La Fiscalía de Cantabria pide diez años de prisión a un acusado de tomar fotografías, almacenarlas y crear con Inteligencia Artificial imágenes de pornografía infantil para satisfacer su propio interés sexual. Se le imputan más de 8.000 instantáneas captadas y vídeos grabados a niños de menos de 16 años desnudos en las playas de Santander, cuando estaban bañándose o jugando ajenos a la presencia del sospechoso, procesado por delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil.

Según el escrito de la acusación pública, el implicado acudió de forma reiterada a arenales de la capital cántabra con varias cámaras suyas y, para “atender su propio ánimo libidinoso”, captó imágenes y grabó a menores no identificados que estaban en la playa desnudos, “bañándose o jugando, ajenos a su presencia”.

Después, almacenaba los vídeos y fotos que “año tras año” iba tomando en discos duros que guardaba en su domicilio. Junto a ese material también guardaba en el ordenador e igualmente “para su propio uso” otras imágenes en las que “se representaban de forma hiperrealista y confundible con la realidad menores de edad desnudos y posando provocativamente”, fotografías creadas mediante Inteligencia Artificial y descargadas de Internet.

En julio de 2024, el acusado fue una vez más a la playa de El Sardinero y desde los Jardines de Piquio trató de tomar imágenes de los menores y sus genitales. Sin embargo, fue observado por un agente de movilidad que, tras comprobar los hechos, avisó a la Policía Local de Santander.

El sospechoso huyó al ser descubierto y se subió en un autobús, donde le encontraron los efectivos, que le requirieron para que se bajara del vehículo. Pero se negó, trató de borrar los archivos y, cuando un policía le quitó la cámara, reaccionó violentamente y le agredió.

Los hechos constituyen, a juicio de la Fiscalía, un delito continuado de elaboración de pornografía infantil, otro de posesión de ese material y uno más de atentado a los agentes de la autoridad.

Por todo ello, la fiscalía pide diez años y diez meses de prisión; trece años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento; dieciocho años de inhabilitación para profesión o desempeño con menores, y diez años de libertad vigilada.

La audiencia preliminar de este procedimiento está prevista este lunes, 8 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección regional. Estos niños y jóvenes siguen llegando a la comunidad, cuyo Gobierno (PP) recurrió el decreto del Ejecutivo central que estableció la distribución de estos menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de autonomías, al considerar que fue algo “impuesto” y se hizo sin “planificación, diálogo y financiación”. La votación y fallo del recurso está previsto a finales del próximo mes de julio.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, a preguntas de los medios sobre estos menores. “Veremos qué entiende el Supremo, si respalda esa opinión” o no, ha expresado al respecto.

La titular del departamento ha aclarado que los 41 menores acogidos hasta ahora no han solicitado asilo (en este supuesto, la protección corre a cargo del Ejecutivo central) y ha destacado que todos los que han llegado a la región “están debidamente atendidos” por profesionales que también analizan y adecuan su itinerario formativo.

Y es que, según ha subrayado, “son niños” que “necesitan protección”, por lo que desde la administración regional se adoptarán “todas las medidas adecuadas para que tengan los mejores cuidados”. Ello a pesar de que en el Gobierno cántabro entienden que el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”.

Por eso, ha justificado Gómez del Río, han “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”, es decir, los acuerdos de traslados y llegadas, punto en el que ha criticado que “cada expediente es diferente”, y esto es también uno de los motivos por los que Cantabria no apoya el decreto recurrido.

Según ha explicado: nos vienen con prueba de edad al menor -que acredite que tienen menos de 18 años- y otros sin ella, mientras que algunos se indica que tienen familias en los lugares de origen o en otra comunidad autónoma, y también hay quien señala que tienen trabajo. “Cada expediente es único, cada niño es único”, ha insistido.

“Lo que tenemos claro es que cuando un niño llega a Cantabria se le va proteger, pero Cantabria va a defender sus competencias y va a defender que ese no es el mecanismo adecuado, porque el interés superior del menor no es el interés de Sánchez”, ha concluido.

Vox recrudece en Aragón la guerra contra los menores migrantes, en especial los repartidos por el Gobierno central debido a la emergencia canaria, incluso si eso supone hacer pruebas forenses a niñas de nueve años. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de la extrema derecha, ha anunciado este miércoles un endurecimiento del protocolo para determinar la edad de estos jóvenes y, si son mayores de 18 años, expulsarlos de los centros de acogida. El dirigente de Vox ha informado incluso de que se ha llevado a cabo una “estimación pediátrica” de una pequeña para conocer su edad, que según ha dicho se ha estimado en “trece años”.

En realidad, el plan que Nolasco ha vendido a los medios, para mostrar mano dura en su campaña antiinmigración, ya existía antes incluso del pacto de gobierno, aunque aparentemente se va a reforzar. Hasta ahora, cuando el Gobierno de Aragón detectaba que alguno de los jóvenes ingresados en sus centros de menores era susceptible de ser mayor de edad solicitaba a la Fiscalía de Menores la autorización para llevar a cabo las pruebas, que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, el IMLA. Este organismo cuenta con una tecnología que en su día, cuando la implantó el Ejecutivo de Javier Lambán, era pionera para determinar la edad, a través de un ortopantomógrafo y, en último lugar, con un TAC externo clavicular.

De ser positivo el análisis, el joven no volvía al centro de menores, sino que pasaba a otras instancias de los Servicios Sociales autonómicos. El objetivo es centrar los recursos en quienes tienen realmente una minoría de edad y, por otro lado, evitar la convivencia de ambos colectivos.

El cambio ahora es que, según ha afirmado el vicepresidente autonómico, estas pruebas se solicitarán no solo para los menores sobre quienes recaen sospechas, sino para todos aquellos que sean trasladados a Aragón sin el correspondiente certificado biológico, algo que según ha cifrado Nolasco sucede en cuatro de cada cinco casos.

Esta habría sido la situación que, según ha descrito el también consejero de Servicios Sociales aragonés, habría sucedido con un joven de 13 años que tendría 20, más “dos hijos en su país”, ha afirmado Nolasco. Se trata, en todo caso, de un caso que no es extraño: desde hace años hay un porcentaje significativo de menores que finalmente se determina que son mayores edad.

Prueba forense a la niña

Lo que sí resulta raro es llevar a cabo pruebas a una niña cuyo registro indica que tiene nueve años. Nolasco no ha dado más detalles sobre su caso, un examen médico que, en todo caso, no puede tener consecuencias para esta pequeña dado que la prueba no es oficial y como sigue siendo menor seguirá albergada en un centro de menores autonómico. El consejero sí que ha precisado que se ha ordenado practicar una prueba forense de edad a la niña.

