La vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco, se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Burgohondo (Ávila), ha afirmado que “no van a estar solos” y garantizado el respaldo del ejecutivo autonómico durante el proceso de recuperación tras el mayor incendio forestal en la historia de la comunidad y del resto de España.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación antes de la reunión con los alcaldes de las localidades afectadas, en la que ha expresado que, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, comienza “una situación muy difícil”, marcada por el regreso de los vecinos evacuados a sus viviendas y la recuperación de la normalidad.

Blanco ha explicado que el objetivo del encuentro es escuchar las necesidades de los ayuntamientos, conocer sus demandas y explicar con detalle las cuarenta y dos medidas y cerca de 90 millones de euros aprobado este pasado jueves por el Consejo de Gobierno para atender las consecuencias de los incendios forestales.

Una página específica

La vicepresidenta ha señalado que ya está operativa una página específica en el portal de la Junta donde se recogen todas las líneas de ayudas, así como los requisitos y procedimientos para solicitarlas. En este sentido, ha avanzado que la tramitación será “muy sencilla”, mediante declaraciones responsables y formularios simplificados con el fin de agilizar la concesión de las ayudas.

Entre estas ha destacado la ayuda directa de 500 euros a las personas evacuadas para hacer frente a gastos de primera necesidad ocasionados por el desalojo, así como las ayudas a los municipios que acogieron a los vecinos desplazados.

Esta ayuda, ha precisado, no distinguirá entre los inquilinos de una vivienda en propiedad o en alquiler, pero en ningún caso podrán solicitarlas los propietarios de segundas residencias.

También ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos que habilitaron recursos para atender a los afectados durante la emergencia. “Debemos agradecer la generosidad también de estos ayuntamientos”, ha manifestado.

Asimismo, ha anunciado que la Dirección General de Vivienda comenzará el próximo lunes las reuniones para abordar la reconstrucción de las viviendas que hayan resultado dañadas, mientras que ya se está suministrando “forraje y paja” a los ganaderos afectados y se trabaja en la reparación de infraestructuras básicas, como los sistemas de abastecimiento de agua.

En el ámbito social, Blanco ha recordado que los psicólogos de Protección Civil permanecen activados para prestar apoyo emocional a los vecinos conforme regresen a sus municipios.

Sobre las causas del incendio y la posible autorización de los trabajos que se realizaban en el lugar donde se originó el fuego, Blanco ha declinado pronunciarse al recordar que la investigación continúa abierta. Además, ha indicado que toda la información sobre las ayudas puede consultarse en la página principal de la Junta de Castilla y León y a través del teléfono de atención ciudadana 012.

Los representantes de UPL y Soria Ya en las Cortes de Castilla y León han registrado nuevamente este viernes su proposición de ley para crear un Cuerpo de Agentes Medioambientales, que han pactado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Alicia Gallego (UPL) y Ángel Ceña (UPL), han acudido al Registro del Parlamento autonómico para reivindicar nuevamente la necesidad de contar con este cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad, en un contexto creciente de incendios forestales como el actual.

En este sentido, han recordado que son los agentes medioambientales quienes dirigen la inmensa mayoría de las labores de extinción, sin contar con un marco regulador específico.

La iniciativa legislativa que Soria ¡YA! y UPL presentaron en mayo de 2025 para regular el cuerpo de Agentes Medioambientales decayó con el final de la pasada legislatura, pese a haber superado el debate de toma en consideración.

Para ambos partidos, según explican en un comunicado, los hechos con los incendios demuestran que esta normativa es necesaria, porque respaldaría el trabajo realizado por quienes conocen el terreno y detectan los riesgos de forma anticipada, participan en la extinción e investigan lo ocurrido.

“Son una pieza esencial del operativo de emergencias y uno de los servicios públicos más importantes para la protección de nuestro patrimonio natural”, han resumido.

Han recordado que esta proposición de ley ya recibió el respaldo de la mayoría de las Cortes en la pasada legislatura para su toma en consideración, en cuyo debate contó con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, que optó por la abstención, pero el final de la legislatura hizo que decayera.

Por este motivo, ambos partidos confían en que todos los grupos parlamentarios “estén a la altura y permitan que esta ley salga adelante”: “La mejor forma de combatir los incendios no empieza cuando aparecen las llamas, empieza reconociendo, reforzando y dotando de herramientas a quienes trabajan todos los días del año para evitar que esos incendios lleguen a producirse”, han resumido.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no ha aclarado por qué no fue a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) con el Ministerio de Universidades a pesar de que la cita era telemática y se preveía una duración de media hora. Fernández Carriedo ha defendido que alguna comunidad autónoma tenía dificultades para conectarse y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico está “siempre dispuesta” a la coordinación.

Este miércoles la Junta de Castilla y León no acudió ni al CGPU —online— ni a la reunión Sectorial de Educación —presencial en Madrid— y atribuyó esta última ausencia a la gestión de los incendios forestales. Sin embargo, el gobierno autonómico sí se reunió en la Sectorial de Transportes del día previo. Fernández Carriedo no ha aclarado qué ha cambiado entre ambas fechas. El PSOE ayer denunció un “boicot” por parte de las comunidades del PP en materia educativa.

La reunión del CGPU pretendía iniciar el procedimiento administrativo para transferir los fondos del programa María Goyiri a las comunidades, puesto que el reparto de fondos ya estaba aprobado. A través de este programa, el Gobierno cofinancia la contratación de 3.500 profesores universitarios en toda España. Para el Ministerio de Universidades, las ausencias de las comunidades 'populares' no tienen justificación: “No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explicó este miércoles un portavoz a elDIario.es.

La Sectorial de Educación, de la que también se ausentaron las comunidades del PP, preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la FP, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años.

