Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

La Policía Local de Fuensalida y la Guardia Civil han detenido a un hombre por intentar presuntamente retener a una menor en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol de la localidad toledana de Fuensalida.

El presunto autor de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Fuensalida a través de su cuenta de Facebook.

“Afortunadamente, gracias a la rápida y acertada actuación de la menor, así como a la colaboración ciudadana, se pudo alertar de inmediato a las autoridades”, ha señalado en el Consistorio en este comunicado.

Desde el Ayuntamiento han trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando “la eficacia de los cuerpos de seguridad, la importancia de la colaboración vecinal ante situaciones de emergencia y el deseo de firmeza en las actuaciones judiciales”.

El PSOE pide convocar la Comisión de Seguridad

Tras conocer la noticia el Grupo Municipal Socialista ha pedido la convocatoria “urgente” de la Comisión de Seguridad. Lo pide “ante el creciente aumento de noticias y sucesos que se están dando en Fuensalida”.

En opinión de los socialistas, “la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se está gestionando la inseguridad en la localidad y a recibir la oportuna explicación de forma clara y pública por parte del alcalde”. Reclaman “transparencia” que, dicen, “es totalmente compatible con la discreción en las actuaciones que lleven los cuerpos de seguridad”.

“La inseguridad no tiene color político, lo dije siendo el alcalde y lo digo ahora”, ha asegurado Santi Vera, el portavoz socialista, quien recuerda que llevan “más de un año reclamando un trabajo conjunto que no llega por parte del equipo de gobierno”.

Santi Vera ha asegurado también que “no se puede mirar hacia otro lado con todo lo que está sucediendo y que permanecer callados sería una irresponsabilidad”.

El PSOE ha recordado las palabras del alcalde, José Jaime Alonso, en el pleno municipal del pasado febrero quien, a preguntas del grupo sobre la inseguridad en Fuensalida, aseguró que “la ausencia de noticias son buenas noticias”. Ahora, subrayan, “dadas las últimas noticias ha llegado el momento de dar explicaciones”.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

Un niño de tres años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras ser rescatado este sábado de un pozo de 15 metros de profundidad situado en una finca de Turleque (Toledo). El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la calle Cristo, cerca de la ermita del Santísimo Cristo.

Gracias a la intervención de los bomberos de Villacañas, el menor pudo ser extraído del pozo. Según confirman fuentes de la Guardia Civil, el niño se encuentra consciente y en buen estado, aunque ha sido derivado al centro hospitalario para someterse a diversas pruebas médicas que descarten cualquier lesión interna.

En el dispositivo de emergencia también ha participado una UVI móvil, encargada del traslado sanitario, y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encuentran actualmente recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un año y cuatro meses de cárcel a una mujer que amenazó y profirió insultos y expresiones racistas contra un menor de edad que se encontraba en un comedor escolar, al que había acudido para recoger a sus nietas. La sentencia prevé que la mujer pague dos multas que suman 2.070 euros, al considerarla autora de delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos raciales con la agravante de abuso de superioridad, contra la integridad moral, con la agravante de discriminación, y leve de amenazas.

Los hechos se produjeron el 8 de enero de 2024 cuando fue a un colegio público de Aranda de Duero (Burgos) a recoger a sus nietas al comedor escolar. A pesar de que no tenía permiso, entró al comedor, donde había una quincena de estudiantes, todos ellos menores de 12 años. Allí se dirigió directamente a un niño de 10 años, cuyo progenitor es de origen dominicano, y afirmó: “Aquí hay putos monos que les gusta comer plátanos”.

La sentencia plantea que en esta situación aprovechó su “ventaja tanto física como psíquica” por razón de edad respecto al menor y mostró su “animadversión y desprecio a las personas de raza negra”, con insultos y amenazas en voz alta. Además, cogió unas tijeras y le dijo al menor que le iba a “cortar los huevos” y los iba a meter en una caja para enviárselos a su madre: “Me da igual que me metan en la cárcel; puto mono, puto negro”, dijo antes de marcharse del comedor y del centro educativo.

El niño se sintió humillado y despreciado, lo que menoscabó su dignidad y derivó en que su madre presentara una denuncia. Además de la pena de prisión y la multa, la resolución de la Audiencia inhabilita a esta mujer para trabajar en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante nueve años.

La condenada no entrará en prisión tras quedar en suspenso la pena porque no tiene antecedentes previos y no se han opuesto ni Fiscalía ni la acusación particular, pero no podrá acercarse al menor a una distancia inferior a cien metros durante seis meses ni comunicarse con él durante tres años.

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Tomelloso ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022.

El procesado, A.N.L., de unos 50 años, ha reconocido los hechos, lo que ha evitado la celebración íntegra de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor.

El acusado ha reconocido que se encontró con la menor cuando regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar y, con el pretexto de pedirle fuego, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, llegando a introducir la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme.

Además de la condena de dos años de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes penales, se le impondrá una orden de alejamiento de seis años respecto de la víctima, así como una indemnización de 600 euros por los daños morales causados.

En las últimas horas, Rioja2 ha publicado la intención del Ayuntamiento de Logroño de pagar “estos días” las chiquibecas a las más de 700 familias de Logroño correspondientes al año 2025. Y este miércoles, el PR+ ha denunciado el retraso de nueve meses. El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, considera “inaceptable que cientos de familias logroñesas hayan tenido que esperar casi un año para poder cobrar esta ayuda, cuyo importe oscila entre los 200 y 260 euros”. “Al retrasar el abono de las chiquibecas se están poniendo más trabas a la conciliación de muchas familias que necesitan este apoyo para poder organizarse durante el verano”, ha afirmado.

Antoñanzas ha reclamado que, de cara a la convocatoria de este año, se agilice la tramitación para que las ayudas puedan abonarse antes de que finalice el ejercicio. En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años solo en 2023 se liquidaron dentro del mismo año.

Asimismo, ha criticado que “el equipo de Gobierno ha desoído de forma reiterada las peticiones del Partido Riojano para acelerar el pago de estas ayudas” y ha advertido de que “a día de hoy sigue sin ofrecer una solución eficaz a este problema”.

