El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha preguntado este jueves por qué no ha dimitido “esa pareja siniestra” del Gobierno de España que componen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, –a quien se ha referido como “Óscar Muerte”–, por quienes ha mostrado “un desprecio infinito”. “El otro día [Óscar] Puente dijo que había que parar al fascismo. Frenar al fascismo les gusta mucho, que frenen un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y a estos traidores”, ha agregado en el centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila.

Este jueves es el tercer día consecutivo en el que el presidente de Vox, Santiago Abascal, lideraba un mitin político en una capital de Castilla y León. Después de Zamora y Valladolid, era el turno de Ávila, donde busca garantizarse el tercer escaño que reparte la provincia, y que en 2023 le arrebató el Partido Popular, al igual que en Zamora, Segovia, Salamanca y León.

El accidente de Urda, Toledo, ha ocupado buena parte del discurso de los líderes de Vox. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de “injusto y evitable” este suceso, y ha vuelto a justificar por qué su partido no ha suspendido su agenda. Abascal interpreta que no ha mantenido los mítines de precampaña “para hacer política”, sino “para hacer justicia y no callar jamás”. Abascal ha lamentado la muerte de decenas de personas en el accidente ferroviario de este miércoles –ha hablado de 74 muertes, un dato que ha sido rectificado horas antes a 69–, en cuyo recuerdo han reproducido, como ayer en Valladolid, la canción La muerte no es el final.

“Un crimen contra los intereses de España”

Santiago Abascal ha negado que el accidente se pueda atribuir a “un error humano” y ha dicho que, si este “error humano” existe, es que ambos representantes sigan en el Gobierno. “No es un error humano o técnico, es un crimen contra los intereses de España”, ha zanjado.

El portavoz de Seguridad de Vox, a quien han cantado el 'cumpleaños feliz' al inicio, ha cargado contra los periodistas que “insultaban” a los líderes de Vox por no haber cancelado su agenda política publicaran después “filtraciones para salvar al Gobierno y culpar a unos trabajadores”.

El presidente de Vox ha acusado a Sánchez de “intentar robar unas elecciones” con “la trampa gigantesca que Vox detectó, llevó al Supremo y ha salvado a los españoles de un brutal fraude electoral” en alusión a la Ley de Nietos, que permitió a 160.000 personas pedir la nacionalidad, de los cuales solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política.

Se ha referido al “reto histórico” del 29 de noviembre y a “los siglos de historia” que ha contemplado la muralla de Ávila sucesos históricos como La Reconquista, la llegada de los españoles a América o la expulsión de los franceses en el siglo XIX. “A algunos les parecerá demasiado épico. Que crean en lo que quieran: vamos a ser leales a nuestros muertos, a nuestros padres, abuelos y a las generaciones que nos entregaron este tesoro que es España”, ha señalado Abascal.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha esperado poder entregar el listón de Castilla y León por ser la comunidad en la que Vox ha tenido mejor resultado para conseguir un nuevo hito el 29 de noviembre, cuando sus votantes tienen “una cita muy importante con el destino”, porque ha considerado “un peligro” que Pedro Sánchez pueda continuar al frente del Gobierno cuatro años más. “Es imprescindible echar a esta mafia corrupta”, ha apelado Pollán, quien ha pedido justicia y “llevar al banquillo” al gobierno “corupto y mafioso”.

“Ahora sí se va a hablar de Ávila”

El candidato al Congreso por Ávila, Samuel Vázquez, ha afeado que el candidato 'popular' pida ahora “hablar de Ávila”. “Ávila es una de las provincias más olvidada del país. Quien ha sido parte del problema difícilmente va a ser parte de la solución, aunque ahora quieran hablar de Ávila”, ha protestado el candidato en alusión a los diputados abulenses del PP y del PSOE.

Vázquez ha enumerado los problemas ferroviarios, de peajes, la extensión del Museo del Prado a Ávila. “Ahora sí se va a hablar de Ávila, voy a hablar yo”. En 2023 el PP sacó dos escaños por Ávila y el PSOE, uno. Vox perdió el escaño conseguido en 2019 y hubiera necesitado 6.000 votos más para poder mantener.

Falta un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre. Castilla y León ya ha comenzado a realizar los sorteos de las mesas electorales. La primera capital en hacerlo, Valladolid, que ha celebrado un pleno extraordinario este jueves para la formación, mediante un sorteo público y automatizado, de las mesas electorales que se constituirán de cara a los comicios. El consistorio ha habilitado una web para consultar quién ha salido escogido.

En este procedimiento se ha elegido de forma aleatoria a los miembros titulares (presidente, primer vocal y segundo vocal) y a dos suplentes para cada puesto. Si un ciudadano resulta elegido en el sorteo, recibirá una notificación oficial por correo postal en un plazo de tres días, aunque algunos ayuntamientos han habilitado portales web para que todo el mundo pueda consultarlo.

Una vez notificado, se dispone de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida ejercer este cargo. Entre los motivos, según la LOREG, se encuentra estar embarazada de más de seis meses o encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad. También como excepción está el cuidado directo y continuo de menores de 12 años o de familiares dependientes.

Otros motivos se encuentra haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años. Aquellas personas que tengan que trabajar obligatoriamente durante la jornada electoral en servicios esenciales, como profesionales sanitarios, bomberos, protección civil, medios de comunicación con coberturas especiales también podrán alegar.

La Junta de Castilla y León firmará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que supone una inversión de 378 millones de los que el gobierno autonómico aportará 151,2. Así lo ha adelantado este jueves el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, será quien suscriba el convenio. Los 378 millones que corresponden a Castilla y León suponen un 5,4 % del total de fondos con los que cuenta el Plan, 7.000 millones, y la Junta aportará el 40%. La financiación por parte de la Comunidad autónoma se distribuye en cuatro anualidades comprendidas entre 2027 y 2030, y en cada una de ellas contribuirá con 37,8 millones de euros. En el caso del Gobierno, sufragará su parte en cinco años a contar desde este 2026: 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones los cuatro restantes.

El Plan se estructura en tres líneas de actuación: una primera dirigida incrementar la oferta de vivienda social y asequible, cuya partida asciende a 151,2 millones de euros; otra cuyo objetivo es fomentar la rehabilitación de inmuebles, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, con una asignación de 113,4 millones de euros; y una tercera destinada al programa de ayuda para reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda, que también estará dotada con 113,4 millones de euros.

El convenio es el instrumento jurídico que establece el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. De este modo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado hoy a la vicepresidenta segunda para que, en coherencia con sus competencias, sea la responsable de firmar dicho convenio

PP y Vox tienen previsto aprobar su Ley de Presupuestos de 2027 para Castilla y León a finales de año. Junto a la norma económica, se aprueba normalmente una Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, conocida normalmente como Ley de Acompañamiento. Sin embargo, la coalición liderada por Alfonso Fernández Mañueco ha 'colado' en esta norma la reforma de la Ley de Caza y la Ley de Apuestas, además de otras 16 leyes no tributarias.

El Consejo Consultivo –institución de control independiente– considera que algunas de estas modificaciones “excede medidas puntuales” y que deberían tramitarse en leyes diferentes y que incluyan una evaluación sobre su impacto como la Ley de Caza de 2021, la Ley de residencias de 2024 o la Ley de Patrimonio Cultural, también de 2024. El órgano también reprocha que se haya modificado el texto después del informe jurídico –que constituye “una garantía de la legalidad del proyecto”–, por lo que “se estaría eliminando uno de los controles esenciales de legalidad del texto”.

Una de las modificaciones más llamativas es que cuando la Ley de acompañamiento entre en vigor, dejará de ser necesaria la autorización de la Junta de Castilla y León –como establecía la Ley de 2021– para organizar las competiciones y exhibiciones de caza ya que bastará con una comunicación previa diez días antes del acto. Se pasa de una autorización expresa necesaria a una tácita con mera solicitud. Esta no es la primera modificación en materia de caza desde que ha empezado a dirigir el área Vox, desde la Consejería de Agricultura, puesto que ha eliminado el uso nominativo de los visores térmicos y estudia como permitir los silenciadores.

