La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desplegado un dispositivo policial, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, para desalojar dos núcleos de asentamientos que se encontraban en el Pont del Treball Digne, en las obras del tren de la Sagrera. Los campamentos, en los que vivían unas 200 personas, están en unos terrenos que son propiedad de Adif.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el operativo se ha llevado a cabo a raíz de un informe de los Bomberos de la capital catalana, que han realizado un informe de la zona en el que se constata que “existe un riesgo grave e inminente” para las personas que vivían allí, lo que hacía necesaria una actuación “con carácter de urgencia”.

Hasta el pasado octubre, en esta zona había hasta cuatro asentamientos de chabolas, pero el incendio que hubo en uno de ellos provocó el primer desalojo. Así, todavía queda otra zona de chabolas, justo delante de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, que estos días está siendo demolida. Los residentes de este cuarto asentamiento recibieron el lunes una notificación en la que se les ordenaba abandonar voluntariamente la zona en un plazo de 48 horas, que se acaba este mismo miércoles.

Ahora, a estos residentes que todavía quedan, les toca esperar la orden del juez, que es el que ordenará el desalojo. En el operativo de este lunes también han participado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y los servicios de limpieza municipales.

Miércoles de desalojos

El desalojo del asentamiento de chabolas del Pont del Treball Digne ha coincidido con otro desahucio, este en el bloque Sant Agustí del barrio de Gràcia. Allí estaba programada la primera expulsión de un bloque propiedad del fondo Amsterdam Developers, que compró la finca en 2023 para destinarla a 'colivings'.

La intención de la propiedad es trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones, una modalidad más lucrativa que el alquiler tradicional y cada vez más habitual en Barcelona.

El desahucio, que finalmente ha sido suspendido gracias a la movilización vecinal, ha cosechado el rechazo tanto del president de la Generalitat, Salvador Illa, como del Ayuntamiento de Barcelona, que instó a la propiedad a parar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda para los vecinos de la ciudad.

Es un año distinto pero, en realidad, no han pasado ni dos meses desde la última visita a las chabolas de Ventas. A finales de noviembre, este periódico recorrió los márgenes de la M-30 a su paso por Ciudad Lineal, donde los asentamientos de gente sin hogar eran un elemento más del paisaje a pocos metros de la plaza de toros. A unos 20 minutos a pie, en el mismo distrito, se alzan dos grandes hoteles de cuatro estrellas, el Ilunion y Novotel, pensados para albergar turistas o ejecutivos y cuyas habitaciones esta semana rondan los 300 euros al día. Paradores de alto standing junto a unos refugios de chapa que se trasladaron a los terraplenes de sus alrededores. Dos formas de pasar una noche de invierno.

Recién arrancado el 2026 y con el runrún de posibles desalojos por parte del Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida confirmó desde el futuro Parque Ventas que Ciudad Lineal sería el punto de partida de una deschabolización inminente en todo Madrid. “Somos conscientes de que estos asentamientos ilegales están ocasionando molestias y alterando la convivencia de los vecinos y el barrio”, aseguró el alcalde, anticipando que pronto se iniciaría un “levantamiento inmediato” de las chabolas en el entorno de la obra. Alegó que estas generaban conflictos en el barrio, y por eso era urgente acabar con ellas. Pero en el vecindario discrepan.

“Para nosotros no representa un problema de seguridad, muchas veces ni siquiera interactuamos. En realidad, lo que no es digno es vivir en esas condiciones sin recibir atención”, sentencia Nuria Serrano, presidenta de la Asociación de Vecinos San Pascual de Ciudad Lineal. Precisamente en sus declaraciones desde Ventas, Almeida especificó que el levantamiento de chabolas se haría desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento y se darían “alternativas” a quienes viven en ellas. Eso sí, teniendo siempre claro que “no puede haber asentamientos ilegales que perjudiquen la convivencia en los barrios”, concluyó, distanciándose, sin embargo, de la percepción entre representantes vecinales.

En su discurso desde el distrito, el alcalde de Madrid anticipó que este sería “el año de la vivienda, de los barrios y de su transformación urbana”. Advirtió a los madrileños de cambio “a mejor”. También habló de las complicaciones que implica abrir un censo oficial de estas personas que viven y duermen en la M-30, principalmente al ser gente “que va y viene” y con la que ven difícil contactar. Más desde que muchas huyeron a otros puntos de la ciudad.

Este verano se iniciaron los trabajos para cubrir la vía de circunvalación a la altura de Ventas y construir encima una plataforma ajardinada de más de 16.000 metros de superficie. Además de Ventas o Ciudad Lineal, existen otras zonas de Madrid donde es habitual encontrarse con construcciones de chapa o cartón. Fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad confirmaron a mediados de enero que “próximamente” hay programa una actuación conjunta para ponerles fin, y en la que participará la Policía Municipal, Samur-Social y Selur, el Servicio de Limpieza Urgente.

La noticia recuerda a un pasado reciente. Hace algo más de tres años, en 2022, la entonces vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, difundió en redes sociales una imagen muy criticada por oposición y ONG junto a varios asentamientos que estaban desmantelando unos operarios municipales. Lanzaba un mensaje: se acabaron las chabolas. Villacís equiparó este problema con la “okupación” y anunció que el Ayuntamiento había desmantelado casi 600 tiendas improvisadas en toda la ciudad. Las razones aducidas fueron las mismas que ahora, relacionando su presencia con más conflictos vecinales.

Esta vez, el Ayuntamiento no dará una fecha exacta ni informará de la hoja de ruta por barrios para “no exponer” a un colectivo vulnerable, con el que se comprometen a ofrecer recursos municipales o atención social siempre y cuando estas personas lo acepten. Pedro —nombre ficticio— es trabajador de una ONG que colabora con las personas en situación de calle, cree estar volviendo a un escenario casi olvidado, pero muy presente en el Madrid de los ochenta y noventa: “La ciudad se está llenando de asentamientos, es ahí donde tendríamos que poner el foco”.

Considera que red de recursos está diseñada para un perfil muy tradicional de gente que duerme al raso, generalmente hombres de entre 40 y 50 años que viven solos, pero “no atiende de la misma forma a grupos cohesionados”. De momento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene tres equipos de atención en calle focalizados en asentamientos chabolistas o grupos que atienden en los 21 distritos de la capital.

Siete de cada diez personas sin hogar lo son a largo plazo

Pedro asegura que este fenómeno vuelve a extenderse a toda la región, desde Fuenlabrada al Corredor del Henares. “Antes, las personas sin hogar solían serlo a raíz de un problema concreto. Una deuda, o tal vez una adicción. Ahora, cada vez te encuentras a más trabajadores cobrando el salario mínimo que ya no pueden pagar una habitación”, añade, introduciendo una clave contemporánea al problema del sinhogarismo: “Si no hay viviendas accesibles, habrá más asentamientos”.

La relación entre las dificultades para encontrar piso en una capital abrumada por los alojamientos turísticos que suben el precio al metro cuadrado —el año pasado se detectaron hasta 15.000 en régimen ilegal— o los fondos extranjeros que adquieren edificios para reformarlos a precio de dólar, las posibilidades de perder una casa y no volver a encontrarla, han dejado de ser asunto exclusivo de los más vulnerables.

Con los datos en la mano es difícil comprobar cómo evoluciona este fenómeno. Muchas personas sin hogar llevan años viviendo al margen del sistema, así que existen pocas estadísticas oficiales que reflejen su realidad. En el Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo, la más reciente es de 2022, cuando el acceso a una vivienda era ya algo complejo pero aún no alcanzaba la magnitud de los últimos años. Las primeras cifras post-pandemia reafirmaron que se trata de un problema estructural, y casi nunca puntual: el 70% de la gente llevaba más de cinco años en situación de calle (20.207 sobre un total de 28.552 casos en España) y solo un 10% había pasado un año o menos a la intemperie.

En la inmensa mayoría de casos predominan tres razones: ser migrante y empezar de cero en España (8.061 personas), haber perdido un trabajo (7.522) o no tener acceso a una vivienda, ya sea a raíz de un desahucio (4.519) o por la imposibilidad de seguir pagando (4.115). Dentro del primer grupo —también el más numeroso— están María y Sandu, una pareja de origen rumano con la que este periódico habló hace dos meses en el entorno de Ventas. Aun con el éxodo de chabolas por las obras, sus pertenencias continúan en el mismo sitio.

Somos Madrid ha intentado ponerse en contacto con los equipos de calle, unos grupos interdisciplinares que dependen del Ayuntamiento y atienden a personas vulnerables en situación de calle —ocho en turno de mañana y dos durante la tarde— para conocer su percepción acerca del panorama actual en la ciudad, pero no ha obtenido respuesta. Normalmente, en cada equipo debe haber dos trabajadores sociales y dos auxiliares del servicio, que además de una intervención directa disponen de 60 plazas para las personas sin hogar que lo soliciten.

Ahmed salió este martes a las 6:00 horas a rezar a la mezquita y cuando regresó al asentamiento en el que vive, su chabola estaba ardiendo. La barraca –según él, la mejor cuidada del lugar— había quedado completamente calcinada en el incendio que ha afectado a una zona de infraviviendas en el Pont de Calatrava, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, y que se ha saldado con dos heridos no graves. 

“Lo he perdido todo”, afirmaba el joven de 22 años, que no sabía como afrontar el día. Su ropa, su bicicleta o sus AirPods son solo algunos de los objetos que habían desaparecido entre las llamas. Otras cinco chabolas, además de la suya, también han quedado destruidas por el fuego. En total, siete personas, todas migrantes menos una, han perdido parte o la totalidad de sus pertenencias.

El fuego, declarado a las 7:00 horas, ha obligado a movilizar hasta 10 dotaciones de los Bomberos, que lo han dado por extinguido pasadas las 8:00 horas. Ha afectado solamente a uno de los distintos nucleos de asentamientos que se esparcen por la zona de obras de la Sagrera. El Ayuntamiento asegura que este en concreto existía desde hacía unos cinco años. 

De los heridos, uno ha sido trasladado al Hospital Vall d’Hebron, con quemaduras graves. El otro, con un corte en el dedo, ha sido dado de alta in situ.

El hospitalizado, de 30 años, es amigo de Ahmed, Omar, Mahmood y Rachid, cuatro de los habitantes del asentamiento que declinan dar su nombre para no preocupar a sus familias o a sus conocidos en el barrio y para no aparecer como los “pobrecitos”, dicen. Tienen entre 19 y 30 años –aunque uno de los afectados tiene 40– y llegaron a Barcelona desde Marruecos y Argelia. 

Uno de los chicos explicaba horas después a elDiario.es que las llamas “eran igual de altas que un árbol”, una espectacularidad que causó alarma entre los vecinos. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora las causas exactas del incendio, pero los jóvenes afectados señalan que el fuego, que provocó también la explosión de varias bombonas de gas, podría haberse originado porque un hombre “dejó un horno encendido”. Otro sostiene, sin embargo, que fue una vela que se había quedado prendida, pero Ahmed y el resto de jóvenes dudan de esta versión.

