Una bofetada que deja marca física sí es delito, pero no lo es si no deja lesión. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que absuelve a un padre por la cachetada que le dio a una de sus dos hijas por vomitar en el coche cuando volvían de vacaciones. El fallo, emitido por la Sala de lo Penal a principios de este mes, se acoge al “derecho de corrección” paterno para estimar parcialmente el recurso del hombre, que antes había sido ya condenado por violencia de género. El Supremo mantiene que sí cometió un delito por otra de las bofetadas que le dio a su hija en otro momento porque esta vez sí le provocó una herida.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2021, cuando, regresando de un viaje junto a su padre y su hermana, una de las niñas, de 11 años, sufrió un mareo que provocó que vomitara dentro del vehículo. El hombre se enfadó, “regañó” a la menor de edad, la insultó llamándola “inútil” y la “amenazó” con dejarla en la carretera para, finalmente, darle una bofetada en la cara “sin causarle lesión acreditada”, según constan en los hechos probados de la sentencia.

Dos meses más tarde se produjo otro episodio: esta vez ocurrió en casa, donde el condenado exigió a su hija que se pusiera un pantalón para comer porque estaba en ropa interior. La niña se negó y tras seguirla hasta la habitación, el padre le propinó otra bofetada provocándole una contusión y una herida en el labio para las que necesitó asistencia sanitaria.

La madre de las dos niñas y exmujer del hombre lo denunció por lo ocurrido y el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Alcobendas (Madrid) lo condenó por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Le impuso una pena de 20 meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su hija durante más de un año. El fallo fue confirmado íntegramente por la Audiencia Provincial, pero tras recurrir ante el Supremo, este acuerda ahora darle en parte la razón con la oposición de la Fiscalía, que pedía que se inadmitiera el recurso.

Aunque la sentencia resultante no detalla más al respecto, sí apunta a que el hombre ya fue condenado en octubre de 2020 por violencia de género tras cometer un delito de lesiones contra su exmujer. Por estos hechos se le impusieron seis meses de prisión.

La corrección tiene “plena vigencia”

El tribunal mantiene la condena por el golpe que le dio a su hija en casa, pero le absuelve por el del coche. Para ello se acoge al llamado “derecho de corrección” de los padres, que define como “una potestad educativa de dirección y contención, inherente a la función parental” cuyos límites sitúa en el interés superior del menor, su dignidad y la prohibición de acciones que sean “lesivas” para su integridad física o psíquica.

La sentencia recuerda que en 2007 el derecho de corrección fue eliminado del Código Civil, que contenía una referencia explícita a que los padres “podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Pero asegura que la jurisprudencia “ha seguido sosteniendo” que “subsiste como facultad inherente a la patria potestad” y como “posibilidad inseparable a la función de velar, educar y procurar la formación integral de los hijos”. Según el fallo, no es necesario que esté reconocido expresamente en la ley porque es “un derecho autónomo” que sigue teniendo “plena vigencia”.

El tribunal se apoya en una sentencia de 2022 que condenó a un padre por propinar un fuerte azote a su hija de cuatro años, dejándole marcas en las nalgas. El fallo dictaminó que el derecho de corrección no justifica la violencia, pero también advirtió de que “si consideramos suprimido el derecho de corrección, determinadas actuaciones de los padres como dar un leve cachete o castigar a los hijos sin salir un fin de semana podrían integrar tipos penales como el maltrato o la detención ilegal”.

Por eso, para el Supremo, la violencia que deja marcas físicas o heridas que requieran de una “primera asistencia” médica no está amparada por el derecho de corrección, pero el resto deben “ser analizadas según las circunstancias de cada caso”. Esto le lleva a admitir que la bofetada que el hombre le dio a su hija por vomitar en el coche no es suficiente para ser considerada un delito por no haber “ocasionado lesiones”.

Isabel Saiz Sánchez, abogada del hombre, celebra la absolución “puesto que no es justificar un comportamiento inadecuado en el ámbito familiar, sino recordar que no todo conflicto familiar o riña doméstica de intensidad leve debe resolverse en los tribunales”. La letrada y su compañero de despacho, Pablo González Asensio, defienden que “si no hay ánimo de lesionar y lesión objetivada, no puede haber condena penal” y aseguran que el derecho de corrección “ha de permanecer siempre y cuando no haya otro medio de persuadir, de conseguir el fin último de formar ciudadanos”.

Desde la Plataforma de Infancia valoran la confirmación que hace el Supremo de la condena por la cachetada que sí le causó una herida a la niña, pero muestran “preocupación” por la idea de que la ausencia de lesiones físicas “determine por sí sola” el delito, explica Almudena Escorial, responsable de incidencia de la organización. A su juicio, la suma de insultos, amenazas y la bofetada en el coche “pueden constituir formas de vulneración de la integridad física y psicológica”.

“La protección de la infancia exige superar concepciones que distinguen entre agresiones aceptables e inaceptables en función exclusivamente de la existencia de lesiones físicas. El daño emocional, la humillación, el miedo o la degradación son también formas de afectación de su bienestar”, añade la experta, que apunta a que la interpretación del Supremo “puede contribuir a mantener la percepción social de que determinadas formas de violencia física siguen siendo instrumentos legítimos de crianza” en contra de la “evolución normativa” de los últimos años.

Escorial recuerda que el derecho de corrección se eliminó del Código Civil después de que en 1994 y 2002 el Comité de los Derechos del Niño llamara la atención a España. Que el Tribunal Supremo asegure ahora que una bofetada está dentro de ese derecho como potestad “inherente a la función” de los padres es, a juicio de la experta, “un enorme retroceso en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Un cuarto cayuco localizado en aguas próximas a El Hierro eleva a más de 400 la cifra de personas migrantes que habrán desembarcado en la isla a lo largo de este jueves.

Esta última embarcación precaria ha sido avistada sobre las 15.45 horas durante un vuelo de reconocimiento por parte del helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 204 a unas 21 millas al sur-suroeste de La Restinga, con entre 130 y 150 personas a bordo.

Salvamento ha contactado con un buque mercante que navegaba por la zona para que mantuviera el contacto visual con el cayuco hasta la llegada de la Salvamar Diphda, que en estos momentos lo acompaña rumbo al muelle de La Restinga.

A falta del recuento definitivo de esta última embarcación una vez llegue a puerto, en los tres cayucos anteriores que llegaron este jueves a El Hierro viajaban 285 inmigrantes, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia en la isla.

En las tres embarcaciones viajaban 235 hombres, 25 mujeres y 25 menores de edad, que habían zarpado de Senegal, Gambia y Mauritania.

La penúltima embarcación de la jornada había entrado en el puerto a las 15.20 horas acompañada por la Salvamar Navia, con 33 hombres senegaleses, de los cuales 14 eran menores.

Según han relatado sus ocupantes, habían salido cuatro días antes desde Nuadibú, en el norte de Mauritania.

El aviso sobre este último cayuco se recibió a las 13.29 horas, después de que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) lo detectara a unos 22 kilómetros al sur de la isla, y se movilizó a la Salvamar Navia para localizarlo y acompañarlo a puerto.

Poco antes, a las 14.36 horas, había llegado el cayuco más numeroso, con 190 personas, acompañado por la Salvamar Diphda tras siete días de navegación desde Tanji, en Gambia.

En esa embarcación viajaban 160 hombres, 22 mujeres y ocho menores, procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

Dos personas precisaron asistencia sanitaria en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Salvamento Marítimo recibió el aviso del SIVE a las 13.02 horas, cuando este cayuco se encontraba a unos 18,5 kilómetros al sur de El Hierro.

La primera llegada de la jornada se había producido hacia las 1.30 horas, cuando un cayuco con 62 ocupantes, entre ellos tres mujeres y tres menores, entró por sus propios medios en La Restinga.

Sus ocupantes explicaron que procedían de Senegal, Mali, Gambia y Guinea Conakri y que habían partido siete días antes desde Saint Louis, en Senegal.

Todos se encontraban en buen estado de salud, según los servicios de emergencia.

Las autoridades de Mauritania han anunciado la interpretación frente a sus cosas de una embarcación con más de 190 migrantes, entre ellos 17 menores, en una ruta marítima que tiene como principal destino las Islas Canarias.

