agua a Madrid”.

Una de los cuatro hijos de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas en la dictadura entre 1970 y 1974, legalizó una cartera de inversiones oculta en Suiza gracias a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Como el resto de los que recurrieron a esas declaraciones tributarias especiales que habilitó el Ministerio de Hacienda en 2012, Isabel Fernández de la Mora pagó el 10% de los beneficios generados por sus inversiones entre 2008 y 2010. Abonó una cuota de 4.022 euros, el 0,6% del capital regularizado.

Según la documentación recabada en 'Los Papeles de la Castellana', una investigación conjunta de eldiario.es, La Marea y Diagonal, su Declaración Tributaria Especial (DTE) se presentó de forma telemática ante la Agencia Tributaria el 28 de noviembre de 2012. En ella, Isabel Fernández de la Mora declaró 642.449 euros diseminados en participaciones en diferentes fondos de inversión fuera de España. Además, tenía dos cuentas corrientes en el banco USB en Zurich (una denominada en euros y otra en dólares) con 6.861 euros. El resto del dinero se repartía en fondos de inversión.

En documentación previa a su declaración ante el Ministerio de Hacienda, Isabel Fernández de la Mora declaró que su profesión entonces era la de “licenciada en Filosofía”. Esa cuenta secreta se abrió en febrero de 2003, apenas un año después del fallecimiento de su padre, tal y como consta en el certificado de titularidad del banco suizo. El secreto bancario permitió mantener oculta su fortuna durante casi una década, hasta que la amnistía fiscal le permitió regularizar ese dinero en 2012.

Gonzalo Fernández de la Mora fue un dirigente clave del tardofranquismo que ocupó la cartera de Obras Públicas entre 1970 y 1974. Ya en democracia fundó la Unión Española Nacional, un partido que se integró después en Alianza Popular. La prensa de la época lo bautizó como uno de los “siete magníficos de Alianza Popular” junto a los otros fundadores de este partido: Manuel Fraga (cabeza visible de Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), y Licino de la Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA) y Licinio de la Fuente (Reforma Social).

Gonzalo Fernández de La Mora teorizó en varios de sus escritos sobre el ocaso de las ideologías y ciertas teorías supremacistas y fue uno de los intelectuales que guió los primeros pasos políticos de Mariano Rajoy en Alianza Popular, según reconocía entonces el hoy presidente del Gobierno.

Isabel Fernández de la Mora ha rechazado responder a las preguntas de eldiario.es, La Marea y Diagonal sobre el origen de su capital oculto.

El detalle de los movimientos de las cuentas de Isabel Fernández de La Mora constata que en los tres últimos ejercicios fiscales no prescritos antes de la amnistía –2008, 2009 y 2010– había generado rendimientos por 40.202,66 euros de rentas derivadas de ese capital, por las que acabó pagando poco más de 4.000 euros. Esta fue la opción recomendada por los asesores fiscales de Fernández de la Mora ya que presentaba “la ventaja de no interrumpir el periodo de prescripción respecto del IRPF 2008-2011”.

Más familiares de prohombres del régimen

En la lista de amnistiados fiscales figuran más descendientes directos de otros prohombres de la dictadura. Pilar Tello, hija de Blas Tello y Fernández Caballero, consejero nacional del Movimiento, gobernador civil en Toledo y director general de Política Interior en el franquismo, reconoció el 22 de noviembre de 2012 ante el Ministerio de Hacienda ser propietaria de una cuenta en Suiza del banco UBS con 175.435 euros. En su Declaración Tributaria Especial la hija del dirigente franquista computó rentas derivadas de ese capital por 19.593 entre 2008 y 2010 y pagó para regularizar el dinero de Suiza 1.959 euros. Un 1,1% de toda la fortuna opaca regularizada.

El marido de Pilar Tello, Antonio Moro, admitió como ella ser propietario de la otra mitad de la cuenta de UBS abierta en Suiza en el año 2000, 175.435 euros más, y una cuenta adicional en el Banco Sarasin & CIE SA en Ginebra con 193.030 euros. En su caso el patrimonio reconocido en Suiza fue de 368.466 euros que generaron 25.088 euros de beneficios entre 2008 y 2010. Para regularizar los fondos en ambas cuentas suizas, Antonio Moro abonó 2.508 euros.

Antonio Moro aseguró a eldiario.es que en la amnistía fiscal regularizó todos sus bienes en el extranjero. “Es dinero adquirido con mi trabajo como abogado. Tenía relaciones con gente de fuera. Y todos los fondos regularizados, también los que declaró mi mujer, proceden de mi trabajo”. Preguntado sobre por qué decidió ocultarlos al fisco español y durante cuantos años, el marido de Pilar Tello defendió que no tiene “más explicaciones que dar”.

PSOE y Podemos han pedido hoy la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio de Palencia y vocal del Consejo Superior de Cámaras de Castilla y León, Vicente Villagrá, tras su aparición en la investigación de Los Papeles de la Castellana.

El PSOE de Palencia le ha pedido al presidente de las pipas Facundo “que se plantee la posibilidad de poner su cargo a disposición de la institución empresarial si se confirman las informaciones aparecidas a nivel nacional referentes a la regularización realizada a través de la amnistía fiscal aprobada por el Partido Popular”.

