Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

El Parlamento francés aprobó este martes de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo curso escolar.

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo en sus redes sociales poco después de la aprobación definitiva del texto, en el que celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato.

“Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar”, escribió al compartir el vídeo en la red social X.

El jefe del Estado agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación. “Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet”, añadió.

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

La ley no fija un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

El texto también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas. En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, a partir del 1 de enero de 2027.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia “es pionera en Europa” al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales.

Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción similar, pero en su caso para los menores de 16 años.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga vigente la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus tres hijos menores al matrimonio que durante cuatro años -entre 2021 y 2025- aisló a los niños de todo contacto con el mundo exterior por temor al contagio del Covid.

En una comparecencia celebrada hoy ante los magistrados, la Fiscalía se ha posicionado a favor del mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025 contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Los padres, en libertad

La pareja abandonó la semana pasada el Centro Penitenciario de Asturias donde permaneció recluida desde su detención, en abril de 2025.

La Fiscalía solicitó esta mañana el mantenimiento de la medida cautelar en tanto en cuanto la sentencia no es firme y tras el anuncio hecho público ayer de que va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), según ha confirmado un portavoz a elDiario.es Asturias.

La condena y su revisión

Cristian S. y Melissa A.S. habían sido condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

Sin embargo, el pasado 12 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al analizar los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de la Audiencia absolvieron a los padres del delito de violencia psíquica habitual y mantuvieron el delito de abandono familiar. Esta circunstancia llevó a la puesta en libertad del matrimonio.

Una sobreprotección “mal entendida”

El alto tribunal argumentó su absolución sobre el primer delito en la falta de acreditación de que la pareja hubiera llevado a cabo “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar”.

Al contrario, la Sala sostuvo que tanto Cristian S. como su esposa Melissa A.S. ejercieron una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

Esta era la misma línea argumental que mantuvieron los abogados defensores Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, quienes desde un principio se postularon en contra de que el caso se hubiera seguido por la vía penal.

Privados del derecho a la educación

Los magistrados del TSJA declararon la responsabilidad de los padres en un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que se vieron privados deliberadamente del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante los cuatro años que permanecieron sin salir al exterior.

La Fiscalía del Principado había anunciado ayer su decisión de recurrir en casación la sentencia del alto tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo al considerar que, en su caso, ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

En un centro de acogida

El anuncio de la interposición del recurso y al no ser la sentencia firme, en la comparecencia de esta mañana en la Audiencia Provincial la Fiscalía ha reiterado su petición inicial de que los padres de los tres menores no recuperen la patria potestad y los menores sigan en un centro de la administración regional bajo la supervisión de los servicios sociales para garantizar su normal desarrollo que se vio afectado por el aislamiento durante los últimos cuatro años.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

Un hombre de 47 años y natural de Pamplona ha sido condenado a dos años de prisión por dos intentos de agresiones sexuales a una menor. La joven, de 15 años, fue acorralada en una de las puertas de acceso de la Ciudadela de Pamplona, donde el condenado intentó tocarle los pechos y las nalgas. La víctima consiguió zafarse y huir, impidiendo las agresiones sexuales.

A consecuencia de la agresión sexual, la menor presenta secuelas, como ansiedad fóbica y ciertos pensamientos recurrentes relacionados con los hechos, según consta en la sentencia. El inculpado, se describe, “presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de tóxicos, que al tiempo de los hechos limitaron sus facultades volitivas e intelectivas de forma leve”.

Según recoge la sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Se ha tenido en cuenta el atenuante de trastorno mental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco años. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) tendrán bajo su responsabilidad dirimir sobre la situación de la familia que durante cuatro años permaneció aislada de todo contacto con el mundo exterior en un chalé a las afueras de la capital asturiana. Los padres mantuvieron en todo momento que su decisión de evitar cualquier relación con terceras personas a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen 9 años y su hermano de 11- se debía al “miedo insuperable” que tenían a que contrajeran el Covid.

La propia Policía Local de Oviedo/Uviéu bautizó el caso como 'el chalé/la casa de los horrores' al liberar a los niños, ante el deplorable estado en que se encontraba la vivienda y los menores que, a pesar de su edad, seguían con pañales y sin escolarizar.

La Fiscalía asturiana ha explicado, a través de un portavoz, que elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que una vez examinado, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La base del recurso

Este lunes, la Fiscalía ha comunicado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un escrito por el que anuncia la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada por el alto tribunal asturiano el pasado 12 de julio.

La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

La revisión de la condena

En este segundo fallo judicial, dictado el 12 de julio, el TSJA revocaba parcialmente la sentencia condenatoria que había dictado la Audiencia Provincial de Asturias el pasado 11 de mayo.

Los magistrados de la Sección Segunda habían impuesto sendas penas de dos años y diez meses de prisión a cada miembro del matrimonio, integrado por el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense, por sendos delitos de violencia psíquica habitual y les condenaron a seis meses de cárcel por el delito de abandono familiar.

La apelación

Por el contrario, el TSJA, en su sentencia del pasado 12 de julio estimó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones legales de los padres, y revocó la condena de ambos progenitores por el delito de maltrato psicológico, por lo que a partir de ese momento quedaban absueltos del mismo. El resto de peticiones de las defensas fueron desestimadas.

Las medidas cautelares, sin efecto

La Sala Civil y Penal también desestimó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la representación legal del Principado, y ordenó que se dejasen sin efecto las medidas cautelares que se encontrasen vigentes.

Por tanto, el TSJA mantuvo los seis meses de prisión para cada miembro de la pareja por su autoría en el delito de abandono de familia por lo que anunciaba que los progenitores podrían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias -donde permanecieron ingresados desde abril de 2025- en cuanto estuvieran listos los autos de la Sección Segunda de la Audiencia sobre su puesta en libertad.

El fallo del TSJA reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%

No se acreditaron “actos humillantes”

El tribunal declaró probado que los padres no podían ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar” en el que los niños, que actualmente se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se produjo fue una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

El “ocultamiento social” de los menores

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35%.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables ambos progenitores es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que, según aprecia el tribunal, se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante esos cuatro años.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

La Guardia Civil investiga a un menor de 14 años de Logroño como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil. El menor ha sido identificado como el responsable de la creación y difusión de imágenes falsas de contenido sexual que afectaron a nueve compañeras de clase, todas ellas menores de edad.

La investigación, desarrollada por agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo@, determinó que el joven conocía personalmente a todas las víctimas y las seguía en sus redes sociales, de las que obtuvo las fotografías de sus compañeras sin su consentimiento, accediendo al contenido público de sus perfiles. Posteriormente, utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para manipularlas, desnudarlas digitalmente y sexualizarlas.

Una vez generado el material pornográfico falso (deepfakes), el menor lo subió a una página web de pornografía para adultos. Para dotar de mayor difusión al contenido, creó un perfil en dicha plataforma con la descripción “Subo chicas de mi insti hechas con IA” y organizó el material en carpetas individuales con datos personales de cada víctima. Esta acción facilitó el reconocimiento de las menores y multiplicó el daño emocional y social sufrido por las víctimas.

Antes de que el contenido pudiera ser eliminado, las imágenes falsas ya habían alcanzado cerca de 40.000 visualizaciones, provocando que el perjuicio a la intimidad de las nueve menores se amplificara de manera incontrolable en cuestión de horas.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Asimismo, los padres o tutores legales deberán responder de forma solidaria por los daños morales ocasionados a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.