“Estamos ante un mayúsculo fraude contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses, porque la residencia fraudulenta le ha costado a las arcas autonómicas alrededor de 13.000 euros”, ha evaluado Nolasco. “Este sujeto fue expulsado de los Servicios Sociales de Aragón el pasado 25 de mayo del centro de menores migrantes en el que se encontraba, con la ley en la mano”, ha añadido el vicepresidente, que ha recalcado que el relatado “no es un caso aislado” y “la falsedad en los datos de edad afecta gravemente a la atención que se presta a los menores”.

El vicepresidente aragonés se ha dedicado a atacar al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y al ministro Ángel Víctor Torres, como responsables de Extranjería: “Los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato y los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad”. “Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria, amparándola y favoreciéndola con fraude incluido”, ha avisado Nolasco.

Sus valoraciones han recibido el visto bueno del presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, aunque con matizaciones. En una suelta de linces en un barrio de Zaragoza, el jefe del Ejecutivo ha apoyado que las pruebas se “generalicen”, de forma que “personas que son mayores no se hagan pasar por menores”. A continuación, pese a que Vox ha transmitido que las pruebas serán generalizadas si no hay certificado biológico, Azcón ha precisado que se llevarán a cabo “en todos los casos en los que pueda haber cualquier duda o una indeterminación”.

“Un protocolo riguroso”

Las palabras del líder de Vox en Aragón sí han recibido respuesta por parte del propio delegado del Gobierno. Beltrán ha recordado que el reparto de menores “sigue un protocolo riguroso con el papel garantista que ejerce la Fiscalía de Menores” y ha indicado que, “como ha ocurrido siempre”, si surge un caso que generara duda “se hacen las pruebas pertinentes”.

“Si el señor Nolasco considera que estamos ante un problema de la magnitud que denuncia, le invito a que todas las semanas comparezca para decirnos cuántos menores han resultado ser mayores de edad. Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos. Y le pido también que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen”, ha advertido el delegado del Gobierno en Aragón.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de la localidad malagueña de Marbella.

Desde la Policía Nacional han señalado que hay una investigación que se está llevando a cabo en Marbella por un presunto delito de agresión sexual y han apuntado que “hay menores de corta edad”, por lo que han asegurado que no van a facilitar información, porque “la protección del menor prima”.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga han trasladado su colaboración y la del centro educativo “en todo lo que se requiera por parte de los investigadores” ante la investigación iniciada por la Policía Nacional “por un presunto caso de agresión sexual entre menores”.

Los hechos, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy, que cita la denuncia presentada por la madre de la niña, habrían sucedido el pasado 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como “Bro” y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente “le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima”.

Desde la delegación territorial indican a Europa Press que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados; al tiempo que han incidido en que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso.

La Policía Nacional ha detenido al padre biológico de Miranda, la menor de cinco años que era tutelada por la administración del Principado de Asturias y fue sustraída, el pasado mes de abril, del punto de encuentro donde mantenía una visita con sus progenitores.

Según la versión oficial, la huida se produjo tras la agresión infligida a la educadora que supervisaba que la reunión entre los progenitores y su hija transcurriera sin incidencias.

Pese al amplio operativo policial desplegado esta mañana para tratar de localizar a la menor no se ha podido encontrar ni una sola pista sobre su paradero.

Vivienda a vivienda

Sobre las 7.30 horas de hoy comenzaron a llegar al poblado varios coches patrulla de los que comenzaron a salir agentes para inspeccionar vivienda a vivienda.

En una de estas viviendas se encontraba el padre biológico de la niña que fue arrestado inmediatamente. Según fuentes familiares, la menor no se encontraba con él ya que, según aseguran, “se la llevó la madre biológica”.

Un fuerte dispositivo policial

El detenido se encuentra actualmente en el cuartel de la Policía Nacional ubicado en Buenavista, en la capital asturiana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaban preparando desde hace varios días el dispositivo para entrar en el poblado ante la posibilidad de que la pequeña pudiera estar oculta en alguna de las viviendas.

Alta vulnerabilidad

La desaparición de Miranda ha sido calificada de “alta vulnerabilidad”. La menor llevaba 18 meses viviendo con sus padres de acogida y desde el Principado se habían autorizado visitas regulares con sus padres biológicos al haberse desarrollado todos los encuentros anteriores con “normalidad”.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, llegó a reconocer que la agresión a la educadora y la posterior huida de los padres biológicos con la niña fue un hecho totalmente “inesperado”.

Sin noticias de Miranda

Desde SOS Desaparecidos se ha difundido la imagen de Miranda, así como los datos personales y el número de teléfono 868 286 726 por si alguna persona pudiera haberla visto o conocer algún detalle que sea de utilidad para los investigadores.

La denuncia por la desaparición de la menor fue interpuesta por la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias ante la Jefatura Superior de Policia de Asturias.

Carteles con la imagen de la menor

Posteriormente, el Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización. 

Los carteles con la imagen de la niña ya están distribuidos también a través de las redes sociales. En ellos se especifica que Miranda mide 1,20 centímetros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y ojos marrones.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para tratar de dar con el paradero de la menor.

El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y el Museo Arqueológico, ambos en Badajoz, y el Museo de Cáceres ofrecerán alternativas para la conciliación durante el verano con actividades educativas y lúdicas dirigidas a los más pequeños que incluirán propuestas de naturaleza, talleres y campamentos. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en horario de mañana

La reciente adjudicación de un contrato para el programa didáctico para 2026 y 2027 por más de 80.000 euros llevará a estos museos de la Junta de Extremadura a convertirse en generadores de conocimiento, pensamiento crítico y convivencia durante el verano.

Así, el MEIAC, el Museo Arqueológico y el Museo de Cáceres funcionarán como centros dinámicos que, durante el periodo estival, faciliten la conciliación familiar y se transformen en espacios de aprendizaje y disfrute comunitario. En concreto, el MEIAC ofrecerá una serie de propuestas sensoriales y críticas, dirigidas a niños de 8 a 12 años, sobre la naturaleza, la luz y el movimiento, explorando la obra gráfica de Juan Barjola, el imaginario de Los Carpinteros, la performance de Joana Rosa y la luz negra de Eva Lootz.

Por su parte, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ofrecerá un recorrido por la prehistoria, época tartésica, romana, visigoda y medieval, incluyendo un taller de arquitectura pop-up y la recreación de un yacimiento arqueológico para menores de seis a doce años.

El Museo de Cáceres ha programado un campamento para fomentar la interacción directa con el patrimonio histórico del propio museo mediante actividades educativas y participativas, dirigidas a niños ocho a doce años.

