La V Conferencia de Política Exterior Feminista se ha celebrado esta semana en Madrid con más de 700 personas procedentes de ministerios de asuntos exteriores, organismos internacionales y sociedad civil, y con críticas a su falta de interseccionalidad. Belén Sanz, responsable de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, ha sido una de las participantes de un encuentro que ha tenido como ejes la participación política de las mujeres, la sociedad del cuidado, o la financiación de las políticas de igualdad. La declaración final, a la que se han sumado 28 Estados, alertaba sobre el impacto de la desinformación y los discursos antiderechos, e instaba a lograr la paridad y a aumentar los recursos para la igualdad.

¿Qué nivel de coherencia se puede pedir a la política exterior feminista? En la Conferencia han participado países en los que, por ejemplo, el aborto está prohibido o fuertemente limitado o que no reconocen políticas específicas para la violencia de género. ¿Es una manera de presionar a esos países o puede ser considerado pinkwashing?

Es importante recordar que uno de los objetivos de las políticas exteriores feministas o con enfoque de género es que avancen los compromisos internacionales en materia de igualdad. Todos los países que han suscrito acuerdos internacionales en ese sentido, particularmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tienen que rendir cuentas sobre sus avances y en este sentido las conferencias internacionales son una oportunidad. Desde luego que nuestra aspiración es que haya una coherencia interna y externa, que los países que están desarrollando un apoyo al multilateralismo con enfoque de género, a su vez avancen en la implementación de esas políticas a nivel nacional. Este tipo de plataformas ayudan a generar un mayor nivel de cambio en los países y a que haya un intercambio de buenas prácticas.

Enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. A pesar de ello, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres

Esta Conferencia tiene lugar en un mundo en el que están sucediendo alianzas muy opuestas. Hay una alianza internacional que tiene en el centro de su eje político una crítica al concepto de violencia de género o el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué diagnóstico hace del momento en el que estamos?

Desde ONU Mujeres hemos documentado ampliamente el hecho de que enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. Además, existe una disminución en la financiación de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de tareas centrales de apoyo y acceso a servicios e incluso de salvar vidas en contextos de conflicto. Y vemos también que hay una corriente de oposición y de cuestionamiento a la esencia misma de los derechos de las mujeres. Nuestro diagnóstico es preocupante y tenemos que ser capaces de hacer frente a estos retrocesos.

A pesar de ello, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres. En la Comisión del Estatus de la Mujer de este año, que es el encuentro internacional más importante en esta materia, se generaron importantes debates. Algunos países trataron de cuestionar el enfoque mismo de la igualdad de género y otros conceptos que están avalados por los acuerdos internacionales. A pesar de ello, la mayoría abrumadora de países adoptó por consenso unas conclusiones que no solo reafirman los derechos de las mujeres, sino que avanzan en temas centrales como los cuidados, o la violencia contra las mujeres. Es decir, el contexto no es favorable en la medida en que hay corrientes muy fuertes opositoras a la agenda de igualdad, pero es importante que sigamos sumando voluntades y que recordemos que la mayoría abrumadora de países están comprometidos con este avance.

¿Está la interrupción voluntaria del embarazo en riesgo? ¿Con qué argumentos se puede o se debe ahora, digamos, contrarrestar esa corriente?

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales de las mujeres y que debemos proteger en todos los contextos. Son derechos asociados a la salud y a la violencia contra las mujeres y por lo tanto desde Naciones Unidas impulsamos que los países garanticen que las mujeres tengan derecho a elegir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo en condiciones de seguridad tanto jurídica como de acceso a la salud.

Ante cualquier riesgo de retroceso es importante recordar que los países cumplan con los estándares internacionales, y esos estándares indican que las mujeres tienen que tener sus derechos sexuales y reproductivos protegidos. Es importantísimo apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han impulsado y abogado por que los derechos sexuales y reproductivos se mantengan en la agenda. Los derechos de las mujeres no se pueden dividir en trocitos, son derechos interconectados, integrales.

La tendencia que estamos observando es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes. Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo: al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo

Sobre la financiación, ¿ha habido un cambio de tendencia?, ¿se están desfinanciando organizaciones y proyectos con enfoque feminista en todo el mundo?

En financiacion vemos la brecha enorme que existe en el mundo, por ejemplo, entre defensa y gasto militar y desarrollo e igualdad de género. Esa brecha es inasumible. Si invirtiéramos esos recursos en igualdad de género, la aceleración en materia de desarrollo sostenible sería infinita. Es importante que revisemos cuáles son las prioridades de financiación de los países. La tendencia que estamos observando, además, es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes.

Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo en distintas regiones y estos informes nos indicaron que al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo. Los países deben entender que mientras sigamos priorizando la financiación en gasto militar y desdeñando la inversión en desarrollo sostenible y derechos humanos, la verdadera paz que estamos buscando va a estar en riesgo.

En España se ha popularizado un término para descalificar a las organizaciones feministas que reciben dinero: chiringuitos feministas. ¿Puede explicar a qué se dedican muchas de estas organizaciones que ahora están dejando de recibir financiación, cuáles son sus objetivos, su función, sus actividades?

Estamos hablando de organizaciones que, por ejemplo, dan apoyo directo a víctimas de violencia, o a mujeres que han sido afectadas por una guerra, así que tiene que ver con salvar vidas. Pero hay que hablar sobre su tarea de abogacía: en todos los países del mundo donde ha habido avances en derechos, por ejemplo, al voto, a un salario igualitario, a una educación digna, al derecho a la salud... todos estos avances legislativos han tenido detrás un impulso de las asociaciones de mujeres, que se organizan en torno a una agenda estratégica y política para el avance de la igualdad.

Las organizaciones tienen una labor fundamental en acompañar a los gobiernos a nivel nacional y local para garantizar el acceso a servicios básicos por parte de las mujeres, para diseñar políticas públicas e incluso en la provisión de servicios directamente a mujeres. Por eso, desde ONU Mujeres insistimos en que no podemos desfinanciar a las organizaciones porque eso sería desfinanciar la agenda de igualdad y tendría un efecto directo no solo en los derechos de las mujeres, sino en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la Conferencia varias ponentes hablaron de la necesidad de ampliar o de cambiar el concepto de seguridad. ¿Es necesario que la seguridad se entienda no solo como un asunto de protección de territorios sino también de protección de las personas y de garantizar vidas dignas y libres de violencia?

Exactamente. Los derechos humanos tienen que centrarse en la seguridad humana. Naciones Unidas ha generado suficiente evidencia sobre el hecho de que la seguridad tiene que tener un enfoque integral, que no se centre solo en la defensa, sino también en la generación de oportunidades para la ciudadanía, para la sociedad en materia de desarrollo y de derechos humanos. Un enfoque de género en la seguridad permite entender que la seguridad implica acceso de las mujeres a la salud, acceso al trabajo, a la educación... y eso redunda en un mayor desarrollo para toda la sociedad. Y en un momento en el que tantas guerras y conflictos están activos en el mundo es más necesario que nunca que repensemos la seguridad con enfoque de género.

Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones.

¿Es la violencia digital una variante en auge de la violencia de género? ¿Está teniendo la relevancia que merece, estamos tomando en serio el asunto?

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema. A pesar de ello, es importante señalar que cuando existen legislaciones específicas, la violencia disminuye. Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones. Es un porcentaje altísimo y eso teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que aún no reportan esta violencia.

Hay que hablar de cómo esta violencia está ejerciéndose sobre periodistas y mujeres con visibilidad pública, incluyendo mujeres en política, y señalar que tiene enormes consecuencias, como la autocensura, la posibilidad de ejercer su profesión, pero también consecuencias en salud mental. Es urgente atender este asunto, que haya protocolos específicos de apoyo. ONU Mujeres está trabajando en una estrategia global para apoyar a las profesionales en este sentido e impulsar que los países generen protocolos específicos de protección y de apoyo.

¿Es la Inteligencia Artificial un nuevo riesgo en este sentido?

La IA puede suponer avances, pero también riesgos. Sabemos que la manera en la que se diseñan las herramientas de IA reproduce sesgos de género y, además, se están utilizando para acosar directamente a las mujeres. El abuso por medio de inteligencia artificial no es casual, busca silenciar a las mujeres, desacreditarlas y expulsarlas de los espacios públicos y democráticos. La propiedad de mucha de estas empresas debe democratizarse, deben entrar muchas más mujeres en este sector y debemos tratar de que la mirada de género se introduzca.

Es hora de que una mujer asuma el liderazgo de la ONu. Estamos seguras de que en en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres

Hay un movimiento internacional, del que España es parte, para que la próxima persona que lidere las Naciones Unidas sea una mujer. ¿Cuál es la posición de ONU Mujeres?

Nos parece que tras 80 años en los que no ha habido una sola mujer liderando esta organización ya es hora de que una mujer pueda asumir esta responsabilidad. Estamos seguras de que en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan –guerras, cambio climático, derechos humanos...–, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres. Así que esperamos que los Estados miembros en sus deliberaciones se den cuenta de que ya es hora de que una mujer lidere este organismo.