El portavoz regionalista también ha cuestionado los plazos de la convocatoria de 2025 y ha considerado un “despropósito que las familias hayan tenido que justificar los gastos de la guardería en enero, seis meses después de haberse producido, cuando podrían hacerlo en el mismo momento, en julio o agosto”, ha incidido. Antoñanzas ha recordado que las familias deben asumir el coste íntegro de la guardería durante el mes de julio, ya que esta mensualidad no está cubierta por el bono infantil del Gobierno de La Rioja, que se extiende de septiembre a junio.

Para el edil riojanista, “las chiquibecas son una herramienta fundamental para favorecer la conciliación en verano y el Gobierno debe agilizar la gestión para que las familias no tengan que esperar un año para poder cobrar”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este miércoles que “la aplicación europea de verificación de edad está técnicamente lista y pronto estará disponible para los ciudadanos”. Von der Leyen ha asegurado que “la aplicación permitirá a los usuarios tener que demostrar su edad al acceder a plataformas digitales, del mismo modo que las tiendas solicitan una prueba de edad para comprar bebidas alcohólicas”.

“Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros niños de contenidos dañinos e ilegales. Ya hay varios Estados miembros están avanzando rápidamente: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda están a la vanguardia y planean integrar la aplicación en sus carteras digitales nacionales. Espero que más Estados miembros y el sector privado se sumen, para que muy pronto todos los ciudadanos puedan utilizarla”, ha comentado Von der Leyen.

La Unión Europea está manteniendo un duro pulso con las plataformas digitales por sus incumplimientos de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA), que ha llegado a convertirse en un problema diplomático ya que la mayoría de los gigantes tecnológicos son estadounidenses o chinos y cuentan con el respaldo de sus respectivos gobiernos.

La aplicación de verificación de edad era una propuesta largamente esperada para frenar el acceso de menores a las redes sociales y plataformas digitales, que no han terminado de ofrecer soluciones que permitan una verificación real de la edad de los usuarios.

La presidenta de la Comisión ha detallado que la aplicación europea de verificación de edad se caracteriza porque “es fácil de usar”. Hay que descargar la aplicación, “se configura con el pasaporte o el documento de identidad y luego se demuestra la edad al acceder a servicios en línea”. Von der Leyen asegura que la aplicación “respeta los estándares de privacidad más altos del mundo, de manera que los usuarios podrán demostrar su edad sin revelar ninguna otra información personal, Es completamente anónima para que los usuarios no pueden ser rastreados”.

Un aspecto relevante que ha destacado la presidenta de la institución europea es que la aplicación se ha construido completamente sobre código abierto. “Esto significa que cualquier país podrá utilizarla y lo más importante: las plataformas digitales podrán apoyarse fácilmente en esta aplicación de verificación de edad, por lo que ya no habrá excusas”.

Reunión para la prohibición de redes sociales a menores

El anuncio coincide con la videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que tendrá lugar este jueves con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores. Moncloa ha confirmado que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La cita también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea. El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

“Más problemas en centros de menores de la Generalitat que, lejos de solucionarse, se agravan”, denuncia el diputado autonómico de Compromís Francesc Roig, quien insiste en que se trata de “un suma y sigue en el abandono de estos niños y adolescentes, como es el caso de Alborache” algo que, aseguran, no se trata de un “caso aislado”.

“Después de ver la mala alimentación y la falta de personal que denunciamos desde Compromís, ahora se suma que los están amontonando en literas, que les falta ropa y que los problemas van a más”, señala Roig, para quien estamos ante un Gobierno autonómico “temerario”, por lo que van a seguir exigiendo explicaciones y que se depuren responsabilidades, “empezando por la de la propia consellera”.

La formación valencianista apunta que más de doce centros de menores se encuentran en esta situación: “Condiciones indecentes, malas infraestructuras y maltrato a su personal”. “Y tenemos a una Conselleria -el departamento de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat- más pendiente de sobrevivir políticamente que de atender a una infancia totalmente desamparada, una absoluta vergüenza”, concluye Roig.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 180 años y 9 meses de cárcel al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres en baños del centro, así como en probadores de establecimientos comerciales. El docente también accedió sin consentimiento a las redes sociales de más de una veintena de sus alumnas, menores de edad, para descargarse fotografías.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados indican que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 15 años, el triple de la pena más alta establecida, cinco años.

El procesado deberá indemnizar con entre 3.000 y 15.000 euros a las 42 víctimas. Con anterioridad al juicio, celebrado los pasados 24 y 25 de marzo, el inculpado había consignado 273.000 euros para reparar a las denunciantes, motivo por el cual el tribunal ha estimado en la resolución judicial la atenuante de reparación del daño.

Su primera víctima conocida fue una vecina, quien, al percatarse de que le estaba grabando con cámara que colgaba de la fachada de su vivienda, interpuso en octubre de 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial. Tras la denuncia de la vecina, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado.

El acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba.

La defensa admitió tanto las grabaciones como el acceso a las carpetas personales de las alumnas para obtener las imágenes. Reconoció todos los delitos contra la intimidad, si bien abogó por la consideración de los mismos como delito continuado, una circunstancia que descarta de pleno la Audiencia, “ya que cada persona perjudicada es independiente de las demás y goza de plena titularidad de los derechos fundamentales violentados, en este caso su intimidad”.

Por otra parte, la Audiencia resalta que la pericial de los agentes fue “demoledora” y desmontó la tesis de la defensa. Rebatió el acceso masivo a las cuentas y confirmó el acceso selectivo. Rechazó el inmediato borrado de los archivos, pues prácticamente todos fueron conservados y no hubo que recuperarlos“.

Además, añade la resolución judicial, tenía las contraseñas, lo que le garantizaba el acceso directo, total y libre, a las redes sociales de las menores. Los investigadores, asimismo, hallaron indicios de la posesión de un programa informático para poder utilizar la inteligencia artificial para conseguir fotografías desnudas con las menores.

Respecto a las atenuantes solicitadas por la defensa, la Audiencia rechaza las de trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión. En cambio, aprecia la de reparación del daño, una circunstancia que conlleva a los magistrados a la imposición de las penas en su límite mínimo.

