El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este domingo la primera edición del Madring, nombre con el que se ha bautizado al circuito semiurbano que albergará las carreras del Gran Premio de España de Fórmula 1 en los próximos años. Un circuito nuevo, ideado por Carlos Sainz Sr. y que no se ha librado de las críticas, tanto de los vecinos como de los pilotos (actuales y antiguos), que coinciden en las dificultades para adelantar. Misión imposible, coinciden. 

Las quejas de los corredores llegaron casi desde el primer momento, tras la finalización de las sesiones de clasificación. “Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar”, aseguró el piloto neerlandés Max Verstappen en rueda de prensa.

El tetracampeón dio una de cal y otra de arena: “En general, el evento en sí es genial. Quiero decir que sí, han hecho un gran trabajo. También me ha impresionado lo rápido que, en mi opinión, han puesto el circuito a nuestra disposición y la información que han compartido para el simulador. Así que, en ese sentido, creo que sí, ha estado muy bien”. 

Sin embargo, insistió en que el trazado no favorecía el espectáculo deportivo. “Si lo que ⁠se busca es mejorar las carreras y los adelantamientos, creo ‌que hay algunas curvas que se podrían modificar”, ahondó el neerlandés del Red Bull Racing. En ese sentido, sugirió que los pilotos podrían haber colaborado durante la fase de diseño para garantizar que hubiera oportunidades de adelantamiento. 

“Basta con mirar el trazado para darse cuenta de que será una pista poco propicia para las carreras”, aseguró en declaraciones a Motorsport.com Oliver Bearman, del TGR Haas F1 Team. “Adelantar probablemente va a ser un verdadero desafío”, añadió Antonelli en las sesiones previas antes del domingo. 

Sin opción de adelantar

Algunos medios internacionales también recogieron las singularidades del circuito. “Kimi Antonelli gana la temida procesión en Madrid, Max Verstappen regresa al podio tras una primera fase muy disputada”, tituló en su crónica De Telegraaf, uno de los periódicos con mayor tirada en los Países Bajos. Insistiendo que el Gran Premio de España de Fórmula 1 “distó mucho de ser un espectáculo”. 

El trazado de Madring también acaparó buena parte de la retransmisión de Sky Sports, en la que se preguntaban por qué la organización “diseña una pista donde no se puede adelantar”. “Carlos Sainz es el embajador, así que tenemos que criticar a Sainz”, aseveró Nico Rosberg, expiloto de alemán y campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016.

Por su parte, Fernando Alonso dio un aprobado al circuito. “Los circuitos urbanos tienen su atractivo también. Cada vez hay más y todos se parecen un poco entre sí”, dijo en referencia a los trazados de Mónaco, Bakú, Singapur, Las Vegas y Yeda, aunque el corredor de Aston Martin reconoció que él prefería los circuitos convencionales. Para él, lo mejor fue correr ante la afición española, que volvió a llenar las gradas. 

Cabe recordar que Madring (5,4 kilómetros y 22 curvas) es un circuito semiurbano, construido entre Ifema y Valdebebas. La ubicación también ha sido motivo de queja por parte de los vecinos, que han denunciado molestias durante los meses de obras, restricciones de acceso durante la celebración de la prueba y el “ruido atronador” que ha causado la misma. 

De la pretensión de exclusividad se ha nutrido el deporte desde siempre. Torneos como Wimbledon llevan décadas siendo inaccesibles para buena parte de los mortales, y algo parecido ha ocurrido siempre con la Fórmula 1. Lo que me resulta más difícil de digerir es la progresiva VIPerización de los espacios, sean o no deportivos, con los mejores asientos o vistas reservados para patrocinadores, empresarios, influencers, políticos y demás habitantes de ese ecosistema difuso del privilegio.  

Madring es el último ejemplo. La organización anunció originalmente unas 20.000 plazas de hospitality y VIP para el Gran Premio de España de F1, celebrando que se convertiría así en la carrera europea con mayor oferta de este tipo de entradas. Esa cantidad representa alrededor del 15,4% del aforo. Vamos, aproximadamente 1 de cada 6,5 espectadores eran VIP. El problema evidente es su desproporción, esa sensación de que el acontecimiento se diseña cada vez más para que los embajadores de marcas se paseen por los espacios habilitados para hacerse su correspondiente galería de fotos para Instagram. 

Esto mismo lleva tiempo ocurriendo en el Mutua Madrid Open, convertido en un hervidero de empresarios, celebridades, influencers e “hijos de”. Lo que sucede alrededor del tenis (vamos, el dejarse ver, lo que ahora se conoce como “networking”) es ya más importante que el tenis en sí. De hecho, muchos tenistas han jugado con las gradas medio vacías en las rondas iniciales. En el propio recinto hay zonas mega exclusivas con ostras, sushi ilimitado, champán, DJs o incluso un “beach club” porque puedes estar en un torneo de tenis creyendo que subes fotos desde Ibiza. 

Y lo mismo ocurrió también durante la celebración del Mundial de fútbol porque ni siquiera una celebración popular se escapa de esta lacra. Frente al escenario al que se subieron los futbolistas en la Plaza de Cibeles se extendía una amplísima zona reservada a familiares y otras personalidades, entre ellas numerosos políticos o expolíticos, mientras los aficionados quedaron relegados varios metros más atrás. Quienes habían salido a la calle a 35 grados durante horas para celebrar a sus jugadores estaban separados de ellos por un enorme espacio destinado a personas cuya relación con aquella victoria era, cuando menos, circunstancial (no hablo, claro, de los familiares). El plano aéreo daba hasta pudor.

La VIPerización se ha ido extendiendo progresivamente en conciertos, festivales, restaurantes o terrazas. Todo tiene ya su pulserita con otro brillo, la acreditación al cuello con las tres letras gloriosas, algún acceso preferente o algún palco elevado. Y así, a fuerza de multiplicar la exclusividad, Madrid corre el riesgo de convertir algunos de sus grandes acontecimientos en escaparates de privilegio antes que en experiencias colectivas. Esta es una contradicción especialmente llamativa en el deporte cuya fuerza reside precisamente en ser una experiencia compartida. Aunque probablemente ese sea el objetivo, en realidad. 

Imagina haber pagado más de 500 euros por un asiento en Madring con una visibilidad mejorable para acabar descubriendo que los verdaderamente privilegiados son quienes han entrado gratis, invitados por una marca que quizás ni siquiera tiene que ver con la Fórmula 1. Pues así, cada vez, con más cosas.

Aquí nadie quiere que el gran premio de Fórmula 1 que este domingo se disputa en Madrid vuelva a repetirse. “Nos han mentido desde el primer momento. Claro que esto nos ha costado dinero público. Por el momento, más de 300 millones de euros”, dice Constantino Blanco. Él es portavoz de la Plataforma STOP Fórmula 1, una de las entidades que han convocado esta media mañana una concentración cerca de Ifema, por donde discurre el circuito Madring, para denunciar el “despilfarro y los recortes en servicios públicos” que a su entender supone un evento de estas características. Por lo pronto, la Plataforma realiza estos días mediciones homologables del sonido para denunciar posteriormente el incumplimiento legal de los niveles de ruido ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

En torno a medio millar de personas han secundado la convocatoria, según las organizaciones que firman el cartel. Delegación del Gobierno rebaja esa cifra a los 180 asistentes. Blanco describe así lo que han vivido este fin de semana: “Han convertido el barrio en una zona no habitable en el que han perjudicado a 10.000 vecinos”. Desde su punto de vista, la construcción del Madring ha supuesto un “despilfarro monumental, un atentado ecológico y una ilegalidad”. 

Basa su postulado en el informe que la Consejería de Medio Ambiente emitió hace año y medio. “Para que el gran premio se pudiera celebrar, avisaron de que habría que trasladar a los vecinos. Lo sabían desde el primer momento y en lugar de parar el proyecto, siguieron adelante con él. No solo es el ruido ensordecedor, sino las obras que nos vamos a comer durante los cuatro meses previos de montaje y otros dos después. Quieren que cada año, estemos la mitad con obras”, se ha explayado el portavoz de la Plataforma STOP Fórmula 1 en Madrid. Mientras tanto, a su alrededor, cánticos como “nuestros barrios no son un circuito”, “no queremos podios ni campeones, queremos barrios con soluciones” y “lo paga el vecindario, se forra el empresario”.

Las mediciones de ruido que ya han sido realidad días atrás se acercan a los 105 decibelios cuando lo permitido está en 55. “En recepción auditiva, esto es 27 veces más de lo que un oído debe soportar. Cuando vimos la prueba de los coches en agosto, nos quedamos todos en shock”, ha asegurado este vecino del barrio de Las Cárcavas, en donde se ubica la mayor parte de afectados.

Afectaciones para el vecindario

Mientras a su alrededor coreaban “este circuito es ilegal”, el portavoz de la Plataforma ha recalcado que “las ganancias no van a revertir en el barrio, que hay dos bares y un bazar, esto va todo a las elites ligadas a la Fórmula 1”. “Lo último de lo que nos hemos enterado es que han desalojado varias camas de la Uci del Ramón y Cajal por si acabo hubiera accidentes durante la competición”, se queja Blanco a unos 250 metros de la salida del metro de Feria de Madrid, a donde les ha conducido la Policía.

Cerca de él ha estado Antonio Ibáñez, miembro de la misma Plataforma convocante que se ha acercado a la protesta “porque los problemas de ruido y tráfico, con cortes de calles, accesos saturados y alteraciones del transporte público no se pueden aguantar más”. Este vecino madrileño ha alertado que el gran premio ha disparado el problema de la gentrificación en esta zona de la ciudad. “Hay ofertas carísimas de pisos turísticos, y eso que todos los del entorno son ilegales, pero no los cierran. Y los hoteles igual, por las nubes”, comenta.