También hay liderazgos femeninos reaccionarios. ¿No es un riesgo pedir que sea una mujer sin poner otros requisitos? ¿No es esencializante reivindicar que sea una mujer sin hablar de qué principios e ideas debería tener esa persona?

Lo que hay que pedirle a todos los líderes del mundo, sean hombres o mujeres, es que tengan un compromiso con la igualdad de género y desde luego con los principios de derechos humanos que la ONU enarbola. Esperamos que quien sea que lidere el organismo defienda los derechos de las mujeres y que aproveche la oportunidad de esta nueva etapa de las Naciones Unidas para avanzar en la igualdad. Así que, desde luego, queremos un liderazgo transformador y comprometido con la igualdad de género, que quien llegue entienda que esa igualdad es una de las salidas a muchas de las crisis que atravesamos.

Al parecer, hay quien ha descubierto que el machismo y el capitalismo existen gracias a Bad Bunny. Vivían en el desconocimiento hasta que el artista puertorriqueño empezó sus conciertos en España y vimos de cerca qué pasaba con La Casita, ese espacio que imita una construcción tradicional de su isla y en el que desarrolla una parte de su concierto. En La Casita aparecen celebrities, personas ricas y gente guapa. O sea, como en cualquier zona vip o palco pero a la vista de todo el mundo. Esa gente incluye mujeres guapas, sexys, con outfits estupendos producidos para la ocasión, algunas seleccionadas por una especie de ojeador que elige entre el público quién entra al lugar.

En ese sentido, La Casita no es nada distinto del mundo en que vivimos, es el mundo en que vivimos: un espacio al que tienes acceso si tienes dinero o estatus. En el caso de las mujeres, una forma de estatus es el cuerpo y el aspecto. La periodista de El País Luz Sánchez Mellado me recordaba en redes esa canción infantil que dice “al pasar la barca me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan dinero”. Las feas, sí. Las 'elegidas' para estar en La Casita han pagado su entrada (una barrera económica nada desdeñable si tenemos en cuenta los precios de venta), pero es otra cosa lo que les da acceso a ese espacio: su ropa, su cara, su cuerpo, su maquillaje. Y es un hombre el que lo decide. 

Si lo que sucede en La Casita es la misma dinámica que ocurre en otros espacios, ¿por qué este revuelo? Porque es Bad Bunny, un tipo que ha transgredido algunos códigos de género, que habla de resistencia anticolonial, que critica la migración forzosa, que ha desafiado a Trump, que celebra la sexualidad femenina -y no la penaliza, como sí hacen otros muchos de su género y de otros-. 

Pero Bad Bunny no es un líder social. No es un activista. No es un tipo que irrumpió en el mundo para cambiarlo desde el sindicalismo, el feminismo o el antirracismo. Es un artista que se ha convertido en un fenómeno de masas, y eso, en este mundo, casi automáticamente, implica convertirse también en un producto expuesto a un montón de contradicciones. Quizá podemos tomar la parte de subversión que nos ofrece y, al mismo tiempo, no erigirlo en un líder moral de nada. Apreciar sus desafíos al sistema y valorar las contribuciones que alguien así hace mientras observamos sus contradicciones. 

Podemos utilizar esas contradicciones para pensar en lo difícil que este mundo capitalista y machista nos pone ser coherentes. O para reflexionar sobre cómo estos mismos sesgos de clase, estatus o aspecto se reproducen en montón de espacios que tenemos alrededor. Para pensar, por ejemplo, qué personas y cuerpos tienen visibilidad, voz y atención, y cuáles permanecen ocultos. Quiénes aparecen en la tele, en las series, en el cine, quién entra gratis o a quién se invita a ciertos lugares.

O podemos utilizarlas para quedarnos simplemente en una crítica a Bad Bunny y, de paso, como están haciendo muchos, a las mujeres a las que les gusta Bad Bunny, especialmente a las feministas a las que nos gusta. Porque somos muchas feministas a las que nos gusta y que entendemos que podemos tomar su parte subversiva sin erigirlo en un lider moral. Y que podemos bailar, disfrutar y perrear mientras transitamos nuestras contradicciones, como hacemos todo el rato en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Estos días, los mismos que no ven machismo en ninguna parte, los mismos que insisten en separar obra de personaje cuando un hombre es señalado con acusaciones graves, son los que se apuntan corriendo a señalar las contradicciones de las feministas y a escandalizarse con la cosificación. Esperemos que este momento de iluminación les sirva para llevar la crítica a sus vidas, a sus relaciones, a sus grupos de amigos, a sus trabajos, a la música que escuchan y a la tele que ven. 

Si eres un hombre, preocúpate por La Casita de Bad Bunny pero, sobre todo, sobre todo, preocúpate por tu casita y por las mujeres que entran en ella.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

La base media de cotización entre los hombre gallegos es 300 euros más alta que entre las mujeres, según datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press. En concreto, en diciembre de 2025 había 816.664 cotizantes del régimen general en la Comunidad, con una base media mensual de 2.182,4 euros por persona, un 4,9% más que en el mismo mes de 2024, mientras que el número de trabajadores subió un 1,7%. Sin embargo, la base media de cotización de los hombres subía a 2.335,8 euros, mientras que la de las mujeres se quedaba en los 2.034,8 euros, 301 euros menos.

Por edades, los menores de 39 años cuentan con una base media por debajo del promedio gallego. Así, los menores de 30 años se quedan en los 1.578,1 euros, mientras que entre 30 y 34 años llegan a los 2.063,4 euros y entre 35 y 39 cobran 2.161,1 euros de media. Son los gallegos de entre 50 y 54 años los que más base de cotización alcanzan, con 2.375 euros. Oleiros vuelve a situarse como el ayuntamiento gallego con mayor base de cotización, con 2.628,6 euros por persona, seguido de Santiago y de A Coruña, con 2.446,4 y 2.395,3 euros, respectivamente.

Población activa: siete de cada diez, empleados

El IGE también publica este viernes una encuesta de población activa sobre la formación, las condiciones de trabajo y la experiencia laboral de los gallegos. Este documento indica que en 2025, las tasas de ocupación más elevadas se registraban en los sectores de estudios de Salud y Servicios Sociales (77,5%) y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (77,2%). Además, siete de cada diez trabajadores en Galicia tenían un puesto laboral como empleados, con superiores y sin personal a su cargo. Dato que asciende al 73,9% en el caso de las mujeres y es del 65% entre los hombres. Esta encuesta también recoge que el 35,5% de la población ocupada en la Comunidad trabajó por lo menos un sábado al mes y el 22,5% al menos un domingo.

Las mujeres de Cervera del Río Alhama llevan años reclamando su espacio en la Gaita de la localidad, una danza tradicional que se baila durante las fiestas patronales. Desde que pusieron en marcha la Gaita Mixta, una agrupación de mujeres y algunos hombres que intentan seguir de forma paralela la tradición para reclamar igualdad, se han enfrentado a desprecios, abucheos e incluso agresiones. Mientras las Cofradías de San Gil y Santa Ana, responsables de los estatutos y las normas de la tradición, han rechazado rotundamente incluir a mujeres en la Gaita, el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha mantenido siempre una actitud equidistante.

Ahora, las participantes de la Gaita Mixta le han reclamado formalmente un posicionamiento, teniendo en cuenta sus “competencias en organización de actos festivos y dentro del espacio público”, ya que buena parte de la tradición trascurre en las calles de la localidad. En concreto, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que piden que “se garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad y no discriminación”.

Asimismo, reclaman al consistorio que “aseguren la participación en condiciones de igualdad y que se revisen los criterios de apoyo económico e institucional vinculados a esta tradición culturales”. También señalan en el comunicado que de no ser escuchadas estas peticiones, continuarán el proceso por las vías administrativas y legales correspondientes. “Seguimos defendiendo que la cultura del pueblo debe ser un espacio de convivencia e igualdad para todas las personas”, subrayan.

En este sentido, apelan a la ley autonómica 7/2023 de Igualdad de Mujeres y Hombres de La Rioja, que recoge forma clara que las administraciones públicas riojanas no pueden subvencionar, apoyar ni organizar actos culturales, festivos o tradicionales que discriminen por razón de sexo o que impidan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. De esta manera, recuerdan al Ayuntamiento que la responsabilidad, por ley, no solo recae en las Cofradías que regulan la Gaita Oficial y sí son entidades privadas.

De esta manera, el conflicto del folclore cerverano da un paso más y pasa de la reivindicación en la calle al ámbito institucional y jurídico. Exigen al Ayuntamiento romper con la pasividad que ha mostrado en los últimos años y diferentes corporaciones ante el veto que sufre la Gaita Mixta, lo que ha convertido la situación en un conflicto social en reiteradas ocasiones. Si bien el Ayuntamiento no ha impedido el baile de la Gaita Mixta en la calle, su presencia en multitud de actos institucionales sigue estando limitada y protagonizada por la Gaita masculina.

