El PSOE de Castilla y León ha denunciado este martes que la Consejería de Educación ha comenzado el curso sin tener formalizado el contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social a unos 500 trabajadores de Educación Infantil (0 a 3 años), que forman parte del personal laboral de la Administración autonómica.

En un comunicado, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha vinculado esta situación con la “incompetencia y la desidia” de la Junta a la hora de contratar y afiliar a la Seguridad Social a este grupo de trabajadores, algo que debía haber hecho con fecha de 1 de septiembre y que no ha hecho hasta hoy, según el PSOE.

De la Rosa ha exigido a la Junta de Castilla y León explicaciones urgentes ante la situación de “incertidumbre e inseguridad laboral” en la que se encuentran los profesionales de Educación Infantil.

En el curso 2022-2023, la Junta vinculó sus contratos a los Fondos Europeos por un periodo de dos años, y lo prorrogó al curso pasado, sin que los fondos europeos, ya agotados, hayan sido sustituidos por fondos propios.

“No puede ser que la Junta les comunique la última semana de agosto que deben iniciar su actividad sin contrato y que la formalización se realizará en los próximos días”, ha denunciado el representante del PSOE, quien ha dado por hecho que en la Consejería debían saber que ya no disponían de esos fondos y de que la formalización del contrato tenía que afrontarse en el inicio de septiembre.

Para el próximo jueves está convocada una cadena de protestas en España por parte de profesionales de la Educación Infantil que también tendrá su recorrido en Castilla y León, donde la plataforma que aglutina este grupo pide reducir las ratios actuales, más personal y una mejor organización del funcionamiento de las aulas, especialmente con el fin de las aulas mixtas en los centros educativos, además de una subida salarial y reconocimiento como sistema educativo.

La Junta Electoral Central ha estimado el recurso presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha acordado revocar el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León que multó al entonces candidato del PP por difundir la concesión de una subvención a la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), de Soria durante la campaña electoral.

Alfonso Fernández Mañueco presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral autonómica porque entendía que había “vulnerado con indefensión los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”, dado que no se había dado un primer procedimiento administrativo en el que se declarara o no la vulneración de la normativa y la posibilidad de presentar un recurso de alzada.

La Junta Electoral Central ha ordenado la retroacción de las actuaciones al momento en que se incoó el expediente en la Junta Electoral de Castilla y León para que vuelva a iniciar los trámites “ajustado a los preceptos”.

Denuncia de Vox

Tras una primera denuncia de Vox -partido con el que ahora gobierna el PP-, la Junta Electoral de Castilla y León estableció una multa de 600 euros por una infracción electoral, una decisión que ahora revoca la Junta Electoral Central. La Junta Electoral de Castilla y León acordó incoar un expediente sancionador, pero no cuantificó la sanción si Fernández Mañueco reconocía voluntariamente su responsabilidad y realizaba el pago voluntario.

El acuerdo de la Junta Electoral Central es firme en vía administrativa, aunque es posible interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.

El recurso de Mañueco también cuestionaba que fuera él quien cometiera esos hechos denunciados, si no que se trató de un acuerdo adoptado por la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Educación, lo que no considera “suficiente” como para que se le sancione, así como irrelevante electoralmente. La Junta Electoral Central no se pronuncia sobre esta cuestión porque ha devuelto el caso a la Junta Electoral de Castilla y León.

PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado, con 14 votos en contra frente a 13 a favor, la moción de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) que reclamaba recuperar la referencia expresa a las víctimas de violencia de género en el protocolo municipal de acceso a vivienda pública y restituir los 1,5 puntos que contemplaba el baremo anterior.

El debate durante el Pleno ha derivado además en una bronca entre la teniente de alcalde y concejala de Vox, Irene Carvajal, la oposición e integrantes de la Coordinadora de Mujeres, con interrupciones, reproches e insultos cruzados. Carvajal ha acusado a PSOE y VTLP de convertir el asunto en un “circo político” y de utilizar a las mujeres víctimas para obtener “una foto y un titular”.

Carvajal, después de ser interrumpida durante su intervención por el público, ha señalado a la tribuna y ha hablado de “los fascistas que hay ahí arriba”, mientras desde el público coreaban “fuera, fascistas de Valladolid” y “es violencia de género”, como hicieron la semana pasada en el inicio de curso político también en el parlamento autonómico. UGT Valladolid ha rechazado estos insultos y han enmarcado las protestas del palco en el “derecho a protestar libremente”.

“Llama la atención que, con el argumentario que utiliza su partido, sea ella la que acuse de ejercer la violencia y ser fascistas a quienes defendemos la Ley y exigimos su cumplimiento. Las protestas no son violencia. Negar la violencia machista, sí”, ha zanjado UGT en un comunicado remitido a los medios.

La propia Carvajal ha tenido que ser interpelada en varias ocasiones por el alcalde, Jesús Julio Carnero, que le ha pedido que terminara su intervención al haber superado el tiempo. “Señora Carvajal, le ruego que termine ya”, le ha advertido el regidor. El alcalde también ha reclamado silencio y respeto al público durante el debate y la propia teniente de alcalde ha exigido que se retiren los insultos a su persona.

En este pleno se debatía una moción para recuperar en la distinción a las mujeres víctimas de violencia de género dentro del nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler de VIVA, aprobado en mayo con los votos de PP y Vox. El anterior baremo otorgaba 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. El nuevo texto sustituye esa referencia por la de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, una categoría que el Gobierno municipal defiende como más amplia y que, según la oposición, diluye la protección específica de las mujeres víctimas de violencia machista.

La socialista Rafaela Romero ha reclamado durante el pleno que se dé marcha atrás y ha insistido en que “violencia de género y violencia doméstica no son lo mismo”. Para el PSOE, el cambio no es meramente terminológico porque modifica también la puntuación asociada a las víctimas. Romero ha sostenido que las mujeres que antes tenían 1,5 puntos pasan a quedar incluidas en una categoría que recibe un punto.

Rocío Anguita, de VTLP, ha defendido que la legislación estatal y autonómica establece una protección específica para las víctimas de violencia de género y ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda sustituirla por una categoría genérica sin un informe jurídico que avale el cambio. También ha criticado que se haya eliminado del protocolo la valoración de dos puntos asociada anteriormente al paso por recursos asistenciales o habitacionales, como casas de acogida.

“¿Un punto es más que un punto y medio?”, ha ironizado durante su intervención. “Las matemáticas no fallan, es menos”, ha remachado.

Los colectivos de mujeres reclaman volver al protocolo anterior

El debate ha contado con la intervención de representantes del movimiento feminista y vecinal. Nina Infante, del Foro Feminista de Castilla y León, ha reclamado que se mantenga el reconocimiento específico de las mujeres víctimas de violencia de género y ha insistido en que no puede equipararse con la violencia doméstica.

Paula Granado, de la Federación de Asociaciones Vecinales y Consumidores Antonio Machado, ha incidido en la misma cuestión. Ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, sí reconoce expresamente la violencia de género, mientras que apenas unas semanas después el protocolo de acceso a la vivienda sustituía esa referencia por la violencia doméstica.

Las organizaciones han defendido que esa modificación no es un simple cambio de vocabulario, sino una alteración de las prioridades en el acceso a recursos públicos. Este asunto también fue abordado hace 15 días, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres, en la que numerosas entidades abandonaron la sesión en protesta por la forma en que se estaba tratando el cambio del protocolo.

Vox defiende que la violencia doméstica amplía la protección

Irene Carvajal ha defendido durante buena parte de su intervención la decisión adoptada por PP y Vox. Su argumento es que la violencia doméstica constituye una categoría más amplia que permite incluir a víctimas que no quedaban contempladas en el anterior baremo: menores, personas mayores, personas con discapacidad, dependientes y hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar.