La Guardia Costera localizó el miércoles la embarcación, con 191 personas a bordo, entre ellas 170 senegaleses, 15 guineanos, tres gambianos, dos mauritanos y un marfileño. La barca habría salido de las costas de Senegal, según un comunicado publicado por el Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria en redes sociales.

“Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Guardia Costera de Mauritania para vigilar las aguas nacionales, realizar misiones de rescate y combatir la migración irregular, priorizando siempre la protección de la vida humana y atendiendo las necesidades humanitarias conforme a los procedimientos establecidos”, ha señalado la cartera.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.

El Parlamento de Canarias ha respaldado este martes una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para aclarar y adecuar el acceso y permanencia de menores de edad en espectáculos públicos, con el objetivo de garantizar su protección y, al mismo tiempo, facilitar su participación en conciertos, festivales y otras actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas.

La iniciativa parte de una proposición no de ley defendido por el diputado del grupo Socialista Gustavo Matos, quien ha planteado que el Gobierno de Canarias establezca criterios homogéneos para la aplicación de la normativa y así se eviten interpretaciones que puedan generar inseguridad jurídica y restricciones no justificadas para las familias, los organizadores de eventos y las administraciones públicas.

La propuesta parte de la necesidad de compatibilizar dos objetivos de interés público: la protección efectiva de la infancia y la adolescencia y el fomento de una participación cultural y social adecuada a la edad de los menores. 

Para Matos, ambos principios deben desarrollarse de manera conjunta, sin que la aplicación de la normativa se convierta en un obstáculo innecesario para el acceso a espectáculos públicos cuando existan garantías suficientes de seguridad y acompañamiento.

En este sentido, la iniciativa recuerda que la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, distingue entre las actividades desarrolladas de forma permanente en establecimientos y los espectáculos públicos organizados de manera ocasional o extraordinaria.

Se trata de supuestos de distinta naturaleza que, según Matos, deben contar con un tratamiento jurídico diferenciado.

Sin embargo, el diputado advirtió que la aplicación práctica del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, que regula las actividades clasificadas y los espectáculos públicos, ha dado lugar a interpretaciones que equiparan el régimen horario de acceso y permanencia de menores en determinados establecimientos permanentes con el aplicable a espectáculos públicos temporales.

Para Matos, esta situación puede dificultar la organización de conciertos, festivales y otros eventos culturales en los que los menores participan acompañados de sus progenitores, representantes legales o personas autorizadas.

Por ello, el Grupo Socialista considera necesario aclarar el alcance de la normativa y evitar que la ausencia de criterios uniformes produzca incertidumbre entre los responsables de organizar estos eventos.

En la proposición se insta al Ejecutivo autonómico a dictar una instrucción, circular interpretativa o instrumento jurídico adecuado que unifique los criterios de aplicación de la Ley y del Decreto diferenciando las actividades clasificadas de los espectáculos públicos cuando la naturaleza del evento y sus condiciones de seguridad lo permitan.

Asimismo, propone modificar el Decreto para aclarar expresamente que las limitaciones horarias previstas para determinadas actividades clasificadas no deben trasladarse automáticamente a los espectáculos públicos, salvo que exista una previsión legal expresa.

Si fuera necesario, el PSOE también plantea impulsar una modificación de la Ley para reforzar esa diferenciación y adaptar el marco jurídico a la realidad cultural y social de Canarias.

La iniciativa contempla, además, favorecer el acceso y la permanencia de menores en conciertos, festivales, espectáculos musicales, culturales y deportivos, siempre dentro de las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento o autorización establecidas por la normativa aplicable.

Para avanzar en esa dirección, los socialistas proponen elaborar un protocolo autonómico en colaboración con cabildos, ayuntamientos, organizadores de eventos, fuerzas de seguridad y entidades dedicadas a la protección de la infancia, que permitiría establecer pautas comunes sobre el acceso, la permanencia y las medidas de protección de los menores en los espectáculos públicos celebrados en el Archipiélago.

El Gobierno de Dinamarca ha presentado un polémico proyecto de ley en el Parlamento para autorizar a los profesores a utilizar la fuerza física contra un alumno que acose a otro o perturbe la clase “de manera significativa”. La propuesta señala que la intervención física por parte del profesor “siempre debe ser el último recurso”, pero, en caso de que sea necesario, los profesores podrán “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

La reforma es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años en Dinamarca, cuyo sistema educativo ha sido reconocido durante décadas por dar autonomía a los alumnos y promover la confianza y el igualitarismo entre profesores y estudiantes.

El anterior Gobierno socialdemócrata ya intentó sacar la polémica ley adelante hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones obligó a aplazar la votación. Ahora, la propuesta ha sido presentada mediante un acuerdo entre las cuatro formaciones que integran la coalición de Gobierno de centroizquierda, que incluye a los socialdemócratas, el Partido Popular Socialista, el Partido Social Liberal y los Moderados.

Desde el Ministerio de Educación se defiende la medida con el argumento de que la ley brinda seguridad a los profesores al establecer “normas claras sobre cuándo pueden intervenir físicamente en situaciones de violencia y comportamientos disruptivos en el aula”.

En un comunicado del Ministerio, se ponen ejemplos de cuándo el profesor podrá usar la fuerza, como en el caso de que “un alumno golpea a otro, destruye objetos o se pone en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. El texto también recoge que, en situaciones menos graves, el profesor primero debería intentar resolver la situación de otras formas, por ejemplo, mediante una conversación o alejando al alumno de la situación conflictiva. Además, cualquier intervención física “deberá limitarse al mínimo imprescindible, tanto en intensidad como en duración”, y llevarse a cabo preservando la integridad personal del alumno, según el texto.

Para justificar la necesidad de esta ley, el Ministerio de Educación apunta al deterioro de la convivencia en las aulas y aporta datos al respecto. “Más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos 12 años”. A estos datos se suma un estudio publicado por el diario Berlingske, según el cual en el 55% de las clases hubo algún episodio de violencia durante el último año, mientras que en el 36% de las clases estos incidentes se producen al menos una vez al mes.

Profesores a favor y en contra

El proyecto de ley ha suscitado duras críticas entre profesores y expertos en educación, que advierten del riesgo de erosionar la confianza entre profesores y alumnos y de normalizar el uso de la fuerza como respuesta a los conflictos en las aulas. Otros sindicatos y organizaciones de docentes, en cambio, defienden que la reforma es necesaria ante las dificultades a las que se enfrentan cada día.

El ministro socialdemócrata de Educación, Magnus Heunicke, defiende que, para que haya paz, orden y un buen ambiente de trabajo en las escuelas, “los profesores no deberían tener dudas sobre lo que deben hacer cuando una situación empeora. Y ningún profesor debería tener miedo a ser despedido por haber intervenido cuando era necesario en una situación violenta”.

Hasta ahora, la ley solo permitía a los profesores sujetar físicamente a los alumnos cuando existiera un riesgo para su seguridad o la de otras personas. Sin embargo, cuando el nuevo proyecto de ley salga adelante, los docentes podrán volver a recurrir a la fuerza en más supuestos, casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera los castigos corporales en las escuelas.

El sindicato danés de profesores (Danmarks Lærerforening) lleva tiempo reclamando más herramientas para gestionar los problemas de convivencia en las aulas, especialmente ante los alumnos que interrumpen las clases y se niegan a seguir las indicaciones de los docentes o a abandonar el aula. El presidente del sindicato, Gordon Ørskov Madsen, celebra el proyecto de ley y cree que “se trata tanto de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores como, en gran medida, también de garantizar el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”, según afirmó en un comunicado. Según una encuesta del propio sindicato, el 58% de los profesores se plantea cambiar de profesión, no porque no les guste su trabajo, sino por el agotamiento que sienten ante la situación en las aulas.

Deterioro de la situación en las aulas

En la última década, Dinamarca ha impulsado una retahíla de reformas educativas para tratar de adaptar los centros al uso de las nuevas tecnologías, mejorar las condiciones laborales de los profesores y afrontar los problemas de convivencia en las aulas. El anterior ministro socialdemócrata de Educación, Mattias Tesfaye, convirtió el regreso de la “disciplina” y la “autoridad” en las escuelas en una de sus prioridades. También criticó a los padres cuyos hijos tenían “PDO”, según dijo el ministro, siglas de la expresión danesa pissedarligt opdragede, literalmente traducida como “unos maleducados de mierda”.

