El parón es evidente. Castilla y León celebró sus elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo con unos resultados que no dejan opción al PP: o pacta con Vox o no hay gobierno. Mes y medio después no hay gobierno, pero no porque no haya posibilidad de acuerdo sino por una cuestión estratégica. El Partido Popular quiere ver qué pasa con las elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo para ver hasta dónde cede con Vox.

La normativa autonómica favorece este 'intermedio'.  El artículo 135 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su punto 1 establece que “… La propuesta -de candidato a la investidura- deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el Cese del presidente”, y no menciona plazo acerca de la celebración del Pleno para la investidura. De este modo, el límite para proponer candidato expira el 7 de mayo, pero no está claro hasta cuándo se puede retrasar el Pleno de Investidura. En este sentido la normativa establece que una vez que se celebra ese pleno sin que se consiga investir presidente, el plazo máximo no sobrepasará los dos meses. De ser así, habría que disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones.

Aparentemente, desde la primera ronda de reuniones de Alfonso Fernández Mañueco con el resto de grupos parlamentarios, no se ha producido una segunda que estaría reducida a Vox, ya que el PP rechaza de plano una alianza con el PSOE y el único partido que le permite la suma suficiente para la mayoría parlamentaria es el de extrema derecha. Sin embargo, aunque no sean públicas, por fuerza se han producido conversaciones. De algún modo tuvo que acordarse dejar la presidencia de las Cortes en manos del PP cuando en la última legislatura las tuvo Vox. De hecho, ni siquiera sus procuradores acaban de entender esa maniobra y achacan lo ocurrido a un acuerdo entre Génova y Bambú. Lo que obtenga Vox a cambio se sabrá cuando haya pacto.

Una de las posibilidades es que Vox haya arrancado al PP el compromiso de 'darles' un senador por designación autonómica y de esa manera buscar acomodo a uno de los damnificados por el juego electoral, el exprocurador por León Miguel Súarez Arca. Con Pollán de candidato por León y la obligación de listas cremallera -alternar hombres y mujeres-, Suárez Arca se vio relegado al puesto número tres, y no consiguió escaño. Fuentes del partido aseguran que desde la misma noche electoral Suárez Arca exigió que se le recolocase. En algún momento incluso se planteó la renuncia de la número 2 pero finalmente se descartó.

“Cordialidad”

Hasta ahora, dicen hay “cordialidad” en las negociaciones soterradas que se llevan a cabo, pero las tornas pueden cambiar. El PP puede sentirse fuerte si consigue revalidar la mayoría de Juanma Moreno o ser aún más dependiente de Vox si los necesita para sumar. De ese resultado en las andaluzas dependen las negociaciones que presumiblemente se reactivarán públicamente a partir del 18 de mayo.

Por el momento, lo esperable es que el flamante presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, comunique el próximo jueves que el candidato es Alfonso Fernández Mañueco.

La Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León ha decidido posponer, a propuesta del presidente del parlamento autonómico, la fijación del número de miembros del consejo de seguimiento de la TDT, previsto en la reforma de la ley de publicidad institucional, ante la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.

Este órgano, que deberá ejercer control parlamentario sobre el sector audiovisual, tenía como primer paso la determinación de sus integrantes, una decisión que no se ha materializado en la reunión celebrada este martes.

Así lo han informado los portavoces de los grupos Popular y Vox, Leticia García y Carlos Pollán, respectivamente, al término de esta reunión, ya que han sido los únicos representantes en comparecer ante los medios.

Como han indicado, desde la Presidencia de las Cortes se ha planteado abrir un nuevo plazo para que los grupos parlamentarios aporten sus propuestas sobre el número de miembros y su distribución, con el objetivo de ajustarlo al nuevo arco parlamentario y a la futura constitución de las comisiones.

El grupo Vox ha defendido que el consejo debe configurarse conforme a criterios de proporcionalidad, con una cifra que refleje la representación parlamentaria, situándola en torno a los 17 miembros.

Mientras, desde el PP, su portavoz Leticia García ha señalado que la decisión busca dar cumplimiento a la ley aprobada el pasado año, aunque ha criticado que dicha norma presenta “carencias políticas” y dificultades para su aplicación práctica.

García ha recordado que su grupo votó en contra de la reforma y ha advertido de sus posibles efectos negativos en el sector de la comunicación, como la pérdida de empleo o la inseguridad jurídica.

No obstante, ha defendido la necesidad de avanzar en la constitución del consejo con criterios de imparcialidad y ha considerado “razonable” el nuevo plazo para adaptar su composición a la estructura parlamentaria, es decir, a que se formen el resto de comisiones en las Cortes.

Además, ha anunciado que su grupo va a trabajar para que este órgano sea “lo más imparcial posible”, y que la designación de estos miembros no conviertan a este en un “instrumento político”, por lo que estarán “muy atentos” a lo que hagan los otros grupos.

Por ello, el proceso queda ahora a la espera de que los grupos presenten nuevas propuestas que permitan desbloquear la creación de este órgano, considerado prioritario por la ley para garantizar el control parlamentario y la transparencia en el ámbito audiovisual. Ni el Grupo Mixto ni el Socialista han comparecido ante los medios este jueves después de la Junta de Portavoces.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado a la Junta a través de la Mesa de las Cortes que precise si ha contratado, bien a través de las consejerías, bien a través de fundaciones o empresas públicas, a la empresa Eventos El Espino SL, propiedad del concejal del Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pide que se detalle consejería, fecha, importe y concepto de cada contrato.