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado esta mañana que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha atendido a las siete personas afectadas. No obstante, los jóvenes con los que ha hablado elDiario.es aseguran que nadie ha hablado con ellos. Una mujer se ha acercado a preguntar a trabajadores municipales qué alternativas podrían ofrecerles. Le respondieron que ya habían hablado con otras personas afectadas y que consultara con ellas, pero los seis chicos niegan haber recibido ninguna comunicación.

Esa mujer es Leidy, de 38 años, cuyo hijo de 19 vivía en una de las chabolas afectadas. Explica que su hijo, quien tiene una discapacidad cognitiva, residía allí desde hacía unas tres semanas y que la llamó de madrugada para avisarle del incendio. Ella acudió de inmediato y lograron rescatar algunas de sus pertenencias en varias maletas. “Tuve que saltar una valla ardiendo. Pensé que me moría”, cuenta.

Ahmed vive en Barcelona desde hace seis años. Llegó con 16 y al principio fue acogido en un centro de menores, donde estudió bachillerato científico, aunque no llegó a terminarlo. Al cumplir los 18 tuvo que abandonar el centro y, desde entonces, residía en este asentamiento. “Quiero trabajar, pero sin los papeles no puedo”, lamenta. Sobrevive vendiendo chatarra y, a veces, ayudando a un pintor, pero los ingresos no le alcanzan para pagar un piso.

Entre los afectados no hay menores de edad, aunque en otras chabolas del asentamiento, no afectadas por el fuego, sí viven niños, explican los entrevistados. Sus habitantes no han sido desalojados.

Como no han podido hablar en persona con el CUESB, los siete jóvenes han decidido llamar directamente a la oficina de este servicio que proporciona el Ayuntamiento de Barcelona. Les han dicho que intentarán ofrecerles una solución, aunque por ahora no hay nada claro. Pese a la tragedia, Ahmed se mantiene relativamente tranquilo porque cree que “seguro que Allah tiene un plan mejor”.

Por el momento, los jóvenes siguen esperando a que la policía les permita acceder a la zona para comprobar si les queda alguna pertenencia que se haya salvado de las llamas. Calculan que podrán entrar en aproximadamente una hora. Ahmed también está preocupado por su gata, a la que espera encontrar en la parte del asentamiento no afectada por el incendio.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acudido al asentamiento incdendiado para señalar que su partido hace tiempo que pide acabar con “asentamientos ilegales” en los que“ malviven más de 800 personas”. Además, no ha dudado en vincularlos con “problemas de convivencia” y “delincuencia”. 

Los bomberos del Ayuntamiento de Toledo y del Plan Infocam de la Junta de Castilla-La Mancha trabajan a esta hora en la extinción de un incendio de pastos que se ha originado por la basura acumulada en un solar del paraje del Cerro de los Palos, situado en el kilómetro 4 de la CM-4013, donde hay un asentamiento chabolista que ha tenido que ser desalojado.

El fuego se ha detectado a las 11.35 horas y se ha dado por extinguido a las 16.21 horas, según recoge el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta, que indica que han intervenido siete medios terrestres y uno aéreo del Infocam, con un total de 32 personas.

No se han registrado heridos y aunque la carretera no se ha cortado completamente al tráfico, sí que ha habido un puesto de vigilancia de la Guardia Civil que ha restringido el acceso a la misma, según han trasladado fuentes municipales.

Apuntan que se trata de “un incendio importante” en el que está participando todo el Parque Municipal de Bomberos. De su lado, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que intervienen medios terrestres y uno aéreo, con un total de 32 personas, según la última información consultada a las 14.30 horas.

El fuego se ha iniciado en una cuneta y se ha extendido rápidamente en la zona. Está localizado pero su extinción durará “horas” por toda la acumulación de basura que hay en esta parcela, de titularidad de la Junta de Comunidades, según precisan fuentes municipales.

Los responsables dicen que sí, que esta vez es la “definitiva”: estamos en la que debe de ser la última cuenta atrás para erradicar los asentamientos de trabajadores temporeros del potente sector agrícola de Huelva, casi todos ubicados en el entorno de Doñana.

Este miércoles se ha dado un paso más con la firma de un protocolo entre el Gobierno y los 14 municipios de la comarca (incluidos de Cádiz y Sevilla), en teoría para combatir toda situación de vulnerabilidad pero con el punto de mira centrado en estos campamentos chabolistas. Para estos, por cierto, ya se firmó otro acuerdo específico hace un par de semanas, ambas actuaciones bajo el paraguas de las inversiones estatales dentro del pacto que puso fin al conflicto en Doñana.

La rúbrica se ha puesto justo el día en que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentaba en el Parlamento su informe anual Frontera Sur, en el que una vez más vuelve a lamentar la precaria situación de las personas que viven en estos asentamientos chabolistas. Los enclaves carecen de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, a lo que se une la dificultad para atender el derecho de estas personas a empadronarse.

Para darle una vuelta a este escenario que se repite un año tras otro, el Ejecutivo central pone sobre la mesa 20 millones de euros hasta 2027, seis de ellos para este mismo año, para atender a “todas las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión”. Así lo ha señalado la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, que ha incidido en que el Gobierno pone el dinero y son los ayuntamientos los que ejecutarán los programas que permitan “mejorar el acceso a los servicios sociales”. Una vez más, no todos los municipios están de acuerdo con el reparto de fondos, para lo que se han seguido criterios de número de habitantes, tasa de población inmigrante e índice de pobreza.

“Erradicar los asentamientos”

Entre los objetivos se incluyen impulsar la inclusión sociolaboral o prevenir situaciones de trata, explotación laboral o sexual y violencia de género. A ello se une la promoción de la normalización documental, con vías como la autorización por circunstancias excepcionales prevista en la última reforma del reglamento de extranjería y en línea con la normativa comunitaria en la materia.

La garante de estos acuerdos es la Oficina Técnica de Doñana, encargada de supervisar los más de 700 millones de euros comprometidos por el Gobierno central y que se reparten a partes iguales en dos marcos, el ambiental y el socioeconómico. En este último se incluye una línea específica (la 13) para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas, capítulo por el cual reciben estos fondos 14 municipios: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en la provincia de Huelva, además de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas en Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, ha admitido que el objetivo final es “erradicar los asentamientos”, un escenario “multicomplejo” que ha animado a “no asociar sólo a la inmigración” pese a que la mayoría de los que viven en estas chabolas proceden de países extracomunitarios. Las medidas que se activan ahora, por cierto, dejan fuera a los trabajadores que se contratan en origen para los trabajos agrícolas, terreno en el que “lo imperativo es seguir controlando” para que las cosas sigan como ahora.

Protocolo específico para los asentamientos

Para Yerga, el número de los que se quedan en Huelva tras las campañas “está un poco mitificado”, porque “no son tantos”. La provincia onubense acoge a 18.000 de los 25.000 que se contratan en origen en toda España, sobre todo de Marruecos pero también de países del sur y el centro de América, “y en la mayoría de las nacionalidades no supera el 1% los que se quedan”, cuando los expertos consideran que la cuestión empieza a ser preocupante si se llega al 10%.

Si la inversión ahora pactada tiene como protagonista al Ministerio de Igualdad, hace un par de semanas era el de Vivienda el que acordaba una actuación más específicamente centrada en mejorar las condiciones de vida de los temporeros en el entorno de Doñana. En este caso, y con una dotación superior a los diez millones de euros, se rubricó con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, que concentran la mayoría de estos campamentos chabolistas.

La línea a seguir la trazaba recientemente el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, en una entrevista con este periódico. El objetivo básico es que los asentamientos desaparezcan, pero los actuales residentes, “durante el tiempo en el que desgraciadamente tengan que estar allí, deben tener unas condiciones mínimamente dignas: abastecimiento, asistencia sanitaria, ayuda de mediadores para la normalización documental, resolver los problemas de idioma…”. El siguiente paso es que “se integren en las poblaciones en las que trabajan y viven” para así evitar la creación de “guetos”.

Un panorama desolador

En su informe, la Asociación Pro Derechos Humanos apunta como las principales concentraciones de infravivienda junto a Doñana a las de San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer) y El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto), a las que hay que unir las existentes en Lepe. Para mejorar las condiciones de sus habitantes, ya firmaron en 2022 un protocolo los ayuntamientos de Lepe y Moguer con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que por su parte ha formulado su propio plan estratégico.

Apdha alerta en su estudio de la “cronificación de la situación” en unos asentamientos chabolistas en los que se registran “vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no sólo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, apunta el informe.

Esta situación también ha sido descrita en el reciente VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en el que han participado investigadores de las universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, además de entidades como la Fundación Cepaim y Oxfam Intermón. Más de un 60% de los residentes en estos enclaves se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica: cuatro de cada diez tienen ingresos inferiores a 400 euros.

El VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía reclama medidas efectivas para frenar la segregación que se está produciendo de la población migrante que vive en los barrios y zonas agrícolas de Andalucía inmersa en “dinámicas de precariedad y privación, cuando no incluso en riesgo de explotación y subordinación”. 

En el estudio, que será presentado este lunes en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de Sevilla, han participado investigadores de las universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide, y Sevilla, además de entidades como Fundación CEPAIM y Oxfam Intermón. 

El informe ofrece un análisis de situaciones específicas que vive una de las poblaciones que acumula más condiciones de desigualdad e insta a los poderes públicos a que se diseñen políticas que no dejen a nadie atrás, tales como ampliar la vivienda social, mejorar servicios educativos y sanitarios, ofrecer actividad cultural y de ocio, promover la convivencia intercultural en los barrios más afectados o el diseño de gobernanza participada que incorpore la visión de los actores sociales y vecinales sobre los retos. 

Entre los casos más extremos que requieren de una urgente intervención se encuentran el barrio de El Puche, en Almería, o Tres Barrios, en Sevilla. Todas las zonas que presentan segregación muestran parques de viviendas antiguos y de baja calidad, en barrios de las periferias degradadas y desfavorecidas, donde se agudizan la segregación y estigmatización que es necesario romper y que se expresa en aislamiento espacial, dinámicas de convivencia, segregación escolar, estigma social y territorial que experimentan sus vecinos y vecinas. 

Una realidad que se suma a la gentrificación y turistificación que expulsan de los centros históricos a las poblaciones con menos recursos, un fenómeno muy presente en ciudades como Sevilla, Granada o Málaga. 

También de baja calidad son los empleos que ocupa la población migrante española, cuyo sueldo medio es un 30% inferior al de la población autóctona, algo que se intensifica en el caso de las mujeres, que acumulan a su vez una doble precariedad, con salarios un 20% inferior al de los hombres migrantes. 