200.000 euros para las Cámaras de Comercio

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves 200.000 euros para reforzar la colaboración entre la Formación Profesional y las empresas. Esta cantidad irá destinada al Consejo de Cámaras de Comercio, que desarrollará actuaciones de prospección empresarial, identificará nuevas entidades colaboradoras, impulsará la participación de las empresas en la FP Dual y facilitará la creación de redes de empresas comprometidas con la formación.

La Junta de Castilla y León ha activado este jueves un plan extraordinario de ayudas para afrontar la reconstrucción de los municipios afectados por los grandes incendios forestales del verano. El programa, aprobado por el Consejo de Gobierno, contempla 42 medidas y una dotación inicial de entre 80 y 90 millones de euros, una cantidad que, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Las líneas de ayudas, según ha afirmado, podrán ampliarse en función de las necesidades que vayan surgiendo durante los próximos meses.

El anuncio se ha producido desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), donde Mañueco ha comparecido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este anunciara el fin de la emergencia nacional por el incendio de Madrid y Ávila y confirmar que el incendio de Burgohondo se encuentra estabilizado. Pese a esa evolución favorable, ha insistido en que el despliegue de medios no se reducirá y que los trabajos continuarán sobre el terreno hasta garantizar el control definitivo del perímetro.

“La prioridad ahora es que quienes lo han perdido todo sepan que las administraciones van a estar a su lado”, trasladó el presidente autonómico, que quiso enviar un mensaje de apoyo a los vecinos del Alto Tiétar y de la comarca Alberche-Pinares, las dos zonas más castigadas por el fuego.

Las primeras medidas se centran en ayudas económicas de carácter inmediato. La Junta ha matizado que concederá 500 euros por unidad familiar a los empadronados que tuvieron que ser evacuados, una novedad respecto al año pasado.

Además se habilitará subvenciones de 5.500 euros para empresas, autónomos y agricultores que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios. Además, los ayuntamientos afectados también podrán acogerse a líneas específicas de apoyo para afrontar los primeros gastos derivados de la emergencia.

El plan incorpora igualmente compensaciones para el sector agrario y los apicultores, uno de los colectivos más perjudicados por la pérdida de explotaciones y superficie forestal. En paralelo, la próxima semana comenzarán las visitas técnicas a las viviendas dañadas para iniciar la retirada de escombros y acelerar las actuaciones que permitan su recuperación.

Protección de los recursos naturales

La protección de los recursos naturales constituye otro de los ejes del programa. El Ejecutivo autonómico prevé actuaciones para preservar los acuíferos, restaurar los hábitats afectados y favorecer la regeneración de las masas forestales arrasadas por las llamas, al tiempo que impulsará un plan específico para reactivar la economía y el turismo en las comarcas más castigadas por los incendios.

Aunque el foco principal sigue puesto en Ávila, las medidas también alcanzarán a las provincias de Zamora, León y Segovia, donde durante los últimos días también se han registrado incendios de especial relevancia.

Respecto a la situación de la emergencia, Mañueco ha indicado que durante la pasada noche la evolución de los incendios de Fermoselle y de la provincia de León fue favorable, aunque ha avisado de que el riesgo continúa siendo muy elevado debido a la cuarta ola de calor. Por ese motivo ha pedido extremar la precaución y recordó que, según los primeros indicios, el fuego declarado este miércoles en Fermoselle podría haberse originado por una imprudencia.

El presidente de la Junta ha querido reconocer la buena coordinación entre todas las administraciones y destacó el trabajo conjunto desarrollado por el operativo autonómico, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el resto de dispositivos desplegados durante las últimas jornadas.

Castilla y León pide al Gobierno la exención fiscal para las ayudas por los incendios

La Junta de Castilla y León ha enviado al Gobierno un escrito en el que pide que los ciudadanos beneficiados por las ayudas vinculadas a los incendios forestales para la rehabilitación de viviendas y otros ámbitos, aprobadas este jueves, estén exentas de la tributar por el IRPF y el Impuesto de Sociedades, informa EFE.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que este mismo planteamiento fue realizado ante el Ministerio de Hacienda en dos ocasiones tras los incendios del pasado verano de 2025, y que fue rechazado por el Gobierno.

El portavoz ha aludido al precedente de la dana de Valencia -para la que sí hubo exenciones- para solicitar un cambio en la normativa, vía decreto, que permita a estos ciudadanos beneficiados por las ayudas no tener que tributar por esos ingresos.

La normativa prevé que en el caso de primeras viviendas las ayudas queden ya libres de tributación, pero ahora la Junta solicita que se extienda a todo tipo de viviendas radicadas en pueblos afectados por las llamas, que destinen ese dinero a la rehabilitación de esas viviendas dañadas.

Complemento a las ayudas por 'zona catastrófica'

Además de esta demanda, el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a otro acuerdo por el cual el Ejecutivo autonómico se compromete a asumir el 25 por ciento de las inversiones de ayuntamientos afectados por estos incendios y destinadas a rehabilitar espacios municipales.

De este modo se complementan las aportaciones del Gobierno central, que suelen ser del 50%, lo que dejaría a Ayuntamientos y Diputaciones el restante desembolso.

En concreto, esta decisión se refiere al Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes, 28 de julio, que declaró zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil ocurridas desde el 31 de marzo hasta el 27 de julio y que afecta a varias autonomías, entre ellas Castilla y León.

En el caso de la Junta, con el acuerdo aprobado hoy, compromete el 25 por ciento de financiación para obras que se ejecuten sobre las infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a los servicios públicos esenciales municipales.

44 tipos de ayudas

El plan también contempla una batería de medidas para facilitar la recuperación de las viviendas dañadas. La Junta financiará la reconstrucción o reparación de los inmuebles afectados por el fuego, así como la reposición del mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos que hayan quedado inutilizados. Además, mantendrá ayudas para sufragar el alojamiento temporal de las familias que no puedan regresar a sus casas mientras se completan las obras.