La Plataforma STOP Fórmula 1 estima en 319 millones de euros los recursos públicos que ya han ido a parar al gran premio de Madrid. “Y eso que nos enfrentamos a una falta de transparencia brutal. Solo hemos tenido acceso a los contratos a través del portal de licitaciones de Ifema, todos los demás gastos no están ahí pero también llegarán”, añade Ibáñez. Este mismo afectado ha incidido en que habrá que ver la recaudación final del evento: “Veo muchos anuncios, pero aquí habrá que ir a los datos exactos de ganancias, a ver si tienen las mismas expectativas para el año que viene, porque yo creo que puede suceder lo que ocurrió en Valencia”.

Un nutrido grupo de educadora infantiles, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril, ha secundado la concentración. “Mucha gasolina, mucho campeón, pero para las escuelas, ¿dónde está la inversión?”, han gritado. Rosa Marín, portavoz de estas trabajadoras, ha indicado a este medio que “el dinero público tiene que ir para mejorar los servicios públicos y no para esto, que no para de hacer ruido, que contamina y que la ciudadanía de Madrid no quieren aquí”. “¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para que unos pocos ricos puedan hacer lo que les dé la gana? Perdonad, pero necesitamos escuelas públicas infantiles decentes”, ha exigido.

El ruido, un problema de salud pública

Ibáñez, por su parte, opina que, por encima del circuito, lo que está en juego es un modelo de ciudad. “Esto es ya la guinda de la tarde de un modelo de ciudad basado en grandes acontecimientos con graves perjuicios para la vida de la gente que vive en los barrios”, ha aseverado. Enrique Astiz, integrante de la plataforma Madrid contra el Ruido, piensa lo mismo. Él también se ha acercado a la protesta esta mañana: “Lo que ocurre con el ruido es comparable a la contaminación ambiental. Es uno de los factores que más impacta en la salud de la ciudadanía”, ha defendido.

Diversas investigaciones científicas a las que se refiere una y otra vez avalan su postura. “Señores, queremos una ciudad para vivir, no para enseñar a los que vienen de fuera. Queremos unos gobernantes que se preocupen de los ciudadanos, no que faciliten la llegada de 340.000 turistas”, ha enfatizado. 

Madrid contra el Ruido intenta continuamente hacer pedagogía para que la gente entienda que la contaminación acústica es un problema de salud pública: “Esto ya no se sostiene con la excusa del beneficio de la ciudad. Será beneficio para los pocos comercios que hay en la zona y para algunos empresarios, pero la ciudadanía no obtiene ningún beneficio de no poder estar tranquila en su casa durante un fin de semana completo”.

Contra los macroeventos, a favor de lo público

A esta concentración contra el despilfarro, tal y como la han denominado los convocantes, también se ha unido Jorge Rodrigo, militante del Sindicato de Inquilinas de la capital. “La llegada Fórmula 1 está teniendo efectos directos sobre el mercado inmobiliario”. El activista se refiere a algunas informaciones publicadas esta semana que señalan cómo “inversores internacionales están aprovechando el evento para buscar viviendas de lujo y los alquileres temporales en algunas zonas ha llegado a multiplicarse hasta un 1.000 % respecto a semanas normales”.

Este colectivo que lucha por el derecho a una vivienda digna ha criticado que el Gobierno regional mienta, en sus propios términos. “Constantemente nos dicen que faltan recursos para garantizar derechos básicos, como la vivienda o la educación, y, sin embargo, aquí los vemos utilizando nuestro dinero para alojar eventos a los cuales pueden acceder solo personas con un alto poder adquisitivo”, ha expresado Jorge mientras un militante del Sindicato sostenía una pancarta: “Destruyes nuestros barrios por unos putos millonarios”.

En torno a las 13.00 horas, un comunicado final ha rematado la protesta. Han utilizado el texto para reivindicar un fortalecimiento de los servicios públicos frente a eventos como la Fórmula 1: “Necesitamos más profesionales en la sanidad pública y en los servicios de urgencias y menos listas de espera. Necesitamos más escuelas e institutos en los nuevos barrios; más profesores, menos barracones y aulas saturadas. Necesitamos más escuelas infantiles públicas y profesionales con un salario digno”. Asimismo, han reivindicado un Plan Integral de Vivienda Social, una mejoría del transporte público y más personal en los servicios de dependencia y atención social. 

“El dinero público debe estar donde están las necesidades de la gente. La Fórmula 1 se presenta como sinónimo de progreso, inversión y modernidad. Pero para quienes vivimos en los barrios próximos al circuito, sobre todo significa ruido, contaminación, congestión de tráfico, restricciones de movilidad y fuertes molestias para miles de vecinos”, han continuado. Por otro lado, se han mostrado en contra de “priorizar los grandes negocios y los macroeventos cuando existen necesidades sociales urgentes que siguen sin respuesta”. Por último, han exigido a los gobernantes de la ciudad y la región que oigan sus demandas: “Queremos que quienes gobiernan escuchen a quienes sostienen Madrid todos los días”.

El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

La Fórmula 1 llega esta semana al Madring con el GP de España y lo hace con una mezcla bastante lógica de curiosidad y desconfianza. Curiosidad porque todo circuito nuevo despierta preguntas. Y desconfianza porque esta Fórmula 1 de 2026 ya ha demostrado que el circuito puede cambiarlo todo. En el segundo episodio de la semana toca hablar de lo que se espera de este Gran Premio desde el Podcast Técnica Fórmula 1.

Trazados que protegen, trazados que destrozan.

Hay trazados que protegen el espectáculo. Hay otros que lo destrozan. Madrid tendrá que decir en qué grupo entra. El campeonato llega después de un Gran Premio de Italia mucho mejor de lo que muchos esperábamos. Monza amenazaba con convertirse en un festival de clipping y, aunque el problema estuvo ahí, la carrera se sostuvo gracias a la gestión de los pilotos, a los rebufos, a las frenadas y a una remontada memorable de Antonelli. La sensación final fue bastante más amable que la previa.

Ahora la pregunta cambia: ¿qué puede ofrecer el Madring? Los pilotos han hablado de la dificultad de la pista. Eso, de entrada, es una buena noticia. Un circuito nuevo necesita algo más que gradas, edificios bonitos y una gran campaña de presentación. Necesita carácter. Necesita puntos donde el piloto pueda marcar diferencias. Necesita zonas en las que el error tenga coste, pero también oportunidades reales para atacar.

La Fórmula 1 moderna ha llenado el calendario de trazados que a veces parecen diseñados más para el evento que para la carrera. Madrid debe evitar esa sensación desde el primer fin de semana. No basta con que sea grande, tiene que funcionar. La dificultad añadida es que nadie llega al Madring con una libreta llena de referencias. Los equipos tendrán simulador, datos previos y muchas horas de preparación, pero nada sustituye del todo a ver los coches reales en pista.

La evolución del asfalto, la temperatura, el viento, los pianos, la facilidad o no para seguir a otro coche y la gestión energética sólo se entenderán bien cuando empiece el rodaje. Ahí puede estar una de las claves del fin de semana.

En un circuito nuevo, los entrenamientos libres recuperan importancia. Los equipos tendrán que aprender rápido. Y los pilotos también. No se trata sólo de encontrar una vuelta rápida, sino de comprender cómo se degrada el neumático, dónde se puede adelantar, dónde compensa ahorrar energía y dónde conviene atacar. En una Fórmula 1 tan sensible al despliegue eléctrico, esto es lo más importante.

Antonelli llega a Madrid reforzado tras su victoria en Monza. El italiano ganó en casa saliendo decimonoveno y sale de allí con una autoridad nueva. No es sólo líder. Es un líder que acaba de firmar una carrera de las que cambian el tono de un campeonato. Mercedes, además, sigue siendo la referencia más sólida del año.

Opciones para Ferrari, McLaren y Red Bull

Monza dejó lecturas mezcladas. Ferrari tuvo velocidad y ambiente, aunque no convirtió. McLaren sigue con Norris en un momento fuerte, pero necesita demostrar que su rendimiento no depende demasiado de ciertos circuitos. Red Bull continúa obligado a exprimir cada oportunidad con Verstappen, aunque ya no transmite esa sensación de control absoluto de otras temporadas.

El Madring será una prueba distinta para todos. También lo será para Aston Martin. Después de las señales positivas de Zandvoort, Monza volvió a enfriar algo el ánimo. Alonso abandonó y el equipo recordó que su mejora no basta todavía para competir bien en cualquier escenario.

Correr en España, en un circuito nuevo y ante un público que siempre mira a Alonso de otra manera, añade presión y expectación. No conviene vender humo. Aston Martin no ha dado un salto milagroso. Pero sí tiene algo que demostrar: si la evolución reciente tiene base o si sólo fue una mejora útil en determinados trazados.

¿Qué esperamos del Madring?

El público español tendrá, además, un aliciente evidente. El Madring no es sólo otra carrera. Es la primera gran prueba de un proyecto que llega con ambición, con ruido y con muchas miradas encima. Si el circuito ofrece una carrera interesante, puede empezar con buen pie. Si la carrera queda bloqueada, si el clipping manda demasiado o si las zonas de adelantamiento no funcionan, las críticas llegarán rápido.

Madrid no tiene memoria en la Fórmula 1 moderna, así tiene que construirla. El fin de semana será una prueba para el campeonato, para los equipos y para el propio circuito. Hay que ver si permite seguir de cerca. Si los neumáticos ofrecen juego. Si las frenadas son suficientes. Si el trazado castiga al que se equivoca sin convertir la carrera en un atasco. Si la energía se gestiona sin adulterar demasiado las luchas.