Un ejemplo palmario de esa segregación es la presencia los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería que tienen carácter permanente y donde la estancia de las personas que viven en ellos se ha alargado en el tiempo. Una de cada cuatro personas en Almería y una de cada diez en Huelva lleva una década o más en esta situación. 

En estos asentamientos, más de un 60% se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica, por la fluctuación en la necesidad de mano de obra y por la propia irregularidad administrativa que se expresa en realidades muy duras, como que más de cuatro de cada diez tiene ingresos inferiores a 400€. 

De este modo, aunque la mayor parte de estas personas ha intentado vivir en un lugar mejor -ocho de cada diez en Huelva, y más de seis de cada diez en Almería-, no consiguen superar la situación habitacional debido a esta falta de dinero para poder pagar otro inmueble, por la escasez de vivienda próximas a los tajos, o por la discriminación inmobiliaria, por un lado, o la discriminación directa, en cuanto a los requisitos exigidos de documentación e ingresos. 

Según el informe, la consecuencia derivada es que las características de los asentamientos condicionan la vulnerabilidad social y la integración y convivencia. “Se trata de lugares inhóspitos, aislados, sin medios de transporte, situados en zonas deterioradas, sin comercios ni servicios públicos, sin contenedores, agua, ni red de saneamiento”. 

Además, las dificultades para el empadronamiento en estas ubicaciones -pese a ser una obligación legal que deben cumplir los municipios- suponen uno de los principales cuellos de botella para el acceso a servicios públicos y derechos de ciudadanía. Casi una de cada tres personas no está empadronada, lo que significa un gran escollo en el reconocimiento de sus derechos, ya que les priva de acceso a servicios sociales, les dificulta la posibilidad de regularizar su situación y les hace invisibles al no ser contabilizadas para ningún fin. 

Resulta significativo que, en los asentamientos onubenses, el modelo de migraciones circulares, con contratación en origen, que ha mejorado algunos estándares de vida, trabajo y seguridad, no termina de suponer un disparadero para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores migrantes temporeros. 

Según el informe, estas vulneraciones de derechos que sufre la población migrante en el Estado, se producen en un momento de inflexión en el que se pone en cuestión la garantía de los derechos humanos por la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el que se fortalece el crecimiento de movimientos políticos xenófobos, en un contexto en el que las desigualdades encuentran una de sus principales causas en un sistema económico y socialmente insolidario que aterrizan en lo local y que promueve dinámicas de acumulación en un extremo, y de exclusión en el otro, que para las personas atrapadas en ese “suelo pegajoso” del extremo perdedor esta experiencia deja una marca profunda en su salud, en sus oportunidades y en su capacidad de ser y de vivir con dignidad.

El yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción no era un lugar de encuentro puramente ritual o temporal, sino que que era un asentamiento de carácter duradero y complejo, habitado por una comunidad de varios miles de habitantes que se organizaron de forma igualitaria y que alcanzaron un alto nivel de sostenibilidad económica basada en la cooperación y la diversificación, según apunta un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports.

Es a la conclusión que ha llegado un equipo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tras analizar 635 herramientas macrolíticas recuperadas en la zona norte de este yacimiento ubicado en Sevilla. También han participado científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Würzburg (Alemania) y del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.

Valencina de la Concepción, un asentamiento estable

Valencina de la Concepción, con una superficie total de 450 hectáreas, es el yacimiento más extenso de Europa del tercer milenio a. C. A pesar de la creciente información sobre las tumbas megalíticas de la necrópolis y sus tumbas concéntricas, se sabía poco de la organización y de las relaciones sociales de las comunidades que lo frecuentaban. Y eso es sobre lo que indagaron los investigadores. 

Para ello, se analizaron artefactos provenientes de unidades habitacionales y de producción, como chozas, talleres y fosos dispuestos en forma circular, así como del material hallado en el interior de las zanjas. 

“El análisis revela patrones de una economía estable centrada en las actividades diarias de subsistencia y los recursos locales, lo que sugiere una economía diversificada basada en el hogar en lugar de una centrada en la acumulación de excedentes”, explican los autores del estudio, que hablan de una gran diversidad productiva, que incluía el procesamiento de granos, fibras vegetales, animales, cuero, metales, piedra y otros materiales orgánicos e inorgánicos.

A juicio de los investigadores, este enfoque “cuestiona las interpretaciones previas y proporciona evidencia que respalda la caracterización de Valencina como un asentamiento y sitio funerario de alta complejidad”.

Economía cooperativa y diversificada

Las actividades se mantuvieron estables durante toda la ocupación de la Edad del Cobre, entre 5300 y 5150 años. “Esto indica una ocupación permanente del asentamiento. Los únicos cambios observables entre las tres grandes fases de ocupación podrían deberse a la densidad de ocupación de la zona”, explica la investigadora predoctoral del Departamento de Prehistoria de la UAB y primera autora del estudio, afirma Marina Eguíluz.

La gran variedad de trabajos identificados y el hecho de que no se haya detectado acumulación de excedentes sugieren un modelo organizativo basado en una economía cooperativa y diversificada, algo novedoso para la época. Este modelo de organización habría sido determinante para que el asentamiento, que probablemente llegó a estar poblado por miles de habitantes, fuera económicamente sostenible a lo largo de un milenio.

El Ayuntamiento de Barcelona ha incoado cuatro expedientes administrativos para recuperar un solar y tres edificios municipales donde hace seis años que se levantaron asentamientos. Todos ellos se encuentran dentro de las fronteras de una zona afectada por un plan de transformación urbanística que se aprobó en 2019. El consistorio tiene previsto iniciar las obras este verano y, por eso, ha iniciado ahora los trámites para desalojar a quienes allí viven.

La teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que la administración ha detectado situaciones de “infravivienda” y ha contabilizado una treintena de personas residiendo en estas zonas. Ahora bien, entidades que acompañan a los habitantes de los asentamientos aseguran que hay más de 70, inlcuidos diversos menores de edad.

“Es un compromiso para abordar una situación enquistada”, ha apuntado Bonet, que ha reiterado la necesidad de emprender una reforma urbanística “imprescindible, delicada y compleja”. Las obras afectarán a estos tres edificios, que son de titularidad pública, y un solar que es en gran parte propiedad de la constructora Núñez y Navarro y, en menor medida, del Ayuntamiento. El obetivo es reformar la avenida, crear un espacio verde y construir 500 viviendas, el 40% de ellas públicas -tal y como establece la ley para zonas en expansión.

La teniente de alcalde ha asegurado que los expedientes administrativos todavía tardarán “meses” en resolverse. Por el momento, están incoados, pero todavía hace falta someterlo a debate y a aprobación. Con todo, la duda ahora es qué pasará con el cerca de centenar de personas que viven en chabolas en el solar y ocupando el interior de los edificios. Desde el consistorio aseguran que “acompañarán” las necesidades de los vecinos, pero no han explicitado exactamente cuál será su destino una vez se ordene el desalojo.

“Acompañaremos a las peronas e iremos viendo qué necesitan. El Ayuntamiento siempre ha ofrecido cobertura habitacional, sobre todo a los núcleos familiares”, ha apuntado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes.

Igualmente, ha insistido en que los Servicios Sociales “seguirán acompañando” a las personas que residen en estas zonas, tal como se viene haciendo desde que se instauraron, en 2019. Ahora bien, las entidade del barrio y los mismos residentes en el solar denuncian que hace tiempo que no reciben una asistencia constante y continuada por parte de técnicos municipales.

Un varón de 40 años, de Ghana, ha sido hallada fallecida en la madrugada de este viernes 24 de enero en el interior de una chabola incendiada en un asentamiento de la localidad onubense de Lucena del Puerto, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. No ha pasado un mes desde que se produjera el último incendio, en aquella ocasión de grandes dimesiones, en el municipio de Lucena del Puerto, donde malviven desde hace años temporeros migrantes que trabajan los campos de la provincia de Huelva.

Esta vez, un aviso recibido sobre las 03.15 horas alertaba de que había una chabola ardiendo en el poblado de Santa Catalina, junto al embalse, en cuyo interior podría haber una persona. Acto seguido se dio aviso inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Según fuentes de bomberos y de los servicios sanitarios, el fuego ha calcinado la infravivienda y en su interior había una persona fallecida. No han trascendido más datos sobre las causas del suceso.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha apuntado a que el fallecimiento se ha debido a “una mala combustión de una hoguera” que la propia víctima había fabricado para “calentarse”.

Así, a preguntas de los periodistas en una atención a medios, la subdelegada ha explicado, tras mostrar su tristeza por lo sucedido, que en torno a las 4,00 horas de este viernes ha fallecido un varón de 40 años, de Ghana, toda vez que ha lamentado que “desgraciadamente, están ocurriendo estos sucesos y que siempre se está cebando con Lucena del Puerto”.

Así, ha recordado que “recientemente ha habido un incendio que ha afectado a muchas familias, que afortunadamente no hubo ningún accidente personal y se les reubicó”, además de que “por parte del Ayuntamiento ha habido una colaboración con la última inundación en otro asentamiento también, e incluso este mismo viernes hemos hablado para que regresarán a sus casas”.

Además, Rico ha señalado que están “consternados” y espera que “no se repitan este tipo de incidentes con estos resultados tan trágicos”, toda vez que ha detallado que aún se están realizando las pesquisas de la investigación y una vez que finalicen “se procederá a la tramitación oportuna con Extranjería”.

Una persona muerta cada cuatro horas es el trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte y desaparición de 2.465 personas, de las cuales 591 cuerpos han aparecido en las costas o en alguna embarcación durante el rescate y otras 1.874 se tiene constancia de que han muerto o no se les ha encontrado pero han desaparecido para siempre.

Es el segundo año tras 2023 con más personas muertas y desaparecidas de la serie histórica que en APDHA lleva registrando desde 1988, según han informado en rueda de prensa este martes en Sevilla. “Desgraciadamente cada vez parecen más lejos que se establezcan vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a territorio seguro cuando sus vidas corren peligro o quieran emprender un proyecto migratorio”, han denunciado. Canarias continúa siendo la ruta más transitada, pero a la vez la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 lo ha hecho en esta ruta.

Pese a que las llegadas de migrantes a la UE caen un 38% en 2024, el incremento de personas que tomaron la ruta canaria en 2024 ha hecho que el año pasado haya tenido un total de 64.048 llegadas tanto por vía marítima como terrestre, el segundo con más llegadas, solo superado por 2018. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este martes a Estrasburgo para abordar la política migratoria y el papel de las regiones ultraperiféricas en la UE.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha dicho que “las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La coordinadora del informe, Ana Rosado, ha explicado que en 2024 “de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.

El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio"

Rosado apunta que “el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”. La coordinadora del Frontera Sur señala que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.

La coordinadora ha lamentado “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. “El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”, ha comentado.

Para concluir respecto a estas cuestiones, Rosado ha señalado que “justamente durante los últimos 5 años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años”, lo que viene a señalar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. “Los datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas”, ha sentenciado Rosado.