En este contexto, Louise Klinge, una de las voces más habituales en los medios daneses en materia educativa, se ha mostrado muy crítica con la nueva reforma y las políticas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “Es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor y conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”, defiende.

Klinge apunta que existe un problema de fondo que se ha ido gestando a raíz de las reformas educativas introducidas en Dinamarca durante los últimos 15 años. La investigadora sostiene que estos cambios han restado tiempo a los docentes para preparar las clases, han favorecido la incorporación de personal sin formación pedagógica (que representa el 20% de la plantilla) y han acelerado la digitalización de las aulas, donde los alumnos pasan una media de tres horas y media diarias frente a una pantalla. Para la investigadora, la receta para mejorar las escuelas pasa por tener más recursos y una mejor formación de los profesores, que hoy se sienten desbordados por la situación. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, dice.

Para Rasmus Kjeldahl, director de la organización de defensa de los derechos de la infancia Børns Vilkår, el proyecto de ley es “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes”. Kjeldahl subraya que detrás de los comportamientos disruptivos de algunos alumnos puede haber, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad, por lo que “si la respuesta es simplemente sacarlos por la fuerza del aula, solamente aumentará el número de problemas”. En cambio, Kjeldahl defiende que “la verdadera autoridad del maestro es básicamente ser capaz de crear una educación emocionante y atractiva para los niños, pero para esto se necesita destinar los recursos adecuados a las escuelas”.

Ayman tiene 16 años y lleva todo el día esperando frente a la comisaria del centro de Ceuta. No es la primera vez que intenta acceder a estas dependencias policiales. El joven asegura que lo ha hecho, al menos, en tres ocasiones, pero ninguna ha terminado como esperaba. “Me han dicho que no cogen más huellas, que ya están llenos los centros”, explica. Mientras aguarda una nueva oportunidad, uno de sus amigos le enseña unos vídeos del operativo de limpieza que se está desplegando en las naves del Tarajal. Allí, hasta esta mañana, guardaba la poca ropa que le quedaba y un lugar en el que resguardarse durante las noches. Ahora, según cuenta a este medio, no tiene ninguna de las dos cosas. “No sé qué hacer, no sé dónde voy a dormir”, reconoce. 

El adolescente, natural de la localidad marroquí de Assilah, cuenta que ya ha tenido que dormir en la calle en otras ocasiones en Marruecos. “Estoy acostumbrado”, reconoce, aunque insiste en que su situación en Ceuta es ahora mucho más difícil. A su alrededor hay otros jóvenes que también esperan poder acceder a los trámites de filiación, pero Ayman decide alejarse del grupo. Piensa que, si se presenta solo, quizás tenga más probabilidades de ser atendido. “Somos muchos, hay muchos menores que estamos en la calle”, explica. Cuando se le pregunta dónde pasará la noche, no sabe qué responder. Es el quién termina haciendo las preguntas. “¿Dónde es más seguro?”, plantea. Después, ante la falta de alternativa, añade: “Buscaré algún sitio tranquilo”. 

Ayman es uno de los menores marroquíes que, tras el operativo desplegado el pasado domingo por la Policía Nacional en los asentamientos informales de Ceuta (tanto en las naves del Tarajal como en otros puntos de la ciudad como el barrio de Rosales o Regulares), se ha quedado en la calle sin una alternativa de acogida. Todos han sido trasladados en autobuses hasta las dependencias policiales con la expectativa de iniciar los trámites de filiación que les permitirían acceder al sistema de protección de menores. Sin embargo, según relatan a elDiario.es varios de los afectados, no han llegado a ser filiados porque no aceptaban a más personas y han tenido que regresar al mismo lugar del que habían sido desalojados horas antes. 

Ahmed mira como avanzan las excavadoras y el operativo de limpieza en la parte superior de las naves del Tarajal que, para cuando el joven ha vuelto al lugar, ya habían retirado las tiendas de campaña, las mantas y las pertenencias que formaban el asentamiento donde muchos llevaban más de dos meses durmiendo. “Toda mi ropa estaba ahí [dice mientras señala uno de los costados de la explanada] y ahora solo tengo esto [insiste mientras señala la ropa que lleva puesta]”. Unos pantalones cortos, unas chanclas medio rotas y una sudadera. Nada más.

Islam, de 17 años, creyó que el autobús le llevaría a un centro de acogida. Llevaba semanas durmiendo en las naves y, al ver llegar los vehículos, pensó que la Policía iba a identificar a los menores para facilitar su entrada en el sistema de acogida. Pero, cuando llegó a las dependencias policiales, asegura que le negaron el acceso. “Han pasado muchos de los chicos que venían con nosotros en el bus, o que dormían también en las naves del Tarajal”, explica a este medio. Cuando ha llegado su turno le han dicho: “Ya está. No vamos a coger más huellas”. Mientras tanto, Haitam, también de 17 años, y la persona con la que compartía tienda de campaña, sí que ha entrado en el recurso. “No entiendo nada”, insiste. 

De regreso al Tarajal, Islam contempla cómo las máquinas retiran lo que hasta unas horas antes era su refugio. “¿A dónde voy a ir ahora? Nos hemos quedado en la calle”, repite. A su alrededor, otros jóvenes se hacen la misma pregunta. Entre ellos está Mohammed, de 17 años, que tampoco ha conseguido iniciar la filiación, según cuenta. El grupo emprende el camino cuesta arriba hacia la barriada del Príncipe. Dicen que intentarán dormir allí, aunque ninguna sabe todavía en qué lugar ni cómo se resguardarán del frío de las noches. 

Ayoub, también de 17 años, recuerda la alegría que sintió al subir al autobús. “Pensaba que iba a entrar, pero no”, explica. En el bolsillo conserva uno de los carteles identificativos como menor preparados por organizaciones en el terreno para este tipo de operativos y, junto a él, una copia de su acta de nacimiento. Es de Castillejos y ha perdido las mantas con las que se protegía por las noches. Ahora están, según relata, entre los montones de restos que la excavadora lanza sobre uno de los camiones. “Me he quedado sin nada y ahora hace más frío por la noche”, insiste. 

Durante la jornada del domingo, las tormentas han dejado abundantes lluvias sobre Ceuta. Ayoub mira al cielo y pregunta si va a volver a llover. Pide que alguien consulte la previsión meteorológica en su teléfono. Para el joven, la posibilidad de pasar otra noche a la intemperie se ha convertido en una preocupación más. 

También Haytham se ha quedado sin un lugar al que regresar. Dormía en la parte inferior de las naves del Tarajal, cerca de una familia con un bebé recién nacido, al que había ayudado a cuidar desde su nacimiento. “Nos llevaron a la comisaría, pero no han aceptado la foto que tengo en el móvil de mi documento nacional de identidad”, revela. Ahora, y con el objetivo de encontrar una solución para entrar en un recurso de acogida, explica que le va a pedir a un familiar que intente hacerle llegar la copia original a través de la frontera. Hasta entonces, sigue sin saber dónde pasará la noche. “Me da miedo la noche. He vuelto aquí pensando que podíamos recoger alguna de nuestras ropas, pero no”, lamenta mientras observa cómo avanza la limpieza.

El desalojo de las naves del Tarajal forma parte de un amplio dispositivo desplegado este pasado domingo en distintos puntos de Ceuta, con más de 350 agentes de la Policía Nacional. Los policías agruparon a las personas migrantes y las condujo en autobuses hasta la comisaria para iniciar la filiación. Sin embargo, los menores entrevistados por este medio aseguran que regresaron sin ser filiados y sin una plaza de acogida. Al término de la jornada, no solo continuaban en la calle, sino que también había desaparecido el lugar en el que llevaban meses durmiendo. Ahora vuelven a buscar otra noche llena de preguntas, sin respuestas y, esta vez, en un lugar nuevo, sin la certeza de que no vuelva a ocurrir lo mismo.  

Salvamento Marítimo ha remolcado hasta el puerto de Arrecife en Lanzarote una patera con 41 hombres de origen magrebí, y que fue localizada cuando navegaba 26 millas al noreste de la isla, según han informado este sábado a EFE fuentes de la sociedad estatal. Esta embarcación es la tercera en llegar a las costas canarias en las últimas 24 horas, después de auxiliar este viernes a dos cayucos con más de 180 personas, entre ellas 23 menores.