Tal y como publicó elDiario.es, Suárez posee el 33% de Eventos el Espino, una empresa de cáterin con la que el Ayuntamiento de Burgos a través de sus concejalías y de la empresa pública Proburgos contrató una docena de veces. Tal y como establece la normativa, existía una prohibición de contratar que no se respetó y Suárez debió elegir entre el acta de concejal y su empresa, pero compatibilizó ambas. Aunque tras la publicación de los hechos por parte de este periódico la alcaldesa, Cristina Ayala, solicitó un informe al secretario municipal y los contratos se declararon nulos, ni se ha devuelto el dinero ni Suárez ha renunciado a su acta de concejal que le posibilita ser presidente de la Diputación.

Pero no sólo el Ayuntamiento contrató a la empresa de Suárez, también lo hizo la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta adjudicó varios contratos a Eventos El Espino en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 le adjudicó el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Suárez no podía compatibilizar su actividad de empresario con la de concejal al tener más del 10% de las acciones de la empresa, pero lo hizo. Tras publicar elDiario.es la información, aseguró que se desharía paulatinamente de las acciones “con harto dolor” y poco después aseguró que ya no tiene acciones; sin embargo, no hay constancia documental en el Ayuntamiento de que eso sea así.

Las Cortes de Castilla y León mantienen sus dedicaciones exclusivas —con un sistema de una dedicación exclusiva por grupo y otro por cada cinco parlamentarios, acordado en 2022 entre PP y Vox—, según han informado los portavoces del PP, PSOE y Vox en el parlamento autonómico tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este martes. Los procuradores de las Cortes son los únicos que no cobran un sueldo propio, sino que tienen unas retribuciones en base a las dietas por asistencia (220 euros por día, además los kilometrajes) por cada comisión o sesión plenaria. El PP y PSOE tendrán siete dedicaciones exclusivas (además de los dos cargos en la Mesa) cada una, que cobran 80.621,94 euros al año, y Vox contará con tres dedicaciones exclusivas (además de los dos miembros de la Mesa). La portavoz del Grupo Mixto, de UPL, Alicia Gallego, ha sido la única que no ha atendido a los medios después de la reunión.

Un informe de la Secretaría General proponía modificar el sistema de reparto de dedicaciones exclusivas de tal manera que cada grupo tocaba a una más otra por cada cinco procuradores o fracción igual o superior a tres. Esto haría al PP y a Vox conseguir un liberado 'extra', y no afectaba al Grupo Mixto ni al PSOE, que gana una dedicación exclusiva porque ha conseguido 30 escaños. Este informe, según la portavoz del Grupo Popular y exconsejera de Empleo, Leticia García, no se ha elaborado a propuesta de la Presidencia ni del Grupo Popular y ha restado importancia a quién haya encargado dicho informe.

“Es un informe técnico y no es vinculante”, ha suscrito ante los medios en rueda de prensa, en la que ha asegurado que, de establecerse más dedicaciones exclusivas, no es obligatorio que los grupos ocupen todos esos escaños. “Para la celebración de la Junta, se dota de informes técnicos, para este acuerdo y cualquier otro. A partir de ahí se decide en la Mesa tras escuchar a los portavoces”, ha explicado Leticia García.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, que ha sido presidente de la Mesa en los últimos cuatro años, ha explicado que “han votado en contra” de este informe (los portavoces de grupos no votan formalmente en estas reuniones) todos los grupos. “Mi interpretación es que, como aquí no se está hablando entre Pollán y Mañueco, sino que la negociación está siendo en Madrid, un día se ha levantado valiente Mañueco, ha presentado una propuesta que no tenía pactada con Vox yha tenido que recoger cable. Y ya está”, ha zanjado el portavoz socialista, Carlos Martínez.

Grupo de trabajo

Tras la Junta de Portavoces, la Mesa también ha acordado abrir un nuevo grupo de trabajo para abordar el sistema de retribuciones, aunque no ha quedado del todo claro para qué será este grupo de trabajo. El PP ha defendido que es únicamente para valorar el sistema de reparto de los puestos de dedicación exclusiva para ver si conviene aumentar el número, mantenerlo o reducirlo; mientras que el PSOE ha pedido que el debate sea más “serio y riguroso” y plantee acabar con lo que ha considerado una “anomalía democrática” que permite únicamente ir a las Cortes a los funcionarios o a aquellos que “nacen en cuna de plata”. “Estamos hablando de poder desarrollar la actividad en unas mínimas condiciones dignas”, ha insistido Carlos Martínez, que ha requerido que como mínimo haya una dedicación exclusiva para una persona de cada grupo y provincia.

Martínez ya ha avanzado que no ve posible que haya un acuerdo sobre los sueldos en esta Legislatura que acaba de empezar, y, aunque reconoce que no es una prioridad —como la Ley de lucha contra incendios o la de violencia machista—, si ha instado a realizar el trabajo pertinente para solucionar la situación. “Queremos estudiar con calma, serenidad y transparencia. lo importante de hoy era echar a andar la Legislatura y que las Cortes empezaran a funcionar; no es necesario acordar todas estas cuestiones hoy”, ha manifestado Leticia García.

En la pasada Legislatura, ya se constituyó un grupo de trabajo para abordar esta cuestión después de que los exdiputados autonómicos de Vox desvelaran que el grupo utilizaba sus fondos para complementar los ingresos de sus parlamentarios, como otras formaciones confirmaron que también hacían, pero se quedó en nada.