“Hay muchos niños y niñas que no han visto nunca la playa, la arena o el agua del mar. Programas como estos les permiten salir de sus centros en verano para ver la vida que hay fuera, cosas tan simples como tomarse un helado o bañarse en la playa”. Inés Montoro es una joven maestra de educación infantil que, cuando era pequeña, vivió en un centro de menores y fue acogida por una familia con la que después se quedó.

Su experiencia personal con los programas de acogimiento familiar en verano fue ambivalente: salió cuatro veranos con cuatro familias diferentes, y solamente la última ocasión fue positiva. Aun así, valora mucho este tipo de iniciativas: “Si se organizan bien, pueden ser una experiencia muy bonita en la que se puede dar un intercambio entre niños y familias”, explica.

El acogimiento es una medida de protección a la infancia, que se aplica a menores que, por diferentes motivos, no pueden permanecer con sus familias de origen. Puede ser residencial –en un centro de menores– o familiar, y en este último caso hay diferentes tipologías: de urgencia, permanente o temporal. Dentro de este último tipo existen programas específicos que se aplican en vacaciones o fines de semana, dando la oportunidad a niños y niñas de salir de sus centros y de convivir con familias en periodos cortos.

Aunque todas las recomendaciones nacionales e internacionales, tanto de organismos públicos como de asociaciones especializadas, recomiendan que prevalezca el acogimiento familiar frente al residencial, los datos dicen lo contrario: con datos del Ministerio de Juventud e Infancia de 2024, España atendía a 55.010 niñas, niños y adolescentes, un 5,8% más que el año anterior. De ellas y ellos, 36.463 se encontraban en alguna modalidad de acogimiento. 19.977 residenciales, en centros de menores.

Ante esta situación, se han puesto en marcha diferentes programas que buscan que, al menos en verano –o en otras vacaciones, puentes o fines de semana– esos niños y niñas puedan salir de sus centros de menores. Su gestión depende de las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. De ahí que su implantación sea desigual: mientras comunidades como Madrid o Andalucía tienen este tipo de programas muy asentados, en otras como Galicia existen más trabas.

Los niños que llevan muchos años institucionalizados pueden tener miedo a irse con una familia, al final son personas desconocidas. Así que este tipo de experiencias les permiten atreverse a conocer a una familia y sentirse únicos

Adriana de la Osa — presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar

Foco en la infancia

Carlos Chana es el responsable de Jóvenes e Infancia en Cruz Roja Española, entidad que colabora con el sistema de acogimiento familiar desde hace cuatro décadas. Para él, los programas vacacionales son experiencias que “pueden ser valiosas cuando se construyen desde las necesidades del niño, niña o adolescente, con preparación, acompañamiento profesional y recursos suficientes”, explica el portavoz. También cree que se trata de medidas que ayudan a difundir socialmente el acogimiento familiar: “Pueden ayudar a visibilizar la parentalidad social como una expresión de compromiso colectivo con la infancia, contribuyendo a fortalecer una cultura de cuidado, solidaridad, corresponsabilidad y cuidados comunitarios”. Chana invita a poner el foco en las necesidades de los menores: “Su sentido principal debe estar siempre en ofrecer experiencias familiares seguras, protectoras y emocionalmente cuidadas, integradas en el sistema público de protección y orientadas al interés superior de cada niño, niña o adolescente”, aclara.

Desde la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), su presidenta Adriana de la Osa también valora positivamente estos programas. “Tienen una doble función: dan a conocer la realidad del acogimiento familiar a las familias que se animan y a todo su entorno, y permiten a los niños y niñas salir de los centros de menores en verano, teniendo una experiencia en una familia normalizada”, explica. También ella invita a centrarse en las necesidades de la infancia: “Los niños que llevan muchos años institucionalizados pueden tener miedo a irse con una familia, al final son personas desconocidas. Así que este tipo de experiencias les permiten atreverse a conocer a una familia y sentirse únicos”, reflexiona.

Adriana también tiene una experiencia personal con esta modalidad de acogimiento, con la que ejemplifica la importancia de que el menor se sienta “único”: “En el verano de 2021, tras muchos años siendo voluntaria en un centro de menores, me llevé a uno de los niños de vacaciones conmigo y con mi hijo. Recuerdo la primera vez que fui con él al supermercado y le pregunté qué quería desayunar. No supo elegir, me contestó que lo mismo que mi hijo, y es porque era la primera vez que alguien le preguntaba a él directamente qué le gustaba”. Adriana recuerda aquel verano como una experiencia “maravillosa”: “Mi hijo Martín tenía 15 años y Aitor [el niño al que acogieron] tenía 12. Se pasaron todo el verano como cualquier adolescente: jugando a la Play, saliendo en bici, jugando al baloncesto...”. A día de hoy, Aitor vive con ellos en acogimiento permanente.

En la familia de Vicente Molina conviven dos papás, dos hijos adoptados y ahora también una niña pequeña en acogimiento temporal. Molina, que además de padre es técnico de menores, reconoce que la experiencia de acoger cambió su percepción sobre este tipo de medidas. “Antes de tener a la niña en acogimiento temporal, yo pensaba que las medidas temporales podían tener consecuencias contraproducentes, ya que se le estaba otorgando la posibilidad de vivir en familia los meses de verano a un niño o niña que luego se podía quedar más roto en el momento de volver al centro. Me parecía un tortazo de realidad”, reconoce.

Antes de tener a la niña en acogimiento temporal yo pensaba que las medidas temporales podían tener consecuencias contraproducentes, que luego los niños y niñas se podían quedar más rotos en el momento de volver al centro

Vicente Molina — padre de familia de acogida y técnico de menores

Sin embargo, la experiencia actual le ha hecho cambiar de opinión: “Creo que esto es algo que muchas familias que se plantean el acogimiento o la adopción deben saber, ya que les puede hacer cambiar su postura, como nos pasó a nosotros. Al salir del centro, estos niños y niñas tienen la oportunidad de entrar en un círculo social en el que alguien pueda conocerlos, comprender su historia y conectar con ellos y ellas. Profesores, pediatras, familiares o cualquier otro adulto que, de otro modo, probablemente nunca llegaría a cruzarse en su camino. En muchos casos, el desconocimiento sobre el acogimiento familiar hace que muchas personas nunca lleguen a plantearse esta posibilidad”.

Molina lo ejemplifica con la niña que está esta temporada en su casa: “Ella no solo está viviendo con nosotros, sino que le estamos abriendo un círculo social. ”Incluso cuando el acogimiento es solo temporal, sacarlos del centro les brinda la oportunidad de ser vistos, comprendidos y de despertar una sensibilidad que puede transformar su futuro y el de otros niños y niñas“. Según el técnico de menores, sin este tipo de medidas las posibilidades de que los menores salgan de los centros son escasas: ”Desgraciadamente, siguen faltando familias, y un niño o niña de cinco o seis años en acogimiento residencial tiene muy pocas posibilidades de acabar en una casa“, asegura.

Más medidas de apoyo

Ante las altas cifras de menores que viven en centros, colectivos y familias reclaman medidas de apoyo integral a este tipo de programas. “Cualquier modalidad temporal, vacacional o de respiro debe estar planificada, acompañada y evaluada, garantizando que cada experiencia sea coherente con la historia, los vínculos, los tiempos y el proyecto de protección de cada niño, niña o adolescente”, reclaman desde Cruz Roja. Su portavoz Carlos Chana sostiene que, para su entidad, “el acogimiento familiar no es solo una respuesta individual de una familia, sino una medida de protección que debe sostenerse desde una red profesional, comunitaria e institucional”.