El condenado ha sido considerado autor, en total, de una cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil. La Sección Primera de la Audiencia le ha impuesto, asimismo, 10 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menores de edad.

La situació en què es troben els centres de menors de la Comunitat Valenciana és més que preocupant per l’“incompliment sistemàtic” per part de la Generalitat Valenciana de la llei per no renovar els contractes, caducats des del 2017, segons denuncien des del sector. Aquesta circumstància provoca problemes de personal generalitzats i instal·lacions deficients.

Un exemple d’aquestes mancances, tal com denuncien des de CCOO-PV és el centre de menors La Torre d’Alboraig, on més de 120 adolescents resideixen actualment en un recurs previst per a un màxim de 84 places. Davant aquesta situació, els treballadors denuncien l’amuntegament dels menors, la falta de recursos i personal, així com l’“augment de la violència” registrat en un centre que opera amb el contracte caducat (enriquiment injust), mentre s’espera l’arribada de més menors a la Comunitat Valenciana.

Aquest col·lapse, relaten els representants dels treballadors, ja s’ha convertit en una cosa “habitual” durant els últims anys i, “lluny de millorar aquest escenari, podria veure’s agreujat en els pròxims mesos a causa de la previsió actual de repartiment de menors plantejat des del Govern central”. En aquesta previsió, recorden, es preveu l’arribada de 450 menors més a la Comunitat Valenciana procedents de Ceuta i les Canàries, cosa que “incrementaria encara més la pressió sobre uns recursos que ja estan al límit de les seues possibilitats”.

Aquesta sobreocupació, sosté CCOO-PV, es tradueix en “condicions indignes” per als menors que són atesos en aquestes dependències: “Les habitacions, dissenyades per a dos o tres menors, acaben acollint fins a cinc menors, amb circumstàncies que freguen el maltractament institucional: matalafs en terra, roba interior compartida, peces llavades a mà i eixugades en les finestres, i un llarg etcètera que posa de manifest el col·lapse que els treballadors denuncien”.

Ràtios excedides i actes violents

En un altre pla, el professional i educatiu, aquesta situació també afecta de manera directa amb unes ràtios excedides (un professional o dos poden arribar a fer-se càrrec de grups de fins a 18 o 20 adolescents), “cosa que impedeix que l’atenció i la intervenció amb els menors puga donar amb unes mínimes garanties, de manera que queda difuminada la intervenció individualitzada i augmenta de facto el risc de conflictes”.

En aquesta mateixa línia, els treballadors alerten d’un augment dels episodis de violència amb motins, incendis provocats o agressions, tant entre els mateixos interns i com als treballadors. “I a tot això se suma el fet que es tracta d’un dels molts centres que la Conselleria manté sense contracte, amb la licitació caducada”, expliquen des del sindicat.

La plantilla denuncia, a més, una deterioració progressiva de les condicions laborals, amb una falta de personal que no compleix les ràtios necessàries, i amb un augment de baixes mèdiques i de dimissions.

Després d’anys traslladant aquesta situació a l’empresa, a l’Administració i a la Inspecció de Treball, finalment els professionals han decidit fer-la pública. Si no s’adopten mesures urgents, adverteixen els mateixos professionals del recurs, que el risc d’incidents greus continuarà augmentant en un centre que consideren ja desbordat.

La Conselleria de Serveis Socials ja va explicar fa unes setmanes a elDiario.es que s’ha posat en marxa un procés progressiu de renovació dels contractes de gestió integral de tota la xarxa de centres socials, caducats des de fa anys i que estan en situació d’enriquiment injust. Les primeres renovacions corresponien a residències de persones majors i centres de dia; després es licitaran els centres de menors i es posarà en marxa el nou decret de tipologies i funcionament dels centres. Consultats per aquest diari sobre aquest cas en concret, el departament que dirigeix Elena Albalat ha declinat fer valoracions.

La situación en la que se encuentran los centros de menores de la Comunitat Valenciana es más que preocupante por el “incumplimiento sistemático” por parte de la Generalitat Valenciana de la ley al no renovar los contratos, caducados desde 2017, según denuncian desde el sector. Esta circunstancia provoca problemas de personal generalizados e instalaciones deficientes.

Un ejemplo de estas carencias, tal y como denuncian desde CCOO-PV es el centro de menores 'La Torre' de Alborache, donde más de 120 adolescentes residen actualmente en un recurso previsto para un máximo de 84 plazas. Ante esta situación, los trabajadores denuncian el hacinamiento de los menores, la falta de recursos y personal, así como el “aumento de la violencia” registrado en un centro que opera con el contrato caducado (enriquecimiento injusto), mientras se espera la llegada de más menores a la Comunitat Valenciana.

Este colapso, relatan los representantes de los trabajadores, ya se ha convertido en algo “habitual” durante los últimos años y, “lejos de mejorar este escenario, podría verse agravado en los próximos meses debido a la previsión actual de reparto de menores planteado desde el Gobierno central”. En esta previsión, recuerdan, se contempla la llegada de 450 menores más a la Comunitat Valenciana procedentes de Ceuta y Canarias, lo que “incrementaría aún más la presión sobre unos recursos que ya se encuentran al límite de sus posibilidades”.

Esta sobreocupación, sostiene CCOO-PV, se traduce en “condiciones indignas” para los menores que son atendidos en esas dependencias: “Las habitaciones, diseñadas para dos o tres menores, acaban albergando hasta a cinco menores, con circunstancias que rozan el maltrato institucional: colchones en el suelo, ropa interior compartida, prendas lavadas a mano y secadas en las ventanas, y un largo etcétera que pone de manifiesto el colapso que los trabajadores denuncian”.

Ratios excedidas y actos violentos

En otro plano, el profesional y educativo, esta situación también afecta de forma directa con unas ratios excedidas (uno o dos profesionales pueden llegar a hacerse cargo de grupos de hasta 18 o 20 adolescentes), “lo que impide que la atención e intervención con los menores pueda darse con unas mínimas garantías, de forma que queda difuminada la intervención individualizada y aumenta de facto el riesgo de conflictos”.