Trabajo de campo en asentamientos de Huelva y Almería

APDHA ha realizado este año un estudio de investigación acerca de la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos de infraviviendas. El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en chabolas.

Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. En él se refleja “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no solo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, lamenta el informe anual.

Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social

Aunque existen “esfuerzos aislados” para mejorar estas condiciones, como Lepe en Huelva y Níjar en Almería, la creación de alojamientos temporales y la intervención de organizaciones locales, así como “la falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas ha obstaculizado avances significativos”.

El plan estratégico para erradicar los asentamientos informales, “aunque positivo, no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”. “La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes”, dice APDHA, que concluye que el plan “no puede limitarse únicamente al desmantelamiento de las infraviviendas o a la prohibición y vigilancia para evitar la construcción de nuevas, sin ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas”.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social. De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan se convierta en una medida que obligue a las personas migrantes a vivir en situación de calle, perpetuando así la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas”, recoge el informe.

La “cronificación” de la situación

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha destacado “el trabajo de campo realizado por el equipo de investigadoras de APDHA”, quienes, “sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales”.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del informe, ha explicado que se ha realizado “un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”.

Vásquez ha señalado que “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”. De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. La investigadora de APDHA ha apuntado que “son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.

Vásquez ha cuantificado en “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva que viven en estas condiciones que hemos descrito” y ha señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.

Cuarenta colectivos sociales y ecologistas exigen soluciones inmediatas y dignas para las decenas de jornaleras y jornaleros migrantes sin hogar tras el enésimo incendio de un asentamiento en Huelva que arrasó este sábado más de 120 chabolas en Lucena del Puerto. Los colectivos sociales condenan especialmente la falta de acción del consistorio de Lucena del Puerto, cuyo alcalde se ha negado a habilitar instalaciones municipales para el realojo de emergencia de las personas afectadas.

Asimismo, denuncia Ecologistas en Acción en su web, que la única propuesta ofrecida por el consistorio ha sido que estas personas “ocupen chabolas vacías”. Por su parte, voluntarios de la Asociación ‘La Carpa’, quienes estuvieron repartiendo agua embotellada durante la mañana del sábado, expresaron su indignación ante la actitud de la delegada de Asuntos Sociales del ayuntamiento.

En la provincia de Huelva existen más de 40 asentamientos como este, donde malviven entre 2000 y 4.000 personas dependiendo de la estación del año. A pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones sociales sobre las condiciones infrahumanas en estos asentamientos, las administraciones públicas “siguen sin actuar de manera efectiva”. “Los ayuntamientos continúan negando el derecho a empadronamiento de estas personas mientras que la Junta de Andalucía lleva meses difundiendo un plan para la erradicación de asentamientos que no está aún elaborado y del que solo se conocen declaraciones en prensa”, lamentan en un comunicado conjunto.

Una “crisis humanitaria”

Las organizaciones sociales, ONG y colectivos firmantes denuncian:

– Falta de responsabilidad y humanidad: las instituciones y el sector empresarial han demostrado una falta de empatía, humanidad y responsabilidad hacia las personas migrantes que sostienen la economía de la región. Estas personas jornaleras son fundamentales para el éxito de unas campañas agrícolas que genera millones de euros anualmente y que se considera “el motor económico” de Huelva y Andalucía.

– Vulneración de derechos humanos y laborales: durante más de 25 años, miles de personas trabajadoras han habitado chabolas insalubres sin agua, sin electricidad ni recogida de basura, perpetuando un ciclo de exclusión social incompatible con un estado de derecho.

– La situación de las mujeres jornaleras: Llama la atención que en este incendio se han quedado sin techo decenas de mujeres. La mayoría de ellas cuentan que han estado trabajando varios años bajo la Orden GECCO. Sin embargo, todas ellas decidieron quedarse de forma irregular en España porque el salario que ganaban no era lo que les prometían. Es decir, ese contrato en origen, que las autoridades venden como una forma de migración ordenada, deja en la estacada a unas trabajadoras que terminan en los asentamientos de la vergüenza como única salida para poder mantener a sus familias.

Las asociaciones firmantes instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas:

“Este incendio es una prueba más de la desidia institucional ante una situación que se prolonga desde hace décadas. Las organizaciones sociales no cesarán en su lucha por la dignidad y los derechos de las personas jornaleras migrantes, quienes con su trabajo diario contribuyen al desarrollo económico de la región, mientras enfrentan condiciones de vida inaceptables impropias de un estado de derecho”, denuncian las asociaciones y colectivos.

Por su parte, tanto el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, como la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora han denunciado este domingo el “racismo institucional” que vienen padeciendo estas personas y que ahora no tienen alternativa habitacional.

Más de 120 chabolas de cartón y plástico en las que malviven inmigrantes que trabajan en labores agrícolas han ardido este sábado en la localidad onubense de Lucena del Puerto. Una localidad que tiene el triste récord de ser la de la provincia que cuenta con más chabolas en sus campos, más de 2.000, y en la que este tipo de siniestros se repiten más de lo deseado. Solo en este año 2024 es el tercero, el segundo en el mismo asentamiento.

El último se ha iniciado sobre las 7:25 horas de esta mañana, momento en el que el 112 recibió un aviso que alertaba de que estaban ardiendo varias chabolas en el asentamiento conocido como 'El sevillano'. El 112 movilizaba a Bomberos de la Diputación de Huelva, Guardia Civil, sanitarios, Cruz Roja y Policía Local. Lo primero fue comprobar que no había personas afectadas, y a partir de ahí, comenzaron las labores de extinción.

El subdirector de Operaciones del Consorcio Provincial contra incendios y salvamento de Huelva, Joaquín Marfil, ha precisado que se han desplazado las dotaciones de los parques de Almonte y de San Juan del Puerto, con tres vehículos con capacidades de extinción de 16.000 y 5.000 litros, que inicialmente controló el perímetro, facilitado por la ausencia de viento.

En la zona se mantienen dos dotaciones, una de cada parque, trabajando en labores de remate y extracción de botellas de butano del interior de las chabolas que han explosionado.

La ONG 'La carpa', que trabaja habitualmente en estos asentamientos, ha activado un dispositivo de emergencia con sus recursos para atender a las personas desalojadas, en una jornada en la que precisamente sus responsables se encontraban en la provincia onubense para recoger ayuda humanitaria en la localidad de Valverde del Camino.

Cruz Roja, por su parte, ha desplazado al lugar del suceso a un equipo de emergencia que está atendiendo a los desalojados en sus necesidades básicas iniciales, entre ellas dotarlas de forma urgente de mantas, entre otros elementos básicos.

Precedentes en la misma zona

El pasado 2 de junio se produjo, hasta la fecha, el último incendio en un asentamiento de inmigrantes en Lucena del Puerto. Ese día, alrededor de una treintena de chabolas se vieron afectadas en el paraje Santa Catalina, con el desalojo de unas 60 personas.

El 4 de mayo las llamas afectaban al mismo asentamiento que este sábado, 'El sevillano', con 34 personas (24 hombres y 10 mujeres) desalojadas, y 37 chabolas arrasadas. Igual que en esta ocasión, todos los habitantes de las chabolas pudieron abandonar el campamento a tiempo sin sufrir daños personales.

Plan Easen

Para intentar aliviar la situación de estas personas y encontrarles alternativas habitacionales, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Ayuntamiento de Lucena del Puerto trabajan en el marco del primer plan estratégico impulsado por la citada Consejería para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva.

En 2022 el Consistorio obtuvo una subvención de 251.000 euros para la construcción y equipamiento de una residencia de temporeros y, a partir de 2023, el Ayuntamiento de Lucena solicita una ayuda de la Junta de Andalucía, dirigida a entidades locales, para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias.

Gracias a diversas subvenciones en 2024 se mantiene la contratación de la misma trabajadora social y una integradora social. Lucena del Puerto ha llegado a tener censadas 2.115 chabolas entre los veinte asentamientos esparcidos por todo su término municipal, cifra que se mantiene en la actualidad casi intacta.

Bajo el título ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía. Hitos desde 2023’, la federación Andalucía Acoge ha presentado recientemente un informe que vuelve a poner el foco en la defensa de los derechos de las personas que viven en los asentamientos agrícolas de Huelva y la comarca de Níjar (Almería), respaldada por el trabajo que desde hace décadas realizan las dos organizaciones asociadas Almería Acoge y Huelva Acoge, un año y medio después de que se presentara el anterior.  

Una de las principales cuestiones que se derivan del informe tiene que ver de nuevo con la falta de alternativas habitacionales dignas para las personas que viven en ellos y que precisamente en estos días, con el paso de la DANA, han sufrido con especial severidad las consecuencias climáticas. El informe vuelve a señalar las malas condiciones de vida en los asentamientos, en los que faltan los servicios más básicos y la discriminación persiste en el acceso a viviendas adecuadas.

En ese sentido, aunque en los dos últimos años se han impulsado una serie de iniciativas por parte de la Unión Europea, la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos, como el Plan EASEN, que generan un contexto más propicio para construir soluciones habitacionales, estas o son insuficientes, o no se han puesto en funcionamiento, o no terminan de considerar las necesidades y la participación de la población migrante de los asentamientos, cuestión imprescindible para que sean efectivas.

Tal y como señalan los equipos de Huelva Acoge y Almería Acoge en el informe, los albergues de Lucena del Puerto y Moguer, con 36 y 144 plazas respectivamente, no están actualmente en funcionamiento, siendo el Albergue de Lepe el único recurso operativo actualmente en la provincia. Por su parte, el equipo local de Níjar señala que, tras el desalojo de los asentamientos de El Walili y de la Avenida de la Constitución, “no se ha tenido en cuenta la opinión de la población afectada, así como que las soluciones habitacionales propuestas respondan completamente a las necesidades de la población”.

Negación del derecho a la vecindad

Otras de las cuestiones centrales en todas las localizaciones donde se interviene, es la vulneración sistemática de derechos que se traduce en la falta de acceso al empadronamiento, la vivienda, la atención sanitaria, los servicios sociales o la movilidad. La irregularidad administrativa de muchas de las personas migrantes, por la ineficiencia de la normativa, agrava esta situación. Siendo un problema común en los dos territorios, es fundamental considerar que existen diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses. 

En Níjar, la población migrante no tiene un carácter temporero, sino que se ha convertido en una presencia permanente, por lo que las políticas y medidas de intervención deberían diferenciarse. El equipo local señala que durante este último año y medio se ha detectado una mayor visibilidad de mujeres en situación de prostitución, con indicios de ser víctimas de redes de trata; la llegada de nuevos colectivos de jóvenes solicitantes de asilo, que pone en evidencia que el Sistema de Acogida de Protección Internacional y Humanitaria está resultando insuficiente; y un mayor deterioro de las personas que residen en los asentamientos, especialmente en lo referido a la salud.