En ASEAF también reivindican desde hace años más apoyos públicos para los sistemas de acogida. En su caso, se centran en una serie de medidas concretas que facilitarían mucho la experiencia, tanto para las familias como, sobre todo, para los niños y niñas. Así lo explica su presidenta, Adriana de la Osa: “Todos los programas de acogimiento familiar deberían contar con un apoyo integral y continuado, con disponibilidad 24/7. Con ello me refiero a poder llamar a cualquier hora a los técnicos, tanto psicólogos especializados en trauma como a los educadores de referencia en los centros, si surge cualquier tipo de problema con el niño o niña”, sostiene.

Recuerdo la primera vez que fui con Aitor al supermercado y le pregunté qué quería desayunar. No supo elegir, me contestó que lo mismo que mi hijo. Era la primera vez que alguien le preguntaba a él directamente qué le gustaba

Adriana de la Osa — presidenta de la ASEAF

De la Osa recuerda un caso en el que el acompañamiento se hizo bien y eso marcó la diferencia: “Una vez, una niña pequeña en acogimiento familiar se despertó de madrugada gritando y pegando botes; la familia hizo lo que pudo pero, no lograban calmarla. Por suerte tenían el teléfono de su educadora en el centro, la llamaron, le pasaron a la niña y en cuestión de minutos se calmó. Nunca supe lo que le había pasado, pero está claro que su educadora la conocía y supo dar con la tecla para tranquilizarla”, explica.

Rebeca Pereira es madre de acogida. En su casa viven actualmente seis niñas: tres hijas biológicas y tres en acogida, de las cuales dos están con ella de manera permanente y una en fines de semana y vacaciones. En su caso es “evidente” que se necesitan más ayudas. “Hago todo lo que puedo, pero tengo mis limitaciones, porque al final son seis”. Aun así, Rebeca está contenta con el acogimiento vacacional de la adolescente, que es la hermana mayor de las niñas que tiene en acogida. “Tiene 16 años y está asustada, porque se acercan los 18 y no sabe qué va a ser de su vida. Así que este tipo de acogimiento temporal le da una base: sabe que, si no le ofrecen otro recurso, no se va a quedar en la calle, se quedará conmigo”, explica Rebeca. Ella recomienda no tener prejuicios para acoger a adolescentes: “A mucha gente le puede echar para atrás, pero es una experiencia muy bonita. Ella está encantada de estar en casa con sus hermanas, ha aprobado todo y ha empezado a trabajar”, explica.

Para Inés Montoro, la joven que fue una niña con cuatro familias de acogida en verano, también se necesitan más recursos “en todas las medidas de protección a la infancia”. En concreto ella pone el foco en la necesidad de acompañar la adaptación. “No puede ser que una familia te acoja y ya está, sino que debería haber un programa de adaptación. Para un niño puede ser chocante irse a una familia sin conocerles de nada. Mientras que si te vas conociendo poco a poco, sales un fin de semana, luego unos días, quizás la cosa funciona. Y si todas las partes están cómodas, ese acogimiento familiar podría terminar convirtiéndose en un acogimiento familiar permanente”, reflexiona Inés, que a día de hoy vive con la última familia de acogida que tuvo.

El Ayuntamiento de Fontanar, en Guadalajara, tiene previsto llevar a cabo la renovación integral de un espacio de ocio infantil ubicado en el parque Virgen de la Soledad del municipio. Y el equipo de Gobierno municipal, gobernado por la agrupación ‘Entre Todos Fontanar’ (ETF), ha decidido darle una “original temática taurina”, en homenaje, afirma, a una de las tradiciones “más arraigadas” del pueblo.

Este proyecto, del que el propio Consistorio ha informado en su web y a través de las redes sociales, busca ser un espacio de ocio. De hecho, subraya que quiere convertirlo en una zona “más segura, accesible y atractiva” para los niños y niñas.

Señala el equipo de Gobierno municipal que con este proyecto continúa su apuesta por la mejora de los espacios públicos y la creación de “áreas de juego” renovadas para el “disfrute de las familias”. “La actuación dotará al parque de nuevos elementos infantiles inspirados en el mundo del toro, ofreciendo un espacio moderno, divertido y adaptado a las necesidades de los niños y niñas de Fontanar”, remarca.

Un pequeño burladero entre columpios

Según la maqueta que el Ayuntamiento ha publicado, el espacio contaría con un columpio, una instalación o casita con escaleras y pasarelas con forma de toro y un pequeño ‘coso’ o burladero rodeado de palos de madera simulando un encierro taurino o una pequeña plaza de toros.

La polémica no se ha hecho esperar. La publicación de su proyecto en Instagram a principios de julio ya provocó una oleada de reacciones de rechazo hacia el proyecto, casi todas haciendo hincapié en que con un proyecto así, el Ayuntamiento “adoctrina” a los más pequeños sobre “cómo odiar y asesinar a animales”.

Y de este revuelo se ha hecho eco el Partido Animalista (PACMA). Su coordinadora provincial en Guadalajara, Eva Asenjo, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento la cancelación del proyecto de renovación, porque “supone trasladar a la infancia la normalización de una práctica dolorosa, nociva y abiertamente violenta hacia los animales”.

Recuerda esta formación que diversos especialistas han advertido de los “efectos negativos” que puede tener la exposición de los menores a manifestaciones violentas y que los festejos taurinos “siguen provocando cada año numerosos heridos e incluso fallecidos”.

En su escrito, PACMA señala que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia frente a cualquier forma de violencia y recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas reiteró recientemente, en enero de 2026, su recomendación de impedir la participación de menores en cualquier actividad taurina, además de instar a las administraciones a sensibilizar sobre el impacto de esta violencia en niños y niñas.

Por ello, PACMA pide públicamente al Ayuntamiento de Fontanar que rectifique y sustituya la temática taurina por un proyecto que promueva “una cultura apta para todos los públicos y respetuosa con los animales y la naturaleza”.

Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia

Eva Asenjo — Coordinadora provincial de PACMA en Guadalajara

“Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia o de representaciones infantilizadas y aparentemente inocentes de la misma. El Ayuntamiento todavía está a tiempo de apostar por un parque que represente esos valores», concluye la coordinadora.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Alcaldía para conocer más detalles sobre el proyecto, sus plazos y su presupuesto, así como su valoración del escrito que le ha dirigido PACMA, sin que por el momento haya habido respuesta.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Fontanar se ve envuelto en la polémica. Su actual alcalde, Jesús Caballero del Castillo, se encuentra en funciones desde hace más de dos años, después de que el anterior regidor municipal, Víctor San Vidal, de la misma agrupación, tuviera que dimitir por la polémica generada tras la publicación de una grabación en vídeo en el que insultaba gritos a una trabajadora municipal.

Estos hechos desataron también una oleada de indignación el municipio, de unos 2.600 habitantes. En las últimas elecciones municipales, la de mayo de 2023, ‘Entre Todos Fontanar’ se hizo con seis de los once concejales en liza. El resto de ediles son tres del PSOE, uno del PP y otro de Unidas Podemos.