El rescate de esta embarcación precaria ha sido coordinado por Salvamento Marítimo tras recibir un aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, según el cual al parecer habría partido una neumática desde Sidi Ifni (Marruecos).

A continuación se procedió a movilizar a la Salvamar Al Nair y el helicóptero Helimer 211, además de solicitar la colaboración de un buque mercante en zona.

A las 13.48 horas la Salvamar Al Nair localizó a 26 millas al noreste de Arrecife la embarcación, que resultó ser una patera de madera.

Los rescatados son 41 varones de origen magrebí, todos en aparente buen estado de salud.

La Salvamar ha puesto rumbo a Arrecife remolcando la embarcación rescatada, y se espera que la llegada a puerto sea alrededor de las 15.20 horas, según han añadido las fuentes.

A esta embarcación se suman las dos llegadas este viernes. La primera, durante la mañana, Salvamento Marítimo acompañó hasta La Restinga a una embarcación precaria cuando se encontraba a 2,4 kilómetros de la costa herreña con 77 ocupantes, entre ellos siete menores y cinco mujeres.

En el cayuco, que llevaba ocho días de navegación desde que salieron de Gunjur en Gambia, viajaban personas procedentes de este último país, de Senegal y de Guinea Conakry, según fuentes de los servicios de emergencias, y dos de sus ocupantes fuero trasladados al hospital de la isla. 

El otro llegó durante la tarde, también a la isla. Llevaba 109 personas a bordo, entre ellas 32 mujeres y 16 menores de edad, y fue avistado cuando navegaba a 8 millas de la costa herreña, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Al parecer el cayuco llevaba once días de navegación y a bordo viajaban personas procedentes de Gambia y Guinea Conakry.

Los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras se quedarán en Canarias y no serán reubicados en otras comunidades del país si el PP logra gobernar en España tras el 29N, ha advertido este sábado el líder de los socialistas en el archipiélago, Ángel Víctor Torres.

Antes de participar en el comité federal del PSOE que ratificará las listas electorales de cara a la próxima cita con las urnas, el dirigente de los socialistas canarios ha hecho esta advertencia, tras los planes del PP desvelados por su portavoz nacional, Borja Sémper, en su reciente visita a Gran Canaria y Tenerife.

Sémper ha avanzado que con un gobierno del PP los migrantes que llegan a España en pateras y cayucos serán retornados, no reubicados, como permite en la actualidad la Ley de Extranjería tras “el hito” de la reforma de su artículo 35, que prevé tal reubicación entre el conjunto de las comunidades del país cuando exista una contingencia migratoria, como las que se dan en varios de sus territorios frontera.

Sobre estos planes del PP, el ministro de Política Territorial ha asegurado que en la reciente crisis de Ceuta los 3.000 migrantes menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma siguen en ella, no han podido ser retornados a Marruecos, como sí ha ocurrido, ha dicho, con más de 12.000 adultos.

Por ello, ha advertido de que desde que el PP derogue la reforma de la Ley de Extranjería, los menores que migran solos “se quedarán en Canarias” o en los territorios españoles a los que arriben.

El dirigente socialista también ha advertido de que una victoria electoral del PP que le permita gobernar en España tras el 29N supondrá para Canarias la pérdida de 1.300 millones de euros adicionales cada año, acordados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se aprobó el nuevo marco de financiación autonómica.

Por todo ello, ha subrayado que el PSOE es la única formación que garantiza la descentralización a territorios vulnerables como Canarias, la única región ultraperiférica de España.

Sobre el acuerdo alcanzado por su partido y los agrupados en el llamado Frente Amplio para concurrir al Senado el 29N, Torres ha vaticinado que supondrá la victoria de esa confluencia en Canarias, lo que permitirá obtener un senador en cada isla y dos de los tres que se eligen en las más grandes.

A su juicio, esta coalición electoral va a garantizar que ningún voto “quede sin servir, sin representación”.

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, a un cayuco con 77 ocupantes, entre ellos siete menores y cinco mujeres.

Fuentes de este organismo han informado que ha sido la Salvamar Navia la que ha acompañado a la embarcación hasta el puerto cuando se encontraba a 2,4 kilómetros de la costa herreña.

En la embarcación, que llevaba ocho días de navegación desde que salieron de Gunjur en Gambia, viajaban personas procedentes de este último país, de Senegal y de Guinea Conakry, según fuentes de los servicios de emergencias que los han atendido a su llegada al puerto.

Dos de los ocupantes del cayuco han sido trasladados al hospital de la isla

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha informado hoy, 16 de octubre, de la incorporación de dos profesionales más y de la extensión de la atención psicológica a mayor población infantojuvenil, incorporando desde el pasado mes de septiembre a niños y niñas con edades entre los 6 y los 9 años. La vertiente infantojuvenil de este programa de prevención y atención al bienestar emocional ‘Saludablemente+’ se dirige a la detección y atención de dificultades emocionales en niños y adolescentes mediante intervenciones psicológicas adaptadas a sus necesidades.

Estas novedades se han comunicado en una rueda de prensa en la que han participado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y el coordinador del programa Saludablemente+, J. Antonio Carballo.

María Martín ha explicado que esta línea de atención tiene como objetivo identificar y abordar dificultades emocionales durante la infancia y la adolescencia, así como facilitar una intervención psicológica adaptada a las necesidades de los menores y sus familias. El acceso a esta línea de atención se está realizando de forma gradual y organizada por fases. En una primera etapa, iniciada en mayo, fueron atendidos los menores derivados desde el Servicio de Salud Mental y posteriormente, en julio, se incorporaron pacientes de entre 10 y 13 años derivados por sus pediatras desde los centros de salud. Desde septiembre, el programa ya atiende a niños y niñas de 6 a 9 años, igualmente derivados por los facultativos de Atención Primaria. Está previsto completar la incorporación de los distintos grupos de edad a comienzos de 2027, con la atención a adolescentes de entre 14 y 17 años.

Atención temprana desde los centros de salud

Según ha detallado el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, en el programa de bienestar emocional en Atención Primaria es desarrollado por Fundación Rioja Salud y en él trabajan actualmente 17 psicólogos tras las recientes incorporaciones. El proyecto promueve la salud mental en la población mediante la detección y atención de dificultades emocionales leves en los centros de salud de La Rioja, evitando su evolución hacia dificultades más graves.

En el caso de los adultos, las sesiones se centran en dificultades emocionales como la sintomatología ansioso-depresiva, la mejora de la calidad del sueño, el manejo del dolor persistente o el apoyo en procesos de duelo.

La atención a la población adulta comenzó en septiembre de 2024 y desde su entrada en funcionamiento ha dado respuesta a más de 8.550 personas, de los que 5.602 han sido propuestos para participar en abordaje psicológico. El conjunto restante de la población atendida no ha participado en la estrategia, entre otras causas, porque ha sido derivada a diferentes recursos de la comunidad autónoma, como Salud Mental, Trabajo Social o el Centro Asesor de la Mujer, en función de sus necesidades específicas. 

Del total de pacientes, el 79 % ha aceptado iniciar terapia psicológica. Concretamente, más de 4.000 personas han participado ya en 438 grupos terapéuticos, con una tasa de abandono inferior al 10 % una vez que la terapia ha sido iniciada.

Según ha detallado Carlos Piserra, los resultados clínicos evidencian claramente mejoras significativas en los niveles de ansiedad y depresión —medidos a través de escalas estandarizadas— que se mantienen en el tiempo. Además, el 68,5 % de los pacientes ha afirmado que no precisa medicación o que ha podido reducirla tras la intervención psicológica, siempre bajo supervisión médica.

Del mismo modo, la valoración del programa por parte de los pacientes mantiene niveles de satisfacción superiores a 9 sobre 10, tanto en el formato grupal como en la evaluación global de la iniciativa.

Más de 80 menores atendidos 

Por su parte, el coordinador de ‘Saludablemente+’, J. Antonio Carballo, ha explicado que, desde el inicio de la vertiente infantojuvenil en mayo, se han recibido 88 derivaciones de menores, de las cuales 56 proceden del Servicio de Salud Mental y 32 de Pediatría de Atención Primaria. Del total de pacientes derivados, 81 han sido ya atendidos y el 84 % de ellos ha aceptado participar en la intervención psicológica propuesta.