La Fórmula 1 necesita circuitos nuevos que aporten algo, no sólo nuevos decorados. El Madring llega con todo por demostrar. Y ojalá que demuestre que aquí, cuando queremos, sabemos hacer las cosas al más alto nivel, de profesionalidad y de espectáculo. ¿Lo mejor que podemos esperar de esta carrera nueva? Que nadie sabe todavía qué esperar.

La vivienda del cineasta y fotógrafo Carlos Saura en el municipio de Collado Mediano se convertirá en la nueva 'Casa del Cine', un espacio dedicado al conocimiento y al talento audiovisual donde los visitantes podrán adentrarse en el universo creativo del director, fallecido en 2023, a través de su estudio, biblioteca y archivo personal.

Así lo ha avanzado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, donde ha destacado que este recinto albergará un programa de talleres formativos en colaboración con la familia de Saura, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y profesionales del sector.

Así, aquellos que participen en estas actividades podrán asomarse al legado de Saura a través de sus cámaras, fotografías, dibujos y múltiples materiales originales utilizados a lo largo de sus rodajes.

Carlos Saura falleció en 2023 a los 91 años de edad, en su domicilio rodeado de sus seres queridos y un día antes de que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le entregara en Sevilla el Goya de Honor.

El cineasta consiguió el Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por '¡Ay, Carmela!' y la Medalla de Oro de la Academia en el año 1992. Además, sus películas de los años 70 y 80 han “abierto mercados y prestigio” para el cine español, siendo reconocidas en los festivales más importantes.

Saura, quien ofreció a Rosalía trabajar en una película sobre flamenco, ha dirigido películas como 'Los golfos', 'La caza', 'Peppermint Frappé', 'Ana y los lobos', 'La prima Angélica', 'Mamá cumple cien años', 'Deprisa, deprisa', 'Carmen', 'Flamenco, flamenco', 'Sevillanas', 'El séptimo día', 'Io Don Giovanni' y 'Goya en Burdeos', entre otras.

Junto a este proyecto también se pretende crear una red de destinos de rodaje integrada por municipios que trabajarán de la mano de Film Madrid Region, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, para facilitar la actividad audiovisual en todo el territorio y distribuir las producciones.

Para desarrollar esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico impulsará la firma de un protocolo de intenciones con los ayuntamientos adheridos, fijando un marco de colaboración para coordinar actuaciones y aplicar criterios comunes. Esta medida forma parte de los objetivos del 'Plan Estratégico del Audiovisual de la Comunidad de Madrid' para reforzar la cooperación institucional.

Entre las actuaciones se encuentra la progresiva armonización de las ordenanzas y procedimientos municipales para ofrecer mayor seguridad jurídica, claridad normativa y agilidad administrativa a las productoras, trabajando de forma directa con la Asociación de Localizadores de Madrid (ALOMAD).

No estaba previsto, pero el shock ha permitido desempolvarlo. El superincendio que arrasó 28.000 hectáreas en Madrid ha servido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para rescatar la idea de atravesar una zona de alta protección ambiental con una autovía: el desdoblamiento de la M-501, la carretera de los pantanos, hasta el límite de la comunidad —a las puertas de su pueblo, Sotillo de La Adrada—.

Ayuso pretende anunciarlo en el debate del estado de la región, este jueves, pero ya ha hecho público que ha comenzado “el estudio con el que prolongar el desdoblamiento de la M-501 hasta el final de la Comunidad de Madrid”, ha escrito en X. Todavía no hay detalles del procedimiento ni de los trámites a seguir, pero esa vía no ha estado exenta de polémica.

En realidad, el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2025-2032 —que comenzó a elaborarse en 2023 y se aprobó en 2026— no contemplaba en ningún momento el desdoblamiento de esta carretera, que supone convertirla en autovía totalmente. De hecho, en algunos foros vecinales de la zona se reclamaba esa actuación: “Habría que cortar la carretera en la rotonda de Navas, ya verás cómo escucharían”, se leía en mensajes fechados el pasado verano.

En lugar de centrarse en la recuperación pretende meterle más presión y más tráfico en un modelo que ha evidenciado sus problemas con el incendio de este verano: más construcción, más planes urbanísticos, más turismo masivo

Francisco Segura — Experto en infraestructuras de Ecologistas en Acción

Sin embargo, con la polémica del ático adquirido en secreto todavía persiguiéndola y con el incendio que arrasó la sierra oeste aún en el recuerdo —Ayuso ha llegado a decir que el dinero que se ingrese por la venta de ese inmueble se destinará a la recuperación del área, cosa que no puede hacerse de manera directa—, la presidenta madrileña ha avanzado que acometerá este proyecto.

El desdoblamiento ha sido un viejo anhelo del PP de Madrid. Hasta el punto de saltarse la ley para llevarlo a cabo: la parte actualmente operativa fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en febrero de 2008 por no contar con los trámites de salvaguarda ambiental. El Supremo ratificó la sentencia en febrero de 2011. Además, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Reino de España por incumplir las leyes ambientales debido a este desdoblamiento.

Si la expresidenta Esperanza Aguirre echaba mano de la seguridad vial y, a su juicio, de la alta siniestralidad de la vía convencional para multiplicar carriles sin el estudio previo de impacto ambiental obligatorio, Ayuso alude sin ambages al dinero: que “la zona oeste y Ávila” [donde ella no tiene competencia económica alguna] sean “sinónimo de zona de prosperidad y futuro”. Su pueblo, Sotillo de La Adrada, precisamente pertenece a la provincia de Ávila.

“Es un ejemplo de libro de doctrina del shock”, explica el experto en infraestructuras de Ecologistas en Acción Francisco Segura. Él, que ha seguido de cerca todo el periplo del desdoblamiento de la M-501 desde inicios de siglo, entiende que “la gente está noqueada por un desastre tan tremendo —en parte responsabilidad de la propia Ayuso, que tiene a los bomberos en condiciones inaceptables— que, para intentar solucionar, mete una gran infraestructura”.

La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, discurre por el corazón de la zona de especial conservación Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Convertir la carretera en autovía fue primero idea de Alberto Ruiz-Gallardón, quien pudo materializar los primeros 12 kilómetros. Pero los informes ambientales que mostraban el daño que causaría el proyecto frenaron el plan para prolongarla.

Ya en 2003, Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid y retomó el plan, pero un nuevo informe científico del CSIC volvía a alertar de los daños ambientales. Sin embargo, Aguirre declaró la autovía de interés general, lo que le eximió de evaluación ambiental. Los consejeros de Transportes e Infraestructuras durante este periplo fueron Francisco Granados y María Dolores de Cospedal. Esas decisiones fueron las que provocaron más tarde las sentencias que declararon ilegal la carretera.

Las obras comenzaron en septiembre de 2006. El asunto tomó tintes algo esperpénticos cuando el hallazgo de unos excrementos presuntamente de lince ibérico hicieron que la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE) pidiera paralizar el proyecto. Hubo informes cruzados de ADN para asegurar o negar que se trataba de esta especie pero, finalmente, nada detuvo a las excavadoras.

Los trabajos terminaron en julio de 2008. La Comunidad de Madrid tuvo que, primero, autorizar un “reequilibrio” de la concesión, es decir, pagar más a la empresa adjudicataria del proyecto porque debió invertir más de lo previsto, justificó el Consejo de Gobierno y, más tarde, abonar otros 6,8 millones de euros por sentencia judicial por obligar a terminar el proyecto antes de lo establecido.

Se olvidaron de la “vida de los madrileños”

Al poco de poner en marcha la autovía, en junio de 2009, la misma Esperanza Aguirre se comprometió a llevar el desdoblamiento hasta el final: “La vida de los madrileños es lo principal. Vamos a desdoblar este tramo de la M-501 porque los vecinos lo necesitan”.

Lo que vino después fue más bien la secuencia de varapalos judiciales que declararon ilegal la carretera y llegaron a ordenar que se restituyera la zona a su estado anterior. Lo que hizo la Comunidad de Madrid fue aprobar un estudio ambiental “previo”, más de seis años después de que empezaran a circular coches.

A pesar de esas declaraciones acerca de proteger la vida de los ciudadanos, lo cierto es que la crisis económica de 2010 enterró un proyecto muy costoso y con muchas aristas ambientales por limar. El actual plan de carreteras del equipo de Ayuso no entendía que ese desdoblamiento fuera algo por lo que mereciera la pena invertir el presupuesto y el esfuerzo necesarios. Hasta que se cruzaron el ático y las llamas.

“Se trata de una zona supersensible”, aclara Francisco Segura. “En lugar de centrarse en la recuperación, pretende meterle más presión y más tráfico en un modelo que ha evidenciado sus problemas con el incendio de este verano: más construcción, más planes urbanísticos, más turismo masivo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que si fuera presidenta del Gobierno España rompería relaciones con Marruecos ante la crisis migratoria en Ceuta y ha afirmado que se debe “militarizar” la frontera. Ayuso ha reclamado además la devolución de las personas que permanecen en Ceuta, así como la intervención de la Unión Europea.

En una entrevista en OkDiario, en la que no ha habido ni una mención al polémico ático comprado por el gobierno madrileño por más de seis millones de euros, la presidenta ha cargado contra el Gobierno por haber dejado a España “a la deriva” ante la crisis. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de estar “tremendamente secuestrado por Marruecos” y ha defendido que la crisis migratoria ha sido una “invasión perfectamente planificada” por los servicios secretos del país vecino.

Díaz Ayuso ha asegurado que el Ejecutivo de utiliza la inmigración, así como otras cuestiones, para generar “caos” y ha llegado a afirmar que Sánchez podría “intentar mantenerse en el poder” y, entre otras cosas, indultar a Begoña Gómez. “Tengo clarísimo que Sánchez va a alargar la legislatura para indultar a Begoña”, ha afirmado.