Otros museos financiados por la Junta de Extremadura, que están bajo la dirección de fundaciones o consorcios, como son el Helga de Alvear, el Etnográfico 'González Santana' de Olivenza, el de las Ciencias del Vino de Almendralejo y el Vostell-Malpartida de Malpartida de Cáceres, cuentan también con sus programas de actividades aprobados en los diferentes patronatos y consejos rectores.

Imaginen llegar a la oficina en un mes de junio, con 35 grados en la calle, y que no haya aire acondicionado. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Que en los despachos, fábricas y tiendas no existiera climatización ni sombra donde refugiarse en una ola de calor. De manera estructural. Lo que en la esfera de oficina y comercial es impensable, es una realidad en el trabajo al aire libre y en las aulas de toda España, que claman estos días de temperaturas extremas por planes serios, sostenidos y urgentes para adaptar las escuelas desde Infantil a Bachillerato, donde convive población considerada vulnerable a las altas temperaturas. En palabras de Ismael Palacín, director de la entidad Equitat.org, impulsora de uno de los pocos estudios que pone cifras al problema, “las escuelas del país fueron diseñadas para un clima que ya no existe”.

La temperatura media de junio de 1990 y la de 2025 tienen dos grados de diferencia. Esto, en la práctica, ha supuesto que los niños de Morón de la Frontera o Córdoba tuvieran que aprender y jugar a 43 grados al final del curso pasado. Las direcciones de los colegios muchas veces improvisan o buscan soluciones caseras de urgencia.

En Madrid, este viernes se alcanzaban 30 grados a las 9.30 de la mañana en algunas escuelas, como el centro de infantil y primaria Ermita del Santo, en el distrito de Latina. En el Instituto de Secundaria La Morería de Mislata (València), se superaban los 30 grados a primera hora de la mañana y los alumnos hacían Educación Física a 40 grados en un patio sin la sombra prometida.

El problema ya no se circunscribe a una zona concreta del país. Tampoco a los meses de verano, porque hay olas de calor también a finales de mayo, en junio o septiembre, en la vuelta al cole. El norte de España está sufriendo especialmente este mes de mayo. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Asturias ha tenido que autorizar esta semana a dos centros públicos a cerrar por el calor —no lo pueden mitigar y admiten que no hay un presupuesto de climatización por su elevado coste, que calculan llegaría al 20% de la obra—. El gobierno vasco ha enviado una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones” después de que una niña de cuatro años tuviera que ser atendida por una ambulancia en su colegio por un golpe de calor. En Navarra, el gobierno señala que va a destinar de manera puntual un millón de euros para escuelas con alumnado vulnerable, pero admiten que el problema del calor en junio es nuevo allí y no hay un plan, que aseguran que pondrán en marcha si se repite, algo que las predicciones científicas auguran para los próximos años. En Cantabria han enviado “una ficha de información de riesgos por temperatura extrema que recoge los riesgos de estrés térmico y medidas preventivas y pautas de actuación” a los colegios ante las inusuales temperaturas.

Planes por hacer o por completar

En la mayoría de comunidades autónomas —que son las que tienen transferidas las competencias y gestionan la educación e infraestructuras desde Infantil a Bachillerato, FP y los conservatorios de música y danza— ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. Con algunas excepciones. El Ministerio de Educación, que no tiene competencias en esta gestión, apunta a elDiario.es que tiene dos programas de ayuda a la climatización de centros públicos de todo tipo, de más de mil millones, y que pueden ser solicitados por ayuntamientos y autonomías.

Pero climatizar no es solo instalar aire acondicionado. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía”, explica Carmen Alonso, investigadora del Instituto Torroja del CSIC. “Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —que además es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios”. De esta manera, el aire es más fresco y eso tiene impacto en el edificio. “También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. La experta explica que “cuando tienes esto, tienes menos demanda de energía, necesitas equipos de refrigeración más pequeños y son más eficientes”. La tercera pata de una buena adaptación climática en los colegios es que estos equipos estén alimentados por renovables.

La realidad es que, cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores, que es solo una parte de la solución. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han decidido directamente organizar una rifa para recaudar fondos y poder instalar aire acondicionado en el colegio ante la falta de respuesta administrativa. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro.

Para intervenir en el patio, poner árboles, toldos (como se ponen en calles comerciales), aislar o instalar fuentes de agua se necesita la implicación y financiación de las consejerías de Educación de cada autonomía o de los ayuntamientos.

Cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores

La mayoría de gobiernos autonómicos anuncian inversiones millonarias puntuales cada año, normalmente en el mes de mayo, que ya estaban previstas en los presupuestos presentados. No son partidas extraordinarias. Pese al clamor de familias, profesores y sindicatos, o no hay un plan estratégico en marcha o, si lo hay, no avanza proporcionalmente a las rápidas subidas de temperatura. Incluso a veces, como en la Comunidad de Madrid, el gobierno frena iniciativas surgidas de la comunidad educativa. Vox y PP impidieron en 2025 que se tramitara una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 72.000 firmas que pedía el aislamiento y climatización de los centros públicos. Ese mismo año, el Gobierno de Ayuso anunció 13 millones para este capítulo y calculó en 300 el número de las actuaciones climáticas hechas (hay 1.600 centros de infantil, primaria e institutos en la región).

A veces son los ayuntamientos, que tienen también parte de responsabilidad sobre la infraestructura, los que toman las riendas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), destina parte de los ingresos de la tasa turística a climatizar 30 colegios de la ciudad cada año. Con otra perspectiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), acaba de lanzar una petición a empresas para que ayuden a “renaturalizar” colegios y patios: “Con aportaciones a partir de 10.000 euros, las empresas que así lo deseen pueden colaborar para la renaturalización de Escuelas Infantil, Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, así como otros edificios públicos. La empresa o entidad hace la aportación y en el Ayuntamiento nos encargamos de todo lo demás”, dice el anuncio. El presupuesto del Ayuntamiento, el más grande de España, es de 6.500 millones. Es el mismo alcalde que zanjó la queja por calor que un colegio puso en septiembre instalando aire solo en la conserjería del colegio.

La velocidad en las iniciativas de confort climático son muy variables. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, aunque invierte de manera puntual, se anunció en enero de este año un plan que “se encuentra en una fase de diagnóstico de las instalaciones educativas. Tras la fase de diagnóstico, se planificarán las actuaciones para conseguir unas condiciones térmicas que garanticen el bienestar del alumnado y del personal”. Es decir, falta tiempo para que se vea el resultado en los colegios, que se van arreglando con parches o por iniciativa privada, a la vista de que junio es parte ya de fenómenos de olas de calor. A final de este año prevé que haya un diagnóstico. Una de las reivindicaciones de la huelga indefinida de profesores valencianos, que cumple su tercera semana, es que las aulas de la comunidad estén climatizadas y adaptadas al frío y al calor.