El sector primario concentrará otra parte importante de estas ayudas. El Ejecutivo autonómico prevé compensaciones para agricultores, ganaderos y apicultores por las pérdidas sufridas, además de ayudas para reconstruir instalaciones agrarias y apícolas, reparar vallados y garantizar el suministro de agua y alimentación al ganado en las explotaciones afectadas.

En el ámbito económico, el programa incorpora nuevas líneas de apoyo para favorecer la continuidad de autónomos y pequeñas empresas, facilitar la creación de nuevos negocios y reforzar la inversión empresarial en los municipios afectados. A ello se sumarán incentivos al empleo, financiación bonificada y medidas específicas para apoyar a los trabajadores y empresas que tengan que recurrir a expedientes temporales de regulación de empleo.

La recuperación también incluirá actuaciones sobre infraestructuras y el patrimonio natural. Entre ellas figuran la reparación de caminos rurales, redes de abastecimiento de agua, carreteras e instalaciones municipales, además de trabajos para restaurar los hábitats dañados, retirar la madera quemada y recuperar los espacios forestales. El plan se completará con medidas para impulsar el turismo y la actividad económica en las comarcas más castigadas por los incendios.

Además, la Junta ha acordado asumir el 25% de la financiación autonómica que corresponda a las entidades locales beneficiarias de las ayudas estatales por la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de los municipios y aliviar el esfuerzo económico de los ayuntamientos.

Castilla y León no ha acudido —al igual que el resto de comunidades del PP— este miércoles ni a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ni a la Conferencia Sectorial de Educación. La Consejería de Educación ha reprochado que el Ministerio haya mantenido la Conferencia Sectorial de Educación a pesar de los incendios que afectan a varias comunidades y de que varias autonomías habían pedido aplazar la reunión “para que todas las administraciones pudieran centrar sus esfuerzos en la gestión de la emergencia y en la atención a las personas afectadas”.

La Consejería anunció a los medios la cancelación de la convocatoria este martes sobre las seis de la tarde, cuando el incendio de Burgohondo (Ávila) estaba siendo contenido y que sigue evolucionando favorablemente, igual que el de La Utrera (León). Actualmente hay otros incendios que preocupan en León, Zamora y Salamanca.

Para la rama que dirige María Pardo —y que el día anterior había confirmado su asistencia— la situación actual exige que la prioridad sea “la coordinación institucional” ante los incendios. elDiario.es ha consultado también a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio —que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones— tampoco ha acudido a la CGPU, lo que ha paralizado la financiación del programa María Goyri, previsto para incorporar profesorado ayudante doctor, reducir la precariedad laboral y facilitar el relevo generacional en las universidades públicas. Esta reunión de la CGPU era online y tenía una duración prevista de media hora. Sin embargo, no ha explicado por qué habían solicitado aplazar la reunión, y cuyo rechazo ha derivado en un plantón por parte del Ejecutivo autonómico.

La Conferencia Sectorial de Educación —convocada en Madrid y a la que no han acudido las comunidades del PP— preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la Formación Profesional, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años. “Los asuntos incluidos en el orden del día pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones”, ha defendido la Consejería en un comunicado.

El PSOE de Castilla y León ha denunciado el “boicot irresponsable” de la consejera, quien hace unos días anunció en Ponferrada un nuevo ciclo de Formación Profesional. La formación socialista reprocha el “cinismo político y falta de lealtad institucional” del Ejecutivo que dirige Alfonso Fernández Mañueco. “El PP demuestra una vez más que le importa muy poco la educación pública, nuestros estudiantes y el personal docente. Exigimos a la Junta que abandone la confrontación y empiece a velar de verdad por los intereses de los castellanos y los leoneses”, ha reprochado el secretario socialista de Educación, Javier García, a través de un comunicado.

La última vez que la Junta de Castilla y León convocó al Consejo de Coordinación de la Inmigración —que también se convocaba en el Consejo de Políticas Demográficas— fue en 2021. El PP todavía gobernaba con Ciudadanos. Desde entonces han pasado dos años de coalición PP-Vox, dos años del Partido Popular en minoría y ahora, una nueva etapa de PP-Vox, aunque esta vez el partido de extrema derecha será el que aborde la política en el ámbito migratorio. Es decir, el Ejecutivo autonómico lleva cinco años sin convocar el 'Consejo de Inmigración' y sin planes plurianuales de atención a la integración de estas personas.

En 2013 —durante el mandato del 'popular' Juan Vicente Herrera— se aprobó la Ley de integración de los inmigrantes, que pretendía —entre otros aspectos— impulsar la integración social, económica, laboral y cultural de estas personas a través de planes estratégicos plurianuales. Estos debían establecer el marco, los programas, las directrices, los mecanismos de evaluación y las líneas de actuación para la consecución de la plena integración económica, social y cultural de los inmigrantes.

El último Plan Estratégico de Cohesión Social con las personas inmigrantes y la convivencia intercultural de Castilla y León abordó el periodo entre 2018 y 2021. Desde entonces, según la Junta de Castilla y León, este cuarto plan sigue “vigente”. Sin embargo, no se ha vuelto a convocar ninguna reunión de seguimiento y balance de la situación, según confirman sindicatos y asociaciones a elDiario.es. Estos planes plurianuales debían ser evaluados anualmente, según la normativa vigente.

Un plan que permitía hacer balance

Las asociaciones y los sindicatos consultados por este periódico no han apreciado hasta ahora cambios en la política migratoria de la Junta de Castilla y León, aunque sí reconocen que este órgano colegiado —que no suponía ningún coste— permitía tener una visión de conjunto y unas directrices compartidas sobre esta cuestión. Además, en la etapa de Ciudadanos, se habían creado grupos de trabajo que habían permitido dotar de más continuidad a estas políticas.

El Plan Estratégico de Cohesión Social no estaba dotado de una partida económica —pese a las solicitudes de algunas entidades—, por lo que apenas ha tenido repercusión práctica. Algunas de estas políticas de integración se articulan a través del Diálogo Social, dependiente principalmente de la Consejería de Empleo, dependiente del PP.

