La alianza RTVs Públicas en Lucha, que agrupa a comités de empresa de los medios públicos de comunicación autonómicos del estado español y algunas secciones sindicales de RTVE, RTVA y RTVMurcia, respalda la convocatoria de huelga registrada por la representación de los trabajadores de la Radiotelevisión pública Canaria (RTVC) para las jornadas del 11 y 12 de junio, en las que el papa León XIV visitará las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La alianza explica que esta huelga, aunque responde a una concreta conflictividad laboral, hay que enmarcarla en la movilización (Miércoles Negros) que desde hace ya más de 9 meses mantiene el personal de los medios de comunicación públicos canarios ante la inminente aprobación de la Ley del Sector Audiovisual de Canarias, “altamente lesiva”, en opinión de las personas trabajadoras, para la pervivencia del servicio público.

La representación legal de la plantilla ha presentado al gobierno de Coalición Canaria y PP propuestas de enmiendas a la Ley para intentar garantizar unas horas mínimas de informativos y que la programación no se externalice. El personal de RTVC reclama también un Consejo de Informativos que actúe como contrapeso a “la manipulación y a las injerencias políticas” que padecen, medida demandada también a nivel estatal por todas los comités de empresa que integran la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, de la que los canarios y canarias forman parte.  

En el reciente II Encuentro de Comités de RTVs Públicas en Lucha, celebrado el pasado mes de marzo en Sevilla, todos las representaciones legales participantes coincidieron en diagnosticar la situación límite en los medios públicos a causa de las injerencias políticas, la falta de herramientas como los consejos de informativos para atajar la manipulación informativa y la creciente privatización de contenidos e incluso áreas completas en los medios públicos de todo el estado. 

El preaviso de huelga en RTVC está siendo, además, “silenciado” por los informativos de la Televisión Canaria, lo que pone en evidencia el “secuestro del servicio público en las islas”. Las trabajadoras y trabajadores esperan movimientos por parte del administrador general de RTVC para que medie con el gobierno canario y que se pueda producir un acercamiento antes de las fechas de huelga, para evitar la inestabilidad del servicio público, que podría verse agravada de aprobarse el nuevo texto de la Ley sin modificaciones el próximo 9 de julio.  

Desde la Plataforma RTVs Públicas en Lucha se hace un llamamiento a todas las trabajadoras a parar los dos días de huelga como medida de presión para “evitar un cambio en la ley audiovisual canaria que podría suponer de facto la privatización parcial o casi total de los medios públicos canarios, con el objetivo sin duda de facilitar aún más las injerencias políticas”.  

La Plataforma Radiotelevisiones Públicas en Lucha está integrada por los comités de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), RTVA (Canal Sur-Andalucía), RadioTelevisión de Madrid, EiTB (Euskadi), RTPA (Asturias), Canal Extremadura, Radio Televisión Canaria, Castilla-La Mancha Media, Chip Audiovisual (Informativos Aragón TVG), TV3 (CCMA) de Catalunya, IB3 (EPRTVIB) de Illes Balears y À Punt (Comunitat Valenciana), así como las secciones sindicales de CGT RTVE, CCOO RTVE, CCOO RTM-ORM (Murcia) y CGT RTVA.

Scott Pelley, uno de los periodistas más conocidos y respetados del periodismo televisivo, ha sido despedido por CBS News tras un enfrentamiento con la cúpula de la cadena a raíz de la severa ronda de recortes de la semana pasada en 60 Minutes, el programa en el que trabajaba desde 2004, según ha confirmado The Guardian.

Aunque los cambios en 60 Minutes se esperaban desde hacía tiempo, la dirección de CBS News sorprendió al personal la semana pasada al despedir al productor ejecutivo de la cadena, al editor ejecutivo y a dos periodistas, Cecilia Vega y Sharyn Alfonsi, sin dar una razón concreta para sus despidos.

Durante una reunión extremadamente tensa el lunes por la mañana con el recién nombrado editor ejecutivo del programa, Nick Bilton, junto con otro ejecutivo de CBS News, Pelley reprendió a Bari Weiss, la veterana analista que se incorporó a la cadena en octubre como redactora jefe.

“Está matando 60 Minutes”, dijo Pelley, según adelantó The Guardian. “No aprecia este lugar. La trajeron para acabar con él y eso es exactamente lo que está haciendo”.

Tras su marcha, Pelley ha dicho en un comunicado que 60 Minutes ha perdido su ADN bajo la nueva dirección. Los acusa de pedirle que “inyectara falsedades y sesgos” en su trabajo y también acusó al nuevo propietario de la cadena de desechar la reputación del programa “aparentemente para ganarse el favor momentáneo de la Administración Trump”.

El despido

Una fuente cercana a la cadena afirma que los ejecutivos intentaron reunirse con Pelley tras los despidos del jueves, sin éxito. Finalmente, Pelley se reunió con Weiss y otros ejecutivos el martes, y ella le hizo saber que su comportamiento era inapropiado. Pelley comunicó entonces a los miembros del equipo del programa que esperaba ser despedido, según las fuentes.

Pelley recibió un mensaje de Bilton el martes por la noche en el que se le informaba de que había sido “despedido por causa justificada con efecto inmediato”. En el mensaje, del que informó por primera vez Dylan Byers, de Puck, Bilton critica la conducta de Pelley durante la reunión. “Ayer, te apropiaste de mi primera reunión con el personal para menospreciarme a mí, a mis cualificaciones y a mis intenciones con una descortesía y un desprecio notables”, escribe.

Bilton también envió un correo electrónico al personal de 60 Minutes para informarles del despido de Pelley. “Debéis enteraros primero por mí. Hemos roto relaciones con Scott Pelley”, escribió en el mensaje, al que ha tenido acceso The Guardian. “Sé lo mucho que Scott significaba para muchos de vosotros, y no digo esto a la ligera. Intenté en repetidas ocasiones mantener conversaciones directas con él durante el fin de semana, y esta tarde intenté encontrar un terreno común. Ese no fue el camino que Scott eligió”.

Tras el anuncio a principios de este año del periodista Anderson Cooper de que abandonaría el programa, la salida de Pelley deja a 60 Minutes con solo tres corresponsales a tiempo completo a pocos meses del inicio de su 59ª temporada este otoño: Lesley Stahl, Bill Whitaker y L Jon Wertheim. (La periodista de CBS News y antigua presentadora del telediario de la noche Norah O’Donnell colabora en el programa).

Se espera que el programa recurra con mayor frecuencia a corresponsales de toda la cadena, aunque en el anuncio del jueves no se nombró a ningún nuevo colaborador.

“Lo que más lamento es que esta situación haya entorpecido la conversación que esperaba mantener con vosotros sobre la temporada 59 y el futuro de este programa”, escribió Bilton en su mensaje al equipo del programa. “Soy consciente de que se trata de un gran cambio en muy poco tiempo, y no voy a fingir lo contrario. (...) A lo que me comprometo es a esto: mi apoyo inquebrantable a cada uno de vosotros, al periodismo que hacéis y a lo que haremos juntos de aquí en adelante”.

Cambios en CBS News

El miércoles pasado, durante su intervención en los premios Emmy de Noticias y Documentales, Pelley elogió públicamente a Alfonsi, horas después de que ella anunciara que la cadena no le renovaba el contrato por motivos que, según ella, eran punitivos. “Ha habido muchos grandes corresponsales de 60 Minutes a lo largo de los años. Veo a Sharyn Alfonsi entre el público”, dijo.

Pelley también tuvo palabras muy amables para Santiago Campos, un estudiante de último curso de secundaria de 18 años que afirmó —tras aceptar una beca financiada por CBS News— que la actual dirección de la cadena “mancha el legado de Mike Wallace”, el antiguo corresponsal de 60 Minutes.

