Castilla y León 'cuela' la liberalización de las tragaperras en su ley de impuestos ante “la falta de demanda” de máquinas

Archivo - Máquinas tragaperras

Alba Camazón


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Castilla y León ha 'colado' la liberalización de las máquinas tragaperras en su ley de impuestos de 2023, una normativa que suele acompañar a los Presupuestos de la Comunidad. Oficialmente, este ley —que todavía necesita pasar por el Consejo Consultivo y el parlamento autonómico— se llama de medidas tributarias, financieras y administrativas.

El gobierno autonómico ha preferido incluir este cambio en esta ley de acompañamiento en vez de esperar a la modificación de la Ley del Juego y las Apuestas de 1998, cuyo trámite empezó en junio de 2021. Fuentes consultadas por este diario aseguran que la Junta esperaba haber llevado el proyecto a las Cortes en septiembre y aprobar la ley en diciembre, unos plazos que no parece que vayan a cumplirse.

Según los datos de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), más de la mitad de las personas con ludopatía que acuden a esta ONG tienen una adicción a las tragaperras: De las 184 personas que solicitan allí ayuda, 84 han acudido por tragaperras en hostelería y 20 por ruleta electrónica en salón de juegos. Según la plataforma, la “inmensa mayoría” de los que vienen por problemas con las tragaperras han ingresado este año

“Falta de demanda”

Las empresas podrán solicitar nuevas autorizaciones de las máquinas tragaperras (en todos sus tipos, de un jugador, de dos o más jugadores y máquinas con el juego alojado en un servidor informático) sin necesidad de concurso público. Además, las empresas operadoras podrán dar de baja temporal las autorizaciones de máquinas tragamonedas durante hasta 12 meses.

La cuota fija de las máquinas recreativas y de azar tipos “B” y “C” se reducirá al 20% si la están de baja. Se podrán dar de alta en cualquier momento, aunque tras 12 meses de inactividad, se extinguirá la autorización de forma permanente. Todos estos trámites se deben hacer de forma telemática.

La Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por el PP, sostiene que las autorizaciones que hasta ahora debía conceder no son necesarias por “la falta de demanda del mercado”. Por lo tanto, la nueva norma pone fin al límite de máquinas tipo B (tragaperras), hasta ahora fijadas en 17.108 como máximo.

En febrero se convocó un concurso público para adjudicar las autorizaciones de las máquinas tragaperras: se convocaron 4.733 autorizaciones de explotación, pero se adjudicaron 26. En la exposición de motivos se subraya el sector está “necesitado de la adopción de medidas para salir de la crisis en la que se encuentra y contribuya a activar la economía regional”. Esperan recaudar más fondos a través de la tasa fiscal, a través del esperado aumento de máquinas tragaperras

El Consejo Económico y Social (CES) pide en su informe previo que la Administración no se olvide de los efectos negativos vinculados a un uso “excesivo e inadecuado” de las apuestas. “Las actuaciones en este campo deben ponderar las repercusiones sociales, económicas y tributarias”, exige.

Este órgano asesor independiente destaca que se introduzcan estos cambios de forma paralela a la modificación de la Ley del Juego y también menciona los acuerdos del Diálogo Social Sectorial, que pretenden acompasar estas medidas con la necesaria implicación en la prevención de las adicciones.

Las asociaciones de ludópatas temen un incremento de máquinas

Mientras que las asociaciones empresariales conocían este cambio normativo —sobre el que la Junta no ha informado manera expresa—, las asociaciones de jugadores rehabilitados muestran su asombro. “Es la primera noticia”, explican desde Salamanca y Valladolid.

La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva) ha recibido a muchas personas adictas por las máquinas tragaperras. “Este año la inmensa mayoría de casos que vienen es por las tragaperras”, explica el presidente de la asociación, Ángel Aranzana, que lamenta que no hayan esperado a la reforma de la Ley del Juego.

El presidente de la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asaljar), Alberto R. V., lamenta que la Comunidad tiene “mucha manga ancha” en materia de apuestas. “Es verdad que las máquinas tragaperras ya no tienen el boom de hace años, pero todavía tiene su clientela habitual, gente mayor y eso”, explica a este periódico. Aunque reconocer que a muchos bares no les interesa por el coste que conllevan las tasas y una recaudación que no sea tan alta como hace años, prevé que si hay más facilidades, el sector “irá en aumento”.

La patronal asegura que el mercado “no da más de sí”

El secretario técnico de la Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León (ASEOCyL), Eduardo Nieto Jiménez, asegura que la planificación vigente “no tenía sentido” porque el mercado “no da más de sí”. “Hay muchas menos máquinas que las que contemplaba la norma como máximo. Quien quiera instalar, lo pide y se lo darán. Pero si antes no se ponían más de 12.000, ahora tampoco se pondrán más”, explica a este diario.

El secretario general de FAOCALE —una de las asociaciones del sector—, Ángel Nieto, explica que esta liberalización era una petición que han formulado las empresas y valoran que haya sido “muy bien acogida” por la Junta.

Nieto defiende que las empresas no paguen la tasa de juego, de 900 euros trimestrales, cuando no funcionan todo el año. Ante esta situación, los bares y locales debían solicitar nuevas autorizaciones, continúa Nieto. Este portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León asegura que con un menor impuesto se “paliará” la situación de las empresas, que han tenido que pagar la tasa de juego incluso cuando la hostelería estaba cerrada y las máquinas, apagadas.

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