La llegada del crucero en el que se ha desatado un brote de hantavirus está provocando un choque entre administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado al presidente del Gobierno por aceptar que el barco llegue a Tenerife, se ha quejado de falta de información y ha anunciado que hará todo lo posible para que el buque no atraque en sus puertos.

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco? Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”, ha dicho Clavijo en una entrevista en la cadena Ser.

“Entiendo que eso no puede obedecer a un criterio de decisión política, nosotros no vamos a estar de acuerdo y haremos todo lo posible desde el punto de vista legal para que eso no ocurra”, ha añadido Clavijo, que ha puesto en cuestión el “cambio de criterio” del Gobierno para acoger el barco. Clavijo ha insistido en que Cabo Verde –el país frente al que está fondeado el barco– es quien debería ocuparse de la repatriación, y ha dicho que Canarias no tiene “protocolos” para acoger a los infectados.

Lo cierto es que el desembarco en España se ha acordado tras una petición formal de la OMS. Sanidad había propuesto que el crucero siguiera hasta Países Bajos una vez esté libre de infectados, y se ofreció a acogerlo solo si surgían nuevos casos durante la travesía. Pero el presidente de la OMS pidió por carta a Sánchez que permitiera el desembarco en Canarias: “Se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros”.

En la misiva, el presidente de la OMS no solo alerta sobre la salud de los pasajeros más allá del virus, sino que indica que Cabo Verde no puede hacerse cargo de la situación, y alude a varias normativas internacionales y a la solidaridad para que el buque pueda llegar a Canarias. La decisión se tomó en una reunión en la que también participaron representantes de la Unión Europea.

En la tarde de este miércoles ya se ha evacuado a los casos positivos de hantavirus del barco, que han sido llevados en avión a Países Bajos. Es decir, salvo que aparezcan nuevos casos, el barco llegará a España sin pasajeros infectados y a bordo viajarán dos médicos especialistas.

“Es razonable y justo que se asuma el control del brote”

“Es la decisión correcta. España es, posiblemente, el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación. Es razonable y justo que se asuma el control del brote y se auxilie al buque afectado”, señala Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

Faraco y el resto de científicos y expertos consultados por el SMC coinciden en que se trata de una decisión lógica, obligada por las normas internacionales y sin riesgos para nuestro país.

En esa línea se expresa también Marcos López Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL): “Es una decisión correcta y lógica. La transmisión del hantavirus, desde los roedores y a través de contacto estrecho y vía respiratoria entre humanos, se puede controlar perfectamente al encontrarse confinado en el barco y con la preparación técnica de nuestro país, a diferencia de Cabo Verde. Los pasajeros y tripulación del barco tienen todo el derecho a ser tratados y controlados de la forma adecuada”.

España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación

Adrián Hugo Aginagalde — Portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria

“Ningún país que reciba una solicitud de ayuda puede rechazarla, salvo por falta de medios. España dispone de una Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y de una Red de Vigilancia en Salud Pública para la monitorización de los posibles contactos”, afirma Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria (SEMPSPGS).

En la rueda de prensa de este miércoles, los ministros de Sanidad y de Interior han explicado que es la propia OMS quien decide el puerto al que debe ir el barco. El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—. Desde ahí se garantizará “una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

“En base a lo que se sabe, la experiencia con situaciones previas y simulacros realizados, este escenario seguiría siendo un nivel muy bajo de riesgo (el más bajo de los cuatro niveles) para la población española. Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación”, explica Aginagalde.

El epidemiólogo Amós García Rojas apela a “razones científicas y de humanidad”. En una entrevista con EFE, afirma que la posibilidad de contagios es “bajísima”: “Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela”. “Hay que pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas”, ha añadido.

“España cuenta con los medios y la coordinación necesaria para afrontar esta situación. Se hacen simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último, hace pocas semanas en el puerto de Palma, y disponemos de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos”, detalla María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Esas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) han salido a relucir durante la rueda de este miércoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública

Salvador Peiró — Epidemiólogo

Antoni Trilla, consultor del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, coincide: “No hay riesgo para la población general. Si el buque atraca en Canarias, las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública pueden realizar una nueva evaluación del estado de salud de todos los pasajeros y tripulación y decidir quiénes deben recibir atención médica”.

“La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública, asistencial y de cooperación internacional. No estamos ante un patógeno con capacidad de diseminación comunitaria y los servicios sanitarios y de salud pública de España están muy capacitados para controlar esta situación”, insiste Salvador Peiró, epidemiólogo.

La propagación de infecciones entre especies depende de contactos concretos y de la forma en que los virus se adaptan a nuevos huéspedes. La pandemia de coronavirus mostró que el origen animal no es una hipótesis lejana, sino una realidad estudiada con detalle, y también dejó claro que no todos los animales implican el mismo nivel de amenaza.

El salto de un virus a humanos ocurre en situaciones específicas, sobre todo cuando los entornos naturales se transforman y aumentan los contactos. Además, las secuelas en personas que superan la enfermedad, desde problemas respiratorios hasta alteraciones neurológicas, han ampliado el impacto más allá de la fase aguda. Ese escenario obliga a localizar qué especies concentran mayor riesgo antes de que aparezcan nuevos brotes.

El riesgo se reparte de forma desigual dentro de los quirópteros

Esa necesidad de identificar focos concretos encaja con el trabajo dirigido por Caroline Cummings, de la University of Oklahoma, publicado en Communications Biology, donde un equipo analizó cerca de 900 especies de mamíferos para detectar qué grupos albergan virus con mayor capacidad de provocar epidemias.

El estudio no señala a todos los murciélagos como amenaza, sino que localiza el riesgo en ramas evolutivas específicas. Los investigadores revisaron datos de virus conocidos y su relación con distintos animales, y así delimitaron qué especies han estado vinculadas a enfermedades graves en humanos. La conclusión apunta a una concentración desigual del peligro dentro del mismo grupo animal.

Dentro de ese reparto desigual, ciertas familias destacan sobre el resto. Los datos muestran que no todos los murciélagos comparten el mismo perfil, ya que algunos concentran valores más altos de riesgo mientras otros apenas aparecen asociados a virus peligrosos.

Entre los grupos señalados figuran murciélagos insectívoros extendidos en varios continentes y especies que viven cerca de construcciones humanas, una circunstancia que aumenta la probabilidad de contacto. También aparecen zonas geográficas concretas donde coinciden estos animales con una fuerte presencia humana, como partes de África ecuatorial o el sudeste asiático, lo que eleva la posibilidad de transmisión.

Esa localización más precisa del riesgo cambia la forma de plantear la prevención. En lugar de estudiar todas las especies, los programas sanitarios pueden centrarse en regiones y animales concretos donde la interacción es más frecuente.

La OMS descarta culpar a especies y apuesta por vigilancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que no hay que señalar a un animal como culpable, sino vigilar cómo se producen los contactos. Además, eliminar colonias no reduce el problema, ya que altera el equilibrio natural y puede aumentar la circulación de virus. La vigilancia dirigida, en cambio, permite detectar patógenos antes de que se expandan y ajustar las medidas de control en cada zona.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo desarrolló una herramienta específica que mide el riesgo de cada virus. Ese indicador, denominado potencial epidémico viral, combina varios factores, entre ellos la gravedad de la enfermedad, la facilidad de transmisión entre personas y el número de muertes registradas en brotes anteriores.

Con ese sistema, los investigadores compararon especies y detectaron patrones en el árbol evolutivo de los mamíferos. El resultado muestra que el riesgo no depende solo del animal, sino del tipo de virus que alberga y de su comportamiento en humanos.

Las cifras reflejan el alcance y las secuelas de la pandemia

El impacto en personas de estas enfermedades se entiende mejor al mirar las cifras. En España, el Ministerio de Sanidad registró 121.760 fallecidos por COVID-19 hasta finales de 2023, mientras que el Instituto Nacional de Estadística elevó el total a 150.426 al incluir casos confirmados y sospechosos.

Durante 2022, esa enfermedad fue la principal causa de muerte con 31.559 casos registrados. A escala mundial, las estimaciones superan los seis millones de fallecidos, una cifra que refleja la capacidad de estos virus para expandirse con rapidez. A ello se suman las secuelas que afectan a millones de personas, desde fatiga persistente hasta daños en órganos.

Los murciélagos de herradura concentran especial atención científica

Entre las especies señaladas con mayor atención aparecen los murciélagos de herradura, de la familia Rhinolophidae, ya asociados a coronavirus similares al SARS. Estos animales viven en colonias densas en cuevas de Europa, incluida España, el norte de África y amplias zonas asiáticas.