En un comunicado, el PSOE palentino ha hecho esta petición tras desvelar eldiario.es que Villagrá y su mujer, Rosa Blanco, ambos propietarios del grupo de aperitivos Facundo, legalizaron un patrimonio opaco de más de 11,2 millones de euros oculto en Suiza aprovechando la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “En el caso de haberse acogido a la amnistía fiscal y haber dejado de tributar 4 millones de euros no sería ético continuar en un cargo de representación pública”, dicen los socialistas.

Por su parte, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha pedido su dimisión inmediata de los cargos institucionales que desempeña. Fernández cree que este caso es “paradigmático”, de como “las élites españolas han defraudado por encima de nuestras posibilidades”. Fernández recuerda además como prácticas fraudulantes con el fisco redundan en recortes en sanidad y educación.

A juicio de los socialistas, “independientemente de que esa amnistía fuera legal, la cantidad que de esas informaciones se desprende alcanzaría los 4 millones de euros que la familia habría dejado de aportar a la Hacienda Pública, al haber tributado al 10%, en lugar del 48% como debiera haberle correspondido”.

“No es ético que una persona con una representación tan importante a nivel empresarial siga al frente de la Cámara”, concluye el PSOE palentino.

También Podemos subraya como con la amnistía fiscal de Montoro se han puesto las insituciones al servicio “de los privilegiados”. Podemos llevará a las Cortes de Castilla y León medidas para el cese de Villagrá en caso de que no se produzca inmediatamente.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la Cámara de Comercio de Palencia, que Vicente Villagrá preside desde hace 19 años, y con el Consejo Superior de Cámaras de Castilla y León, que presidió hasta 2012 y en la que sigue siendo vocal, para conocer su opinión sobre este asunto. Estas corporaciones de derecho público no han querido hacer comentarios porque sus portavoces están “de vacaciones”.

Tanto el Consejo de Cámaras castellano-leonés como la Cámara de Palencia están tuteladas por la Junta de Castilla y León. Su Consejería de Economía y Hacienda no tiene “nada que decir” sobre este asunto. Fuentes de la Consejería subrayan que las cámaras “tienen su propia autonomía” y que Villagrá “ha sido elegido democráticamente por los empresarios de la provincia”. “No es un cargo público elegido por la consejería”, zanjan.

La familia Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo, legalizó un patrimonio opaco de más de 11,2 millones de euros aprovechando la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los dueños de Pipas Facundo tenían escondido ese dinero en Suiza a través de dos cuentas en el banco helvético UBS. Gracias a las facilidades que dio el Gobierno en la amnistía, la cuota a pagar fue de 337.405,36 euros, el 3% del dinero aflorado. Así se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org.

La mayor parte del dinero regularizado por la familia Blanco con la amnistía correspondió a Rosa María Blanco. De 70 años, es una de las dos hijas de los fundadores de la empresa, uno de los mayores productores de aperitivos de España. El presidente y consejero delegado de Facundo Blanco SA es Vicente Villagrá, casado con Rosa Blanco desde febrero de 1970.

Villagrá, que también se acogió a la amnistía, preside la Cámara de Comercio de Palencia desde hace casi dos décadas y fue presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León entre 2010 y 2012, donde sigue siendo vocal. Las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público y representan de forma institucional a los empresarios de cada región o demarcación. Administran recursos públicos y están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, entre otros organismos.

Las declaraciones tributarias especiales del matrimonio (DTE, el eufemismo bajo el que se bautizó a la amnistía en Hacienda) se presentaron el 23 de noviembre de 2012. Rosa Blanco afloró un patrimonio de 10.961.961,14 euros que tenía escondido en Suiza en cuentas de UBS. A partir de esa cifra, sus asesores fiscales calcularon una base imponible de 3.338.909,41 euros, correspondientes a la revalorización experimentada por los activos mantenidos en esas cuentas durante el periodo que consideraron no prescrito, 2008-2010. A cambio, pagó a Hacienda 333.890,94 euros, un 3% del capital que tenía oculto al Fisco español.

La mayor parte de ese patrimonio escondido, 10.699.198,75 euros, estaba invertido en diferentes productos financieros gestionados por UBS en una cuenta abierta en Suiza el 16 de junio de 2005. Rosa Blanco también era cotitular con su marido de otra cuenta en UBS abierta el 15 de junio de 2000 a nombre de ambos que también legalizaron. Al hacerlo, cada uno de ellos regularizó en la amnistía 262.762,40 euros. Villagrá pagó 3.514,42 euros, el 1,3% del dinero aflorado. Además de sendas DTE, el matrimonio presentó declaraciones complementarias del Impuesto de Patrimonio y el IRPF del ejercicio 2011 para ponerse al día con Hacienda.

Villagrá no ha querido hacer comentarios sobre este asunto pese a las insistentes llamadas para conocer su versión y la de su esposa.