Este inmovilismo contrasta con los pasos por la igualdad que se han conseguido en los últimos años en multitud de tradiciones en los pueblos de La Rioja, como la danza de los Zancos de Anguiano, donde participó una mujer por primera vez en 400 años. Un hito ovacionado que, sin embargo, fue tomado con naturalidad por ella misma y por la localidad. Una naturalidad que contrasta con los momentos de tensión e invisibilización que viven las participantes de la Gaita Mixta en Cervera desde hace años.

El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre que presuntamente mató a su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres. De 44 años, ya había sido detenido el día antes de los hechos por haberse saltado una orden de alejamiento que tenía de la víctima y dos días antes por haberla agredido.

A pesar de eso, el juzgado le dejó en libertad alegando que los Mossos d'Esquadra no advirtieron que la mujer, que pocas horas después sería asesinada, corriera riesgo de sufrir ninguna agresión física grave.

La segunda detención se produjo después de que su expareja se saltara la orden de alejamiento que se había decretado ese mismo día por la mañana, después de que el detenido accediera a la celebración de un juicio rápido y aceptara una pena de seis meses de cárcel (sin ingreso) y una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 250 metros durante 1 año y cuatro meses.

Esa misma tarde, los vecinos denunciaron una pelea frente al domicilio de la víctima, en la que se encontraba su expareja. Tras detenerle, los Mossos no pudieron realizar un cuestionario de valoración a la mujer y, como esta no denunció activamente, decretaron que no corría riesgo grave.

“No consta ningún antecedente judicial de violencia entre los intervinientes anterior al domingo 17 de mayo ni ningún otro documento acreditativo ni de visita médica, ni de intervención sanitaria, ni de lesiones”, apuntan. La fecha referida es de dos días antes del asesinato, un domingo en que la víctima acudió al Hospital de Figueres en ambulancia desde su domicilio después de haber sido “apaleada”, según han explicado fuentes conocedoras del caso a elDiario.es.

Esa fue la primera vez que la víctima acudió al Hospital esos días. Llegó a tener que ser atendida hasta tres veces durante las 72 horas previas al crimen. Ese primer día, se realizó un parte que fue entregado a los juzgados. Al día siguiente, lunes, la víctima volvió al centro después de que su expareja rompiera la orden de alejamiento y, presuntamente, volviera a apalizarla. Ese día, fue atendida en la ambulancia hospitalizada que la llevaba al Hospital, pero se fue del centro antes de que pudiera ser atendida por un médico, que debía hacerle un peritaje para entregar a los juzgados.

El martes, el mismo día del asesinato, la víctima volvió al Hospital para acabar el trámite que no pudo acabar el día anterior, pero había demasiado tiempo de espera, por lo que los médicos la derivaron al CAP para que hiciera el examen que le había requerido el juez. Pero la víctima, por motivos que se desconocen, no llegó a acudir a los juzgados a presentar testimonio ni a entregar el parte médico de lesiones.

Como consecuencia de eso, el juez decretó dejar en libertad a su expareja. “Nadie pidió ninguna medida para el detenido y, por lo tanto, el magistrado (que no puede acordar ninguna medida si no se le pregunta) acuerda la libertad dejando la causa abierta y trasladándola en la plaza de violencia”, que es la que había celebrado el juicio rápido un día antes. La mujer fue asesinada pocas horas después de que su expareja quedara en libertad.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

El nombramiento de José Luis Ferrando Castro como nuevo director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación del Gobierno de Aragón ha provocado este jueves críticas por parte de PSOE y Zaragoza en Común debido a una publicación machista difundida en redes sociales en 2013, cuando era presidente de Nuevas Generaciones del PP en Huesca. Después, Ferrando pidió perdón por dicha publicación, según han explicado fuentes del Departamento de Educación.

Ferrando ha sido designado este jueves por el Consejo de Gobierno dentro de una remodelación de altos cargos en varios departamentos del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, su nombramiento ha reavivado la polémica por un mensaje publicado hace más de una década en el que aparecía una joven aparentemente inconsciente junto al texto “He ligado”, una publicación que ya entonces generó controversia y motivó peticiones de dimisión.

El Partido Socialista ha reclamado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que cese “inmediatamente” al nuevo director general. La diputada y miembro de la ejecutiva permanente del PSOE Alto Aragón, Lorena Canales, ha asegurado que Ferrando “está incapacitado para desempeñar un cargo público, y sobre todo en el ámbito de la educación pública”.

“Hace unos años hacía apología de la violencia de género a través de las redes sociales y nunca pidió perdón ni se arrepintió de haberlo hecho”, ha afirmado Canales, que también ha criticado el pacto entre PP y Vox. “El PP está cómodo con Vox, el pacto con la ultraderecha permite dar rienda suelta a este tipo de personas”, ha añadido.

Los socialistas han recordado además que ya en 2013 se reclamó la dimisión de Ferrando tras conocerse aquella publicación. “Tiene que salir inmediatamente a pedir disculpas por aquella publicación, cosa que no ha hecho nunca, o tienen que cesarlo”, ha insistido la dirigente socialista.

También Zaragoza en Común ha cargado contra el nombramiento. La formación municipal considera que el PP “vuelve a demostrar que el feminismo les molesta más que el machismo” y sostiene que este tipo de comportamientos son “incompatibles” con una responsabilidad pública, especialmente en el ámbito educativo.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha reclamado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que “decida si está del lado de las mujeres o del lado de quienes banalizan su sufrimiento”. “Quien ha difundido mensajes humillantes y violentos hacia las mujeres no puede ser el referente institucional encargado de las políticas educativas de Aragón. La educación debe transmitir igualdad, respeto y convivencia, exactamente lo contrario de lo que representan este tipo de publicaciones”, ha señalado.

Fuentes del Departamento de Educación aseguran que Ferrando se desculpó por la publicación y consideran que “recuperar esta cuestión ahora, más de una década después de los hechos, obedece a una estrategia política que dice más de quien la urde que de quien se convierte en su objetivo”. Han recordado que el nuevo director general ha ejercido desde agosto de 2023 y hasta ahora como jefe de gabinete en el Gobierno de Aragón “sin que su huella digital, por la que ya se emitieron las disculpas correspondientes, haya sido objeto de ninguna controversia”.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que “no hay mancha alguna en su desempeño profesional ni su trayectoria, sobradamente consolidada y que habla por sí sola”. Consideran “lamentable tener que rescatar un post publicado hace 13 años, cuando apenas rebasaba la veintena y por el que ya se disculpó, para conseguir una mínima notoriedad en la conversación pública”.

Renovación de altos cargos

El nombramiento de Ferrando forma parte de una amplia renovación de altos cargos aprobada este jueves por el Ejecutivo autonómico y que afecta a seis departamentos del Gobierno de Aragón.

Uno de los cambios más relevantes se produce en el Departamento de Sanidad, donde cesa como directora gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud) Ana Cristina Castillo Forniés. Su sustituto será José Ignacio Castaño Lasaosa, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y hasta ahora director médico del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En el Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, José María Recio Sáez de Guinoa asumirá la Dirección General de Justicia en sustitución de Jorge Oswaldo Cañadas. Además, María Inmaculada de Francisco Trigo ha sido nombrada nueva directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), relevando a María Fe Antoñanzas García.

Los cambios también alcanzan al Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Manuel Díaz Muiña será el nuevo secretario general técnico del área tras el cese de Lucía Horno Elósegui, mientras que María Luisa Rada Puñariño ha sido nombrada directora general de Ayudas Sociales.

En Economía, Competitividad y Empleo, el Ejecutivo autonómico ha incorporado a Ricardo Laborda Herrero como nuevo director general de Política Económica.

Por otro lado, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha formalizado la salida de Manuel Pizarro Moreno como presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, cargo que asumirá Fernando Tello del Hoyo, expresidente de la Federación Aragonesa de Caza.

Además del nombramiento de Ferrando, el área educativa incorpora también a María Cristina Vidal Albareda como nueva directora general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, en una remodelación con la que el Ejecutivo de Jorge Azcón reorganiza parte de su estructura directiva en la recta final del curso político.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado domingo mató a su esposa, de 44 años en la localidad navarra de Arguedas. Según la magistrada, el hombre la que golpeó en la cabeza y, posteriormente, la estranguló en el domicilio conyugal, donde falleció.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la magistrada califica inicialmente los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. El imputado, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil después de que un familiar de la víctima se encontrara en el domicilio el cuerpo sin vida, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la jueza. 

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional o, en su caso, “la adopción de medidas menos gravosas”. 

Fue el pasado lunes cuando, sobre las 18:00 horas, el investigado acudió a la Guardia Civil de Valtierra para poner en conocimiento de los agentes que el día anterior, sobre las 23:00 horas, había discutido con su esposa, a la que había golpeado en la cabeza. Según su versión, la mujer se había desplomado y caído al suelo. Y añadió que, a la mañana siguiente, ella seguía en el suelo, inmóvil. Tras esta declaración, fue detenido. 