Pelley se incorporó a CBS News en 1989. A lo largo de su dilatada carrera en la cadena, ha realizado reportajes por todo el país y por todo el mundo. Ocupó el cargo de corresponsal jefe en la Casa Blanca y, posteriormente, el de presentador y director editorial de CBS Evening News entre 2011 y 2017. Se incorporó por primera vez a la franquicia 60 Minutes como corresponsal del programa derivado 60 Minutes II en 1999.

Desde que pasó a ser propiedad de Skydance hace menos de un año, la CBS ha experimentado cambios editoriales significativos, en particular con el nombramiento de Weiss, fundadora “anti-woke” de Free Press, como redactora jefe de CBS News.

El 12 de diciembre de 2025, meses después de que Skydance, de David Ellison, adquiriera Paramount, la empresa matriz de CBS, y de que Weiss fuera nombrada redactora jefa, Pelley declaró ante una multitud en Washington que estaba satisfecho con el trato que la nueva dirección de la cadena había dispensado a 60 Minutes.

“Aún es pronto, pero lo que puedo decirles es que estamos haciendo el mismo tipo de reportajes con el mismo rigor, y no hemos sufrido ningún tipo de injerencia corporativa”, afirmó al aceptar un premio en honor al legendario presentador de la CBS Walter Cronkite.

Solo nueve días después, Alfonsi informó a sus colegas de que Weiss había rechazado su reportaje sobre una famosa prisión de El Salvador [a la que la Administración Trump estaba deportando a migrantes] por motivos “políticos”, lo que desencadenó una de las mayores polémicas en la historia de la cadena.

Este episodio, junto con otros, ha hecho que muchos levanten las cejas y se cuestionen si Weiss está orientando la cadena hacia una postura favorable a Trump. Desde su nombramiento, los responsables de la Administración Trump han tenido una mayor presencia en CBS News.

“El corazón y el alma de 60 Minutes”

Rome Hartman, un veterano productor de 60 Minutes que se jubiló el año pasado, elogióa a Pelley como “uno de los grandes de todos los tiempos de CBS News y de 60 Minutes”.

También critica a Weiss y Bilton por despedir a Pelley por haber respondido con dureza durante una reunión de personal, a pesar de la postura contraria a la “cultura de la cancelación” que defiende la empresa de Weiss, Free Press. “DEBEMOS debatir sobre las cosas importantes”, escribe en un mensaje de texto. “¡La ironía es explosiva!”.

Jeff Fager, que fue productor ejecutivo de 60 Minutes desde 2003 hasta 2018, cuando fue despedido, califica a Pelley como “el corazón y el alma de 60 Minutes”. “Es el Mike Wallace actual del programa”, afirma. “No querría estar al mando sin él”.

Este artículo ha sido actualizado y editado por la redacción de elDiario.es.

Los medios digitales de Reino Unido podrán optar por no aparecer en los resúmenes de inteligencia artificial (IA) de los resultados de búsqueda de Google -AI Overviews- en ese país, según ha determinado este miércoles el organismo regulador de la competencia británica, que ha calificado la medida de “pionera en el mundo”.

En un comunicado, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), regulador británico, ha señalado que ha dado a Google un plazo de nueve meses para implementar los cambios, según informa EFE. Estos resúmenes de IA son respuestas automáticas que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google y que sintetizan información de múltiples páginas web sin necesidad de que sea necesario pinchar en cada enlace.

La medida se conoce después de que la CMA designara el año pasado a la empresa como actor estratégico del mercado, dada su posición dominante en el sector, donde representa más del 90% de las búsquedas en el Reino Unido.

“Por primera vez en el mundo, los editores contarán ahora con herramientas eficaces para evitar que su contenido se utilice para alimentar funciones de IA en las búsquedas, como los resúmenes de IA. Esto permitirá a los editores, como las organizaciones de noticias, negociar acuerdos de contenido con Google”, indicó la CMA.

Caídas del tráfico por la IA

Google también deberá garantizar que el contenido de los editores se atribuya correctamente, con enlaces claros, en los resultados de búsqueda generados por inteligencia artificial, lo que, según la CMA, contribuirá a aumentar la confianza del consumidor.

Muchos editores se han quejado por una fuerte caída en el tráfico web desde que Google lanzó los resúmenes generados por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda.

La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, ha declarado que se ha introducido “un requisito pionero a nivel mundial para Google. Servicios de búsqueda en el Reino Unido que permiten un trato justo, mayor transparencia y opciones significativas para empresas y consumidores”, y agregó que “es crucial que los editores de contenido, incluidas las organizaciones de noticias, tengan el poder de negociación adecuado sobre cómo se utiliza su contenido”.

Google, por su parte, ha señalado a los medios británicos que escucha los comentarios de editores y creadores, y colabora con reguladores como la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido para garantizar que los propietarios de sitios web cuenten con las herramientas adecuadas a medida que evolucionan las preferencias de los usuarios.

'AI Overviews' tiene como característica ofrecer, por ejemplo, un extracto resumido para resolver dudas complejas, comparar productos o explicar conceptos paso a paso.

La relación entre medios de comunicación, democracia y avance de la extrema derecha centrará este jueves en Cáceres una conferencia del catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra Caballero. Bajo el título Comunicación o barbarie. Los medios y la extrema derecha, el encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el Ateneo de Cáceres, situado en la calle General Ezponda, número 9.

La actividad está organizada por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y contará con la presentación de José Hinojosa Durán, catedrático de Enseñanza Secundaria. Además, colaboran el Ateneo de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

La conferencia se enmarca en un contexto de creciente debate sobre la influencia de los medios de comunicación y las plataformas digitales en la difusión de discursos políticos polarizadores. El auge de las formaciones de extrema derecha en distintos países europeos y el impacto de las redes sociales en la construcción de la opinión pública han situado la comunicación en el centro de las reflexiones sobre la calidad democrática.

Francisco Sierra Caballero es una de las voces académicas más reconocidas en España en el ámbito de la comunicación crítica y la economía política de la información. Catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM) de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado una amplia trayectoria centrada en las políticas de comunicación, las nuevas tecnologías y la participación ciudadana.

A lo largo de su carrera ha trabajado como experto para organismos internacionales como la Comisión Europea, la UNESCO y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Además, fue director general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y presidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (Confibercom).

Sierra también es fundador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (Compolíticas) y ha presidido la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). En la actualidad dirige la Sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas.

La cita pretende abrir un espacio de reflexión sobre el papel de los medios en la configuración del debate público y sobre los desafíos que plantean la desinformación, la concentración mediática y la expansión de los discursos de extrema derecha en el ecosistema comunicativo contemporáneo.

El sector del influencer marketing ha dejado atrás la medición de impactos vacíos para centrarse en el verdadero valor de la atención real. En un contexto marcado por la saturación digital y por una creciente demanda de contenidos más humanos y espontáneos, las audiencias reclaman una vuelta a la autenticidad. Así lo confirma el último informe 22VOCES: Ranking de Influencers en Canarias, elaborado por la compañía canaria de marketing 22GRADOS, que evidencia la consolidación de esta disciplina con una inversión publicitaria que ya supera los 144 millones de euros a nivel nacional.

El análisis pone de manifiesto un cambio de paradigma decisivo en la mentalidad del consumidor: el auge de la autenticidad messy o en crudo. Después de años dominados por feeds perfectos e hipercalculados, actualmente destacan aquellos creadores que muestran procesos reales, vínculo de confianza con sus comunidades que la Inteligencia Artificial todavía no puede replicar, explica la agencia.

Además, en este nuevo escenario digital, Instagram y TikTok se consolidan como las plataformas líderes en el Archipiélago, favoreciendo el crecimiento de las comunidades más pequeñas, cercanas e íntimas.