Aún sin acuerdo de Gobierno

En el horizonte también está el 7 de mayo, fecha en la que los grupos deben haberse reunido con el presidente de la cámara, Francisco Vázquez (PP) y proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. Sin embargo, Pollán ha considerado “muy difícil” que PP y Vox vayan a llegar a un acuerdo del Gobierno antes del 1 de mayo, cuando empieza la campaña electoral de Andalucía.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que mantiene “contactos fluidos y cordiales” con Mañueco, pero ha evitado dar detalles porque considera que informar en este momento solo “alimentaría un ruido que no interesa”. Pollán ha esperado que Génova no ponga “trabas” a los acuerdos y ha augurado un acuerdo de gobierno que “ponga sobre la mesa el crecimiento de Vox”, puesto que la representación de su formación ha sido superior en Castilla y León que en Extremadura y Aragón. También se ha negado a abordar de qué entenderá Vox en Castilla y León por 'prioridad nacional', un “tema troncal” en las negociaciones, pero sobre el que no ha querido entrar en detalles.

En cuestión de horas y sin ninguna disculpa o aclaración, la Junta de Castilla y León ha eliminado de su portal de Educación los recursos 'Escritorio de Verano' para estudiantes de primaria y secundaria. Lo hace después de que elDiario.es publicase los graves errores de información y de ortografía que contenían. No ha enviado todo, aún permanece en la web un juego sobre Santa Teresa en la que se sitúa a Valladolid en el mapa como “Vallalodid”.

Estos recursos fueron adjudicados a la empresa Infinity Consulting Group SL, una empresa de Madrid especializada en educación, elearning y content factory. Infinity se ha encargado del contenido educativo de la web a lo largo de 2019 (17.980,60 euros), 2020 (17.980,60 euros y 3.509 euros), 2021 (18.029,00 euros), 2022 (17.980,60 euros) y (3.623,95 euros para un recurso sobre el ciberacoso), 2023 (18.029 euros) y 2024 (18.029,00 euros) según la información que aparece en la Plataforma de Contratos de Sector Público. Así, en los últimos años se han pagado más de 100.000 euros sin que nadie revisase que el contenido fuese correcto.

Entre los errores más llamativos estaban la imagen de un falso Delibes que no se correspondía con la del escritor una imagen que atribuía una fiesta de León con otra de México o una imagen duplicada para un castillo de Soria y para la muralla de Ávila.

La Junta de Castilla y León tiene un portal educativo destinado a estudiantes de infantil y secundaria plagado de errores, que ya ha retirado. Los juegos que proponen no ayudan a aprender: hay denominaciones incorrectas, imágenes que no corresponden y faltas de ortografía y todo ello en un solo juego generado con inteligencia artificial.  Cuando se presentó el Escritorio de Verano, se destacó que la Consejería había puesto el foco “en la lectura y escritura creativa, matemáticas divertidas, robótica e Inteligencia artificial, el patrimonio de Castilla y León, la internacionalización y el bienestar emocional” y están pensados para “reforzar y ampliar lo aprendido durante el curso”.

Tal y como ha comprobado elDiario.es, en el 'escritorio de verano 2025' para alumnos de primaria, aparece el juego 'Guardianes del Patrimonio'. Según decía la Junta, “los estudiantes no solo aprenderán sobre los monumentos y personajes de la Comunidad, sino que también desarrollarán un sentido de pertenencia y respeto hacia el patrimonio cultural”. El objetivo no parece fácil de lograr. De entrada porque hasta el logotipo del juego tiene un error de base: un bosquejo de la Sagrada Familia, que está en Barcelona.

El juego consiste en contestar preguntas tras mostrar una colección de imágenes. Como no podía ser de otra forma, en el apartado de “personajes históricos” aparece el escritor vallisoletano Miguel Delibes, o más bien su nombre, porque el hombre que aparece en la foto no es él. Aparentemente, la Inteligencia Artificial ha decidido qué aspecto debería tener en lugar de optar por una imagen real.

En el apartado de Espacios Naturales se pregunta a los estudiantes por la 'Rivera del Duero', una falta ortográfica llamativa si se tiene en cuenta que la Ribera del Duero es una de las Denominaciones de Origen más conocidas de España. No sólo eso, llega a utilizar la misma imagen para ilustrar la Ribera del Duero y el Parque natural del Lago de la Baña.

Y lo mismo ocurre con el Castillo de Gormaz (Soria) y la Muralla de Ávila: para la Junta son el mismo monumento, y usa la misma imagen. Cuando muestra la fachada de la Universidad de Salamanca, aparece a un lado una iglesia que no existe.

También llama la atención cómo ilustra la Romería de la Virgen del Camino: no usa la talla original, que es una piedad, sino que tira de una virgen con niño

Para la Fiesta del Judas, que se celebra, entre otros municipios, en Sahagún, usan una foto que corresponde a León, pero en el estado de Guanajuato (México).

Y algo parecido ocurre con la famosa fiesta de Las Águedas, donde se podría haber usado una foto de la fiesta en Zamarramala (Segovia) y se usa otra generada por IA en la que las mujeres llevan un traje más parecido al sardo o al albanés.

Tampoco aparece bien escrito Valladolid, que figura en un mapa como “Vallalodid”.

Por último, ni los recursos destinados a aprender inglés son correctos. En una de las pantallas preguntan a los estudiantes You are good in movies? (¿eres bueno en películas?) cuando la fórmula correcta sería Are you good in movies?

Las Cortes de Castilla y León han modificado su lenguaje con la entrada del PP en la Presidencia -que ahora dirige Francisco Vázquez- y ha convocado este lunes un minuto de silencio por el “crimen machista” de Toledo. Es la primera vez en cuatro años -en los que Vox ha presidido la cámara legislativa. que un minuto de silencio es atribuido a esta violencia machista y no a un “asesinato” o un “fallecimiento”, como en ocasiones anteriores tales como la muerte de tres mujeres producidas en un incendio en Miranda de Ebro, el asesinato machista de Viana de Cega, entre otros.