A las 18:45 horas, según se recoge en la resolución judicial, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Se apreció que la víctima se encontraba “tumbada en el suelo boca arriba junto con una herida en el lado derecho de la cabeza, junto al lóbulo de su oreja, con sangre”. El informe preliminar forense, indica la jueza, determina que “la muerte ha sido violenta, siendo la causa inmediata de la misma probable anoxia encefálica, como consecuencia de asfixia mecánica cervical”. 

“De todos los hechos descritos anteriormente se desprende de forma indiciaria, al menos en este momento incipiente de la instrucción, que el investigado (…), no solo golpeó en la cabeza a la víctima (…), sino que la agarró del cuello hasta asfixiarla”, concluye la jueza. 

La medida de prisión, según apostilla, es “absolutamente imprescindible para evitar el riesgo de fuga” debido a las penas previstas por el delito de homicidio —de 10 a 15 años de prisión— o, si se determinara, por el de asesinato —de 15 a 25—, así como por “el hecho innegable de la falta de arraigo del investigado”, que lleva “únicamente dos meses viviendo en Arguedas con su mujer”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

El Ministerio de Igualdad confirmaba este miércoles a mediodía que el asesinato de una mujer en Dolores (Alicante) el pasado 16 de mayo es un caso de violencia machista. La confirmación se suma a otros dos crímenes machistas sucedidos en los últimos días: el de un hombre que asesinó a su pareja en Arguedas (Navarra) el lunes y el de otro que mató su expareja en Figueres (Girona) este martes. Se trata de tres asesinatos por violencia de género en cuatro días, veinte en lo que llevamos de 2026 y 1.361 desde 2003, año en el que empezaron a contabilizarse oficialmente las víctimas mortales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció hace unos días que su departamento convocaría un comité de crisis próximamente para analizar la última concentración de casos. Estos comités son un mecanismo de coordinación institucional en el que participan distintos actores (ministerios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, comunidades autónomas implicadas...) para analizar los asesinatos cuando se producen cinco o más en el plazo de un mes, o bien se concentran casos con especiales circunstancias. Esta será la tercera vez que se convoca este comité en 2026.

En el caso de Figueres, el hombre, de 48 años, tenía una orden de alejamiento de su víctima que había quebrantado dos veces y había sido condenado en un juicio rápido ese mismo lunes por maltrato. La mujer había sido citada para una valoración forense y para declarar ante un juez el martes, según publica El País, pero no se presentó y el juzgado acordó la libertad del agresor. Se desconoce si había sobre él medidas de vigilancia.

El hombre asesinó a su expareja en plena calle. Varias personas que se encontaban en el lugar de los hechos grabaron lo sucedido inmeditamente después: el hombre se lavó las manchas de sangre en una fuente de la plaza y fue increpado y reducido por un grupo de vecinos. Otros pidieron ayuda para la mujer, que yacía en el suelo sin que nadie se aproximara a ella.

Un día antes, en Arguedes (Navarra), la Guardia Civial detenía a un hombre por el asesinato de su pareja, una mujer de 44 años. Un familiar dio el aviso después de encontrarse el cuerpo sin vida de la mujer. El hombre se entregó en dependencias de la Guardia Civil y confesó los hechos. La mujer no constaba en el sistema Viogén, en el que figuran todos los casos en los que ha habido denuncias, atestados o partes médicos previos. El hombre pasará a disposición judicial en las próximas horas. El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio.

El 16 de mayo, en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil en Dolores (Alicante), encontraban los cuerpos sin vida de un agente, de 55 años, su pareja, de 51, y el hijo de ambos, de 24. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se desplazó hasta el municipio y aseguraba que todas las líneas de investigación estaban abiertas, también la posibilidad de que se tratara de un asesinato por violencia de género. Bernabé confirmaba que no existían denuncias previas por violencia de género ni el hombre tenía antecedentes por estos delitos.

Finalmente, este miércoles el ministerio de Igualdad constataba que se trata de un caso de violencia machista.

“Si a los 30 no te has casado y tenido hijos, eres un fracaso como mujer. Eso es lo que te llena como hembra”. “Si [...] el hogar no tuviese ya razón de ser, a las mujeres les quedarían muy pocas y tristes comisiones que ejercer sobre la tierra”. Estas frases podrían ser parte del pasado, pero solo una lo es. La segunda fue escrita en una revista de la Sección Femenina de la Falange en 1939. La primera es un comentario que alguien dejó en el pasado mes de octubre en el vídeo de una joven. 

Pero entre una afirmación y otra permanecen casi nueve décadas de una lucha cuya importancia y dificultad, explica Mary Nash, catedrática emérita de Historia Contemporánea, parece que aún no ha sido del todo reconocida. “Y, si se piensa que conseguirlo fue tan fácil, pues evidentemente tan fácil es eliminar esos logros”, señala, visiblemente preocupada por la deriva antifeminista. 

Justa Montero, activista feminista desde los 70, rememora esos años: “Los hombres venían de una socialización basada en el poder absoluto sobre nosotras, porque se lo daba la propia ley y la ideología nacionalcatólica”. Pese a lo que creen algunos, las conquistas no llegaron por generación espontánea con la Transición. “Hubo batallas durísimas”. 

El franquismo cercenó la “primera ola”, que había comenzado a desarrollarse a finales del siglo XIX y principios del XX con la lucha de mujeres como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Aquellas ideas –y otras muchas– se cristalizaron durante la II República: “A nivel jurídico [la Constitución de 1931] era ejemplar para su época. Considera a la mujer como sujeto político y social, con agencia propia”, explica Nash. Trajo avances como el voto femenino (gracias a Clara Campoamor) y el derecho a ser elegidas como representantes políticas; el divorcio; la igualdad ante la ley sin distinción de sexo (que propició cuestiones como la despenalización del adulterio femenino); o la tolerancia a la información y venta (muy restringida) de anticonceptivos. 

Pero apenas se tradujo en cambios sociales. No dio tiempo. “La dictadura supuso un regreso al código civil y a posiciones ideológicas y prácticas de finales del XIX”, apunta Rosa María Capel, catedrática de Historia Moderna. “Vuelve al modelo de la eterna menor de edad, del ángel del hogar, la mujer piadosa y bajo tutela masculina”, explica Nash. 

Lo personal es político 

Pese a que el ideario feminista continuó –desarticulado– en la clandestinidad, no fue hasta dos semanas después de la muerte del dictador Franco cuando, con décadas de evidente retraso respecto a otros países, logra irrumpir con fuerza en España. Las jornadas celebradas –semi clandestinamente– por el primer Año Internacional de la Mujer marcaron un punto de inflexión. 

Comenzaron a darse cuenta de que sus frustraciones no eran un fracaso personal, sino colectivo, sistémico. “Los temas claves en esos primeros años eran la sexualidad, el empleo y la familia. Exigimos métodos anticonceptivos, el derecho al aborto, empezamos a denunciar la violencia sexual y vimos que teníamos derecho a algo más que la maternidad: al deseo y al placer”, cuenta Montero. 

Entre 1975 y 1978 se elimina la licencia marital, el delito de adulterio y amancebamiento, y se despenaliza la venta y propaganda de anticonceptivos (aunque continuaron siendo poco accesibles hasta finales de los 80). 

Pese a esos primeros logros, la Transición fue, en cierta medida, frustrante para ellas, pues veían desinterés por parte de sus compañeros hacia sus reivindicaciones. La Ley de Amnistía del 77, que en principio no abordaba los “delitos específicos femeninos” (aborto, prostitución…), y la Constitución del 78, fueron dos momentos en los que notaron que “las grandes formulaciones” las estaban “dejando a un lado”, según la activista Montero. 

La presión de las mujeres obligó a que la redacción final de la Carta Magna incluyera en el artículo 14: “[...] sin que pueda prevalecer discriminación alguna por […] sexo […]”. No obstante, dejó fuera otras referencias fundamentales (control de la natalidad, aborto…). 

En 1979, debido a esta desilusión con las organizaciones políticas, intensificada por el hecho de que ellas apenas representaban el 5% de los escaños del Congreso, las diferentes corrientes se distanciaron. Muchas empezaron a apostar de forma decidida por un feminismo alejado de la militancia en los partidos. Otras se quedaron. “Se vivió con pena, pero yo creo que esa escisión llevó a un debate que enriqueció al feminismo”, opina Capel. Paralelamente, los sindicatos comenzaron a diseñar secretarías específicas.

En 1981 se aprueba la Ley del Divorcio. “Supuso un revulsivo porque cuestionaba la idea nacionalcatólica. Fue muy polémica”, explica la activista. Y en 1982 se celebra el juicio por aborto a las ‘11 de Basauri’, que marca un antes y un después en la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. “Las movilizaciones se mantuvieron durante años y en ellas nos encontramos todas en las calles”.

En 1983 se crea el Instituto de la Mujer, que lanza la primera campaña contra los malos tratos (“No llores, habla”). En 1985, finalmente se logra la primera Ley del Aborto (por tres supuestos definidos por la ley).

La lucha también fue apoyada desde diferentes profesiones: las abogadas comenzaron a denunciar las arbitrariedades en la interpretación y aplicación de la Ley del Aborto, las médicas promovieron la creación de centros de planificación familiar, etc.

