Después de dos mandatos, Aizpea Otaegi no se presentará como candidata para la alcaldía de Errenteria en 2027, una localidad de 40.000 habitantes pegada a Donostia. En estos años, Errenteria se ha convertido en el primer municipio en ser declarado como zona tensionada por los elevados costes de la vivienda. Es el municipio más grande gobernado por EH Bildu en la comunidad autónoma (en Navarra dirigen la capital, Pamplona).

La noticia la ha compartido ella misma esta semana por su red social de Instagram tanto en euskera como en castellano. Otaegi afirma que seguirá trabajando hasta el final y asegura que habrá “un relevo garantizado” para continuar la labor de EH Bildu, mas aún se desconoce quién sería. Por otra parte, la alcaldesa será la 'número tres' en la plancha para las generales de su partido por Gipuzkoa, aunque en principio no es un puesto de salida.

“Afortunadamente, el nuestro es un proyecto compartido”, por lo que se garantiza la “continuidad del sólido proyecto de EH Bildu”, sostiene ella. Comparte que durante estos ocho años ha dado lo mejor de sí misma y que vive con “pasión ser alcaldesa”, habiendo tenido el honor de ser la primera mujer ocupando el cargo en el municipio. En su video indica que seguirá trabajando los próximos meses con el “mismo sentido de la responsabilidad y dedicación hasta ahora”. Las próximas elecciones municipales serán en mayo.

En su video usuarios han dejado comentarios. Muchos reflejan un agradecimiento “por todo el trabajo”, pero la mayoría indica que le da “pena” perderla como alcaldesa. Un usuario la describe como una “mujer muy cercana y entrañable”, enfatizando que su respeto y cariño van a echarse en falta. Otros usuarios le desean lo mejor en su nueva etapa y que se le “recordará muy, muy en positivo”.

Otaegi ingresó al Ayuntamiento directamente como alcaldesa en 2019, cuyas elecciones ganó con 9 escaños y pactando con la coalición de Podemos. Después de haber gestionado los años de la pandemia y hasta haber inaugurado el espacio cultural Lekuona Fabrika, en 2023, fue reelegida de nuevo con 9 escaños y la misma coalición. La única diferencia entre ambas votaciones ha sido la aparición del PP en el pleno en este último mandato con un escaño, que fue a costa de la coalición de izquierdas.

En este último cuatrienio, sin duda el hito más importante ha sido la declaración de zona tensionada. Sin embargo, la entrega tardía de los índices de referencia, por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, ocasionó que el tope de precios no se apreciara sino nueve meses después en todos los supuestos. A la medida de zona tensionada le queda tofvía más de un año, aunque existe la posibilidad de prorrogarla. Dicha decisión le corresponderá al siguiente inquilino de la alcaldía.

Al menos en Errenteria, a juicio de la alcaldesa, un efecto que se ha logrado ha sido la disminución del interés de inversores por la zona, dándole paso a locales para comprar vivienda. “Es un impacto inmediato que me alegra mucho”, le comentó Otaegi a este medio en enero, durante una entrevista. No obstante, al buscar alquiler en Errenteria (viernes 16 de octubre, a las 11.11 horas) no se encontraba a disposición ninguno de larga duración y solo dos de temporada.

Fuera de la materia de vivienda, Errenteria fue reconocido con dos premios de oro en los Premios de la Inclusión y la Diversidad de la Comisión Europea 2026, entregados en Bruselas. Otaegi fue a recibir el premio conjunto a la concejala de Diversidad, Itsaso Cruz, y la técnica, Samira Goddi. El municipio fue premiado en las categorías entidades locales de menos de 50.000 habitantes y en favor de un mercado de trabajo inclusivo. A pesar de todo esto, Errenteria se ha enfrentado en los últimos meses a controversias sobre las denuncias de agresiones sexuales en Xenpelar Bertso Eskola y al caso de Jon Maya, de Kukai.

Plantillas deficitarias y discriminación retributiva de trabajadores y trabajadoras. Es la realidad que caracteriza a las nuevas Oficinas de Justicia que han sustituido a los Juzgados de Paz en los municipios de Castilla-La Mancha, según denuncia Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato también alerta de que el 96,5% de estas Oficinas en la región carece de personal del Cuerpo de Tramitación Procesal, pese a que tienen que asumir nuevas competencias judiciales.

Las Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM) comenzaron a hacerse realidad en 2022, cuando la localidad albaceteña de Tarazona de la Mancha fue elegida como localidad para desarrollar lo que entonces era un proyecto piloto del Ministerio de Justicia que aprovecharía la infraestructuras de los Juzgados de Paz para sustituirlos.

El proyecto forma parte del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia que el Ministerio implementó con el fin de alcanzar una estructura que resulte más “cercana, sencilla, ágil y eficiente para la ciudadanía”, según detallaba hace cuatro años la Diputación de Albacete.

La realidad, según señala CCOO en Castilla-La Mancha, es una “crítica” situación estructural, funcional y retributiva con la que operan las nuevas Oficinas de Justicia en los Municipios (OJMs) y sus agrupaciones en las cinco provincias de la región.

Discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas

El sindicato señala que, en Castilla-La Mancha, el servicio público de estas oficinas recae sobre una plantilla de “apenas 235 efectivos”, distribuidos en 86 Oficinas de Justicia en el Municipio y agrupaciones atendidas por personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.

“En la inmensa mayoría de las OJMs castellanomanchegas la plantilla se reduce a un único puesto de Gestión/Secretaría y un único puesto de Auxilio Judicial (dos efectivos en total). Especialmente sangrante son los casos en la provincia de Toledo de Yuncos, que con 42.170 habitantes cuenta únicamente con dos funcionarios, o Seseña, que con 45.339 habitantes cuenta con tres. En la provincia de Guadalajara también hay casos significativos en las agrupaciones de El Casar Alovera, Chiloeches y Marchamalo; y de igual manera en la provincia de Ciudad Real, la situación es crítica en las agrupaciones de Miguelturra y La Solana”.

Para adecuar las plantillas a la población real, CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación “urgente” de 33 nuevas plazas en Castilla-La Mancha (16 de Gestión Procesal y 17 de Tramitación Procesal): 21 en Toledo, 8 en Guadalajara y 4 en Ciudad Real.

Asimismo, CCOO denuncia que el Ministerio ha asignado en las Relaciones de Puestos de Trabajo de estas oficinas actividades compatibles con los Tribunales de Instancia, sin haber realizado el estudio previo de cargas de trabajo ni la negociación sindical acordada con CCOO.

Además, “solo” 3 de las 86 OJMs de Castilla-La Mancha (Tarazona de la Mancha, Azuqueca de Henares y Seseña) cuentan con puestos de Tramitación Procesal, existiendo cero plazas de este cuerpo en todas las OJMs de Ciudad Real y Cuenca. En Albacete, 14 de las 15 Oficinas carecen de Cuerpo de Tramitación Procesal y “sufren discriminación salarial y sustituciones forzosas gratuitas”.

Si se mantiene dicha asignación, CCOO exige dotar de puestos de Tramitación Procesal a todas las OJMs, lo que supone 67 plazas adicionales en las sedes de menos de 15.000 habitantes (100 nuevas plazas en total en Castilla-La Mancha).

Finalmente, CCOO exige el fin de la discriminación retributiva, señalando que los puestos de Gestión-Secretaría cobran exactamente el mismo complemento específico que un puesto de Gestión sin jefatura; realizan sustituciones forzosas en municipios cercanos sin percibir retribución alguna y a ningún cuerpo se le retribuye ni la atención al público ni la penosidad por salidas a notificaciones, embargos, desahucios o diligencias en Centros Penitenciarios.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que desde su Ejecutivo se va a pedir a la Comisión Europea que reconozca como zonas poco poblada a los 267 municipios de las comarcas de Molina, Sierra Norte y las Alcarrias de Guadalajara por su carácter contiguo a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria y por presentar problemas de despoblación similares o incluso mayores.