Legislación “exprés” e injustificada

También se modifican cinco apartados de la Ley del Juego, incluidas nuevas prohibiciones y sanciones como la restricción a que propietarios y trabajadores de los locales de apuestas presten dinero a los usuarios. Se fija, además, un horario para garantizar una apertura mínima de ocho horas diarias y se limita la disponibilidad de cajeros automáticos.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Fernández Mañueco modifica la Ley del Juego mediante este mecanismo, lo que ha motivado las críticas del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social, asesor en la tramitación legislativa. El Consejo Consultivo afea que el Ejecutivo de PP y Vox regule con un “goteo normativo” el juego, lo que “debilita la resistencia jurídica de la reforma”.

La justificación que da la Junta de Castilla y León para modificar sin la correspondiente exposición pública –ni la posibilidad de que los actores implicados participen– de esta Ley es “jurídicamente insuficiente” para el Consejo Consultivo, que considera que “resolver dudas interpretativas o mejorar la inspección” no justifica que se prescinda de la participación ciudadana.

Tampoco se ha presentado ningún informe médico, social o epidemiológico de la Comisión del Juego y Apuestas “que demuestre un repunte alarmante del juego problemático en la región que obligue a legislar de forma exprés”.

Menos participación social

El Consejo Económico y Social ha mostrado también su “preocupación” por algunas de estas modificaciones como en materia de Vivienda y Urbanismo, Renta Garantizada de Ciudadanía y la red de Protección a las Familias Vulnerables y en Medio Ambiente porque “se elimina o diluye la participación institucional de los agentes sociales y económicos más representativos e incluso de la participación de la sociedad civil organizada”.

En concreto, se prevé suprimir el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales –que antes integraban representantes de varias consejerías, de la Federación de Municipios y Provincias, sindicatos y patronal– para que sea el gerente el que ostente muchas de las responsabilidades que antes eran compartidas. El CES pide que esto no derive en “la supresión de un espacio estable de participación social”.

En la Ley de Residencias, se elimina la referencia a que en los procesos de evaluación de la calidad de las residencias se puedan producir votos particulares sobre propuestas o informes, que hasta ahora debían publicarse en el mismo documento. El Consejo Económico y Social pide que esta decisión “no merme la capacidad del órgano para expresar sus criterios sobre el sistema de calidad”.

En materia de vivienda, el próximo año las viviendas de protección que hayan tenido financiación estatal o europea tendrán “un régimen legal de protección permanente” si la normativa de los fondos así lo exige. En este momento, en Castilla y León esta duración oscila entre los diez y quince años. La Junta de Castilla y León ve “necesaria” esta medida para poder acceder a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, a los fondos europeos y a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque muestra en su proyecto su “disconformidad” con la política estatal de vivienda, un pronunciamiento que, a pesar de la recomendación del CES, la Junta de Castilla y León ha mantenido.

La normativa presupuestaria también afecta en cambios a otras leyes recientes como la de Patrimonio Cultural, lo que deriva en medidas como la incorporación de un diagnóstico de afección al patrimonio cultural a los planes y proyectos regionales que no estén sometidos a evaluación ambiental o la concesión directa de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural (y rutas o recursos turísticos) que resulten dañados por situaciones de emergencia o catástrofes naturales como los incendios forestales.

El CES advierte también de las nuevas tasas a la Dependencia –que el Supremo anuló por cuestiones formales en 2025 y ahora se articula dentro de la Ley– “merecía una tramitación específica” en la que pudieran haber participado los órganos de representación de los usuarios, organizaciones del sector y el Diálogo Social.

Modificaciones en los concursos de funcionarios

Uno de los nuevos cambios más relevantes supone la sustitución del cómputo de plazos de días hábiles por días naturales en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León, algo que no se ha negociado con los sindicatos. “Con la Junta es imposible”, señalan fuentes de UGT, que recuerdan cómo fue la situación: “Nos convocaron para tres días después, nos adjuntaron la propuesta, alegamos y justificamos por qué nos oponemos y ellos lo aprueban con su voto”.

“El principal motivo de los retrasos en estos procesos no es el plazo”, rechazan desde CCOO, que plantea otras causas como la falta de dedicación exclusiva de los integrantes de los tribunales o la falta de recursos. Algunos sindicatos plantearon que cambiaran ese cómputo en los plazos largos y no en los cortos –que pueden ser de tres o cinco días, lo que puede derivar en más dificultad para los candidatos–, pero la Junta de Castilla y León no aceptó las alegaciones de ningún sindicato.

Algunas medidas fiscales “sin efecto redistributivo”

El principal objetivo de esta Ley es acompañar en materia tributaria a las prioridades reflejadas en el Proyecto de Presupuestos, por lo que incluye en este caso 36 nuevas rebajas fiscales que “permitirán a los castellanos y leoneses ahorrar 920 millones de euros” en el próximo año, según los cálculos del Ejecutivo autonómico.

El CES advierte, sin embargo, de que algunas de esas medidas fiscales no tienen “efecto redistributivo”, como la rebaja del tramo autonómico del Impuesto sobre las Personas y Rentas Físicas (IRPF), calculado en un “ahorro fiscal” de 13 millones de euros (50 millones a final de legislatura). Este planteamiento, sin embargo, no cuenta con una evaluación “que permita conocer qué contribuyentes resultan principalmente beneficiados”. “Se trata de una rebaja sin efecto redistributivo, tiene el mismo efecto para todos los contribuyentes con independencia de su nivel de renta”, señala el CES.

El Consejo asesor recomienda al gobierno de Fernández Mañueco que evalúe el “sistema de beneficios fiscales y sus resultados” y que publique anualmente un informe sobre el impacto que estas rebajas tienen realmente. También reclama que analice el “impacto distributivo, efecto acumulado y su compatibilidad con una financiación estable de los servicios públicos” para poder analizar “la progresividad del sistema fiscal y no únicamente el coste o ahorro fiscal”. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la política tributaria de Castilla y León por “las diferentes posiciones” que hay en este Consejo, en el que participan organizaciones sindicales, empresariales, expertos, organizaciones agrarias, de consumidores y cooperativas.

Santiago Abascal, el único líder nacional que ha decidido mantener sus actos de precampaña tras el accidente de Toledo, ha cargado este jueves contra el Gobierno y contra el ministro de Transportes. El líder de Vox ha aprovechado un breve mitin en Valladolid para llamar “ministro de la muerte” a Óscar Puente y “banda criminal” al Ejecutivo. Casi 70 personas han muerto en el choque de un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo).

“Aunque algunos quieren aprovechar el luto para amordazarnos y mantenernos callados, nosotros creemos que tenemos el deber de estar aquí”, ha asegurado Abascal en su acto, que ha durado poco más de 20 minutos para que los asistentes pudieran acudir al minuto de silencio convocado a las 20.00 horas frente al Ayuntamiento. Antes de empezar, Vox ha pedido al público que se levantase para escuchar La muerte no es el final, una canción que se usa en los homenajes militares, en señal de duelo por las víctimas.

Mientras la mayor parte de los partidos han cancelado su agenda, Abascal ha decidido mantener la convocatoria de los actos de precampaña programados en Santander y Valladolid. Una decisión, según ha explicado, que se ha tomado “para expresar el pésame”, por los familiares de los desaparecidos y los heridos. “Pero también para manifestar nuestro compromiso de defender a los españoles de una organización criminal. Por eso no estamos dispuestos a suspender una campaña electoral”.

“Vox no está de fiesta, Vox trabaja”, ha insistido el líder de Vox, que ha atacado al Gobierno en los dos mítines del día. “Nuestro trabajo es denunciar. Nuestro trabajo es exigir respuestas y exigir responsabilidades. No solo al ministro de la muerte, sino al presidente del Gobierno”. “Que no utilicen el luto para callarnos o para decir que los políticos tenemos que ser plañideras en los funerales”, ha asegurado en Valladolid.