En el mismo punto está Aragón, que ha lanzado una consulta pública para “avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática”, aunque lo hace después de recibir numerosas denuncias por las altas temperaturas en las clases. La del sindicato CGT aporta registros de hasta 37 grados en, al menos, 45 espacios educativos y acusa al gobierno autonómico de no adoptar medidas eficaces durante el último año, motivo por el cual han acudido a la Inspección de Trabajo. Algunos de los casos se logran por el derecho de los trabajadores consolidado en la legislación, no por el derecho del alumnado.

El problema cotidiano para millones de niños, adolescentes y profesores, incardinado desde hace años, ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha contestado a las quejas que recibe de ciudadanos. El informe de 2025 de esta institución explica que se habían reabierto “las actuaciones de oficio iniciadas en 2023 ante las comunidades autónomas afectadas por las elevadas temperaturas, con el fin de actualizar la información sobre el grado de ejecución de los planes de acondicionamiento de los centros”. Es decir, si lo prometido se ha cumplido o si la administración autonómica ha puesto solución.

Toldos en la feria, pero no en el colegio

La Junta de Andalucía sí tiene un plan desarrollado. Ha impulsado su propio Plan de Bioclimatización, centrado en la instalación de sistemas de refrigeración adiabática —basados en la evaporación de agua— junto con paneles solares fotovoltaicos para abastecerlos de energía renovable. Este modelo ha generado controversia entre las familias, que cuestionan que se trate de un sistema diseñado para usos industriales, no contemplado en el marco legislativo para centros escolares. Según datos de la Consejería, el plan suma 532 actuaciones ejecutadas y una segunda fase en marcha que alcanza a otros 80 centros educativos. Pero el ritmo no llega todo lo rápido que se necesita a los casi 5.000 centros públicos. El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba acaba de evidenciar la incongruencia que supone que el alcalde haya puesto toldo a todo el recinto de la Feria para bajar “hasta 18 grados” la sensación térmica, pero que haya colegios donde el sol cae a plomo: “Tienen sombras en la Feria pero no en sus colegios”, denuncia Enrique Guerra. La principal reivindicación de las familias andaluzas es el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020. En Baleares también tienen un plan específico y ha licitado una primera fase de actuaciones en doce centros con obras previstas por más de 16 millones.

En Extremadura, el nuevo gobierno PP Vox ha prometido este mes de mayo un plan que mantenga entre 23 y 27 grados la temperatura en todos los colegios. Hasta entonces, y de momento está solo el anuncio, son los equipos directivos quienes deben decidir las medidas para que los niños no padezcan: cambiar las clases de sitio, no salir al patio o reducir jornadas para evitar las horas centrales, con la pérdida de carga lectiva que eso supone.

Además de la salud y el bienestar, el calor tiene un impacto en la concentración y el rendimiento —igual que pasa con los adultos en el mercado laboral—. El informe de Equitat.org también recoge investigaciones que confirman peores resultados en el informe PISA del alumnado más expuesto al calor: las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7 °C, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura. Este informe, que ha analizado las aulas catalanas con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que casi la mitad de los edificios del sistema educativo público, 1.220 de 2.500, son anteriores al año 2000 y, por tanto, sin criterios de adaptación climática. Calcula en 130 millones la inversión necesaria en Catalunya para que los niños y sus profesores dejen de sufrir por calor, un problema que se agrava cada año y que sigue a la espera de una solución global y estructural. De momento, son los alumnos y docentes —en lugar de los edificios escolares— los que se han adaptado a las temperaturas severas.

Con información de las ediciones de elDiario.es en Cantabria, Asturias, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares, Euskadi y Castilla y León.

Un brote de gastroenteritis por Shigella ha afectado a 39 alumnos del colegio público de San Cucao, en el concejo asturiano de Llanera. Cinco de los menores están ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias /HUCA), en Oviedo/Uviéu.

Salud Pública ha recomendado este viernes el cierre de la cocina del centro como medida preventiva mientras está a la espera de conocer los resultados de los análisis adicionales que se han solicitado.

La mejoría

La buena evolución de los cinco alumnos ingresados hace prever que puedan recibir el alta médica en las próximas horas.

Los alumnos, de quinto y sexto de Primaria y con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, comenzaron a notar estos días fiebre, dolor abdominal y diarrea.

En principio se apuntó a la posibilidad de que la infección por shigella tuviera alguna relación con el agua, mientras continúan las investigaciones para tratar de determinar el origen de este brote.

La embarcación de Salvamento Marítimo salvamar Diphda ha rescatado este jueves en aguas cercanas a El Hierro un cayuco con 55 personas a bordo, entre ellas 10 mujeres y seis menores de edad de los que uno era una bebé de 8 meses.

Según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias, uno de los migrantes ha precisado ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

El cayuco fue localizado a unos seis kilómetros al sur de La Restinga y fue remolcado por la embarcación de Salvamento hasta el muelle de esta localidad pesquera.

Según la información recabada de los servicios sanitarios, todos los migrantes son de origen subsahariano.

Los migrantes relataron que habían realizado una travesía de 5 días partiendo desde Nuakchot, en Mauritania.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal y Guinea-Conakry, añaden las fuentes.

Los migrantes serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. 

Inundados por el ruido permanente de los casos de corrupción, esta semana ha pasado prácticamente desapercibido un episodio relevante. Lo es para mí a nivel personal, pero lo es más para el conjunto del país y, particularmente, de padres y madres. El martes en el Congreso, las derechas de Vox, PP y Junts tumbaron una proposición de Sumar para regular la publicidad de alimentos dirigida al público infantil. Se trataba de una propuesta elaborada mano a mano con el Ministerio de Consumo y que, según los sondeos disponibles, cuenta con el respaldo de en torno al 80% de la población.

Aunque la oposición a esta norma es escasa, resulta que es muy poderosa. Por un lado, están las grandes empresas alimentarias, que prefieren el estado actual de las cosas. Saben perfectamente que una mejor información al consumidor —y, en general, una mejor regulación— se traduciría en patrones de consumo más saludables y, por tanto, en una menor demanda de aquellos productos que la propia ciencia ha demostrado que perjudican a la salud. Para muchas de esas empresas se trata de una cartera de bienes central en su negocio, como el caso de la bollería y los ultraprocesados en general. Así que es racional, aunque no justificable, que estos actores no quieran cambios: su negocio depende, en buena medida, de que no los haya. Pero, ¿y los representantes políticos?