Ahora mismo, las organizaciones no gubernamentales están pendientes de cómo evolucionen estas políticas ahora que dependen de la Consejería de Ayudas Sociales, en manos de Vox. Hace unos días, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, anunció que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares.

Reivindicaciones sindicales

Comisiones Obreras ha pedido en varias ocasiones que se elabore el V Plan autonómico para que dé “coherencia, sentido y financiación suficiente a las políticas en materia de inmigración” y que se mejore la financiación de la Red de Atención a Personas (Rapicyl) para que los profesionales cualificados tengan “medios técnicos e infraestructuras suficientes”. También proponía crear centros de información y acogida que “faciliten una rápida adaptación a la administración, cultura y sociedad” y dotar a los centros educativos para apoyar la integración del alumnado extranjero, entre otras medidas que debían atenderse especialmente en el medio rural.

UGT defiende también la importancia de este tipo de instrumentos y destaca la importancia de desarrollar una política de integración social y laboral, especialmente en una comunidad como Castilla y León, de donde muchos jóvenes “se marchan por falta de oportunidades”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que antes dirigía Familia y Servicios Sociales, pero no ha recibido respuesta por parte de su área.

La Junta de Castilla y León no solicitó al Gobierno central la declaración de Situación Operativa 3. La subida de nivel se debe a la petición de la Comunidad de Madrid por los incendios forestales que cercan a esta Comunidad, Castilla-La Mancha y Castilla y León y la mala previsión de cara las próximas horas. Es la primera vez que Castilla y León se ve inmersa en este nivel por incendios forestales, ni siquiera en los veranos de 2022 o 2025, cuando el fuego asoló Zamora y León y el Ejecutivo autonómico, a pesar de las peticiones constantes desde el operativo y a nivel político, no lo solicitó.

Horas antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitara la emergencia de interés nacional al Gobierno, el líder del gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió “unidad y prudencia” ante el “importante” el incendio forestal de Burgohondo, en Ávila, que en la mañana de este viernes mantiene a tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio,junto con una urbanización de El Tiemblo.

La situación en el incendio es mala, al igual que las previsiones, en total Castilla y León hace frente a nueve incendios activos, cuatro de ellos de gravedad. Además del de Burgohondo, en nivel 2 también está el fuego de Murias de Pongos, en León, que ha subido de gravedad esta madrugada a pesar de su buena evolución durante la tarde del jueves y ha obligado a evacuar tres poblaciones.

Durante la mañana de este viernes se va a reunir el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), presidido por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con la asistencia del Presidente del Gobierno. Este comité se celebra en Madrid y se conectarán desde el Puesto de Mando Avanzado, junto al delegado del Gobierno y el subdelegado en Ávila. Posteriormente, tendrá lugar el CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga a las 11.00 horas

En la práctica, la ley 17/2015 contempla como emergencias de interés nacional aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supra autonómico, o las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

La petición de Ayuso, habría llegado, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, con una “escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Con la emergencia de interés nacional, el ministro de Interior asume la dirección de los incendios forestales y tendrá que realizar la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. Recursos en el ámbito militar, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanitario, entre otros.

Puente, a Ayuso: “Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta”

A raíz de la petición de Madrid y la declaración de la emergencia nacional ya han comenzado las primeras reacciones políticas. Desde el gobierno, el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, ha asegurado que ha quedado “claro” que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP“. ”Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta“, ha criticado.

Por parte de Podemos, el Secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández Santos, ha criticado las políticas de la Comunidad de Madrid. “La gestión de Ayuso es bajar impuestos a los ricos, no contratar a los bomberos forestales necesarios y además dejarlos sin recursos ,y cuando arde Madrid ir a hacerse una foto y pedir que intervenga el Gobierno ante su incompetencia y desidia. TERRIBLE”, ha comentado.

Mañueco destaca la colaboración entre administraciones

Durante su intervención, Mañueco ha querido subrayar la colaboración entre administraciones. “Estamos poniendo todos los medios a disposición en perfecta colaboración, cooperación y unidad contra el fuego”, ha afirmado, antes de agradecer el trabajo de la UME, la Guardia Civil, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica, el operativo de la Junta, las diputaciones, los ayuntamientos y los voluntarios de Protección Civil.

El presidente autonómico ha situado como prioridad absoluta la protección de las personas y de quienes participan en las labores de extinción. Al mismo tiempo, ha avanzado que la Junta ya trabaja en un plan de recuperación para atender las consecuencias del incendio, con medidas dirigidas al suministro de forraje y agua para el ganado y a la evaluación de los daños en explotaciones y edificaciones afectadas.

De negar la existencia de expedientes sobre las empresas del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, a reconocerla. La Junta de Castilla y León a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha excusado este jueves en que negó la información que elDiario.es solicitó por Transparencia por un error. Una vez publicado por este medio uno de los expedientes que existen, el gobierno autonómico ha dado explicaciones vagas sobre la vulneración clara de la Ley de Transparencia. Según él, desde Transparencia se recurrió a la Consejería de Movilidad a pesar de que no tiene competencias en otorgamiento de licencias ni en nada que tenga que ver con empresas dedicadas a los eventos y la hostelería como es el caso de Eventos El Espino SL y El Granero de San Francisco.

El portavoz se ha apresurado a afirmar que las empresas “tienen todos los permisos” a pesar del expediente sobre El Granero de San Francisco al que accedió elDiario.es por fuentes propias. Los promotores querían legalizar un almacén y un edificio para la cosecha, secado y destilación de lavanda. Según el documento, lo que se pretendía era un uso prohibido en suelo rústico protegido y además el edificio, un granero americano, no respetaba las normas de estética del municipio. Otro detalle llamativo es que la licencia se pidió cuando llevaban más de un año ejerciendo la actividad y omitiendo que además de actividades agrícolas, se usaba el espacio para celebración de bodas y eventos.