Al haber tantos ejemplares se facilita la circulación de virus entre individuos. Su tamaño reducido, entre cinco y siete centímetros, no impide que desempeñen un papel relevante en la transmisión.

Algunos estudios han analizado virus como el HKU5-CoV-2, capaz de infectar distintos mamíferos y de usar la proteína ACE2 para entrar en células humanas. Aunque no hay evidencia actual de contagio entre personas, la coincidencia entre estas especies y áreas con fuerte actividad humana hace que su vigilancia sea necesaria.

Se cumplen 6 años de la pandemia. Y han pasado 8 meses desde la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad que, por primera vez, incluía a la Covid Persistente entre las enfermedades crónicas.

Un tiempo en que nada ha cambiado para los pacientes. En el que su salud ha seguido empeorando y han continuado encontrándose con dificultades para la atención sanitaria. Un tiempo en que el hemos conocido la muerte por las complicaciones de la sintomatología de la Covid Persistente de una joven de 20 años, hace apenas unos días, en Madrid.

Cada mes que pasa, aumenta el riesgo para la salud y la vida de los más de 2 millones de españoles que han sufrido o sufren actualmente la enfermedad, según estudios poblacionales de consenso [1]. Solo en la en la Comunitat Valenciana son unos 165.000, según otro estudio poblacional de la Universitat Jaume I [2]. También se ve amenazada la salud para quienes contraerán esta dolencia a raíz de próximos contagios de Covid-19, un virus respiratorio que hemos normalizado, pero con complicaciones posteriores que pueden conllevar una pérdida severa de la salud y hasta la muerte.

Sabemos que la administración tiene sus plazos. Pero nosotros solo tenemos una vida. Y ya llevamos mucho tiempo esperando.

En estos ocho meses, por parte de las instituciones competentes en las comunidades autónomas, no tenemos noticia de la creación e implementación de protocolos para que los enfermos pasen al circuito asistencial de las dolencias crónicas. De manera que, por ahora, no pueden acogerse a programas que podrían ser beneficiosos para su salud y situación social, cada vez más agravadas.

Tampoco nos llega por parte de la administración central ninguna activación de mecanismos de control o acompañamiento para el cumplimiento con una Estrategia de Cronicidad que ellos mismos presentaron.

A las primeras, hemos de recordarles que la salud no puede ser un arma de oposición política. Y a las segundas, que la delegación de las competencias sanitarias no significa el abandono. La gestión sanitaria es una poderosa herramienta política y, en un Estado del Bienestar, debería de usarse siempre en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos muertos más hacen falta? ¿Pueden seguir escudándose unos y otros, gobierno central y administraciones autonómicas, en que es una enfermedad reciente, en que los servicios sanitarios están desbordados, en que no hay avances científicos concluyentes?

Lo que sí avanza es la enfermedad, que se agrava en la mayoría de afectados que lleva más de un año sufriéndola, con pérdidas crecientes a nivel cognitivo, de movilidad y autonomía en los casos más severos. Lo que también avanza es la aparición de nuevos casos, con cada oleada de contagio por nuevas cepas.

El tiempo corre en nuestra contra. Pero también en contra suya.

Porque habrán de explicarle a la sociedad y a su propia conciencia cómo, seis años después, todavía no han podido poner en marcha una estrategia asistencial que frene el empeoramiento de los casos, que minimice la pérdida de vidas, que impulse la investigación, que ofrezca un trato digno, humanitario y equitativo, como el que merece cualquier otro enfermo, a los pacientes de Covid Persistente.

Cada nuevo caso sin un protocolo asistencial específico suma nuevos motivos para la desconfianza en un Sistema Nacional de Salud que es de todos y que debería de atendernos a todos. Incluso a quienes somos el recuerdo del periodo más triste de nuestra historia reciente. Porque superar la pandemia no es dejar atrás a sus víctimas. Es atenderlas, dignificarlas y ofrecerles una esperanza.

[1] Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L. et al. Long COVID science, research and policy. Nat Med 30, 2148–2164 (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03173-6

[2] https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/02/23/covid-persistente-165-000-valencianos-sufren-secuelas-coronavirus-cinco-anos-despues-114557941.html

Un cuarto juzgado de Madrid ha llamado a declarar a varios ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso para responder por la muerte de ancianos en residencias de la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En este caso tanto Carlos Mur como Javier Peromingo, entonces directores de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, tendrán que comparecer como investigados el próximo 10 de febrero junto con Pablo Busca, máximo responsable en ese momento del SUMMA 112. Ese juzgado investiga la muerte de una anciana en una residencia de Manoteras.

Distintos juzgados de la región investigan por lo penal si los protocolos que puso en marcha la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de marzo de 2020 supusieron una discriminación para los ancianos de las residencias al impedir su hospitalización mientras los geriátricos permanecían sin medicalizar. En un primer momento varios juzgados archivaron las causas que mantenían abiertas por entender que estos 'protocolos de la vergüenza' podían ser una decisión cuestionable pero no delictiva, pero recientemente otros juzgados han reabierto diligencias y llamando a declarar a estos responsables sanitarios como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora.

La nueva citación será el próximo 10 de febrero en el juzgado 37 de la Plaza de Castilla de Madrid y las principales comparecencias son las de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo. Ante otros juzgados diferentes, los dos han renegado de la parte más polémica de estos protocolos que, según los familiares, impidieron de facto que sus padres y abuelos fueran llevados a hospitales donde las posibilidades de supervivencia eran mayores.

Martínez Peromingo apuntó a Mur como el responsable de estos protocolos mientras que el propio Mur se distanció de estos criterios. Junto con ellos también están llamados a declarar el entonces responsable del Servicio de Urgencia Médica de Madrid y la geriatra de enlace del hospital Ramón y Cajal. Esta investigación se solapa con otras abiertas en un juzgado de Collado Villalba y en otros dos de la misma Plaza de Castilla. Otro juzgado de Leganés se inhibió tras intentar tomarles declaración.

Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.

Este es el primer episodio de la tercera temporada de Catástrofe Ultravioleta, un cambio de planes después que el coronavirus nos encerrara a todos en casa. Es la historia de ese impacto global sin precedentes, de cómo el 2020 quedará en nuestra memoria como el año que pasamos mirando por la ventana y en el que nos dimos cuenta de un montón de fenómenos a los que hasta entonces no habíamos prestado atención por nuestra actividad y otros que empezaron a surgir como consecuencia de que la humanidad permaneció agazapada metida en sus casas con la esperanza de que frenar el avance del coronavirus

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¿Qué es Catástrofe Ultravioleta?

Catástrofe Ultravioleta es un podcast de Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez que trata de acercar el mundo de la ciencia a través de los más diversos ámbitos de conocimiento. Cada episodio es una experiencia sonora que ofrece una aproximación a la realidad desde perspectivas inesperadas y una buena dosis de humor.

Desde el punto de vista técnico, cada entrega es también una pequeña composición artística, ya que cuenta con ambientaciones y músicas originales para cada episodio, montadas en ocasiones con el viejo espíritu del radioteatro y el espectáculo sonoro. Todo para emprender un viaje mental y sensorial que transmita el amor a la ciencia y la sensación de que el mundo está por descubrir.

Estrenado a principios de 2014 y ganador de un premio Ondas, Catástrofe Ultravioleta es un podcast pionero en español, con una enorme comunidad de seguidores. Un proyecto innovador que explora el formato sonoro para contar historias, cuyo regreso despierta una gran expectación.

La cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta se podrá escuchar en elDiario.es a principios de 2026.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha elaborado un plan de contingencia para la Navidad dada la “circulación adelantada” de la gripe estacional y la previsión del “habitual incremento” de demanda asistencial en esta época del año. Sin embargo, la moneda tiene dos caras. Por un lado, se prevé la posibilidad de disponer hasta de 540 camas hospitalarias más. Pero, por otro lado, se admite que el 27% de los centros de salud de la red de atención primaria verá reducido su horario por escasez de personal en esta época del año.

El documento, fechado a 22 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, arranca con una mención a la oleada de gripe. Se ha “intensificado” la “presión” sobre el sistema sanitario y, aunque se ha dado ya por superado el pico de una campaña estacional especialmente activa en 2025 pese a que la incidencia supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes -un indicador que con la COVID-19 en la pandemia era “alerta roja”-, se asume como “habitual” que las vacaciones navideñas comportan un pico de “demanda asistencial”. Por ello, son precisas medidas “excepcionales”.

El plan parte de la base de que “el índice de ocupación global de los hospitales de la red es del 82%” en el momento de elaboración del diagnóstico, es decir, este lunes. Sin embargo, se apunta a que “Osakidetza está preparada para un incremento de camas en caso de que fuera necesario”. “En concreto, la ampliación puede llegar hasta 540 camas más, 59 en Araba, 287 en Bizkaia y 194 en Gipuzkoa”, indica el Servicio Vasco de Salud.