Abascal ha recordado el “crimen de Adamuz” y ha acusado al Gobierno de tener “mucha prisa en buscar un chivo expiatorio, un cabeza de turco” en el caso de Urda. “No podemos creer absolutamente nada de lo que diga este Gobierno antes del 29 de noviembre”, ha asegurado el líder de Vox, que ha insistido en que el Ejecutivo es “el Gobierno de la mentira, el Gobierno de la ruina y el Gobierno de la traición”.

Según el análisis de Abascal, la responsabilidad del apagón, de las riadas o de los accidentes de Adamuz y Urda es “la corrupción y el fanatismo climático”. Y ha insistido otra vez en que el Gobierno es una “organización criminal que ha secuestrado” las instituciones y ha “condenado” a los ciudadanos “a la destrucción, la muerte y el enfrentamiento”.

Vox se querella contra Adif

Cuando comenzaban a caer las primeras informaciones sobre el accidente, el líder de Vox ha conectado en directo con el programa Espejo Público, de Antena 3, continuando con su agenda prevista. También ahí ha aprovechado para cargar contra el Gobierno: “Continuaré mi viaje por España porque nosotros estamos trabajando para denunciar la degradación de las infraestructuras de nuestro país”.

Abascal y Vox tampoco suspendieron su agenda tras el accidente de Adamuz, que coincidió con la campaña para las elecciones de Aragón. En aquel momento, el líder de Vox afirmó que el resto de fuerzas políticas “quisieron utilizar el luto para acallar” las denuncias y críticas referentes a las infraestructuras y garantizó que Vox no participaría. Vox repetirá este esquema en esta ocasión.

Sus críticas, a diferencia de lo que ocurrió con la tragedia de Adamuz, se han trasladado ahora a los tribunales. La formación de Abascal ha presentado una querella ante el juzgado de Orgaz que investiga el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contra los responsables de ADIF y contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la marcha de los trenes tras el fallo del sistema de frenado automático LZB.

Esta querella se suma a la denuncia del sindicato de funcionarios Manos Limpias que este mismo miércoles también imputaba delitos contra la seguridad colectiva, y delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones u homicidio. Este sindicato va contra ADIF, Iryo y Renfe, y contra las personas físicas directivas o encargadas de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante y de la infraestructura.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones convocadas, aunque no serán definitivas hasta la semana que viene.

El Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox figuran entre las principales formaciones que presentan candidaturas en todas las provincias. A ellos se suman Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero, Frente Amplio y Por Un Mundo Más Justo, entre otras organizaciones, con una oferta electoral que varía según la circunscripción.

Candidatos al Congreso en las nueve provincias

En Ávila, el PP presenta a Héctor Palencia Rubio como cabeza de lista al Congreso, mientras que el PSOE sitúa en primera posición a Manuel Arribas Maroto y Vox a Samuel Vázquez Álvarez. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero y Frente Amplio, además de otras candidaturas.

Por Burgos, Esther Peña Camarero encabeza la lista del PSOE; Ángel Mariano Ibáñez Hernando, la del PP; y Eugenia Landaluce Miranda, la de Vox. También presentan candidatura Se Acabó la Fiesta, Podemos, Frente Obrero, Por Un Mundo Más Justo y Frente Amplio. La Junta Electoral Provincial ha inadmitido la candidatura del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

En León, el PSOE presenta a Javier Alfonso Cendón, el PP a Ester Muñoz de la Iglesia y Vox a Pablo Juan Calvo Liste. La oferta incluye también a Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL), entre otras formaciones. También concurre Proyecto Alantre.

En el caso de Palencia, María Luz Martínez Seijo encabeza la candidatura socialista; Milagros Marcos Ortega, la del PP; y Matías Recio Juárez, la de Vox. Se suman Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio y otras formaciones, entre ellas Falange Española de las JONS y Escaños en Blanco.

Por Salamanca, David Serrada Pariente es el cabeza de lista del PSOE; María del Carmen Seguín Kattán, la del PP; y Laura Magdalena Miguel, la de Vox. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés, entre otras candidaturas.

En la provincia de Segovia, José Luis Aceves Galindo encabeza la lista socialista, Pablo Pérez Coronado la del PP y Gonzalo Babe Romero la de Vox. Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero y Frente Amplio figuran también entre las candidaturas al Congreso.

En Soria, Luis Alfonso Rey de las Heras es el cabeza de lista del PSOE; Tomás Cabezón Casas, el del PP; y Andrea Martínez Ruiz, la de Vox. La provincia cuenta además con la candidatura de Soria ¡Ya!, encabezada por Juan Antonio Palomar Sicilia, junto a Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Amplio y otras formaciones.

En Valladolid, El ministro Óscar Puente encabeza la candidatura del PSOE al Congreso, seguido por la ministra Ana Redondo. El PP presenta a la exconsejera María Pardo Álvarez y Vox a Pablo Sáez Alonso-Muñumer. También concurren Podemos, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Frente Obrero, Frente Amplio y otras formaciones, como el Partido Nacionalista de Castilla y León-Unión Reformista Ciudadana (PANCAL-URCI).

En Zamora, Antidio Fagúndez Campo encabeza la candidatura socialista; María Montserrat Chimeno Viñas, la del PP; y Miguel Suárez Arca, la de Vox. También presentan listas Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio y el Partido Regionalista del País Leonés, además del Partido Comunista de los Trabajadores de España.

Candidaturas al Senado

El BOE también ha publicado asimismo las listas al Senado, con nombres destacados en la política nacional como Alicia García Rodríguez, por el PP en Ávila; Francisco Javier Lacalle Lacalle por el PP en Burgos; o Antonio Silván Rodríguez por el PP en León. En Valladolid, la candidatura del PP al Senado incluye al alcalde Jesús Julio Carnero García.

En el Senado, hay candidaturas conjuntas de progreso. En León concurren PSOE, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo una lista compartida, mientras que en Zamora la candidatura agrupa al PSOE y al Frente Amplio. Soria ¡Ya! también se presenta para la Cámara Alta.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recursos de Emergencias y sanitarios para atender el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, Mañueco ha trasladado a Castilla-La Mancha toda la solidaridad y ha afirmado que está ya movilizado el Grupo de Rescate y Salvamento y varias unidades sanitarias helitransportadas.

“Toda nuestra ayuda y nuestros medios están a su disposición para colaborar en lo que sea necesario”, ha concluido Mañueco en su mensaje.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que hasta el lugar del accidente se han destinado los helicópteros sanitarios de las zonas sanitarias de Segovia y Ávila, que habían sido solicitadas por los coordinadores de la emergencia.

Para facilitar la atención de personas heridas en el accidente, la Consejería ha optado también por suspender el habitual envío de pacientes de Ávila al Hospital de Talavera de la Reina, con la intención de dejar camas liberadas, mientras que por el momento no han sido demandadas camas en centros hospitalarios de Castilla y León.

Como consecuencia del accidente ferroviario, finalmente el consejero de Sanidad del Gobierno castellanomanchego no participará en el encuentro autonómico que se desarrolla en León, según ha explicado la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

También el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado su consternación por el trágico accidente ferroviario en Toledo.

“Sigo con atención las últimas noticias que nos llegan. Quiero mandar todo mi apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familias en estos difíciles momentos. Mi reconocimiento a los servicios de emergencias que están trabajando sobre el terreno”, ha publicado en su perfil de X. 

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), ha vaticinado este martes que el PSOE no va a provocar un “enfrentamiento” entre el PP y Vox por sus puntos de vista sobre las ayudas a los sindicatos porque van a cumplir lo pactado en el acuerdo de gobierno.

“Haremos lo que hemos pactado”, ha resumido Suárez-Quiñones para responder al procurador del PSOE, Iván Zazo, quien durante la comparecencia del consejero ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes ha afeado que Vox insulte a los sindicatos en cada comisión, lo que no ve compatible con el compromiso que el PP pretende respecto al Diálogo Social.