En los municipios onubenses, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, la mayoría de las personas residentes en estos asentamientos son temporeras, aunque se estima que entre el 30% y el 40% de la población podría vivir allí de forma permanente. Las personas residentes en asentamientos con las que interviene Huelva Acoge manifiestan la existencia de redes organizadas, identificándose el cobro de hasta 600 euros por empadronamientos y cantidades mayores por mediar para contratos de trabajo irregulares.

Por otra parte, la infradenuncia frente a las vulneraciones de derechos se presenta como una problemática común, aunque con mayor incidencia en Níjar, donde las pocas denuncias formalizadas se dirigieron al Ayuntamiento por poner barreras al empadronamiento. En los municipios onubenses, las denuncias se dirigieron, sobre todo, a las empresas por trato vejatorio o incumplimiento de las condiciones de trabajo.

El informe, basado en el análisis documental y en entrevistas a informantes clave de la entidad, concluye que garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local y sin crear trabas administrativas disuasorias, así como cambiar la lógica de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una alternativa habitacional digna, son medidas imprescindibles para acabar con esta vulneración de derechos en los asentamientos.

“Hay personas viviendo bajo plásticos con 40 grados. No lo podemos consentir más tiempo”. La frase es de Jesús Toronjo (Lepe, 1970), actual director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, e impulsor del primer Plan Estratégico para erradicar los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva.

Ambas son las provincias que cuentan con población inmigrante radicada en asentamientos de chabolas de cartón y plástico. Es cierto que se ha reducido bastante el número de campamentos con respecto a los últimos años, pero la Junta quiere darle el último impulso a todo esto, con especial incidencia en los municipios onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, y el almeriense de Níjar.

El plan cuenta con la implicación de los ayuntamientos, que se han puesto a disposición de la Junta para conseguir este objetivo por encima de colores políticos (son tres del PP más Moguer, del PSOE). Curiosamente, no ha entrado Palos de la Frontera, que cuenta con centenares de personas en chabolas en sus campos, aunque se confía en que el Ayuntamiento cambie su actitud más pronto que tarde. Del mismo modo que se espera la implicación del Gobierno central, para lograr el objetivo de que sean tres las administraciones implicadas de forma efectiva.

Un estudio con 79 propuestas

Todo lo que se está gestionando fue presentado este viernes por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Puso sobre la mesa un análisis que ha contado con la participación de agentes económicos y sociales, con 79 propuestas en todas las áreas de intervención y hasta diez mesas sectoriales en marcha.

De este modo, este estudio previo cuenta con 79 propuestas en todos los ámbitos: área urbanística y vivienda, inclusión social, del ámbito jurídico, relativas a la comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social, entre otras

Se trata de un proyecto que ha supuesto más de ocho meses de trabajo, más de 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.

“Es un trabajo duro y necesita unidad”, ha continuado la titular de Igualdad. “No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas”, enfatizaba la consejera. De paso, hacía hincapié en la importancia de construir un modelo de convivencia más integrador, tolerante y solidario y por eso subraya que el Gobierno tiene que “implicarse a fondo” al tener competencias directas en esta materia.

Por su parte, la Junta de Andalucía, como recordaba la consejera, ha tomado cartas en el asunto y “se haya implicado desde hace un año en la elaboración de este plan”. Se trata de una cuestión de primer nivel y que, como se ha puesto de manifiesto estos días, la migración es un fenómeno creciente que requiere que “el Gobierno se implique de verdad y a fondo” porque “son personas y se merecen un trato digno”. 

“Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos”, ha dicho López, que incidía en la competencia en esta materia que tiene el Ejecutivo. Las negociaciones con el Gobierno central van por buen camino, pero se reclama un paso adelante que, de momento, no llega.

Conocimiento y consulta

Este estudio ha tenido, en primer lugar, una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado responsables de administraciones públicas (diputaciones, ayuntamientos, la propia Junta), empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades sociales, Defensor del Pueblo, Fiscalía o Audiencia Provincial. La relación da muestra de que es un análisis participado y consensuado con todos los agentes implicados.

Además, ha recordado que en la Mesa por las Infraestructuras de la Diputación de Huelva se incluye un punto sobre los asentamientos, por lo que ha puesto a disposición de todas las administraciones este estudio y el posterior plan que se elabore.

Convencida de que la unidad es la mejor vía de trabajo, López reiteraba que la Junta “no puede estar de manos atadas” sino que necesita que el Gobierno “se involucre” para ser “no un mero ayudante, sino una parte necesaria y fundamental” para acabar con los asentamientos, como añadía Toronjo.

Este trabajo ha permitido tener una radiografía de la situación que se da en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven de manera permanente más de 390 personas. Así lo indican los censos elaborados por los ayuntamientos y que se corroboran con los datos del Servicio de Emergencias 112, que anualmente realiza un estudio sobre la accesibilidad para actuar en los asentamientos en casos de emergencia.

Esto implica que el estudio ha controlado a la gente que vive en los asentamientos de enero a diciembre, sin sumar los picos altos que se producen en las campañas agrícolas. Este informe previo indica que en Lepe, por ejemplo, de 2022 a 2024 se han reducido de 17 a nueve los asentamientos y en Moguer de 15 a seis. 

Un cuarto de siglo

El primer Plan Easen tiene como objetivo diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y socio laboral de las personas que residen en estos asentamientos. Asimismo, y dentro de una estrategia regional conjunta con las entidades locales, se colabora para la puesta en marcha de planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas, ubicados en cada uno de sus términos municipales.

Bajo el paraguas de este plan estratégico, se trata de elaborar un modelo de intervención integral que permita erradicar los asentamientos, garantizando los derechos y obligaciones de las personas residentes.

En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad. 

Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas donde se da la existencia de núcleos chabolistas e infraviviendas.

Detrás del polideportivo Fadura, en unos terrenos privados entre Getxo y Berango, una decena de migrantes convive en tiendas de campaña. Llevan allí más de un año, según algunos reconocen. Cuentan con bidones de agua que van recogiendo de las fuentes públicas y comen en comedores sociales o del dinero que consiguen en trabajos que realizan pese a estar en situación irregular en el país. Dos de las personas que viven en estas condiciones son Mohamed y Hakim ambos de 19 años. El primero de ellos llegó al asentamiento hace seis meses, después de haber deambulado por las calles de Bilbao tras llegar de su Marruecos natal. El segundo, hace tres meses.

“Esto es duro, pero la calle es peor. En Bilbao estuve durmiendo en la calle, en Abando y no tenía comida ni dónde ducharme. Aquí nos ayudamos entre nosotros, tenemos comida, un techo y para ducharnos vamos al mar”, reconoce Mohamed en un casi perfecto español a este periódico. La playa más cercana está a poco más de media hora caminando desde el asentamiento, pero ese no es el único viaje que realizan a lo largo del día. Sobre las tres de la tarde ambos regresan de estudiar. Mohamed está realizando una FP de Electrónica, mientras que Hakim estudia en un centro de Educación de Personas Adultas (EPA).

A pesar de sus condiciones intentan no faltar ningún día a clase. “Cuando dejas tu país y vienes aquí sabes que no va a ser fácil, pero nosotros queremos estudiar. Nos han dado esa posibilidad y aunque no paran de hacernos promesas que no se cumplen, pronto saldremos de aquí”, confía Hakim, que pese a ir aprendiendo el idioma aún necesita la ayuda de su compañero para que le traduzca.

Ambos supieron de la existencia del asentamiento por el boca a boca de personas de origen marroquí que ya llevaban tiempo viviendo en Euskadi. Pese a los recursos de acogida, muchos de ellos pasan por asentamientos como ese, que no es el único en la zona, para subsistir en lugar de estar en la calle. “En invierno llueve mucho y hace frío, aquí al menos tenemos un techo”, reconoce. Los dos duermen en una de las tiendas de campaña con otro chico, mientras que, según detallan, en las otras pueden llegar a vivir hasta cinco más.

Desde el Ayuntamiento de Berango y de Getxo son conscientes de la situación y, a pesar de que los jóvenes, en su mayoría -si no es en la totalidad- hombres magrebíes mayores de edad, llevan tiempo asentados en la zona, esta semana han abierto un recurso de emergencia para que dejen los campamentos. “Diez de ellos han abandonado el asentamiento de forma voluntaria y están en el albergue de emergencia, pero no hay sitio para más. Estamos saturados y solo en Getxo tenemos 40 plazas para personas migrantes, tanto en albergues como en pisos, pero el aumento de llegadas está haciendo que la ocupación esté al completo”, reconoce Javier, miembro de la asociación San Nikolas Zabalik que aglutina toda la labor social y solidaria que se realiza en la parroquia San Nicolás de Bari en Algorta (Getxo).

Diez de ellos han abandonado el asentamiento de forma voluntaria y están en el albergue de emergencia, pero no hay sitio para más

El aumento de la llegada de personas migrantes a la zona de Getxo ha hecho que el Ayuntamiento cree el “Primer Plan Transversal de Acogida a personas inmigradas y refugiadas. Aportando a la cohesión social de Getxo 2023-2026”, una serie de estrategias para hacer frente a la situación y con el que dotan de recursos a asociaciones como San Nikolas Zabalik. Una vez los jóvenes llegan, se les deriva a los recursos que necesiten ya sea para aprender el idioma, para estudiar o para aprender un oficio. “Nuestro objetivo es lograr la integración de estas personas, pero muchas veces no damos abasto. Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Esperamos que el albergue de urgencia solucione este problema, pero sabemos que es algo que lleva tiempo pasando”, reconoce.

Desde el Ayuntamiento de Getxo confirman a este periódico que con el plan de acogida buscan atender y dar cobertura a las necesidades de jóvenes mayores de 18 años sin red familiar en el territorio y con dificultades en el idioma y el acceso al empleo. “Coordinamos los servicios existentes en el municipio, tanto dependientes del Ayuntamiento (Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación, Servicio de Intervención Socioeducativa y psicosocial y servicio de Acogida nocturna) como de entidades sociales”, detallan.

“A Getxo, al igual que a otros municipios, llegan jóvenes migrados sin referentes familiares, con muchas dificultades y riesgo de exclusión social. A través de este modelo, queremos trabajar por la inclusión de todas las personas, con el objetivo de ser una ciudad cohesionada. Por eso, queremos ofrecer a los jóvenes oportunidades para la cobertura de sus necesidades básicas, de apoyo socioeducativo y del establecimiento de relaciones y vínculos con la comunidad, a la vez que potenciar sus capacidades y habilidades, de cara al acceso a la formación y al empleo. Creemos que trabajar por reducir las situaciones de calle que muchos de ellos padecen es la alternativa adecuada para su inclusión, y para la cohesión social y convivencia que el conjunto de la sociedad necesita. Lo innovador en Getxo es la capacidad de entidades como Pertsonalde y San Nikolas Zabalik para articular vínculos comunitarios y lazos humanos que apoyan, orientan y permiten a los jóvenes integrarse en la sociedad”, informan desde el Consistorio. Por el momento no cuentan con un registro de las personas que han sido atendidas desde que el plan se puso en marcha, ni tampoco de las que siguen en las calles, pero no descartan publicar esa información de cara a septiembre.