En el ámbito hospitalario se anuncia un “análisis diario” de la disponibilidad de plazas para ingresos, tanto en planta como en UCI, así como una “optimización” de las medidas de “aislamiento”. Otras medidas son la habilitación de “consultas de alta resolución” en medicina interna, neumología y cardiología, una “gestión ágil” de las altas para ir liberando espacios y el “refuerzo del personal médico y de enfermería en los servicios con mayor demanda”. Se plantea también incrementar la derivación de pacientes a hospitalización domiciliaria o a centros de media y larga estancia o a residencias, en su caso. Se quiere, igualmente, “potenciar” la “implicación” de laboratorios, radiodiagnósticos y equipos de medicina preventiva.

La actividad quirúrgica también se ve limitada “en aras a disponer del mayor número de camas posible”. Así, se acotarán los ingresos previos al mismo día de la operación o incluso se irá a cirugías sin hospitalización. Se priorizarán las operaciones de oncología y de pacientes ingresados frente a otras actividades, asimismo.

Sin embargo, es ya habitual en Navidad que el incremento de la demanda se vea acompañado de una reducción horaria en atención primaria por la acumulación de vacaciones del personal. Se explica que la idea es “poder contar en enero con todos los recursos disponibles para hacer frente al posible incremento de circulación de virus respiratorios, que suele tener sus picos más altos tras la festividad de Reyes y con la vuelta a la normalidad”. Expone Osakidetza que el 73% de los ambulatorios “mantendrá el horario habitual”, lo que comporta 'de facto' una reducción en el otro 27%. Se rebaja al 10% la afección en consultorios que únicamente tienen servicio durante uno o dos días semanales, los de pueblos más pequeño. En 2024 llegaron a ser un 38% los centros afectados, según datos oficiales facilitados hace doce meses.

La norma general es que el horario pase a ser de 8.00 horas a 17.00 horas. Los ajustes, que son variables en cada demarcación y obligan a consultar la web oficial, han arrancado ya esta semana y podrían estirarse en algunos supuestos hasta el 10 de enero, según el plan de contingencia. Los PAC (puntos de atención continuada que atienden casos no urgentes cuando los ambulatorios no están disponibles) mantendrán “su horario habitual”, aunque en otros años se han registrado turnos sin personal médico.

El documento prevé una “monitorización” de la “demora asistencial” en atención primaria con el ánimo de “priorizar” citas “espontáneas y en el día”. Eso implica, igualmente, una prometida mejora de la “accesibilidad” telefónica. Significativamente, Osakidetza insiste en llamar a estos servicios como “atención al cliente” y no “atención al paciente”. Su busca también liberar cupos médicos con consultas únicamente de enfermería en “procesos leves autolimitados”.

Uno de los jueces que investigan las muertes de ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia ha interrogado este miércoles a un antiguo alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso y ha hecho una petición al imputado: que aporte pruebas, ya sean mensajes o correos, que prueben que él se opuso a los 'protocolos de la vergüenza' que provocaron la no derivación de miles de ancianos de residencias a hospitales. Este investigado, que ya declaró ayer ante otro juez que investiga el fallecimiento de otro anciano en otra residencia de la región, ha reiterado que él participó en la elaboración de los protocolos pero se opuso a incluir criterios de no derivación.

Francisco Javier Martínez Peromingo era coordinador de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. Y es uno de los antiguos altos cargos sanitarios de la administración de Isabel Díaz Ayuso que han sido imputados en varios juzgados que investigan si esos protocolos de no derivación provocaron la muerte de miles de ancianos internos en residencias que enfermaron y fueron privados de una mejor atención hospitalarias. Un total de 7.291 muertos según las víctimas.

Peromingo ya compareció ayer ante un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid, que analiza la muerte de un anciano en una residencia Amavir de Valdebernardo, y este miércoles ha repetido su declaración ante un juez de Collado Villalba, que investiga el fallecimiento de otro en Torrelodones. Según fuentes conocedoras de su declaración, ha vuelto a decir, tal y como hizo ayer, que él suscribió esos protocolos pero que protestó enérgicamente contra la inclusión de unos criterios de no derivación que consideraba discriminatorios.

En este caso, el magistrado de Collado Villalba ha pedido al imputado, a través de su letrado, pruebas concluyentes de lo que ha afirmado estos últimos días en dos declaraciones judiciales sucesivas: mensajes o correos donde Martínez Peromingo dejara por escrito, en esos días de 2020, sus objeciones a uno de los puntos centrales de las indicaciones que las familias de afectados han bautizado como 'protocolos de la vergüenza'.

Los tribunales han reactivado varias de estas causas judiciales después de varios archivos y sobreseimientos y después también de que los conflictos de competencia entre distintos juzgados hayan retrasado varias declaraciones. Las causas abiertas recientemente difieren de las anteriores ya archivadas de que ahora los antiguos altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso comparecen como investigados y no solo como testigos.

Carlos Mur es considerado el ideólogo de estos protocolos y ya compareció como testigo en varias causas, aunque por ahora los jueces no han podido tomarle declaración como imputado. El exdirector de atención sociosanitaria de la Comunidad de Madrid no acudió ayer a su cita con el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid que sí interrogó a Martínez Peromingo y la acusación que representa a las familias de los afectados y fallecidos ha pedido que sea puesto en búsqueda y captura.

Javier Martínez Peromingo, director de atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha declarado esta mañana como imputado para renegar de los protocolos que él mismo elaboró y que la administración de Isabel Díaz Ayuso aplicó en las residencias. En su comparecencia, este antiguo alto cargo sanitario ha reconocido que la indicación de no derivar a ancianos de residencias a hospitales fue discriminatoria y ha revelado que él se opuso de forma contundente a esa parte de los protocolos, aunque ha apuntado a su predecesor en el cargo: Carlos Mur. Un imputado que no ha acudido a declarar hoy porque el juzgado no es capaz de encontrarle, algo que las víctimas han pedido solucionar con una orden de búsqueda y captura.

Dos juzgados de la región han decidido reactivar esta semana las causas penales que mantienen abiertas contra Mur, Peromingo y otros antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por los protocolos de no derivación que, según las víctimas, desembocaron en la muerte de 7.291 ancianos que no fueron sacados de las residencias para ser hospitalizados. Estas declaraciones se habían retrasado ya en varias ocasiones por conflictos de competencia entre distintos juzgados de la región que investigan los mismos protocolos.

Francisco Javier Martínez Peromingo ha comparecido para reconocer su papel en la elaboración de esos protocolos durante lo peor de la pandemia pero para descargar en Carlos Mur, también director de atención sociosanitaria, la responsabilidad de la parte que él considera discriminatoria: la indicación de no hospitalizar a los ancianos que enfermaron en residencias sin medicalizar.

“La declaración ha sido relevante, ha señalado directamente la responsabilidad de Mur”, ha destacado Alejandra Jacinto, letrada que ejerce la acusación en esta causa en nombre de las familias de afectados. “Según él se trataba de mejorar borradores y documentos, pero en ningún momento incluía ninguna cuestión de discriminación, eso siempre era Carlos Mur”, ha explicado. Según esta letrada, este impuesto ha asgurado que “puso el grito en el cielo, manifestó que era discriminatorio y nunca participó”.

El principal señalado en esta declaración, Carlos Mur, no ha comparecido a pesar de estar llamado. El juzgado, ha explicado Jacinto, alega que no ha sido capaz de dar con él, aunque sí ha comparecido en otras causas. “Ha sido un absoluto chasco, una vergüenza, de nuevo ha conseguido eludir la acción de la Justicia. El juzgado alega que no ha podido ser citado, no lo encuentran, lo han intentado de todas las maneras y lo cierto es que parece estar desaparecido”. “Ya van muchas veces, son muchas las suspensiones”, ha lamentado la letrada antes de anunciar que pedirá al juzgado su búsqueda y captura.

Jacinto ha abandonado los juzgados mientras unos 40 familiares de personas fallecidas en residencias gritaban contra Isabel Díaz Ayuso en la Plaza de Castilla. “Esta persona no puede seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlando el dolor de las víctimas, que tienen todo el derecho del mundo a una investigación en condiciones”. Sobre la declaración de Martínez Peromingo, Alejandra Jacinto mantiene que él sí tuvo un papel protagonista en esos protocolos aunque este martes haya renegado de ellos: “Mantenemos como acusación que él tuvo una participación necesaria e imprescindible para la elaboración de esos protocolos”.