El consejero ha reconocido que las partidas que tienen que ver con la representación institucional de los sindicatos son “innegociables” y no están en cuestión porque “es una ley”: “Una sentencia nos obliga”, ha zanjado Suárez-Quiñones, quien ha defendido que estas partidas responden al “interés público” del Diálogo Social.

No obstante, ha reconocido que “desaparecerán” aquellas partidas destinadas en años anteriores a sindicatos y patronal que no vean acreditado este “interés público”, aunque ha valorado el “comportamiento responsable” de los sindicatos, por lo que ha dado por hecho que habrá “acuerdos”. El representante socialista ha preguntado a Suárez-Quiñones por el encaje de su compromiso con el Diálogo Social con sindicatos y patronal con el “desprecio que se gastan su socios”, en referencia a Vox, ya que los representantes sindicales son “insultados” en cada comisión parlamentaria: “Llegará un momento en el que no pongamos la otra mejilla”, ha prevenido Zazo, histórico representante sindical de la provincia de Ávila.

Recortes en empleo

El Grupo Socialista ha pedido este martes explicaciones por los “recortes” aplicados en el presupuesto de políticas de empleo de la Junta de Castilla y León y también sobre el “desprecio” que Vox y sus consejeros manifiestan en sus intervenciones contra los sindicatos. El procurador socialista Iván Zazo ha alertado de la disminución de recursos para la inserción laboral y la formación para el empleo, que en su opinión “se han abandonado” en estas cuentas. El consejero 'popular' ha enmarcado estas partidas en el fin de los fondos europeos, aunque seguidamente ha añadido que crecen otras medidas vinculadas a la inserción laboral de personas con discapacidad.

Sobre los cambios en materia de absentismo, el consejero ha considerado que sólo están en contra del absentismo “injustificado”, que en su opinión perjudica a empresas, administraciones y los propios trabajadores, por lo que ha defendido la elaboración de un estudio que analice esta situación en Castilla y León.

Por su parte, el representante de Soria Ya, Ángel Ceña, ha lamentado que este departamento destine “cero euros” a inversiones provincializadas en Soria, lo que ha visto como reflejo de una distribución territorial “muy equivocada”. “Las políticas de formación no están adaptadas al tejido social soriano, no se mira las necesidades de los territorios”, ha zanjado.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a “abrir las ventanas y airear la casa” para iniciar una nueva etapa política en España, reconstruir la democracia y poner fin a un gobierno, el de Pedro Sánchez, que en su opinión “pasará a la historia por destructivo, inútil y turbio”. 

“Hay que derribar entre todos ese muro infame del sanchismo. Hay que abrir una etapa serena de reconstrucción democrática de nuestro país”, ha afirmado durante la clausura del acto de presentación de los candidatos del PP al Congreso y al Senado por Palencia, en el que ha reclamado una movilización total para extender el mensaje de su partido por los 191 municipios de la provincia.

“Todos tenemos muchas, muchas, muchas ganas de que Sánchez se vaya de la Moncloa”, ha dicho, aunque ha advertido de que la clave está en quién se hará cargo de la Presidencia y en cómo gestionará el país, puesto para el que ha presentado a Feijóo como la única alternativa capaz de gestionar el día después de Sánchez.

Frente a ese balance, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Castilla y León en Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Vivienda, y ha defendido que la comunidad ofrece un modelo de “buena política y gestión eficaz”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que este miércoles su partido presentarán una querella contra el “delegado del Gobierno” en Zamora –en referencia al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco–, a quien ha acusado sin pruebas de estar “detrás de los actos de intimidación” que han sufrido en Zamora esta tarde. En Castilla y León, el delegado del Gobierno tiene carácter autonómico y las provincias tienen un subdelegado del Gobierno. Una veintena de personas han protestado por la convocatoria de Vox en la plaza de la Marina dentro de su gira de precampaña electoral, de cara al 29 de noviembre.

“Hoy tenéis que hacer un ejercicio de contención y pacifismo porque hay veinte personas, gentecilla, que no puede permitir que los demás se puedan expresar”, ha protestado Santiago Abascal. Esta querella, de finalmente entregarse, no sería la primera. Vox ha anunciado hoy mismo su interposición de interponer una querella contra la socialista Adriana Lastra por unos incidentes de un acto de precampaña celebrado un día después de que Lastra cesara de su cargo.

Durante su intervención, Abascal ha acusado al candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, de mandar un mensaje “guerracivilista”. “¿Qué hacen hablando de un enfrentamiento fratricida y horrible entre españoles de hace un siglo, de un enfrentamiento superado? ¿Por qué odian tanto a su propio pueblo que tienen que rescatar los viejos odios entre la gente y las familias?”, ha planteado el presidente de Vox, en alusión a uno de los últimos vídeos de campaña de Pedro Sánchez, a quien también ha calificado de “candidato de Marruecos”. También ha cargado contra el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “el candidato del Frente Estrecho, de mirada corta, torva y guerracivilista” y el candidato de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, “con un discurso guerracivilista”.

Abascal pide “no confiar” en las encuestas

El líder de Vox ha pedido “no confiar” en las encuestas, que ha calificado como “el mayor enemigo del cambio”. Abascal ha reclamado que Vox no solo pueda “influir” en el próximo Gobierno de España, sino que ha alentado a un futuro en el que Vox tenga tanta representación que pueda “aspirar a la Presidencia del Gobierno”. Abascal se ha referido a España como “una nación muy vieja con un recorrido magnífico”, en la que “los abuelos de nuestros abuelos” han protagonizado “las mayores gestas de la Historia” como la Reconquista, el descubrimiento y la evangelización de América y la independencia de la Francia napoleónica.

Abascal, que apenas se ha referido al gobierno que Vox tiene con el PP en Castilla y León, y ha esbozado España como un país “colapsado” por la inmigración en áreas como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. También ha apelado al “sentido común” para justificar su discurso xenófobo y se ha dirigido a los votantes de izquierdas y de derechas para pedirles el voto: “Llamamos a esos españoles a una gran tarea de reconstrucción nacional, en la que no sobra nadie salvo los enemigos de España y de la libertad”. Respecto a la Desregulación –una palabra “un poco complicada”, ha reconocido–, ha pedido que se notifique a los gobiernos autonómicos “qué normativas ideológicas, climáticas, del Pacto Verde y la Agenda 2030 entorpecen la prosperidad”.

Pollán y los “billetes de vuelta”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha mostrado su disposición a que “los españoles no sean extranjeros en su propio país” en una comunidad autónoma con un 9% de población extranjera. Pollán ha defendido que el Ejecutivo que comparte con el PP está trabajando en “sacar muchos billetes de vuelta” a los migrantes irregulares.

El candidato al Congreso y exdiputado autonómico, Miguel Suárez Arca, ha continuado esa línea y ha apostado por una “remigración inevitable e ineludible si queremos que España siga siendo España”. Suárez Arca ha apelado a “la buena gente que no se resigna a ver España sumirse en el caos, la precariedad y la violencia que la izquierda promueve” y se ha negado a “renunciar” a su patria en territorios como “Cataluña, vascongadas, Galicia, Baleares o Ceuta”.

“Nos duele España, como a Unamuno”, ha afirmado el leonés, que se presenta en la candidatura zamorana. Suárez Arca ha aludido a los reinados de Carlos I, Felipe II y a batallas como las de Lepanto (1571), Cartagena de Indias (1741) y Alhucemas (1925) ha llamado a “no resignarse a ver perecer España, aunque sea por honrar a nuestros héroes”.

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado este martes que la Junta está “avanzando en la definición del contenido” de la futura Ley de Concordia, uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que establece su aprobación durante el primer año de legislatura.

Gago se ha referido a esta norma durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento para 2027, aunque sin concretar el calendario para su tramitación ni aportar nuevos detalles sobre su contenido.

El acuerdo de gobierno suscrito en junio por PP y Vox compromete a ambos partidos a aprobar antes de junio de 2027 una Ley de Concordia que “supere y actualice el marco normativo vigente” y reconozca a las víctimas de la violencia social y política, el terrorismo y la persecución ideológica o religiosa.