Carriedo ha insistido en que los expedientes se facilitarán a este medio a pesar de que una vez que la solicitud de Transparencia se había aceptado, pero se había acabado dando una información falsa -que no había ningún expediente-, este medio contactó con la Junta para advertir que existía al menos un expediente y además desfavorable a los intereses de El Granero de San Francisco. A partir de ese momento, la Junta indica que la Delegación Territorial de Burgos facilitará la información requerida. Una semana después, y a pesar de que le facilitó el número de expediente y el departamento que lo había emitido, se remitió a la periodista la Consejería de Movilidad que, nuevamente, indicó que no le constaba ningún expediente.

Asimismo, elDiario.es también había requerido al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid las licencias de las empresas de Suárez. Con relación a El Granero de San Francisco tan sólo se aportó una declaración responsable de la mercantil fechada en abril de 2024 en la que dice que el objeto es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración la empresa da a entender que tiene todos los permisos necesarios y es válida desde ese momento, no desde antes. Tampoco permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió. Desde 2019 hasta la actualidad en El Granero de San Francisco se han celebrado bodas y eventos culturales, tal como se refleja en reportajes en medios de comunicación de esos años. Así, queda claro que El Granero de San Francisco operó sin permisos ni licencias, algo que la Junta intentó ocultar. Desde el gobierno autonómico, se han comprometido con elDiario.es a facilitar todos los expedientes, si bien no han precisado en qué fecha.

No es la primera vez que un 'error' de una administración beneficia a Suárez. Este diario ya publicó que el concejal, presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, estaba compatibilizando el cargo con la participación del 33% en una empresa, Eventos El Espino SL que recibía contratos municipales. El Ayuntamiento de Burgos no pudo evitar que los contratos se declarasen nulos pero atribuyó lo ocurrido a un “error” de los técnicos municipales.

La Junta de Castilla y León ha ocultado que El Granero de San Francisco SL, una de las mercantiles que pertenecieron al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, llegó a desarrollar su actividad a pesar de que el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la calificó de “uso prohibido”.

elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia de la Junta todos los expedientes emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Burgos o cualquier otro organismo de la Junta de Castilla y León de legalización, autorización o sanción relacionados con El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL, que fundamentalmente se dedican a la hostelería, a la organización de eventos y a la transformación de productos agrícolas.

La respuesta de la Junta fue que se solicitó información al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos y que señalaron que “en la Sección de Conservación y Explotaciones de carreteras y en la Sección de Concesiones, Autorizaciones y Arbitraje de Transportes, del mencionado Servicio Territorial, no hay constancia de ningún trámite” promovido por esas empresas.

La Junta pide información a Carreteras sobre unas empresas de eventos

La Junta no justifica por qué decide solicitar a Explotación de Carreteras y a Transportes expedientes de empresas de hostelería y eventos. Pese a ese intento de ocultar la verdad, elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de otras fuentes, a un expediente del Servicio Territorial de Fomento que se abrió en el año 2020. Dada la inusual situación de una administración negando la existencia de algo que el periodista tiene, este medio contactó con la Junta de Castilla y León para advertir de que, o bien se estaba mintiendo o bien había un error en la gestión de la información solicitada.

Desde la Junta, se instó a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a explicar qué podía haber ocurrido. Tras requerir esta la petición de información que se hizo por Transparencia, se comprometieron a localizar los expedientes, advertidos de que nada tenían que ver con carreteras. Una semana después, la Delegación Territorial de la Junta no había remitido nada y se limitó a indicar que contactarían con este medio a través de la Consejería de Movilidad, cosa que, efectivamente, ocurrió. Sin embargo, desde la Consejería indicaron que no entendían por qué desde la Delegación consideraban que ellos podían tener expedientes, y ratificaron que no había ninguno. Desde la Delegación Territorial no se dieron más explicaciones. Pero el expediente existe.

El expediente que sí existe y que deniega la legalización de una de las empresas por “uso prohibido”

En concreto, el expediente 145/20 que obra en el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre a solicitud de El Granero de San Francisco para legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que se pronuncia describe los elementos de que consta y a continuación se detiene en la normativa urbanística: “El Término Municipal de Santa Gadea del Cid, cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por CTMAU de 15 de diciembre de 2016. Constituyen también el régimen Urbanístico Vigente en el Municipio, La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999 y el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores”, hace constar.

Las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” continúa el informe. Mientras el promotor entiende que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, “el técnico que suscribe lo considera como, una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”, argumenta el técnico.

Pero además analiza las condiciones edificatorias, y tampoco cumplen la normativa. En concreto, advierte que “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45% pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluye que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León, y se propone informar desfavorablemente y por no cumplir con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”.

ElDiario.es solicitó al Ayuntamiento de Santa Gadea la licencia de El Granero de San Francisco, aunque se incumplieron los plazos, finalmente aportó una declaración responsable fechada el 1 de abril de 2024 en el que aparece como nombre o razón social El Granero de San Francisco y el nombre de pila del administrador. Se refleja en el escrito que “se dispone a ejercer la actividad que a continuación se indica” y que es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración, se entiende que se puede ejercer la actividad desde ese momento, aparece en la propia instancia, no antes, y que la empresa tiene toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios. Además, no permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió.

Pero la actividad no empezó en 2024, sino como mínimo en 2019, mucho antes de que el informe de la Junta se pronunciase negativamente. El 14 de septiembre de 2019 El Correo se hacía eco de la boda del “bilbaíno más deseado”, el influencer Gotzon Mantuliz.