Tres antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid declararán la semana que viene como imputados en dos juzgados que investigan las muertes de ancianos en residencias de Valdebernardo y Torrelodones, respectivamente, durante la pandemia. Comparecerán ante los jueces en dos días consecutivos tanto Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, su sucesor Francisco Javier Martínez y el entonces responsable del Summa 112 en la región.

Diversos juzgados de Madrid han abierto, en los últimos años, más de una decena de causas penales para investigar si la aplicación de los protocolos de no derivación en la región –bautizados como “protocolos de la vergüenza” por los afectados– se tradujeron en una peor atención a los ancianos que vivían en residencias y, en la práctica, empeoraron su situación sanitaria. Las familias denuncian que hasta 7.291 ancianos fallecieron por la aplicación de estos protocolos de no derivación a hospitales.

Algunas de estas causas han sido archivadas, con varios jueces calificando de “discutible” este protocolo, pero otras han seguido adelante y en el último año, de forma inédita, han llamado a declarar a los responsables de los “protocolos de la vergüenza”. Carlos Mur, por ejemplo, ya ha testificado en varias causas y ha defendido que esos protocolos estaban destinados a dar un criterio a los sanitarios, pero sin que fueran una imposición.

Un primer juzgado de la Plaza de Castilla les tomará declaración en martes en una causa que analiza la muerte de un anciano en una residencia Amavir de Valdebernardo. Un día después están llamados a comparecer también como investigados en Collado Villalba por la muerte de una persona en una residencia Sanitas de Torrelodones. Son declaraciones que ya fueron convocadas hace varios meses pero que han sufrido retrasos por la distribución de las causas entre distintos juzgados de la región.

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a un aspirante a Policía Nacional que en 2020 fue sancionado por acudir a una fiesta de cumpleaños saltándose las limitaciones sanitarias y exhibir su carnet de alumno de la academia de Ávila cuando los agentes le pidieron que se identificara. Interior le quitó 15 puntos de sus notas de ese año, lo que le llevó a suspender dos asignaturas y quedarse fuera de la Policía, y ahora el tribunal de garantías le da la razón: fue sancionado en base a una normativa actualmente derogada y que “carece por completo de cobertura legal”. El tribunal de garantías, con votos de conservadores y progresistas, tumba la sentencia del Supremo que avaló la sanción y abre la puerta a anular más sanciones similares a alumnos de la academia policial a los que se les restaron puntos de sus calificaciones.

Fuentes del caso entienden que ahora, una vez anulada la sanción, la Policía tendrá que revertir el proceso y este antiguo aspirante tendrá que ser nombrado funcionario del cuerpo. Sus dos suspensos, que le dejaron fuera de la Policía Nacional, desaparecen de su expediente tras la nulidad de la sanción declarada por el Constitucional. En la actualidad el afectado es agente de la Guardia Civil.

Los primeros meses de pandemia trajeron consigo diversas restricciones sanitarias para evitar las concentraciones de gente y, específicamente, la de personas no convivientes en espacios cerrados. Unas restricciones especialmente agudas en mayo de 2020, dos meses después del estallido de la crisis sanitaria, cuando la Policía acudió a un local donde hasta 17 personas se saltaban el confinamiento en una fiesta de cumpleaños. Uno de ellos era alumno de la escuela de Policía Nacional en Ávila y así se lo hizo saber a los agentes, enseñando incluso su carnet.

La Policía Nacional sancionó a este alumno, defendido, por el abogado Ángel Galindo, y le quitó 15 puntos, algo menos de un punto por asignatura, de sus calificaciones de ese año clave: el que determina si un aspirante entra en la Policía Nacional después de pasar la oposición y las prácticas. Esa sanción le llevó a suspender las asignaturas de Inglés y Organización y Habilidades Sociales, quedando finalmente excluido del proceso selectivo y, en la práctica, fuera de la Policía Nacional. Sus recursos fracasaron ante el Tribunal Superior de Madrid y el Tribunal Supremo y ahora ha sido el pleno del Constitucional el que le ha dado la razón.

Con la ponencia de Ramón Sáez y los votos en contra de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, el pleno entiende que este aspirante a policía –que no fue sancionado por acudir a la fiesta sino por exhibir su carnet de alumno cuando llegó la Policía– fue sancionado en base a una norma de 1981 que “carece por completo de cobertura legal”: la que permite restar puntos a las notas de un alumno sancionado. Además, esa inconstitucionalidad alcanza no solo al caso concreto de este aspirante a policía, sino a ese artículo concreto de la norma, aunque ya fue derogada en 2024. Esto, dice el Constitucional, puede aplicarse a otros casos similares pendientes de sentencia.

La Justicia ordinaria confirmó diversas sanciones a policías y aspirantes que durante la pandemia se saltaron las restricciones sanitarias para acudir a fiestas, a la espera de conocer los efectos que la anulación del estado de alarma por parte del Constitucional tiene en esas resoluciones. Cuatro subinspectores de Policía, por ejemplo, fueron sancionados por una fiesta en abril de 2021 en la que se negaron a abrir la puerta y la Policía tuvo que montar un operativo de vigilancia durante horas.

En este caso la sanción vino por identificarse como alumno de la academia de Ávila y no por acudir a la fiesta. Los jueces esgrimieron en todo momento un Reglamento de 1981 para considerar como falta grave “alegar la condición de funcionario en prácticas del citado Cuerpo en circunstancias que no lo precisaren”. Una norma provisional que no fue derogada hasta el año pasado y que regulaba la “Escuela Superior de Policía”, y que en su artículo 73.1 exponía la posibilidad de restar de 10 a 15 puntos de las notas de un alumno sancionado por falta grave. Un artículo que ahora queda anulado.

La unidad especializada en Osakidetza para atender casos de COVID-19 persistente fue activada a finales de febrero, coincidiendo con el quinto aniversario de la llegada de los primeros contagios por coronavirus a Euskadi. Es un único servicio de referencia para todo Euskadi con sede en el hospital de Basurto, en Bilbao. Según el primer balance de actividad, 104 pacientes han pasado ya por allí y quedan 90 en seguimiento después de 14 altas. El Servicio Vasco de Salud admite que la atención es mejor en Bizkaia que en Gipuzkoa y Álava.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha facilitado al Parlamento Vasco informes con datos sobre la puesta en marcha de esta unidad a instancias de la representante del PP Laura Garrido. Se trata de un balance de la actividad de marzo a junio. Ahí consta que los casos atendidos han sido 104, pero con un fuerte desequilibrio territorial. Son 84 pacientes vizcaínos, el 80%, por once alaveses y nueve guipuzcoanos, el 20% en conjunto. No se desagrega el dato por sexos aunque siempre se había apuntado a lo que también se conoce como 'long COVID', en inglés, como una patología con una mayor prevalencia en mujeres.

Según admite Osakidetza, la derivación de pacientes de Gipuzkoa y Álava a Basurto “se activó un mes más tarde que en Bizkaia”. Además, allí han de ser “valorados” por internistas antes de ser enviados a la unidad de referencia, “por lo que esto también ha retrasado inicialmente la llegada de pacientes de dichos territorios”. En Bizkaia, además de los internistas, médicos de cabecera, neurólogos, facultativos de respiratorio e incluso personal de rehabilitación han enviado casos a la unidad especializada en COVID-19 persistente.

De los 104 casos ya atendidos, 14 han recibido el alta médica. Son, ahora mismo, 90 los casos con “seguimiento activo” y pendientes de nuevos “controles”. Es pronto para valorar los seguimientos en marcha porque el grupo de trabajo apenas lleva cuatro meses activo, se señala. Nadie queda ingresado y, en la práctica, la unidad opera como una consulta externa más. Hay personal médico y de enfermería, así como enlaces en otros ámbitos (particularmente rehabilitación, psiquiatría, medicina interna y respiratorio) para tener antenas que detecten posibles nuevos casos, principalmente en Basurto.

¿Qué criterios ha de presentar una persona que en su momento se contagió y pasó la COVID-19 para que sea considerado un caso “persistente”? Según Osakidetza, los rasgos de esta patología son la “fatiga severa” e “incapacitante”, tener “quejas cognitivas graves”, presentar “cefalea crónica” y “dolor severo”, así como “disautonomía”, “impacto funcional grave” y otros síntomas “graves”. No se tienen que dar todos. El Servicio Vasco de Salud, en todo caso, deja claro que la presencia “moderada” de esos problemas no es un criterio de derivación. “La persistencia/cronicidad de síntomas no será criterio de derivación, sino su gravedad”, indica el protocolo. También se pide que los cuadros de posible “sugestión” o “ansiedad” sean valorados antes por psicólogos o psiquiatras.