Vox ha mantenido una estrategia para negar la violencia machista, rompiendo así con un consenso de décadas. Ejemplo de ello es que Vox no suele participar en acontecimientos estructurados en contra de la violencia machista como los actos del 25-N. Cuando el partido de extrema derecha entró en el gobierno de Castilla y León en 2022, comenzó a convocar minutos de silencio con muchas otras muertes violentas, a los que normalmente solo acudían los consejeros de Vox.

En 2022, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Vox impidió por primera vez que el parlamento de Castilla y León hiciera una declaración institucional de repulsa por el último crimen de violencia de género que se ha producido en Palencia y que el presidente de la cámara redujo a un “crimen”.

Uno de los compromisos del pacto PP-Vox era la tramitación de una 'Ley de Violencia Intrafamiliar', que el PP -entonces ostentaba las competencias de Familia y Servicios Sociales- nunca llegó a tramitar. También pretendía derogar la Ley de Violencia de Género, algo que tampoco se ha producido, a pesar de que tampoco se ha aprobado una nueva. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, retiró a finales de 2025 la Ley de Violencia de Género pocas horas antes del debate y evitó debatirla aprobarla en la pasada legislatura.

Javier Antón Cacho ha tomado posesión este lunes como nuevo alcalde de Soria, en sustitución de Carlos Martínez, quien es ya procurador en las Cortes de Castilla y León, en un pleno extraordinario en el que ha ofrecido diálogo a la oposición, PP y Vox, para “no dejar que el desacuerdo se transforme en odio”, ha afirmado.

El socialista se ha convertido en el nuevo regidor de Soria con los 11 votos del PSOE, dando así relevo tras casi veinte años de mandato de Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, quien ha estado presente en la sesión plenaria.

En su intervención, Antón ha tendido la mano a la ciudadanía y a la oposición, formada por PP y Vox, dejando claro que afronta su cargo con “orgullo y responsabilidad” y con una posición “abierta al diálogo” porque, a su juicio, “no se puede dejar que el desacuerdo se transforme en odio”.

También ha destacado la figura de Martínez, al que se ha referido como “compañero y amigo”, y se ha comprometido a intentar “estar a la altura” y conseguir que la voz de Soria “se escuche donde se toman las decisiones para seguir creando un futuro para la provincia”.

Tres pilares fundamentales

El nuevo alcalde de Soria ha asegurado que tiene “un perfil propio” y un proyecto de futuro basado en tres pilares, con la ciudadanía en el centro y el Ayuntamiento como institución “cercana y accesible”; el compromiso “firme” con el feminismo y un futuro entendido desde “la sostenibilidad y con el medio ambiente, con el refuerzo de lo público”.

Antón ha finalizado su intervención con el compromiso firme de “trabajar cada día para hacer más Soria, más ciudad y no defraudar la confianza de los compañeros”.

“Apoyo total” de Carlos Martínez

El líder del PSOECyL y ex alcalde de Soria ha mostrado desde el principio su “total apoyo” a la elección de Antón como nuevo regidor, ya que a su juicio “cuando se habla desde el corazón y con conocimiento de la responsabilidad que se va a asumir, la honestidad brota, y te quedas tranquilo”.

Martínez se ha referido así al nuevo alcalde de Soria, del que ha destacado su “vocación y voluntad” por dar continuidad a un trabajo con el único fin de “transformar la ciudad” mediante el diálogo y la cercanía con los sorianos.

En relación con las críticas de la oposición sobre la investidura de Javier Antón, el ex alcalde de Soria ha calificado de falta de “cortesía institucional” que se cuestionen las once renuncias registradas en la lista socialista para facilitar la investidura del nuevo regidor. “Han mostrado su peor versión”, ha continuado Martínez lamentado que “todo valga para rascar unos votos” durante el proceso de elección del nuevo alcalde de la ciudad.

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.

El próximo alcalde de Soria, Javier Antón, colocado por Carlos Martínez, ha confirmado este viernes que mantendrá su cargo como senador porque es “compatible y positivo para la ciudad”, ya que garantiza “una relación directa” con el Gobierno de España, lo que supone “mayor facilidad” para conseguir proyectos de futuro para Soria.

Así lo ha confirmado Antón en su primer contacto con los medios de comunicación antes de tomar posesión de su cargo como alcalde de Soria, el próximo lunes 27 de abril, en un pleno extraordinario en el que también tomará el acta de concejal del Ayuntamiento, para lo que fue necesario que todos los ediles renunciaran a la alcaldía.

El candidato socialista ha explicado que este relevo responde a una “planificación ordenada”, cuyo primer objetivo era cumplir los plazos administrativos que conlleva un relevo de estas características.

Antón ha detallado que su designación ha seguido los cauces orgánicos del partido, desde la propuesta del grupo municipal hasta su ratificación en los órganos correspondientes.

Además, el futuro regidor ha querido dejar claro el carácter colectivo de la decisión, ya que “es el equipo el que ha tomado la decisión” y ha subrayado que cuenta con el respaldo de todos sus compañeros y compañeras.

Continuidad de un proyecto consolidado

El candidato ha enmarcado esta nueva etapa en la continuidad del proyecto desarrollado en los últimos años por el alcalde saliente, Carlos Martínez, quien dejó este cargo para tomar posesión de su acta de procurador autonómico, y ha confesado la “gran responsabilidad” que supone “sustituir a un alcalde durante 20 años consolidado con un liderazgo fuerte ”.