Así lo ha señalado antes de intervenir en el Punto 4 del debate 'Derecho de estancia: Oportunidades, servicios y calidad de vida en los territorios de Europa' de la 242ª reunión fuera de la sede de la Mesa del Comité de las Regiones celebrada en Mullingar (Dublín-Irlanda).

Castilla-La Mancha considera que las actuales Directrices de Ayuda Regional (DAR) utilizan una definición demasiado rígida de las zonas poco pobladas al limitarse al nivel 'NUTS3', lo que deja fuera a territorios que, pese a presentar graves problemas demográficos, no alcanzan ese nivel administrativo.

Junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el presidente castellanomanchego ha señalado que este reconocimiento permitiría a estos municipios acceder a niveles de financiación superior y preferente en Europa, a deducciones y ayudas fiscales por encima de las ya planteadas con la Ley de Medidas frente a la Despoblación aprobada en 2021 en Castilla-La Mancha.

Por ello, se ha mostrado confiado en que esta provincia, al igual que Cuenca, “que además son vecinas de otras que tienen la misma catalogación”, pueda aspirar a este grado que “nos significaría un margen de ayudas, un margen de beneficios y de promoción, infinitamente mayor”.

Deducciones autonómicas

En este contexto, el presidente regional ha recordado que las deducciones que se están planteando en las zonas con despoblamiento son autonómicas y ha precisado que suponen que la comunidad autónoma deja de recaudar en torno a 100 millones de euros al año en beneficios fiscales para todas aquellas personas, empresas, autónomos y pymes, que se instalan o que viven en las zonas con despoblamiento.

“Hemos conseguido revertir, no solo con las ayudas, sino con otras estrategias, servicios públicos, sanidad, educación e infraestructuras, la situación, y ahora mismo, una de cada cuatro personas que vienen a vivir a Castilla-La Mancha lo hacen en zonas que están en el mapa de despoblamiento”.

Este dato demuestra, a juicio de García-Page, que “por mucho que cueste, por muy difícil que parezca, a base de intentarlo, a base de programarlo, a base de tener estrategia, de tener plan, y Castilla-La Mancha es la única región en España y en Europa que lo tiene con una Ley propia, estamos consiguiendo darle la vuelta”.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado luz verde a las líneas principales del presupuesto municipal para 2027. De esta forma, el documento, que se remite al Ministerio de Hacienda en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge las previsiones económicas de la corporación y de las entidades que integran el sector público local.

Al respecto, el concejal del Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado la solvencia de las arcas municipales, así como el cumplimiento de los criterios de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según ha informado el consistorio.

Hernández Spínola ha señalado que las entidades locales están obligadas a remitir esta información al Ministerio de Hacienda dentro del plazo establecido, que en este ejercicio finaliza el 14 de septiembre.

Estas líneas “fundamentales” forman parte del procedimiento de elaboración del presupuesto municipal y recogen las previsiones económicas que servirán como referencia para la elaboración del proyecto presupuestario de 2027.

Hernández Spínola ha indicado que el Consistorio “avanza ya en la confección del borrador definitivo” del presupuesto de 2027, que detallará la totalidad de las previsiones de ingresos y gastos para iniciar su correspondiente tramitación y debate.

El Ayuntamiento de Estepona, liderado desde 2011 por José María García Urbano (PP), concedió en junio de 2017 una parcela en primera línea de playa para construir y explotar un chiringuito durante cincuenta años. La adjudicataria fue la empresa Gestión de Hostelería Estepona, S.L., una mercantil constituida año y medio antes. Tenía como administrador único a Miguel Vázquez Galiano, de profesión asesor fiscal.

En 2019 Vázquez se convirtió en concejal del PP por Coín y un año después vendió las participaciones de la sociedad adjudicataria del chiringuito con todos sus activos. En junio de 2021, Nido Beach Club empezó a funcionar. El pasado diciembre, Vázquez Galiano fue detenido por la Policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de prostíbulos. Dejó de ser concejal pocos días antes de que la Policía comunicara públicamente la operación.

Este miércoles, el PSOE desveló la adjudicación inicial a Vázquez Galiano, que hasta ahora no había trascendido, y recordó que está imputado por blanqueo. “Respetamos la presunción de inocencia, pero el Ayuntamiento tiene que explicar a quién adjudicó durante medio siglo un espacio público y qué controles ha realizado posteriormente sobre esa concesión”, señaló Emma Molina, portavoz socialista del PSOE de Estepona.

“[El chiringuito] nos pareció una inversión interesante, pero luego todo fue un calvario”, explica Vázquez Galiano, quien asegura que otras cuatro empresas concurrieron (este medio no ha podido localizar el expediente en el portal de licitaciones) y que García Urbano sólo supo que él era el adjudicatario “dos o tres meses después” de que terminara el proceso. Asegura que, además de su profesión como asesor fiscal, a veces realiza inversiones propias en otros ámbitos, y este fue el caso. Se da la circunstancia de que Coín es el municipio de origen tanto de Vázquez Galiano como de García Urbano. “Claro que lo conozco, como 40 millones de españoles. Pero él no tenía ni idea de que íbamos a pujar”, señala el exedil.

El exconcejal del PP cree que es “ruin” vincular el caso de presunto blanqueo destapado en 2025 con la adjudicación del chiringuito en 2017, y asegura que la investigación contra él está limitada a las presuntas actividades de un cliente de su despacho: “Cuando uno tiene tantos clientes, a algunos no los conoce”.

La concesión fue formalizada el 22 de mayo de 2017 en un documento suscrito por José María García Urbano (como alcalde de Estepona) y Miguel Vázquez Galiano, como administrador único de la concesionaria. El concesionario se obligaba a pagar un canon anual de 19.593 euros por la concesión de 2.194 metros cuadrados de dominio público en la playa.

Exconcejal investigado desde el pasado diciembre

Vázquez Galiano fue detenido el pasado 7 de diciembre junto a otras 18 personas, acusadas de integrar una red que blanqueó nueve millones de euros procedentes de la explotación sexual de mujeres reclutadas en otros países, principalmente en Colombia, en dos prostíbulos de Málaga capital y Cártama.

Se trata de una investigación ejecutada en dos fases por la Policía, y dirigida por un juzgado en Málaga capital. La detonación de la primera fase de la Operación Gargamel, en noviembre de 2024, permitió liberar a 42 mujeres atrapadas en esta red, que ejercía un dominio sobre sus vidas mediante un sistema de control, vigilancia y amenazas, según informó entonces la Policía. Fue una de las víctimas quien dio la voz de alarma. Estas mujeres relataron que las forzaban a mantener relaciones sexuales y las amenazaban con dañar a sus familiares en los países de origen.

En paralelo, operaba una estructura “de cuello blanco” orientada a camuflar el origen del dinero y reintroducirlo en el tráfico legal. La Policía desarticuló esta estructura en diciembre de 2025. Fueron detenidos presuntos testaferros, una notaria, una abogada, el director de una sucursal bancaria y un asesor financiero: Miguel Vázquez Galiano, quien quedó en libertad tras prestar declaración. Nueve meses después de ser detenido, aún no ha declarado ante el juez de instrucción.

Vázquez, que ocupaba la delegación de Patrimonio y Ayudas Europeas en el Ayuntamiento de Coín cuando fue detenido, dimitió días antes de que la Policía desvelase la operación. Entró en la corporación en tras las municipales de mayo de 2019 (es decir, dos años después de obtener la concesión y dos antes de venderla), y ocupó el puesto seis en las listas del PP en las de 2023. El PP le abrió expediente al conocerse su detención. Desde el partido no han aclarado en qué estado se encuentra ese expediente.