La presidenta también ha defendido el circuito de Fórmula 1 de Madrid, pese a haber recibido varias críticas y protestas en las últimas semanas, así como el uso de dinero público para el mismo. “Si hiciera falta, la gente debería entender que esto es una inversión buena para todos”, ha defendido Ayuso.

Sin embargo, hay un asunto relacionado directamente con la propia Ayuso, y situado en el centro de la polémica en las últimas semanas, que no se ha mencionado en la entrevista: el ático de 6,3 millones comprado por la Comunidad de Madrid. El entrevistador, Eduardo Inda, director de Okdiario, no le ha hecho ninguna pregunta acerca del ático, su relación con la presidenta madrileña o las explicaciones que Ayuso ha ofrecido en otras ocaciones sobre el mismo.

En cuanto a cuestiones personales, Ayuso ha reclamado que también se conozcan “las relaciones sentimentales”, familiares y patrimonio de otros ministros y cargos públicos, a la vez que se ha evadido cualquier pregunta sobre la compra del ático.

Mientras la oposición madrileña reclama explicaciones sobre el proceso de compra, el precio y el uso previsto del inmueble, el ático de Ayuso queda fuera de plano en esta entrevista.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

El verano ha estado protagonizado por tres noticias de calado muy diferente, pero que ponen de relieve algunos de los grandes problemas de este país. Los macroincendios, la “invasión” de Ceuta y el ático de Ayuso no son más que pinceladas que retratan la deficiente gestión de los montes, la relación de dependencia con Marruecos y el despropósito de los precios de la vivienda. Los dos primeros han sido ampliamente analizados en este periódico, así que me voy a centrar el drama de la vivienda en Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue sin haber dado una explicación coherente de por qué y para qué la Comunidad de Madrid compraba un ático para uso de su presidenta. Los datos son que la empresa pública Planifica Madrid compró por 6,3 millones de euros un ático de uso residencial de 481 metros cuadrados, situado en la calle General Martínez Campos, 35, en el distrito madrileño de Chamberí. La adquisición se escrituró el 14 de abril de este año, aunque no se conoció hasta que lo publicó El País el 29 de julio. La primera explicación que dio la Comunidad de Madrid fue que la compra se había realizado para que fuera utilizado por la presidenta mientras se realizaban obras en su despacho en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol. Después empezaron a modificar las versiones y la propia Ayuso quiso defenderse atacando al Gobierno central porque al presidente y una buena parte de los ministros cuentan con residencia oficial. ¿Quiere esto decir que estaban tratando de levantar, de tapadillo, una residencia oficial para la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Alrededor de esta operación hay algunos datos que permiten hilvanar una línea de puntos que llevaría a Isabel Díaz Ayuso intentando comprar un piso en su barrio de toda la vida y llegó a la conclusión de que con su sueldo y patrimonio no le alcanzaba para lo que ella quiere y cree merecer. El Portal de Transparencia dice que Díaz Ayuso tiene un sueldo bruto anual de 103.930,3 euros y que en septiembre de 2023 (cuando presentó la declaración patrimonial) contaba con un piso valorado en 140.547,31 euros que recibió en octubre de 2012 como donación y en régimen de nuda propiedad, lo que seguramente implica que no puede disponer de él, y 75.860 euros en cuentas corrientes.

El 15 de abril de este año, un día después de escriturar el ático, este periódico publicó que Ayuso estaba buscando piso en Chamberí para lo que se habría apoyado en un directivo del equipo de Presidencia de la Comunidad. Por tanto, se sabe que Ayuso buscaba piso y que lo hacía en su barrio de siempre, donde vive su madre (de hecho el ático estaba al lado) y donde vivía en esos momentos con su pareja. Es ahí donde debió darse de bruces con el crudo mercado inmobiliario de la capital de la Comunidad que preside.

Tampoco podría afrontar en solitario una hipoteca de 4,8 millones a un buen tipo de interés (2,5%), ya que implicaría una cuota mensual de 18.966 euros, si es a treinta años, o de 14.023, si la consiguiera a cincuenta años

El sueldo bruto de Ayuso supone una remuneración neta al mes de 4.650 euros si se reparte en catorce pagas, o 5.430 euros en doce. Es esa nómina la que tendría que hacer frente al pago de la cuota de la hipoteca y obviamente no da para adquirir un ático de 6,3 millones de euros. La primera barrera que se encuentra el comprador de una vivienda es que necesita en efectivo el 20% del importe de la adquisición más un 6% para el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los gastos de notaría, registro y tasación. Por tanto, para una casa de seis millones de euros se necesitarían 360.000 euros para el pago del ITP y 1,2 millones para afrontar la entrada y aún quedarían 4,8 millones de hipoteca. La realidad es que Ayuso no disponía de esos 1,2 millones, según se deduce del Portal de Transparencia, y tampoco podría afrontar en solitario una hipoteca de 4,8 millones a un buen tipo de interés (2,5%), ya que implicaría una cuota mensual de 18.966 euros, si es a treinta años, o de 14.023, si la consiguiera a cincuenta años.

El salario de Ayuso, que es 3,7 veces el salario medio en España, y muy similar al de Pedro Sánchez (110.397,28 euros), y su ahorro, que quizás ya esté 100.000 euros, le permitirían adquirir una casa de unos 800.000 euros, siempre y cuando encuentre un banco que esté dispuesto a darle una hipoteca por casi el 94% del valor de la vivienda. Una casa de ese precio implica pagar 48.000 euros de ITP y cerca de tres mil euros en gastos de registro, notaria, gestoría y tasación, que se comerían la mitad de los cien mil euros ahorrados. Por tanto, le quedarían cincuenta mil para la entrada y necesitaría una hipoteca de 750.000 euros, que a un tipo del 2,5%, suponen una letra de 2.963 euros al mes durante cuarenta años o 2.473 euros si es a cincuenta años. Esto sí podría afrontarlo y encontraría banco que asuma el riesgo. Eso sí por 800.000 euros no va a encontrar nada que se parezca a lo que le habían preparado.

Estos datos retratan el problema de la vivienda en Madrid incluso para sueldos extraordinariamente buenos. Quizás por eso, la semana pasada, la Comunidad de Madrid ha aprobado nuevas ayudas para la compra de la primera vivienda, dirigidas a apoyar a los que carecen del ahorro para afrontar la entrada y elevando la edad máxima para ser beneficiario de las mismas de 35 a 50 años y subiendo el importe máximo de la transacción hasta 425.000 euros.

Son medidas parche, puesto que la raíz del problema está en la falta de oferta de viviendas, por escasez de nueva construcción y por crecimiento de la vivienda turística que captura la segunda residencia. Es necesario un plan inmediato y muy ambicioso de vivienda nueva para poder frenar a un mercado disparatado. La situación de Ayuso es mucho más fácil de solucionar: que someta a la Asamblea de Madrid la creación de una residencia oficial para la presidencia de la Comunidad, seguro que lo saca adelante. Solo faltan agallas para ir con la verdad por delante.

Siempre los mismos consejos para todos: guardar la horchata cerca del fondo de la nevera, nunca en una de una de las baldas de la puerta, y, si se va a probar junto con el agua de cebada, mejor beber primero esta última para que la horchata, que tiene mucho más cuerpo, no estropee el sabor.

A sus 59 años, José Manuel García López lleva ya 21 detrás del Kiosko Narváez, un puesto pintado con franjas azules y blancas y que está adornado con fotos antiguas que hablan de su historia centenaria. Se ubica cerca de la plaza de Felipe II, en el céntrico distrito de Salamanca, no muy lejos del parque del Retiro, en Madrid. Ayudado por Milton Chung, un peruano de 43 años que, comenta, nunca ha trabajado en un lugar con tanta historia, García no se cansa.

No se cansa de preparar las bebidas que llevan dando sustento a su familia desde hace más de 100 años ni de atender clientes en mitad del calor seco e inmisericorde del verano madrileño. Tampoco de reivindicar su oficio ni de investigar y contar la historia de su negocio, que ha puesto negro sobre blanco en un libro que se puede comprar en el propio puesto por 16 euros y que resulta delicioso para los apasionados de la historia de Madrid: El kiosko de horchata de la familia Guilabert (Uno Editorial). Porque García López no regenta un quiosco cualquiera: lleva el último aguaducho de Madrid.

Llegados a la capital a finales del siglo XIX, los aguaduchos eran unos puestos de madera que a veces no ocupaban mucho más que un armario, pero desde los que se surtía sobradamente de bebidas refrescantes y artesanales a los madrileños. Negocios tradicionales y familiares que pasaban de padres a hijos, durante buena parte del siglo XX llegaron a contarse por centenares en la capital, y no había manera, por ejemplo, de salir de la Plaza Mayor sin pasar por delante de alguno. Su nombre proviene del hecho de que, antes de la llegada del imperio de la Coca Cola, lo que vendían principalmente estos negocios eran bebidas como el agua de canela, el agua de azahar o el agua de hinojo.

Sin embargo, como muchos de quienes regentaban estos quioscos eran hijos de esa migración interior que llevó a muchos españoles de la Comunitat Valenciana y Murcia a Madrid, se incorporaron pronto bebidas de estas regiones como la horchata y el agua de cebada. El invento tuvo un éxito tan arrollador que en El último cuplé, de 1957, se puede ver a la popularísima Sara Montiel y al actor Enrique Vera pidiendo ambas bebidas. Entonces, aunque hoy parezca mentira, no había un solo madrileño que no supiera lo que tomaban. “No había verbena sin horchata ni agua de cebada. Era algo muy de Madrid”, recuerda García emocionado.