A las puertas de los años 90 comienza la tercera etapa del movimiento. El feminismo académico toma vuelo y lleva a cabo una labor crítica en los diversos campos de estudio. Trata de recuperar (y de continuar) las aportaciones de la otra mitad de la población. 

“Otra de las cosas más importantes fue la institucionalización del feminismo. Fue un impulso desde abajo para que quedaran estructuras políticas que defendieran los derechos de las mujeres”, explica Nash. 

Entonces, las reivindicaciones ya estaban comenzando a tener una fuerte filtración en las realidades privadas. Las mujeres se rebelaban ante el trato desigual de profesores, padres, compañeros. No obstante, persistía la figura de “mujer-ama de casa”: En 1986 solo el 28% de las mujeres en edad de trabajar eran población activa. 

En 1997 asesinan a Ana Orantes, un hecho que lo cambia todo. Las feministas despliegan toda una serie de movilizaciones para impulsar medidas políticas. Consiguen el primer plan contra la violencia doméstica, se incluye como delito la violencia psíquica, y se introducen la orden de alejamiento y la protección a la excónyuge. 

Con el nuevo siglo se empiezan a contabilizar los crímenes machistas y llega la Ley Integral de Violencia de Género (2004), con la que se inicia la consolidación de la atención específica y se reconoce que es estructural. 

En 2007-2008 llega la Ley de Igualdad y el Ministerio. Se trata de pasar de la igualdad formal a la real, obligando a las administraciones y a las empresas a adoptar planes de igualdad, y se empieza a poner el foco en el objetivo de ir equilibrando los permisos de paternidad y maternidad. 

En 2010 se logra la Ley del Aborto por plazos, una de las conquistas más costosas. “Lo más polémico siempre ha sido principalmente todo lo relativo a la sexualidad”, asegura Montero. A partir de este año irrumpe un nuevo escenario que impulsa el movimiento hasta convertirlo, en palabras de Beatriz Ranea, doctora en Sociología, en “un tsunami”: las redes sociales. Pero lo que realmente determinó ese “tsunami” fueron los años 2016-2017, en los que se produjo la desaparición de Diana Quer (cuyo cuerpo fue localizado un año después), el caso La Manada y la mediatización de la historia de Juana Rivas. “Fue una acumulación de brutalidades. La respuesta social se cataliza el 8 de marzo de 2018, con la primera huelga feminista de España”, señala Montero. 

Es una ola cuyo alarido ha estado centralizado, sobre todo, en las violencias sexuales y el consentimiento, en la justicia y en los cuidados. Las nuevas generaciones han continuado el camino que allanaron las compañeras más veteranas, y no es para menos: en 2024 una mujer fue asesinada cada 7,6 días en España, y una de cada siete (mayores de 16 años) reporta haber sufrido violencia física o sexual de alguna pareja/expareja.

Además, corrientes como la interseccional y la LGTBIQ+, que venían desarrollándose en el país desde los años 80-90, han llegado para quedarse. “Independientemente de si somos autóctonas, migradas, lesbianas, heterosexuales, trans, de clase social baja, de si tenemos discapacidad o no, la socialización en el miedo a la violencia nos atraviesa a todas”, afirma la socióloga. 

Sin embargo, “el concepto de ‘identidad de género’ ha sido –y sigue siendo– otro de los temas más polémicos”, resalta Montero. Debido a este debate, que explotó definitivamente con la “Ley Trans y LGTB” de 2023, las corrientes se han polarizado como nunca. 

“La prostitución, por ejemplo, genera disenso, pero hemos conseguido llegar a confluir en otras cuestiones. Sin embargo, la cuestión actual es si incluir o no a las mujeres trans dentro de la agenda feminista. Cuando estoy más optimista pienso que conseguiremos salir de esto. Cuando no, que es irreconciliable”, expresa Ranea. 

A todas les preocupa esta fragmentación. Especialmente, por el escenario actual del auge de la extrema derecha y a que el respaldo al feminismo ha caído en los hombres jóvenes 15 puntos desde 2019, situándose en el 40,9%. “Los jóvenes se están comiendo una imagen idealizada de lo que eran esos tiempos, y, quizá porque lo viví, no lo puedo entender”, lamenta Capel. 

Ahora, por un lado, explican, es necesario que las diversas corrientes se involucren decididamente en la tarea de lograr “tender puentes” entre sí y, por otro, en abordar la cuestión de que el nuevo ideal de “masculinidad” no ha evolucionado al ritmo al que lo ha hecho el de “feminidad”, y ello ha dejado un “vacío” que está llenando la extrema derecha. 

¿Cómo involucrar aún más a los hombres en este camino hacia sociedades más igualitarias? “En épocas previas la confrontación era una herramienta válida, pero creo que ahora las estrategias de acercamiento tienen que diversificarse”, responde Ranea. “Otro de los retos tiene que ver con reconocer la amenaza pero sin situarnos simplemente a la defensiva. No dejar a nadie atrás y seguir avanzando”, propone la activista. “Es algo urgente porque tiene que ver también con el auge de ideas autoritarias y con el peligro de los sistemas democráticos, pero si algo nos ha enseñado el feminismo es que somos ampliamente capaces de luchar contra gigantes”, concluye la socióloga. 

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Figueres (Girona) han detenido a un hombre de 48 años por matar a su expareja a navajazos en plena calle. Los hechos han ocurrido alrededor de las tres y media de la tarde en la plaza Tarradellas.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso y se han dirigido hasta el lugar. También se han desplazado efectivos del SEM, que no han podido hacer nada por salvar la vida a la víctima, de 33 años.

Según las primeras informaciones, el arrestado tenía una orden el alejamiento de la mujer y le habían detenido el mismo lunes por romperla. El caso se investiga como un presunto crimen machista. El Ayuntamiento de Figueres convocará un minuto de silencio el miércoles para condenar lo sucedido.

Se trata del tercer crimen machista de este año en Catalunya y el 162º desde que se empezaron a realizar recuentos oficiales, en 2012.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente este martes un informe que, en términos generales, avala la última versión del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria que el Gobierno le remitió el pasado marzo. El borrador del dictamen, cuyos detalles ha conocido elDiario.es, respalda la privación automática de la patria potestad en todos los casos en que exista una condena firme por un delito grave de violencia de género, vicaria o sexual contra la pareja o alguno de los hijos a cargo. 

Esta es una de las medidas que prevé la nueva regulación que pretende hacer frente a esta forma de violencia machista en la que el agresor utiliza al entorno de la mujer —principalmente a los hijos e hijas— para causarle el mayor daño posible. El Código Penal ya contempla la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para su ejercicio, aunque en delitos con penas muy altas, con carácter potestativo y siempre que exista una vinculación entre el delito cometido y la patria potestad. 

El nuevo texto del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria incorpora una novedad relevante en la redacción del artículo 92.3 del Código Civil al establecer en las sentencias de nulidad, separación y divorcio la privación automática de la patria potestad cuando exista una condena firme por delitos graves contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o la libertad sexual cometidos contra los hijos comunes o la pareja del agresor. 

El anteproyecto del Gobierno justifica que esa retirada sea automática debido a la existencia de un pronunciamiento judicial que constata la existencia de un delito grave contra los hijos comunes o la pareja del que se desprende la necesidad de garantizar la integridad y seguridad de los menores. 

El borrador de informe que analizarán los vocales del CGPJ en un pleno extraordinario defiende que la comisión de estos delitos constituye una infracción del deber de respetar los derechos de los hijos al que obliga la patria potestad. Considera, en consecuencia, que es una medida adecuada para proteger a los menores, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

La propuesta de dictamen respalda el carácter automático de la retirada de la patria potestad en estos supuestos, aunque propone que se prevea la posibilidad de que esa privación sea revisada cuando esté justificado por el interés superior del menor. Además, también plantea que haya una adecuada coordinación de la medida que se impone en el ámbito civil con los pronunciamientos en el ámbito penal. 

La propuesta ha sido elaborada por las vocales Lucía Avilés, del bloque progresista; y Esther Rojo, del grupo conservador. El CGPJ ya analizó el pasado diciembre una primera versión del anteproyecto.

Custodia compartida

En paralelo, el texto que valorará el pleno también respalda la nueva redacción del artículo 92.5 del Código Civil, que prevé que los jueces podrán no acordar la custodia compartida en aquellos casos en los que existan indicios de que dicho régimen podría causar un “impacto negativo en la salud física, psíquica y emocional de los hijos”. 

La propuesta de dictamen también valora la decisión del Ejecutivo de potenciar el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales sobre el régimen de guarda y custodia. Con la nueva regulación, ese derecho a ser escuchados ya no estará condicionado a que hayan alcanzado un determinado grado de madurez. 

Por otro lado, el borrador de dictamen sí hace objeciones al nuevo planteamiento del tratamiento penal de la violencia vicaria que se articula en dos tipos distintos: un tipo agravado de violencia vicaria de género para el caso de que la víctima a la que se quiere causar ese daño sea una mujer y un tipo genérico que, en la práctica, afecta a todo tipo de parejas independientemente del género –violencia vicaria familiar–. 