“En trámites” para licencia de apertura desde 2019

Vázquez Galiano vendió la concesión en 2021, y esta siguió su curso. Actualmente, Nido es uno de los beach club de moda en la costa de Estepona. Ubicado en Costa Natura, junto a una emblemática urbanización pionera del naturismo en España, cuenta con restaurante, piscina y un club de playa que programa sesiones nocturnas de djs, y está gestionado por el exitoso Grupo Mosh, titular también de Momento (en la Milla de Oro marbellí) o Playa Padre, también en Marbella. Grupo Mosh ha alcanzado sonados acuerdos con el chef Dani García para transformar el icónico local en la antigua sede de Aresbank en Marbella en Motel Particulier o Barnes, un grupo de restauración de alto standing.

Sin embargo, en el caso de Nido Beach Club opera sin licencia de apertura, según una respuesta del área de comercio a una petición de información tramitada por el Grupo Socialista. Nido está “en trámites” para obtener dicha licencia desde 2019, de acuerdo con ese documento. “La licencia lleva su tiempo. Eso es lo normal en la Costa del Sol o en Madrid”, argumenta Albert Beniflah, responsable de Grupo Mosh, que asegura que entre tanto Nido está operando con una declaración responsable al tratarse de una concesión municipal. Tiene unos 80 empleados, asegura. Beniflah no sabe nada de los anteriores concesionarios.

“Queremos saber cómo es posible que un establecimiento lleve cinco años funcionando sin que su licencia haya quedado formalmente concedida. ¿Quién ha permitido que esto ocurra y qué controles ha realizado el Ayuntamiento?”, pregunta Molina. También ha cuestionado al Consistorio si ha autorizado la celebración de eventos nocturnos que molestan a vecinos.

Además, los socialistas quieren saber las circunstancias que rodean al traspaso del chiringuito, que se realizó mediante la venta de las participaciones sociales de la concesionaria a una sociedad de la inmobiliaria Kronos, promotora de una urbanización de lujo en la parcela adyacente, que luego la traspasó a Grupo Mosh.

Según el pliego, el concesionario debe ejercer “por sí” la concesión sin cederla o traspasarla a terceros sin la aprobación del Consistorio. En caso de traspaso, debe abonar al Ayuntamiento una cantidad equivalente a cinco años del canon.

Este medio ha trasladado al Consistorio un cuestionario sobre las circunstancias que rodean esta adjudicación, sin respuesta.

Disputa con la urbanización nudista

Nido Beach Club se inauguró por todo lo alto el 20 de julio de 2021. Unas 450 personas acudieron al estreno. Para entonces ya estaba gestionado por Grupo Mosh. Vázquez Galiano lo había intentado vender a otros interesados por 1,5 millones de euros, según ha podido constatar este medio. Él asegura que invirtió mucho tiempo y dinero en la construcción y los trámites. También explica que dejó la obra en la “estructura”, cansado de los problemas con los vecinos y agobiado por la dificultad para cumplir plazos para la apertura.

La ubicación, en el paraje Costa Natura, es ideal para un negocio de estas características: en plena playa, junto a la lujosa urbanización The Edge de la inmobiliaria Kronos y a medio camino entre Marbella y Sotogrande (ya en la provincia de Cádiz), lo que garantiza una clientela de alto poder adquisitivo. Pero desde el principio encontró una piedra en el zapato: la histórica urbanización nudista Costa Natura. Doscientos apartamentos residenciales y turísticos que conforman un complejo pionero en España, levantado a finales de los 70 junto a la primera playa con autorización para practicar el nudismo.

La convivencia de los naturistas con los clientes del chiringuito fue difícil, al menos los primeros meses. Los primeros se quejaban de que los nuevos bañistas “textiles” (como denominan a quienes sí llevan bañador) les invadían y llegaron a lanzar una petición en change.org para pedir “respeto” a los recién llegados, que se instalaban en tumbonas que excedían el ámbito de la concesión, según denunciaban los nudistas. Los responsables de Grupo Mosh defendían su derecho a vetar el nudismo en el establecimiento o en sus hamacas. “No hemos quitado ningún espacio y le hemos dado vida a la zona. Realmente nunca hubo conflicto: tenían miedo a que se masificara y no ha sido así”, dice ahora Beniflah.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto con el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha visitado este viernes el nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’ de Aldeanueva de Ebro, la primera escuela infantil de la localidad, que acaba de abrir sus puertas este curso 2026-2027 con 74 plazas. Capellán, acompañado de la la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el acalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha destacado la trascendencia de esta etapa educativa, de 0 a 3 años, que resulta “clave en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje y en el desarrollo de la personalidad”.

En este sentido, ha recordado que está probado científicamente “los múltiples beneficios que tienen estos estímulos tempranos, especialmente en el desarrollo de las habilidades sensoriales y motores, también en ámbitos como la memoria, la atención y el desarrollo socioemocional. Así, los niños y niñas aprenden empatía, a compartir y cooperar”, ha destacado. Fruto de la convicción del Ejecutivo en los evidentes beneficios que ofrece este modelo, Capellán ha recordado el esfuerzo presupuestario para aumentar en 500.000 euros la partida consignada en 2027 para el bono infantil, que financia el coste de la escolarización del alumnado matriculado en el Primer Ciclo de Educación Infantil a más de 3.000 familias riojanas y que ronda los 12 millones de euros.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo ‘Primeros Pasos’, de titularidad municipal, dispone de 74 puestos escolares distribuidos en cinco unidades: una unidad de 0-1 años, con 8 plazas; otras dos de 1-2 plazas, con un total de 26 plazas, 13 por aula; y dos unidades de 2-3 años, con 40 puestos escolares, 20 por aula. Hasta la fecha, ya hay matriculados 27 alumnos.

Así es la escuela Primeros Pasos en Aldeanueva de Ebro

La nueva escuela se ubica en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, con una superficie total de 1.590 metros cuadrados. El edificio dispone de planta principal de uso escolar y se organiza en tres volúmenes interconectados, que permiten diferenciar claramente los espacios educativos, administrativos y de servicios, a la vez que favorecen la iluminación natural y la relación con los espacios exteriores.

El espacio principal del centro ‘Primeros pasos’ se distribuye en cinco aulas, todas con acceso directo a los baños infantiles y con conexión directa al patio exterior, mediante un amplio porche cubierto. Además, dispone de una sala de usos múltiples, comedor (con capacidad para 66 plazas), cocina, sala de educadores, despacho de dirección, vestuario y botiquín, cuarto guarda-cochecitos, dos espacios de almacén didáctico (con posibilidad de ampliación de la zona de guarda-cochecitos, dos aseos adaptados, archivo, almacenes y cuarto de limpieza.

A estos espacios, hay que añadir un gran patio de juegos principal, otro patio interior que aporta iluminación natural al edificio y dos pequeños patios de acceso desde las calles Díaz de Rada y Frontón de Aldeanueva de Ebro.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo centro es la iluminación, con el aprovechamiento de la luz natural, mediante grandes ventanales, lucernarios y patios interiores que iluminan aulas, distribuidor principal y comedor. Por otra parte, se emplea el color como elemento pedagógico y de orientación espacial para favorecer la autonomía del alumnado. El blanco es el color predominante en todo el edificio y las fachadas combinan panel fenólico blanco y panel metálico gris, dando una imagen contemporánea y fácilmente reconocible.

Respecto a la sostenibilidad, se ha construido un edificio bioclimático, con una construcción de consumo energético casi nulo, con ventilación mediante recuperadores de calor de alta eficiencia, aprovechamiento de la energía solar, protección frente a la radiación en verano y máxima entrada de luz natural.

La inversión del Gobierno de La Rioja para la construcción y equipamiento del centro infantil ‘Primeros pasos’ de Aldeanueva de Ebro asciende a 2.842.257,50 euros y se enmarca dentro del ‘Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil, con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la UE- Next GenerationEU.

El patio de columnas de Casa Parada de Tarancón (Cuenca) ha acogido la presentación del programa de actos de las Fiestas y Feria Nuestra Señora de Riánsares 2026, que cuenta con más de 120 actividades desde el pregón y la imposición de bandas a la Corte de Honor, que a cargo de la taranconera Conchi Zarco tendrá lugar el sábado, día 29 de agosto, en el centro escénico San Isidro. Entre la programación, destacan las actuaciones de Celtas Cortos y La Pegatina.