En este sentido, la principal conclusión de 22VOCES es clara: el humor se ha convertido en el motor indiscutible de la interacción en Canarias. No en vano, los creadores especializados en entretenimiento ocupan por completo el Top 5 de la clasificación autonómica.

Por otro lado, el informe de 22GRADOS destaca que la calidad de la interacción prevalece de forma contundente sobre el volumen total de seguidores. Como consecuencia, los perfiles de nicho con comunidades inferiores a los 150.000 usuarios consiguen liderar la clasificación gracias a sus elevados niveles de fidelización. Esto les permite superar incluso el impacto real de macroinfluencers con audiencias considerablemente mayores.

De acuerdo con el ranking general, los creadores Jorge Ávila (@jorgeavila_71) y Akaro (@_akaro) encabezan la clasificación al superar la barrera del 10% en su tasa de interacción. Tras ellos se sitúan Abián Díaz, Marco Acosta y Darío López (Palante Producciones).

Vissory: la respuesta operativa al reto de la profesionalización

En el marco de esta misma presentación, 22GRADOS también aprovechó la ocasión para dar a conocer Vissory, el proyecto emprendedor impulsado por su compañero Raúl García. Esta iniciativa surge como una respuesta operativa a varias de las grietas identificadas en el informe.

Concretamente, se trata de una plataforma de talento creativo en la que marcas y creadores de contenido colaboran mediante encargos estructurados, perfiles verificados y pagos protegidos por etapas a través de Stripe.

Asimismo, la plataforma incorpora un asistente creativo llamado Vix, diseñado para guiar a las marcas en la definición de cada encargo (objetivo, audiencia, formato, tono, presupuesto y plazos). Gracias a ello, la colaboración entre marca y creador puede comenzar sobre la base de un brief completo y alineado con la integración temprana que actualmente demanda el sector.

Así, Vissory nace desde Canarias con el propósito de profesionalizar la relación entre marcas y creadores dentro del mercado hispanohablante. Más información en vissory.com.

El reto para las marcas: atención real frente a impactos pagados

Por último, el informe de la agencia lanza una advertencia directa a los directores de marketing: la atención pagada no equivale necesariamente a atención prestada.

Según el estudio, el uso indiscriminado de publicidad para amplificar publicaciones de creadores (conocido como boosting) reduce de forma significativa la calidad de la interacción en comparación con el alcance puramente orgánico.

En consecuencia, las conclusiones del informe apuntan a que el éxito actual ya no reside en lanzar mensajes unidireccionales, sino en integrar a los creadores desde las primeras fases del relato de marca. Solo así es posible generar una conversación auténtica, digital y transmedia con las audiencias.

El empresario y expolítico ultraconservador Julio Ariza, fundador del Grupo Intereconomía, ha respondido este lunes a su rival radiofónico por la audiencia de derecha radical Federico Jiménez Losantos, quien le había recriminado haber emitido publicidad de la aerolínea Plus Ultra en su televisión El Toro TV, antigua Intereconomía Televisión.

“El tema de Plus Ultra le respondo muy rápido”, arrancó Ariza ante las insistentes preguntas de los usuarios de YouTube en un chat en directo de la televisión de su propiedad durante el programa 'Dando caña' de este lunes. El empresario aseguró que informaría de la relación de medios que habían recibido cobros por emitir publicidad de Plus Ultra.

“Nosotros fuimos uno de ellos. No tengo nada que decir. Si en ese momento alguien sabía todo lo que hoy se sabe sobre Plus Ultra, había hecho el curso de profetas con muchísimo éxito”, ha reconocido Julio Ariza, tras lo que ha defendido la decisión en la falta de información en ese momento sobre las presuntas irregularidades y delitos cometidos por sus accionistas. “Nosotros no lo sabíamos, tuvimos aquí a los de Plus Ultra, les preguntamos lo que teníamos que preguntarles, cobramos publicidad de Plus Ultra, como lo cobró El Mundo, la Cope, Onda Cero, el ABC... Bueno, tengo la lista entera y os daré las cantidades que cobró cada medio”, ha afirmado.

Tras ello, se ha dirigido directamente a Jiménez Losantos: “No tengo nada más que decirte, Federico, pero déjame en paz ya”. Y acto seguido ha recordado los orígenes de Libertad Digital, medio del que es copropietario el periodista aragonés: “Te ayudé a montar Libertad Digital al cincuenta por ciento. No sabíais qué hacer Alberto Recarte y tú. Vinisteis a pedirme por favor que os ayudáramos a montar Libertad Digital y lo hicimos”.

Y entonces han comenzado los reproches: “Cuando recibiste trescientos y pico mil euros de Bárcenas... del PP... yo me fui. Me fui porque no estaba de acuerdo, Fede. Así de sencillo”. Ariza ha llegado a decir que Federico Jiménez Losantos le parecía “muy osado diciendo esas cosas” y ha cargado contra la decisión de incluir en el consejo de Libertad Digital a un representante que ha dicho que fue escogido directamente por el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y su mujer Rocío Monasterio. “¿Y para qué lo metió ese consejero? ¿Quieres que te lo cuente también? ¿Qué más cosas quieres que te cuente?”, ha amenazado Ariza.

Después, el fundador de Intereconomía ha defendido que no ha cobrado “ni un euro de Disenso”, en referencia a la fundación ligada al partido de ultraderecha Vox. Y ha continuado: “Deja de mentir. Vete, por favor, y te lo he dicho, os lo he dicho muchas veces. Idos a un juzgado cuanto antes. Denunciad que nosotros cobramos de Disenso”.

Ariza ha terminado esta intervención en directo en su canal de televisión pidiendo a Losantos que dejase de mentir y manipular y ha dicho incluso que está “envejeciendo fatal”. “Yo estoy envejeciendo pero intento hacerlo con cierta dignidad macho. Y tú estás hecho un viejo cascarrabias”.

La sección sindical de Comisiones Obreras en Prisa Radio, la empresa del Grupo Prisa que engloba a la Cadena SER, y mayoritaria en el comité de empresa se ha pronunciado por primera vez desde la salida de Ángels Barceló de la cadena de radio tras tomar la decisión de no renovar su contrato por “motivos profesionales” después de 21 años en la emisora, según desveló su compañero y también presentador de la cadena Carles Francino este lunes.

En un comunicado titulado 'En defensa de la profesionalidad de los trabajadores de Cadena SER y en agradecimiento a Àngels Barceló', la representación sindical de CCOO ha querido expresar su “reconocimiento y agradecimiento” a la todavía presentadora del programa Hoy x Hoy, líder de audiencia de la radio en la franja de las mañanas por “su trayectoria, su compromiso constante con la marca y por su contribución decisiva al liderazgo informativo” de la cadena durante años.

Desde el sindicato agradecen su “apoyo y adhesión inquebrantable” a la plantilla en momentos de “reivindicaciones sociales y laborales importantes para todos los trabajadores y trabajadoras” de la casa. “A Angels, le deseamos la mejor de las suertes, en su vida y en sus proyectos futuros que, sin duda, estarán a la altura de su profesionalidad”, añaden.

Los representantes de los trabajadores de la Cadena SER quieren así mismo manifestar su “absoluto rechazo” a las acusaciones que han sido vertidas en los últimos días en algunos medios y en redes sociales “en las que se pone en duda la labor y profesionalidad de la plantilla” o se vincula la situación “a supuestos giros ideológicos o a injerencias” que, afirman, “a día de hoy” no les consta “se hayan producido”.