Puede que la política se perciba cada vez más alejada de los intereses de la ciudadanía, pero este episodio es un ejemplo más en una lista que ya empieza a ser larga. ¿Cómo justifican estos diputados conservadores ante sus votantes, en el día a día, haber votado en contra de proteger la salud de los más pequeños? ¿O es que ha sido, simplemente, un voto de castigo al Gobierno con independencia del contenido? Conviene preguntarse cuál de las dos opciones es peor. Yo no me quedo tranquilo con ninguna de ellas.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy está haciendo, en este terreno y en otros, una labor extraordinaria. Tiene claro algo que la ortodoxia neoliberal lleva décadas negando: que la salud individual no puede ser protegida por el mercado ni por su correlato habitual, la “auto-regulación”, y que no todos los alimentos son iguales. La ciencia lleva tiempo poniéndolo de manifiesto: hay alimentos mejores y peores, tanto desde el punto de vista de la salud individual como desde el de la salud planetaria. Lo que comemos hoy condiciona nuestra esperanza de vida y, a la vez, el futuro del planeta. En una sociedad que ha elevado el criterio de mercado al altar de lo intocable, proponer políticas que lo modifiquen —aunque sólo sea regulando algo tan acotado como la publicidad infantil— se ha convertido en un gesto casi revolucionario. Podemos preguntárnoslo de este modo: ¿por qué cuesta tanto aprobar una norma que prohíbe que los ingentes recursos del marketing se dediquen a atraer a nuestros hijos e hijas hacia prácticas de consumo que serán sus enfermedades de mañana?

Todos sabemos que si dejamos de comer nos morimos, pero abrir el debate sobre la calidad de lo que comemos y sobre sus impactos —laborales y ecológicos— no resulta nada fácil. Todos recordamos, yo el primero, la polémica del chuletón. El problema es que el asunto de fondo es muy serio. Vivimos en un planeta bajo un calentamiento global descontrolado, con afectación creciente sobre las cosechas, con redes de comercio internacional cada vez más tensionadas —véase, sin ir más lejos, lo que ocurre en el estrecho de Ormuz— y donde los países deberían estar diseñando estrategias serias de seguridad y suficiencia alimentaria.

¿Suena exagerado? Conviene recordar algunos hechos. Hace unos días impartí una clase en un máster y la mayoría de los alumnos no sabía que la producción de alimentos es altamente dependiente de fertilizantes intensivos en energía fósil; que su transporte exige más combustibles fósiles; que los agentes que controlan la cadena son cada vez en mayor medida grandes fondos y empresas, y cada vez menos agricultores y ganaderos tradicionales; y que el reparto de poder dentro de las cadenas de distribución es totalmente asimétrico. Un sector tan central para nuestra supervivencia es, al mismo tiempo, altamente vulnerable a la crisis ecosocial y crecientemente controlado por unos pocos actores. Una combinación explosiva.

Frente a este panorama existen herramientas que apuntan en la dirección correcta. La Organización Mundial de la Salud lleva años desarrollando perfiles nutricionales —modelos científicos que clasifican los alimentos según su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y otros componentes— que son, precisamente, la base técnica de regulaciones como la que se ha tumbado en el Congreso. En paralelo, la dieta planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet articula con criterios científicos cómo deberíamos alimentarnos para que el planeta soporte a una población creciente sin sobrepasar sus límites biofísicos. Un informe científico de Alimentta ha medido cómo debería cambiar nuestro sistema agroalimentario para cumplir esas exigencias ambientales y darnos de comer de manera saludable, demostrando que es técnicamente viable. Todos esos casos son intentos serios de poner la ciencia al servicio de una alimentación compatible con la salud humana y planetaria. La ciencia es la mejor brújula que tenemos para abordar estas cuestiones. Que regular la publicidad dirigida a la infancia siguiendo estos criterios sea políticamente conflictivo dice mucho del estado de la cuestión.

Toda regulación que avance en esta dirección es, hoy por hoy, insuficiente. Por eso conviene reconocer y agradecer el trabajo del Ministerio de Consumo y, también, el de toda esa sociedad civil organizada —asociaciones de pediatras, nutricionistas, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores— que lleva años empujando para que estos avances sean posibles. Bustinduy ha encabezado una propuesta que ha conseguido más adeptos que la que yo defendí hace unos años —porque el PSOE, esta vez, ha votado a favor—, aunque todavía no los suficientes. Lo de esta semana es un revés, pero no debería desanimarnos. Precisamente porque está en juego la salud de nuestros hijos, y la del planeta que les vamos a dejar, el esfuerzo merece la pena. Y más temprano que tarde, España quedará libre de estas viejas servidumbres para pasar a proteger a sus ciudadanos, empezando por los más pequeños. 

La Guardia Civil investiga a un varón como supuesto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual, relacionados con la creación de imágenes sexualizadas de menores generadas mediante inteligencia artificial, conocidas como 'deepfake', en una localidad de la provincia de Cáceres.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de varias imágenes manipuladas digitalmente en las que aparecían menores de edad, perfectamente reconocibles, utilizando sus rostros sobre cuerpos desnudos mediante técnicas de edición y generación artificial de imágenes. A raíz de estos hechos se interpusieron hasta cuatro denuncias, iniciándose una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Las gestiones practicadas permitieron averiguar que las imágenes habían sido elaboradas mediante una aplicación de inteligencia artificial utilizando fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales de las víctimas, principalmente Instagram, con las que el investigado mantenía relación de amistad o contacto en dicha plataforma.

Advertencias de la Guardia Civil

La Guardia Civil señala que este tipo de conductas pueden constituir delitos graves contra la libertad e indemnidad sexual, especialmente cuando afectan a menores de edad, incluso aunque las imágenes hayan sido creadas artificialmente y no correspondan a fotografías reales.

Por este motivo, hace una serie de recomendaciones sobre el uso seguro de redes sociales y los riesgos de los 'deepfake', como la importancia de realizar un uso responsable y seguro de las redes sociales, especialmente entre menores de edad, ante el aumento de casos relacionados con la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.

Aconseja como prevención, configurar los perfiles sociales como privados y limitar el acceso únicamente a personas de confianza, evitar compartir imágenes personales sensibles o fotografías que puedan ser utilizadas de forma indebida y supervisar periódicamente las listas de seguidores y contactos en redes sociales.

También desconfiar de aplicaciones o herramientas que permitan modificar imágenes mediante inteligencia artificial con fines aparentemente lúdicos, hablar con los menores sobre los riesgos digitales y fomentar la comunicación ante cualquier situación incómoda o sospechosa.

Conservar pruebas, capturas o enlaces en caso de detectar imágenes manipuladas o difundidas sin consentimiento, denunciar inmediatamente este tipo de hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son otras recomendaciones.

Ademas, recuerda que la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de menores mediante inteligencia artificial “no es una broma ni un juego” y puede tener graves consecuencias penales y psicológicas para la víctimas. 

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha detallado que abrirá un expediente sancionador al Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla en el marco del caso de Sandra Peña, la niña sevillana de 14 años que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.