Buena culpa de este éxito la tuvieron, entre otros muchos, los bisabuelos de García, Francisco Guilabert y Francisca Segura, que, sobre su carromato, tuvieron que emplear cerca de un mes en llegar desde su Crevillent natal hasta Madrid. Corría el año 1910 y, como muchos de esos crevillentins que finalmente recibirían el sobrenombre de “los ausentes”, formaron parte de una generación que tuvo que migrar a la capital en busca de un mejor futuro. Instalaron su aguaducho primero en la calle Cedaceros y después en la Plaza de las Cortes hasta que estalló la Guerra Civil. En esos años, el producto familiar se hizo tan famoso que no era raro que, en mitad de los encendidos debates de sus señorías, ujieres y parlamentarios salieran un rato del hemiciclo para refrescarse en su aguaducho.

Acabada la guerra, tras pasar por la Plaza del Carmen, el puesto se instaló en 1944 cerca ya de su ubicación actual, en el número 8 de la calle de Narváez. Entonces, regentaban ya el negocio los abuelos del actual dueño, María Guilabert y Manuel López. Fue ella quien, con el devenir de los nuevos tiempos, tuvo que ir cediendo a la bebida de moda: “Mi abuela las llamaba guarricolas”, dice García señalando una de las latas de Coca Cola que hoy ofrece también el establecimiento.

Desde entonces, el aguaducho lo han llevado siempre distintos miembros de su familia, incluido su hermano Miguel, que se acaba de jubilar y que, junto con el propio García, es ya la cuarta generación. “Mi hija no lo quiere llevar, pero le he dicho que lo podemos poner a su nombre y que lo lleve alguien por ella”, propone el actual dueño, que trabajará en el puesto, anuncia, hasta que el cuerpo aguante ya que no se resiste a que el negocio caiga. Sabe que, con él, caería parte de la historia de Madrid.

Una tradición casi extinta

También se resiste a dejar de hacer lo que ha hecho siempre. Por eso, García se levanta a las 5.15 de la mañana para preparar su horchata, su agua de cebada y su limonada de siempre, bebidas que guarda en grandes garrafas de 60 litros y que tratará de explicar a todos los curiosos que se acerquen al puesto. En total, calcula, en un día de calor puede llegar a vender 130 litros de horchata, a los que hay que sumar unos 10 litros de esta bebida sin azúcar y los 50 del granizado de limón. El puesto permanece abierto de lunes a domingo desde mediados de abril hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando el frío obliga a esperar ya la siguiente temporada.

Pero el negocio ya no es lo que era: “Aquí había siempre colas de 15 o 20 personas”, recuerda el quiosquero, que calcula que en los últimos 20 años la facturación ha bajado un 60%. Y eso que, de vez en cuando, cuentan con el inesperado impulso de la viralidad. Hace unas semanas, una visita y un vídeo de Bárbara Moreno, la influencer conocida como Barbygant, provocaron que agotaran toda su horchata durante unos días. Después, vuelta a la normalidad, como cuando pierde el gas una de esas guarricolas que criticaba la abuela de García.

“En Madrid se ha descuidado mucho el negocio tradicional”, reflexiona García, que ahonda en la idea de que la identidad de un lugar está ligada a la memoria: “Le estoy agradecido al Ayuntamiento por la placa de negocio centenario, pero nos deberían haber cuidado mucho más. Si hace unos años éramos cientos y ahora solo quedamos nosotros, algo ha pasado. Este oficio es muy bonito, pero también muy duro, y las grandes franquicias ahora lo ocupan todo. Todo son franquicias, por todas partes. Pero eso es perder la historia, que es la gracia de un sitio. Si vas a Burgos, vas a ver la catedral”.

Para invertir la tendencia, García tiene claro que haría falta voluntad política: “En los negocios centenarios se debería fomentar que, aunque no pase de padres a hijos, se traspase a alguien que se comprometa a respetar la esencia”. Por ahora, no parece que una iniciativa así pueda salir adelante. Hace un par de semanas, por ejemplo, cerró en Madrid Tejidos Bober, otra tienda centenaria, y en abril dijo adiós el Bazar Arribas, la última juguetería de la Plaza Mayor. Detrás, historias parecidas de alquileres imposibles e inaguantable presión turística.

De respetar la esencia saben algo en el Kiosko Narváez, que presume de no haber alterado la receta de sus productos en todos estos años. Lo confirma al pasar por ahí José Argüelles, un hombre de 75 años que se acerca al negocio, saluda al quiosquero y comenta, sin el menor atisbo de duda: “Vengo desde hace 60 años. El sabor siempre ha sido el mismo”.

No es, ni mucho menos, el cliente más longevo del puesto. Por allí, cuenta García, todavía se acerca un cliente de 99 años a quien llaman “El Chavalín” y que recuerda cómo era el puesto cuando era niño. Pero un 14 de agosto, con la ciudad casi vacía, quienes se acercan sobre todo son turistas. Andan curioseando por la zona Ana Yáñez y Frida Vilchis, dos estudiantes mexicanas de 21 años del Instituto de Estudios Bursátiles de Moncloa-Aravaca, donde cursarán Finanzas hasta final de año. Les llegó la historia del negocio por redes sociales y quisieron descubrirlo. Siguiendo los consejos que les han dado, prueban primero el agua de cebada: “¡Muy rica!”. Finalmente, la horchata: “¡Deliciosa!”. Dos clientas más para el último aguaducho de Madrid, que todavía resiste.

Isabel Díaz Ayuso apuntó en agosto a la Consejería de Presidencia para dar información sobre la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros de su gobierno. Durante una de sus ruedas de prensa del verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la operación, “a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles” y añadió: “Y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo”. Sin embargo, más de un mes después de que saliese a la luz la compra, fuentes cercanas a Ayuso han confirmado que la presidenta fue a visitar el inmueble después de que la Comunidad se hiciera con él.

Este miércoles, por primera vez, se ha conocido la presencia de la líder madrileña en el ático de la calle General Martínez Campos, en Chamberí, y que ahora está en venta por casi 6,7 millones de euros. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, respondía así a la pregunta de si Ayuso o su entorno fueron a ver el ático: “Lógicamente, cuando se compra un inmueble obvio que se visita”.

Tras la respuesta, fuentes cercanas a Ayuso confirmaron que la presidenta sí estuvo en el inmueble “una vez que la Comunidad lo había adquirido” y que “se dejó para finales de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, precisan estas fuentes. Cuando saltó a la luz, el Gobierno de Ayuso argumentó que se iba a utilizar este ático para mantener reuniones mientras durasen las reformas en la sede del Ejecutivo autonómico, a pesar de que la normativa del Ayuntamiento de la capital impide convertir el inmueble en oficinas y, según la misma, solo podría destinarse a vivienda, ya que en esa parte de la ciudad no se puede implantar ni oficinas ni servicios por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio.

La presidenta aseguró en su primera declaración tras conocer la información que se trataba de una “campaña de desprestigio”, que no era para ella y que todavía se desconocía si ella iría a la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y eran los consejeros los que se moviesen al ático durante las obras. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió. “La compra sé que es reciente”, dijo después.

Se desconocen más detalles en torno a esa visita posterior de la líder madrileña, pero lo que sí es obvio es que Ayuso no desautorizó la operación, y el proceso continuó hasta este pasado mes de julio, cuando a finales de mes El País publicó la primera información sobre que la Comunidad habría adquirido un ático de más de 400 metros cuadrados y terraza. A pesar de que la compra fue en abril, solo un día después de que la prensa se hiciera eco se decidió poner a la venta el inmueble, según dijo el equipo de Ayuso, para dedicar el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este verano, durante sus intervenciones públicas, la baronesa del PP ha insistido en que Planifica Madrid se dedica a vender y comprar inmuebles, y ha enmarcado esta operación como una más de la empresa pública. Sin embargo, por el momento se desconoce si Ayuso suele visitar estos inmuebles, como el inmueble de Gran Vía que la empresa pública lleva tiempo intentando enajenar y que ahora ha vuelto a poner en venta más caro que hace un año cuando no logró venderlo.

Antes de firmar el contrato de compra, alguien del equipo de Ayuso fue a visitar el ático, aunque las mismas fuentes del entorno de la presidenta remiten a preguntar en Presidencia. “Nadie compra a ciegas un inmueble”, aseguran, pese a que ahora la Comunidad de Madrid no permite visitar el ático para su compra. Por su parte, desde Presidencia confirman que fue “una persona del equipo de la Consejería”, aunque sin detallar quién. “Planifica gestiona patrimonio”, añaden las mismas fuentes.

La Consejería de Presidencia coordina a todas las consejerías y es la más cercana a la presidenta autonómica. Miguel Ángel García Martín, el también portavoz y presidente de Planifica Madrid, lleva esta cartera y fue señalado por Ayuso durante una rueda de prensa para dar más información sobre la operación. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, dijo García Martín en otra comparecencia posterior.

El caso avanza en los juzgados

Mientras, el caso avanza en los juzgados: tanto PSOE como Más Madrid se han personado como acusación popular. “Los hechos evidencian lagunas e irregularidades procedimentales al tratarse de hechos que afectan a la administración pública en relación con su patrimonio”, indicaban los socialistas, mientras que los de Mónica García veían “indicios” de que la operación se llevó a cabo “sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido”.

Más Madrid también ha acudido al Tribunal de Cuentas al considerar que la compra puede suponer un posible “menoscabo” de dinero público. El portavoz y consejero de Presidencia ha zanjado estos pasos de la oposición: los ha acusado de intentar encontrar “fantasmas” y ha asegurado que cada vez que acuden a los tribunales contra el Gobierno de Ayuso, los casos nunca prosperan.