Los criterios de inclusión se centran en la detección de síntomas emocionales como tristeza, apatía, desmotivación, miedo, inseguridad o ansiedad. La participación requiere la implicación tanto de los menores como de sus progenitores y una valoración profesional de las circunstancias que pueden estar relacionadas con las dificultades detectadas.

Al igual que en el programa dirigido a adultos, la intervención psicológica se desarrolla mediante ocho sesiones grupales, cuatro de las cuales cuentan con la participación de padres, madres o tutores. Hasta el momento se han iniciado cinco grupos terapéuticos.

Carballo ha precisado que los profesionales de Pediatría y Atención Primaria identifican a aquellos menores cuyas dificultades emocionales pueden abordarse mediante esta intervención y que no reúnen criterios de derivación a los dispositivos especializados de Salud Mental.

Un programa basado en la evidencia científica

El programa ‘Saludablemente+’ está financiado por el Gobierno de La Rioja y la Fundación “la Caixa” y es desarrollado por Fundación Rioja Salud. Además de su actividad asistencial, constituye un proyecto de investigación orientado a evaluar la efectividad de las intervenciones psicológicas en Atención Primaria.

En relación con esta línea de trabajo, los días 8 y 9 de octubre se celebraron en Riojaforum las I Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria de La Rioja, que reunieron a profesionales e investigadores para abordar distintos modelos de intervención psicológica en los sistemas sanitarios.

Entre los participantes figuró David Clark, profesor de la Universidad de Oxford, cuya trayectoria investigadora se centra en el desarrollo y evaluación de tratamientos psicológicos basados en la evidencia científica.

Asimismo, el coordinador del programa ‘Saludablemente+’, J. Antonio Carballo, tiene previsto desplazarse próximamente a Canarias para presentar su funcionamiento, exponer los resultados obtenidos hasta el momento y compartir la experiencia de su aplicación en La Rioja, especialmente en lo relativo a la integración de la atención psicológica en Atención Primaria. La evaluación del programa permitirá analizar los resultados de las intervenciones y su aplicación a los diferentes grupos de población atendidos.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, “por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental”, tal como ha avanzado Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes judiciales.

Una de las últimas novedades del caso remite al archivo penal de la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”.

“Multitud de errores”

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables “adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”, si bien remarcaba que las “personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”.

La familia de Sandra Peña viene remarcando la “multitud de errores” cometidos por el centro y pide “contundencia” a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, “no abrió el protocolo” de actuación frente al acoso y “no protegió” a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta “contundente y ejemplarizante” por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El Gobierno asturiano ha confiado la dirección del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, a una educadora “de la casa”. María del Carmen Pérez Ruiz, que lleva más de 15 años trabajando en este equipamiento, es la nueva directora en sustitución de Aída Rodrigo, quien el pasado mes de agosto dimitió tras permanecer 14 meses en el cargo. Había relevado a María José Álvarez, quien renunció a seguir en el puesto en abril de 2025.

Un cambio en la dirección con el que el Principado trata de contener y rebajar el grado de conflictividad en un centro donde las agresiones, motines y fugas han estado en el día a día, con protestas de trabajadores por las insuficientes medidas de seguridad y los mensajes de tranquilidad lanzados desde el Gobierno regional.

La intervención del centro

No en vano, el propio consejero de Justicia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, tuvo que coger las riendas una vez que se tuvo conocimiento de la fuga de ocho internos en el breve espacio de una semana que dejó un balance de cinco vigilantes de seguridad heridos.

El pasado 9 de junio, elDiario.es Asturias, recogía las declaraciones del consejero donde anunciaba que la gestión del centro iba a pasar a depender directamente de la Viceconsejería de Justicia y se iba a crear un grupo de dirección que se encargaría de la organización cotidiana de este equipamiento.

La gestión, en manos del Principado

Era una solución intermedia hasta encontrar el perfil de la persona que iba a asumir la responsabilidad de la dirección y que fue difundida a través de las redes sociales, como se aprecia a continuación.

Cuatro meses después de ese anuncio, el Principado ha hecho pública la designación de María del Carmen Peréz Ruiz como nueva directora; cargo al que accede tras el procedimiento de provisión de la plaza por libre designación convocado el mes pasado. 

De educadora a directora

Pérez Ruiz conoce bien “la casa”. A lo largo de los 15 años que lleva en Sograndio ha desempeñado funciones como auxiliar educadora, educadora y coordinadora, por lo que, según el Principado, es la persona idónea ya que “acumula una amplia experiencia vinculada a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores y a la intervención socioeducativa con adolescentes”. 

La nueva directora es diplomada en Educación Social por la UNED y cuenta con formación especializada en mediación familiar, protección de la infancia y adolescencia e intervención con menores infractores. También ha completado una amplia formación específica en ámbitos como el derecho penal de menores, la gestión de equipos, la resolución de conflictos, las técnicas de desescalada y el trabajo con familias. 

El nombramiento de la nueva directora pone fin a la intervención del centro por parte de la consejería y a la comisión liderada por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que se encargaba de la gestión del equipamiento desde entonces. 

Ahora se abre una nueva etapa para el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en el que están en marcha las obras de refuerzo de la valla perimetral y la videovigilancia, así como la ampliación de las camarillas.  

La Audiencia de Málaga ha impuesto a unos padres la pena de siete años de prisión a cada uno por abandonar a la bebé que la mujer acababa de dar a luz un día del mes de octubre en un descampado y de madrugada.

El juicio se celebró el pasado mes de febrero en la Audiencia malagueña, pero la sentencia no es firme, ya que fue recurrida y los recursos presentados se encuentran en tramitación aún, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Según considera probado la Sala de Málaga, un día de octubre de 2023, los procesados habían quedado para verse en la capital malagueña para asistir a un evento deportivo, procediendo él de Fuengirola y ella desde Córdoba.

Esa misma noche la mujer dio a luz y poco después, de madrugada, dejó a la bebé abandonada en una explanada de hormigón ubicada en las cercanías de la estación de tren Victoria Kent de Málaga, “no obstante ser conscientes de la posibilidad de que la misma falleciera”.

“Dicho abandono se materializó, exclusivamente, por la procesada, cubriendo a la bebé con una toalla y con una especie de sudadera que encontró por el camino hasta llegar a unos setos existentes en las inmediaciones”, dice la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que precisa que la niña fue localizada con vida.

La resolución añade que ninguno de los dos procesados llamó a los servicios sanitarios de urgencia, como sí hicieron antes cuando ella experimentó dolores de parto; ni tampoco solicitaron auxilio de alguna persona que pudiera encontrarse por el lugar en el que habían dejado a la niña.

Dos horas después, los dos procesados se dirigieron a la mencionada estación de tren a fin de tomar el Cercanías que les llevó hasta la localidad malagueña de Fuengirola, yendo, posteriormente, a la vivienda del procesado, donde estuvieron hasta el día después, cuando ella regresó a Córdoba.

Cambiaron de teléfono

Durante todos estos intervalos de tiempo ninguno de los dos puso en conocimiento de ninguna autoridad, servicio sanitario o terceros de cualquier otra consideración la realidad del abandono llevado a cabo. Aunque fue la mujer quien la abandonó, la sentencia señala que el hombre no adoptó ninguna medida para evitar que ella lo hiciera.

Posteriormente, en fechas próximas a tal día ambos procesados procedieron a cambiar de número de teléfono móvil con la intención de no ser localizados, ya que la mujer se había enterado por las redes sociales de que la bebé no había fallecido y que había sido encontrada con vida por la mañana por una tercera persona en el lugar en el que ella la había abandonado.

Por estos hechos se condenó a ambos como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y se le impuso a cada uno la pena de siete años de prisión, la prohibición de aproximación a la víctima durante diez años y la medida de libertad vigilada, tras la prisión, por tiempo de diez años.

Homicidio en grado de tentativa

Para la Sala de Málaga, no es un delito de asesinato y, por tanto, no puede tener concurrencia la circunstancia de alevosía, y considera que resulta “indiferente” que la procesada supiera o no que estaba embarazada o que el procesado dijera que no le notó síntomas de embarazo.

Sí se trata de un delito de homicidio porque considera el Tribunal que a ambos se le tuvo que representar “la posibilidad cierta” de la muerte, debido al abandono; la hora en que se produjo; el momento --el mes de octubre--; las condiciones climatológicas propias de esa fecha y la probabilidad de que no fuera encontrada con vida.