La concejala de Vox ha citado el Convenio de Estambul y el artículo 173.2 del Código Penal para sostener que la violencia doméstica engloba diferentes formas de violencia dentro de las relaciones familiares y de convivencia. A su juicio, integrar las víctimas de violencia de género en esa categoría no supone reducir su protección siempre que se mantenga su prioridad efectiva en el acceso a una vivienda.

También ha defendido que el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a vivienda protegida, pero no fija una puntuación concreta para los programas municipales de alquiler. Y ha señalado que las viviendas municipales de VIVA son viviendas libres, no viviendas calificadas como protegidas.

Carvajal ha acusado además al PSOE y a VTLP de no haber planteado objeciones cuando el protocolo se aprobó en mayo y ha asegurado que ambos grupos recibieron el texto 48 horas antes. La oposición, por su parte, ha defendido que sí se opusieron al cambio y cuestiona la forma en que se introdujo la modificación.

El PP asegura que no hay una menor protección

El equipo de gobierno ha defendido que el cambio de baremo no implica, según PP y Vox, una menor protección para las víctimas de violencia de género. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha asegurado que actualmente VIVA y los servicios sociales municipales disponen de mecanismos suficientes para atender a estas mujeres y ha afirmado que 16 viviendas están ocupadas en estos momentos por víctimas de violencia de género dentro de los recursos municipales. También ha reiterado que ninguna mujer víctima se quedará sin una solución habitacional.

La oposición ha respondido que no cuestiona la existencia de recursos asistenciales, sino que reclama que la protección quede expresamente recogida en las normas y protocolos que deben aplicar los empleados públicos.

Carnero anuncia un informe jurídico

Debido a la polémica generada, Carnero ha optado finalmente por pedir un informe a los servicios jurídicos municipales. El alcalde ha defendido que el Plan Director de Vivienda y Suelo, vigente hasta 2030, recoge la protección de las víctimas de violencia de género y ha sostenido que el nuevo protocolo “mejora” las políticas anteriores.

“Como el tema parece que es una cuestión jurídica, solicitaré al señor secretario y a los servicios jurídicos un informe jurídico de la cuestión”, ha anunciado antes de proceder a la votación.

Carnero ha insistido en que, a su juicio, el concepto de violencia doméstica utilizado en el protocolo incluye la violencia de género y ha asegurado que su Gobierno mantiene un compromiso “claro, determinante y diáfano” contra esta violencia.

La moción de PSOE y VTLP incluía cinco acuerdos. Todos fueron rechazados por PP y Vox, con 13 votos a favor y 14 en contra: reconocer expresamente a las víctimas de violencia de género como colectivo de protección específica y prioritaria; recuperar la diferenciación entre violencia de género y doméstica; restituir los 1,5 puntos del anterior baremo; garantizar las medidas específicas de protección en los instrumentos municipales y rendir cuentas al Consejo Municipal de las Mujeres.

PP y Vox piden más dinero al Gobierno para combatir la violencia machista

Mientras el equipo de gobierno ha votado en contra de la anterior moción, El PP, con el voto a favor de Vox, ha presentado otra moción para reclamar al Ejecutivo central un incremento de los recursos destinados a los ayuntamientos para luchar contra la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa ha salido adelante por unanimidad en su punto principal. PP, PSOE y VTLP han coincidido en reclamar más financiación estatal, mientras que también se ha aprobado, con 24 votos a favor y tres en contra de Vox, instar a la Junta de Castilla y León a garantizar financiación suficiente para sus competencias en prevención, protección y atención a las víctimas.

La moción socialista incorporaba además reclamaciones de mayor coordinación entre administraciones, que también han sido aprobadas con 24 votos a favor y tres en contra.

El portavoz del PP, Rodrigo Nieto, ha defendido que Valladolid recibe cada vez menos dinero del Estado para estas políticas y ha reclamado que la financiación aumente a medida que más municipios se incorporan al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El PSOE ha aceptado pedir más fondos al Gobierno central, pero ha rechazado que la disminución de la cantidad recibida por Valladolid pueda presentarse como un recorte decidido específicamente contra la ciudad. La socialista Charo Chávez ha explicado que el reparto responde a criterios fijados legalmente y que el número de municipios incorporados al sistema de protección ha aumentado, lo que reduce la cantidad correspondiente a cada ayuntamiento.

La socialista ha reclamado también corresponsabilidad a todas las administraciones y ha señalado que Castilla y León recibe fondos estatales para desarrollar sus propias competencias en esta materia.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes una Proposición No de Ley de Vox que reclama al Gobierno de España la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos y una revisión de las relaciones bilaterales con el país vecino. La iniciativa ha salido adelante con los votos de Vox, PP y los procuradores del Grupo Mixto, mientras que solo el PSOE se ha opuesto. Los socialistas han reprochado a los 'populares' que hagan “poco caso” a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves pidió a sus dirigentes autonómicos un discurso coordinado sobre la crisis.

Vox ha calificado durante el debate de “invasión” la entrada por Ceuta de más de 70.000 personas y que el PP ha atribuido a Marruecos “por acción o por omisión”. El PSOE, por el contrario, ha rechazado que exista alguna evidencia que permita responsabilizar al país vecino de la entrada masiva de sus ciudadanos en la ciudad autónoma y ha advertido de las consecuencias económicas y diplomáticas que tendría romper el tratado.

La iniciativa aprobada, según el texto, insta además al Ejecutivo central a exigir a Marruecos que acepte “sin excepción” los retornos, devoluciones y expulsiones de sus nacionales, tanto mayores como menores de edad, y reclama una revisión de las relaciones entre ambos países.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de incurrir en una “omisión del deber” de proteger las fronteras y ha llegado a reclamar que se le juzgue por “traición”.

Durante su intervención, el procurador de Vox ha sostenido que la entrada de personas en Ceuta fue organizada y premeditada por Marruecos y ha reprochado al Gobierno no haber actuado pese a que, según ha afirmado, disponía de información previa sobre lo que iba a ocurrir.

Hierro ha cuestionado a los procuradores del PSOE de Castilla y León para plantear qué sucedería si una entrada de personas de esa magnitud se produjera en provincias como León, Zamora o Soria. También ha acusado a los socialistas de actuar como “súbditos de Marruecos” y ha defendido que España debe exigir el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular.

Martínez señala que la gestión de la crisis pudo ser “mejorable”

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha afeado a Vox la utilización de la situación de Ceuta para generar confrontación y obtener rédito electoral. A su juicio, la iniciativa convierte las Cortes en un “juicio sumarísimo” contra el Gobierno y mezcla la situación de la ciudad autónoma con afirmaciones que, ha defendido, no están respaldadas por informes que atribuyan a Marruecos la organización de la entrada de migrantes.

Martínez ha reconocido que la gestión de la crisis por parte del Gobierno puede ser “mejorable”, pero ha rechazado que la solución pase por romper las relaciones con Marruecos. El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que se trata de un país vecino y de un socio con importantes vínculos comerciales con España, además de considerar que mantiene un papel relevante en cuestiones económicas y de seguridad.

Asimismo, el portavoz socialista ha tirado del Evangelio de Mateo, en el versículo 23.7 para criticar a Vox: “Ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos lucen, pero por dentro están llenos de muertos y de inmunditos”. “Así, ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad”.

El socialista ha ironizado con el que el PP de Castilla y León le iba a hacer “poco caso” a Núñez Feijóo al pedir suspender el tratado y apoyar la PNL de Vox. El líder 'popular' envío este jueves, según ha publicado elDiario.es, un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación de documentos de diferentes servicios de inteligencia.

Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se saltó la indicación al tildar de “traidores” y aseguró que si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”. Ahora también se suma el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aunque no se ha pronunciado como su colega de Madrid, el voto de su formación en Castilla y León marca la posición de su feudo.

Hierro: “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”

Mientras Hierro defendía la necesidad de proteger las fronteras, desde la bancada socialista le han interrumpido con una alusión irónica a si había que “ametrallar” a los menores. “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”, ha respondido el portavoz de Vox, antes de insistir en que lo que debía hacer el Gobierno era “defender las fronteras” y reprochar a Pedro Sánchez que se hubiera “ido de vacaciones” durante la crisis de Ceuta.