El 1 de abril de 2020, de nuevo el diario El Correo publicaba un reportaje con el titular “El Granero de San Francisco suma 10 hectáreas destinadas al cultivo de lavanda”. “Aunque el proyecto se cultivaba ya desde antes, fue hace un año cuando comenzó a consolidarse y se dio a conocer con sus primeras cuatro hectáreas y con la definitiva ubicación de la destilería en el Granero, en Santa Gadea del Cid”, dice uno de sus párrafos. Además, aunque la declaración responsable habla de cultivo de lavanda, también se desarrollan eventos culturales. Un año después, el mismo diario volvía a dar cuenta de la intensa actividad de El Granero de San Francisco que había “atraído” a “más de 2.300 personas entre junio y julio”.

Para aclarar la situación, elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, que no respondió.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha expresado este martes su “respeto y confianza” en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser preguntado por los avances judiciales en el caso Plus Ultra, aunque ha reiterado que mantiene su posición de que “quien la haga, que pague”.

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa sobre actualidad política, Martínez ha asegurado que no se ha movido “ni un centímetro” de ese planteamiento a pesar de lo que se va conociendo del caso y ha apelado al respeto a los procedimientos judiciales: “Quiero seguir creyendo”, ha expresado.

El dirigente socialista ha defendido que corresponde a la Justicia determinar si se han cometido irregularidades y ha rechazado contribuir a “condenas o linchamientos anticipados”.

Martínez ha insistido en que solo extraerá conclusiones cuando exista un pronunciamiento judicial: “Si eso se confirma, si el juez dice que se incurre en una ilegalidad… Insisto en el respeto a los procedimientos judiciales”, ha manifestado.

Preguntado específicamente por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSOE de Castilla y León ha afirmado que mantiene hacia él “todo el respeto y confianza desde el punto de vista personal y profesional” y ha ironizado con la pregunta: “Ya me pierdo entre todos los casos (judiciales)”, ha comentado.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico (Vox), ha resumido en una frase su declaración de intenciones en el departamento que dirige para la legislatura recién estrenada (2026-2020): “Venimos a fijar un rumbo”, ha manifestado durante su comparecencia este lunes por la tarde en el parlamento autonómico.

“Venimos a explicar qué lugar queremos que ocupen la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte en el proyecto colectivo de Castilla y León, sobre todo qué lugar queremos que ocupe Castilla y León en España, en Europa y en el mundo”, ha afirmado al comienzo de su intervención. Díaz Pico ha añadido que una comunidad autónoma “no se gobierna únicamente con presupuestos y expedientes”, sino también “con una idea de sí misma, con la conciencia de lo que ha sido” y la voluntad de transmitirlo a las siguientes generaciones.

“Esa es la responsabilidad que asumimos: custodiar una herencia inmensa, convertirla en oportunidad y proyectarla con orgullo, inteligencia y audacia”, ha apostillado.

Sin tutelas ni ideologías

La devolución a los ciudadanos de la cultura, el patrimonio, turismo y deporte, “sin tutelas ni comisarios”, libre de presiones ideológicas, ha fijado como principal declaración de intenciones.

“Queremos abrir una etapa en la que ninguna corrientes ideológica pueda apropiarse de lo que pertenece a todos. Se terminó la cultura entendida como tutela, se terminó de pedir perdón por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad”, ha explicitado.

Ante de pormenorizar y de realizar anuncios, el consejero ha fijado su gestión en cinco principios: libertad de creación; mérito y excelencia “como criterio de todo apoyo público”; neutralidad institucional “porque las instituciones son de todos”; orgullo nacional; y “respeto sagrado al dinero público”.

“Venimos a retirar el sectarismo de las instituciones y a devolver la cultura a su dueño legítimo: el ciudadano libre. Venimos a ampliar, no a estrechar; a dar voz, no a imponer silencio; a financiar calidad y servicio público, no obediencia ideológica”, ha proseguido.

Ha recordado en este sentido cómo a su juicio y durante mucho tiempo “una parte de la una parte de la política española ha tratado la cultura como un instrumento para fabricar adhesiones, excluir sensibilidades y convertir la creación en una extensión del debate partidista”.

El PP elige a sus candidatos a las alcaldías de las principales ciudades de Castilla y León. El Partido Popular gobierna (en minoría, en coalición o con mayoría absoluta) en Segovia, Burgos, Valladolid y Salamanca, cuyos alcaldes se mantendrán como candidatos a la reelección: José Mazarías, Cristina Ayala, Jesús Julio Carnero y Carlos García Carbayo. Todos los candidatos serán presentados oficialmente este sábado en Santiago de Compostela en un acto presidido por Alberto Núñez Feijóo.

En Palencia, el Partido Popular ha designado al portavoz del Grupo Municipal, Víctor Torres, con el objetivo de “liderar el cambio” en la ciudad. El Ayuntamiento ahora está dirigido por la socialista Miriam Andrés, que gobierna en minoría. “Ha llegado el momento del cambio y ese cambio empieza hoy”, ha afirmado el dirigente popular a través de redes sociales. Torres fue el concejal de Deportes, Juventud, Educación y Protección Civil entre 2013 y 2023.

El concejal que estudió Ciencias Políticas y Derecho, comenzó su militancia en 2011, con 18 años y fue secretario general de Nuevas Generaciones de Palencia durante dos mandatos. En 2023, el candidato fue Alfonso Polanco -alcalde entre 2011 y 2019-, que dejó la portavocía poco después de tomar posesión para ser senador.

En León también tendrá continuidad municipal y será el portavoz 'popular', David Fernández, quien liderará la candidatura para la capital leonesa. En las elecciones municipales de mayo de 2023, la candidata a la Alcaldía de León por el Partido Popular fue Margarita Torre y David Fernández formó parte de esa misma lista electoral como número dos. Tras la crisis que vivió el grupo municipal al principio del mandato, el partido decidió que él asumiera la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Nuevas caras en Soria, Zamora y Ávila

Las ciudades que tendrán una nueva cara defendiendo la papeleta del Partido Popular serán Soria, Zamora y Ávila: allí serán senadores y diputados los que liderarán la lista 'popular'.