Con datos hasta septiembre de 2024, al menos 9.379 personas han fallecido con COVID-19 en Euskadi desde que el 28 de febrero de 2020 se registró el primer positivo. Los hospitalizados en este tiempo ascienden a 52.381, alrededor de un 2% de la población, y el Servicio Vasco de Salud estima que ha recibido en atención primaria a 800.000 personas por este motivo, más de un tercio de los vascos y un porcentaje mucho más alto entre mayores de 60 años.

Es solo un párrafo en un documento firmado entre Sanidad y las comunidades autónomas, pero se ha convertido en una luz en la oscuridad para miles de personas en España. La covid persistente se ha reconocido oficialmente como una enfermedad crónica. Así lo recoge el Plan Operativo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, que el Consejo Interterritorial de Salud acaba de aprobar y que mandata a “establecer circuitos asistenciales específicos y protocolos de seguimiento multidisciplinar para personas con síntomas prolongados tras la COVID-19, garantizando una respuesta adaptada, integral y basada en la evidencia”.

Carmen Parrilla coge el teléfono, fatigada, tras conocer la noticia. En su actual vida, que aún le cuesta reconocer, todavía hay margen para la alegría. Hace cuatro años y medio, en la Nochebuena de 2021, se contagió con la variante ómicron y desde entonces el camino tortuoso de pruebas médicas, tratamientos paliativos e incertidumbre no le habían dado un respiro. “Que se nos vea, que haya luz, que sea un primer paso”, dice esta mujer de 57 años que se siente “atrapada en un cuerpo de una anciana”. La lista inacabable de síntomas desembocó a finales de 2023 en una incapacidad permanente –sujeta a revisión– para trabajar. Le duelen tanto las articulaciones que necesita muchos días muletas para caminar y se agota con actividades tan cotidianas como coger el transporte público. “Luego lo pago”, lamenta.

“Hemos colapsado durante estos años la sanidad porque no sabíamos lo que teníamos. Sufríamos problemas de salud importantísimos pero nadie nos hacía mucho caso”, resuelve José Méndez, presidente de la Asociación Madrileña de Covid Persistente (AMACOP). Su vida cambió de golpe en mayo de 2021, cuando ingresó en el hospital con una neumonía bilateral causada por el virus.

Nunca nada volvió a ser como antes. Lo despidieron de su trabajo como director financiero en una gran empresa y ahora, con una buena carga de deudas económicas con familiares y amigos a la espalda, tiene un puesto en un centro especial de empleo. Intentó que fuera una jornada completa, pero el cuerpo no le aguanta.“Cuando llego a casa a mediodía, como y me quedo toda la tarde tumbado”, explica a elDiario.es. Ha recurrido la denegación de la incapacidad permanente para trabajar y está a la espera de juicio.

Esta situación se repite en muchos enfermos, según las asociaciones de pacientes. No solo es el malestar diario, el haber perdido la salud, sino las estrecheces económicas derivadas de tener limitaciones para seguir trabajando. O directamente no poder. No hay cura para lo que les pasa –que puede diferir, además, entre unos enfermos y otros– sino tratamientos para reducir los síntomas uno a uno.

Muchas preguntas sin responder

La covid persistente sigue despertando una maraña de preguntas sin respuesta que tiene perdidos a los investigadores y a los médicos. Todavía no se ha medido su prevalencia en España –no se sabe cuántas personas siguen sufriendo estos síntomas de manera crónica– y tampoco se tiene claro qué lo desencadena. El primer paso es definir lo que es, algo que aún no ha sucedido oficialmente.

La Organización Mundial de la Salud ofreció en 2023 la siguiente descripción: “La afección posterior a la COVID-19, también conocida como ”COVID de larga duración“, hace referencia a una variedad de síntomas prolongados que algunas personas presentan después de haber padecido la enfermedad. Esos síntomas pueden persistir desde la enfermedad inicial o presentarse después de la recuperación. Pueden aparecer y desaparecer, o reaparecer con el tiempo”. Los síntomas asociados por el organismo de Naciones Unidas a esta dolencia son la fatiga, la disnea y la disfunción cognitiva – confusión, pérdida de memoria o falta de concentración y claridad mental– que “pueden menoscabar la capacidad para realizar actividades cotidianas como trabajar o realizar labores domésticas”. Y deben persistir al menos durante dos meses.

La Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP) da estas coordenadas para encuadrar la enfermedad: personas que tienen síntomas persistentes después de 12 semanas tras la infección, que se mantienen al menos durante dos meses y que no se explican por ninguna otra patología. Este último detalle es clave y explica por qué la mayoría de los pacientes han llegado al diagnóstico por descarte.

“Los estudios estiman que en España hay 2,4 millones de personas en esta situación, que ahora pasan a ser considerados enfermos crónicos”, explica Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la ReiCOP. Como los diabéticos o los hipertensos. “Desconocer tantas cosas nos pone inquietos, pero obviamente algo pasa”, zanja la médica que también está al frente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). El reconocimiento como enfermedad crónica, piensan en la REiCOP, “da carta de naturaleza a lo que pasa cuando estábamos mirando para otro lado”.

En el caso de Nelly Gran, una aragonesa de 44 años, el virus llegó para quedarse en su cuerpo al tercer contagio en marzo de 2022. Diez días después corrió al hospital por un trombo. Nunca había tenido ningún problema cardiovascular antes. “Me empiezan a pasar cosas raras. Mi cabeza no funciona, dejé de saber sumar y tengo que escribirlo todo en una agenda en papel porque en el móvil no soy capaz. Me agobio mucho”, describe al otro lado del teléfono. También ha perdido visión de uno de los ojos.

Las ocho organizaciones que han negociado con el Ministerio de Sanidad esta nueva consideración consideran “crucial” que los médicos puedan codificar la covid persistente en las historias clínicas para “a nivel macro conocer la dimensión del problema, el número de afectados reales y poder dotar a las administraciones de los recursos para hacer frente a este problema de salud pública”. Otro de los pasos pendientes, advierten, es “trabajar con el INSST el estudio y reconocimiento de las incapacidades laborales” para evitar la judicialización de los procesos a los que se ven abocados muchos enfermos

Las cosas han cambiado, en todo caso, para bien, según los pacientes. Catalunya, Aragón, Euskadi, Castilla y León, Andalucía, Comunitat Valenciana, Murcia y Canarias tienen unidades de atención integral a pacientes con covid persistente. Galicia contaba con otra pero la cerró. “Cuando íbamos en 2020 a las consultas nos tomaban por locas. Imagínate, además siendo la mayoría mujeres”, recuerda Delphine Crespo, presidenta de la asociación Long Covid de Aragón y una de las personas que ha actuado de interlocutora con Sanidad. “Primero conseguimos la PNL, presentada por Sumar, en noviembre de 2024, y en paralelo pedimos que nos recibieran en Salud Pública y nos apoyaron”, cuenta.

Crespo también deposita muchas esperanzas en este avance. “Hasta ahora no tenemos ningún reconocimiento oficial a nivel del flujo asistencial. Todos los organismos por los que pasábamos eran un limbo, incluidos los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSST). Dependíamos de lo que el profesional supiera de la enfermedad y de su voluntad al vernos. Ahora tendremos un marco que además será igual en todas las comunidades”, señala. “Es una enfermedad muy dura, invisible y que poca gente entiende. Esperamos que gracias a este reconocimiento se despierte más comprensión”, concluye.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha tumbado buena parte del articulado de la ley vasca antipandemias de 2021. Quedan anuladas, entre otras disposiciones, las posibles consecuencias para quienes no se sometieran a pruebas o programas de vacunación, restricciones de movilidad o de reunión o incluso aislamientos o confinamientos, según ha informado la corte de garantías.

Fue Vox, haciendo uso de la previsión de interponer recursos a la normativa autonómica mediante sus diputados en el Congreso, el que elevó el asunto al Constitucional. Algunas medidas ya estaban suspendidas cautelarmente, ya que el artículo 14.3 relativo a vacunaciones había sido recurrido también por el Gobierno de España al interpretar que podía ser una obligatoriedad no contemplada en el ordenamiento jurídico español. En todo caso, el efecto práctico del fallo es pequeño ya que hace años que no se emplea este esquema al haber finalizado ya la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El texto fue planteado por el Gobierno de Iñigo Urkullu en el segundo año de la pandemia, 2021, precisamente para dotar de seguridad jurídica a sus actuaciones. Se tramitó como proposición de ley en el Parlamento y no como proyecto de ley, es decir, sin informes jurídicos y por una vía simplificada. Finalmente, solamente recabó el apoyo de PNV y PSE-EE, los grupos del Ejecutivo. Las izquierdas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, se abstuvieron y las derechas, PP, Ciudadanos y Vox, votaron que 'no'. La única parlamentaria de esta última formación, Amaia Martínez Grisaleña, señaló en la tribuna que el texto “apestaba” y adelantó esa maniobra desde el Congreso para interponer el recurso.