En este sentido, Antón ha asegurado que afronta este nuevo reto político “con gran orgullo” y con la ventaja de tener “proyectos rodados y un equipo con experiencia al frente”.

Por otro lado, también ha explicado que uno de los ejes de la nueva etapa será “la coordinación entre instituciones” para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad, para lo cual Antón ha subrayado la importancia de la presencia socialista en distintos niveles de gobierno.

“Ahora mismo no solamente cuento con los que tengo aquí a mi espalda, sino también con un delantero centro en donde se deciden las políticas que afectan a todas las ciudades de Castilla y León”, ha señalado en referencia a Carlos Martínez.

En este sentido, ha defendido la compatibilidad de su labor en el Senado como una oportunidad para Soria ya que, a su juicio, “va a permitir tener relación directa con el Gobierno y facilitar una agenda ministerial más ágil”, ha indicado.

Cercanía y gestión del día a día

Javier Antón ha puesto el acento en su forma de entender la gestión municipal, con la que pretende combinar grandes proyectos con la atención a los problemas cotidianos.

“Un ayuntamiento debe resolver proyectos muy ambiciosos pero también problemas que surgen de forma diaria”, ha asegurado Antón, quien ha recordado que lo que más le marcó en sus primeros años como concejal fue “ese contacto directo y constante con la ciudadanía y esa línea de acción inmediata” que quiere “reforzar y mantener”.

En este sentido, también se ha referido a algunos proyectos y ha señalado como prioritarios la culminación de la cesión del centro penitenciario para su transformación en un gran espacio ferial para la ciudad, el avance en la depuradora y su modelo tarifario, así como el impulso a infraestructuras clave y equipamientos estratégicos.

La Junta de Castilla y León, con un gobierno en funciones del Partido Popular, ha optado por el silencio para evitar valorar el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura con la “prioridad nacional” en el acceso a servicios públicos como eje de las políticas. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado posicionarse sobre esta cuestión y ha insistido en que cualquier valoración llegará “cuando haya un acuerdo” en la comunidad.

Carriedo ha apelado a la “prudencia” para abstenerse a hacer una valoración: “La prudencia es una gran virtud”. Con ese argumento, el también consejero de Economía y Hacienda ha rechazado entrar a valorar tanto el contenido del pacto extremeño como las exigencias que Vox ha situado sobre la mesa en otros territorios como Castilla y León

“No estoy aquí para valorar a otros partidos políticos, y además la campaña electoral ya terminó”, ha intentado zanjar al ser preguntado directamente por conceptos como “los españoles primero” o la prioridad en el acceso a prestaciones sociales.

La sombra del pacto con Vox en Extremadura se extiende a Castilla y León

La “prudencia” de la Junta llega apenas horas después de que Vox reivindicara esa “prioridad nacional” durante el debate de investidura en Extremadura, donde María Guardiola ha sido elegida presidenta con el apoyo de la formación de extrema derecha.

Desde la tribuna, el portavoz de Vox ha defendido que las ayudas públicas, la vivienda protegida o los servicios deben priorizar a quienes tengan arraigo en el territorio. “Con el esfuerzo de los españoles no da para todo el mundo”, ha afirmado el futuro vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

“Valoraremos el acuerdo cuando se produzca”

Carriedo ha insistido en varias ocasiones en que cualquier posicionamiento dependerá del contenido final del pacto en Castilla y León, que aún no se ha cerrado. “Valoraremos el acuerdo cuando se haga público y daremos información detallada del mismo”, ha reiterado.

El portavoz en funciones, que forma parte del equipo negociador del PP, ha evitado también anticipar plazos para las negociaciones y la formación de gobierno. “Depende de todas las partes y no solo de una. Es difícil hacer un pronóstico”, admitió.

Lo que sí quiso dejar claro es que el acuerdo, cuando llegue, será transparente: “No habrá pactos ocultos”. Una afirmación repetida en varias ocasiones y que busca contrarrestar las críticas sobre posibles concesiones en materias sensibles como inmigración o servicios sociales.

Castilla y León como “realidad propia”

Uno de los argumentos centrales de la Junta para esquivar el debate ha sido apelar a las diferencias entre territorios. “Cada comunidad tiene sus propias circunstancias”, ha apuntado Carriedo, señalando las diferencias en factores sociodemográficos como en la gestión política de los últimos años.

El portavoz en funciones ha apuntado que algunos objetivos que pueden ser prioritarios en otras comunidades ya están cumplidos en Castilla y León. Como por ejemplo, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el nivel de calidad de los servicios públicos.

“Aquí ya los hemos alcanzado y no tiene sentido plantearlos como retos de futuro”, ha explicado, en una intervención en la que también ha destacado la política fiscal de la comunidad, con uno de los tipos medios más bajos en el IRPF dentro del régimen común.

Sin líneas rojas públicas

La Junta tampoco ha querido fijar límites explícitos en la negociación. Carriedo, que compone el grupo de negociadores del PP del futuro pacto con Vox, al ser preguntado por si marcaría una línea roja ante propuestas similares a las pactadas en Extremadura, el portavoz ha vuelto a repetir el mantra de la prudencia.

“Lo lógico es no valorar el contenido de algo que todavía no hemos alcanzado”, ha indicado. Tampoco ha matizado si principios los defendidos en anteriores etapas —como considerar Castilla y León una “tierra de acogida”— formarán parte del futuro acuerdo.

Al ser cuestionado sobre si el acceso a los servicios sociales podría vincularse al arraigo en el territorio, otra de las propuestas que se barajan en el debate político, Carriedo ha evitado de nuevo pronunciarse.