En declaraciones a medios de comunicación en una visita el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado, la consejera se ha referido al archivo de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña contra el colegio y docentes del mismo, entre ellos el director, la jefa de estudios y la tutora de la menor, al considerar el juez que si bien “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar”, sí “se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias”.

“Nosotros, desde el punto de vista administrativo, formal, tenemos claro que no se abrieron los protocolos y, por tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo”, ha añadido al respecto.

Al hilo, ha explicado que “en el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos”. “Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación”, prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. “Esta comisión ha finalizado. También estábamos pendientes de ver cómo iba actuando la autoridad judicial, como no podemos hacerlo de otra manera. Pero esta comisión ha terminado sin acuerdo, y, por tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de las normas”, ha aclarado.

La consejera ha incidido en que, por el momento, la consejería se encuentra a la espera de las conclusiones de la Fiscalía de Menores respecto al informe sobre acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios. “Cuando tengamos eso, llevaremos a cabo el expediente sancionador, en eso estamos, pero siempre esperamos a los procedimientos judiciales”, ha esgrimido Castillo.

Sobre la pérdida del concierto por parte del referido centro, Castillo ha vuelto a insistir en que será la instrucción la que determinará la evolución del caso, así como las conclusiones de la fiscalía de menores y la resolución judicial.

Si la infracción fue leve, el mismo podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, “normalmente con sanciones de tipo económico”, o muy grave, que “son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto”, explicó en su momento la Consejería.

Francia se enfrenta a un escándalo de abusos a menores en el que se está investigando a “monitores” de decenas de escuelas infantiles y primarias públicas por actos de violencia, agresiones sexuales y violaciones.

La Policía de París está investigando más de 100 denuncias de malos tratos, violencia física y violaciones de niños de tan solo tres años por parte de monitores escolares durante las pausas para comer, la hora de la siesta y las actividades extraescolares, según han confirmado los fiscales.

“Tenemos investigaciones en curso en 84 centros de preescolar, unas 20 escuelas primarias y unas 10 escuelas infantiles”, ha declarado la fiscal jefe de París, Laure Beccuau. Los abogados indican que las investigaciones incluyen supuestas violaciones de niños de tan solo tres y cuatro años.

Asociaciones de padres y madres dicen que llevaban años luchando para que se tomaran en serio las denuncias. Señalan que las deficiencias en el proceso de selección y en la verificación de los monitores escolares permitieron que los abusos continuaran.

“Es un escándalo de enormes proporciones”, afirma Florian Lastelle, abogado de tres familias parisinas que han presentado denuncias ante la policía por los supuestos abusos sufridos por sus hijos. “El sistema educativo público es motivo de orgullo en este país, pero, lamentablemente, en la Francia actual no se puede afirmar que el servicio público garantice la seguridad de los niños”.

Presencia diaria

Los monitores escolares son adultos que se encargan de los niños durante el almuerzo, los recreos, la siesta y las actividades extraescolares, y a veces pasan más tiempo con los niños que los profesores. No son empleados directamente por las escuelas ni por el Ministerio de Educación, sino que son contratados por el Ayuntamiento o las autoridades locales, a menudo sin formación ni títulos profesionales y, cada vez más, con contratos temporales, y muchos de ellos cobran por horas.

La educación infantil es obligatoria en Francia a partir de los tres años, y los monitores escolares son una presencia diaria clave para los niños de entre tres y 11 años.

Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué

Louis Cailliez — Abogado de dos familias de París

Las acusaciones contra los monitores escolares denunciadas por padres y madres de toda Francia incluyen gritos a los niños, empujones, tirones de pelo, privación de comida, obligarles a comer hasta que vomitan y agresiones sexuales o violaciones.

“Es una tortura diaria”

El abogado Louis Cailliez, que representa a dos familias de París, presentó denuncias ante la policía en febrero por las presuntas violaciones de sus hijos en escuelas infantiles en 2025. En uno de los casos, una niña de tres años fue supuestamente violada por un monitor escolar en una guardería del oeste de París. En otro caso, un niño de tres años fue supuestamente violado por el mismo monitor, que había sido trasladado a otra guardería tras las denuncias de que había ejercido violencia física contra los niños.

“Una mañana, el niño de tres años se angustió tanto frente a la puerta del colegio, negándose a entrar, que entró en una especie de trance y su madre se echó a llorar. El director tuvo que salir para obligar al niño a entrar en el colegio, y en ese momento ni la madre del niño ni el director sabían por qué”, dice Cailliez.

Afirma que los niños sufrían física y psicológicamente las repercusiones del supuesto abuso. “Es una tortura diaria para los padres, que quieren que la investigación avance para determinar la magnitud de los delitos”, dice.

Cailliez asegura que el sector de los monitores escolares en Francia es un “desastre” y “una catástrofe nacional”.

La semana que viene comienza en París el juicio contra un monitor escolar acusado de abusar sexualmente de cinco niños de entre tres y cinco años en una escuela infantil del distrito 11. Se espera que el próximo mes se dicte sentencia en otro caso contra un monitor escolar de 47 años acusado de abusar sexualmente de nueve niñas de 10 años en París.

Plan del Ayuntamiento de París

Emmanuel Grégoire, el nuevo alcalde socialista de París, ha puesto en marcha un plan de 20 millones de euros para hacer frente a lo que él mismo ha calificado de “grave disfunción” en el sistema de monitores escolares de la ciudad. “Si hubo un error colectivo, fue tratar estos incidentes como casos aislados cuando, en realidad, apuntan a un riesgo sistémico y, tal vez, incluso a un silencio sistémico”, declaró Grégoire a Le Monde el mes pasado.

Entre enero y abril, el Ayuntamiento de París suspendió a 78 monitores escolares, incluidos 31 sospechosos de abuso sexual.

Grégoire, quien reveló que sufrió abusos sexuales de niño por parte de un monitor escolar, ha creado una asamblea ciudadana para debatir el papel de los monitores escolares, que presentará sus conclusiones en junio.

La asociación de padres SOS Périscolaire ha estado al frente de la recopilación de testimonios y de la campaña en favor de la justicia durante los últimos cinco años, en medio de una lucha por hacer oír la voz de los padres. Una de sus fundadoras, Anne, que no quiso que se publicara su nombre completo, afirmó que el escándalo de los abusos es de ámbito nacional. “Es claramente un problema sistémico y que afecta a toda Francia. No solo hay disfunciones a nivel municipal, sino que estamos empezando a decir que también las hay por parte del Estado”.

Según indica, es una buena señal que la fiscalía haya abierto investigaciones sobre los monitores escolares: “Por fin se están tomando en serio los testimonios de padres e hijos”. Explica que los progenitores luchan para que se tomen medidas básicas, como que se les facilite una lista con los nombres y las fotografías de los monitores escolares que trabajan con las clases de los niños. Esta información aún no se facilitaba de forma sistemática.