El recinto ferial, con alrededor de 120 feriantes, se inaugurará el 5 de septiembre, con el tradicional concierto de encendido de luces a cargo de la agrupación musical 'Nuestra Señora de Riánsares', este año con la cantante Tamara, y permanecerá abierto hasta el día 13.

“En esta edición habrá más carpas, más carrozas, más peroles en los guisos, más torillos de fuego, más iluminación, un dispositivo de seguridad más amplio, más ‘Mañaneo’ y ‘Tardeo’, y es que nuestras fiestas patronales van a más como también va a más nuestra ciudad, disfrutemos de ellas con responsabilidad, con respeto y una diversión sana”, ha subrayado el alcalde, José Manuel López Carrizo.

Le han acompañado en la presentación eal concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones, Juan Castejón, y el concejal de Cultura y Turismo, Raúl Añover. También han asistido la concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Elisa Sánchez, y la edil de Promoción Económica y Participación Ciudadana, Riánsares López.

Los conciertos solidarios ya son toda una seña de identidad de las fiestas patronales de Tarancón, por lo que el Ayuntamiento anima a comprar las entradas (a través de Globalentradas), este año como novedad es posible adquirir un bono para los conciertos de Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna. También en estas fiestas se podrán disfrutar de los tributos al mítico grupo Abba y a La Raíz, entre otras muchas actuaciones.

“Las fiestas se han diseñado pensando en todos y todas, escuchando a la gente, cuidando nuestras tradiciones, y con una programación atractiva todos los días, no únicamente en los dos fines de semana que abarcan. Detrás de nuestras fiestas están nuestras raíces, está la esencia de lo que somos, y detrás de cada acto hay un esfuerzo enorme por mantener las señas de identidad de Tarancón”, ha destacado el responsable de la Concejalía de Festejos.

En cuanto a la programación cultural en el auditorio municipal, durante las fiestas se podrá disfrutar de las obras de teatro ‘Ya me has tocado el cuento’ (el día 10), ‘Pero no se lo digas’ (el día 11), y ‘El perfume del tiempo’ (el día 12), a través del programa 'Platea' del Ministerio de Cultura. El Mercado de las Artes Luisa Sigea acogerá asimismo un espectáculo de títeres y la exposición ‘Tipos taranconeros’, basada en el arte costumbrista del ilustre pintor local Emiliano Lozano.

Amplia colaboración

Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración de empresas y asociaciones, de las peñas y los diferentes colectivos que unen fuerzas para sacar las mejores fiestas posibles adelante, especialmente a los voluntarios de Protección Civil y la Comisión de Festejos, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local, empleados municipales y efectivos del Parque de Bomberos, entre otros, que velarán “para todos los actos se desarrollen con normalidad dentro de operativo previo y de seguridad”.

Con más de 140 páginas desde hoy está a la venta en los puntos habituales el programa oficial en edición impresa, que por tercer año consecutivo incluye un detalle conmemorativo.

“Gracias a todas las personas que lo han hecho posible, el valor de sus artículos y fotografías lo convierten en una publicación muy importante, pues da cuenta de nuestra historia y es testigo de la evolución de nuestras fiestas, y de nuestra ciudad y sus gentes”, ha señalado el alcalde.

Toda la programación completa de las fiestas también se puede consultar en este enlace. Además, a partir del 28 de agosto se podrán seguir toda la programación en la aplicación móvil 'Festejos Tarancón', que se irán actualizando de forma inmediata si fuera necesario.

Un total de 30 municipios y cuatro entidades de ámbito inferior al municipio (EATIM) recibirán ayudas directas de la Diputación Provincial de Guadalajara para paliar los daños ocasionados por los incendios, en particular el fuego de La Mierla que dejó 33.000 hectáreas calcinadas en la Sierra Norte de la provincia, y el incendio de Selas, en el Alto Tajo.

Las ayudas se aprobaron en un pleno extraordinario celebrado el 30 de julio, y acaban de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

Albendiego, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bustares, Cogolludo, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, La Huerce, Miedes de Atienza, La Mierla, La Miñosa, Monasterio, Navas de Jadraque, El Ordial, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Semillas, Tamajón, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque son los municipios beneficiarios afectados por el incendio de La Mierla.

También las entidades de Aldeanueva de Atienza, Naharros, La Nava de Jadraque y Cañamares.

En cuanto al incendio forestal declarado en Selas, recibirán ayudas los pueblos de Aragoncillo, Establés, Selas, Tartanedo, Pardos y Torrubia.

Ayuda para cada uno de 25.000 euros

El gasto correspondiente a esta línea de ayudas asciende a 850.000 euros Cada uno de ellos recibirá una ayuda individual de 25.000 euros. La finalidad principal de estas ayudas es financiar actuaciones destinadas a garantizar el suministro de agua potable, así como reparar los daños ocasionados por los equipos de emergencia en infraestructuras públicas.

Las ayudas se concederán de oficio, sin necesidad de que los municipios presenten una solicitud previa.

Lo han avisado de manera reiterada tanto los agentes medioambientales como los bomberos y bomberas de la empresa pública encargada de la extinción de incendios en Castilla-La Mancha (GEACAM): los grandes incendios forestales de sexta generación obligan a todos los efectivos a abandonar los focos del fuego en los montes para centrar sus esfuerzos en salvar vidas humanas y viviendas en los núcleos poblacionales.

Como ha sucedido en los grandes incendios de este verano en La Mierla, Guadalajara, y en Almorox, Toledo, se suceden los confinamientos, desalojos y evacuaciones por la cercanía del humo y las llamas, derivados de la falta de medidas de prevención durante el invierno y de la carencia de planes municipales contra incendios.

Según explicaba Alfredo Poveda, presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), en una entrevista con este periódico, actualmente existe la figura del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales (PAMIF).

Este extremo lo confirma el Plan Infocam, que dirige la extinción de incendios en Castilla-La Mancha, en el apartado de Protección Civil de su página web: los municipios incluidos están “obligados” a realizar estos planes. Pero “no están ejecutando los trabajos necesarios para cumplirlo”, alerta por su parte Alfredo Poveda.

También desde la sección de CCOO en GEACAM ha advertido de la situación. Su presidente, Manuel Amores, ha dejado claro que mientras los efectivos “corren detrás del fuego” para salvar vidas en los municipios, las llamas en el monte se reproducen y arrasan con todo en pocas horas.

El Plan Infocam, encargado de la extinción de incendios en Castilla-La Mancha, dispone de un documento donde están definidas las llamadas Zonas de Alto Riego de Incendio Forestal (ZAR). Son áreas declaradas oficialmente dentro del Plan de Protección Ciudadana debido a la alta frecuencia o virulencia de los incendios y la importancia de los valores naturales amenazados.

En este enlace pueden consultarse todas las zonas y sus detalles por poblaciones y áreas.

En el listado aparecen las numeraciones de polígonos catastrales integrados en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Esta clasificación se fundamenta en la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para establecer medidas de prevención.

Y sorprende que, a la luz de lo denunciado por los agentes y bomberos, en ese documento se recojan parcelas y polígonos de un total de 652 municipios de las cinco provincias de la región incluidos como de “alto riesgo”. Supone un 70% de las 919 localidades de la comunidad autónoma.

Muchos de ellos aparecen repetidos en el documento debido a que tienen terrenos, principalmente polígonos y terrenos agrícolas, en diferentes zonas geográficas o comarcas forestales, que son las que refiere el documento junto al listado de las localidades. Este es el documento:

Hay casos, por ejemplo, en los que todos los polígonos del municipio están incorporados como de “alto riesgo” de incendios. Esto implica que la peligrosidad es mayor y precisamente la provincia de Guadalajara es donde más municipios de este tipo aparecen en el listado.