El “Humanismo solidario” de Mañueco sin concreción en el futuro de pacto

El portavoz sí se detuvo brevemente en un concepto lanzado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de este martes en la entrega de los Premios Castilla y León: el “humanismo solidario”. “Es un término que me gusta”, ha afirmado, sin entrar a detallar cómo se traduciría en políticas públicas concretas, especialmente en materia migratoria.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

El Partido Castellano-Tierra Comunera ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites necesarios para declarar la Fiesta de Villalar de los Comuneros que se celebra cada 23 de abril como Patrimonio Cultural Inmaterial para que reconozca “su extraordinario valor histórico, social, cultural y democrático”. La formación castellanista ha recordado a través de un comunicado que la localidad de Villalar está ya reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1996 en la categoría de Sitio Histórico, y que el 23 de abril es oficialmente el Día de Castilla y León según el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, considera que este reconocimiento resulta “insuficiente” para una celebración que ha evolucionado “hasta convertirse en una de las manifestaciones culturales y cívicas más relevantes del Estado”.

El PCAS-TC considera que la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial permitiría “proteger, difundir y fortalecer esta tradición, garantizando su preservación para las futuras generaciones y reconociendo su papel como elemento de cohesión social y expresión democrática”.

Desde la formación castellanista se destaca que la Fiesta de Villalar constituye un “ejemplo excepcional de patrimonio vivo” porque reúne características “plenamente alineadas con la Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial”. El partido ensalza el “carácter único” de los comuneros, puesto que se conmemora “una derrota histórica transformada en símbolo de libertad, justicia y bien común”; que también tiene una dimensión “masiva y participativa” y una pluralidad social y territorial “que convierte la campa en un espacio de convivencia, diálogo e identidad compartida”.

Asimismo, el partido destaca la continuidad histórica y la transmisión intergeneracional de esta celebración, recuperada en 1976 en plena Transición democrática y mantenida desde entonces como un espacio de encuentro ciudadano.

Los castellanistas ponen en valor que, a lo largo de estas cinco décadas, Villalar ha combinado “su dimensión festiva con un profundo contenido reivindicativo” y se ha consolidado “como un referente político, social y cultural de Castilla y León y que trasciende los límites de la Comunidad para fundirse con el resto de los territorios castellanos”.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez (PP), pide al País Vasco y al PNV que respeten el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y advierte de que pedir al Gobierno un referéndum sobre la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava sienta un “precedente peligroso”.

Suárez, presidente también del PP en Burgos, ha criticado las declaraciones que el presidente del PNV, Aitor Esteban, realizó el sábado en La Puebla de Arganzón en la celebración del 'Trebiñu Eguna', y en las que anunció que pedirán a Madrid un referéndum para acabar con la “anomalía” que supone la pertenencia de Treviño a Castilla y León.

A preguntas de los periodistas, Suárez ha asegurado que con esas declaraciones se “ratifican las aviesas intenciones que tiene el nacionalismo vasco con respecto a Treviño”, al que ha acusado de no respetar ni a los castellanos y leoneses, ni a los burgaleses ni tampoco a los treviñeses. Ha recordado que el proceso de cesión de territorios está “recogido, protegido, garantizado y blindado” por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en él que se ampara Burgos para “defenderse”, ha asegurado, frente a lo que considera un “ataque al margen de la legalidad”.

“Que el PNV reclame a Pedro Sánchez una solución para el Condado de Treviño si nombrar en ningún caso la legalidad, el Estatuto de Autonomía es un precedente peligroso”, ha afirmado Suárez, apuntando que el Gobierno está “privilegiando” territorios a través de la financiación autonómica o la potencia energética. Y ha pedido al País Vasco que respete el Estatuto de Autonomía como en Burgos se respeta cualquier norma de rango orgánico: “Aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de la identidad, la historia, la propiedad y el territorio de un pueblo” como es Castilla y León y Burgos.

“Respetando las normas del juego que nos hemos dado cualquier cabe cualquier debate”, ha afirmado Suárez, y ha defendido que la Diputación quiere que los treviñeses tengan los mismos servicios y oportunidades que el resto de vecinos de la provincia, y una administración vertebradora y no divisora.

El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. Sin consecuencias y con el alegato del “desamparo” ante el desconocimiento de leyes de 1984 y 1985 que operan en todos los ayuntamientos de España. Es más, Suárez ha llegado a culpar a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales.

Tal y como reveló elDiario.es, Borja Suárez, con un 33% de acciones de Eventos El Espino SL, no podía ser concejal. Sin embargo lo fue y entre 2024 y 2025, su empresa obtuvo cinco contratos del Ayuntamiento para eventos de catering que sumaban más de 8.000 euros, y otros 13 de la empresa municipal Proburgos en 2023,2024 y 2025. Todos han sido declarados nulos. En el Pleno de este viernes, se ha realizado una “toma de razón” por parte del Pleno, y se ha mostrado un protocolo para que los hechos “no se repitan”.

La incompatibilidad, ha explicado el secretario municipal, daba la opción a Suárez a que eligiese entre empresa o acta, pero según él, sólo antes de contratar. Si no ejercitaba la opción se entendía su renuncia al acta. Como el asunto pasó desapercibido, Suárez no sólo compatibilizó ambas cosas sino que su empresa se benefició de contratos y además sigue agarrado al acta. En el Pleno ha asegurado que ya no tiene acciones. “La renuncia al acta o las acciones tuvo que darse antes de los contratos, porque tiene una finalidad preventiva y no puede activarse ex post”, ha afirmado el secretario. Producida la incompatibilidad, sólo cabe, según el secretario, una “toma de razón”.