El propio Gago ya manifestó en julio ante las Cortes el compromiso de aprobar la norma durante el primer año de legislatura y defendió entonces que debe reconocer y dignificar a “todas las víctimas, sin exclusiones ni jerarquías”, dentro de una política que, según argumentó, persigue favorecer la convivencia y la reconciliación.

La futura ley recupera así una iniciativa que PP y Vox ya impulsaron durante la anterior legislatura, aunque aquella proposición no llegó a prosperar después de que el PP votara en septiembre de 2024 contra su toma en consideración tras la salida de Vox del anterior Gobierno autonómico.

Partidas para exhumaciones

En paralelo a la preparación de la nueva norma, Gago ha asegurado que la Junta continuará colaborando en la investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Para estas actuaciones, la Consejería de la Presidencia prevé aportar en 2027 un total de 245.000 euros de fondos propios, además de los recursos procedentes del Estado.

De esa cantidad, 105.000 euros se destinarán a proyectos de investigación desarrollados por las universidades públicas de Castilla y León y otros 140.000 a actuaciones de prospección, localización, exhumación e identificación de víctimas promovidas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

El Grupo Parlamentario Vox ha afeado este lunes a la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que haya presentado las prioridades presupuestarias de su departamento para 2027 sin mencionar el principio de 'prioridad nacional' para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, incluido en el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox.

El portavoz de Vox en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, David Hierro, ha reconocido durante la comparecencia de Blanco que las cuentas cumplen el compromiso de incrementar al menos un 80 % la inversión en políticas de vivienda, al elevarla un 88,8 % respecto a 2024, pero ha lamentado que entre las prioridades expuestas por la vicepresidenta no figurase la 'prioridad nacional'. “No hay recursos para todos”, ha expresado el portavoz de Vox mientras derramaba agua en un vaso –hasta que ha rebasado y el agua ha llegado a la mesa– como metáfora de la llegada de personas extranjeras a una Comunidad con recursos limitados.

“Los recursos son limitados y los españoles tienen que acceder a ellos de forma prioritaria”, ha insistido Hierro, quien ha recurrido a datos sobre población extranjera y beneficiarios de las ayudas al alquiler para justificar esta posición. “Lo hemos echado de menos porque es uno de los compromisos que se ha asumido en el acuerdo de gobierno”, ha sostenido Hierro, quien ha recordado que este establece que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social debe inspirarse en ese principio. La 'popular' Isabel Blanco ha respondido que ese principio se aplicará mediante la exigencia de un “arraigo real” y un empadronamiento histórico en Castilla y León.

Las ayudas al alquiler en Castilla y León están condicionadas actualmente: el beneficiario debe tener nacionalidad española, de algún país del Espacio Schengen o tener un permiso de residencia legal en España, con unos ingresos anuales de entre 4.200 y 25.200 euros como máximo –con salvedades– y una renta –sectorizada por tipo de municipio– de un máximo 200 euros al mes por una habitación o 550 euros al mes por la vivienda entera. En la última convocatoria, más de 22.000 personas y familias recibieron estas ayudas, lo que supuso un desembolso de 53 millones de euros, la mayor cuantía destinada hasta la fecha.

Una asignación de recursos “dentro de la legalidad vigente”

La vicepresidenta ha recordado que el acuerdo de gobierno establece un sistema que, “dentro de la legalidad vigente”, procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un vínculo “real y verificable” con el territorio. “El sistema incluirá la exigencia de ese arraigo real, empadronamiento histórico en Castilla y León y en España”, ha explicado Blanco, quien ha precisado que estos requisitos no tienen que aparecer en los Presupuestos, sino que “figurarán en las convocatorias correspondientes”. “Cualquier persona que cumpla con los requisitos accederá a las ayudas”, ha zanjado la vicepresidenta segunda sobre este asunto.

La vicepresidenta también ha respondido al PSOE sobre la financiación de las políticas contra la violencia machista y ha reiterado que el compromiso de la Junta en este ámbito es “irrenunciable”. Frente a las críticas de la portavoz socialista, Patricia Gómez, que había atribuido buena parte de estas actuaciones a los recursos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Blanco ha defendido el esfuerzo realizado con financiación autonómica.

El Grupo Socialista ha centrado buena parte de sus críticas en las políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista de la Junta. Además, Gómez también ha reprochado al Ejecutivo autonómico que Castilla y León continúe sin una ley LGTBI y ha cuestionado la ausencia de partidas específicas para estas políticas, antes de preguntar a Blanco cuáles son realmente sus “prioridades” en igualdad.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha presentado este lunes los presupuestos de su consejería en la Comisión de Economía ante las críticas de la oposición. Especialmente duro e incisivo ha sido el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña quien le ha reprochado el presupuesto de la Dirección General de Desregulación, 700.000 euros, que se destinan directamente al salario de ocho “funcionarios”.

“¿Podría decirme para qué sirve su consejería? Porque los hechos son estos 20 tomos de presupuestos”, ha arrancado. Así, ha afeado que la Dirección General de Desregulación destine todo su presupuesto a gastos de personal, formado por un director general y ocho funcionarios. De esos funcionarios, siete pertenecen al grupo A1 y uno al A2. “En 34 años de funcionario no he visto algo asó en mi vida, todo jefes y ningún remero, qué estructura orgánica”, ha comentado. “¿Y qué hacen? ¿En qué andan, qué han desregulado?”, ha cuestionado. Ceña ha incidido en que la Junta de Castilla y León tiene 108.000 funcionarios públicos y unos 2.500 procedimientos administrativos diferentes. “Dígame, en 133 días, un procedimiento que hayan resregulado o simplificado, o pregúnteme a mí cuáles podrían desregularse, si 8 funcionarios no son capaces, porque nadie sabe ni lo que han hecho ni lo que van a hacer”, ha comentado.

Ceña ha dicho que “buceando” en los presupuestos se ha encontrado con cosas “más sorprendentes” aun en una consejería que pretende optimizar el gasto. El director de coordinación institucional, con rango de viceconsejero, cobra algo más de 103.000 euros anuales por ser el “asistente” de Pollán. “Le organiza su agenda y nos habla de optimización de gasto público. Ustedes son lo mismo que PP y PSOE, unos aprovechados y unos descarados que siguen exprimiendo las ubres del presupuesto”, ha afeado.

Lo mismo ocurre con la Dirección de Estudios, cuyo titular tiene rango de secretario general y cobra también más de 103.000 euros “para prepararle los papeles”.

Pollán ha pedido “paciencia” para ver el resultado de la desregulación ya que es una tarea que “lleva mucho tiempo”. Hasta el momento, ha dicho, su consejería ha rebajado a 1.800 los procedimientos administrativos detectando los “inoperantes” que no se usan.

Durante su comparecencia Pollán ha indicado que la inclusión en las Cuentas del principio de la 'prioridad nacional' pactado con el PP en el gobierno de coalición, se hará efectivo en la redacción de las bases reguladoras de las distintas convocatorias de ayudas pero “cumpliendo la legalidad”. Además ha negado que esa prioridad nacional que se va a aplicar en las ayudas al alquiler vayan a perjudicar a españoles que vengan de otras autonomías y lleven poco tiempo empadronados en Castilla y León, porque es algo que estará “baremado”.

La Ley de Extranjería, ha dicho Pollán, necesita un cambio para evitar la inmigración ilegal. Así, ha adelantado que la Junta buscará convenios con países que acepten el retorno de menores que están tutelados por el gobierno autonómico. Aun con el recorte millonario a la cooperación al desarrollo Pollán ha asegurado que se auditarán todas las ayudas.

La consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, encabeza la lista del PP de Valladolid al Congreso, por lo que tendrá que dimitir y obligará a cambios en el gobierno autonómico. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha nombrado sustituta para María Pardo, María del Valle Ares, quien hasta ahora ha sido secretaria general de Educación.

Pardo tomó posesión del cargo en Educación a mediados de junio. Antes de ese cargo, ejerció como directora general de Vivienda (2019 y 2026), procuradora en el parlamento autonómico y directora general de Promoción Cultural (2017-2019).