Hierro ha acusado además a los socialistas de no condenar lo ocurrido en los términos planteados por Vox, mientras que el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado al partido de Santiago Abascal de buscar “incendiar las calles” por un puñado de votos.

El PP culpa a Marruecos “por acción o por omisión”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que su partido no acepta una relación “sumisa” con Marruecos y ha reclamado una relación basada en la “igualdad” y la “lealtad”.

García ha responsabilizado al Gobierno de la situación vivida en Ceuta y ha acusado a Sánchez de no actuar pese a conocer, según ha asegurado, lo que podía ocurrir. La portavoz popular también ha defendido que Marruecos no se ha comportado como un “socio fiable” y ha exigido el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente en territorio español.

El PP y Vox han coincidido en sacar adelante la petición al Gobierno central de la suspensión del tratado que regula buena parte del marco de amistad y cooperación entre España y Marruecos. Además, García ha criticado al Gobierno por centrarse en hacer creer “que Marruecos no tiene nada que ver con este asalto”, cuando “es culpable por acción o por omisión”.

La propuesta también ha contado con los votos del Grupo Mixto. Alicia Gallego, de UPL, ha respaldado la iniciativa y ha criticado duramente la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta, aunque ha planteado algunas modificaciones relacionadas con la referencia a distintos territorios de soberanía española.

Por Ávila también ha apoyado la propuesta. Su procurador, Pedro Pascual, ha defendido que la unidad de España y la Constitución están “por encima de todo” y ha calificado de “nefasta” la actuación del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta.

Desde Soria ¡YA!, Ángel Ceña ha expresado igualmente su respaldo a Ceuta y a la defensa de la soberanía española, aunque ha aprovechado el debate para reclamar al PP y a Vox la misma intensidad en la defensa de las necesidades de Soria y en la lucha contra los desequilibrios territoriales.

El nuevo curso político ha arrancado este jueves en las Cortes de Castilla y León con escasa artillería. El Pleno cuenta desde ahora con tres nuevos procuradores de Vox, Silvia Guilarte, Javier Martínez y Mariano Veganzones -el exconsejero de Empleo en la pasada legislatura que destacó por sus improperios contra los sindicatos- que han ocupado los escaños que dejaron libres los compañeros que han sido nombrados altos cargos. En esta sesión se han votado también los tres senadores por designación autonómica, dos del PP y una del PSOE. El alavés Javier Maroto (PP), empadronado en Sotosalbos (Segovia), ha sido elegido por tercera vez, mientras que el expresidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias afronta su nueva etapa política en el Senado. Por el PSOE, entra la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín, que será candidata al Ayuntamiento en las próximas elecciones locales. Los procuradores de Vox han dejado el voto en blanco y los tres senadores han obtenido 30 (PSOE) y 32 apoyos (PP), respectivamente.

Aunque el nuevo líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez ya intervino en el Pleno de Investidura de Mañueco, se ha estrenado en la sesión de control tirando de ironía. Ha felicitado a los tres nuevos senadores y en concreto a Maroto “tras haber aprobado el test de arraigo seguramente exigido por el grupo Vox”. Las felicitaciones de Martínez han llegado también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por tener “un miembro con plaza en la Audiencia Nacional”. Se refería al consejero de Industria, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha obtenido plaza de magistrado en la Sala de lo Penal, si bien no lo ocupará de momento. “Enhorabuena, señor Quiñones, después de 15 años en política de la mano del señor Mañueco su carrera judicial sigue progresando”, ha dicho Martínez antes de añadir “olé por la separación de poderes”. “Enhorabuena también para usted, señor Mañueco, por garantizarse su seguridad política para el día que deje de ser presidente”, ha espetado. Además, le ha preguntado “hasta dónde es capaz de llegar” para seguir en el poder, en referencia a su pacto con Vox.

Mañueco ha respondido que no va a pactar con “los herederos de ETA”, que no va a “aprobar una ley de amnistía para los golpistas” y tampoco comprará “apoyos de ”separatistas“ con la financiación autonómica, todo ello en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ”Asuma su derrota“, ha indicado al socialista. Martínez ha contraatacado reprochando su actitud durante los graves incendios de Ávila, cuando se convirtió ”en el más sanchista“ mientras se escondía tras Pedro Sánchez que fue quien ”salvó“ su gestión.

En el Pleno se ha aludido además a las pautas que marca Vox en los gobiernos de los que forma parte. La socialista Patricia Gómez Urbán se ha referido en concreto a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) donde se ha sustituido en el protocolo de acceso a vivienda de protección a las víctimas de violencia género por víctimas de violencia doméstica. En la tribuna de invitados, integrantes de la Coordinadora de Mujeres han acabado expulsadas por mostrar carteles de repulsa.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que antes fue consejera de Familia e Igualdad, que ya no dan nombre a ninguna consejería, ha asegurado que condena “firmemente” la violencia de género“ y ha recordado el aumento de la inversión, de la atención y el apoyo a las víctimas y a sus familias. Por contra, ha recriminado a los socialistas que no hayan alzado la voz cuando se aprobó la ley de ”solo sí es sí“ o cuando fallaron las pulseras de los agresores machistas.

No han faltado contínuas referencias a la llegada masiva de migrantes a Ceuta. La procuradora Nuria Rubio (PSOE) a reprochado a Vox su política de odio contra los migrantes con la foto del niño que fue tiroteado con una escopeta de perdigones. El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), ha remarcado que la Junta de Castilla y León usará “todos los medios legales” para no acoger a “migrantes ilegales” y que trabajarán para mandar de vuelta a los menores “a su país y con sus familias”. Se habló de fuegos, se habló de patrimonio histórico echado a perder, de reducción de ayudas a los sindicatos, pero es posible que migración y violencia de género centren todos los debates en el curso que comienza.

“Hemos actuado conforme al procedimiento”. Así ha defendido el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que el gobierno autonómico no haya impuesto una sola sanción a El Granero de San Francisco SL, una empresa que hasta hace unos meses tenía entre sus propietarios al presidente del PP y de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. El Granero de San Francisco construyó un granero de tipo americano en suelo rústico de protección cultural en Santa Gadea del Cid e intentó legalizarlo años después de que empezase a utilizarse para celebrar bodas y eventos. La licencia que se solicitó, solo para uso agrícola, ya que cualquier otro está prohibido, se denegó entre otras cosas porque la edificación contravenía la normativa urbanística del municipio tanto en estructura como en materiales y color.

A pesar de que no tenía ningún tipo de licencia, El Granero de San Francisco siguió organizando bodas, conciertos y visitas culturales sin que se paralizase su actividad. En 2023, se intentó legalizar de nuevo, y se vinculó la licencia de uso agrícola -nunca para eventos- a que se reformase la estructura del tejado y se cambiasen los materiales empleados, madera, por mortero de cemento pintado en color crema. La Ley de Urbanismo de Castilla y León contempla sanciones por infracción aunque la edificación se legalice. Pero no impuso una sola multa en El Granero de San Francisco, y la mercantil nunca reformó la edificación que según informes de dos técnicos de la Comisión Territorial de Urbanismo, dependiente de la Junta, era manifiestamente ilegal. Carriedo ha repetido varias veces antes las preguntas de elDiario.es que “se actuó conforme al procedimiento” sin explicar en qué consiste y sin negar los hechos: que no se ha reformado, que no se ha multado y que se desarrollan actividades que nada tienen que ver con la agricultura. Carriedo ha animado a que “si hay alguna persona que detecta un incumplimiento” use “los cauces previstos en el Estado de Derecho”, o lo que es lo mismo, que se denuncien. De esa manera, la Junta deja a la iniciativa particular la restitución de la legalidad, y a pesar de los informes de sus propios técnicos.