Pero septiembre acaba de empezar y con él, la vuelta a la normalidad institucional y política. Solo este mes se espera la comparecencia de García Martín, que a petición propia explicará en la Asamblea de Vallecas la operación del ático, y el Debate del Estado de la Región, que se producirá la próxima semana y que se espera centrado en esta última polémica, todavía con incógnitas por resolver.

Las educadoras infantiles continúan la huelga indefinida que comenzaron el pasado 7 de abril en Madrid, con movilizaciones que se fueron extendiendo por todo el país en una huelga general. Estas profesionales que trabajan en las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años se cansaron de vivir jornadas laborales en las que no se reconocía su profesión, cobraban el salario mínimo mientras educaban a los más pequeños en una etapa fundamental de sus vidas y en escuelas en las que las condiciones de las infraestructuras eran nefastas.

La adaptación de los niños de 0 a 3 años va a ser diferente a la de otros años, pues las escuelas contarán con servicios mínimos, lo que se traducirá en una menor calidad educativa, peor comunicación con las familias y menor atención personalizada de los niños y niñas.

Las educadoras infantiles no se cansan de repetirles a las instituciones las condiciones en las que trabajan a diario y que quieren cambiar lo antes posible, para reconocer su labor y para, sobre todo, mejorar la calidad educativa de los más pequeños en su primer contacto con las aulas y el aprendizaje. Durante estas más de 19 semanas que llevan en huelga, las profesionales del 0-3 se han movilizado en todo el país con el apoyo de los sindicatos y de las familias, que quieren una educación de calidad para sus hijos.

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles afirman que nada va a cambiar este próximo curso. “Afrontamos el mes de septiembre como hemos terminado el curso anterior, con fuertes movilizaciones y todas juntas, tanto a nivel estatal como en la Comunidad de Madrid”, recuerda Rosa Marín, portavoz de la PLEI, a elDiario.es.

En la Comunidad de Madrid las educadoras infantiles denunciaban la pasividad de las instituciones, especialmente cuando exigieron el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada tres o cinco años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Durante estos casi cinco meses de movilizaciones, las educadoras infantiles han conseguido pequeños avances en su lucha. “Al final, salir a las calles a reivindicar nuestros derechos y a decir 'basta ya esta precariedad' pues tiene su fruto, como va a ser cuando quede ya plasmado la modificación del Real Decreto con esa bajada de ratios, y la implementación de la pareja educativa en todas las escuelas infantiles”, explica la portavoz de la PLEI a este diario.

En junio, el Ministerio de Educación propuso a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El ministerio encabezado por Mercedes Tolón propuso que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora).

En otra reunión que mantuvieron las profesionales del 0-3 con la ministra de Educación, Tolón se comprometió a implantar la pareja educativa en las escuelas infantiles de gestión indirecta, otra de las grandes exigencias de las educadoras desde que comenzaron la huelga en la Comunidad de Madrid en el mes de abril. “Es algo que ya tienen todas las escuelas que ya gestionamos de manera directa”, defendía la ministra.

En la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, las educadoras infantiles también luchan por una subida de los salarios. “No podemos vivir en la Comunidad de Madrid ni en el resto de comunidades autónomas con el salario mínimo interprofesional, que es el que marca el convenio colectivo”, sostiene Rosa Marín. Es por ello, entre otras razones, por lo que las profesionales de las escuelas infantiles seguirán con las movilizaciones a partir del mes de septiembre. “Continuaremos para dignificar nuestra profesión y para mejorar nuestras condiciones salariales”, ha explicado Marín.

Unos meses “muy delicados”

De cara al curso 2026/27, la portavoz de la Plataforma insiste en que afrontarán la acogida de los niños y niñas “con bastante preocupación”. “Sobre todo por las familias y las criaturas que empiezan nuevas en las diferentes escuelas infantiles el mes de septiembre y octubre. Son unos meses muy delicados y con gran importancia en nuestro trabajo porque son periodos de vinculación”, detalla Marín en una conversación con elDiario.es. Las educadoras infantiles creen que lo más importante es que “las familias se queden tranquilas y que las criaturas entiendan que es un sitio seguro y que [la educadora] es una persona de referencia, y que se mantengan seguras para poder aprender, para poder desarrollarse, para poder descubrir el mundo”, subraya Marín.

“Para poder explorar necesitan sentirse seguros, y eso lo da esa vinculación de los primeros meses. Es un periodo muy complicado que va a arrancar con una huelga indefinida, donde no van a estar las referentes, donde va a haber mucho cambio de personal con los servicios mínimos que tenemos”. La portavoz de la PLEI recuerda que “los servicios mínimos se mantienen igual” a partir de este nuevo inicio de curso, “y esto supone mucho vaivén y mucho cambio de las personas de referencia para las criaturas, lo que dificulta esta vinculación”.

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles recuerdan que siguen preocupadas por las familias y los más pequeños, sin embargo, todo lo hacen por mejorar la calidad educativa en la etapa del 0-3, y esperan que desde la Comunidad de Madrid tomen más medidas para conseguir estos objetivos. “No es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la Consejería de Educación dar una respuesta y dar un fin, y que se siente a negociar para poder volver a las aulas y hacer lo que sabemos, que es nuestro trabajo, y es dedicarnos a la educación de las criaturas más pequeñas más vulnerables, que es el 0-3”, aclara la portavoz.

Anticapitalistas Madrid quiere comprobar si existe espacio para una nueva candidatura de izquierdas en la Comunidad de Madrid. La organización ha decidido abrir un proceso para explorar la posibilidad de impulsar su candidatura en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027, intentando seguir los pasos del reciente éxito de Adelante Andalucía en los comicios andaluces.

En un comunicado, la organización ha puesto el foco en la larga hegemonía del Partido Popular en Madrid que gobierna la Comunidad “ininterrumpidamente” desde 1995 y el Ayuntamiento de la capital desde 1991, a excepción del mandato de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. La formación ha señalado que deben “trabajar para echarles” sin resignarse “a un mal menor” y ha declarado que “la compra del ático de Ayuso es solo el último ejemplo de su forma de pensar”: “Sienten que Madrid les pertenece”.

Anticapitalistas Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su iniciativa este sábado, con un debate en el Ágora de la Universidad de Verano Anticapitalista sobre qué hacer desde “la izquierda rupturista” ante las próximas elecciones. El encuentro es el primer paso de un proceso que se prolongará durante las próximas semanas y que pretende determinar si existen las condiciones para impulsar una candidatura propia.

“Desde Anticapitalistas consideramos que hay que debatir qué hacer en estas elecciones autonómicas y municipales porque no podemos permanecer impasibles ante el avance de las posiciones ultraderechistas que representa Vox o ante una nueva victoria de la derecha radical de Ayuso y Almeida”, apunta Raúl Camargo, dirigente de la organización, en sus redes sociales. “Con las izquierdas actuales no va a ser suficiente para poder echar a Ayuso y Almeida”, señala Camargo.

La iniciativa llega tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas celebradas el pasado mayo, en las que cuadruplicó su representación en el Parlamento andaluz. La formación andalucista pasó de dos a ocho escaños, con el 9,62% de los votos, con el sorpasso a Por Andalucía y situándose como principal fuerza de la izquierda alternativa al PSOE.

El resultado de la candidatura andaluza, liderada por José Ignacio García, fue de más de 400.000 votos, logrando representación en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Además, según el último barómetro de la Fundación CENTRA, Adelante ha superado a los socialistas como segunda fuerza preferida “para solucionar los problemas de los andaluces”, siendo elegido por el 16,5% de los encuestados frente al 12,3% que señaló al PSOE.

Es precisamente esta experiencia la que motiva a Anticapitalistas ahora a probar la vía electoral en Madrid. La organización desplegará, entre septiembre y octubre, una campaña destinada a estudiar una posible candidatura, así como a explorar posibles alianzas con “independientes, activistas sociales y políticos”.

El proceso culminará con un acto en Madrid el 24 de octubre en el que espera reunir a cientos de personas, utilizando este encuentro para comprobar si existen las condiciones necesarias para dar finalmente el paso electoral a los comicios autonómicos y municipales previstos para mayo de 2027.

Una izquierda “de ruptura” frente a Ayuso y Almeida

Desde la organización consideran que “la izquierda institucional ha demostrado sus límites” y que es necesaria “una izquierda de la ruptura” para “recuperar la credibilidad y el empuje” y desalojar del poder a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Su diagnóstico es especialmente crítico con la izquierda institucional. Anticapitalistas señala que existe una “decepción generalizada” a nivel estatal en relación a los gobiernos progresistas, a quienes reprocha que “su única oferta es repetir lo mismo que está hoy en crisis”.

Frente a este escenario, la formación defiende la construcción de una alternativa que define como “nueva, de confianza, anticapitalista, ecosocialista y feminista” y señala el resultado de Adelante Andalucía como un ejemplo de que “las cosas se pueden hacer otra manera” y de que existe espacio para una candidatura diferenciada de las fuerzas progresistas actuales.

Este movimiento supone así un primer paso para medir si la fórmula andaluza puede encontrar un equivalente en Madrid. Durante los próximos meses, Anticapitalistas probará su capacidad de movilización y decidirá en función de ese proceso si concurre finalmente a las elecciones madrileñas de 2027.

Un hombre de 49 años ha resultado herido potencialmente grave este sábado en una montaña rusa en el Parque Warner ubicado en la localidad de San Martín de la Vega.

El incidente se ha producido en la atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.

En concreto, propone un viaje narrativo por la historia de Batman narrado en una caída de 98 grados a 45 metros de altura, con múltiples giros completos y lanzamientos a más de 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos.

El hombre ha sufrido una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Desde la dirección del parque de atracciones han apuntado que la montaña rusa se detuvo inmediatamente y se activaron los procedimientos de emergencia, facilitando que la persona afectada fuera atendida por los equipos de emergencias.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el herido ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave para una valoración más exhaustiva.