El senador 'popular' José Manuel Hernando ha oficializado su candidatura del PP a la alcaldía de Soria. Hernando, que ya fue concejal entre 2015 y 2019, aspira a recuperar la Alcaldía de Soria tras 20 años de gobiernos socialistas con Carlos Martínez -ya exalcalde y secretario general del PSOE autonómico-. La dirección nacional se ha impuesto a la provincial, que apostaba por Javier Jiménez Santamaría, senador y concejal en esta legislatura.

En Zamora, la candidata será la diputada nacional Elvira Velasco Morillo, actual portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Velasco Morillo, enfermera de profesión, es la actual secretaria general del PP de Zamora, ha sido senadora y diputada entre 2000 y 2011 y desde 2019 hasta la actualidad y ha sido asesora de la exministra de Sanidad Dolors Montserrat.

No repetirá como candidato, por lo tanto, el presidente del PP de Zamora, Jesús María Prada, que está siendo investigado por presunto fraude en las subvenciones a la organizadora de unas carreras de trail. Zamora es la única capital de provincia con un alcalde de IU, Francisco Guarido, que va a dejar paso a su concejal de obras, Pablo Novo, para liderar la candidatura. El PSOE mantiene a su teniente de alcalde como candidato, David Gago.

En Ávila, el Partido Popular ha depositado su confianza en la diputada nacional abulense del PP, Patricia Rodríguez, para arrebatar la Alcaldía de la capital abulense a Por Ávila en las elecciones municipales de 2027. La candidata ha afirmado en un vídeo en redes sociales que no puede sentir “más orgullo y más ilusión por afrontar este importante reto”, en referencia a recuperar para su formación una ciudad gobernada por su partido durante más de tres décadas, hasta 2019.

Patricia Rodríguez, que sucede al frente de la candidatura de los populares a Alicia García, actual portavoz del PP en el Senado, retorna así a la política local, sin abandonar su escaño en la Cámara Baja, a la que llegó en 2023, después de pasar por el Senado.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aspira a ser de nuevo el candidato del PP en las elecciones municipales del 2027, y no espera sorpresas en ese sentido a falta de que el Comité Electoral Nacional, que es el competente, lo designe, aunque ha anticipado que estará el sábado en Santiago de Compostela en el acto con Feijóo y los candidatos a las capitales de provincia.

En declaraciones a los medios este jueves en Valladolid, Carnero ha explicado que aunque aún no tiene esa confirmación oficial de la candidatura, lo que se producirá en las próximas horas, lógicamente, si no fuera a ser así, él no tendría previsto viajar el próximo sábado a Santiago de Compostela, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de España.

A preguntas de los medios sobre sus ganas para seguir al frente de la alcaldía, donde lleva una legislatura, Carnero ha sostenido que lo primero que tiene son ganas de ser candidato, lo que va a quedar evidenciado en breve cuando se reúna ese Comité Nacional.

“Lo primero que tengo ganas es de ser candidato y lo que tengo más ganas es de ser alcalde de la ciudad, Valladolid, pero para eso tienen que intervenir unos terceros que son los ciudadanos de Valladolid, a los cuales yo en su momento les pediré la continuidad en la confianza para seguir avanzando en este proyecto que me parece importante en nuestra ciudad desarrollo, de bienestar y de progreso en una ciudad emblemática y querida”, ha reflexionado.

“Ahora quedan por cumplimentar los trámites formales necesarios con ese comité electoral nacional tiene que tiene que designar a los candidatos a las capitales de provincia; y una vez que se produzca este hecho la puesta en escena de dicha designación es la que corresponde materializar el sábado en la mañana del sábado en la Ciudad de Santiago de Compostela, a la cual acudiré”, ha concluido.

María González Corral se estrenaba este miércoles como consejera de Medio Ambiente y Energía, tras una legislatura en el área dividida entre Movilidad y Agricultura. La gestión de los incendios ha copado buena parte de la comparecencia celebrada esta tarde en las Cortes de Castilla y León, en la que la consejera ha acusado a la oposición de hacer “populismo y demagogia”, por ejemplo, al recurrir a “frases recortadas” y “sacadas de contexto” del nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios. La Comunidad de Castilla y León revisará el marco normativo autonómico con incidencia directa en los incendios forestales, con el objetivo de reforzar la prevención, facilitar el control temprano de los incendios y disponer de zonas más seguras para las personas.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado que revisará el marco normativo de la gestión de incendios forestales para “mejorar los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo”.

El año pasado, Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, que tumbó la oposición en bloque porque no habían sido negociadas con los sindicatos. Aun así la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

González Corral se ha comprometido también a recuperar las masas arboladas afectadas por los incendios del año pasado con actuaciones de emergencia para proteger suelos y captaciones de agua.

El procurador socialista Miguel Ángel Luengo ha alertado de “déficits estructurales” y ha reivindicado una política “transversal” que incluya en el debate la vertebración y ordenación del territorio, la agricultura, la gestión forestal, el turismo, etc.. “Castilla y León necesita una política forestal moderna, prevención todo el año y entender que no es un gasto, sino una inversión”, ha exigido durante el receso de la comparecencia.

Luengo ha insistido en que el modelo “debe priorizar la prevención” e integrar al operativo anti incendios como 100% público, con más estabilización, la categoría adecuada y una dirección plenamente coordinada, entre otros.

La “dejadez y apatía” del anterior consejero

La titular de Medio Ambiente ha destacado que el operativo Infocal “destina los recursos donde se necesitan”, independientemente de la provincia cuando los miembros de la oposición han preguntado por los helicópteros prometidos a cada provincia. Ceña ha protestado por la “debilidad” del operativo anti incendios, mientras que Luengo se ha preguntado si González Corral será “consecuente y coherente o seguirá la estela de dejadez y apatía” del exconsejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ahora responsable de Industria, Universidades y Empleo, especialmente criticado por su gestión de los incendios.