La Policía Municipal de Berango, a donde pertenece parte de los asentamientos, ha estado en varias ocasiones en la zona. Por el momento, según confirma el jefe de la Policía a este periódico, se ha distribuido información en castellano, euskera y árabe para que conozcan los recursos que tienen disponibles. “El mes pasado realizamos una reunión con las asociaciones y el Ayuntamiento y procedimos a realizar una visita para conocer el lugar. Les informamos de los recursos a los que podían acudir y algunos de ellos decidieron dejar voluntariamente el campamento, otros se quedaron. Es un terreno de propiedad privada, pero no hemos recibido ninguna denuncia por lo que no han sido desalojados ni se les han retirado sus pertenencias”, reconoce. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Berango, pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.

Llevamos así tiempo y no tenemos mucha esperanza de que la situación cambie, pero estamos bien. Estamos vivos y saldremos adelante

Mohamed y Hakim mañana volverán a despertar en los colchones y cartones del campamento, se acicalarán con el agua de la que disponen en los bidones que recogen en las fuentes y, si lo requieren, se bañarán en el mar. Después irán a clase a estudiar. “Llevamos así tiempo y no tenemos mucha esperanza de que la situación cambie, pero estamos bien. Estamos vivos y saldremos adelante”, confía Mohamed tras pedir “respeto” a quienes se acerquen a los campamentos. Según lamenta, un hombre se ha acercado a la zona esta mañana y les ha fotografiado mientras dormían. “No sabemos si era periodista, no nos ha dicho nada, solo se ha colado y ha sacado la foto. Quien quiera puede venir a ayudar, pero ahora mismo esta es nuestra casa y pedimos que se nos respete hasta que podamos salir de aquí”, concluye el joven.

Múltiples fuentes han confirmado a The Guardian que algunos miembros de las fuerzas de seguridad israelíes están informando a activistas de extrema derecha y colonos sobre la ubicación de camiones de ayuda que llevan suministros vitales a la Franja de Gaza, lo cual ha permitido que estos grupos bloqueen y ataquen los convoyes.

Según declaró a The Guardian un portavoz del principal grupo activista israelí detrás de los bloqueos, los colonos que interceptan los suministros humanitarios vitales para la Franja reciben información sobre la ubicación de los camiones de ayuda por parte de miembros de la Policía y de las Fuerzas de Defensa israelíes. Estas acusaciones de connivencia están respaldadas por mensajes en grupos de chat internos revisados por The Guardian y por los relatos de varios testigos y activistas de derechos humanos.

Quienes bloquean los vehículos dicen que la ayuda humanitaria es desviada por Hamás en lugar de ser entregada a los civiles palestinos necesitados, algo que las agencias de ayuda niegan. Asimismo, funcionarios estadounidenses han afirmado que Israel no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones de que Hamás está desviando la ayuda humanitaria que entra en Gaza.

Impedir que la ayuda llegue al “enemigo” Hamás

Rachel Touitou, portavoz del grupo israelí Tzav 9, dice que el grupo ha estado bloqueando camiones a su paso por Israel desde enero, con el argumento de que la ayuda que transportaban iba a ser “secuestrada” por Hamás una vez llegada a Gaza. “Cuando se supone que la misión de un policía o un soldado es proteger a los israelíes y, en cambio, se le envía a proteger convoyes de ayuda humanitaria –a sabiendas de que estos acabarán en manos de Hamás–, no podemos culparles a ellos ni a los civiles, que ven a los camiones pasando por sus ciudades, por proporcionar información a los grupos que intentan bloquear esa ayuda”, explica Touitou. “Sí, parte de nuestra información procede de miembros individuales de las fuerzas israelíes”, agrega.

Vídeos difundidos la semana pasada muestran a colonos israelíes bloqueando y destrozando el cargamento humanitario en el puesto de control de Tarqumiya, al oeste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. El incidente, en el que los activistas tiraron cajas de suministros a la carretera, desató la indignación, y la Casa Blanca condenó el ataque, calificándolo de “comportamiento total y absolutamente inaceptable”.

Las fotografías capturadas en el lugar de los hechos muestran montones de paquetes de ayuda dañados, así como arroz y harina desperdigados por la carretera. Más tarde, fotografías de los camiones en llamas circularon por las redes sociales. Touitou dice que “Tzav 9 no quemó los camiones”. “No fue acción nuestra” afirma, y añade que fueron otros grupos los responsables del incendio.

Los colonos dicen que bloquean los camiones de ayuda con el fin de impedir que los suministros lleguen a Hamás y acusan al Gobierno israelí de hacer “regalos” al grupo islamista.

“Nuestro propósito es poner de relieve que alimentar a tu enemigo, en este caso a Hamás, especialmente en tiempos de guerra, es inmoral”, dice Touitou. “Israel ha estado entregando esta ayuda humanitaria sin esperar nada a cambio. Y el 80% de la población está de acuerdo con nuestra postura. Hamás está revendiendo estos suministros a civiles, cuando se supone que deberían distribuirse gratuitamente. Seguiremos bloqueando esta ayuda humanitaria hasta que puedan demostrar que llega a los civiles”, asegura.

Los camioneros palestinos que llevan esa ayuda en Gaza han descrito a The Guardian las escenas “bárbaras” que vivieron después de que sus vehículos fueran atacados. Aseguran que los soldados israelíes que escoltaban el convoy no hicieron nada por detener los ataques.

Yazid al Zoubi, de 26 años, camionero palestino que la semana pasada fue atacado por manifestantes en el puesto de control de Tarqumiya, declara: “Hay plena cooperación entre los colonos y el Ejército. Estamos conmocionados y sorprendidos de que el Ejército no nos haya proporcionado protección alguna, aunque estaban presentes y vigilaban lo que ocurría. El Ejército estaba al servicio de los colonos”.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dos soldados rechazaron la orden de evacuar a los manifestantes que bloquearon camiones de ayuda en la zona de Makhash la semana pasada. La emisora nacional israelí Kan informó de que uno de ellos fue condenado a 20 días de prisión. Un portavoz de las FDI declaró: “Una combatiente reservista se negó a llevar a cabo una tarea para mantener el orden en un área definida como zona militar cerrada y, en consecuencia, fue sometida a un procedimiento disciplinario. La combatiente fue condenada por el delito de desobediencia a la autoridad. Se trata de un incidente que no se ajusta a lo que se espera de los soldados de las FDI en el cumplimiento de su misión”.

Imágenes del incidente obtenidas por The Guardian parecen mostrar a soldados israelíes escoltando el convoy, sin tomar ninguna medida contra los colonos.

Información a través de chats de colonos y extrema derecha

Son los mismos colonos y activistas de extrema derecha los que suelen notificar con antelación a los miembros de sus organizaciones del horario y los lugares donde se encuentran los camiones de ayuda, y los que alegan recibir esta información de agentes de la Policía y el Ejército israelíes.

En uno de esos mensajes, a los que The Guardian tuvo acceso, los activistas ultraderechistas comunicaban a los demás que “recibirían información preliminar sobre la planificación del traslado de los camiones por parte de los soldados y la policía de los pasos fronterizos”.

“Cuando llega una llamada de emergencia sobre un convoy de camiones, el grupo se abre para discusiones y, cuando esto ocurra, por favor, envíen únicamente mensajes vinculados con el bloqueo, como localizaciones, fotos, información y autostop”, agregaba el primer mensaje.

En otro mensaje en un grupo de WhatsApp de colonos, un miembro escribió el domingo: “Recibí información de un oficial de las FDI de que trasladarán los camiones que están frente a Ofra [un asentamiento] a Bitin [una aldea palestina]”.

Touitou dice que la mayor parte de la información recibida procede de civiles. “A menudo son los mismos israelíes quienes informan del paso de convoyes de ayuda. Después de ocho meses de guerra, los israelíes están frustrados por cómo se gestiona la ayuda en Gaza. Si son soldados, policías o civiles como yo no pueden esperar que aceptemos que la ayuda acabe en manos de Hamás”.

Sapir Sluzker Amran, abogada israelí de derechos humanos que la semana pasada visitó el puesto de control de Tarqumiya para documentar las acciones de los colonos y evitar que saquearan los convoyes, dice que fue golpeada y abofeteada por un colono, y que las fuerzas de seguridad israelíes no hicieron nada para frenar la agresión.

“Los colonos tenían pistolas y cuchillos”, relata. “Pedí a los soldados de las FDI que los detuvieran porque lo que estaban haciendo era ilegal, pero me pidieron que me marchara. En un momento dado, mientras intentaba impedir que vandalizaran un camión de ayuda, un colono me dio una bofetada muy fuerte y se marchó. Le grabé y le hice fotos. Acudí a la Policía y pedí que me ayudaran porque quería presentar cargos contra el hombre. Una vez más, me pidieron que me marchara. Las fuerzas israelíes dejaron libre a mi atacante para que pudiera destrozar los camiones”, lamenta la abogada.

Los palestinos y las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando la presunta colaboración entre el Ejército y los colonos. En 2016, el cabo de las FDI, Elad Sela, residente en el asentamiento de Bat Ayin, fue condenado a 45 meses de cárcel por pasar información clasificada a activistas extremistas, lo que les permitió eludir ser detenidos y continuar con sus actividades.

En octubre de 2022, el general de división Herzi Halevi, que vivía en el asentamiento cisjordano de Kfar HaOranim, fue nombrado jefe del Estado Mayor de las FDI. Su nombramiento puso de relieve la relación del Ejército con los colonos. La Policía israelí y COGAT, la entidad del Ministerio de Defensa israelí encargada de asuntos civiles, declinaron hacer comentarios sobre estas acusaciones.

Por su parte, Nir Dinar, jefe del departamento de prensa internacional de las FDI, dijo que las acusaciones son “una afirmación sin fundamento que escucho por primera vez”. Según Dinar, la Policía está investigando los incidentes relacionados con el bloqueo y el vandalismo de los convoyes. “Las FDI están trabajando para prevenir este tipo de incidentes”, añadió.

El domingo, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, sugirió que el propio Gobierno debía ser quien detuviera los camiones de ayuda dirigidos a Gaza en lugar de dejarlo en manos de grupos de activistas. “Estamos en un país democrático y estoy a favor de la libertad de protesta. Tienen derecho a manifestarse”, declaró en una entrevista a Galei Tzahal, la radio del Ejército. “Estoy en contra de que ataquen y quemen camiones (...) Es el gabinete el que debería detener los camiones”.