En esta misma línea, los trabajadores alertan de un aumento de los episodios de violencia con motines, incendios provocados o agresiones, tanto entre los propios internos y como a los trabajadores. “Y a todo ello se le suma el hecho que se trata de uno de los muchos centros que la Consellería mantiene sin contrato, con la licitación caducada”, explican desde el sindicato.

La plantilla denuncia, además, un progresivo deterioro de las condiciones laborales, con una falta de personal que no cumple con las ratios necesarias, y con un aumento de bajas médicas y de dimisiones.

Tras años trasladando esta situación a la empresa, a la Administración y a la Inspección de Trabajo, finalmente los profesionales han decidido hacerla pública. Si no se adoptan medidas urgentes, advierten los propios profesionales del recurso, que el riesgo de incidentes graves seguirá aumentando en un centro que consideran ya desbordado.

La Conselleria de Servicios Sociales ya explicó hace unas semanas a elDiario.es que se ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión integral de toda la red de centros sociales, caducados desde hace años y que se encuentran en situación de enriquecimiento injusto. Las primeras renovaciones correspondían a residencias de personas mayores y centros de día; después se licitarán los centros de menores y se pondrá en marcha el nuevo decreto de tipologías y funcionamiento de los centros. Consultados por este periódico sobre este caso en concreto, el departamento que dirige Elena Albalat ha declinado hacer valoraciones.

Varios alumnos catalanes así como de un instituto del norte de Países Bajos han sido amenazados, humillados y grabados por desconocidos en dos incidentes en los que los menores fueron obligados a arrodillarse y pedir perdón bajo la amenaza de una supuesta arma de fuego.

Según ha informado el instituto Harens Lyceum, en una carta enviada a padres y tutores que ha hecho pública la cadena de televisión local RTV Noord, los hechos han causado una “gran conmoción” en la localidad de Haren tras los dos episodios “graves y similares” ocurridos este lunes en distintos puntos del municipio neerlandés.

El primer incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de tren de Haren, donde un pequeño grupo de estudiantes catalanes que se dirigía a una jornada deportiva fue interceptado por un joven desconocido. Los estudiantes catalanes se encuentran en la localidad con motivo de un intercambio educativo que comenzaba esta misma semana.

El individuo, que “creía haber sido insultado” por los alumnos, mostró un arma de fuego —sin que se haya confirmado si era real o falsa— y, bajo amenaza, obligó a los menores a arrodillarse y disculparse mientras los grababa con su teléfono móvil. “Tras pedir perdón, pudieron seguir su camino”, señala el centro educativo en su carta a los padres.

Tras el suceso, los estudiantes alertaron de inmediato a sus profesores, que contactaron con la policía, y varios agentes acudieron al lugar y tomaron declaración a los afectados.

Segundo incidente

Horas más tarde se produjo un segundo incidente cerca del supermercado Albert Heijn en el centro de Haren, en el que un grupo de estudiantes neerlandeses y catalanes fue amenazado por varios individuos, que también les obligaron a arrodillarse y pedir perdón bajo la supuesta amenaza de un arma, en un incidente también grabado con sus móviles por los agresores.

El responsable del centro, Hans Warris, ha subrayado que los autores de ambos incidentes no tienen ninguna relación con la escuela y asegura que, a pesar de las circunstancias, los alumnos se encuentran bien. “Hoy es un grupo de nuestros estudiantes, pero podría haber sido cualquier otra persona”, agrega.

Entre las víctimas se encuentra un estudiante de 14 años procedente de Barcelona que había llegado a Países Bajos hace apenas unos días antes para participar en el intercambio. Su familia de acogida explicó que el menor se encuentra en buen estado tras lo ocurrido y que ya se ha informado a sus padres.

El instituto indica que ha mantenido contacto con los responsables del grupo de intercambio, quienes a su vez han informado a las familias de los menores en Catalunya.

Además, el centro está cooperando con la policía para prevenir nuevos incidentes, aunque ha confirmado que mantendrá las actividades del programa de intercambio según lo previsto.

No obstante, en su comunicación a las familias, el Liceo de Haren ha recomendado a los alumnos que no se desplacen solos y que lo hagan mejor en grupos de varias personas entre las distintas actividades.

Estos hechos coinciden con la creciente preocupación de las autoridades neerlandesas por la difusión en redes sociales de los llamados “vídeos de humillación”, en los que jóvenes son forzados bajo amenazas a arrodillarse y pedir disculpas, a veces con agresiones físicas. La policía neerlandesa ha advertido que este fenómeno resulta “preocupante y terrible” por el impacto que tiene en las víctimas.

En el mes de marzo, la policía arrestó a tres menores de edad acusados de participar en otra agresión ocurrida a principios de mes en la localidad de Enkhuizen. Se trataba de menores de 14, 15 y 16 años, todos ellos residentes de la localidad, y que grabaron un vídeo humillante de este tipo. Al intentarlo, su víctima trató de defenderse y varios de ellos la agredieron, tras lo que tuvo que ser trasladada al hospital.

En los primeros tres meses de 2026, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Los datos de la violencia machista son escalofriantes y, además, son solo “la punta del iceberg”, como lo describe la cineasta Júlia de Paz. Sabe de lo que habla. Ha estado más de cinco años investigando y hablando con maltratadores para dar forma a su segunda película, la estupenda La buena hija que ya se puede ver en cines.

Un filme que aborda la violencia vicaria desde un lugar inusual y poco o nada contado. La cineasta elige el punto de vista de una hija que entra en la adolescencia y que no entiende bien lo que ha pasado. Quiere a su padre, le admira. Él es un artista moderno, progre, con el que se rapa el pelo y habla de las cosas que no se atreve a contar a su madre. Sin embargo, para verse tienen que acudir a un punto de encuentro marcado por los jueces. El filme no cuenta qué ha ocurrido antes de forma explícita, pero es evidente que su padre no puede acercarse a su madre. 