La titular formal de las cuentas de UBS donde estaban esos activos ocultos en Suiza era la española Daviro Inversiones, SL, constituida por Rosa Blanco en Marbella (Málaga) en abril de 2005. La documentación indica que esa sociedad recibía transferencias periódicas de las cuentas suizas de los dueños de Pipas Facundo y que se utilizó para repatriar a España parte de los fondos una vez regularizados.

El día en que el matrimonio se acogía a la amnistía, Rosa Blanco, la única socia de Daviro Inversiones, realizó una ampliación de capital de siete millones de euros de los que 6.995.483 euros fueron aportados mediante instrumentos financieros depositados en las cuentas suizas objeto de la regularización.

Según el acta de decisiones de Daviro Inversiones de aquel día, el objetivo de la ampliación era “aprobar la formalización de las aportaciones realizadas por el Socio Único a la Sociedad durante los años 2005, 2007 y 2008”. Esas aportaciones (6.586.145 euros) habían sido realizadas por las cuentas suizas de Rosa Blanco en esos años “con el objetivo de que la Sociedad procediera a ejecutar una ampliación de capital, pero por diferentes motivos de índole económico y jurídico no se ha acordado la realización de dicha ampliación hasta el día de hoy”, según ese acta.

El matrimonio, que se reparte cargos en las distintas sociedades de la familia (entre otras, Los Girasoles SA, Disfasa SA o Rovida SL) constituyó dos años después de la amnistía (en noviembre de 2014) una sicav, Rodavi Capital, que tiene un patrimonio similar al dinero regularizado con esa medida de gracia. Presidida por Rosa Blanco, tiene como consejeros a su marido y a uno de sus hijos, Vicente Facundo Villagrá Blanco. Rodavi atesoraba un patrimonio de 12,15 millones de euros al cierre del primer trimestre de este año, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otra persona relacionada con el matrimonio, su cuñada María Fernanda Morán de la Torre, también se acogió a la amnistía fiscal. Regularizó otros 139.434,9 euros. Los tenía en otra cuenta en UBS en Suiza abierta el 7 de marzo de 1989. De esa cifra resultó una base imponible de 16.908,33 euros. Para legalizar ese dinero pagó 1.690,83 euros, un 1,2% del patrimonio opaco.

Fernanda Morán, que a preguntas sobre este asunto dice no saber si regularizó ese dinero, está casada con Daniel Villagrá, hermano del presidente de la Cámara de Comercio de Palencia y que ha rechazado hacer comentarios. Daniel Villagrá, ya jubilado, fue gerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia. El CEPC se dedica a realizar estudios sobre la realidad jurídica y sociopolítica mundial, prestando especial atención a aquellas cuestiones relativas al Derecho español y a las instituciones iberoamericanas, así como a las relaciones de estos países con Europa.

“Facundo da en el blanco”

Rosa Blanco y Vicente Villagrá, que tienen tres hijos, son los propietarios de Facundo Blanco SA. La empresa, con dos fábricas en Villada y Palencia, fue fundada en 1944, en plena posguerra, por Facundo Blanco (fallecido en 1989) y su esposa, María Dolores de la Fuente (fallecida en 2006 y Medalla al Mérito al Trabajo en 1991).

La empresa fue popularizada por su fundador con eslóganes como el de “Facundo da en el blanco” o el del toro banderillado que clamaba “Siento dejar este mundo sin probar las pipas Facundo”. Pipas Facundo comenzó su andadura cuando, con ayuda de un burro repartidor, Baldomero, el matrimonio se lanzó a vender por los pueblos de Palencia cacahuetes y avellanas traídos del sur de España que tostaban con un pequeño horno en la trastienda de su ultramarinos en Villada (Palencia). El gran salto llegó con la venta de pipas, en los años 50.

Vicente Villagrá es uno de los empresarios más conocidos de Palencia. Primer ejecutivo del grupo de aperitivos Facundo y marido de una de las dos hijas de los fundadores, Rosa Blanco, con la que legalizó en la amnistía fiscal de 2012 un patrimonio de más de 11,2 millones de euros, Vicente Villagrá es desde hace 19 años el presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, un cargo que ha amagado con abandonar en varias ocasiones sin llegar a consumar la retirada hasta ahora.

Nacido en agosto de 1942 en Paredes de Nava (Palencia) y licenciado en Ciencias Económicas, Villagrá se define como un “liberal”. Pertenece al pleno de la cámara palentina desde hace más de 40 años y lleva toda su vida profesional implicado en la defensa de los intereses empresariales de la región. Fue promotor de la Confederación Palentina de organizaciones Empresariales y, como voz destacada entre los empresarios de esa provincia castellano-leonesa, hace gala de un discurso muy en línea con el de una parte de las élites españolas.

Como otros terratenientes españoles, Villagrá cobra subvenciones de la política agraria común (PAC) de la UE. Eso no impide que sea partidario de “adelgazar enormemente” el sector público y que critique el enfoque “paternalista” del Estado. Pero aboga, por ejemplo, por mantener las diputaciones: “Dada la geografía y el carácter de nuestros pueblos, creo que son muy útiles, siempre que funcionen con criterios de eficacia, austeridad y cercanía”, decía en febrero.