Traducción de Julián Cnochaert

El acuerdo suscrito por los gobiernos central y andaluz este pasado lunes para cerrar los regadíos ilegales de Doñana incluye medidas que repercuten también entre los temporeros agrícolas, en su mayoría personas migrantes, que desde muchos años vienen malviviendo en asentamientos chabolistas carentes de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, como el denominado marco de actuaciones reconoce. El documento, además de apostar por mejoras en la habitabilidad y de avanzar en la erradicación del chabolismo y la infravivienda (para lo cual ya existe un protocolo de actuación interadministrativa), trata de situarse en línea con la normativa laboral comunitaria en la materia, que persigue ir poniendo el foco en los empleadores. En ese sentido, aquí “se propone fomentar el conocimiento y el uso de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales” para que el empresariado agrícola ponga de su parte en la “normalización documental” de los temporeros agrícolas extranjeros de Doñana que se encuentren en situación irregular.

¿A qué se refiere ese marco de actuación concreto de regularización administrativa? El acuerdo considera que esa “autorización por colaboración con la autoridad laboral” puede tener “especial interés en el caso de los trabajadores residentes en los asentamientos”. En ese sentido, la Directiva de Diligencia Debida, conocida como 'huella social' y aprobada en verano en el Parlamento Europeo, que no viene citada en el acuerdo Junta-Estado, persigue garantizar que las empresas que operan en la UE, entre otras muchas cuestiones, adopten medidas para identificar, mitigar, eliminar o combatir la vulneración de derechos de las personas trabajadoras, acerca de lo cual se enzarzaron los partidos políticos el pasado mes de marzo en el mismo Parlamento Europeo.

El marco de actuaciones reconoce que “la falta de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debido a razones normativas”, ya que sólo puede actuar en el interior de los centros de trabajo, “dificulta la detección de situaciones de trabajo o contratación irregulares”. Algo que “podría remediar” esa dificultad sería la activación de la reforma del reglamento de extranjería aprobada el año pasado, apostando como se ha dicho por “fomentar el conocimiento y el uso” de la figura de la autorización por circunstancias excepcionales o de los diferentes tipo de arraigo, en alusión al empresariado agrícola.

Respecto a los arraigos, el documento apuesta por el “diseño y ejecución, en el marco de la colaboración de todos los niveles administrativos y sociedad civil, de acciones destinadas a la promoción de vías de normalización documental a través de las figuras de los diferentes arraigos”.

Empadronamiento y “normalidad documental”

Aunque bajo el eufemístico epígrafe de “normalización documental”, el acuerdo bilateral propone literalmente “trabajar para promover el conocimiento y el recurso por parte de estos residentes a las figuras legales de los diferentes arraigos (especialmente, el laboral, el social y el arraigo para la formación) como vías excepcionales que permiten a los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular corregir esa irregularidad”.

Por otra parte, y como ya informó este medio, el acuerdo reconoce que “la dificultad de acceso al empadronamiento es uno de los factores que dificultan el acceso a situaciones de normalidad documental”, si bien no avanza línea alguna en ese sentido más allá de citar datos de Cáritas en cuanto a que el 74% de las personas residentes de los asentamientos de Huelva tiene su situación administrativa normalizada en España, mientras un 23% está esperando a cumplir los requisitos de acceso y apenas un 3% carece de documentación alguna.

Entre otras medidas propuestas por el ya extinto Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de sus competencias, el acuerdo Junta-Estado para Doñana incluye sobre todo “fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata de seres humanos, explotación y violencia de género contra los extranjeros en este territorio, para poder prevenirlos y facilitar la integración social del colectivo”, incluyendo oficinas de atención específica a los temporeros y de asesoría a profesionales que tengan contacto con ellos, sin entrar a abordar cuestiones concretas relacionadas con la Inspección de Trabajo, sanciones a los empleadores o incentivos para que los empleadores participen en la regularización de sus trabajadores.

Contra la exclusión o vulnerabilidad

También se exponen propuestas dirigidas a fomentar la inclusión social y laboral de los temporeros agrícolas que se hallen en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. A ese respecto destaca la elaboración de itinerarios personales, las sesiones individuales de apoyo psicosocial, la mediación lingüística e intercultural, o la formación sobre técnicas de búsqueda activa de empleo y competencias sociolaborales.

El documento distingue las personas que residen en los asentamientos de aquellas que participan en los Programas de Gestión Colectiva de Contratación en Origen gestionados por el Gobierno central, ya que se trata de trabajadores en situación regular que retornan a su país tras cada campaña, que no conforman unidades familiares en España, que son titulares de un marco de derechos propio y que tienen garantizado el derecho a un alojamiento digno, siendo obligación del empleador proporcionárselo.

Cabe recordar que, además del citado protocolo firmado a cuatro entre Gobierno central, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer,  la admnistración autonómica, de forma paralela al protocolo, trabaja en el primer censo de personas que residen en los asentamientos y formuló recientemente el 'I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares' que “acompaña” a las entidades locales.

Lepe, fuera

A juicio de Andalucía Acoge, una de las entidades que viene trabajando sobre el terreno para la erradicación del chabolismo entre los temporeros migrantes de Huelva y Almería, se trata de “una buena noticia” en el sentido de que es un acuerdo entre dos administraciones, la estatal y la autonómica. Pese a ello, “nos preocupa que se desatiendan otras zonas” también aquejadas de esta problemática, como pudieran ser Lepe o Almería, provincia que acumula “el grueso de esta población”, según comenta a este periódico el director general de la federación, José Miguel Morales.

En este sentido que, aunque la ley de regadíos del PP ahora desactivada preveía indultar regadíos en los cinco municipios de la Corona Norte, el marco de actuación finalmente aprobado afecta a 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural Doñana: Almonte, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Morales ve “con buenos ojos” que el marco de actuaciones contemple cuestiones que han venido denunciando asociaciones y organizaciones que pelean desde hace años en mejorar la situación de estos temporeros migrantes, como la propia Andalucía Acoge, que presentó recientemente un informe específico ante la misma Comisión Europea.

El director general considera “necesaria y urgente” una “mirada de conjunto” en este sentido, pero “que no suponga un freno” a la estrategia andaluza para la erradicación de los asentamientos y su “mirada integral”. La cuestión, concluye, obedece a “un modelo económico que tiene que ser reformulado” y que, a tenor del marco de actuaciones en Doñana, se está abordando como algo “estructural” que hay que analizar también “desde el punto de vista social y medioambiental”.

Atraviesa el terreno con la destreza de quien conoce el camino. Sortea las ramas calcinadas y los escombros que delatan la virulencia de un fuego que ha calcinado 200 infraviviendas y reducido a cenizas todo lo de quienes apenas tienen nada. Mory, un joven de 27 años natural de Gambia, lleva dos viviendo en el asentamiento agrícola de Palos de la Frontera y es uno del centenar de migrantes afectados por el incendio que, de nuevo, hizo arder el pasado domingo el mayor asentamiento de la provincia de Huelva, según el informe realizado en 2022 por Andalucía Acoge sobre las consecuencias de la discriminación que sufren las personas migradas en estos núcleos.

Mientras se dirige al camión de Cruz Roja que los visita por tercera vez esta semana, Mory cuenta a elDiario.es Andalucía que la chabola en la que vivía hasta hace cuatro días pertenece a ese 95 % de infraviviendas que han desaparecido como consecuencia del fuego. Ahora no tiene donde dormir y tampoco comida. “Falta mucho”, alcanza a decir antes de incorporarse a la fila en la que otros africanos y marroquíes aguardan su turno para recoger una de las 100 almohadas que hoy les proporcionan los voluntarios de Cruz Roja “para que estén más cómodos a pesar de las circunstancias”.

De acuerdo con fuentes de la citada organización humanitaria, algunos han conseguido realojarse en casas o chabolas de conocidos, pero la mayoría está durmiendo a la intemperie, usando los sacos de dormir que repartió Cruz Roja la madrugada del domingo. Esa noche, atendieron a unas 96 personas, proporcionándoles también agua, galletas y apoyo psicológico. Ya el lunes repartieron kits de higiene, ropa y zapatos. Y durante los próximos días, según informan las mismas fuentes, seguirán pendientes de las necesidades que vayan surgiendo y continuarán con el seguimiento que se activa ante este tipo de emergencias.

A la espera de comida

Además de Cruz Roja, otras entidades sociales como La Carpa o Andalucía Inserta se están encargando de atender sobre el terreno a estas personas que demandan fundamentalmente comida, agua y un lugar donde resguardarse, pero que necesitan también de orientación sociolaboral para mejorar sus condiciones de vida. “No tenemos nada, está todo quemado; la chabola, la ropa, todo”, lamenta Mohamed, otro migrante que lleva cuatro años en el asentamiento de Palos y ahora mismo duerme junto a otros temporeros “fuera en el bosque”.

Le aqueja, sobre todo, el hambre, pues dice tener “bastante agua”, gracias a “lo que trae Alfonso”. Se refiere a Alfonso Romero, el presidente del colectivo La Carpa que movilizó el pasado lunes 5.000 litros de agua en garrafas de ocho litros. Para este viernes, según avanza Romero a este periódico, tienen previsto realizar una nueva expedición con la misión de repartir una tonelada de alimentos mediante lotes que incluyen un total de diez productos (aceite, leche, arroz, pasta, tomate frito, atún, sal, azúcar, café y galletas).

“Son gente sana, trabajadores imprescindibles”, afirma este médico jubilado dedicado en cuerpo y alma a ayudar a quienes viven “en condiciones infrahumanas”. Por eso, el presidente de La Carpa critica que desde el Ayuntamiento no se haya dispuesto “ningún recurso habitacional” para dar “cobijo” a aquellos que se dedican a sacar adelante la campaña de recogida de frutos rojos. La redacción de elDiario.es Andalucía ha tratado de contactar con el Consistorio de Palos, pero los intentos han sido infructuosos.

Precisamente, el estar fuera de campaña es lo que hace que la población actual del asentamiento ronde las 120 personas, frente al millar que llega a alcanzar entre marzo y abril, cuando comienza la recolecta y esta zona de infraviviendas alcanza su punto más álgido debido a la proximidad que ofrece respecto a los campos de trabajo, según explica Andalucía Acoge.

Si bien el fuego ha sido “fulminante”, en palabras de Alfonso Romero, a lo largo de las cinco hectáreas de propiedad privada que se despliegan junto al polígono industrial se pueden distinguir algunas pocas chabolas. Para Keita, es al azar de las llamas lo que ha llevado a que esas sigan en pie y no otras. Este profesional del campo de 53 años nació en Mali y lleva desde los años 90 trabajando en la fresa. Él no vive en el asentamiento (sino en el pueblo con su mujer y sus hijos), pero lo frecuenta a menudo porque le gusta estar cerca de sus “compatriotas” y compartir con ellos “lo bueno y lo malo”.