Poco a poco, a través de esa mirada inocente que deja de serlo, La buena hija aborda la violencia vicaria antes de que la tragedia explote. Cuando los sucesos hablan de ella es cuando lo peor ya ha ocurrido. Sin embargo, hay detalles: chantajes, comportamientos, vejaciones más o menos sutiles que también lo son, aunque no estén todavía tipificadas como ello. De eso habla este filme, y lo hace desde la sutilidad y la inteligencia. Confiando en el espectador.

La aproximación de la directora recuerda a Querer. No es casualidad. Aunque Alauda Ruiz de Azúa dirigiera y se encargara finalmente del proyecto, Júlia de Paz fue su cocreadora y estuvo en el proceso de guion. Se nota desde esa primera escena de La buena hija, donde la madre (Janet Novás) recoge las consecuencias de una discusión. Hay platos rotos. Todo por el suelo. No hace falta decir más. 

Una secuencia inicial que Júlia de Paz confiesa que les costó “bastante”. Había que “encontrar la manera de enseñar que algo había pasado, este resto de la violencia, sin que fuera tampoco muy explícito”. Esa escena “marca el tono” del filme: “Cuenta cómo nos vamos a comunicar con el público. El querer contarlo todo desde la sutileza, incluso asumiendo el riesgo de que haya cierta información que el público no llegue a entender y requiera de una participación de los espectadores para llenar estos vacíos”.

Eso sí, sin entrar nunca en ambigüedades o en un suspense peligroso sobre si el padre era o no un maltratador. “Tuvimos la suerte de estar muy acompañadas en toda la escritura de guion. Compartimos mucho el guion para testear si se entendía lo que era necesario, o ver lo que no era tan necesario. Y sobre todo para no dar un mensaje contradictorio, tampoco dar algo panfletario, pero sí dar con la información necesaria para poder entender la historia”, explica.

Uno de los aciertos del filme es derribar estereotipos. Lo más fácil para Júlia de Paz hubiera sido elegir a un padre autoritario y violento en sus formas. Hace lo contrario en un personaje que encarna con acierto Julián Villagrán. “Durante toda la investigación nos dimos cuenta de que hay unas narrativas ya muy marcadas, incluso un cierto arquetipo que nos han hecho entender cómo es un maltratador, y lo que nos dimos cuenta es que esto minimizaba mucho lo que es la violencia, porque lo anclaba mucho a una idea en concreto e invisibilizaba muchísimos más casos que no se estaban teniendo en cuenta”, argumenta. 

Entendemos la violencia machista como violencia física o sexual. Las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque no estamos contemplando la violencia psicológica

Júlia de Paz — Cineasta

Por eso decidieron escribir “un personaje que se alejara de estas narrativas más hegemónicas de lo que nos han hecho entender que es un maltratador”. Al hacer que sea pintor, la cineasta introduce otro debate, el de si se puede separar la obra del autor. 

El filme reflexiona sobre qué es lo que entendemos como violencia, y también como violencia vicaria. “Pasa con la violencia machista en general, que lo que entendemos como violencia machista es la violencia física o sexual. Pero es que las noticias que nos llegan son la punta del iceberg, porque son los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas. Tipificamos la violencia vicaria como el asesinato o la violencia más física y no estamos contemplando la violencia psicológica, que es más difícil de detectar y de leer, pero que si no la abordamos, no estamos abordando el conflicto en su globalidad”, subraya.

Tanto la protagonista —un descubrimiento llamado Kiara Arancibia— como el personaje de su madre avanzan, o al menos resisten, gracias a una red de mujeres a su alrededor. Otras víctimas de violencia, en el caso de la adulta, y las amigas del instituto en el de la joven. Un mensaje que tenían claro que querían dar: “Cuando hablamos con hijas e hijos de víctimas de violencia machista, ellas se preguntaban si serían en el futuro agresores o nuevas víctimas. Queríamos terminar con esa idea y decir que con un buen acompañamiento hay posibilidad de no reproducir estos patrones. Queríamos terminar con un poco de luz, que no se quedara sola, que vea que siempre tendrá esta red y este apoyo para que las espectadoras que puedan estar en una situación similar se queden también con este mensaje”.

“Sé lo que necesitas y lo que necesitas es malo”, te dice el juego nada más empezar. “Serás capaz de disciplinar a la chica cuando alcances el 100%”, te explican entre píxeles. Cuando ganas varias partidas, la chica en cuestión aparece maniatada y te pide que te detengas, que la dejes ir. Sin embargo, la siguiente escena requiere, entre otras cosas, que la violes con un dildo de pinchos. Después animas a otros hombres a que también la violen, tras lo que aparece un panel tipo Candy Crash, y vuelta a empezar, hasta el punto de que algunos de estos personajes femeninos terminan ensangrentados y con la mirada perdida.

Este videojuego de violencia sexual extrema es el “mejor valorado” de la sección “solo para adultos” de Steam, la plataforma distribuidora de videojuegos para PC más popular del mundo. Alrededor de 8.600 resultados aparecen en esta categoría (representan una pequeña parte sobre el total). Más 400 de ellos son gratuitos. Es decir, fácilmente accesibles para cualquier menor.

En un momento en el que otras compañías del sector sí están avanzando hacia un mayor compromiso con la protección de la infancia —Roblox, otra plataforma especialmente polémica, ha implantado recientemente un nuevo verificador de edad, que pretende ser garantista—, Valve Corporation, empresa propietaria de Steam, se está quedando atrás. Y es que el muro de pago es prácticamente el único límite eficaz que la plataforma tiene a la hora de evitar que cualquier niño, niña, o adolescente acceda a este tipo de contenido, además de la opción del pin parental. 

elDiario.es ha analizado, además de esos títulos gratuitos, hasta qué punto un menor puede llegar fácilmente a ellos.

Una puerta relativamente fácil de abrir

Si te llamas “Juan”, tienes 11 años, y te quieres crear una cuenta de Steam, solo tienes que afirmarle a la plataforma que eres mayor de 13 poniendo un aspa en un cuadradito. A partir de ahí, a priori, todos estos títulos no te aparecen, pues los ajustes preestablecidos se encargan de censurarlos (tengas la edad que tengas, solo puedes ver contenido sexual explícito si modificas estos filtros). 