“La Cadena SER, como cualquier medio, cuenta con una línea editorial definida, pero esta nunca se sitúa por encima del principio que vertebra nuestro trabajo: el rigor informativo y el compromiso con la verdad”, aseguran desde el sindicato Comisiones Obreras, que defiende que los profesionales de la cadena radiofónica ejercen su responsabilidad con “criterios periodísticos firmes basados en el contraste de fuentes, la verificación de los hechos y el respeto estricto a la deontología”. Y agregan que “ese rigor y la lealtad hacia los ciudadanos es lo que nos ha consolidado como referente informativo durante décadas”.  

La sección sindical afirma que no va a permitir que se cuestione el trabajo de los profesionales de la SER que trabajan cada día “incansablemente” para ofrecer una información “fiable, contextualizada y contrastada”. Y recuerda que tras cada programa e informativo hay equipos de periodistas, técnicos, productores, realizadores o documentalistas “íntegros e implicados” y con el objetivo claro de “contar lo que ocurre con precisión, responsabilidad y vocación de servicio público”.  

El comunicado sindical termina con un “mensaje directo” a la audiencia de la cadena, en el que defienden el firme compromiso de los profesionales con el periodismo de calidad y la independencia.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha criticado a la Universidad de Zaragoza por adjudicar una plaza técnica de comunicación y divulgación a una candidata sin grado en Periodismo o Comunicación y ha reclamado que este tipo de puestos requieran una titulación específica vinculada al ámbito informativo.

La polémica surge a raíz de la convocatoria PRI-01/2026, impulsada por la Universidad de Zaragoza para crear una lista de reserva de personal laboral vinculado a la línea de investigación 'Innovación y Sociedad Digital' del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS). Las bases definían expresamente la plaza dentro del “área funcional de comunicación y divulgación”.

Entre las funciones previstas figuraban la comunicación y difusión de resultados de I+D+i, la planificación de actividades de divulgación científica, la gestión de la página web del instituto y la elaboración de contenidos y gestión de redes sociales. Sin embargo, la convocatoria no exigía una titulación específica en Periodismo o Comunicación, sino únicamente disponer de un grado universitario genérico, licenciatura, ingeniería o arquitectura.

Desde el Colegio de Periodistas insisten en que no cuestionan ni la legalidad del procedimiento ni la capacidad profesional de la persona seleccionada, que cuenta con un grado del ámbito económico-social y un máster en comunicación. La crítica se dirige al planteamiento de la convocatoria y al peso otorgado a la formación específica en Periodismo.

El baremo otorgaba ocho puntos al grado en Periodismo o Comunicación, frente a los siete puntos que sumaban otras titulaciones del ámbito de las Ciencias Sociales o Jurídicas junto con un máster en Comunicación. La candidata que encabeza la lista cuenta con este último perfil académico, por lo que sumó siete puntos. El Colegio no cuestiona la legalidad formal del procedimiento, puesto que efectivamente la ley no obliga a exigir una titulación vinculada a la comunicación, pero sí considera “desacertado” que para una plaza destinada a comunicar, divulgar, elaborar contenidos y gestionar canales informativos no se requiera una titulación en Periodismo o Comunicación.

El proceso selectivo incluía además una prueba práctica consistente en elaborar una memoria de entre cinco y diez páginas sobre la planificación de la comunicación del congreso anual del IEDIS. La candidata que encabeza finalmente la lista de reserva obtuvo 26 puntos sobre 30 en esta fase, la puntuación más alta del proceso —compartida con la segunda candidata—, en el que competía con personas con una amplia experiencia en medios y en labores de comunicación.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón sostiene que la comunicación pública, institucional, científica y digital “no es una tarea accesoria”, sino una labor especializada que requiere formación, criterio profesional, responsabilidad ética y conocimiento de los procesos informativos. Por ello, considera especialmente llamativo que esta situación se produzca en una universidad pública que imparte estudios de Periodismo y Comunicación.

La entidad reclama ahora a la Universidad de Zaragoza que, en futuras convocatorias vinculadas a la comunicación, divulgación y gestión informativa, defina con mayor precisión los perfiles profesionales y contemple la titulación en Periodismo o Comunicación como requisito preferente o determinante cuando las funciones del puesto así lo justifiquen.

El periodista y conductor del programa de radio La Ventana, Carles Francino, ha arrancado su programa de este lunes comentando la noticia de la salida de la Cadena SER de la periodista y presentadora del Hoy x Hoy, Àngels Barceló, que ella misma anunciaba el pasado viernes al terminar el magacín líder de las mañanas de la radio.

El popular presentador del programa líder de las tardes de la radio ha arrancado su intervención poco después de las 16.00 horas lamentando la finalización del contrato de Barceló y reconociendo que “no es el mejor día en la historia de la Cadena SER”.

“No pasa nada. No, no se hunde el mundo. Pero es un día complicado, raruno y no precisamente alegre”, ha dicho Francino, que ha recordado que “hay una persona que lleva 21 años en esta casa que anunció el viernes que se va”. Tras lo que ha destacado que “no lo hace por el convencimiento de haber llegado al final de una etapa” sino “por discrepancias profesionales”.

Francino ha descrito a Àngels Barceló como “un referente periodístico para mucha gente, en la radio, en la tele” y ha defendido que “que se cierre así una página tan importante y tan dilatada” no es una buena noticia “ni para ella, ni para los oyentes”.

El locutor, quien ha asegurado que varios oyentes le han preguntado por la situación este lunes, ha descrito la salida de Barceló de la cadena de radio como algo “que pasa a veces en la vida”. “Hay desacuerdos, que se gestionan como se gestionan, y que los finales no son felices”, y ha añadido: “Este desde luego no lo es”.

Carles Francino, quien ha coincidido en diversas etapas con Àngels Barceló desde la etapa de ambos en TV3, no ha querido “disimular” ni “esconder” lo que siente ante la marcha de su compañera: “Lo lamento, me duele, me cabrea. Y por eso lo expreso aquí”.

Después de ello, Francino ha tratado de aplacar los rumores de un cambio en la línea editorial de la cadena del Grupo PRISA, algo que ha dicho que sabe que es “misión imposible”. El periodista ha dicho que agradecería “un pelín más de prudencia” a la hora de sentenciar que “la SER se ha derechizado o se va a derechizar”. “¿Aquí estamos hablando de periodismo o de política?”, ha interpelado a sus oyentes.

“Yo no tengo noticias de que la Brunete mediática se disponga a tomar al asalto los estudios de Gran Vía de Madrid”, ha llegado a afirmar Carles Francino, quien ha pedido “evidencias” a quienes utilizan este tipo de argumentos.

“¿Alguien tiene alguna evidencia? ¿Alguien conecta la crisis que termina de mala manera para una figura importante de la radio, donde el factor humano habrá jugado también su papel... alguien conecta eso... que ha sido un churro, estoy de acuerdo, ha sido un churro... con que la SER vaya a dejar de defender valores que sean parte de su ADN?”, se ha preguntado el presentador.

“Hoy es un día complicado... Joe, ya lo sé, pero la SER sigue en su lugar de siempre, o de casi siempre”, ha asegurado Francino, quien ha reconocido que si alguien “intenta modificar el rumbo” estaría “en su derecho de intentarlo”. Aunque ha añadido: “Pues ya veremos cómo reaccionan, cómo reaccionamos, los que aún sigamos aquí”.

Isaías Lafuente: “Todos estamos desconcertados”

El periodista, escritor y colaborador habitual de La Ventana, Isaías Lafuente, ha hecho referencia al asunto señalando que “hoy todos hemos echado de menos un poco que la liturgia de salida de una persona como Àngels hubiera sido otra” y ha reconocido que “todos estamos desconcertados”.