Actualmente, en España hay varios ejemplos de parques infantiles con temática taurina. El pionero en España fue el 'Tauroparque' ubicado en Esparragosa de Lares (Badajoz) e inaugurado en 2019, y hay otros en Onda (Castellón) o en Alba de Tormes (Salamanca). Algunos de sus promotores han destacado la necesidad de impulsar este tipo de espacios para promover el “relevo generacional” en la tauromaquia.

Al igual que el proyectado en Fontanar, suelen incluir zonas de juego seguras inspiradas en la tauromaquia: burladeros y troneras (muros de madera o plástico para que los niños se escondan), toriles como pequeñas casitas de juego, muelles, toboganes y balancines con forma de toros y vacas; o incluso pequeñas plazas de toros acotadas para el juego.

En Fontanar, como en muchos pueblos de esta zona de Guadalajara, la tradición taurina es efectivamente muy intensa. Según el Ayuntamiento, la afición del pueblo se organiza en torno a sus fiestas anuales, donde el toro es el gran protagonista: desde las Fiestas de San Matías, en mayo, hasta las Fiestas de San Roque, en agosto; y las de San Blas, en febrero, donde incluso se realiza una suelta de reses por las calles acompañada de un encierro infantil con carretones (bueyada) “para los más pequeños”.

Precisamente, una bueyada fue objeto de polémica a medios del pasado mes de junio en el municipio toledano de Yeles. Se trataba de un encierro similar al habitual, pero adaptado para niños y adolescentes: corren, guían o interactúan con bueyes y novillos pequeños, por lo general mansos y domados.

En esa ocasión fue la Fudación Franz Weber quien reclamó al Ayuntamiento la suspensión de esta actividad taurina, puesto que a ello se suma el acceso de menores como espectadores a las sueltas de reses previas. Esta ONG recordó que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, afirma el documento.

En general, en Castilla-La Mancha, el debate sobre la tauromaquia es continuo. Las asociaciones antitaurinas, así como la mencionada Fundación Franz Weber y PACMA denuncian de manera continua que muchos ayuntamientos permitan la entrada de los más pequeños, en ocasiones incluso de forma gratuita, en las corridas de toros.

Además, desde la llegada de los gobiernos de coalición de PP y Vox a diversos ayuntamientos y diputaciones provinciales de la región, la promoción de la tauromaquia se ha disparado. El caso más mediático ha sido el de la Diputación de Ciudad Real, que ha destinado 100.000 euros a la recuperación de su escuela taurina.

Page defiende la tauromaquia

Pero también el Gobierno socialista de Emiliano García-Page es un firme defensor de este sector. El presidente autonómico no se ha pronunciado al respecto del acceso de menores a las corridas de toros, pero sí ha apostado de manera continua por la pervivencia de los festejos, llegando incluso a promover, junto a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, un Premio Nacional de Tauromaquia para sustituir el que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, eliminó en mayo de 2024.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió al Consejo de Ministros una propuesta para impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas del toros, dentro de la ampliación prevista de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

La propuesta contempla que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en este tipo de actividades, eventos o espectáculos. El objetivo es cumplir con mencionada recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España.

La actualización de los requisitos para que los menores con necesidades educativas especiales accedan a las escuelas de verano en Sevilla ha provocado un intenso debate político durante estos días, además de las críticas de los progenitores. El apartado en el que se determina que el alumnado con NEAE de las aulas ordinarias tuviera “suficiente autonomía” ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP, en el gobierno local del Ayuntamiento, y el PSOE, pero también la censura de la plataforma Familias NEAE de Andalucía.

“No ven la discriminación, los padres nos han trasladado la queja y hemos leído las condiciones que había de un año para otro”, afirma Rocío Martín, coordinadora provincial de organización que vela por los derechos de estos menores. “Hay familias que sí están dentro, pero les duele lo que ocurre a las que le han dicho que no”, lamenta. La sorpresa surgió a raíz de una denuncia del PSOE la semana pasada tras la publicación de los Programas de Acciones Socioeducativas en situación de dificultad social, vulnerabilidad o riesgo social 2026, como adelantó Diario de Sevilla.

Una iniciativa que contenía el siguiente apartado relacionado con los participantes: “Menores con diversidad funcional o Necesidades Educativas Especiales matriculados en aulas ordinarias con suficiente autonomía personal para el desarrollo de las distintas actividades que comprende el programa en periodo estival”. Esta indicación no aparecía en 2025 ni en las anteriores ediciones, provocando la sorpresa tanto de la oposición como de las familias.

El pasado 3 de julio, como recuerda la plataforma, ya una madre elevaba una queja al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por la exclusión de su hijo con autismo del campamento de verano en las instalaciones de San Pablo, mostró Diario de Sevilla. “La madre optó por irse a lo privado, y esto es lo que suele suceder: terminas privatizando el servicio”, y en referencia a la solicitud del Ayuntamiento, sostiene, “no le puedes dar apertura a un niño que está en un aula ordinaria y no en un aula específica y, si hacen esta referencia de forma descarada, es que no lo ven ni mal”.

“Igualdad”

A tenor de lo ocurrido, José Luis García, concejal de Derechos Sociales, Familia e Igualdad, compareció en el pleno de la Comisión de Control del Consistorio hispalense el pasado viernes, aparte de responder a este medio, indicando que “se hacía lo mismo [que en años anteriores], pero esta vez cuenta con una terminología más adaptada”.

En todo caso, acusó al PSOE municipal de Antonio Muñoz de querer “manosear” a este colectivo vulnerable y dar pie a la polémica. “Hablan de reducción económica cuando se ha incrementado de 1,5 a 6,8 millones de euros la partida, lo que permite la contratación de un mayor número de monitores específicos”. Además, afirmó ante la oposición que ya había 120 menores con necesidades educativas especiales admitidos para este periodo, al igual que otros 28 alumnos de aulas específicas “tras reunirse con los padres para explicar su situación”. Sin embargo, en la lista de admitidos y lista de espera publicada en la web no constan las solicitudes que han quedado excluidas, una práctica común en este tipo de procesos.

El PSOE lamentaba el jueves pasado que “no todas las familias tengan las mismas oportunidades” tras la publicación del nuevo pliego del Programa de Acciones Socioeducativas de 2026 a la hora de exigir “suficiente autonomía personal”, lo que vieron como “un claro retroceso” en comparación con el modelo de 2021. La concejala socialista Encarnación Aguilar pidió “explicaciones” sobre este documento en el pleno municipal y tildó de “mentiras” las respuestas dadas por José Luis García (PP).

A raíz de la solicitud para la escuela de verano, la representante de las Familias NEAE pide “igualdad” y advierte que “nos queda mucho por aprender de inclusión, porque estos niños son autónomos, pero necesitan una ayuda, como otros niños que están en las aulas ordinarias”. Por tanto, asegura que harán un seguimiento de las actuaciones del campus con tal de preservar la atención a los menores y revertir lo que, a su juicio, “es una práctica discriminatoria”. En este sentido, la plataforma avanza y registró una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 9 de julio en el Parlamento andaluz con 13 reivindicaciones para demandar mejoras en educación inclusiva.

El matrimonio alemán que durante casi tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa situada en las afueras de Oviedo quedará en libertad con carácter inmediato después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya revisado su pena, les haya absuelto de los delitos de maltrato psicológico y haya anulado las medidas cautelares adoptadas.

La Audiencia Provincial condenó a los padres el pasado mes de mayo a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del de detención ilegal.