También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Desde el Parque Warner han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades.

Juan José Molina, que se encontraba en el parque en ese momento, hacia las 14.30 horas, ha explicado a Europa Press que tras el incidente “había gente llorando y con crisis de ansiedad”. Según ha detallado, el resto del parque funcionaba con normalidad tras el incidente.

Hay pocos nombres tan asociados a las calles de Madrid como el de Pedro de Répide gracias a las innumerables ediciones del grueso volumen enciclopédico llamado, precisamente, Las calles de Madrid. Paradójicamente, su figura es muy poco conocida a pesar de encontrarse su libro en todas las bibliotecas públicas, secciones locales de librerías y no pocas estanterías de nuestros salones.

Tiene una calle y una sala de estudio dedicadas en el distrito de Latina. También una placa en la casa en la que nació, en la céntrica calle de la Morería. Pero si uno prueba a preguntar quién fue Pedro de Répide se da cuenta de lo poco conocida que es su figura.

Valga la información que el propio Répide dio de la vetusta calle de la Morería, de la que se sentía orgulloso por ser genuinamente madrileña, para entender cómo eran las entradas de su conocido diccionario de calles: “Distinguíase antes entre la calle de la Morería, que era el trozo entre la plaza de este nombre y la calle del Alamillo, y la calle de la Morería Vieja, que era el comprendido entre la plaza de la Morería y la cuesta de los Ciegos, parte ya muy transformada por la construcción del Viaducto y la prolongación de la calle de Bailén. Paraje que atrae particularmente el afecto de quien esto escribe, pues nació en tan venerable recoveco de la villa de Madrid”.

Como sucede con todos los madrileñistas de la época, hay que coger sus crónicas con pinzas, filtrarlas de leyendas –no dejar de disfrutarlas– y quedarse con la información valiosa, que no es poca. Algo así sucede también con su vida.

Se decía de él –y Répide alimentaba la leyenda– que descendía de Caterina Cornaro, la última reina de Chipre. Que era hijo natural de uno de los hijos del matrimonio entre la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón, y el duque de Riánsares. Y hasta que era hijo natural de la reina Isabel II y un cura, rumor que debió estar alimentado por su cercanía con la reina.

Sobre su infancia él mismo contaba lo siguiente:

“Dentro de mis más remotas memorias, para hacer arrancar estos recuerdos literarios desde mi primera infancia, evocaré el teatrito que tenía la princesa Ratazzi, prima de Napoleón III. Esta famosa mujer vivió mucho en Madrid, de cuya sociedad era una de las más señaladas figuras, y acabó casándose con el diplomático español Rute. Era escritora y publicaba una revista literaria de temas españoles, que era editada en francés. Vivía en el paseo de la Castellana, número entonces 16, casa en la que ella ocupaba el piso bajo y el primero y nosotros habitábamos en el de encima. La princesa Ratazzi tenía uno de los salones literarios madrileños y sus contertulios eran Castelar, Cánovas, Martos, Zorrilla, Campoamor, Echegaray, Valera… Yo era una breve personilla de apenas media vara sobre el suelo, y la princesa Ratazzi me levantaba en brazos, me acariciaba, me daba dulces y me enseñaba el teatro que tenía en su casa, vacío naturalmente, a aquellas horas, porque cuando tenía su público, hacía ya rato que me había acostado”.

Después de estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central (en la calle de San Bernardo) y ampliar estudios en la Sorbona, sirvió como biógrafo y bibliotecario de Isabel II en el exilio parisino desde 1900. A la muerte de la reina, en 1904, regresó a Madrid y comenzó su carrera periodística y literaria, que le consagraría como uno de los grandes cronistas de la vida en la capital.

En 1919 fue cofundador del periódico La Libertad, donde publicaría sus artículos dentro de la sección La Guía de Madrid (al principio bajo el seudónimo El ciego de las Vistillas). Estas notas aparecidas en el periódico se compilarían en 1971 como Las calles de Madrid que todos conocemos.

Durante estos años cultivó también la poesía, el teatro y la novela corta, con algunos títulos tan preñados de madrileñismo como sus textos periodísticos. Así sucede, por ejemplo, con Del Rastro a Maravillas, que apareció dentro de la mítica colección de Zamacois El cuento semanal.

De ideología republicana, participó de la fundación en 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, aunque el miedo a la situación revolucionaria le hizo exiliarse en Tánger durante la guerra. Allí trabajó en Informaciones y fundó el periódico El Presente. Desde el norte de África marchó al exilio venezolano y regresó a España en 1947, ya con la salud muy deteriorada. Falleció en su querida ciudad de Madrid con 66 años, solo un año después.

Durante su estancia en Caracas escribió distintas crónicas sobre los primeros momentos de la guerra en Madrid, que fueron recogidos más tarde en Memorias de un aparecido, un texto que hace gala de propaganda franquista y oculta su trayectoria republicana, quizá con la inquina del converso, a lo mejor pensando en su regreso. A su vuelta a España volvió a escribir en Informaciones y vivió breves momentos de reconocimiento, como ejercer de pregonero de las fiestas de San Antón. En general, no encontró más que silencio, marcado por su pasado y por su reconocida homosexualidad.

Répide fue bohemio de callejuela y taberna. De la biblioteca del ateneo y café de tertulia. Su apariencia no dejaba a nadie indiferente: con su sempiterna capa española, la cara empolvada y monóculo. Uno de tantos bohemios del primer tercio de siglo olvidados antes de ser recuperados en algún momento. Uno cuyo nombre, sin embargo, ha volado más alto que su biografía gracias a una obra publicada muchos años después de su muerte.

PARA SABER MÁS:

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladó a la inmobiliaria de lujo a la que finalmente compró el ático de Chamberí que buscaba un piso de “entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza” en ese barrio o alrededores, según ha publicado este miércoles El País. Las características coinciden con lo que finalmente compró la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, ahora a la venta de nuevo por 6,69 millones.

Planifica Madrid contactó con la inmobiliaria afincada en La Moraleja a través de un anuncio en internet, según El País, y la agencia les mostró al menos dos propiedades. La primera estaba ubicada en la zona de Argüelles, en el paseo del Pintor Rosales, y tenía unos 350 metros cuadrados, con una terraza de 200. Su precio era de cuatro millones de euros. Según las fuentes consultadas por el periódico, cuando se dieron las especificaciones para la búsqueda del inmueble, no se precisó que tenía que ser una casa en la que se pudiera albergar oficinas o despachos.

La segunda fue el ático de la calle General Martínez Campos, el que finalmente se adquirió, dos millones más caro. “El proceso se prolongó durante aproximadamente un mes y medio antes de la firma de la escritura”, aseguran estas mismas fuentes. La firma fue el 14 de abril.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, registró ayer una petición de comparecencia en la Asamblea de Vallecas. Según confirman fuentes de Presidencia, todavía se desconoce la fecha exacta de su intervención que tratará sobre la “gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid”. “El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid cuando la Mesa así lo decida y active esa comparecencia”, indicaron esas mismas fuentes este martes.

Fue la propia Ayuso quien señaló a García Martín el pasado 5 de agosto tras el escándalo de la operación, asegurando que era la consejería de Presidencia quien tenía “la información detallada”. Después de esas declaraciones de la líder madrileña, el portavoz negó que el ático fuese para uso personal y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Todavía no se ha explicado quién dio la orden a la empresa pública de buscar un piso con esas características en la zona de Chamberí, donde ha crecido y vivido siempre Ayuso. Tampoco por qué se tomó la decisión de adquirir un inmueble que no puede utilizarse para oficinas.

Avalmadrid se define como una entidad financiera especializada sin ánimo de lucro que trabaja por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. A ella se le podría sumar otra definición, en este caso de cariz jurídico y social: la entidad que acumula cientos de miles de euros en multas impuestas por el Banco de España a antiguos responsables de la entidad y conocidos en la política madrileña, a la propia empresa y a otras colaboradoras. Este ha sido el castigo al descontrol con el que la empresa semipública concedía créditos de riesgo tan solo a unos pocos agraciados y que en el último semestre ha continuado avalando el Tribunal Supremo a través de diversos dictámenes.

La función principal de Avalmadrid es proporcionar avales y garantías a las pequeñas empresas y emprendedores que buscan financiación. De esta forma, se convierten en una suerte de respaldo para los préstamos que las compañías solicitan a las entidades financieras tradicionales, como bancos y cajas de ahorro. Entre sus socios protectores, aquellos que aportan parte del capital social de la entidad, están entes públicos y privados como la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, CaixaBank, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid o el Banco Santander. Avalmadrid fue la empresa que concedió 400.000 euros de crédito a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso en 2011.

En 2012, el Banco de España se percató de que tan solo el 1,7 % de las empresas avaladas acumulaba más del 30% de los riesgos, lo que se traducía en más de 78 millones de euros en ese momento. Por ello, el supervisor bancario hizo una serie de recomendaciones para bajar la concentración de créditos de riesgo. Tras una nueva inspección cinco años después, seguían existiendo deficiencias de control interno, por lo que procedieron sancionar a la entidad y a los miembros de su consejo de administración.

Multas para las empresas

El Banco Santander ha sido uno de los tantos cuyas multas han sido avaladas ya por la Justicia. La sentencia, confirmada en marzo de este año por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, obliga a la sucesora del Banco Popular a abonar 33.250 euros por la comisión de una infracción grave recogida en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, el mismo motivo por el que se penaliza a todos los demás multados.