Lafuente, que ha arrancado su primera intervención en el programa de este lunes diciendo que “no añadiría nada más” y recordando la trayectoria de un siglo de la cadena de radio, ha querido enviar un abrazo a los oyentes de la Cadena SER y a los miembros del programa Hoy x Hoy “que vivirán momentos de incertidumbre hasta que todo vuelva a tomar un rumbo”. Tras ello, ha deseado que “le vaya tan bien como le ha ido en la SER” a Àngels Barceló en su futuro profesional.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

Onda Cero La Rioja celebrará el miércoles 20 de mayo la gala de entrega sus vigesimosegundos premios, que este año han recaído en el Grupo Arnedo, en categoría empresarial; en el festival Sierra Sonora, en categoría deportiva, y el futbolista Pablo Marín, en Deportes.

En el caso del Grupo Arnedo, la plantilla de la emisora ha reconocido el mérito de la empresa familiar riojana que, en poco más de 30 años de historia, se ha convertido en una de las empresas del sector del transporte y la logística más importantes del Norte de España. Con una flota de más de 300 vehículos y más de 500 trabajadores, la empresa cuenta con centros logísticos en 5 comunidades autónomas: La Rioja, Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla La Mancha.

La empresa y sus filiales aspiran a proporcionar un servicio integral de transporte, siempre buscando la sostenibilidad y las buenas condiciones de sus trabajadores. Asimismo, a través de la Fundación Arnedo para la Seguridad Vial contribuye a mejorar la seguridad vial de las carreteras.

En el caso de “Sierra Sonora”, los trabajadores de Atresmedia Radio en la Rioja han reconocido el mérito de un festival que nació en 2019 y que consigue involucrar a todo un municipio de la Sierra riojana, a Viniegra de Abajo, para, a través de la cultura, luchar contra la despoblación. El festival se estructura de acuerdo con las cuatro estaciones del año para, a través de conciertos y otras actividades, acercar la cultura de calidad al medio rural y atraer visitantes a la zona.

El galardón en categoría deportiva ha recaído en el futbolista de la Real Sociedad Pablo Marín. El joven logroñés de 22 años, procedente del EDF Logroño, entró en las categorías infantiles de la Real Sociedad en 2016 y debutó con la plantilla del primer equipo en la temporada 2022-2023. Hijo del también futbolista Fernando Marín, ha sido internacional con España con la sub-21 y, el pasado 18 de abril, marcó el penalti decisivo que dio el triunfo a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

El objetivo de estos reconocimientos es destacar la trayectoria profesional y la dedicación de personas o instituciones riojanas o vinculadas a La Rioja. Se trata de unos galardones que elige y concede la plantilla de Atresmedia Radio en La Rioja. Los galardones, que cumplen ya veintidós ediciones, se convierten en unos de los más longevos que se conceden en la comunidad autónoma.

La entrega de los galardones tendrá lugar en Bodegas Franco- Españolas y el evento será presentado por Cecilia Romero y por Julio Carpintero. Entre otras personalidades, asistirán el director de emisoras de Onda Cero, Marcelino Fernández Aguado, el presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Para poder celebrar estos premios, se ha contado con el patrocinio de Callaghan, Consejo Regulador de la Denominación Calificada Rioja, Toyota Japoauto, Laboral Kutxa, Ascensores Eninter, Knet, Leroy Merlín, Coca-Cola, Bodegas Franco-Españolas, el Ayuntamiento de Logroño, el Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los Estados miembros pueden exigir a las plataformas digitales como Facebook, Google o Instagram que paguen una remuneración equitativa por utilizar sus contenidos.

“El derecho a una remuneración equitativa de las editoriales de publicaciones de prensa es admisible, siempre y cuando esta remuneración constituya la contrapartida económica de la autorización concedida a los prestadores para reproducir estas publicaciones o para ponerlas a disposición del público, y estas editoriales puedan denegar dicha autorización o concederla a título gratuito. Además, no puede exigirse ningún pago a los prestadores cuando no utilicen las mencionadas publicaciones”, señala en un comunicado el alto tribunal europeo.

La sentencia responde a una cuestión judicial planteada en Italia por el gigante estadounidense Meta,  la compañía matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, contra una ley que obliga a las empresas digitales a negociar con las editoriales de prensa una compensación económica por el uso en internet de sus publicaciones. Dicha normativa encomienda a la Autoridad Garante de las Comunicaciones (AGCOM) la tarea de fijar los criterios de la remuneración, proceder a su determinación en caso de desacuerdo y asegurar el cumplimiento de la obligación de información, incluso mediante la imposición de sanciones.

Meta llevó a los tribunales esta normativa italiana al cuestionar su compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular, con la Directiva y con la libertad de empresa garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Unión Europea aprobó la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital para reconocer a las editoriales de prensa un derecho afín específico por los usos en internet de sus publicaciones por las plataformas.

El Tribunal de Justicia señala que la finalidad de la Directiva es “conferir a las editoriales derechos exclusivos de reproducción y de puesta a disposición del público de sus publicaciones de prensa, si bien deja a los Estados miembros un margen de apreciación para garantizar su aplicación”.

Los magistrados aseguran que con esta sentencia “se refuerza la protección de las editoriales y permite establecer un equilibrio justo entre la libertad de empresa, por una parte, y el derecho de propiedad intelectual y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación, por otra”.

Australia tiene un largo historial a la hora de salirse del carril internacional e intentar regular el negocio de las grandes tecnológicas sin pedirles permiso. Su última gran iniciativa en esta línea ha sido la prohibición de que los menores de 16 años utilicen las redes sociales, una medida que está dejando algunas incógnitas en su aplicación, pero que está inspirando regulaciones similares en todo el mundo, España y la UE incluidas.

Menos de seis meses después de la entrada en vigor de esa medida con la que quiere atajar uno de los grandes debates de la sociedad digital, el Gobierno australiano se ha lanzado a legislar sobre otro: asegurar la supervivencia de los medios de comunicación en una era en la que la inteligencia artificial puede resumir sus noticias sin necesidad de que los lectores visiten siquiera sus webs.

A finales de abril, el Ejecutivo liderado por el laborista Anthony Albanese sacó a consulta pública una nueva ley para forzar a las grandes tecnológicas a llegar a acuerdos de retribución con los medios por el uso de sus contenidos. El objetivo de la norma es que ambas partes establezcan sus propios términos de compensación. Sin embargo, en caso de que los gigantes de la IA se nieguen a colaborar, la ley les impondrá un impuesto del 2,25% de su facturación anual en Australia.

La tasa nace de la experiencia. Otro de los últimos grandes intentos de Camberra de forzar a las tecnológicas a compensar su impacto social fue precisamente en relación con los medios de comunicación, pero salió mal. En 2021, Australia aprobó una norma para impulsar la misma retribución, pero dejó un agujero legal. Plataformas como Facebook optaron simplemente por eliminar cualquier rastro de noticias de su plataforma en Australia para evitar el pago.

El intento regulatorio terminó perjudicando a todos: la red social suprimió también páginas y grupos que compartían enlaces de noticias habitualmente, como las de sindicatos, ONG, webs meteorológicas, avisos de personas desaparecidas, de incendios o incluso perfiles oficiales de las administraciones australianas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo privado entre News Corp, la multinacional de medios australiana dirigida por la familia Murdoch, y Mark Zuckerberg.

Para evitar que eso pueda ocurrir de nuevo, la nueva intentona australiana incluye ese impuesto del 2,25%. Albanese cuenta con mayoría absoluta en el parlamento, por lo que es muy probable que la ley salga adelante. Sin embargo, es en los detalles que el Gobierno ha sacado a consulta donde pueden radicar algunos de los aspectos más innovadores de la ley. Uno de ellos es cómo se repartiría esa tasa recaudada a las tecnológicas que no colaboren.