No obstante, si, por ejemplo, lo que te interesan son los juegos de simuladores de citas, o los de anime, y juegas a un par, rápidamente Steam te empieza a sugerir material en el que aparecen personajes femeninos sexualizados (con poca ropa o con poses sugerentes), ya que los juegos que incluyen desnudos o temas sexuales —siempre que no sean el foco principal— no están filtrados.

Uno de esos títulos que sí le pueden aparecer al usuario que se acaba de crear una cuenta es Your Mom (de pago), cuya descripción es la siguiente: “Tu madre está aquí. Ven rápido a jugar felizmente con tu madre”

Uno de esos títulos que sí le pueden aparecer al usuario que se acaba de crear una cuenta es Your Mom (de pago), cuya descripción es la siguiente: “Tu madre está aquí. Ven rápido a jugar felizmente con tu madre”. “Tu madre”, se ve en el tráiler, resulta ser una mujer con los pechos muy grandes a la que puedes dejar en ropa interior. Debajo de la descripción aparece la etiqueta “Contenido sexual”. Si clicas en ella, llegas al agujero negro de “Solo para adultos”, en el que sí hay material explícito.

Eso sí, si quieres jugar a algún videojuego de esta categoría, Steam te avisará: “Este producto incluye contenido que has solicitado no ver”, o te hará poner tu fecha de nacimiento, ante lo que tú podrás clicar en “ver página” o mentir y, simplemente, acceder igualmente. Y, si no quieres pasar por ello cada vez que quieras jugar a algo erótico, puedes simplemente cambiar los ajustes y decir que sí, que Steam te muestre siempre contenido sexual solo para adultos.

Esa pendiente hacia los juegos violentos y de contenido sexual se puede evitar con la intervención de los padres. Pueden iniciar sesión con la cuenta de sus hijos y establecer lo que Steam llama “modo familiar”, donde se pueden configurar los permisos de acceso a los diferentes contenidos, asignar un pin y un correo de confirmación. El sistema de esta plataforma permite crear un grupo donde se añaden o excluyen los juegos.

El Ministerio busca impedir el acceso a los menores

Una vez conoces la existencia de esta sección, puedes jugar de forma gratuita a exponer a una chica “desesperada por dinero” a distintos tipos de violencia sexual; puedes “espiar” a tu vecina, grabarla mientras está desnuda, o instalar cámaras en su casa —pero si quieres violarla, tendrás que pagar por la versión completa del juego—; también puedes ser productor porno, o proxeneta, o una streamer a la que violarán brutalmente en grupo y, a la que, en el fondo, le “gustará”; u observar cómo le causan hematomas en la vagina a un personaje maniatado; o azotar a tu novia-criada hasta que llore; o incluso “romper las barreras mentales” de varias chicas mediante hipnosis para desnudarlas. 

Un niño o adolescente, si no tiene esa ventana de tolerancia a la violencia muy abierta, accederá a un videojuego así, se asustará, y probablemente lo quitará

Aida Gallego-Márquez — Doctoranda en Sociología y Antropología especializada en videojuegos

En España, se calcula que más de la mitad de las personas que juegan a videojuegos en el PC tienen menos de 25 años, de los cuales alrededor del 20% tiene menos de 15. Pese a estos datos, Aida Gallego-Márquez, doctoranda en Sociología y Antropología especializada en analizar videojuegos desde una perspectiva de género, llama a la calma: “Creo que las personas que juegan a estos juegos están ya predispuestas a la violencia, la tienen normalizada. Un niño o adolescente, si no tiene esa ventana de tolerancia a la violencia muy abierta, accederá a un videojuego así, se asustará, y probablemente lo quitará”.

Por eso, prosigue, es tan importante controlar la violencia que “consume” la infancia, “para poder saber que nuestros hijos/as se van a asustar o que directamente no van a abrir esos juegos. Pero si Tiktok le está mostrando a un menor imágenes de muertos en no sé dónde, o si está viendo pornografía mainstream, esa ventana de tolerancia se está abriendo. No obstante, entre la pornografía y estos videojuegos hay un salto, una línea roja que cruzas, porque en la primera eres solo un espectador, pero en un videojuego eres tú ‘el que está violando’”. 

El Ministerio de Juventud e Infancia ha asegurado a este diario que “la Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales (en trámite en el Congreso) contempla la implementación de una herramienta de verificación de edad eficaz, cuyo incumplimiento puede suponer hasta multas de 2 millones de euros, que garantizará que los menores no puedan acceder a contenidos inapropiados como ultraviolencia o material pornográfico”. Esto, aseguran, aplicará a todas las plataformas online (también de videojuegos).

No es tanto el contenido, sino dónde se muestra

Pero lo alarmante de estos videojuegos no acaba con los menores de edad. La socióloga explica que lo que le parece especialmente preocupante es el hecho de que esta violencia sexual extrema se encuentre disponible en el “Netflix de los videojuegos”: “Para un adulto con una predisposición a este tipo de contenido violento, que sepa que hay ‘comunidad’ creo que es lo peor. Se puede interpretar que todo esto es algo ‘normal’”. No obstante, puntualiza que no hay que caer en tomar la parte por el todo y demonizar los videojuegos en general y los eróticos en particular ya que “no todos capitalizan esa violencia”.

Por otra parte, Steam sí tiene normas sobre lo que permite publicar y lo que no. Por ejemplo, no se pueden publicar narrativas que “promuevan el odio, la violencia o la discriminación contra grupos de personas por motivos de etnia, religión, género, edad, discapacidad u orientación sexual”. Tampoco está permitido que haya “imágenes de desnudos o sexualmente explícitas de personas reales”. 

La violencia contra las mujeres, en el mundo en el que vivimos, da dinero. El patriarcado y el capitalismo hacen un matrimonio perfecto

Aida Gallego-Márquez — Doctoranda en Sociología y Antropología especializada en videojuegos

Pero una de las que más llaman la atención es la siguiente, por su falta de concreción: “No está permitido publicar contenido claramente ofensivo o destinado a escandalizar, indignar o asquear al público”. Ante la pregunta de por qué cree que escenas de violaciones brutales no aplican a esta norma, Gallego-Márquez responde: “Porque la violencia contra las mujeres, en el mundo en el que vivimos, da dinero. El patriarcado y el capitalismo hacen un matrimonio perfecto”.