En su nombre, reivindica que “hace falta más ayuda”, así como “hablar con la Junta de Andalucía para acabar con esto”. “Esto no es vida”, apostilla Keita, que siempre aconseja a sus compañeros “que salgan de aquí” y hace unos años impulsó la creación de una asociación entre los temporeros para abordar esta cuestión con los servicios sociales, sin haber obtenido ningún avance hasta el momento.

De ahí el hartazgo que manifiesta un compatriota, al que Keita llama cariñosamente “alcalde” por ser uno de los que lleva más tiempo viviendo en el asentamiento. Este temporero rechaza responder a más preguntas de periodistas porque está cansado de hablar “y después, nada”. Se despide entonces apuntando a que prefiere reservar sus fuerzas para conversar con el regidor de Palos, “que es quien puede darme una vivienda”.

Por lo pronto, el alcalde de este municipio de Huelva, Carmelo Romero (PP), en declaraciones a los medios locales el día después del incendio, señaló que se trata de “un problema que rebasa a todos los ayuntamientos”, señalando como “responsable principal” al Gobierno central. “Lo que no puede hacer es dejarlos pasar y que sean los ayuntamientos quienes se hagan cargo de la situación en la que están viviendo y en la que desarrollan sus trabajos”, añadió en ese sentido el regidor, para terminar comprometiéndose a “seguir trabajando para que se pueda dignificar a estas personas y erradicar los asentamientos”.

¿Voluntad política?

Entretanto, la Junta de Andalucía insta al resto de instituciones y entidades sociales a que “se involucren de manera activa” en la elaboración y ejecución del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares en Andalucía, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y cuya formulación ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio. Un texto que apela expresamente a “la implicación de la administración local”, y anuncia que “serán los ayuntamientos, dentro de su autonomía local, los que decidirán sobre la implantación de su plan municipal”.

Sin embargo, a ojos de, Antonio Abad, uno de los activistas históricos en los asentamientos onubenses, el problema es que “no hay voluntad política” por parte de ninguna administración para que la situación cambie. Lo sostiene con rotundidad porque en las últimas tres décadas ha sido testigo de cómo después de cada incendio (se repiten con frecuencia a lo largo del año), los migrantes se han de conformar con la “ayuda puntual” de algunas organizaciones que les suministran los recursos más imprescindibles, por lo que la única alternativa que encuentran es “reconstruir la chabola”. De modo que se exponen de nuevo al riesgo de “volver a perderlo todo”, incluso “la vida”, recuerda el activista.

El viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso, ha instado este lunes al resto de instituciones y entidades sociales a que “se involucren de manera activa” en la elaboración y ejecución del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares en Andalucía, impulsado por esta consejería y cuya formulación ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio.

Repiso ha realizado este llamamiento en Huelva en el marco del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante que se ha retomado en la capital onubense con el objetivo de “reactivar con más fuerza” las acciones y medidas ante el fenómeno migratorio, según ha indicado la administración andaluza en una nota.

En este sentido, dentro de la apuesta de la Junta por plantear “una respuesta general, planificada y concreta”, se enmarca el I Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante (EASEN).

“Se trata de un punto de inflexión en esta materia y por ello, este plan necesita de toda la implicación de todas las administraciones y agentes sociales”, ha proseguido el viceconsejero, que ha subrayado que el I Plan EASEN pivota “esencialmente” sobre las entidades locales, que desarrollarán sus propios planes adaptados a su realidad.

El mismo ha tenido una buena acogida por parte de las entidades sociales y ayuntamientos presentes en el Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante que, además, han agradecido a la administración regional este paso para buscar “de manera dialogada” soluciones al fenómeno de los asentamientos.

“Unidad y consenso”

Tras señalar que este plan busca la “unidad y el consenso” de todas las partes para recoger una actuación coordinada y una intervención integral, Repiso ha incidido en que este plan contempla el apoyo por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a las entidades locales proporcionando formación y metodología a los equipos “de cara a una mejor intervención” y para poder elaborar un censo de las personas que residen en asentamientos.

Asimismo, Repiso ha demandado el “compromiso” del Ejecutivo central para que “se involucre en la elaboración y ejecución del Plan Easen dado que la problemática de los asentamientos requiere medidas y acciones de todas las administraciones”. De hecho, todas las actuaciones que se prevén en el marco de este plan se desarrollarán sobre los municipios con la imprescindible implicación de la administración local y con medios reforzados del resto de administraciones públicas, por lo que desde la Consejería han exigido al Gobierno central “implicación” en este sentido.

En Andalucía, la existencia en algunos municipios de asentamientos informales e infraviviendas asociadas, donde residen personas de origen migrante, es una situación de al menos los últimos 25 años y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas que tienen esta realidad. Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en zonas donde se da la existencia de núcleos chabolistas e infraviviendas.

Así, este plan tiene como objetivo erradicar los asentamientos informales en Andalucía y prevenir la creación de nuevos poniendo en marcha diversas soluciones habitacionales dignas, flexibles y adaptadas a los territorios y los perfiles de residentes. Para ello se establecerá un modelo de Plan Local o comarcal que identifique los elementos y actores claves en función de su realidad territorial y cuente con el acuerdo de todos los actores públicos y privados y la coordinación de todos los niveles administrativos que participan.

“Desde la Consejería consideramos la colaboración entre administraciones y de todos los agentes implicados fundamental para poder buscar soluciones y tomar medidas”, ha proseguido el viceconsejero, que ha remarcado el “afán” de la Consejería por conseguir la “inclusión plena” de las personas de origen migrante.

21,5 millones

Por su parte, la Consejería ha informado de que ha movilizado en este año 2023 un total de 21,5 millones de euros en fondos, tanto europeos como propios, para políticas migratorias de cara a “dar respuesta a las necesidades de la población de origen migrante”.

Destaca la línea de subvenciones, por valor de cinco millones, dirigidas a entidades locales para la atención residencial a personas inmigrantes sin hogar en municipios con actividad agrícola (adquisición de inmuebles, construcción, reforma o equipamiento de nuevos recursos públicos de carácter comunitario para atención residencial). A esta convocatoria han concurrido con proyectos los municipios onubenses de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto y el almeriense de Níjar.

Igualmente, se encuentran los fondos para el concierto de 300 plazas para inserción social de jóvenes migrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección de menores de la Junta o jóvenes inmigrantes en situación de gran vulnerabilidad (4,3 millones); otros 1,7 millones para subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias o los 1,5 millones para las subvenciones a entidades privadas para programas de acción social, entre otros.

Andalucía Acoge

La federación Andalucía Acoge cree que el plan que se aborda en esta reunión es fundamental para acabar con una realidad que se arrastra desde varias décadas y que afecta a miles de personas. Para ello, la federación considera que se requiere de una estrategia integral de con carácter estatal y en coordinación con el resto de las administraciones implicadas. Más allá del nivel de competencias administrativas, esta estrategia debe ahondar en un compromiso político, en instrumentos financieros suficientes desde una perspectiva interseccional y comunitaria. Promover el acceso de las personas a una vivienda digna, en un entorno inclusivo, así como su mantenimiento a lo largo del tiempo, a través de programas de realojo de las personas y familias, que deberán ser acompañados por los recursos públicos, promoviendo su plena inclusión social.

Según José Miguel Morales, director general de Andalucía Acoge, “este plan supone por fin que la Junta de Andalucía reconoce sus competencias en este ámbito, como venimos reclamando desde hace décadas. Esperamos que la intervención que se desarrolle esté diseñada por las entidades sociales que hemos estado aportando soluciones en la medida de nuestras posibilidades hasta ahora y, por supuesto, con la implicación de los ayuntamientos”.

Andalucía Acoge ha publicado este año el informe ‘Asentamientos 2022. Consecuencias de la discriminación en los asentamientos de Huelva y Almería’. Un estudio en el que se constatan los graves problemas a los que se enfrentan estas personas vínculos al acceso al derecho a la vivienda, la educación o la sanidad, así como casos de trata de personas o las situaciones de vulnerabilidad extrema de los menores residentes.

Los más de 2,6 millones para programas de realojo e inclusión social de personas trabajadoras temporeras que malviven en asentamientos chabolistas de Lepe y Moguer avanzan al ritmo de las administraciones, es decir, lentamente. Algo más de un año después del protocolo firmado a cuatro entre Gobierno central, Junta de Andalucía y los dos ayuntamientos, Lepe es el que se encuentra con su iniciativa más adelantada y el próximo septiembre podrían arrancar las obras de su residencia en la zona de Los Barrancos, a kilómetro y medio del núcleo urbano, apuntan fuentes municipales. Mientras que Moguer trabaja aún en el proceso administrativo y de gestión previa a la ejecución del programa, la Junta, de forma paralela al protocolo, trabaja en el primer censo de personas que residen en estos asentamientos y acaba de formular el 'I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares' que “acompaña” a las entidades locales.

Recientemente, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) del Consejo de Europa denunciaba en su último informe las condiciones laborales que viven personas migrantes en los campos de fresa de Huelva, de todos conocidas y que fueron objeto de debate en el Parlamento Europeo este mes de marzo. Cabe recordar que los 2,6 millones (1,81 para Lepe y 818.000 para Moguer) fueron destinados por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, mediante el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre.

Fuentes ministeriales recuerdan que tanto Lepe como Moguer tienen disponible la financiación del Plan de Vivienda, que tiene una línea específica para realojos de infraviviendas, apuntando que se llegó a tener conversaciones con Nijar, dentro de los ayuntamientos de Almería, pero “no se concretó una actualización finalmente”.

En terreno rústico

El “fomento de la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras”, tal y como planteaba el protocolo, se encuentra más avanzado en Lepe, con un proyecto de urbanización ya elaborado y la adaptación de los terrenos rústicos prácticamente finalizada. Las obras del complejo residencial de viviendas modulares, con capacidad para 144 trabajadores si bien se podrían acoger hasta medio millar de personas, podrían arrancar este mes de septiembre, detallan fuentes municipales de acuerdo al proyecto.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Moguer indican que se está actualmente “trabajando en el proceso administrativo y de gestión previa para desarrollar” el programa de realojo, manteniendo “contactos con cooperativas y otros actores que participan en este proceso” y elaborando los pliegos de condiciones de contratación pertinentes para este tipo de actuaciones.

Reunión de seguimiento

Es de recordar que el pasado 19 de abril representantes de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, miembros de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Lepe y Moguer celebraron una reunión de seguimiento de las iniciativas en marcha para la erradicación de los asentamientos impulsadas dentro del marco del protocolo, destacando la tramitación de los planes municipales de actuación aprobados el mes anterior por parte de la Secretaría de Estado.

Pese a que las ayudas millonarias que aprobó la Junta tras la pandemia para tratar de adecentar esos lugares repletos de infraviviendas provisionales de palets y plásticos que se vienen alargando desde hace 40 años, este periódico siguió el rastro de aquellos 2,3 millones repartidos en municipios de Huelva y Almería que no han evitado la imagen de miles de empleados en el campo andaluz en lamentables condiciones de higiene y salubridad.