“Afortunadamente, no se produjo la muerte de la bebé”, expresa la Sala, que apunta en su resolución que la bebé fue encontrada con vida sobre las 08:00 horas, porque, se añade, la temperatura en Málaga esa madrugada era de aproximadamente 21 grados centígrados.

Señala a las contradicciones entre ambos acusados, cuando ella a pregunta de su letrada declaró que pensó que la bebé estaba muerta, porque ni lloraba ni tenía los ojos abiertos, y la del acusado que señaló que la mujer le dio el pecho antes de dejarla.

El Tribunal recuerda que los dos procesados reconocieron que se había producido el alumbramiento y que la dejaron en el descampado, por lo que considera que “resulta evidente que el comportamiento consistente en el abandono de la bebé recién nacida comportaba la representación de que la misma podría perder la vida”.

“No obstante, no les importó a ninguno de los dos procesados asumir tal eventualidad”, señala la sentencia, en la que se descarta que se trate solo de un delito de abandono de menores y también que concurran circunstancias que atenúen la pena de intoxicación etílica u obcecación.

Además de la pena de prisión, se le aplica la pena de privación de la patria potestad en el caso de la madre, pero también respecto del procesado, para el supuesto de que el mismo, finalmente, fuera el padre de la bebé, algo que él ha negado en todo el procedimiento judicial.

La localidad de Valverde de Júcar (Cuenca) ha amanecido este viernes “entre la rabia, la incredulidad y el enfado” tras las dos muertes violentas acaecidas en el municipio este jueves, que la Delegación del Gobierno investiga como posible crimen machista.

Así lo ha expresado el alcalde, Eduardo Mena, que ha indicado que el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 37 años y un hombre de edad aún no determinada, con indicios de muerte violenta, es algo que “no se puede explicar nadie”. Aún sin datos oficiales, aunque “todo indica” en la dirección del asesinato, el primer edil ha explicado que las dos víctimas eran pareja con familia en Madrigueras (Albacete), y que eran “una familia querida” en el municipio.

“No se conocía nada de esto, nadie”, ha añadido el alcalde de Valverde sobre lo que haya podido motivar este desenlace. La mujer, según fuentes del Gobierno regional, no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

Precisamente, la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha confirmado que la familia de la mujer presuntamente asesinada se hará cargo de estas dos menores. Ha indicado que el equipo de menores se iba a volver a trasladar este viernes al municipio para hacer una valoración de la familia. En concreto, se ha referido a los abuelos, “que son los que se encontraban ayer con estos dos menores y se va a trabajar con ellos para poderles dar todo el apoyo y todo el acompañamiento necesario”, ha indicado.

También, ha añadido, para evaluar en qué situación se van a quedar ahora estos menores. “Entendemos que, si todo va bien, puedan quedarse con su familia, que es en lo que siempre se trabaja y se prioriza y, si no, en cualquier caso, está la Administración”, ha concluido.

Tres días de luto oficial

Por su parte, el Consistorio del municipio conquense, en el que no recuerdan un suceso similar en décadas, tiene previsto decretar este mismo viernes tres días de luto oficial, así como un un bando para la celebración de una concentración de repulsa que se ha producido a las 12.00 horas.

El aviso del suceso se produjo a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona llamó a emergencias al no poder acceder a la vivienda donde ocurrieron los hechos, situada en la calle Mayorazgo. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.

“Terminar un mandato con este tema es muy interesante”, adelantó Jesús Maeztu en la que, a no ser que se vuelvan las tornas, será su última rueda de prensa como Defensor del Pueblo Andaluz. El Informe Anual de Infancia 2025 revela un nuevo rostro dentro del padecimiento de la soledad no deseada: el de los niños y adolescentes. A partir de un cuestionario realizado en distintos colegios de Andalucía, se constata que el 79% de los menores en Primaria se ha sentido solo alguna vez, mientras que el 92% sabe que se puede estar solo rodeado de gente. Cuestiones que hacen que el Defensor describa este fenómeno como una “epidemia silenciosa”.

El análisis, en el que participaron 143 alumnos y alumnas, revela que el colegio es el lugar donde con mayor frecuencia manifiestan sentirse solos, en un 47%, y , también, en las casas en las que viven, con un 25,7%: “Las políticas públicas se han centrado casi en exclusiva en las personas mayores y la soledad en la adolescencia ha quedado invisibilizada”, adelantó el Defensor durante su presentación. También, se describe que los menores acuden en primer término a sus familias para comunicarles su malestar, en un 90%, y, en segundo lugar, están las amistades, en un 81%. En cambio, solo el 37% busca apoyo en el profesorado.

Unos datos que dan una primera visión del sufrimiento que hay entre los menores, ya que, como aseguró Maeztu, “el gran problema es que no sabemos con precisión cuántos niños la sienten, ya que las fuentes son fragmentadas y, por ejemplo, el Barómetro de la Soledad no Deseada en España (2024) excluye a los menores de 14 años”. A causa de estas diferencias, el informe plantea dos recomendaciones cruciales para la administración andaluza: un sistema público de información, medición y seguimiendo de la soledad no deseada en la infancia y, por otro lado, poner en marcha una Estrategia Andaluza para su prevención y abordaje.

“Necesitamos medir para poder actuar”, mantuvo, de ahí que la idea de una estrategia pública andaluza cuente con una perspectiva “en derechos”, que no medicalizada, que aborde de forma multifactorial el estado de los menores, desde su situación socioeconómica, de identidad, discapacidad, problemas de salud mental o entorno familiar: “Esta estrategia debe tener especial atención a la equidad y a los colectivos de mayor vulnerabilidad”. Con relación a esta petición, Maeztu también citó las estrategias que ha emprendido la Organización Mundial de la Salud (OMS), en especial, el estudio de la Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), en el que se describe que entre un 10% y 13% de los adolescentes europeos afirma sentirse solo con frecuencia.

“Ser escuchado y comprendido”

“Hay soledades escondidas en dinámicas familiares o en el uso de las pantallas como desahogo, y reitero, no es un signo de debilidad individual”, enfatizó este jueves en el Parlamento andaluz. Es más, mientras que la media nacional del uso del móvil es del 67,9%, en la comunidad la penetración de este dispositivo entre menores de 10 a 15 años ya se sitúa en el 72,2%. “No depende del número de personas que haya alrededor, sino de la calidad de los vínculos y de ser escuchado y comprendido. Se sienten mal, evitan hablar, hay desesperanza, se trata de un fenómeno multicausal al que afecta el estrés económico, la movilidad geográfica, el poco tiempo de calidad, o la baja autoestima y las vivencias de violencia”, añadió, subrayando que dar respuesta a este sufrimiento es clave para un desarrollo pleno como adultos.

Andalucía cuenta con 1.497.234 menores de edad, expone el informe, lo que supone la cifra más baja en 20 años. Este segmento representa un 17,3% sobre el total de población censada en la comunidad, y en este sentido, Almería (19,2%), Sevilla (17,8%) y Málaga (17,1%) son las tres provincias que cuentan con un peso mayor de la población joven respecto a su población total. Por el contrario, Jaén (15,9%) y Córdoba (16,3%) son las provincias en las que la población menor de edad cuenta con un menor porcentaje.

Además, un apartado en el que hizo especial hincapié el Defensor fue el maltrato infantil. El Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) recogió en 2025 un incremento del 10,4% respecto al año anterior tras registrar 13.016 notificaciones, donde un 52,5% fueron valoradas como maltrato grave y un 47,5% como leve/moderado. En cuanto al tipo de maltrato, la negligencia (87,2%) y el maltrato emocional (80,9%) fueron las tipologías más frecuentes, pero hay que prestar atención a las referencias a maltrato físico, en un 42,4%, y el abuso sexual, con un 28,3%.

Asimismo, la violencia de género impacta en la vida de estos menores, ya que, entre 2015 y 2025, hay un total de 96 menores huérfanos por la violencia machista ejercida contra sus madres. También, en este apartado, el informe reseña que ha habido durante esta década 55 víctimas mortales de este tipo de violencia por debajo de los 18 años, habiendo 30 de los 55 menores asesinados que tenían de 0 a 6 años en el momento de su muerte, 19 tenían entre 7 y 12 años y seis tenían entre 13 y 17 años.