Concretamente, en la zona del Alto Tajo, tienen todos sus polígonos en riesgo de incendio un total de 45 municipios, entre ellos Ablanque, Alustante, Castilforte, Cereceda, Durón, Fuembellida, Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, El Recuenco y Riba de Saelices (donde se produjo el incendio de 2005 que provocó la muerte de once personas de un retén).

En la Sierra Norte de Guadalajara, además de La Mierla, donde este verano se ha registrado el mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha, tienen alto riesgo otras localidades como Albendiego, Campillo de Ranas, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Majaelrayo, Paredes de Sigüenza, Prádena de Atienza, Tamajón, Valverde de los Arroyos o Villares de Jadraque.

Otro medio centenar de municipios de esta provincia se incluyen con todas sus áreas agrícolas o polígonos en riesgo. Entre ellos están Villel de Mesa, Fuencemillán, Matarrubia, Robledillo de Mohernando, Luzaga, Masegoso de Tajuña, Renera o Valderrebollo.

Las zonas serranas son las que más riesgo tienen

Después de Guadalajara, es la provincia de Cuenca la que aparece con un mayor número de poblaciones con todas sus parcelas agrícolas en riesgo alto de incendios. Presenta una gran cantidad de municipios con riesgo total, todos ellos en zonas de la Serranía Baja, Media y Alta.

Entre ellos se encuentran Carboneras del Guadazaón, Santa Cruz de Moya, Talayuelas, Huerta del Marquesado, Las Majadas, Tragacete, La Vega del Codorno, Barchín del Hoyo, Olmeda del Rey, Villanueva de los Escuderos, Zarzuela, Paredes y Saceda-Trasierra.

En la provincia de Albacete en la zona de la Sierra de Alcaraz y Segura donde se ubican la mayor parte de términos municipales con alto riesgo de incendios, con municipios como Alcadozo, Ayna, Bogarra, Cotillas, Elche de la Sierra, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Paterna del Madera, Peñas de San Pedro, Peñascosa (también en Estribaciones), Riópar, Salobre, Villaverde del Guadalimar y Yeste.

Las zonas serranas también son las que más riesgo corren en el caso de la provincia de Ciudad Real: Anchuras, Arroba de los Montes, Chillón, Los Cortijos, Fontanarejo, Guadalmez, Navas de Estena, Cabezarrubias del Puerto, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava y Solana del Pino.

Y en la provincia de Toledo ocurre otro tanto. Es la Sierra de San Vicente y sus valles la que presente un mayor número de municipios con todas sus zonas agrícolas incluidas en el listado: Aldea en Cabo, Almendral de la Cañada, Almorox, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Nuño Gómez, Paredes de Escalona, Parrillas, Pelahustán, El Real de San Vicente, San Román de los Montes, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas y Velada.

Están incluidas las cinco capitales de provincia

Es significativo que también aparezcan las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha. No están incluidas todas sus parcelas agrícolas, pero si se encuentran en zonas de alto riesgo. Lo mismo sucede con otras ciudades de gran población como Talavera de la Reina, Valdepeñas o Puertollano.

Al margen de los incendios, el 112 de Castilla-La Mancha recuerda que están obligados a elaborar un Plan de Actuación Municipal los municipios de Castilla-La Mancha en cuyo territorio exista un riesgo concreto y específico, determinado por un Plan de Protección Civil de Ambito Regional.

De hecho, aparte de los riesgos por fuego, existen también listados de municipios que pueden sufrir inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, movimientos sísmicos, fugas químicas u otras variables derivadas del transporte de mercancías peligrosos. Todos pueden consultarse en este enlace.

Entre los días 3 y 12 de agosto, la asociación Proyecto Kieu organiza la primera “residencia artística” en la provincia de Toledo. La experiencia conduce a la creación de cinco murales comunitarios en las localidades de Yuncos, Cabañas de la Sagra, Cedillo del Condado, Recas y Villaluenga de la Sagra que expresarán las reivindicaciones de los jóvenes sobre sus municipios.

El proyecto se enmarca en ‘Mi pueblo 2030’, financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, y tiene como propósito ampliar la participación juvenil en las políticas locales y monitorizar su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible.

En total, más de 200 jóvenes de La Sagra han participado del proceso de identificación de demandas y pintura de los murales. Tras una convocatoria en abril, cuatro artistas fueron seleccionados para la residencia, cuya primera etapa tuvo lugar en Valdeovispo (Cáceres), y ahora continua en Numancia de La Sagra.

Acompañados por profesionales del arte y los derechos humanos, estos artistas han traducido las necesidades identificadas por la juventud en cinco diseños murales que se pintan en la comarca de la Sagra durante las dos primeras semanas de agosto.

Inauguración de murales y manifiestos

El proyecto culminará en los próximos meses con la inauguración de los murales y la presentación de los manifiestos con las medidas propuestas por la juventud a los grupos políticos y la ciudadanía en general.

Las intervenciones se presentan como un trayecto en cinco paradas que invita a recorrer la comarca y que permiten reflexionar sobre comunidad, participación, racismo, belleza y sostenibilidad.

En palabras del artista Jesús Sánchez Pulgar, el proyecto propone “apreciar los fenómenos tantas veces ignorados que pueblan de hermosura este entorno”. Además de este último, procedente de Cuerva, los y las artistas residentes que lideran los procesos de pintura comunitaria con jóvenes son Katherin González Crispino, Marian Rodríguez y Eiden Rosales, procedentes respectivamente de Cali, Motril y Yuncos.

Los profesionales del arte y los derechos humanos que han contribuido con la residencia son, Pablo Asarian Palomera, Lina Ávila, Ayeisha Indiano Rull, Leticia Izrego y Oash.

Días y lugares de pintura colectiva

El PSOE de La Rioja ha advertido este martes de que “el recorte en las ayudas para el empleo” destinada a los ayuntamientos de la comunidad -tras publicarse “tarde” y “con 2 millones menos” por parte del Gobierno regional- “deja fuera el 60% de los proyectos presentados”.

Una situación que hoy han criticado en rueda de prensa el diputado regional socialsta Ricardo Velasco; el secretario de Política Municipal de la CER y vicepresidente de la Federación de Municipios, Félix Caperos; y la alcaldesa de Castañares, María Teresa Bañares.

Velasco ha recordado que hace unas semanas “ya denunciábamos desde el PSOE la falta de políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja y su impacto en los ayuntamientos, algo que se ha concretado en la tardanza en la convocatoria y resolución de las ayudas para contratación a desempleados por parte de las entidades locales”.

A esto, “debemos añadir una notable reducción de las cuantías, ya que estamos ante un recorte del 40% en el presupuesto destinado a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios”.

Velasco ha alertado de que “este tijeretazo de 2 millones de euros del Gobierno de Capellán en políticas activas de empleo hace que peligren servicios públicos en muchos municipios riojanos”.

El diputado regional ha asegurado que “esta falta de políticas activas de empleo ha provocado que seamos la peor Comunidad Autónoma en la evolución de los datos de empleo”.

Además, “no estamos ante un dato coyuntural, sino estructural, ya que mientras en España el último año ha bajado el desempleo el 5%, en La Rioja ha subido el 2%”.

Por su parte, el secretario de Política Municipal de la CER, Félix Caperos, ha señalado que “ese tijeretazo de 2 millones de euros supone que se hayan denegado el 60% de los proyectos, lo que se traduce en un claro perjuicio para los municipios, además de impedir la contratación de centenares de trabajadores desempleados solicitados por los ayuntamientos”.

Así, las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro “han solicitado 320 proyectos y la contratación de 411 personas desempleadas, pero el Gobierno del Partido Popular solo ha concedido 138 proyectos (el 43%) y 160 desempleados (el 39%)”.

Caperos ha lamentado “el desinterés del Ejecutivo de Capellán por el municipalismo, ya que estamos hablando de proyectos muy necesarios para los municipios que les permiten contratar a trabajadores para realizar actuaciones en el ámbito educativo, turístico, cultural, deportivo, medioambiental, apoyo en labores administrativas o de limpieza”.