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado las “pocas soluciones” que ha aportado González Corral en cualquiera de sus tres carteras y ha afeado que su comparecencia haya incluido “muchas generalidades y pocas concreciones”.

Plan Forestal

González Corral ha comprometido un nuevo Plan Forestal Integral que favorezca unos “montes mejor cuidados y preparados frente a los retos del futuro” y que permita “conservar los ecosistemas y crear riqueza natural, social y económica”. Además, la consejera se ha comprometido a que todos los montes gestionados por el Ejecutivo autonómico tengan su propio plan de gestión.

El portavoz socialista ha rechazado el “modelo de colonizadores y colonizados” de la Junta de Castilla y León, cuyas iniciativas han estado marcadas por “el fracaso absoluto y unas inercias que han demostrado sus limitaciones”.

La consejera de Medio Ambiente y Energía también ha avanzado que exigirá al Gobierno de España que apruebe la planificación eléctrica 2025-2030 y que refuerce la red de transporte y que los proyectos de interés regional puedan ser reconocidos como 'proyectos estratégicos de inversión' para acelerar la electrificación industrial y reforzar la autonomía estratégica.

Ley de Vías Pecuarias

La Junta de Castilla y León tiene previsto impulsar una Ley de Vías Pecuarias para “ordenar los usos ganaderos, ambientales, recreativos y preventivos de las vías pecuarias, la conectividad ecológica y la infraestructura verde”. Cabe señalar que la pesca es competencia de la Consejería de Agricultura, en manos de Vox, algo que ha afeado Miguel Ángel Luengo.

La consejera también ha anunciado su intención de aprobar un Plan Integral de Residuos, una Estrategia de Economía Circular “para impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable” y una Estrategia Autonómica de Eficiencia Energética para reducir los umbrales de energía y emisiones.

Durante su exposición, González Corral ha incluido como objetivo mejorar la industria forestal y potenciar la construcción en madera a través de la Fundación Cesefor.

El sindicato CCOO de Castilla y León ha reclamado a la Junta que concrete su compromiso con el Diálogo Social tras la comparecencia en las Cortes del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que es necesario aclarar cómo se dará continuidad a los trece acuerdos actualmente vigentes.

La secretaria general del sindicato en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, ha valorado en una nota de prensa como los principales anuncios del consejero el respaldo al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), la continuidad del Diálogo Social y la elaboración de un estudio sobre el absentismo laboral.

Respecto al Serla, Fernández ha reclamado una financiación propia para este organismo y ha recordado que durante la anterior legislatura, con el Gobierno de coalición PP-Vox, “estuvo en peligro de cierre” al no figurar inicialmente en los presupuestos autonómicos.

Sobre el Diálogo Social, la dirigente sindical ha considerado positivo que el consejero apueste por mantener este instrumento, aunque ha pedido una reunión para concretar “los criterios de continuidad y las nuevas rúbricas” que plantea el Ejecutivo autonómico.

En relación con el anuncio de un estudio sobre el absentismo laboral, CCOO ha rechazado que se utilice ese término para referirse a las bajas médicas y ha sostenido que “hay que dejar de hablar de absentismo para referirse a las bajas laborales”.

Fernández ha defendido que no es necesario elaborar un informe para conocer las causas del aumento de las incapacidades temporales y ha atribuido su duración al “colapso de la sanidad pública” en Castilla y León y a la sobrecarga derivada de las horas extraordinarias no remuneradas.

La secretaria general de CCOO también ha advertido de que la anunciada bajada de impuestos por parte de la Junta puede dificultar la financiación de la futura reforma de la ley de discapacidad y del sistema de dependencia, al recordar que las comunidades autónomas deberán asumir el 50% del coste junto al Estado.

En este sentido, ha defendido que los fondos estatales sirvan también para mejorar las ratios, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido seguir bajando impuestos a las familias, con especial atención al medio rural: 'impuestos cero' para la primera vivienda habitual, explotaciones agrarias prioritarias y comercios, así como para las fincas rústicas. “Reduciremos el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes, un 0,25% al año, para terminar la legislatura con una reducción del IRPF del 1%”, ha afirmado.

También se ofrecerán incentivos fiscales para el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes (deducción de hasta 1.500 euros al año para la primera vivienda) y para el alquiler, así como la congelación de tasas y una Ley de asistencia al contribuyente.

Financiación autonómica

También ha reprochado el planteamiento del Gobierno de España para la financiación autonómica y ha instado a negociarla “entre todos” y “desde cero”. “El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”, ha protestado el consejero y portavoz del Ejecutivo.

Fernández Carriedo ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio y ha pedido a la cámara un acuerdo unánime para presentar la propuesta en la próxima cita y poder “defender los intereses de Castilla y León” como se hizo en 2022. El procurador de Vox y vicepresidente primero de las Cortes, Carlos Menéndez, ha defendido que el modelo de financiación planteado “responde al pago de peajes políticos de Esquerra”. “Por eso lo repudiamos”, ha manifestado.

“Brechas” en la economía

La portavoz socialista en la Comisión, María Isabel Fernández, ha lamentado que en Castilla y León la economía crezca por debajo de la media española y ha criticado que la comunidad haya perdido puestos de trabajo en Industria y perdido 4.000 autónomos. “Creemos que los ciudadanos merecen un diagnóstico honesto y no un triunfalismo permanente”, ha manifestado la procuradora.

Fernández ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), esté “desaparecido desde hace más de cien días” y le ha reprochado que haya dejado sin invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad.

La procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha criticado el “desmantelamiento económico” de las provincias de la llamada Región Leonesa, que, en su opinión, “se está desangrando de norte a sur” y ha exigido una “reparación histórica” a estos territorios. “Exigimos un plan exclusivo para León, Zamora y Salamanca y una discriminación fiscal positiva”, ha reclamado.