Ideas: la Estrategia Andaluza y el banco para la soledad

Así, el Defensor dio diez pasos para construir esta futura Estrategia Andaluza, recogida en el informe que hoy fue presentado a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre. La primera, que los propios menores sean parte activa del proceso y aporten sus ideas, “si no participan, no vale ninguna estrategia”; seguido por una identificación temprana, mejorar la educación emocional, y tener protocolos actualizados en exclusión y acoso escolar. En este sentido, se debería atender a mejorar la capacitación de los profesionales educativos y dar cabida a entornos digitales “seguros, con apoyo, acompañamiento y participación de las familias”. Todo ello, con su respectiva evaluación y seguimiento para coordinar políticas públicas en la infancia.

Estas no son las únicas medidas. El informe, que pregunta a los menores participantes en el estudio publicado, transcribe algunas de las respuestas de los escolares. Entre las ideas más emotivas, curiosas y, por qué no, efectivas, están las siguientes: “Pondría un botón para que cuando alguien lo presionara alguien viniese a ayudarte”; o, destaca también, “yo en mi barrio pondría casas de acogida para que todas las personas que se sientan solas puedan ir ahí y ya no estar solos”; y, la que más emocionó al Defensor: el banco para la soledad.

Como dice el menor encuestado, “que haya un banco para la soledad, es decir, cuando alguien se sienta solo o sola que se siente en ese banco y los demás ya saben que esa persona se siente solo o sola y aunque sean de otro curso o clase vayan a preguntarle si le pueden ayudar, ir a jugar con ellos o ellas…”. Una idea que hace por reunir y tejer comunidad en un momento en el que está en juego la salud mental de los menores, tal y como recordó Maetzu al mencionar el caso de Meta contra 47 estados de EEUU. El gigante tecnológico, dueño de WhatsApp, Instagram y Facebook, llegó a un acuerdo extrajudicial y pagará 18.000 millones de dólares sin pasar por el tribunal, para enmendar el diseño adictivo de sus aplicaciones y su impacto negativo en adolescentes.

Menores de Ceuta

Si bien el informe tiene un apartado especial en el que se recoge que los menores extranjeros no acompañados son “especialmente propensos a sentirse aislados” debido a las dificultades que afrontan en el entorno al que llegan sin la protección ni la seguridad emocional de sus allegados, Maeztu puso el foco en el convenio firmado entre Andalucía y Ceuta para el traslado de menores en una contingencia migratoria, como la actual crisis humanitaria que vive la comunidad autónoma, que evita activar tal recurso.

“Andalucía cuenta con 3.009 plazas y tiene un convenio donde puede traerlos”, señaló el Defensor en la rueda. Cabe recordar que, a 31 de agosto de este año, el Gobierno de Juanma Moreno atendía a un total de 1.800 menores extranjeros en sus instalaciones, por lo que el margen de acogida es amplio en cumplimiento del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado en junio del año pasado.

Con los documentos que recogen tanto el acuerdo suscrito entre los gobiernos del PP andaluz y ceutí, así como la normativa, Maeztu manifestó: “El convenio está firmado, pero se está jugando políticamente con él, están jugando con los niños”, describiendo como el problema de fondo el embate político entre oposición y Gobierno central. “Andalucía fue en 2018 la más generosa, con 5.000 menores por los que no recibimos ninguna financiación”, recordó, “pero ahora la extrema derecha está odiando a todo el mundo, aunque este acuerdo esté aquí, en los papeles”.

“No sé quién me sucederá, pero que sea de consenso”

Acerca de Vox también habló Maeztu sin tapujos. A los de Manuel Gavira, y Santiago Abascal, les pidió que se abstuvieran en la votación que dará nombre a la próxima Defensoría, ya que, como le han expresado en otras ocasiones, opinan que este órgano supone “un chiringuito” o “una ideología”. Sin embargo, el Defensor defendió el papel fundamental que realiza este órgano, cuya función es garantizar los derechos de la ciudadanía y fiscalizar de forma independiente la acción de las administraciones, andaluzas en este caso.

El año pasado el PP retiró en el último momento a su candidata, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero la Mesa de la Cámara, donde los populares tienen mayoría, ya acordó este miércoles los plazos para presentar a sus candidatos a consejeros en el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, el Consejo de la Transparencia y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva en funciones desde 2024.

La fecha límite es el 13 de octubre y, posteriormente, los candidatos se someterán a la Comisión de Nombramientos el día 20 y, finalmente, elegidos en el pleno del 21 de octubre, a excepción del nuevo Defensor, que será en noviembre. “Mi tiempo ha terminado”, explicitó una vez más Maeztu, y tomó como ejemplo el pacto que se ha llevado a cabo en Castilla y León, donde se ha contado con los votos de PSOE y PP y la abstención de Vox. “Los que pueden sumar, que sumen, y se sienten para conseguir los tres quintos”, votación mínima para alcanzar el nuevo nombramiento.

“El perfil a elegir tiene que ser de consenso, un perfil que sepa de derechos y soluciones, que sea imparcial, tenga relación con los colectivos sociales y la ciudadanía y, por último, que crea en la cultura de paz”, recordó, en vista de la resolución alcanzada en el 40º aniversario de la Defensoría. “Todo esto es para que la institución no la toque ningún interés privado”. A las preguntas de los periodistas, aseguró que no sabe nada sobre posibles candidatos: “Ojalá sea un perfil plural, que no dependa de ningún partido, y sea de consenso”.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 6.059 hogares en La Rioja, en los que viven 19.049 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 504,49 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3.276.051,26 euros.

En septiembre, hay 847 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 16,25 por ciento en La Rioja. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2026 se contabilizan 2.849 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+17,59 por ciento).

En septiembre, el 58,27 por ciento de los titulares (3.530) y el 52,5 por ciento de las personas beneficiarias en La Rioja son mujeres, en concreto, 10.002. En conjunto, el IMV ha llegado a 8.766 hogares y ha beneficiado a 26.498 personas en La Rioja desde su inicio hace más de seis años.

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 8.002 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en la comunidad autónoma, lo que representa el 42 por ciento del total. En términos acumulados, 11.909 menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación en La Rioja.

Más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo en la comunidad (4.097 hogares, cerca del 68% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 947 son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 4.169 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,93 euros por menor y de 135,01 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios en La Rioja, situada en 28,14 años -y en 19,66 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

La Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado la pena de 21 meses de internamiento para dos menores de edad acusados de un delito de tentativa de homicidio con un delito de odio por intentar prender fuego a una persona sin hogar mientras dormía en Miranda de Ebro (Burgos), en un ataque ocurrido en abril de 2025.

La sentencia, consultada por EFE, confirma una previa del Juzgado de Menores de Burgos, después de desestimar íntegramente los recursos presentados por los acusados, condenados también a indemnizar con 2.000 euros por daños morales a la víctima, que no sufrió heridas de gravedad durante el incidente.

Unos meses después, los menores prendieron también fuego a un puesto ambulante de un feriante que participaba en las fiestas de San Juan del Monte, en junio de ese mismo año, lo que les convierte en responsables de un delito contra la seguridad colectiva, en concurrencia igualmente con un delito de odio.

Asimismo, la resolución de la Audiencia Provincial ratifica otra pena de trece meses de internamiento para un tercer menor, que participó en el ataque al feriante, y el pago por parte de los tres de una indemnización de 28.000 euros a la afectada, una mujer peruana que vivía del puesto ambulante que quemaron.

Un hecho grabado con el móvil

La sentencia considera como hechos probados que, en la madrugada del 22 de abril de 2025, los dos menores se hicieron con una caja de cartón, que llenaron de papeles y prendieron fuego. A continuación, la lanzaron contra la persona sin hogar, que dormía en una zona próxima a la estación de autobuses.

El ataque fue grabado con el móvil por uno de los menores, y dicha grabación la compartieron en un grupo de WhatsApp con amigos. Por ello han sido condenados por un delito de homicidio en grado de tentativa agravado con un delito de odio, ya que atacaron a la víctima por tratarse de una persona sin hogar.

Meses más tarde, el 9 de junio, los dos menores en compañía de un tercero prendieron fuego con un mechero a uno de los puestos ambulantes de las fiestas de San Juan del Monte, acto penado como un delito contra la seguridad colectiva en concurrencia con un delito de odio dada la nacionalidad de la víctima.