“Un socio pasivo”

Suárez ha intervenido para aclarar que era un “socio pasivo” y que nunca se produjo un expediente para estudiar su situación de accionista. Lo que ha ocurrido, ha llegado a afirmar incesantemente, es que estaba “desamparado”. “Esto determina la falta de amparo como concejal porque he actuado de forma transparente, tenía un 22% de acciones y lo puse en la declaración de bienes pero en ningún caso fui advertido para tratar de prevenir. Esto se previene en el primer momento para establecer la posibilidad de decidir”, ha lamentado. Respecto al “protocolo”, lo ha considerado necesario para ese “amparo”, porque la publicación de su doble condición de concejal y empresario “ha generado una tormenta” y “en el aspecto personal”, ha pasado “semanas muy complicadas”, aunque “la situación administrativa es la que es”, sin reproche legal, según él. “El protocolo establece una protección. Remarco que me hubiese gustado que este amparo hubiese sido anterior”, se ha defendido.

El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, ha criticado que Suárez haya dicho lo mismo que en el Pleno anterior: “Que le falta amparo y que le falta amparo ¿Aparte del amparo piensa hacer algo o está orgulloso de lo que está ocurrido?”, ha interpelado. El edil ha recordado que las normas las conocen todos y que no hay más amparo sino más trabajo para la secretaría.

“Se establece una declaración responsable en los contratos menores, ¿esto es más amparo? es menos amparo, da la sensación contrario. No sé qué añade. Secretaría elaborará documento con el régimen legal de incompatibilidades, pero si ya se sabía. Es un protocolo que no aporta nada nuevo. No sé por qué se busca más amparo, si ya lo sabíamos. Estoy desafecto, ya de todo”, ha deplorado.

“Cuando digo que me ha faltado amparo es que me ha faltado amparo”

Según Suárez “lo importante son las intenciones”. “Cuando digo que me ha faltado amparo, es que me ha faltado amparo”, ha insistido. “Ustedes desde que surge la ocasión han pretendido hacer ver otra cosa, con intenciones sucias con respecto a mi participación en la sociedad y en el Ayuntamiento y no se lo puedo tolerar ni a usted ni a nadie. Luego entrarremos en cosas que se han dicho fuera. La parte positiva es que este protocolo nos ayude al margen de otras cuestiones que considero más pueriles. Además, este protocolo podrá extenderse a otras corporaciones para estar más protegidos”, ha defendido.

Más crítica ha sido la concejala socialista Blanca Carpintero al afirmar que “la ley es cristalina y no se necesita el protocolo”, ya que Suárez declaró tener una participación de más del 10% que luego se incrementó y no declaró. “Son incompatibilidades que tenemos en la Ley 53/1984 y en la Ley organica Régimen Electoral ·General de1985, leyes básicas para cualquier estudiante de derecho, y que el presidente de la Diputación no lo conocía”, se ha extrañado. “El amparo lo dan las leyes”, ha informado.

Cristina Ayala “trata de proteger a su jefe”

“La ley es clara, el Ayuntamiento no puede contratar y es irrelevante que se hable de desconocimiento o desamparo”, ha dicho. Carpintero también ha dudado de que nadie supiese que esa empresa era de Suárez cuando “ha pasado por el Monasterio del Espino todo el mundo”. Tal y como informó elDiario.es, el PP de Burgos celebró un encuentro al que acudió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la plana mayor del PP provincial. La concejala ha pedido a Suárez que asuma su responsabilidad y ha recordado el caso de otro concejal del PP que fue multado en un control de alcoholemia y dejó el acta. Se ha dirigido a la alcaldesa, Cristina Ayala para decirle que “trata de proteger a su jefe”. “Es el incendio de la etica, no pueden manifestar desconocimiento e incumplir la norma ¿qué ejemplo damos ahí fuera?”, ha cuestionado.

“Intenciones sucias ninguna, cree el ladrón que todos son de su condición. Es concejal, y por ser concejal es presidente de la Diputación, y ahora viene con que no sabía pido perdón...¿por qué pidió perdon y disculpas si no tenía amparo?. Yo no necesitaba más amparo, son cosas de sentido común”, ha contraatacado el concejal de Vox.

“Sucio es llamarme indecente. No he alegado inconocimiento, he alegado desamparo”, ha llegado a decir Suárez, que en el Pleno anterior aseguró que había conocido la situación de incompatibilidad tras la llamada de elDiario.es. “El caso es que da igual tener el 10, que el 10,1. Tiene que haber protección por parte de la administración, ya no tengo participación. Y qué multa se me ha puesto a mí, lo que no se me ha puesto es la posibilidad de defenderme, de decidir, y yo lo pongo en conocimiento del pleno y he sufrido un escarnio permanente ahí fuera. No le pido perdoón por algo que yo haya hecho, sino por algo que no ha hecho el ayuntamiento, se me tenía que haber dado posibilidad de decidir”, ha repetido Suárez.

“Todos sus compañeros del PP lo sabían”

Para Carpintero, el asunto es también “una cuestión de ética” y ha preguntado a quién “pretendía engañar” cuando todos sus compañeros conocían que estaba en el accionariado de Eventos El Espino. “No vale pedir perdón, ha incumplido una ley del 84 y del 85”, ha dicho. La socialista también se ha referido a subvenciones a El Espino por parte de la Diputación y Suárez, sin entrar al fondo del asunto, ha dicho que mentía.