En este segundo supuesto, las personas sobre las que se puede cometer el delito de violencia vicaria son pareja (que no sea mujer), hijos, padres, hermanos o “la persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”. Es un círculo que el borrador de informe considera muy amplio y plantea reconsiderar. 

Un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 44 años, en la localidad navarra de Arguedas. La Policía Foral se encarga de la investigación de los hechos.

El Centro de Mando y Coordinación ha tenido conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según ha informado la Policía Foral. Posteriormente, se ha tenido conocimiento de que el presunto autor y pareja de la fallecida se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. La mujer no tenía hijos y, según la Guardia Civil no figuraba en el sistema VioGén.

El hombre se encuentra detenido “como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género”, según ha informado la Guardia Civil. “La investigación de los hechos está siendo asumida por Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación existentes”.

En el lugar se encuentran agentes de las unidades de Policía Judicial y Prevención de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela de Policía Foral, así como agentes de la División de Policía Científica y de la División de Policía Judicial de la Comisaría Central con sede en Pamplona.

Desde Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz ha mostrado su “apoyo y condolencias” a la familia y allegados de la víctima. El Ayuntamiento de Arguedas, por su parte, ha condenado los hechos.

Decía Fran Perea en la cabecera de Los Serrano que “desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar”, aunque Beatriz Torres lo avistaba en cada libro, en cada película y en cada sueño desde que ha tenido uso de razón —pese a haber nacido y haberse criado en la capital—. A los 11 años su familia y ella se trasladaron a Sevilla, donde siguió idealizando el agua salada con un par de veranos en la playa como referencia. En su cabeza aquello era insuficiente, necesitaba un contacto más estrecho con las mareas o el salitre. Fue entonces cuando, con 17 años, se mudó a Menorca y terminó de enamorarse del Mediterráneo y de sus aguas. 

El flechazo terminó de materializarse durante una travesía marítima entre Menorca, Túnez y Cerdeña en la que unos amigos le explicaron que podía formarse para trabajar en un barco. Torres, sin estudios superiores hasta ese momento, se imaginó a sí misma haciendo de ese viaje su día a día y se sintió preparada para pasar el resto de su vida entre el agua salada. “Vi en esa travesía que no tenía miedo, que me encantaba. Me vi capaz y me animé a estudiarlo”, relata. 

Al terminar la formación básica en seguridad, la propia escuela en la que estudiaba le ofreció la posibilidad de completar su currículo con el curso de marinero pescador. Ella no pudo rechazarlo, ya que se declara como una “absoluta enamorada del sector primario”. “Del campo pasé al mar, y a mí la pesca me ha interesado siempre”, explica Torres, quien anteriormente había trabajado como auxiliar agrícola y quería ejercer esa misma labor a bordo de un pesquero.

Actualmente, Beatriz Torres es marinera de Prácticos de Mahón y amarradora de buques en Astur Menorca. No obstante, cinco años después de despedirse de la pesca sigue definiéndola como un aspecto fundamental de su trayectoria que le ha dotado de gran experiencia en el mar y le ha dado el impulso necesario para ejercer sus profesiones actuales.

Prejuicios machistas en el sector marítimo

Las cosas se complicaron para ella al embarcar por primera vez de forma profesional: se encontró con un sector especialmente masculinizado, en el que su presencia no siempre —más bien casi nunca— era bienvenida. “Me costó mucho entrar, no se fiaban de mí”, recuerda. “Hay patrones que me decían que nunca habían visto una mujer a bordo, yo no me lo esperaba”, añade.

Su caso no fue una excepción, y es plenamente consciente de ello. “El recreativo está masculinizado, pero en la pesca más todavía”, sostiene Torres. “A la mujer se le veía como que no era capaz de realizar ciertas maniobras”, detalla. De hecho, hay cuestiones que lejos de avanzar han dado marcha atrás en lo que a la pesca se refiere. Espacios anteriormente reservados para ellas ahora son una nueva conquista masculina, por lo que las oportunidades son cada vez más escasas: “Antes, por ejemplo, las mujeres eran rederas, ahora son más hombres los rederos”, expone Torres.

La lista de tareas pendientes para un sector más igualitario es extensa. Faltan mujeres de todas las edades, pero especialmente un relevo generacional joven, con ideas frescas que pueda revertir todas aquellas lacras aún presentes. Por eso anima a las jóvenes a apostar por su pasión independientemente de los prejuicios: “¿Te crees capaz? ¿Estás fuerte? ¿Te gusta el mar? Pues no hay mejor cosa que puedas hacer que meterte a trabajar en ello”, argumenta. Aun así, advierte de que no será un camino fácil, y de que toda aquella que decida tomarlo tiene que ser consciente de las dificultades que atravesará: “Todavía hay un poco de miedo a que no las contraten, a tener que demostrar más de lo que sus compañeros, para que las tomen en serio”, recalca.

Pasión frente a la opresión

Pese a las contrariedades, la vocación de Torres siempre ha sido más fuerte que los prejuicios, y poco a poco pudo hacer entender a sus compañeros que el trabajo no entiende de género y que su presencia en el barco estaba más que justificada, al igual que la de todos los demás.

“Aquellos primeros días en el mar fueron espectaculares”, recuerda. “En pesca de arrastre, empezar de noche con esas máquinas, los motores, el mar mismo que es salvaje… Era de película, yo no me lo podría haber imaginado”. Ahora mismo, con años de experiencia a sus espaldas, aunque esa impresión siga intacta también ha tenido que interiorizar muchos aspectos que ya forman parte de su rutina. “El día a día en el puerto y en el mar implica acostumbrarse al movimiento del agua, a no caerte, al equilibrio y sobre todo al sol”, detalla. “Lo más exigente, es tener todo el rato en la cabeza la seguridad”.

Lo que tampoco se va de la mente de Torres es la necesidad de referentes femeninos en su sector para que otras muchas, al igual que ella, conviertan su pasión en su profesión, y sobre todo para que puedan hacerlo sin barreras relativas al género. “La idea que quiero que se quede de esta entrevista es que la percepción del género a la hora de trabajar no existe, es una cosa cultural. Depende más de la individualidad de cada persona, de la voluntad y de las ganas y de lo que te guste el mar”, concluye.

Hace unas semanas volví a utilizar esa tarea en un grupo de ese mismo curso como conclusión para el tema de antropología que hemos estado trabajando este trimestre. Habíamos hablado de la socialización primaria y secundaria y de la importancia del grupo para el desarrollo del individuo homo sapiens. La tarea fue un éxito. A todo el grupo le resultó atractivo pensar y escribir sobre las personas queridas que les cuidaron en la infancia y les siguen cuidando. Hubo algunos trabajos especialmente emotivos y les felicité por su labor.

La semana posterior al 8 de Marzo les propuse como actividad coeducativa hacer con sus escritos un pequeño ejercicio de análisis de datos. Les pedí que contaran las personas a las que nombraban en su redacción y registraran después el número de mujeres y de hombres. Les enseñé a transformar esas cifras en porcentajes y les propuse calcular el porcentaje medio de mujeres y hombres de los datos de todo el grupo. Un pequeño revuelo recorría los pupitres cuando empecé a copiar en la pizarra los números que me iban dictando –evidentemente reflejaban un mayor porcentaje de mujeres– y entonces, un alumno exclamó: “¡me niego a poner ahí mis datos!”. Le pregunté por qué y su respuesta me dejó aun más estupefacta: “porque va contra mis ideales”. No conseguí que me explicara con claridad en qué consistían esos ideales más allá de alguna alusión vaga a que él prefería pensar en personas y no en mujeres y hombres. El incidente me sirvió para incidir en la importancia de desagregar los datos por sexo en cualquier ámbito de análisis pero un clima de incredulidad o tal vez de desconcierto se había ya impuesto en el aula. El propósito de la actividad, esto es, tomar conciencia a través de datos reales de la mayor dedicación de las mujeres a tareas de cuidados, resultó desvirtuado.

En mis tres décadas de profesión docente, he visto aumentar ante mis ojos, casi por momentos, el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista y he asistido a una creciente presencia de discursos racistas y anti-inmigración entre adolescentes. En los últimos cuatro o cinco años, estas actitudes se han ido acompañando de manera preocupante tanto de un repliegue hacia el valor de los roles de género tradicionales como de una aceptación acrítica de bulos y fake news. Junto a esto, es patente entre el alumnado adolescente una aterradora normalización de la violencia sexual que va alcanzando ya consistencia de epidemia. Sé que es fácil caer en el pesimismo y la generalización pero estas impresiones subjetivas que experimento en mi labor diaria de enseñanza se corresponden distópicamente con el alarmante ascenso del número de agresiones sexuales entre menores y de la adhesión de los jóvenes (masculino) a ideas -quizás eran los “ideales” que esgrimía mi alumno- propias de la ultraderecha política.