A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se les había inhabilitado también durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrían comunicarse con sus hijos.

El TSJA, sin embargo, ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres, a los que mantiene seis meses de prisión por el delito de abandono de familia por lo que los progenitores podrán abandonar el Centro Penitenciario de Asturias en cuanto estén listos los autos que la Sección Segunda de la Audiencia está preparando ya para comunicar la sentencia, han informado a EFE fuentes judiciales.

Según el tribunal, los padres no pueden ser condenados por un delito de violencia psíquica porque no se han acreditado actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar en el que los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, ahora bajo la tutela de los servicios sociales del Principado, estuvieron aislados entre diciembre de 2021 y abril de 2025.

Para los magistrados, lo que se dio fue una reclusión familiar producto dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

No obstante, el fallo reconoce que el aislamiento prolongado afectó al desarrollo psicofísico de los menores, quienes presentaban dificultades al caminar, retraso en el control de esfínteres y un grado de discapacidad reconocido del 35 por ciento.

Para el TSJA, de lo que sí que son responsables es de un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el ocultamiento social de los menores, que se vieron privados deliberadamente por sus progenitores del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceros durante años.

Los recursos presentados por la Fiscalía y el Principado de Asturias, que pedían que se estimase el delito de detención ilegal, han sido desestimados porque no consta que hubiese elementos de sujeción física o cierres forzosos en la vivienda y porque no había una voluntad deliberada de privarles de libertad.

El matrimonio, en prisión preventiva desde finales de abril del pasado año, admitió durante el juicio que la situación familiar era anómala, pero insistió en que siempre trató de hacer lo mejor para los niños.

Los niños menores de dos años pasan una media de 49 minutos al día frente a las pantallas. A los ocho años, esta cifra se triplica a tres horas diarias. Los menores de entre 13 y 18 años pasan un promedio de 4,5 horas al día frente a las pantallas en días escolares y 6,1 horas durante los fines de semana. El 14% de los adolescentes supera las 10 horas de uso diario durante el fin de semana. Y todo esto pese a que está más que probado que tiene un impacto en la salud mental: el uso de redes sociales por más de tres horas al día está asociado a mayores tasas de síntomas depresivos y ansiedad: uno de cada diez adolescentes europeos muestra signos de comportamiento adictivo hacia las redes sociales. Estos datos los han aportado este lunes los codirectores del informe 'Seguridad infantil en Internet. Proteger y empoderar a los menores en el mundo digital', dirigido por Jörg M. Fegert y Maria Melchior, por encargo de la Comisión Europea.

El informe ha sido presentado por ambos especialistas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha señalado que “está claro que necesitamos imponer restricciones a las plataformas adecuadas a la edad de los usuarios. No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales. Se trata de si las redes sociales pueden acceder a nuestros niños y en qué momento. La cuestión ya no es si los menores se enfrentan a riesgos en Internet, sino qué podemos hacer para ofrecerles un comienzo más seguro en el entorno digital”.

IA: más ansiedad y generar dependencia emocional

Además de las redes sociales, el informe desvela que el 86% de los adolescentes en países como Irlanda, Francia, Alemania y Suecia utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA), de los que más de la mitad las usa para debatir temas íntimos o personales. El documento asocia el uso de estas herramientas con un incremento en los niveles de ansiedad y el riesgo de generar dependencias emocionales.

En el informe también se apunta que los casos de grooming (delito de acoso sexual en el que un adulto utiliza identidades falsas) en internet aumentaron un 158% en tres años. El material de abuso infantil generado por la IA (CSAM sintético) se ha disparado de forma alarmante, pasando de 5.000 casos en 2023 a 1,3 millones en 2025: el 97% de estas imágenes generadas por IA representaban a niñas.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial cuando no cuenten con el consentimiento de las personas afectadas.

Además, el entorno digital facilita la autorradicalización de menores. Casi un tercio de los sospechosos arrestados en la Unión Europea en 2024 por delitos de terrorismo eran menores de 18 años.

Por otro lado, el informe recuerda que el Digital Fairness Fitness Check de 2024 reveló que el 97% de las webs y aplicaciones más populares de la UE utilizan al menos un patrón de diseño manipulador para retener al usuario, lo que provoca que el 31% de los consumidores pase más tiempo o gaste más dinero en línea del que deseaba.

Exposición cero a pantallas para proteger

Ante esta situación, los expertos recomienda que para niños entre cero y dos años haya exposición cero a pantallas para proteger el desarrollo del lenguaje y el apego emocional. Existe un alto riesgo de “technoference”: la interrupción de la interacción entre padres e hijos debido a los dispositivos de los cuidadores. Para niños de entre tres y doce años, el acceso debe ser limitado y regulado, con consentimiento de los padres. Las escuelas primarias deberían impedir la entrada de teléfonos móviles para fomentar la concentración y la socialización. Adquirir un smartphone a los 12 años en lugar de a los 13 está asociado estadísticamente con un mayor riesgo de sufrir depresión y problemas de sueño al año siguiente.

Finalmente, para jóvenes entre 13 y 18 años se debería seguir una transición gradual hacia el uso autónomo, pero únicamente en plataformas que sean “seguras por defecto”, es decir, que limiten el scroll infinito, el autoplay y los sistemas de recomendación adictivos. Hace dos semanaa, la Comisión Europea anunció que podría multar a Facebook e Instagram ya que su “diseño adictivo” incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Ante este panorama, los expertos recomiendan la prohibición de acceso armonizada a menores de 13 a las redes sociales y servicios digitales en toda la UE, permitiendo su uso únicamente bajo supervisión directa o con fines educativos. Exigir que las empresas tecnológicas que demuestren que sus servicios son seguros por diseño antes de permitir que los menores accedan a ellos, tal como ocurre con los juguetes o las medicinas.

El Gobierno de España planteó la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, aunque desde la Comisión Europea se ha insistido en que los países deberían poner en los 13 años la edad .

Junto a esta medida también se propone implementar sistemas de verificación que protejan la privacidad del usuario, utilizando estándares como el Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero) para evitar el rastreo o la recopilación de datos biométricos sensibles. Y finalmente, que los Gobierno hagan una mayor inversión en infraestructuras locales (deportes, arte, clubes juveniles) para ofrecer alternativas atractivas y saludables frente al uso excesivo de pantallas.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

El apoyo económico de BBVA hará posible que, el próximo curso escolar 2026/27, 45 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Toledo que estén en situación de riesgo de exclusión o bajo rendimiento académico se beneficien de un proyecto de refuerzo y apoyo educativo.

La iniciativa, denominada 'Aula BBVA de refuerzo educativo', acompañará a los menores seleccionados, que tendrán entre 6 y 18 años, con los que se trabajarán en seis ámbitos: educación, desarrollo personal, integración social, competencias digitales, salud y la implicación familiar.

Será desarrollado por YMCA, que recibirá 32.000 euros de BBVA Asset Management, la gestora de activos de BBVA, dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro.

Hacia un futuro con más oportunidades

El objetivo de esta aula es que cada participante cuente con un apoyo estable para mejorar su continuidad educativa, ganar confianza y avanzar hacia un futuro con más oportunidades. La iniciativa también favorece la conciliación de las familias, especialmente en hogares con mayores dificultades, y refuerza la red comunitaria en torno a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.