Es decir, “hablamos de ayudas que son imprescindibles para la inclusión laboral de los desempleados y, también, suponen un gran impulso para las obras y servicios locales”.

Por eso, desde el PSOE “exigimos una rectificación inmediata y que, hoy mismo, el Gobierno regional apruebe una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros para que puedan llevarse a cabo todos los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro”.

Igualmente, la alcaldesa de Castañares ha advertido de que este recorte “supone un grave perjuicio para su localidad y para el conjunto de los pequeños municipios”.

María Teresa Bañares ha dicho para finalizar que esta situación “dificulta la prestación de unos servicios públicos esenciales, especialmente necesarios ante el aumento de población que experimentan las localidades turísticas como, por ejemplo, Castañares”.

El Gobierno de Canarias se reunirá este martes en Tenerife con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para abordar las líneas del marco presupuestario del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el decenio 2027-2037 y fijar las nuevas prioridades de las inversiones, tal y como pidieron las corporaciones locales en mayo.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, informando también de que el próximo jueves, 23 de julio, habrá una conferencia de presidentes insulares que servirá para “validar” esas nuevas prioridades del FDCAN.

Dichas prioridades son, como ya se anunció en su momento, la construcción de vivienda pública y crear nuevas infraestructuras sociosanitarias en el archipiélago.

Cabello ha querido poner el foco sobre el hecho de que este nuevo marco de financiación busca estar consensuado, y en que también se ha actuado con “lealtad institucional”, y en ese sentido ha defendido que Canarias “marca un poco la diferencia de la bronca que hay en la política del resto del Estado”.

Sobre el FDCAN que está por concluir, el del decenio 2016-2026, Cabello ha explicado que ha generado un impacto económico de 4.504 millones de euros, y que ha supuesto la contratación de miles de personas en el archipiélago.

Finalmente, en este decenio se han invertido 2.619 millones de euros, según los datos que ha dado a conocer este lunes, por lo que para el próximo se espera llegar, al menos, a esa misma cuantía.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido la instalación de dos nuevas tomas flotantes en el embalse de Gasset, una actuación que ha permitido restablecer la captación de agua desde la zona superficial del embalse tras la rotura de la infraestructura existente y garantizar así un “abastecimiento de mayor calidad2 a más de 100.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

La incidencia fue detectada durante la semana del 7 al 13 de junio por el equipo de explotación de la presa de Gasset. La rotura afectó a la toma flotante que suministra agua a la Mancomunidad de Gasset (integrada por Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Picón, Poblete y Torralba de Calatrava), así como a los municipios de Fernán Caballero y Malagón.

Según informa la Confederación, desde el primer momento actuó para “garantizar la continuidad del abastecimiento”. La toma dañada fue retirada, posibilitando la continuidad del abastecimiento, si bien con un agua que, aunque cumplía los requisitos normativos establecidos para aguas prepotables, resultaba más difícil de potabilizar, al proceder del fondo del embalse.

Se descartó reparar la toma dañada

Paralelamente, una vez descartada la posibilidad de reparar la toma dañada, los servicios técnicos de la CHG analizaron las posibles alternativas optando por la solución “más fiable y duradera”: la instalación de dos nuevas tomas flotantes.

El montaje de estas nuevas tomas flotantes, que ha precisado el empleo de buceadores para los trabajos subacuáticos, ha finalizado este viernes, día 10 de julio, estando ya plenamente operativas, por lo que el agua de abastecimiento ya se está captando por las mismas, con la consiguiente mejora de su calidad, y por tanto mayor facilidad para su potabilización

Toda la operación se ha completado en apenas un mes desde que se detectó la avería, un plazo “especialmente reducido” teniendo en cuenta la necesidad de fabricar piezas específicas de acero inoxidable, suministrar los materiales, coordinar los trabajos subacuáticos y ejecutar la instalación.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por 63 votos a favor y tres abstenciones, de Vox, la ley de municipios turísticos, la primera norma tramitada en la comunidad autónoma a iniciativa legislativa municipal y que viene a regular la figura de este tipo de ayuntamientos. Pese a la importancia de la norma, la consejera del ramo, Jéssica de León, ha estado ausente en el Parlamento, al encontrarse de vacaciones.

La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida después por el conjunto de los municipios canarios a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), crea por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por el turismo y que prestan servicios públicos a una población muy superior a la empadronada.

La norma establece dos categorías: municipio turístico de excelencia de Canarias y municipio turístico de singularidad de Canarias.

Para obtener la consideración de municipio turístico de excelencia, la ley establece que los ayuntamientos deberán acreditar dos de tres requisitos: que su población turística anual sea cinco veces superior a la empadronada, contar con al menos 4.000 plazas de alojamiento turístico o disponer de plazas alojativas de cinco estrellas iguales o superiores al 10% de la población empadronada.

Además, la actividad turística deberá representar más del 15% de la economía municipal, mediante informe del Consejo Económico y Social o de una de las dos universidades públicas canarias.

En el caso de las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y de los municipios de reto demográfico, bastará con que la población turística triplique la empadronada, que cuenten con 2.000 plazas alojativas o que dispongan de establecimientos de cuatro estrellas, incluso en municipios limítrofes.

Para ser municipio turístico de singularidad, la ley exige acreditar al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística suponga más del 5% de la economía local, aunque en las islas verdes y los municipios de reto demográfico bastará con un recurso singular.

La declaración corresponderá al Gobierno de Canarias por decreto, a solicitud del ayuntamiento interesado, previo acuerdo plenario por mayoría absoluta, y tendrá vigencia indefinida, salvo pérdida de los requisitos, incumplimientos reiterados o renuncia expresa.

Qué implica para los ayuntamientos

Los municipios turísticos tendrán derecho a usar esa denominación, incorporarse a programas autonómicos e insulares de promoción, participar en órganos consultivos turísticos y ser tenidos en cuenta en políticas de infraestructuras y servicios que incidan en el turismo.

También asumirán obligaciones como adaptar sus ordenanzas, aprobar instrumentos de planificación turística municipal, mantener espacios públicos, proteger el patrimonio natural y cultural, reforzar servicios turísticos, impulsar la movilidad sostenible y favorecer la participación ciudadana.

Entre los servicios específicos que deberán prestar figuran la vigilancia ambiental, el refuerzo de la limpieza en zonas de uso turístico, el control de ruidos, la vigilancia y socorrismo en playas, la información turística accesible y la actualización de portales web con información para visitantes.

Votación de los grupos

De los grupos de la oposición, la diputada del PSOE Lucía Fuentes ha dicho que respaldan la ley por considerar que reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos y ha destacado que el texto se ha mejorado durante la tramitación para incluir a los municipios de reto demográfico y evitar que localidades con valor patrimonial o natural quedaran fuera del reconocimiento.

Esther González, de Nueva Canarias también ha apoyado la norma, aunque ha defendido una enmienda -rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno- para suspender temporalmente expedientes sancionadores ligados al régimen de unidad de explotación hasta que el Gobierno tramite la reforma anunciada de la ley de renovación turística, al entender que es incoherente seguir aplicando una regulación que el propio Ejecutivo considera necesario modificar.

Por Vox, Paula Jover ha justificado la abstención por la ausencia de ficha financiera, por rechazar referencias que considera ajenas al turismo en materia climática y de género, y por oponerse al régimen previsto para funcionarios de carrera que ocupen órganos directivos en municipios turísticos de excelencia.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Mario Cabrera, de Coalición Canaria, ha apuntado que si bien la ley no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico, sí ofrece un punto de partida para reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico, y puede ser la base para debatir el modelo turístico de las islas y cuestiones como el reparto de la riqueza o el número de camas.

Del PP, el diputado David Morales ha destacado que la norma va más allá de un sello distintivo, porque reconoce el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan los municipios turísticos y refuerza la idea de Canarias como una unidad de destino turístico.

Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ha celebrado que la ley tenga en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población y generar actividad económica en esos territorios.