Lo cierto es que lo ocurrido en mi clase se asemeja sospechosamente a otras situaciones que penosamente se repiten cada vez con mayor frecuencia. Son chicos mayoritariamente los que reaccionan a la defensiva y emiten con aterradora precisión los mismos mantras con que las redes sociales ametrallan su capacidad de pensamiento moral –las más de quinientas leyes que favorecen a las mujeres, el machacón y ya viejuno “ella lo hace porque quiere”, incluso el deprimente “siempre ha sido así, profe”–. Pero, aunque sepa que esa resistencia feroz que exhiben es un reflejo del machismo estructural en el que están socializándose, el episodio me ha dejado un poso de tristeza: ¿qué imagen miserable de la humanidad estamos permitiendo que se constituya en la mente de la gente más joven?

Como se trataba de evocar a las personas que nos acompañan en la vida, me acordé de mis compañeras docentes coeducadoras: de aquellas a las que amenazan y arrinconan por investigar la violencia machista, aquellas a las que han cancelado por decir alto y claro que la coeducación ha sido secuestrada por discursos falsamente progresistas, aquellas maestras y profesoras que coeducan cada día a pesar de la inercia imparable del retroceso neoliberal –sus análisis, denuncias y propuestas se expusieron en el III Congreso DoFemCo titulado La coeducación frente a la violencia contra las niñas y las mujeres–. Pensando con admiración en el trabajo incansable y valiente de todas ellas, al salir del instituto me preguntaba: y a nosotras, las profesoras feministas, ¿quién nos cuida?

Afortunadamente, esa misma semana mi alumnado de Bachillerato presentaba sus exposiciones sobre pensadoras, filósofas, antropólogas e investigadoras de las ciencias sociales. En esas aulas pude escucharles explicando, por ejemplo, la banalidad del mal de Hannah Arendt, lo manipulables que se vuelven las personas que no son capaces de cuestionarse aquello a lo que obedecen. De camino a casa, resonaba en mi cabeza la célebre frase de Margaret Mead que una alumna había citado en su trabajo: “No dudéis nunca de que un pequeño grupo de personas reflexivas y comprometidas puede cambiar el mundo”. Con la sabias palabras de Mead en el pensamiento y en el corazón, así seguimos adelante.

La violencia machista en Extremadura ya no solo se padece; se está volviendo a invisibilizar. La Asociación de Mujeres Malvaluna ha hecho saltar las alarmas con un informe demoledor que dibuja una realidad preocupante: una “percepción social viciada” que ha comenzado a naturalizar el control y la desigualdad. El documento, fruto de una investigación cualitativa en el territorio, advierte de que el cuestionamiento político de los derechos de las mujeres está calando en el tejido social extremeño, despojando a la violencia de su carácter estructural para reducirla, de nuevo, a sucesos aislados.

El estudio no se queda en la superficie. Se sustenta en la experiencia de quienes están en la primera línea: 37 entrevistas en profundidad a responsables políticos y, sobre todo, a las profesionales de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. De las 36 oficinas que vertebran la región, 33 han pasado por el examen de Malvaluna, ofreciendo una radiografía cruda de las carencias del sistema.

El peligro de la “violencia de baja intensidad”

La conclusión más amarga del informe es la pérdida de la visión de conjunto. Malvaluna alerta de que la violencia psicológica, la económica y, especialmente, la violencia digital están siendo absorbidas por la cotidianidad. Esta “normalización” actúa como un anestésico que dificulta la identificación de las agresiones y frena en seco la implicación de la sociedad civil.

La asociación es tajante: no se puede combatir lo que no se reconoce como un problema de poder. El texto denuncia que determinados discursos, que hoy encuentran eco en las instituciones, contribuyen a “desdibujar” la violencia, permitiendo que formas de control a través de las tecnologías (TRIC) crezcan sin una respuesta institucional a la altura.

Un mundo rural desasistido

En una región como la extremeña, donde el código postal determina el acceso a la justicia, el informe pone el foco en la brecha territorial. A pesar de la existencia de la red pública, Malvaluna denuncia que la cercanía real es un espejismo en muchas comarcas. “Es urgente sacar los recursos de los despachos y llevarlos a los rincones más aislados de Extremadura”, señala el documento.

La falta de densidad de población y la pervivencia de estructuras patriarcales más rígidas en los pueblos extremeños exigen, según la asociación, un “giro político” que deje de gestionar la igualdad desde la capital y empiece a pisar el barro del entorno rural.

La “revolución” y el sofá del patriarcado

Uno de los puntos más mordaces del informe llega a través de los testimonios directos de las agentes de igualdad. Una de ellas sintetiza la jerarquía doméstica que aún impera en muchos hogares extremeños con una metáfora que es, a la vez, una bofetada de realidad: “El sofá chachi guay, uno que se pone así para atrás, es de ellos. Entonces, desde ahí difícilmente puedes hacer una revolución. La revolución se hace desde el sofá medio roto”.

Para Malvaluna, esta imagen condensa la resistencia al cambio. Mientras el espacio de confort y poder siga perteneciendo al hombre, cualquier avance será cosmético. Por ello, exigen que la lucha contra la violencia machista sea tratada como un “problema de primer orden político”, exigiendo a la Junta de Extremadura y a los ayuntamientos una coordinación real y no solo fotos de protocolo.

Exigencias frente a la impunidad digital

El informe concluye con una exigencia de actualización urgente. La violencia digital: el acoso, el control de contraseñas, la difusión de imágenes sin consentimiento, requiere una reconceptualización de la intervención. Malvaluna reclama formación específica y mecanismos seguros de denuncia, advirtiendo de que, si las instituciones no se adaptan a la velocidad de la tecnología, estarán dejando a toda una generación de mujeres extremeñas en la más absoluta desprotección.

La advertencia es clara: Extremadura no puede permitirse dar ni un paso atrás en la comprensión feminista de la realidad si no quiere que el “sofá medio roto” acabe por hundirse del todo.

Un entrenador de un equipo infantil y un espectador de un partido de fútbol de menores celebrado en Ferrol se sentarán en el banquillo por haber insultado a la árbitra, a la que dirigieron comentarios homófobos. Según el auto de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ferrol, plaza 1, que ordena abrir juicio oral, el entrenador se refirió a la mujer como “puta bollera de mierda” cuando fue expulsado.

El auto considera que entrenador y espectador tenían como objetivo menoscabar la dignidad de la árbitra “por razón de su orientación o identidad sexual”. Los hechos ocurrieron en un partido disputado el 12 de enero de 2025, en el que la víctima fue “increpada por varias personas” durante el encuentro, en especial uno de los entrenadores y el espectador que va a ser juzgado y que se refirió a ella “en similares términos”.

Los dos, dice el magistrado, “dirigieron las citadas frases o palabras hacia la árbitra de forma pública, ante todos los presentes en el lugar, con la intención de lesionar su dignidad por razón de su orientación o identidad sexual, constituyendo, en todo caso, un trato degradante hacia su persona, que atentó contra su integridad moral”. La decisión de apertura de juicio oral, que no es recurrible, expone que se da por formulada la acusación contra ambos por lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y delitos contra la integridad moral. La causa pasa ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Murcia, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, ratifica los hechos que que varias futbolistas del Alhama ElPozo C.F. denunciaron durante años. El fallo condena al entrenador Juan Antonio García Martínez, conocido como 'Randri', a su esposa y ahora presidenta del club Tamara Ruiz, y al propio Alhama CF, que deberán abonar una multa de 32.000 euros a las demandantes. García fue acusado en 2023 por algunas futbolistas de trato machista y discriminatorio. El detonante para las jugadoras fue recibir una foto de contenido sexual en la que aparecen varias personas del cuerpo técnico del club.

El texto judicial acredita que las jugadoras sufrieron un trato sistemático de humillación y vejación por parte del técnico. La sentencia recoge expresamente algunas de las frases que el entrenador les dirigía: “Estáis gordas”, “no podéis correr porque el culo os pesa”, “estáis tan gordas que no sé cómo podéis follar” o “habéis llegado a Primera división por ser mujeres y chupar pollas, si no habríais llegado ni a Tercera”.

La jueza también valida la información sobre el envío de una imagen de contenido sexual a toda la plantilla: “Todas las jugadoras recibieron mediante WhatsApp, desde el móvil del entrenador a través de una lista de difusión, una fotografía en la que aparecían varios miembros del equipo técnico del Alhama CF completamente desnudos y duchándose en los vestuarios”.

La condena llega en un momento especialmente significativo: Randri García regresó al banquillo del Alhama CF hace apenas unos meses, tras cumplir los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF tras su investigación interna. Durante ese período ejerció como director deportivo del club. En aquella sanción federativa, Tamara Ruiz también fue inhabilitada durante un año en su cargo de directora deportiva, y el club fue multado con 6.001 euros, una cifra inferior a la que ahora establece la justicia ordinaria.

“Una fotografía inapropiada”

El ‘Caso Alhama’ comenzó el mismo día en el que aparecieron informaciones sobre el trato vejatorio del técnico hacia sus jugadoras, incluyendo la difusión a toda la plantilla de una fotografía inapropiada. Según las propias denunciantes, los mensajes se envían desde el teléfono de Randri García, pero fue Tamara García la que asume esa responsabilidad. 