El director de intervención social de YMCA en Castilla-La Mancha, Gerardo Magariños, explica que el objetivo no es “ser una academia”, sino que también se trabajarán las circunstancias sociales del entorno.

“Se trabajará en el aula con el niño y sus compañeros, pero también con su familia y el entorno comunitario, como los servicios sociales y el centro educativo. Será un abordaje transversal, más amplio, y se hará seguimiento para ver cómo evoluciona el menor”, afirma Magariños.

Con el proyecto 'Aula BBVA de refuerzo educativo', en YMCA buscan que el estudiante mejore en indicadores cuantitativos, (si promociona de curso o el número de asignaturas superadas), pero también se fijarán en otros cualitativos.

Entre estos últimos, Magariños enumera diferentes habilidades personales, digitales y comunitarias. “Por ejemplo, no tenía la agenda organizada y al final de curso sí. Venía a clase con sueño y con hambre y ya no. Era muy tímido y no se relacionaba con nadie y ahora tiene una pandilla”.

Y es que, tal y como afirma él, “que vaya progresando de curso es bueno en sí mismo”, pero eso “no garantiza” una atención integral. “Queremos que sea buen ciudadano, buen compañero, que tenga autoestima suficiente, que se organice bien… Se trata de preparar a los jóvenes para la vida adulta y queremos darle el mayor número de herramientas posibles para ello”, añade.

“Trabajar para salvar las dificultades”

Los estudiantes que participarán en el proyecto serán seleccionados en el próximo mes de septiembre por los trabajadores sociales de YMCA CLM o por derivación de los servicios sociales. El director de intervención social de la entidad estima que la mayoría de beneficiarios procederán de población migrante, ya que en esas familias suelen coincidir varios factores que las ponen en riesgo de exclusión social.

“Las dificultades pueden venir del ámbito económico o por dificultades de integración. Entre estas últimas, están el idioma, un desfase curricular por los contenidos vistos en el país de origen o porque acaban de llegar a España”.

Además, en estos perfiles, las circunstancias familiares no suelen ser las más adecuadas para el desarrollo académico de los menores. Si los padres no conocen el idioma o trabajan por la tarde, no les pueden ayudar con las tareas escolares. También pueden carecer de medios en la casa con los que estudiar.

“Se intenta conocer su situación y una vez conocida, trabajar para salvar las dificultades”, explica Magariños.

Dada la importancia de la cooperación familiar para que el estudiante alcance los objetivos, YMCA hará seguimiento de los padres para ver su nivel de implicación. “Se les harán sesiones específicas para que aprendan técnicas de estudio y a que manejen la plataforma educativa que usan los colegios e institutos”, añade.

El ámbito de actuación de la iniciativa se centrará en Toledo capital, aunque Magariños cree que alguno de los beneficiarios procederá de las localidades más cercanas, como Olías del Rey o Bargas.

Esta iniciativa, como reconoce Magariños, “no sería posible” sin el apoyo económico de BBVA, ya que en ella hay gastos de coordinación, de personal y de material que serían inviables sin esa ayuda.

Desde 2018, Castilla La Mancha ha recibido 174.000 euros en donaciones de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. El objetivo es apoyar proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar el entorno. Esta nueva edición, la octava, ha destinado un millón de euros a financiar 25 proyectos sociales y medioambientales en toda España, convirtiendo la inversión de miles de partícipes en actuaciones concretas capaces de transformar comunidades y generar nuevas oportunidades, demostrando que el compromiso social puede traducirse en realidades tangibles.

Un home ha acceptat aquest dimarts una condemna de dos anys de presó per abusar sexualment, en una torrada familiar, de la filla de la persona que treballava netejant la seva casa. La nena tenia aleshores set anys.

L'home ha reconegut que el 2021 va convidar la treballadora i els seus dos fills al seu domicili. En un moment donat, el processat va començar a jugar a fet i amaga amb els dos menors, ocultant-se amb la menor a la dutxa del bany, on va abusar sexualment d'ella. Tal com relata la Fiscalia, la nena es va quedar en xoc, sense poder fer cap tipus de moviment, fins que la mare els va cridar per menjar.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha dictat una sentència de conformitat després que les parts hagin assolit un pacte que evitarà la celebració del judici.

L'acord rebaixa la pena inicialment reclamada -quatre anys de presó- en tenir en compte el temps transcorregut des dels fets i que el condemnat ha abonat la indemnització de 3.000 euros que se li reclamava. La Sala ha acordat suspendre l'entrada a presó amb la condició de no cometre cap delicte en els propers tres anys.

Un hombre ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente, en una torrada familiar, de la hija de la persona que trabajaba limpiando su casa. La niña tenía entonces de siete años.

El varón ha reconocido que en 2021 invitó a la trabajadora y a sus dos hijos a su domicilio. En un momento dado, el procesado empezó a jugar al escondite con los dos menores, ocultándose junto a la menor en la ducha del cuarto de baño, donde abusó sexualmente de ella. Tal como relata la Fiscalía, la niña se quedó en shock, sin poder realizar ningún tipo de movimiento, hasta que la madre los llamó para comer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un pacto que evitará la celebración del juicio.

El acuerdo rebaja la pena inicialmente reclamada -cuatro años de cárcel- al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos y que el condenado ha abonado la indemnización de 3.000 euros que se le reclamaba. La Sala ha acordado suspender la entrada en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años.

Cristian Ruiz Reinales lleva años defendiendo que la innovación educativa no consiste en llenar las aulas de pantallas, sino en enseñar a utilizarlas con criterio. Mientras el debate sobre la tecnología en la educación se ha polarizado entre quienes apuestan por restringirla y quienes abrazan la digitalización sin límites, este profesor zaragozano del Colegio Juan de Lanuza reivindica un camino intermedio: integrar la inteligencia artificial, la programación o la cultura maker solo cuando aportan un valor real al aprendizaje y ayudan a formar alumnos más críticos y autónomos.

Esa forma de entender la enseñanza acaba de valerle uno de los cinco galardones nacionales del programa Docentes Referentes, impulsado por la Fundación Ibercaja para reconocer la excelencia educativa. Ruiz reflexiona sobre el papel de la IA en las aulas, los límites de las pantallas, los retos de un profesorado obligado a adaptarse a un mundo que cambia a gran velocidad y la necesidad de enseñar a pensar antes que a manejar herramientas.

¿Qué pensó cuando le dijeron que era uno de los cinco docentes premiados?

Me siento un privilegiado, porque era consciente primero de quienes eran mis compañeras finalistas. A una de ellas la conocía muy de cerca, fue también compañera mía en el Global Teacher Prize este año y sabía el potencial de sus proyectos, son planteamientos muy chulos. Ya de por sí quedarme entre los finalistas lo sentía como una pasada, no tenía muchas expectativas, porque precisamente veía a mis compañeras y lo veía muy difícil. Cuando me llamaron para hacerlo me quedé un poco en shock, me costó hablar unos cuantos segundos, y desde entonces me siento muy afortunado.

¿Qué supone este reconocimiento para usted?

Estos reconocimientos me los tomo como una valoración del proyecto que hay detrás, que obviamente no lo llevo solo para adelante. Me acuerdo mucho de mis compañeros de departamento, que son personas igual o más entusiastas que yo. Con este proyecto llevamos 13 años, han pasado muchas personas por el camino, pero me acuerdo cuando lo empecé, ha habido dificultades también, no todo ha sido un camino a rosas, pero la verdad es que puedo decir que estoy en un sitio donde se permiten o te animan a presentar este tipo de proyectos que sean un poco disruptores, innovadores, que aporten valor al colegio, en definitiva a los alumnos. Lo llevamos haciendo un montón de años y ahora lo que siento es un respaldo a ese trabajo que me da fuerzas para seguir mejorando.