Su visión queda resumida en sus intervenciones públicas y las entrevistas que ha concedido en los últimos años. En noviembre de 2013, cuando anunció que abandonaba la presidencia de la Cámara (al final, no lo hizo), insistía en la necesidad de reducir el gasto público, bajar impuestos, abaratar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y profundizar “de verdad” en la reforma laboral. 

Tres años antes, en una entrevista en ABC en julio de 2010, aseguraba que “la cultura del esfuerzo se ha perdido” y que, con los más de 4,5 millones de parados de entonces, “los empresarios somos la única esperanza”. También cargaba contra el absentismo laboral: “Aquí hay una gran masa de trabajadores que son el nudo central de las empresas, pero también tenemos unos caraduras que son capaces de hacer que el absentismo laboral sea el doble en España que en los países con los que competimos”.

“Hemos vivido hasta un 30% por encima de nuestras posibilidades”, resumía Villagrá en esa entrevista, concedida diez años después de haber abierto una cuenta en Suiza con la entidad UBS. El empresario hablaba tras ser elegido presidente del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, cargo que ocuparía durante dos años.

En ese órgano, del que todavía es vocal por su condición de presidente de la cámara palentina, coincidió con el polémico empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Cámara de Burgos, condenado en los 90 por corrupción. Méndez Pozo es propietario del grupo de comunicación Promecal, dueño de importantes cabeceras en Castilla y León y Castilla-La Mancha, y socio del constructor José Luis Ulibarri, imputado en la trama Gürtel. Mientras Villagrá era presidente del Consejo de Cámaras, Méndez Pozo era el vicepresidente.

Como el resto de cámaras españolas, la de Palencia es una corporación de derecho público dedicada a la representación, promoción y defensa de los intereses del comercio y la industria de la provincia. La entidad administra recursos públicos y está sometida al control del Tribunal de Cuentas, entre otros organismos.

El 30 de mayo, eldiario.es logró contactar por primera y única vez con Vicente Villagrá para intentar preguntarle por la amnistía fiscal y por el fraude masivo a Hacienda que llevó a cabo junto a su mujer durante años. Estaba conduciendo. Desde entonces, ha sido imposible contactar con él.

Una sociedad radicada en Bahamas valorada en 1.187.749 euros. Esto es lo que afloró en 2013 María Jesús Romaña Pescador, esposa de Julio Linares, actual vicepresidente no ejecutivo de Telefónica y consejero delegado de la principal operadora europea entre 2007 y 2012. Tal y como reconoce la propia Romaña, la sociedad había estado oculta para el fisco hasta 2013, cuando decidió legalizarla fuera del programa de la amnistía fiscal.

La legalización de la sociedad se realizó en abril de 2013 mediante la presentación de declaraciones complementarias del IRPF de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, según consta en la documentación remitida al buzón seguro filtrala.org en el que participan eldiario.es, La Marea y Diagonal en la investigación conjunta Los Papeles de la Castellana.

La esposa de Linares, que no declara rentas del trabajo y está casada en régimen de gananciales con el exconsejero delegado de Telefónica, se acogió así a la fórmula más favorable para legalizar su patrimonio opaco. La mala evolución de sus inversiones desde Bahamas hizo que en las declaraciones complementarias del IRPF de 2008 y 2009 el resultado le saliera a devolver. En 2008, el Fisco le tuvo que pagar a Romaña 1.933 euros por legalizar estas inversiones y en 2009 le salió a devolver 8.265 euros.

En las complementarias de 2010 le salió a pagar 14.381 euros y por la de 2011 pagó 3.161 euros. En total, el balance de los cuatro ejercicios es de 7.342 euros a favor de las arcas públicas por regularizar este patrimonio opaco de más de un millón de euros. Es un 0,6% de lo que declaró tener en la sociedad de Bahamas, denominada Furia Investments.

La escasa cuantía de esta factura fiscal se explica por el criterio en el que se basó la Agencia Tributaria para que tributara la amnistía y que los inspectores de Hacienda han llamado “la amnistía dentro de la amnistía” o la “segunda amnistía de Montoro”. Así, en lugar de pagar por el 10% de todo el capital aflorado, Hacienda solo exigía el pago del 10% de los rendimientos del capital opaco en los ejercicios no prescritos (entre 2007 y 2010).

La única barrera que Hacienda puso en la amnistía era que el resultado no podía salir a devolver. Esto llevó a que algunos contribuyentes optaran por regularizar de forma “ordinaria” pero acogiéndose al mismo criterio de Hacienda de pagar solo por los últimos cuatro ejercicios no prescritos y tomando como base el rendimiento de los bienes. Si, como en el caso de Romaña, las inversiones habían dado cuantiosas pérdidas, sacar a la luz patrimonio opaco hace que Hacienda tenga que pagar al contribuyente por legalizar estas sociedades. Así sucedió al menos en dos ejercicios en el caso de la esposa de Julio Linares. Según fuentes tributarias, lo mismo ocurrió en muchas otras ocasiones.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Telefónica y también con la propia Romaña para recabar su versión sobre este patrimonio opaco. Según Romaña, el origen es una herencia de un tío político que salió de España con la Guerra Civil y murió sin descendencia tras haber hecho fortuna en Latinoamérica. Romaña defiende el carácter privativo de la herencia e insiste en que su marido no tiene nada que ver en su gestión. “Lo regularicé cuando me dijeron que se podía hacer y he cumplido con Hacienda”, asegura.