Un portavoz de otro grupo de padres y madre, #MeTooEcole, creado en el este de París, declara: “La sociedad francesa está tomando conciencia de que la escuela no es el santuario que creíamos. Cuando dejas a un niño en el colegio por la mañana, ese niño no está en absoluto protegido contra la disfunción administrativa y el comportamiento pedófilo. Los niños se enfrentan a todo tipo de violencia: desde la violencia verbal y física hasta los abusos sexuales. Es espantoso y está generando miedo. Los padres están indignados”.

Niños y niñas de 0 a 3 años permanecen expuestos a temperaturas extremas que este viernes se han movido en una horquilla entre los 33 y 36 grados en el Centro de Alojamiento de Menores 'Los Pilares', ubicado en Oviedo/Uviéu y dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.

Pese a su alta vulnerabilidad, la administración autonómica no ha puesto remedio a una situación que ha colocado a bebés y a menores totalmente indefensos en una situación de grave riesgo, según han denunciado representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) e Izquierda Sindical Asturiana (ISA).

Un traslado provisional

Las organizaciones sindicales han comunicado inmediatamente esta situación al Principado y han pedido que los bebés y menores sean trasladados de forma provisional a un espacio seguro mientras se mantengan estas altas temperaturas que se registran en Asturias.

CCOO, CSIF e ISA han advertido a la administración regional del riesgo al que se está exponiendo a los menores. Además, recuerdan que con ello se vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y se compromete el bienestar integral de los menores, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

Una situación “crítica”

Los representantes sindicales sostienen que todos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar son “plenamente conocedores” de la situación denunciada.

“Las condiciones ambientales dentro del Centro de Alojamiento de Menores ‘Los Pilares’ han alcanzado una situación crítica”, aseveran.

Las mediciones

Las dependencias que albergan al Grupo de Urgencia de menores de 0 a 3 años han registrado temperaturas extremas, según las mediciones realizadas mediante dispositivos instalados por las propias trabajadoras para controlar la temperatura interior.

Sin embargo, según explican los sindicatos, desde la administración autonómica se sigue sin adoptar “medidas eficaces y definitivas” para corregir esta situación. Ante la gravedad de los hechos, se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y se ha realizado una comunicación verbal “urgente” ante la Fiscalía de Menores.

Las trabajadoras, también afectadas

“La situación afecta de manera directa a un colectivo de extrema vulnerabilidad: bebés y niños de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo el sistema de protección e intervención inmediata de la comunidad autónoma. Las Técnicas de Educación Infantil (TEI), responsables de funciones de atención continuada y cuidados permanentes, desempeñan su labor en condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales, que establece para este tipo de actividad una temperatura máxima recomendada de 25 °C”, señalan los representantes sindicales.

Denuncian que trabajar y residir bajo estas condiciones térmicas supone un posible incumplimiento del Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, además de constituir un riesgo evidente para la salud de los menores —incluyendo deshidratación o golpes de calor— y para la seguridad y salud de los trabajadores del centro.

Levantar acta

Ante la falta de actuaciones “efectivas” y la demora en las respuestas logísticas necesarias para climatizar adecuadamente las instalaciones —que recientemente habían modificado sus estructuras organizativas—, las organizaciones sindicales han optado por la vía legal y fiscal con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor e impulsar una intervención técnica inmediata por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

“Esperamos que la Inspección de Trabajo realice una visita extraordinaria a las instalaciones de manera inminente para levantar acta de las condiciones ambientales denunciadas”, confían.

Red de protección infantil

Paralelamente, las organizaciones sindicales han solicitado al Principado la dotación urgente de sistemas de climatización adecuados.

El Centro de Menores ‘Los Pilares’ es una instalación pública integrada en la red de protección infantil del Principado de Asturias. El Grupo de Urgencia de 0 a 3 años tiene como función la acogida inmediata y la valoración diagnóstica de menores en situación de vulnerabilidad familiar o desamparo social.

El grupo 0 a 3 se integró hace apenas un mes al centro 'Los Pilares' y ya han surgido los primeros problemas por la falta de medidas preventivas ante las elevadas temperaturas que se registran este viernes en la comunidad autónoma asturiana. 

La madre biológica de una recién nacida ha abandonado el centro hospitalario con su hija, pese a la orden de paralización del alta sanitaria de la pequeña, por temor a que le quitasen su custodia al tener abierto un expediente en Servicios Sociales por desprotección del menor. La mujer tampoco disponía de su propia alta sanitaria.

Este es el segundo caso, con apenas tres semanas de diferencia, donde se registra una situación similar en el que los progenitores han logrado escapar con sus hijos por temor a no volver a verlos, según las versiones familiares.

Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado mantienen activas las órdenes de búsqueda para tratar de localizarlos.

Sin pistas sobre el paradero de Miranda

El primer caso fue el de Miranda M.M., la niña de cinco años, de 1,20 de estatura, complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones que fue sustraída por sus padres biológicos del punto de encuentro de un centro del Principado de Asturias donde la visitaban y de quien de momento se desconoce su paradero y el de sus progenitores.

Miranda llevaba 18 meses conviviendo con su familia de acogida y tenía visitas con sus padres biológicos reguladas y controladas por la administración autonómica. Al haberse desarrollado con anterioridad sin incidentes, la familia biológica tenía autorizados permisos para verla en un punto de encuentro.

Su imagen ha sido difundida a través de las redes sociales por SOS Desaparecidos por si alguna persona ha podido verla o puede ofrecer algún dato que pueda conducir a su localización. A continuación reproducimos el cartel que se ha publicado en X.

La agresión a una educadora

Sin embargo, a principios de este mes, en una de estas visitas, los padres biológicos agredieron a una de las educadoras que supervisaba la visita que realizaban a la menor en un punto de encuentro en un centro especializado en acogimiento familiar y huyeron con la niña, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, de la que es titular Marta del Arco.

La salida del hospital con la bebé

El segundo caso donde hay involucrado un menor y la situación familiar está bajo el control de los servicios sociales se ha registrado esta misma semana.

El pasado martes, una mujer dio a luz a una niña en el HUCA y, en un momento dado, aprovechó para salir del centro hospitalario con la pequeña. Según las fuentes consultadas, había vigente una orden de paralización del alta de la niña que la madre conocía. Al comprobar que ninguna de las dos se encontraban en el hospital, se alertó a Policía Nacional y Guardia Civil.

El caso de Miranda llega al Parlamento

La Comisión de Derechos Sociales de la Junta General del Principado celebraba sesión ayer, jueves, en Oviedo/Uviéu y los reproches por las circunstancias que rodearon a la desaparición de Miranda M.M. se sucedieron entre la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y la diputada del Partido Popular (PP), Beatriz Polledo.