A partir de entonces, se sucedieron los comunicados. Asesoradas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), 17 de las 22 futbolistas del equipo murciano publican un vídeo en el que afirman: “En ningún momento nos hemos sentido acosadas con gestos o hechos que pudieran vulnerar nuestra dignidad e intimidad personal y profesional. No estamos de acuerdo en acusar al entrenador como un acosador sexual”. Las otras cinco jugadoras, Andrea Carid, Lucía Martínez, Noelia Gil, Nerea Vicente y Érica Sastre, no firman el documento ni aparecen en el vídeo. Todo ese tiempo fue el sindicato FUTPRO, formado por abogadas y futbolistas, quien lideró las denuncias.

Exfutbolistas del club, como Nazaret Segura (24 años), señaló, entonces, a este diario que “haber dejado el fútbol por culpa de Randri y estar en tratamiento psicológico”: “Tenía un buen contrato, con un plus económico por marcar goles, pero en los entrenamientos y en los partidos tenía que aguantar insultos y gritos del entrenador públicos llamándome gorda. No sólo a mí, también a mis compañeras, y al final contestaba y eso a él no le gustaba”. Segura tomó la decisión de abandonar el equipo porque no podía aguantarlo: “Él era el dueño del club, su padre es el presidente y fundador, y contra eso no se podía hacer nada. Hubo más jugadoras que también abandonaron por culpa suya”.

Aunque existen muchas ciudades con puntos violeta en comercios, farmacias y centros municipales, Zaragoza es la primera gran capital española que integra estructuralmente a las parroquias dentro de su protocolo oficial de respuesta municipal contra la violencia machista y, además, lo hace en 'espacios seguros', nuevo término acuñado tras eliminar los tradicionales puntos violeta para contentar a la extrema derecha.

Lo que hace diferente al convenio “parroquias seguras” firmado este miércoles 13 de mayo, es la metodología y la formación porque no se trata de una iniciativa aislada de la Iglesia, sino de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Arzobispado. Los párrocos y voluntarios de las cinco parroquias iniciales (como Santa Engracia o San Lamberto) reciben formación específica de los profesionales de la Casa de la Mujer. Se supone que no se limitan a “escuchar”, sino que saben exactamente cómo activar el protocolo municipal.

Las iglesias que hoy estrenan este distintivo son la de Nuestra Señora de Montserrat (Ciudad Jardín); San Lamberto (Miralbueno); Santa Engracia (Centro); San José de Pignatelli (Paseo Constitución) y Sagrada Familia (Torrero-La Paz). Estas parroquias se suman una red ya existente de 800 taxis, cientos de farmacias y locales de ocio nocturno, creando una malla de protección que cubre espacios donde la administración pública no suele llegar de forma tan directa.

La portavoz de Zec en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, considera que este convenio entre Natalia Chueca y el Arzobispado “es un grave error conceptual y político. Quita los puntos violeta, recorta en la Casa de la Mujer y ahora pretende que las mujeres tengan que ir a las iglesias a asesorarnos sobre violencia machista. La administración pública debe respetar el mandato constitucional y ser aconfesionales”, ha manifestado. La formación cree que Natalia Chueca “no sabe como desviar el foco de los fiascos de Romareda y Giesa y, al igual que Ayuso, trata de crear otras polémicas”.

Por su parte, la portavoz del PSOE también ha criticado la iniciativa. “La atención a las mujeres víctimas de violencia machista debe garantizarse de forma prioritaria y llegar a toda la ciudadanía desde los servicios públicos, los auténticos garantes de la igualdad de derechos”, ha manifestado Lola Ranera, para quien en Zaragoza “se han dado pasos atrás en esta lucha con la entrada de la ultraderecha en el Ayuntamiento y las cesiones del PP”. “Solo hay que recordar que Chueca cedió ante los postulados de Vox para eliminar los puntos violeta y en siete años no se ha aprobado ni una declaración contra la violencia machista”, ha añadido.

A su vez, Ranera ha expresado su lamento por el hecho de que la alcaldesa aún no haya “contestado al requerimiento de Delegación del Gobierno en Aragón para dar de alta a las usuarias de Policía Local que van a trabajar en el sistema Viogén”.

Pionera en eliminar los puntos violetas

Zaragoza fue la primera gran ciudad española en retirar oficialmente el término “Puntos Violeta” de su red municipal, sustituyéndolo por la denominación de “Espacios Seguros”. Este cambio no fue solo semántico, sino que formó parte de un giro en la estrategia de comunicación y gestión del propio Ayuntamiento bajo el mandato de Natalia Chueca.

El Ayuntamiento de Zaragoza inició la retirada progresiva del término y la estética de los puntos violeta en septiembre de 2023, consolidando este cambio de modelo durante las Fiestas del Pilar de ese mismo año. En acuerdos políticos con Vox, la denominación fue sustituida inicialmente por “puntos de atención a la violencia sexual”, eliminando el color morado en favor de una imagen institucional más neutra. El argumento municipal para este giro fue la búsqueda de una red “menos politizada y más discreta que evitara el estigma de las víctimas”, ampliando el foco de atención a otros incidentes como la sumisión química o los pinchazos.

A partir de 2024, esta estrategia evolucionó hacia la creación de la red de “espacios seguros”, término menos ligado a una simbología concreta que pudiera disuadir a mujeres con ciertas ideologías o entornos frente al nombre y la estética de los “puntos violeta”, que, además “podían generar rechazo o invisibilidad para ciertas víctimas”. Los espacios seguros son, según el Ayuntamiento zaragozano, una marca transversal que pretende ofrecer protección permanente en la ciudad más allá de los recintos festivos.

Y es que, además del término desaparecido, también cambió el logo. Se sustituyó el círculo violeta por un distintivo diferente (el actual de la red de “espacios seguros” de Zaragoza). Para ofrecer más contenido, se establecieron unos protocolos y se estandarizaron los pasos a seguir. En lugar de ser solo un punto de información, se puso énfasis en la formación obligatoria de quienes atienden (taxistas, farmacéuticos o, ahora, personal de las parroquias).

El diseño actual (una paleta de colores mucho más institucional, fría y neutra) suele presentarse como un vinilo circular o cuadrado que se coloca en los escaparates de los comercios, las lunas de los taxis o las puertas de las farmacias. El objetivo de esta estética es que el punto de auxilio sea fácilmente identificable pero que también pase desapercibido para quien no conozca su función, garantizando así la discreción y la seguridad de la mujer que decide entrar a pedir ayuda sin que su agresor o el entorno identifiquen inmediatamente el lugar como un centro de atención a víctimas.

La retirada del término no estuvo exenta de polémica. Grupos de la oposición y algunas asociaciones feministas criticaron la medida al considerarla un intento de “invisibilizar” la lucha específica contra la violencia machista, así como una concesión a las exigencias de sectores que rechazan el color violeta como símbolo de la igualdad.

El Ayuntamiento ha defendido que los datos de atención han mejorado desde el cambio, argumentando que la red es ahora más extensa y diversa que cuando se limitaba a los tradicionales puntos violeta de las fiestas o festivales. Además, defiende que el protocolo técnico y el personal especializado de la Casa de la Mujer siguen siendo los pilares de este servicio, ahora extendido a otros espacios de confianza.

Este proceso ha culminado este 13 de mayo de 2026 con la incorporación de las parroquias a la red, sumándose a los colectivos de taxistas, farmacias y locales de ocio nocturno que ya operan bajo este distintivo.

Iniciativas con la iglesia en otras ciudades

La mayoría de las capitales y municipios siguen utilizando la denominación oficial de los puntos violeta, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ya que está asociada a fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao mantienen los puntos violeta en sus fiestas mayores, festivales y puntos fijos. Según registros recientes de 2025 y 2026, ciudades como Ávila, Almería, Algeciras, Benicássim o Manzanares El Real han reforzado sus campañas bajo este nombre específico, utilizándolo en cartelería, pulseras y carpas informativas.

A nivel nacional, miles de farmacias siguen identificadas como “Puntos Violeta” gracias al convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En el resto de España no existen redes municipales que incluyan a la Iglesia de forma tan explícita, pero sí hay proyectos que comparten la filosofía de “espacios de proximidad”. En algunas diócesis existen los “Centros de Orientación Familiar” (COF) que atienden casos de violencia, pero operan de forma independiente y, a menudo, sin una conexión técnica directa con los servicios de igualdad de sus ayuntamientos. Otras iniciativas son las Redes Rurales de FADEMUR en pueblos de toda España: “Cultivando Igualdad” crea espacios seguros en negocios locales, pero la participación de la parroquia suele ser informal, basada en la voluntad del cura local y no en un acuerdo institucional con el Ayuntamiento.

En definitiva, ninguna ciudad española ha incluido hasta ahora a las parroquias como los nuevos puntos violeta o espacios seguros. Pero la unión institucional Ayuntamiento-Iglesia para convertir los templos en nodos de la red municipal de seguridad es una innovación propia de Zaragoza que, según la alcaldesa, busca ser exportada a otras ciudades.