Según fuentes de Telefónica, la herencia ya fue legada a Romaña como un patrimonio en el extranjero. El gestor inicial habría sido BBV Privanza Jersey y esta sería una de las muchas sociedades opacas que abrió en su día la entidad (como la que recientemente le ha costado el cargo al exministro de Industria José Manuel Soria) y que dieron lugar al escándalo de las “cuentas secretas” de la entidad financiera.

Romaña habría trasladado la gestión de estos activos a la filial suiza de Credit Suisse, tal y como acredita la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. Romaña Pescador aparece como apoderada de Furia Investments Inc desde la fecha de constitución de esa sociedad, el 28 de septiembre de 2005, según figura en el registro mercantil de Bahamas, un paraíso fiscal sin acuerdo de intercambio de información con España.

A 31 de diciembre de 2012, la sociedad estaba valorada en 1,18 millones de euros, tal y como se declara en el primer modelo 720 presentado en 2013. Este modelo se lanzó después de la amnistía fiscal como última oportunidad para declarar bienes en el exterior. Ocultar bienes en el extranjero en este modelo puede suponer una sanción económica equivalente al 150% del bien escondido. El modelo se presentó en abril de 2013, un mes después de remitir las declaraciones complementarias a Hacienda.

Según el registro mercantil de Bahamas, la sociedad se disolvió en junio de 2013. Los activos, ya declarados ante Hacienda, pasaron entonces a una cuenta de valores en la filial suiza de Credit Suisse.

Una parte de las inversiones ocultas para el fisco español en Bahamas estaba en acciones de cuatro empresas españolas cotizadas en bolsa: las inmobiliarias Fergo Aisa y Colonial, la química Ercros y la eléctrica Iberdrola. La mala marcha en bolsa de estas empresas, una de ellas en liquidación, explica el resultado de la regularización de estas inversiones. Entre 2007 y 2012, la valoración de estas acciones en poder de Romaña (sin tener en cuenta el efecto de las posibles ampliaciones de capital) había caído de 362.000 euros a 31.477 euros declarados en 2012. También aparece una inversión en 170.000 valores emitidos por Lehman Brothers, valorada a fecha de 2013 en cero euros. El resto de inversiones, que forman el grueso de la cartera aflorada –en gran medida, fondos de inversión–, suman 1.156.272 euros.

La familia tiene una sicav para administrar parte de su patrimonio, Judbem Inversiones. El consejo de administración está presidido por Romaña y tiene un patrimonio de 11 millones de euros, según consta en el registro de la CNMV.

Julio Linares ha desarrollado toda su carrera en Telefónica. Empezó a trabajar en la operadora en 1970, cuando era una empresa pública. En el año 2005, el primer ejercicio en el que su esposa aparece como apoderada de la sociedad offshore, ya era miembro del consejo de administración de Telefónica. Entre 2007 y 2012 fue consejero delegado. Hoy continúa en el consejo y es uno de los tres vicepresidentes no ejecutivos de Telefónica. Linares también forma parte de la Junta Directiva de la patronal CEOE.

El Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos han sido intervenidos informáticamente. Según algunos de sus clientes, el director del gabinete, José Ramón Domínguez Rodicio, se ha puesto en contacto con ellos para notificarles el posible hackeo de sus sistemas tras la publicación de las primeras noticias relacionadas con los Papeles de la Castellana, un material llegado de manera anónima al buzón seguro filtrala.org y sobre el que han trabajado periodistas de eldiario.es, La Marea y Diagonal.

Los Papeles de la Castellana revelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas para ocultar su patrimonio en el extranjero, acogerse a la amnistía fiscal o escapar de sus obligaciones tributarias. Según el director del Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, su despacho ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional para esclarecer cómo han salido de sus archivos unos documentos que, según su explicación, reconocería como suyos en la publicación de diferentes noticias. Las redacciones que investigan Los Papeles de la Castellana han intentado ponerse en contacto en varias ocasiones durante varios días con algún responsable del Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, que ha eludido responder.

Hace meses, llegaron de una fuente anónima más de 38.000 archivos, más de 15GB de información, al buzón seguro filtrala.org, que permite a cualquier ciudadano enviar documentación sin que quede ningún rastro informático de su identidad. Tras contrastar periodísticamente la autenticidad de estos documentos, eldiario.es, La Marea y Diagonal han empezado a publicar una serie de exclusivas solo a partir de aquellos casos que constituyen hechos relevantes para la opinión pública y basados en documentación verificada, como la existencia durante décadas de una fortuna offshore en la familia Borbón-Dos Sicilias o la amnistía fiscal a los 113 millones de euros que grandes empresarios de la sanidad privada mantenían en Suiza.

José Ramón Domíguez Rodicio, director de Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, es inspector de Hacienda es excedencia y ocupó desde 1980 a 1990 diferentes altos cargos en el Ministerio de Hacienda como el de secretario general de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, el subdirector general Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio o el de subdirector general del Impuesto sobre las Personas Físicas.