Fernández Mañueco ha ensalzado a Pardo, “una magnífica consejera de Educación”, cuya “capacidad, compromiso y trabajo” ha destacado en un post de X.

La nueva consejera de Educación

María del Valle Ares, nueva consejera de Educación, ha sido consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León desde 2019, vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y ha sido jefa de gabinete de Fernando Rey durante su etapa de consejero de Educación (2015-2019).

Carnero vuelve al Senado

El actual alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero, repite como número uno al Senado por esa circunscripción. El Comité Electoral del PP de Valladolid ha acordado este viernes proponer al Comité Electoral Nacional la candidatura para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre por esa provincia, con la entrada de Pardo como cabeza de lista al Congreso, que en el 2023 encabezó la concejala del PP en el Ayuntamiento de Valladolid Mercedes Cantalapiedra.

En los anteriores comicios generales del 2023, con cinco escaños en juego en Valladolid, el PP logró dos, otros tantos el PSOE y uno Vox, el único que sumó en toda Castilla y León.

Como número dos al Congreso, la propuesta mantiene a Eduardo Carazo, que logró escaño en la actual legislatura, y que fue presidente de nuevas generaciones del PP en esa comunidad.

Completan la candidatura Irene Muñoz, jefa de Gabinete de la portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz; y David Frontela, actual coordinador de comunicación del PP en Valladolid.

En cuanto al Senado, el PP de Valladolid completa la lista que encabeza Carnero con Mercedes Cantalapiedra y José Ángel Alonso, alcalde de Villalón de Campos. En los anteriores comicios del 2023, con cuatro senadores en juego, el PP logró tres y uno el PSOE.

El PSOE de Zamora ha comunicado este viernes que la candidata que figuraba en el segundo lugar al Senado por la circunscripción provincial, la concejala del Ayuntamiento de Benavente y portavoz socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda, renuncia a su puesto para facilitar el acuerdo con Frente Amplio.

Con ello, se pretende facilitar la incorporación de un candidato de Frente Amplio tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones progresistas para presentar una candidatura única en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. José Fernández Blanco, alcalde de Puebla de Sanabria entre 1991 y 2011, se mantiene como número uno de la lista socialista para la Cámara Alta.

Veleda ha dado ese paso “convencida de la necesidad de sumar esfuerzos” para conseguir una mayoría amplia de escaños que garantice el avance en derechos sociales, la creación de empleo, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y el actual sistema de pensiones.

Con ello se busca que el Senado vuelva a ser la cámara de representación territorial “y no el ariete de PP y Vox para ralentizar los avances sociales que los españoles merecemos”, ha asegurado Veleda.

La edil benaventana ha agradecido el apoyo de su partido y los militantes que la eligieron para formar parte de la candidatura, aunque ha agregado que lo prioritario en este momento es “favorecer una mayoría amplia que impida un gobierno de PP y Vox que deteriore el sistema democrático español y los haga retroceder a la España en blanco y negro por la que abogan”.

El presidente del PP abulense y de la Diputación provincial, Carlos García, da el salto a la política nacional, al figurar como número dos en la lista al Senado, por detrás de Alicia García, que durante esta legislatura ha ejercido como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta.

Se trata de la principal novedad de una lista que cierra, como número tres una nueva incorporación, Pilar Rodríguez Aparicio (Ávila, 1974), maestra de Educación Especial por la Universidad de Salamanca y con formación en dirección y gestión de Servicios Sociales, que desde 2008 ejerce responsabilidades directivas en programas, servicios y equipos en la Fundación Abulense para el Empleo.

Las listas definitivas han sido dadas a conocer en nota de prensa por el PP abulense, poco antes de registrar en la mañana de este viernes las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial.

La lista al Congreso vuelve a estar encabezada por Héctor Palencia Rubio, que ya fue elegido como diputado en 2023, ejerciendo en este tiempo la portavocía de su grupo en la Comisión de Transportes.

Junto a Palencia, que fue director del Gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre 2022 y 2023, figuran en el número dos a la Cámara Baja Piedad Sánchez, vinculada al sector hostelero, que cambia el Senado por el Congreso.

Cierra la candidatura el alcalde de Piedralaves, Germán Ulloa, como número tres, el mismo puesto que ocupó en las Elecciones Generales de 2023.

El Partido Popular en la Junta de Castilla y León ha eludido cuestionar los nuevos criterios de las ayudas al cine de Castilla y León impulsados por Vox para un cine no “ideologizado”. El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves la convocatoria que incorpora la valoración de la “trascendencia ideológica” de las producciones audiovisuales y ha apelado al acuerdo de gobierno entre ambos partidos para justificar su posición.

Según Carriedo, citando al artículo 19.2 del pacto de PP y Vox para Castilla y León, se hará una “revisión de entidades públicas y leyes ideológicas” para “garantizar” que toda la acción del gobierno se inspirará en los principios de “libertad, eficiencia y austeridad, renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”.

Para el portavoz, la medida busca garantizar la “libertad” y la calidad“ artística a la par que, como anunció este miércoles la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox), se va a crear una comisión de técnicos y expertos para evaluar los proyectos. Sobre la composición de este comité que examinará las solicitudes, ha señalado que deberá contar con personas ”de mayor reconocido prestigio posible“ y que su composición se hará pública cuando esté definida.

“Defensa de la libertad y de la calidad”

Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reiterado que su actuación de gobierno pasa por “la defensa de la libertad y de la calidad” en el reparto de ayudas.

Preguntado por si el PP conocía previamente los cambios en las condiciones de las subvenciones, Carriedo ha remitido a las explicaciones ofrecidas el miércoles por el consejero de Cultura. No ha detallado, sin embargo, qué contenidos podrían considerarse ideológicos ni qué baremo utilizará la comisión para determinar qué proyectos reciben financiación pública.

Tampoco ha detallado si este criterio de Vox se aplicará a otras ayudas, como la producción editorial o medios de comunicación. “Les iremos informando en cada uno de los momentos con total transparencia”, ha apostillado.

El portavoz ha insistido en que la “libertad” también implica respetar los gustos individuales y ha defendido que cada persona pueda expresar sus preferencias sobre las producciones artísticas.

No depende de gustos personales

La falta de concreción ha quedado patente al ser preguntado por qué tipo de películas podrían quedarse fuera de las ayudas. Carriedo ha respondido que todos los proyectos que respeten la libertad y tengan como horizonte la calidad serán bienvenidos en Castilla y León, y ha dejado la valoración definitiva en manos de los expertos.

Preguntado expresamente por 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, también por 'Torrente', de Santiago Segura, el portavoz ha asegurado que podría presentarse a la convocatoria. “Pues seguro que sí”, ha remachado. A continuación, ha insistido en que la decisión no depende de sus gustos personales, sino de la comisión encargada de valorar los proyectos.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que recurrirá la convocatoria al considerar que introduce un veto ideológico en las subvenciones al cine. Carriedo ha respondido que respeta el derecho del Gobierno central a acudir a los tribunales y que la Junta respetará la actuación judicial.

Apoyo a la Seminci

Carriedo ha tratado de despejar las dudas sobre la continuidad de la financiación autonómica al festival de cine de Valladolid, la Seminci, tras el cuestionamiento del consejero de Cultura a su neutralidad. “Nuestro apoyo a la Seminci es inequívoco, lo vamos a seguir haciendo”, ha asegurado para agregar que el proyecto de presupuestos para 2027 hay una partida concreta y que será así en sucesivos años.

Pese a la defensa del PP en la Junta de las palabras del consejero, el PP del Ayuntamiento de Valladolid sí ha defendido a la Seminci. El alcalde popular de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado al festival como “un espacio de libertad” y ha negado que exista “cine ideologizado”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León también ha sido preguntado por la cancelación de la obra teatral Federico, de la compañía Proyecto 43-2, que estaba prevista para el 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes. Carriedo se ha limitado a remitirse a la nota de prensa de la Consejería de Cultura y no ha indicado si se podrá reprogramar.