¿Qué cree que ha visto el jurado en su proyecto?

Lo que he leído ha sido que reconocen la importancia de cómo afrontamos la utilización de la tecnología en la educación. Con tantas cosas que nos han pasado en estos últimos años, desde la pandemia, antes nadie usaba casi dispositivos, por supuesto nadie usaba videoconferencias y desde entonces la tecnología ha tenido un impulso enorme en todos los aspectos de nuestras vidas. Principalmente, también en educación, y concretamente también la aparición de la inteligencia artificial que en los últimos tres años nos ha hecho cambiar un poco las reglas del juego, son momentos un poco cruciales en este aspecto, y yo creo que lo que reconocen es esta visión humanista del uso de las tecnologías.

Habla de una “tecnología humanista”. ¿Cómo la definiría?

Estamos muy a favor de usar tecnología, pero siempre que aporte valor, y siempre que por el camino no se quede el criterio del alumno, tiene que saber en todo momento para qué usa tecnología, por qué la usa y también, por supuesto, les enseñamos a ser muy competentes en la parte de creación digital. Lo que más nos interesa es que por el camino vayan desarrollando una serie de habilidades que tienen que ver con el ser humano, en este caso en cuanto al uso crítico de la tecnología, y sobre todo actitudes también curiosas. El modelo que tenemos es que aportamos valor a la experiencia educativa del alumno. En cuanto a la parte de la inteligencia artificial nos estamos empeñando mucho en que el alumno no use la tecnología como un atajo para llegar a un fin sino que le sirva como estímulo cognitivo, que sea un poco un compañero de viaje, que sepa cuándo usar en algunos momentos, para qué lo quiere usar y sobre todo también que sepa cuándo no necesita usarla. La diferencia con los alumnos es que nosotros, los adultos, tenemos muy claro a lo largo de una tarea qué voy a aportar yo como ser humano, y qué tarea le puedo delegar a una inteligencia para que me ayude con alguna cosa, eso que nosotros hacemos como adultos porque ya tenemos un desarrollo cognitivo y una experiencia profesional amplia es lo que intentamos estimular en los alumnos.

Si entro mañana en una de sus clases, ¿qué me encontraría?

Más allá de lo que pasa en las aulas donde hay un currículo que tenemos que seguir, la diferencia está en cómo haces ese currículo. Por ejemplo yo soy profesor en bachillerato de la disciplina informática, antiguamente era hacer un poco de office y poco más, pero aquí lo que intentamos es darle a la informática la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad. Creo que en esto vamos muy por detrás de otros países, pero nosotros lo que intentamos es darle ese rigor, esa importancia y más allá de que luego te quieras dedicar a un mundo relacionado con la ingeniería informática o similares, que sepan que la informática, la tecnología va a estar muy presente en su vida y lo que intentamos es estimular no solo que sean competentes. Yo tengo contenidos de inteligencia artificial, de redes, de bases de datos y los puedes hacer más o menos entretenidos para ellos, puedes enseñar hardware que es un poco componentes de un ordenador que puede ser muy tedioso, pero puedes hacerlo de una manera teórica o cogiendo unos cuantos ordenadores, abriéndolos, quitando todas las piezas, identificándolas y volviendo a colocarlas, entonces se convierte en algo experiencial.

Y más allá de las clases, también han creado un espacio Maker. ¿Qué aporta ese aprendizaje fuera del aula?

Lo que buscamos es que la tecnología sea siempre una experiencia. Diferenciaría también un poco entre lo que es el aprendizaje un poco formal, que son las asignaturas, como otras cosas que hemos ido incorporando en estos últimos años: hace ocho años abrimos un espacio Maker, donde los alumnos vienen en su tiempo libre, desde quinto de primaria que empiezan a tener huecos libres, ellos y ellas vienen a crear con tecnología, tenemos tecnología de todo tipo, producción audiovisual, radio, corte de madera, diseño de producto, hacen camisetas, bolsos, tenemos tecnología de todo tipo para que chicos y chicas vengan allí a hacer proyectos. Casi te diría más que la magia se produce en los encuentros informales.

¿Cómo utilizas la IA en el aula?

Tenemos un proyecto muy bonito desde cuarto de primaria, empezamos este año a comienzos del curso, tenemos una suerte que tenemos una asignatura propia, de ciencias de la computación, realmente cubre desde Infantil a Bachillerato, pero el proyecto que empecé a pensar el verano pasado, estaba pensado inicialmente para quinto de Primaria, pero las compañeras en cuarto me dijeron que ahí ya empezaban a detectar que había alumnos y alumnas usando la inteligencia artificial. Diseñamos el proyecto para que el primer mes de curso, en nuestra asignatura, se forjase una forma de trabajo de relacionarse con la inteligencia artificial, y no tanto desde la competencia técnica. En Bachillerato sí que entramos en cosas ya bastante técnicas, pero no nos importa tanto usar una herramienta o la otra, no nos interesa tanto eso porque la experiencia nos dice que en tecnología han ido apareciendo una serie de herramientas y luego algunas se quedan en el camino y otras se quedan.

¿Cuál es el primer mensaje que intentáis transmitir a los alumnos cuando empiezan a trabajar con inteligencia artificial?

Lo importante no es tanto la competencia técnica en algunas herramientas, sino qué habilidades van a aprender o tendrían para el uso de esa herramienta. Lo primero es que sepan lo que es inteligencia artificial y lo que no es inteligencia artificial, ponemos un poco de rigor ahí, les enseñamos pequeñas cosas desde pequeñines. Luego ya empezamos a hacer actividades más relacionadas a que cuestionen las respuestas de la inteligencia artificial, les ponemos por ejemplo frases célebres, algunas son de verdad y otras son inventadas, ellas tienen que decir y argumentar por qué son de verdad y por qué no. O por ejemplo les ponemos imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial y otras no para que detecten los fallos, aunque esto cada vez está más perfeccionado, argumentan y eso nos da pie para otros debates interesantes como el copyright, los derechos, los entrenamientos de las inteligencias artificiales con imágenes a lo mejor propiedad de autores a los que nadie les ha pedido un permiso, les hacemos ya este tipo de cuestionamientos.

¿Y en Secundaria?

Cuando son un poco más mayores hemos ido introduciendo actividades, por ejemplo de debate con posiciones encontradas sobre el uso de la inteligencia artificial en la justicia, hace un año y pico hubo una película que hablaba sobre que iban a introducir un sistema de inteligencia artificial para desatascar la justicia, algo que podía estar pasando perfectamente, eso generaba una serie de dilemas morales, de quién imparte la justicia, si tiene sesgos, etc. Al final los alumnos del primero y segundo ESO llegan a hacer un acuerdo grupal de cómo quieren usar la inteligencia artificial durante el año en la clase, se imprime y se pone en la pared. Al ser un poco más mayorcitos hacemos actividades un poco parecidas, pero la reflexión final es individual, tienen que hacer un ensayo de cómo quieren usar la inteligencia artificial para aprender mejor durante todo este año, obviamente seríamos un poco ingenuos pensando que los alumnos lo van a seguir manteniendo en el tiempo, somos los profesores los que tenemos que estar recordándoselo con diferentes actividades a lo largo del año. Todos hemos sido alumnos en la vida y todos hemos ido buscando el atajo. La diferencia hoy en día es que el atajo lo tienen al alcance de este dispositivo, nosotros, o no, yo por lo menos cuando era más joven estaba al rincón del vago o te pasaban los trabajos hechos, no era tan inmediato, la diferencia es que ahora está a golpe de clic.