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha considerado que la aprobación de esta ley supone un hito para el municipalismo canario, porque los ayuntamientos dejan de ser “convidados de piedra” y se convierten en impulsores de soluciones legislativas para el conjunto del archipiélago.

El mes pasado, UGT La Rioja denunció la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Este miércoles, la denuncia va más allá porque según la formación sindical asegura que “el Ayuntamiento de Lardero ha comenzado a nombrar servicios extraordinarios mediante decreto de Alcaldía tras la eliminación del complemento de disponibilidad para su plantilla tras la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Una medida que obliga a los agentes de la Policía Local a trabajar en sus días de descanso y, sin embargo, “ya no perciben el complemento de disponibilidad que compensaba esa obligación. Los policías realizan el mismo trabajo, asumen las mismas responsabilidades y sin cobrar la compensación por la disponibilidad”.

Y esta decisión para UGT incumple el “acuerdo-convenio que regula las condiciones laborales de la plantilla municipal y además supone un nuevo recorte de derechos para los trabajadores afectados porque el Ayuntamiento de Lardero mantiene las mismas necesidades de servicio, pero ha eliminado la compensación económica que percibían los agentes cuando debían acudir a trabajar fuera de su jornada ordinaria”.

“Falta de efectivos”

Y la situación es más “preocupante” aún porque aseguran que faltan efectivos. Según UGT, el Ayuntamiento de Lardero rechazó presupuestar y convocar una plaza que ya estaba catalogada. Tampoco la incluyó en la oposición conjunta de la Policía Local que se celebrará en septiembre. Una decisión que “impide reforzar la plantilla y obliga a recurrir a servicios extraordinarios para cubrir las necesidades del servicio”.

Esta forma de actuar “perjudica el descanso de los agentes y dificulta su conciliación personal y familiar porque los policías no pueden planificar sus días libres ya que pueden ser llamados a trabajar por decisión unilateral del Ayuntamiento”. Toda esta situación ha generado una situación de “malestar” entre la plantilla y está “afectando a la seguridad del municipio porque en algunos turnos de noche se ha llegado a una situación en la que prácticamente todo el servicio ha recaído sobre un único agente”.

Por todo ello, solicitan a la alcaldesa de Lardero diálogo para solucionar este conflicto y respeto a los derechos de la plantilla. “En el atolladero están en juego el bienestar de la plantilla y la seguridad de los vecinos de Lardero”.

El portavoz del PP de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, ha defendido este lunes que el proyecto de fusión con Don Benito no debe darse por cerrado definitivamente y ha acusado al PSOE villanovense de querer dejarlo “metido en un cajón” por “intereses partidistas” y pensando en las próximas elecciones.

Lozano ha fijado la posición de su partido después de las últimas declaraciones realizadas en ambas ciudades sobre el futuro de la fusión, un proceso que, según ha recordado, fue respaldado en Villanueva de la Serena en la consulta popular del 20 de febrero de 2022 con un 90 por ciento de votos favorables.

El portavoz popular ha afirmado que el PP de Villanueva “sigue creyendo” en el proyecto, en la unión de “dos grandes municipios” y en las posibilidades económicas que, a su juicio, se abrirían para ambas ciudades. No obstante, ha admitido que el proceso atraviesa “un momento de crisis” y ha sostenido que los grandes proyectos pueden tener “dientes de sierra”, por lo que ha pedido a las fuerzas políticas “poner las luces largas” y no actuar pensando en el corto plazo electoral.

Lozano ha criticado directamente a la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, a la que ha acusado de adoptar una postura “cómoda” al responsabilizar de la paralización al Partido Popular de forma genérica. En este sentido, ha señalado que el proceso fue puesto en marcha por el pleno municipal y ha defendido que su paralización debería acordarla también la institución municipal como, según ha indicado, ha ocurrido en Don Benito.

Preguntado por la diferencia entre la posición del PP de Villanueva y la de este mismo partido de Don Benito, Lozano ha sostenido que cada formación responde al mandato de sus vecinos.

Según ha explicado, en Don Benito las últimas elecciones municipales se convirtieron, por la posición de determinados partidos y por la gestión del anterior gobierno socialista, en un “plebiscito” sobre la fusión, mientras que en Villanueva ningún partido concurrió con la paralización del proceso en su programa.

Por ello, ha defendido que tanto PP como PSOE en Villanueva están obligados a respetar el mandato de las urnas ya que, ha dicho, ambos partidos acudieron a las elecciones defendiendo el impulso de la fusión.

Lozano también ha recordado que el proceso ya había generado “resultados positivos”, entre ellos una subvención de 2,5 millones de euros para una flota de autobuses eléctricos entre ambas ciudades que, ha afirmado, tuvo que devolverse por la imposibilidad del Ayuntamiento villanovense de aportar la parte que le correspondía.

El portavoz popular ha insistido en que la fusión es “un buen proyecto”, importante no solo para Villanueva y Don Benito, sino para el conjunto de Extremadura, y ha concluido que solo estaría legitimado para cerrarlo un partido que concurra a las próximas elecciones en Villanueva con esa propuesta y obtenga el respaldo de los vecinos.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha declarado oficialmente 'Municipio Turístico' a 11 localidades de la región.

A través de varias publicaciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los municipios de Corduente, Molina de Aragón, Brihuega, Jadraque, Hita y Abarcón, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en la de Ciudad Real; Alarcón, en Cuenca, y Alcaráz, en la provincia de Albacete, son reconocidos con esta categoría.

Para dicha declaración se deben de tener en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.

Con esta declaración, anunciada el pasado mes de junio por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la red de 'Municipios Turísticos' de Castilla-La Mancha alcanza las 27 localidades.

Continúa la cascada de quejas y denuncias sobre la situación que trabajadores y usuarios padecen a causa de las temperaturas de estos días en centros de trabajo y centros públicos. La última se centra en Nájera, en la residencia de mayores. Un centro sociosanitario en el que según los socialistas usuarios y profesionales están viviendo una “situación de abandono”.

Y es que aseguran que un verano más, la instalación de aire acondicionado está rota lo que supone que “los residentes y profesionales que trabajan en la residencia estén expuestos a altas temperaturas y las peresonas mayores son especialmente vulnerables a las temperaturas extremas”.

Y además de calor, el asecensor de esta residencia de personas mayores lleva averiado desde hace más de dos meses “sin que el Gobierno de La Rioja haya puesto solución”. Señalan igualmente que los techos están en una situación “bastante precaria” por lo que los socialistas de Nájera denuncian el “abandono de las residencia de personas mayores de Nájera” que tildan de “inaceptable”. Por todo ello, exigen al Gobierno regional que “tome cartas en el asunto y obligue a la empresa concesionaria a mantener una instalación en condiciones dignas para residentes y para los profesionales que trabajan en este espacio”.

Punto y final definitivo al mayor proyecto de reestructuración territorial de la historia reciente de Extremadura. El pleno del Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado por unanimidad, la moción presentada conjuntamente por el partido localista Siempre Don Benito y el PP para declarar la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso de fusión con Villanueva de la Serena, iniciado en 2021.

El acuerdo alcanzado en la sesión ordinaria de junio escenifica un vuelco político clave: el PSOE dombenitense, que en la comisión informativa del pasado 24 de junio se había formulado reserva de voto, terminó sumándose al bloque de gobierno en el pleno. Con este movimiento, todas las fuerzas políticas de la corporación cierran filas para dar carpetazo a un expediente que ha marcado la agenda y la polarización social de la comarca de las Vegas Altas durante los últimos cinco años.

El texto aprobado no solo decreta la parálisis política, sino que plantea dejar sin efecto todos los compromisos u obligaciones legales derivados de aquel procedimiento. De forma inmediata, el consistorio dombenitense comunicará formalmente esta resolución de archivo al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al propio Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, desactivando cualquier trámite censal, fiscal o de unificación de plantillas que permaneciera en el limbo administrativo.