“A mí, lo que me gusta es vivir como los ricos”, dicen que era la máxima de José María Amusátegui (San Roque, Cádiz, 1931) en sus años como ejecutivo del Banco Santander Central Hispano (BSCH), el banco que en 2001 le despidió con una de las mayores indemnizaciones de la historia de España a cambio de dejar el camino expedito al fallecido Emilio Botín al frente de la entidad.

Desde entonces, Amusátegui apenas ha tenido actividad empresarial, más allá de la presidencia de la Fundación Santander (hasta 2008) y labores de asesor para empresas como la aseguradora Generali. Tampoco le ha hecho falta. Desde que se jubiló, generosamente indemnizado con un finiquito de 43,5 millones de euros, ha contado con unos ingresos brutos anuales de más de 6 millones de euros. La mayor parte (más de cinco millones al año), procedentes de la pensión vitalicia que le concedió el BSCH (hoy Santander) y otro medio millón, de Unión Fenosa.

Compatibiliza esos ingresos con una pensión pública que en marzo de 2010, por ejemplo, ascendía a 2.022,28 euros mensuales, según la documentación de Los Papeles de la Castellana, resultado de varios meses de investigación conjunta entre eldiario.es, La Marea y Diagonal tras una filtración anónima.

Aficionado a la caza, al golf, las motos, la botánica, la astronomía y la náutica, tras un primer matrimonio en agosto de 1959 con su prima hermana María Luz Amusátegui, se casó en segundas nupcias en 1998 con su antigua secretaria, Amalia de León Blanco. En total tiene seis hijos.

El matrimonio tiene una mansión en La Moraleja (Alcobendas, Madrid), escenario de periódicas fiestas con lo más selecto de la capital de España y cuyos terrenos (una finca de 10.000 metros cuadrados) Amusátegui adquirió en diciembre de 1991. Las obras de construcción concluyeron en 1993 y la vivienda, con casi 1.700 metros cuadrados construidos, tiene un valor catastral de más de 3 millones. En 2013 eran también propietarios de un enorme piso (641 metros cuadrados) en el Paseo de la Castellana de Madrid adquirido en 2003 y valorado en 3,4 millones, y una mansión en Marbella sobre finca de 6.225 metros cuadrados.

La historia de su retiro dorado es bien conocida. Se convirtió en copresidente del BSCH tras la fusión en enero de 1999 del Santander y el Central Hispano, que Amusátegui presidía desde 1992. Teóricamente una unión entre iguales en la que compartía el poder con el otro presidente del BSCH, el fallecido Emilio Botín, y el otro hombre fuerte del Hispano, Ángel Corcóstegui, vicepresidente y consejero delegado. El equilibrio duró poco.

Amusátegui se marchó en agosto de 2001 y Corcóstegui, en febrero de 2002. Y entre los dos se repartieron más de 150 millones de euros como compensación para dejar el camino libre a la familia Botín al frente del banco. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2006 absolvió a Amusátegui, Corcóstegui y Botín de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de los que les acusaban el exconsejero del banco Rafael Pérez Escolar y un accionista minoritario.

El Alto Tribunal puso en solfa el nivel ético de esos paracaídas dorados: “No existen topes máximos (sí los hay éticos y de sensibilidad social, que aquí quedan ostensiblemente transgredidos), pero no es función de este Tribunal penal suplir los mecanismos de funcionamiento del mercado financiero”, decía la sentencia.

A la sombra de Boada

Abogado del Estado de la promoción de 1959, Amusátegui había hecho carrera en los negocios a la sombra del financiero Claudio Boada, del que fue estrecho colaborador entre 1963 y 1990. Su trayectoria le llevó a Altos Hornos de Vizcaya, los extintos institutos nacionales de Industria e Hidrocarburos, la presidencia de Intelsa, Astilleros Españoles, Campsa, el Banco Urquijo (en los 80), el Hispano Americano… Y, ya en los noventa del siglo pasado, al Central Hispano, tras la fusión que él promovió. Desde allí accedió a la presidencia de Unión Fenosa (desde 1993 hasta 2002) y de la patronal eléctrica, Unesa (desde 1998 hasta 2002).

Tras la fusión que dio lugar al BSCH, Amusátegui y Corcóstegui lograron imponer la salida de la hoy presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, de una de las direcciones generales del banco. Estaban indignados por un reportaje de color en el que la hija del fallecido Emilio Botín aparecía como la heredera de su padre (como así ocurrió finalmente) y Corcóstegui, como un empleado de la familia. Fue una victoria pírrica. Ambos acabaron sucumbiendo al empuje de Emilio Botín y su cuantiosa indemnización.

Dos sociedades en los paraísos fiscales de Guernsey y la Isla de Man para administrar la propiedad de un yate de lujo y un amarre en la Riviera francesa minimizando la factura fiscal en España. Es el esquema que utilizó durante años el expresidente del Banco Santander Central Hispano (BSCH) José María Amusátegui, según se desprende de la investigación Los Papeles de la Castellana, elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es, La Marea y Diagonal, a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.