Pago por periodistas contratados y su producción

Para repartir esos fondos recaudados, Canberra propone la creación de un modelo basado en una fórmula matemática sencilla: su núcleo es la cantidad de periodistas a tiempo completo contratados por cada medio.

La asignación exacta se calcularía dividiendo los periodistas de una organización entre el total de periodistas de todos los medios inscritos, y multiplicando ese resultado por los ingresos totales recaudados con la tasa a las tecnológicas. Es decir, se basa en las personas y no en las cuentas de los medios de comunicación.

“La financiación podría determinarse en función de los costes laborales o de los costes de producción. Estas opciones permitirían ajustar mejor la asignación de fondos a los gastos reales de las empresas. Sin embargo, esto podría dar lugar a que una mayor parte de los pagos se destinara a empresas con mayores presupuestos para atraer talento (lo que supondría un riesgo de consolidación del sector), a una distribución más costosa o a una menor eficiencia; o bien podría fomentar el abuso del sistema”, justifica el texto.

Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)

Gobierno australiano — sobre la distribución de la tasa a las tecnológicas

Pero la propuesta no se queda ahí. En un negocio mediático experto en tácticas trampa como el clickbait, los contenidos vacíos de información o la contratación de periodistas que no se dedican realmente a hacer periodismo, el Ejecutivo propone que solo cuenten aquellos que produzcan “core news” o “contenidos informativos fundamentales”: “Todas aquellas personas que desempeñan funciones principalmente responsables de la producción (es decir, la investigación, la grabación y/o la redacción)”.

Aquí entrarían tanto los redactores tradicionales como “fotoperiodistas, videógrafos y diseñadores gráficos que producen contenidos informativos fundamentales en formato visual”. Pero, no “los directivos no editoriales” ni “los diseñadores gráficos y los profesionales del marketing que producen materiales de marca, elementos estilísticos y otros contenidos que no sean de noticias o informativos”.

Una remuneración exclusiva para aquellos que contraten a personas que se dediquen al periodismo, para lo que se propone pedir pruebas o bien del contenido generado o declaraciones juradas, cuando eso no sea posible. Además, los medios que reciban la compensación por este motivo estarán obligados a mantener, como mínimo, la misma cantidad de periodistas a tiempo completo por la que ha recibido la financiación.

Luces y sombras

Aunque la nueva normativa ha sido bien recibida en Australia, algunos analistas avisan de riesgos sobre un apagón informativo o de que acabe perjudicando a los medios más pequeños.

Para los profesores Monica Attard y Derek Wilding, codirectores del Centre for Media Transition de la Universidad de Sídney, el plan actual supera las carencias del anterior: “El diseño sugiere que será más efectivo porque incluye un mecanismo para fijar una cantidad mínima que las plataformas tendrán que pagar, y a menos que abandonen Australia por completo o haya una impugnación legal exitosa, no podrán evitar pagarla (como ha hecho Meta con el anterior código)”, dicen en declaraciones a Crikey, un medio australiano especializado en la industria mediática.

El riesgo es que la ley siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto

Alexandra Wake — Profesora de Periodismo del Instituto de Tecnología de Melburne

Otros creen que la posibilidad de que los gigantes tecnológicos decidan abandonar el mercado o bloquear las noticias, como hizo Meta en Canadá, sigue siendo la gran amenaza. Andrea Carson y Diana Bossio, profesoras de la universidad La Trobe y del Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), escriben en The Conversation que es “el mayor riesgo de todos”: “El resultado no deseado [en Canadá] fueron audiencias más pequeñas a largo plazo para el periodismo profesional. Australia no puede arriesgarse a sufrir efectos contraproducentes en un momento en que el periodismo de calidad nunca ha sido más crítico para salvaguardar la democracia”, afirman.

Alexandra Wake, profesora de periodismo en el RMIT, señala que otro riesgo es que la ley “siga dando poder a las grandes empresas para negociar con quien deseen, lo que significa que los medios pequeños y medianos pueden ser pasados por alto o ser incapaces de negociar acuerdos adecuados, que es lo que ocurrió bajo el plan anterior”.

En esta línea, la Asociación de Noticias Locales e Independientes ha denunciado que los requisitos de la ley “crean barreras a la participación para los pequeños editores y los medios comunitarios basados en el voluntariado, afianzando aún más el statu quo en un panorama mediático que ya es uno de los más concentrados del mundo”.

Las tecnológicas no están contentas

A estas dudas se suman las críticas de las grandes tecnológicas afectadas. La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia, aquellas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.

elDiario.es ha consultado a varias de las que cumplen esos requisitos. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, indica una portavoz de Google.

Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI

Google

“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.

Una portavoz de Meta, por su parte, ha compartido una publicación en redes sociales del director de comunicación de la multinacional. “Esto no es más que un impuesto sobre servicios digitales”, ha afirmado el ejecutivo sobre la ley australiana: “Las organizaciones de noticias optan por publicar contenido en nuestras plataformas porque obtienen valor de ello. No tomamos su contenido. Sin embargo, el impuesto se aplica independientemente de si el contenido de noticias aparece o no en nuestras plataformas”.

Australia lleva años tropezando con las mismas piedras y aprendiendo de los golpes. Esta vez ha puesto números a las consecuencias de no colaborar y ha atado la compensación a las personas que hacen el trabajo, no a las empresas que se lo quedan. Si funciona, otros gobiernos ya tienen el borrador. Si no, el debate sobre la relación entre los periodistas y las grandes tecnológicas en la era de la IA tendrá más datos para avanzar.

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) emitirá el próximo 11 de mayo seis horas de programación en directo en la undécima edición de ‘Un día de Radio UCLM’. En esta ocasión, el consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando, concederá la entrevista de actualidad.

La emisión comenzará a las 9.00 horas con el saludo de la decana de la Facultad, Belén Galletero, y del profesor de radio y organizador de la actividad, Juan Carlos Santos. Podrá seguirse en director en el canal de YouTube del centro organizador. Además, estudiantes de Comunicación Audiovisual y Periodismo emitirán los programas ‘Fuera de Onda’ y ‘No hay dos sin tres’ y realizarán los boletines informativos de cada franja horaria.

Entre las novedades de esta edición, figura la conexión en directo con el campus de la Fábrica de Armas en Toledo.

Del eclipse solar a personajes históricos

Además, alumnado del Grado de Física e integrantes de la asociación astronómica Aureola se centrarán en el próximo eclipse solar total previsto para agosto de 2026. También destaca la participación de la Asociación Down Toledo con su programa ‘Capaces en la Onda’. Entrevistarán a la presidenta de la entidad, Trini Escobar. 

Tendrá un papel destacado el alumnado de educación primaria y secundaria. Por un lado, debutará el colegio Juan de Yepes (Toledo), con un programa en directo desde los estudios de la Facultad de Comunicación en el que viajarán en el tiempo para entrevistar a personajes históricos. Repetirán el colegio 'Miguel de Cervantes' de Ugena (Toledo) y el IES 'Lorenzo Hervás y Panduro' (Cuenca), además de los programas ‘Radio Robhospi’ con pacientes de Pediatría del Hospital Universitario de Cuenca y ‘Territorio Celtibérico’ del egresado David Heras.

Las seis horas de radio en directo finalizarán con la emisión de un informativo elaborado por el alumnado de segundo curso de Periodismo que, durante la mañana, formará una redacción radiofónica, también encargada de los boletines horarios. De esta forma, el alumnado se acerca a las rutinas profesionales reales y pone en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

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El último número del periódico El Impulsor publicó una ilustración de un obispo con un trabuco en la mano. “Quién me iba a decir que después de tantas hostias como he dado me iba a liar a tiros”, decía la viñeta. Fue el domingo 28 de marzo de 1937. La crítica se consideró tan excesiva que el gobernador republicano, Juan Ruiz Olazarán, ordenó su cierre por los “excesos” de la redacción y consideró que para defender a la República no hacía falta tanto ardor y que la guerra “también se hace en las trincheras”. Así que ordenó movilizar a dos responsables de la Redacción.