La compañía de teatro Proyecto 43-2 ha denunciado ante la Fiscalía la cancelación de la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, cuya representación estaba programada para 24 de octubre dentro del ciclo VI Comunidad a Escena que organiza la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El pasado 2 de octubre la Fundación Siglo remitió un correo electrónico a la compañía en la que informó de “unas obras de carácter inaplazable” que tendrían lugar en la Sala Experimental del Centro Miguel Delibes y que hacían imposible la representación. Sin embargo, la documentación sobre las obras recabada por Proyecto 43-2 así como su disponibilidad para representar la obra en otras salas del centro cultural sin que la Junta haya accedido, les llevan a pensar que la cancelación es por “motivos ideológicos”.

La función estaba programada el 24 de octubre en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y fue anunciada públicamente el pasado mes de marzo, junto al resto de espectáculos. En un correo electrónico remitido a la compañía el pasado 2 de octubre, la Fundación Siglo alegó que unas obras de carácter inaplazable, que tendrían lugar en la Sala Experimental, hacían imposible la representación.

Según ha informado Proyecto 43-2 en un comunicado, “en ese momento, 'Federico' tenía vendido más del 70% del aforo, más que ningún otro espectáculo o evento programado en el ciclo Comunidad a Escena”. Lo que subrayan es que las mismas obras que obligan a cancelar 'Federico', no tienen fecha de inicio, de finalización ni duración determinada y tampoco han provocado la supresión de ningún otro espectáculo en la Sala Experimental. La única obra eliminada de la programación ha sido 'Federico'.

No solo eso, según la compañía, las obras no impiden el uso diario de la sala que realizan la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León y el Conservatorio de Danza, “ni se ha cancelado el acto organizado por la SEMINCI que tendrá lugar el próximo viernes 23, un día antes de la fecha en la que estaba programado Federico.

Coproducida por la Junta en el mandato de un consejero de Cultura de Vox y cancelada por su sucesor

Así, recuerdan que El VI ciclo Comunidad a Escena fue presentado públicamente en marzo y hasta el 6 de octubre el espectáculo ha sido publicitado en las redes sociales del Centro Cultural Miguel Delibes y en las comunicaciones a prensa de la Junta de Castilla y León. El dato curioso es que 'Federico' está coproducida por la Junta de Castilla y León gracias a una ayuda de producción de espectáculos a compañías profesionales de Castilla y León que Proyecto 43-2 obtuvo en 2024 en un proceso de concurrencia competitiva. Estas ayudas fueron otorgadas bajo el mandato del anterior consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Santonja fue uno de los consejeros de Vox tras las elecciones de febrero de 2022, si bien se quedó como independiente tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos en 2024.

Ahora, bajo el mandato de otro consejero de Cultura de Vox, Alberto Díaz Pico se cancela obra. Las personas que compraron las entradas para 'Federico' recibieron un correo electrónico el pasado 8 de octubre en el que se les informó de la cancelación del espectáculo por “motivos logísticos”. El dinero de las entradas fue devuelto inmediatamente. La compañía Proyecto 43-2 propuso a la Fundación Siglo la posibilidad de adaptar técnicamente el espectáculo para poder hacer la función el día 24 en la Sala de Cámara o a la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes, ambos espacios sin actividad programada ese día. También ofreció la posibilidad de trasladar la función a un domingo de noviembre o diciembre, después de la programación del ciclo Comunidad a Escena que tiene lugar los sábados de esos meses. “La Fundación Siglo rechazó todas las posibilidades de reprogramación”, aseguran. El mismo día en que la Junta devolvía el dinero de las entradas, Proyecto 43-2 solicitó por los cauces oficiales el expediente completo de las obras.

Obras que no aparecen en los portales de contratación

En un burofax remitido a la compañía una semana más tarde, la Fundación Siglo aportó documentación en la que “no consta el expediente íntegro, ni las publicaciones oficiales que se debían haber realizado, ni los trámites de comunicación y notificación realizados por y hacia terceros”. La documentación remitida plantea además dudas sobre la cronología. El contrato con Proyecto 43-2 se formalizó el 20 de julio, mientras que uno de los informes técnicos incorporados al expediente para justificar la necesidad de las obras está fechado el 31 de julio. Al mismo tiempo, la Fundación sostiene que las necesidades habían sido detectadas y que se realizaban gestiones desde junio. Entre la documentación remitida no figuran los antecedentes que acrediten dichas gestiones, ni un cronograma de ejecución de las obras, ni documentación objetiva sobre la disponibilidad de espacios alternativos.

Por todo ello, Proyecto 43-2 ha solicitado que se aclare “qué conocía exactamente la Fundación cuando decidió contratar la representación” y recuerda que la Fundación Siglo es una fundación pública autonómica que gestiona un importante volumen de recursos públicos. En 2026, el contrato-programa suscrito con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contempla una aportación de 27.785.263 euros para la financiación global de su actividad. Para Proyecto 43-2, “ese volumen de financiación pública exige un especial deber de transparencia, objetividad y rendición de cuentas en las decisiones que afectan a la programación cultural”.

“La falta de información y documentación acerca de las obras a ejecutar en la sala el mismo día en que iba a tener lugar la función, la inexistencia de documentación en los portales públicos de contratación y transparencia de dicho proyecto y la negativa a reprogramar Federico en otra fecha, sumada a las declaraciones el pasado 20 de julio del consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, lleva a Proyecto 43-2 a considerar que la cancelación del espectáculo responde a causas de motivación ideológica, lo que supondría la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española como el derecho a libertad de creación artística y el derecho a la libertad de expresión”, añaden. Por ello, la compañía pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía con toda la información recabada en estas semanas al considerar que hay indicios suficientes de que se pudiera haber cometido alguna infracción penal en la tramitación de la cancelación, sin perjuicio de otras acciones legales que le pudieran corresponder.

Díaz Pico ya restringe subvenciones si considera que se hace “propaganda” o “adoctrinamiento ideológico”

Díaz Pico, durante su primer discurso ante la comisión de las Cortes de Castilla y León, recalcó que sus políticas irían “a contracorriente de un Gobierno de la Nación que ha convertido el Ministerio de Cultura en un comisariado ideológico”. Frente a ese modelo, defendió “exactamente lo contrario”, además de unas medidas de promoción cultural que “tendrán como criterio ineludible el mantenimiento de la neutralidad política e institucional y para ello modificaremos el Plan estratégico y las bases reguladoras de subvenciones, garantizando que la financiación pública, bien a través de subvenciones o de patrocinios o cualesquiera otros instrumentos jurídicos de gestión, no contribuya a alimentar la batalla cultural de la izquierda de este país”.

Lo anunciado por el consejero se ha plasmado también en la Orden publicada el pasado 9 de octubre en el Boletín de Castilla y León para solicitar subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y televisión, se explicita que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

Para Proyecto 43-2, esta medida ha abierto un debate sobre quién y con qué criterios determinará cuándo una creación cultural incurre en esos conceptos por lo que “refuerza la necesidad de esclarecer si la cancelación de Federico responde exclusivamente a razones técnicas objetivas y acreditadas o si han podido intervenir valoraciones ideológicas relacionadas con el contenido de la obra”.

Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, el último espectáculo de la compañía de teatro Proyecto 43-2, que documenta el contexto en el que fue desaparecido y asesinado Federico García Lorca, además de los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del golpe de Estado de julio de 1936 por el franquismo y el trabajo de exhumación de las fosas del Barranco de Víznar (Granada) y otros lugares que realiza el equipo científico de la Universidad de Granada.

Reacciones

El presidente de la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, Luis Fernández Bayón, ha manifestado “su firme apoyo y solidaridad con la compañía teatral Proyecto 43-2”, reconociendo la intachable trayectoria de su directora, María San Miguel, y de todo su equipo. Fernández Bayón exige a la Junta de Castilla y León “explicaciones claras y total transparencia sobre las verdaderas razones de esta anulación”. Ninguna administración pública tiene el derecho de decidir qué obras se pueden representar “en función de su contenido político, histórico o social”. La cultura pública debe garantizar de forma irrenunciable “la pluralidad, la diversidad y la libertad de creación”.