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, tras las informaciones publicadas por elDiario.es sobre la que fue hasta hace unos meses una de sus empresas, El Granero de San Francisco SL, que edificó un granero americano que contraviene la normativa urbanística de Santa Gadea del Cid y donde se celebran eventos y bodas sin tener licencia para ello. De la Rosa también ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que cese a Suárez si este no dimite.

De la Rosa ha adelantado que el PSOE ha pedido al gobierno autonómico los expedientes de legalización a los que tuvo acceso elDiario.es, en los que hay un primer intento de legalización en 2020 con el que la Junta tuvo conocimiento formal de que el granero americano se edificó ilegalmente y que la actividad que se pretendía realizar estaba limitada al uso agrícola por estar en suelo rústico con protección cultural. Un segundo expediente iniciado en 2023 acordó la legalización siempre que en el granero se reformase el tejado y se recubriese la madera de las fachadas con mortero de cemento. Además sólo permitía el uso agrícola. Sin embargo, la reforma nunca se hizo y las actividades sin licencia se siguieron llevando a cabo, desde visitas guiadas a bodas y conciertos.

“Cuanto el partido socialista de Castilla y León disponga de esa documentación comprobaremos el procedimiento administrativo para inspeccionar a esta empresa y sacaremos las conclusiones del porqué no se ha hecho nada a este respecto, es evidente la dejación de funciones de la junta de Castilla y León”, ha anunciado de la Rosa para finalmente pedir que se asuman responsabilidades.

El PSOE de Castilla y León ya tiene candidatos a las alcaldías en Segovia, Zamora y Salamanca de cara a las elecciones de 2027. En los tres casos, el proceso de primarias se ha resuelto sin rivales después de que este miércoles Marcelino Muñoz haya acordado retirar su candidatura en Salamanca y pactar una candidatura conjunta con María Sánchez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca.

Este lunes terminó el plazo para presentar las candidaturas a las primarias socialistas y este miércoles, que arrancaba la recogida de avales, Sánchez y Muñoz han acordado este acuerdo para que haya una sola candidata como habrá en Segovia, con Clara Martín, y Zamora, con David Gago. La normativa interna del PSOE establece que, cuando solo se registra una precandidatura, no será necesaria la recogida de avales ni la celebración de una votación, sino que se dará cuenta directamente a la Comisión de Listas.

María Sánchez, secretaria de organización de la agrupación local Jaime Vera, liderará el proyecto socialista en Salamanca e integrará “equipos y propuestas” en su candidatura junto al proyecto propuesto por Marcelino Muñoz, militante socialista y secretario general de UGT Salamanca. “Después de décadas de gobiernos del Partido Popular, Salamanca necesita abrir una nueva etapa. Una ciudad con enormes posibilidades no puede resignarse a seguir perdiendo oportunidades ni a mantener un modelo de ciudad que no da respuesta a las necesidades de quienes viven en sus barrios”, ha defendido el PSOE en un comunicado. Carlos García Carbayo obtuvo la mayoría absoluta en Salamanca, una ciudad que ha gobernado el PP desde 1995.

Sánchez, que sustituyó a José Luis Mateos en mayo, ya avisó hace unos días de que había intentado llegar a un acuerdo con Muñoz para conseguir una candidatura unitaria, un extremo que en un principio había resultado imposible, aunque el responsable sindical era consciente de que María Sánchez era la candidata del aparato del PSOE.

En Segovia, la candidata será senadora autonómica

La actual portavoz municipal socialista en Segovia, Clara Martín, repetirá como candidata después de solo ella presentara su precandidatura en las primarias. Martín, alcaldesa entre 2022 y 2023, tiene previsto trabajar a partir este mes también en la Cámara Alta como senadora autonómica.

Clara Martín pretende compatibilizar su cargo en el Senado con la portavocía municipal salvo que consiga hacerse con la Alcaldía el próximo año. El PSOE aspira a recuperar el poder tras un mandato especialmente fragmentado (con representantes de PP, PSOE, Vox, IU, Podemos y Ciudadanos) y complicado para el Partido Popular. José Mazarías ha tenido que gobernar en minoría y en el que ha necesitado a la oposición para alcanzar un considerable número de acuerdos.

Zamora también repite candidato

El primer teniente de alcalde de Zamora, David Gago, que gobierna en coalición con el equipo de Francisco Guarido (IU), ha sido también el único precandidato en la ciudad, que estará en liza tras la marcha de Guarido. Gago también lleva la portavocía municipal socialista y dirige el área de Promoción Económica y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento.

David Gago confirmó hace días que pretende incluir en la candidatura a sus compañeras municipales Auxi Fernández y Sara de la Higuera. El aspirante socialista manifestó hace días su deseo de entablar diálogo con sindicatos, empresarios, comerciantes, autónomos, hosteleros, vecinos, entidades sociales y asociaciones vecinales para que Zamora progrese y sea una ciudad viva.

El siguiente plazo para las primarias socialistas se abrirá a finales de octubre, donde se espera resolver las candidaturas socialistas de las capitales de Valladolid y León y sus municipios de más de 20.000 habitantes. El plazo se abrirá el 23 de octubre hasta el 26 del mismo mes y, de haber más de un candidato, la votación será el 14 de noviembre. En León se espera que el actual alcalde, José Antonio Diez, se presente para renovar en los cargos, mientras que en Valladolid aún se mantiene la incógnita sobre quién tomará el relevo.

En Santa Gadea del Cid, un municipio a 75 kilómetros de Burgos, declarado Conjunto Histórico desde 1973, se levanta un imponente granero de estilo americano. Desde que se construyó en 2019, se celebran bodas con un coste que oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros, según fuentes consultadas por elDiario.es. El negocio, semioculto, porque en su web no se anuncia, pero conocido ampliamente, funciona bien y sin trabas. Pero es ilegal. No cumple ni con la normativa urbanística de Santa Gadea, ni con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que no permite otro uso que el agrícola en suelo rústico de protección cultural.

El Granero de San Francisco SL fue la segunda aventura empresarial del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, junto a otros socios con los que había puesto en marcha Eventos El Espino SL una década antes. Desde 2024, momento en el que Suárez aceptó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos y que le permitió ser presidente de la Diputación, Eventos el Espino consiguió contratos municipales. Los contratos se declararon nulos cuando elDiario.es los sacó a la luz: el acta de concejal de Suárez era incompatible con la participación de Suárez en esas empresas, superior al 10%. Ahora, el Ayuntamiento estudia la manera de que se le devuelva el dinero, mientras que Suárez asegura que ya se ha deshecho de esas participaciones.

En el claustro del Monasterio del Espino, alquilado a una comunidad religiosa, se celebran eventos de todo tipo, entre ellos las bodas, que dejan importantes beneficios. Por eso años después, aprovechando el terreno de la finca, decidieron levantar el granero. Santa Gadea del Cid, una villa amurallada, tiene una normativa urbanística que obliga a utilizar una serie de acabados y materiales determinados tanto en construcciones nuevas como en las ya existentes. La madera no es uno de ellos. Sin embargo, nadie puso trabas al enorme granero, de madera de tejado a fachada, y con una tipología de cubierta de mansarda que tampoco se permite. El Ayuntamiento de Santa Gadea no advirtió ni sancionó por el edificio y tampoco por las actividades sin licencia que se llevaban a cabo allí.