Amusátegui, hijo de marinos y abogado del Estado, fue uno de los empresarios más poderosos en la España de finales del siglo pasado y una de las figuras económicas de la Transición. Se retiró en agosto del año 2001 con una multimillonaria jubilación: 43,5 millones de euros y una pensión vitalicia de 5,1 millones de euros anuales. Tenía entonces 69 años.

Pocos meses después, gastó una pequeña parte de este dinero en un lujoso yate: el Cascais M. El barco, construido en 1998, tenía 25,75 metros de eslora, 133 toneladas de peso y capacidad para nueve invitados y dos tripulantes, según la web especializada superyachttimes. Amusátegui pagó 2,6 millones de euros por la embarcación.

Para esconder la propiedad de ese yate, Amusátegui constituyó el 9 de julio de 2002 la sociedad Amacayo Limited en Saint Martin, en el paraíso fiscal de Guernsey. La operativa recuerda a la que utilizó otro banquero, Jaime Botín, para ocultar la propiedad de otro yate también en Guernsey, como desveló eldiario.es en octubre de 2014. En aquella época, Jaime Botín era vicepresidente del BSCH y fue una de las personas con las que Amusátegui negoció los generosos términos de su salida del banco.

Esa sociedad de Guernsey permitió a Amusátegui ahorrarse el pago de al menos dos tributos: el IVA correspondiente (entonces era del 16% del valor de la operación) y el Impuesto de Matriculación de la embarcación o Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte en España (IDMT). Actualmente este impuesto está fijado en el 12% del valor de compra y, según los armadores, es una excepción en Europa. Teniendo en cuenta el valor de compra, el ahorro fue superior a los 700.000 euros.

De haber entrado en aguas españolas, como residente en España, el exbanquero tendría que haber pagado el IDMT en España. Según ha afirmado José María Amusátegui a eldiario.es, el Cascais M, que estaba amarrado en el sur de Francia, “jamás” transitó por aguas españolas.

Preguntado por este asunto, el banquero también dice que no recuerda si pagó esos dos impuestos: “Yo creo que sí; bueno, no me acuerdo”. Y niega que la constitución de esa sociedad en un paraíso fiscal tuviera como objetivo “ninguna misión de ocultación fiscal ni de mejora de beneficios, ni de gastos, ni de nada”. “En absoluto. Sencillamente el barco estaba fuera, nunca estuvo en España”, asegura. Y dice que la sociedad “funcionaba nada más que como propietaria del barco”.

“Extraordinaria labor” del banquero

Amusátegui se compró ese buque tras abandonar el BSCH con un bonus de 43,5 millones de euros y una pensión vitalicia de jubilación de 5,1 millones anuales a cargo del Santander. Llegó a la copresidencia del BSCH –junto a Emilio Botín– tras la fusión con el Central Hispano, que también presidía, en abril de 1999. Dos años después, la familia Botín, accionistas mayoritarios de la entidad, descabalgaron a Amusátegui de la presidencia compartida.

En reconocimiento a su “extraordinaria labor”, el banco le pagó una de las mayores indemnizaciones de la historia de España. Esta generosa indemnización acabó en los tribunales tras un denuncia de un exconsejero y un accionista del banco y tuvo como imputados al propio Amusátegui, Emilio Botín y el consejero delegado del banco en aquel momento, Ángel Corcóstegui. Finalmente el Tribunal Supremo absolvió a los tres acusados en 2006.

[Más información sobre este juicio y la indemnización de Amusátegui]

La sociedad tenedora del yate Amacayo Limited se constituyó con un capital social de 15.558,56 euros. Estaba participada al 99,98% por la española Amacayo SL, bautizada en honor de un vocablo derivado del quechua que significa “flor de lis”. Esta última se creó el 5 de enero de 2002. En ella Amusátegui aportó la mayoría del capital (599.980 euros) y dos de sus seis hijos, José María y María Luz Amusátegui Amusátegui, 10 euros cada uno.

Amacayo Ltd estaba administrada por dos firmas de Guernsey, según sus cuentas de 2004 y 2005: Anson Limited y Cabot Limited. El secretario era Mercator Secretaries Limited, vinculada a Mercator Trust Company Limited, también radicada en esa isla del Canal de la Mancha. El activo fijo de Amacayo Ltd se desglosaba entonces en un atraque en Port Vauban (Antibes, Riviera Francesa) con un valor de adquisición de 232.007 libras y el citado yate Cascais M. El valor de adquisición declarado para el yate era de 1.331.921 libras. Muy inferior al precio real, que fue de 2.075.000 libras, según un informe que resumía una reunión de los asesores fiscales de Amusátegui en mayo de 2008. Al cambio, la compra del barco costó 2,6 millones de euros.

Crédito autoconcedido al 0%

Amacayo Ltd tenía una deuda de 2,6 millones de euros con su propietario, el propio Amusátegui, equivalente al precio de compra del barco. Un “préstamo excepcional”, en definición de los asesores del ex banquero, que este se había autoconcedido. Si bien declaraba ese crédito en el Impuesto de Patrimonio (bonificado en la Comunidad de Madrid, donde reside Amusátegui), el préstamo no liquidaba intereses, como confirma el interesado: “No me pagaba ningún interés ni nada, como si fuera una deuda previa a un aumento de capital o una operación así”.