El lucrativo negocio de los videojuegos para adultos

Y es que los videojuegos para adultos no son algo exclusivo de Steam, sino que están por todo Internet (aunque, eso sí, el resto de las plataformas más conocidas no los distribuyen). Existen prácticamente desde que lo hace la industria de los videojuegos, pero fue a partir de 2018 cuando comenzaron a llegar a Steam.

Es imposible encontrar una cifra oficial acerca de cuánto dinero gana Steam con esta categoría de “solo para adultos”, pero sí que puede intuirse la demanda que hay al visitar el Top 50 de los creadores que más financiación recaudan de todo Patreon, una plataforma de crowdfunding (financiación colectiva). 

Según Petri Lankoski, doctor en Artes y uno de los académicos que más ha estudiado este nicho, el crowdfunding es la manera en la que una amplia parte de estos videojuegos se financian. En el momento en el que elDiario.es visitó la web, 7 de las 50 cuentas de Patreon más lucrativas se dedicaban a hacer videojuegos o animaciones “para adultos”, ganando decenas de miles de euros mensualmente. 

Los financiadores pueden influir en el desarrollo votando sobre qué misiones, tipos de escenas sexuales, fetiches o tipos de personajes aparecerán, o incluso llegando a diseñar una escena sexual para el juego

El modelo de financiación de Patreon ofrece a los desarrolladores una forma de monitorear de cerca los deseos de sus financiadores, que pueden influir en el desarrollo de diversas maneras: votando sobre qué misiones, tipos de escenas sexuales, fetiches o tipos de personajes aparecerán, o incluso llegando a diseñar una escena sexual para el juego, concluye uno de los estudios de Lankoski.

Un debate que está lejos de cerrarse

En 2025, una campaña impulsada por Collective Shout, un grupo activista australiano dedicado a combatir “la sexualización de niñas y mujeres” —vinculado con sectores cristianos conservadores— desembocó en la retirada de varios juegos pornográficos de Steam de violencia sexual extrema o incesto.

Pero no es la única polémica que ha tenido la plataforma. También el año pasado tuvo que retirar un videojuego que se vendía como un “simulador de sexo no consentido”. Ante las críticas, la firma creadora del mismo emitió un comunicado lamentando que “mucha gente confunda la realidad con la ficción” y pidiendo más apertura de mente hacia “los fetiches humanos que no hieren a nadie, aunque puedan resultar repugnantes”.

Todo sucedió a raíz de que las autoridades británicas exigieran que la plataforma lo retirase del catálogo disponible para usuarios del Reino Unido mediante presión política y mediática, alegando que dicho contenido era “ilegal en virtud de la legislación vigente”. Muchas personas han tachado a estos episodios de “censura” moral y/o religiosa. 

Sin duda, a mí esta idea de estos videojuegos me genera repulsión, pero que pudiera prohibirse o perseguirse penalmente me genera muchas dudas. Ello podría abrir la puerta a otros tipos de censura

Ana Valero — Jurista y autora de ‘La libertad de la pornografía’ (2022)

Ana Valero, jurista y autora de libros como La libertad de la pornografía (2022) o Una mirada cinematográfica hacia el consentimiento sexual (2025) comparte algunas reflexiones en este sentido: “Para mí, como jurista, sí, la línea roja para no caer en el puritanismo está en la censura moralizante. No existe un derecho a no sentirnos disgustados, ni alarmados, ni desconcertados. Sin duda, a mí esta idea de estos videojuegos me genera repulsión, pero que pudiera prohibirse o perseguirse penalmente me genera muchas dudas. Ello podría abrir la puerta a otros tipos de censura”. 

“Yo siempre he sido muy reacia a entender que hay conductas que producen un daño a la sociedad en su conjunto, porque es muy difícil demostrar un nexo de causalidad entre la conducta supuestamente dañosa y ese daño generalizado. Sobre todo cuando hablamos de ficción y siempre y cuando los usuarios sean personas adultas”, opina.

Este medio ha intentado contactar con Valve Corporation (Steam) para que dé su perspectiva sobre todo lo expuesto, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

Un menor de siete años ha sido trasladado este lunes al Hospital de Manzanares (Ciudad Real) tras ser atropellado por un turismo cuando iba en bicicleta por el municipio de Membrilla.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han informado de que el aviso se ha producido a las 17:08 horas desde la plaza Azafranal donde ha tenido lugar el accidente en el que ha resultado herido un niño.

El menor ha sido trasladado en una UVI al Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares y hasta este lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a un depredador sexual buscado por las autoridades alemanas por seis delitos contra la nieta de la su pareja. El hombre de 67 años fue localizado oculto en una casilla de campo aislada en una zona rural de La Rioja. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Alemania por su presunta implicación en seis delitos de agresión sexual y lesiones.

La reclamación judicial se basa en unos hechos ocurridos en junio de 2024 en Alemania. Se investiga si el hombre de 67 años detenido en La Rioja cometió varios delitos de agresión sexual y lesiones contra la nieta de su pareja sentimental, una menor de diez años de edad. La investigación en España se inició hace varias semanas tras una comunicación de la Fiscalía de Traunstein (República Federal de Alemania). A través de los cauces de cooperación policial internacional alertó sobre la posible presencia del reclamado en territorio riojano, donde podría encontrarse oculto para eludir la acción de la justicia alemana.

A raíz de esta información, la Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja activó un dispositivo de investigación y búsqueda. Las gestiones realizadas permitieron localizar al sospechoso en una casilla de campo aislada situada en una zona rural de La Rioja Oriental, donde se había establecido para evitar ser detectado.

Dadas las dificultades de acceso al paraje y el riesgo de fuga, los agentes diseñaron un operativo específico para garantizar la seguridad de la intervención. En el dispositivo de Guardia Civil participaron efectivos del Equipo PEGASO, que emplearon drones para el control aéreo y la vigilancia de la zona, así como agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, encargados de ejecutar la entrada táctica en el inmueble.