Según el Constitucional, el Parlamento Vasco ha entrado a regular cuestiones que “afectan a los derechos a la integridad física (art. 15 CE) y a la intimidad personal (art. 18 CE)”. En España esto solamente se puede hacer en las Cortes Generales y por medio de una ley orgánica.

“Las medidas de aislamiento, cuarentena y confinamiento inciden sobre la libertad personal del art. 17 CE. Las restricciones a la movilidad nocturna o dentro del territorio de Euskadi interfieren en la libertad de circulación del art. 19 CE. Las limitaciones de las reuniones sociales y a la permanencia de grupos de personas afectan al art. 21.1 CE, en conexión con el art. 18.1 CE”, explica. El Constitucional, que ha tenido como ponente en esta sentencia a María Luisa Segoviano, no solamente anula los artículos pedidos por Vox sino que también lo hace con otros muy similares y por las mismas razones.

Se da la circunstancia de que una importante mayoría de las medidas normativas adoptadas por el Ejecutivo de Urkullu durante los momentos críticos de la pandemia acabaron anuladas bien en los trámites urgentes en aquellos mismos momentos -el juez Luis Garrido se convirtió en verdadera pesadilla para el Gobierno- o bien con recursos 'a posteriori'.

La jueza de la localidad madrileña de Leganés que investiga a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia ha solicitado que sea un único juzgado el que analice los protocolos de no derivación de las residencias. La magistrada ha decidido aceptar la petición de uno de los imputados, inhibirse y dejar en manos de un juzgado de Madrid las diligencias que mantiene abiertas contra varios responsables sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, al entender que los dos están investigando los mismos hechos y contra las mismas personas.

Dos juzgados distintos de la región tomaron una decisión inédita hace semanas: investigar por lo penal los protocolos que impidieron la derivación de miles de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia pero con los altos cargos sanitarios responsables como imputados y no como testigos, como había sucedido hasta ahora. Carlos Mur, responsable de coordinación sociosanitaria en la primera mitad de 2020 y su sucesor, Francisco Javier Martínez, junto con Antonio Burgueño, entonces asesor sanitario de Ayuso.

Por el momento ninguno de los antiguos altos cargos madrileños ha declarado como investigado en ninguna de las dos causas. El juzgado número 3 de Madrid decidió suspender sus citaciones después de que las defensas pidieran más tiempo para estudiar las diligencias y poder defenderse. El juzgado de Leganés tomó declaración como testigos al exconsejero Alberto Reyero y al director de HM Hospitales, Juan Abarca, pero suspendió la declaración de Burgueño como testigo al entender que podía llegar a ser imputado.

La magistrada de Leganés entiende que ambas causas deben instruirse de forma conjunta y ahora esa petición queda a la espera de que el juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid acepte esa inhibición. En los últimos años diversos juzgados de la región han abierto y cerrado causas por los mismos protocolos, denominados “protocolos de la vergüenza” por las familias de los fallecidos, y algunos han acumulado varias diligencias en movimientos similares.

Algunos de estos altos cargos imputados, como es el caso de Carlos Mur, ya han comparecido en causas anteriores pero como testigos. Este exdirector de coordinación sociosanitaria ha afirmado ante varios jueces en los últimos años que él firmó esos protocolos y que lo hizo para que los facultativos y trabajadores de las residencias tuvieran “algo” a lo que agarrarse en las peores semanas de pandemia. También que, en cualquier caso, su aplicación no era obligatoria y estaba sujeta al criterio último de los responsables de las residencias y sus enlaces en los hospitales.

Burgueño, asesor sanitario de Ayuso y mando único en Madrid durante la pandemia, entró en el juzgado de Leganés como testigo y explicó que se le “nominó” como mando único en una reunión en la que estaban la presidenta madrileña, su jefe de gabinete y dos de sus consejeros. En ese momento la Fiscalía solicitó que se cortara su comparecencia ante la posibilidad de que fuera llamado a declarar como imputado.

En esas diligencias, que ahora el juzgado de Madrid tendrá que decidir si asume en una única causa, también compareció el exconsejero Alberto Reyero, abiertamente contrario a estos protocolos desde su implantación, para reiterar que los rechazó por ser un criterio “discriminatorio” para los ancianos enfermos. Abarca, de HM Hospitales, también confirmó que muy pocos residentes de centros públicos fueron derivados a sus hospitales.

La cara A de la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid fue todo un éxito. Tanto, que la presidenta que apostó por “cañas y libertad” mientras otras comunidades autónomas cerraban el comercio y los bares logró una mayoría para el PP en 2021. La receta que se vendió era mantener la vida y no exagerar con medidas que limitaban el turismo o las ganancias hosteleras, además de un paquete ambicioso de medidas que fue presentado el 12 de marzo. En el caso de los mayores que vivían en residencias –más vulnerables al virus por edad, enfermedades previas, convivencia estrecha– la receta fue “medicalizar” los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco los primeros días de pandemia y difundieron las notas de prensa redactadas en la Puerta del Sol, sede del gobierno autonómico. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, dejaron por escrito. Los familiares y la sociedad lo creyeron.

La cara B está emergiendo cinco años después de que fallecieran casi 10.000 mayores en dos meses, un récord en España. Un total de 7.291 de ellos lo hicieron sin ser trasladados a hospitales y sin que se hubieran medicalizado las residencias, como se había asegurado. Tampoco se cumplió el anuncio de que la privada se pondría al servicio de todos los ciudadanos, entre otros anuncios que quedaron en el tintero.

En todo este tiempo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso o su consejero de Sanidad entonces –Enrique García Escudero, hoy senador– no han dado información sobre por qué no se enviaron sanitarios a los centros, por qué no se usó Ifema o la privada para los mayores, por qué se les impidió ir a hospitales o por qué solo los que tenían seguro privado fueron trasladados. Todo ello, denuncian las asociaciones de familiares, es el cóctel que propició no solo que murieran, sino que murieran en malas condiciones, víctimas de una discriminación en la atención sanitaria, el delito recogido en el artículo 511 del Código Penal que están investigando un juzgado de Madrid y otro de Leganés.

De las personas que fueron testigos de cómo se gestó realmente el plan o que intervinieron políticamente en aquellos meses dramáticos, solo el entonces consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, –el encargado de las residencias de mayores–, que era de Ciudadanos, denunció que se estaba abandonando a los más vulnerables y se mostró contrario a los protocolos, como recoge su libro Morirán de forma indigna y correos que envió a Sanidad. Tras semanas de enfrentamientos, fue apartado de decisiones clave y acabó dimitiendo en octubre de 2020. Díaz Ayuso, que no ha admitido errores en su gestión, no ha pedido perdón y señala a las asociaciones de familiares como arietes politizados, sigue catalogándolo como persona “desleal” a su gobierno. La última vez, esta semana en Telemadrid. También una epidemióloga de Sanidad alertó por carta de que las residencias iban a ser una catástrofe sin que le hicieran caso. De los médicos que se iban a enviar no hay rastro.

Esa cara B ha ido apareciendo también en testimonios de familiares o en la comisión de investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid –y que cerró abruptamente el PP en cuanto tuvo los votos necesarios–. Pero ahora también en las declaraciones, como testigos o investigados, de altos cargos de Ayuso o personas que fueron de su confianza y que por primera vez apuntan hacia arriba y dan detalles de cómo se trabajó en los momentos más esenciales de la catástrofe sanitaria.

El gurú de Ayuso

El último que ha revelado cuál fue la realidad señalando hacia la cúspide ha sido Antonio Burgueño. Como él mismo dijo en su declaración en la comisión de investigación, la presidenta lo llamó el 10 de marzo para pedirle ayuda. Este exdirector general de Hospitales e ideólogo de la privatización sanitaria de Madrid con Esperanza Aguirre contó el martes ante la jueza de instrucción que le citaron a una reunión clave en la que se decidió la estrategia del coronavirus en Madrid.

Fue el 11 de marzo de 2020, en la sede del Gobierno y estaban la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad y el de Hacienda. Allí se le nombró informalmente “mando único” de toda la Sanidad, aunque eso no llegó a suceder porque el 15 de marzo quedó fuera de toda decisión. Ni se le contrató ni se le pagó. Al día siguiente a la reunión, este médico de profesión entregó un documento con 270 medidas que Ayuso asumió en su totalidad y presentó el 12 de marzo a la opinión pública. Entre ellas, 15 medidas para las residencias, incluyendo la medicalización.