El Juzgado de Menores de Burgos dictó sentencia condenatoria el pasado marzo, que ha sido ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Burgos, en una resolución contra la que cabe recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Extremadura llevará ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que fija en 364 la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma. El recurso, ya firmado por la presidenta regional, María Guardiola, se presentará acompañado de una solicitud de suspensión cautelar de la norma hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su legalidad.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha adelantado que el asunto será elevado este martes al Consejo de Gobierno. A su juicio, la cifra asignada a Extremadura fue fijada por el Ejecutivo central de forma “arbitraria” y “discrecional”, sin tener en cuenta la realidad habitacional ni los recursos económicos de la región.

Durante su comparecencia, el también presidente del Grupo Parlamentario de Vox ha advertido de que la región “no tiene una capacidad ilimitada” y ha recordado que, en el momento en que se aprobó la norma estatal, Extremadura contaba únicamente con 14 plazas libres en su sistema de acogimiento.

Según ha matizado, estas plazas no están destinadas de forma exclusiva a menores extranjeros, sino que se comparten con menores españoles que precisan del mismo recurso de tutela. En este sentido, ha advertido de que, de cubrirse con perfiles procedentes de fuera de nuestras fronteras, “no se les puede dar el servicio a los españoles” que lo necesiten.

A la espera de los últimos datos oficiales, el vicepresidente ha cifrado en alrededor de 130 las plazas totales con las que cuenta el sistema extremeño, una ocupación fluctuante que deja a la red autonómica “al borde del colapso”.

Críticas al Gobierno central

El vicepresidente regional ha cargado duramente contra el Gobierno, al que ha acusado de utilizar la inmigración “como un arma arrojadiza”. Asimismo, ha reclamado a Moncloa que agote las vías diplomáticas existentes, como el acuerdo bilateral con Marruecos para la devolución de menores, antes de impulsar mecanismos de reparto territorial.

Ante esta situación, Fernández Calle ha ratificado que la Junta utilizará “todas las armas políticas, administrativas y judiciales” a su alcance para frenar la medida, al tiempo que ha aludido a la necesidad de prevenir escenarios de conflictividad social basándose en situaciones registradas en otros países europeos.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a una empresa por negar sin negociar la adaptación de jornada solicitada por un trabajador de Asturias para cuidar a su hijo menor de 12 años y avala que omitir el trámite obligatorio de negociación implica estimar la medida en los términos pedidos.

En una sentencia fechada el pasado 9 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo de noviembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Jornada a turnos

El caso es el de un trabajador que solicitó adaptar la jornada de trabajo, que era partida a turno continuado de mañana, de 07:00 a 15:00, para atender a su hijo menor de 12 años, al amparo del Estatuto de los Trabajadores (ET).

El empleado solicitó el cambio de horario para poder hacerse cargo de su hijo tras la salida del colegio y reducir la estancia del menor con personas ajenas al núcleo familiar, ya que la madre del niño trabaja a turnos rotatorios en un hospital.

Rechazo por “razones organizativas”

La empresa denegó directamente la propuesta alegando razones organizativas de coordinación interna e incompatibilidad del horario solicitado, sin haber abierto previamente el proceso de negociación obligatorio de hasta 15 días prescrito por el ET.

El juzgado de lo social número 2 de Oviedo/Uviéu desestimó la demanda del trabajador, pero el TSJA estimó parcialmente su recurso y revocó la sentencia de instancia, condenando a la empresa al pago de 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales, al considerar que rechazar la medida sin previa negociación implica su aceptación implícita.

El recurso

La empresa interpuso un recurso de casación para la unificación de doctrina cuestionando si la falta de apertura del periodo negociador obligatorio conduce automáticamente a la aceptación de la adaptación de jornada pedida por la persona trabajadora.

El Supremo ratifica ahora la decisión del TSJ, ya que la apertura del periodo de negociación tras la solicitud del trabajador es un trámite imperativo u obligatorio para la empresa; la ley no permite rechazar la petición de forma directa sin antes intentar negociar o proponer alternativas razonables.

Cuando la empresa omite la negociación previa, procede estimar judicialmente la medida solicitada en sus propios términos, salvo que el órgano judicial determine que la solicitud resulta manifiestamente irrazonable o desproporcionada, señalan los magistrados.

El juicio contra cuatro policías nacionales por la agresión a un menor de edad en Tetuán ha quedado visto para sentencia con la Fiscalía rebajando de siete a cuatro los años de cárcel que solicita para ellos. El Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que agredieron a un joven magrebí acusado de intentar atracar a unos turistas en Bravo Murillo y después falsificar el atestado para ocultar los hechos, mientras que la defensa de los agentes insiste en las contradicciones de los testigos que afirman haber visto y grabado los golpes además de las inconsistencias que, entiende, contienen los informes de Asuntos Internos que dieron pie a la investigación.

Los agentes, destinados en ese momento en la comisaría de La Remonta en el distrito madrileño de Tetuán, acudieron a la zona de Valdeacederas más cercana a la Plaza de Castilla cuando una pareja de Alicante, que pasaba unos días en la ciudad en un hotel del distrito, denunció en dos ocasiones que un grupo de jóvenes “magrebíes” les estaba persiguiendo para robarles. Según la versión que han dado varios testigos, el menor salió corriendo y fue agredido por los tres policías nacionales acusados que salieron detrás de él hasta la calle Sófora y después se marcharon del lugar.

La primera jornada celebrada el lunes ante la Audiencia Provincial de Madrid dejó varios testigos que, aunque no identificaron a los policías acusados, sí afirmaron haber visto los golpes e incluso haber grabado la agresión, unos vídeos que pudieron verse en la sala. También comparecieron los responsables de Asuntos Internos que investigaron a estos tres agentes y otro más acusándoles de falsear el atestado de esa noche, ocultando la agresión y asegurando que abandonaron el lugar para atender la llamada de socorro a gritos del cuarto policía acusado.

La segunda y última jornada del juicio, celebrada este jueves ante el mismo tribunal, ha contado con la declaración de los cuatro agentes de Policía Nacional, que han negado la agresión y han defendido como veraz la versión que plasmaron en su atestado: fueron acometidos por el menor –algo que el propio menor reconoció al ser condenado en conformidad en otro proceso– y en plena persecución tuvieron que abandonar la zona para atender la llamada de auxilio de un compañero. El atestado, añaden tanto ellos como sus letrados, se realizó varias horas después por el desarrollo del servicio, no porque estuvieran ganando tiempo para acordar una coartada.

La Fiscalía adaptó su informe final al término del juicio y, además de rebajar de siete a cuatro los años de cárcel que solicita para cada uno, incluyó los datos que aportaron algunos testigos, por ejemplo que uno de los agentes llamó “moro de mierda” a la víctima, reculando parcialmente en que las agresiones que reconoció el propio menor habían sido inventadas. Uno de los dos turistas que reclamaron presencia policial en la zona explicó también durante el juicio que un policía no identificado dio un porrazo a otro de los jóvenes de ese grupo.

A lo largo de este juicio, la fiscal del caso ha exhibido a favor de su acusación las declaraciones de los testigos, sus vídeos y el atestado de Asuntos Internos que acusa directamente a los agentes de falsificar los informes de esa noche, la acusación más grave que acarrea más años de prisión. Al otro lado de la sala, los letrados del despacho Frago & Suárez que han defendido a los cuatro agentes han denunciado inconsistencias en los testigos que presenciaron los hechos y en la actuación de Asuntos Internos.

En cuanto a la investigación policial interna, la defensa de los policías ha cuestionado las conclusiones de Asuntos Internos –que entiende que las cuatro horas que pasaron entre los hechos y la entrega del atestado responden a una estrategia de los agentes para buscar una coartada tras saber que todo había sido grabado– y ha alegado que las circunstancias del servicio esa noche hacen normal ese lapso de tiempo.

Los letrados que defienden a los agentes también cuestionan las palabras de varios testigos y su validez para sustentar una condena de prisión sobre la agresión al menor. Por ejemplo, una que afirmó haber grabado los hechos y haber enviado el vídeo a la Policía cuando no hay constancia documental de ello, o que apuntó a un policía “calvo” testigo y no a uno de los acusados como autor de la agresión. También destacan que, después de que varios testigos hayan asegurado en fase de instrucción que los agentes usaron defensas extensibles, las cámaras de un hotel certifican que estaban equipados con porras rígidas.