¿Cómo consigue que los alumnos no utilicen la IA como un simple atajo?

Ha sido un proyecto de un mes entero, el primer mes del curso, intentamos forjar una forma de trabajo para que ellos vean y entiendan lo que es ético y lo que no es ético y lo quieres hacer mejor para ellos o no. Yo tengo conversaciones con mis alumnos de bachillerato que ya tienen 16, 17 años y les digo, mira, yo soy un tipo que tiene 49 años y que soy muy consciente que hay veces que cuando uso la IA porque tengo prisa para que me haga una tarea. Y yo soy muy consciente que cuando hago eso no sigo desarrollando mis capacidades cognitivas, me consuelo pensando que ya llevo muchos años haciéndolo y que lo voy a seguir haciendo. Pero claro, yo solo se lo comento a ellos que tienen 16 años y todo eso está aún por hacer entonces ellos son capaces de comprender esto que les estoy diciendo, pero insisto, sería muy ingenuo por mi parte pensar que les toco la fibra con esto y en la semana siguiente no van a intentar coger ese atajo.

Entonces, ¿prohibir la inteligencia artificial nunca es la solución?

Mi visión no es ir en contra de nada ni prohibir cosas. Yo creo que prohibir nunca es el camino, sino concienciar, aunque es cierto que para concienciar hay que insistir mucho y durante mucho tiempo. Esto es algo que nos ha pillado con el pie cambiado en el sistema educativo, es un sistema lento al que le cuesta cambiar cosas y no tenemos ni regulación hoy en día sobre qué hacer y qué no hacer.

¿Cuál ha sido el mayor cambio que has visto en los alumnos desde que implantaste este modelo?

En estos años han pasado muchas cosas y puede ser que muchas de ellas tengan que ver con la tecnología, pero no solo con la inteligencia artificial, sino con muchas cosas que pasan fuera del colegio: las redes sociales, por ejemplo. Cada vez cuesta más tener concentrados a los alumnos en clase porque están acostumbrados a vídeos de cinco segundos y la capacidad de atención obviamente se ha visto mermada. Por un lado, nuestra dirección tiene que ir a trabajar esa constancia, yo por ejemplo lo puedo hacer cuando hago ejercicios de programación, pongo mucha énfasis en el enunciado, mis exámenes de programación pueden ser tres páginas de programación para que tengan que detenerse a leer a subrayar a detectar cuáles son los pequeños problemas dentro de un problema grande. Cada generación ha tenido lo suyo, tienes que intentar conectar mucho con sus intereses para que tengan atención en tu materia, el rol del maestro va un poco en esa dirección, más que el que hemos tenido otras generaciones el rol del maestro hoy en día va más enfocado a hacer una reflexión sobre diseñar cómo quiero que sea esta experiencia de aprendizaje.

En los proyectos en los que utilizan IA, ¿qué valoras más: el resultado final o el proceso que han seguido para llegar a él?

Con la inteligencia artificial sí que hay tareas que me parece muy interesante que la utilicen para que se vayan acostumbrando a una forma de trabajo, seguramente en la universidad la van a poder utilizar cuando el profesor se lo autorice, pero les pedirán que muestren toda la trazabilidad desde que la empiezas a usar. Es decir, qué pregunta le han hecho, ya que, en una época en la que todas las respuestas están en máquinas, lo complicado es hacer buenas preguntas. Yo les enseño que hoy en día las inteligencias se molestan más o menos en función de la calidad de tu pregunta. Estimulamos que las preguntas sean mucho más largas, con mucho más empaque, con muchos más matices para que te pueda contestar en lo que tú estás un poco deseando. Luego saben que les voy a evaluar: la última parte de evaluación de un proyecto que me presentan es que me muestren cómo ha sido el uso y el uso empieza por las preguntas que han hecho, cómo han cuestionado, repreguntado, o buscado otras alternativas a otras preguntas y pedido fuentes. Y con todo eso, entre lo que una inteligencia artificial dice y lo que contrastan, tienen que decir en qué matices les ha ayudado la inteligencia artificial en algún momento del proceso. En bachillerato les hago que se den cuenta de que el conocimiento previo de un tema ya no es tan importante para hacer una tarea, les intento trasmitir que te puede tocar un tema del que no tienes ni idea, pero la IA puede ser un compañero que es experto y puedes llegar a la resolución, me parece muy potente que tomen conciencia de que no necesitan saber de todo porque tendrán un compañero que les podrá ayudar.

Hay un debate sobre retirar las pantallas de las aulas y, para algunos, se está demonizando la tecnología. ¿Dónde está el equilibrio?

Es un debate no nuevo. Cuando empecé hace 13 años en el colegio lo que planteamos era crear una asignatura nueva para trabajar pensamiento computacional. Son las habilidades de pensamiento que un desarrollador de código desarrolla: la abstracción, el pensamiento algorítmico, qué pasos tengo que dar para resolver un problema la capacidad de descomponer un gran problema en varios problemas pequeños que puedan ser resueltos de manera independiente. Así empezamos, nuestro colegio es una cooperativa de familias, y desde el principio hay que explicarlo bien porque genera cierta polémica el uso de pantallas. Lo argumenté con que lo que intentábamos era trabajar habilidades de pensamiento desde pequeñines y dar un salto a la enseñanza de informática con un poco más de rigor. Decidimos hacer otras cosas con la enseñanza de tecnología, que dejaran no solo de ser consumidores de tecnología, sino que fueran creadores, y por supuesto había uso de pantallas, pero cuando hacer un proyecto y vas viendo resultados esa resistencia inicial va bajando.

Insistes mucho en implicar a las familias. ¿Qué papel tienen en este modelo educativo?

A nuestro colegio siempre vienen familias y nos preguntan por este tema entonces les contamos del proyecto que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, al final se genera una confianza porque tenemos argumentos de peso. Usamos tecnología cuando aporta valor a la experiencia educativa del alumno. Una parte importante de nuestro proyecto es involucrar a las familias en todo esto y ya lo hicimos desde el primer año, cuando empezamos el proyecto en paralelo de unos talleres donde vienen padres, madres, hijos, hijas con profesores del colegio viernes por la tarde de 5 a 7 cada dos viernes a hacer cosas con tecnología. Son viernes increíbles, con 50 o 60 personas todos juntos haciendo cosas. Hay que mostrar el camino a las familias primero para que vean para que vivan en primer plano lo que hacemos y segundo para intentar trasladar ese modelo que tenemos en el colegio de tecnología humanista orientada hacia el bien común del uso de la tecnología al hogar. Hago charlas con familias para intentar motivar que sigan este modelo en casa, normalizar el uso de la IA, que no sea un tabú, normalizarlo para que los niños tengan esa confianza, pero puedo entender que haya ese dilema con el uso de las pantallas, todos sabemos lo que nos puede enganchar un móvil, pero precisamente el sitio más seguro para usar tecnología es el colegio.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.