Ese crédito a interés cero es una irregularidad en toda regla. Al tratarse de una operación entre partes vinculadas, debía devengar intereses de mercado. Así se lo advirtieron a Amusátegui sus asesores fiscales en un informe fechado el 17 de noviembre de 2009. De conocer la existencia de ese préstamo a interés cero, la Administración Tributaria podría haber obligado a Amusátegui a corregir la valoración de esa operación vinculada y a practicar la correspondiente liquidación. 

Según ha explicado Amusátegui a eldiario.es, el Cascais M era “un barco muy antiguo” que vendió “hará cuatro o cinco años, cosa así, no me acuerdo”. La sociedad Amacayo Limited fue liquidada el 28 de febrero de 2013, dos meses antes de que el exbanquero la incluyera en el modelo 720 (declaración de bienes en el exterior) del ejercicio 2012 que presentó a la Agencia Tributaria en abril de 2013.

Años antes, julio de 2005, Amusátegui se había comprado otra embarcación todavía mayor que el Cascais M, de 30,95 metros de eslora, por 5,1 millones de euros. El buque, con 176 toneladas de peso y capacidad para ocho invitados, fue adquirido mediante leasing a la italiana Unicredito. Su nombre original era Emerald Star, y fue después rebautizado como Stella Maris. El barco, dice el banquero, se adquirió esta vez a su nombre, sin sociedad interpuesta. También fue vendido posteriormente.

Otra firma opaca

La otra firma opaca utilizada por Amusátegui para optimizar fiscalmente sus paseos en barco todavía está activa. Se llama Averon Limited y está domiciliada en Lord Street, Douglas, Isla de Man, otro paraíso fiscal. Su propósito actual es la tenencia de un amarre en el citado puerto de Antibes, cerca de Cannes, en la Riviera francesa.

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, esa sociedad tiene como “asesores operativos” al despacho Floram en Ginebra (Suiza). Averon fue constituida el 27 de agosto de 1987 y el banquero la adquirió el 1 de julio de 2005 por 950.000 euros mediante la adquisición de 1998 acciones de forma directa. Las otras dos acciones las compró a través de sendos testaferros.

Averon es la titular de 180 acciones de la francesa Société d’Aménagement du Port Vauban d'Antibes. Esa participación le otorga el derecho exclusivo del atraque número 161/9033 en ese puerto de la Riviera francesa “sin que Averon Limited sea considerada como beneficiario económico de dichas acciones por la jurisdicción de la Isla de Man”, según un informe del asesor suizo de Amusátegui.

“El valor del atraque cambia sistemáticamente como resultado de la demanda y de la oferta para este tipo de activo detenido aquí de forma fiduciaria por la Compañía, que no mantiene una valoración actualizada”, añadía el despacho Floram en ese informe.

En el modelo 720 que presentó Amusátegui en 2013, la valoración de Averon ascendía a 950.000 euros, lo mismo que pagó por ella en 2005. En esa declaración el exbanquero también dio cuenta de la tenencia de varias sociedades en Malta, entre otros territorios opacos. Amusátegui dice que Averon Ltd está actualmente en venta y que ya no la utiliza “para nada”.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha pronunciado este jueves sobre Los Papeles de la Castellana, la investigación elaborada conjuntamente por las redacciones de eldiario.es,  La Marea y Diagonal , a partir de una documentación remitida al buzón filtrala.org procedente de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid. Montoro ha subrayado que el conocimiento tributario es ahora mayor que antes de la amnistía fiscal. “Lo importante es corregir las situaciones, no dejar que existan sin más”, ha dicho.

Montoro ha reivindicado la amnistía fiscal, que permitió a estas personas regularizar bienes y dinero en el extranjero y que eran opacos al fisco pagando menos del 3%. Como consecuencia de ella, ha dicho, “tenemos que tener la tranquilidad” de que han aflorado 141.000 millones de euros. “Eso no había ocurrido antes”.

“A partir de ahí los españoles tenemos que tener la confianza de que hoy tenemos un conocimiento tributario como no se había alcanzado nunca en nuestro país. Yo ya había sido ministro de Hacienda y yo no era capaz de tener ese conocimiento, ahora sí puedo decirlo. Tenemos conocimiento de los propietarios de los bienes y derechos en el extranjero como nunca antes lo habíamos tenido en la historia de España, eso es para tranquilidad de todos”, ha insistido. 

El titular de Hacienda ha asegurado que la confidencialidad sobre los datos fiscales es obligatoria y que no solo atañe a la Agencia Tributaria. No obstante, ha subrayado que en ningún caso está acreditado que se está produciendo una filtración desde este organismo, ni en el caso de Los Papeles de la Castellana ni en otros. “En todos los asuntos relacionados con un contribuyente intervienen otras personas, como los asesores. En ningún caso está acreditado que esa información venga de la Agencia Tributaria”, ha dicho Montoro.