El operativo culminó con la detención del reclamado sin incidentes. Durante el registro se hallaron dos teléfonos móviles y 33 DVD, efectos que fueron incautados y que serán analizados por la policía alemana por si pudiera incluir material pedófilo. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su entrega a las autoridades de Alemania conforme al procedimiento establecido en la Orden Europea de Detención y Entrega.

La Plaza de Toros de Calahorra acogerá el próximo sábado 2 de mayo un tentadero público de carácter benéfico, cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación ARDACEA para la atención del daño cerebral adquirido. El evento está organizado por la Peña Taurina de Calahorra y cuenta con la colaboración del Ayutamiento.

Como ya se ha denunciado en otras ocasiones, el festejo promociona la asistencia de niños muy pequeños con ofertas. En concreto, los niños de 4 años tienen entrada gratuita, si bien tienen que ir acompañados por un adulto con entrada. Se busca así incentivar la asistencia familiar al coso calagurritano. Una medida que choca frontalmente con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que insta a las administraciones públicas a prohibir la participación y asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos para prevenir los efectos nocivos de la violencia sobre su desarrollo.

El tentadero, programado para las 17:00 horas, contará con la participación de los profesionales Frascuelo, Rubén Sanz, Ruiz Muñoz, Fernández de la Puebla y Alberto Donaire, además del rejoneador Sergio Domínguez. Se lidiarán cinco vacas bravas para mostrar al público las diferentes suertes del toreo.

Además, el festejo cuenta con la colaboración directa Ayuntamiento de Calahorra. Mientras la localidad tiene el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia” que otorga UNICEF, promociona un festejo que promociona la participación de niños muy pequeños. Organizaciones en defensa de los derechos de los menores y colectivos antitaurinos han criticado en repetidas ocasiones que instituciones públicas financien o colaboren en eventos que “normalizan” el maltrato animal ante una audiencia infantil.

Son tiempos de cambio para la industria de los videojuegos. Las empresas del sector se han percatado de que ya no se puede seguir estirando el chicle ante una realidad inaplazable: los peligros de los videojuegos de ahora no tienen nada que ver con los de antes y los padres están cada vez más preocupados. 

Es por ello que 2026 está trayendo consigo dos grandes anuncios en esta materia. El sistema europeo de clasificación de videojuegos por edad y contenido PEGI implementará en junio la mayor actualización desde su creación y Roblox, una de las plataformas de videojuegos más polémicas de los últimos años, avanza, por fin, hacia un mayor compromiso a la hora de proteger a sus usuarios menores de edad.

Los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…

Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI

“Cuando se creó PEGI, todo el enfoque estaba centrado en el contenido de los juegos. En si había violencia, sexo, drogas o lenguaje soez. Sin embargo, ahora la preocupación se ha desplazado del contenido al contexto”, resumió este jueves Jennifer Wacrenier, gerente senior de Operaciones y Comunicación en PEGI S.A, en una jornada de reflexión organizada por la Asociación Española de Videojuegos.

“No es que el contenido no sea importante, pero los padres ahora también quieren saber cuánto tiempo van a estar jugando sus hijos, si van a hablar con desconocidos online, si van a gastar dinero…”, ha continuado. El organismo subirá la edad recomendada de los videojuegos que incluyan ciertas funcionalidades concretas, como algunos tipos de compras dentro del juego, sistemas de azar o comunidades en línea que no estén debidamente moderadas. 

Por su parte, Roblox —una plataforma que ha generado polémica por la existencia de incidentes reportados relacionados con acoso a menores por parte de adultos— a finales de 2025 implementó un sistema de verificación de edad mucho más estricto, que seguirán perfeccionando en 2026. “Si tienes nueve años, no deberías poder hablar con alguien de veinte”, ha explicado Sofia Gkiousou, directora de Asuntos Públicos de la compañía.

“¿Qué es lo que hace este sistema de verificación? Que si quieres usar las funciones de chat en Roblox, tendrás que pasar una estimación de edad facial diseñada para detectar si haces trampas. ¿Estás fingiendo? ¿Subiste una imagen de Al Pacino para hacerte pasar por un adulto...? El sistema verifica todo eso y te clasifica por edades: de 9 a 11 años, de 12 a 15, etc. Al entrar al juego, no puedes chatear con nadie que esté muy fuera de tu rango de edad”, ha profundizado.

Controles parentales cada vez más personalizables

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España, señaló en el encuentro que, además de todas estas medidas que las compañías están implementando, las familias también han de hacer un esfuerzo por acercarse a este mundo: Creo que hay veces que les cuesta más entrar en el mundo de sus hijos cuando se refiere a videojuegos que cuando tiene que ver con películas, dibujos animados, cuentos. Necesitamos también cierta implicación por parte de los padres“.

Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o controlar cosas como el tiempo de juego

Rosa Gil Bernabé, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Nintendo España

Además, ha recordado todas las maneras en las que las familias pueden intervenir en la configuración de su consola: “Puedes establecer una restricción por edad, limitar las compras, o acceder a la app Control Parental de Nintendo Switch, desde la que se pueden controlar cosas como el tiempo de juego o incluir un tiempo de descanso nocturno. También se puede recibir información sobre los juegos a los que juegan tus hijos o limitar el juego online”.

Tanto Roblox como Nintendo puntualizan que ninguna de las herramientas de seguridad que tienen son aún perfectas. “Siempre habrá margen de mejora. Perfeccionamos nuestras herramientas de seguridad a diario. El año pasado implementamos 150 mejoras. Es por eso que no solo contamos con una herramienta, sino que son muchas actuando a la vez”, expresaba Gkiousou. 

Desde PEGI, ha afirmado Wacrenier, esperan que los cambios que se van a implementar incentiven a los editores y desarrolladores a seguir aplicando controles estrictos en la fase de creación de los videojuegos. Pese a que 2026 podría actuar como un punto de inflexión, las grietas en cuanto a protección que tiene la industria —al igual que ocurre con las redes sociales— siguen siendo muchas (sobre todo en lo relativo a los juegos en línea) y suponen un verdadero reto.