El primer intento de legalizar el granero se produjo en 2020, cuando llevaba dos años celebrando todo tipo de eventos. El administrador de la mercantil solicitó una licencia agrícola para el cultivo y destilado de lavanda. Un informe del Servicio Territorial de Urbanismo, dependiente de la Consejería de fomento de la Junta de Castilla y León, rechazó la solicitud tanto por la tipología de la construcción, que contravenía la normativa local, como por la actividad. El destilado, decía el técnico, era un uso industrial prohibido en suelo rústico de protección cultural. Tampoco en ese momento la Junta abrió un expediente sancionador. Incluso si esa solicitud se hubiese resuelto positivamente, la Junta debería haber sancionado por una infracción grave, aunque minorando la cuantía de la multa, como establece el artículo 117.3 LUCYL si era legalizable posteriormente. “Se podrá aplicar una reducción del 50 por ciento en la cuantía de la sanción, y eximir de las medidas accesorias previstas en el apartado seis, cuando el responsable se comprometa a legalizar los actos sancionados, si estos fueran compatibles con el planeamiento urbanístico, o en caso contrario a restaurar la legalidad urbanística, garantizando dichos compromisos por el 50 por ciento del importe de las actuaciones necesarias.”, dice.

Aunque El Granero de San Francisco SL alegó y después desistió, la Junta de Castilla y León no actuó, y el Granero de San Francisco continuó con la actividad agrícola para la que se le denegó la licencia y con las actividades hosteleras para las que nunca la pidió. En 2023 se produjo un segundo intento en el que la mercantil, siempre refiriéndose a una actividad agrícola, se comprometió a cambiar el tejado del granero y recubrir las fachadas de madera con mortero de cemento pintado en color crema. La técnico, que dio el visto bueno en 2024, destacó que la licencia estaba vinculada a esas reformas y que se trataba de una licencia para uso agrícola, por lo que en ningún caso se podrían llevar a cabo actividades culturales que aparecían en una parte de la propuesta de reforma.

Fondos Leader para una construcción ilegal

A pesar de que la situación era clara, una edificación ilegal de todo punto y un intento soterrado de ampliar la actividad más allá de la agrícola, en el expediente de legalización que la Junta acabó facilitando a elDiario.es tras varias negativas, no aparece una sola inspección para comprobar que, efectivamente la reforma se había realizado. De hecho, es que nunca se hizo la reforma. La administración competente para sancionar cuando se trata de suelo rústico protegido es la Junta de Castilla y León, según el artículo 111.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Una infracción grave, como es la construcción contraviniendo normas urbanísticas, conlleva sanciones que van de los 10.000 a los 300.000 euros. Pero hay además, otro detalle, y es que el infractor quedaría excluido de ayudas y subvenciones. Según consta en la web de El Granero de San Francisco, la creación del granero y la destilería fueron subvencionados con fondos Leader. Aunque no hacen constar las cantidades, se les concedieron 52.590,16 y 28.195,20 euros, respectivamente.

Siete años sin que la Junta sancione

En resumen, la Junta tuvo conocimiento formal de que la edificación era ilegal en 2020 y nunca impuso sanción. Nadie ha explicado por qué. En 2024, en el segundo intento de legalización, la Junta dio el visto bueno a la licencia previa reforma del edificio y nunca ha comprobado que se llevase a cabo, y para eso tampoco hay explicación. Además, no se ha dado por enterada de que en El Granero de San Francisco se celebran bodas y actividades culturales, estas últimas publicitadas en la web de la empresa. Y todo ello a lo largo de siete años.

El alcalde Santa Gadea del Cid: “Yo no quiero líos, se arreglará lo que esté mal”

El alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz (PP) no ha querido dar explicaciones a elDiario.es, si bien reconoció que le habían “pasado” la información y que tenía pendiente leerla. Cuando se le indicó que él tenía que saber perfectamente que El Granero de San Francisco no respetaba la estética del entorno y contravenía las normas urbanísticas -aparece como recurso turístico anunciado en el portal del Ayuntamiento- intentó finalizar la conversación. “Se arreglará lo que esté mal, yo no quiero líos y no quiero hablar, que sé lo que pasa luego”, comentó. Cuando se le preguntó si en algún momento había sancionado o advertido a los responsables sobre las infracciones urbanísticas, o si desconocía que no se podían celebrar eventos, insistió el que le preguntase lo que fuera “en el portal de Transparencia del Ayuntamiento” y acabó colgando el teléfono.

En el Ayuntamiento de Santa Gadea lo único que consta es una declaración responsable de El Granero de San Francisco en el que figura como actividad principal el cultivo, secado, y destilado de lavanda así como la promoción turística de la lavanda. En realidad, solo para llevar a cabo la actividad hostelera, la mercantil tenía que presentar esa declaración responsable de la actividad real, una licencia de actividad, la inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León y la especialidad.

En cualquier caso, una vez que la Junta ha tenido conocimiento no solo de que no se ha restituido la legalidad urbanística sino de que se llevan a cabo actividades sin licencia, debería haber clausurado cautelarmente el Granero, algo que aún no ha ocurrido. La situación es arriesgada: en el caso de que se produjese un accidente, una intoxicación, un incendio (en las bodas del Granero es habitual que los novios contraten fuegos artificiales) un seguro difícilmente cubriría a las víctimas o los daños materiales por carecer de licencia.

Solo hay que buscar “bodas en El Granero de San Francisco” en internet para comprobar que la que hasta hace unos meses fue la empresa del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, junto a varios socios, siempre ha destinado ese espacio a la celebración de bodas y eventos, una actividad para la que no tiene licencia. Las publicaciones se suceden en medios de comunicación y blogs de fotógrafos especializados en reportajes nupciales, pero la Junta de Castilla y León no se da por enterada, ya que no hay un solo expediente de sanción. No es fácil que haya pasado desapercibido el enorme granero de estilo americano de madera y cubierta amansardada que se levanta en medio de un campo de lavanda en Santa Gadea del Cid (Burgos) a pocos metros de la otra empresa que también fue de Suárez y ahora está en manos de los otros socios, Eventos El Espino SL.

Suárez se deshizo de sus participaciones cuando elDiario.es desveló que estaba incumpliendo la normativa al ostentar un acta de concejal del Ayuntamiento de Burgos y poseer más del 10% en dos empresas, una de las cuales recibió contratos municipales desde el momento en que él fue edil.

elDiario.es ha reclamado durante meses las licencias de ambas mercantiles, requerimientos que tanto el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid como la Junta de Castilla y León han intentado esquivar pero que han acabado facilitando, aunque fuera del plazo legal que establece la Ley de Transparencia.

Respecto a El Granero de San Francisco, en el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid solo consta una declaración responsable fechada en abril de 2024 y que no es para bodas. Se declara como actividad principal el “cultivo, secado y destilación de lavanda complementada con la compraventa de productos obtenidos del cultivo de lavanda y plantas aromáticas, así como con la divulgación y promoción turística del cultivo de lavanda como recurso turístico del municipio Santa Gadea del Cid y su comarca”. En el formulario de declaración responsable consta que la inexactitud o falsedad tiene consecuencias legales. No las ha habido.

El Granero de San Francisco SL se creó en 2019, y desde ese año ofreció eventos de todo tipo, entre otros, conciertos, tal y como se publicitaba en la web de la otra empresa, Eventos El Espino. Desde febrero de 2019 además, empezó a publicitar la posibilidad de celebrar bodas, tal y como puede comprobarse en el portal Madrid Business, donde se anunciaba la opción de celebrar “una boda americana”. En septiembre de ese mismo año el influencer Gotzon Mantuliz celebró allí su casamiento, tal y como recogieron varias revistas.

La realidad es que en 2019 la empresa carecía de cualquier tipo de licencia. No se solicitó hasta 2020, según consta en el expediente 145/20 que obra del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos, y del que la Junta llegó a negar su existencia a elDiario.es en un primer momento. El expediente era para legalizar el almacén secadero y la destilería que se habían construido en suelo rústico protegido. En el informe del técnico de urbanismo se reflejaba que el promotor consideraba que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, pero para el técnico era “una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”.