Pero no se puso en marcha, como el propio Burgueño admitió en su comparecencia en la Asamblea: “No se dio la orden. Es lamentable [que fallezca una persona] sin que lo haya visto un médico”. “Todos los días debería ir un enfermero. Hay que mantener un enfermo con flujo de oxígeno constante y con otras medidas”, defendió en febrero de 2021 ante los diputados regionales. También contó entonces que creó un grupo de expertos, 13 o 14 especialistas, y que dichos médicos se presentaron a la presidenta el día 14 o 15 de marzo. En la nota de prensa oficial se les cita como parte de un “comité de coordinación” del que ha trascendido poco.

Ese cónclave secreto en la Puerta del Sol con Ayuso, al que Reyero no estuvo invitado aunque sí un responsable de Hacienda que no tenía que ver en temas sanitarios sin que haya trascendido el porqué, es clave porque implica de manera más directa a los más altos responsables de la Comunidad. Hasta ahora han pasado por los juzgados técnicos, altos cargos, directores de residencias o geriatras, pero no consejeros ni, mucho menos, Díaz Ayuso, que siempre ha enmarcado la gestión en un escalafón técnico que hizo todo bien. La declaración de Burgueño como testigo fue parada a los pocos minutos, ya que al contar la reunión y su implicación en ella, la jueza de Leganés entendió que podría acabar siendo citado como investigado y suspendió la sesión para proteger su derecho a la defensa. También tiene pendiente declarar como testigo en otro juzgado de Madrid que investiga si hubo discriminación sanitaria.

Pero en sede judicial se están conociendo otros detalles desconcertantes sobre las pocas personas que decidieron el plan de contingencia más importante de Madrid. Precisamente la declaración como testigo ante la justicia de otro exalto cargo de Ayuso ha revelado que, después de ese cónclave con sus personas de confianza, se optó por redactar unos protocolos que limitaran la derivación de mayores con problemas de dependencia –cognitiva, física o las dos– a los hospitales, condenando a una población de 50.000 mayores a no tener atención sanitaria ni en centros hospitalarios ni en sus residencias.

Fue Carlos Mur, excoordinador sociosanitario con Ayuso en pandemia, quien contó que él firmó esos protocolos –hubo varias versiones– pero no fue quien los redactó. Apuntó como ideólogo a Francisco Javier Peromingo, alguien que no pertenecía orgánicamente a la Consejería de Sanidad ni era un alto cargo del consejero. Peromingo era entonces coordinador sociosanitario de Quirón en los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General Villalba y Fundación Jiménez Díaz, como muestra su propio currículum. Por qué un geriatra que trabajaba coordinando para un gigante sanitario privado acabó redactando y decidiendo el destino de todos los mayores de residencias de Madrid es algo que tampoco ha sido aclarado. Si se le contrató y pagó para ese trabajo o quién lo supervisó, tampoco.

Un geriatra de Quirón

Este geriatra, al que Ayuso fichó en mayo de 2020 –dos meses después de haber participado en los protocolos– para sustituir a Mur y que ahora ha vuelto a trabajar para la concertada en la Fundación Jiménez Díaz, defendió en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea su labor, admitió haber participado en los borradores de los protocolos y justificó el trabajo de los llamados “geriatras de enlace”, que fueron quienes aplicaron los frenos a la derivación de los mayores. Tanto Peromingo como Mur, que no han contestado a la petición de información de elDiario.es, tienen pendiente declarar en un juzgado de instrucción de Madrid como testigos. No así el consejero de Sanidad, que de momento ha quedado fuera del perímetro de las investigaciones judiciales (es aforado, como Isabel Díaz Ayuso).

La declaración de otro testigo este martes, el presidente del grupo sanitario privado HM, ha aflorado también otra mentira de aquel plan que se presentó como histórico para luchar contra la pandemia. Ayuso aseguró que la sanidad privada y la pública se integraban en un “mando único”, algo que no sucedió: como dijo este directivo en la sala, se pusieron todas las camas a disposición de la Comunidad, pero casi nadie fue derivado y no se supo más de ese mando único. Solo enviaron a sus hospitales 34 pacientes sin seguro privado desde las residencias, a pesar de que tenían espacio suficiente para atender a más personas.

Aunque de momento son dos juzgados los que han abierto causa por la posible discriminación sanitaria, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron ese mismo delito: “Algunos están aún pendientes de que decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados”, ha señalado el equipo legal que defiende a las familias.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha comparecido por primera vez como imputado en el Tribunal Supremo para reconocer que en 2021 difundió una falsa prueba PCR de Salvador Illa. Según ha explicado a la salida, a preguntas del magistrado Javier Hernández, el líder de 'Se Acabó La Fiesta' ha afirmado que “era un documento que estaba circulando masivamente por todas las redes sociales”, negando como ya hizo ante un juzgado de Barcelona que él elaborase esa falsa prueba médica del entonces candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya.

“No había ningún elemento de mala fe o injuria hacia el señor Illa”, ha añadido en la calle ante los micrófonos. En su tuit publicado en 2021 en una cuenta donde entonces acumulaba más de 200.000 seguidores, Alvise afirmaba que su objetivo era “demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente” en plena campaña de bulos contra el candidato del PSC. Según la Fiscalía, Alvise actuó “con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la presidencia de la Generalitat”.

El eurodiputado de extrema derecha, cuya principal promesa electoral fue revelar audios sobre sobornos en la judicatura que nunca vieron la luz, ha llegado al Tribunal Supremo a las nueve y cuarto de la mañana. Ha mandado un saludo a “todos los medios subvencionados” y ha celebrado estar por primera vez en el alto tribunal “después de un millón de votos”, refiriéndose a los 800.000 sufragios que consiguió en las últimas elecciones generales.

Esta causa fue instruida durante varios años en un juzgado de Barcelona hasta que Alvise obtuvo su escaño de eurodiputado en Bruselas y el aforamiento obligó a enviar la causa al Supremo. Ya entonces reconoció haber difundido esa falsa prueba PCR de Illa, pero negando ser su autor y alegando que, para entonces, ya estaba circulando por distintas redes sociales.

“Es curioso porque esta denuncia viene de Fiscalía y se presenta como acusación el PSOE, se está presentando en todas la causas referidas a mí, es llamativo”, ha dicho Alvise a las puertas del tribunal después de aludir a la “mafia” socialista, al caso de Leire Díez y de ensalzar a los “gloriosos” agentes de la Unidad Central Operativa.

La difusión de una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la campaña catalana de 2021 es una de las tres causas penales a las que se enfrenta Alvise Pérez en el Tribunal Supremo. También está imputado, y a la espera de declarar, por fomentar el hostigamiento y el acoso de sus miles de seguidores a la fiscal Susana Gisbert, así como por financiar de forma supuestamente irregular su plataforma electoral con 100.000 euros que le entregó en efectivo Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas y también imputado.

La magistrada de Leganés que investiga por la vía penal las muertes de ancianos en residencias de Madrid ha parado la testifical de Antonio Burgueño, alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, ante la posibilidad de que pueda ser citado como imputado en el futuro. La jueza, que también ha tomado declaración como testigos al exconsejero Alberto Reyero y a Juan Abarca, responsable de HM Hospitales, ha estimado esta petición de la Fiscalía después de que Burgueño haya explicado que, en una reunión con Ayuso y sus colaboradores el 11 de marzo, fue propuesto como mando único sanitario.

Es uno de los dos juzgados de la región que, recientemente, han abierto sendas causas penales para investigar las muertes de ancianos en residencias y los protocolos sanitarios de no derivación enviados esos días por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y que, según los afectados, propiciaron el fallecimiento de más de 7.000 personas. Burgueño, en ese momento asesor sanitario que elaboró el “plan de choque” anunciado por el gobierno regional en las primeras semanas de pandemia, ya ha sido imputado en otra causa que investiga un juzgado de la Plaza de Castilla.

En este caso, según ha explicado el abogado de la acusación Carlos Castillo a las puertas de los juzgados, la magistrada de Leganés ha interrumpido su testifical después de que la Fiscalía lo haya solicitado. El motivo es que Burgueño ha explicado que el 11 de marzo de 2020 acudió a una reunión con Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y sus consejeros de Sanidad y Hacienda y allí, aunque no se habló de los protocolos, propuso crear un mando único sanitario. En ese momento, ha dicho el letrado, fue “nominado” aunque no nombrado formalmente como ese mando único.