Así lo recoge el escritor José Ramón Sáiz en un libro que repasa la historia de esta publicación. Sucedió en abril. Dos meses antes de que en junio del 37 se cerrasen todos los periódicos de la provincia por la escasez de papel.

Durante 64 años Torrelavega tuvo su propio periódico, del que solo existe una colección en papel que pertenece a un particular. El Impulsor, que durante una etapa fue el decano de la prensa cántabra, coexistió en su última etapa previa a la Guerra Civil con otras cabeceras como El Cantábrico de José Estrañi, La Voz de Cantabria, La Región de Luciano Malumbres y Matilde Zapata o El Diario Montañés, que se editaban en Santander.

El primer número salió a la calle en 1873 de la mano de Juan López Barredo como El Impulsor municipal para “defender los intereses de la villa”, dando el relevo a la efímera cabecera de El Porvenir de Torrelavega, de tendencia republicana y que duró solo tres meses.

En sus primeros pasos critica que la estación de ferrocarril se ha quedado pequeña o que hace falta arreglar una calle. Fue al cuarto intento —tras tres cierres, suspensión gubernativa, pena de cárcel e incluso el destierro de su propietario— cuando se consolidó el periódico, con periodicidad semanal, a partir de 1875. Bajo el rótulo de El Impulsor figuraba una leyenda: 'Periódico semanal de intereses morales y materiales, literatura, noticias y conocimientos útiles'.

El Impulsor salía los domingos y su biografía fue agitada. Pasó por etapas de marcado republicanismo, conservadurismo católico y acabó en manos de un director, el último, anarquista.

Durante una época se llegó a editar una publicación en la que se descalificaba al boticario Juan Francisco López Sánchez, entonces propietario y director del periódico, bautizada como 'Espátula'. El mote popular que tenía en Torrelavega aquel hombre de barba, bigote, lentes y bastón, sombrero y traje con chaleco que se asoma a la única fotografía suya que se conserva y que el escritor José Ramón Sáiz publica en su libro.

Nunca cobró una peseta. Es más, perdió dinero y hasta patrimonio personal en el empeño de mantener con vida el periódico. Hubo una etapa en que estuvo mal visto por el poder político. “Al que provoque su enojo / por ser ciudadano malo/ El Impulsor dará palo/ sea blanco, negro o rojo”, escribió un colaborador.

Pepe 'el de la botica' fue uno de los agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad —¡Viva el 18.869!, tituló en portada— que en 1922 dejó diez millones de pesetas en Torrelavega. Había prometido a una vecina que si le tocaba le compraría la mejor vaca que hubiese en la Feria de Ganados. Cumplió su palabra. También tuvo la generosidad de regalar una participación premiada a un cliente que se lamentaba de no haber llevado nada. “Dame una peseta, toma un décimo de lotería, y cobra ahora mismo las cinco mil pesetas en el banco, pero las depositas a nombre de tus hijos”, anécdota que se incluye en el libro 'El Impulsor: 64 años de historia de Torrelavega'.

El periódico de la capital del Besaya tuvo un importante protagonismo en el descubrimiento de las Cuevas de Altamira. “Nos toca la grata satisfacción de haber sido El Impulsor quien ha publicado lo único científico que acerca de este monumento se ha escrito”, se vanagloriaba el propio diario.

López Sánchez, al que sucedieron otros directores, fue sin duda el mayor protagonista de la trayectoria periodística de El Impulsor. “He confesado, estoy tranquilo. Al domingo no llegaré”, reproduce el escritor José Ramón Sáiz. Falleció el 12 de diciembre de 1909 y dejó instrucciones claras: “En la primera plana de El Impulsor debería ir la esquela de mi defunción y después, a la vuelta, decidme cuatro cosas y pedid a todos que rueguen a Dios por mí”.

Durante décadas, hasta que el gobernador republicano cerró el periódico por su excesivo entusiasmo a favor de la causa, El Impulsor siguió dando noticias de la comarca. La llegada de la fábrica de Solvay a Barreda, la visita del general Primo de Rivera, el récord de 1.000 vacas que se vendieron en la feria de ganados de un domingo de febrero de 1911, las gestas del ciclista Vicente Trueba, 'la pulga de Torrelavega', a quien el periódico organizó un homenaje cuando ganó en el Tour de Francia. El estreno de 'Ben-Hur', la inauguración del monumento al escritor José María Pereda y las colaboraciones del poeta José Luis Hidalgo, que publicó su primer poema con 15 años en las páginas de El Impulsor son algunos de los hitos de esta cabecera.

Recientemente, con motivo del 150 aniversario del periódico de Torrelavega, la Sociedad Cántabra de Escritores ha rendido homenaje a 'Espátula' con una ofrenda floral en la tumba del cementerio de Geloria donde descansa.

Tras convertirse en pionera en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad, Australia vuelve a dar un paso adelante en otro de los debates más complejos de la sociedad digital: la financiación de los medios de comunicación en una era en la que los sistemas de inteligencia artificial de las grandes plataformas pueden resumir las noticias a los usuarios y reducir las visitas a sus páginas web.

El Gobierno australiano, dirigido por el laborista Anthony Albanese apoyado en mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, ha presentado este martes un nuevo modelo para corregir esta situación. Su plan es obligar a corporaciones como Google, Meta o TikTok a compensar económicamente a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos informativos a través de acuerdos entre las respectivas empresas. Si se niegan a negociar, el proyecto prevé la creación de un impuesto del 2,25% sobre los ingresos generados por cada plataforma en el país.

Este mecanismo está diseñado para, ha explicado el Ejecutivo de Albanese, para impedir que los gigantes tecnológicos opten simplemente por eliminar los contenidos informativos de su oferta de servicios. Esto es lo que ocurrió en 2021, durante el anterior intento australiano de que estas multinacionales retribuyan a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos. Entonces, plataformas como Facebook eliminaron cualquier rastro de noticias de sus plataformas, suprimiendo también páginas y grupos que compartían estos contenidos, como las de sindicatos, de ONGs, de víctimas de violencia de género, meteorológicas, de aviso de incendios o incluso los perfiles oficiales de las administraciones australianas.

En España ocurrió algo similar tras la aprobación del llamado canon AEDE, cuando Google decidió retirar Google News de España en vez de retribuir a los medios de comunicación por el uso de sus noticias.

“Es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al trabajo del periodismo”, ha declarado la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en declaraciones recogidas por EFE. El Gobierno espera que el modelo genere hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector periodístico.

La normativa se aplicará a empresas con una presencia “significativa” en el mercado de redes sociales y buscadores en Australia. El Ejecutivo ha definido este estatus como aquellas plataformas con una facturación anual superior a los 250 millones de dólares australianos, con al menos cinco millones de usuarios en el caso de las redes sociales y diez millones para motores de búsqueda.

Impuesto a repartir entre los medios

La estructura de la ley busca incentivar el pago directo a los medios, no la recaudación fiscal, recalca el Gobierno australiano.

Por ello, las tecnológicas podrán aplicar descuentos sobre el impuesto total mediante la firma de acuerdos comerciales con los medios. Para fomentar la pluralidad, el borrador establece multiplicadores del 170% para pactos con medios pequeños o medianos y del 150% para grandes grupos editoriales. La norma incluye un límite preventivo por el cual ninguna plataforma podrá cubrir más del 25% de su obligación tributaria mediante un único acuerdo, lo que persigue que la financiación se reparta entre al menos cuatro grupos de comunicación diferentes.