“No respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno”

En el caso de la normativa urbanística municipal pasaba exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”. Pero es que además el granero americano se instaló sin cumplir la normativa urbanística. “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45, pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

La Junta denegó la licencia en 2021, pero la actividad agrícola y hostelera continuó

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluyó que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León”, y no cumple “con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”, por lo que se informó “desfavorablemente”. En febrero de 2021 se denegó la autorización. El Granero de San Francisco alegó sin éxito e interpuso después un recurso de alzada que, de haberse resuelto, habría puesto fin a la vía administrativa. Sin embargo, por razones que se desconocen, se solicitó el desistimiento, que aceptó el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones, el 14 de septiembre de 2022. En teoría, tras tener conocimiento de una edificación ilegal, la Junta debería haber intervenido de alguna manera, pero eso no ocurrió. El Granero de San Francisco siguió en pie y siguió celebrando bodas y conciertos, además de cultivar y destilar lavanda, y todo ello sin licencia para ninguna de esas actividades ni para la propia edificación.

Una licencia para actividad agrícola previa reforma del granero que nunca se llegó a hacer

Sin interrumpir nunca sus actividades sin licencia, en febrero de 2023 se produjo un nuevo intento de legalización. El Granero de San Francisco presentó un proyecto para legalizar el edificio que consistía en adecuarlo a las condiciones estéticas tal y como se refleja en el nuevo expediente de legalización que puso en marcha la junta, el 91/23. Lo que proponían era aplicar sobre el entablado de madera un enfoscado exterior de mortero de cemento pintado en color crema así como la modificación de los faldones de unión de las dos cubiertas del edificio principal manteniéndose el acabado en tabla de madera de pino “pero eliminándose la forma amansardada”. Respecto al edificio de la destilería, no se propusieron cambios al tratarse de una rehabilitación de un edificio existente. La licencia que solicitaba además era para llevar a cabo una actividad agrícola, de cultivo, secado y destilado de lavanda, no para uso hostelero o de eventos.

La aportación del proyecto de reforma y varios permisos e informes de la Confederación Hidrográfica del Duero o de Patrimonio (al estar situado el granero en un yacimiento arqueológico) motivaron el informe favorable de la Junta de Castilla y León. Así, en junio de 2023 —cuando ya se sabía que Borja Suárez iba a ser presidente de la Diputación— una técnica consideró que el uso “de almacenamiento, secado y destilado de lavanda producida por el promotor” era un uso sujeto a autorización en suelo rústico con protección cultural conforme al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y a las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Gadea del Cid. En ese informe favorable, se especificó claramente que se tenía que dar “cumplimiento” a las condiciones estéticas que aparecían en proyecto de febrero de 2023, esto es el cambio del tejado amansardado y recubrir todas las paredes con mortero de cemento para luego pintarlas en color crema.

La licencia: ni hostelería ni otros usos más allá del agrícola

Pero además se hacía otra matización: “No se podrán dar a las edificaciones otros usos (educativos, culturales, etc.) a los que se hacía referencia en un anexo presentado por la empresa en el modificado del proyecto con el título ”Descripción detallada de la actividad“ y que no hayan sido autorizados por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo”. “Cualquier otro uso comercial ajeno al almacenamiento, secado y destilado de la lavanda producida por el promotor es un uso prohibido en suelo rústico de protección cultural”. “La autorización quedará sujeta a las condiciones establecidas por los distintos informes sectoriales emitidos así como a aquellos otros informes y/o autorizaciones previstos en la legislación sectorial y que fueran preceptivos”, finaliza.

Además de no llevar a cabo las reformas en el edificio, que sigue siendo un granero americano de madera sin rastro de mortero de cemento con cubierta amansardada y de celebrar bodas y eventos, en el granero sí que se desarrollan habitualmente visitas guiadas que se proponían en el anejo y que fueron denegadas explícitamente. Esas visitas aparecen en la propia web de la empresa, donde se detallan días y tarifas y en informaciones de varios periódicos locales, donde se recoge que en 2024 pasaron por allí 4.000 visitantes, o que en 2023 reabría la temporada con actividades culturales como conciertos y talleres. Aunque en esos reportajes se habla abiertamente de conciertos y visitas culturales, no se mencionan las bodas, que sí aparecen en numerosos blogs de fotógrafos especializados en fotografía nupcial. En la cuenta de Instagram de El Granero de San Francisco pueden verse las fotografías y anuncios de conciertos y actividades culturales.

En un espacio natural protegido

El Granero de San Francisco se encuentra enclavado en un espacio de la Red Natura 2000, en concreto en la ZEPA (zona de especial protección ambiental) de Montes Obarenes. El informe de Medio Ambiente detectó esta circunstancia pero entendió que la actividad agrícola, que era la que El Granero de San Francisco SL solicitaba, no afectaba. Así, no solo se hay una edificación que contraviene la normativa urbanística sino que se desarrollan actividades de hostelería y culturales sin licencia para ello y en un espacio natural protegido.

elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, y con el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. Ninguno de ellos respondió.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que sigue contando su antecesor, Luis Tudanca, y que en un futuro se verá dónde. Martínez ha presentado hoy a la futura senadora por designación autonómica, la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín y ha justificado su elección como una estrategia para recuperar la alcaldía. Para colocar a Martín tuvo que quitar a Tudanca, quien aceptó el cargo de senador cuando se le instó a dejar la secretaría del PSOE en Castilla y León en favor de Martínez.

El rumor de que Tudanca no iba a durar mucho como senador adquirió más intensidad a principios de verano. Martínez ha reconocido que para evitar filtraciones comunicó a Tudanca su salida el miércoles a través de una llamada telefónica de la que no ha aportado más detalle que el de la hora, a las 9.15. Poco después, a las 10,30 llamó a Clara Martín. Tanto Martín como Martínez han reconocido que ella puso una condición: poder ser candidata a la alcaldía de Segovia en unos meses, cuando se celebren las elecciones locales. La semana que viene presentará su candidatura al proceso de primarias. Para Martínez, es una buena idea que Segovia tenga voz en el Senado y denuesta la que hay en el PP, Javier Maroto, “empadronado de rebote en Segovia y que no defiende el territorio en el que dice residir”.

“Clara Martín salió de la ejecutiva autonómica para jugar en la federal”, ha recordado Martínez, “y en la carrera por recuperar la alcaldía de Segovia, ha tenido a bien aceptar la invitación que le trasladé”, ha comentado. Carlos Martínez ha reconocido que la decisión “no es una improvisación de un día” y que es “una de las más difíciles desde el punto de vista orgánico”. Para decidirlo ha ha tenido en cuenta, entre otras cosas, “la igualdad de género”.

“Soy consciente de las polémicas, no voy a eludirlo, con una figura fundamental como Tudanca no es sencillo, pero configuramos piezas de un equipo. La decisión me correspondía como secretario general”, ha añadido. Además, ha afirmado que “no se expulsa a nadie, es una gestión de equipos y Tudanca es un valor y tiempo habrá para entender que en el equipo cuenta”.

Por su parte, Clara Martín ha admitido que “no es un paso fácil” la de aceptar la propuesta de Martínez pero que “el trabajo a nivel autonómico es un reto y no hay que rechazar la oportunidad, no sólo por ser la voz de Segovia dentro del partido, sino en las Cortes Generales”.

Carlos Martínez ha comentado además que Martín dejará el Senado si gana la alcaldía, lo mismo su sucesor en Soria, que compatibiliza ambos cargos, pero ha querido marcar la diferencia con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que también es senador.

La Plaza Mayor de Valladolid, con capacidad para 18.000 personas, permanece llena de manifestantes en “defensa” de Ceuta en estos momentos, mientras varios miles de personas se han quedado en la calle Santiago ante la imposibilidad de avanzar más. Ondeando banderas de España y con el himno oficial de fondo, miles de asistentes han coreado “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. A escasos 200 metros, en la plaza de Fuente Dorada, se ha desarrollado otra manifestación en defensa de los migrantes a la que han acudido unas 150 personas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP) se ha dirigido a los asistentes para decir “no a la violación de la integridad territorial de España en Ceuta”. Además de políticos del PP y de Vox, han asistido representantes de la CEOE en Castilla y León.