Con esta ratificación unánime, se entierra formalmente la aspiración aprobada en la consulta popular de febrero de 2022, cuyo ajustado y polémico resultado en Don Benito propició el nacimiento de la plataforma Siempre Don Benito y el posterior cambio de color político en las municipales de 2023.

La vía de la Mancomunidad como alternativa

A pesar del cierre de la vía jurídica para crear un único municipio, la moción aprobada recoge explícitamente la voluntad de Don Benito de “mantener relaciones de colaboración institucional y cooperación intermunicipal” con Villanueva de la Serena en proyectos de interés común. Sin embargo, el documento matiza de forma taxativa que este trabajo conjunto se desarrollará estrictamente “al margen del proceso de fusión”.

A partir de ahora, la herramienta elegida para articular la cooperación estratégica entre ambas localidades será la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva. El pleno define a este ente como el “órgano institucional para la planificación y gestión de proyectos conjuntos”, convirtiéndolo en el nuevo paraguas técnico para la captación de fondos europeos (como las estrategias EDUSI o Next Generation) y la optimización de servicios compartidos, salvaguardando la total independencia jurídica, fiscal y electoral de ambos municipios.

Un giro político a un año de las elecciones

La unanimidad del pleno visibiliza cómo el mapa político regional ha terminado por asumir la inviabilidad del proyecto en las condiciones sociales actuales. Aunque el proceso fue impulsado originalmente con un amplísimo consenso que incluyó a los entonces alcaldes de ambas localidades y a las direcciones nacionales de los principales partidos, el desgaste y la contestación social han enfriado las posturas hasta el extremo.

El paso al frente del PSOE local en Don Benito, respaldado por la dirección regional del partido —que en los últimos días ya venía apuntando que “ahora no toca” reabrir este debate de cara a la próxima cita electoral—, asume el pragmatismo municipal frente a la vía de la fusión, que queda formalmente metida en un cajón tras la sesión de este lunes. El acuerdo final será publicado en los próximos días en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal a efectos de publicidad y transparencia.

Lo que lleva años siendo una promesa sigue siendo precisamente eso, una promesa, sin que termine de ver la luz, pero avanzando a pequeños pasos, pese a su controvertido proceso. ‘Alovera Beach’, el futuro Parque de Ocio proyectado en esta localidad de Guadalajara, en pleno secarral del Corredor del Henares y a unos 50 kilómetros de Madrid, necesita ahora un préstamo hipotecario de 15 millones de euros para salir adelante.

Es el siguiente y también polémico paso de este proyecto, llevado a cabo por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ablanquejo-Rayet Medio Ambiente, que ahora ha solicitado el visto bueno del Ayuntamiento para hacerse realidad. La solicitud la ha aprobado hoy el pleno municipal con 13 votos a favor, los de Alternativa Alovera -el partido que gobierna apoyado por el PP- y los de Vox, con tres abstenciones del PSOE.

El concejal de Unidas por Alovera, Alberto Pérez, única oposición al proyecto, no ha estado presente en el pleno por motivos personales, pero considera que con ello el equipo da un “aval” relevante al proyecto.

La petición de la promotora se realiza para acometer la construcción del proyecto. No afecta a la titularidad del suelo sobre el que va a construirse la macroplaya, que seguirá siendo municipal, sino a la concesión obtenida por la promotora para construir y explotar la playa artificial durante un plazo de 40 años. Cuenta con el informe favorable del secretario municipal.

La hipoteca deberá dedicarse exclusivamente a la financiación de la fase uno de construcción y explotación del Parque de Ocio. Según fuentes municipales, una vez constituida, debe firmarse el contrato y la UTE dispondrá de seis meses para presentar el proyecto definitivo ante el Ayuntamiento, con nuevo pleno que lo apruebe.

Después, los promotores dispondrán de un mes para iniciar los trabajos y de dos años para terminar completamente las obras. Con este calendario, no cuadran las fechas para que se cumpla la promesa de la alcaldesa, Purificación Tortuero, de que la macroplaya se inaugure en la primavera de 2027, precisamente coincidiendo con las próximas elecciones municipales.

Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa

Alberto Pérez — Concejal de Unidas por Alovera

Al igual que en anteriores ocasiones, el único grupo municipal en pronunciarse al respecto ha sido Unidas por Alovera, que ha criticado duramente el proyecto desde sus inicios. Considera que la petición de la hipoteca es “una prueba más” de que este parque de ocio tiene como única finalidad la “especulación urbanística”, puesto que los terrenos que la rodean pertenecen al mismo grupo empresarial que la UTE. “Se trata de un cebo para vender viviendas a precios de primera línea de playa”.

Se pregunta además qué pasaría en caso de que no se cumplan los pagos del préstamo, puesto que la concesión iría a parar a otra entidad fuera del control municipal.

El concejal Alberto Pérez sigue criticando el apoyo que ‘Alovera Beach’ recibe por parte del Ayuntamiento, que “se ha prestado gustoso” a la utilización de suelo municipal para “hacer negocios privados durante 40 años”, en vez de destinarlo a desarrollos y usos gratuitos para los vecinos.

El proyecto pretende construir una laguna de 20.000 metros cuadrados dedicados al baño y la navegación, que sería, según los promotores, la playa artificial más grande de Europa. Sin embargo, precisará de 43 millones de agua potable para su llenado en una provincia, Guadalajara, en la que las lluvias se han reducido un 20% en los últimos 25 años.

Asimismo, planteará “graves problemas de movilidad” en el municipio y los desplazamientos en coche desde la Comunidad de Madrid crearán “una gran huella de carbono”.

Esta polémica construcción resucitó hace casi dos años, en agosto de 2024, cuando el pleno dio luz verde a un nuevo proceso de adjudicación después de que los anteriores técnicos municipales echaran abajo la primera licitación. Quedó desierta tras su informe desfavorable, pero posteriormente, con nuevo equipo técnico municipal, consiguió salir adelante.

La parcela total ocupará unos 105.000 metros cuadrados: además del espacio dedicado a la laguna artificial las previsiones cuentan con que otros 16.000 metros cuadrados se dediquen de playa de arena blanca artificial, la mayor de Europa de estas características. El complejo incluirá asimismo atracciones acuáticas, restaurantes, un mercado gastronómico, salas de cine y un aparcamiento con 1.000 plazas.

En el pleno que aprobó la licitación definitiva, celebrado a finales de septiembre de 2025, el acuerdo se adoptó por unanimidad, pero con la ausencia del concejal de Unidas por Alovera, en ese momento de baja por enfermedad. Es el único edil que rechaza de plano el proyecto, de la mano de la oposición frontal de Ecologistas en Acción. El acuerdo sí recibió el visto bueno de los tres concejales del PSOE, que se habían abstenido en anteriores votaciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dio el visto bueno

El impulso al proyecto también ha venido de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cuenta con un informe de impacto ambiental favorable, pero que fue emitido por la Dirección General de Economía Circular hace cinco años. En dicho informe se concluyó que el proyecto no debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, “al no apreciarse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas correctoras y de seguimiento establecidas”.

Esa Declaración de Impacto Ambiental Simplificada establecía una vigencia de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), con posibilidad de prórroga de dos años adicionales.

La empresa promotora solicitó formalmente esa prórroga el 23 de octubre de 2024, argumentando que el proyecto aún no había podido ejecutarse porque el Ayuntamiento de Alovera declaró desierto el procedimiento de licitación y estaba pendiente de iniciar un nuevo expediente de licitación.

Los promotores siempre han defendido que 'Alovera Beach' es un proyecto “sólido y viable” y que además “responde a una demanda real de los ciudadanos, al ampliar las opciones de ocio de la zona y favorecer el desarrollo económico del propio Corredor del Henares”. Aseguran que el proyecto tiene “un respaldo institucional y ciudadano rotundo”

“Es un modelo probado en más de 60 países, incluso en zonas con condiciones meteorológicas extremas, como Egipto y Emiratos Árabes, en las que se mantiene un mínimo consumo de agua. Se trata de una tecnología eficiente, sostenible y con un funcionamiento contrastado”, afirman.