Del Arco reprochó al PP que utilizase una “acción violenta” como la que llevaron a cabo los padres biológicos de Miranda M.M. para convertirla en una “negligencia” de los profesionales o del sistema de protección de menores.

Del Arco: “No existían antecedentes”

La consejera recordó que el riesgo cero “no existe” y reiteró que la visita había sido supervisada de acuerdo a los protocolos que se aplican para minimizar riesgos.

“No existía antecedente, ni ningún indicador” que hiciera prever una actuación “repentina e inesperada”, que llevara a los padres biológicos a sustraer a la menor, añadió Del Arco.

Polledo: “¿Qué controles existían?”

Para la titular de Derechos Sociales y Bienestar, el PP es “tremendamente irresponsable” por sus críticas a la gestión del Sistema de Protección de Menores en relación con el caso de la menor sustraída durante una visita familiar supervisada en Oviedo/Uviéu.

Unas palabras que fueron rechazadas por Beatriz Polledo, para quien la desaparición de Miranda M.M. exige “la máxima claridad y responsabilidad” sin que la necesaria confidencialidad pueda ser “una coartada para evitar rendir cuentas” y evitar que los diputados conozcan “qué falló, quién debía supervisar, qué controles existían y qué responsabilidades políticas se van a asumir”. 

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un condenado a 14 años de cárcel por abusar de dos nietas menores de edad, de los que 8 se corresponden a lo ocurrido con una y 4 a la otra y el pago de 45.000 y 15.000 euros, tal y como pedía la Fiscalía.

En su momento quedó absuelto de dos delitos continuados de exhibición de material pornográfico por el que la Fiscalía le pedía dos años de prisión al atribuirle que en varias ocasiones le exhibió a las niñas videos para adultos.

Al igual que ocurrió en las instancias judiciales anteriores, el Supremo da por probado que el abuelo paterno de ambas cuando tenía entre 66 y 75 años y las niñas desde los 6 hasta los 14 años, abusaba de ellas cuando se quedaba a su cuidado.

El procesado estaba al frente de una cantina situada en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana se hacía cargo de las niñas cuando los padres lo necesitaban.

El hombre, según la sentencia condenatoria, amenazaba a las menores que si contaban algo de lo que les hacía destruirían a la familia.

Ante el Supremo, el condenado alegó que las declaraciones de las víctimas carecían de persistencia dada la corta de edad que tenían y el largo espacio de tiempo transcurrido hasta que presentaron la denuncia y que no existieron síntomas externos ni indicios objetivos apreciables en su entorno.

También que las manifestaciones de los padres no son una prueba directa, sino relatos de referencia, que nadie vio lo ocurrido excepto una testigo, ajena a la familia, que aseguró haber presenciado algunos episodios pero que calló para evitar problemas y cuyo testimonio el acusado cuestiona.

Finalmente, indica que las pruebas periciales psicológicas no resultan concluyentes por cuanto se limitan a afirmar que existen secuelas compatibles con abusos sexuales, si bien, a su juicio, podrían derivar de otro trauma sufrido por las denunciantes.

La respuesta del Supremo es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia provincial ratificaron de forma “razonable y motivada” las pruebas presentadas “de acuerdo con las reglas de la lógica, la razón y las máximas de la experiencia. No se aprecian graves imprecisiones, fisuras, discordancias o quiebras en el relato de la denunciante”.

En cuanto a la credibilidad se indica que no son consideradas “faltas de persistencia el cambio de orden de las afirmaciones, ni sucesivas ampliaciones del relato cuando no se afecta la coherencia y la significación sustancial de lo narrado y evidencia una tendencia a la fabulación imaginativa”, señala el texto legal.

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico, tuvieron repercusiones físicas, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones con normalidad.

El Defensor del Pueblo ha abierto este jueves una investigación ante diferentes administraciones públicas “para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales”, ha informado la institución en un comunicado. La actuación se dirige ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado.

La investigación se origina a raíz de la queja del progenitor de una menor con antecedentes de autolesiones e intento de suicidio, que recibía sistemáticamente publicaciones sobre prácticas suicidas en la red social X. Antes de acudir a la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el padre denunció la situación ante la propia plataforma tecnológica, pero la empresa rechazó eliminar las publicaciones tras considerar que su contenido era acorde con la legalidad.

“Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática”, detalla el Defensor del Pueblo.

Inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido. Posteriormente, es el propio algoritmo el que proporciona información nociva de forma automática

Defensor del Pueblo

Esta situación puede inducir a los menores “a riesgos para su integridad física e incluso para su vida” como “consecuencia del uso de las redes sociales”, ya que quedan “expuestos a contenidos nocivos”, avisa la institución.

Para determinar los mecanismos de control institucionales, Gabilondo ha requerido a Telecomunicaciones detalles sobre las actuaciones previstas para evitar estas situaciones. El Defensor del Pueblo solicita saber si existe la posibilidad de informar de estas circunstancias a las plataformas tecnológicas para proceder a la supresión del contenido y controlar las publicaciones futuras. Asimismo, al Comisionado de Salud Mental le pide que aclare si dispone de medios de asistencia inmediata para que los menores o sus familiares reciban información sobre el protocolo a seguir. Por último, la Fiscalía General del Estado deberá detallar las acciones penales emprendidas en relación este tipo de hechos y aclarar si las empresas que gestionan las redes sociales adoptan las medidas dictadas por los órganos judiciales.

Se suma al debate sobre redes y menores

Este requerimiento coincide con el debate parlamentario en el Congreso sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una propuesta normativa que plantea elevar la edad mínima para el uso de redes sociales de los 14 años actuales a los 16. El Gobierno ha fijado esta medida como una de las prioridades para este 2026 y ya tiene lista una aplicación móvil que forzaría a todos los usuarios a verificar su edad para acceder a las redes con el objetivo de bloquear completamente su uso por menores de 16.

La iniciativa del Ejecutivo está inspirada en Australia, que prohibió el uso de plataformas digitales a los menores de 16 años bajo multas millonarias para las empresas tecnológicas. No obstante, los primeros informes oficiales del regulador australiano constatan que el 70% de los adolescentes que ya utilizaban redes como Instagram, TikTok o Snapchat ha logrado mantener el acceso mediante herramientas de anonimización como redes privadas virtuales o identidades falsas.

El debate sobre la aplicación de la Ley, en caso de que sea aprobada por el Congreso, se prevé acalorado. Las principales patronales del sector tecnológico recelan de los planes del Gobierno. Lo consideran “un control duro” que añade un proceso de identificación desproporcionado para los adultos, defendiendo en su lugar soluciones flexibles basadas en la concienciación y las herramientas de control parental.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.