En Salamanca, El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha considerado “imprescindible” que Ceuta recupere la normalidad de antes de la “invasión” de decenas de miles de migrantes, y ha celebrado el apoyo ciudadano a las manifestaciones en este sentido celebradas en la comunidad.

“Hoy en Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo y cariño con Ceuta más que nunca. Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes tras la invasión a la que se han visto sometidos hace un mes”, ha dicho en una plaza abarrotada, informa Efe.

Por su parte, en León, el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta constituye una “invasión” de España promovida por Marruecos y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de ser el responsable de una situación ante la que, a su juicio, no actuó para evitarla.

“Lo que se ha vivido en Ceuta hace exactamente poco más de un mes es una invasión. No se le puede denominar de otra forma”, ha sostenido el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, quien ha rechazado que los hechos puedan interpretarse como una crisis migratoria o humanitaria.

Unas 3.500 personas han respaldado en Palencia el llamamiento de la FEMP, pero lo ha hecho ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, ya que la Plaza Mayor se encuentra preparada para un concierto de música con motivo de las fiestas patronales de San Antolín.

No obstante, los concentrados han emprendido una marcha hasta la Plaza Mayor, para lo cual carecían de autorización, sin que haya constancia de incidente alguno.

Al grito de ‘Ceuta se defiende, Ceuta no se vende’, un millar de personas se ha reunido en la Plaza Mayor de Soria donde el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP) ha leído un manifiesto acompañado, que ha estado acompañado por representantes provinciales del PPy por el grupo municipal Vox, con la ausencia del alcalde de la capital, Javier Antón (PSOE), y de los concejales socialistas.

Más de 5.000 personas se han reunido en la Plaza Mayor de Segovia donde ha sido leído un manifiesto con el lema ‘Ceuta somos todos’.

El manifiesto ha sido leído de forma conjunta por el defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia, Jorge Martínez Acinas; la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, María José Uñón; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de El Salvador, Javier Mosácula; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo, Félix Maroto, y el presidente del Colegio Profesional de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada.

El texto ha expresado un apoyo “firme y sin fisuras” a Ceuta e ha incidido en que la situación que atraviesa la ciudad autónoma “está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad”, pero también la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad territorial.

Varios miles de personas han llenado la Plaza Mayor de Zamora donde la vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco, ha subrayado la importancia de “mostrar todo nuestro cariño y nuestro apoyo” a Ceuta y reiterado que la capacidad de Castilla y León para acoger menores migrantes está “saturada” desde hace “muchos meses”.

En Ávila cientos de personas han abarrotado la plaza del Mercado Chico, para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, donde el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha leído una declaración institucional en la que ha mostrado “toda la solidaridad” de los abulenses con el pueblo ceutí y su gobierno, e instando al Gobierno de España a defender la “soberanía territorial de España”.

El PP de Castilla y León mantiene a Javier Maroto como senador autonómico -que lleva en el cargo desde 2019- y propone al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que dejará el cargo, según ha informado a través de una nota de prensa. Los dos candidatos del PP y el propuesto por el PSOE -que ha apartado a Luis Tudanca- serán designados en la próxima sesión plenaria, prevista para el 10 y 11 de septiembre.

Javier Maroto, que se empadronó apresuradamente en Sotosalbos en 2019, ha sido alcalde de Vitoria el portavoz del PP en la Cámara Alta. Ahora ostenta el cargo de vicepresidente primero del Senado.

Javier Iglesias llevaba presidiendo la Diputación de Salamanca desde 2011, ha sido alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015, concejal en la capital charra (2019-2023), procurador en las Cortes (1999-2000 y 2007-2011), diputado (1996-2004), senador (2004-2008) y presidente del PP provincial entre 2008 y 2022.

“Proponemos a dos personas de acreditada y sobrada experiencia institucional, que conocen bien esta tierra y sus instituciones y que van a defender con solvencia y con voz firme los intereses de Castilla y León en el Senado”, ha señalado en el comunicado la portavoz del Grupo Popular en el parlamento autonómico, Leticia García.

El PSOE de Castilla y León ha optado por prescindir en el Senado de su anterior secretario autonómico, Luis Tudanca, quien fue elegido como senador por designación autonómica tras dejar el liderazgo socialista en esta Comunidad, han confirmado a EFE fuentes socialistas. Tudanca tomó posesión como senador autonómico en mayo de 2025 tras diez años como secretario general socialista.

En una rueda de prensa convocada esta mañana por otro asunto, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha preferido esperar a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva que tienen prevista para la una de la tarde, cuando harán oficial esta decisión.

Rubio ha argumentado que todos los integrantes del partido son “necesarios”, aunque “nadie es imprescindible”: “Luis [Tudanca] ha hecho una gran labor, igual otros compañeros en otros cargos”, ha reconocido la vicesecretaria general.

Ha añadido que el actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, “tiene derecho a confeccionar sus equipos”. En su lugar, el PSOE ha nombrado a la exalcaldesa de Segovia (2022-2023), Clara Martín, que ahora es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en la corporación municipal segoviana. Martín también forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Por su parte, el PP de Castilla y León ha decidido mantener a Javier Maroto como senador autonómico y proponer al presidente provincial de Salamanca, Javier Iglesias.

El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Cargos públicos del PP en Burgos y Valladolid han criticado este lunes el retraso acumulado en la ejecución de la A-11 en un acto público celebrado en el municipio ribereño de Nava de Roa, entre reproches y abucheos de vecinos que han responsabilizado a PP y PSOE de no haber completado esta infraestructura en 30 años.

Lo que estaba previsto como un acto de partido –con pancarta, sintonía y declaraciones con vistas a la N-122– se ha visto retrasado por una protesta popular protagonizada por una veintena de vecinos que han calificado el acto como electoralista.

Los manifestantes han atribuido también a los políticos populares parte de la culpa de que no se haya terminado la Autovía del Duero y el tráfico pesado se derive a través de la N-122, con numerosos accidentes de tráfico con víctimas mortales. “Vergüenza os tenía que dar” y “vosotros tampoco habéis hecho nada”, les han espetado.

Superado el enfrentamiento, que algunos de los políticos han atribuido a representantes de partidos de izquierdas mientras otros lo han justificado por el “hartazgo” que se vive con esta infraestructura. “Fueron a por lana y salieron trasquilados. La gente les empieza a tomar la medida a estos caraduras”, ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X.

Críticas a Puente y al PSOE

El senador del PP y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha afeado que Óscar Puente inaugurara un tramo de autovía cuando esta apertura ha sido parcial y se obliga a los conductores de turismos a abandonar el doble carril antes de llegar a su supuesto término y los camiones y vehículos pesados están obligados a seguir circulando por la N-122.

“Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda”, ha afirmado, tras detallar que aún se trabaja en el viaducto proyectado en este último municipio.

Además, ha recordado que las obras ese tramo comenzaron entre 2019 y 2020 con un plazo de ejecución de tres años y, como aún no han terminado, se pospone hasta el primer semestre de 2027.

Exigencias al Ministerio

Los cargos del PP de Valladolid han indicado que exigirán al Ministerio que detalle los plazos de ejecución y finalización de los tramos de la A-11 que aún están pendientes, con qué presupuestos se cuenta, en qué situación administrativa se encuentran, qué trámites están pendientes y qué fechas se barajan para su licitación y construcción.

También pedirán que se concrete cuándo estará plenamente operativo el tramo recién inaugurado y exigirán que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe de qué protocolo se ha seguido para el acto de inauguración celebrado el pasado 24 de agosto y si se invitó a representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos afectados.

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, acusó a Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político” por sus aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez”.

Otras infraestructuras

Por otro lado, el diputado burgalés Ángel Ibáñez ha puesto el acento en las consecuencias que el retraso acumulado en la A-11 –prometida en 1996– tiene para la seguridad vial, la actividad de las empresas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Antes de finalizar, también se han referido a la situación de la A-60 y la decisión del Ministerio de Transporte de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco (Valladolid) y Santas Martas (León) por un tercer carril en algunos tramos de la N-601, lo que, a su juicio, supone renunciar a la autovía.