El presidente de la entidad reitera su compromiso incuestionable con los artistas de Castilla y León, con el derecho de la ciudadanía a una cultura libre y con la exigencia de “responsabilidades a los poderes públicos frente a cualquier atisbo de censura”.

El Ayuntamiento de Valladolid tiene cuatro viviendas vacías en el emblemático edificio de la plaza Zorrilla. Todas acabaron en manos municipales tras la ejecución de la sentencia sobre las obras ilegales del antiguo edificio de Caja Duero, caso vinculado al exalcalde del PP Javier León de la Riva. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado ahora al equipo de gobierno de PP y Vox que las saque al mercado, mediante su venta o alquiler, para aprovechar un patrimonio valorado en más de 2,1 millones de euros y evitar que siga generando gastos sin ningún uso.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, ha defendido este jueves que, en un contexto de “dificultades para acceder a la vivienda”, no tiene sentido mantener desocupados los tres pisos y el ático. “Lo que pedimos básicamente es que esas casas se pongan a disposición de la ciudadanía, se pongan en el mercado, o bien a través de alquiler, o bien a través de venta”, ha señalado en una rueda de prensa frente al edificio.

Los inmuebles continúan generando gastos para las arcas municipales. Según los datos aportados por el PSOE, el Ayuntamiento ha aprobado el pago de 5.226 euros en cuotas de comunidad correspondientes a 2026, una cantidad que se suma al coste acumulado de las consecuencias del litigio urbanístico, que Herrero cifra en más de 3,7 millones de euros.

“Estamos pagando ahora al Ayuntamiento más de 5.000 euros al año solamente en gastos de comunidad”, ha apuntado el portavoz socialista, que ha calificado la situación de “despilfarro” y “derroche”. Por ello, ha reclamado al Gobierno municipal que ponga los inmuebles en el mercado “lo antes posible”.

Un proceso judicial que acabó con las viviendas en manos municipales

Las cuatro propiedades forman parte del patrimonio del Ayuntamiento como consecuencia de las resoluciones derivadas del conocido como caso de los áticos. El litigio se originó por las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Caja Duero, en las que se incumplieron las condiciones urbanísticas y de protección del inmueble, entre ellas las relativas a la fachada, la cubierta y la edificabilidad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 anuló las licencias de obra y ocupación y ordenó restituir el edificio a su estado anterior. El incumplimiento reiterado de esa resolución llevó al Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid a condenar en abril de 2015 a Javier León de la Riva a 13 meses de inhabilitación para ejercer como alcalde o concejal por un delito de desobediencia.

La ejecución de la sentencia obligó a demoler las obras ilegales y a indemnizar a los propietarios afectados. Algunos de ellos recibieron una compensación económica a cambio de entregar la titularidad de sus inmuebles, que pasaron así a manos municipales. Así, tras recibir las indemnizaciones y entregar la titularidad de sus inmuebles, algunos propietarios hicieron que esas viviendas pasaran a formar parte del patrimonio municipal.

Cuatro viviendas valoradas en más de dos millones de euros

Los inmuebles se encuentran en distintas plantas del edificio. El más pequeño es un ático de 46,5 metros cuadrados, situado en la octava planta. Los otros tres pisos están ubicados en las plantas cuarta y sexta, y el de mayor superficie alcanza los 149,45 metros cuadrados.

Las estimaciones de entidades del sector inmobiliario sitúan el valor conjunto de las propiedades por encima de los 2,1 millones de euros. El PSOE ha planteado que el Ayuntamiento estudie su venta o su alquiler, sin decantarse por una fórmula concreta, para obtener un aprovechamiento de estos bienes públicos.

Herrero ha reconocido que la regularización jurídica de los inmuebles ha sido un proceso “complicado” y que se ha prolongado durante varios años. El portavoz ha apuntado que ya no existen motivos para demorar una decisión sobre su destino. “Hemos tenido ocasión de visitar los inmuebles, hemos visto cómo están, y entendemos que en este momento no hay ninguna razón para alargarlo más”, ha afirmado.

Fe de errores. Se ha atribuido la propiedad de las viviendas a Javier León de la Riva sin que sea correcto. Tales inmuebles pertenecían a otros propietarios.

Vox ha optado por una cierta renovación en las listas al Congreso por Castilla y León y sustituye a la mayoría de los que fueron cabeza de lista en las anteriores elecciones. El único diputado que consiguió en la legislatura que acaba fue el de Valladolid, Pablo Sáez Muñumer, que además fue diputado en las dos legislaturas anteriores y que sigue al frente de la candidatura. Sáez Muñumer es una pieza importante en el organigrama de Vox, es tesorero del partido y forma parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Repite también como cabeza de lista Pablo Juan Calvo Liste, algo que confirmó este martes el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Ponferrada. Calvo ya fue diputado entre 2019 y 2023. En el resto de provincias, todos los números 1 se renuevan

En Ávila se sustituye a Georgina Trías Gil por Samuel Váquez, presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI' y portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox. Es conocido por vincular la criminalidad a la inmigración. En Burgos, el candidato de 2023 no repite porque es procurador en las Cortes de Castilla y León y en su lugar está una mujer, Eugenia Landaluce, asesora en el grupo parlamentario desde junio.

En Palencia, Matías Recio será el número 1, un puesto que en 2023 enncabezó Beatriz Cagigal, mientras que en Salamanca, Laura Magdaleno Miguel sustituye al polémico Víctor Guido González Coello de Portugal. En Segovia, encabezará la lista Gonzalo Babé, un consultor que tuvo responsabilidades directivas de El Corte Inglés, la última como director de Relaciones Institucionales en el departamento de Comunicación, según relata Vox en su web. Babé sustituye a Rodrigo Jiménez Revuelta.

Un leonés paracaidista en Zamora

En Soria, la cabeza de lista es una mujer, Andrea Martín Ruiz, sustituye a Adriana Martín Llorente. Pero sin duda uno de los fichajes más sorprendentes es el número 1 por Zamora, un leonés de El Bierzo que aterriza como paracaidista en la lista tras haber perdido su escaño en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Miguel Suárez Arca se vio obligado a ir de número 3 porque el actual vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, iba de cabeza de lista y la segunda tenía que ser mujer. La misma noche electoral, cuando Suárez Arca se vio fuera del hemiciclo, intentó por todos los medios un acomodo. Llegó relativamente pronto, actualmente es asesor de la vicepresidencia primera. Ni siquiera para las nacionales han querido meterle en la lista de León, y fuentes del partido no quieren explicar por qué. Su aterrizaje en la lista de Zamora ha despertado hilaridad por la facilidad con la que el leonés, berciano en concreto, se postula para defender los interses de Zamora. Sustituye a Pedro Requejo

A continuación las listas completas:

ÁVILA

1.- Samuel Vázquez

2.- Sara Beltrán

3.- José Manuel Lorenzo Serapio

BURGOS

1.- Eugenia Landaluce

2.- Ignacio Peña

3.- Alejandra Medina

LEÓN

1.- Pablo Juan Calvo Liste

2.- Blanca María Herreros Rodríguez

3.- Santos Martínez Estrada

PALENCIA

1.- Matías Recio

2.- María Calvo

3.- Ramón Ortega Ramírez

SALAMANCA

1.- Laura Magdalena Miguel

2.- Mauricio Angulo Guerrero

3.- María Pía Rodríguez Martín

SEGOVIA

1.- Gonzalo Babé

2.- Marta Andrino

SORIA

1.- Andrea Martínez Ruiz

2.- Alberto Peñuelas Felipe

VALLADOLID

1.- Pablo Sáez Alonso-Muñumer

2.- Atenea del Castillo

3.- Jesús Fernando de Diego Barahona

ZAMORA

1.- Miguel Suárez Arca

2.- Patricia Alonso Villar

3.- Jonathan García García