Castillo, que llama a ser “prudentes” ante su posible imputación, ha explicado que en ese momento su declaración ha sido interrumpida. Será en los próximos días cuando la magistrada de Leganés decida si es llamado a declarar como imputado, tal y como ha sucedido en la causa de un juzgado de Madrid que también investiga estos protocolos y estos fallecimientos. A la salida de su declaración, Burgueño ha rechazado hacer declaraciones y se ha limitado a señalar, sobre los protocolos, que él “no estuvo” en esa fase.

Según ha explicado el letrado, también ha comparecido en calidad de testigo Juan Abarca, responsable de los centros privados HM Hospitales puestos a disposición de la Comunidad a través de ese mando único. “Se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas a los hospitales privados, se hicieron previamente habiendo pasado por un hospital público: no se utilizaron los recursos de los hospitales privados en manos de la Comunidad para atender a los residentes”, ha dicho el letrado. Según la declaración de Abarca, ha dicho que apenas “entre dos y cuatro” residentes fueron derivados directamente a sus hospitales desde los geriátricos.

“Las personas morirán de forma indigna”

También ha comparecido en calidad de testigo Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales por Ciudadanos en el gobierno de coalición que, meses después, rompió Isabel Díaz Ayuso. Crítico con estos protocolos desde hace años, incluso en un libro que ha escrito al respecto, Reyero ha explicado ante las cámaras que ha reiterado lo que sabe de la creación de los protocolos: “Los firmó Carlos Mur, eran fundamentalmente dirigidos a los hospitales. Me dirigí a él y dije que si se aplicaban, las personas morirían de forma indigna, y expliqué las razones por las que pensaba que se estaba discriminando a las personas que vivían en residencias”.

Carlos Mur, entonces coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso, está llamado a declarar como investigado junto con su sucesor en esta causa dentro de dos semanas. En otras causas judiciales, Mur ha comparecido como testigo para defender la creación de estos protocolos como algo no obligatorio para los facultativos y buscando que los médicos y geriatras tuvieran un criterio al que agarrarse. Mur también está imputado en la causa abierta en un juzgado de la ciudad de Madrid, aunque su declaración como investigado se retrasó para que su abogado tuviera tiempo de examinar las actuaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del aumento de casos de covid-19 a nivel mundial causados por una nueva variante del SARS-CoV-2, denominada NB.1.8.1, que ha puesto ya bajo vigilancia, precisando que por el momento el riesgo para la salud pública se considera “bajo”.

Así lo recoge en el informe de evaluación de riesgos elaborado por el Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución de los Virus (TAG-VE, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 23 de mayo. En el mismo, apunta que se espera que las vacunas disponibles en la actualidad contra la covid-19 sigan siendo eficaces contra esta variante, tanto en casos sintomáticos como graves.

Según explica, a 18 de mayo de 2025, se habían identificado 518 secuencias de NB.1.8.1 provenientes de 22 países, lo que representa el 10,7% de las secuencias disponibles a nivel mundial en la semana epidemiológica número 17 de este año, es decir, el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de abril.

La OMS detalla que esta cifra “sigue siendo baja” respecto a otras variantes en circulación. LP.8.1 representa la mayoría de casos, con un 39%, aunque está en descenso. Sin embargo, señala que se trata de un aumento significativo en la prevalencia de NB.1.8.1 con respecto al 2,5% registrado cuatro semanas antes, en la semana epidemiológica 14, que comprende entre el 31 de marzo y el 6 de abril.

En concreto, entre las semanas 14 y 17, la prevalencia de NB.1.8.1 aumentó del 8,9 al 11,7% en la región del Pacífico Occidental; del 1,6 al 4,9% en la región de las Américas; y del uno al seis por ciento en la región europea. Mientras, en la región del Sudeste Asiático solo existen cinco secuencias de esta variante, y no se ha detectado ninguna en la Región africana ni en la Región del Mediterráneo Oriental.

No hay evidencia de mayor gravedad

La NB.1.8.1 es una variante del SARS-CoV-2 derivada de la variante recombinante XDV.1.5.1, y su primera muestra se recolectó el 22 de enero de 2025. Pese a su rápido crecimiento, la OMS puntualiza que NB.1.8.1 solo presenta una evasión inmunitaria adicional mínima en comparación con la variante LP.8.1.

Aunque se han reportado aumentos en los casos y las hospitalizaciones en algunos países de la Región del Pacífico Occidental, donde se encuentra la mayor proporción de variantes NB.1.8.1, no hay informes que sugieran que la gravedad de la enfermedad asociada sea mayor en comparación con otras variantes circulantes.

Ante esta situación, la OMS y su Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus han reiterado sus recomendaciones a los Estados miembro para que prioricen medidas específicas para abordar mejor las incertidumbres relacionadas con el escape inmunológico y NB.1.8.1. De este modo, han aconsejado a los países realizar ensayos de neutralización con sueros humanos representativos de la comunidad afectada, así como con sueros de modelos animales sin tratamiento previo infectados con virus vivos aislados NB.1.8.1.

Además, han sugerido realizar una evaluación comparativa para detectar cambios en los indicadores de gravedad, ya sean continuos o ad hoc. Igualmente, el organismo internacional ha afirmado que continúa evaluando de forma periódica el impacto de las distintas variantes del virus en el rendimiento de las vacunas, junto a su Grupo Técnico Asesor sobre la Composición de las Vacunas contra la covid-19.

Por último, ha señalado que revisará esta evaluación de riesgos a medida que se disponga de más evidencia y datos de otros países.

La magistrada que investiga a varios antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid por las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia ha decidido suspender la declaración de varios imputados, a las que pondrá una nueva fecha más adelante. La jueza ha aceptado las alegaciones de, entre otros, el imputado Carlos Mur –entonces coordinador sociosanitario de la administración de Isabel Díaz Ayuso– en las que se quejaban de que no habían tenido acceso a las actuaciones y no podían defenderse.

Decenas de víctimas han estado toda la mañana frente a los juzgados de Madrid. Con pancartas de “verdad, justicia, reparación”, una gran lona con el número 7.291 pintado en negro y gritos de “vergüenza” y “no se iban a morir igual”, han acogido con tristeza la noticia del retraso de las declaraciones de los imputados. “Lamentablemente han planteado una suspensión, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes”, ha dicho Eduardo Ranz, uno de los tres abogados que representa a las víctimas junto con Alejandra Jacinto y Carlos Castillo.

“Las declaraciones se han suspendido, pensamos que es una estrategia, una maniobra dilatoria de las defensas, desde el uno de abril hay un auto dictado por la jueza en el que se les citaba como investigados, han tenido dos meses para poder instruirse y venir el día de la declaración a decir que no tienen conocimiento pensamos que es una estrategia dilatoria”, ha añadido Jacinto.

La causa en la que ha declarado Mur fue archivada pero el juzgado optó por reabrir las diligencias después de una nueva denuncia de las víctimas apoyada por la Fiscalía de Madrid. Más de un centenar de familiares de fallecidos presentó nuevas reclamaciones en el Ministerio Público tras el archivo de varios casos en distintos juzgados de la región y en este caso, por primera vez, la magistrada ha decidido llamar como imputados no a los sanitarios y responsables de las residencias investigadas sino al firmante de los protocolos: Carlos Mur.

Esta no es la primera vez en que Mur, coordinador sociosanitario de la administración de Ayuso durante lo peor de la pandemia, comparece en un juzgado, aunque hasta la fecha siempre lo había hecho como testigo. Sus explicaciones, hasta la fecha, siempre han sido similares: los protocolos se crearon para que los sanitarios tuvieran algún criterio al que agarrarse cuando Madrid registraba cientos de muertos al día, y su aplicación siempre estuvo sujeta al criterio de los facultativos y sus coordinadores.

En otra de sus comparecencias como testigo o en la Asamblea de Madrid en 2021 llegó a señalar a su sustituto, Javier Martínez Peromingo, como responsable también de esos protocolos. Martínez Peromingo es otro de los imputados en el caso.

Estos argumentos, hasta ahora, habían sido suficientes para que varios juzgados archivaran las causas abiertas en torno a muertes en residencias de Arganzuela, San Blas o incluso localidades como Torrelodones. En uno de estos casos, un juzgado calificó de “discutibles” los protocolos y las decisiones políticas tomadas por la Comunidad en esas primeras semanas de pandemia, pero coincidió con sus compañeros en señalar que la vía penal no era el camino para exigir responsabilidades dado el caos sanitario que caracterizó esos días en residencias y hospitales de la capital.

La causa ahora queda en suspenso hasta que la magistrada establezca una nueva fecha para que los imputados declaren, una vez sus abogados tengan acceso a toda la causa judicial y los informes y declaraciones que hay en ella.