A mitad de reunión y sin votar como quería el equipo de gobierno municipal de Valladolid. Así ha concluido este lunes el Consejo Municipal de la Mujer, convocado de manera extraordinaria después de que trascendiera que se había eliminado la violencia de género del protocolo de acceso a vivienda social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). En este acto se ha restringido a la prensa, según han denunciado el Grupo Socialista y el Foro Feminista. Después de dos horas de debate sobre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, más de diez agrupaciones se han levantado a mitad de la reunión, en la que hay representados una treintena de colectivos. ¿El detonante? Una votación que algunos colectivos han considerado que pretendía utilizar políticamente al Consejo.

Después de que Vox impidiera una votación formal de cinco puntos -con un texto propuesto por el PSOE- y de que pretendiera que el Consejo Municipal -órgano de participación, consultivo, informativo y asesor en el ámbito municipal- votara pedir al Gobierno de España más fondos para el Pacto de Estado de violencia de género, una de las participantes ha ironizado precisamente con esta cuestión: que, si querían eliminar el concepto de 'violencia de género' por qué no proponían modificar el nombre del Pacto de Estado. Un tono que no ha gustado a los concejales presentes, el responsable de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP) y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), que ha venido por primera vez, según fuentes del Consejo.

La discrepancia ha concluido con la marcha de varios colectivos como la Asociación Vecinal Rondilla, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Adavasymt, el Foro Feminista, la Universidad de Valladolid (ha acudido una representante de la Unidad de Igualdad), la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, la asociación Asies, UGT, CCOO, PSOE y Toma La Palabra. El Foro Feminista se reúne esta tarde para ver si todo el trabajo “merece la pena seguir aportando” en el Consejo Municipal de la Mujer.

Una votación forzada

El ambiente ya era tirante cuando ha empezado esta reunión de carácter urgente y extraordinario, que pretendía informar sobre el protocolo nuevo. El anterior protocolo (aprobado en 2024 por PP y Vox) planteaba que las víctimas de violencia de género obtenían 1,5 puntos, mientras que ahora eso ha sido remplazado por “víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud” (1 punto).

En este punto ha comenzado un debate terminológico y conceptual, en el que la concejala de Vox ha insistido en que la violencia doméstica incluye a las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de que ambos son dos tipos de violencias que están tipificadas de maneras distintas. “Lo que nos han explicado no es válido. Zarandona [el concejal de Urbanismo] dice que es para dar más agilidad a los plazos y que el texto no sea tan farragoso, y que en la violencia doméstica se incluye a las víctimas de violencia machista y le hemos dicho que no”, protesta la representante de CCOO en el Consejo, Yolanda Martín.

“Nos han mareado y ninguneado, tratándonos como tontas y haciéndonos confundir la terminología cuando los términos jurídicos son muy claros”, protesta la representante de UGT. “Han cambiado el protocolo porque quieren y pueden, pero no porque este cambio lo mejore”, coinciden varias de las participantes en el Consejo de este lunes.

Entonces, la socialista Rafi Romero ha propuesto que se votaran cinco puntos sobre los que, aparentemente, había cierto consenso: rechazar la eliminación de la referencia específica a las víctimas de violencia de género, que este fuera un criterio específico de prioridad, solicitar un informe jurídico y un informe de impacto de género y establecer un mecanismo de seguimiento semestral de impacto de este nuevo protocolo sobre las víctimas de esta violencia machista.

“Nos han dicho que iban a incluir el sentimiento del Consejo, pero nosotras queríamos votarlo aunque sabemos que las resoluciones no son vinculantes”, defiende la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura.

A pesar de que las técnicas de Igualdad no han puesto objeciones a que se produjera una votación, la concejala de Vox se ha negado, por lo que se ha realizado una votación informal a mano alzada apoyando estos cinco puntos, con 21 votos a favor: 19 entidades sociales y los dos partidos de la oposición (no todos los miembros del Consejo tienen derecho a voto). “Tres veces hemos votado y no había manera”, protesta una de los miembros del Consejo.

Víctimas de violencia doméstica y/o de género

También se ha pedido que la inclusión de las víctimas de violencia doméstica no fuera excluyente y que se añadiera también a las mujeres víctimas de violencia de género, un extremo que ni PP ni Vox han querido votar. Sin embargo, los concejales sí veían oportuno votar la reclamación de más fondos del Gobierno procedentes del Pacto de Estado. “Ahora lo que vamos a hacer es levantarnos”, ha protestado una de las integrantes, a lo que se han sumado otras portavoces de las asociaciones.

“Nos hemos levantado porque no se nos estaba escuchando y se obviaba nuestra opinión. ¿Nos utilizan para hacer política? Nos levantamos y nos vamos”, ha reprochado la portavoz de UGT. “Nos hemos levantado porque no se podía aguantar. No vamos a dar ni un paso atrás”, suscribe Conchi Minayo, portavoz de Adavasymt. En un audio enviado a los medios, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha lamentado que “cuando se trata de solicitar al gobierno”, algunas asociaciones “se han marchado y no han querido dar la cara”. Desde el Consejo de la Mujer explican que los fondos del Pacto de Estado se reparten entre todos los Ayuntamientos y en base al número de víctimas de violencia de género

El futuro plan de Igualdad

La portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, ha afirmado que esta es “la primera piedra” de este gobierno en contra de las políticas de Igualdad. “Veremos hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno, apretado claramente por la extrema derecha”, ha augurado en un audio remitido a los medios.

“Nos tememos el nuevo reglamento del Consejo de las Mujeres, que lo querían modificar, y el del plan de Igualdad. La situación es muy grave”, ha protestado la portavoz del Foro Feminista, Nina Infante.

UGT lo considera “un intento de manipulación”. “Irene Carvajal jamás ha venido, hoy sí le interesaba venir. Otra veces viene otro concejal de Vox y a los dos minutos se levanta... pero hoy sí”, insiste la sindicalista. Yolanda Martín, que también es la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, ha rechazado que “se invisibilice” este tipo de violencia y ha considerado que es “una cuestión puramente ideológica” y no técnica.

Valoración de las propuestas

Rodrigo Nieto ha insistido en que el nuevo protocolo protege a las víctimas de violencia de género y se aumenten los parámetros, aunque ha asegurado que se hará “una valoración” de las propuestas que se han hecho, a pesar de que no se han votado.

En ampliación

El exdiputado del PSOE por Segovia, Juan Luis Gordo, que se dio de baja como militante hace un año, ha registrado un nuevo partido 'Por Segovia' en el que aparece como presidente ejecutivo. Gordo era un político histórico del PSOE hasta que en julio de 2025 “por dignidad personal” dejó el partido. En una carta dijo no reconocerse en una línea de actuación alejada de los valores“ que le habían llevado al partido.

Gordo se refirió también a la falta de sintonía con el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, quien según él ignoró “sistemáticamente” sus propuestas. Gordo dejó el PSOE con la intención de seguir participando en la vida cívica con colaboraciones en medios de comunicación y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia. Un año después, parece que no ha sido suficiente y pretende seguir en la vida política con Por Segovia (xSG), que se registró el pasado 27 de agosto como partido nacional. El partido cuenta ya con un logotipo en gris y negro, un dominio web registrado (www.porsegovia.es) y un correo electrónico de contacto. El domicilio social está en una vivienda familiar en el municipio de La Lastrilla. El nombre del partido recuerda al de la escisión del PP en Ávila (Por Ávila), que también utiliza la x en sus siglas y el nombre de la ciudad abreviado (XAV) .

Gordo fue diputado socialista a lo largo de tres legislaturas, senador en otra y subdelegado del Gobierno en Segovia entre 2004 y 2008. Gordo comenzó su carrera política a finales de los 90 cuando fue concejal en el pueblo donde nació, Sangarcía.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.