La entidad presidida por Ana Botín ha visto cómo el magistrado José Manuel Bandrés, ponente de la sentencia, desmonta los argumentos con los que el Banco Santander defendía su inocencia. Todo comenzó con una inspección del Banco de España en 2012 a Avalmadrid que concluyó con la emisión de tres requerimientos hacia el Banco Popular en su condición de miembro del Consejo de Administración. La sentencia pena que esta entidad cometiera una “infracción continuada” al no cumplir con los requerimientos de subsanación de deficiencias advertidas por los órganos supervisores.

En marzo de este año, la empresa Gestión y Representación Global también fue condenada al pago de una multa de 45.600 euros por los mismos motivos. La propia Avalmadrid, que no recurrió la penalización, tuvo que abonar 95.000 euros, la multa más alta.

Otros nombres propios

En febrero de este año, Alfonso Carcasona también recibió la negativa por parte del Tribunal Supremo a estimar el recurso que interpuso ante el dictamen de la Audiencia Nacional, que avaló la multa de 45.600 euros impuesta por el Banco de España. Carcasona fue consejero en Avalmadrid desde 2007 hasta 2016 y más tarde se convirtió en CEO de Camerfirma hasta 2025, una sociedad impulsada por el Consejo Superior de Cámaras para la certificación digital de las empresas españolas.

Jesús Alejandro Vidart-Anchía corrió la misma suerte en marzo, esta vez con una pena de 31.350 euros. Fue consejero durante parte del periodo relevante (desde el 21 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018) y, además, miembro de la Comisión de Riesgos, según el fallo judicial. En 2015 se convirtió en el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, y actualmente trabaja para Sandoz Iberia, compañía de fabricación de productos farmacéuticos.

Después le llegó el turno a Jesús Martín Sanz, quien ha tenido que abonar 40.000 euros. Consejero de Avalmadrid desde 2008 hasta el 23 de febrero de 2016, fue durante más de dos décadas presidente de la Asociación de Empresarios del Henares. En total, las multas avaladas por el Tribunal Supremo en el primer semestre de 2026 alcanzan los 195.800 euros.

Viejos conocidos

Las multas se han ido confirmando de manera escalonada a lo largo de todos estos años. Las primeras llegaron en 2021. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló la multa de 34.800 euros impuesta a la Cámara de Comercio de Madrid y la de 10.400 euros impuesta a Juan Pablo Lázaro, entonces presidente de la patronal madrileña CEIM. En diciembre de 2022 la Audiencia Nacional confirmó otras nueve sanciones por valor de casi 270.000 euros.

Entre ellas, se encontraba la propia patronal madrileña CEIM, que tuvo que abonar 28.500 euros. También quien fue consejero en Avalmadrid un año desde octubre de 2014, Pedro Irigoyen Barja, multado con 10.000 euros, una de las penas más bajas. Actualmente es subdirector general de Inspección de los Tributos en la Comunidad de Madrid.

Entre las sanciones ya confirmadas y firmes se encuentra la de José María Rotellar con 18.000 euros, viceconsejero en la etapa de Esperanza Aguirre y consejero de Administración de la empresa semipública desde 2008 hasta 2014. Lo mismo sucede con Juan Iranzo, consejero en Avalmadrid en 2014 y que se ha visto obligado a pagar 4.000 euros. En su momento, también fue condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y llegó a ser consejero de Red Eléctrica.

La Comunidad de Madrid afronta este lunes 24 de agosto un cambio de tiempo marcado por el regreso de las lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas máximas. Después del calor de los últimos días, los termómetros descenderán en toda la región y la caída podrá ser puntualmente notable en algunas zonas del tercio oeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo permanecerá nuboso durante la jornada y las precipitaciones irán recorriendo toda la Comunidad, ya que la Aemet espera lluvias y chubascos débiles que avanzarán por los diferentes puntos de la región con el paso de las horas. Además, las precipitaciones serán más persistentes e intensas en la zona centro durante las horas centrales del día.

Por otro lado, el cambio de tiempo vendrá acompañado además de un descenso de los termómetros, especialmente de las máximas, que se quedarán por debajo de los 30 grados en todas las localidades incluidas en la previsión de la Aemet.

Máximas por debajo de los 30 grados

Por municipios, las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez, 28 en Getafe y Navalcarnero, 27 en Madrid y 25 en Collado Villalba. Además, el descenso podrá ser puntualmente notable en algunas zonas del tercio oeste de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas, por su parte, experimentarán pocos cambios. En la Sierra descenderán ligeramente, mientras que se mantendrán sin grandes variaciones en el resto. Los valores oscilarán entre los 15 grados de Collado Villalba y los 22 de Aranjuez. Se esperan 21 grados en Madrid y Alcalá de Henares, 20 en Navalcarnero y 18 en Getafe.

El viento también tendrá presencia durante este lunes aunque será flojo durante buena parte de la jornada, y aumentará de intensidad en las horas centrales, cuando se esperan intervalos moderados y rachas fuertes. Madrid afrontará así una jornada de cielos cubiertos, precipitaciones y temperaturas sensiblemente más bajas que dejarán un ambiente más fresco en toda la región.

El ministro de Transporte, el socialista Óscar Puente, anunció recientemente en una visita a Xàtiva que Renfe aumentará la capacidad de los Cercanías de València en un 30% en sus líneas electrificadas (C1, C2 y C6). La medida supondrá la sustitución progresiva del parque móvil actual por un total de 41 unidades renovadas del modelo Civia serie 465, unos trenes de mayor capacidad y con mejor equipamiento tecnológico.

En concreto, se retirarán de forma paulatina 34 ferrocarriles de la Serie 447 —en funcionamiento desde principios de la década de 1990 y con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie— y de 7 convoyes de la Serie 464. Los modelos Civia 465 disponen de cinco coches por unidad, a diferencia de los tres coches de la serie precedente, lo que elevará el límite de plazas por vehículo hasta las 748, con vagones de piso bajo a nivel de andén para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. De esta forma ya son dos las unidades que han empezado a dar servicio en València y a final de año se prevé que haya un total de 22.

Sin embargo, no se trata de trenes nuevos, sino que tal y como recoge la nota de prensa que remitió Transportes “estas unidades comenzaron a circular entre 2003 y 2012”, en concreto en la red de Cercanías Madrid hace entre 14 y 23 años, si bien es cierto que se han actualizado todos sus elementos, tanto asientos como accesorios, por ejemplo, ordenadores de a bordo o elementos para llevar bicicletas.

El hecho de que los trenes no sean nuevos, sino trasladados de Madrid, donde se llevarán los que precisamente se están fabricando en la planta de Stadler ubicada en Albuixech (Valencia) generó una importante bronca política en las redes sociales con el PP y Compromís como protagonistas de las críticas al PSOE y al ministro Puente.

El portavoz de Transportes e Infraestructuras del PP en las Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que el Gobierno central “pretende presentar como una solución al grave problema de las Cercanías valencianas el simple reacondicionamiento de trenes con más de 20 años de antigüedad”.

Por su parte, Compromís ha presentado en el Congreso varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno de España para reclamar, entre otros aspectos, los “criterios concretos” que han seguido Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al decidir asignar a la red de Cercanías de València trenes procedentes de Madrid ya utilizados, en lugar de convoyes de nueva construcción.

En sus iniciativas, la diputada de la coalición, Àgueda Micó, pide explicaciones sobre el motivo por el que Renfe y Transportes han determinado “que las 41 unidades Civia 465 destinadas al núcleo de Cercanías de València procedan principalmente del servicio de Madrid” y cuestiona “por qué se ha optado por material con entre 14 y 23 años de antigüedad en lugar de incorporar material de nueva fabricación”.

Al respecto, fuentes ministeriales han explicado a elDiario.es que los trenes que se llevan a València tienen una vida útil de entre 35 y 40 años y que son “los mejores y más modernos de los que dispone Renfe para incrementar la capacidad en la red valenciana en hasta un 30%, teniendo en cuenta además que se han renovado por completo los interiores con nuevas butacas, nuevos accesorios, ordenadores de a bordo o elementos para llevar bicicletas”.

Además, han asegurado que Madrid cuenta y seguirá contando con un centenar de estos modelos y han explicado que “tanto la capital como Barcelona, por sus características y la altísima demanda, recibirá nuevos trenes de alta capacidad de dos pisos que no se pueden meter, por ejemplo, en una C3 de Valencia”.

De esta forma, cuando se planificaron las necesidades, se encargaron a Alstom y a Stadler los nuevos trenes de alta capacidad necesarios para dar respuesta a la demanda de Madrid y de Barcelona, mientras que a la Comunitat Valenciana se destinarán 9 de los 70 nuevos trenes de media distancia encargados a CAF: “El PP que no compró ni un solo tren nuevo en sus años al frente del Gobierno no nos va a dar lecciones de gestión”, han advertido desde Transportes.

El ministro Arcadi España considera que las críticas son “ruido”

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este jueves que el envío de trenes para el servicio de Cercanías a Valencia desde Madrid supondrá aumentar la capacidad del servicio, algo que hacía falta en estas líneas, y que las críticas por parte de otros partidos son “conflicto y ruido”.

Así lo ha declarado en un encuentro con medios en la visita que ha realizado España a las instalaciones de Mercalicante, a la que ha asistido junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones.

A preguntas de los periodistas por las críticas desde Compromís por trasladar convoyes de más de veinte años de servicio al núcleo de Cercanías en Valencia desde Madrid, España ha sostenido: “Lo que es evidente es que vamos a tener en la Comunidad Valenciana mejores trenes y de más capacidad”.

Para el ministro, este envío de trenes viene a cubrir una necesidad de las líneas donde se va a prestar servicio, por lo que ha considerado que el mensaje debe ser ese y que “lo demás es conflicto y ruido”. Arcadi España se ha declarado un usuario más de la red de Cercanías en Valencia desde Carcaixent, por lo que ha afirmado que es consciente de las necesidades de esa y de otras líneas.