En caso de no satisfacer estos requisitos, el gravamen del 2,25% de sus ingresos en el país sería recaudada por el Gobierno y repartida entre los medios de comunicación. Fuentes cercanas al proyecto explican a elDiario.es que una de las fórmulas que maneja el equipo de Albanese es prorratear la cuantía entre los medios del país en función de los periodistas que tengan contratados a tiempo completo.

El proyecto se ha abierto este martes a un período de consultas que permanecerá abierto hasta el 18 de mayo. “Los grandes portales digitales tienen un papel importante que desempeñar a la hora de facilitar el acceso a las noticias a todos los australianos y, como socios en la innovación, nos gustaría que colaboraran con los medios de comunicación en acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes”, ha recalcado el ministro de Hacienda, Daniel Mulino.

Rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI

Google

elDiario.es ha consultado a varias de las empresas que se verán afectadas por la nueva ley. “Durante 20 años, Google se ha asociado con las redacciones a través de productos y programas. Seguimos siendo la única empresa tecnológica en Australia con acuerdos comerciales que apoyan a más de 90 empresas de noticias y 226 medios de comunicación, abarcando cabeceras nacionales, regionales e independientes”, ha contestado una portavoz de Google.

“Si bien actualmente estamos revisando el proyecto de ley, hemos sido claros: rechazamos la necesidad de este impuesto. Ignora el hecho de que Google ya tiene acuerdos comerciales con la industria de las noticias, malinterpreta cómo ha cambiado el mercado publicitario y exige pagos a algunas empresas mientras excluye arbitrariamente a plataformas como Microsoft, Snapchat y OpenAI, a pesar del gran cambio en la forma en que la gente consume noticias”, protesta.

En España, donde los medios de comunicación también han abierto este debate con las plataformas, multinacionales como Google ya se han mostrado dispuestas a llegar a este tipo de acuerdos remuneración para que su inteligencia artificial pueda usar los contenidos publicados de los medios.

El XX Congreso de Editores CLABE, celebrado este pasado 16 y 17 de abril entre el Centro de la Cultura del Rioja y el Monasterio de Yuso, ha servido para certificar el papel protagonista que elDiario.es desempeña en la configuración del nuevo ecosistema mediático español. Con la inteligencia artificial y el español digital como ejes centrales, varias de las voces más autorizadas del medio han capitaneado los debates sobre sostenibilidad, innovación y periodismo local.

Precisamente, bajo el lema “La inteligencia del idioma. IA, innovación y medios en la era del español digital”, el congreso sirvió para abrir debate, pero también como altavoz de la reivindicación del oficio. La primera gran conclusión es “la exigencia de igualdad de oportunidades en un mercado en competencia: todos los medios deben tener los mismos derechos en el acceso a las ayudas públicas que ha anunciado el Gobierno de España con cargo a los fondos europeos”. Otro tanto ocurre con el reparto de la publicidad institucional, cuyos gestores deben actuar bajo el principio de equidad y conforme a unas leyes que exigen un diálogo previo con el sector, como reclamó el presidente de CLABE, Arsenio Escolar.

Ante la irrupción de la inteligencia artificial, el sector ha sido tajante: “la IA no puede ser entrenada con contenidos periodísticos sin que los titulares de derechos de propiedad intelectual reciban una compensación justa”. “El periodismo no puede convertirse en la materia prima gratuita de la revolución tecnológica; se requiere un marco equitativo de derechos que reconozca el valor del contenido humano”, es una de las conclusiones del congreso.

El valor de lo “glocal”

Uno de los puntos fuertes del congreso fue la reivindicación del periodismo de proximidad como “espacio vital de resistencia y credibilidad” ante la homogeneización de los relatos globales. En este panel sobre redacciones “glocales”, la directora de Rioja2, Olivia García, subrayó el modelo de elDiario.es y su voluntad de permeabilidad y de contar las cosas que suceden en el territorio desde el territorio y del valor de las historias más pequeñas, que puedan importar también fuera del ámbito local.

Por supuesto, la mesa redonda también abordó los inconvenientes de la cercanía con el poder en las regiones pequeñas y analizó las vías de financiación de la prensa local. En este punto, hubo diversidad de posturas porque, mientras que la directora de este medio defiende que el rigor periodístico no puede estar condicionado por presiones económicas de ningún gobierno, el director de Nuevecuatrouno, Manuel Martín, tiene una opinión distinta: “No puedo pretender atizar a un gobierno o a un ayuntamiento y luego ir a pedirle pasta y que me la ponga”, argumentó. Sin embargo, Rafael Sarralde, CEO de The Conversation, quiso dejar claro que “los periodistas no nos presentamos a las elecciones y las ayudas tienen que estar determinados por ley y por criterios objetivos y en la práctica sabemos que muchas veces funciona por 'si usted es o no de los míos'; es terrible pero es así”.

Propuestas de futuro

La Directora de Eventos y Comunicación de elDiario.es, María José Murillo, también tuvo una parcipación decisiva en la mesa de estrategias sobre innovación tecnológica y nuevos modelos de negocio, guiando el diálogo entre directivos de gigantes como Telefónica o Webedia. Por su parte, en la segunda jornada, en el Monasterio de Yuso de San Millán, Rosalía Lloret, Adjunta al presidente de elDiario.es, fue una de las voces intervinientes para analizar las propuestas de futuro para el sector y la adaptación a los nuevos retos tecnológicos.

El congreso abordó las soluciones prácticas de negocio, destacando la importancia de crear comunidades sólidas y fieles mediante herramientas como las newsletters, un modelo de relación directa con el usuario que la IA no puede sustituir y que otorga sostenibilidad a las publicaciones. Como apuesta por la aplicación práctica, CLABE ha anunciado durante el congreso el Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital-CLABE. Esta iniciativa, abierta hasta el 30 de abril, busca que los medios asociados desarrollen soluciones basadas en IA para mejorar la producción, distribución o monetización de contenidos. El proyecto ganador, que se anunciará el próximo 25 de junio en el evento CIDATUM, contará con mentoría directa de Google y desarrollo tecnológico.

Con esta vigésima edición, CLABE consolida su papel vertebrador en España y reafirma su congreso como el foro imprescindible para defender el periodismo ético, innovador y sostenible.

David Centellas presidirá la Asociación de Periodistas de Ciudad Real (APCR) durante los próximos cuatro años, tras haber obtenido el 98,89% de los avales del censo electoral.

El nuevo equipo, compuesto por ocho directivos, toma el relevo con el objetivo de dar continuidad a la labor de servicio y defensa de los profesionales de la información en la provincia.

Doctor en Comunicación y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, David Centellas desarrolla su labor profesional como periodista audiovisual en el Ente Público Castilla-La Mancha Media. Miembro de la asociación desde 2011, ha formado parte de anteriores juntas directivas en diferentes puestos de responsabilidad.

Equipo completo

Una vez vencido el plazo fijado en los estatutos, se ha proclamado la única candidatura presentada integrada por los siguientes profesionales: David Centellas (presidente) Elena Jiménez (vicepresidenta) Cecilia López (tesorera) Ana Belén Henales (secretaria) Celia Naharro, Isidro López de Toro, Laura Espinar y Oliva Carretero (Vocales).

La nueva directiva centra su hoja de ruta en el crecimiento de la masa social y la mejora de los servicios al asociado. En el ámbito operativo, trabajará en consolidar iniciativas de éxito ya implantadas, como el Aula APCR de formación y la Bolsa de Periodistas, así como en el desarrollo de proyectos de alfabetización mediática.

Este mandato coincidirá con una efeméride clave: los actos conmemorativos del 120 aniversario de la asociación en 2027. La APCR es una de las entidades fundadoras de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), lo que subraya su peso histórico y compromiso con la profesión.