“La falta de ética es mentir, está mintiendo y lo sabe. Ética es lo que le han demostrado mis compañeros que desconocian que tenía la empresa, etica es adelantarse y trasladarlo el pleno, etica es reflejarlo en la declaracion de bienes”, se ha defendido. También ha advertido que el PSOE “tiene un problema” si quiere “abrir el melón de la ética”. No dude de mi comportamiento. El protocolo hubiese evitado todo esto, que tiene una conseciencia, mi desafeccion de las sociedades que son una alternativa al ejercicio politico, no se puede echar por tierra mi labor con sus luces y sombras“, ha comentado.

Cristina Ayala: “Podíamos no haber hecho nada”

El debate lo ha cerrado la alcaldesa, que ha dicho que ética es “meter un escrito cuando sabe que ha sucedido y cuando la alcaldesa pide informe a secretario”. De hecho, no considera que Suárez haya hecho nada mal, sino que han sido los técnicos. “Podiamos no haber hecho nada, podiamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia etica quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra etica es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios tecnicos cometen un error como es el caso”, ha zanjado. En el Pleno no se ha tratado qué ocurre con el dinero público que ha recibido la empresa de Suárez y si se va a devolver.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura anunciado ayer jueves como una “agresión” y ha advertido de que puede ser la antesala de lo que ocurra en Castilla y León en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de información, Martínez ha asegurado este viernes que este pacto “va a ser un modelo para Castilla y León” si no hay una rectificación por parte del presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber iniciado ya ese camino tras las elecciones.

El dirigente socialista ha sostenido que el documento firmado en Extremadura, de 23 páginas, supone una “agresión” a distintos colectivos y ámbitos, entre ellos las mujeres, los trabajadores, los migrantes y el medio rural. En concreto, ha criticado que el acuerdo “compra el discurso” de Vox en materia migratoria, al presentar la inmigración como un problema, algo que ha rechazado al considerar que “no lo es ni para Castilla y León ni para la España interior”.

El portavoz socialista también ha advertido de que el pacto incluye medidas que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos, como la revisión de políticas de igualdad, la crítica a la labor de los sindicatos o el cuestionamiento de políticas vinculadas al cambio climático. Martínez ha vinculado este escenario con la situación política en Castilla y León y ha alertado de que existe el riesgo de que se replique un acuerdo similar, al considerar que el PP ya ha mostrado una “entrega” a Vox.

“El riesgo está ahí”, ha advertido Martínez, que ha alertado también de que los pactos sucesivos entre PP y Vox puedan recoger aún más reivindicaciones de la “extrema derecha”.

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

Después de que el PP diera a conocer el nombre de sus portavoces el lunes y Vox, este martes, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha comunicado este miércoles al Parlamento autonómico que los procuradores vallisoletanos Patricia Gómez y Pedro González Reglero serán respectivamente viceportavoz y secretario general del grupo.

El PSOE ha informado de esta decisión, por la que el nuevo portavoz socialista, Carlos Martínez, se rodea de dos procuradores con experiencia, que ya estuvieron en la dirección del grupo en la anterior legislatura, Gómez como portavoz tras la salida de Luis Tudanca y González como secretario general, desde ese mismo momento.

Patricia Gómez figura además, en la documentación registrada por el Grupo Socialista, como primera portavoz adjunta; mientras que Pedro González será igualmente segundo portavoz adjunto.

Junto a Nuria Rubio, Gómez y González respaldaron desde el primer momento la candidatura de Carlos Martínez para liderar al PSOE de Castilla y León, lo que se vio refrendado al elegir a la política leonesa como vicesecretaria general del PSOE-CyL.

Rubio fue elegida este martes vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, mientras que el secretario de Organización del PSOE-Castilla y León, Daniel de la Rosa, fue elegido secretario primero de la Mesa.

El PSOE de Salamanca denunciará la pintada racista con la que ha amanecido este miércoles su sede de Salamanca, que atribuye a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de coalición.

“A dentro todos los moros y negros” es la frase pintada en letras mayúsculas en la sede de los socialistas en Salamanca, junto a otra que dice “11M18E”, al parecer en referencia a las fechas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 y del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

En declaraciones a EFE, el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada, ha defendido que estas expresiones “fascistas” no representan a nadie en una provincia “abierta y respetuosa” como la salmantina.

PSOE dice que no le intimidan las pintadas ni el odio y seguirá defendiendo a migrantes

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha condenado las pintadas que han aparecido de madrugada en la sede del partido en Salamanca en contra de la regularización de migrantes y ha afirmado que la formación “no se achanta” en su defensa a las condiciones de vida de estas personas “frente a quienes pretenden intimidar y extender el odio”.

En declaraciones a los periodistas en un acto en León, al ser preguntado por este asunto, Díaz se ha mostrado “plenamente conforme” con la política que está llevando a cabo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en esa materia.

Lo que se pretende, ha dicho, es “dignificar las condiciones de vida de personas que están trabajando en España y dando vida a muchos de los 2.248 municipios de esta Comunidad Autónoma que, si no fuera porque ha llegado gente de otros lugares, sería mucho peor y estaría más muerta”.

“Que lo tengan muy clarito también los socios del PP, con los que ya están cogiditos de la mano” en Castilla y León, ha añadido.

El PSOE de Salamanca ya ha avanzado que denunciará la pintada racista con la que ha amanecido este miércoles su sede, que atribuye a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de coalición.

“A dentro todos los moros y negros” es la frase pintada en letras mayúsculas en la sede de los socialistas en Salamanca, junto a otra que dice “11M18E”, al parecer en referencia a las fechas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 y del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.